Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda
Carpeta Nº 586 de 2000
Anexo XXXVI al
Repartido Nº 310
Diciembre de 2000

 

PRESUPUESTO NACIONAL
2000 - 2004

 

Aprobación

 

Modificaciones del Senado

 

I n f o r m e


 

Comisión de Presupuestos, integrada
con la de Hacienda

INFORME EN MAYORIA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Presupuestos, integrada con la de Hacienda, de acuerdo con lo que dispone el artículo 135 de la Constitución de la República, ha considerado las modificaciones que la Cámara de Senadores introdujo al texto del proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el período 2000-2004, que fuera aprobado por la Cámara de Representantes el día 20 de octubre próximo pasado.

Para el conocimiento y análisis de las modificaciones indicadas se contó, en la Comisión, con la presencia del Equipo Económico de Gobierno encabezado por el señor Ministro de Economía y Finanzas y por el señor Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quienes aportaron detalles sobre los cambios referidos y su incidencia en el contexto general presupuestal, estableciéndose que su espíritu no se aparta sensiblemente de la línea de realismo y metas propuestas por el Poder Ejecutivo en el Mensaje original enviado al iniciarse este trámite parlamentario.

Por lo expuesto la Comisión aconseja, procediendo de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución de la República, aprobar las modificaciones introducidas en la Cámara de Senadores y remitir el proyecto de ley al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2000.

DANIEL GARCIA PINTOS
Miembro Informante
JOSE AMORIN BATLLE
BALTASAR BRUM
RUBEN H. DIAZ
SILVIA FERREIRA
CARLOS GONZALEZ ALVAREZ
LUIS M. LEGLISE
RONALD PAIS
ADOLFO PEDRO SANDE

 

PROYECTO DE RESOLUCION

Acéptanse las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2000.

DANIEL GARCIA PINTOS
Miembro Informante
JOSE AMORIN BATLLE
BALTASAR BRUM
RUBEN H. DIAZ
SILVIA FERREIRA
CARLOS GONZALEZ ALVAREZ
LUIS M. LEGLISE
RONALD PAIS
ADOLFO PEDRO SANDE
Comisión de Presupuestos, integrada
con la de Hacienda

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

La bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio expresará en Sala los fundamentos de su decisión.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2000.

DOREEN JAVIER IBARRA
Miembro Informante
CARLOS BARAIBAR
BRUM CANET
SILVANA CHARLONE
ROBERTO CONDE
MARTIN PONCE DE LEON
LUCIA TOPOLANSKY

 

PROYECTO DE RESOLUCION

Recházase el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2000-2004.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2000.

DOREEN JAVIER IBARRA
Miembro Informante
CARLOS BARAIBAR
BRUM CANET
SILVANA CHARLONE
ROBERTO CONDE
MARTIN PONCE DE LEON
LUCIA TOPOLANSKY
Comisión de Presupuestos, integrada
con la de Hacienda

INFORME EN MINORIA

Señores Representantes:

Vuestra asesora -con insalvables dificultades- ha analizado el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2000-2004, aprobado por la Cámara de Senadores.

El Presupuesto es la ley fundamental del período de gobierno. Su análisis debe realizarse a partir del contexto económico-social que vive el país y la región, valorando el impacto que el mismo genera.

1. Introducción

Durante el año 2000 la economía uruguaya ha seguido sumergida en el contexto recesivo que comenzó en enero de 1999, como consecuencia de la devaluación brasileña. A pesar de que la misma era altamente previsible -ya en 1997 se avizoraba la ocurrencia del hecho- el gobierno del doctor Julio María Sanguinetti mantuvo los principales lineamientos de la política económica, sin tomar medidas, que al menos, hubieran amortiguado el impacto que el colapso del tipo de cambio brasileño nos causó.

En los años previos, a partir del comienzo de los 90, la economía uruguaya se desarrolló al amparo de un marco regional favorable. En efecto, el plan de convertibilidad argentino primero y el plan real brasileño después, posibilitaron un escenario regional de un espectacular desarrollo del mercado intrarregional que favoreció el crecimiento de nuestra economía. Sin embargo, al analizar la evolución de los indicadores de capacidad de competencia, se percibe que mientras manteníamos un nivel más que aceptable de capacidad de competencia en la región, la perdíamos con respecto a Estados Unidos, Unión Europea y Japón. Al término del año 1999 nuestra capacidad de competencia con respecto a estos últimos había caído en un 51,1%.

El país vivió desde 1992 a enero de 1999, en una "burbuja" regional que le permitió acumular un crecimiento de la economía desde 1990 a 1998 del 37,6%, o sea que Uruguay creció a una tasa de más del 4% anual. Pero la devaluación cambiaria de Brasil pinchó la "burbuja", y nuestro país ingresó en un agudo proceso recesivo. Nuestros problemas quedaron al desnudo. A la pérdida de capacidad de competencia alimentada por el atraso cambiario generado a partir de los 90, se sumó el creciente nivel del gasto público y su consecuencia directa, una presión fiscal incontenible que se ubica en un 35% del Producto Bruto Interno (PBI). De por sí, este cóctel de dificultades ya era explosivo, pero para completar la gravedad del estado de situación, el año 1999 cerró con un déficit fiscal del sector público global que se ubicó en torno a un 4% del PBI.

Cargando con esta herencia, de la que tuvo que hacerse cargo sin beneficio de inventario, el gobierno del doctor Batlle comenzó su mandato con un déficit fiscal del 4,7% del PBI, que le impuso un muy escaso margen de incidencia en un contexto particularmente adverso. Esta situación se agravó con la caída del nivel de inversión de obra pública que tradicionalmente ocurre en el año post electoral, lo que impactó negativamente en el sector de la construcción. La consecuencia inevitable está a la vista: la tasa de desempleo se ubica en un nivel récord del 14,6%.

En este marco, donde resalta por su gravedad la crisis del sector agropecuario, es que debemos analizar la propuesta presupuestaria del Poder Ejecutivo y su correlato final: el proyecto de ley de Presupuesto aprobado por el Senado de la República.

2.- El Presupuesto: una herramienta estratégica

2.1.- La propuesta presupuestal del Gobierno

El Presupuesto es esencialmente una herramienta, que debe servir a los objetivos estratégicos de quien lo formula. Está claro que dada la situación deficitaria de las finanzas públicas era de esperar un presupuesto austero que sirviera al objetivo estratégico de recomponer el equilibrio fiscal, sin aumentar la presión fiscal. En tal sentido el presupuesto presentado al Parlamento por el Poder Ejecutivo cumple con las expectativas. Sin embargo, aun cuando se ha anunciado reiteradamente la necesidad de bajar la presión fiscal la propuesta no incluye compromisos explícitos en tal sentido lo que sin duda debilita las expectativas a futuro, por cuanto no se dan señales fuertes e inequívocas a un sector privado afectado en su ánimo, "y por ende más reacio a invertir y consumir en el corto plazo" como bien lo dice el Mensaje del Poder Ejecutivo.

La estructura del gasto público presupuestal es ciertamente muy poco flexible. Sin exagerar nada, es posible afirmar que 2/3 partes del Presupuesto constituyen un dato de la realidad con posibilidades casi nulas de introducir cambios. La "vieja" estructura del gasto presupuestal asegura pues su sobrevivencia. Para enfrentarla es necesario comprometerse en la mejora de la calidad del gasto público, esto es reorientar el gasto público futuro a las áreas que estratégicamente constituyen nuestra prioridad, promoviendo en el mediano y largo plazo una "nueva" estructura del gasto presupuestal.

En conclusión, la propuesta del Poder Ejecutivo es efectivamente como lo dice en su Mensaje, "un presupuesto austero" que busca "no deprimir la inversión privada". Y en eso cumple con lo anunciado. Sin embargo, la decisión de los agentes económicos también depende de las expectativas, y éstas sólo se construyen a partir de señales, de compromisos explícitos, que atenúen la incertidumbre natural del funcionamiento de la economía. Y en este sentido, el proyecto de ley no sólo no emite ninguna señal, sino que, por el contrario, las modificaciones que se introdujeron en el seno de la Comisión por parte de la mayoría coaligada incrementando el gasto público al cabo de los próximos cuatro años en 120 millones de dólares, cediendo al reclamo de uno de sus socios, es en todo caso de una señal de debilidad de la que el sector privado tomará debida nota.

Las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores en un caótico trámite que pone en cuestión la legitimidad del proyecto aprobado, más que una señal desacertada, constituye un grave desatino que impactará fuertemente en la alicaída situación del país.

La segunda conclusión respecto al proyecto de Presupuesto es la inexistencia de una propuesta que tienda a reestructurar el destino del gasto público. La propuesta del Gobierno es más del "viejo" presupuesto, sin siquiera comprometer una reorientación del gasto a futuro, lo que pone una nota de incertidumbre sobre la estrategia gubernamental. El reiterado acento que el Presidente Batlle pone en el tema educativo como factor de integración social aparece divorciado de su propuesta presupuestal.

Los cambios introducidos al respecto en el Senado, alentados por la plausible intención de destinar mayores recursos a la educación, no son más que una expresión voluntarista, que incrementa una vez más el gasto público, generando un nuevo mazazo impositivo, el más grave, desde el ajuste fiscal del año 1995.

2.2.- El Uruguay en la encrucijada: nuestra visión estratégica

2.2.1.- El excesivo gasto público

El gasto público del Estado uruguayo y su correspondiente presión fiscal ha comprometido seriamente la competitividad de nuestro país. La expresión "Uruguay es un país caro", la escuchamos a menudo en los más diversos ámbitos. Sin embargo, desde la reinstauración democrática hasta el presente se ha venido registrando un crecimiento sostenido en términos reales del gasto público. Y ello ocurrió a pesar de las promocionadas Rendiciones de Cuentas de "Gasto 0", que en los hechos no fueron más que una acertada estrategia publicitaria que consiguió un amplio grupo de incautos en su apoyo, el gasto público se siguió incrementando.

Los sucesivos Gobiernos optaron por alinear explícitamente el crecimiento del gasto al incremento del PBI. Ello ha determinado que los mayores recursos que dispuso el Estado como consecuencia del crecimiento de la economía terminaron siendo absorbidos por el aumento del gasto. Más aún, la reforma constitucional de 1989 que indexó el incremento de las pasividades a la evolución del Indice Medio de Salarios, determinó un crecimiento adicional del gasto público.

En el año 1999, al producirse la conjunción de la caída del 3,4% del PBI y el incremento del gasto, la presión fiscal se situó en un 35%, superando largamente a nuestros socios de la región. La situación que Uruguay vive como consecuencia de la persistente recesión ha puesto al desnudo los errores del pasado, donde la incuria y la imprevisión mandaron. Mientras los países de la región nos encarecíamos y perdíamos competitividad con respecto al resto del mundo, el sector de bienes transables sólo se sostenía por el importante incremento del intercambio comercial regional que disimulaba la realidad.

Lamentablemente, las modificaciones incorporadas por el Senado siguen "lloviendo sobre mojado". Al fin de cuentas, es parte del mito al cual aludía el doctor Carlos Quijano, hace ya treinta y cinco años, en un editorial de "Marcha": "Para remediar estado semejante de desequilibrio y déficit, desde hace años, muchos, recurrimos a los mismos arbitrios. O echamos nuevas cargas sobre la población activa, como ahora acabamos de hacerlo por centésima vez o emitimos deuda pública como también por centésima vez hemos hecho. El mito continúa...".

La actual situación de la economía nos debe al menos servir para no repetir los errores de los últimos quince años. Estamos en una situación límite y debemos asumirla como tal, sentando las bases para que en el futuro no nos pase lo mismo. Porque de lo contrario el gasto público matará la competitividad, y consecuentemente el empleo.

La instancia presupuestal es clave para lograr establecer normas que inequívocamente pongan una barrera legal al crecimiento del gasto público. Bajar la presión fiscal debe necesariamente constituir el primer objetivo estratégico del presente período de gobierno. Si Uruguay no logra bajar la presión fiscal diez puntos en términos del PBI, en los próximos diez años, tendremos en el mediano y largo plazo un futuro complicado, aun cuando los ciclos económicos nos sean favorables.

2.2.2.- El "nuevo" Presupuesto: la calidad del gasto público

El segundo gran objetivo estratégico que debe estar presente en el Presupuesto es comenzar a sustituir la "vieja" estructura presupuestal, a través de una mejora gradual, pero sostenida de la calidad del gasto público.

La fuerte inflexibilidad del Presupuesto actual implica que asumamos el desafío de reorientar el gasto público, definiendo nuevas áreas de prioridad. En nuestra visión, la educación y la implementación de políticas sociales orientadas a la superación de la exclusión social forman parte de un mismo objetivo estratégico: la equidad intergeneracional.

La infantilización de la pobreza

El déficit social de nuestro país se concentra en los niños y adolescentes. En efecto, el 47% de los niños de entre cero y cinco años y el 40% de los que tienen entre seis y trece años viven en hogares por debajo de la línea de pobreza. El país tiene ante sí un dilema de hierro: o canaliza una mayor inversión social hacia los niños y adolescentes pobres excluidos o deberá prepararse para enfrentar un futuro de mayor violencia.

En el trabajo realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), "Marginalidad e integración social en Uruguay", se sugieren algunos lineamientos de acción. Entre ellos se menciona que:

"1. Los mecanismos que conducen a que las personas se aparten de los patrones de conducta socialmente aceptados comienzan a funcionar en la temprana infancia y se van consolidando a través de las etapas del ciclo de vida. En este sentido, se puede hablar de rutas a la marginalidad. Toda política de integración social se propone bloquear esas rutas y crear condiciones que favorezcan el restablecimiento de vínculos de las personas con la sociedad.

2. Pese a que el debilitamiento de las instituciones primordiales (familia y comunidad) parece estar en el origen de las señales de deterioro que aparecen en el tejido de la sociedad uruguaya, los problemas vinculados con la constitución y la estabilidad de las familias no están en el centro de la atención de las políticas sociales. A los efectos de aumentar la eficacia y la eficiencia de la política social, ese desajuste debe corregirse".

"9. Los procesos de segregación residencial y de segmentación de los servicios conducen a un progresivo aislamiento de los pobres y, con ello, aumentan las probabilidades de comportamientos marginales y cristalización de dichos comportamientos en subculturas. Una vez que se instalan estas subculturas, se van perdiendo los códigos de comunicación compartidos con la sociedad "integrada"; en ambos segmentos sociales se van consolidando prejuicios y estereotipos que acentúan las distancias y reducen gradualmente las oportunidades de interacción fuera del mercado de trabajo o de la compra y venta de bienes y servicios. En cambio, la interacción regular en condiciones de igualdad recrea y fortalece los códigos compartidos de comunicación. Las políticas de integración deben dar prioridad a la generación de tales espacios de interacción".

Las políticas sociales han tenido especial preponderancia en las políticas públicas, sin embargo, conclusiones como las señaladas ponen de relieve que las mismas han resultado insuficientes para superar la exclusión social de los niños y adolescentes pobres. En tal sentido, uno de los objetivos estratégicos fundamentales que debiera plasmarse en la Ley de Presupuesto es la equidad intergeneracional.

La situación de la carrera docente

Para plasmar la equidad intergeneracional es necesario fortalecer la estructura educativa, y en tal sentido, la actual situación de la carrera docente constituye una limitante verdaderamente determinante. En efecto, la situación actual de la carrera docente se caracteriza por:

El deterioro de la carrera docente tiene dos manifestaciones sumamente preocupantes. La primera es el escaso número de profesores de secundaria titulados: sólo tres de cada diez docentes son egresados de los institutos de formación docente. La segunda es el abandono de la profesión docente a edades tempranas para buscar ocupaciones alternativas mejor remuneradas, así como la dificultad de captación de nuevos maestros y profesores.

El abandono de la actividad docente es particularmente grave y tiene su origen en una pirámide de remuneraciones inadecuadas. Los docentes de grado máximo del escalafón docente (Grado 7), tienen un salario básico apenas 50% superior al de los docentes ubicados en el grado más bajo (Grado 1).

En la actualidad un docente ingresa a la actividad educativa entre los veintiuno y veintitrés años, y para acceder a un grado superior son necesarios cuatro años de permanencia en el grado. El docente debe esperar aproximadamente doce años para acceder al Grado 4, momento en el que tiene treinta horas semanales asignadas. Esta reducida remuneración percibida es de aproximadamente $ 6.000 líquidos, si es titular, realiza docencia directa en aula y tiene treinta horas semanales asignadas. Esta reducida remuneración es lo que determina que se produzca una fuga hacia otras ocupaciones, produciéndose un vaciamiento en los niveles intermedios del escalafón docente, con el consiguiente deterioro de la calidad de enseñanza.

Esta situación, no permite al docente vivir de la docencia y conspira con el mantenimiento de un plantel estable de docentes. A la vez, para muchos jóvenes es una mera forma de insertarse temprana y temporalmente en el mercado de trabajo, reduciendo la probabilidad de quedar desocupados luego de finalizada una formación de nivel terciario, sin la expectativa de dedicarse efectivamente a la carrera docente.

2.2.3.- Una propuesta sensible y sensata

En un contexto económico-social adverso, el desafío es cómo reducimos la presión fiscal y mejoramos la calidad del gasto público. La propuesta del Nuevo Espacio se orienta justamente a compatibilizar ambos objetivos: reducir en términos del PBI el gasto público, bajando por ende la presión fiscal, y a su vez, reorientar el gasto de forma tal de generar redistribución de la riqueza.

Difícilmente se presente una situación tan oportuna como la que se presenta en esta Ley de Presupuesto para incorporar normas que ordenen las finanzas públicas, estableciendo claros objetivos en materia de responsabilidad fiscal.

En tal sentido, sería un síntoma de madurez política que el Parlamento de la República recobrara uno de sus roles históricos: el control del gasto público. Es pues tiempo de establecer el máximo nivel de déficit fiscal autorizado, comprometiendo al Gobierno a que si en el correr del período se da que el déficit real es mayor que el previsto, deberá reducir los niveles de ejecución de gastos de funcionamiento e inversiones por un monto igual al sobredéficit.

Pero el ejercicio efectivo de la responsabilidad fiscal no se agota en fijar el nivel máximo de déficit fiscal, sino que debe complementarse con disposiciones legales que desaten ese nudo gordiano de la economía: el total alineamiento del gasto público al crecimiento del PBI. Para que ello suceda es preciso impedir el aumento del monto global de gastos de funcionamiento e inversiones previsto para cada año del período de Gobierno cuando el crecimiento del PBI del año anterior sea igual o menor al 1% o la evolución acumulada del PBI de los tres años anteriores sea negativa. En tal caso, si eventualmente la recaudación del Estado fuera mayor a la proyectada, los mayores recursos obtenidos deben destinarse a abatir el déficit fiscal.

La reducción de la presión fiscal no se logrará mientras no se desalienten los diversos afanes corporativos que interactúan en el ámbito del Estado. Por tal razón es preciso establecer que cuando el crecimiento del PBI anual sea superior al 1% y la evolución acumulada de los últimos tres años sea positiva, el 50% de la mayor recaudación obtenida por el Estado sea afectado efectivamente a reducir la presión fiscal, constituir una reserva especial con destino a ser aplicada en períodos de recesión económica, o cancelar deuda pública.

Para compatibilizar el objetivo de reducir la presión fiscal con el de mejorar la calidad del gasto público, es necesario establecer que el restante 50% generado en la hipótesis prevista en el párrafo anterior, sea afectado a áreas de prioridad para el Estado. Acorde a los fundamentos que hemos expresado, consideramos que las áreas de mayor prioridad son la educación y las políticas sociales.

2.2.4.- Articulación de la propuesta

I.- (A incorporar en la Sección I - Disposiciones Generales)

Artículo 5º.- Los déficit fiscales (Resultado Presupuestario Ajustado - Incisos 01 al 27), previstos en la presente Ley de Presupuesto para el período de gobierno 2000-2004 corresponden al nivel máximo autorizado.

Si el déficit fiscal correspondiente a un determinado año resultara mayor al previsto, deberá ajustarse en el resto del período, reduciendo en igual importe el monto global de gastos de funcionamiento e inversiones.

Artículo 6º.- El monto global de gastos de funcionamiento e inversiones del Estado dispuesto en la presente ley, para cada año del período de gobierno, no podrá ser aumentado cuando el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) correspondiente al año anterior sea igual o inferior al 1% (uno por ciento) o cuando la tasa de variación acumulada del Producto Bruto Interno (PBI) del trienio anterior sea negativa.

En tales casos, si los recursos obtenidos al cabo de cada año son superiores a los previstos, éstos deberán destinarse en su totalidad a abatir el déficit fiscal.

Artículo 7º.- Cuando el crecimiento del Producto Bruto Interno correspondiente al año anterior sea superior al 1% (uno por ciento), y siempre que la tasa de variación acumulada del PBI del trienio anterior sea positiva, los excedentes de la recaudación prevista presupuestalmente podrán destinarse a:

A) El 50% (cincuenta por ciento) a incrementar el gasto público, a propuesta del Poder Ejecutivo, en áreas que por ley se consideren de prioridad para el Estado.

 

B) El 50% (cincuenta por ciento) restante a:

i) Reducir la presión fiscal, especialmente la referida a los gravámenes sobre el trabajo.

ii) Constituir una reserva especial con destino a ser aplicada en períodos de recesión económica, según lo determine la ley que a tales efectos proponga el Poder Ejecutivo.

iii) Cancelar la deuda pública.

Artículo 8º.- Declárase que la educación y la atención a la niñez y la adolescencia en condiciones de pobreza son áreas de prioridad para el Estado de acuerdo a lo previsto en el literal A) del artículo anterior. En cumplimiento del referido literal, el 50% (cincuenta por ciento) de los excedentes de recaudación previstos presupuestalmente se destinarán 55% (cincuenta y cinco por ciento) a la Administración Nacional de la Educación Pública, un 10% (diez por ciento) a la Universidad de la República, 25% (veinticinco por ciento) al Banco de Previsión Social y el restante 10% (diez por ciento) a los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF).

II.- (A incorporar en el Inciso 25 - ANEP)

Artículo.- Los recursos adicionales que reciba la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) como consecuencia de la aplicación de los artículos 7º y 8º de la presente ley se destinarán exclusivamente:

i) A modificar la escala de remuneraciones docentes a partir del grado 4 del escalafón docente, ampliando la pirámide salarial vigente.

ii) La revisión del sistema de incentivos vigente en las remuneraciones docentes, vinculándolas con: la capacitación, el establecimiento de premios por mayor dedicación y mejor desempeño en centros ubicados en zonas carenciadas, indicadores de desempeño individual por unidad educativa y la asunción de nuevas funciones por parte de los docentes en el marco del proceso de reforma educativa.

III.- (A incorporar en el Inciso 26 - Universidad de la República)

Artículo.- Los recursos adicionales que reciba la Universidad de la República como consecuencia de la aplicación de los artículos 7º y 8º de la presente ley se destinarán exclusivamente al incremento del salario de los docentes universitarios por la vía de la extensión horaria.

IV.- (A incorporar en el Inciso 22 - Transferencias a la Seguridad Social)

Artículo.- Los recursos adicionales que reciba el Banco de Previsión Social como consecuencia de la aplicación de los artículos 7º y 8º de la presente ley se destinarán exclusivamente a financiar la extensión del beneficio de asignaciones familiares previsto por la Ley Nº 17.139, de 6 de julio de 1999.

Artículo.- Modifícase el literal D) del artículo 1º de la Ley Nº 17.139, de 6 de julio de 1999, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"D) Sin perjuicio de los controles que establezca el Banco de Previsión Social (BPS), encomiéndase a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) el efectivo control de la asistencia obligatoria a la enseñanza preescolar, primaria y media obligatoria, en las condiciones que establezca la reglamentación".

Artículo.- Agrégase al artículo 1º de la Ley Nº 17.139, de 6 de julio de 1999, lo siguiente:

"E) El pago de esta prestación por parte del Estado estará supeditada a la efectiva asistencia de los menores a centros de educación públicos o privados autorizados por el Ministerio de Educación y Cultura.

  El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de noventa días contados a partir de su promulgación".

V.- (A incorporar en el Inciso 21 - Subsidios y subvenciones)

Artículo.- Asígnase una partida anual de $ 17.430.000 (diecisiete millones cuatrocientos treinta mil pesos uruguayos), a partir del ejercicio 2001, para la creación de un Fondo Nacional destinado a atender la niñez y la adolescencia en condiciones de pobreza, como persona pública no estatal.

El crédito habilitado por el inciso precedente se efectuará con cargo a Rentas Generales o a la partida autorizada por el inciso tercero del artículo 29 del Decreto-Ley Nº 14.754, de 5 de enero de 1978, y por el artículo 56 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

VI.- (A incorporar en la Sección II - Funcionarios - Capítulo I - Normas Generales)

Artículo.- Agrégase al artículo 42 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), lo siguiente:

"Sin perjuicio de lo dispuesto, los contratos de prestación de servicios o arrendamiento de obra que otorguen los órganos del Estado, incluyendo los Poderes del Estado, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, los Gobiernos Departamentales, los Entes de enseñanza pública, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral y en general todos los organismos, servicios o entidades estatales, en aplicación de contratos de préstamos con organismos internacionales de crédito u otros, sólo podrán celebrarse con personas seleccionadas mediante concurso público, en las condiciones que establezca la reglamentación, dictada a estos efectos por el Poder Ejecutivo, en un plazo máximo de ciento veinte días, contados a partir de la vigencia de la presente ley.

  Exceptúase de lo preceptuado en el inciso anterior la provisión del puesto de jerarca del programa, proyecto o área de que se trate, con tareas asignadas de dirección, sea la denominación del mismo Jefe de Proyecto, Coordinador o cualquier otra, cuya convocatoria será pública y la designación podrá realizarse en forma directa fundada de acuerdo a las directivas que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo".

Artículo.- Toda contratación de servicios personales bajo el régimen de arrendamiento de obra o de servicios, con cargo a fondos propios, que realicen los Poderes del Estado, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, Gobiernos Departamentales, los organismos mencionados en el artículo 220 de la Constitución de la República y en general todos los organismos, servicios o entidades estatales, deberán realizarse mediante concurso público, en las condiciones que establezca la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, en un plazo máximo de ciento veinte días, contados a partir de la vigencia de la presente ley.

VII.- (A incorporar en el Inciso 27 - Instituto Nacional del Menor)

Artículo.- Los recursos adicionales que reciba el Instituto Nacional del Menor como consecuencia de la aplicación de los artículos 7º y 8º de la presente ley se destinarán exclusivamente a financiar la extensión de la cobertura brindada por los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), para atender a niños menores de cuatro años en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

VIII.- (A incorporar en el Inciso 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

Artículo.- Los recursos adicionales que reciba el Instituto Nacional de Alimentación (INDA) como consecuencia de la aplicación de los artículos 7º y 8º de la presente ley se destinarán exclusivamente a financiar la extensión de la cobertura brindada por los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), para atender a niños menores de cuatro años en situación de vulnerabilidad social.

3.- Conclusiones: la oportunidad perdida

Las propuestas expresadas y fundamentadas en el punto anterior fueron presentadas en el seno de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda en la instancia del tratamiento del Presupuesto en esta Cámara. Con ellas pretendíamos -y seguimos pretendiendo- transformar el "viejo" presupuesto en una "nueva" herramienta que le devolviera al Parlamento de la República el rol de la sensatez y la sensibilidad.

Lamentablemente, el país ha perdido una oportunidad de dar señales inequívocas de cambio. El viejo 'statu quo' se resiste a abandonar su sitial de privilegio, y mientras ello pase las "viejas" formas de hacer política seguirán sobreviviendo.

En tal caso, si no hay posibilidades de realizar modificaciones que le den sensatez al Presupuesto Nacional es preferible, antes de agravar la ya difícil situación por la que transitamos, que no haya Presupuesto. A esta altura, visto los dislates del proyecto de ley aprobado por la Cámara de Senadores, esa resulta ser la opción más conveniente. A este respecto nos referiremos en nuestra exposición en Sala.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2000.

IVAN POSADA
Miembro Informante

 

PROYECTO DE RESOLUCION

Recházanse las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley de Presupuesto Nacional.

Sala de la Comisión, 19 de diciembre de 2000.

IVAN POSADA
Miembro Informante

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.