Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Asuntos Internacionales
Carpeta Nº 412 de 2000
Anexo I al
Repartido Nº 239
Enero de 2001

 

ACUERDO SOBRE EXTRADICION ENTRE LOS ESTADOS PARTE
DEL MERCOSUR Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA
Y LA REPUBLICA DE CHILE

Aprobación

 

I n f o r m e


 

Comisión de Asuntos
Internacionales

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha analizado el proyecto de ley por medio del cual se aprueba el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Parte del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile y la República Oriental del Uruguay, suscrito en Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998.

Cabe señalar la extradición como el procedimiento por el cual una persona acusada o convicta de un delito, conforme a la ley de un Estado es arrestada en otro y devuelta para ser enjuiciada o castigada. La práctica de la extradición constituye una de las formas más difundidas en la cooperación entre Estados en materia de delitos. La extradición, como una obligación, solamente tiene como causa el Tratado y no surge del Derecho Internacional Consuetudinario. Cuando no hay Tratado, el Estado requerido está facultado para acordar la extradición pero no está obligado a cederla.

Nuestro país ha firmado numerosos tratados bilaterales de extradición, en torno a los veinte. Es importante resaltar que se produjo una renovación en la materia a partir del Tratado que rige con España, aprobado por Ley Nº 16.799, en vigor desde el 14 de abril de 1997. Es decir, se ha producido una evolución del instituto, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional, y en lo formal, se procuró dotar a estos nuevos tratados de una adecuada sistematización tendiente a facilitar la interpretación y aplicación de las disposiciones por parte de las autoridades competentes.

También existen convenios multilaterales, por ejemplo el Código Bustamante, de Derecho Internacional Privado, aprobado en la Conferencia de La Habana de 1928. En 1933, la Conferencia Panamericana de Montevideo aprobó una Convención sobre Extradición; por otro lado se encuentra el Tratado de Derecho Penal de 1889 y posteriormente el de 1940, que modifica en algunos aspectos el anterior.

En la mayoría de este tipo de tratados se requiere que el Estado que pide la extradición demuestre la existencia de causa para enjuiciar o castigar al requerido, que el delito imputado sea de cierta gravedad o uno de aquellos respecto de los cuales se ha previsto la extradición y que ese delito se haya tipificado como tal, tanto en la legislación penal del Estado requerido como en la del requeriente. El Estado requerido retiene un interés en el destino de la persona extraditada, de modo que si se le procesa por un delito distinto o se le impone un castigo más severo que el aplicable al tiempo de la solicitud, ello configura una violación del Tratado y de los derechos de la persona extraditada. El texto aprobado contiene tales características.

En las relaciones entre los Estados del MERCOSUR y sus asociados, como entre los restantes países, existe un entrecruzamiento de tratados bilaterales que hacen necesaria la aprobación de un acuerdo como el que el proyecto señala. Por su parte, nuestro país ha aprobado un Acuerdo de Extradición con Argentina, por medio de la Ley Nº 17.225, y con Chile, Ley Nº 17.226.

El nuevo enfoque al que se hacía referencia anteriormente, y que es la tendencia actual en la materia, tiene otras características la pretensión de dotar de mayor certeza a la relación bilateral. Los antiguos tratados admitían generalmente la extradición en relación a delitos contenidos en una lista dada. Estos nuevos convenios se apartan de ese mecanismo, que muchas veces dejaba fuera nuevas tipificaciones de conductas delictivas y adopta el criterio de la gravedad de la pena.

El texto aprobado cuenta con un cuerpo normativo de treinta artículos en el cual se ha regulado el derecho material y el procesal, necesario para proceder a la extradición.

En cuanto al derecho material, se establecen primeramente las normas de procedencia, las que prevén la improcedencia y las que contemplan la denegación facultativa. También se regulan los límites de la extradición.

Con respecto al Derecho Procesal, se detalló con precisión las distintas etapas que comprenden la solicitud, la documentación que debe acompañarla y sus vías de transmisión, la información complementaria cuando corresponda, el proceso, la extradición simplificada, la decisión, la entrega, su eventual aplazamiento y la detención preventiva.

Por las razones brevemente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 26 de diciembre de 2000.

SEBASTIAN DA SILVA
Miembro informante
ARTURO HEBER FÜLLGRAFF
FELIX LAVIÑA
JULIO LUIS SANGUINETTI

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.