Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Asuntos Internacionales
Carpeta Nº 817 de 2000
Anexo I al
Repartido Nº 444
Octubre de 2001

 

QUINTO PROTOCOLO ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE
EL COMERCIO DE SERVICIOS

 

Aprobación

 

I n f o r m e


 

Comisión de Asuntos
Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, suscrito en Ginebra, el 27 de febrero de 1998.

Los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, contenidos en la Carta Final, suscrita en Marrakesh, el 15 de abril de 1994, fueron aprobados por Ley Nº 16.671, de 13 de diciembre de 1994. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) forma parte de ellos.

El AGCS establece un marco multilateral de principios y normas generales en materia de comercio internacional de servicios. El AGCS se desarrolla en tres niveles: el texto principal, anexos con regulaciones para sectores específicos y los compromisos específicos de cada país para acceso en sus mercados, los cuales deben ser elaborados teniendo en cuenta las leyes y reglamentaciones en vigor, para cada uno de los sectores, sin representar obligación alguna de modificar la legislación o las reglamentaciones vigentes.

El Quinto Protocolo Anexo al AGCS establece el mecanismo de reemplazo de las Listas de Compromisos Específicos y de la Lista de Exenciones del Artículo II del AGCS en materia de servicios financieros. Se incluyen disposiciones sobre plazo de aceptación, mecanismo de entrada en vigor, depositario y registro.

El AGCS, en su Artículo I, refiere a lo que entiende por el término "servicios", comprendiendo el mismo "todo servicio de cualquier sector, excepto los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales". En el siguiente apartado establece como servicio suministrado en ejercicio de facultades gubernamentales "todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios". Pero, al mismo tiempo, el Acuerdo también plantea "el derecho de los Miembros a reglamentar el suministro de servicios en su territorio(...) con el fin de realizar los objetivos de su política nacional", facultad reservada particularmente ante "la especial necesidad de los países en desarrollo de ejercer este derecho, dadas las asimetrías existentes en cuanto al grado de desarrollo de las reglamentaciones sobre servicios en los distintos países".

Del estudio del Quinto Protocolo Anexo al AGCS y la Lista de Compromisos Específicos adjunta a dicho instrumento, y teniendo en cuenta la legislación vigente en materia de desmonopolización de los seguros en el Uruguay, consideramos que el listado de compromisos específicos de nuestro país incorporado en este instrumento por parte de los negociadores de la República podría no contemplar la legislación nacional vigente en materia de Seguros de Accidentes de Trabajo. Si bien podría interpretarse que éstos están exceptuados en forma genérica, se constata que otros Estados Miembros del Protocolo (Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda) han incluido a los Seguros de Accidentes de Trabajo en las respectivas listas de compromisos específicos.

La Ley Nº 16.426, de 6 de octubre de 1993, deja claramente fuera del régimen de liberalización a los Seguros de Accidentes de Trabajo, los cuales -según la Ley Nº 16.074- se reservan al Banco de Seguros del Estado. En su artículo 1º, de la Ley Nº 16.426, establece la libertad de elección de las empresas aseguradoras para la celebración de contratos de seguros sobre todos los riesgos a excepción de "todos los contratos de seguros que celebren las personas públicas estatales y los relativos a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que refiere la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989 (...) los que sólo podrán celebrarse con el Banco de Seguros del Estado". En el mismo sentido, la Ley Nº 17.296 -promulgada en fecha posterior a la suscripción del Protocolo- en el artículo 614 estableció la derogación de "todas las disposiciones que establecen monopolios de contratos de seguros a favor del Estado y ejercidos por el Banco de Seguros del Estado (BSE) que se mantienen vigentes hasta la fecha, con excepción de las relativas a los contratos de seguros por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a que refiere la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989".

Por lo señalado anteriormente, entendemos que la ratificación parlamentaria de este Protocolo, en los términos planteados, podría implicar que la República asumiera un compromiso internacional en la materia, respecto a la liberalización de los Seguros de Accidentes de Trabajo, que no condice con la legislación vigente, lo que motiva que recomendemos la incorporación de un segundo artículo al proyecto de ley en el que se incluya el texto de una declaración relativa al alcance del Quinto Protocolo Anexo al AGCS, referida a los Seguros de Accidentes de Trabajo. La inclusión de dicha declaración no compromete la aprobación del Protocolo, al tiempo que da certeza jurídica al reflejar la legislación vigente en nuestro país.

En tal sentido, corresponde señalar que el texto del mencionado Acuerdo, al igual que el Convenio de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969, autoriza la formulación de reservas a los tratados en el momento de su ratificación. En particular, el Artículo 19 del Convenio de Viena de 1969 expresa:

"Formulación de reservas. Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un Tratado o de adherirse al mismo, a menos:

a) que la reserva esté prohibida por el propio Tratado;

b) que el Tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trate; o

c) que, en los casos no previstos en los apartados a) y b) la reserva sea incompatible con el objeto y fin del Tratado".

Por lo tanto, el análisis del anterior artículo nos permite solicitar la inclusión de una declaración en el sentido antes enunciado al momento de la ratificación parlamentaria.

El texto de la declaración que se incluye en el segundo artículo del proyecto de ley sustitutivo señala que "los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulados por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, se encuentran comprendidos en el inciso ii) del apartado b) del Párrafo 1 del Anexo sobre Servicios Financieros y por tanto están exceptuados del alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios". Este inciso especifica que en el caso de los servicios financieros se entenderá por servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales a "las actividades que formen parte de un sistema legal de seguridad social o de planes de jubilación públicos", sustituyendo esta definición la mencionada anteriormente, incluida en el Artículo I del AGCS.

De acuerdo a la doctrina más aceptada, la seguridad social se define como el conjunto de políticas y acciones articuladas con el fin de amparar al individuo ante los acontecimientos que se derivan de diversos riesgos como la muerte, invalidez, vejez, enfermedad común, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedad profesional, el desempleo involuntario y las cargas familiares. Por tanto, los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales regulados por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, constituyen una prestación de seguridad social ya que los mismos tienen por finalidad proporcionar al individuo condiciones para su manutención en caso de pérdida de su capacidad laboral.

Dada la importancia que el Protocolo a consideración tiene para el país a partir de los compromisos asumidos en las sucesivas rondas de negociaciones multilaterales en el área del Comercio de los Servicios y a condición de la inclusión de la declaración planteada, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ley sustitutivo.

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2001.

ENRIQUE PINTADO
Miembro informante
RUBEN H. DIAZ
FELIX LAVIÑA
CARLOS PITA
JULIO C. SILVEIRA

 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Apruébase el Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, suscrito en Ginebra, el 27 de febrero de 1998.

Artículo 2º.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo a efectuar, al momento de depositar el instrumento de ratificación de la República al Quinto Protocolo Anexo al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, la siguiente declaración:

"La República Oriental del Uruguay entiende que los Seguros de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, regulados por la Ley Nº 16.074, de 10 de octubre de 1989, se encuentran comprendidos en el inciso ii) del apartado b) del Párrafo 1 del Anexo sobre Servicios Financieros y por tanto están exceptuados del alcance del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios".

Sala de la Comisión, 10 de octubre de 2001.

ENRIQUE PINTADO
Miembro informante
RUBEN H. DIAZ
FELIX LAVIÑA
CARLOS PITA
JULIO C. SILVEIRA

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