Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Especial de población y desarrollo social
Carpeta Nº 686 de 2005
Anexo I al
Repartido Nº 511
Mayo de 2006

 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

Se modifican los conceptos utilizados para referirse a ellas en los textos normativos
y se dictan normas para su ingreso a la función pública

 

I n f o r m e


 

Comisión Especial de población
y desarrollo social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión Especial de Población y Desarrollo Social aconseja al Cuerpo aprobar el adjunto proyecto de ley por el que se modifican los conceptos utilizados para referirse a las personas con discapacidad en los textos normativos y se dictan normas para su ingreso a la función pública.

I – Revisión

En 1989 se aprobó la Ley Nº 16.095, que hoy se conoce como "Ley Madre" en materia legislativa sobre discapacidad. Dicha ley está orientada por la idea de "equiparación de oportunidades" para las personas con discapacidad. Entre otros aspectos, en su artículo 42 establecía la obligatoriedad del Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas públicas no estatales, de ocupar personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de sus vacantes.

Esta voluntad ha sido a lo largo de estos años varias veces interpretada: en 1991 el artículo 12 de la Ley Nº 16.226, exceptuaba a este tipo de vacantes de la supresión genérica de vacantes de cargos públicos del artículo 39 de la Ley Nº 16.710. A la vez que especificaba sobre qué índice tomar el 4%, estableciendo que se tomara en base al total existente por cada unidad ejecutora y se adjudicara en las vacantes de los últimos grados de todos los escalafones.

En 1993 a través de la Ley Nº 16.462 se suprimen funciones contratadas asimiladas y los cargos vacantes se exceptúan para las personas con discapacidad.

La Ley Nº 17.216, de 1999 introduce un inciso final al artículo 42 de la Ley Nº 16.095, estableciendo pasos para acogerse al beneficio y mayor control por parte de la Oficina Nacional del Servicio Civil en el cumplimiento.

También define lo que se entenderá por "vacante" a los efectos del artículo 42 de la mencionada ley, a la vez que excluye de dicha disposición a las vacantes de los escalafones militar, policial y docente. Asimismo, adiciona responsabilidad de los jerarcas por incumplimiento. El más importante agregado es que "… el cálculo del 4% de vacantes se hará sobre la suma total de los producidos en cada unidad ejecutora, reparticiones y escalafones". Es decir, amplía la base de cálculo.

Por su parte el artículo 9º de la Ley Nº 17.269, interpreta que "vacante" no refiere al número de cargos y funciones contratadas, sino al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas. Una vez que se suprima una vacante se transferirá el 4% del crédito con el único objeto de rehabilitar cargos o funciones contratadas para que sean provistos con personas con discapacidad. En consecuencia cambia la perspectiva: ya no es obligatorio asignar un número determinado de cargos (4%) a personas con discapacidad cuando se hubiera producido el cese del vínculo funcional de funcionarios públicos, sino que el 4% del crédito de esas vacantes es el nuevo parámetro a efectos de proveer cargos. De este modo es más difícil alcanzar los recursos necesarios para que sea ocupado por personas con discapacidad, a la vez que se establece como facultad del jerarca y no como obligación.

Por medio del primer inciso del artículo 9º de la Ley Nº 17.269, el principio original de la norma queda desvirtuado y esta es, actualmente, la norma vigente.

Por último, el artículo 27 de la Ley Nº 17.556 del año 2001, exceptúa de la extensión a la prohibición de ingreso a la función pública a las personas con discapacidad.

II – Conceptos utilizados

El lenguaje puede muchas veces fortalecer, no siempre de forma consciente por quien lo utiliza, situaciones de discriminación. La materia tratada en este caso expone sensiblemente este asunto. Conscientes de la dificultad de representar en su totalidad las visiones existentes en esta materia, reconocemos la necesidad de encontrar de común acuerdo, tanto con organizaciones sociales que trabajan en el tema, como de organismos internacionales, un concepto para hacer referencia sin que ello signifique una actitud que ponga aun en mayor desventaja o que niegue la realidad del problema.

Respecto a lo antedicho en este proyecto se adoptan las revisiones conceptuales de organismos internacionales, específicamente de la Organización Mundial de la Salud en su revisión conceptual (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, conocida con la sigla CIF, 2002) donde se modifica el concepto de discapacidad, elimina el término minusvalía y otorga un mayor peso a los factores contextuales y ambientales como posibles condiciones limitantes que pueden generar o agravar la discapacidad.

En las visitas que la Comisión tuvo a efectos de tratar este proyecto de ley, organizaciones vinculadas directamente a la temática (PLENADI, UNCU), han manifestado claramente su adhesión a este enfoque por el cual se hace uso del término "personas con discapacidad" en lugar de otros que han sido utilizados en nuestro marco legal, como ser "impedidos", "minusválidos" e incluso "capacidades diferentes".

El artículo 1º del presente proyecto modifica expresamente el artículo 42 de la Ley Nº 16.095 en su redacción dada por la Ley Nº 17.216, sustituyendo la palabra "impedidos" por el concepto "personas con discapacidad", a la vez que reorganiza internamente los incisos en procura de mayor claridad de los objetivos buscados en la Ley Nº 16.095 de "equiparación de oportunidades".

También, de acuerdo a las modernas interpretaciones entendiendo que la discapacidad es un asunto biopsicosocial, se modifica la integración del Tribunal de evaluación, pasando de estar integrado por tres médicos a estar integrado por un médico, un psicólogo y un asistente social de probada especialización. Propuesta ésta realizada por la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, en Comisión, durante el tratamiento del proyecto y que contó con la aprobación también de las organizaciones sociales en la materia.

III – Cálculo de vacantes

En el artículo 2º se modifica el artículo 9º de la Ley Nº 17.296 aclarando la interpretación sobre la transferencia de créditos producidos por vacantes, volviendo a la interpretación de la Ley Nº 17.216.

El artículo 3º pretende aclarar, colocando en forma separada a lo que se establecía al final del artículo único de la Ley Nº 17.216, modificado por el artículo 1º del presente proyecto. Asimismo, se agregan tres nuevos literales, que aparecen como "F", "G" e "I".

Con esto se busca mejorar las condiciones en las cuales los beneficiarios de la ley accederán a ocupar las vacantes y se obliga a los organismos a especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos.

Se obliga también a dar la más amplia difusión posible a cada llamado.

Por último, se establece la creación de un dispositivo en cada organismo público para que vele por la adecuada colocación de la persona en el puesto de trabajo. En este sentido se apunta a que el acceso a este beneficio no devenga en un problema más, sino que sea un espacio donde se aumenten las posibilidades de desarrollo pleno, ayudando a enfrentar las barreras existentes en el propio espacio laboral en el que se incorpora.

IV – Final

Durante el tratamiento en Comisión del presente proyecto de ley, vuestra Comisión Especial de Población y Desarrollo Social identificó en esta temática un tema ineludible de ocupación futura.

Sala de la Comisión, 4 de mayo de 2006.

PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ
Miembro Informante
PABLO ABDALA
MIGUEL ASQUETA SÓÑORA
SEBASTIÁN DA SILVA
SANDRA ETCHEVERRY
DOREEN JAVIER IBARRA
LILIÁM KECHICHIÁN
IVÁN POSADA
JUAN C. SOUZA
CARLOS VARELA NESTIER
HORACIO YANES

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, en la redacción dada por la Ley Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 42.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales, están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

  La obligación antedicha refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas.

  En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

  El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación (CGN) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero.

  La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresadas, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que padecen y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

  Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo a lo definido en el artículo 2º precedente- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Discapacitados que funciona en la órbita de la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

  A dichos efectos el Ministerio de Salud Pública deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que padece la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no pueden llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación, el Ministerio de Salud Pública podrá requerir de los médicos e instituciones tratantes de las personas discapacitadas -quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de los mismos. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas discapacitadas, actuarán bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda".

Artículo 2º.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 9º.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

  El jerarca del Inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación-, la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso anterior, y la transposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

  La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales".

Artículo 3º.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los dos artículos precedentes se establece que:

A) Se consideran vacantes a todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones: 'K' Militar; 'L' Policial; 'G', 'H' y 'J' Docentes y 'M' Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo a lo preceptuado en el inciso primero del presente artículo, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos directivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiéndose llegar a la destitución o cesantía del mismo por la causal de omisión, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, leyes y reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación del presente artículo en el plazo de sesenta días a partir de la promulgación de la presente ley, que elevará al Poder Ejecutivo; éste dispondrá a su vez de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley, será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatales deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación del presente artículo, en un plazo máximo de sesenta días, contados a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal anterior deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo en todo caso remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado (artículo 10 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989). Ésta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso.

  El organismo deberá atender en cada llamado las recomendaciones realizadas por dicha Comisión. 

G) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

H) Deberá crearse un dispositivo en cada organismo público que vele por la adecuada colocación de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando a tales efectos las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones, así como la eliminación de barreras físicas y del entorno social, que puedan ser causantes de actitudes discriminatorias.

I) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

Sala de la Comisión, 4 de mayo de 2006.

PABLO ÁLVAREZ LÓPEZ
Miembro Informante
PABLO ABDALA
MIGUEL ASQUETA SÓÑORA
SEBASTIÁN DA SILVA
SANDRA ETCHEVERRY
DOREEN JAVIER IBARRA
LILIÁM KECHICHIÁN
IVÁN POSADA
JUAN C. SOUZA
CARLOS VARELA NESTIER
HORACIO YANES

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