Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Asuntos Internacionales
Carpeta Nº 409 de 2000
Anexo I al
Repartido Nº 235
Junio de 2002

ACUERDO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA
DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO
CON EL GOBIERNO DE POLONIA

Aprobación

Ampliación de los fundamentos

 


 

PODER EJECUTIVO

Ministerio de
Relaciones Exteriores
Ministerio de
Economía y Finanzas

Montevideo, 9 de noviembre de 1999.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el Expediente Nº 2850/98 de la Presidencia de la República relativo a la ampliación de los fundamentos por los cuales, en el Acuerdo para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de Polonia, suscrito en Montevideo el 2 de agosto de 1991, fue incluido el artículo 24.

La ampliación de fundamentos solicitada se ha realizado por la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Asesoría Macroeconómica Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, en informes que constan a fojas 30 a 32, y 34 a 34 vta. respectivamente.

Saluda al señor Presidente con su mayor consideración.

JULIO MARÍA SANGUINETTI
DIDIER OPERTTI
JUAN ALBERTO MOREIRA

 


 

PODER EJECUTIVO

MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

Dirección de Tratados

 

Montevideo, 18 de enero de 1999.

Informe Nº 005/999

Atendiendo a la providencia que antecede y al tenor de la Resolución Nº 1268 de la Cámara de Representantes que encabeza estos obrados, cumplo en informar:

Los convenios para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio (al igual que los de fomento Y recíproca protección de inversiones), son negociados por el Ministerio de Economía y Finanzas en razón de su competencia ratione materiae, centrándose la participación de la Cancillería en el aporte jurídico-político inherente a la suya.

Este ha sido el procedimiento seguido durante la negociación de los tres acuerdos que en materia de doble imposición ha concluido la República (el suscrito con la República Federal de Alemania el 4 de mayo de 1987, aprobado por Ley Nº 16.110, de 17 de mayo de 1990; el suscrito con la entonces República Popular de Hungría el 25 de octubre de 1988, aprobado por Ley Nº 16.366, de 11 de mayo de 1993; y el suscrito con la República de Polonia el 2 de agosto de 1991, objeto de estos obrados).

A diferencia de los convenios suscritos en la República Federal de Alemania y la República Popular de Hungría, que recibieron aprobación parlamentaria inmediata, el concluido con Polonia ha encontrado resistencias en el seno de la Cámara de Representantes, bajo cuya consideración se encuentra desde mayo de 1992.

He recibido desde entonces, en mi calidad de Directora de Tratados, responsable por el seguimiento de las etapas del proceso de aprobación parlamentaria de los acuerdos internacionales (Artículo 81 del Decreto Nº 27/96 de 6 de febrero de 1996) numerosas consultas sobre los aspectos técnicos del Convenio, particularmente referidos a sus Artículos 24 y a los Artículos 10, 11 y 12 a los que éste se remite, de parte de varios señores legisladores integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales, habiendo sido convocada por la misma a idénticos efectos.

La inquietud de algunos señores legisladores respecto de los alcances del Artículo 24, que es el que establece el método de exoneración impositiva que regirá entre los dos países, fue oportunamente objeto de consulta al profesor de Derecho Tributario, doctor Ramón Valdés Costa, quien compartió en términos generales dicha inquietud.

El doctor Valdés Costa no objeta el método acordado de gravar las rentas excedentarias una vez deducidos los impuestos pagados en el otro Estado (tax credit). No comparte, sin embargo, que se haya consagrado el criterio del "domicilio" en lugar del de la "territorialidad", o fuente de las riquezas a gravar.

En este sentido, interesa destacar que, si bien el Convenio introduce el criterio de la coparticipación en lo concerniente a dividendos (Artículo 10) e intereses (Artículo 11), al relativizar el derecho prioritario del Estado donde se domicilia el contribuyente mediante la consagración de la facultad del Estado de la fuente para fijar topes, no lo hace extensivo a las regalías y remuneraciones de servicios técnicos (Artículo 12).

A pesar de sus objeciones doctrinarias a esta fórmula y de analizar el texto del Convenio ya suscrito como si revistiera aún la calidad de proyecto en negociación susceptible de modificación, el doctor Valdés Costa no propugna una posición maximalista, sino que admite que el Convenio es aceptable en la medida en que sus presuntas desventajas relativas para el Uruguay se vean compensadas por los beneficios emergentes de un "paquete convencional" que se extienda a la promoción de inversiones.

Similar enfoque pragmático parecería haber inspirado el objetivo de la República, cuya estrategia negociadora se ha concentrado siempre en contemplar la consideración de este tipo de convenios tan sólo en aquellos casos en los cuales se vean complementados con los correspondientes acuerdos sobre promoción y protección recíproca de inversiones.

Asimismo, y en lo que a los conceptos consagrados en los convenios sobre doble tributación se refiere, la República ha seguido la tendencia de la práctica reciente de los Estados en esta materia.

De este modo, así como:

1) El Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Federal de Alemania para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, se complementa con el Tratado de Fomento y Recíproca Protección de Inversiones de Capital del 4 de mayo de 1987 (aprobado por Ley Nº 16.110, de 17 de abril de 1990), y

2) El Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular de Hungría del 25 de octubre de 1988, aprobado por Ley Nº 16.366, de 11 de mayo de 1993 se complementa con el Acuerdo de Promoción y Protección de las Inversiones del 25 de agosto de 1989, aprobado por Ley Nº 16.184, de 21 de mayo de 1991, también.

3) El Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República de Polonia del 2 de agosto de 1991 se complementa con el Convenio sobre Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones suscrito en la misma fecha y aprobado por Ley Nº 16.598, de 14 de octubre de 1994.

Finalmente, me permito recordar que el texto del Artículo 24 así como los de los Artículos 10, 11 y 12 del Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Polonia para Evitar la Doble Imposición, reproducen, verbatim, (incluyendo la numeración), a los delAcuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular de Hungría, que fue aprobado sin dificultades por la Asamblea General.

Se eleva a la Dirección General de Secretaría sugiriendo, recabar la autorizada opinión del Ministerio de Economía y Finanzas.

 


 

ASESORÍA MACROECONÓMICA FINANCIERA
(Área Económico Financiera)
Asunto Nº 99/0564

 

Montevideo, 23 de marzo de 1999.

Señor Ministro:

La Cámara de Representantes remite al Poder Ejecutivo el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, suscrito entre nuestro Gobierno y el de Polonia, solicitando ampliación de los fundamentos por los cuales fue incluido en dicho Acuerdo el artículo 24.

El artículo 24 trata precisamente la forma en que se eliminará la doble imposición, parte esencial del Acuerdo. También se señala que dicho artículo, con idéntica redacción, se encuentra incluido en un convenio similar suscrito con la República de Hungría y ratificado por Ley Nº 16.366, de 11 de mayo de 1993.

Sin perjuicio de ello, básicamente los mecanismos para evitar la doble tributación son de dos tipos:

a) a través de la exoneración por un Estado de las rentas obtenidas en el otro Estado y

b) a través de la imputación de impuestos pagados en el otro Estado, aunque sin renunciar a gravar las rentas excedentarias.

A su vez, los países desarrollados se han afiliado históricamente al criterio del domicilio o nacionalidad de los contribuyentes y los países en desarrollo al criterio de la territorialidad o fuente de las riquezas a gravar. Esta clara separación ha comenzado sin embargo a desvanecerse en los últimos años en la medida en que ya varios países latinoamericanos han cambiado y han adoptado el criterio del domicilio.

El Convenio suscrito con Polonia ha merecido observaciones del doctor Valdés Costa, quien ha cuestionado que Uruguay se aparte del criterio de la fuente, para adoptar el del domicilio, aunque aceptando el mecanismo para evitar la doble tributación elegido. Fundamentó su oposición en el hecho de que existe un apartamiento de la doctrina, tanto nacional como latinoamericana, fuertemente dominante a principios de la década del 70.

El Acuerdo prevé que el Estado Contratante en que se domicilia la sociedad que paga los dividendos, intereses y regalías está facultado para gravarlos pero el impuesto exigido no puede exceder del 15% y en el caso de las remuneraciones de servicios técnicos, del 10%. Estas alícuotas son inferiores a los vigentes en el país.

De esta manera se llega a un régimen consensuado para repartir la fiscalidad, evitándose, con la vigencia del Convenio, la aplicación de la doble tributación. Las condiciones más favorables que surgen del modelo alemán son en cierta forma la excepción y no la regla. La totalidad de países exportadores de capital que nos han propuesto acuerdos en esta materia no siguen el modelo que Uruguay negoció en su oportunidad con la República Federal de Alemania.

Resulta obvio señalar que todo acuerdo supone una negociación y en toda negociación se otorgan y reciben concesiones. El sacrificio fiscal que haría nuestro país se encuentra, en opinión del suscrito y de las jerarquías de la época en que se suscribió el Acuerdo, más que justificado por la creación de condiciones favorables para la radicación de nuevas inversiones y la ampliación de otras existentes. En un mundo cada vez más competitivo, la doble tributación que pueda alcanzar a un inversor, puede hacer que el negocio resulte inviable. Uruguay debe tener presente este hecho, los inversores se radican en aquellos lugares donde se les asegure condiciones de optimización en el manejo de todos los recursos. Si nuestro país no otorga esas condiciones, hay otros en la región que lo harán y captarán las inversiones, con todas las consecuencias que ello supone.

Por lo expuesto, resulta conveniente que se acepte el criterio del domicilio ya que se obtiene, a través del Acuerdo, condiciones que facilitan la radicación de inversiones. A modo de ejemplo se señala que Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador y Perú han adoptado dicho criterio en la suscripción de convenios similares al que nos ocupa.

Se sugiere el pase de este expediente al Departamento de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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