Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administra
Carpeta Nº 226 de 2000
Anexo III al
Repartido Nº 140
Mayo de 2003

PEDIDOS DE INFORMES FORMULADOS POR SEÑORES LEGISLADORES

Se establecen plazos para su contestación

Modificaciones de la Cámara de Senadores

I n f o r m e


 

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, en mayoría, aconseja al Plenario hacer suyas las modificaciones aprobadas por la Cámara de Senadores, respecto del proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores legisladores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Miembro Informante
FELIPE MICHELINI
JORGE ORRICO
MARGARITA PERCOVICH
JOSÉ LUIS VEIGA

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Acéptanse las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores legisladores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

GUSTAVO BORSARI BRENNA
Miembro Informante
FELIPE MICHELINI
JORGE ORRICO
MARGARITA PERCOVICH
JOSÉ LUIS VEIGA

 

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración eleva para la consideración del Cuerpo de Representantes el presente informe motivado a raíz del estudio y discusión que efectuara el Senado sobre el proyecto de ley, oportunamente aprobado por esta Cámara, referido a los plazos para remitir datos e informes conforme a lo previsto por el artículo 118 de la Constitución de la República, que culminara con la supresión del artículo 5º de dicho proyecto.

Al respecto conviene recordar la redacción del mismo, el que previene que "Cuando el organismo al que se solicitare datos e informes estimare pertinente no confiarlos a la difusión del trámite administrativo, los dará al interesado en forma confidencial, por la vía más adecuada a tales propósitos".

Conveniente al derecho e interés de las partes involucradas, así como de los administrados, a efectuar las consideraciones por las cuales estos integrantes de la Comisión entienden, entre otras connotaciones, que la supresión del artículo precitado del proyecto normativo que nos ocupa priva a los habitantes del país de derechos sustanciales básicos en la vida democrática, en tanto que su mantenimiento otorga una válida y eficaz herramienta de uso del legislador, protegiendo tanto intereses particulares como intereses difusos, intereses éstos que como consecuencia de su exposición pública pueden significar la posibilidad de generar algún daño y por tanto privar al peticionante del conocimiento de la situación de hecho que puntualmente necesite.

En efecto, si bien debe marcarse claramente que no existe en principio información alguna que esté vedada al conocimiento del legislador, este artículo 5º permite arbitrar el mecanismo de confidencialidad necesario para que a través de la vía que el peticionado estime más oportuna, pueda remitir la información solicitada, evitando que la misma tenga una trascendencia pública innecesaria y contraproducente incluso al fin por el cual se solicita el pedido de informes, pudiendo su publicidad causar un daño, el que puede ser tanto eventual como concreto en la esfera personal, particular o general, que resultare luego en forma inmediata o mediata en un daño real y cierto, estimable moral o patrimonialmente, incluyendo dentro de estas personas eventualmente afectadas al propio Estado.

Se debe tener presente que existen casos en los cuales se produce una protección a la persona al amparo de lo preceptuado por la propia Constitución a través de, entre otros, el artículo 7º, donde se establece que "Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad". La redacción otorgada al artículo 5º que nos ocupa, si bien no habilita a contestar lo que nadie, ni siquiera un Ministro, un Director de un Ente Público, un Diputado o un Senador, está impedido de contestar en consagración del tenor del citado artículo 7º, artículo éste que es uno de los puntales de nuestro sistema democrático, habilita sí a la instrumentación regida bajo un principio de sano discernimiento lógico por parte del oportuno informante. No debe escapar a la consideración de esta Cámara y en definitiva del Senado en el tema que nos ocupa, que en la contestación de pedidos de informes están íntimamente involucrados los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero también están los derechos no solo de los ciudadanos, sino de los habitantes de la República, considerados en forma individual o en su conjunto. Por lo mismo y siendo alta y complejamente difícil establecer el límite entre la necesidad de indagar a través del instrumento "pedido de informes" y el derecho que tiene el habitante en ser protegido, la redacción de este artículo 5º si bien no es la solución única y definitiva, sí es una herramienta, la que correctamente accionada al amparo de la Constitución y de la norma puede y debe ser la salida jurídica a tan compleja situación. Entendemos que es obligación del legislador proveer al intérprete de una norma válida para poder ampararse a ella en las situaciones en que está en juego la posibilidad eventual o fáctica de causar un daño, el que luego de producido es susceptible o no de no poder ser reparado en su justa medida, creando a través de lo previsto por el artículo 5º, la posibilidad de una reserva en el sentido de la conveniencia o inconveniencia de optar por informar a través del sistema administrativo o confidencial.

Por su parte, si bien es cierto que se debe tener presente que se apela al sano juicio y a la responsabilidad de quien es peticionado, no podemos omitir aquí que en la ejecución cotidiana de los actos administrativos, la persona física que tiene la función de administrar debe en forma permanente interpretar la norma y por ende la Constitución para saber como pronunciarse ante un pedido concreto, tanto sea de un pedido de informes efectuado por la Cámara de Representantes como del ejercicio particular del artículo 30 por parte de cualquier habitante, ya que la pertinencia o no de dar una información no presupone la violación de ningún principio legal. Por ello, ante la posibilidad de poder ejercer el principio de confidencialidad que se consagra en el artículo que nos ocupa, se evita la difusión de la información a través del trámite administrativo, otorgando la posibilidad, además, de que el peticionado pueda a través de este medio brindar una información que en la hipótesis de hacerse pública no sería susceptible de ser remitida. De esa manera el legislador puede recibir un informe que de otra manera estaría vedado a su interés; téngase presente a estos efectos problemas de seguridad, de negociaciones estatales, de secretos bancarios, de secretos profesionales, etcétera.

Entendemos que la redacción del artículo 5º oficia de una suerte de equilibrio, transformándose en una herramienta por demás útil a los intereses de todas y de cada una de las partes consideradas, por lo que sostenemos válidamente que debe mantenerse la redacción del mismo en todos y cada uno de sus términos.

Por lo expuesto, aconsejamos al Plenario la aprobación del siguiente proyecto de resolución.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

DIANA SARAVIA OLMOS
Miembro Informante
JORGE BARRERA
ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Deséchanse las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley por el que se establecen plazos para la contestación de los pedidos de informes cursados a solicitud de los señores legisladores, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2003.

DIANA SARAVIA OLMOS
Miembro Informante
JORGE BARRERA
ALEJO FERNÁNDEZ CHAVES

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.