Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Hacienda
Carpeta Nº 4066 de 2004
Repartido Nº 1711
Setiembre de 2004

 

SISTEMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS
Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 

F o r t a l e c i m i e n t o


 

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 13 de febrero de 2004.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de remitirle el adjunto proyecto de ley de fortalecimiento del sistema de prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

I.- REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO.

El lavado de activos es un fenómeno esencialmente transnacional. Para prevenirlo y combatirlo, la comunidad internacional ha desarrollado un verdadero sistema de control global, dirigido a evitar que, en un contexto de interconexión creciente, los distintos sectores de la economía mundial sean utilizados por las organizaciones criminales para recubrir con apariencia de legitimidad, los capitales que obtienen de sus actividades ilícitas.

Paralelamente se viene llevando adelante una estrategia orientada a combatir el terrorismo internacional mediante la prevención y el control de su financiación. Tal estrategia se halla coordinada y fuertemente articulada con la lucha contra el lavado de activos.

Este sistema de control global se ha constituido en torno a los organismos e instrumentos internacionales que pasamos a indicar.

1) LA ONU

El papel de la Organización de las Naciones Unidas en materia de lavado de activos se desempeña a partir de cuatro elementos básicos.

La Convención de Viena de 1988 (Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas). Establece la obligación de los Estados partes de tipificar el delito de lavado de activos como delito grave vinculado al narcotráfico, a la vez que exige cooperación internacional en materia penal, que incluye la extradición, el decomiso y la asistencia judicial recíproca.

La Convención de Palermo de 2000 (Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional). Contiene disposiciones tendientes a la penalización del lavado de activos procedentes de un amplio número de delitos anteriores, así como otras normas de prevención y control.

La Declaración Política y el Plan de Acción adoptados por la Asamblea General en junio de 1998, que subraya la importancia de fortalecer la cooperación internacional, regional y subregional para el combate del lavado de activos, y recomienda a los Estados que establezcan programas nacionales en la materia que incluyan la penalización del lavado de activos provenientes de delitos graves, la identificación, la congelación, la incautación y el decomiso del producto del dinero, un método adecuado de prevención en el sistema financiero, el reporte de operaciones sospechosas, el intercambio efectivo de información nacional e internacional, etcétera.

El Programa Mundial contra el Lavado de Dinero

El Programa Mundial contra el Lavado de Dinero funciona en el ámbito de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito. A través de este Programa, las Naciones Unidas ayudan a sus Estados Miembros a incorporar legislación contra el lavado de activos y a desarrollar y mantener mecanismos adecuados para combatir este delito.

Asimismo, la ONU ha aprobado diversos instrumentos con la finalidad de combatir las actividades terroristas, entre los que se destacan el "Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo" y el "Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas".

2) El GAFI-FATF

El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de activos (Financial Action Task Force) es un organismo internacional creado en 1989 por el grupo de los siete países más industrializados (G7), en su 15ª. Cumbre anual en París, a efectos de elaborar y promover medidas para combatir el lavado de activos.

Actualmente está integrado por más de treinta países y dos organismos internacionales: la Comisión Europea y el Consejo de la Cooperación del Golfo.

El GAFI ha desarrollado cuarenta recomendaciones que constituyen el estándar mundial, modelo internacionalmente aceptado como el conjunto de reglas adecuadas para la prevención y el control del lavado de activos.

El organismo realiza exámenes periódicos de sus miembros con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de las Cuarenta Recomendaciones.

Tales exámenes se realizan en la forma de ejercicios anuales de autoevaluación y de evaluaciones mutuas periódicas de sus miembros.

También se evalúa a países y territorios que no integran la organización a los efectos de identificar a aquellos que, de acuerdo con los veinticinco criterios definidos por el organismo a tales efectos, se consideran "no cooperativos" en la lucha internacional contra el lavado de activos, los cuales pasan a formar parte de las comúnmente denominadas "listas negras " de paraísos financieros.

Los países miembros del GAFI pueden adoptar medidas en el plano económico y financiero que impliquen graves consecuencias para los países que son incluidos en la mencionada lista.

En el año 2001 el GAFI aprobó ocho recomendaciones especiales contra el financiamiento del terrorismo.

3) El Comité de Basilea

El Comité de Basilea sobre Reglas y Prácticas de Control de las Operaciones Bancarias, integrado por representantes de los bancos centrales del Grupo de los diez países más industrializados, ha emitido una serie de documentos en los cuales ha establecido un conjunto de principios dirigidos a las instituciones financieras tendientes a impedir su utilización para la legitimación de activos de origen delictivo.

4) La Comunidad Europea

A nivel de la Unión Europea existe la Convención sobre el Blanqueo, Identificación, Embargo y Decomiso de Beneficios Económicos Derivados del Delito, aprobado por el Consejo de Ministros en setiembre de 1990 y abierto a la firma el 18 de noviembre de 1990, de contenido, terminología y sistemática similares a la Convención de Viena, aunque con un alcance más amplio en tanto se contemplan otros delitos precedentes además del narcotráfico.

Asimismo, el Consejo de las Comunidades Europeas emitió una directiva con fecha 10 de junio de 1991 sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Esta norma obliga a los Estados miembros de la CE a armonizar sus legislaciones internas, impulsando la puesta en práctica de los principios consagrados en la Convención antes mencionada.

5) El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD)

El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) se constituyó en diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, como organismo intergubernamental regional similar al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la finalidad de llevar adelante la estrategia contra el lavado de activos en América del Sur.

Desarrolla sus objetivos mediante ejercicios de evaluación mutua entre los países miembros y actividades de capacitación y apoyo a los esfuerzos de fortalecimiento institucional de los mismos.

Uruguay desempeñó un papel fundamental en la creación de este Grupo y sigue desempeñándolo en su desarrollo.

6) CICAD/OEA

La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) dependiente de la Organización de Estados Americanos posee una Unidad de Control del Lavado de Activos de carácter permanente y un Grupo de Expertos integrado por delegados de los países miembros de la Organización, que se reúne en forma anual.

La CICAD aprobó, en 1992, un "Reglamento Modelo Americano sobre Delitos de Lavado relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y otros Delitos Graves", en sintonía con la Convención de Viena de 1988 y desarrollando sus principios.

Asimismo, implementó un Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) que analiza en forma anual los avances de los países del hemisferio en la lucha contra el uso indebido de drogas y en el combate al lavado de activos.

También en el ámbito de la OEA se ha aprobado una "Convención Interamericana contra el Terrorismo", que prevé medidas para prevenir, combatir y erradicar la financiación del terrorismo.

7) La Cumbre de las Américas

La Conferencia Ministerial de la Cumbre de las Américas emitió un comunicado relativo al lavado de dinero e instrumentos del crimen en diciembre de 1995.

8) El Grupo EGMONT

El Grupo Egmont es una institución de carácter informal que reúne a las Unidades de Análisis Financiero de los distintos, países, promueve la implementación de tales unidades en aquellos países que no la tienen, y el intercambio de información por vía administrativa entre las mismas.

9) Los Organismos Multilaterales de Crédito (FMI, BANCO MUNDIAL, BID). En la estrategia global contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, a partir de 2002 el FMI y el BM han asumido un papel protagónico que implica la participación de ambos organismos en los procesos de evaluación y en la generación de estándares en la materia. Se ha elaborado una metodología conjunta de evaluación que comenzó a ser aplicada a partir del año 2003 y que implica la realización de evaluaciones en coordinación con GAFI y organismos regionales a su estilo.

Esto determina un drástico cambio de eje en relación a los máximos referentes políticos a nivel internacional vinculados a la lucha contra el lavado de activos que representa, a su vez, una obvia centralización y clarificación del sistema de "premios y castigos".

Asimismo, es notoria la creciente presencia del BID en este tema, mediante el financiamiento de actividades de capacitación y de fortalecimiento institucional en el hemisferio, en conjunción con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD/OEA).

II.- ANTECEDENTES JURÍDICOS Y NORMATIVA VIGENTE

El Uruguay ha venido transitando un proceso tendiente a alcanzar los estándares internacionales en materia de prevención y control del lavado de activos. Dicho proceso ha estado jalonado, entre otros elementos, por la aprobación de un conjunto de normas legales y reglamentarias, mediante las cuales se ha tipificado el delito de lavado de activos vinculado al narcotráfico y otros delitos graves, se han establecido mecanismos de cooperación jurídica internacional en la materia y se han estatuido obligaciones a cargo de las instituciones financieras, que se refieren al conocimiento del cliente, el registro de las transacciones, la designación de oficiales de cumplimiento normativo y el deber de reportar operaciones sospechosas.

1) Normas legales

La Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, que tipificó el delito de lavado de activos provenientes de actividades vinculadas con el tráfico ilícito de estupefacientes -posteriormente modificada para incluir el lavado de activos provenientes de otros delitos-, establece que las instituciones de intermediación financiera, las casas de cambio y en general todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay deberán ajustarse a los reglamentos que en la materia dicten el Poder Ejecutivo y el Banco Central. Establece que el incumplimiento de tales reglamentos dará lugar a la aplicación de sanciones de acuerdo con el régimen vigente.

La Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (Corrupción Administrativa), en su artículo 30, tipifica como "blanqueo de dinero" la obstaculización de "la identificación del origen, la investigación, la incautación o la confiscación del dinero u otros valores patrimoniales a sabiendas que provienen de alguno de los delitos" previstos en dicha ley.

La Ley Nº 17.343 de 25 de mayo de 2001 amplió el elenco de delitos predecesores del lavado ilícito de activos, agregando -al narcotráfico y delitos conexos y la corrupción administrativa- el terrorismo, el contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América), el tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción, el tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos, el tráfico ilícito de personas, la extorsión, el secuestro, el proxenetismo, el tráfico ilícito de sustancias nucleares y el tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos.

2) Decretos del Poder Ejecutivo

Decreto 82/001, de 8 de marzo de 2001.- Creó el Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos. en la órbita de la Junta Nacional de Drogas, con el cometido de coordinar y ejecutar, en forma permanente, programas de capacitación en materia de prevención y control del lavado de activos para el personal de las entidades bancarias públicas y privadas y las demás instituciones o empresas sujetas al control del BCU; los operadores del derecho en materia de prevención y represión de las actividades previstas en la mencionada ley: Jueces, Actuarios y funcionarios del Poder Judicial. Fiscales y Asesores del Ministerio Público y Fiscal, funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones Exteriores, etc.

Decreto 139/001 de 26 de abril de 2001.- Estableció que cuando se solicite cooperación jurídica internacional vinculada al narcotráfico o al lavado de activos que requiera el levantamiento de secreto bancario o medidas de confiscación o inmovilización de depósitos bancarios, el Ministerio Público y Fiscal debe requerir del Banco Central del Uruguay informe fundado sobre la pertinencia de la medida, así como de la urgencia de la misma.

3) Normas bancocentralistas

El Banco Central del Uruguay, haciendo uso de su facultad regulatoria, dictó una serie de normas de prevención para evitar la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. A continuación se exponen, en forma resumida, las principales medidas adoptadas en relación a la prevención y detección del lavado de activos, las que tienen su origen en el año 1991 y han sido reforzadas fundamentalmente a partir de octubre de 2000:

- Políticas y procedimientos de prevención: todas las personas físicas y jurídicas supervisadas por el Banco Central del Uruguay deben:

a) establecer políticas y procedimientos que les permitan prevenir y detectar operaciones que puedan estar relacionadas con la legitimación de activos provenientes de actividades delictivas;

b) establecer políticas y procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal de la institución y permitan su permanente capacitación en la materia;

c) establecer Base de Datos centralizada: desde el año 1991, las instituciones financieras sujetas al control del Banco Central del Uruguay están obligadas a mantener una Base de Datos en la que se registran determinados tipos de transacciones en efectivo por importes mayores a US$ 10.000, identificando, además. a las personas físicas o jurídicas que las efectúan;

d) reportar transacciones sospechosas: la Circular 1.722, de 22 de diciembre de 2000, consagra la obligación de reportar operaciones sospechosas o inusuales para todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Adicionalmente, las reglamentaciones de los distintos sectores financieros supervisados por el Banco Central del Uruguay han establecido los requisitos que deben cumplir los diversos tipos de entidades controladas, tomando en cuenta la operativa que están autorizadas a desarrollar y los riesgos de cada caso: Circulares 1.713, 1.731, 1.738 de la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera, Circular 1.737 del Área de Mercado de Valores, Circulares 55 y 60 de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Circular 1.756 de la División Control de AFAP.

Lo enumerado en los apartados anteriores se completa con el funcionamiento de:

e) la Unidad de Información y Análisis Financiero: para el desarrollo de las actividades vinculadas con la prevención del lavado de activos, el Banco Central del Uruguay cuenta con una Unidad de Información y Análisis Financiero. Entre sus competencias se destaca la recepción, solicitud, análisis y remisión a la Justicia competente, cuando corresponda, de información referida a transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud. En materia de supervisión, las actividades de la Unidad incluyen también el desarrollo de inspecciones de cumplimiento, cuyo objetivo consiste en evaluar el sistema de prevención implementado por las instituciones;

f) La Guía de Transacciones sospechosas: El Banco Central del Uruguay, con el objetivo de colaborar en la detección de patrones sospechosos o inusuales en el comportamiento de los clientes habituales u ocasionales de los sujetos obligados a informar, ha dictado una Guía de Transacciones sospechosas distribuida por Comunicación Nº 2002/198, de 4 de noviembre de 2002;

  g) El régimen de autorización y habilitación de empresas de intermediación financiera: la Circular Nº 1.778 introduce modificaciones al citado régimen. Contiene, entre otras, normas que apuntan a identificar fehacientemente a los propietarios de las sociedades titulares de las empresas reguladas: nómina de accionistas y del personal superior que conformar la sociedad, acreditación de la cadena de accionistas hasta llegar al sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo; exigencia de que toda vez que se integre capital en las empresas de intermediación financiera, se deberá presentar ante la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera una declaración jurada en la que se justifique el origen legitimo de los fondos aportados. La Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera podrá solicitar información adicional a tal justificación.

4) Otras resoluciones.

Finalmente, por resolución del Ministerio del Interior, se creó la "Unidad de Investigación Patrimonial", en el ámbito de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de incrementar la capacidad del personal policial en el área de investigación de los delitos de tipo económico, en especial del lavado de activos.

III.- EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

Si bien se han realizado notorios avances en la implementación del sistema anti-lavado a nivel interno, aún subsisten carencias que limitan el funcionamiento efectivo del mismo, a la vez que comprometen el mantenimiento de la línea de gestión que el Uruguay mantiene en orden a la debida cooperación internacional en la materia.

Por otra parte, las circunstancias externas vinculadas al tema han cambiado en los últimos años. Se ha intensificado la conciencian internacional respecto a la necesidad de desarrollar sistemas nacionales efectivos para el combate del lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el marco de una estrategia global fuertemente impulsada desde diversos ámbitos, entre los cuales se destaca la creciente participación en la indicada estrategia, de los principales organismos multilaterales de crédito: el FMI, el BM y el BID.

Como es notorio, a raíz del atentado terrorista del 11 de setiembre de 2001, la comunidad internacional ha desarrollado un conjunto de acciones tendientes a prevenir este tipo de actividades.

En tal sentido, el Consejo de Seguridad de la ONU ha dictado la Resolución 1373 que, entre otras medidas, obliga a los Estados miembros a tipificar como delito el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero proveniente de dicho crimen.

Por su parte, el GAFI-FATF ha elaborado nuevas recomendaciones en el mismo sentido, las cuales.fueron recogidas por el GAFISUD.

En dicho contexto, se hace imprescindible realizar modificaciones legislativas que recojan la conciencia colectiva respecto a la intrínseca amoralidad de las actividades antisociales del lavado de activos ilícitos y los riesgos que de ellas se derivan; y que, al hacerlo, alineen al Uruguay en el debido cumplimiento de las recomendaciones internacionales en dichas áreas.

Para ello, es preciso aprobar una nueva ley de "Fortalecimiento del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo" que contenga:

a) Ampliación de los sujetos obligados por las normas de prevención y control del lavado de activos.

b) Exoneración de responsabilidad de los sujetos que, de buena fe, reportan operaciones sospechosas, establecimiento el deber de confidencialidad del reporte y sujeción a las instrucciones que brinde la Unidad de Información y Análisis Financiero luego de efectuada la denuncia.

c) Fortalecimiento de las potestades de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

d) Ampliación del número de delitos precedentes al lavado de activos, incorporando la estafa, los delitos de corrupción en el régimen general de la Ley Nº 17.060, quiebra fraudulenta o insolvencia fraudulenta; los delitos previstos en los artículos 5º (Insolvencia societaria fraudulenta) y 7º (Usura) de la Ley Nº 14.095, los delitos previstos en el artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de 1893, los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003 cometidos contra la propiedad intelectual".

  e) Incluir los delitos de corrupción administrativa en el tipo penal del lavado de activos tal cual se encuentra contemplado en la Ley Nº 17.016, unificando la definición del mismo con la aplicable a los restantes delitos precedentes.

f) Tipificación de los delitos de terrorismo y su financiación.

g) Mejora de los mecanismos de cooperación internacional para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

IV) PROYECTO DE LEY. ANÁLISIS DE SU CONTENIDO

El artículo primero consagra la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales para todas las personas físicas y jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay. Con ello, se cumple lo establecido por la Recomendación Nº 13 de GAFI-FATF, otorgándose rango legal a una obligación preexistente, incorporada por la Circular Nº 1.722 del Banco Central del Uruguay al amparo de lo establecido en el artículo 71 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, cuyo sustento jurídico fue puesto en duda por diversos operadores del sistema financiero, lo que ha dificultado la aplicación práctica de la norma.

Asimismo, se amplía el alcance de la obligación de reporte, agregándose el deber de informar a efectos de impedir el financiamiento del terrorismo. La razón para ello es obvia, ante la magnitud del flagelo terrorista en el mundo. Esta inclusión contemplará, además, las disposiciones contenidas en la Recomendación Especial de GAFI-FATF sobre la financiación del terrorismo Nº IV. Cabe recordar, que en la normativa vigente, la obligación de comunicar sobre transacciones relativas a las actividades delictivas se refiere solamente al lavado de activos.

Por último, se aclara el desenvolvimiento de la obligación de informar para evitar que los sujetos obligados se restrinjan a aquellas transacciones que presentan clara conexión con ilícitos y se ponga acento en el carácter inusual de las mismas. De esta manera, se acompaña el recto criterio establecido en la cuarta recomendación contenida en el informe de evaluación de GAFISUD aprobado en el mes de mayo de 2002.

El artículo segundo amplía los sujetos obligados a informar operaciones sospechosas o inusuales, incorporando a los casinos, a las empresas que prestan servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, de obras de arte y de metales preciosos, y a los abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen transacciones financieras o participen en la administración de sociedades comerciales a nombre y por cuenta de terceros. Al ser una norma instrumental que necesariamente debe cubrir el más amplio de los espectros posibles. Ese es el criterio hoy predominante. Incluso ha sido recogido en las Recomendaciones Nos. 12 y 16 de GAFI-FATF.

Cabe agregar que se recogen en este artículo las recomendaciones realizadas a nuestro país en el informe correspondiente a la primera evaluación mutua de GAFISUD y en el informe de la Segunda Ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral de la CICAD/OEA.

Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto apuntan a superar las principales debilidades que reviste el actual sistema de reporte de operaciones sospechosas que, en gran medida, ha obstaculizado su funcionamiento. Los artículos de referencia cumplen cabalmente con la Recomendación Nº 14 de GAFI-FATF.

En este sentido, el artículo tercero establece que los sujetos obligados no podrán divulgar a las personas involucradas los informes o actuaciones que sobre ellas realicen en cumplimiento de la obligación de informar transacciones sospechosas.

Por su parte, el inciso segundo del citado artículo busca subsanar una insuficiencia de índole operativa del actual mecanismo de reporte, en la medida que se ha observado.que los sujetos obligados presentan dudas respecto a qué curso de acción asumir cuando advierten una transacción sospechosa o inusual. Corresponde señalar, además, que la mencionada deficiencia mereció una observación por parte del equipo de evaluadores de GAFISUD.

El artículo cuarto consagra la exoneración de responsabilidad para las personas que cumplan de buena fe con la obligación de informar prevista en los artículos 1º y 2º cumpliendo. Con ello se sigue la tendencia de todas las naciones que como Estados de Derecho combaten contra el lavado de activos. Esa tendencia ha inspirado la segunda recomendación formulada a nuestro país en el primer informe de evaluación mutua de GAFISUD, al amparo de lo establecido en la Recomendación Nº 14 de GAFI-FATF.

Asimismo, debe tenerse presente que la inclusión de una norma legal que brinde protección, a los sujetos obligados resulta vital para lograr que el mecanismo de reporte y por ende, el sistema de prevención funcionen de manera satisfactoria.

El artículo quinto tiene como objetivo garantizar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, que funciona en la órbita del Banco Central del Uruguay, el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos. A tales efectos, se faculta a dicha unidad a solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el desarrollo de sus funciones.

Las disposiciones contenidas en el presente artículo, no sólo dan cumplimiento a lo establecido en la Recomendación Nº 26 de GAFI-FATF y a las recomendaciones formuladas por el equipo de evaluadores de GAFISUD, sino que contemplan uno de los aspectos básicos de la actividad de una Unidad de Inteligencia Financiera, garantizando el acceso a información proveniente de distintos registros u organismos.

El artículo sexto prevé la posibilidad de que la Unidad de Información y Análisis Financiero instruya a las instituciones sujetas a la supervisión del Banco Central del Uruguay para que se abstengan de realizar determinadas operaciones cuando las mismas involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan sospechas fundadas de estar vinculadas a la comisión de alguno de los delitos regulados en el proyecto.

El propósito de esta disposición es establecer un mecanismo que permita inmovilizar en forma ágil los fondos pertenecientes a las organizaciones delictivas. Ello desarrolla y fortifica la aplicación efectiva de las medidas previstas en los artículos 62 a 67 del Decreto-Ley Nº 14.294. incorporados por el artículo 5º. de la Ley Nº 17.016. Asimismo, permite cumplir la Recomendación Nº 3 de GAFI-FATF. Dicho mecanismo consta de un procedimiento de tipo administrativo con efectos provisorios, seguido de una etapa jurisdiccional preceptiva, en concordancia con lo previsto en las normas legales antes mencionadas.

El artículo séptimo brinda las herramientas necesarias para que el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, pueda cooperar eficazmente en investigaciones de lavado de activos con autoridades de otros Estados que ejerzan competencias análogas, intercambiando información por la vía administrativa.

Es dable destacar que la cooperación internacional entre autoridades administrativas prevista en el presente artículo, que en términos generales se ajusta a los principios contenidos en la Recomendación Nº 40 de GAFI-FATF, se ajusta a nuestro orden jurídico, aplicando la tradicional conducta uruguaya de colaboración al estado actual de la tecnología y al cuadro fáctico que debe resolver el Derecho. En este sentido, el intercambio de información protegida por normas de reserva sólo podrá realizarse si se cumplen ciertos requisitos, destacándose que el organismo requirente podrá utilizarla únicamente en investigaciones vinculadas al delito de lavado de activos respecto de los delitos precedentes previstos en nuestra legislación. Asimismo, se establece que si el país requirente desea utilizar dicha información en un proceso penal y/o administrativo deberá efectuar la solicitud de acuerdo a las normas de Cooperación Jurídica Internacional.

Finalmente, con el presente artículo se procura crear las condiciones necesarias para que la Unidad de Información y Análisis Financiero ingrese formalmente al Grupo Egmont.

Es importante destacar que los primeros siete artículos apuntan a fortalecer dos pilares fundamentales sobre los cuales descansa el sistema de prevención. Se busca consolidar el mecanismo de reporte de operaciones sospechosas o inusuales, para que funcione de manera efectiva, ampliando el elenco de sujetos obligados y asegurando protección legal a los denunciantes que actúen de buena fe, y se busca, a la vez, fortalecer el papel de la Unidad de Información y Análisis Financiero como organismo central nacional en la materia, permitiéndole el acceso a toda la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, aprovechando la información con la que cuenta dicho organismo para colaborar eficazmente en impedir la movilización ilegal de activos y habilitándola a cooperar eficazmente en investigaciones de lavado de activos con autoridades similares de otros Estados.

El artículo octavo amplía el elenco de los delitos precedentes al lavado de activos. Se incluye a la estafa en dicha nómina y se clarifica la eficacia de los delitos de corrupción administrativa como precedentes al lavado de activos perseguible penalmente, incorporándolos en la norma general del artículo 81 del Decreto-Ley Nº 14.294 y derogándose el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, a los efectos de unificar formal y conceptualmente en una sola disposición a todos los delitos subyacentes. Esta inclusión y estos ajustes, cuya justificación ético-jurídica no necesita desarrollos en el contexto de nuestra tradición jurídica, permitirán cumplir la Recomendación Nº 1 de GAFI y las recomendaciones del informe de evaluación de GAFISUD.

En la misma línea de combate contra el fraude, se incorpora una serie de delitos de tipo económico que pueden generar importantes ganancias ilícitas susceptibles de ser blanqueadas, como la quiebra y la insolvencia fraudulentas, la insolvencia societaria fraudulenta, la usura, los delitos contra la propiedad intelectual y los previstos en la Ley Nº 2.230.

Atento a la importancia de los bienes jurídicos objeto de protección por un lado, y en consideración al poder de que disponen los delincuentes en estas áreas por otro, así como la necesidad de contar desde el aparato preventivo y represivo, con elementos jurídicos capaces de dar una respuesta eficaz, dentro de la más estricta legalidad, en los artículos noveno a décimo octavo se regulan: la introducción de la técnica de la entrega vigilada en materia de tráfico de drogas y sustancias ilícitas y el desarrollo del estatuto del arrepentido, respecto de ciertos delitos graves, de forma de facilitar el desmantelamiento de las redes operativas del crimen organizado.

Para ello se han tenido como modelos distintas normativas internacionales y la legislación de otros países, como la legislación española, los Derechos positivos francés, alemán y luxemburgués, la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (Palermo diciembre de 2000) y otros instrumentos como las 40 Recomendaciones del GAFI, etcétera.

La recepción de la técnica de la entrega vigilada cumple con lo dispuesto por la Convención de Viena, y puede permitir una más fluida lucha internacional contra este tipo de delitos, coadyuvando a una mayor y más eficaz cooperación internacional.

Se trata de despojar de formalismos a este trabajo, habilitando la comunicación directa entre los magistrados del sistema de justicia penal, sin perjuicio del conocimiento y controles de las máximas autoridades ejecutivas y jurisdiccionales, bajo el signo del secreto, imprescindible en esta etapa, para asegurar el resultado y aún la incolumidad de los interesados.

La delincuencia organizada, en especial cuando se trata de actos de terrorismo, tráfico ilícito de drogas, corrupción o lavado de dinero procedente de delitos graves, requiere para ser combatido eficazmente, de una legislación adecuada a la real gravedad del riesgo que dichas actividades criminales implican, teniendo en cuenta, además la frecuente índole transnacional de la misma, lo que requiere intensificar las normas que hagan posible la cooperación internacional.

La normativa uruguaya ha avanzado por dicho derrotero, como puede advertirse, entre otras disposiciones, con un esbozo del estatuto del arrepentido, incorporado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.707, como circunstancia genérica de atenuación, la de la "colaboración eficaz" (artículo 46 Nº 12 C.P.); con una forma de "agentes encubiertos" para combatir la delincuencia organizada, autorizando la provocación del delito por parte de la autoridad (artículo 74 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, que modificó en tal sentido el inciso 2 del tradicional artículo 8 del C.P.).

Por otra parte la República ha comprometido su responsabilidad internacional en el sentido de legislar sobre estas materias, al ratificar la Convención de Viena de 1988 (Ley Nº 16.579, de 21 de setiembre de 1994), siendo parte activa en los trabajos de la CICAD y en la consecuente redacción de sus Reglamentos Modelo, atinentes al tema que nos ocupa.

A los arrepentidos cuya colaboración resulte decisiva para el esclarecimiento de los hechos o la detención de los autores, se les premia con una importante atenuación de la responsabilidad, aplicando para ello institutos tradicionales en nuestro Derecho (artículos 41, 42, 43, 44 y 46 C.P.); en el proyecto no se innova a su respecto.

El artículo diecisiete contiene una disposición tendiente a favorecer la cooperación jurídica internacional en lo que respecta al procedimiento de extradición, estableciéndose la entrega inmediata del extraditado en los casos vinculados a los delitos previstos en el anteproyecto, salvo que la ley reprima el delito con un mínimo de penitenciaria o se estime "prima facie " que la pena a recaer en definitiva tendrá ese monto.

El artículo dieciocho eleva las penas mínimas y máximas de los delitos de lavado de activos "stricto sensu" previstos en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, haciéndolos inexcarcelables. Se sigue así, una tendencia internacional en la materia que avanza en ese sentido, en tanto en el derecho comparado se considera a estas actividades ilícitas como "delitos graves" o "crímenes".

Los artículos diecinueve a veintiuno penalizan las actividades terroristas y su financiamiento, recogiendo los principios contenidos en el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y la Convención Interamericana contra el terrorismo.

Los artículos veintidós y veintitrés establecen un procedimiento para congelar los activos pertenecientes a organizaciones terroristas y personas a ellas vinculadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el artículo 5 de la Convención Interamericana contra el terrorismo. Se cumple asimismo, con el mandato contenido en la Resolución Nº 1373 de la Organización de las Naciones Unidas. Se propone, a esos efectos, un procedimiento ágil para el reporte de las operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, quien podrá disponer la inmovilización provisoria de las cuentas bancarias, guardando las debidas garantías por cuanto la competencia definitiva sobre el tema se le asigna al la Justicia competente, siendo de aplicación en el caso las normas generales sobre medidas cautelares en materia penal.

La norma contenida en el artículo veintitrés establece un mecanismo coherente con el previsto en el artículo 6º del proyecto.

El artículo veinticuatro regula el transporte transfronterizo de divisas a los efectos de la prevención y el control de los delitos regulados en el proyecto, en consonancia con la Recomendación Nº 22 de GAFI-FATF, el artículo 18 del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y el artículo 4.1.b. de la Convención Interamericana contra el terrorismo.

El artículo veinticinco consagra la obligación de registrarse ante el Banco Central del Uruguay para todas las personas físicas y jurídicas que presten servicios de tipo contable y administrativo a entidades que desarrollen actividad financiera en el exterior.

Se ha observado que personas físicas y jurídicas dedicadas a la realización de actividades financieras en el exterior y que registran sus operaciones a través de agentes radicados en nuestro país, pueden efectuar maniobras dolosas, comprometiendo el prestigio de nuestra plaza financiera. En este sentido, con la creación del registro de referencia se busca conocer la dimensión del fenómeno, para determinar necesidades futuras de regulación y al mismo tiempo, generar una base de datos que permita dar respuesta a los reiterados pedidos de información que desde el exterior recibe el Banco Central del Uruguay.

El artículo veintiséis tiende a cubrir un vacío que deja el artículo 63 de la Ley Nº 17.016. En el seminario sobre "combate del lavado de dinero" realizado en la Presidencia de la República en agosto pasado se planteó por parte de un Magistrado la situación de una persona procesada por estos delitos y a la cual se le incautó cautelarmente una muy importante suma de dinero proveniente de la venta de estupefacientes. El imputado obtuvo la libertad provisional y al momento de la notificación de la sentencia donde se disponía la confiscación del dinero y su puesta a la orden del Poder Ejecutivo aparece que se fugó del país, no siendo habido, por lo que se libró la orden de captura, pero la sentencia no se puede ejecutar. Por lo qué, la confiscación no puede operar y una vez transcurrido el plazo de prescripción, el prófugo podría reclamar y obtener para sí este dinero La violación entonces de las obligaciones impuestas a quien está sometido a este tipo de proceso tiene que tener una importante consecuencia, que es la que se propone.

Se dispone un plazo prudencial de seis meses contados a partir del libramiento de la orden de prisión para la ubicación del imputado moroso de sus obligaciones procesales. Transcurrido ese lapso de tiempo caduca toda pretensión que el mismo pudiere tener sobre los objetos incautados operando la confiscación de pleno derecho.

El artículo veintisiete, apunta a alcanzar los estándares internacionales, en los que se propende a la especialización de los Jueces y Fiscales para el combate de estos delitos que trascienden las fronteras. Tal cual están organizadas las Oficinas en este momento donde se abarca el universo de todos los delitos se hace muy difícil trabajar y dedicarle el mayor tiempo que esta causas requieren teniendo muchas ribetes internacionales.

También sobre este tópico hubo acuerdo de los partícipes en el seminario de referencia.

El Poder Ejecutivo encarece a los señores legisladores el pronto trámite de esta iniciativa, que se inscribe en la necesidad de actualizar nuestras normas penales sustanciales y de procedimiento.

El Poder Ejecutivo saluda a ese cuerpo con su mayor consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ
GUILLERMO STIRLING
GUILLERMO VALLES
ISAAC ALFIE
YAMANDÚ FAU
LEONARDO GUZMÁN
LUCIO CÁCERES
ALEJANDRO FALCO
SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO
CONRADO BONILLA
MARTÍN AGUIRREZABALA
PEDRO BORDABERRY
SAÚL IRURETA SARALEGUI

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de Octubre de 1974 -incorporados por el artículo 50 de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 21 de la presente ley.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 2º.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior, los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia y/o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como los abogados, escribanos, contadores y otras personas físicas o jurídicas que realicen transacciones financieras o participen en la administración de sociedades comerciales a nombre y por cuenta de terceros.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, la forma en que deberá ser cumplida la obligación prevista en el presente artículo, indicando los requisitos para el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.

La transgresión a los preceptos contenidos en este artículo y su reglamentación determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 Unidades Indexadas y una multa máxima de 31.800.000 Unidades Indexadas, según las circunstancias del caso y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º, y 22 de la presente ley.

Una vez que reciba el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Esta disposición no es aplicable a los abogados, escribanos y contadores, quienes resolverán en conciencia y bajo su responsabilidad la actitud a asumir en cada caso concreto, que deberá ajustarse a los códigos de ética ya los usos y costumbres de su profesión.

Artículo 4º.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 1º, 2º, 5º y 22, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguayo el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7º de la Constitución) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Artículo 5º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva. En el caso en que la Unidad deba requerir información protegida por el secreto que rige la actividad de los profesionales universitarios, deberá solicitar fundadamente el levantamiento de dicho secreto ante el Juez Penal competente.

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay, para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes.

Artículo 7º.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto sólo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

A) La información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8º de la presente ley.

B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios.

C) los antecedentes suministrados sólo podrán ser utilizados en un proceso penal y/o administrativo en el estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido que se otorgará de acuerdo a las normas de Cooperación Jurídica Internacional.

Artículo 8º.- Modifícase el artículo 81 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporado por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 81.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 de la presente ley se aplicarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de hombres, mujeres o niños; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa; todos los delitos comprendidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998; quiebra fraudulenta; insolvencia fraudulenta; el delito previsto en el artículo 5º de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (Insolvencia societaria fraudulenta); los delitos previstos en el artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de 2 de junio de 1893, los delitos previstos en la Ley Nº 17.011, de 25 de setiembre de 1998; el delito previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 17.569, de 22 de octubre de 2002; y los delitos previstos en la Ley Nº 17.616, de 10 de enero de 2003, cometidos contra la propiedad intelectual".

Artículo 9º.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, y Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998), o de sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 13.- En materia de tráfico ilícito de drogas y sustancias conexas, así como en el de lavado de dinero de dicha procedencia o procedente de otros delitos graves (Leyes Nos. 17.016, de 22 de Octubre de 1998, 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y 17.343, de 25 de mayo de 2001), se disminuirá al mínimo la pena del copartícipe -ya fuere autor, coautor o cómplice- y del encubridor o receptador que colaborare eficaz y decisivamente en el esclarecimiento del o de los delitos cometidos o contribuyere decisivamente al desmantelamiento de una red criminal organizada o a la detención de otros delincuentes o a la obtención de prueba suficiente para el enjuiciamiento o la condena o a la incautación de mercancías, bienes, activos o dinero, siempre que, además, los hechos descubiertos o probados con su colaboración, fueren de mayor importancia que los que individualmente pudieren imputársele al colaborador. En todas estas situaciones, si la pena mínima a recaer fuere de penitenciaría habrá de reducirse ese mínimo, a todos los efectos sustanciales y procesales, a veinte meses de prisión.

Artículo 14.- El régimen del artículo anterior se aplicará también al que, habiendo realizado actos punibles anteriores a la ejecución de los delitos de que trata esta ley, advirtiere a la autoridad judicial o administrativa, si con ello hubiere evitado en algún grado la consumación de la infracción; o si no la impidiere, con su advertencia aportare elementos que permitieren identificar a los otros responsables.

Artículo 15.- Si alguno de los requisitos establecidos por los artículos 13 y 14 se configurare de manera incompleta, ello se computará a efectos de la determinación de la pena como una circunstancia atenuante.

Artículo 16.- En los casos en que fuera necesario, el Estado proporcionará protección eficaz de todo tipo al arrepentido, para asegurar su indemnidad y la de su familia.

Artículo 17.- En los trámites de extradición que se promuevan por imputación de los delitos previstos en los artículos 8º, 19 y 21 de la presente ley, si el requerido estuviere sometido a juicio penal en la República, su entrega sólo podrá ser diferida hasta la conclusión del respectivo proceso o la extinción de la condena, cuando el delito imputado en esa causa sea castigado con pena mínima de penitenciaría o cuando se estimare "prima facie" que en el caso concreto ha de recaer pena de penitenciaría.

En los demás casos, se decretará la suspensión del juicio nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado.

Artículo 18.- Elévase la pena para los delitos tipificados en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y un máximo de quince años.

Artículo 19.- Declárase de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Artículo 20.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.

Artículo 21.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente proveyere o recolectare fondos con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados. en todo o en parte para financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 19 de la presente ley, aún cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

Artículo 22.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

A) haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas.

B) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial nacional o extranjera.

Artículo 23.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a la institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los sujetos identificados. procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley.

Artículo 24.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000, deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que éste dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000, deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1º de la presente ley a los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo 2º de esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 25.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que éste reglamentará, estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada obligación.

Artículo 26.- Incorpórase el siguiente artículo al Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, modificado por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998:

"ARTÍCULO 63 BIS.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en cualquier etapa del procedimiento penal en la que el imputado o el indagado, en su caso, no fuere habido, se librará la orden de prisión respectiva, y transcurrido seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubieren incautado en vía cautelar, operando la confiscación de pleno derecho procediéndose conforme al artículo 67".

Artículo 27.- Cométese a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación para que en el plazo de seis meses procedan a la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos previstos en la presente, en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, modificado por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, y la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001, y en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 28.- Derógase el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Montevideo, 13 de febrero de 2004.

GUILLERMO STIRLING
GUILLERMO VALLES
ISAAC ALFIE
YAMANDÚ FAU
LEONARDO GUZMÁN
LUCIO CÁCERES
ALEJANDRO FALCO
SANTIAGO PÉREZ DEL CASTILLO
CONRADO BONILLA
MARTÍN AGUIRREZABALA
PEDRO BORDABERRY
SAÚL IRURETA SARALEGUI

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 17 de la presente ley.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 2º.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como las personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren, en forma habitual, sociedades comerciales cuando éstas no conformen un consorcio o grupo económico.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir los sujetos obligados por el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas), según las circunstancias del caso, la conducta y volumen de negocios habituales del infractor, y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3º.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1º, 2º y 18 de la presente ley.

Una vez que reciba el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente.

Artículo 4º.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 1º, 2º, 5º y 18, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7º de la Constitución) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Artículo 5º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndole oponibles a ésta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva.

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6º.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes.

Artículo 7º.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto sólo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a) la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8º de la presente ley;

b) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

c) los antecedentes suministrados sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional.

Artículo 8º.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998- se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: terrorismo; contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa, cuando es cometida por personas físicas o representantes o empleados de las personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay en el ejercicio de sus funciones; y todos los delitos comprendidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998.

Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado penado en el lugar de su comisión y en la República Oriental del Uruguay.

Artículo 9º.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998), o de sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 13.- Elévase la pena para los delitos tipificados en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5º de la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y un máximo de quince años.

Artículo 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

Artículo 15.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.

Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente proveyere o recolectare fondos con la intención que se utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, aún cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

Artículo 17.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

a) haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas;

b) haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera.

Artículo 18.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero bajo su responsabilidad podrá instruir a la institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los sujetos identificados, procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley.

Artículo 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que éste dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo primero de la presente ley a los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo segundo de esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo.

Artículo 20.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que éste reglamentará, estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada obligación.

Artículo 21.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia a disponer la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos previstos en la presente, en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 modificado por la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 y en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 22.- Deróganse el artículo 30 de la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 y la Ley Nº 17.343, de 25 de mayo de 2001.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 7 de setiembre de 2004./h4>



Mario Farachio
Secretario
LUIS HIERRO LÓPEZ
Presidente

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.