Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda


Carpeta Nº 273 de 2005
Anexo XIII al
Repartido Nº 303
Agosto de 2005

 

RENDICIÓN DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2004

 

Aprobación

 

I n f o r m e s


 

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, ha considerado el mensaje y proyecto de ley e Informe Económico Financiero correspondiente a la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución presupuestal Ejercicio 2004.

El Estado de Resultado del Ejercicio 2004, es decir la diferencia entre los ingresos efectivamente realizados y los egresos por lo devengado, presenta un déficit de $ 11.085:214.000.

Asimismo, existe un déficit extrapresupuestal, que no surge de la ejecución de gastos y de la percepción de ingresos originados en el periodo, por un monto de $ 23.951:408.000.

Se aclara además en el mensaje del Poder Ejecutivo, que las modificaciones presupuestarias, es decir los aumentos de rubros que se verifican en el articulado, tienen que ver con tres elementos:

1) Gastos pendientes de registración por insuficiencias presupuestales;

2) Deudas del Ejercicio 2004 y de ejercicios anteriores;

3) Modificaciones necesarias para permitir el funcionamiento normal de organismos del estado que esta administración encontró desfinanciados.

En referencia a los Gastos pendientes de registración por insuficiencias presupuestales y las Deudas del Ejercicio 2004 y de ejercicios anteriores, es necesario que nos referenciemos a la discusión que nuestra fuerza política diera con el gobierno anterior, respecto de cual era el déficit real de la Rendición de Cuentas del año 2003.

Es de recordar que el gobierno anterior afirmaba en el Mensaje al Parlamento Nacional, que el Resultado del Ejercicio 2003 era deficitario en 29.351 millones de pesos, lo que en dólares alcanzaba a 1.040:000.000 (que representaba un 9.3% del PBI).

A este déficit de las cuentas públicas, se llegaba en virtud de ciertos procedimientos contables, que como fuerza política cuestionamos y que incluso había sido cuestionado por el Tribunal de Cuentas de la República. Dichos cuestionamientos, nos hacían concluir que el déficit de la Rendición de Cuentas 2003, era en realidad mayor a las cifras que anunciaba el gobierno.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas realizaba tres claras observaciones al mensaje del Ejecutivo en la Rendición 2003:

1) La Capitalización del Nuevo Banco Comercial por $ 3.706:000.000 (US$ 131:000.000 aproximadamente) que fuera incluido en dicha oportunidad en "Cuadro 1 - Estado de Resultados Consolidados" dentro de "Financiamiento – Variación de Otros Activos y Pasivos", cuando a juicio del Tribunal, debió ser expuesta como Gasto de Inversión. Por ende, al no ser considerado un Gasto sino un Activo contra terceros, el Resultado del Ejercicio está subvaluado en este monto.

2) El Canje de Títulos de deuda realizada por el Gobierno, significó una pérdida neta de $ 1.578:000.000 (aproximadamente) es decir US$ 53.867.684, que se devengó en el periodo y que no fuera considerado en la determinación del resultado, tal cual dice el dictamen del Tribunal.

3) Por otra parte, en las Notas al Estado de Situación del Tesoro, se establecía que no se contaba con información acerca del Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario. En virtud de ello el Tribunal no pudo cuantificar el importe a registrar como gasto y que lógicamente incidiría en el resultado final del ejercicio. El Monto total de los préstamos realizados a estas instituciones bancarias había sido de $ 30.227:000.000 (US$ 1.071:000.000).

Si se consideraban las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el Déficit que realmente debíamos considerar para el Ejercicio 2003, era mucho mayor.

En definitiva, es el actual gobierno progresista el que sincera las cuentas públicas y registra correctamente las pérdidas que debieron ser registradas como tales por el gobierno anterior.

Si analizamos primariamente el Gasto de Funcionamiento e Inversiones Presupuestario por Grandes Rubros, encontramos como elemento más destacable la escasa significación que presentan las Inversiones, que constituyen tan solo el 6.83% del total. Las mismas ascendieron durante el 2004, a unos 211 millones de dólares, lo que apenas sobrepasa el 1.5% del PIB. El gasto en Personal, que incluye Retribuciones Personales, Cargas Legales y Prestaciones Sociales de los trabajadores del Estado, 26,5% del total del Gasto Presupuestario, en tanto que Otros Gastos de Funcionamiento, constituyen el 66.68%.

Si en cambio analizamos la Estructura del Gasto Obligado o Ejecutado por Incisos, encontramos que el Inciso de mayor significación son los Desembolsos Financieros del Estado que significaron $ 20.902:000.000, unos US$ 728:000.000, constituyendo un 23.62% del Presupuesto Nacional y un 5,5% del Producto Interior Bruto, aproximadamente. Asimismo, el Inciso 22 "Transferencias al Sector de la Seguridad Social", es de gran significación pues constituye un 16.43% del total. Constituyó durante el año 2004, unos $ 14.508:000.000 (US$ 505:000.000). Cabe destacar que la incidencia que este inciso presenta en el presupuesto Nacional presenta una tendencia claramente descendente desde 2002.

A nivel de los Ministerios, el Ministerio de Defensa Nacional es el de mayor participación en el presupuesto (5.66% del total) con un gasto de poco más de $ 5.000:000.000 (US$ 175:000.000 aproximadamente) y lo siguen el Ministerio de Salud Pública y el del Interior, con una participación respectiva de 5.37% y 5%.

Por otro lado, dentro de los organismos del artículo 220 de la Constitución de la República, en su conjunto participan con un 16,55% del total del Gasto Presupuestal, siendo el de mayor importancia el de la ANEP, que participa con un 10,48% del total.

Por su parte, a nivel de los Ingresos Presupuestales, los denominados Impuestos Directos, dentro de los que se incluye el IRIC, los impuestos a la Propiedad (al Patrimonio) y Otros, constituyeron el 30.31% del total. Por su parte, los Impuestos Indirectos, entre los que se incluyen el IVA, el IMESI y los Impuestos al Comercio Exterior, fueron el 52.71% del total, mostrando un rasgo característico de la Estructura Tributaria Nacional, cual es la preeminencia de los Impuestos Indirectos que gravan el gasto.

Por su parte, las Tasas constituyeron un 1.86%, en tanto que Ingresos No Tributarios –dentro de los que están Ingreso por venta de bienes y servicios, Rentas de la Propiedad, Concesiones, Multas, Sanciones y Recargos, constituyeron solo 10.60% del Total.

Pobreza

Nuestro país, que se había caracterizado por ser de los países latinoamericanos que presentaban menores niveles de incidencia de la pobreza, vio incrementar paulatinamente la proporción de hogares por debajo de la Línea de Pobreza a partir de 1995. La crisis económica reciente, dados los niveles de desigualdad, desempleo e informalidad característicos del mercado de trabajo uruguayo, determinó un incremento de la pobreza, a niveles jamás observados en nuestro país.

De acuerdo a Informes publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el número de personas pobres alcanzó a 849.500 en el 2003, lo cual nos dice que el número de pobres en nuestro país creció en 204.000 personas tan solo en un año. Por su parte, desde el comienzo de la crisis en 1999, el número de pobres creció en 441.000 personas.

Por otra parte, casi el 57% de los menores de 6 años que nacen en nuestro país son pobres, configurando un preocupante y triste panorama de infantilización de la pobreza, ya que la pobreza afecta proporcionalmente más a los niños que a los adultos.

Nivel de Actividad durante 2004 y primeros meses de 2005

La actividad económica continuó recuperándose en 2004. El PBI creció 12,3% respecto del año anterior lo que constituyó un guarismo muy importante incluso a nivel de América Latina, aunque aún no se ha alcanzado el máximo nivel de actividad del ciclo expansivo anterior. De acuerdo a estimaciones del BCU, durante el primer trimestre de 2005 el PBI creció 7.1% respecto del mismo periodo del año anterior. Nos parece necesario realizar alguna puntualización. En primer lugar, al parecer durante el año 2004 se ha llegado a utilizar al máximo la capacidad instalada que estaba ociosa en virtud de la crisis y que el crecimiento que se está verificando en los primeros meses del año tiene que ver con un proceso de Inversión que expande saludablemente la capacidad instalada. Lo anterior confirma que las expectativas de los agentes productivos respecto del cambio de gobierno decidido por la mayoría de la población, han sido favorables y que están dispuestos a invertir y crecer. Para ello, este gobierno está dispuesto, a través de una serie de medidas, una de las cuales es el incremento de las Inversiones Públicas para el año 2006, a apoyar la continuidad de las inversiones que expandan el producto potencial de la economía uruguaya y nos habilite a salir de esta "media década perdida".

Durante el 2004, a lo largo del cual las principales encuestadoras casi no dudaban del triunfo electoral del FA-EP-NM, la Inversión Bruta Interna creció un 27% y la Inversión Bruta Fija lo hizo en un 32%, lo cual confirma lo que señaláramos anteriormente.

El Consumo tuvo un desempeño más modesto –creció 11.4%- en virtud de que el Salario Real Medio permaneció incambiado en 2004 respecto a 2003 y que el Ingreso Medio Real de los Hogares creció moderadamente (2.4%).

A nivel de sectores, la Industria creció 21,6% y el Comercio lo hizo un 21%, mientras que el Sector Agropecuario lo hizo en un 13%. Durante los primeros meses de 2005, todos los sectores habrían seguido creciendo, en tanto el último de los nombrados se habría visto afectado por el déficit hídrico de los primeros meses del año.

Las Exportaciones crecieron sustancialmente en un marco internacional y regional favorable, signado por precios internacionales de nuestros productos de exportación a niveles elevados, el crecimiento de las principales economías demandantes de nuestros productos, la estabilidad macroeconómica y financiera de la región que contribuyó a mantener un clima de estabilidad y mejorar las expectativas de los agentes.

Mercado de Trabajo

A nivel del mercado de trabajo, la Tasa de Desempleo se redujo respecto del promedio de 2003 (16.9%) y se ubicó en 13.1%, lo que significa 164.300 desocupados, constituyendo uno de los elementos más preocupantes del modelo que rigió hasta el 2004. Esta disminución de la tasa de desempleo se produce a partir de cifras de desempleo récord para nuestro país, que explican como ya hemos dicho la evolución de la desigualdad y la pobreza. La última estimación del Instituto Nacional de Estadística marca una tasa de desempleo de 12.3% para el trimestre Abril-Junio, señalando una tendencia preocupante a no disminuir al ritmo del incremento de la Inversión y el nivel de actividad. En este sentido, la recesión, aunada a la inexistencia de políticas de promoción del empleo durante todo el periodo, marcan que el nivel de desempleo estructural, se consolidará seguramente en niveles superiores de los históricos.

Esta tasa de desempleo, implica que aproximadamente 155.000 uruguayos se encuentran en situación de desocupación abierta, sin ningún tipo de empleo, aún cuando el número de desocupados que no imponen ninguna condición para aceptar un empleo continúan creciendo.

Otro dato preocupante en relación al mercado de trabajo y que también se ha configurado como un elemento estructural de la economía uruguaya, es que, según la información del INE, gran parte de los empleos creados durante el 2004 fueron de mala calidad. Si se considera como restricciones al empleo, tanto el Subempleo –personas que trabajan menos de 40 horas semanales y que desea y puede trabajar más-, como al hecho de no estar registrado en la seguridad Social, el 45% de la población ocupada tuvo en 2004 restricciones o problemas en el empleo. De este modo, si sumamos los desempleados plenos a las personas con restricciones al empleo, más del 50% de la Población Activa tiene problemas de empleo.

Por otro lado, vemos que los trabajadores que vieron reducir sustancialmente su poder de compra a lo largo de la crisis –recordemos que el Salario Real Medio cayó 18% entre 1998 y 2004, en tanto que el Salario Real Privado se redujo una cuarta parte en ese periodo- a lo largo del año 2004 el Salario Real Promedio no creció. Si se analizan los primeros cuatro meses del año, el Salario Real creció tan solo 1% respecto a Diciembre de 2003.

Esta también constituye una "pesada herencia" de los gobiernos anteriores y un desafió que enfrenta y acepta el gobierno progresista. En este sentido, a pesar de las enormes restricciones fiscales que se enfrentan, se han puesto en marcha los Consejos de Salario y se ha firmado un Acuerdo Marco con los trabajadores públicos que recuperará la caída real de sus ingresos durante la crisis, a lo largo de los próximos cinco años.

Sistema Financiero

El Sistema Financiero, tanto a nivel del subsistema público como privado, fue enormemente afectado en el marco de la crisis reciente. La dolarización de los depósitos y sobretodo de los créditos, que fue alentada desde las más altas esferas de los últimos gobiernos, generó una enorme fragilidad financiera, en tanto no existía una regulación que requiriera que tanto los bancos como los solicitantes de créditos estén "calzados".

¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Si bien, durante el 2004, los depósitos en el sistema aumentaron un 6,8% en dólares respecto de fines del año 2003, los plazos de los mismos se redujeron considerablemente como expresión de esa desconfianza del público y se mantiene la dolarización de los mismos en niveles elevado (91% del total). Ello tiene implicancias importantes, pues disminuye las posibilidades de los bancos de realizar la intermediación de fondos hacia el sistema productivo. En este sentido, el stock de créditos bancarios otorgados al sector privado disminuyó casi 11%.

Asimismo, a días de haber asumido el nuevo gobierno, esa situación de mayor fragilidad del sistema financiero que heredamos, hizo eclosión en una nueva institución y hubo que atender la situación de la cooperativa de ahorro y crédito COFAC. Felizmente, la confianza de los depositantes y del público en general, tanto en el sistema cooperativo, como en el nuevo gobierno, evitó que se configurara una nueva corrida contra una institución bancaria y se arribó a soluciones rápidamente.

Finanzas Públicas y Endeudamiento

El superávit primario alcanzado a lo largo del año 2004 fue de 3.9% del PBI, lo que significó que el déficit del Sector Público Consolidado se situara en 2% del PBI, reduciéndose respecto de 2003 en el que fuera de 3.1%.

Este aumento en el superávit primario se logró básicamente debido a la mejora de la Gestión del Gobierno Central, que redujo el gasto en relación al producto, en particular debido a la disminución de las contribuciones estatales a la seguridad social. Esto último obedeció a su vez a una reducción en las erogaciones que realiza el BPS ya que se redujo el gasto en pasividades, que cayeron en términos reales 1.4% en el año, algo que ciertamente no nos alegra. La disminución de las pasividades se debe básicamente a su mecanismo de ajuste –dado que de acuerdo a la Ley Nº 17.649, las mismas se ajustan con el Índice Medio de Salarios en términos nominales- por lo tanto el aumento del salario medio líquido debido a la reducción de los adicionales al IRP, no se reflejó positivamente en las pasividades.

Asimismo, las características pro cíclicas de nuestro sistema impositivo, constituido básicamente por impuestos que gravan al gasto interno, determinaron que el crecimiento en el nivel de actividad interna y las importaciones, se reflejara positivamente en los ingresos del Estado, que crecieron 11.1% en términos reales. Aquello que tantas veces dijimos, en cuanto a la prociclicidad de la Política Fiscal operó esta vez positivamente, del mismo modo que sumió al estado en una crisis fiscal cuando la economía se desbarrancó hacia la recesión.

A este respecto vale la pena citar a Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, cuando refiriéndose a las reformas estructurales de los años 90 en América Latina, decía: "Las reformas sustituyeron los estabilizadores automáticos por desestabilizadores automáticos. En lugar de ser anticíclica, la política fiscal de América Latina en su conjunto ha sido pro cíclica ". Vale la pena recordar y así se establece en múltiples trabajos académicos, que nuestro país fue un de los primeros en cambiar su sistema impositivo, transformando la estructura hacia una de tributación en base al gasto. La reforma tributaria que tenemos es la heredada de la reforma de 1974 y que sigue vigente hasta el día de hoy sin cambios sustanciales.

En cuanto al Endeudamiento Público, la Deuda Bruta del Sector Público ascendía a fines de 2004 a US$ 13.335:000.000 lo que supuso un aumento de 1.172:000.000 en tan solo un año, arribando al 100% del PBI. Esta situación, cuya explicación tienen que ver con déficits fiscales desmesurados generados a fines de 1998 y a la última crisis financiera, constituye asimismo una pesada herencia en tanto la factura de intereses, reduce las posibilidades de realizar gastos sociales e Inversión Pública, como la situación económica y social lo hubiera requerido. De todas formas, en función del acuerdo logrado con los organismos multilaterales de crédito y el crecimiento programado del producto, el ratio Deuda Bruta/PBI se reducirá seguramente a 85% a fines de 2005 y de todas formas se destinan fondos a Políticas Sociales y se incrementan las Inversiones un 10% en el próximo Presupuesto Nacional.

En este sentido, mientras que en el año 1999 el gasto de intereses era el 9,7% del total del Presupuesto Nacional, en el año 2004, lo destinado a pagar los intereses de la duda pública arribó a 23,6% del Presupuesto. Esta elevada factura por intereses de la deuda, determinó una sustancial reducción de otros segmentos de gasto del Presupuesto.

Esta reducción se centró esencialmente, en recortes a la Inversión Pública que pasó de representar aproximadamente el 10% del Presupuesto en el 2000 a constituir tan solo el 6.8%.

La mayor rigidez del Gasto Presupuestal se constata en la menor disponibilidad de recursos para procesar una redistribución del gasto o un eventual aumento del mismo. Si asumimos que los recursos destinados a los Salarios, Beneficios Sociales y Aportes de los trabajadores públicos, no serán modificados a la baja, si igualmente, consideramos que no es posible reducir la transferencia de recursos presupuestales al Sector de la Seguridad Social, al tratarse de una obligación constitucional, y si adicionamos los desembolsos financieros del Estado, la disponibilidad de recursos estará muy menguada.

Según las cifras de la Rendición de Cuentas 2004:

- El Gasto en Personal, fue US$ 817:000.000, siendo el 26,5% del total.

- Las Transferencias al sector de la Seguridad Social fueron durante el 2004, más de US$ 505:000.000, correspondiendo a 16.4%.

- Por último, el rubro "Desembolsos Financieros" implicó, durante 2004, una erogación de US$ 728:000.000, es el 23.65% del Presupuesto Nacional.

Con todo ello, si calculáramos el Gasto No Discrecional de acuerdo a las cifras de la Rendición de Cuentas 2004, encontraríamos que arriba al 67% del total del Gasto Presupuestal del año 2004. Esta cifra implicó unos US$ 2.150:000.000, cerca del 16.3% del Producto Bruto Interno. En un marco de prolongada recesión, mucho hemos oído decir acerca del papel que podría jugar la Política Fiscal, en particular el Gasto Público, en el intento de iniciar un proceso de reactivación y de realizar políticas sociales, sin embargo el cálculo elemental realizado, nos presenta el complicado panorama de las restricciones del Sector Público.

Si comparamos la evolución en términos reales del gasto ejecutado u obligado por inciso, encontramos que entre 2001 y 2004, el gasto que más ha crecido han sido los Desembolsos Financieros del Estado. En estos cuatro últimos años, han crecido 98% en términos reales, constituyendo como ya dijéramos unos US$ 728:000.000 en el año 2004. Esta cifra sitúa a los Desembolsos Financieros del Estado en torno al 5.5% del PBI y como dijimos 23.65% del total del Gasto Presupuestal.

El Gasto del Ministerio de Vivienda, cayó entre 2001 y 2004 un 32% en términos reales, siendo el ministerio que presenta la mayor caída del gasto en términos reales y constituye tan solo un 1.42% del Gasto Total.

Por su parte, el gasto en los Ministerios dedicados a la coordinación y el control de la producción de bienes y servicios –Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Energía y Minería y Ministerio de Turismo- cayó 23%, 27% y 10% respectivamente, en términos reales, constituyendo en su conjunto un 1.49% del total del Gasto. Curiosamente, la suma del gasto de los tres ministerios antes nombrados, es exactamente la cifra en que participa el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este ministerio es, uno de los pocos cuyo gasto creció en términos reales en el periodo analizado, lo hizo en un 10% aproximadamente. Estas comparaciones muestran lo irracional de la estructura del Gasto Presupuestal y el sesgo antiproductivo que la política fiscal en particular y la política Económica en general de estos últimos gobiernos han tenido.

Asimismo, el gasto del Ministerio de Salud Pública tuvo una caída en términos reales de 12.5% en estos años y es tan solo el 5.4% del Presupuesto Nacional y el 1.2% del PBI. Este nivel de gasto, confirma una tendencia al descenso en Salud Pública en relación al gasto presupuestal total que se viene verificando desde 1990, dado que entre 1990-1994 la participación era el 7.4% del total y en el periodo 1995-99 fue de 6.9%. Esta tendencia confirma la prociclicidad del gasto social al menos en materia del Gasto en Salud, lo cual es exactamente lo contrario a lo recomendado por los organismos internacionales. Mientras que, como es de público conocimiento el número de pacientes que se atienden en el subsistema público ha crecido, el gasto en términos reales y en la participación respecto del total, ha venido cayendo sistemáticamente.

Cabe destacar, también a nivel de Incisos, la caída en términos reales que ha sufrido el gasto de la Universidad de la República ha sido entre 2001 y 2004, un 15.2%. Mientras tanto, en el mismo periodo, el gasto de la ANEP también ha sufrido una contracción en términos reales de casi 7%.

Como conclusión, podríamos establecer que la caída del gasto real de la mayoría de los incisos que constituyen el grueso del gasto social y "productivo" del Presupuesto Nacional, tiene como contracara y explicación su sustitución por Desembolsos Financieros del Estado, es decir por los pagos de los servicios de la deuda contraída para evitar el colapso del sistema financiero nacional, del que, como ya dijimos son responsables directos.

—————

ARTICULADO DEL PROYECTO

En cuanto al articulado resultante del análisis en la Comisión de Presupuestos Integrada con Hacienda, haré una apretada síntesis de cada uno de ellos.

El artículo 1º está analizado al comienzo del informe.

De los artículos 2º a 5º, se reconsidera la asignación presupuestal de premios al desempeño y a la mayor responsabilidad que se habían establecido a través de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

El artículo 2º deja sin efecto el "premio al desempeño" que se establecía a partir de obtener una calificación de excelente y muy bueno.

El artículo 3º establece el cese del pago de una retribución especial de hasta el 20% de las economías anuales obtenidas por reestructuras en los incisos.

El artículo 4º distribuye las economías generadas por los artículos anteriores, respetando los derechos adquiridos por desempeño.

El artículo 5º comete al Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil y el CEPRE, a dar cumplimiento al artículo 87 de la Ley Nº 17.556.

Por el artículo 6º se crea un fondo que se integra con el 5% de los recursos con afectación especial a fin de aumentar los ingresos personales menores respecto a los promediales por grado del Inciso 05 "Ministerio de Economía y Finanzas".

Por el artículo 7º se interpreta a efectos de integrar el Fondo creado por el artículo 169 de la Ley Nº 16.170, correspondiente al Ministerio de Economía y Finanzas y a sus Unidades Ejecutoras. Los recursos serán afectados en el porcentaje que determine el Poder Ejecutivo.

Por el artículo 8º se crea un crédito para registrar una deuda que ya existe y que no estaba registrada contablemente, por falta de créditos suficientes, correspondiente al Fondo Forestal.

Por el artículo 9º se asigna una partida para los gastos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, para el pago del personal eventual del Programa 004 "Servicios Agrícolas".

Por el artículo 10 se adecua la retribución de los cargos de Director de Educación y Director de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

Por el artículo 11 se establece la composición de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado y la forma de designarla, así como cuales serán sus cometidos.

Por el artículo 12 se fija la retribución de los miembros de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera en el 85% del cargo de Subsecretario de Estado, a partir de la designación de la nueva Junta.

Por el artículo 13 se establece una partida y su financiación para implementar el Registro Patronímico, creándose una Unidad Ejecutora en el Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura.

Los artículos 14, 15, 16 y 17 refieren a modificaciones, obligaciones y plazos para cumplir con las normas de inscripción en el Registro Nacional de Comercio.

Por el artículo 18 se fija en un 20% de las pautas publicitarias contratadas por los órganos del Poder Ejecutivo, serán contratadas con Canal 5 – Servicio de Televisión Nacional y con las radiodifusoras del "Servicio Oficial de Difusión Radio-Televisión y Espectáculos" (SODRE), excluidas las que se realicen en medios del exterior.

Por el artículo 19 se otorga facultades a la Corte Electoral para organizar elecciones en distintos organismos.

Por el artículo 20 se asigna una partida al Ministerio de Desarrollo Social, para el pago de una compensación personal a los funcionarios públicos que cumplan efectivamente tareas en el mismo.

Por el artículo 21 se da solución a una diferencia entre los funcionarios del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo respecto a una compensación personal.

Por el artículo 22 se crea un crédito para registrar una deuda que ya existe y no estaba registrada para abonar "Cuotas Anuales de Afiliación a Organismos Internacionales".

Por los artículos 23 y 24 se faculta al Banco de Previsión Social (BPS) a regularizar la situación de los contratos del PNUD ingresados por llamado público y que están realizando tareas desde hace mucho tiempo bajo la forma de un contrato como empresa unipersonal y en el Área de la Salud.

Por el artículo 25 se declara que las transferencias realizadas al Ministerio de Economía y Finanzas previstas en el Estado de Situación Patrimonial del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 del Banco Central del Uruguay (BCU), debe entenderse como una subrogación del Estado a dicho Banco.

Por lo expuesto en el informe precedente se aconseja al Plenario la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

DOREEN JAVIER IBARRA
Miembro Informante
ALFREDO ASTI
EDUARDO BRENTA
ROBERTO CONDE
CARLOS GAMOU
GONZALO MUJICA
PABLO PÉREZ GONZÁLEZ
HÉCTOR TAJAM
HORACIO YANES
IVÁN POSADA, discorde por los fundamentos que expondrá en Sala.

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004, con un resultado deficitario de: a) $ 11.085:214.000 (pesos uruguayos once mil ochenta y cinco millones doscientos catorce mil) correspondiente a la ejecución presupuestaria y; b) $ 23.951:408.000 (pesos uruguayos veintitrés mil novecientos cincuenta y un millones cuatrocientos ocho mil) por concepto de operaciones extrapresupuestarias, derivadas de la aplicación de normas legales.

Apruébanse las partidas a regularizar y los créditos no financiados por el Estado incluidos en el Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente a los Ejercicios 2002 y 2003, incorporados a la presente ley como anexo.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Artículo 2º.- Déjase sin efecto la asignación de los "premios al desempeño" creados por el artículo 27 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, a partir del período de evaluación comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2005.

Artículo 3º.- La retribución destinada a compensar el desempeño de tareas de mayor responsabilidad y especialización a que refiere el artículo 725 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, cesará a partir del mes siguiente a la promulgación de la presente ley.

Artículo 4º.- Las Unidades Ejecutoras de los Incisos del Presupuesto Nacional distribuirán entre sus funcionarios las economías generadas por la aplicación de los artículos 2º y 3º de la presente ley, de conformidad con la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo dentro de los quince días de su promulgación.

El decreto reglamentario respetará los derechos de los funcionarios que perciban las retribuciones citadas en el artículo 3º de la presente ley en forma regular y permanente sin cambiar su naturaleza.

Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) y del Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado (CEPRE), dará cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002.

Deróganse los artículos 22 a 26 y 28 a 29 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, los que quedarán vigentes al solo efecto de la calificación por desempeño del Ejercicio 2004.

Artículo 6º.- Sustitúyense los incisos primero y tercero del artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 diciembre de 1990, por los siguientes:

"Créase un fondo que se integrará con el 5% (cinco por ciento) de los ‘Recursos con Afectación Especial’ de todas las unidades ejecutoras que conforman el Inciso 05 ‘Ministerio de Economía y Finanzas’.

  Este fondo será destinado a aumentar los ingresos personales menores respecto a los promediales por grado, considerándose lo percibido por todo concepto y financiación por los funcionarios del Inciso, salvo las excepciones que establezca la reglamentación. A esos efectos, se concederá una compensación especial que no será considerada en los porcentajes máximos de la tabla del artículo 26 de la presente ley".

Artículo 7º.- Interprétase que los recursos a que refiere el artículo 2º de la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003, deberán ser afectados, en el porcentaje que determine el Poder Ejecutivo, a los efectos de integrar el fondo creado por el artículo 169 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 8º.- Asígnase una partida por única vez de $ 692:875.313 (pesos uruguayos seiscientos noventa y dos millones ochocientos setenta y cinco mil trescientos trece) al Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca", Programa 008 "Programa Forestal" con destino al Fondo Forestal creado por el artículo 52 de la Ley Nº 15.939, de 28 de diciembre de 1987, a fin de cancelar las deudas generadas al 31 de diciembre de 2004.

La cancelación de las deudas del fondo forestal mencionada en el presente artículo se efectuará de forma tal de cubrir en primera instancia aquellos adeudos pertenecientes a pequeños productores.

Artículo 9º.- Asígnase una partida de $ 471.528 (pesos uruguayos cuatrocientos setenta y un mil quinientos veintiocho) para el Ejercicio 2005, con la finalidad de atender las retribuciones del personal eventual que desempeña tareas en el Programa 004 "Servicios Agrícolas" del Inciso 07 "Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 10.- Los cargos de "Director de Educación" y "Director de Cultura" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", quedarán incluidos dentro de lo dispuesto en el literal C) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, a partir del 1º de marzo de 2005.

Artículo 11.- Sustitúyese el numeral 1º del artículo 4º de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998, por el siguiente:

"1º) Asesorará a nivel nacional en materia de los delitos previstos por la presente ley, contra la Administración Pública (Título IV, excluyendo los Capítulos 4 y 5 del Código Penal ) y contra la economía y la hacienda pública (Título IX del Código Penal ), que se le imputen a alguno o algunos de los funcionarios públicos enumerados en los artículos 10 y 11 de la presente ley.

  Estará compuesta de tres miembros quienes durarán cinco años en sus funciones a partir de su designación por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral. Si la venia no fuese otorgada dentro del término de sesenta días de recibida la solicitud, el Poder Ejecutivo podrá formular propuesta nueva o reiterar su propuesta anterior, disponiéndose nuevamente de sesenta días. En caso de que la venia no fuese otorgada en dicho plazo, alcanzará con obtener el voto conforme de la mayoría absoluta de integrantes del Senado para designar a los miembros de la Junta.

  El Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, podrá destituir por resolución fundada a los miembros de la Junta con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por la misma mayoría exigida para su designación. Si la Cámara de Senadores no se expidiera en un término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución".

Artículo 12.- La retribución de los miembros de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado será equivalente al 85% (ochenta y cinco por ciento) de la remuneración nominal que corresponda al cargo de Subsecretario de Estado.

Esta retribución será asignada a los miembros de la Junta que fueran designados con posterioridad a la vigencia de la presente ley. Derógase el artículo 335 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 13.- Créase en la Unidad Ejecutora 018 "Dirección General de Registros" del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura" en el Grupo 5 "Transferencias", una partida de $ 1.100.000 (pesos uruguayos un millón cien mil) para el Ejercicio 2005, con la finalidad de atender las erogaciones necesarias para la implementación del Registro Patronímico.

Dicha partida se financiará con los créditos vigentes del Grupo 2 "Servicios No Personales" de los Recursos de Afectación Especial de la Unidad Ejecutora 018 "Dirección General de Registros".

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 86 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente:

"ARTÍCULO 86. (Cambio de sede social y nombramiento, cese y revocación de los administradores, directores y representantes).- Todo cambio de sede social y nombramiento de administrador, director o representante por acto distinto del contrato o estatuto social, así como su cese o revocación deberá inscribirse en el Registro Nacional de Comercio.

  En la obligación de inscribir no quedan comprendidos los negocios de apoderamiento.

  La actuación de sociedades con administradores, representantes o directores no inscriptos, hará inoponible el acto o contrato de que se trate. (Artículo 54 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997)".

Artículo 15.- Sustitúyese el inciso final del artículo 170 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente:

"El nombramiento de liquidadores así como su cese o revocación deberá inscribirse en el Registro Nacional de Comercio".

Artículo 16.- Sustitúyese el literal B) del inciso tercero del artículo 331 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 59 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, por el siguiente:

"B) Se inscriba un ejemplar en el Registro Nacional de Comercio".

Artículo 17.- Las sociedades ya inscriptas en el Registro dispondrán de un plazo de un año desde el 1º de enero de 2006, para realizar la inscripción de sus actuales administradores, directores, representantes, liquidadores, cambio de sede social y convenios de sindicación.

La inscripción de los actos a que se refieren los artículos 14 a 16 de esta ley, tributará como solicitud de certificación de acuerdo con el artículo 368 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 18.- El 20% (veinte por ciento) de las pautas publicitarias en televisión y radio que contraten por todo concepto y bajo cualquier modalidad los órganos del Poder Ejecutivo, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, serán contratadas con "Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional" y con las radiodifusoras del "Servicio Oficial de Difusión Radio- Televisión y Espectáculos" (SODRE).

Queda excluida la publicidad que se realice en medios del exterior.

Artículo 19.- Extiéndense las facultades otorgadas a la Corte Electoral por la Ley Nº 17.755, de 1º de abril de 2004, a la organización de la elección de las Asambleas Técnico Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, de la elección de autoridades universitarias y de la elección de la Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Seguro de Salud y de la Comisión Asesora de Promociones, Faltas y Seguridad Industrial de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) a celebrarse el 28 de setiembre de 2005, el 12 de octubre de 2005 y el 12 de agosto del mismo año respectivamente.

Artículo 20.- Asígnase al Inciso 15 "Ministerio de Desarrollo Social" una partida anual de $ 7:832.500 (pesos uruguayos siete millones ochocientos treinta y dos mil quinientos), para el pago de una compensación personal a los funcionarios públicos que cumplan efectivamente tareas en el mismo, con un alto grado de especialización y dedicación, y siempre que dichas tareas sean prioritarias para el cumplimiento de los cometidos del Inciso. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición en un plazo de treinta días de la promulgación de la presente ley.

Artículo 21.- La compensación personal otorgada por el artículo 465 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, con la interpretación dada por el artículo 14 de la Ley Nº 17.707, de 10 de noviembre de 2003, será considerada en la base de cálculo de todas las retribuciones que, según disposiciones legales, deban determinarse en función de otras.

A título enunciativo, se entienden comprendidas en el inciso anterior las "compensaciones" por: dedicación permanente, dedicación total, alta especialización, compensación por asiduidad, permanencia a la orden, retribución complementaria por rendimiento, horas extras y compensación para funcionarios del Instituto Técnico Forense (ITF) que desempeñan tareas en el Departamento de Medicina Forense (Morgue Judicial) y Laboratorio de Toxicología.

Lo dispuesto en este artículo se aplicará a partir del 1º de enero de 2005.

La Contaduría General de la Nación (CGN) incrementará los créditos presupuestales que correspondan para la aplicación de la presente disposición.

Artículo 22.- Asígnase una partida para el Ejercicio 2005 de $ 522:105.832 (pesos uruguayos quinientos veintidós millones, ciento cinco mil ochocientos treinta y dos) equivalente a US$ 19:754.288 (diecinueve millones setecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de América) en el Inciso 24 "Diversos Créditos", Programa 001 "Diversos Créditos", Objeto del Gasto 581.001 "Cuotas Anuales de Afiliación a Organismos Internacionales", que será destinada a cancelar las deudas generadas al 31 de diciembre de 2004 con los referidos organismos.

Artículo 23.- Facúltase al Banco de Previsión Social (BPS) a realizar contratos de función pública con el objeto de regularizar la situación del personal que habiendo ingresado a partir de un llamado público, revista al 30 de junio de 2005 como empresas unipersonales contratadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, prestando servicios en el Banco de Previsión Social, y cuyos contratos vencen el 28 de junio de 2005.

Artículo 24.- Facúltase al Banco de Previsión Social (BPS) a realizar contratos de función pública con el personal que habiendo ingresado a partir de un llamado público desarrolla al 30 de junio de 2005 funciones en carácter de suplencias, en el área de la salud, al amparo de lo dispuesto en el literal A) del artículo 4º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990, con la modificación dispuesta en el artículo 573 de la Ley Nº 16.170, de 28 de diciembre de 1990.

Artículo 25.- Declárase que las transferencias realizadas al Ministerio de Economía y Finanzas previstas en el Estado de Situación Patrimonial del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 del Banco Central del Uruguay (BCU), debe entenderse como una subrogación del Estado a dicho Banco en todos los créditos que por cualquier concepto tenía el mismo contra los Bancos cuyas actividades se encontraban suspendidas a la fecha de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, que sean liquidados y sus respectivas garantías, de conformidad con el artículo 26 de la citada ley.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

DOREEN JAVIER IBARRA
Miembro Informante
ALFREDO ASTI
EDUARDO BRENTA
ROBERTO CONDE
CARLOS GAMOU
GONZALO MUJICA
PABLO PÉREZ GONZÁLEZ
HÉCTOR TAJAM
HORACIO YANES
IVÁN POSADA, discorde por los fundamentos que expondrá en Sala.

 

Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Consideraciones generales

La representación del Partido Nacional en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, luego de considerar el Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal – Ejercicio 2004, en su más amplio contexto, resolvió votar negativamente el proyecto en general, así como su artículo 1º. La decisión no refiere exclusivamente a las cuentas contenidas en lo que estrictamente es la Rendición de Cuentas y que se consagra en el artículo 1º. Está basada más bien, en la discrepancia con la mayoría del articulado que lo acompaña, y con la enorme disparidad entre el discurso oficial del nuevo gobierno y lo que él mismo afirma en el informe Económico Financiero de la situación macroeconómica del año 2004, que acompaña el Mensaje de la última Rendición de Cuentas del pasado Gobierno.

No podemos aprobarle al actual gobierno el Mensaje que nos envía respecto a las cuentas del anterior, cuando la gestión de los primeros meses ha estado rodeada de afirmaciones diversas que pueden sintetizarse en la "herencia maldita" que recibió la actual administración; y que ha servido para justificar errores, lentitudes, marchas y contramarchas, así como incumplimientos a compromisos públicamente contraídos.

Por otra parte, el Informe Económico Financiero que acompaña la Rendición de Cuentas, y que ha sido preparado por la actual administración, no ahorra loas ni reconocimientos al manejo de la economía durante el pasado año. Habla en él de la consolidación, de la recuperación económica que comenzó en el 2003, del "fuerte crecimiento" de la producción global de bienes y servicios, del "dinamismo productivo", de la "política monetaria prudente", del "pronunciado aumento de los ingresos tributarios", del "aumento del superávit fiscal primario", todo lo que permitió "alcanzar las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional". Concuerda con el manejo de la política monetaria que llevó adelante el Banco Central del Uruguay, con el descenso logrado en la inflación minorista, con la consolidación del proceso de fortalecimiento del sistema financiero, y habla de la "significativa mejora de los indicadores de solidez y liquidez de las instituciones de intermediación financiera".

Sería sobreabundar continuar extrayendo reconocimientos a la administración anterior del documento referido. Por lo demás, no deseamos ahorrarle a los miembros de este Cuerpo la posibilidad de leer atentamente ese Informe, que no tiene desperdicios.

Por otra parte, esperaba la oposición que la Rendición de Cuentas contuviera en el articulado la regularización de gastos autorizados genéricamente y de manera urgente, para que el gobierno hiciera frente a alguna de sus principales y más urgentes propuestas. En particular, la Rendición de Cuentas no contiene, como debió hacerlo según dispone el inciso final del artículo 214 de la Constitución de la República, las modificaciones presupuestales que se han realizado en materia de gastos, inversiones y sueldos, al crearse por ley el Ministerio de Desarrollo Social. La Rendición de cuentas debió regular los montos que el Poder Ejecutivo está destinando, sin autorización legal, para pagar sueldos, gastos de funcionamiento y eventualmente inversiones, en un Ministerio que recién tendrá su primer presupuesto a partir del próximo año.

Por todas estas consideraciones, sobre las que se abundará en Sala, el Partido Nacional votó negativamente en general el Proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del Ejercicio 2004, correspondiente al gobierno anterior.

Consideraciones particulares

ARTÍCULOS 2º al 5º:

Hemos votado negativamente los artículos 2º al 5º y el aditivo propuesto por la bancada oficialista al artículo 4º por los motivos que se exponen:

El artículo 2º pretende derogar la asignación denominada "partida al desempeño" consagrada por la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, aunque en su combinación con el artículo 4º se prevé que los recursos destinados a dicho premio se distribuirán al amparo de la reglamentación, abandonando la seguridad y claridad que brinda la ley.

El artículo 3º busca derogar la compensación por tareas de mayor responsabilidad y especialización creada por la misma ley.

En ambos casos, aunque particularmente en este artículo 3º, se lesiona el derecho de quienes perciben una retribución ya de carácter permanente. Su fin ha sido permitir a la administración mejorar la retribución de algunos funcionarios que desempeñan tareas de alta responsabilidad dado que muchas veces la escala salarial vigente no permite una retribución acorde y diferencial que motive mínimamente a quien asume esa mayor carga funcional.

El artículo 4º dispone de los recursos que la derogación de ambas "compensaciones" liberan para los funcionarios de cada unidad ejecutora, pero sin especificar con qué criterios se hará. Resigna al arbitrio del Poder Ejecutivo el manejo de esos recursos, dejando sin respaldo legal toda decisión que luego se tome.

El artículo 86 de la Constitución de la República en su inciso primero no ofrece dudas cuando establece: "La creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV".

El inciso segundo de ese artículo, consagra con claridad la limitación para el Poder Legislativo en materia salarial, haciendo privativa del Poder Ejecutivo la iniciativa "(...) para la creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos (...)".

En tanto el inciso primero del artículo 86 de la Constitución de la República limita las potestades del Poder Ejecutivo obligándolo a que toda modificación en las remuneraciones de los funcionarios públicos debe ser consagrada por leyes de carácter presupuestal. Por lo tanto siempre el Poder Ejecutivo propone y siempre el Parlamento vota. No hay otro camino para distribuir recursos con destino a remuneraciones personales.

Es de destacar que el equipo económico en su comparecencia ante la Comisión cuantificó la economía del artículo 2º en $ 40.000.000 (cuarenta millones de pesos) y la del artículo 3º en $ 120.000.000 (ciento veinte millones de pesos); sin aclarar cómo los redistribuiría.

Con posterioridad el Partido Nacional solicitó se invitara a la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), para escuchar su opinión sobre este asunto que afectaría las remuneraciones de muchos de sus afiliados.

La Comisión tuvo conocimiento allí de la opinión favorable de COFE de los artículos 2º al 5º en tanto esa organización acordó con el Gobierno disponer de las economías generadas ($ 160.000.000) mediante la negociación posterior. Dicho acuerdo fue documentado en un texto de cinco artículos denominado "Acuerdo Parcial" que fue distribuido. En él las partes acuerdan negociar los recursos que quedarían disponibles, priorizando a los funcionarios vinculados a COFE pero exceptuando a los escalafones K y L.

Se dijo a la delegación gremial por parte de esta bancada que no era bueno acordar retribuciones personales sin el marco legal correspondiente al que refiere el artículo 86 de la Constitución de la República, menos aún cuando el proyecto todavía no fue votado.

Debe consignarse en este tema que vencido el plazo acordado para presentar aditivos en Comisión, la delegación oficialista presentó uno al artículo 4º que también fue votado negativamente por el Partido Nacional y que se transformó en el inciso final del actual artículo 4º.

A nuestro entender dicho inciso deja vigente lo que se pretende derogar en el artículo 3º. En la práctica, la compensación por mayor responsabilidad se seguirá cobrando y por lo tanto no se liberará buena parte de las economías previstas ($ 120.000.000), lo que traerá dificultades para cumplir lo pactado con COFE. Lo que es peor aún, al derogar la Ley que regula esa partida (artículo 3º), pero dejando vigentes sus efectos (inciso final artículo 4º), se traslada al ámbito del decreto, y por lo tanto al arbitrio del Poder Ejecutivo, su aplicación en cada caso. La definición de "regular y permanente" a que hace referencia esta modificación de última hora, deja un margen inconveniente a la autoridad de turno, pero además congela un derecho al que sólo accederán los que ya lo tienen.

La Comisión no pudo conocer el fundamento de este inciso final del artículo 4º. Los firmantes de este Informe consideramos más lógico eliminar el artículo 3º y dejar vigente el actual sistema, que ha tenido importantes defectos en su aplicación, pero ofrece las garantías de la ley, a la que correspondería, en todo caso, ajustar su aplicación.

Debe recordarse que los escalafones K y L a los que hace referencia el acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo y COFE, según el cual quedan excluidos de las mejoras salariales pactadas, son los que están regulados por la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986 y corresponden en el código K a personal militar, y en el código L a personal policial.

ARTÍCULO 5º:

El artículo 5º fue votado negativamente porque forma parte de la solución dada por los tres artículos anteriores.

ARTÍCULOS 6º y 7º:

Los artículos 6º y 7º modifican la integración de un fondo existente desde 1990 en el Ministerio de Economía y Finanzas. El artículo 6º modifica el inciso primero y tercero del artículo 169 de la Ley 16.170, de 28 de diciembre de 1990 cuya principal incidencia parece ser quitar de la excepción en la participación de dicho fondo a la Dirección Nacional de Aduanas. El artículo 7º dispone que se integra a dicho fondo, un porcentaje no definido, de la mejora de la recaudación de la Dirección General Impositiva prevista para otro fin por la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003.

Debe recordarse que dicha Ley de 4 de noviembre de 2003 en su artículo 2º prevé que se destine a la mejora de gestión de la DGI, hasta el 25% de la mejora de su recaudación y encomienda al decreto esa tarea.

Dicha reforma entró en vigencia el pasado 30 de mayo de 2005, utilizando para la mejora salarial $ 590.000.000, lo que equivale al 11% de la mejora de la recaudación sobre lo percibido en el año 2003. El artículo 7º del proyecto en consideración dispone que "en el porcentaje que determine el Poder Ejecutivo" de ese 14% aún disponible, ya recaudado y sin afectación definida, se destinará al fondo del Ministerio de Economía y Finanzas.

Todo parece indicar que con una redacción poco clara y difícil de interpretar, el Poder Ejecutivo pretende utilizar los recursos excedentes de ese 14% aún disponible, para financiar, por la vía del decreto, la reforma salarial de la Dirección Nacional de Aduanas, tal como lo hizo con la Dirección General Impositiva. De este modo pasaría por el Parlamento una autorización poco conciente que otorgaría los recursos necesarios para una reforma que luego el decreto regularía.

Es notorio que el Poder Ejecutivo inicia con esta propuesta un camino destinado a ir utilizando esos recursos disponibles para atender demandas puntuales y eligió hacerlo empezando por el propio Ministerio de Economía y Finanzas, sede de la iniciativa presupuestal que se considera.

Cabe consignar que cada uno de esos puntos porcentuales, del 14% disponible, equivalen, según las informaciones proporcionadas por el Poder Ejecutivo, a unos $ 53.600.000 (aproximadamente US$ 2.150.000).

La bancada del Partido Nacional votó negativamente los artículos 6º y 7º y propuso otro destino para los más de 30 millones de dólares disponibles, recaudados y sin afectación.

Aditivo: Jubilación mínima.

En cumplimiento de su programa de gobierno "Compromiso Nacional", entendió prioritario atender con dichos fondos el incremento de las jubilaciones hasta un mínimo de $ 3.000 (tres mil pesos).

Esta iniciativa alcanza unos 110.000 jubilados y tiene un costo apenas superior al disponible.

El Poder Ejecutivo ya ha dispuesto de 25 millones de dólares para mejorar los salarios de 1.300 funcionarios de la DGI. No parece conveniente que utilice ahora más de 30 millones de dólares aún disponibles, producto de los mayores impuestos pagados por los uruguayos, con destino a los salarios de los funcionarios aduaneros y sus jerarcas. Si esos recursos están disponibles, el Partido Nacional cree que hay que cumplir primero con los que menos tienen. Y la lista está encabezada sin duda por los jubilados.

Para subsanar la ausencia de iniciativa prevista en el artículo 86 de la Constitución de la República, el artículo recoge una discutida pero muy recurrida práctica parlamentaria que incluye la "facultad" al poder Ejecutivo de modo de superar dicha ausencia. El artículo que se transcribe no obtuvo el respaldo del Partido de Gobierno en la Comisión, por lo que no está incluido en el articulado a consideración.

Aditivo propuesto:

"Artículo.- Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar las jubilaciones servidas por el Banco de Previsión Social, hasta alcanzar un mínimo de $ 3.000 (tres mil pesos).

Los costos de dicho incremento serán atendidos con cargo a los porcentajes no utilizados de la mejora de la recaudación real de la Dirección General Impositiva, según lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 17.706, de 4 de noviembre de 2003".

ARTÍCULO 8º:

El artículo 8º propuesto en el mensaje original, fue acompañado por el Partido Nacional en el entendido que la partida originada para cumplir con las deudas del Fondo Forestal, aunque no se encuentra disponible, debe registrarse como tal, para ser cancelada en un momento posterior.

ARTÍCULO 9º:

El artículo 9º fue acompañado por igual motivo.

ARTÍCULO 10:

El artículo 10 consagra un aumento de salario para los Directores de Educación y de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, pasándolos a la categoría del literal c) del artículo 9º de la Ley Nº 15.809, de 8 de abril de 1986, que regula por grupos los salarios de los cargos políticos y de particular confianza.

Este artículo contó con el apoyo del Partido Nacional por entender que es de justicia elevar la consideración salarial y por ende política de dichas responsabilidades de Gobierno, y por entender que así debe procederse para modificar las remuneraciones de los cargos regulados por la Ley. Dejamos constancia en la Comisión, que en el mismo literal, en el que ahora se incluye a los directores de Educación y de Cultura, se encuentran percibiendo el 85% del sueldo de un Subsecretario de Estado muchos otros cargos de particular confianza, entre ellos el de director General de Rentas. Su retribución fue aumentada significativamente por la vía del decreto reglamentario de la Ley Nº 17.706 del 4 de noviembre de 2003, excediendo largamente el monto fijado por la ley que ahora se cambia para cargos similares.

ARTÍCULO 11:

El artículo 11 no contó con el apoyo del Partido Nacional ni en la redacción original ni en la que ahora se propone al Cuerpo, aunque se valora positivamente la modificación que, a iniciativa de la bancada mayoritaria, le introdujo la Comisión.

Este artículo no es material presupuestal y se introduce sin motivo aparente en la Rendición de Cuentas, con el único objetivo de modificar la forma de designar los integrantes de la Junta Asesora en Materia Económica y Financiera del Estado, creada por la Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998.

No consideramos oportuno ni conveniente que las mayorías requeridas por la Ley para designar y destituir a sus miembros se adapten a las mayorías parlamentarias que tiene actualmente el Poder Ejecutivo.

La mayoría especial de 3/5, hoy exigida, está consagrada no por casualidad, capricho o conveniencia coyuntural, sino para obligar al gobierno -a los pasados, éste u otros- a buscar acuerdos extrapartidarios y de ese modo integrar un órgano como la "Junta Anticorrupción" con un amplio apoyo político y por personas que estén más allá de lo partidario. Sobre todo debe tenerse en cuenta que este órgano controla a todo el sistema político, más precisamente al gobierno de turno, que debería ser el más interesado en que lo controlen más los ajenos que los propios.

Los 3/5 exigidos son precisamente para que ni Gobierno ni oposición dispongan de mayorías que pudieran eventualmente responder a uno u otro interés. Los 3/5 dan poder de veto a todas las partes y obligan a proponer ciudadanos que den garantías a todos.

En estos días, cuando queda claro que ningún país está exento de actos de corrupción en su gobierno, no parece oportuno proponer bajar las exigencias para integrar este órgano de contralor y adaptar las mayorías para su destitución a las disponibles actualmente por el Partido de Gobierno.

ARTÍCULO 12:

El artículo 12 fue acompañado por esta bancada en tanto refleja una equiparación justa y permite las economías que financian el incremento consagrado en el artículo 10.

ARTÍCULO 13:

El mismo fue votado negativamente por la bancada nacionalista en la Comisión. Sin desconocer que este es un reclamo antiguo de la Dirección General de Registros, el objetivo puntual de su incorporación está directamente relacionado con la anunciada reforma tributaria y la implantación del impuesto a la renta. Al no tener conocimiento de los contenidos de dichas reformas impositivas, preferimos que los cambios accesorios como el propuesto se consideren junto con ellas y disponiendo de información más completa.

ARTÍCULOS 14, 15 y 16:

Los artículos 14, 15 y 16 fueron acompañados en sus nuevas redacciones por entender que dichas modificaciones adaptan la legislación vigente a la realidad actual de las sociedades comerciales y aportan a estas relaciones, mayores garantías y más transparencia.

ARTÍCULO 17:

El artículo 17 original fue votado negativamente por quedar su contenido comprendido en otra iniciativa legal en trámite cuyo contenido es específico del tema.

ARTÍCULO 18:

El artículo 18 fue producto de un análisis profundo en Comisión y su texto original fue cambiado. El texto aprobado en la Comisión difiere del enviado por el Poder Ejecutivo, pero coincide en buena parte con una iniciativa blanca (aunque no totalmente) que no prosperó.

La comparecencia del Ministro de Educación y Cultura, así como la del equipo económico, permitió que Gobierno y oposición coincidieran en la necesidad de dotar a los medios oficiales de recursos genuinos, asumiendo que ni el canal, ni las radios tienen fines comerciales y por tanto deben ser subsidiados para que cumplan su función. Quedó clara también la preferencia de todos por un subsidio directo, definido y controlable.

En este sentido el Poder Ejecutivo se comprometió a asignar recursos directos para que estos medios oficiales funcionen debidamente y la oposición a acompañar esa idea cuando se remita en el proyecto de Ley de Presupuesto. Por esa razón entendimos que el subsidio encubierto que otros organismos estatales aportarían al Canal 5 y las radios del SODRE mediante la contratación obligatoria de propaganda, debería caer cuando entre en vigencia el nuevo presupuesto conteniendo el compromiso contraído.

Esta fue la diferencia con el texto que el Cuerpo tiene a consideración.

Cabe destacar que el subsidio que se consagra es más acotado que el propuesto por el proyecto original.

ARTÍCULO 19:

El artículo 19 del proyecto a consideración es una iniciativa del Partido Nacional que fue acompañada por toda la Comisión. Es un artículo que no implica gastos no previstos, pero que habilita a la Corte Electoral a pagar con recursos disponibles trabajos extraordinarios de sus funcionarios para organizar tres importantes actos electorales. La autorización de la que disponía cesó en la pasada elección municipal y el tema de fondo quedará resuelto con la ley de presupuesto, sin embargo, la inminente celebración de las elecciones referidas requiere una iniciativa como la propuesta.

ARTÍCULO 20:

Este artículo, con la redacción propuesta al Cuerpo, no fue acompañado por la bancada nacionalista, aunque tampoco recibió respaldo el sustitutivo que propusiéramos en la Comisión.

La asignación de la partida anual prevista, fue objeto de diversas interpretaciones en cuanto a su destino. El Ministerio de Desarrollo Social expresó que el monto correspondía a una compensación mensual de $ 5.000 más cargas sociales para cien funcionarios.

En una oportunidad se justificó dicho incremento para compensar las pérdidas salariales que tendrían los funcionarios que pasaran a trabajar en comisión a ese Ministerio. En otra oportunidad, se fundamentó en la necesidad de acercar las retribuciones de funcionarios procedentes de distintos organismos y con dispares salarios. Consultada la Oficina Nacional del Servicio Civil, confirmó que los funcionarios que pasen en comisión al amparo de lo dispuesto por el Art. 40 de la Ley 16.320, según está previsto, no pierden ninguno de sus beneficios remuneratorios o jubilatorios.

La delegación de COFE, consultada al respecto, se manifestó contraria a remuneraciones extraordinarias que no fueran para compensar eventuales pérdidas ocasionadas por el pase en comisión.

Demostrando nuestro apoyo al espíritu del artículo, pero procurando la precisión en el destino de la partida, propusimos un aditivo que no fue acompañado por la mayoría, que especifica que el monto previsto será destinado para el pago de una compensación personal "para complementar en igual monto los ingresos que puedan dejar de percibir los funcionarios que pasen en comisión al Ministerio de Desarrollo Social".

La actual redacción del artículo 20 deja en manos de la Ministra de Desarrollo Social la posibilidad de compensar de la manera que le parezca, a todos o a alguno de los ciento quince funcionarios de su confianza que pasarán en comisión, según la ley recientemente aprobada, por los montos, el tiempo y las razones que entienda convenientes. Nuestro apoyo a este nuevo Ministerio, y particularmente al Plan de Emergencia, no incluye un cheque en blanco de tal magnitud en el manejo de los recursos humanos y sus retribuciones. Este artículo va en contra de lo que el propio Poder Ejecutivo acaba de firmar en el acuerdo marco con COFE.

ARTÍCULO 21:

El artículo 21 fue votado en contra por entender que su contenido debe ser incluido en las modificaciones que el equipo económico ha anunciado vendrán incluidas en el presupuesto nacional, modificando aspectos generales en materia de remuneraciones y compensaciones para toda la administración.

ARTÍCULO 22:

El artículo 22 mereció nuestro apoyo por las mismas consideraciones que se hicieron con relación al artículo 8 , dado que su formulación prevé exclusivamente el registro contable de esa deuda.

ARTÍCULOS 23 y 24:

Los artículos 23 y 24 refieren a una temática que el Ejecutivo ha anunciado abordará de manera general en el proyecto de presupuesto. El tratamiento particular de estas situaciones, descolgado de la solución general, no parece conveniente. Por dicha razón, no fueron acompañados por los miembros nacionalistas en la Comisión.

ARTÍCULO 25:

La subrogación prevista en este artículo mereció nuestro apoyo, en tanto corrige una situación no prevista y llena un vacío legal.

ADITIVO INDA.:

También fue propuesto un aditivo que la mayoría de la Comisión no acompañó por el que se dispone que el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) se incorpore al Ministerio de Desarrollo Social, manteniendo su estructura, organización y recursos.

Parece obvio que un Ministerio nuevo que tiene dificultades para implementar la enorme tarea que se le ha asignado debería estar de acuerdo con recibir una Institución que cuenta con más de trescientos funcionarios, locales, depósitos, vehículos, presupuesto, experiencia y sobre todo especialidad en lo que es uno de los programas del Plan de Emergencia: la alimentación de los sectores populares. En el mismo sentido que la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social dispuso el pase a esa órbita del INAU, el INJU y el Instituto de la Familia y la Mujer, así como el Programa INFAMILIA, el INDA debería desvincularse del MTySS, dedicado a otras prioridades, para hacer más eficiente su labor en el MDS creado para tal fin.

La Ministra declaró en Comisión no estar de acuerdo con esa modificación y dijo no querer al INDA con la actual estructura, proponiendo un debate previo a esa decisión, aunque más adelante.

En consecuencia la bancada mayoritaria acompañó a la Ministra y se mantendrán en la administración central dos organismos haciendo lo mismo, compitiendo en algunas áreas, desatendiendo otras y gastando mal lo poco que hay.

ADITIVOS INAU:

Debe mencionarse que el Partido Nacional presentó y luego retiró tres aditivos que daban iniciativa a tres artículos presentados a la Comisión directamente por el INAU sin revestir las formalidades exigidas. Al ingresar por la vía incorrecta, sin pasar por el Poder Ejecutivo quien debe darle iniciativa y no cumplir además con el plazo constitucional que venció el 30 de junio, el Partido Nacional ofreció su iniciativa para darle trámite. Sin embargo, el propio INAU compareció ante la Comisión y dijo preferir recorrer la vía administrativa para solucionar la emergencia. Por esa razón y ante la afirmación que en virtud del acuerdo alcanzado entre el INAU y el MEF esos artículos no son necesarios, el Partido Nacional retiró esos artículos aditivos.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

JORGE GANDINI
Miembro Informante
FEDERICO CASARETTO
JOSÉ CARLOS CARDOSO
CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Recházase la Rendición de Cuentas y el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

JORGE GANDINI
Miembro Informante
FEDERICO CASARETTO
JOSÉ CARLOS CARDOSO
CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ

 

Comisión de Presupuestos,
integrada con la de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

El proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2004, que se somete al tratamiento de este Cuerpo y que ha sido estudiado por la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda, debe ser, desde nuestro punto de vista aprobada en algunos de sus artículos y rechazada en otros.

Entendemos que en el análisis de este proyecto de Rendición de Cuentas remitida por el Poder Ejecutivo debe realizarse en dos etapas.

La primera refiere a la Rendición de Cuentas propiamente dicha, en donde el Poder Ejecutivo explica los números del país en el ejercicio 2004, acompañada por un documento de fundamental importancia, tal cual es el "Informe Económico Financiero" que relata la situación macro-económica del Uruguay durante el año 2004.

La segunda etapa refiere a las modificaciones a las normas presupuestales vigentes y que están referidas en los artículos 2º a 25 en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En cuanto al artículo 1º y al informe "Económico Financiero del año 2004", este asume una importancia fundamental en cuanto a la visión de un nuevo Gobierno acerca de los resultados del último año de la gestión del Gobierno anterior. Y en este caso la importancia se acrecienta en la medida que este informe lo hace un Gobierno de un Partido Político que estuvo en la oposición con respecto al Gobierno anterior.

El resumen del informe económico financiero es el siguiente: la economía uruguaya consolidó durante el año 2004 el proceso de recuperación que se había iniciado a comienzos del año 2003, después de la muy fuerte crisis que se registrara entre los años 1999 y 2002. En ese sentido la producción global de bienes y servicios mostró en el año 2004 un crecimiento del 12.3%. El crecimiento se explica tanto por el dinamismo de la demanda interna como de la demanda externa. Dentro de los componentes de la demanda interna cabe destacar la importante recuperación en la inversión, elemento fundamental para consolidar el retorno a una senda de crecimiento sostenido y el consumo privado.

El volumen exportado en bienes y servicios creció en el 2004 un 22.7% con respecto al 2003.

El dinamismo de la actividad económica permitió un sensible aumento de los puestos de trabajo y una mejora de algunos indicadores de mercado laboral. El empleo se expandió un 6% lo que implicó la creación de 63.000 nuevos puestos de trabajo. La tasa de desocupación que fue de un 13.1 en el promedio del 2004, finalizó en el mes de diciembre de 12,1%. El ingreso medio de hogares exhibió un crecimiento del 2% real en el promedio de ese año, pero el último trimestre creció 6.5% real.

Sector externo.

Si bien en materia balanza de pagos la cuenta corriente registró un déficit de US$ 105:000.000 en el año 2004, la balanza de pagos presento un superávit de US$ 454:000.000 en el conjunto del 2004 en función de un significativo ingreso de capitales, reflejo de la consolidación de confianza en el sistema financiero doméstico.

Los activos de reserva del Banco Central del Uruguay ascendieron a US$ 2.512 000.000 de dólares al cierre del año 2004, creciendo en US$ 2.000.000,000 desde marzo de 2003.

En materia de comercio de bienes, las exportaciones crecieron un 32.5% medidas en dólares. Cabe resaltar la creciente diversificación de nuestras exportaciones. En los últimos años, los socios comerciales pertenecientes al MERCOSUR, han perdido peso en nuestras ventas externas, pasando a representar un 25% de las exportaciones en bienes en el 2004, cuando en 1998 eran el 55%. Debe destacarse la creciente importancia del mercado del NAFTA (27% del total) en razón del incremento de venta de carnes a los Estados Unidos.

También las exportaciones registraron un importante aumento en base a la recuperación del gasto interno y al acentuado dinamismo de las importaciones de bienes de capital.

Precios, Salarios y tipo de Cambio.

La tasa de inflación se redujo a 7.6% durante el año 2004. La cotización del dólar interbancario estaba al cierre de diciembre de 2004 en $ 26.4 (lo que hizo que importantes dirigentes de la entonces oposición expresaran su desagrado por el notorio atraso cambiario que este guarismo reflejaba).

En materia de remuneraciones en un contexto de sensible aumento de los puestos de trabajo el salario líquido registró una suba del 2.9% en términos reales.

Finanzas Públicas

En el año 2004, se verificó una sensible mejora de las cuentas públicas, en virtud de una pronunciada suba de los ingresos tributarios en conjunto de un política de contención de las erogaciones.

El déficit del sector público consolidado fue del 1.9% del PBI y el superávit primario fue en el 2004 el 4.0 del PBI.

Merece especial destaque las reducciones impositivas operadas en los meses de mayo y agosto del año 2004 las que fueron realizadas según lo expresado por la Ley de Ajuste Fiscal de Mayo de 2002 y por la Rendición de Cuentas de setiembre del mismo año, además del compromiso público asumido por el entonces Gobierno y por sus Legisladores en ambas Cámaras.

En un contexto de perspectivas financieras más auspiciosas y de mayor ahorro fiscal en Uruguay se observó una significativa reducción del los spreats pagados por el Gobierno Uruguayo, el riesgo país llegó a su mínimo el 25 de febrero de 2005: 336 puntos básicos.

Sistema Financiero

En el año 2004 se consolidó el proceso de recuperación de la confianza en el Sistema Financiero el cual se había iniciado tras la salida diseñada para afrontar la crisis bancaria que vivió en el 2002 y a principios del 2003. La creciente solidez del sistema se reflejó en la mejora exhibida por los indicadores de morosidad, solvencia y liquidez, comportamiento, que, sin dudas se vio favorecido por la fuerte expansión productiva.

Corresponde señalar los avances logrados por las autoridades económicas de la época en lo que refiere a la reestructura de la Banca Pública, en particular, en materia de reducción de costos y recuperación de la rentabilidad.

Debido a la buena liquidez del BROU las autoridades decidieron adelantar el cronograma de devolución del segundo y tercer tramo de los depósitos reprogramados, tanto en el BROU como en el BHU. Los agentes optaron por mantener la mayor parte de esos depósitos en el BROU, lo que constituye otro indicador de recuperación de la confianza en el sistema.

La Ejecución Presupuestal

El resumen del resultado de la ejecución presupuestal figura en el artículo 1º del proyecto de ley y demuestra una significativa mejoría con respecto al del año 2003; esto se debe a que en el ejercicio se registró un sustancial incremento de los recursos y también, una disminución de los egresos.

Todo lo expresado, es una trascripción resumida del informe de la actual administración remitido por el Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez y la totalidad de sus Ministros, al Poder Legislativo. Corresponde señalar desde nuestro punto de vista la objetividad con la cual se examinan los avances realizados por la economía uruguaya en el año 2004.

La situación económica del país era pues, de un crecimiento firme y sostenido durante el año 2004.

Es por ese motivo que vamos a aprobar la Rendición de Cuentas en general ya que entendemos que su artículo primero y el Informe Económico Financiero son sus elementos fundamentales.

La segunda etapa de la Rendición de Cuentas refiere a las modificaciones a las normas presupuestales vigentes y que están referidas en los artículos 2º a 25 del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Votaremos en contra de los artículos 2º al 5º de la iniciativa, por cuanto entendemos que en ellos se deja sin efecto una solución bien interesante que premiaba el desempeño y las tareas de mayor responsabilidad y especialización de los funcionarios públicos. Y se deja sin efecto sin sustituirlo por un nuevo régimen el que se anuncia habrá de elaborarse en un trabajo entre el Gobierno y la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE).

Sin embargo el inciso segundo del artículo 4º atempera el alcance del artículo 3º en una forma en que aún no conocemos. En efecto, durante la votación de este proyecto en Comisión, Legisladores del Gobierno presentaron el aditivo que fue votado como inciso segundo del artículo 4º y no se pudo explicar a quien alcanzaba este artículo, cuál era el monto que implicaba y cuál era el alcance de la expresión "regular y permanente" a ser tomada por un decreto del Poder Ejecutivo.

Tampoco acompañaremos los artículos 6º y 7º en los cuales se hace una diferencia importante entre los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y el resto de los funcionarios públicos en beneficio de aquéllos.

Apoyaremos los artículos 8º y 9º que son asignaciones de partidas a los efectos de que el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca cumpla con algunas de sus obligaciones.

En el mismo sentido votaremos el artículo 10 que mejora las remuneraciones de los cargos de "Director de Educación" y "Director de Cultura" del Inciso 11, Ministerio de Educación y Cultura. Las explicaciones expuestas por las delegaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación y Cultura en el sentido de que éstos no aumentan los gastos del Estado ya que se compensan con la modificación en la retribución de los miembros de la Junta Asesora en materia económica-financiera del Estado, artículo 12 de este proyecto de ley, son desde nuestro punto de vista satisfactorios.

El artículo 11 merece, desde nuestro punto de vista, el más profundo rechazo. Hasta ahora la designación de los miembros de la Junta Anticorrupción se realizaba por el voto de los 3/5 de los integrantes del Senado. Esto aseguraba la mayor representación y un acuerdo amplio para su designación. La propuesta del Poder Ejecutivo de disminuir las mayorías exigidas a la mayoría absoluta implica la voluntad de que los miembros de esta Junta, que tiene como cometido principal asesorar en materia de delitos previstos contra la Administración Pública y contra la economía y la hacienda pública que se le imputen a ciertos funcionarios públicos, disminuye la garantía de imparcialidad en independencia de los mismos. Es quizá este artículo, que deroga un artículo votado en su momento por todos los sectores políticos, el que provoca en primera instancia mayor rechazo.

Los artículos 14, 15, 16 y 17 que refieren a temas de la Dirección General de Registros no merecen objeciones.

El artículo 18 restituye la obligación del Estado de contratar en forma obligatoria un porcentaje de las pautas publicitarias con el Canal 5, Servicio de Televisión Nacional y con las Radiodifusoras del SODRE. Esto es desde nuestro punto de vista, absolutamente negativo, constituye un subsidio encubierto que deben pagar entre otros las Empresas Públicas que estén en competencia. Somos contrarios a los subsidios indirectos cuyo monto desconocemos y cuyo conocimiento es imposible por lo que no apoyaremos el contenido de este artículo.

Tampoco compartimos lo expuesto en el artículo 20 por los siguientes motivos: la filosofía del artículo choca con lo expresado en los artículos 2º y 3º de este mismo proyecto; en aquéllos se eliminan las retribuciones para tareas de mayor responsabilidad y especialización para toda la Administración Pública y en éste se crea una compensación para los funcionarios públicos que cumplan tareas con un alto grado de especialización y dedicación. Asimismo, debemos expresar que la explicación del Ministro de Economía y Finanzas y la Ministra de Desarrollo Social, con respecto a la aplicación del mismo son absolutamente contradictorias.

Finalmente, debemos aclarar que los artículos 21 a 25 no nos merecen mayores objeciones.

Es por todo lo expresado que votaremos este proyecto de ley en general, en cuanto el centro del mismo es el artículo 1º y el Informe Económico Financiero que acompaña esta Rendición de Cuentas. Y rechazaremos aquellos artículos que hemos expresado.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

JOSÉ AMORÍN
Miembro Informante
GUIDO MACHADO

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2004, con un resultado deficitario de: a) $ 11.085:214.000 (pesos uruguayos once mil ochenta y cinco millones doscientos catorce mil) correspondiente a la ejecución presupuestaria y; b) $ 23.951:408.000 (pesos uruguayos veintitrés mil novecientos cincuenta y un millones cuatrocientos ocho mil) por concepto de operaciones extrapresupuestales, derivadas de la aplicación de normas legales.

Apruébanse las partidas a regularizar y los créditos no financiados por el Estado incluidos en el Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente a los Ejercicios 2002 y 2003, incorporados a la presente ley como anexo.

Los importes referidos precedentemente surgen de los estados demostrativos y auxiliares que acompañan a la presente ley y que forman parte de la misma.

Sala de la Comisión, 10 de agosto de 2005.

JOSÉ AMORÍN
Miembro Informante
GUIDO MACHADO

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.