Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión Especial sobre
marco cooperativo

Carpeta Nº 777 de 2006
Repartido Nº 556
Febrero de 2006

 

COOPERATIVAS SOCIALES

 

F u n c i o n a m i e n t o


 

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 30 de diciembre de 2005.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir el proyecto de ley relativo a Cooperativas Sociales.

En los últimos años, el Uruguay asiste a una situación de exclusión económica y social de vastos sectores de la sociedad, como nunca antes se habían visto en el país. El desempleo y el subempleo, han abierto un camino de desestructuración personal y grupal en sociedades como la nuestra, donde la centralidad del trabajo lleva a que no disponer de él, y, lo que es peor, no tener perspectivas ciertas e inmediatas de disponerlo, supone una agresión contra la dignidad humana e instala la desesperanza entre los excluidos.

El aumento de la pobreza, producto de la exclusión que conlleva el desempleo, dificulta el regreso al mercado de trabajo, desde el momento que no se cuenta con posibilidades de acceder a educación suficiente, y esto aleja cada vez más a estos sectores del acceso a los servicios necesarios para la subsistencia. El crecimiento de la pobreza y la desocupación ha implicado una mayor desigualdad en la distribución de ingresos, propiedad y riqueza.

Las políticas del actual gobierno, comprometidas en el atender las gravísimas emergencias sociales producto de la aplicación de prácticas neoliberales que han afectado tan profundamente la trama social, también se dirigen a fundar una economía solidaria dentro de un marco estratégico que oriente las decisiones colectivas. No se trata de asistencialismo, sino de convicción de la necesidad de gestar condiciones para construir alternativas económicas concretas que promuevan los valores de la convivencia humana por sobre los valores del lucro. Es en este sentido que se presenta este proyecto de ley: como un intento de construir un subsistema de la economía fundado en bases que no sean las de acumulación de capital sino de reproducción del trabajo en forma solidaria.

La propuesta consiste en dar un marco normativo a un tipo de emprendimiento económico que persigue la inclusión social, con base en el trabajo, de esos sectores tan fuertemente agredidos por las políticas neoliberales. Estamos partiendo de la certeza de que nuestra sociedad cuenta con elementos a su favor que garantizan la viabilidad y éxito de estos emprendimientos: el desarrollo de una sociedad civil que ha gestado sociedades de fomento, redes de ayuda mutua, clubes de barrios, asociaciones de mujeres, de jóvenes, sindicatos, etc., que han abierto camino a la autogestión colectiva de respuesta a las necesidades y a la creación de una cultura de derechos, constituyen hoy las fortalezas para que este proyecto prospere.

Es decir que consideramos que hay un camino ya transitado en nuestra sociedad que hace posible desarrollar esta experiencia de cooperativismo social. Además, no sólo se persigue brindar las herramientas legales para que este tipo de empresas tengan un espacio claro en el entorno de la economía, sino que también se busca promover la autonomía de los protagonistas de estos emprendimientos, en tanto son ellos los responsables de su propio desarrollo.

Por tanto, estamos aportando no sólo un instrumento para la generación de puestos de trabajo que habiliten la inclusión de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, sino que apostamos a que las cooperativas sociales se constituyan en espacios de ejercicio de prácticas de democracia plural, participativa y solidaria.

No se desconoce que en estos momentos se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados (Comisión Especial de Marco Cooperativo) un proyecto de ley general de cooperativas, que incluye un capítulo de cooperativas sociales, y que pretende generar un marco jurídico para la generalidad de las cooperativas con el fin de superar la situación legislativa actual, es decir, la existencia de un conjunto de leyes antiguas, dispersas y fragmentarias, que no ayudan a delinear en forma armónica y consistente al sistema cooperativo. No obstante, también se entiende que ese proyecto, que en general se comparte, por su gran contenido y alcance insumirá un tiempo de estudio y discusión que probablemente no se concilie con la urgente necesidad de dar un marco jurídico mínimo a las cooperativas sociales.

El presente proyecto de ley presenta entonces, un tipo especial de cooperativas de trabajo. Como cooperativas de trabajo, pues, se deberán regular también por las leyes vigentes en la materia, es decir, las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004, y Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990, relativa a la aprobación de los estatutos y obtención de personalidad jurídica.

La especialidad de esta clase de cooperativas está dada, sobre todo, por su objeto, que si bien es proporcionar un puesto de trabajo (como las cooperativas de trabajo en general), deben cumplir con la condición de apuntar a la inserción laboral de determinados sectores de la sociedad, o sea, los más desfavorecidos.

Además de tener que cumplir con lo aseverado en el párrafo precedente, deberá dar cumplimiento a ciertas condiciones que refuerzan las características esenciales de las cooperativas, tal cual son la preeminencia de las personas por sobre el capital y cualquier otro elemento, y su reconocido fin de servicio (en clara oposición al fin de lucro).

En tanto se entiende que las cooperativas sociales pueden constituir una importante herramienta para la integración social, el Estado debe promoverlas, razón por la cual se plantea un especial tratamiento tributario, lo que podrá ser complementado por otras medidas de apoyo en materia crediticia, de capacitación, de contratación con el propio Estado, etc.

Finalmente, por cuanto se entiende que el Estado debe ser muy celoso en que se cumplan efectivamente, tanto las condiciones exigidas para este especial tipo de cooperativas, como los fines para los que se constituyen, se le asigna una tarea de control directo del Ministerio de Desarrollo Social, a tales efectos.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ
MARINA ARISMENDI
JOSÉ E. DÍAZ
BELELA HERRERA
DANILO ASTORI
AZUCENA BERRUTTI
JORGE BROVETTO
VÍCTOR ROSSI
JORGE LEPRA
EDUARDO BONOMI
MARÍA J. MUÑOZ
JOSÉ MUJICA
HÉCTOR LESCANO
JAIME IGORRA

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Definición y objeto).- Las cooperativas sociales son aquellas cooperativas de trabajo que tienen por objeto proporcionar a sus miembros un puesto de trabajo para el desarrollo de distintas actividades económicas, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, con el fin de lograr la inserción social y laboral de los jefes y jefas de hogares pertenecientes a sectores con necesidades básicas insatisfechas, jóvenes, discapacitados, minorías étnicas y todo grupo en situación de extrema vulnerabilidad social.

Artículo 2º. (Legislación aplicable).- Las cooperativas sociales se regirán por las disposiciones de la presente ley, y en lo previsto por las disposiciones de las Leyes Nº 10.761, de 15 de agosto de 1946; Nº 17.794, de 22 de julio de 2004; Nº 16.156, de 29 de octubre de 1990, y demás aplicables a las cooperativas de producción o trabajo asociado, y por los principios cooperativos con reconocimiento universal que estén integrados al derecho interno.

Ante cuestiones que no puedan resolverse por la legislación aplicable se deberá recurrir a las soluciones consagradas por los artículos 17 a 20 del Código Civil.

Artículo 3º. (Requisitos).- Para ser calificada como cooperativa social se deberán cumplir los siguientes requisitos:

A) Constará en el Estatuto que en los ejercicios económicos en que existan excedentes luego de cancelados todos los gastos de la cooperativa y las compensaciones que le correspondan a los miembros de la cooperativa, aquellos deberán destinarse a crear reservas o a la consolidación y mejora del servicio prestado y en ningún caso serán repartidos entre los socios.

B) También constará en el Estatuto el carácter gratuito del desempeño de todos los cargos de dirección, sin perjuicio de las compensaciones económicas procedentes de los gastos que puedan generarse por el cumplimiento de tales funciones.

C) Podrá preverse la actualización del valor de las aportaciones de los socios al capital social por cualquier índice objetivo, el que deberá establecerse en el Estatuto.

D) Las retribuciones de los socios trabajadores y de los trabajadores no socios no podrán superar el ciento cincuenta por ciento de las retribuciones que, en función de la actividad y categoría profesional, establezca el convenio colectivo aplicable del ramo o el que guarde mayor analogía.

  El incumplimiento de cualesquiera de los anteriores requisitos determinará la pérdida de la calificación de cooperativa social.

Artículo 4º. (Socios).- Podrán ser socios las personas físicas mayores de edad, y las personas menores de edad o incapaces por medio de sus representantes legales, ya sean los padres, tutores o curadores.

Artículo 5º. (Control y registro).- Sin perjuicio del control de legalidad previo y de los demás controles pertinentes establecidos en la legislación vigente, las cooperativas sociales en forma previa a la inscripción de sus Estatutos en el Registro de Personas Jurídicas Sección Comercio, deberán ser presentados al Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de que éste verifique si la composición de la cooperativa se corresponde con lo establecido en el artículo 1º y si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 3º de esta ley. También este Ministerio tendrá facultades para controlar el cumplimiento de dichos requisitos durante el funcionamiento de la cooperativa, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 6º. (Fomento).- Se declara de interés general el fomento de las cooperativas sociales. Las mismas quedan exoneradas de todo tributo nacional. Asimismo, estarán exoneradas de todo aporte patronal a la Seguridad Social, incluido el correspondiente al aporte complementario al Seguro de Enfermedad.

Montevideo, 30 de diciembre de 2005.

MARINA ARISMENDI
JOSÉ E. DÍAZ
BELELA HERRERA
DANILO ASTORI
AZUCENA BERRUTTI
JORGE BROVETTO
VÍCTOR ROSSI
JORGE LEPRA
EDUARDO BONOMI
MARÍA J. MUÑOZ
JOSÉ MUJICA
HÉCTOR LESCANO
JAIME IGORRA

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.