Poder Legislativo / República Oriental del Uruguay

 

Comisión de Seguridad Social
Carpeta Nº 54 de 2000
Anexo I al
Repartido Nº 19
Marzo de 2000

 

ACTIVIDAD LABORAL DEL DISCAPACITADO

 

Se establece la compatibilidad con la jubilación, pensión o subsidio por discapacidad cuando el grado de discapacidad no sea inferior al cuarenta por ciento

 

I n f o r m e


Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social ha considerado y aprobado en su seno, el proyecto de ley por el que se compatibiliza la actividad laboral del discapacitado con la jubilación, pensión o subsidio por discapacidad.

El artículo 8º de la Constitución de la República establece que todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes.

La referencia del texto constitucional ordena, claramente, un trato igualitario por parte de la ley. En tal sentido, determina un trato diferente para personas distintas.

De acuerdo a este criterio, se han ido dictando normas que amparan a personas con discapacidad, lo que permitiría ir abriendo caminos para su participación en una efectiva convivencia social.

El 7 de diciembre de 1999 la Comisión Intersocial sobre Discapacidad, Inserción Laboral y Seguridad Social (COMINT) reunió en el Palacio Legislativo a diversas organizaciones que se ocupan del tema y a los legisladores de los cuatro partidos con representación parlamentaria, para analizar la abolición de la actual incompatibilidad entre las prestaciones por incapacidad y el trabajo.

Todos los presentes aportaron o compartieron razones a favor de esa derogación, hecho que se mantuvo presente en vuestra Comisión y que aspiramos se mantenga en la totalidad de integrantes de esta Legislatura.

Se destacó especialmente que la incompatibilidad impide alcanzar un objetivo esencial: la reinserción de los discapacitados en la sociedad.

Las pensiones, notoriamente insuficientes en su monto, están en una cifra fija, que no supera los $ 1.900, y la exigencia de que para beneficiarse de la pensión los ingresos del grupo familiar no pueden sobrepasar el monto de tres salarios mínimos $ 3.180, no sólo impiden la reinserción del discapacitado en la sociedad, sino que lo obligan a permanecer marginado o a trabajar "en negro" (clandestinamente) facilitándose así la explotación. Se entiende que el salario obtenido por el discapacitado no será tenido en cuenta a los efectos de establecer el monto total de los ingresos del núcleo familiar, en relación al tope legal de tres salarios mínimos.

La posibilidad de que el discapacitado pueda recibir la pensión -que significa una ayuda para gastos de transporte, mutualistas, órdenes médicas y poco más- y, a la vez obtener un trabajo, no sólo beneficiará desde el punto de vista personal sino que significará asimismo un avance en la equiparación de posibilidades.

En efecto, mantener ambos derechos abrirá caminos para compensar una situación de desventaja.

Será imprescindible, además, tomar en cuenta y aplicar las leyes vigentes y los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo aprobados por Uruguay, sobre readaptación profesional y empleo de personas inválidas. El artículo 28 de la Recomendación 99, por ejemplo, establece que deberían tomarse medidas en estrecha colaboración con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, para aumentar al máximo las oportunidades de empleo para los discapacitados.

Según el Convenio Nº 159 de la OIT, que trata de la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, "se entiende por inválida toda persona cuyas posibilidades de obtener y conservar un empleo adecuado y de progresar en el mismo queden sustancialmente reducidas a causa de una deficiencia de carácter físico o mental debidamente reconocida".

Don Luis Reguera, miembro del Servicio de Rehabilitación Profesional de la OIT, explica que no debe perderse de vista "este concepto de persona discapacitada en función del empleo, porque es esta relación la que marcará la pauta de todas las actuaciones sucesivas -orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, fundamentalmente- que componen el proceso de la rehabilitación profesional".

De acuerdo a lo expuesto, esta Comisión recomienda al Cuerpo la sanción de este proyecto, ya que la absolución de la incompatibilidad entre la prestación por discapacidad y el trabajo público o privado, es un paso importante que redunda en definitiva en propender un trato igualitario y una mejor calidad de vida a muchos ciudadanos de este país.

Montevideo, 22 de marzo de 2000.

DANIEL PEÑA
Miembro Informante
JOSE LUIS BLASINA
GUSTAVO SILVEIRA

Línea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.