Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

Carpeta Nº 59 de 2000
Anexo XIV al
Repartido Nº 22
Setiembre de 2000

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

 

Texto de las enmiendas presentadas por los señores
Representantes Jorge Barrera, Alejo Fernández
Chaves, Gustavo Silveira, José Amorín
Batlle, Alexis Guynot de Boismenú
y Alejandro Falco

 


TEXTO DE LAS ENMIENDAS

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y DE LOS ADOLESCENTES

Artículo 8º. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, el presente Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener repuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

  Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

  Los Jueces, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

Artículo 22. (Políticas de acción).- La atención hacia la niñez y la adolescencia se orientará primordialmente a:

A) La aplicación de políticas sociales básicas, que hagan efectivos los derechos consagrados en la Constitución de la República, para todos los niños y los adolescentes.

B) Creación de programas de atención integral, para aquellos que los necesiten, por carencia temporal o permanente: niños y adolescentes con capacidad diferente, situación de desamparo o marginalidad.

C) Programas y servicios especiales de prevención y atención médica y psicosocial a las víctimas de negligencia, maltrato, violencia o explotación laboral o sexual.

D) Programas de garantías para la protección jurídico-social de los niños y los adolescentes en conflicto con la ley, y educación para la integración social.

E) Programas de promoción de la niñez y de la adolescencia en las áreas deportivas, culturales y recreativas, entre otras.

F) Sistemas de indicadores de desarrollo del niño y del adolescente, respetando el derecho a la privacidad y el secreto profesional.

Artículo 26. (Competencia del Instituto Nacional del Menor).- El Instituto Nacional del Menor es el órgano administrativo rector en materia de políticas de la niñez y de la adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños y de los adolescentes del país. Deberá determinar, por intermedio de sus servicios especializados, la forma de llevar a cabo la implementación de las políticas a través de distintos programas, proyectos y modalidades de intervención social, públicos y privados.

  Previos diagnósticos y estudios técnicos, deberá velar por una adecuada admisión, ingreso, atención, derivación y desvinculación de los niños y de los adolescentes bajo su cuidado. La incorporación a los distintos hogares, programas, proyectos y modalidades de atención se realizará habiéndose oído al niño o al adolescente y buscando favorecer el pleno goce y la protección integral de sus derechos.

  Procurará que todos los niños y los adolescentes tengan igualdad de oportunidades para acceder a los recursos sociales, a efectos de poder desarrollar sus potencialidades y de conformar personalidades autónomas capaces de integrarse socialmente en forma activa y responsable. Las acciones del Instituto Nacional del Menor deberán priorizar a los más desprotegidos y vulnerables.

  Los adolescentes que, estando a disposición del Instituto Nacional del Menor, alcanzaren la mayoría de edad serán orientados y apoyados a efectos que puedan hacerse cargo de sus vidas en forma independiente. Las personas con capacidad diferente que alcanzaren dicha mayoría, estando a cuidado del Instituto Nacional del Menor, podrán permanecer bajo su protección siempre y cuando no puedan ser derivados para su atención en servicios o programas de adultos.

  El Instituto Nacional del Menor fiscalizará, por lo menos una vez al año, a las instituciones privadas a las que concurran niños y adolescentes.

  Dicha fiscalización será efectuada por asistentes sociales u otros profesionales a efectos de evaluar la situación en que se encuentran los niños y los adolescentes, así como el trato y formación que se les da a los mismos, de acuerdo a los derechos que éstos tienen y a las obligaciones de dichas instituciones.

  El Instituto Nacional del Menor podrá formular observaciones, sin perjuicio de efectuar las denuncias que correspondan ante las autoridades competentes, por la constatación de violación de los derechos del niño y del adolescente, de irregularidades o delitos.

Artículo 27. (Infracciones a la ley penal).- A los efectos del presente Código son infracciones a la ley penal:

1) Las acciones u omisiones dolosas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales.

2) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el menor disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar.

3) La tentativa de infracciones a la ley penal.

4) La participación en calidad de cómplice en infracciones a la ley penal.

Artículo 44. (Aplicación).- Las medidas privativas de libertad sólo se aplicarán a los menores declarados por sentencia ejecutoriada, responsables de infracción, que a juicio del Juez justifique la misma.

  También podrán aplicarse a los menores que, habiendo sido declarados por sentencia ejecutoriada responsables de una infracción, incumplen las medidas adoptadas por el Juez.

CAPITULO IX

I.- De la filiación

Artículo 75. (Derecho a la afiliación).- Todo niño y adolescente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres.

Artículo 77. (Derecho a la identidad).- El recién nacido deberá ser registrado en todas las maternidades públicas o privadas mediante la impresión plantar y digital, acompañado de impresión digital de la madre.

Artículo 82.- A los efectos del reconocimiento, el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil interviniente, bajo su más seria responsabilidad administrativa, deberá instruir de las consecuencias del mismo al o los comparecientes, de lo que se deberá dejar constancia en actas.

II.- De la tenencia del niño y del adolescente

Artículo 85. (Tenencia de los padres).-

1) Cuando los padres estén separados, éstos determinarán de común acuerdo quién detentará la tenencia (artículo 177 del Código Civil).

2) De no existir acuerdo de los padres, la tenencia la resolverá el Juez de Familia, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.

Artículo 92. (Régimen de visitas definitiva).- El día hábil inmediato siguiente, el Juez de Urgencia, dará cuenta al Juez de Familia que intervino en la fijación del régimen de visitas, remitiéndole los antecedentes -con los que se formará un expediente- el cual resolverá en definitiva sobre el mantenimiento o no del régimen fijado, así como sobre la tenencia de los hijos.

  A tales efectos, deberá convocar a las partes a una audiencia, la cual deberá celebrarse en un plazo no mayor de setenta y dos horas de recibidos los antecedentes. En dicha audiencia será preceptiva la presencia del Ministerio Público y Fiscal, así como la asistencia letrada.

Artículo 93. (Incumplimiento en realizar las visitas).- Si la parte a cuyo favor se le establece régimen de visitas, no cumpliere con el mismo, podrá la otra parte acudir al Juez de Familia competente, explicándole la situación y la repercusión de qué falta de cumplimiento por parte del obligado tiene sobre sus hijos.

  El Juez citará a las partes, dentro de los diez días de recibido el escrito, a una audiencia a efectos de oír a ambas partes, y para que el obligado que no cumple con las visitas explique los motivos que han llevado a dicha situación.

  El Juez deberá instar al incumplidor a que efectúe las visitas, explicando la importancia para la evolución y desarrollo del niño y el adolescente.

CAPITULO X

DE LOS ALIMENTOS

Artículo 98. (Concepto de alimentos).- Los alimentos están constituidos por las prestaciones monetarias o en especie que sean bastantes para satisfacer, según las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades relativas al sustento, habitación, vestimenta, atención médica y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio, educación, cultura y recreación.

  También se consideran los gastos de atención de la madre durante el embarazo, desde la concepción hasta la etapa de post-parto.

  Las prestaciones deberán ser en proporción a las posibilidades económicas de los obligados, y a las necesidades de los beneficiarios.

Artículo 102. (Beneficiarios de la obligación alimentaria).- Son acreedores de la obligación alimentaria los niños y adolescentes así como los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno que no dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

  Quedan asimilados a lo dispuesto en este título las personas con capacidad diferente cualquiera fuere su edad.

III.- De la Adopción

Adopción Simple

Artículo 134. (Adoptados).-

3) Si se trata de un niño o un adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quién o quiénes se encuentren en su ejercicio.

  El consentimiento para la adopción será presentado ante el Juez Letrado de Familia del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél.

  Los padres que consienten en la adopción quedarán suspendidos en el ejercicio de la patria potestad sobre el niño o el adolescente, la que pasará al adoptante.

  El procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 140.- Se permite la adopción plena a favor de:

A) Los niños o los adolescentes abandonados o huérfanos de padre y madre, o pupilos del Estado, o hijos de padres desconocidos o del hijo o hijos reconocidos por uno de los adoptantes.

  La condición de abandono se acreditará por sentencia ejecutoriada que declare la pérdida de la patria potestad.

B) Los niños o adolescentes abandonados por uno de sus progenitores legítimos, cuando fuere solicitada por el padre o madre que haya mantenido la patria potestad, conjuntamente con el cónyuge con el que contrajo nuevo matrimonio.

  La adopción plena prevista en el presente numeral sólo podrá llevarse a cabo una sola vez, respecto al niño o al adolescente.

  Cuando se pretendiere adoptar en forma plena dos o más niños o adolescentes simultáneamente, no será obstáculo la circunstancia de que mediasen menos de ciento ochenta días entre sus respectivos nacimientos.

  En caso de existir hermanos en situación de abandono, se propenderá a su integración conjunta en una familia adoptiva.

Artículo 141.- Están habilitados para solicitar la adopción plena:

1) Los cónyuges, mayores de veinticinco años, con quince años más que el niño o el adolescente y que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a un año, que computen por lo menos cuatro años de matrimonio, pudiéndose considerar en su caso el tiempo de concubinato previo al mismo, siempre que aquél hubiera sido estable, singular y público, compartiendo la vida en común.

  Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgarla aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren tal diferencia de edad con el adoptado reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que este puede ser hijo de los adoptantes o en casos excepcionales, y si no mediare oposición del Ministerio Público, a pesar de que uno de los dos cónyuges no fueren mayores de veinticinco años de edad o no completaren los cuatro años de matrimonio a que refiere el inciso anterior.

2) El viudo o viuda y los esposos divorciados siempre que medie la conformidad de ambos y cuando la guarda o tenencia del niño o del adolescente hubiera comenzado durante el matrimonio y se completara después de la disolución de este.

  No es obstáculo para la adopción plena la existencia de una previa adopción simple realizada por los mismos peticionantes.

CAPITULO XV

DE LA INVESTIGACION DE LA PARTERNIDAD O MATERNIIDAD

Artículo 192. (Emplazamiento).- En los casos previstos por el numeral 3) del artículo 191, el Instituto Nacional del Menor iniciará los procedimientos judiciales ante el Juez de Familia competente, para que emplace al padre o a la madre del niño o el adolescente con domicilio conocido.

  Si no se conociera el domicilio se le emplazará por edictos según lo establecido por el Código General del Proceso.

Artículo 194. (No comparecencia).- Si citado por segunda vez y bajo apercibimiento, el padre o la madre no comparece en autos, el Juez competente pondrá esta circunstancia en conocimiento del Ministerio Público quien podrá proponer dos o más personas idóneas para que entre ellos se elija el curador "ad litem" del menor, quién instaurará y proseguirá la acción.

  Las citaciones previstas en el inciso anterior serán con plazo de seis días.

Montevideo, 31 de agosto de 2000.

JORGE BARRERA
Representante por Montevideo
ALEJO FERNANDEZ CHAVES
Representante por Maldonado
GUSTAVO SILVEIRA
Representante por Cerro Largo
JOSE AMORIN BATLLE
Representante por Montevideo
ALEXIS GUYNOT DE BOISMENU
Representante por Montevideo
ALEJANDRO FALCO
Representante por Montevideo

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.