Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Hacienda
Carpeta Nº 877 de 2006
Anexo I al
Repartido Nº 595
Diciembre de 2006

 

PAGO DE SALARIOS, JUBILACIONES Y PENSIONES A TRAVÉS
DE INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

 

Protección

 

I n f o r m e


 

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

Ponemos en consideración del Plenario el presente proyecto de ley que vuestra Comisión de Hacienda ha aprobado por unanimidad. El mismo refiere a la protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que se pagan a través de instituciones de intermediación financiera.

Quienes hayan leído la exposición de motivos que acompañaba al proyecto, recordarán los objetivos perseguidos:

1) La protección de los salarios, jubilaciones y pensiones que deben ser pagados dentro de los plazos legales, evitando el drama de la inseguridad de los beneficiarios de quedarse sin cobrar por un período superior de tiempo.

2) Evitar cualquier rechazo a cobrar bajo esta modalidad, basado en dudas o miedo sobre la efectividad del mismo en caso de crisis.

3) Fortalecimiento de la bancarización de los pagos, con la confianza de quienes cobran por dichas instituciones evitando la caída de la misma, con los problemas adicionales que esto acarrearía.

En aquel momento (abril 2006), ya lejos de la crisis del 2002 y habiendo superado la situación generada en una institución, con un sistema financiero en recuperación y una nueva conducción económica (que entre otras medidas reglamentó el seguro de depósitos), entendimos que se daban las condiciones objetivas para presentar un proyecto de protección del pago de salarios, jubilaciones y pensiones a través de instituciones de intermediación financiera.

Los proponentes pensamos, en aquel momento, que un proyecto de estas características daría certeza jurídica, apoyaría la seguridad de la continuidad de la cadena de pagos y afirmaría la recuperación de la confianza en el sistema bancario, uno de los factores más difíciles de obtener y más fácil de perder.

Para lograrlo, el proyecto original legislaba en el sentido de determinar con claridad que los fondos que recibe la institución de intermediación financiera, con el fin de satisfacer el pago de remuneraciones personales (salarios, jubilaciones o pensiones), no sería considerado depósito bancario y por tanto no formaría parte del patrimonio de la institución. Esta definición pretendía estar en armonía con el proyecto de ley a estudio del Senado sobre la reforma de la carta orgánica del Banco Central del Uruguay (BCU) y los aportes que en ese sentido nos brindaran profesionales de dicha Institución.

Con el proyecto ya en discusión en Comisión, pero ante las diferentes visiones que se daban dentro del propio BCU, quien promoviera el proyecto prefirió dejar de lado el alcance de la definición de depósito bancario, y al mismo tiempo evitar innecesarios procedimientos rutinarios de duplicación de cuentas y registros en todos los casos de operativas normales, creando una legislación exclusivamente para las situaciones excepcionales de crisis en una Institución, que impliquen la suspensión de actividades o la liquidación de la misma.

Esta nueva alternativa fue aceptada por las autoridades del Banco Central en la Comisión, al mismo tiempo que sugirieron cambios en la redacción para adecuarla mejor a la realidad bancocentralista, manteniendo incambiados los principios, objetivos y efectos del proyecto original.

Sobre esta nueva versión trabajó la Comisión complementando y aprobando definitivamente este texto que ponemos a consideración de la Cámara.

El proyecto prevé entonces que ante el caso de una suspensión, intervención o eventual liquidación de una Institución de Intermediación Financiera, se mantendrá la obligación por parte de las autoridades de la Institución, su interventor o liquidador de cumplir, sin dilación, con las órdenes de pago recibidas con anterioridad a la situación de crisis, tanto en los casos en que los fondos destinados al pago de remuneraciones ya se encuentren acreditados en las cuentas de los beneficiarios, como así también la hipótesis de que al momento de la suspensión de actividades, intervención o proceso de liquidación, el dinero se encuentre en la institución pero la operación material de acreditar el mismo en las cuentas individuales aún no haya sido realizada.

Asimismo, en el caso que la Institución no dispusiera de recursos líquidos suficientes, el Banco Central del Uruguay, con la finalidad de mantener la continuidad y la liquidez de la cadena de pagos los proveerá haciendo uso de los instrumentos de asistencia financiera que correspondan según la legislación vigente.

Para asegurar el conocimiento en forma fehaciente e inmediata, las instituciones de intermediación financiera deberán llevar un registro de todas las operaciones comprendidas en esta norma, detallando fecha, origen y destino de los fondos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Por todo lo expuesto, vuestra asesora por unanimidad ha entendido necesario establecer un cuerpo normativo que brinde respaldo y seguridad al sistema de pago de retribuciones a través de los Bancos por las ventajas ya mencionadas, diluyendo cualquier duda o incertidumbre sobre el cobro de los salarios, jubilaciones o pensiones en casos de suspensión de actividades, intervención o proceso de liquidación de una institución de intermediación financiera.

El presente proyecto de ley dará certezas y trasmitirá confianza, en un sistema que demuestra por sí solo seguridad. En ese sentido, pasadas situaciones concretas y sin ningún horizonte de riesgo, es que hoy proponemos aprobar el texto propuesto.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 2006.

ALFREDO ASTI
Miembro Informante
EDUARDO BRENTA
ROBERTO CONDE
JAVIER CHA
JORGE GANDINI
CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
MARY PACHECO
GABRIEL PAIS
GONZALO PESSI
IVÁN POSADA

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- La suspensión de actividades o la liquidación de instituciones de intermediación financiera (Decreto Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas) no impedirán en ningún caso:

A) El cumplimiento de las órdenes previas de afectación de dinero entregado a la institución o de saldos existentes en una cuenta, realizadas con la finalidad específica de pagar salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de Seguridad Social.

B) El pago a los respectivos beneficiarios de las sumas que les sean acreditadas en sus cuentas individuales en cumplimiento de lo dispuesto en el literal precedente, así como toda suma que por concepto de salarios, pensiones, jubilaciones o toda otra prestación emergente de la existencia de una relación laboral o de Seguridad Social que le hubiesen sido acreditadas dentro del término de 30 (treinta) días previo a que se dispusiera la suspensión de actividades o la liquidación de la institución.

C) Los pagos por concepto de remuneraciones o prestaciones realizadas directamente por caja, con habitualidad y en el marco de programas de desarrollo social nacionales o departamentales, debiéndose realizar los pagos según los plazos previstos en el artículo 719 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990 y concordantes.

Artículo 2º.- Las autoridades estatutarias, el interventor, o en su caso el liquidador, deberán habilitar todas las operaciones necesarias para el cumplimiento sin dilaciones de los pagos a los que refiere el artículo anterior, con cargo a los recursos de la institución. En el caso que la institución no dispusiera de recursos líquidos suficientes, el Banco Central del Uruguay, con la finalidad de mantener la continuidad y la liquidez de la cadena de pagos podrá proveerlos mediante la compra de valores públicos a precio de mercado o el uso de los instrumentos de asistencia financiera previstos por la ley para las empresas de intermediación financiera en actividad.

Artículo 3º.- A los efectos del conocimiento de la existencia de las operaciones relacionadas en el artículo 1º de la presente ley, de forma fehaciente e inmediata, las instituciones de intermediación financiera deberán llevar un registro de toda operación descripta en el citado artículo, detallando fecha, origen y destino de los fondos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 4º.- Los importes a los que refiere el artículo 1º de la presente ley serán considerados salarios a todos los efectos de protección y preferencia de los mismos en el orden jurídico vigente.

Artículo 5º.- Los saldos en las cuentas personales de los beneficiarios, que no correspondan ser abonados por lo dispuesto en la presente ley, quedarán al amparo de lo establecido en los artículos 45 a 49 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 6º.- El Poder Ejecutivo previo asesoramiento del Banco Central del Uruguay reglamentará la presente ley.

Sala de la Comisión, 6 de diciembre de 2006.

ALFREDO ASTI
Miembro Informante
EDUARDO BRENTA
ROBERTO CONDE
JAVIER CHA
JORGE GANDINI
CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ
MARY PACHECO
GABRIEL PAIS
GONZALO PESSI
IVÁN POSADA

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