Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración
Carpeta Nº 59 de 2000
Anexo XII al
Repartido Nº 22
Setiembre de 2000

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

 

Texto de las enmiendas presentadas por los señores
Representantes Iván Posada, Pablo Mieres
y Ricardo Falero

 


TEXTO DE LAS ENMIENDAS

A) Se sugieren modificaciones al "Capítulo VIII - II Régimen Procesal", por cuanto del texto a consideración y de diversas observaciones que se le efectuaron al mismo entendemos necesario realizar ajustes de texto a efectos de lograr un proceso coherente, con plazos claros en su extensión y con todas las garantías del debido proceso.

  A efectos de lograr el objetivo propuesto se hace necesaria la inclusión de etapas no previstas originalmente (prueba ofrecida por la Defensa luego de la demanda fiscal) y acortamiento de otro plazo que resultaría excesivo (convocar la Audiencia Final dentro de siete días en lugar de quince días).

I) Se propone la Supresión del literal B) del numeral 4º) resolución de la audiencia preliminar y medidas cautelares del artículo 34.

Fundamentación: 

En consulta con integrantes de la Comisión Redactora se convino que la redacción actual de este literal llevaría a que no se respetaran todas las garantías del debido proceso. En efecto, cumpliendo todas las etapas previstas en el proceso como están establecidas actualmente, estas suman cincuenta y cinco días corridos, sin contar -lo cual no estaba previsto expresamente y será objeto de la otra enmienda- el plazo para diligenciar la prueba que la defensa podrá solicitar luego de la demanda fiscal (inciso final del numeral 8º) del artículo 34).

Por otra parte, que el Juez fije al finalizar la Audiencia Preliminar, para dentro de sesenta días, la Audiencia Final, supondría que en dicho plazo se concluyeran todas las etapas procesales que garanticen el debido proceso. Pero dado que en la redacción del proyecto no se advirtió que era necesario establecer un plazo para el supuesto que la Defensa ofrezca prueba y que la misma necesariamente debe recibirse en Audiencia, esto hace variar la duración del proceso y por tanto el momento para realizar la Audiencia Final.

Según nos explicaron los redactores del Código es la intención que el proceso tenga una duración limitada en el tiempo, y por tal motivo se había incluido esta previsión en dicho literal. Asimismo, en la consulta efectuada, se coincidió en que realizar la Audiencia Final a los treinta días si el Juez decretó medidas cautelares, también atenta contra las garantías del debido proceso, por cuanto no van a estar finalizadas todas las etapas preceptivas. En este sentido, se concluyó que debe eliminarse todo el literal B), estableciéndose el plazo máximo de duración del proceso en el numeral 10) del artículo 34, y que será objeto de otra enmienda.

II) Se sugiere la modificación del numeral 5º) del artículo 34, Medidas Cautelares, dentro de este del numeral 5) La internación provisoria, inciso primero:

"El arresto domiciliario y la internación provisoria no podrán durar más de sesenta días, salvo que la Defensa haya solicitado prueba luego de la demanda fiscal (inciso fina del numeral 8º) del artículo 34), en cuyo caso podrá prorrogarse por un plazo máximo de treinta días".

El resto del texto conserva su redacción actual.

Fundamentación:

En concordancia con lo establecido en la enmienda anterior debe ajustarse la redacción a los plazos que efectivamente puede insumir el proceso.

III) Se propone la modificación del inciso final del numeral 8º) del artículo 34, Formulación de demanda o sobreseimiento".

"Si el Ministerio Público solicitara el sobreseimiento, el Juez lo dictará sin más trámite. Si se dedujere demanda fiscal, se conferirá traslado a la Defensa por seis días, la que podrá ofrecer prueba y contradecir o allanarse. En caso de ofrecer prueba, la misma deberá recabarse en un plazo que no exceda los veinte días continuos y perentorios y se diligenciará en audiencia que deberá realizarse dentro de dicho plazo".

Fundamentación

Como se ha expresado, en consulta con los redactores, no se había incluido un plazo para recabar la prueba que pudiera ofrecer la Defensa, ni tampoco que la misma debe necesariamente recibirse en Audiencia, de acuerdo al principio general que informa este proceso. Por tanto, es necesario introducir esta modificación a efectos de contemplar esta etapa eventual.

IV) Se propone la sustitución del numeral 10) artículo 34 Audiencia Final, por el siguiente:

"10) Audiencia final. En el plazo máximo de noventa días deberá celebrarse la Audiencia Final. Deberán participar, bajo pena de nulidad, el Juez, el adolescente, su Defensor y el Ministerio Público. Será convocada dentro de los siete días de la contestación de la demanda fiscal, por la Defensa, salvo que esta última hubiera ofrecido prueba, en cuyo caso el plazo de siete días empezará a computarse luego de realizada la audiencia de prueba correspondiente.

Se podrán a disposición los informes técnicos recabados.

Se dará participación a los padres o responsables del adolescente y a la víctima, si lo solicitaren".

Fundamentación:

Con el primer agregado suplimos la eliminación del literal B) del numeral 4º) del artículo 34, fijándose el plazo máximo de duración del proceso, que como se señaló es la intención primordial de los redactores del Código. Por otra parte, la indeterminación de los plazos hace a la irregularidad en los procesos que se siguen contra adolescentes infractores, estableciendo expresamente la Convención de los Derechos del Niño, Ley Nº 16.137, la necesidad de que las medidas de privación de libertad aplicadas a los niños lo sean como último recurso, por el período más breve posible y que la causa sea dirimida sin demora y culmine con una pronta decisión (literales B) y D) del artículo 37, literal B), iii); del artículo 40; extremos estos que además están previstos en el propio Código en el artículo 32.

Se agrega expresamente la presencia del Juez, si bien de acuerdo al principio establecido en el artículo 66, el mismo debe necesariamente presidir todas las audiencias bajo pena de nulidad que compromete su responsabilidad funcional.

Se establece que el plazo a partir de cuando se convocará a esta audiencia variará si la Defensa ofrece prueba, puesto que será necesario establecer un plazo para diligenciarla y ser recibida en audiencia. Entendemos que el plazo de quince días es excesivo, puesto que ya se han cumplido las etapas de demanda fiscal y diligenciamiento de prueba, por lo que el mismo se establece en siete días -que se computan como hábiles de acuerdo al principio general correspondiente- tiempo suficiente para realizar las notificaciones necesarias.

En el inciso final, se agrega la posibilidad de que la víctima participe de la misma, si así lo solicitare, puesto que solo estaba prevista esta posibilidad para la audiencia preliminar.

B) Se proponen modificaciones al Capítulo IX - De las Comunicaciones Procesales.

V) Se propone modificar el numeral 3) del artículo 69:

"3º) Salvo los casos que indique el Juez, las notificaciones se practicarán en el domicilio de las partes".

Eliminar el inciso segundo.

Fundamentación:

El texto de este numeral esta basado en el artículo 84 del Código General del Proceso, que reza: "Salvo disposición expresa de la ley, las notificaciones se practicarán en la oficina", reproduciendo sí íntegramente el inciso segundo.

Por lo que aquí se cambia a "la ley" por "el Juez". Se nos plantea la duda de qué sucede con las notificaciones de las audiencias, puesto que si el Juez no dispone su notificación a domicilio, aplicando este artículo, la Defensa -no el Ministerio Público que está exceptuado por el inciso segundo- se notificaría fictamente en la Oficina. Ya la Defensoría de Oficio de Familia y Menores cuando concurriera a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara, había advertido esta desigualdad en el trato de los Defensores con respecto al Ministerio Público. Creemos que por tanto debe modificarse este inciso proponiendo esta redacción alternativa, sin perjuicio que podría establecerse expresamente que providencias deben ser necesariamente notificadas a domicilio, como se preceptúa en el artículo 87 del Código General del Proceso. No dejamos de tener presente que de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 de este Código de la Niñez y la Adolescencia, como régimen complementario es aplicable los artículos 76 a 90 del Código General del Proceso, por lo que haciendo la interpretación del texto a la luz de este principio, sí sería aplicable el artículo 87 del Código General del Proceso. Igualmente advertimos a la Comisión sobre este punto, debiendo en definitiva adoptarse un texto que no deje lugar a dudas de las notificaciones que preceptivamente deben realizarse a domicilio.

VI) Se propone el siguiente agregado al título del artículo 70 - (Notificación Ficta):

"70. (Notificación ficta en la oficina)".

Fundamentación:

Nuevamente este artículo está basado en el artículo 86 del Código General del Proceso, el cual se reproduce íntegro, salvo en el título donde se omitió "en la oficina". Esto que a primera vista pudiera suponer que no afecta el contenido del artículo, no es así, sino que debe necesariamente ponerse el aditivo propuesto a los efectos de mantener coherencia con la intención del contenido del artículo. Reiteramos las observaciones planteadas en la enmienda anterior en cuanto debe quedar claramente legislado que se debe notificar a domicilio y que puede ser notificado en la oficina.

C) Se proponen modificaciones al artículo 24 y Capítulo XI artículo 117.

VII) Se propone modificar el artículo 24. (Competencia de Urgencia):

"ARTICULO 24. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior de la República, que entiendan en materia de familia, competencia de urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata. Entendiéndose por tales, aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o del adolescente, o en lo casos previstos en el inciso segundo del artículo 117 del presente Código, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal".

Inciso segundo - igual texto.

Inciso tercero - igual texto.

Inciso cuarto - igual texto.

Inciso quinto - igual texto.

Fundamentación:

A efectos de que no queden dudas sobre quién es competente en los casos de acciones de niños menores de catorce años que no están alcanzados por el Capítulo de infracciones a la ley penal se propone esta modificación.

VIII) Se propone agregar un inciso segundo al artículo 117:

"ARTICULO 117. (Principio general).-

Inciso primero - igual texto.

  De igual forma se aplicarán a los niños que vulneren derechos de terceros".

Fundamentación:

Se reitera lo expresado en la fundamentación de la enmienda anterior.

IX) Se propone la sustitución del artículo 91 por el siguiente:

"ARTICULO 91.- Las prestaciones alimentarias serán servidas en dinero o en especie, o de ambas formas, en atención a las circunstancias de cada caso.

  Todas las prestaciones se servirán en forma periódica y anticipada.

  El obligado a prestar alimentos podrá exigir de la persona que administre la pensión alimenticia, rendición de cuentas sobre los gastos efectuados para los beneficiarios. A dichos efectos bastará que se presente por escrito ante el Juez Letrado de Familia que intervino en el proceso de alimentos, debiendo éste ordenar que el administrador, en un plazo de diez días, presente la rendición de cuentas documentada en lo pertinente, con indicación de lo percibido y de lo gastado en beneficio de los hijos acreedores.

  En caso que las pensiones a servir sean de escaso monto, el Juez apreciará si corresponde dar trámite a la solicitud de rendición de cuentas".

Fundamentación:

Se establece la facultad del obligado de exigir rendición de cuentas al administrador de la pensión servida, debiendo éste presentarla dentro de los diez días de notificado del auto del Juez de Familia que lo dispuso, y en forma documentada en lo pertinente, ya hay que gastos que no siempre se podrán documentar. Se hace la salvedad de que si, la pensión es de escaso monto, será el Juez quien determine si procede o no dicha petición.

X) Se propone la sustitución del artículo 108 por el siguiente:

"ARTICULO 108. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1º) Cuando el beneficiario cumpla los veintiún años, salvo que se tratare de personas con capacidad diferente, o los casos previstos en el artículo 102.

2º) Cuando el beneficiario deja de necesitarlos.

3º) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

4º) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

5º) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

  En el caso previsto en el numeral lº), cuando se trate de un beneficiario que cumpla veintiún años de edad, bastará que el alimentante se presente ante el Juez Letrado de Familia que intervino en la fijación de alimentos, solicitando el cese de la pensión, agregando la partida de nacimiento del beneficiario, y sustanciándose con traslado a la contraparte por el plazo de seis días (artículo 99 del Código General del Proceso). Si se dedujere oposición se tramitará por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

  Los restantes casos del numeral 1º) y de los numerales 2º) a 5º) tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso".

Fundamentación:

El numeral 1º) prevé tres casos: A) que el beneficiario cumplió los veintiún años de edad, B) que a pesar de cumplir esa edad es discapacitado, y C) que teniendo más de dieciocho años pero menos de veintiún años de edad disponga de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación -a contrario "sensu" del principio establecido en el artículo 102-. Por tanto en el primer y último caso corresponde decretar el cese de la pensión, y en el segundo mantenerla.

Consideramos necesario establecer un procedimiento abreviado cuando la causal de extinción de la obligación alimenticia está basada en que el beneficiario cumple los veintiún años de edad. En la práctica forense asistimos a casos en donde ha llegado a demorar más de un año el decreto del Juez cesando la pensión, por lo que el obligado debe seguirla pagando aún cuando ya se venció en exceso la obligación legal. Entendemos que no se justifica la realización de un procedimiento, aunque sea extraordinario, ya que lo único que el Juez debe constatar es que el beneficiario cumplió los veintiún años de edad, bastando que se sustancie con un traslado a la contraparte. Igualmente se prevé que en el caso de ser contradictorio sí se proceda al proceso extraordinario.

En caso que el beneficiario goce de medios suficientes para su sustentación, sí es necesario acudir a un proceso extraordinario puesto que dicha situación amerita la realización de audiencia y diligenciamiento de prueba, siendo también extensible para el caso que el beneficiario sea discapacitado, donde también se acudirá al proceso extraordinario previsto en el Código General del Proceso.

XI) Se propone agregar un inciso final al artículo 109:

"ARTICULO 109 (Inciso final).- "El Juez de Familia deberá requerir al Juez Penal las resultancias de las actuaciones llevadas a cabo por éste".

Fundamentación:

La práctica forense nos demuestra que no siempre se lleva a cabo el procesamiento por el delito previsto en el artículo 279 A del Código Penal. Creemos que de acuerdo a los principios inspiradores del presente Código, en especial el interés superior del niño, el Juez de Familia debe necesariamente interiorizarse de las resultancias llevadas a cabo por el Juez Penal y de si efectivamente se dio trámite a la comunicación elevada.

Montevideo, 30 de agosto de 2000.

IVAN POSADA
Representante por Montevideo
PABLO MIERES
Representante por Florida
RICARDO FALERO
Representante por Flores

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.