Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay
Comisión de Constitución, Códigos,
Legislación General y Administración

Carpeta Nº 223 de 2000
Repartido Nº 139
Mayo de 2000

 

UNION CONCUBINARIA

 

R e g u l a c i ó n


 

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º. (Configuración).- Se denomina unión concubinaria a la situación de hecho determinada por la convivencia de dos personas de distinto sexo, no unidas por vínculo matrimonial, cuando reúna los siguientes requisitos:

A) No resulte alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 91 del Código Civil.

La pareja se haya tratado como si estuviera unida en matrimonio en sus relaciones domésticas y sociales, por un lapso mínimo de cinco años. Si de la unión nacieren hijos, el lapso mínimo de la unión será de tres años.

- I -

DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 2º. (Norma general).- Los concubinos se deben respeto y asistencia recíproca. Asimismo, poseen la obligación de contribuir a los gastos del hogar y la de mantener y educar a sus hijos.

Artículo 3º. (Legitimación para demandar daños y perjuicios).- Cualquiera de los concubinos está legitimado para demandar indemnización contra quien les ocasione daños y perjuicios.

Artículo 4º. (Régimen patrimonial).- Los concubinos podrán pactar, en cualquier momento, el régimen patrimonial al que deseen someter la unión concubinaria.

Dicho convenio deberá reducirse a escritura pública e inscribirse en el Registro Nacional de Actos Personales.

Artículo 5º. (Régimen supletorio).- En ausencia del pacto referido en el artículo 4º de la presente ley, si durante la vigencia de la unión concubinaria se contrajeren deudas o se adquirieren bienes muebles o inmuebles a título oneroso cuyo titular fuere sólo uno de los concubinos, a los efectos de la relación interna, serán considerados fruto del trabajo y la colaboración común y la participación de ambos en unas y otros será igualitaria. (Artículo 1308 del Código Civil).

Artículo 6º. (Régimen sucesorio).- Agrégase al artículo 1026 del Código Civil, los siguientes incisos:

"Si sobrevivieren al causante cónyuge y concubina o concubino que obtenga la declaratoria de reconocimiento judicial de la unión concubinaria, la porción asignada al cónyuge en el presente artículo se dividirá por mitades entre ambos.

Si no sobreviviere cónyuge al causante, la porción asignada al cónyuge en el presente artículo corresponderá a su concubina o concubino si lo tuviere, siempre que obtenga la declaratoria de reconocimiento judicial de la unión concubinaria".

Artículo 7º. (Obligación alimentaria).- En caso de disolución de la unión concubinaria, ambos concubinos tienen la obligación recíproca servir una pensión alimenticia destinada a la congrua sustentación de aquel que no pueda conservar la posición que tenía durante la unión concubinaria, cuyo monto se determinará de acuerdo a las necesidades del requirente y las posibilidades del requerido. Esta obligación cesará en caso de que alguno de los concubinos contraiga nupcias o constituya unión concubinaria.

El concubino o concubina que haya tenido participación en delito contra la persona del otro, no tendrá derecho a esta pensión alimenticia.

Artículo 8º. (Cesión legal del arriendo).- Sustitúyese el actual texto del inciso primero del artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de junio de 1974, en la redacción dada por el artículo 4º del Decreto-Ley Nº 15.471, de 14 de noviembre de 1983, por el siguiente:

"El contrato de arrendamiento y los derechos que otorgan al arrendatario de casa-habitación las leyes vigentes, benefician por su orden a su cónyuge o ex cónyuge en caso de divorcio, conviviente o ex conviviente en caso de disolución de la unión concubinaria, a los ascendientes o descendientes en primer grado, hijos adoptivos o colaterales en segundo grado, cuando hayan convivido con el arrendatario desde la celebración del contrato o hayan sido denunciados al contratar o durante todo el año inmediato anterior a la desvinculación del arrendatario. No regirán estas exigencias, tratándose del cónyuge".

 

Artículo 9º. (Desalojo).- En caso de disolución de la unión concubinaria, la resolución acerca de cuál de los concubinos permanecerá en el hogar familiar, será tomada por el Juez competente (literal C) del artículo 17 de la presente ley).

El concubino que sea titular único de un bien inmueble adquirido con anterioridad al inicio de la unión concubinaria y carezca de otra vivienda, podrá demandar el desalojo del otro concubino.

El plazo del desalojo será de un año y el procedimiento será el fijado por el Código General del Proceso. (Artículos 354 a 360).

Si la desalojada fuera la concubina y existieren hijos menores a su cargo, no podrá hacerse efectivo el lanzamiento hasta que se resuelva lo relativo a la vivienda de los menores en el proceso de disolución del concubinato. (Artículo 17 de la presente ley).

Artículo 10. (Pensión de sobrevivencia).- Agrégase al artículo 25 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el siguiente literal:

"E) En caso de disolución de la unión concubinaria, los concubinos que acrediten las resoluciones judiciales de reconocimiento y disolución de dicha unión.

En cuanto a las condiciones del derecho y término de la prestación, deberá aplicarse lo preceptuado en el artículo siguiente de esta ley para las personas viudas, en caso de fallecimiento de uno de los concubinos.

Asimismo deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo siguiente de esta ley, para las personas divorciadas en caso de solicitud de disolución sin expresión de causa".

- II -

REGIMEN PROCESAL

Artículo 11. (Naturaleza del reconocimiento judicial).- Los efectos jurídicos emanados de la unión concubinaria, sólo podrán hacerse valer en caso de reconocimiento judicial.

Artículo 12. (Competencia).- Serán competentes para conocer en la declaración de reconocimiento y proceso de disolución de la unión concubinaria, los Jueces Letrados del lugar del último domicilio de los concubinos que entiendan en materia de familia.

Artículo 13. (Procedimiento).- El procedimiento para la acción de reconocimiento será el del proceso voluntario (artículo 402 y siguientes del Código General del Proceso).

Si se suscitare controversia o existieran intereses contrapuestos, se seguirá el proceso extraordinario. (Artículo 346 y siguientes del Código General del Proceso).

Deberá ser preceptivamente oído el Ministerio Público.

Artículo 14. (Legitimación).- Podrán promover la declaratoria judicial de reconocimiento y en su caso, la disolución de la unión concubinaria, los propios concubinos, actuando conjunta o separadamente.

En caso de fallecimiento de alguno de los concubinos, tendrán legitimación para promover la declaratoria judicial de reconocimiento de la unión concubinaria, los hijos nacidos de dicha unión.

Artículo 15. (Objeto).- La declaratoria de reconocimiento judicial del concubinato tendrá por objeto determinar lo siguiente:

A) La fecha de comienzo de la unión.

B) La indicación de los hijos habidos en común por la pareja, hayan sido o no reconocidos o declarados tales judicialmente.

C) La indicación de los bienes que hayan sido adquiridos a expensas del esfuerzo o caudal común.

Artículo 16. (Disolución de la unión concubinaria).- La unión concubinaria se disuelve en los siguientes casos:

A) Por sentencia judicial de disolución, dictada a petición de cualquiera de los concubinos, sin expresión de causa.

B) Por fallecimiento de alguno de los concubinos.

C) Por la declaración de ausencia.

En los casos B) y C) la disolución deberá acreditarse en la sucesión o en los procedimientos de ausencia, respectivamente.

Artículo 17. (Procedimiento de la disolución).- En el caso del literal A) del artículo 16 de la presente ley, la disolución de la unión concubinaria se tramitará por el proceso extraordinario. (Artículo 346 y siguientes del Código General del Proceso).

La sentencia que disponga la disolución de la unión concubinaria, deberá -previo dictamen del Ministerio Público- contener resolución o acuerdo sobre los siguientes puntos:

A) Las indicaciones previstas en el artículo 15 de la presente ley, si no existiera previo reconocimiento judicial del concubinato.

B) Lo relativo a la tenencia, guarda, pensión alimenticia y visitas de los hijos menores de edad nacidos de dicha unión, así como la pensión contemplada en el artículo 7º de la presente ley.

C) Lo relativo a cuál de los concubinos permanecerá en el hogar familiar, sin perjuicio de la resolución anticipada sobre exclusión del mismo para alguno de los concubinos, si ello se hubiera decretado como medida previa.

Asimismo, se labrará acta de inventario en autos de las deudas y bienes adquiridos a título oneroso por los concubinos durante el período de vigencia de la unión.

Si se suscitare controversia o existieren reclamos, se dejará constancia en acta, tramitándose por el proceso ordinario ante la misma Sede y por cuerda separada.

- III -

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 18. (Obligación de fidelidad).- Agrégase al artículo 127 del Código Civil, el siguiente inciso:

"La obligación de fidelidad mutua cesa, si los cónyuges no viven de consuno".

Artículo 19. (Orden público).- La presente ley es de orden público.

Artículo 20. (Vigencia de otras disposiciones).- La entrada en vigencia de la presente ley no deroga las disposiciones legales o reglamentarias relativas a la unión concubinaria existentes en el orden jurídico nacional.

Montevideo, 9 de mayo de 2000.

DANIEL DIAZ MAYNARD
Representante por Montevideo

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

La cohabitación estable entre un hombre y una mujer no unidos por matrimonio, conocida como unión concubinaria, carece de una reglamentación orgánica en nuestro Derecho, salvo breves referencias en normas aisladas.

Ello era plenamente comprensible en la segunda mitad del siglo XIX, época de la sanción de nuestro Código Civil, en la que las concepciones sociales imperantes ubicaban exclusivamente al matrimonio como fundamento de la familia, célula matriz de la sociedad.

Las últimas décadas fueron escenario de profundos cambios en los comportamientos sociales, una de cuyas aristas más visibles concierne al perfil de la estructura familiar, diversificado hacia otras formas alternas a la familia clásica o nuclear, entre las que se destaca un sensible aumento de las llamadas uniones concubinarias o consensuales entre el hombre y la mujer.

En la publicación del Instituto Nacional de Estadística, relativa a los resultados del "Total del País" del VII Censo General de Población, III de Hogares y V de Viviendas, realizado el 22 de mayo de 1996, puede leerse lo siguiente: "1.3 Situación Conyugal. Los datos de los últimos censos muestran importantes transformaciones en las modalidades de constitución familiar. El matrimonio como institución formal reguladora de la producción biológica y social de la familia va perdiendo peso relativo, mientras que las uniones consensuales o de hecho aumentan su participación en el total. Así puede apreciarse en el cuadro siguiente, que mientras en 1975 el 54 por ciento de la población de 15 años o más de edad estaba legalmente unida, en 1996 dicho porcentaje desciende al 48 por ciento. Por su parte, el peso de las uniones libres, en este mismo período se duplica, pasando del 5 por ciento al 10 por ciento... Los cambios observados son aún más relevantes si se tiene en cuenta que el porcentaje de parejas constituidas (casadas y unidas) en relación a la población total de quince años o más de edad, se mantiene prácticamente sin variaciones, en torno al 58 por ciento. En tanto que el peso de las uniones libres sobre el total de parejas casadas y unidas pasa del 7,9 por ciento en 1975 al 16,5 por ciento en 1996...".

Este importante aumento de las uniones libres, consensuales o de hecho operado en nuestro país en las últimas décadas, no puede continuar, a nuestro juicio, ajeno a la regulación legal.

El silencio legislativo no ha logrado impedir la conflictiva emergente de las uniones consensuales, sino que dando la espalda a una realidad social inocultable, y permitido en gran número de casos, la injusticia de la desprotección de la parte más débil, generalmente la mujer.

Sólo la labor de la jurisprudencia ha logrado mitigar el impacto del desconocimiento de los derechos de los más débiles, aplicando las normas vigentes para estas situaciones, pero su buena voluntad, no puede sustituir las lagunas y omisiones de nuestro derecho.

Desde varios años, la doctrina nacional aboga -sin éxito-, por estimular al Poder Legislativo a dictar una ley en la materia.

Lo ha hecho el escribano Saúl Cestau en su obra "Derecho de Familia y Familia, Vol. l, el doctor y escribano Enrique Arezo en su monografía sobre el "Concubinato" y las doctoras Mabel Rivero de Arhancet y María Inés Varela de Motta desde sus artículos en el Anuario de Derecho Civil y en la Revista de Derecho de Familia, entre otros que se han referido al tema y que hemos tenido como referencia para la redacción de este proyecto.

Asimismo, la consulta al Derecho Comparado, nos demuestra que la casi totalidad de las legislaciones europeas y latinoamericanas, contienen desde hace muchos años regulaciones directas del concubinato, en algunas incluso, con rango constitucional.

En un reciente trabajo de la doctora Emma Carozzi publicado en la Revista de Derecho de Familia, se informa que en el ámbito regional del MERCOSUR, Brasil y Paraguay contemplan legislativamente al concubinato, encontrándose nuestro país atrasado y en clara omisión respecto de un abordaje legislativo que en otras décadas supo liderar para temas de especial sensibilidad social. Esta profesora se suma a las voces que solicitan una ley que reglamente esta realidad social.

Por último, y por si fuera poco, el X Congreso Interamericano de Derecho de Familia, realizado en Mendoza, República Argentina, en setiembre de 1998, incluye entre sus recomendaciones la de legislar sobre las uniones de hecho o consensuales.

En suma, tanto la realidad social imperante en nuestro país sobre el tema, como la opinión de los especialistas, nos han impulsado a proponer el proyecto de ley que acompaña esta exposición de motivos.

En cuanto al articulado del proyecto que presentamos a la Cámara de Representantes, de su propuesta global se infiere claramente que no pretendemos asimilar la unión concubinaria al matrimonio.

Se inicia con un primer artículo en el que se conceptualiza a la unión concubinaria como una situación de hecho -no un nuevo estado civil-, que cuando cumple con determinados requisitos genera consecuencias jurídicas, esto es, un conjunto de derechos y obligaciones que pueden hacerse valer y oponerse judicialmente, procurando especialmente una justa cobertura para la parte más débil en casos de ruptura, generalmente -salvo la buena voluntad de la jurisprudencia-, desvalida.

No estamos pues, en presencia de un nuevo ordenamiento abarcativo de todas las uniones concubinarias, sino de las que específicamente emanan de los requisitos que se establecen.

Debe tratarse de la convivencia de dos personas de distinto sexo, no unidas por vínculo matrimonial, que no resulte alcanzada por los impedimentos dirimentes que se indican. Asimismo, la pareja ha de tratarse como marido y mujer en sus relaciones domésticas y sociales por un lapso mínimo de cinco años, que se reduce a tres en caso de que nazcan hijos de la unión.

El proyecto consta de tres Capítulos.

El I se titula "Derechos y Obligaciones". El artículo 2º establece el principio rector de relacionamiento de la comunidad concubinaria, basado en el respeto y la asistencia recíproca, la contribución en los gastos del hogar y la obligación de mantener y educar a los hijos.

En el artículo 3º se confiere legitimación a los concubinos para demandar indemnización contra quien les ocasione daños y perjuicios, norma inspirada en múltiples casos que se han presentado en nuestros tribunales, vinculados a la muerte de uno de los concubinos por responsabilidad de terceros.

Los artículos 4º y 5º refieren al régimen patrimonial de la unión concubinaria. Se establece la libertad de los concubinos para pactar el régimen patrimonial de la unión y un régimen supletorio para el caso de ausencia de pacto. Este régimen supone que los bienes que se adquieran o las deudas que se contraigan durante la unión y cuyo titular fuere uno de los concubinos, a los efectos de la relación interna, la participación de ambos, será igualitaria.

Se efectúa, asimismo, una referencia al artículo 1308 del Código Civil, indicándose la vía de la acción "in rem verso" para el encauzamiento jurídico de las reclamaciones entre concubinos.

El artículo 6º alude al régimen sucesorio, incluyendo al concubino o concubina en el segundo orden de llamamiento previsto en el artículo 1026 del Código Civil. En la primera hipótesis se prevé la concurrencia de cónyuge y concubino o concubina, dividiéndose la porción por mitades. En la segunda, para el caso de sobrevivencia sólo de concubino o concubina, se prevé que le corresponderá la porción asignada al cónyuge en el artículo, en ambos casos, si se obtiene la declaratoria de reconocimiento judicial de la unión.

El artículo 7º crea la obligación de servir una pensión alimenticia congrua para el caso de disolución de la unión, a favor de aquel que no pueda conservar la posición que tenía durante la vigencia de la unión.

Los artículos 8º y 9º regulan el problema de la vivienda en caso de disolución de la unión concubinaria.

El artículo 8º -modificando a su vez al artículo 20 del Decreto-Ley Nº 14.219-, incluye al concubino o concubina como beneficiario de la cesión legal del arriendo, a cuyo beneficio hoy no tiene acceso.

El artículo 9º prevé el caso de desalojo. Establece que el Juez determinará quién permanecerá en el hogar familiar. Asimismo, el proyecto fija posición para el caso de desalojo del concubino o concubina por quien es titular único de un bien inmueble propio. La discusión acerca de si el concubino es o no un ocupante precario que ha dividido a nuestra jurisprudencia, se salva estableciendo que se podrá demandar el desalojo del otro con plazo de un año, estableciéndose una protección especial para el caso de que la desalojada fuera la concubina y existan hijos menores a su cargo.

Por último, el artículo 10 prevé la contemplación de una pensión de sobrevivencia para el concubino o concubina en caso de disolución de la unión.

El Capítulo II contempla el régimen procesal para la declaratoria de reconocimiento de la unión concubinaria, así como el proceso de disolución de la unión.

Los artículos 11, 12, 13, 14 y 15, refieren a la naturaleza declarativa del reconocimiento judicial, estableciendo la competencia judicial para entender en el mismo, el procedimiento, la legitimación y el objeto de la declaratoria de reconocimiento, que será determinar la fecha de comienzo de la unión, la indicación de los hijos habidos por la pareja y de los bienes que hayan sido adquiridos a expensas del esfuerzo o caudal común.

Los artículos 16 y 17 refieren a las causales de disolución de la unión concubinaria, -que son la petición de cualquiera de los concubinos sin expresión de causa, fallecimiento y declaración de ausencia- y al procedimiento de disolución, estableciéndose los contenidos de la sentencia de disolución. Los artículos 12 y 14 refieren a la competencia y legitimados para promover la disolución.

En el III y último Capítulo se incluyen normas de características diferentes.

El artículo 18 establece una modificación a la obligación de fidelidad prevista para los cónyuges en el artículo 127 del Código Civil. Esta consiste en mantener la vigencia de la misma en tanto los cónyuges vivan de consuno. Ocurre en nuestra sociedad frecuentemente, que los cónyuges se separan de hecho sin promover el divorcio y constituyen una unión concubinaria que llega a tener duración extensa y estabilidad notoria. Debe entenderse que esos convivientes, por no estar dictada una sentencia de divorcio ejecutoriada, están violando la obligación de fidelidad e incurriendo en adulterio, lo que no parece acorde con la moralidad media de nuestra sociedad actual, para la cual, separados de hecho los cónyuges, lo que constituye una fuerte señal de desavenencia irreversible, renace la posibilidad de constituir una nueva pareja para los involucrados, que la vigencia de esta obligación pone en entredicho. La necesidad de modificación de esta norma, ha sido puesta de manifiesto por la profesora doctora Emma Carozzi, en su trabajo sobre "Divorcio", contenido en el Cuaderno de Derecho Jurisprudencial que sobre el tema editó recientemente la Fundación de Cultura Universitaria y parece adecuada esta oportunidad para promover la modificación.

Por el artículo 19 se establece el carácter de orden público que debe tener la ley que refiera a este tema.

Por último, el artículo 20, mantiene la vigencia de otras disposiciones existentes en nuestro Derecho Positivo que refieren a la unión concubinaria, aunque las características de la unión que contemplen, no coincidan con las que requiere este proyecto.

Montevideo, 9 de mayo de 2000.

DANIEL DIAZ MAYNARD
Representante por Montevideo

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