Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

Carpeta Nº 59 de 2000
Anexo IX al
Repartido Nº 22
Setiembre de 2000

 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

 

Texto de las enmiendas presentadas por los señores
Representantes Juan Máspoli Bianchi, Jorge Barrera
y Alejo Fernández Chaves

 


TEXTO DE LAS ENMIENDAS

Artículo 1º. (Ambito de aplicación).- El Código de la Niñez y la Adolescencia es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad.

Artículo 7º. (Concurrencia para la efectividad y la protección de los derechos de los niños y los adolescentes).-

1) La efectividad y protección de los derechos de los niños y los adolescentes es corresponsabilidad, en primer lugar, de los padres o tutores, así como también de la familia, la comunidad y el Estado.

2) El Estado deberá actuar en las tareas de orientación y fijación de las políticas generales aplicables a las distintas áreas vinculadas a la niñez y la adolescencia y a la familia, coordinando las actividades públicas y privadas que se cumplen en tales áreas.

3) En casos de insuficiencia, defecto o imposibilidad de los padres y demás obligados, el Estado deberá actuar preceptivamente, desarrollando todas las actividades integrativas, complementarias o supletivas que sean necesarias para garantizar adecuadamente el goce y ejercicio de los derechos de los niños y los adolescentes.

Artículo 17. (De los deberes de los niños y adolescentes).- Todo niño y adolescente tiene el deber de mantener una actitud de respeto en la vida de relación familiar, educativa y social, así como de emplear sus energías físicas e intelectuales en la adquisición de conocimientos y desarrollo de sus habilidades y aptitudes. Especialmente deberán:

A) Respetar y obedecer a sus padres o responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o contravengan las leyes.

B) Cuidar, en la medida de sus posibilidades, a sus ascendientes en su enfermedad y ancianidad.

C) Respetar los derechos, ideas y creencias de los demás.

D) Respetar el orden jurídico.

E) Conservar el medio ambiente.

F) Prestar, en la medida de sus posibilidades, el servicio social o ayuda comunitaria, cuando las circunstancias así lo exijan.

G) Cuidar y respetar su vida y su salud.

Artículo 24. (Competencia de urgencia).- La Suprema Corte de Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior de la República, competencia de urgencia, para atender en forma permanente todos los asuntos que requieran intervención inmediata, sin perjuicio cuando fuere necesario, del uso de las facultades que otorga a los Jueces de Paz del interior el artículo 379 de la Ley Nº 16.320, de 1º de noviembre.

  Se entenderá por asuntos que requieran intervención inmediata, todos aquellos en que exista riesgo de lesión o frustración de un derecho del niño o del adolescente, con excepción de las infracciones de adolescentes a la ley penal.

  Tomadas las primeras medidas en salvaguarda de los derechos, los derivarán al Juzgado que corresponda. La Suprema Corte de Justicia propenderá a que los Juzgados cuenten con la asistencia permanente de asistente social, psicólogo y psiquiatra del Poder Judicial u otros profesionales de dicho Poder, cuyo asesoramiento podrá serles requerido por el Juez.

  La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo.

  Asimismo, se establecerá un régimen de turnos para asegurar la presencia del Ministerio Público y Fiscal.

Artículo 49. (Duración de las medidas de privación de libertad).- La medida de privación de libertad tendrá una duración máxima de cinco años.

  En ningún caso el adolescente que al llegar a los dieciocho años permanece sujeto a medidas, cumplirá lo que le resta en establecimientos destinados a los adultos.

  En situaciones de peligrosidad manifiesta, se adoptarán las medidas que fueren compatibles con la seguridad de la población y los intentos para recuperar al infractor.

Artículo 86. (Facultades del Juez de Familia).- En caso de no existir acuerdo de los padres, el Juez resolverá, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:

A) El hijo deberá permanecer con el padre o la madre con quien convivió voluntariamente el mayor tiempo, siempre que lo favorezca.

 B) Preferir a la madre cuando el niño sea menor de dos años, siempre que no sea perjudicial para él.

C) Bajo su más seria responsabilidad funcional, el Juez siempre deberá oír y tener en cuenta la opinión del niño o del adolescente.

Artículo 100. (De la vigencia de la prestación alimentaria).- La prestación alimentaria se debe desde la interposición de la demanda. Igual criterio se seguirá en el supuesto de aumento de la prestación.

  Tratándose de reducción de alimentos, la sentencia surtirá efecto desde que quede ejecutoriada, salvo que el Juez apreciando circunstancias del caso disponga que se aplique desde la interposición de la demanda.

  La convenida extrajudicialmente, se debe desde la fecha pactada.

Artículo 108. (Extinción de la obligación alimentaria).- La obligación de alimentos se extingue y su cese debe ser judicialmente decretado en los siguientes casos:

1) En las situaciones previstas en el artículo 102 del presente Código.

2) Cuando el beneficiario deja de necesitarlos.

3) Cuando el deudor se halla en imposibilidad de servirlos.

4) Cuando fallece el alimentante, sin perjuicio de la asignación forzosa que grava la masa de la herencia.

5) Cuando fallece el alimentario, en cuyo caso la obligación se extiende a los gastos funerarios, siempre que no puedan cubrirse de otra manera.

  Se tramitarán por el procedimiento establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 118. (Primeras diligencias).- El Juez que tiene conocimiento, por cualquier medio, que un niño o un adolescente se encuentra en la situación prevista en el artículo anterior, tomará las más urgentes e imprescindibles medidas, debiéndose proceder a continuación conforme lo estatuye el artículo 321 del Código General del Proceso.

  Salvo imposibilidad, tomará declaración al niño o al adolescente, en presencia del Defensor que se le proveerá en el acto y de sus padres o responsables, si los tuviere, y recabará los informes técnicos correspondientes.

  El Ministerio Público deberá ser oído preceptivamente, quien intervendrá en favor del efectivo respeto a los derechos y garantías, reconocidos a los niños y los adolescentes, debiéndose pronunciar en el plazo de tres días.

Artículo 133. (Adoptantes).-

1) La adopción se permite a toda persona mayor de veinticinco años, cualquiera sea su estado civil, y siempre que tenga por lo menos quince años más que el adoptado y hubiera tenido al niño o al adolescente a su cargo por el mínimo de un año.

2) El tutor no puede adoptar al niño o al adolescente hasta que hayan sido aprobadas judicialmente las cuentas del cargo.

3) Nadie puede ser adoptado por más de una persona, a no ser por dos cónyuges que tengan por lo menos un año de matrimonio y que hubieran tenido al niño o al adolescente a su cargo por el mismo tiempo.

  Si no se computara el año de matrimonio, pero hubiera existido durante dicho lapso un concubinato estable que culminó en matrimonio, se incluirá a los efectos de la tenencia, el período de la unión libre.

  Por motivo fundado y expreso, el Tribunal podrá otorgar la adopción aun cuando alguno de los cónyuges o ambos no alcanzaren la diferencia de edad con el adoptado, reduciéndola hasta un límite que admita razonablemente que éste puede ser hijo de los adoptantes, a juicio del Instituto Nacional del Menor.

  Ninguno de los cónyuges puede adoptar sin el consentimiento expreso del otro, salvo que estuviere impedido de manifestar su voluntad o que exista sentencia de separación de cuerpos.

4) Se permitirá la adopción por parte del padrastro o madrastra del hijo legítimo o natural reconocido del otro cónyuge.

5) Realizada la adopción, la separación o divorcio ulterior de los cónyuges no los exime de sus obligaciones para con el adoptado menor de edad.

Artículo 134. (Adoptados).-

1) Puede ser adoptado todo niño o adolescente, cuyo consentimiento será recabado conforme a las normas establecidas en el presente Código.

2) Cuando el adoptado sea demente o sordomudo que no pueda darse a entender por escrito, prestarán el consentimiento sus representantes legales.

3) Si se trata de un niño o un adolescente sometido a patria potestad, será necesario el consentimiento de quien o quienes se encuentren en su ejercicio. También se podrá realizar con intervención de escribano público.

  El consentimiento para la adopción será prestado ante el Juez Letrado de Familia del domicilio de los adoptantes, compareciendo personalmente ante aquél.

  Los padres que consienten en la adopción perderán la patria potestad sobre el niño o el adolescente, la que pasará al adoptante.

  El procedimiento se regirá por lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 136. (Revocación).-

1) La adopción podrá revocarse por motivos graves. La misma podrá solicitarse tanto por el adoptante como por el adoptado o quien lo represente, o el Ministerio Público ante el Juez de Familia correspondiente.

2) La revocación hará cesar para el futuro los efectos de la adopción, lo que se comunicará a la Dirección General del Registro de Estado Civil a los efectos pertinentes.

  3) Se procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 137. (Procedimiento).-

1) Las pretensiones de adopción, así como todas las reclamaciones relacionadas con las mismas, se tramitarán ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante mediante el proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso) con intervención preceptiva del Ministerio Público.

2) Los interesados a que refiere el artículo 403.2 del Código General del Proceso son los padres y abuelos del niño o adolescente, los que serán citados personalmente o por edictos si no se conociera su domicilio.

  En caso de oposición por parte de uno de los mencionados, el proceso será contencioso aplicándose las normas del Código General del Proceso correspondientes al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

  Previo al pronunciamiento, admitiendo o denegando la adopción el Juzgado interviniente deberá solicitar al Instituto Nacional del Menor, una evaluación sobre las condiciones personales del o los adoptantes, su estabilidad familiar y las demás circunstancias que permitan fundamentar su criterio, para aconsejar la conveniencia o no de la adopción en el caso.

  La sentencia que admite la adopción será comunicada a la Dirección General del Registro de Estado Civil, Intendencia Municipal correspondiente y Dirección Nacional de Identificación Civil, a efectos de la anotación pertinente en la partida del niño o del adolescente.

  En todos los casos, se deberá tener en cuenta la opinión del niño o del adolescente adoptado.

Artículo 142. (Procedimiento).-

1) La adopción plena deberá ser promovida ante el Juzgado Letrado de Familia del domicilio del adoptante.

  Se seguirá el procedimiento voluntario previsto en los artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso.

2) En caso de oposición a la adopción plena el proceso será contencioso. Se aplicarán las normas del Código General del Proceso referidas al proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes).

  El Juez diligenciará las pruebas ofrecidas y las que juzgue convenientes interrogando a los peticionantes y al niño o al adolescente en su caso.

3) La tramitación será reservada en cuanto a terceros, no así respecto al niño o al adolescente interesado quien tendrá derecho a acceder al expediente y a sus antecedentes cuando tuviere doce años de edad o más.

4) Previamente al dictado de la sentencia, si a juicio del Juez de la causa, la prueba diligenciada durante el proceso no fuere suficiente podrá solicitar al Instituto Nacional del Menor su opinión sobre las condiciones personales de los adoptantes, su estabilidad familiar y toda otra circunstancia que permita fundar su criterio para aconsejar la conveniencia de la adopción plena en el caso.

  Será oído asimismo preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 167. (Competencia).- Serán competentes para entender en las infracciones previstas en el artículo anterior, los Jueces Letrados de Familia de la capital y en el interior del país, los que la Suprema Corte de Justicia determine según su superintendencia constitucional, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto en el Código General del Proceso. Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 182. (Competencia).- Serán competentes, para entender en la aplicación de las infracciones, los Jueces Letrados de Familia en Montevideo, y los Jueces con competencia penal en el interior del país, quienes actuarán siguiendo el procedimiento extraordinario previsto por el Código General del Proceso.

  Será oído preceptivamente el Ministerio Público.

Artículo 183. (Recurribilidad).- La sentencia podrá ser apelada ante el Tribunal de Apelaciones respectivo, cuya decisión hará cosa juzgada.

Artículo 186. (Autorizaciones).- Los niños y los adolescentes que viajen solos o en compañía de terceros, fuera del país, necesitan el consentimiento de ambos padres, o del representante legal y a falta de éste, del Juez de Familia.

  En caso de separación o divorcio, se requerirá la autorización de ambos padres. Si se planteara conflicto para el consentimiento, lo resolverá el Juez Letrado de Familia, quien fijará la duración de la estadía.

  Se seguirán los trámites del proceso incidental según lo dispone el Código General del Proceso, oyéndose preceptivamente al Ministerio Público.

  No tendrá efecto suspensivo la apelación contra la sentencia de primera instancia que decretó la autorización para viajar.

      Artículo 187. (Adoptados).- Los niños y los adolescentes adoptados por matrimonios extranjeros en régimen de adopción simple, necesitan la autorización del Juez Letrado de Familia, aun cuando viajen con sus padres, la que se tramitará según las normas del proceso voluntario (artículos 402 y siguientes del Código General del Proceso.

Montevideo, 29 de agosto de 2000.

JUAN MASPOLI BIANCHI
Representante por Flores
JORGE BARRERA
Representante por Montevideo
ALEJO FERNANDEZ CHAVES
Representante por Maldonado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.