Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, integrada con la de Defensa Nacional
Carpeta Nº 328 de 2000
Repartido Nº 200
Junio de 2000

 

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

 

C r e a c i ó n


 

Artículo 1º. (De la creación).- Créase la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONTEL), como órgano regulador de las telecomunicaciones.

Funcionará con personería jurídica capaz de todos los derechos y obligaciones que establece la presente ley y demás leyes de la nación.

Actuará con autonomía funcional e independencia técnica.

Su domicilio legal y principal asiento será en la ciudad de Montevideo, sin perjuicio de las agencias que se instalen.

Artículo 2º. (De la definición).- Conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley Nº 16.211, de 1º de octubre de 1991, defínase como telecomunicaciones a toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Artículo 3º. (De la dirección).- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones dependerá directamente de la Presidencia de la República y tendrá la misma posición institucional que la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Será dirigida y administrada por un Directorio de tres miembros designados por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores, otorgada sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a tres quintos de los componentes; debiéndose determinar en la designación la persona del Presidente, del Vicepresidente y del Vocal. Sus integrantes deberán ser profesionales universitarios con experiencia en materia de telecomunicaciones, en el ámbito público o privado, nacional o internacional.

Durarán seis años en sus funciones, renovándose por terceras partes cada dos años, salvo al cumplirse los primeros seis años en cuyo momento se renovará en primer término el Vocal; al año siguiente el Vicepresidente y al siguiente el Presidente. El Directorio podrá sesionar con dos de sus miembros. No podrán ser removidos mientras duren sus cometidos, salvo por ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio del organismo y previa venia de la Cámara de Senadores.

Sus integrantes tendrán una remuneración similar a la de Ministro de Estado.

Los Directores de la CONTEL no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo hasta transcurrido un período de Gobierno desde su cese, siendo de aplicación para el caso lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 201 de la Constitución de la República.

Artículo 4º. (Del relacionamiento).- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones se comunicará directamente con los Ministerios y organismos públicos.

Artículo 5º. (De la representación).- La representación del Organismo en los contratos que realice, será ejercida por el Presidente y otro miembro.

El Vicepresidente sustituirá al Presidente en los casos de ausencia por enfermedad, licencia o cualesquiera otra circunstancia.

Artículo 6º. (De los cometidos y funciones).- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tendrá por cometidos y funciones los que la presente ley le atribuye, pudiendo realizar todos los actos y gestiones necesarias para el cumplimiento de la misma.

Compete a CONTEL:

A) Asesorar al Poder Ejecutivo en la fijación de la política nacional en materia de telecomunicaciones, pudiendo el Poder Ejecutivo delegar esta atribución en CONTEL.

B) Otorgar autorizaciones para la instalación de nuevos servicios de telecomunicaciones, sea con fines comerciales o para uso propio y control de los mismos.

C) Elaborar los pliegos que regirán las licitaciones públicas para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya sea a través de licencias, concesiones o autorizaciones, así como establecer en cada caso el canon correspondiente.

D) Autorización y control de precios o tarifas de servicios de telecomunicaciones prestadas por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) o por otros prestadores, pudiendo establecer precios o tarifas máximas y autorizar genéricamente todas aquellas inferiores. Las tarifas se fijarán en función del costo de los servicios, porcentaje de depreciaciones del activo fijo, fondo para renovación y margen de utilidad.

E) Mantener relaciones con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con las autoridades regulatorias de los demás países.

F) Formulación de normas para el control técnico, fijación de reglas y patrones industriales, interoperabilidad de redes, así como el correcto y seguro funcionamiento de los equipos que se conecten a los mismos.

G) Homologación de equipos para la conexión a las redes de telecomunicaciones.

H) Control del cumplimiento de las reglas y patrones que establezca.

I) Autorizaciones para la explotación de servicios de telecomunicaciones por parte de personas o empresas privadas y contralor de las mismas.

J) Administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional.

K) Ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones radioeléctricas y de televisión cualesquiera fuere su modalidad.

L) Otorgar autorizaciones precarias para el funcionamiento de agencias noticiosas.

M) Otorgar autorizaciones para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas incluyendo emisoras de radiodifusión.

N) Aprobación de convenios con entidades extranjeras relativas al establecimiento de telecomunicaciones sin necesidad de autorizaciones previas o aprobaciones posteriores.

O) Actuar como órgano de ejecución de la política nacional de comunicaciones.

P) Controlar la instalación y funcionamiento de los servicios que autorice.

Q) Protección del consumidor y analizar sus reclamaciones.

R) Resolución de controversias incluyendo las que se generen por las tarifas de conexión a la red pública, que no podrá exceder de costo, más un razonable margen de ganancia a juicio de CONTEL.

S) Regular el número y calidad de proveedores.

T) Fomentar innovación técnica y desarrollo de productos de telecomunicaciones.

U) Fijar reglas para evitar subsidios cruzados desleales e impedir las prácticas contrarias a la competencia en los servicios librados a la misma.

V) Requerir a los titulares de autorizaciones para prestar servicios de comunicaciones que cuenten con auditorías externas independientes, respecto de todos los aspectos (técnicos, económicos, comerciales, financieros, etc.)

W) Control de calidad, regularidad y alcance de todos los servicios de telecomunicaciones.

X) Otorgar autorizaciones para la prestación del servicio de televisión para abonados.

CONTEL tendrá los poderes necesarios para el cumplimiento de sus cometidos y dictará los reglamentos necesarios para asegurar su funcionamiento y el cumplimiento de sus cometidos.

Podrá aplicar sanciones por incumplimiento a las normas legales o reglamentarias que pueden llegar a la revocación de las autorizaciones para prestar servicios de comunicaciones o la aplicación de sanciones.

Artículo 7º. (Principio General).- En el ejercicio de las atribuciones que se le confieren por la presente ley, será responsabilidad de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sin perjuicio de las competencias que se otorguen a otros organismos en la materia, velar por el cumplimiento del principio general por cuya virtud "todo contrato se celebrará mediante el procedimiento de la licitación pública, cuando del mismo se deriven gastos de funcionamiento o de inversión o salidas para el Estado, y por remate o licitación pública cuando se deriven entradas o recursos" (artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera).

Artículo 8º. (De los recursos).- Sus fuentes de recursos serán los legados, donaciones y las contribuciones de cualquier orden que reciba, así como los importes del canon que deberán abonar los autorizados a prestar servicios de telecomunicaciones incluyendo servicios de radiodifusión y televisión para abonados. La Administración Nacional de Telecomunicaciones no está exonerada del pago por las frecuencias que utilice y en consecuencia deberá pagar las tarifas correspondientes.

La autoridad reguladora tendrá amplias facultades de control respecto de los titulares de autorizaciones, que abarcará libros y toda documentación en cualquier soporte, tendiente a verificar la corrección de las liquidaciones y pagos del canon.

Artículo 9º. (Del patrimonio).- Se incorporan como patrimonio original del organismo, los bienes inmuebles, muebles y derechos afectados a la Dirección Nacional de Comunicaciones.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones tomará a su cargo todas las deudas y obligaciones contraídas por la Dirección Nacional de Comunicaciones, así como sus servicios, recibiendo los fondos o recursos afectados a los mismos.

Artículo 10. (Del personal).- La Comisión Nacional de Telecomunicaciones se integrará con el personal de la Dirección Nacional de Comunicaciones, sin perjuicio de satisfacer sus necesidades con funcionarios públicos excedentes en otras reparticiones estatales que resulten redistribuidos. Su estatuto será ajustado a las soluciones que en definitiva someta a consideración del Poder Ejecutivo.

Artículo 11. (Del presupuesto).- Facúltase a la Contaduría General de la Nación para transferir a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, los créditos presupuestales que pertenecían a la Dirección Nacional de Comunicaciones, así como los que se considere necesarios, dando cuenta a la Asamblea General y al Tribunal de Cuentas. Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto para este organismo, regirá el de la mencionada Dirección, pudiendo utilizar los recursos extrapresupuestales de este órgano para el mejor cumplimiento de sus cometidos.

Artículo 12. (De las normas reguladoras de los cometidos de la Dirección Nacional de Comunicaciones).- La autoridad regulatoria ejercerá todos los cometidos que las distintas leyes, decretos y resoluciones establecieron de cargo de la Dirección Nacional de Comunicaciones, pudiendo ejercer todas las facultades determinadas en los mismos, por lo que toda remisión efectuada en dicha normativa a la DNC, deberá entenderse efectuada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que también tendrá las facultades en dichas normas establecidas para el Poder Ejecutivo.

Artículo 13. (Del reglamento).- El Poder Ejecutivo dictará el Reglamento orgánico-funcional del organismo. A tal efecto, el Directorio formulará el proyecto correspondiente.

Artículo 14. (Derogaciones).- Derógase el Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Montevideo, 13 de junio de 2000.

FRANCISCO GALLINAL
Representante por Lavalleja
FERNANDO ARAUJO
Representante por Rivera
BEATRIZ ARGIMON
Representante por Montevideo
RUBEN ARISMENDI
Representante por Treinta y Tres
ROBERTO ARRARTE FERNANDEZ
Representante por Rocha
CARLOS BENTANCOR
Representante por Canelones
RICARDO BEROIS QUINTEROS
Representante por Flores
GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante por Montevideo
JULIO CARDOZO FERREIRA
Representante por Tacuarembó
JORGE CHAPPER
Representante por San José
SEBASTIAN DA SILVA
Representante por Montevideo
WALDEMAR FERNANDEZ
Representante por Colonia
SCHUBERT GAMBETTA
Representante por Canelones
ANTONIO LOPEZ
Representante por Florida
LUIS M. LEGLISE
Representante por Salto
GUSTAVO PENADES
Representante por Montevideo
ALBERTO PERDOMO
Representante por Canelones
MARIA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI
Representante por Cerro Largo
AMBROSIO RODRIGUEZ
Representante por Maldonado
JULIO C. SILVEIRA
Representante por Artigas
JAIME MARIO TROBO
Representante por Montevideo
CARMELO VIDALIN
Representante por Durazno

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el mundo actual, nadie desconoce el papel trascendente de las telecomunicaciones tanto en el ámbito cultural, como industrial, productivo, económico, etc., constituyendo una fuerza dinámica y potenciadora en el desarrollo de los pueblos.

Los avances tecnológicos nos sorprenden día a día por su velocidad y profundidad. La digitalización, la incorporación de mayores anchos de banda, el uso de tecnologías inalámbricas, la informática, internet, los servicios IP, nos impactan agregando una dinámica avasallante que nos llevan rápidamente a servicios multimedia interactivos que permiten acceder a datos, textos, gráficos, voz e imágenes.

La mayoría de los países de América han sentido la necesidad de contar con entes reguladores y entre los años 1990 y 1998 se produce la creación de la mayoría de ellos, generalmente por ley, creándose en otros países por vía de decreto.

La experiencia internacional demuestra la necesidad de que el órgano regulador de las telecomunicaciones tenga autonomía funcional e independencia técnica y se ubique en la máxima posición institucional posible.

El Libro Azul de las Américas, producto del esfuerzo conjunto de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones de la Organización de Estados Americanos, destaca la importancia de la independencia del organismo regulador y menciona determinadas características que pueden reforzar la independencia, entre las cuales señala la autonomía y suficiencia presupuestaria; los funcionarios de alto nivel nombrados por un período fijo que sólo pueden ser removidos antes de su finalización en caso de faltas o delitos graves; normas relativas al nombramiento y a la conducta de los altos funcionarios y personal clave, que pongan de relieve la independencia financiera con respecto a entidades sometidas a la jurisdicción de la autoridad reglamentadora y promueva la selección de personas con los conocimientos y la experiencia apropiados.

Refiriéndose a las funciones que suelen atribuirse al órgano regulador, señala, entre otras, la de clasificar los diversos servicios y facilidades a efectos de concesión de licencias y reglamentación; fijar criterios y procedimientos para la concesión, renovación, duración y revocación de licencias; atribuir y asignar frecuencias radioeléctricas; resolver controversias; imponer sanciones; facilitar la introducción de nuevas tecnologías y servicios; representar al país en negociaciones y consultas internacionales sobre temas de telecomunicaciones; etc.

La protección del consumidor debe ser también una de las importantes funciones del organismo regulador; asegurando una tarifa justa, evitando el abuso del poder monopólico; asegurando un control eficiente de los recursos lo cual se reflejará en las tarifas; realizando una planificación adecuada, estableciendo objetivos y metas que la empresa o empresas operadoras deben cumplir; recibiendo y resolviendo las quejas o planteamientos de los consumidores; perseguir el objetivo del servicio "universal" y asegurar la continuidad y calidad del servicio.

Situación actual en nuestro país

Si analizamos la normativa de las telecomunicaciones en nuestro país, nos encontramos con el siguiente panorama:

1º) Que de acuerdo al Decreto-Ley Nº 14.235, de 25 de julio de 1974, el servicio descentralizado Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) tiene el monopolio de los servicios de telecomunicaciones urbanas y de larga distancia, nacionales e internacionales; otorgándosele asimismo la intervención previa, prestación y control de toda actividad vinculada a las telecomunicaciones; así como el cometido de controlar las empresas autorizadas para explotar servicios de telecomunicaciones y de negociar convenios de interconexión con entidades extranjeras corresponsales internacionales.

2º) Que conforme al Decreto-Ley Nº 15.671, de 8 de noviembre de 1984, la Dirección Nacional de Comunicaciones (organismo desconcentrado del Ministerio de Defensa Nacional) tiene la competencia para administrar, defender y controlar el espectro radioeléctrico nacional; ejercer la supervisión técnica y operativa de las emisiones radioeléctricas y de televisión por cable; otorgar autorizaciones para el funcionamiento de agencias noticiosas, para la instalación y operación de estaciones radioeléctricas excepto emisoras de radiodifusión, las que requieren autorización del Poder Ejecutivo.

3º) Que no están separadas las funciones de operación y regulación, lo que ha determinado que ANTEL sea operador y al mismo tiempo ejerza funciones de contralor; no existiendo una clara delimitación de competencias lo que ha dado lugar a conflictos interpretativos en cuanto a las competencias de ANTEL y de la Dirección Nacional de Comunicaciones, fundamentalmente en lo que refiere al alcance del monopolio de ANTEL.

4º) Que esta situación se ve agravada por la utilización de terminología excesivamente genérica, que ha determinado distintas interpretaciones.

5º) Que ANTEL presta en exclusividad los servicios públicos conmutados, la telefonía local y de larga distancia nacional e internacional, la telegrafía y telex.

6º) Que ANTEL ha otorgado autorizaciones para la prestación en competencia de servicios de valor agregado; como los servicios de información de voz en telefonía (los llamados servicios 0900), otorgándoles acceso a la red y servicio de facturación percibiendo un porcentaje de la recaudación.

7º) Que el servicio de trasmisión de datos y acceso a internet se presta en competencia por ANTEL y empresas privadas a las que el Poder Ejecutivo les ha otorgado autorización.

8º) Que la telefonía móvil celular, se presta y opera directamente por ANTEL en la Banda A con alcance nacional en tanto que en la Banda B se presta formalmente por ANTEL mediante un contrato de arrendamiento en el cual el operador es una empresa privada.

9º) Que el servicio de radio búsqueda de personas se presta en régimen de competencia al igual que el servicio de radiolocalización vehicular.

10º) Que la radiodifusión y la televisión para abonados se explotan por empresas privadas sin perjuicio de la radiodifusión prestada por el organismo estatal SODRE.

11º) Que no existe una ley específica de telecomunicaciones.

Al proponer el proyecto de ley que sometemos a la aprobación del Cuerpo, hemos considerado, entre otros, los siguientes aspectos:

A) Que el Estado debe asumir su papel de regulador, teniendo la regulación una gran importancia como instrumento de cambio y de modernización, teniendo en cuenta la globalización, la convergencia, la universalización de los servicios incluyendo no sólo la telefonía fija sino también la móvil, internet, etc.

B) Que la universalización requiere entre otros factores, la existencia de tarifas más bajas para permitir un mayor acceso de la población a los medios de comunicación.

C) Que los adelantos tecnológicos de las telecomunicaciones son tan importantes y profundas, que el monopolio del que goza ANTEL se va desdibujando en los hechos, ganando terreno la telefonía en internet, permitiendo además de voz, imágenes fijas y video.

D) Que el organismo regulador debe tener independencia técnica y funcional, debe estar dirigido por personas con experiencia técnica (preferentemente profesionales en las ramas de la ingeniería, ciencias económicas y derecho para estar en mejores condiciones de supervisar directamente las áreas técnica, económico-financiera y legal), y tener entre otras características autonomía financiera, autoridad para controlar, aplicar multas, cancelar permisos, defender a los usuarios, resolver controversias, regular el número y calidad de proveedores, establecer niveles de calidad, regular la interconexión.

E) Que sus integrantes no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo, hasta transcurrido un período de Gobierno desde su cese; que su sustitución no coincida con el cambio de Gobierno y se realice no en forma simultánea y total, sino por terceras partes cada dos años. Se intenta con esta propuesta asegurar una continuidad en la dirección, evitando el cambio total de todos los miembros en forma simultánea.

F) Que la función regulatoria debe estar claramente separada de la operacional y el regulador nunca debe ser operador; en pocas palabras ANTEL no puede ser, a la vez, operador y regulador.

G) Que la regulación debe comprender todos los servicios incluyendo los servicios de radiodifusión y de televisión para abonados.

H) Que la actual Dirección Nacional de Comunicaciones no tendría razón de existir, por cuanto todas sus atribuciones pasarán a CONTEL, que se integrará con los funcionarios de aquella y asumirá tanto el activo como el pasivo del citado organismo desconcentrado.

I) Que el Decreto 718/991, de 30 de diciembre de 1991, que creó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones compuesta de tres miembros que nunca ha funcionado ya que tampoco se designaron sus integrantes, contiene buenas disposiciones que se considera conveniente adoptar.

J) Que se propondrá un organismo regulador independiente, en directa dependencia de la Presidencia de la República y con el mismo rango jerárquico que la Oficina Nacional del Servicio Civil.

Montevideo, 13 de junio de 2000.

 

FRANCISCO GALLINAL
Representante por Lavalleja
FERNANDO ARAUJO
Representante por Rivera
BEATRIZ ARGIMON
Representante por Montevideo
RUBEN ARISMENDI
Representante por Treinta y Tres
ROBERTO ARRARTE FERNANDEZ
Representante por Rocha
CARLOS BENTANCOR
Representante por Canelones
RICARDO BEROIS QUINTEROS
Representante por Flores
GUSTAVO BORSARI BRENNA
Representante por Montevideo
JULIO CARDOZO FERREIRA
Representante por Tacuarembó
JORGE CHAPPER
Representante por San José
SEBASTIAN DA SILVA
Representante por Montevideo
WALDEMAR FERNANDEZ
Representante por Colonia
SCHUBERT GAMBETTA
Representante por Canelones
ANTONIO LOPEZ
Representante por Florida
LUIS M. LEGLISE
Representante por Salto
GUSTAVO PENADES
Representante por Montevideo
ALBERTO PERDOMO
Representante por Canelones
MARIA ALEJANDRA RIVERO SARALEGUI
Representante por Cerro Largo
AMBROSIO RODRIGUEZ
Representante por Maldonado
JULIO C. SILVEIRA
Representante por Artigas
JAIME MARIO TROBO
Representante por Montevideo
CARMELO VIDALIN
Representante por Durazno

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