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N.º 13 - TOMO 624 - 7 DE JUNIO DE 2022

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO ORDINARIO DE LA XLIX LEGISLATURA

13.ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

PRESIDE BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO Y JOSÉ PEDRO MONTERO, Y LOS PROSECRETARIOS VICTORIA VERA Y ADRIÁN JURI

Concurren: el ministro del Interior, Luis Alberto Heber; el subsecretario, doctor Guillermo Maciel; el director general, doctor Luis Calabria; el director de la Policía Nacional, comisario mayor licenciado Diego Fernández; el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, señor Santiago González; el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, comisario mayor Alfredo Rodríguez; el jefe de Policía de Montevideo, comisario general Mario D’Elía, y el director del INR, comisario general Luis Mendoza.

Para consultar las presentaciones exhibidas en sala: Ministerio del Interior - Senador Enrique Rubio

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

– Varios señores senadores solicitan se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con la gestión de Alcoholes del Uruguay.

– El señor senador Gandini solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Universidad de la República, relacionado con el adicional del Fondo de Solidaridad;

- con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Fondo de Solidaridad, relacionado con distintos montos del adicional del Fondo de Solidaridad por los ejercicios 2012 a 2021.

• Oportunamente fueron tramitados.

5) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a anteriores convocatorias.

6) y 9) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– Se comunica que queda sin efecto la convocatoria efectuada al señor Jorge Saravia en virtud de cancelarse la salida del país del señor presidente de la república por los días 7 al 11 de junio del corriente.

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Sánchez, Olesker, Rubio y Nane.

– Quedan convocados los señores senadores Meléndez, Barrera, Queijo, Castro y Russi.

7) Reiteración de pedido de informes

• A solicitud de la señora senadora Nane, el Senado resuelve hacer suyo y reiterar el pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el tratamiento de las denuncias por abuso policial recibidas por dicho ministerio.

8) y 10) Llamado a sala al ministro del Interior, señor Luis Alberto Heber

– De acuerdo con lo resuelto oportunamente, el Senado recibe al señor ministro.

– Exposición del señor senador Rubio, manifestaciones del señor ministro, intervenciones del señor subsecretario, del director de la Policía Nacional, del jefe de Policía de Montevideo, del director general de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, del director del INR, así como de varios señores senadores.

11) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 3 de junio de 2022

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, en régimen de comisión general, el próximo martes 7 de junio a las 09:30, a los efectos de recibir al señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a fin de considerar la situación del país en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios.

José Pedro Montero Secretario - Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Andrade, Asiaín, Batlle, Bergara, Bianchi, Botana, Caggiani, Camy, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Hunter, Kechichian, Lazo, Lozano, Mahía, Manini Ríos, Nane, Niffouri, Olesker, Penadés, Rodríguez, Rubio, Sabini, Sánchez, Sanguinetti y Sartori, e ingresan posteriormente, por licencia de los respectivos titulares, los señores senadores Meléndez y Queijo.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Astori y Lanz.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTA.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:48).

(Se incorpora la nómina de asuntos entrados remitida al Cuerpo de Taquígrafos por parte de la Secretaría del Senado).

«El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que solicita las venias correspondientes:

• de conformidad con lo establecido por el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la república, para conferir el ascenso al grado de capitán de navío con fecha 1.º de febrero de 2022, por el sistema de selección y por la aplicación del artículo 106 de la Ley n.º 19775, de 26 de julio de 2019, a varios señores capitanes de fragata. (Carpeta n.º 702/2022).

A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

• De conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la república, para destituir de su cargo a dos funcionarios de la unidad ejecutora 002, Dirección Nacional de Vivienda, inciso 14, “Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial”. (Carpetas n.os 703/2022 y 704/2022).

A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se regula la habilitación sanitaria e higiénico-sanitaria de establecimientos con actividades apícolas. (Carpeta n.º 705/2022).

A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

Asimismo, comunica:

• la integración de la Mesa del Cuerpo para el tercer período de la XLIX legislatura: Ope Pasquet, presidente; Alfonso Lereté, primer vicepresidente; Ana María Olivera, segunda vicepresidenta; Óscar Amigo, tercer vicepresidente; María Fajardo Rieiro, cuarta vicepresidenta; Fernando Ripoll, secretario redactor; Virginia Ortiz, secretaria relatora; Medardo Manini Ríos, prosecretario, y Laura Melo, prosecretaria.

TÉNGASE PRESENTE.

• Que ha aprobado un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar, a partir del 1.º de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, de los aportes patronales jubilatorios de seguridad social a las agencias de viajes y a las empresas dedicadas al transporte terrestre de grupos turísticos y excursiones. (Carpeta n.º 697/2022).

AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas dos solicitudes de venia remitidas por:

• el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura. (Carpeta n.° 683/2022);

• la Suprema Corte de Justicia, a fin de designar en el cargo de ministra de Tribunal de Apelaciones a la doctora María Gabriela Rodríguez. (Carpeta n.° 690/2022).

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informada una solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a los efectos de acreditar en calidad de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la república ante Malasia a la señora Valeria Csukasi Cabrera. (Carpeta n.º 687/2022).

Asimismo, eleva informado un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Popular China sobre cooperación en materia de defensa, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 2 de setiembre de 2019. (Carpeta n.º 636/2022).

La Comisión de Defensa Nacional eleva informado un proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave HC 130-J (Hércules) y 25 (veinticinco) efectivos pertenecientes a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, a fin de realizar actividades de búsqueda y rescate e intercambio de experiencias con la Fuerza Aérea Uruguaya, entre los días 8 y 16 de julio de 2022. (Carpeta n.º 384/2021).

REPÁRTANSE E INCLÚYANSE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

La Suprema Corte de Justicia remite respuesta a la ampliación de un pedido de informes del señor senador Raúl Lozano, relacionado con delitos de lesa humanidad. (Asunto n.º 154894).

OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LOZANO.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de las palabras pronunciadas por la señora edila Patricia Vásquez Varela, relacionadas con el programa Avanzar.

TÉNGASE PRESENTE.

La señora senadora Silvia Nane solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3.º de la Ley n.º 17673, de 21 de julio de 2003, la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el tratamiento de las denuncias por abuso policial recibidas por dicho ministerio. (Asunto 153980).

SE VA A VOTAR OPORTUNAMENTE».

4) PEDIDOS DE INFORMES

(Pedidos de informes consignados en la nómina de asuntos entrados).

«Los señores senadores Graciela Barrera, Mario Bergara, Daniel Caggiani, Amanda Della Ventura, Liliam Kechichian, Sandra Lazo, José Carlos Mahía, Silvia Nane, Daniel Olesker, Enrique Rubio y Sebastián Sabini solicitan, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, relacionado con la gestión de Alcoholes del Uruguay. (Asunto 154990).

OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

«El señor senador Jorge Gandini solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, se cursen los siguientes pedidos de informes:

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, a la Universidad de la República, relacionado con el adicional del Fondo de Solidaridad. (Asunto 155065);

• con destino al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Fondo de Solidaridad, relacionado con distintos montos del adicional del Fondo de Solidaridad por los ejercicios 2012 a 2021. (Asunto 155066).

OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS».

(Textos de los pedidos de informes).

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTA.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 49 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- A la sesión ordinaria del 1.° de junio faltó con aviso la señora senadora Rodríguez.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 1.° de junio faltaron con aviso los señores senadores Gandini, Sabini y Saravia.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 31 de mayo faltaron con aviso los señores senadores Astori, Carrera y Rubio.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 1.° de junio faltó con aviso el señor senador Sabini.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 18 de mayo faltó con aviso el señor senador Olesker. A la sesión del 1.° de junio faltó con aviso la señora senadora Rodríguez.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 2 de junio faltó con aviso la señora senadora Nane.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se comunica que, al haber quedado sin efecto la salida del país del señor presidente de la república por los días 7 al 11 de junio del corriente, se deja sin efecto la convocatoria efectuada al señor Jorge Saravia.

Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 7 de junio de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, por el día de hoy, 7 de junio, a partir de las 15:00.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Alejandro Sánchez. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 23. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otheguy, Lucía Etcheverry, Graciela Barrera, Aníbal Pereyra, Manuela Mutti y Gabriel Frugoni han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Lauro Meléndez, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 7 de junio de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por haber sido convocado a participar de la reunión de Directivas de Comisiones y a la sesión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), en la ciudad de Panamá, los siguientes días: 30 de junio a 4 de julio del corriente año.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Alejandro Sánchez. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

Se comunica que los señores Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otheguy y Lucía Etcheverry han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 6 de junio de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 7 de junio del corriente a partir de las 16:00.

Sin otro particular, la saludo muy atentamente.

Daniel Olesker. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

Se comunica que los señores José Nunes y Gonzalo Civila han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Liliana Queijo, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

7) REITERACIÓN DE PEDIDO DE INFORMES

(Solicitud consignada en la nómina de asuntos entrados).

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde votar si el Senado hace suyo y reitera el pedido de informes de la señora senadora Silvia Nane, con destino al Ministerio del Interior, relacionado con el tratamiento de las denuncias por abuso policial recibidas por esa cartera.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

8) LLAMADO A SALA AL MINISTRO DEL INTERIOR, SEÑOR LUIS ALBERTO HEBER

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la consideración del único asunto del orden del día: «Recibir al señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a fin de considerar la situación del país en materia de convivencia y seguridad pública, en particular en relación con los homicidios».

Pido por favor atención al motivo de la solicitud de convocatoria a efectos de ceñir nuestro trabajo a él. Así se presentó por parte del miembro convocante y fue votado por la cámara.

Se invita al señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a ingresar a sala.

(Ingresa a sala el señor ministro).

–Bienvenido a su casa, señor ministro.

Nos gustaría que el señor ministro nos dijera quiénes lo acompañarán en esta sesión.

SEÑOR MINISTRO.- Muy buenos días y muchas gracias por esta instancia de comisión general. Es un gusto estar en el Senado, en un debate que espero que sea por lo alto y en función de la república.

Solicito, señora presidenta, que me acompañen el señor subsecretario, doctor Guillermo Maciel; el señor director general de Secretaría, doctor Luis Calabria; el director de la Policía Nacional, comisario mayor retirado licenciado Diego Fernández; el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, señor Santiago González; el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, comisario mayor Alfredo Rodríguez, y el jefe de Policía de Montevideo, comisario general Mario D’Elía.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la solicitud formulada por el señor ministro.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

El Senado invita a ingresar a sala a los señores asesores mencionados por el señor ministro, quienes lo acompañarán durante esta sesión.

(Ingresan a sala el subsecretario y demás autoridades del Ministerio del Interior).

–La Mesa saluda a las autoridades del Ministerio del Interior presentes en sala.

Antes de comenzar la sesión me gustaría comentarles el régimen de trabajo acordado en una reunión con los coordinadores. El miembro convocante y el señor ministro contarán con una hora y media para desarrollar su argumentación. Los demás señores senadores dispondrán de un tiempo de quince minutos por única vez, tal como lo establece el Reglamento. Para las intervenciones finales, tanto el ministro como el senador convocante contarán con quince minutos.

Damos comienzo al asunto motivo de esta convocatoria y cedemos el uso de la palabra al miembro convocante, señor senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Muchas gracias, señora presidenta. Saludamos, como siempre, al señor ministro, a quien conocemos de largo tiempo, y a su equipo.

Quiero ir a lo central esperando que este sea un debate –sabemos que será intenso, fuerte en algunos aspectos– relevante para el país.

En Villa Española, una niña de ocho años que fue herida pregunta: «¿Por qué a mí?», y el padre le dice que están esperando mudarse de barrio. Uno puede considerar que esto es lo que se denomina «daño colateral» –dicho esto entre comillas–, pero en realidad es una situación que viven muchas personas en el área metropolitana, y también en el resto del país. No he querido dar ningún ejemplo más cruento, digamos, porque esto realmente hiere la sensibilidad.

Creo que estamos ante un problema grave. Advierto –salvo que el ministro nos demuestre lo contrario– que hay un rumbo errático de parte del Ministerio del Interior, que hay declaraciones inconsistentes e insostenibles del señor ministro y que hay resultados magros que no se corresponden con los compromisos asumidos en los tiempos previos, fundamentalmente durante la campaña electoral. Yo diría que vivimos una situación grave, dolorosa, difícil y que estamos ante un fenómeno de violencia expansiva, que es un problema muy complicado de encarar y que viene de muy lejos. Si uno toma las series, desde 1989, de homicidios, rapiñas y hurtos, veremos que hay un crecimiento permanente; con algunos valles, pero hay un crecimiento permanente. Quiere decir que estamos ante un problema pesado y de largo aliento. Por lo tanto, no corresponde apelar a la varita mágica o decir que se tiene la sellada, pues nadie –¡nadie!– tiene la sellada.

(Se exhibe presentación en PowerPoint).

–En 1998, ya creada la Comisión de Seguridad Ciudadana en 1996 –porque este tema se discutió en la década de los noventa y estamos en el siglo siguiente–, el diputado Trobo decía en su informe que estábamos en una situación de conmoción pública; lo estamos viendo en el PowerPoint que elaboré para que se fije mejor aquello a lo que uno está aludiendo. En esos momentos se habían duplicado las rapiñas, partiendo de un nivel muchísimo más bajo que el actual.

Frente a este tema no creo que baste con un ministerio aislado ni que se deban cargar todas las tintas sobre el Ministerio del Interior. Confío en nuestra policía y la respaldo –como toda nuestra bancada–, pero creo que, si esta cuestión del delito no se afronta con participación colectiva, con continuidad en el largo plazo, con recursos importantes y con un espectro articulado de políticas de la más diversa naturaleza en los territorios más deprimidos, pero también en otras geografías sociales de nuestras ciudades, de nuestro interior y de nuestra campaña, y en relación con la drogadicción, esto no tiene salida.

Por otra parte, como todos sabemos, no siempre el delito más devastador se origina en el territorio más deprimido. No basta con cambios legales. Creo que esto hay que enfrentarlo sin arrogancia, con un baño de humildad, y eso es lo que espera la ciudadanía. Muchos de los delitos más lacerantes, como los homicidios, corresponden a relaciones interpersonales, principalmente en el caso de los femicidios, tema al que se referirán otras compañeras con mayor detalle. Como he dicho, y repito, no basta con cambios legales, pero éramos una isla de paz que dejó de serlo; el cristal se hizo mil pedazos. Confiamos en que podremos salir, pero no lo haremos si no es colectivamente.

Que hay que prevenir, disuadir y reprimir para proteger al ciudadano cuando se da la manifestación de la violencia, está fuera de dudas, pero que la reproducción del fenómeno es expansiva a nuestro juicio también está fuera de dudas. No tenemos una visión naíf de esta cuestión; pudimos haberla tenido –porque también nosotros somos autocríticos–, pero no la tenemos desde hace muchísimos años y, además, no tenemos una visión unilateral de este fenómeno, como que se tratara de un asunto solo policial. Ahora, modestamente, nos parece –habiendo revisado todos los archivos habidos y por haber de todas las interpelaciones habidas y por haber en el pasado reciente, y todas las declaraciones habidas y por haber– que hubo cierto facilismo y liviandad en la manera en que se juzgó. También consideramos que hubo un diagnóstico y un relato equivocados, y voy a referirme a eso.

En el programa Lo que nos Une, del Partido Nacional, en 2018 se hablaba de la necesidad de un shock de seguridad. Entonces, pregunto al señor ministro: ¿No estamos en esa situación? En el documento Compromiso por el país, que firmaron los partidos de la coalición de gobierno, se dice que el aumento de la delincuencia y del narcotráfico es la peor amenaza a los derechos humanos que hoy enfrenta el país. También se dice que las cárceles no funcionan como vehículos de rehabilitación y de reinserción, y se han convertido en centros desde los que se dirige la actividad delictiva y donde se reproduce la cultura del delito. Le pregunto, señor ministro: ¿Qué tenemos ahora? No sabemos si el narcotráfico –y esta es una de nuestras mayores dudas– es el principal problema o el principal argumento de los problemas. Sabemos que es muy importante el impacto del narcotráfico, pero nos cabe esta duda por la apelación permanente a esta situación.

En el debate presidencial de 2019, nuestro presidente, el doctor Lacalle Pou, señalaba: «Decir que los homicidios son responsabilidad del narcotráfico, es no hacerse cargo. Creo que es lavarse las manos». Señor ministro: lo hemos escuchado en los medios adjudicando la responsabilidad de la violencia al narcotráfico. ¿Es una forma de hacerse cargo?

El doctor Álvaro Delgado, quien nos acompaña desde la barra, se preguntaba en 2011: «¿Quién se hace cargo de los muertos inocentes por la delincuencia? ¡Por favor! Asuman la responsabilidad y garanticen la seguridad de la gente». El 24 de octubre de 2019, el actual ministro decía: «Bonomi nos dice que los jefes del narcotráfico en las cárceles dirigen todo por celulares». Pregunto: ¿No dirigen ahora por celulares o por otros mecanismos? Javier García, actual ministro de Defensa Nacional, decía: «Si los homicidios son por ajustes de cuentas o por lo que sea, ¿son menos homicidios?».

Por su parte, el doctor Luis Lacalle Pou señalaba: «El fracaso de la política pública de seguridad ya es insostenible. ¿Hasta cuándo sostener en sus cargos a quienes son los responsables? ¿Más muertes?». Yo no me paro arriba de los muertos –lo mismo ha dicho en estos días nuestro presidente–, pero está el dato de los números. Y agregaba: «Algún día volverá el Uruguay en que los ministros renunciaban o se les pedía la renuncia. Por gestión o por vergüenza». Bueno, este es el juicio y el marco.

En abril de 2018, el actual presidente decía: «Sobre las causas de los aumentos de homicidios para el ministro hay ciudadanos clase A y clase B. Si tú caes en la muerte por ajuste de cuentas, no contás. No hay una familia, no hay un ser humano, no hay una acción que importe. Cuando se les terminan los ajustes de cuentas, los tiran para la banda de narcotráfico. ¿Bandas de narcotráfico? Que un ministro del Interior use como argumento de la violencia la banda de narcotráfico, cuando es su responsabilidad que abunde el narcotráfico». Y bueno, ¿ante qué estamos? Creo haber oído algo al respecto en estos días.

Así fue que se llegó hasta 2019: afirmando que se iba a declarar la emergencia nacional en el terreno de la seguridad; ese fue el centro de la actividad política.

Ahora tenemos no solo una sucesión de episodios espantosos en mayo –porque más espantosos, ¡imposible!–, sino todo un período, desde el 1.º de enero hasta el 30 de mayo –150 días–, en el que van 170 muertos, 170 homicidios; es una cifra realmente impactante. Esto pasa a dos años y medio; estamos en la mitad del período de gobierno. No estamos en el arranque, sino en la mitad del período. Yo sé que estuvo la pandemia y todo lo demás; me refiero a todo lo que le tocó a este Gobierno, que en muchos aspectos fue muy pesado. ¡Nadie lo ignora! Sin embargo, repito: estamos en la mitad del período de gobierno. Estos son los datos en los que después voy a abundar más.

¿Qué nos dice la realidad? Que al 30 de mayo se denunciaron 37 homicidios. ¿Estamos o no ante una situación de emergencia? Sucede un homicidio cada veintidós horas. Creo que no hay lugar para las excusas a esta altura; lo había antes, pero hoy no hay lugar para las excusas. Y hay una sola realidad; no hay una doble realidad al estilo de Matrix. A veces lo parece, pero no hay una doble realidad. Los uruguayos viven una realidad.

Y ya que estamos hablando de homicidios, en el pasado reciente, al 30 de mayo, como dije, hubo 37; esto significa un 131 % de aumento con relación al mes de mayo anterior. Si se toman en cuenta los cinco meses iniciales de 2022 respecto de igual período de 2021, se constata un crecimiento de prácticamente un 39 %. Si proyectáramos esta cifra e hiciéramos livianamente una regla de tres, nos vamos a cuatrocientos y pico, situación que espero no suceda. Todo depende del plan que ha anunciado el señor ministro a mitad de mandato. ¡A mitad del mandato se presenta el plan! Estamos a la espera y sobre eso nos pronunciaremos.

Un perito forense decía –lo publicó en estos días el diario El País; no lo voy a repetir todo, porque hiere la sensibilidad– que tuvo que realizar una autopsia de un asesinado descuartizado y demás, de otros dos que habían aparecido en otro lugar, en la finca de un taxista, y que examinó el cuerpo destrozado que apareció en el Río de la Plata. Después apareció algo en Punta del Este que no sé si es parte de lo mismo o algo diferente. Ahora acaba de aparecer algo en Tacuarembó que puede ser diferente o medio parecido. También aparecieron cuerpos incinerados, calcinados, en Peñarol. Este perito dice que lo llamativo es que todas estas metodologías se aplicaron luego de la ejecución. Quiere decir que estamos ante algo que –no lo voy a juzgar– sabemos qué es.

El problema es que este incremento en los homicidios respecto al período anterior no es un tema marginal y de mayo, sino de un período. También ha trascendido que en hurtos y rapiñas uno baja un poco y el otro sube otro poco, 2 % y 3 %, según el caso; en violencia doméstica se habla de un 12 % y en lesiones personales, de algo así como un 13 %. Eso es lo que ha trascendido, o sea que no se trata solamente de la información sobre los homicidios. Estamos ante un fenómeno un poco más importante.

¿Cuál es la sensación térmica de la ciudadanía? Siente que esto de las balas no es un chiste; realmente, da miedo. De acuerdo con la Usina de Percepción Ciudadana, el 65 % de la población percibe que los homicidios han aumentado. Podrá haber otros que digan algo distinto, pero últimamente han salido un par de encuestas, a las que nosotros también tenemos acceso, que indican que hay una preocupación creciente de la ciudadanía. Esto es lo que se recoge en la gira que estamos haciendo con el Frente Amplio, denominada El Frente Amplio te Escucha. Sucede en todo el Uruguay; sobre todo, es una preocupación creciente en el interior del país, porque no se habían visto fenómenos de esta naturaleza.

En 2018 y 2020, Latinobarómetro pregunta: ¿Ha sido usted o algún pariente asaltado, agredido o víctima –no testigo; ese es otro dato– de un delito en los últimos doce meses? En 2018, el 22 % contestó que sí y en 2020 lo hizo el 32 %. Creo que, si preguntamos ahora, la cifra crece.

Todos sabemos que hay una cifra negra, además, que es lo que no se denuncia, lo que no llega o lo que no se puede recabar. ¿Qué pasa con esto? Para el Ministerio del Interior bajan las denuncias, pero la gente declara que es más víctima de los delitos. ¡Eso es lo que declara la población!

¿Qué pasa con esto? Creo que la consecuencia del estado de la opinión pública que empezó a plantearse de una manera creciente –no digo que esto fuera desde el principio– es que, como el problema es a largo plazo, empieza con la sensación de la derrota. ¡Esto es lo peor que puede sucedernos a los uruguayos! Me refiero a la sensación de que con esto no se puede.

¿Qué dicen los peritos? Germán Aller dice que se requiere mucha más inteligencia de parte de la acción policial. El coordinador del Programa de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior afirma que se necesitan políticas de seguridad interinstitucionales. Sin embargo, no las estamos visualizando; esa es la verdad. En Montevideo había una forma de organización a nivel zonal, que eran los Socat y mucho servían para estas cosas también, pero el Mides los liquidó y los sustituyó por otras cosas que no sabemos cuáles son.

¿Qué dice Nicolás Trajtenberg, exmiembro del GACH que nombró el señor ministro? Que no hay buena investigación.

¿Qué dice Gabriel Tenenbaum, sociólogo y experto en estos temas? Dice que tener antecedentes no está asociado a ser un criminal y que muchas veces sucede que hay gente que no tiene antecedentes y es criminal o comete crímenes; por lo tanto, es un indicador relativo. Además, la mención continua de la característica de tener o no antecedentes es un mensaje para la ciudadanía de que se mataron entre ellos, de manera que las personas «normales» –dicho entre comillas–, que se supone que somos nosotros, no están en riesgo.

En definitiva, es un error pensar que si se matan entre ellos podemos sentirnos tranquilos. Esto lo dice Cano.

En cuanto al relato del combate frontal al que alude el señor ministro, Trajtenberg dice que depende de cómo se haga, puede tener efectos perversos y debe diferenciarse el concepto de saturación, usarlo inteligentemente y todo lo demás.

¿Qué dice Tenenbaum? Dice que el aumento de la presencia policial es una medida, no un plan. Insisto: dice que es una medida, no un plan –aunque la gente lo reclama; estoy consciente de que la gente lo reclama–, pero eso no quiere decir mayor eficiencia. También señala que faltan inteligencia policial e inteligencia financiera. Nos estamos refiriendo al lavado de dinero, que tiene que ver con la droga. Después volveré a mencionar ese asunto.

Hay una serie impresionante de homicidios en este período. No vamos a relatarla; no queremos normalizar la muerte. Simplemente, uno da algunos ejemplos porque en el programa Lo que nos Une se decía que se iba a monitorear sistemáticamente, pero no lo hemos visto.

Tenemos este récord del 2022 y la situación espantosa de la persona descuartizada; asimismo, tenemos episodios paralelos que no tienen una explicación razonable –pedimos los informes y demás–, como el caso del pasaporte para el narcotraficante Sebastián Marset, que le fue negado porque tenía antecedentes en Uruguay. Entonces, se agenció de uno falsificado en Paraguay y por eso fue detenido; pero después de ser detenido solicitó el pasaporte uruguayo y lo obtuvo. Pedimos explicaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio del Interior. A mí me dio la impresión de que se pasaban la pelota entre estos ministerios, pero lo cierto es que se lo dieron y que a los pocos días se descubrió en Paraguay un depósito que correspondía a esta persona. También es cierto que a los pocos días se hizo una operación en Paraguay relacionada con este problema, se detuvo a otras personas y después fue asesinado un fiscal que estaba en su luna de miel en el Caribe.

Es un tema complejo. Estamos en una situación de riesgo; esta es la verdad.

El ministro decía, en el 2018: «Mañana van a ver reacciones ciudadanas y vamos a condenar a los que nos defienden». Él lo decía en Claves políticas. La verdad es que este riesgo está. El Estado tiene que ocuparse y tener el monopolio de la violencia y de la seguridad. No es cosa de que haya reacciones ciudadanas que terminan como han terminado algunas; no es cosa de que asesinen a una pareja frente a sus hijos y se hagan algunas declaraciones que, la verdad, no corresponden. A ello me voy a referir en otro momento.

Parece que la escalada de violencia no discrimina edad ni lugares. El señor presidente ha dicho en Londres que la violencia se ha incrementado. No soy yo el que lo dice; fue el presidente de la república el que lo dijo. ¡Claro! Puede ser que lo esté acotando más de lo que nosotros lo estamos haciendo. No le atribuyo lo que no dijo; pero que dijo eso, dijo eso.

No solo no discrimina lugares ni edades, sino que tampoco discrimina sexo. Muchas mujeres fueron objeto de feminicidios en el mes de mayo y antes. Hasta el 30 de mayo de 2022 se denunciaron casi 16.000 casos de violencia doméstica. Esto significa un aumento, en relación con el año anterior, del orden de un 14 % o un 15 %. De acuerdo con el informe de Petit –sigo sistemáticamente sus informes y, si bien en sus declaraciones públicas a veces no es tan fuerte, lo que escribe sí lo es–, en 2021 hubo un récord de muertes en cárceles. Esto sucedió en 86 cárceles, por todo concepto, y la cifra es un 79 % superior a la de 2020 y un 96 % mayor que la de 2019. De estos 86 casos, 21 fueron homicidios, 17 suicidios, 9 muertes dudosas, etcétera.

¿Qué podemos decir sobre las condenas? De acuerdo con nuestros datos, en marzo, desde la vigencia de la LUC, hubo 510 condenas por delitos creados por esta ley. El 59 % fue por un delito de agravio a la autoridad. Esto incrementó la población en las cárceles, uno de los problemas centrales que tenemos y que, como todos sabemos, se retroalimenta con el delito. Además, la tipificación es muy complicada para la policía. En cuanto a la categoría de los homicidios, el 50 % fue a transeúntes y el 34 %, por un conflicto entre criminales. Luego el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad hizo un ajuste –lo sé– y dijo que en 2020 fueron el 44 %, en el 2021, el 42 %, y quizás en el 34 % se incluyen algunos casos de los que en realidad no se conoce la causa, por lo que el porcentaje se incrementa. No estamos hablando de más del 50 %, pero de cualquier manera es una cifra muy importante. Las víctimas del 44 % de homicidios no tenían antecedentes penales.

Escribí un artículo para el semanario La Diaria en el que expresé: «Homicidios: agravia la realidad, no su reconocimiento». Debemos reconocer la realidad que está hiriendo y agraviando a los uruguayos. Entre 2005 y 2009 se produjeron 2333 homicidios, un promedio de 267, luego de 260 y, por último, de 330. Por lo tanto, no negamos la realidad en cuanto a que hubo un incremento, pero en los dos primeros años de gobierno, en 2020 y 2021, la cifra fue de 323 y, si a esto le agregamos los que se produjeron en 2022, esta cifra sube. Si proyectamos este año, ¡bueno!

Todo el tiempo dijimos –era una postura política pensada y comparada internacionalmente– que la pandemia estaba teniendo una incidencia radical en la disminución. Se dijo que los delincuentes no estaban en cuarentena –lo dijo mi estimado amigo, el doctor Larrañaga, tristemente desaparecido y con quien tuvimos mucho vínculo–, pero, en realidad, antes de la LUC, se dio una caída vertical en el número de delitos, con lo cual se estaba confirmando la tesis de que los anteriores eran unos ineptos totales y que bastaba con dar un impulso a la policía para que cayera todo, justamente en el momento en que los uruguayos estábamos horrorizados y autoencerrados en una proporción muy importante por la pandemia.

Ahí tienen la gráfica número 17. En color verde están las barras que refieren a los momentos en que las clases se suspendieron y cuándo se produce la evolución de los homicidios. Como pueden ver, cuando aparecen las barras de color verde, los homicidios caen verticalmente y cuando no están presentes, suben. Esta gráfica está construida con los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Yo no dudo de este; el problema es si la estrategia que se sigue lleva a maximizar el relevamiento de los datos, de las denuncias y a disminuir la cifra negra. La estrategia anterior la llevaba por una razón muy obvia: estaba fundada en el mapa del calor y en los puntos calientes. En ese sentido, cuantas más denuncias hubiera, más posibilidades existían de tener un seguimiento y una acción combinada; era una estrategia que llevaba a eso. Si se cambia la estrategia, no se llega necesariamente a lo mismo.

En fin, esto es lo que muestra la pandemia versus los homicidios en el Uruguay. Ahora, el presidente ha dicho que la violencia ha aumentado. Creo que con todos estos datos, hasta que el ministro no demuestre lo contrario, tenemos una instauración fallida de un modelo de seguridad, porque si no habría otros resultados.

Por lo tanto, esta realidad, junto con una situación carcelaria crecientemente explosiva, lleva a una reproducción de la violencia que los uruguayos no queremos y no sabemos cómo parar.

De acuerdo con Petit, en el último informe, el año pasado 22.000 personas privadas de libertad pasaron por los establecimientos carcelarios, entre los que estaban los que salieron y los que entraron. Ahora, si uno toma la curva de crecimiento del número de personas encarceladas y la proyecta un poco más en el tiempo –aun sabiendo que la tasa del 12,5 % de crecimiento entre 2020 y 2021 no se va a mantener, sino que se va a achatar–, el resultado, señora presidenta, es que no necesitan cuatro cárceles de 500 personas, sino 8 cárceles de 500 personas para poder abordar la situación de la explosión carcelaria. Eso significa que no solamente 22.000 personas pasan o van a pasar por las cárceles, sino muchas más. ¿Qué quiere decir esto? Que las familias están vinculadas, porque uno tiene al primo, el otro tiene al tío que sale, al hermano que entra y a la madre que vende pasta base, que a su vez está obligada por el que está detenido. Es una relación que no tiene por qué cambiar considerando años anteriores. Por lo tanto, estamos hablando de una población de muchos miles de personas.

Esto significa que necesitamos un abanico de políticas y mucho dinero, porque si a los policías se les incrementó el 139 % real –después van a ver la gráfica– durante quince años, pero el salario bajó mucho en estos dos años, solo la recuperación lleva muchos millones de dólares y, si a ello le sumamos el incremento del número de policías, se va a necesitar mayor cantidad de dólares. Ahora, el ministro dijo –y en el 2016 también lo dijo–, con su manera contundente de argumentar –que le reconocemos–, en Canal 12, que Uruguay tenía un récord y que prácticamente era el primero en América Latina en la relación policía cada 100.000 habitantes, lo que quizás fuera un récord en el mundo. Entiendo que, si bien es necesario responder a la demanda de la población de mayor patrullaje, eso no quiere decir que necesariamente haya una mayor eficiencia.

Por lo tanto, en este marco decimos que hay un rumbo incierto. Pueden presentarnos un plan que nos convenza –¡cómo no!–, pero por ahora tenemos un rumbo incierto. ¿Por qué incierto? Porque, en primer lugar, en las direcciones especializadas en delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado, que costó años y años formar y de las que mucha gente fue enviada al extranjero, no solo cayeron sus responsables, sino también muchos de sus cuadros medios. Esto, a nuestro juicio, no fue una decisión razonable porque se perdió capital acumulado. Tampoco fue por vínculos con el Frente Amplio porque la mayoría no tenía absolutamente nada que ver con el partido.

En segundo término, la atención a la ciudadanía mediante becarios de nivel terciario se liquidó. A medida que terminan, son sustituidos por policías, muchos de los cuales son jubilados que ingresan nuevamente y no tienen los conocimientos, la tecnología ni la actualización en cuanto al Código de Procedimiento Penal ni están al tanto de la nueva concepción de atención a la ciudadanía vinculada a eventos relacionados con la violencia doméstica y los delitos sexuales, entre otros. Para eso hay que saber y tener otra cabeza.

Los operadores penitenciarios descendieron radicalmente en relación con el número de presos. Se repuso a algunos jefes de Policía y solo voy a dar un ejemplo porque no me quiero meter en líos, pero sí menciono a uno que había sido realmente removido por notoria mala conducta, que rayaba con y por desidia, en Cerro Largo. Otro día se sacó a Erode Ruiz porque se reunió con Gustavo Leal para ver qué pasaba con las casas en manos de bandas criminales.

En fin, quiero relatar una anécdota que refiere al policía ejemplar al que este Senado algún día tendría que rendirle un homenaje, que se llama don Julio Guarteche.

Durante 2005 se instaló la Junta Nacional de Drogas, a nivel de Presidencia, que estaba presidida por el prosecretario de Presidencia, el licenciado Jorge Vázquez. Allí iban los subsecretarios de varios ministerios y el comisario general Julio Guarteche, por la Brigada Antidrogas, la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, etcétera. Desde la primera reunión, el prosecretario planteó el enfrentamiento frontal a las drogas; lo reiteró en la segunda, y Guarteche, mudo; lo reiteró en la tercera y –tengo dos testigos– ¿qué dijo Guarteche?: «Esto de enfrentamiento a las drogas, ¿va en serio? Lo digo porque, antes de cualquier operación antidrogas, recluyo a todos los funcionarios que están a mi mando». Por quince días no los dejaba hablar por teléfono con sus familiares sin presencia de terceros ni salir –por supuesto– ni hacer el servicio 222 y perdían mucho dinero, iban al sacrificio. Señalaba: «Cuando digo si este enfrentamiento va en serio es porque no quiero recibir ninguna llamada que obligue a detener la operación». El que relata esto dice: «Todos entendimos lo que nos estaba diciendo. La respuesta que tuvo fue que no iba a recibir ninguna llamada y que, en caso de cualquier llamada que recibiera de parte de cualquiera, lo denunciara de inmediato». Esto fue porque no quería repetir alguna experiencia anterior a la que no quiero aludir. Creo, realmente, que esta cámara le debe ese homenaje.

Me parece, señora presidenta, que no caben más coartadas. La coartada de la leyenda negra ya fue, estuviera justificada o no; la coartada de la herencia maldita la practicó el Partido Nacional contra el Partido Colorado durante seis años y terminó entregándole el Gobierno. Esta es la verdad. Es lo que se ha hecho en este terreno, pero también en otro.

Martín Pasturino, que de esto sabe, manifestó que, según el Banco Mundial, el sector educativo ha tenido mejoras significativas en las últimas décadas. Lo afirma el Banco Mundial. Ustedes pueden decirnos que no tenían muy buen vínculo con el Banco Mundial, pero es un organismo internacional de importancia.

El 27 de julio, el ministro aquí presente expresaba que para él era muy interesante el tema de las rapiñas y del hurto, porque eran moneda de compra de droga. También dijo que había que atacar las bocas de pasta base. Agregaba que hacía poco habían tenido la satisfacción de capturar 407 kilos de pasta base, algo así como 4:000.000 de dosis, que iban a circular en el mercado e iban a deshacer las cabezas de nuestros jóvenes. Después resultó que era un error de atribución del número, pero él sostenía que eso podía abastecer, aproximadamente, tres meses de consumo local. Colocados en Europa significaban algo así como USD 10:000.000 y, en el mercado interno, USD 2:000.000. Sin embargo, no podemos desconocer que ha habido incautaciones; no voy a negarlo. Incluso, me parece que exageran las incautaciones que nosotros hicimos en algún año, porque los datos indican que en 2019 incautamos 11:911.635 kilos de clorhidrato de cocaína. Supongo que esto es un error en la memoria del Ministerio del Interior.

Llama la atención –por eso hago una consulta que puede responder el señor ministro en régimen de sesión pública o secreta– el número de incautaciones de 2021, porque hace que nos preguntemos si en el Uruguay hay laboratorios de procesamiento de cocaína y si están traficando para el exterior. No le pido que me responda ahora ni públicamente, pero este tema realmente preocupa y quisiéramos tener la explicación.

En 2019, 2020 y 2021 hubo un conjunto muy grande de condenados –se los llama así porque siguen ese procedimiento en la justicia; antes se llamaban procesados– por delitos relativos a las drogas. Se hace ahora y se hacía antes. Creo que este combate al microtráfico da un respiro a los vecinos; de eso no hay duda. También creo que Jorge Vázquez tenía razón cuando dijo en el semanario Voces que está demostrado que cuando uno cierra una boca se abren dos. Entonces, si logramos pegarle al que trae la droga, ¿cuántos intermediarios no van a tener droga para vender? ¿Cuántos? Quiere decir que en la escalera de prioridades, aunque estemos rodeados de países muy complicados –no lo ignoro–, la prioridad es pegar arriba. De lo contrario, el fenómeno se reproduce abajo y tiene consecuencias sociales. Sé que todas estas operaciones son de carácter muy reservado, pero no hemos visto signos de acciones en ese sentido. Se podrá expresar y decir lo que se hace contra los grandes intermediarios en otro régimen.

Por otro lado, sobre porcentajes de esclarecimiento, algún señor parlamentario que no está acá se rasgaba las vestiduras diciendo que era bajo. Sin embargo, siguió bajando. En 2011 era del 72 % y en el 2021, de 50 %, o sea que fue bajando el porcentaje de esclarecimiento; esto es un indicador importante.

Han aparecido en las gráficas y en los cuadros un conjunto de muertes dudosas. Al 31 de octubre de 2021 se contabilizaban 249 –¡249!– homicidios en el año y 143 muertes dudosas. Puede que después se hayan logrado clarificar muchas de ellas porque fueran, efectivamente, dudosas y se hayan atribuido a lo que corresponda. Ahora, se pasó de un promedio de 80 muertes dudosas anuales en la última Administración del Frente Amplio a tener un promedio de más de 151 en dos años. Este es un dato que aparece en los cuadros.

Algo no está funcionando. Es clara la posibilidad de que muchas de esas muertes sean homicidios, pero yo tengo que en 2018 las muertes dudosas fueron 103; en 2019, 105; en 2020, 159, y en 2021, 143. Este es un dato a tener en cuenta porque le hace preguntar a uno si la suma de los homicidios y las muertes dudosas de 2019 es el mismo número que las de 2020, aunque las categorías son diferentes.

Lavado de activos: si estamos hablando de narcotráfico, hablamos de lavado de activos. Ahora, el doctor Chediak, que está al frente de la Senaclaft –una de esas comisiones coordinadoras a nivel de Presidencia–, el año pasado se lamentó amargamente ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Representantes diciendo que el total de formalizaciones y persecuciones penales exitosas por esta modalidad delictiva es muy bajo. No habla de los circuitos financieros bancarios, sino de los no bancarios que por la LUC adquirieron un margen de maniobra muy superior; él dice que son muy bajos esos totales.

Esto nos crea un problema interno, nos crea un problema en la lucha contra la drogadicción, el narcotráfico y todo lo demás y nos crea un problema internacional.

El capítulo siguiente son las declaraciones del señor ministro: no me convencen. La verdad –tengo que decírselo lealmente, señor ministro; usted sabe que lo aprecio– es que denotan una especie de marcha errática, para decirlo en términos poco agresivos. ¿Por qué? En agosto, cuando se dio la fuga de Hugo Pereira, de la Unidad 4 de Santiago Vázquez –ex-Comcar–, fue un entrevero entre si la responsabilidad era del Ministerio de Defensa Nacional –del ministro García– o suya y si había salido por un agujero del cerco perimetral o si, en realidad, lo había hecho lo más campante por la puerta, etcétera. Fue un caso complicado.

En setiembre –me refiero a las declaraciones– se descubrió el secuestro y tortura de un preso en la Unidad 4 de Santiago Vázquez, y el ministro contestó: «No puedo asegurar que no esté pasando en otros lugares, espero que no». Cuando en una cárcel –y uno algo de cárceles entiende– pasan cosas de este tipo es porque el control interno de algunas de sus áreas está en manos de los que se encuentran en ese lugar; si no, no pueden pasar. En octubre, frente a la comisión de siete homicidios –algunos dicen que fueron más– ocurridos en un fin de semana, el ministro contesta no saber la razón por la que en primavera aumentan los delitos; bueno, ahora estamos en otoño, en mayo, no es una explicación razonable. En noviembre dice que rezan para que no haya más homicidios en cárceles y a fin de año, cuando hay de siete a diez muertes, el ministro dice que siempre existieron –en realidad me estoy refiriendo a los cuatro muertos en el ex-Comcar– y se queda en esa explicación.

El comisionado parlamentario cerraba el año denunciando un 135 % de hacinamiento en cárceles. En Nochebuena y en Navidad se produce un conjunto de homicidios y cuando le preguntan al ministro obviamente dice que le preocupa, que lo desvela, pero que nadie puede prever que haya gente que asesine parientes o en una disputa por un perro; de todos modos, creo que esa es una manera de expresarse que, en realidad, me deja muchas prevenciones.

En febrero hubo 33 homicidios y el 22 de febrero el ministro Heber dice: «Ahora podemos salir con carteras, podemos vivir sin miedo», dando la batalla por ganada. La verdad es que esas manifestaciones del señor ministro del Interior, a mi juicio, no corresponden.

El 23 de febrero tres policías de la Guardia Republicana violan a dos muchachas dentro de un patrullero y el ministro dice que se siente traicionado; lo comprendo, pero acá lo que importa es ponerse en primera instancia en el lugar de las víctimas, no en el lugar del ministro.

En marzo fueron detenidos y golpeados dos jóvenes en la zona de Jardines del Hipódromo y el ministro dice que se pone la camiseta de la policía, de los 33.000 policías, cuando en realidad hay que ponerse del otro lado, confiando en la policía, pero poniéndose del otro lado porque esto puede ser injusto no solo para la persona, sino también para la institución policial, ya que se puede generar inseguridad a la ciudadanía.

Un mes después, en un acto en el que participaba Laura Raffo, entre otros, el ministro hace el chiste sobre que los fuegos artificiales son como algunos barrios. Tampoco me parece que eso corresponda.

En abril, frente al linchamiento de una persona, el ministerio informa que venía delinquiendo. ¿Es razonable que se diga esto? No, no es razonable. Eso lo tendría que determinar la justicia y no salir a prejuzgar. Luego se produce el asesinato de una pareja frente a sus hijos a plena luz del sol mientras se dirigían a llevar a los niños a la escuela, y el ministro declara que es una familia que no ha progresado por sí sola. ¡La verdad, no corresponde! Creo que esto indica claramente falta de norte y de claridad en el acierto o desacierto en las declaraciones. El problema es que el señor ministro del Interior habló mucho en el pasado, como siempre, porque es un gran participante en debates, pero todo lo que dijo lo coloca en una situación muy complicada en el presente porque, de alguna manera, uno es esclavo del archivo. ¿Por qué digo que uno es «esclavo» –entre comillas– de sus dichos? Porque cuando en 2016 Bordaberry interpeló al ministro Bonomi dijo que habían pasado dos años y medio y nadie conocía el plan. Hoy ya pasaron dos años y medio y nadie conoce el plan. También criticaba la caída del índice de esclarecimiento del delito; al respecto, tenemos algo similar.

En esa interpelación, usted, señor ministro, dice: «A nuestro juicio, al señor ministro le ha llegado la hora de cambiar de trabajo […] ¡Tiene que cambiar ahora! ¡Tiene que mostrar resultados ahora! ¡La gente está harta, está indignada, no cree más en el sistema!». Hoy la gente quizá no esté en esa tipificación que usted hacía, pero está muy preocupada, ¡muy preocupada!, sobre todo porque usted prometió mucho.

En la interpelación de 2018, dos años después, volvió a repetir: «No podemos más». Dijo que había un clamor público y que no había excusas. Hoy tampoco hay excusas.

En esa segunda interpelación del senador Bordaberry, de 2018, el hoy señor presidente decía: «Para el ministro hay ciudadanos de clase A y clase B. Si uno cae en la muerte por ajuste de cuentas, no cuenta; no hay un ser humano, no hay una familia»; «Tiene razón el señor ministro, fui yo quien dijo que los vamos a ayudar a irse. ¡Los vamos a ayudar a irse!»; «No hay una visión de destrucción. Piensa el ladrón que todos son de su misma condición».

El ministro García, que en estos días ha hecho algunas declaraciones que nosotros hemos rechazado, decía en abril de 2019 que había una epidemia de violencia. Yo creo que el tono era de enorme confrontación.

En la moción de censura a Bonomi en el Senado, el ministro Heber decía: «Y esta situación ya no da para más. Le haría bien al Gobierno hoy sacar al ministro Bonomi. ¿No lo van a sacar? Van a morir abrazados a él, se van a hundir abrazados a él. Van a hundirse porque el Uruguay ya no aguanta más». Nos preguntamos: ¿las vecinas y los vecinos, en los barrios, aguantan con la violencia ‒como dice el señor presidente‒, que ha aumentado?

Como ve, el límite del relato es la realidad, y la realidad no es la campaña; si no, piense, señor ministro ‒lo pensará‒, en la situación de las cárceles y en todos los anuncios que se hicieron. Yo seguí el tratamiento del presupuesto, lo seguí a través de lo que podía leer, porque por la pandemia nos tenían recluidos. En esa instancia se habló de la construcción de cuatro cárceles y de una de alta seguridad que alcanzaban para dos mil personas. Ya se incrementó mucho más el número de personas y se va a incrementar en los años siguientes.

¿A qué conclusión llega el razonamiento del doctor Petit sobre la evolución de las personas privadas de libertad? A que la situación del sistema carcelario es crítica y que vamos a llegar a alrededor de 19.000 presos, cuando ahora tenemos 14.200; a que el sobrencarcelamiento aumenta la delincuencia al disparar la reincidencia y que así se termina en las maras en Centroamérica, en el reclutamiento islámico radical en las cárceles europeas y en los escuadrones de sicarios en las cárceles brasileñas.

Ahora, esto no afecta solo a los hombres, porque había 1020 mujeres privadas de libertad, la mitad por infracciones vinculadas a estupefacientes y muchas son víctimas y victimarios. Asimismo, más de la mitad no cuentan con antecedentes, en las tres cuartas partes de los casos se trata de delitos de negociación, transporte y suministro de estupefacientes y un 30 % de estos delitos se cometieron en un establecimiento de reclusión. Creo que hay alguna iniciativa para ver si esto puede ser considerado con una flexibilidad mayor, porque ahí hay niños de por medio y una serie de situaciones bien complicadas.

Las plazas crecieron, pero en determinado momento dejaron de crecer como muestra esa gráfica. Es cierto que cuando el nuevo equipo evaluó, bajó mil y pico de plazas, pero también es cierto que el señor comisionado parlamentario en el informe de 2020 dice que gran parte de eso es consecuencia del vandalismo. Lo cierto es que hay un 135 %, porque cada 100 plazas disponibles hay 135 personas. Por lo tanto, la construcción que se debe hacer es muy importante.

En cuanto a las muertes en custodia, casi un tercio de las muertes en los establecimientos carcelarios presentan negligencias o fallas asistenciales en relación con el resultado letal. Ahí se puede ver que hay 86 muertes bajo custodia y se ve la discriminación, que realmente es muy importante. Hubo 45 muertos en cárceles; 86 en total. En el informe, el comisionado parlamentario presenta un conjunto de recomendaciones y conclusiones. Recomienda fortalecer el sistema de medidas alternativas y la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida; recomienda reforzar la intervención técnica y la gestión de la Dirección Nacional del Liberado, y recomienda el fortalecimiento técnico del INR, así como un nuevo rol para ASSE en las cárceles.

Ahora bien, el señor ministro nos ha dicho que tiene un plan. En realidad, acá se hicieron muchos esfuerzos por un acuerdo interpartidario que se logró en el 2010, que se evaluó y está en la página web –en el 2013– con el fin de hacer una serie de cambios. Algunos muy importantes se hicieron en materia de dignidad salarial, de nuevas tecnologías, armamento, chalecos blindados, helicópteros, patrulleros, visores nocturnos, videovigilancia, simuladores de tiros, geolocalizadores del sistema Tetra, rastros genéticos –el caso de Lola Chomnalez es una expresión–, registro electrónico de huellas digitales, zonas operativas, mapeo del delito, patrullaje dinámico, etcétera. Se hicieron cambios de gestión, intercambios de información con Brasil y Argentina, con Interpol, la DEA y demás. Se creó y se expandió la Guardia Republicana, cosa que se continuó en este período. Se reestructuraron la Jefatura, el Centro de Comando Unificado, los medios operativos, la policía comunitaria y se tomaron otra serie de decisiones. Uno puede preguntarse si todo esto no dio el resultado esperado. Es cierto; no dio el resultado esperado, pero también es cierto que en el medio estuvo el cambio del Código del Proceso Penal, que eso complicó mucho a todos y que nunca hemos hecho el razonamiento contrafáctico. ¿Por qué? Porque a la subcultura del delito, que lleva varias generaciones –mirando la serie larga–, uno ve que se le incorporó un disparador que fue la pasta base y el narcotráfico. Ese disparador hizo y hace estragos. Entonces, solo un enfoque multidisciplinario que reprima el delito y la violencia para proteger al ciudadano lo más que se pueda, que vaya por las otras políticas públicas, puede hacer que decenas de miles de jóvenes –que han vivido en familias en las que el delito está incorporado desde hace varias generaciones y en las que ahora se les agregó en una proporción muy importante el narcotráfico; familias que no pertenecen solamente a zonas muy empobrecidas, sino a otras zonas y a otros estratos sociales– sean abordados para ver si se les dan rutas de salida a algunos de ellos para que salgan del círculo maldito que reproduce el delito y la violencia de una manera impactante en la sociedad uruguaya.

Por otra parte, no es cierto que no se aportaron ideas. En la campaña del 2018 se aportó un listado de catorce puntos respecto de lo que había que hacer para mejorar lo que venía. Se iba a ir a 28 zonas, abarcando a 80.000 personas, lo cual costaría muchos millones de dólares, pero valía la pena.

En realidad, nosotros pensamos que Nicolás Trajtenberg del GACH –creado por el ministro Heber– tiene razón cuando dice que los uruguayos vivimos una especie de realismo mágico porque pensamos que haciendo leyes cambiamos la realidad, pero no damos los recursos para que esas leyes sean efectivas.

Para terminar –porque no quiero cansarlos más– he formulado un conjunto de preguntas que le voy a entregar al ministro Heber.

La primera dice: ¿Usted considera que se ha cumplido con los compromisos programáticos asumidos en la campaña electoral y que acabo de leer?

SEÑOR CAMY.- ¿Me concede una interrupción, señor senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Estamos siguiendo con mucha atención el planteamiento del señor senador y queremos ofrecerle –si todas las bancadas están dispuestas– extender el tiempo de que dispone, a efectos de que pueda culminar el planteamiento de la mejor manera.

SEÑOR RUBIO.- Le agradezco mucho al señor senador, pero no es necesario. Preferimos el régimen de una hora y media para cada una de las partes. Si luego el señor ministro considera que hay datos que no deben ser públicos, está bien.

Continúo con las preguntas. Segunda: ¿Considera que en la comparación de mayo de 2021 con mayo de 2022 y el aumento de un 131 % de los homicidios hay responsabilidad del ministerio?

Tercera: ¿Usted cree que la pandemia no incidió en la mejora de los números de los delitos en Uruguay como confirman diversos estudios internacionales y sucedió en buena parte del mundo?

Cuarta: ¿Cuál era el plan del ministro antes de la reunión con el presidente en Torre Ejecutiva ante la ola de homicidios? ¿Cuál es el nuevo plan? O pregunto si es el mismo.

Quinta: ¿Cuáles son sus principales lineamientos estratégicos? ¿Qué acciones incluye? ¿Qué recursos materiales y humanos incluye?

Sexta pregunta: ¿cuáles son los estudios que fundamentan que el aumento de los homicidios en Uruguay es consecuencia del ataque al narcotráfico que dice hacer el ministerio?

Séptima: ¿Actualmente, para el Ministerio del Interior, cuál es la cifra negra del delito? ¿Cuál es su fuente de información para dar una respuesta –si la tiene, obviamente– y qué acciones están tomando para reducirla? Porque la cifra negra es la que revela esa diferencia entre los ciudadanos que dicen que ellos o algún pariente fueron víctimas y la cifra de delitos que luego aparece. Esto no es una responsabilidad del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad; lejos estoy de decir que sea una responsabilidad suya.

Octava: ¿Cuáles son los pasos del ingreso de las denuncias y los soportes utilizados? Explicite, si es posible, uno por uno.

Novena: ¿Qué avances se han realizado con relación a los grandes intermediarios de la droga? Este es un punto crítico. ¿Ha realizado avances importantes la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado Transfronterizo –que el Ministerio del Interior integra–, creada por la Ley n.º 19513?

Décima: ¿Qué resultados se han obtenido en el marco de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que el Ministerio del Interior integra? Porque el lavado de activos denunciado por fuera de los bancos cayó radicalmente.

Once: ¿El delito capital es la excepción?

Doce: ¿Qué pasa con la Comunidad Educativa Segura? Porque tenemos una lista, una nómina de casos –algún senador va a ocuparse de mencionar alguno– realmente muy malos. Bueno, hemos visto lo que hemos visto, señora presidenta.

Trece: ¿Qué componentes y con qué recursos va a desarrollarse un plan integral? La verdad es que nosotros no queremos respuestas que consistan en promesas o en excusas. Si es un plan integral, se incluirá en la rendición de cuentas, o estará por ahí.

Catorce: ¿Qué plan global de política pública del Gobierno involucra vivienda, salud, educación, empleo y seguridad? Yo quiero saberlo como ciudadano, no como alguien que viene a plantearle preguntas a un ministro. ¿Cuál es la interconexión entre el plan de vivienda, el de salud o el de educación y el plan de lucha contra la drogadicción? Mientras haya consumo y proveedores de frontera de gran escala esto está complicado.

Quince: ¿No se requiere un abordaje a nivel del territorio con participación del Estado y de la sociedad civil y un enfoque multidisciplinario? Esta es una pregunta que, en realidad, podría contestar también el Mides porque involucra a varios ministerios, y es donde estuvo nuestro principal problema por no tener todos los recursos para poder hacer esto con la eficiencia con la que queríamos hacerlo, aunque mucho hicimos.

Dieciséis: ¿Se incluyen campañas y nuevos centros para el tratamiento de las adicciones? ¿Qué pasa con el tratamiento de las adicciones? Resulta que ahora el 80 % de los presos son adictos, y todo lo que tenemos afuera: las familias y las madres y los padres desesperados por la adicción de sus hijos. Además, hay que considerar la escasez enorme de lugares en donde hacer tratamientos, lugares creados por política pública.

Diecisiete: ¿Van a tomarse en cuenta las críticas del comisionado parlamentario Petit? ¿Cómo van a implementarlas? En particular, con relación al incremento de plazas, ¿qué medidas se han adoptado o se planifican? ¿A qué costo y con qué recursos humanos? No me vengan con la respuesta barata de decir que se construyeron algunas camas porque se pusieron presos a trabajar, cosa que está muy bien.

(Dialogados).

–Retiro el término «barato» y digo «liviano», respuesta liviana. Espero que quede conforme el señor senador, que es un gran plantador y entiende de esto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Vamos a tratar de seguir manteniendo el buen clima, por favor.

SEÑOR RUBIO.- Como decía, se puso a trabajar a un grupo de presos haciendo camas en un taller. Está muy bien, pero esto supone un conjunto de recursos humanos. Además, todos los que conocemos algo de cárceles sabemos que hay gente que prefiere dormir amontonada, aunque sea en el suelo, pero con aquellos que los protegen, a estar separados por ahí. Es una realidad.

(Dialogados).

–Es una realidad; eso no quiere decir que no tengan camas. No, no es así.

Entonces, ¿van a tomarse las críticas del comisionado parlamentario en estos aspectos? ¿A qué costo y con qué recursos humanos? Porque si hay menos recursos humanos para operadores penitenciarios, mucho menos va a haberlos si no se prevé su crecimiento cuando hay un incremento de la población carcelaria. En realidad, no se necesita ser un matemático para llegar a esta conclusión.

Finalmente, señora presidente, señora presidenta; no sé cómo prefiere que la llame…

SEÑORA PRESIDENTA.- Si usted prefiere «señora presidenta», también a mí me gusta más.

SEÑOR RUBIO.- Sí, yo lo prefiero, pero con todo este mareo uno no quiere equivocarse.

SEÑORA PRESIDENTA.- Yo no tengo mareo en ese tema.

SEÑOR RUBIO.- Señora presidenta, Beatriz Argimón, entonces.

(Murmullos en sala).

SEÑORA PRESIDENTA.- Guarden silencio, señores senadores.

SEÑOR RUBIO.- Ahora voy a citar una pregunta que hizo un periodista que sabe de estas cosas. ¿No necesitamos un GACH criminológico con fiscales, jueces, académicos, expertos en criminología y otros saberes?

Quiero decir, señora presidenta, que esta fuerza política ha dicho que está dispuesta a dar una mano en lo que pueda, a opinar, a enviar documentos, a hacer aportes y a otras cosas, pero se tomó a mal. Quizás se haya tomado a mal por el apuro de alguno de los que se reunieron en los días previos o de pronto hayan sido los nervios, pero, en realidad, que nos hablen a nosotros de lealtad institucional puedo entenderlo por parte de algunos jóvenes que integran este Cuerpo –aunque creo que no hay muchos–, pero el que estuvo en la crisis de 2002 sabe que alguien paró a los que venían bajando por algunas avenidas. Saben eso y unas cuantas cosas más de ellos y de nosotros a las que no vamos a dar carácter público. En fin, saben unas cuantas cosas más.

Señora presidenta: le agradezco la paciencia que ha tenido. Debo decir que nuestro propósito es que haya un debate en profundidad, ya sea en esta reunión o en las que vengan, en la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia o en las que convenga, porque este problema afecta enormemente la vida de los uruguayos; es un problema que va creciendo y ninguno de nosotros desea el descrédito del sistema político por incapacidad para resolver las situaciones neurálgicas de la vida de los uruguayos.

Muchas gracias. Me sobraron 7 minutos y 14 segundos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Esperamos poder continuar la sesión con el nivel que el tema amerita. Recordemos, además, que existe la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, que en su momento todos los partidos políticos votamos, que funciona en los diferentes períodos y que es una herramienta muy importante para seguir conversando sobre estos temas.

Ha sido voluntad de este Parlamento seguir el tema carcelario en los distintos períodos y me parece bueno dejar constancia en la versión taquigráfica de que, seguramente, algunos insumos de esta sesión formarán parte del trabajo de dicha comisión.

Tiene la palabra el señor ministro del Interior.

SEÑOR MINISTRO.- Señora presidenta: muchísimas gracias. Realmente, es un gusto estar acá.

Antes que nada, quiero decir que a raíz de la noticia del día de ayer acerca de que el señor presidente de la república está con covid, en la mañana de hoy me hice un examen que dio negativo. Puedo dar la tranquilidad de que no poseo ningún elemento de contagio viral. Espero sí contagiar la creencia y el relato real de lo que está pasando, que dista mucho de lo que acaba de afirmar, sostener y argumentar el señor miembro convocante.

Al final de su intervención, el señor senador Rubio habla de una invitación, pero nosotros estamos abiertos a recibir en el ministerio todas aquellas ideas que puedan mejorar la gestión. No necesitamos cumbres, reuniones ni comisiones. Varias veces hemos dicho que nuestro despacho está abierto para recibir a aquellos que respetan la institucionalidad y que quieran venir a dar aportes para ayudar en el tema de la seguridad.

Fue en la última frase que el señor senador Rubio hizo esa referencia; en todo el resto se fue al pasado haciendo alusión a frases nuestras –que las sostenemos a todas– en un contexto que también hay que mencionar. ¿Por qué? Porque cita al señor Trobo, a los entonces senadores Javier García y Lacalle Pou y a quien habla en función de lo que nosotros le decíamos al señor Bonomi sobre expansión y emergencia. En realidad, no hablábamos de expansión; ese término lo utiliza el señor senador Rubio al decir «expansión de la violencia».

El señor senador Rubio habla también de un relato equivocado; dice que no hay inteligencia, que tenemos cifras récords y que el modelo de seguridad es fallido. Es un resumen de varios argumentos, sobre todo del pasado, que hacen referencia a que en las sucesivas interpelaciones nosotros cuestionábamos al entonces ministro Bonomi. Ahora bien, ¿en qué contexto lo hacíamos? Hay que ver el contexto en el que estábamos situados. ¿Por qué estábamos en una situación de emergencia de seguridad? ¿Cuál era la situación que llevaba a ese enfrentamiento en esta sala? Tenemos que ver si aquella situación era igual a esta. Eso es lo que hay que comparar en esta instancia.

En aquel entonces, señora presidenta, durante el Gobierno del Frente Amplio, desde el 2004, en que había 7000 rapiñas, habíamos pasado a 30.636. Reitero: se pasó de 7000 a 30.636; o sea, un 338 % de aumento. No estamos hablando de cifras chicas. ¡Estábamos viviendo una emergencia en la seguridad! Si se pasa de 7000 a 30.636, ¿cómo no va a estar interpelado el ministro? Obviamente que lo tiene que estar; sea del Gobierno que sea, el ministro tiene que venir a dar explicaciones de cuál es la situación.

En cuanto a los homicidios, en 2004 hubo un total de 200 y en 2019 pasaron a ser 393, es decir, 96,5 % de aumento. No es un aumento chico, ¡es el doble! ¿Cómo no íbamos a estar llamando al ministro?

Con respecto a los hurtos, en 2004 hubo 98.409 y en 2019 pasaron a ser 139.991. ¡Eso era una emergencia en seguridad e inseguridad! No hay otro calificativo.

Ya que fueron citadas intervenciones que nosotros realizamos en el pasado, en 2014 el entonces presidente de la república, el doctor Vázquez ‒lamentablemente fallecido‒, ganó las elecciones expresando que iba a bajar el 30 % de las rapiñas. En ese entonces las rapiñas estaban en 20.122 y prometió bajar 6000 de ellas, que es el 30 %. Sin embargo, en 2019 pasamos a 30.636. ¡La cifra aumentó en 10.514 rapiñas! No solo no bajaron 6000, sino que subieron aproximadamente 10.000; es decir que hubo un 52,3 % de aumento.

¡¿Cómo no lo iban a interpelar?! A mí la Cámara de Representantes me convocó porque se había escapado un recluso en el INR y me discutían si su fuga había sido por la puerta o por el tejido. Después de haber dicho que había sido por el tejido, la fiscal, luego de las investigaciones, confirmó que había sido por allí. ¡Tuve no sé cuántas horas de interpelación!

Ahora estoy aquí con mucho gusto y voy a informar todo, porque en esta instancia vamos a contestar y a hablar de las cuestiones que terminan con un relato equivocado que, en mi opinión, es el que hace la oposición, que no ve la realidad ni lo que pasó en estos dos años y no asume esta situación.

Señora presidenta: en los veintisiete meses que llevamos de gestión se registraron 741 homicidios. Claro que es muchísimo y no los califico ni digo que se registraron por causa del narcotráfico. Cuando se me pregunta cuál es la causa de ese homicidio, tengo que contestar que es por narcotráfico, pero no lo digo con una intención de menosprecio o de calificación de los homicidios en función de que hayan sido por enfrentamientos entre familias, organizaciones, bandas o como se les quiera llamar. Ahora bien, si comparamos nuestros veintisiete meses de gestión con los últimos veintisiete meses de la gestión pasada, la del Frente Amplio, podemos notar que nosotros llevamos registrados 741 homicidios y en esos meses de la gestión pasada se registraron 905; o sea, 164 más. ¿No se ve esto? ¡No se ve!

En cuanto a las rapiñas, en estos veintisiete meses tenemos 10.971 menos; son más de diez mil personas que no fueron rapiñadas porque las bajamos.

A su vez, tenemos 65.000 hurtos menos, 726 abigeatos menos y 2675 denuncias de violencia doméstica menos.

Voy a pedir a quien maneja el monitor si nos puede poner en pantalla la placa con los años, que es lo que hay que medir.

(Se exhibe presentación).

–Vamos a analizar, por lo menos, los últimos cuatro años para que se puedan visualizar los datos. Esto ya lo mencioné en una conferencia de prensa en el mes de enero, y ahí están los números, aunque no sé si se alcanzan a ver. Comparando el 2021 con el 2019, tenemos un 23,7 % menos de homicidios. ¿Esto no se ve? ¿No existe o no se quiere ver? Hay una disposición política para no verlo ni reconocerlo. Entonces, es muy difícil dialogar cuando no se quiere ver lo que rompe a los ojos; es muy difícil sentarnos alrededor de una mesa cuando se niegan números muy claros. Además, tenemos un 19,9 % menos de hurtos. Esto está hecho por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad y no por nosotros, es decir, por el mismo que hacía las mediciones y que fue creado por el Frente Amplio en su momento, con la misma gente e igual director. Si comparamos el 2019 con el 2021, observamos que tenemos un 18,8 % menos de rapiñas. A su vez, hay un 1,3 % menos de violencia doméstica y 36,4 % menos de abigeatos.

Acá es cuando comenzamos a tener cierta distancia con la oposición, que me propongo no tenerla, pero creo que voy a fracasar en el intento en forma rotunda. Lo digo porque aquí hay una actitud, una predisposición a estar en contra. Acá hay una actitud de negar estas cosas.

Se dijo por parte del señor senador Rubio, señora presidenta, que tenemos récords. Lo expresaba con respecto al tema de los homicidios. Supongo que se referirá al mes de mayo. Supongo, porque los números –lamentablemente ahora no se ven– son muy claros.

Por otro lado, el 2021 fue un año récord en cuanto al cierre de bocas de venta de pasta base; se cerraron 1152.

Se incautaron 1196 kilogramos de pasta base. Esto es lo que genera el delito. Estamos hablando de casi 1200 kilogramos.

Las personas indagadas fueron 4673. ¡Eso es un récord!

Las personas condenadas fueron 1465.

Todo esto ocurrió en el 2021.

Se incautaron $ 17:490.368. Es un récord.

Además, se incautaron USD 742.794.

No tenemos un récord en cuanto a la cocaína incautada, tampoco sobre la marihuana, pero estamos muy bien. No es un récord porque en los meses de noviembre y diciembre de 2019 la Prefectura Nacional Naval incauta enormes cargamentos de cocaína en el puerto, lo que lleva a una cifra exponencial en ese año. Esa es la única razón, porque en los otros años hubo muy pocas incautaciones. Después voy a mostrar la comparación de las incautaciones. Allí se podrá ver ese pico que se produce gracias a la Prefectura Nacional Naval, a nuestras Fuerzas Armadas y a quien en definitiva cuida los tránsitos en el puerto, que incautaron miles de kilos –toneladas– de cocaína. Ese es el único caso, pero lo que hace más daño a la sociedad es la pasta base. Lo que realmente genera los otros delitos, la rapiña y el hurto, es la pasta base.

Ahora, señora presidenta, vamos a un trimestre. Nosotros decimos las cifras cuando nos dan bien y cuando nos dan mal. Queremos ver el año, ¿verdad? En el primer trimestre, que abarca los meses de enero, febrero y marzo de 2022, las denuncias aumentaron con respecto a nuestra actuación del mismo trimestre de 2021. Me refiero a los 96 homicidios frente a los 72 que hubo en 2021. En el 2020, hubo 101; en el 2019, 83. Reitero, señora presidenta, me refiero al primer trimestre.

Esta cifra, ¿lleva a la oposición a decir que estamos frente a una situación de descontrol? Es menor que la del 2020. Una parte del primer trimestre de ese año no correspondió a nuestra Administración. Recordemos que abarca enero, febrero y marzo. Enero y febrero pertenecieron a la Administración del Frente Amplio, y marzo al señor ministro Jorge Larrañaga, que recién había asumido. En ese trimestre hubo 101 homicidios. ¿En marzo se dijo que estábamos en una situación de descontrol porque habíamos pasado de 83 homicidios a 101? ¿Esto lleva a que se diga públicamente que estamos en una situación de descontrol con respecto al tema de los homicidios? No, señora presidenta.

Entonces, me da la sensación de que simplemente se tiene la actitud de castigar al Gobierno y lesionarlo en materia de seguridad para tratar de emparejar lo que anteriormente fue un desastre, ¡un desastre! ¡Un aumento del 338 % en rapiñas es una vergüenza nacional! Además, hubo un 96 % de aumento de los homicidios. ¡Es una vergüenza lo que pasó! Lo que se trata de hacer ahora es corregir.

Ahora viene esta Administración y en dos años baja las rapiñas, los homicidios, los hurtos, el abigeato y la violencia doméstica, pero dicen que está mal. ¿Cómo se puede entender un razonamiento así? Apelo, ya no a los senadores –no quiero englobarlos a todos; sí al señor senador Rubio, que parecería que está negando la situación–, sino a quien, en definitiva, me está escuchando afuera de este recinto. Resulta que esto venía en franco aumento año a año, sin que se pudiera controlar. Tanto es así que el director de la Policía nacional señaló que no podíamos con esto y que íbamos a terminar como El Salvador o Guatemala, donde la violencia llegó para instalarse, y dijo que si no se daba una distribución de la riqueza no habría solución para la gente que, en definitiva, por causa de la pobreza, delinquía. A nuestro juicio, es otro error y otra equivocación conceptual decir que la pobreza es la que genera el delito.

Eso también lo mencionó el exsubsecretario Jorge Vázquez en un reportaje que le hicieran en el semanario Voces, donde dijo cosas con las que realmente estoy en frontal desacuerdo; hablamos de política y de afirmaciones realizadas, o sea de lo que señaló. Expresó que hay delito porque hay gente que no tiene cosas y otra que sí las tiene. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la solución? ¡Estuvieron quince años en el Gobierno!

Se dice que hay delito porque hay gente que tiene cosas. Esas personas trabajan veinte horas, se desloman, no delinquen. Los trabajadores de nuestro país, que se levantan todos los días de mañana, son a quienes se les roba, señora presidenta. Si mañana un trabajador se compra una moto, señora presidenta, se justifica el delito diciendo que como el otro tiene moto, le tienen que robar. Así se justifica la delincuencia. El tema es que nadie tenga nada; que el trabajador, ese que quiere ir a su trabajo en moto, no se la pueda comprar. Esa es la razón por la cual hay delitos. Entonces, hay que cambiar la sociedad a una en la que no haya diferencias porque, si las hay, se cometen delitos. Es lo que nos está diciendo y me parece un gran error.

Ahora bien, en este trimestre en el que decimos que aumentó el homicidio, bajaron la rapiña y el abigeato, con respecto a nosotros mismos –es decir, estoy hablando de que en 2021 y 2022 el hurto subió apenas un 3,2 %, bajaron la rapiña y el abigeato y subió la violencia; ahí están los números–, ¿cómo se explica que tengamos éxito en algunos lados y en otros no? En ese trimestre, como podemos ver en la gráfica –me parece importante verlo por lo que decía el exsubsecretario Vázquez–, se puede apreciar la sensación de inseguridad. Se muestra dónde está la sensación de inseguridad, sobre todo cuando el porcentaje total de los homicidios se da en función de la rapiña. No se muestran para calificarlos ni para diferenciarlos, sino para saber cuándo hay homicidios producto de la rapiña. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso del almacenero de hace poco tiempo en Peñarol o del dueño del bar en Lezica, que son los que recordamos porque impactan más y porque no están dentro del círculo del delito. Se trata de personas que, realmente, son enfrentadas por la delincuencia y pierden la vida, lo que genera un impacto mayor. Lejos estamos de calificarlos en forma distinta, porque son homicidios tanto esos como los vinculados a la delincuencia, pero nos impactan más.

Esta gráfica –creo que es importante tenerla– refleja cómo ese porcentaje ha venido bajando; subió en 2018 y 2019, bajó en 2020 y en el primer trimestre de 2021, aunque, lamentablemente, hubo 4 homicidios producto de rapiñas entre enero y marzo. Entonces, vuelvo a decirlo: no mostramos esto para diferenciar, sino para saber cómo impacta, porque duele.

En el barrio Colón, justificadamente, hubo manifestaciones de los vecinos en solidaridad con el dueño del bar que murió en un asalto. Encontramos a los culpables, tenemos pruebas y elementos como para pronunciarnos, pero el juez de la causa determinó prisión domiciliaria por tenencia de armas. Encontramos los celulares, la plata, el arma y a las personas, pero en el juzgado de menores –porque son menores– se determinó prisión domiciliaria por tenencia de armas y no lo que para nosotros era muy importante, esto es, llevarlos y formalizarlos. Somos respetuosos de la justicia y de la institucionalidad, pero también tenemos derecho a quejarnos y a discrepar –y discrepamos– cuando hubo un trabajo policial excelente que llevó a esclarecer este homicidio indignante en Lezica.

Además, podemos ver datos de los homicidios, porque parecería que este es el tema. Se deja de hablar de rapiñas, que siguen bajando en el mes de abril, y se deja de hablar de hurtos y de abigeatos, que también bajan.

No es cierto, señora presidenta, que estamos viviendo una expansión de violencia. ¡No! No lo decimos con arrogancia, porque no somos arrogantes. Estamos convencidos de que vamos por el camino de dar lucha porque los números nos dan la razón y porque hemos cambiado las gráficas ascendentes que llevaban a la resignación de que no podíamos. Hablamos de resignación, pero no porque los datos no dan, puesto que reflejan que hemos estado dando batalla, y buena batalla, a la delincuencia.

En cuanto a los homicidios, trajimos datos de tres años para atrás y tres para adelante, a fin de poder ver la evolución mes a mes, aunque no es conveniente verlos mes a mes, sino analizar períodos más largos, como seis meses o un año, para poder determinarlo. Acá, repito, estamos discutiendo sobre un mes, luego de ver los números correspondientes a un año, dos años, veintisiete meses. Es decir, el Frente Amplio, por medio del senador Rubio, está diciendo hoy aquí que, debido a que en el mes de mayo se llegó a 37 homicidios, estamos viviendo una expansión de violencia. Yo estoy francamente en contra de ese razonamiento, en desacuerdo con ese análisis, y lo voy a demostrar. En realidad, la única expansión de violencia se da en mayo.

En enero de 2022 tenemos menos que en enero de 2020 –que era de la Administración del Frente Amplio–, más que en 2019 y más que los 39 de 2018. ¿Se puede afirmar que 35 homicidios es una expansión en enero? No. De lo contrario, ¿qué hubiera dicho de su propia Administración en enero de 2020, en que hubo 38?

En febrero de 2022 hubo 34, igual que en 2018. Si hay expansión en 2022 con 34, supongo que también dirá lo mismo de 2018, de su propio Gobierno. No escuché al senador Rubio ni a nadie del Frente Amplio decir que había expansión de la violencia en febrero de 2018 porque teníamos las mismas cifras de febrero de este año.

En marzo de 2022 hay menos que en 2020 y menos que en 2018, que es de su Administración. Marzo de 2020 ya corresponde a nuestra Administración, de arrastre.

Luego, en abril la cifra de homicidios bajó con respecto a 2021. En abril de 2018 hubo 40. ¿No se ve esto? No, no es que no se vea; esto no se va a ver nunca, señora presidenta, porque no se va a reconocer.

En mayo de 2022 tenemos este pico de 37, que es mucho más de los 16 de 2021, pero es igual a la cifra de 2019. Si estamos en esta emergencia, ¿por qué no dijeron lo mismo en 2019? Es mucho menos que lo registrado en 2018, en que hubo 45 homicidios en el mes.

Esto está mal encarado si lo comparamos y analizamos por mes. Puede haber meses que den mejores cifras a esta Administración y otros en los que las cifras den mejor a otra. No va por ahí. Tenemos que medir la tendencia, y la anual es a la baja.

En la siguiente imagen se pueden apreciar muy claramente las cifras de homicidios del mes de mayo en los distintos años. Realmente me asombro cuando el senador Rubio habla de un aumento del 131 %. ¿Y los 45 homicidios de 2018? ¿Y los 37 de 2019? ¿Ahí estaba bien llegar a ese nivel de homicidios y ahora está mal?

Es muy difícil discutir de esta manera, porque en realidad lo que se está buscando es generar una situación de comparación. Es lo que hizo el señor senador en su exposición al recordar lo que le dije a Bonomi, lo que señaló Lacalle Pou, lo que dijo Javier García. ¿Estábamos viviendo esta situación? No. Y recuerda que yo dije: «Van a morir abrazados a él». Es verdad, murieron abrazados a él. Sí, señora presidenta; no digo que sea el principal, pero uno de los temas es el de la seguridad.

¿Con nosotros siguió esa línea de aumento sostenido de los homicidios? No. Bajaron en el 2020 y en el 2021. Por un mes están diciéndonos que se nos fue la cantidad de casos. Hay algo que me resulta bastante sintomático. Es una lástima que algunos señores senadores del Frente Amplio que hicieron declaraciones a la prensa se fueron de sala. Por ejemplo, dijeron que en enero Rivera era ingobernable porque hubo ocho homicidios allí. Señalaron que las bandas del narcotráfico Os Manos, Bala na Cara y Os Tauras –que tienen asiento en el Brasil– estaban penetrando en Rivera y que nosotros no gobernábamos, no controlábamos eso, porque hubo ocho homicidios. Impusieron y dejaron la sensación de que había un desgobierno o un gobierno errático, sin rumbo, todo lo que escuchamos hoy de parte del señor senador Rubio. ¿Y qué pasó en febrero? Hubo un homicidio. ¿Qué pasó en marzo? Hubo un homicidio por problemas sentimentales, de violencia doméstica. ¿Qué pasó en abril? Hubo cero homicidios. ¿Qué pasó en mayo? Hubo uno. Entonces, ¿es sano, es bueno, es constructivo, es de lealtad institucional decir que el ministerio no tiene el control de la frontera, que se nos fue de las manos el control de la frontera en Rivera porque hubo ocho homicidios? Lamentablemente los hubo, pero los ocho fueron aclarados y resueltos y los culpables fueron condenados. Lamentablemente no los pudimos prever, porque es difícil preverlos, señora presidenta, sobre todo cuando se dan sobre la base de enfrentamientos y disputas territoriales.

¿Con esto quiero calificar los homicidios? No. ¿Pero había desgobierno? No lo hay. ¿Hay una situación de falta de rumbo? No la hay. ¿Hay una situación de violencia descontrolada? No la hay. ¿En algún momento perdimos el control de la situación? Tampoco. No se puede hacer un relato para dar la sensación de que acá hay un desgobierno. ¿Tuvimos un problema en Peñarol? Claro que tuvimos un problema en Peñarol. Lo van a explicar profesionalmente. Después de hablar de estos temas de carácter político, señora presidenta, voy a ceder el uso de la palabra a aquellos en quienes confío profesionalmente. Yo confío en la policía y la apoyo, pero al buen policía. Lamentablemente, desde que estamos al frente del ministerio hubo 526 sumarios y cesantías por diversos motivos: actitudes, abuso policial, consumo problemático de drogas, delitos económicos. Quiere decir, señora presidenta, que estamos preocupados por que la fuerza esté saneada. La Dirección Nacional de Asuntos Internos trabaja muy bien. Es una gran división que nos ayuda a depurar la policía, con las debidas garantías.

Nuestra intención en esta instancia es cambiar lo que nos pintó el senador Rubio por la realidad, que se mide en el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. No es mi realidad; es la que mide el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. Los datos muestran claramente los éxitos que hemos tenido, que no son suficientes. Acá se ha afirmado: «Heber dice que hay seguridad, que hemos abatido la inseguridad». No, no estamos conformes con la situación, pero no se puede decir que haya más inseguridad. Hay menos inseguridad. No se puede afirmar que hay una violencia expansiva. No es verdad; hay menos violencia.

Entonces, se habla de lo que sorprendió a todo el mundo, de delitos que llaman la atención, que indignan. Claro que indigna la situación de la persona que lamentablemente fue asesinada en una boca de pasta base, que fue trozada y tirada al río. Es algo que impactó a todo el mundo. La policía tiene una persona condenada porque limpió la escena del crimen, tiene una persona formalizada por llevar y empujar el carro lamentablemente con partes del cuerpo, tiene filmaciones de las cuatro personas que intervinieron en el asesinato y tiene un testigo protegido que afirma que se le dijo quiénes eran los que habían matado a la persona, pero la instancia está en Fiscalía y esta parece entender que no hay elementos de prueba suficientes. De manera que, además de las filmaciones, del testigo y de las personas que intervinieron en la escena del crimen, estamos reuniendo más elementos de prueba para poder convencer ya no al juez, sino a la fiscal, de ir a juicio para formalizar y condenar a los autores, que están plenamente identificados y filmados.

Entonces, como el señor senador Rubio trajo este tema, quiero informar al Senado y a la opinión pública que hicimos este trabajo. Ahora estamos a la espera de lo que diga la Fiscalía, con la que queremos tener la mejor de las relaciones, porque institucionalmente trabajamos con ellos, pero la verdad es la verdad. Nuestra policía encontró filmaciones, tenemos una persona como testigo protegido, tenemos a las dos personas que intervinieron en la limpieza y en el acarreo del cuerpo, lamentablemente, y también tenemos gente que está afirmando que sabe quiénes son. Después estará en el ámbito de la Fiscalía proceder. Según la fiscal, estos no son elementos probatorios de la responsabilidad de este horrible crimen que sucedió en una boca de pasta base.

Se dijo que estábamos en Sinaloa. ¿Se puede afirmar que Montevideo es Sinaloa? ¿No hay mala intención? No lo dijo ninguno de los señores senadores del Frente Amplio, pero no se puede afirmar que estamos en Sinaloa por esta situación.

Voy a ceder la palabra al señor director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, comisario general Alfredo Rodríguez. Me gustaría tener la atención del señor senador Rubio, porque hizo algunas preguntas que me parecen importantes y que van a ser respondidas en la exposición del señor director. El comisario general Alfredo Rodríguez va a hablar del régimen abierto. Yo voy a decir dos titulares nada más, el director los va a explicar y después va a pedir pasar a sesión secreta, porque nosotros creemos que tenemos que informar al Senado del plan, de la estrategia, de la inteligencia.

Entonces, espero que después de que hable el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas no se siga afirmando que no hay estrategia ni inteligencia. Vamos a mostrar la inteligencia y vamos a mostrar la estrategia. Después espero que tengamos lealtad en cuanto a la discusión pública que debemos dar y que tiene que ser de buen nivel. Podemos aceptar que se diga que está mal la estrategia o está mal la inteligencia, pero no se puede afirmar que no hay estrategia y que no hay inteligencia. Quien diga esto después de escuchar al director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y al jefe de Policía de Montevideo estará mintiendo públicamente, porque conocerá la estrategia y la inteligencia que tiene la policía en estos momentos.

Quiero decir, a modo de introducción, que tenemos un trabajo de inteligencia muy importante. En el área metropolitana –esto lo podemos decir– tenemos una identificación, que va a explicar el director general, de cuarenta y cinco organizaciones, que muchas veces tienen lazos familiares –otras veces, no– y son dueñas de más de tres bocas de pasta base. Esa es la batalla que estamos dando.

Si la señora presidenta lo entiende oportuno, quisiera ceder el uso de la palabra al comisario general Alfredo Rodríguez, quien ha tenido mucho éxito en el combate de las drogas, y a las pruebas me remito en cuanto a las incautaciones que se han realizado en todo el país.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, comisario general Alfredo Rodríguez.

SEÑOR RODRÍGUEZ.- Buenos días, señora presidenta, señores senadores, autoridades presentes.

Voy a ampliar los conceptos que vertía el señor ministro sobre los cuarenta y cinco clanes familiares que tenemos identificados en Montevideo y el área metropolitana. Para ello es bueno hacer un poco de historia y remitirnos al 1.° de marzo de 2020, cuando asumimos el cargo de director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

Sobre la base de la experiencia que teníamos en este tema, después de haber trabajado once años en el área operativa de dicha dirección, hicimos dos propuestas al Ministerio del Interior para solucionar inmediatamente algunos problemas.

En cuanto a la primera de ellas, nosotros, como profesionales, veíamos que había existido un desacierto al eliminar en 2013 las brigadas departamentales de Montevideo y Canelones. De esa manera, la lucha contra el microtráfico en Montevideo y el área metropolitana quedaba solo en manos de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, concretamente su área operativa.

Hago la aclaración de que no estamos hablando de los grandes tráficos, sino concretamente del tráfico medio y del microtráfico de Montevideo y la zona metropolitana.

Además de eso, habíamos detectado cierta inoperancia y corrupción instaladas en la Brigada Departamental de San José, por lo que era oportuno concretar la operación lo antes posible, de manera de sanear rápidamente y tener aliados, no enemigos. Esa operación fue denominada Amán, fue ejecutada el 13 de agosto de 2020 y culminó con la formalización del segundo al mando de la brigada y la separación del cargo y sumario al comisario jefe de aquel momento.

En 2020, con la creación –nuevamente– de las brigadas departamentales de Montevideo y Canelones, le pudimos dar a nuestra Brigada Nacional de Drogas, dependiente de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, otro enfoque investigativo sobre microtráfico y tráfico medio, aplicando inteligencia y una estrategia definida. Esa estrategia después quedó plasmada en el plan nacional de lucha contra el narcotráfico que se confeccionó desde la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

¿Qué permitía esto? Una descentralización de las tareas. Al tener nuevamente las brigadas de Montevideo y Canelones, se descentralizaban nuestras tareas y esto nos permitía realizar investigaciones más profundas, pero sin detener el ataque o los golpes a los centros de distribución, que continuamos realizando en coordinación con las brigadas mencionadas. Hasta el momento estamos tan bien sincronizados que jamás se nos han solapado las investigaciones ni nos hemos cruzado en un allanamiento.

Como decía, esta nueva estrategia y sus líneas de acción han permitido realizar investigaciones profundas, con vigilancias electrónicas, que no tenía el área operativa para el tráfico medio y microtráfico. Cuando digo que dotamos a la Brigada Nacional Antidrogas de otras herramientas, como por ejemplo las vigilancias electrónicas, me refiero al microtráfico, no a los grandes tráficos, porque eso lo atiende el área de información de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

Esto nos permitió hacer esas investigaciones profundas con vigilancias electrónicas, colección de información, análisis e inteligencia. La inteligencia es un concepto que en el tiempo se dilata; no se hace inteligencia de un día para el otro. La inteligencia es el resultado de la colección de información, del análisis. Después se obtiene, como producto final, la inteligencia. No se hace en un día, en dos, ni en horas; lleva semanas y meses de análisis llegar a la inteligencia.

Además, esto nos permitió hacer un mapeo de las organizaciones criminales que operan en Montevideo y en el área metropolitana. Al momento han sido identificadas cuarenta y cinco organizaciones dedicadas al suministro de estupefacientes, sin perjuicio de los abastecedores o las organizaciones que están por encima de ellas y que después vamos a mostrar.

Asimismo, como producto de esa inteligencia, de ese análisis, de esa colección de información, tenemos bien identificadas –también lo vamos a mostrar– cuáles son las rutas de ingreso y de egreso de la droga –para el caso de la cocaína, para el caso de los envíos postales–, así como los medios aéreos, terrestres y fluviales.

Esta nueva estrategia y este nuevo abordaje del problema del microtráfico fue posible por la incorporación de las nuevas unidades policiales, es decir, las Brigadas Departamentales de Canelones y de Montevideo. También fue posible gracias al saneamiento y a la nueva conformación e integración de la Brigada Departamental Antidrogas de San José, con la que tenemos hoy en día una excelente relación, así como con todas las brigadas departamentales del resto del país.

Como dije anteriormente, después pusimos en práctica el Plan Nacional Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico y esto llevó a que hiciéramos un cambio en la estructura orgánica de la Brigada Nacional de Drogas, con capacitación de su personal, con utilización de vigilancias electrónicas, con asignación de equipamiento tecnológico y con incremento de la flota automotriz destinada a las tareas de inteligencia. Además, las investigaciones que lleva el área operativa sobre microtráfico van acompañadas de investigaciones patrimoniales paralelas a las investigaciones criminales, tal como lo mandata el artículo 41 de la Ley n.º 19574, referente al lavado de activos.

Este cambio en la estrategia y la puesta en práctica del plan han llevado a obtener algunos resultados.

El primero de ellos es el aumento en las incautaciones de drogas, especialmente de pasta base de cocaína, alcanzando un récord histórico en un solo cargamento. Entre junio y julio se incautaron 407 kilos –esta sola incautación ya era un récord– y en setiembre se incautaron 409 kilos más, superando por dos kilos la incautación anterior.

Esto ha llevado también a un aumento de indagados, de formalizados, de condenados y de bocas desarticuladas, alcanzando la cifra récord en 2021 de 1152 bocas desarticuladas. Obviamente este aumento de las incautaciones y en los números que acabamos de mencionar ha llevado a que se generen pérdidas económicas significativas para las organizaciones criminales. A su vez, dichas pérdidas las llevan a un endeudamiento en los diferentes niveles de la cadena de distribución de droga. Por ejemplo, las incautaciones tienen como consecuencia que la droga no llegue al mercado y que el proveedor local se endeude con el distribuidor primario. Si la pérdida se produce más abajo en esa cadena, el endeudamiento es con el distribuidor primario. Y si las incautaciones se producen a un nivel más bajo, quienes participan en la cadena generan deudas entre sí. Cuanto más abajo es la pérdida de la droga, mayor es el endeudamiento, porque el que está en la boca se endeuda con el que le suministró la droga y este, a su vez, se endeuda con el proveedor.

¿A qué ha llevado todo esto? A que haya disputas por territorios. Esto existió toda la vida, pero cuando la situación es adversa y se producen pérdidas, esa violencia se incrementa.

Los dueños de las bocas desarticuladas, que han sido desplazados –recordemos que hay un porcentaje elevado de bocas que han sido tapiadas–, pretenden adueñarse de las bocas de otros, generando enfrentamientos entre ellos, lo que, obviamente, promueve el incremento de la violencia.

¿Cómo se soluciona esto? Una organización desplaza a la otra o continúan enfrentadas. Cuando una se somete a la otra o decide perder territorio, se produce un desplazamiento en el terreno y pasan a ocupar otro lugar físico. En el trabajo posterior vamos a ver cómo se nota el desplazamiento de las organizaciones criminales de tráfico medio a barrios periféricos o incluso fuera de Montevideo, ocupando Ciudad del Plata y la Costa de Oro.

Por estos días hemos visto alguna metodología nueva que aplican estas organizaciones ante las pérdidas económicas o al verse tan golpeadas. Han implementado el ejercicio de la violencia con fines intimidatorios. Tenemos en actas los testimonios de algunas víctimas que han sido violentadas –se les ha efectuado disparos de armas de fuego y se las ha golpeado– para que vayan a comprar a determinado centro de distribución y no compren en la competencia.

Por último, resta mencionar el desplazamiento en el territorio. Dependiendo del poderío de cada grupo criminal, se mantienen las disputas en el tiempo o se produce un desplazamiento a otras partes.

SEÑOR MINISTRO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Señora presidenta: ahora queremos mostrar al Senado el trabajo realizado de acuerdo con lo que hemos investigado y para eso solicito que este Cuerpo pase a sesión secreta, porque vamos a manejar información que es sensible y que, además, es parte de la estrategia vinculada al combate que estamos llevando adelante.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pase a sesión secreta en virtud de la sensibilidad del tema que se va a plantear.

(Se vota).

–29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Así se hace. Son las 12:15).

(En sesión pública).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 12:43).

‒Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Señora presidenta: quiero hacer un reconocimiento. En todo este trabajo que se está haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico tenemos que reconocer públicamente la figura de la fiscala Mónica Ferrero, que ha sido una gran colaboradora e impulsora y ha dirigido muchas de las investigaciones. Lo ha hecho junto con los otros dos fiscales, pero destacamos la importancia de su actuación.

Por otra parte, para la etapa presupuestal estamos pidiendo la creación de otra fiscalía en materia de narcotráfico, porque las fiscalías realmente están llenas de trabajo con motivo de las operaciones que venimos realizando, y es necesario crear una nueva.

Con respecto al lavado de activos, en algún momento vamos a pedir al subsecretario Maciel que hable del tema, porque fue una de las preguntas que hizo el senador Rubio.

Ahora pediría al director de la Policía Nacional que nos dé un pantallazo a nivel nacional, porque hasta ahora estábamos hablando del área metropolitana.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor director de la Policía Nacional.

SEÑOR FERNÁNDEZ.- Señora presidenta: para mí es un gusto dirigirme al Cuerpo.

Voy a ser muy breve. Quiero precisar algunas cosas que hasta el momento se han dado en el desarrollo de estas presentaciones. Sobre ciertos conceptos voy a ser redundante, pero creo que tienen que quedar bien claros para que se entiendan algunos de los temas que hemos tratado.

En primer lugar, me voy a referir a la preparación profesional de la Policía Nacional, no solamente para Montevideo y zona metropolitana, sino a nivel país, porque hemos hablado del abigeato, de homicidios y de todo tipo de delitos que ocurren en todo el Uruguay. Es oportuno precisar que el trabajo comenzó hace más de dos años con una primera acción, que fue el cambio de paradigma para enfrentar el delito. Estamos hablando de un modelo de seguridad a seguir, basado en tres líneas muy básicas: la presencia de la policía en el territorio, dar la cara a la ciudadanía y obtener resultados. Hecho este cambio de paradigmas, lo que estructuramos fue la nueva estrategia a nivel nacional para combatir el delito. La estrategia nos permite a nosotros formular objetivos a cumplir como un conjunto de acciones que se planifican y pautas de acción. Vuelvo a recalcar que es para todo el país. Esto mismo se hace en todo el país de acuerdo con la problemática que tiene cada rincón de nuestra patria. Para esto nosotros impulsamos el desarrollo de capacidades. Van a entender ustedes con este concepto lo que explicó el director general de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, lo que explicó el jefe de Policía de Montevideo y lo que se va a exponer más adelante. Se trata de acciones llevadas adelante en Montevideo, pero que se aplicaron en todo el país. Básicamente, lo que hemos hecho fue basarnos en criterios de movilidad de la policía y darle dinámica, que era uno de los problemas que teníamos.

Por otro lado, nos basamos en la inteligencia. Aquí cabe volver a repetir un concepto, dado que he escuchado muchos comentarios, sobre todo en la prensa y de algunos señores senadores aquí presentes, en cuanto a que no se hace inteligencia. No es así; la inteligencia hay que definirla como es: un producto resultante del análisis de la información. Todos los escalones de la Policía Nacional realizan inteligencia, cada uno en su área. Por lo tanto, es muy importante precisar este concepto para que no se entienda inadecuadamente que nosotros no hacemos inteligencia. No es así. Nosotros hacemos inteligencia. Que hay unidades específicas en algunas áreas, sí las hay, pero todos los investigadores hacen inteligencia. Es el producto terminado después del análisis de la información. Eso es muy importante. ¿Para qué? Para el correcto uso de los recursos humanos, de los recursos materiales y de los recursos tecnológicos. Estas operaciones son, como siempre, sinónimo de administrar. ¿Cuál es el sinónimo de «administrar»? Articular recursos escasos, aplicando las capacidades, la inteligencia y la experiencia. Así se ha logrado esto.

Con estas precisiones, espero que se haya entendido correctamente lo que ha explicado el comandante de la lucha contra las drogas, lo que está explicando el jefe de Policía de Montevideo y lo que va a exponer posteriormente. Espero que quede claro que hay una estrategia, que hay objetivos y planes para lograrlo, y que estamos con un camino claro y muy bien marcado. Es cierto que nos quedan cosas por hacer, sobre todo en una de las pautas que establecía al principio, que es la de la presencia en la calle. Este año estamos avanzando en esa materia, así como en la presencia en las comisarías seccionales y en diferentes unidades policiales, en las zonas rurales del país y en los destacamentos. Por lo tanto, creo que estos conceptos, muy oportunos a esta altura de la alocución, es importante que los tengamos todos muy claros, señora presidenta. No me quiero extender más porque estamos muy cortos de tiempo.

Le agradezco que me haya concedido el uso de la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor director.

SEÑOR MINISTRO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Gracias, señora presidenta.

Hay inteligencia, hay estrategia, hay movilidad, hay contundencia. Quiero estribar en la primera pregunta formulada por el señor senador convocante. Algunas de las interrogantes ya las hemos respondido, pero quiero hacer énfasis en la primera pregunta que dice: «¿Usted considera que se ha cumplido con los compromisos programáticos asumidos en la campaña electoral que acabo de leer?». No, señor senador, falta mucho; falta mucho más. No creo que se hayan cumplido los compromisos. Creo que vamos en el buen camino porque los resultados se están dando. Hemos tenido un mal mayo, ¡claro que sí!, porque fueron treinta y siete homicidios en un mes, pero esperemos revertirlo en lo que resta del año.

Así como se dijo que se nos había ido de las manos el departamento de Rivera porque de dos homicidios pasamos a ocho, después se registró uno en febrero, uno en marzo, cero en abril y uno en mayo, y muchos de ellos no tienen relación con el narcotráfico. También creemos, señora presidenta, que esta es una situación coyuntural en la que hemos puesto todo nuestro esfuerzo, pero la falta de tiempo no nos dio la oportunidad para que el jefe de Policía hablara del barrio Peñarol. Queríamos hablar de ese tema y de lo que estamos trabajando al respecto.

Tenemos un plan que está funcionando desde hace quince días y no podemos juzgarlo en este plazo. Los datos son buenos, pero no nos gustaría hablar de ellos porque quizás tengamos que hacer alguna modificación. Tenemos la humildad de decir y de corregir si no está funcionando, y estamos abiertos, señora presidenta, a cualquier otra idea que pueda ayudarnos.

Quería responder claramente la primera pregunta. Vamos bien porque hemos bajado las cifras, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar aún mucho más, señor senador. Esa es la respuesta a la principal pregunta que hacía el miembro convocante.

Se ha hablado de las causas y hay tres o cuatro preguntas que refieren a ellas. Nosotros tenemos el diseño de un plan al que le llamamos plan de integración, que implica acciones de coordinación y de cooperación interinstitucional donde hay ejemplos buenos como el Plan Cuenca Casavalle en materia educativa. Quizá por falta de tiempo no lo comentamos, pero tal vez algún señor senador de la bancada de coalición, si le sobran algunos minutos, generosamente nos dé una interrupción para que el señor Santiago González pueda explicar esa realidad. Digo esto porque, naturalmente, nos preocupan los hechos de violencia ocurridos en los alrededores de los centros de enseñanza.

Hemos estado reunidos con autoridades del Codicén y representantes de Ademu. A su vez, la próxima semana vamos a recibir a los representantes de Fenapes. Es un tema que lo tenemos sobre la mesa y queremos solucionarlo. Reitero, ya hemos estado reunidos con los representantes de Ademu y hemos hablado de brindar más seguridad en centros de enseñanza, que es la principal preocupación del Codicén que, en pleno, vino a mi despacho para trabajar junto con la gente que está en el tema de seguridad y que los viene asesorando.

En ese plan participan el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, el INAU, el Codicén, ASSE, la Secretaría Nacional del Deporte y la Junta Nacional de Drogas. Todavía no lo hemos terminado, lo estamos elaborando, pero después vamos a hacer una presentación para decir, primero, en qué consiste. Tiene que haber más Estado, más Estado en esos barrios, más presencia, más institucionalidad sobre todo para combatir uno de los temas más importantes que es el de las adicciones.

Con respecto a este asunto, señor senador, hemos convocado a ASSE y al doctor Cohen junto a instituciones privadas. Ellos nos están dando una mano para tener un plan de combate a la adicción. Lo hemos encarado, en primera instancia, en las cárceles, para accionarlo con aquellas personas que lamentablemente están privadas de libertad, a fin de ver cómo rescatarlas del nivel de adicción. Ese plan está en franca elaboración y con mucho gusto vamos a venir a presentarlo.

Hay una serie de preguntas sobre el tema de las cárceles y si es necesario sustituiríamos a algunos de los invitados que hoy tenemos –en este caso podríamos licenciar al director nacional de Drogas para que pueda ingresar a sala el director del Instituto Nacional de Rehabilitación– para contestar algunas afirmaciones que se han hecho, porque nos parece que no están debidamente informados del trabajo que se está haciendo en las cárceles.

Señora presidenta: en mis minutos finales espero poder responder a todas las preguntas que me han hecho y que sí tienen que ver con lo que vendrá. En ese sentido, me reservo algunas de las respuestas que daré en mi última intervención en este régimen de comisión general.

SEÑORA PRESIDENTA.- La Mesa quiere recordar –y por eso al principio pusimos en contexto cuál era la convocatoria– en base a qué estamos reunidos hoy; fundamentalmente, se trata de hablar del tema de los homicidios. No tenemos problema en que se pueda abordar el tema de las cárceles, pero queremos dejar en claro que la situación de las cárceles no es específicamente el punto por el que esta sesión se está llevando adelante. Entendemos que puede haber una preocupación puntual, pero está la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria que funciona en el ámbito de la Asamblea General, y pensamos que para profundizar el tema cárceles –si es que de esta reunión se llega al convencimiento de que sería bueno ahondar en el tema– ese sería el escenario adecuado.

Pregunto al miembro convocante porque es quien ha determinado los motivos por los cuales esta sesión se está llevando adelante: ¿usted cree conveniente que ingrese alguien y hable sobre la situación de las cárceles o seguimos? Me parece que lo prioritario es lo que usted nos había marcado en la convocatoria. A raíz de lo que expone el señor ministro, nosotros entendemos que el camino debiera ser la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Sin perjuicio de que profundicemos en la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, era ineludible que nos refiriéramos al tema porque hay muchos homicidios en cárceles y, además, hay una vinculación entre las cuestiones de la reincidencia y el volumen de la actividad delictiva. Por eso hice la referencia, pero eso no quiere decir –aunque no lo he consultado en la bancada– que nos concentremos en el tema de las cárceles.

(Dialogados).

–El objetivo central son los homicidios, y seguiremos hablando hasta que el tiempo y las circunstancias den.

Ahora, o cuando corresponda, me gustaría expresarme acerca de las respuestas que dio el señor ministro.

SEÑORA PRESIDENTA.- De acuerdo con lo aclarado por el señor ministro y con lo señalado por el señor miembro convocante, continuamos con la sesión.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Quiero expresar dos cuestiones puntuales.

Primero, a los efectos de reforzar lo que se señalaba y comprendiendo lo que solicitó el señor senador Rubio, quiero informar al Cuerpo que en la jornada de hoy he firmado una nota como presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, de la Asamblea General, dirigida al Ministerio del Interior en la que se solicita la comparecencia del director del INR, a fin de aclarar la situación que se desprende del último informe, tal como lo había solicitado la bancada del Frente Amplio en ese ámbito.

Segundo, solicitamos al Cuerpo un cuarto intermedio de cuarenta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–27 en 28. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por cuarenta minutos.

(Así se hace. Son las 13:00).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 14:02).

SEÑOR BERGARA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BERGARA.- Señora presidenta: voy a plantear algo que no estaba en el libreto, pero que me siento obligado a hacer a partir de la comparecencia del señor ministro y de su equipo. Él manifestó que, si después de haberlo escuchado se seguía diciendo que no se veía un plan, se estaba mintiendo. Lamento enormemente que el ministro piense que hay una única verdad, que hay una única opinión posible. Nosotros no vemos un plan en lo que se expuso acá. Se plantearon procedimientos y se plantearon medidas, y no estamos mintiendo, sino que es lo que vemos; es nuestra opinión, no podemos tener ese talante antidemocrático de creer que, si no se piensa como uno, los demás mienten.

Hoy estamos acá para ejercer una responsabilidad como oposición porque nos preocupa enormemente la situación y queremos que se apunte a resolverla. Estamos convencidos de que la actual política no está dando resultados, de que está fracasando. El tratamiento de este tema requiere de un compromiso y de mesura. Lo que está en juego es la vida y la seguridad de las personas, como así también el goce de los derechos individuales y colectivos consagrados en la Constitución y la ley.

Nos hemos comprometido a no repetir las prácticas que sufrimos en otro tiempo, cuando los hechos delictivos se transformaron en munición para formas de hacer política que no eran buenas. Esa actitud pertenece a la política menor. Quienes ven en esto un bullicio revanchista y vengativo solo trasuntan su forma de razonar y de actuar, no la nuestra, y no lo digo por algo que se haya dicho en este recinto.

Lamentablemente, quienes hoy gobiernan no supieron diferenciar la campaña electoral de la acción gubernativa y siguieron de largo con el casete puesto. No estuvieron ni están, en nuestra opinión, a la altura del enorme desafío que asumieron. Han dedicado más energía a echar todas las culpas al Frente Amplio que a entender las causas profundas de la inseguridad y sus nuevos desarrollos, o a identificar los aspectos positivos existentes en el acumulado de las políticas de períodos anteriores, y sobre esa base sí desplegar políticas que entiendan más efectivas o más eficaces. Hoy, por momentos, nuevamente parecía una interpelación al ministro Bonomi, y no es el caso.

Cabe preguntarse cuál es la política criminal de este Gobierno. Da la sensación de que poco o nada se ha avanzado. La existencia de una política criminal integral implicaría abandonar los eslóganes para construir una estrategia de mediano y largo plazo, involucrando mayores niveles de inteligencia y de análisis, así como el diálogo multiagencial, permitiendo identificar los núcleos donde se originan la criminalidad estructural y la violencia y actuando metódicamente sobre ello.

En estos últimos meses se ha configurado un escenario particular, que es necesario analizar apropiadamente y que el Gobierno no termina de asumir y mirar de frente. Por un lado, la LUC está en plena vigencia desde julio de 2020 e, incluso, el Gobierno argumentó, durante la campaña previa al referéndum, que la norma ya tenía efectos palpables.

Por otro lado, con la pandemia en una fase de mayor control, la movilidad social retomó un ritmo normal. Es decir que ahora podemos separar el efecto pandemia y analizar cómo evolucionan los delitos en un contexto no exactamente igual, pero más similar al anterior a la pandemia.

Además, podemos asumir, razonablemente, que en los 117 primeros artículos de la LUC está el núcleo, si no el total, de la propuesta de política de seguridad de este Gobierno, no solo porque así la defendieron, sino porque claramente no hay otras iniciativas, proyectos, debates o ideas, como sucede en casi todos los campos de la realidad nacional. Considerando este escenario, lamentablemente no vemos los efectos beneficiosos.

Observemos las cifras de homicidios –con el drama familiar y social que ellos representan–, que es un indicador fundamental, dado que su medición no depende de la predisposición a denunciar y, por lo tanto, no debería haber ningún subregistro. En los cinco meses que van de este año se han cometido 171 homicidios. Esto implica un crecimiento del 46 % con relación al mismo período de 2021, pero también supera en un 17 % y en un 9,6 % los registros de 2019 y 2020, respectivamente. Es decir que, aun contra el registro de cuando no teníamos LUC ni pandemia, estamos peor.

Durante los dos años anteriores el Gobierno insistió en comparar cifras anuales –hoy el ministro lo vuelve a hacer– y celebró con bombos y platillos lo que presentaba como una sostenida caída de los delitos. Se insistió con este mensaje en conferencias de prensa, redes sociales, entrevistas, estrados de campaña y también hoy, en este llamado a sala. No faltó jerarca del Ministerio del Interior que no argumentase que esa caída se explicaba primordialmente por dos factores: la asunción de una nueva Administración, que finalmente respaldaba a la policía, y la puesta en marcha de la LUC. Sin embargo, el análisis de los registros mensuales que el propio ministerio publica en su página web pone en duda este relato.

En nota de prensa, el sociólogo Javier Donnangelo, responsable del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, indicaba –cito textualmente–: «Hoy, desde un punto de vista científico, es apresurado hablar de tendencias». El Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, que trabaja muy seriamente, entrega datos; las autoridades construyen relatos.

Donnangelo dijo más, refiriéndose a los homicidios acaecidos sobre el final de 2021: «En el último trimestre de 2021 tuvieron un leve empuje. Y esa tendencia parece estar consolidándose en el primer trimestre de este año». Esta entrevista fue publicada en abril; sin embargo, el Gobierno anuncia que iba a elaborar un plan recién un mes y medio después. No parece del todo serio ni razonable. Por lo tanto, tenemos que cuestionar las políticas implementadas.

¿Qué ha hecho el Gobierno? En lugar de reevaluar la situación y corregir el rumbo, se ha optado por negar la evidencia y ensayar nuevas justificaciones, siempre ajenas a la gestión. Se iban a hacer cargo, decían; este caso parece ser una nueva excepción a esa consigna.

También puede dudarse razonablemente de la evolución de las denuncias de hurtos y rapiñas, no porque estén procesadas de manera equivocada por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, sino porque no está claro que los mecanismos de recepción y de registro sigan siendo comparables con los que se implementaban antes. Decimos esto, además, porque una mirada a la evolución de la opinión pública sobre seguridad revela un fenómeno preocupante. Un estudio realizado por la Usina de Percepción Ciudadana en mayo detectó que el 45 % de la población entiende que la inseguridad ha aumentado y un 38 % que la situación permanece incambiada; solo un 14 % de las personas entiende que la inseguridad ha disminuido. Entonces, si los delitos están en un franco descenso y el panorama es el que nos describe el ministro del Interior, ¿cómo es posible que la población no lo perciba de esa manera?

La pandemia dio al Gobierno una agenda de la que carecía, pero se hizo de ella un uso político discrecional. Lo malo era culpa de la pandemia, pero lo bueno –como la baja circunstancial de los delitos– era mérito de la impronta de un nuevo Gobierno. La realidad mostró ser más compleja de lo que se planteaba. ¿Cuánto de aquel exitismo anticipado, movido por intenciones electorales, quitó foco a las tareas del desarrollo de una política criminal consistente? Ninguno de estos fenómenos es nuevo en el país, y mucho menos en la región. ¿Qué medidas concretas se han implementado para enfrentar el crimen organizado, incluyendo al gran narcotráfico? Aquí se plantean algunos procedimientos y medidas, pero difícilmente pueda concebírselo como un plan.

Falta rumbo, falta estrategia, faltan recursos y faltan capacidades. Sucedió lo que era esperable: los discursos altisonantes no fueron suficientes para cambiar la realidad. Pegar dos gritos no alcanza; la ausencia de políticas rompe los ojos.

¿Qué estrategias se están implementando para coordinar el despliegue policial y adaptarlo a la dinámica constante y cambiante del delito? ¿Qué lugar tienen la producción y el análisis de información georreferenciada? ¿Con qué agencias internacionales o centros de pensamiento está dialogando el Gobierno? ¿Cómo están diseñando los planes de formación policial? ¿Qué tipos de perfiles profesionales se están captando para renovar los cuerpos policiales? Dicho sea de paso, la renovación no se da con jóvenes, sino con retirados policiales. ¡Vaya paradoja! Es que el ajuste fiscal manda, incluso para las políticas de seguridad. ¿Qué mecanismos de control de irregularidades internas se están aplicando? No está claro; la gestión de la seguridad pública se mueve sobre la base de impulsos, principalmente voluntaristas, desde nuestra perspectiva.

Resulta impactante que quienes se dedicaron durante años a seguir cada paso de la política de seguridad hayan tenido que elaborar un plan de urgencia en la mitad del período ante la escalada de violencia criminal. El presidente y el ministro anunciaron públicamente el despliegue de un plan. ¿En qué consiste? ¿Quién lo conoce? ¿Cuál es su enfoque estratégico? ¿En qué experiencia se basa? ¿A qué expertos han consultado? La sociedad tiene derecho a conocer la planificación para contrarrestar la dramática ola de violencia que vivimos. En una conocida publicidad, la querida Natalia Oreiro decía que todos tenemos un plan; me parece que en algún punto hay una excepción. Lamentablemente, lo que se trasmite es que ese plan o ese programa no existe o se está elaborando sobre la marcha, lo que directamente impacta en la sensación de inseguridad que la población está sufriendo y trasmitiendo.

Mención especial merece el tema carcelario. El Gobierno soslaya la necesidad de la rehabilitación sin considerar que en nuestro país en algún momento los delincuentes vuelven a la sociedad –acá no hay pena de muerte ni cadena perpetua–, y van a volver muy mal, generando más problemas de seguridad y convivencia si su privación de libertad es patética. El Gobierno festeja que hay miles de presos más en estos dos años, pero eso no se acompaña con recursos ni con capacidades, entre otras cosas porque los recursos para la rehabilitación se han reducido. Otra vez el bendito ajuste fiscal.

¿Qué pasa con el control de las cárceles? El ministro no ha podido explicar cómo se le escapa un preso –entró en una polémica pública con otro ministro–, cómo un recluso está secuestrado y torturado un mes y medio en un recinto carcelario o por qué estamos teniendo un récord de fallecimientos dentro de las cárceles. Todo esto fue advertido en ocasión de la discusión de la LUC; lo advirtió el Frente Amplio, pero también lo hizo el comisionado parlamentario, el relator de Naciones Unidas, la sociedad civil que trabaja en estos temas, la academia, pero el Gobierno hizo oídos sordos, igual que ahora. No se hacen cargo y no quieren ver la realidad.

Para finalizar, señora presidenta, lo que hemos intentado plantear es la necesidad de –y abro comillas– «llegar a aquellos que fueron elegidos para gobernar; hay que sentarse a construir con gente especializada, hay que armar un plan para comenzar a mejorar la situación y dejar la disputa entre partidos políticos de lado». Esto no lo decimos nosotros, no lo dice el Frente Amplio. Estas palabras lucen en la carta pública que un grupo de vecinos del barrio Peñarol leyó en una concentración en la que se denunció el infierno que implica no poder salir a la calle en la noche, callar por miedo, padecer rapiñas y copamientos y estar tristemente en el centro de las noticias por la ola de homicidios. Este es el Uruguay hoy; esto sucede en un barrio de Montevideo. El primer paso ineludible es admitir lo que estas palabras representan. Mientras ello no ocurra, difícilmente alguien pueda hacerse cargo.

Señor ministro: su política está fracasando; tome nota de la realidad y corrija el rumbo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Solicito a los señores senadores –la mayoría tiene bastante tiempo en esta casa– que, en lo posible, se remitan a la Mesa. Los mensajes al señor ministro también se deben dirigir a la presidencia.

SEÑOR GANDINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Señora presidenta: acabamos de escuchar una exposición del señor ministro, su equipo y las jerarquías policiales que, para mí, liquida la sesión. Yo estuve tentado de formular moción –incluso lo conversé con mis compañeros– para levantar la sesión luego de que habló el señor ministro, porque fue tan contundente, tan sólido y tan explícito, tanto en la sesión pública como en la secreta, que creo que…

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- Silencio, por favor.

Puede continuar el señor senador.

SEÑOR GANDINI.- Creo que el ministro dio suficientes respuestas a todas las interrogantes que se plantearon en esta sala, pero, obviamente, no iba a ser aceptado y no es la idea amordazar a nadie. Por lo tanto, avancemos.

Debo decir, antes de empezar, que tengo cierta frustración porque parece que somos testigos de un diálogo de sordos. Después de todo lo que se ha explicado, el señor interpelante salió a la prensa y dijo que el ministro vive en un mundo paralelo, como si no hubiera escuchado nada. El orador anterior hizo una exposición leída completamente, es decir que la preparó antes de escuchar al ministro. ¡Nos la hubiera mandado por escrito! Y perdóneseme la alusión, que hago con todo respeto, pero después de que el señor ministro y su equipo, durante una hora y media exhibieron aquí una cantidad de elementos, documentos y razones que fueron más allá de lo habitual en la información al Cuerpo, leer lo que se preparó antes, como si nada hubiera pasado, por supuesto que no agrega. Después se nos dice que se está dispuesto al diálogo, pero el diálogo requiere una actitud, una voluntad, la de dar opiniones y recibirlas, la de tener cabeza abierta para encontrar soluciones en políticas de Estado a problemas nuevos que enfrenta la sociedad, pues la pospandemia impacta en todas las áreas, también en la seguridad pública. Yo me quedo con la idea, primero que nada, de que hay un plan; se vino a buscar un plan y se exhibió un plan. ¡Se dice que no! ¿Pero qué esperaban? ¿Un PowerPoint con misión, visión, flechita para acá, flechita para allá, teoría de consultores de corbata y camisa de manga corta, con la láptop, que nos vienen a decir desde los organismos internacionales qué hay que hacer, o pies en la tierra, administrando una realidad que nos desafía todos los días? Acá vino el señor ministro, nos dio los datos y nos expuso un plan, pero el primer punto de ese plan fue confiar en la policía. ¡Ese fue el quiebre, el clic que hizo este Gobierno! Lo hizo, primero que nada, con la confianza del presidente de la república el primer día que asumió y del exministro Jorge Larrañaga. Los policías dejaron de ser sospechosos y pasaron a ser los defensores del orden público mientras que los delincuentes pasaron a ser delincuentes. ¡Se los comenzó a respaldar! Ese es el punto central de un plan, la columna vertebral: creer en la policía. El debate sobre seguridad pública quedó laudado; fue el tema central del referéndum. ¡Qué casualidad que después del 27 de marzo, en abril, en mayo y en lo que va de junio no se habló más del abuso policial en este país! Ahora se habla de asesinatos. ¡Quedó laudado! La LUC fue el tema central sobre el que la gente emitió opinión y la respaldó, ¡y respaldó la gestión! Ahora hay que dejar trabajar al ministerio, a las autoridades; que vengan acá y traigan más y mejores resultados, porque ni el señor ministro ni nosotros estamos conformes con el resultado final de esta batalla contra la delincuencia y, particularmente, contra el narcotráfico, pero tenemos datos objetivos. Este Gobierno cuestionó duramente «el plan» –entre comillas– del Gobierno anterior, así como a su principal conductor y responsable, el exministro Bonomi, porque aquello era cada vez mayor, cada año batía su propio récord, al igual que un corredor olímpico, porque había más hurtos, más rapiñas, más violencia doméstica, más abigeatos y más asesinatos, y el año siguiente superaba el récord. Bueno, eso ha ido cayendo y es objetivo, no se puede discutir. Hoy hay menos hurtos, menos rapiñas, menos violencia, menos abigeato; no se puede discutir. ¿Hay más asesinatos en este último mes? ¡Sí! Pero no se puede juzgar por eso.

El señor ministro en un momento recordaba lo que pasó en el mes de enero en el departamento de Rivera. Se dijo que se había desmadrado la situación porque hubo ocho asesinatos. ¡Todos sabíamos que tenían que ver con la incursión de bandas criminales vinculadas al narcotráfico del lado brasileño, que cruzan la frontera como cruzan avenida Italia, de una calle a la otra, y vuelven para el otro lado con el delito cometido! Ahora, si eso fue un desmadre, que haya habido tres asesinatos en los cuatro meses siguientes, ¿qué quiere decir? ¿Que Heber es el mejor ministro que hay en el país y que hubo en la historia, porque de ocho lo bajó a menos de uno en promedio mensual? ¡Ni una cosa ni la otra! Cuando uno mide una acción del crimen organizado en un momento, después también mide la reacción del Estado para combatirlo. No se puede negar que hay menos homicidios como resultado de la rapiña, porque eso fue parte del plan eficiente para combatir ese componente de la violencia social.

Quiero decir acá que no solo estoy de acuerdo, sino que voy a pedir que en las próximas mediciones que se hagan de los delitos cometidos se discriminen explícitamente aquellos homicidios que suceden como producto del enfrentamiento del crimen organizado vinculado al narcotráfico. ¡Se tienen que discriminar! Porque para entender cuál es el plan de acción y desarrollarlo, hay que saber cuáles son las causas. Si se toma un tipo de delito, por ejemplo, los robos en el transporte colectivo, el Ministerio del Interior da una respuesta y pone policías en el fondo de cada unidad, y así hay menos casos. Si el delito es la rapiña en determinados barrios, el Ministerio del Interior desarrolla una política de acción en esos lugares para que haya menos rapiñas. Si sucede en las ferias, pone policías en las ferias. Discrimina para entender la situación y poder generar un plan.

Lo que hoy sabemos es que hay una tarea que comenzó este Gobierno porque el anterior desmontó, desactivó y desarticuló –algún día escucharemos por qué– las brigadas antidrogas de los departamentos de Montevideo y Canelones, que eran los que presentaban situaciones más graves. También había corrupción instalada en el departamento de San José. Ahí se desarrollaba y se desarrolla la mayor organización de narcotráfico por el sencillo motivo de que ahí están los clientes, los consumidores, los actuales y los potenciales. El Gobierno pasado las desmontó; se dedicó a combatir el narcotráfico por avioneta y no atendió la distribución y la venta al menudeo ni se ocupó de las organizaciones que se fueron instalando allí.

Este Gobierno cambió el plan: rearmó esas brigadas y se las entregó a los profesionales de la policía. Puso al frente a gente con años de trabajo en la materia y hoy sabemos que hay cuarenta y cinco clanes. Nosotros sabemos un montón de cosas más que se nos mostraron en la sesión secreta. Sabemos una pequeña parte de lo que el ministerio sabe, por supuesto, porque no nos va a venir a decir aquí cuál es toda su estrategia, pero sí sabemos que van por ellos y que es ahí donde va a actuar.

También sabemos que cuanto más se instala el crimen organizado, lo que busca son clientes y, por lo tanto, generar consumidores y adictos. A esos consumidores y adictos a drogas como la pasta base, que son compulsivos –porque un consumidor de pasta base en carrera necesita entre veinte y treinta lágrimas por día, que salen nada más que $ 30 o $ 35, pero que al final de la jornada cuestan $ 1000–, les sirven la garrafa, los championes, el celular, empujar a una señora mayor para sacarle lo que lleva apretado en la mano para ir al almacén; ¡todo les sirve! Todo esto agrega hurtos, rapiñas y violencia.

Atacar el corazón de la causa principal del aumento del delito es fundamental, por los vecinos, por la gente, por la convivencia, pero además porque hay que desarticular el crimen organizado, que lo que hace es importar clandestinamente lo que se fabrica en los países productores de cocaína y sus derivados, como la pasta base, que ingresa ilegalmente al país y luego pasa a una cadena de distribución y de venta al menudeo. ¡Esto no se había hecho y ese es el plan! Por lo tanto, creo que tenemos que discriminar.

El señor ministro dijo que hubo cuatro muertes producto de rapiñas y que todas las demás fueron por enfrentamientos entre bandas, y nos explicó por qué. Yo creo que este es el daño colateral, el efecto no querido ni buscado del combate frontal de la policía al narcomenudeo, porque achicó el mercado, porque cerró bocas de pasta base, porque impidió el suministro, porque metió presos a muchos cabecillas. Entonces, el mercado se achicó y la pelea por él se transformó en más violenta. Cuando se acorrala a los perros, unos ladran y otros muerden, ¡y los queremos acorralar! ¡Es lo que está haciendo el ministerio!

Ahora, ¿creen que eso es gratis? ¿Creen que no va a haber reacciones? ¿Creen que el crimen organizado no está financiado, bien armado, que no recluta, arma y entrena? ¡A eso se enfrenta la policía! No son punguistas del transporte público, sino que tienen armas que a veces son más poderosas que las de la policía, porque defienden montañas de intereses y de dinero que después se lava para poder blanquearlo.

Hay toda una organización. Y Guarteche nos lo explicó claramente en alguna comisión hace algunos años cuando pidió que se pasara a sesión secreta para decirnos que no esperásemos ver a los narcotraficantes con cadenas de oro en el cuello, de camisa blanca con cuello por arriba del saco ni con relojes de oro. ¡Ahora hay estudios contables, hay estudios de abogados, hay multinacionales trabajando en eso! Se presentan como inversores para tener lugares de actuación estratégicos. Esos son los que lavan la plata que entra y eso es complejo. Hoy vimos que hay planificación, estrategia, inteligencia y coraje. ¡Y hay que bancar a este ministerio para que haga su trabajo! ¡Y nosotros bancamos al ministerio! Le vamos a dar el tiempo suficiente para que nos traiga resultados en materia de lucha frontal contra la multinacional del narcotráfico, contra una organización que no es nacional, que viene de afuera y nos llegó. Entonces, no es que haya muertos de un tipo o del otro. ¡Todos son muertos! Pero a mí me interesa saber quién es el almacenero que mataron en una rapiña y quién es el muerto con antecedentes penales, asesinado porque cambió de boca, porque les quedó debiendo o porque se metió en un territorio que no era el suyo, pues en los códigos y la lógica de ese comercio ilegal de violencia infinita mandaron el mensaje a él y a su familia.

Ojalá haya más fiscales para respaldar esta actuación policial, para que no se desanimen, para que el trabajo de inteligencia, de prevención, pero sobre todo de represión del tráfico ilícito, funcione.

¡Tenemos plan! ¡Hay un plan! Hoy lo mostraron; el ministro sabe a dónde va y cómo conduce su cartera. ¿Que vamos a tener días difíciles? No tenemos dudas, pero nosotros confiamos en la policía y en su actuación. Esa es la parte sustancial de lo que venimos a defender acá: a la policía, su acción, su profesionalismo, a un ministerio y a un Gobierno que los está respaldando.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Entiendo lo que explica el señor senador Gandini, pero creo que se equivoca porque no hay ninguna respuesta escrita. Lo que he dicho es que la postura del ministro es negacionista y esto se fundaba en que, en realidad, comparaba la cifra del trimestre y no la de los cinco meses, en que decía que no había una preocupación creciente en la opinión pública y que no había una violencia expansiva. Expuso un plan que está concentrado en las bocas y no advertimos otros elementos.

Por eso llegamos a la conclusión de que estaba en una línea paralela; y hasta ahí llegué.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señor senador: estoy escuchando muy atentamente lo que todos están diciendo, y el senador Gandini no estaba hablando de usted.

SEÑOR RUBIO.- Sí.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡No, señor!

SEÑOR RUBIO.- Habló de mí.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡No! ¡Revise la versión taquigráfica!

De todas formas, usted se ha expresado, pero quiero aclarar que estaba hablando del anterior orador.

(Interrupciones).

–Yo escucho a quien habla, ustedes se ve que no.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Compartimos todo lo dicho por el señor senador Rubio, pues realizó un planteo integral, que es una mirada necesaria porque si no se aplican políticas integrales en esta materia vamos al fracaso. Se carga a la institución policial con la estrategia en materia de seguridad y de violencia, y es necesaria la participación de otros organismos del Estado.

El plan no apareció, señora presidenta. Tengo que decirlo: estuve aquí y no vi ningún plan. Negar la realidad no es el camino. Por ahora lo que vimos es eso: se niega la realidad.

Estamos viendo una emergencia en materia de seguridad, una emergencia que es mucho más grave que una crisis, porque hablar de crisis da la idea de que son problemas coyunturales, pero esto es más grave: es una emergencia que no se resuelve únicamente con acciones policiales; se necesitan políticas integrales.

Lo que señalábamos o, mejor dicho, lo que la realidad señala es que desde el 1.º de julio de 2021 –no es mayo, sino julio de 2021– desgraciadamente se consuma más de un delito de homicidio por día en nuestro país. Este es uno de los grandes problemas porque pasó la pandemia, vuelve la actividad, vuelve la normalidad y comienzan a surgir aquellos problemas que estaban eclipsados por la pandemia. El negar que en los últimos tiempos estamos viviendo una escalada de violencia, es negar la realidad, y la sociedad uruguaya está siendo testigo de esta ola de homicidios con un nivel de violencia que impacta a nuestros habitantes.

Hoy aquí se habló de Rivera, mi departamento. En Rivera, en 2021 se dio un récord absoluto: 18 homicidios consumados. ¿Sabe cuál es la cifra de homicidios, señora presidenta? 18 homicidios cada cien mil habitantes se dan en El Salvador o en Guatemala. En el 2020 fueron 16, desgraciadamente, y en el 2019 fueron 7. En el 2021 se dio un récord absoluto. En los primeros cinco meses del 2021 –porque, insisto, no es en mayo el problema– se habían consumado 2 homicidios en Rivera. Si uno analizaba la situación en aquel momento podía decir que Rivera estaba yendo a la baja en los homicidios, porque si se comparaba el 2021 con el 2020 se detectaba una baja del 60 %, pero, en realidad, en el 2022 vemos que van 7 homicidios consumados, un 250 % si comparamos estos primeros cinco meses con el año pasado.

Después tenemos muchas dudas que hoy el señor senador Rubio planteó. Las muertes dudosas a nosotros nos preocupan. Acá tenemos un problema de política pública, en definitiva, ¿porque qué está pasando con las muertes dudosas, que se pasó de un promedio de 80 muertes dudosas anuales en la última Administración a tener un promedio de más de 175 muertes dudosas en estos últimos dos años? Algo se está haciendo mal, porque estas muertes dudosas no aparecen en ningún registro público de políticas públicas. Ayer tuvimos una contestación, pero aclaro que no se contestan los pedidos de informes a este Parlamento, y no me refiero a la bancada de senadores del Frente Amplio: no se contestan los pedidos de informes a este Parlamento. El 80 % de los pedidos de informes que hace esta casa, la Cámara de Senadores, al Ministerio del Interior no son contestados. En el caso de la Cámara de Representantes es el 91 %. La que nos contestó ayer un pedido que habíamos hecho fue la Fiscalía General de la Nación. ¿Sabe lo que surge de la respuesta a ese pedido que nos llegó ayer en la tarde? Que el total de homicidios consumados en el 2021 fue de 313. El Ministerio del Interior plantea 300 homicidios. ¿Qué está pasando? En cuanto a las muertes dudosas, son 171. Ahí tenemos el año cerrado, señor senador Rubio. Entonces, ¿qué está pasando?

Lo que vemos con los datos oficiales es que en los últimos tres años no han variado sustancialmente las muertes violentas en Uruguay si sumamos homicidios consumados más muertes dudosas: 498, 497, 484. ¿Qué está pasando? Tenemos un problema y lo tenemos que analizar.

Lo que decimos hoy nosotros, y lo planteó el miembro convocante, es que de seguir esta triste tendencia –que no es mayo, señora presidenta, sino los primeros cinco meses de este año–, vamos a cerrar el año –insisto, si no hay un cambio– superando las cifras del 2018 –todo indica eso– y por eso pedimos un plan. Si no hay un cambio, se supera el 2018 y nosotros, desde el Frente Amplio, no queremos eso. Lo advertimos ahora y no hacemos lo que hicieron en el pasado, cuando eran oposición, aquellos a los que hoy les toca ser el Gobierno: hacer política con los muertos. Tristemente, hicieron eso. En los cinco primeros meses de este año –como lo planteó el señor senador Rubio– desgraciadamente ya van 170 homicidios, el año pasado fueron 117, en 2020 totalizaron 157 y en 2019 llegaron a 146. La pregunta es qué nos está pasando. La idea del llamado en régimen de comisión general es poder analizarlo. Es lógico que las autoridades estén molestas porque plantearon que esto se resolvía fácilmente y se lo creyeron. Pensaron que era un tema de ejercicio de la autoridad y se desconocía su complejidad. A casi tres años de haber asumido el Gobierno nosotros no conocemos cuáles son las políticas públicas que se plantean en materia de seguridad. Nosotros nos preguntamos esto. Nos lo preguntamos en el presupuesto y en la rendición de cuentas porque decían que era una prioridad para el Gobierno. Cuando uno los escucha, en la retórica tratan de trasmitir que es prioritario, pero la prioridad en las políticas públicas se ve en las leyes de presupuesto y en las de rendición de cuentas, y nosotros no lo hemos visto. Si uno lo analiza, se da cuenta de que existieron recortes presupuestales en el Ministerio del Interior y pérdida de salario de los funcionarios policiales. No tuvieron aumento; estos funcionarios están perdiendo salario.

En cuanto a la inversión en infraestructura, en tecnología y en nuevos recursos humanos –lo vimos y lo dijimos cuando se discutió la ley de presupuesto–, se hicieron autorizaciones genéricas, sin financiación. Por ejemplo, se dispuso la contratación de hasta dos mil funcionarios y la autorización para reincorporar hasta mil retirados, sin financiación. Entonces, nos preguntamos si existen políticas públicas y si este es un tema prioritario. Nosotros consideramos que no, porque uno escucha a las autoridades y parece que la política es exitosa, pero no es así; lo dicen las cifras y no es solo el mes de mayo, señora presidenta, sino que sucede desde el 1.° de julio de 2021. Esto comprueba que existió un efecto pandemia. Lo dicen las manifestaciones de los vecinos; esa es la realidad.

Por su parte, las muertes en cárceles nos preocupan y allí sí tenemos un plan para trabajar. Creo que la intención del señor senador Rubio en el día de hoy era manifestar que, como Frente Amplio, estuvimos reunidos con el comisionado parlamentario y compartimos ese plan. Ahora, en la ley de rendición de cuentas, tenemos una buena oportunidad para hacer algo, como llevar adelante el Plan de Combate a la Reincidencia y en Favor de la Rehabilitación. En ese sentido, el comisionado parlamentario plantea cuatro paquetes de medidas: fortalecer el sistema de medidas alternativas, tener una oficina de seguimiento de la libertad asistida, reforzar la intervención técnica y la gestión de la Dinali, llevar a cabo el fortalecimiento técnico y la reestructura del Instituto Nacional de Rehabilitación y aumentar la presencia de ASSE en las cárceles para atender los temas de salud. Nosotros lo compartimos y tenemos una oportunidad para llevarlo adelante. Estamos de acuerdo con esto, pero no podemos compartir el discurso del éxito y la negación. No, de ninguna manera, porque la realidad rompe los ojos, señora presidenta.

Queremos saber cuál es el plan, porque desde la oposición nos interesa controlar –lo queremos por escrito– y la sociedad tiene derecho a saber. Nos gustaría saber cuál es el análisis que hace el Gobierno respecto a la situación del narcotráfico regional e internacional, cuáles son las medidas de prevención, disuasión y represión del delito y cuál es el plan para enfrentar los problemas de violencia y narcotráfico en nuestra sociedad. No lo vimos todavía, pero estamos a tiempo porque falta una última etapa.

Hasta el 11 de mayo, cuando se anunció el plan, se habían consumado unos 16 homicidios y, luego, el mes de mayo cerró con 21 homicidios más por lo menos, por lo que la cifra casi se triplicó. Entonces, ¿cuál es el análisis del contexto regional y nacional? ¿Cuáles son los riesgos que sufre nuestro país? Si ese plan se va a basar solo en políticas netamente policiales, queremos saber si se va a otorgar el aumento que están reclamando los policías para la recuperación salarial del 22 %. Nosotros consideramos que una política para dignificar a la policía es darle buena infraestructura, buena tecnología y dignificar el salario.

El señor ministro decía: «No se necesitan cumbres, estamos abiertos a recibir aportes». Lo que pedimos es que nos contesten los pedidos de informes –ya dije la cifra–, porque para ejercer oposición y control necesitamos información, que nos contesten. No podemos estar recurriendo a un tercero imparcial, como un juez, o a un mecanismo legal, como el acceso a la información pública. Eso no es lo normal, y menos aún para quien, cuando termine este período, va a tener el récord de haber estado en esta casa cerca de cuarenta años.

Venir a negar el problema no es el camino. No asumir la realidad no es el camino. Seguir con el relato de la gestión del Frente Amplio no es el camino, porque ya van para tres años de gestión de gobierno.

Cuando el ministro asumió dijo que se iba a comparar consigo mismo y no quiere ver lo que está ocurriendo desde el 1.° de julio del año pasado. La violencia, señora presidenta, es una realidad y campea en el Uruguay. Así lo está señalando la gente y no se puede negar.

Desgraciadamente –como dije–, en los primeros cinco meses del 2019 hubo 146 homicidios; en los primeros cinco meses de 2020, fueron 157; en el mismo período del año 2021, 117, y en el 2022 llevamos, por lo menos, 170, y no es un problema de mayo. Hablar de los datos del 2018 es no reconocer que, si esto no se cambia, vamos camino a superar esa cifra.

En cuanto al tema de las denuncias, señora presidenta, debemos decir que se ha precarizado la toma de denuncias y eso tiene consecuencias. En el trabajo de Latinobarómetro del período 2018-2020 –ya lo mencionó el señor senador Rubio, pero quiero reafirmarlo–, se preguntó a las personas: ¿Ha sido usted o algún pariente asaltado, agredido o víctima de algún delito en los últimos doce meses? En el 2018, el 22 % de los encuestados afirmó que ellos o sus parientes habían sido asaltados, agredidos o víctimas de algún delito; en cambio, en el 2020 esa cifra fue del 31,7 %. Es una encuesta que se hace cara a cara con mil encuestados y la lleva a cabo Equipos Mori, específicamente el sociólogo Zuasnabar. El señor senador Andrade me acota que hubo 1200 encuestados.

Por último, queremos señalar –esa fue la intención del llamado del Frente Amplio– que necesitamos políticas públicas en materia de seguridad pública, que sean políticas de Estado, que el tema no siga siendo un botín electoral como supo hacerlo el actual Gobierno cuando fue oposición y como lo sigue haciendo hoy. Eso es lo que hemos visto hasta ahora.

El Frente Amplio sigue con la mano tendida en esta materia porque el fracaso no es de las autoridades de gobierno, sino de todos los uruguayos.

Muchas gracias.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: hemos escuchado los argumentos del señor ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y las claras explicaciones sobre la génesis de los problemas que estamos viviendo y que ameritaron el llamado a sala de las autoridades policiales. Lo hicimos en forma pública y en forma secreta. Hemos escuchado que se ha producido el regreso de las brigadas departamentales en el combate al narcotráfico; hemos escuchado números irrebatibles de récords de incautaciones, sobre todo de pasta base, y de procesados; hemos escuchado todo tipo de información objetiva, pero en esta comisión general inverosímil, en la que el Frente Amplio pretende dar cátedra de seguridad, no les han quedado claros los cambios que ha tenido la policía en el combate al delito. ¿Eso es porque no son inteligentes? ¡No, señora presidenta! Es parte de un relato que empecinadamente han querido instalar semana tras semana. Lo que no pudieron lograr con la LUC, después de todo lo que hicieron por frenar el país, ahora lo hacen, semana tras semana, instalando un relato nuevo. ¡¿Hasta cuándo, señora presidenta?! Hasta que viene el señor ministro y con informaciones objetivas les tapa la boca una vez más.

(Dialogados).

–¡Que me deje hablar!

SEÑORA PRESIDENTA.- Si me permite, señor senador. Voy anotando todo lo que se va diciendo. Cuando es una vez, se supone que puede haber sido un error. Les pido, por favor, que no atribuyan intenciones porque en el Reglamento del Senado está especialmente establecido. Uno puede entender que cuando está acaloradamente haciendo uso de la palabra puede acontecer una vez, pero si se reitera sepan que la Mesa llamará la atención porque tenemos que cumplir el reglamento que nosotros mismos nos dimos.

Puede continuar el señor senador Da Silva.

SEÑOR DA SILVA.- Como decía, señora presidenta, lo que no pudieron lograr en la LUC pretenden hacerlo en el recinto del Senado.

Toleramos la negación a un ministro de Estado, pero no soportamos la falta de respeto al negar el esfuerzo de los oficiales de la policía que en forma pública y secreta han manifestado todos y cada uno de sus esfuerzos en el combate de más de cuarenta y cinco organizaciones criminales debidamente identificadas, ya que todo el Senado pudo testear, chequear y ver los nombres para saber quiénes eran. Eso es lo que no toleramos y la opinión pública tiene que saberlo. Acá se mostró todo –¡todo, señora presidenta!– y tenemos que escuchar que no conocen el plan.

¿Quiénes son los que critican un mes de complicaciones en el Ministerio del Interior? ¿Quiénes son los que no esperan? ¿Quiénes son los que ponen cara de chancho rengo diciendo «yo no quiero hacer política con los muertos» en un mes? Son los que probadamente han fracasado, mintiéndole a la población cuando le pidieron el voto en el 2014.

Dijo el otrora presidente Tabaré Vázquez en la campaña electoral: «Nosotros vamos a bajar las rapiñas un 30 %». ¡Mentira! Las rapiñas en este país durante el Gobierno del Frente Amplio subieron un 53 % y tienen el tupé de venir a cuestionar el esfuerzo de la policía por un mes y con las complicaciones expuestas en la sesión secreta.

¿Es cierto que mintieron o no es cierto? ¿Es cierto que el Frente Amplio fracasó en materia de seguridad o no es cierto? Solo alguien con algún pensamiento un poco trastocado, señora presidenta, puede afirmar a viva voz que la gente está extrañando a la policía de Bonomi. Ese es el mundo paralelo. ¡Ese sí es el mundo paralelo! La gente asume las dificultades que podemos tener con el tema de la violencia –como siempre se han tenido–, pero afirmar que acá se está extrañando la época de Bonomi habla mucho de los que lo dicen y no de la realidad. Habla mucho de los que lo dicen y los motivos por los cuales estamos acá, pero no de la realidad.

En la policía del Frente Amplio los comisarios no podían reunirse con los vecinos. Desarmaron las comisarías pidiendo planes integrales transversales con asesores. Se olvidaron de la esencia misma de la cercanía policial. En la policía del doctor Lacalle Pou el comisario tiene orden de reunirse con los vecinos, y ese es el cambio que apoyamos en este llamado a sala y durante estos dos años y seis meses.

Nosotros, señora presidenta, ¡a nadie le echamos la culpa de la delincuencia! Aparentemente, acá hay senadores versados en criminología que, en el 2017, declararon ¡que la delincuencia era parte de la herencia maldita de los años noventa! Imagínese, señora presidenta, si alguien de este lado se tomara el atrevimiento de decir a la opinión pública que los episodios de Sayago son parte de la herencia maldita, de un legado, de falta de educación y de recursos que dejó el Gobierno anterior. No lo hacemos; no somos tan atrevidos, pero acá se ha dicho a lo largo y ancho de los quince años. En el 2017 se decía: «La delincuencia aumentó por el neoliberalismo de los años noventa».

Por lo tanto, señora presidenta, yo creo que aquello de las muertes evitables, aquello de la vacunación, aquello de que no había un plan económico, aquello de la cuarentena obligatoria, ahora se ha transformado en lo que llaman «expansión de violencia». ¡Son buenos! Si fueran tan buenos para poner las cosas que hay que poner como lo son para poner los nombres –«la expansión de violencia»–, capaz que este país tendría otro sentido.

Nuevamente viene el Gobierno al Parlamento, dice las verdades y nos vamos, no sin reconocer las dificultades –¡no sin reconocer las dificultades!–, pero todos orgullosos de un Gobierno que prometió hacerse cargo y que, desde el 1.º de marzo del 2020, trabaja denodadamente, veinticuatro por siete, para enfrentar los problemas, que no han sido pocos, pero que nos han tocado en suerte.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Muchas gracias, señora presidenta. Las formulaciones que hace en particular el señor senador Gandini –al que intencionalmente estoy aludiendo– tienen que ser objeto de una profunda autocrítica por parte de quienes hoy están en el Gobierno; de otra manera, sinceramente no me explico esto.

En el 2018, cuando fue interpelado, el señor Bonomi explicó que el incremento de los homicidios de ese año y su cifra récord tenían que ver con los ajustes de cuentas entre bandas criminales que habían pasado de un 29 % a un 58 % –un salto del doble–, y todos quienes hoy están en el Gobierno, que en ese momento eran oposición, saltaron ofendidísimos –me refiero al hoy presidente de la república y a los senadores– y dijeron que eso era ¡un disparate!, cuando se había duplicado la cantidad de muertes por ajustes de cuentas entre bandas criminales.

Sin embargo, hoy que las muertes por ajustes de cuentas entre bandas criminales bajaron a un 42 % del total de las muertes es la explicación principal que se da para esta ola de homicidios, y no estoy hablando de un mes. El año cerrado a mayo tiene 359 homicidios, cuando acá se interpelaba –tengo en mi poder la versión taquigráfica– que era un desastre tener 322 homicidios en el año móvil cerrado a marzo.

Por lo tanto, en este caso, hay que entender que quienes hoy están en el Gobierno reconocen este factor que se subestimaba en el pasado, tomando el 2018 que siempre se tiene en cuenta para las estadísticas, porque de otra manera no cierran. Tanto es así, señora presidenta, que debemos mirar los homicidios en los primeros veintisiete meses del último Gobierno del Frente Amplio. Hablo de homicidios porque, como bien decían en ese momento –salvo que a este respecto también hayan cambiado de opinión; tengo frases de varios legisladores de la oposición que participaron en las interpelaciones–, el homicidio es el único delito confiable. No hablamos de los demás delitos porque el homicidio es el único que, sí o sí, se denuncia; los demás tienen una franja de no denuncia que nos lleva a que la interpretación no sea rigurosa, por más que tengamos este dato de muertes dudosas y su crecimiento sea al doble, pero a eso me voy a referir más adelante. Repito que en los primeros veintisiete meses del último Gobierno del Frente Amplio –ya que se querían comparar y me parece que es un dato muy importante– hubo 612 homicidios. Me refiero al último Gobierno de Tabaré Vázquez. En estos veintisiete meses tenemos, según mi cuenta, 744 homicidios, aunque el ministro dice que fueron 741. En todo caso, tenemos un incremento con ese primer período de gobierno que había sido tan criticado –¡tan pero tan criticado!–, con un promedio en los tres años anteriores en los que no se había movido la aguja con respecto a la cantidad de homicidios; no había existido una explosión en ese sentido.

Tengo acá los datos cada cien mil habitantes y por año –sería engorroso dar más detalles– eran 7,8; 7,7; 7,9; la cifra se había mantenido estable. ¡Durante tres interpelaciones se colocó arriba de la mesa que estábamos en medio de un colapso, de una catástrofe!

Esto se hacía con un abordaje del que, en general, no escapamos y que es equivocado –¡a ver si puedo escapar de él!–, que consiste en pensar que los problemas de la violencia en la sociedad tienen que ver exclusivamente con el papel de la policía. ¡Insólito! En ninguna parte del mundo se resuelven los problemas de la seguridad exclusivamente con la policía, pero seguimos insistiendo en ello y en que los problemas de la seguridad se solucionan únicamente con más gente presa y más tiempo. Si fuera por eso, los Gobiernos del Frente Amplio serían un éxito porque duplicamos la población carcelaria en los quince años de gobierno. ¡La duplicamos! ¡Endurecimos un montón de penas en los Gobiernos del Frente Amplio! Claro que lo hicimos a determinado ritmo.

Se ha elegido, sobre todo en un costado que es el más problemático y en contra de toda la evidencia internacional, atender los problemas de las adicciones desde el punto de vista penal.

¿Qué dicen las Naciones Unidas en cuanto al trastorno por el uso de drogas? Dicen que la evidencia demuestra con claridad que los trastornos por uso de drogas tienen un mejor manejo dentro de un sistema de salud pública y que «… la inclusión del tratamiento de la adicción en el sistema de cuidado de la salud aún es muy difícil…». También habla, entre los principios rectores –¡claro!, esto no gana votos, sino que los pierde y, por eso, en general abordamos el tema desde un lugar distinto y transformamos esto en un territorio de disputa–, de que en América Latina una de cada once personas con consumo problemático de drogas tiene asistencia y, dentro de los principios y las normas, se ubica que el último ratio tiene que ser el penal.

El abordaje tiene que colocar como último ratio el penal, pero acá no solamente colocamos el componente penal, sino que establecimos en la LUC que quien caiga por este tipo de delitos no va a tener la posibilidad de redimir pena por trabajo o estudio.

Este es un debate en el que debemos pensar. Se destaca por parte de los organismos internacionales que, en general, existe un enorme vacío entre ciencia, política y práctica clínica. En este tema no tenemos debate acá y no lo digo para partidizarlo; parece que estamos exonerados de un abordaje que considere esa complejidad. Tenemos una diferencia enorme con respecto a la valoración de los delitos y la pandemia; creo que es hasta de sentido común. ¡No hace falta mirar al mundo, sino solo observar al Uruguay!

En nuestro país, durante veinte meses no hubo un solo incidente en las tribunas de los estadios –justo este domingo me encontré con el señor senador Coutinho y nos tiraron alguna piedra en el estadio, lo tengo que decir; pero uno tiene fidelidad a los colores independientemente del resultado, así que no me voy a arrepentir de haber ido el domingo– porque no hubo fútbol; no hubo incidentes en los conciertos porque no hubo conciertos; y no hubo incidentes en cumpleaños de quince porque no hubo cumpleaños de quince. ¡3:800.000 personas no ingresaron al Uruguay y sí, no fueron robadas acá! ¡Y 1:000.000 de personas –entre primaria, secundaria, UTU y docentes– hicieron teletrabajo y sí, tenían el auto en el garaje por cuanto difícilmente podía ser robado!

Estas son cosas de un abrumador sentido común. Sin embargo, parecía que esto no existía y, según la opinión de las autoridades, los datos de los delitos tenían que ver con la gestión mágica que había empezado el 12 de marzo, el día en que se declaró la emergencia sanitaria.

Tuvimos un 2021 complicado; blindar abril no se pudo; junio, julio y agosto fueron difíciles, con datos terribles desde el punto de vista sanitario y, apenas se retornó a la normalidad, empezamos a registrar niveles de violencia muy duros en la sociedad.

Acá no se ha dado respuesta a la encuesta de Latinobarómetro –de diciembre de 2021–, que es muy paradojal, porque no solamente consulta acerca de si alguien fue robado el último año o sufrió un delito, sino que primero pregunta si la persona se siente más segura, y la mayoría de la gente que participó en ella dijo que se sentía más segura. En el 2018 un 36 % de las personas se sentían muy inseguras y el porcentaje bajó a un 28 %. Los mismos 1200 encuestados presenciales que habían dicho que se sentían más seguros señalaron: «Pero a mí me robaron más que en el 2018». No digo que esta sea la verdad, ¿pero no merece siquiera una reflexión, que se incorpore al análisis, ponerlo arriba de la mesa en términos de discusión? Nosotros tenemos arriba de la mesa un cuestionamiento. Es un absurdo pensar que antes estaba todo bien y ahora está todo mal, y lo mismo al revés. Es maniqueo; no ayuda a la discusión. Sin embargo, lo más sencillo es ponernos en ese lugar.

Sobre la situación de las cárceles, yo miro nuestros datos y hay algunos que son preocupantes. Teníamos apenas un 27 % ‒según el informe del comisionado parlamentario‒ en condiciones de rehabilitación en el 2019. Con un 73 % de la población privada de libertad sin tener ninguna condición de rehabilitación nos estamos comprando un semejante lío; eso dejamos. Sin embargo, cuando miro los datos de 2021 y veo que ese 27 % se redujo a un 10 % ‒según nos informó a todos nosotros el propio comisionado parlamentario para el sistema penitenciario‒ no puedo no decir que ahí tenemos un problema. Si era una dificultad que apenas poco más de una cuarta parte de la población privada de libertad estuviera en condiciones de tener oportunidades de integración social, tamaño problema nos estaríamos comprando si este informe ‒de alguien que no se sospecha que pueda estar vinculado al Frente Amplio o a la estrategia frenteamplista‒ nos dijera que ahora tenemos una situación muchísimo más complicada.

¿Qué nos dice el mundo a este respecto? Que los países que tienen menos niveles de violencia son los que tienen menos población privada de libertad cada 100.000 habitantes: Japón, 39; Suecia, 61; Países Bajos, 63; Dinamarca y Alemania, 71; Suiza, 80. Nosotros estamos llegando a 400 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes y la proyección es que esa cifra va a crecer, pero no pensamos que ahí tenemos un problema ni nos damos la oportunidad de pensar que precisamos medidas alternativas para delitos menores porque, si no, nos estalla en la cara.

A cualquiera de nosotros que estudie el informe del comisionado parlamentario se le eriza la piel. Dos gurises primarios por hurto amanecieron asesinados porque fueron colocados en una celda con un paciente psiquiátrico, alguien que no tenía medicamentos, en una cárcel hacinada. ¡Casos así son las muertes en las cárceles! Podemos seguir; cada uno tiene el informe.

¿No se piensa que ahí tenemos un problema? ¡Tenemos un problema! ¿Se resuelve con disputas partidarias? ¡No! Se resuelve con diálogo, y no solo con acuerdo político, sino también con acuerdo académico, científico y social. Sinceramente, algunas medidas ‒de las menores a las mayores‒ nos parece que van en la dirección absolutamente contraria a lo que se necesita, que es abordar una perspectiva diferente, con un Estado más potente, y cuando conozcamos esa propuesta la vamos a estar votando y apoyando. Pero es todo lo opuesto a lo que se hizo, por ejemplo, con Grupos Sonantes, un convenio que tenía cerca de diez años, en el que el Sodre junto a Bellas Artes y la Universidad llevaban la enseñanza de música a los barrios más carenciados. Tres mil gurises participaban de eso. Se suspendió en el 2020 y ahora son cero los que participan. En muchos barrios eso es lo que se precisa como alternativa a la represión, que es lo último.

En todo caso, ¡la discusión sobre la confianza a la policía tendría que darse reconociendo quién dignificó su papel, quién le reconoció el salario, quién le reconoció el derecho a tener sindicato, quién la tecnificó como nunca antes! Parece que el reconocimiento a la policía es un reconocimiento abstracto. Hoy vemos al mismo sindicato policial reclamando que se recuperen los niveles salariales que existían en 2019. ¡Y vaya que se trabajó para eliminar el servicio 222, que era parte de un trabajo informal, generado por el propio Estado!

Ahora, reconocer a la policía no es matar al mensajero cuando hay denuncia. Yo saludo lo que dice el ministro con respecto a los quinientos. Nosotros tuvimos que sacar a tres mil, pero eso implica entender que a veces se está expuesto a un conjunto de dificultades. Cuando hay denuncias complejas ‒no nos bajamos de ninguna‒ y pedidos de acceso a la información, como el que se conoció la semana pasada de multiplicación de los casos de abuso, eso tiene que generarnos preocupación, ¿o es en blanco y negro el debate sobre la policía? ¿O es que en la policía no hay lugar para matices o para un abordaje que implique cómo se construye una mejor policía, una parte del problema de seguridad? Sin embargo, repito, se profundizan las desigualdades y la segmentación territorial.

De todo eso, de lo que hicimos y de lo que nos faltó, podemos hablar, pero tomamos un país con un 40 % de pobres, agarramos un país que tenía, en términos de vivienda ‒según un informe de Casacuberta de 2006‒, un 25 % de los hogares uruguayos en condiciones de precariedad. Se crearon 200.000 hogares más, según el informe intercensal de 2006 y la Encuesta Continua de Hogares de 2019. Hubo que abordar esa realidad con esas complejidades. No hicimos todo bien, pero sí nos sentimos con derecho a reclamar diálogo sobre este tema porque nos tiene que preocupar. Ningún país es seguro con los niveles de prisionización que tiene el Uruguay. No existe ejemplo en el mundo. Los que llevaron ese paradigma al límite, después tuvieron que rebobinar. Lo dijo –para quien lo quiera escuchar– el comisionado de cárceles después de la experiencia que tuvo al recorrer Texas, el Estado con más prisionización del país con mayor prisionización.

Entonces, ¿no será tiempo de pensar en penas alternativas para delitos menores? ¿No es lo que probamos con los adolescentes en conflicto con la ley penal? Y nos dio resultado. Llegamos a niveles de reincidencia mucho más bajos que los que teníamos y redujimos la población privada de libertad a casi la mitad en el período 2014-2019. No es que tengamos que pensar que nos debemos una fuerte inversión para el abordaje de las adicciones complejas, para pensar en la problemática de la seguridad desde un lugar más complejo del que lo estamos pensando hasta ahora.

Nosotros creemos –y con esto termino, señora presidenta– que tener un problema es la mitad de un problema, o sea, tener una dificultad es la media dificultad, y cuando esa dificultad no se reconoce, pasa a ser una dificultad mayor. En este caso, sinceramente, el talante del ministro nos recuerda al personaje Pangloss de la novela Cándido, de Voltaire, que parecía que estaba en el mejor de los mundos. Creo que cualquiera que transita las calles del Uruguay sabe que estamos en una problemática cada vez más compleja, que requiere acuerdos, diálogo y cambio de foco.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Señora presidenta: hemos seguido con atención esta convocatoria al señor ministro, al señor subsecretario, a las jerarquías que componen la delegación y la representación del Ministerio del Interior.

Confieso que estaba confiado en que la discusión se iba a desarrollar en un ámbito de seriedad, de respeto, de consideración republicana porque el tema, el ámbito y la hora lo ameritan. Incluso, por el respeto que le tengo particularmente –y lo sabe– al señor senador Rubio, voy a hacer el esfuerzo de no calificar o, mejor dicho, de no incurrir en adjetivos, que en los últimos años suele ser en este tipo de instancias, lamentablemente –al menos en estas dos últimas legislaturas que llevo ocupando esta banca en este ámbito parlamentario–, la moneda recurrente, que inclusive termina desvirtuando la herramienta.

En el comienzo, el senador Rubio refirió a definiciones en las que creo coincidimos, por ejemplo, la de la misión de la Policía Nacional, y se habló de proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades, de garantizar el orden y la seguridad interna, y que para ello se requieren herramientas, más inteligencia, políticas públicas interinstitucionales, abarcativas, más allá del rol propio de la policía y del Ministerio del Interior. Se dijo que se necesita investigación, y que se reconoce el peso del narcotráfico en los últimos años o décadas en el país y su aumento, con todo lo que conlleva. Eso parece tener un común denominador en la opinión de todos. El propio ministro Heber dijo con claridad que no negamos que la seguridad es un problema hoy en el país, pero que sí decimos que estamos mejor; negamos que estemos peor, que es lo que algunas voces de la oposición señalan.

Cuando dice el senador Rubio que no quieren promesas, excusas, ni respuestas baratas y que su fuerza política está dispuesta a hacer aportes, a mí me fue generando la expectativa de que así fuera. Obviamente que promesas no se hicieron. El expresidente Vázquez en el Gobierno del Frente Amplio sí prometió expresamente bajar un 30 % las rapiñas. No lo hizo. Es más: aumentaron. La única forma objetiva –por suerte lo podemos decir en este país y durante todos los Gobiernos– es discutir sobre cifras, porque confiamos en ellas, porque en el caso que nos ocupa es el mismo método, el mismo ámbito y hasta los mismos jerarcas quienes llevan las estadísticas, o sea, juzgar resultados. Lo expresado por el señor ministro Heber ha sido contundente y obviamente lo respaldamos porque pensamos igual, porque tenemos la misma lógica para afrontar las políticas públicas en materia de seguridad pública. Como dije, la objetividad de las estadísticas y de los datos ha sido contundente.

Por otro lado, quiero resaltar el hecho de haber sesionado en régimen secreto porque no recuerdo antecedentes en los últimos tiempos –y menos en esta materia– de que se nos permita acceder a los senadores de la república a todos los datos con precisión, a las estrategias de trabajo que se llevan adelante, a los planes que se están ejecutando, a los logros e, incluso, a los lineamientos de acción de las investigaciones en curso, a la par del propio Ministerio del Interior.

Reiterar las cifras sería redundante, pero son contundentes. De 2019 a 2021 hubo 23 % menos de homicidios, 20 % menos de hurtos, casi 19 % menos de rapiñas, 36 % menos en violencia doméstica y abigeato. También se nombraron algunos récords del 2021, como el de 1252 bocas de pasta base cerradas, 1196 kilos de pasta base incautada, cantidad de personas indagadas y condenadas y volumen de dinero incautado. ¡Récords! Ha habido un descenso en todos los delitos, salvo –reconocido por todos– esta circunstancia que en la actualidad se está presentando en los homicidios, pero que, si la analizamos –por lo menos al juzgar algunas declaraciones de los últimos días y de más de un actor de la oposición–, parece que el problema de esta gestión está en el mes de mayo, por los 37 homicidios.

Los homicidios venían a la baja en todo el año; en abril fueron menos que en marzo, en marzo fueron menos que en febrero, en febrero fueron menos que en enero. Parece que hay un tema con el mes de mayo y hay una reacción rápida del Gobierno, que la estamos viendo. Esto faltó antes. El ministro señaló que en los veintisiete meses de esta Administración ha habido 741 homicidios; en los últimos veintisiete meses del Frente Amplio hubo 905 homicidios. ¿Saben cuántas veces en los últimos veintisiete meses del Frente Amplio tuvieron 37 homicidios? Dos veces: en mayo y en setiembre de 2019. En nueve veces tuvieron más de 37 homicidios: en enero de 2019 fueron 39; en abril de 2018, 40; en mayo de 2018, 45; en agosto de 2019, 39; en octubre de 2019, 39; en diciembre de 2019, 45, y en enero de 2020, 38.

Cuando se señala de parte de un Gobierno que en quince años sufrió un aumento del 338 % en las rapiñas, del 96,5 % en los homicidios y en más de 40.000 hurtos, con todo respeto al señor senador Rubio –porque sabe que se lo profeso–, no lo entiendo. Estoy mirando el titular de Subrayado: «Éramos una isla de paz y dejamos de serlo». ¿Éramos una isla de paz? Me hace acordar a aquel programa La isla de la fantasía. ¿Una isla de paz en un Gobierno que en quince años, que tuvo tiempo, mayorías propias parlamentarias, recursos y bonanza económica, no pudo con los delitos? Lo dicen todas las estadísticas. Se nos quiere hacer creer que dejamos la isla de la paz. Con total franqueza, cuando escucho decir que no se tiene un plan, que el Gobierno no tiene un plan, lo primero que me planteo es si fue aleatorio el logro de los resultados.

Con respecto a la baja delictual, si dejamos de lado los homicidios, todos los demás delitos, ¿es fruto de una acción aleatoria? Lo planteo al revés, si tuvo plan en sus quince años el Gobierno, ¿por qué aumentaron tan desmesuradamente –ahí sí, sin excepción– todos los delitos? ¿Cuál es el tema?

Aquí tengo un artículo de la Agencia Uypress en el que se dice que en declaraciones el exfiscal general de la Nación, doctor Jorge Díaz, el 22 de agosto de 2019, en el periodístico Todo pasa, de Océano FM, sostiene que «desde 2009 no existe un plan de combate al narcotráfico».

Nuevamente quiero, como senador de la república –creo que lo tendría que hacer el Cuerpo republicanamente–, que sea una costumbre que, más seguido desde todos los ministerios, venga todo el equipo, solicite el amparo del reglamento para la versión taquigráfica –que se comprende porque es secreta– y nos brinde toda la información. Recibimos la información de los técnicos especializados de la Policía Nacional en materia de narcotráfico, de investigaciones, la jefatura máxima de los cuerpos profesionales de la policía, la información precisa de cuál es el plan que se está llevando a cabo, de cuál es la estrategia, de cuáles son los resultados, del mapa del área metropolitana. Nos dice que hay 45 organizaciones delictivas especializadas en la droga y qué cantidad son las que se las suministran, de dónde viene a nivel internacional cada tipo de estupefaciente que hoy entra para consumirse aquí o que entra y sale desde acá. ¿Lo acompaña con resultados y se dice que no hay plan? Con total franqueza señalo que me cuesta admitirlo. Obviamente que no voy a calificar mala intención; en todo caso, legítima definición política de por qué hacerlo, pero creo que es casi que tomar el pelo al sentido común y a la ciudadanía porque es un tema que a todos nos preocupa. Sabemos que lo tenemos, que lo tuvimos y que lo vamos a tener, pero se está trabajando para mejorar, los resultados están acompañando, y que falta. No podemos descalificar de esa manera. Es demasiado básico.

Digo esto porque no se señalaron aspectos que sí tengo por información que hemos pedido. Además, el ministro Heber se destaca por lo mucho que viene al Parlamento, seguramente por su condición nata de parlamentario, decano de este Cuerpo. Tenemos información clara.

En cuanto a los pedidos de informes, tal vez algunos no se hayan contestado. Es posible. En este sentido quiero señalar que quedan 32 sin contestar desde el Ministerio del Interior del Gobierno del Frente Amplio. Tal vez tengan ocupados a los mandos correspondientes para ver si terminan de contestar esos que son del Gobierno anterior. Repito: quedan 32 sin contestar.

En cuanto a esa información, en algún momento se habló del ámbito ético de la acción de la policía por alguna situación, pero, señores, no podemos caer en esa.

El 19 de noviembre de 2015 fue procesado con prisión un funcionario policial por un delito continuado de torturas. Se trataba de un oficial que sometía a estos padecimientos a un detenido en la Seccional 2.ª de San Carlos. Ese mismo año, en Young, un policía fue procesado con prisión por abuso de funciones, privando ilegítimamente de libertad a una persona. Hubo, incluso, un procedimiento de habeas corpus. En 2017 dos policías fueron procesados con prisión por un delito de violación. Violaron a una joven de dieciocho años en un patrullero. Todos lo recordamos. Un comisario y un cabo fueron a prisión porque extorsionaron a una pareja. Además, policías fueron enviados a prisión por detener a cuatro mujeres sin orden judicial. ¿Y por eso vamos a juzgar al Gobierno anterior y a los mandos correspondientes? ¡De ninguna manera!

Entonces, me parece que no tenemos que confundir. Hemos tenido también récords de allanamientos –3458–, el mayor despliegue policial porque se han realizado 181 operativos de alto impacto en 2021. Se registraron 196.784 personas y se detectaron 207 personas requeridas mediante ese «plan» o ese mecanismo.

Las Jefaturas de Policía del interior, en más de 1000 operativos, registraron en 2021 a 690.898 personas. A su vez, capturaron 627 personas requeridas. Para nosotros, que somos del interior y tanto nos duele esto, es destacable lo realizado, ya que además de retomar el lugar estratégico de las comisarías como unidades básicas del accionar policial, en 2021 se han abierto y reabierto cuarenta y tres comisarías, subcomisarías y destacamentos en todo el país. Y van más de cien, repito, más de cien desde que empezó el Gobierno. Me refiero, entre otros, al destacamento de Cerro Chato, de Lorenzo Geyres, a las subcomisarías de Merinos, de San Manuel, de Constancia, a los destacamentos de Poblado Colón, de Bello Horizonte, de La Higuera, de Cerro del Arbolito, y podríamos seguir. Ciertamente, se había replegado el Estado, no estaba ahí; entonces yo felicito la gestión que se viene llevando adelante por su compromiso, por su trabajo, por los resultados obtenidos y porque el ministro tiene la humildad republicana de decir que falta aún. Nos viene a mostrar a todos –para involucrarnos en el trabajo– cómo hay que trabajar y cuáles son las líneas de acción definidas. Ese es el trabajo que se está haciendo.

Con respecto a las cárceles, simplemente quiero decir que acá tengo la versión taquigráfica del 30 de julio de 2020, sesión en la que aprobamos por unanimidad, en la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, el Plan de Dignidad Carcelaria que se está llevando a cabo. Antes de 2020 se plantaban 4 o 5 hectáreas y este año se pasó a plantar 110, con lo que se ahorraron $ 2:000.000 por mes por la comida que ahí se produce. Asimismo, se encontró a 1870 personas durmiendo en el piso, como se ha dicho muy claramente y en más de una oportunidad. En ese sentido, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación están trabajando en ello con los propios PPL. Se cumplió también con el propósito que se había anunciado aquí en el Parlamento sobre el Plan de Dignidad Carcelaria, para tener el primer Centro Preegreso para 82 PPL en la unidad n.º 4 de Santiago Vázquez, que ya está funcionando. ¡Hay trabajo y hay resultados! ¡Hay seriedad! ¡Hay sentido republicano!

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–¡Hay sustantivos y no adjetivos en las definiciones de la política pública de la seguridad!

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra por una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR RUBIO.- Pedí la palabra por una alusión con nombre y apellido. Voy a leer un párrafo de lo que dije. El señor senador Camy, a quien estimo, está enredado con los papeles.

(Interrupciones).

–Lo que dije –y consta en la versión taquigráfica– fue: «No basta con cambios legales». «Es preciso encarar el problema a partir de un profundo baño de humildad». «Hace algunas décadas nos considerábamos una isla de paz, seguridad e integración social, pero el cristal se hizo mil pedazos».

«Hace algunas décadas» fue lo que dije.

(Interrupciones).

–Eso es lo que yo dije en el Senado de la república y está en la versión taquigráfica.

SEÑOR OLESKER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OLESKER.- En esta intervención que me toca hacer parto de la base del acuerdo absoluto con lo manifestado por el señor senador Rubio –que nos representa a los trece senadores del Frente Amplio– en su exposición y en su conclusión principal sobre el fracaso de la política de seguridad.

Más allá de eso, quiero referir a dos cuestiones de las que no se ha hablado mucho y quizá puedan ser útiles para cuando haya una segunda intervención del ministro y pueda incorporarlas. En primer lugar, pregunto qué es una política pública, porque es sobre eso que estamos discutiendo aquí. Por definición, una política pública es un conjunto de acciones que tiene un grupo de objetivos y de instrumentos. Acá no estamos discutiendo los objetivos, porque en general los compartimos; estamos discutiendo las acciones y los instrumentos que se dan para cumplirlas. Se ha hablado mucho de los instrumentos específicos del Ministerio del Interior, pero también hay instrumentos generales que hacen a la política pública. Quiero referirme, como dije, a dos aspectos de los instrumentos generales que no han sido demasiado analizados: los recursos económicos y las acciones de transversalidad y coordinación con los demás ministerios del área pública. Quiero hablar y poner en discusión las siguientes cuestiones que son tan importantes para el cumplimiento de los objetivos como las propias acciones derivadas de la política de seguridad.

Antes, quiero hacer una reflexión: los recursos económicos no son garantía de nada; teniendo recursos económicos, la política puede fracasar, pero esto no sucede a la inversa. Sin recursos económicos no hay garantía de éxito; eso es así. Por lo tanto, como dicen los matemáticos y nosotros repetimos, es condición necesaria, pero no suficiente. Puede no haber éxito con muchos recursos económicos, pero lo seguro es que no habrá éxito si no se incorpora una dotación de recursos económicos importante. Entonces, como acá se habló mucho de la política de seguridad a partir de 2005, no tengo más remedio que hablar de los recursos presupuestales de ese mismo período.

Voy a hacer una comparación en cuanto a la ejecución presupuestal con el 2000. Tomé como ejemplo el 2000 porque cada vez que comparo con el 2004 alguien siempre me dice: «Ah, pero eso fue en crisis». Claramente, pero ese año fue cuando el Frente Amplio, mi partido, asumió el Gobierno. Entonces, elegí el 2000, el primer año del siglo XXI que provenía de catorce años, del 1985 al 1999, de crecimiento ininterrumpido, salvo en 1996 por el efecto tequila. O sea que el presupuesto del 2000 no tendría que estar afectado por problemas críticos. Por ende, si tomamos como referencia el presupuesto del 2000 y lo comparamos con el del 2019 tenemos un incremento de 120,40 %, es decir que en términos reales se tiene un poquito más del doble: de $ 15.000:000.000 a precio del 2021 a unos casi $ 42.000:000.000 a precios constantes también del 2021. Hubo un crecimiento muy concentrado en los primeros diez años, en particular en el segundo período de gobierno, entre el 2010 y el 2015, período en el que el presupuesto se disparó y en los posteriores cinco años se estancó. ¿Por qué se disparó? Por el crecimiento salarial. Si tomamos como ejemplo el salario de un cabo de primera, que no es modificado por leyes orgánicas, podemos ver que el crecimiento del salario real desde el 2000 al 2019 fue del orden del 87 %, o sea que si comparamos el 2000 y el 2019, haciendo énfasis en el período 2010-2014, el salario casi se duplicó. Esto pasó hasta el 2019. ¿Qué pasó en 2020 y 2021? Cayó el salario real y el presupuesto quedó estancado. La masa salarial cayó; en 2021, el Ministerio del Interior dedicó menos recursos a remuneraciones que en el 2019 y el salario real cayó, dependiendo de la categoría utilizada, entre un 6 % y un 8 %.

Por lo tanto, lo que quería plantear era que efectivamente nos encontramos con una gestión que redujo los recursos económicos destinados a la acción y, por ende, eso influyó decididamente en la acción policial porque, repito, los recursos presupuestales no constituyen una condición suficiente pero sí muy importante que tiene que ver con la confianza sobre el sistema.

Asimismo, quiero analizar la transversalidad de las otras políticas. En una oportunidad, cuando el ministro se retiraba de la Torre Ejecutiva, dijo algo que para nosotros fue importante desde el punto de vista conceptual. Él habló de la coordinación de acciones con otros organismos y ministerios para realizar un abordaje más amplio de la seguridad. Luego, el señor ministro continuó hablando, pero me quiero referir a esta parte.

Sin embargo, no vemos ese abordaje integral; no lo vemos. Si miramos los programas de los demás ministerios vinculados con un abordaje integral, vemos que mayoritariamente se han ido desandando. Creo que el ejemplo más paradigmático es el Plan Siete Zonas. El senador Rubio mencionó la propuesta final del período pasado de extenderlo a veintiocho zonas. Hablo de programas como el Socat, los ETAF o Jóvenes en Red. Si uno mira la estructura de recursos del Ministerio de Desarrollo Social, que se ha incrementado en el 2021 con respecto a 2019, verá que ha sido, fundamentalmente, en transferencias monetarias de tarjetas y de asignaciones familiares y no en programas de acompañamiento que son claves para esta política integrada del abordaje entre lo social y lo policial.

A nuestro juicio, se ha perdido la dialéctica social policial y se ha priorizado la acción policial respecto a la acción social. Adelanto algo por las dudas que alguien nos diga que nosotros creemos que los problemas de seguridad solo se resuelven con un abordaje social y que las causas de los problemas de seguridad tienen que ver exclusivamente con los temas de pobreza y desigualdad. Sí creemos que la desigualdad es claramente incidente –lo demostró el senador Andrade con varios datos que mencionó–, mucho más que la pobreza, porque la desigualdad genera una convicción de querer igualarse, aunque no creemos que esa sea la única parte del problema. Otra vez: es una condición necesaria, no es suficiente, pero sin eso el abordaje exclusivamente policial tiene una gran probabilidad de estar condenado al fracaso.

En síntesis, gran parte de los resultados –que el senador Rubio expuso con mucha claridad– están asociados, además, a estas dos vertientes: a la de los recursos presupuestales, que claramente han disminuido, en particular con una caída muy relevante en el salario real, y al desarmado de programas de otros ministerios y de organizaciones como el INAU, o sea, lo que eran las viejas mesas intersectoriales de políticas sociales que en todos los departamentos tenían un rol muy protagónico y que se han desarmado.

Quiero terminar con un punto referido a que en ambos rubros o temas no se han hecho anuncios de cambios sustantivos. Es decir, no hay grandes anuncios y pensé que íbamos a recibir algún anuncio presupuestal. Tenemos algunos días para que nos llegue la rendición de cuentas donde sabremos si hay o no anuncios, pero en principio no se ha dicho que esto va a cambiar. Por ejemplo, recuperar el salario real para una institución donde el 77 % de su presupuesto es masa salarial es muy costoso. No es como recuperar el salario real de una organización con poco salario. La educación, la seguridad y la salud son esencialmente organizaciones presupuestales donde entre el 70 % y el 90 %, según de cuál se trate, es masa salarial. Entonces, recuperar un 7 % o un 8 % perdido, con dos ajustes que nos quedan –en realidad el de enero de 2025 también le corresponde a este Gobierno, por lo que podríamos darle la chance de que queden tres–, implican unos USD 30:000.000 en el 2019 y USD 30:000.000 en el 2020. Eso no está anunciado con un agravante, además, y es que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha anunciado que va a calcular la pérdida del salario real por el promedio de la Administración central, lo que es un horror técnico, un horror teórico, un horror conceptual, porque el salario real que perdió la policía o el funcionario de ASSE no son iguales, no son el promedio y el promedio esconde diferencias muy importantes. Debería calcularse el salario real perdido en cada inciso en particular, y los datos muestran que el Ministerio del Interior tuvo más pérdidas que otros incisos –no sé la razón porque no estoy dentro de la estructura institucional–, que perdieron menos. Sin embargo, aun con ese punto, es muy costoso.

¿Cuáles son las decisiones en infraestructura, para la construcción de cárceles? Varias veces se han anunciado aquí, pero hasta ahora no han aparecido en la dotación presupuestal. Quizás vengan por otros caminos no presupuestales o en la rendición de cuentas. En fin, todo parece indicar que la mitad de período que nos queda va a tener una dinámica presupuestal no modificada sustantivamente con relación a la primera mitad y, por lo tanto, la condición de limitante a la política de seguridad, a nuestro juicio, se va a mantener.

Estas dos preocupaciones, la presupuestal y la que tiene que ver con el abordaje muy policial y poco mixto –dialéctico– entre lo policial y lo social, son las que quería agregar. En nuestra opinión, explican una parte importante de los resultados que el señor senador Rubio planteó al comienzo de la sesión.

Muchas gracias.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: las intervenciones del señor senador Olesker siempre me resultan removedoras, porque tienen muy buen fundamento. No comparto todas sus conclusiones, pero sí gran parte de ellas. Es la verdad.

En su momento podremos abordar el tema por el lado que él plantea, pero hay dos cosas que ya se dijeron más de una vez y considero que, como senadora de la coalición de gobierno, me compete contestar la alusión política.

En primer lugar, se ha dicho como al pasar –por parte del señor senador Rubio y ahora también del señor senador Olesker– que se desarmaron o desarticularon los Socat. Los Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial fueron sustituidos, por resolución del Ministerio de Desarrollo Social, por técnicos que actuarán en forma directa sobre el territorio y que dependen del director departamental del Mides. Eso significa que se van a destinar horas técnicas, no de ONG –y me reservo las opiniones que tengo sobre algunas, no de todas–, en territorio. Cada técnico trabajará treinta horas semanales, incluidos los fines de semana. Con los Socat se trabajaban diez horas semanales.

Podríamos agregar otras cosas, pero no es el ministro de Desarrollo Social quien está en sala. Como se traen los temas en forma incorrecta –sé que no lo hacen con intención; de pronto, es responsabilidad nuestra por no saber comunicar las cosas que hacemos y esto es una autocrítica que personalmente hago a la coalición de gobierno, a mi propio partido y a mí misma–, me siento en la necesidad de aclarar que eso está y fue sustituido por técnicos.

La otra cosa que quiero dejar claramente establecida es que el Plan Siete Zonas fue discontinuado en 2017. Si bien era muy bueno y todos lo apoyábamos, fue discontinuado por falta de recursos económicos. ¡Háganse cargo! Ese plan era muy bueno porque planteaba un abordaje integral.

Gracias, señora presidente.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MANINI RÍOS.- Muchas gracias, señora presidenta.

No voy a abundar más en números, pues creo que se han aportado muchos y se han dicho hasta el cansancio. Simplemente quiero expresar que, para nosotros, los números actuales del delito son sencillamente inaceptables, como deben serlo para la inmensa mayoría de los uruguayos. Por supuesto que los números anteriores a esta Administración eran mucho peores, pero todos ellos son inaceptables. Como dijo el señor ministro, hay que trabajar muchísimo; recién estamos en el camino para mejorar esas realidades.

La sesión del día de hoy tiene algo de surrealismo. Aquellos que, sin lugar a dudas, fracasaron estrepitosamente en la conducción de la seguridad durante sus tres períodos de gobierno completos –con las mayorías parlamentarias necesarias como para implementar los cambios que hubieran querido–, hoy se erigen poco menos que en instructores, en profesores de lo que hay que hacer para cambiar una realidad que es verdaderamente compleja y para ello se omiten hechos ocurridos hace no mucho tiempo y que a todos nos pegaron fuerte, que los tenemos presentes.

El señor senador convocante ha dicho, entre otras cosas, que si no se hacen cambios esto no tiene salida. Recuerdo a un director nacional de Policía decir que ya habíamos perdido la batalla y que estábamos a la par de algún país de Centroamérica. Se ha hecho hincapié y se ha criticado el exceso de presos y las condiciones inhumanas en las que hoy están en nuestras cárceles, lo cual es real, es cierto. De todas formas, se están omitiendo algunas cosas que hemos escuchado y visto en años anteriores.

Voy a leer solamente unas líneas del informe del señor Nowak, relator especial de la ONU, quien en marzo de 2009 recorrió nuestras cárceles y concluyó que las condiciones de reclusión eran un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar allí, corriendo ambos riesgos de vida. Él señala: «Este lugar, en donde los procesados y los condenados se alojan como animales en contenedores superpoblados durante casi 24 horas al día, es detestable». Se refería a las latas de la zona de Libertad. Y agregaba: «Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas». Esto, entre tantas otras cosas, termina calificando las condiciones de reclusión de nuestro país en 2009 como de tortura. Por lo tanto, creo que, lamentablemente, las mejoras no han sido todo lo significativas que debieron ser.

Se mencionó una discusión que hubo sobre una fuga –si fue por el tejido, si fue por la puerta–; habría que recordar también otras famosas fugas.

Creo que a lo largo de los años ha habido una secuencia de políticas equivocadas en materia de seguridad pública. Seguramente viene desde antes de los Gobiernos frenteamplistas, pero en esos quince años de gobierno hubo algunas políticas que marcaron la realidad y que fueron condicionándola hasta llegar a la situación que hoy vivimos. Voy a nombrar una decena de esas políticas, aunque tengo anotadas en un documento más de treinta.

En primer lugar, no contar con un plan estratégico de seguridad actualizable anualmente durante los quince años de administración y conducción de la seguridad del país. No se contó con eso, lo que llevó a la inexistencia de un concepto estratégico para la protección de la población que determinara esfuerzos y prioridades para el empleo de los recursos.

También puedo citar la liberación de centenares de privados de libertad en los primeros tiempos del primer Gobierno del Frente Amplio, lo que claramente generó sentimientos de impunidad, impulso a la reincidencia y habitualidad delictiva. Creemos que ese fue un punto de inicio del crecimiento exponencial de la delincuencia que se dio en los tiempos que siguieron.

Podemos hablar de la nueva Ley Orgánica Policial que, entre otras cosas, derogó el régimen disciplinario, una herramienta fundamental para la cohesión de un cuerpo jerarquizado como el policial. Se derogó con ello la inmediatez, que permitía mantener viva la autoridad del mando, la rápida corrección de la falta y la mejora del servicio. Se cambió en esa ley el sistema de ascensos, aplicando la selección poco transparente y desmoralizando las aspiraciones de carrera de los oficiales. Se politizaron los ascensos en las altas jerarquías.

Puedo citar los cambios en las estrategias contra el narcotráfico. Hoy se habló de eso y se criticó la actual conducción, pero son claros los cambios que hubo; los mencionó aquí el responsable de esa área cuando dijo que hubo que conformar nuevamente las brigadas de combate al narcotráfico en Montevideo y Canelones.

Tal como hizo un señor senador preopinante, voy a citar algunas frases del fiscal Díaz. En 2019 dijo: «Desde 2009 no existe un plan de combate al narcotráfico». También dijo que quedó en el debe la articulación de diferentes organizaciones para combatir el narcotráfico.

Hubo, entre otras cosas, sistemas de calificaciones y ascensos discrecionales, y pase a disponibilidad como herramienta de purga dentro de la fuerza policial. La gran discrecionalidad en este sistema de ascensos priorizaba la simpatía política, destruyendo la carrera profesional y habilitando –como dije– purgas al aplicar determinados sistemas.

Se eliminó la Dirección General de Coordinación Ejecutiva en la Jefatura de Policía de Montevideo, por lo que quedaron sin coordinación las direcciones de seguridad, investigaciones y grupos de apoyo. La Dirección de Seguridad generaba 6000 procesamientos anuales, la Dirección de Investigaciones, 4000, y Radiopatrulla, unas 2000. Esto degradó mucho la prevención y represión en el área metropolitana. Hubo destrucción de las funciones de información, prevención, represión y relaciones públicas en las comisarías, que son las unidades básicas, lo que llevó a perder el relacionamiento con los vecinos, con los comerciantes, perdiéndose también la capacidad de colectar información, manejar el conocimiento de cada zona y gestionar el volumen de las operaciones.

Menciono también la destrucción de la Dirección de Investigaciones y la degradación de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial, la descentralización y el debilitamiento de la inteligencia. El Departamento de Homicidios, por ejemplo, aclaraba un 60 % de los casos, porcentaje que no se volvió a alcanzar hasta el 2020.

También hubo destrucción de los grupos de apoyo y el cierre del Cuerpo de Radiopatrulla, con la pérdida de su experiencia y conocimiento acumulados en Montevideo; centralización del patrullaje en el PADO, con personal que no conoce la zona de acción y no tiene información ni conocimiento de las actividades de cada territorio.

Asimismo, hay que mencionar la ausencia de análisis criminalístico a nivel nacional y departamental, la instalación del PADO y el policiamiento orientado a problemas que lleva a perseguir el delito desde atrás, lo que marcó un rotundo fracaso.

Estas son algunas de las tantas políticas erróneas que se llevaron adelante en las tres Administraciones frenteamplistas y que creemos que, en cierta forma, fueron condicionando la realidad que hoy vivimos.

Hoy podemos decir que nos merece un profundo reconocimiento el accionar de la policía, su actitud, la forma en la que hace el tremendo esfuerzo para enfrentar esta realidad tan compleja. Merece nuestro apoyo siempre; no somos de los que buscan la forma de poner en entredicho si hubo o no un abuso o si hubo o no un exceso, sino que somos de los que, antes que nada, tratamos de comprender la realidad de los hechos y cómo se llevaron adelante. Creemos que no sirve poner en duda la forma en que actúa la policía, generando una suerte de duda a nivel popular, a nivel de la gente, generando reacciones a veces contra el cuerpo policial, como insultos –como todos hemos podido ver– y, en definitiva, el desprestigio de un cuerpo que merece el apoyo de todos los uruguayos.

Se nos ha dicho que nosotros tenemos, a veces, una visión crítica. Claramente tenemos nuestras posiciones, que a veces no coinciden exactamente con lo que se está haciendo. Eso se lo hemos manifestado lealmente, por escrito, al señor ministro Larrañaga en su momento y también al actual ministro Heber, y lo hemos conversado con el propio presidente. Claramente nosotros tenemos la concepción de que se debe acercar el vecino al policía o el policía al vecino. Se ha demostrado y se ha dicho que se ha avanzado en ese tema, que se han habilitado subcomisarías, que se ha llevado gente, efectivos policiales cerca de los vecinos. Creemos que falta mucho todavía en ese camino, que hay que acercar mucho más la policía al vecino; hay que llevar las comisarías a lo que eran antes; es en la comisaría donde el policía conoce la realidad del barrio, donde está el posible delincuente, donde está el problema, donde está la boca de venta de droga. Es el policía de barrio, de comisaría, de campaña, el que conoce la realidad de la zona. ¡Tenemos que volver a eso! Vamos a insistir en que se profundice esa tendencia que, según se nos dijo ahora, se está implementando.

Tenemos una especial preocupación por el tema carcelario. Lo que leíamos recién del relator de la ONU del 2009 no ha cambiado sustancialmente y se agrava en la medida en que haya más detenidos, porque el problema cada vez es mayor. Nosotros hemos dicho una y otra vez que hay que hacer cambios en los protocolos carcelarios. Los presos deben trabajar todos, obligatoriamente. Se está trabajando en esa dirección, pero hoy alcanza solo a un 30 % de los presos; el 70 % restante no trabaja. Creemos que sería muy saludable, para el propio preso en primer lugar pero también para la sociedad, que aquel que está recluido adquiera hábitos de trabajo y eventualmente una habilidad, además de, tal vez, algún recurso económico, producto de su trabajo en la cárcel. De esta forma, cuando salga, con hábitos, habilidad y algún recurso, tendrá alguna chance de no reincidir.

También hemos hablado de la necesidad de implementar –sé que hay alguna idea en ese sentido– una cárcel de máxima seguridad en la que estén recluidos en condiciones de aislamiento necesario aquellas manzanas podridas que pudren el cajón, aquellos que, en definitiva, contagian al resto de los presos o los inducen a incursionar en las bandas delictivas. Estos presos tienen que estar aparte, con visitas controladas, sin celular y con el aislamiento necesario, como corresponde, debido a su calidad de delincuentes pesados.

Creemos que esas variaciones a nivel carcelario son imprescindibles para que no sigamos volcando, todos los meses, centenares de presos que cumplieron su condena pero que no están rehabilitados y que no dejan de ser potenciales delincuentes.

Por último, quiero decir que es necesario instrumentar –y esto es a largo plazo– una política agresiva, educativa, contra el consumo de drogas. En este país no se están haciendo las cosas como se tienen que hacer en ese sentido. Se pone mucho más énfasis en disuadir a alguien de que fume un cigarrillo que en disuadirlo de que caiga en el consumo de drogas. Hay que explicar a los jóvenes cómo termina el camino cuando se inician en el consumo de drogas; cómo se destruye una familia y cómo se destruye la sociedad. Creemos que ahí hay un debe y que también es parte del problema que estamos tratando en esta sesión.

Muchas gracias.

SEÑOR LOZANO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LOZANO.- En principio, quiero expresar nuestro agradecimiento al señor ministro y a las autoridades policiales por la amplia exposición en cuanto a cifras y a datos de la realidad, así como también, sobre todo, por la confianza que tuvieron en este Senado de la república al ofrecer presentar en forma secreta, reservada, el plan de trabajo actual de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas.

Coincido en que este tema que estamos tratando debe ser y es una política de Estado y, como tal, todos tenemos la obligación de apoyarlo. A su vez, debe ser atendido con un enfoque multidisciplinario. Es cierto: no es solo el Ministerio del Interior, porque aquí también debe haber una política social, una política educativa, una política de salud y una justicia acorde a las circunstancias, así como una rehabilitación que sea rehabilitación.

Escuchaba decir que no existe un plan estratégico. Ahora bien, yo me pregunto cuál fue el plan estratégico de los quince años anteriores, del Gobierno del Frente Amplio. Yo no lo conocí; yo no vi ningún plan estratégico. Recién se mencionaba el tema del tabaquismo, ¿pero hubo algún plan estratégico de combate a la droga? Porque el tema del narcotráfico y la droga que hoy estamos analizando es uno de los principales problemas.

Hoy estamos analizando los homicidios y los ajustes de cuentas. Es a partir de 2011-2012 que ingresa al país el fenómeno del ajuste de cuentas; antes se desconocía, lo veíamos en los informativos y en las películas. Desde ese momento, ¿cuál fue el plan? Lo consulto porque la verdad es que no alcancé a verlo. Simplemente mencionaron que eran ajustes de cuentas y luchas por el territorio; eso sí lo oímos.

Esa fue una realidad y ahora la oposición habla del fracaso de la política de seguridad, cuando todas las cifras están dando mejor que las que tuvimos en los quince años del Gobierno del Frente Amplio. Realmente, no salgo de mi asombro cuando escucho ese tipo de cosas; tendría que adjetivarlas de alguna forma para que queden más claras, pero prefiero no hacerlo porque tampoco se trata de eso esta sesión. ¡Quince años de diagnóstico! ¡Mucho diagnóstico y poca ejecución!

¡Claro que nosotros somos proclives a la planificación y más aún si nos hablan de planificación estratégica y de planes para los distintos problemas que hay que encarar! Ahora bien, vimos muchos diagnósticos y también muchísimos planes que no se ejecutaron. Entonces, nos llama la atención cuando escuchamos algunas cosas. Parece que estuviéramos viviendo en planetas diferentes o en realidades distintas; parece que algunos vivieron algunos años en la isla de la fantasía.

Creo que hay un cambio de paradigma, sí, porque recordemos que aquí, en el 2005, se decía que la sociedad era la responsable de obligar o de condenar a otras personas a la pobreza, y que esa pobreza era la que llevaba a la delincuencia. ¡Pues nada más falso, señora presidenta! No por ser pobre se es delincuente. Decir esto es realmente una acusación y una falta de respeto hacia el pobre, porque el pobre sí puede ser delincuente, pero también puede ser muy honesto. Conozco gente muy, pero muy pobre, que es muy honesta y gente muy, pero muy rica, que no lo es; esta es la realidad.

Luego se habla del sistema carcelario y de la rehabilitación. Por supuesto que son pilares fundamentales para el tema de la seguridad. Tenemos al Ministerio del Interior con su policía, la justicia y la rehabilitación.

Recién el señor senador Manini Ríos recordaba lo que dijo el referente de Naciones Unidas que vino al país. Eso quedó por escrito –no fue una expresión– y todos lo vimos, ¿pero qué se hizo al respecto?

¿Qué vimos? Vimos salir por la puerta de la propia Jefatura de Policía a un reconocido narcotraficante italiano. Vimos cómo un preso cortaba a otro preso, lo mutilaba, lo cocinaba y se lo comía. Vimos cómo once presos en el departamento de Rocha morían fruto de un incendio. Sin embargo, en todos esos años no vimos responsabilidades políticas; nadie adoptó ninguna responsabilidad. Parece que nadie era responsable de todas esas cosas que estaban pasando en el país, pero ahora hablan de una política de seguridad fracasada cuando estamos a dos años de gobierno y con todos los índices dando mejor que en los otros quince años. Es muy rara la situación que estamos viviendo.

Por supuesto que estamos de acuerdo con que tiene que haber penas alternativas, pero advertimos un tanto de hipocresía en la propia sociedad. A veces, cuando surgen –como hemos visto últimamente– penas alternativas para jóvenes de dieciocho años, resulta que no se apoyan; queremos que vayan a la prisión. ¿A qué? ¿Las prisiones uruguayas rehabilitan, reeducan? ¿Les dan condiciones de trabajo? ¿Hacen una profilaxis del delito o al revés? Siguen siendo universidades del delito; lo fueron durante los quince años. Estaremos en el camino correcto, pero todavía no hemos salido de aquello. ¿Somos críticos? ¡Por supuesto! El propio ministro lo dijo: vamos por el camino correcto, pero falta muchísimo por hacer. En realidad, eso es lo que entiendo.

El cambio de paradigma al que me refería tiene que ver con el respeto a la policía. No puede ser que el delincuente y el policía sean vistos como si fueran iguales. El policía es quien defiende a la sociedad; tenemos que partir de la base de que el policía es quien defiende a la sociedad honesta. Por eso vemos ese cambio de paradigma en el actual Gobierno de coalición republicana que integramos, y nos enorgullecemos de ello. El policía nos defiende a todos y por eso vamos a seguir en esa línea. ¿Que hay que hacer muchos cambios? ¡Por supuesto que hay que seguir haciéndolos! Sin embargo, recordemos muchas de las cosas que recién detallaba el senador preopinante, como los cambios equivocados y los errores –y algunos horrores– que se cometieron durante los quince años del Gobierno del Frente Amplio.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- Me alegra que se encuentre en sala el señor ministro y agradezco la presencia de todas las autoridades.

Personalmente, en los años que hace que estoy en esta casa no termino de entender el dramatismo que se le pone a un hecho como es el llamado a sala o una interpelación, que es una herramienta democrática que tienen las fuerzas políticas que están en la oposición; lo tuvieron antes y lo tenemos ahora. Creo que hay que quitarle el dramatismo que muchas veces se le pone y darle el valor democrático que tiene, de intercambio de opiniones, en este caso sobre un tema altamente complejo en el Uruguay y en el mundo, porque, efectivamente, el delito ha cambiado. Hoy uno está mucho más conectado y ve realidades de otros países, incluso de los nórdicos que fueron ejemplo para muchos por sus políticas sociales, pero están presentes la droga, el narcotráfico, la violencia y la inequidad.

Ni todo lo anterior estaba mal, ni todo lo actual está bien. Por eso nos precisamos todos, porque, por suerte, estamos en un Uruguay donde todos hemos pasado por el Gobierno y todos hemos hecho nuestras experiencias. Gobernar no es changa, señora presidenta, hay que dar la cara todos los días y muchas veces uno puede equivocarse. Ahora bien, ponerle contenido a equivocarse en un terreno tan complejo como es este, y creer que se es refundacional, me parece un tremendo error.

Entonces, si durante las campañas electorales se habló de que el momento era ahora, que había que cambiar para mejorar, que había que hacer un shock en seguridad, que no se apoyaba a la policía y que los que venían lo iban a hacer, de verdad que empezamos mal.

Primero, indudablemente, no comprendemos qué es apoyar a la policía. El señor senador preopinante hablaba de un largo decálogo de cosas que no hicimos. Pues entonces permítanme decir las cosas que sí hicimos y que también hacen a mucho de lo que hoy se puede realizar, porque este pequeñito país no empieza cada cinco años, sino que es una acumulación. Nuestro Gobierno también fue una acumulación de muchas cosas que se hicieron antes, y el que no lo reconozca y crea que todo empieza con uno, se equivoca fiero, le digo la verdad, señora presidenta.

Hoy también se puede apelar a una Dirección de Asuntos Internos que se creó en nuestros gobiernos, ¡y bien que ha ayudado a depurar las situaciones de corrupción que muchas veces no se sabía cómo atender! Se pasó gente a la justicia, no solo se la destituyó; se desarmaron las Comisiones de Apoyo Policial que, cuando nosotros asumimos el Gobierno, eran una fuente de corrupción bastante importante.

Se cambió la Escuela Nacional de Policía. Acá se habla de educación en la sociedad y en todos lados, ¿pero usted sabe, señora presidenta, cómo ingresaba la gente a la Escuela Nacional de Policía? Con tarjetita política de los diputados del interior del país. Así se entraba; se cambió el contenido y se cambió cómo se formaba a los policías. Se dictaron cursos que, desde nuestro punto de vista, fueron un avance extraordinario en la formación de los nuevos policías, ¡acumulando la experiencia de los policías que venían antes de ese cambio!, porque nada es 0,0 % desde el principio.

Se instauró el pasaporte y la cédula electrónica.

Se pusieron las cámaras en Montevideo y en el interior del país. Nadie ha mencionado eso como una política muy importante para el esclarecimiento del delito.

Se fomentó la denuncia con los elementos electrónicos, con las tabletas, con los becarios.

Nosotros defendemos esas políticas; la verdad es que las analizamos y vemos que fueron positivas, porque para hacer ese mapa de calor que es necesario hacer se precisa la denuncia, y para tener una buena denuncia hacían falta esas herramientas. Ahí se podían ver los puntos calientes, que después era posible analizar mejor o peor y ser más efectivos o no, pero fue muy importante.

Se llevó a cabo una lucha frontal contra el lavado de activos y llenamos las cárceles de narcotraficantes. Con lo que se dijo parece que el narcotráfico empezó con los Gobiernos del Frente Amplio y no lo supimos combatir. Lamento darles la noticia de que al mayor narcotraficante de la historia del Uruguay, que fue Clavijo, se lo metió preso en la década de los noventa. ¡Estuvo diez años gestionando pubs en Punta del Este! Andaba libremente por Maldonado, por San Carlos y por Punta del Este. Terminó acribillado en Paraguay, después de que se le descubrieran muchas cosas. ¡No es nuevo el narcotráfico en Uruguay!, y tampoco lo es para este Gobierno.

Nosotros llenamos las cárceles de serbios, colombianos e italianos; los buscamos y los encontramos en los aeropuertos, en el puerto, en yates, en estancias. Ahí hubo trabajo e inteligencia, ¡mucho trabajo y mucha inteligencia! No se empezó de cero. Eso es lo que tenemos que poder procesar bien entre todo el sistema político para no desperdiciar experiencia acumulada, aunque a veces haya rendido frutos y a veces no tanto como hubiéramos querido.

El director de la Policía Nacional, comisario mayor retirado licenciado Fernández, habló de un cambio de paradigma y dijo que ahora la policía sale a la calle y da la cara. Discúlpeme, señor Fernández, pero no sé si se olvidó de que usted y yo salimos juntos en Montevideo a dar la cara cuando había delitos en Ciudad Vieja con los turistas. ¡Muchas veces dimos la cara juntos! También está aquí el comisario general Mendoza, que no me dejará mentir.

SEÑORA PRESIDENTA.- Por favor, señora senadora, diríjase a la Mesa.

Gracias.

SEÑORA KECHICHIAN.- Perdóneme, señora presidenta.

En realidad, tuve una muy buena relación con ellos, de mucho respeto, y los consideraba buenos profesionales. Ahora, ¡no es nuevo dar la cara! Todo el tiempo dimos la cara –¡todo el tiempo!–, tanto la policía como el resto de los que estábamos gobernando, ante problemas que en efecto aparecían fuertemente.

También hay que tener en cuenta que se están planteando estadísticas de un Uruguay que tenía cuatro millones de personas más por año, que eran los turistas. Es muy difícil comparar el Uruguay de 2017, 2018 o 2019 con el de 2020 y 2021. Señora presidenta: no está bien hacer comparaciones de países que son incomparables, simplemente porque hubo dos Uruguay. Había ocho millones de personas por año en este país porque había turistas, los cuales también eran sujetos de delitos.

Además, se creó el sindicato. Si alguien me dice que no es apoyar a la policía el darle la herramienta que tienen los demás trabajadores –porque los policías son trabajadores– con la creación de su sindicato por primera vez en la historia del país, ¡díganme qué es apoyar a la policía! Apoyar a la policía, ¿no es darle un mejor salario, armas nuevas, uniformes o mejorar su salud? Hoy el Hospital Policial es uno de los mejores del Uruguay, incluso con un CTI pediátrico para toda la familia policial. ¿Eso es apoyar a la policía o no lo es? Apoyar a la policía no es gritar. Les digo la verdad, siempre tuve una excelente relación con el exministro Larrañaga, pero a mí la frase «Hay orden de no aflojar» me parece una falta de respeto a la policía porque ¿eso quiere decir que antes estaban aflojando? ¿Los que estaban antes en la policía aflojaban adrede y ahora necesitan arengarse para no aflojar? ¡No! ¡No es así!

Sobre muchas de las cosas que se plantearon hoy aquí quiero decir que nosotros hicimos una transformación importante. Ahora estamos ante una situación bien complicada y creo que no corresponde comparar quince años, es decir del 2004 al 2019, con el período 2019-2021. El señor ministro sabe que lo respeto, pero hubo una parte de su intervención que no entendí porque manejó datos que no podían ser comparados.

Por último, me gustaría hacer dos o tres preguntas concretas al señor ministro. Dijo en la prensa, en mayo, que había presentado al presidente de la república un plan para bajar los homicidios. Cuando hizo ese anuncio habían sucedido 15 homicidios. Según las distintas fuentes, al terminar el mes de mayo el número de asesinatos se ubicó entre 38 y 42. Se supone, entonces, que luego de aplicado el plan se produjeron 27 homicidios más. ¿Cree el señor ministro que el plan empieza a tener éxito o hay que hacerle ajustes? ¿Qué es lo que ha fallado para que estas cifras sigan existiendo?

Otra pregunta. El Ministerio del Interior informó que en el primer trimestre del año los homicidios habían crecido 33 % con relación al 2020, y al finalizar mayo se pudo constatar que en los primeros cinco meses ocurrieron 173 homicidios, contra 117 del año pasado. Si eso es así, hubo un aumento considerable, situado en el 48 %. Quiere decir que la situación está empeorando. Esto no es un invento ni una cosa fatal, sino la fotografía de un momento y ¡hay que asumirla!, porque de lo contrario sí se vive en un mundo paralelo. ¿El señor ministro comparte que pasar de 33 % a 48 % es un aumento considerable y una situación que preocupa porque es grave?

El Ministerio del Interior publicó en 2020 y 2021 el Informe Anual del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad –que creo siempre es una herramienta muy interesante– y según los datos que surgen los homicidios catalogados como ajustes de cuentas durante el 2020 fueron el 44 %, y en 2021, el 42 %. Esto quiere decir que la mayoría de los homicidios no han sido circunstancias de conflicto entre los criminales. Lo que no terminé de comprender es en qué estadística se basa el señor ministro para afirmar en la prensa que la escalada de homicidios es producto del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes, cosa que no negamos ahora y no lo hicimos en el pasado, cuando en nuestro período de gobierno tuvimos que enfrentar una permanente negación de este procedimiento del ajuste de cuentas. Se decía que era un invento del ministro Bonomi para no asumir que había homicidios. La cruda realidad muestra que esto del ajuste de cuentas es algo palpable. Entonces, no sé si el señor ministro tiene datos sobre los homicidios según el motivo o la causa que los precipitaron en los primeros cinco meses del año.

Por último, quiero saber si con relación al mismo período del año puede informarnos si los hurtos, la violencia doméstica, las lesiones personales y las lesiones graves y gravísimas han crecido. Sé que esa no es la razón por la cual hoy estamos aquí reunidos, pero si nos da el tiempo me gustaría tener estos datos.

Además, señora presidenta, me parece que estamos enfrentando muchas cuestiones culturales vinculadas al delito. Es cierto que la inequidad es un problema y que cruza increíblemente este tema. Aún hoy, culturalmente, el chiquilín del barrio pobre que roba los championes tiene mucha más difusión que el señor que estafa, que libra cheques sin fondo o que vacía los bancos y se va del país. ¡De eso se entera mucha menos gente! Por lo tanto, todavía tenemos un problema grande, sobre todo de cómo cruzamos las políticas.

Hoy, un periodista que habla mucho de seguridad publicó un tuit en el que dice que no debería estar solo Heber en sala, sino también la representación del Mides, del MEC y del MSP, porque para expresarnos integralmente sobre estos temas no podemos hablar únicamente de cómo reprimimos el delito, sino de las causas, porque por más porfiadamente que se quiera negar, las inequidades en la sociedad seguirán provocando sociedades violentas.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- No sé si la señora senadora tiene la posibilidad de pasar por escrito las preguntas –al igual que lo hizo el miembro convocante–, a efectos de que el señor ministro pueda contestar aquellas sobre las que tiene los datos en este momento.

SEÑORA KECHICHIAN.- Se las haré llegar, señora presidenta.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PENADÉS.- Señora presidenta: a esta altura del debate, cuanto más pasa el tiempo más coincido con lo expresado por el senador Gandini en el sentido de que hubiese sido positivo terminar esta comisión general una vez escuchadas las intervenciones del señor ministro y del equipo de asesores que lo acompañan. Tuvimos la oportunidad de escuchar al miembro convocante sobre lo que piensa la oposición acerca de la política de seguridad del Gobierno, y seguidamente las respuestas del ministro del Interior y de su equipo respecto a los argumentos esgrimidos por parte de la oposición, que yo resumiría de esta manera: el Gobierno no tiene rumbo sobre la política de seguridad.

Recién se nos convocó a no dramatizar. Coincido plenamente con esa afirmación. Ahora bien, quien ha dramatizado sistemáticamente durante el transcurso de toda la sesión ha sido la oposición. Hemos escuchado a un senador de la oposición decir, a veinticuatro meses de iniciado el Gobierno, que la política de seguridad pública fracasó. ¿Eso no es dramatizar? ¿No es dramatizar estar permanentemente anunciando que estamos al borde de una situación casi catastrófica, cuando el ministro del Interior se ha dedicado a demostrar una vez más en esta convocatoria del Senado que, a pesar de los resultados de los homicidios sucedidos durante el mes de mayo, el Gobierno ha fijado una estrategia que, desde el 1.° de marzo de 2020 hasta la fecha, ha permitido una disminución constante de los delitos en nuestro país?

Hace muchos años que estoy acá, señora presidenta, y participé de muchas de las interpelaciones a las que se hizo referencia, pero esta es la primera vez que veo al Poder Ejecutivo comparecer en régimen de comisión general y explicar la estrategia con lujo de detalle. El Senado debió pasar a sesión secreta para que el ministerio compartiera información. ¡Yo nunca lo había visto! Así lo informaba la jerarquía de la Policía Nacional. ¡Nunca se había realizado! O sea que por primera vez el Senado pudo recibir este tipo de información. Lo digo con cierto grado de preocupación, porque parece que durante quince años la entonces oposición se dedicó a atosigar sistemáticamente al Gobierno y este a comparecer ante el Parlamento, pero nunca hubo una instancia en la que se nos presentara por parte de la jerarquía policial un plan que nos permitiera visualizar lo que pudimos ver en la sesión secreta de hoy. Eso debería ser, por lo menos, reconocido. Si existiera honestidad intelectual –la que tanto se ha reclamado– por lo menos se reconocería que el Poder Ejecutivo presentó planes, ideas, estrategias y tácticas a llevar adelante, y eso me parece que es absolutamente incontrastable a esta altura de la sesión.

Lo que queda de manifiesto –y me voy a referir antes que nada a un tema que nos debe preocupar– es que no todos estamos visualizando de la misma manera y asignando la misma importancia a la lucha que debemos dar contra un narcotráfico que desde hace décadas está instalado en nuestro país. Lamentablemente, durante las Administraciones anteriores –calculo que por errores que todos cometemos– muchas de las decisiones adoptadas no obtuvieron el rédito que pensábamos debían tener, y ahora estamos intentando implementar algo que necesita, más que ninguna cosa, una política de Estado. No se puede construir esa política de Estado si lo que se señala permanentemente desde la oposición es la idea de fracaso, de que faltan planes, ideas, estrategias, cuando aquí hoy el Poder Ejecutivo vino y demostró lo contrario.

Estamos enfrentando una situación gravísima, a la que no hay que quitarle trascendencia. ¡Debemos asumirla con toda seriedad! Durante las Administraciones anteriores pasaron por Uruguay narcotraficantes mexicanos del grupo más violento que tiene hoy México, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Reitero: pasaron por Uruguay. Aquí fue capturado un mafioso –que luego se les escapó y fue recapturado en Brasil– vinculado a la mafia calabresa y a los episodios más graves del narcotráfico. En Uruguay ya está comprobado por parte de la Policía Nacional que la introducción de bandas organizadas de Brasil es sistemática. Nos dijeron que a muchas de estas personas las metieron en la cárcel y sí, es verdad, pero uno de los errores que cometieron en las Administraciones pasadas fue ponerlos en las celdas junto a narcotraficantes uruguayos, y así les enseñaron a los nuestros, entre otras cosas, sobre la violencia con la que debían proceder en el mundo del narcotráfico para imponerse en la lucha entre las bandas.

Realmente tenemos que asumir con mucha seriedad el tema y quizás todos debamos despojarnos de creencias –y hago un mea culpa– para en algún momento empezar de cero. Tenemos que decir: «Bueno, para atrás nosotros y para atrás ustedes. Ahora, para adelante, ¿qué hacemos?». Eso es lo que a la gente le importa. Nos hemos pasado gran parte de la sesión hablando de lo que sucedió durante los últimos quince años, pero a lo que debemos referirnos es a lo que viene para los próximos quince años. Y tengo una mala noticia para darles: no es esperanzador lo que viene en cuanto a la lucha contra el narcotráfico. Va a ser necesaria una respuesta unánime del Estado, porque se van a precisar esfuerzos de todo tipo –multisectoriales y multivectoriales, sin lugar a duda–, y con un fortísimo respaldo a la acción de la policía y al combate frontal, porque el narcotráfico ya está dentro de nuestra casa y es un gravísimo problema.

No es novedad que Uruguay se ha convertido desde hace tiempo en una ruta de ingreso y de egreso de droga. Ante esa realidad, el ministro del Interior presentó hoy un plan –las jerarquías policiales lo hicieron– y nosotros lo respaldamos. Entendemos que es bueno, entendemos que es lo que hay que hacer, y queremos escuchar qué piensa la oposición, para lo cual, con mucho gusto lo consideraremos en los ámbitos de diálogo. Integro la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado y espero con ansiedad la convocatoria de la próxima sesión para que podamos sentarnos a conversar de esto. Quiero escuchar los planes que nos quieren presentar y que supuestamente son mejores que los que se están implementando. Yo no pierdo la esperanza de que en el transcurso de lo que queda de esta sesión del Senado, en vez de dedicarnos a pasarnos factura y a defender lo que se hizo bien o mal, nos digan qué cosas plantearían al Gobierno para hacer, que si son buenas no vamos a tener ningún problema en adoptarlas; ¡ningún problema! Dígannos las ideas que supuestamente ustedes tienen; no las aplicaron durante los quince años en los que fueron el Gobierno, pero como ahora sí las tienen quizás podamos hacerlo nosotros. ¡Con muchísimo gusto lo haremos! Eso es lo que esperamos.

Mientras tanto, el Gobierno presentó aquí una hoja de ruta, el Gobierno presentó una línea de acción, el Gobierno tiene planes que viene cumpliendo y objetivos que viene logrando. ¿Todos son satisfactorios? ¡Por supuesto que no! El ministro del Interior ha tenido la suficiente honestidad intelectual de decir: «Yo soy el primero que no está conforme con los resultados». ¡Lo dijo el ministro del Interior! Yo no escuché a ningún otro ministro del Interior, con la cantidad que vi en mi larga carrera parlamentaria, decir con honestidad que no está conforme, que está todo mejor pero no está todo bien. Creo que lo debemos valorar.

Ahora bien, se ha hablado de diálogos institucionales. ¿Para qué vamos a tener aquellos diálogos institucionales si lo que se pactaba en la Torre Ejecutiva venía al Parlamento y la propia bancada de gobierno no lo acompañaba? En la próxima sesión de la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia con muchísimo gusto recibiremos –para que se sumen a las nuestras– las propuestas de la oposición en cuanto a lo que ellos entienden que se debe hacer en materia de seguridad pública, fundamentalmente en los temas vinculados al combate del narcotráfico.

Espero que a raíz de la intervención que acá se hizo por parte de la policía y del Ministerio del Interior nos vayamos todos con la grandísima preocupación de conocer la organización que existe, las organizaciones que están participando y la financiación que tienen. Veamos, además, los ejemplos de lo que está pasando en este tema en otros países de Latinoamérica, que es algo de lo que lamentablemente no estamos exentos. No hay que irse a México, donde ya se habla de Estados en los que el narco es el que gobierna; no hay que irse a Colombia; hay que irse a la Argentina y a la ciudad de Rosario; hay que mirar lo que está pasando en Brasil, cruzando la plaza Internacional en Rivera.

Quizás lo que nos está pidiendo el vecino que está mirando y escuchando es que esta comisión general haya valido la pena para algo más que para decir al Gobierno que a dos años de su gestión supuestamente fracasó en su política de seguridad pública. Por lo menos esta es una aseveración temeraria, insultante y mentirosa, porque nadie puede pasar una raya final a dos años de gestión gubernativa y decir que las políticas públicas del Gobierno fracasaron. No estamos dispuestos a respaldar eso.

La bancada de senadores del Partido Nacional –y me atrevo a decir que también la de la coalición– respalda en su totalidad la gestión del ministro del Interior y la de la Policía Nacional. Sí, esta de la Policía Nacional que está dedicada a combatir el narcotráfico –en este caso, está vinculada especialmente a este delito– y a proteger a la gente. Esto no lo dice el senador Penadés; si ustedes van a esas encuestas a las que tantas veces han hecho referencia en el día de hoy, pueden ver que lo que piensa la opinión pública de la Policía Nacional es que se trata de la institución pública más respetada. Esto no es otra cosa que dar un dato objetivo de la realidad, y de ahí podemos partir para hacer lo que debemos, que es enfrentar esa realidad en la que nos encontramos. Todos sabemos cuál es el punto de partida del que arrancó el Gobierno de coalición, hasta los que defienden lo indefendible que sucedió en el pasado. Todos sabemos en qué estado se encontraban las cárceles, en qué estado estaba la situación carcelaria, y todos sabemos el esfuerzo, innegable en algunos casos, que hizo el Gobierno anterior; no tenemos problema en reconocerlo, ya que ese es otro de los temas que se reclamaba. Fui miembro informante por la minoría en muchísimas oportunidades y no tuve inconveniente en reconocer los esfuerzos que los anteriores Gobiernos hicieron en materia presupuestal. Los resultados no los acompañaron, esencialmente porque no hubo una correcta conducción de las políticas de seguridad. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que hicieron el esfuerzo –después de muchísimo tiempo logramos convencerlos– de construir una cárcel por el sistema de participación público-privada. En ese entonces, uno de los abanderados en el tema era el extinto diputado Jaime Trobo, que siempre insistió sobre esa posibilidad. Así sucedió con otra cantidad de cosas.

A esta altura del partido, señora presidenta, creo que ha quedado de manifiesto que el Gobierno tiene una hoja de ruta, que la está cumpliendo, que hay un equipo que está trabajando seriamente en esto y que existe un respaldo a la acción de la policía, que cuida a la población y combate el delito en su totalidad.

No todo está bien, pero sí está mejor que hace un tiempo y esperemos –por el bien de todos– que esté mucho mejor dentro de algún tiempo más.

En cuanto a la posibilidad de discutir sobre un concepto más amplio de seguridad pública, pero especialmente sobre los temas vinculados al narcotráfico y al combate frontal que debemos encarar, con las consecuencias que acarrea en oferta, en demanda y en violencia, creo que hay que terminar con una visión condescendiente del tema, porque en muchas oportunidades he escuchado a algunos actores que tienen una visión condescendiente y hasta justificativa del delito, que nosotros no compartimos.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Esta visión termina siendo tremendamente insultante para con el 99,99 % de la población más pobre de este país, que se levanta todos los días y se rompe el lomo trabajando desde las cinco de la mañana. Ellos son los que muchas veces sufren en sus barrios porque salen a las paradas para ir a trabajar y los vivos de siempre –o gente vinculada al delito o al narcotráfico– los roban para poder seguir en esa situación.

En definitiva, el país puede tener la más absoluta tranquilidad de que este es un Gobierno que tiene rumbo, que tiene hoja de ruta, que tiene un buen equipo al frente del Ministerio del Interior y una policía muy profesional que está dando todo para mejorar los guarismos y para poder reconstruir una sociedad relativamente segura.

Nada más, señora presidenta.

Muchas gracias.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, señalo que hay quien dice que una mentira repetida muchas veces se transforma en verdad. Aquí, entre otras cosas, ya se nos trató de atrevidos y de mentirosos y de tener pensamientos trastocados; nosotros no vamos a decir algo similar, sino solo que parece ser que algo contado de determinada manera y reiteradamente se tiene que convertir en verdad.

La verdad es que el plan está en el éter. ¡No existe! Dos senadores del Partido Nacional mencionan que se presentó en la sesión secreta –no soy yo que lo estoy expresando; ellos lo dijeron–, pero eso no es un plan y se podría haber hecho de manera pública, evidentemente sin los nombres que se manejaron.

En realidad, acá se habló con respecto a las herramientas de trabajo y al estado actual de la situación, específicamente en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Eso fue lo que se hizo y si se dice que eso es un plan, en realidad no se está dentro del marco de lo verdadero porque nosotros no entendemos que eso sea un plan.

En el Compromiso por el país, se habló de incrementar y sistematizar los esfuerzos del Estado para erradicar la violencia de género. Sin embargo, hoy el señor ministro no incluyó en el equipo del ministerio aquí presente a la mujer responsable de esta área. Creo que esto constituye una señal de que al tema no se le da la trascendencia e importancia que requiere por parte de esta cartera.

Al inicio de este Gobierno y por la LUC se eliminó la División de Políticas de Género y se creó la Dirección Nacional de Políticas de Género. No lo entendimos en aquel momento y planteamos nuestras dudas referidas al porqué de la eliminación de una unidad que funcionaba bien y a partir de la cual se había mejorado la respuesta policial en todo el territorio. No significaba esto desconocer que aún había muchos desafíos por delante. En esa unidad, en realidad, ya había representación del ministerio en espacios nacionales. Lo señalo porque se aducía que esto iba a tener carácter nacional, cuando ya había representación del Ministerio del Interior en espacios nacionales. Había, al menos, dos encuentros nacionales de policías por año para mejorar la respuesta policial en todo el territorio; existía estandarización de procedimientos; se realizaban supervisiones y coordinaciones con todas las jefaturas del país, entre otras acciones que llevaba adelante esa unidad.

El director de la Policía, licenciado Diego Fernández –hoy presente acá–, cuando concurrió a este Parlamento dijo que se había creado en su órbita un espacio que se encargaba de lo operativo, el llamado Estado mayor especialista en género y violencia doméstica. Sin embargo, este Estado mayor no se ha movido con los parámetros correspondientes a las políticas de género que deben llevarse adelante. Un ejemplo es que en su momento una circular para hacer los procedimientos en esta temática ordenaba a la policía de todo el país pedir pruebas a las víctimas de la violencia sufrida. Es algo insólito. Luego rápidamente esto se echó para atrás y parte de esta circular quedó sin efecto.

Por esto, en realidad quedan dudas en cuanto a cómo se están llevando adelante estas políticas.

SEÑORA PRESIDENTA.- Señora senadora: la interrumpo para una aclaración. ¿Usted se va a referir a los femicidios? Lo planteo porque hasta ahora está fuera de tema. Como dije a todos los compañeros que la han antecedido, tratemos, en lo posible, de estar en el marco del tema.

¿Quiere que le repita por qué estamos acá? Con mucho gusto, vamos a aclararlo, no solo para usted, señora senadora, sino porque quizás a esta hora todos lo hemos olvidado. La convocatoria se hizo a efectos de recibir al ministro a fin de considerar la situación en materia de convivencia y seguridad pública, en particular con relación a los homicidios.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Usted quiere decir, señora presidenta…

SEÑORA PRESIDENTA.- Ojo con lo que va a decirme, porque no quisiera tener que ocupar mi banca y contestarle.

SEÑORA DELLA VENTURA.- La pregunta es para todos: ¿matar a mujeres no es homicidio?

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Usted es una atrevida! Disculpe que se lo diga. ¡Le acabo de preguntar si usted quiere hablar de los femicidios! ¡No me falte el respeto! ¡Respete mi trayectoria!

¡Siga con lo que tiene que decir y esté dentro del tema!

SEÑORA DELLA VENTURA.- En realidad, hubiéramos querido que hoy se hubieran aclarado también, en cuanto a las políticas de género, en cuanto a los femicidios, cuáles serían los planes de acción. Lo que sabemos es que se venían haciendo algunas acciones –y se relatan– desde la Administración anterior. Solo hace falta ver las rendiciones de cuentas en materia de género de las anteriores Administraciones.

Este año tuvimos algunas noticias que nos preocupan y que vienen preocupándonos desde hace tiempo, en cuanto al recorte en los cursos de género que se dictan en la Escuela Nacional de Policía y la eliminación de los indicadores de género en la educación policial. Son elementos que preocupan porque evidentemente tienen un trasfondo claro de subestimación de la temática.

Por ejemplo, el indicador relativo a la cantidad de alumnado capacitado en la materia violencia doméstica y de género de la Escuela Nacional de Policía tuvo en la última rendición de cuentas un descenso del 45 %. Se capacitó a 1851, cuando en 2019 se había capacitado a 3353 personas. Se puede ver en la memoria anual del inciso. Este año tenemos la alarmante eliminación de cursos en pasaje de grado. Esto es un retroceso, porque sabemos que la falta de formación sin duda impacta en la respuesta policial y, por lo tanto, en la gestión de las denuncias y la protección de las víctimas, pero además porque los cursos también tenían un efecto hacia dentro de la institución, en la prevención de la violencia en las filas de los funcionarios del Ministerio del Interior. Se empobrecieron los contenidos, reduciéndose generalmente solo al tema violencia.

A esto queremos agregar la importancia que tiene para el interior de nuestro país que las políticas que se desarrollan en esta temática sean las adecuadas. Si miramos la realidad de los femicidios, veremos que la mayoría se dan en el interior. Entonces, debería ponerse el foco allí. Ayer nomás supimos que se había encontrado en Tacuarembó el cuerpo descuartizado de Valentina Ferraz, que estaba desaparecida desde hacía un mes. Es una noticia tremenda. No podemos acostumbrarnos a estos hechos.

Debemos dar suma importancia a los ámbitos de denuncia porque son fundamentales para la prevención y por eso hay que ser muy cuidadosos en su implementación. Si al hecho de que las comisarías especializadas existentes no son suficientes porque no llegan a todo el país, le agregamos que las unidades especializadas con las que cuentan todos los departamentos en algunos casos se cierran y pasan a ubicarse en las seccionales comunes, la problemática evidentemente se agrava. Tal es la situación que se ha dado en Trinidad en cuanto al traslado de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género del espacio adecuado en el que se encontraba durante más de dos décadas a la Seccional 1.ª, yendo contra todos los protocolos nacionales e internacionales, ya que sabido es que las mujeres que concurren a denunciar estos hechos ‒que muchas veces terminan convirtiéndose en femicidios‒ deben tener la contención y la privacidad adecuadas, además de poder contar con personal formado específicamente en el tema.

Nos parece importante también que el Ministerio del Interior cuente con la cantidad de personal femenino necesario e imprescindible para poder cumplir las tareas que surgen.

Supimos que el jueves –otro hecho conocido en pocas horas– una muchacha semidesnuda pedía ayuda porque había sido violada –un caso de horror, realmente–, pero aunque vinieron dos patrulleros, ninguno podía tomar las muestras de la ropa porque no tenían personal femenino. Tuvo que esperar cuatro horas y tuvieron que ayudarle jóvenes que se acercaron, que también le dieron ropa seca. O sea, el ministerio tiene que poder contar con personal para este tipo de situaciones dramáticas.

Los femicidios, o sea, los asesinatos de mujeres por ser mujeres nos conmueven, y seguramente conmueven también a toda la sociedad. La mayoría son cometidos por sus parejas o exparejas. Menciono los casos de Carolina, de cuarenta y siete años, en Artigas; Leticia, de veintiséis años, en Bella Unión; la Polaca, de treinta y tres años, en La Teja; Raquel, de cincuenta y un años, en Barra del Chuy; Ahielén, de dieciséis años, en Montevideo; Karina, de treinta y cuatro años, en Montevideo; Elizabeth, de veinticuatro años, en arroyo San Antonio; María Rosa, de cuarenta y un años, en Villa del Carmen; Gisselle, de cuarenta y seis años, en Rivera, y otras cuatro mujeres cuyos nombres no registró la prensa: una de treinta y cinco años en Trinidad, otra de setenta y siete años en Pando, otra de sesenta y ocho años en Las Piedras y la última de treinta y siete años en Artigas.

En esta temática de la prevención de estos hechos, voy a formular algunas preguntas.

Antes quiero dejar constancia de que no me referiré al tema de las denuncias concretas por violencia doméstica y de género, porque lo hará otra compañera, pero no compartimos que sea un dato de que las cosas se están haciendo bien el hecho de que hayan disminuido estas denuncias. Esto puede deberse a las críticas que hacemos en cuanto a cómo se toman las denuncias y a su desaliento en algunas ocasiones.

Las preguntas pasarían por acá.

En diciembre del 2019 el expresidente Tabaré Vázquez declaró la emergencia nacional por violencia de género, y unos meses después el Gobierno entrante aseguró que asumiría el compromiso con la problemática. Sin embargo, en 2021 los femicidios aumentaron con respecto a 2020 en el mismo período y no sabemos si este año no se ratificará esa tendencia. Sabemos y queremos dejar claro que las soluciones de estos temas no son mágicas, o sea, no creemos que esté la varita mágica para solucionar el problema y que no haya femicidios, porque sabemos que son procesos culturales de patriarcado y machismo que impregnan a toda la sociedad, pero debería apuntarse con alguna política a disminuir estos delitos. Entonces la pregunta es: ¿qué acciones impulsó el Ministerio del Interior para prevenir específicamente los femicidios? ¿Tiene el Ministerio del Interior un plan para esto? ¿Puede proporcionárnoslo? ¿Ha realizado el Ministerio del Interior una evaluación en cuanto a si la sustitución de la División de Políticas de Género por la Dirección Nacional de Políticas de Género mejoró la ejecución de estas políticas? De tener esa evaluación, quisiéramos acceder a ella.

Hace pocos días se anunció que había un plan. Acabamos de decir que no estaba, ¿pero ese plan incluye la perspectiva de género? Como expresaba en el punto anterior, la Ley n.º 19580 establece que debe transversalizar la política pública de seguridad. ¿Cuáles fueron las razones para disminuir la cantidad de funcionarios capacitándose en estas temáticas? ¿Cuáles fueron las razones para recortar y eliminar cursos de género en la Escuela Nacional de Policía? ¿Por qué se limitaron esos cursos generalmente solo al tema violencia doméstica sin incorporar el resto de las violencias contra las mujeres? ¿Cómo se respondió a lo solicitado por parte de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual en setiembre del 2021 en cuanto a sus preocupaciones por el sostenido y progresivo deterioro de la calidad del servicio policial que se brinda a las víctimas sobrevivientes de la violencia basada en género? La red solicitó que con carácter urgente se emitiera una orden de servicio a todas las comisarías del país, observando a los funcionarios con relación a la arbitrariedad, ilegitimidad y omisión funcional en las que estaban incurriendo, reafirmando la obligación de cumplir rigurosamente con los estándares que exige el procedimiento policial, desde su inicio hasta su finalización. ¿El ministerio emitió en algún momento esa orden de servicio que le fue solicitada?

¿Hay otros lugares del país en que las Unidades Especializadas en Violencia Doméstica y de Género se hayan trasladado a seccionales comunes, como sucede en Flores? ¿Qué estudios sostienen ese criterio? ¿Cambió el actual Ministerio del Interior una política que venía manteniéndose durante más de dos décadas por los Gobiernos de diferentes partidos? ¿Piensa el Ministerio del Interior volver a tener un espacio independiente en Trinidad para la Unidad Especializada en Violencia Doméstica y de Género?

De enero a octubre del 2021, según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, el 29 % de los femicidios se cometieron con armas de fuego. ¿La cartera considera que es necesaria una mayor regulación del porte de armas?

Brevemente queremos tocar dos temáticas.

Una de ellas tiene que ver con las denuncias de mujeres desaparecidas. Decíamos que Valentina Ferraz, de dieciséis años, estaba desaparecida desde hacía un mes. Varias aparecen en las horas o días siguientes, pero sabemos que hay un número de mujeres, y sobre todo de mujeres jóvenes, que permanecen desaparecidas. No se sabe si fueron asesinadas o si fueron víctimas de la trata de personas. ¿Qué hace el Ministerio del Interior para encontrarlas? ¿Podría decirnos a cuánto asciende el número de mujeres desaparecidas en nuestro país en el último año? ¿Tiene el Ministerio del Interior algún mecanismo previsto para apoyar a las madres que están en su búsqueda?

En marzo de este año fue encontrado el cuerpo de la adolescente Ahielén Casavieja en el predio de su matador. Los vecinos habían hecho manifestaciones y piquetes pidiendo que se allanara esa vivienda, pero el Ministerio del Interior no lo hizo. ¿Cuáles fueron las razones por las que no se actuó como lo solicitaban los vecinos, siendo que la joven estaba desaparecida?

Finalmente, quiero consultar con respecto a las mujeres dentro de nuestras cárceles, cuyo número se duplicó: hay más de 1000. Me gustaría conocer cuál fue la estrategia seguida al desbalancear la dosimetría penal, como hizo la LUC, o sea, al penalizar más a una mujer que entra marihuana a la cárcel que a otros que cometen delitos de mayor envergadura. De acuerdo con la plataforma Nnapes, que es una alianza regional por la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de libertad, en la región son unos 15.000 los menores que se encuentran en esta situación. Quiero saber cómo se prevé mantener el vínculo de la mujer detenida con sus hijos, como debería mantenerse, ya que, como sabemos, es muy importante en el desarrollo de esos niños y niñas. ¿Qué plan tiene el Ministerio del Interior para ayudar a darles contención? ¿Hay estrategias de trabajo conjunto con el INAU en ese sentido? ¿Cuáles son?

¿Qué impacto ha tenido detener a esas mujeres que pretendían introducir droga en las cárceles en la reducción de la circulación de las drogas en las cárceles? ¿Se ha evaluado? ¿Hay datos estadísticos? ¿Qué opinión tiene el señor ministro sobre la propuesta del comisionado parlamentario referente a la prisión domiciliaria asistida para madres con hijos a su cargo en el proceso penal?

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pido disculpas por ser reiterativa, pero solicito, si es posible, remitirse a la convocatoria, porque me parece que el tema de comprensión lectora es importante. Cuando viene alguien que es convocado por este Cuerpo, lo lógico es que nos limitemos al tema para el que fue convocado.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- No voy a cargar ninguna mochila que no me corresponda, así que voy a cumplir con el Reglamento, con su recomendación, pero usted sabe cuál es mi posición: cuando uno llega a determinada conclusión, tiene un fundamento previo, y eso no es salirse de tema. En eso ya estamos de acuerdo, porque nos conocemos desde hace muchos años.

Volvemos al punto, como dicen los norteamericanos, que algo de estas cosas saben, porque por algo son potencia mundial. Según la declaración del Partido Comunista del sábado o el domingo pasado, sigue siendo el imperialismo norteamericano, como si estuviéramos en la década de los sesenta, pero dejémoslo ahí.

Quiero hacer una aclaración a pedido del señor ministro, para no tomar más tiempo al Cuerpo. La verdad es que se arrancó de una manera y luego se continuó de otra, pero sí hay una cosa que tiene que quedar clara y es que no existía la Dirección Nacional de Políticas de Género en el Ministerio del Interior hasta que la creó este Gobierno. Lo que había era una simple división. Cualquiera que sepa algo de organización administrativa, y más en organismos sometidos a jerarquía, sabe que una división obviamente no tiene muchas facultades.

No solamente se creó la Dirección Nacional de Políticas de Género –y no me voy a extender más porque los senadores saben cuál es mi opinión sobre eso–, sino que además, por primera vez, se designó como comisario general a una mujer. Así que cuando vayamos a hablar pensemos dos veces, porque nosotros queremos respetar a todo el mundo, pero sinceramente llega un punto en que se nos falta el respeto. No es que yo presuma intenciones, pero si se dice una cosa que no es verdad, es mentira. Puede ser una confusión, pero se dice que se retrocedió, que se dio marcha atrás, que hay insensibilidad de parte de las actuales autoridades en políticas de género, y no es así. Espero que haya quedado claro. Punto y aparte, porque ustedes saben que para mí todas las muertes son iguales, sean hombres, mujeres, trans, gais o cualquier especie que se les ocurra generar. Eso lo establece la Constitución de la república en su artículo 72. Los derechos y obligaciones se establecen por el hecho de ser persona.

SEÑORA PRESIDENTA.- Está fuera de tema.

SEÑORA BIANCHI.- Sí, estoy en el tema.

En consecuencia, los homicidios también nos importan por el solo hecho de ser personas. Quienes tienen una concepción liberal –¡mire si estaré en el tema!– y humanista obviamente consideran que quienes mueren por ajuste de cuentas o por narcotráfico son personas. Lo ordena la Constitución. No podemos hacer tratamiento diferente. Tan así es que el Código Penal y el Código del Proceso Penal no hacen un tratamiento diferente. Podremos estar de acuerdo o no con las penas que se establecen o con la política criminal –eso es otra cosa–, porque la criminología es algo muy distinto al derecho penal, pero todos deben recibir igual tratamiento por el solo hecho de ser personas. Así que estamos bien centrados en el tema.

No voy a repetir conceptos, porque cuando uno habla casi al final, obviamente hay cosas que ya se dijeron. Todo esto que tengo sobre la mesa son recortes de prensa y declaraciones de las autoridades anteriores.

Con el exsenador Bonomi tuve, desde mi más tierna adolescencia, serias discrepancias, pero hay una cosa que se la reconocí, y lo hice aquí. Él tenía razón cuando decía que la política de seguridad debía ser multisectorial. Lo que sucedió fue que fracasaron con éxito, y creo que fracasaron con éxito ahí más que en nada. Estoy de acuerdo con que se profesionalizó a la policía, con que se le dio más armamento, con que tenían USD 800:000.000 por año. Que me disculpe el señor senador Olesker –ahora no está en sala, pero él sabe que lo respeto muchísimo–, pero sucede lo mismo que con los docentes. Nosotros tenemos vocación. El policía también. Que tengamos un 2 %, 3 % o 4 % menos de porcentaje salarial no nos hace retroceder un ápice. No todas las profesiones son iguales. Hay algunas que se basan en la vocación.

En mi caso tuve la experiencia de ir en el cortejo fúnebre que llevó a Paysandú al ministro fallecido Jorge Larrañaga, y nunca vi, en los sesenta y ocho años que tengo, la emoción de la policía apostada al costado de la ruta. Estaban en los caminos rurales y se acercaban a la ruta. Todas esas movilizaciones de respeto que se hicieron las hicieron espontáneamente. Y eso se gana; no se decreta.

Que seguramente al actual ministro Heber le ha tocado remontar una vara muy alta de la impronta de Jorge, sin ninguna duda, pero la policía sí que está más comprometida, porque no es un problema de plata. Es un problema de compromiso. Y si uno respalda a la policía en el sentido más amplio de la palabra –y no es necesario profundizar más; todos sabemos lo que queremos decir–, sin duda que el policía va a responder con el compromiso que corresponde. No hace cálculos para ver cuánto gana de viáticos, para viajar y no devolver los viáticos o para que lo inviten a algún evento. No, los policías no tienen esos privilegios. Son muy pocos los funcionarios que tienen esos privilegios, y algunos los tenemos y no los usamos.

Lo que digo, señora presidente, es que no se puede arrancar siempre de la misma manera. Coincido totalmente con el señor senador Gandini. Es más, le estaba mostrando, al igual que a todos mis colegas, que tenía frases textuales. No se puede venir con un discurso hecho. No estoy haciendo referencia a nadie en forma personal, ¿pero cómo, si no sé lo que van a decir el miembro convocante y las autoridades, voy a venir con algo hecho? Ya doy por base que va a estar todo mal. Y sí. Mis compañeros del Partido Nacional desde hace nueve años y mis compañeros de la coalición desde hace bastante menos reciben de mí ciertos consejos, en el mejor sentido, para el bien del país. Así lo entiendo yo, porque no necesito otra cosa más que estar bien con mi conciencia. No va a ser posible que nos apoyen. No va a ser posible que tengan un buen relacionamiento, porque se parte de principios diferentes. No son ni mejores ni peores; no me voy a salir de tema para que usted, señora presidente, no me observe con razón. Pero tengo mi opinión de que son mucho peores. Y me quedo por acá, por ahora.

Aclaro que con lo que voy a decir no estoy responsabilizando a los medios de comunicación. Si lo tengo que hacer, lo hago. Hay informativos a todas las horas y lo único que hacen es repetir los homicidios, por una razón muy sencilla. No creo que sea un problema de que son tendenciosos. Es porque vende. Esa es una cosa que sucedió siempre. Cuando era chica no existía internet, pero había semanarios que eran solo sobre crímenes. La gente tiene ese morbo.

Ahora bien, he visto determinadas «movilizaciones» –entre comillas– en Peñarol, que es un barrio que conozco muy bien, porque yo no vengo de barrios ricos y tampoco me mudé a barrios ricos, sigo viviendo donde viví siempre. Había carteles que decían: «En esto también mintieron» y mientras cantaban «El pueblo unido jamás será vencido». ¿O ustedes creen que somos tontos? ¿Hay que decir las cosas? Bueno, las decimos. No es juzgar intenciones. Es poner blanco sobre negro.

Necesitamos generar confianza en la población. Es un tema muy difícil el del narcotráfico. Desde comienzos de la década de los noventa lo estamos estudiando, y precisamente en cuanto al lavado de activos, que es un tema sumamente especializado. Los grandes lavadores no están en las cárceles. Yo preguntaría por qué al fiscal Pacheco, por ejemplo –a quien le tengo un enorme respeto–, se le dio la fiscalía del crimen organizado del código anterior, donde tiene causas muy importantes de lavado de activos con cadenas de cambios. He repetido varias veces, y acá está quien fuera en otras ocasiones –no lo voy a aludir– autoridad económica, que a los cambios no se les hace un control previo como se les hace a los bancos.

El doctor Chediak es el secretario de la Senaclaft. Por favor, no es que anda ahí en una oficina de Presidencia, como dijo el miembro convocante. Es el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Y el terrorismo es algo de lo que voy a hablar aunque sea en los últimos segundos. El doctor Chediak dijo claramente que los agentes no financieros sí han hecho pocos reportes, porque no pasa por ahí el lavado de activos. Yo le pregunté al fiscal Pacheco por qué no siguió la investigación y me dijo: «Fíjese, senadora, qué personal tengo. No tengo ni computadoras». Hay una cadena de cambios legal en este país que está denunciada en la Argentina como gran lavadora de activos del narcotráfico, que, además, está vinculado al terrorismo.

Pido disculpas por salpicar los temas, pero no vengo con los discursos armados.

En el Uruguay no hubo cuarentena obligatoria. Sáquense el chip. El que se quiso quedar en su casa y pudo quedarse porque tenía un sueldo fijo público –y es verdad que, además, hicimos las leyes necesarias para que se quedaran en sus casas– se quedó, pero los demás salimos a laburar, incluso acá. La gente salió a trabajar, y a los chiquilines los metimos como pudimos en las escuelas. ¡¿Cómo que la gente no estaba en la calle?! ¡¿Ustedes dónde estaban viviendo?! ¿Y la industria de la construcción, que empezó al principio y tuvo indicadores altísimos? ¿Pero qué nos ven? ¿Cara de tontos? Yo siempre me pregunto lo mismo.

Se habla del turismo. No me voy a meter en temas que no conozco, porque tengo esa característica: de lo que no sé, no hablo. Pero me imagino que España –que ahora que se están normalizando las cosas, debe estar recibiendo arriba de veinte millones de turistas por año– debe tener los índices de criminalidad de Sinaloa. No; no es así. ¿Ahora los turistas vienen a robar, a cometer delitos? No, los que cometen los delitos son los nuestros, a quienes no supimos encarcelar, procesar o formalizar a tiempo.

En mi opinión, el pecado capital que cometió la sociedad uruguaya –y lo cometimos todos los partidos políticos; discúlpenme– fue, cuando salimos de la dictadura, seguir confundiendo autoridad con autoritarismo. Todos los que quisimos defender el valor de la autoridad legítima fuimos absoluta y totalmente denostados. Acá imperó la política del dejar hacer y dejar pasar porque habíamos sufrido la dictadura. No tenía nada que ver. Y después nos llama la atención que les peguen a las maestras. Llama la atención que solamente el 40 % de los chiquilines terminen educación media superior. ¿Por qué ocurre esto? Porque se les dejaba faltar; se les decía: «No estudies». La marginalidad cultural es la madre de todas las batallas. No es la pobreza solamente. Es la marginalidad cultural, la falta de valores. Invertimos totalmente el paradigma, señora presidente. La inclusión la entendimos al revés, y ahora no sabemos qué hacer con esos chicos a quienes no les dimos los más mínimos elementos más que para matar para conseguir droga. Ahí está el tema de la sociedad de consumo, de un montón de cuestiones.

Entonces, dennos un poco de tiempo y déjennos gobernar. Lo estoy pidiendo desde el 13 de marzo, cuando se decretó la emergencia sanitaria. Ayer llegué a mi casa, que no está en un barrio carenciado, sino de clase media –nadie nos pagó la casa‒ y me encontré con un volante en el buzón que decía: «Medidas propuestas por el Frente Amplio para mitigar la crisis económica y social». Quien lee esto, señora presidente, entiende que después se arme un relato. ¿Sabe lo que es? No es un relato. Se está mintiendo, porque fracasaron en octubre del 2019, fracasaron en noviembre del 2019, fracasaron con el referéndum, fracasaron con el cuerpo electoral.

(Interrupciones).

SEÑORA PRESIDENTA.- Está fuera de tema, senadora.

SEÑORA BIANCHI.- No estoy fuera de tema.

SEÑORA PRESIDENTA.- Sí, señora. Vuelva al tema.

SEÑORA BIANCHI.- Voy a decir la última cosa.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¡Vuelva al tema!

SEÑORA BIANCHI.- No estoy fuera de tema, porque es la misma política que no es relato; es mentira. Es generar pánico.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA.- Se acabó su tiempo.

SEÑORA BIANCHI.- Un segundo, señora presidente.

¿Quieren hablar del gran narcotráfico? Eso es para la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado. Citen a Garcé, que ahí se van a encontrar con muchos conocidos.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- No, estaba fuera de tema lo que se estaba diciendo. Volvamos al tema. Están reclamando todos volver al tema.

SEÑORA LAZO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑOR ANDRADE.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor senador Andrade.

SEÑOR ANDRADE.- Intentando contribuir al mejor clima posible, quiero decir que nosotros afirmamos que los problemas de seguridad se incrementaron cuando se retomó la movilidad.

Recién lo repasaba: se retomaron las clases presenciales el año pasado, después de las vacaciones de julio. La Universidad siguió con clases no presenciales hasta fin de año. Esto, entre primaria, secundaria, UTU, docentes y administrativos, representa un millón de personas. Cedo a la senadora Bianchi el derecho de pensar que la no movilidad de un millón de personas es la normalidad, pero déjennos el derecho de pensar que no es una situación normal, como tampoco lo es que no haya público en los estadios, que no entren 3:800.000 personas debido al cierre de fronteras o que no haya posibilidad de hacer espectáculos y conciertos. Entonces, esa es una diferencia legítima, pero no se puede decir que el otro miente, porque no corresponde.

Gracias, señora senadora.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Lazo.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Con gusto se la concedo, pero no me sigan descontando el tiempo, porque me voy a quedar sin tiempo para poder expresar lo que quiero.

SEÑORA PRESIDENTA.- No puedo no descontarle el tiempo.

SEÑORA LAZO.- Entonces, disculpe, señora senadora, pero, con todo respeto, voy a continuar.

Vamos a hablar de femicidios para decir que no los estamos catalogando como más o menos o peores o mejores que otras muertes, sino que no es posible abordar problemas con causas diferentes con soluciones iguales. No son problemas sentimentales, señora presidenta, los que llevan a los crímenes que terminan en femicidios. Esto lo quiero dejar claro y por el respeto que me merece el trabajo que usted ha desarrollado durante tantos años no puedo dejar pasar esa frase.

La sociedad civil –con quien trabajamos cuando salimos del mármol y vamos a la calle, hablando con representantes de organizaciones civiles que trabajan este tema y con sobrevivientes, porque una mujer que es víctima de violencia doméstica y no la mataron es una sobreviviente– da cuenta de quince mujeres y un niño asesinados en contexto de violencia de género. Sin embargo, la pregunta que queremos hacer, aprovechando esta herramienta del régimen de comisión general y agradeciendo la presencia al señor ministro y sus asesores, es la siguiente. ¿Cuáles son las cifras al día de hoy, en lo que va del año, sobre femicidios, asesinatos por violencia doméstica y denuncias de violencia doméstica y delitos asociados, que pueden ser lesiones, daños e incendios? Por supuesto, también queremos preguntar cuál es la metodología que se utiliza para elaborar estadística sobre estos datos. ¿Por qué lo preguntamos? Porque no lo hemos encontrado. No conocemos las cifras oficiales porque no se encuentran disponibles en la página web del Ministerio del Interior ni en el Observatorio sobre Violencia Basada en Género del portal de Presidencia creado por la Ley n.º 19580. Por eso lo preguntamos. ¿Por qué razón hoy no contamos con datos de calidad accesibles? Es fácil expresar que la violencia basada en género la tenemos que combatir entre todos, pero el propio organismo que cuenta con la información debe compartirla.

Ahora voy a hablar de las tobilleras porque están asociadas a este tema, señora presidenta, y usted sabe que es la línea delgada entre la vida y la muerte para algunas mujeres. También debo decir que sabemos poco sobre el tema. Queremos conocer la cantidad de casos conectados que hay; el total de casos. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones están siendo atendidos por los servicios de atención de Inmujeres? ¿Qué porcentajes de varones que tienen tobilleras están recibiendo atención por parte de los servicios psicosociales del Mides? El abordaje que tiene este tema no es solamente de quienes son parte de nuestra policía –nuestra, del Estado–, sino que también tiene que ver, en este caso, con el Mides. Se lo preguntamos porque es el Ministerio del Interior que siempre contó con esta información en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social.

La normativa vigente en cuanto a tobilleras determina, por los artículos 82 y 83 de la Ley n.º 19670, que es obligatorio contar con el consentimiento de la víctima tanto para ingresar al programa de tobilleras como para disponerle la protección con custodia. Por otra parte, por ser un tema muy complejo y por las obligaciones que conlleva ser usuario del programa, siempre se ha recomendado para mayores de edad. En ese contacto que tenemos cuando salimos del mármol y vamos a la sociedad civil organizada, en las recorridas por todo el territorio nacional, hemos recibido información de que el año pasado, el 2021, habrían ingresado personas menores de edad como usuarias del programa de tobilleras. Queremos saber si esto es así. ¿Cuántas personas fueron? ¿Qué informes técnicos avalan estas decisiones? ¿Recibieron atención psicosocial especializada? ¿En esos casos interviene el INAU o quién lo hace? También nos interesa saber si durante el 2022 hay niños, niñas y adolescentes conectados a este programa.

También hemos recibido algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación a la justicia. Bien es sabido lo que le cuesta a una víctima de violencia doméstica denunciar. Sinceramente, me cuesta celebrar que bajan los números de denuncias. Me cuesta mucho celebrarlo porque la denuncia evidencia. Pero no es lo único que evidencia; la forma en que una mujer hace una denuncia y cómo se estimula o desestimula esa denuncia tiene que ver con que se mantenga o no.

También es sabido –vuelvo al tema– cómo se incrementa el riesgo a partir de la denuncia. Sin embargo, a nivel nacional, ha decaído considerablemente la respuesta por parte de las comisarías comunes y también de algunas especializadas, y no lo podemos celebrar.

Algunos de los puntos que podemos nombrar al ministro son los siguientes.

La enorme demora que se da en la comunicación a la justicia. Esto es algo fácil de comprobar por parte del Ministerio del Interior –si quiere hacerlo–, ya que todo está informatizado. También puede conocerlo de primera mano si retoma el contacto con los actores en el territorio.

Víctimas que denuncian y a las que se les niega la constancia de denuncia, constancia que, además, tiene el número con el que luego deben continuar los trámites. Sin embargo, se les niega en varias dependencias policiales. Esto lo tenemos de contacto afuera.

Víctimas a las que se les expresa, luego de haber denunciado a su pareja, que no se tiene vehículo para trasladarlas con sus hijos pequeños a cargo.

Víctimas que son desalentadas a denunciar o, si lo hacen, su caso queda archivado sin más trámite, con el argumento de que no se ubicó al denunciado.

Estos son problemas reales. No estamos contraponiendo un modelo con otro, pero tenemos el legítimo derecho de preocuparnos, ya que esto es lo que sucede en la realidad. También tenemos denuncias de trato hostil a los equipos técnicos que ayudan a las víctimas, pero no hay respuestas a los reclamos planteados a las autoridades.

Por otro lado, este año, un policía con alto grado en la escala policial asesinó a su expareja y se suicidó. Por supuesto, todo asesinato representa una herida difícil de superar para la familia y para la sociedad en su conjunto, pero en este caso, señora presidenta, el Estado, y más específicamente el Ministerio del Interior, tiene doble responsabilidad, porque se trata de un integrante de la policía, que es quien nos debe cuidar, quien nos debe proteger.

Nos preguntamos –y es legítimo preguntárnoslo– qué tipo de políticas está llevando adelante el ministerio en la actualidad para prevenir estas atrocidades. También nos preguntamos quién monitorea el cumplimiento del protocolo sobre prevención, atención, sanción y reparación a la interna de la policía; cuántas denuncias –luego acercaremos las preguntas–, en lo que va del año, involucran a policías como denunciados; cuántos fueron atendidos por los servicios de atención a varones en Sanidad Policial; cuántos equipos hay en el país para atender a policías que ejercen violencia y si existen equipos especializados para atender a varones funcionarios del Ministerio del Interior.

Por último, aquí se ha hablado –y coincido– de que la seguridad no es un tema que solamente atañe al Ministerio del Interior, pero en este mismo recinto, en algún momento, también discutimos algunos temas que tienen que ver con la seguridad, y nosotros no cambiamos la valoración que hacíamos entonces. En el plano de la seguridad pública y de la aplicación de justicia en lo que tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico, para nosotros es fundamental resaltar la creación de una política integral contra el lavado de activos. Ese fue uno de los puntos más vulnerables de nuestro país y por el que sufrió durante muchos años.

La Junta Nacional de Drogas fue el ámbito a partir del cual pudo desarrollarse un conjunto de medidas que terminaron consolidando la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Activos –que todos celebramos–, que posicionó a nuestro país a la vanguardia del tema, alejándolo de las listas de países débiles en la materia que durante tanto tiempo integró y que tanto daño hicieron a su reputación. Para ello, se implementó un fondo de bienes decomisados que permitía administrar y recuperar decenas de millones de dólares, de activos relacionados al crimen organizado y al narcotráfico, para devolverlos –obviamente– a la sociedad en forma de beneficios para la política integral, ya sea en infraestructura como en equipamiento, investigaciones especializadas, etcétera. También este recinto fue testigo de otras intervenciones que tuvimos en defensa de las cuestiones que tienen que ver con la seguridad.

Señora presidenta: vuelvo a reiterar que nunca celebraría la baja de denuncias sobre violencia doméstica porque eso no quiere decir que no exista. No son crímenes pasionales ni crímenes por temas sentimentales. Entonces, me gustaría que hubiera una rectificación porque estamos hablando de femicidios, de mujeres muertas por causas que tienen que ver con la violencia doméstica.

SEÑORA BIANCHI.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Señora presidente: quiero que quede claro que la Junta Nacional de Drogas no fue la que elaboró la Ley Integral contra el Lavado de Activos, Ley n.º 19574; fue el Comité Operativo, integrado por los tres poderes del Estado y por los miembros de la Comisión Especial con Fines Legislativos de Transparencia, Lucha contra el Lavado de Activos y el Crimen Organizado, de la Cámara de Representantes. Quien está aquí sentada fue corredactora y miembro informante de la minoría. Reitero: no fue la Junta Nacional de Drogas el organismo que la elaboró. En ese sentido, contamos con una excelente calificación; en este momento, somos sede de la vicepresidencia del GAFI, y el año que viene vamos a ser sede de la presidencia.

Gracias, señora presidente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar la señora senadora Lazo.

SEÑORA DELLA VENTURA.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA LAZO.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora Della Ventura.

SEÑORA DELLA VENTURA.- Quiero decir dos cosas. La primera es que, en realidad, le preguntábamos al ministro –a modo de aclaración– qué evaluación hace de ese cambio, es decir, de la dirección que había –o sea, la unidad especializada, que también tenía órbita nacional por las actividades que mencioné– por la dirección nacional creada. Además, le preguntamos si hubo algún cambio positivo en cuanto a las políticas de género.

Por otra parte, quiero decir que cuando uno prepara un texto para comparecer aquí, justamente lo hace porque estuvo analizando, investigando y recabando datos. Entonces, eso no puede ser considerado como negativo. Si hay temas que se trataron antes, evidentemente no los vamos a volver a plantear. Entendimos que nuestras preguntas no fueron previamente planteadas y que estaba bien que las hayamos preparado y traído, y se las vamos a proporcionar al señor ministro.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR COUTINHO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR COUTINHO.- Gracias, presidenta. Desde la bancada del Partido Colorado hemos venido siguiendo atentamente esta convocatoria desde las nueve de la mañana. Por lo tanto, queremos, desde nuestra bancada y desde nuestro partido, explicar el porqué de nuestro apoyo a las políticas de seguridad de este Gobierno, el porqué de nuestro apoyo al comando y a la policía y las razones que nos llevan a eso. No podemos permitir, desde un partido tan grande de la historia y que ha construido tanto en este país, que se nos diga que estamos apoyando o respaldando al grito o sin argumentos. Estamos respaldando porque nos estamos respaldando a nosotros mismos, entre otras cosas, porque nuestros legisladores durante todos estos años han presentado serios y elaborados proyectos de ley –que no fueron tenidos en cuenta por las mayorías absolutas de los quince años de gobierno anteriores– para una mejor seguridad. Hemos trabajado con seriedad y responsabilidad para tener un programa de gobierno que pusimos en consideración de la población y un compromiso por el país que votaron la mayoría de los uruguayos y que fue triunfador en octubre y en noviembre. Ese programa y esa hoja de ruta es la que estamos siguiendo. Somos serios y responsables, porque apoyamos y creamos muchos artículos en la LUC, que fue puesta en consideración de este Parlamento y que fue apoyada el 27 de marzo por la mayoría de los uruguayos. Debatimos, dimos la cara, recorrimos el país, y el eje de ese debate fue la seguridad. Reitero: el eje de la LUC fue la seguridad. En ese sentido, estuvimos intercambiando y debatiendo con todos, con seriedad, con responsabilidad y con argumentos.

Por lo tanto, en primer lugar, no acusamos recibo de respaldar al grito a las autoridades de nuestro Gobierno o por escenarios político-partidarios. Los estamos apoyando por convicción, porque estamos convencidos de que están en la ruta correcta y porque también demostraron en la tarde de hoy aquí, técnicamente y desde el comando, el porqué de los hechos tan dolorosos que sucedieron en estas últimas instancias.

Por otra parte, señora presidenta, no acusamos recibo de un contexto en el que, cuando hay que criticar, atacar, cuando hay que generar cualquier instancia, se recurra a 2002, 2003 y 2004, pero cuando hay que comparar aquel país con esta inseguridad, es incomparable, no se puede comparar. No, no vamos a permitir algunas cosas. No vamos a permitir que el miembro convocante diga que en este país, durante la crisis, hicieron el aporte de frenar las asonadas. ¿Cómo hicieron para frenar las asonadas? ¿Conocían a los delincuentes? ¿Quiénes eran los que venían a saquear o estaban por saquear aquel Uruguay? ¿Los conocían? No, presidenta, no acusamos recibo de este tipo de acusaciones, así como tampoco acusamos recibo de que a la policía se ingresaba con tarjetas personales de diputados. ¿Quiénes eran esos diputados? Quiero los nombres porque quizás podemos tomar medidas. Digan quiénes eran los diputados que daban a nuestra policía la tarjeta para que ingresaran. No; mi partido es muy serio y responsable y ha dado por largo tiempo la capacidad y la vida de muchísimos correligionarios para tener el país que tenemos. Por lo tanto, no estamos en esta ocasión para permitir este tipo de rápidas acusaciones.

Por otro lado, señora presidenta, la convocatoria es para poder conversar, analizar, evaluar y plantear diferentes temas con respecto al asunto puntual, pero el miembro convocante usó la mayoría del tiempo para hablar de declaraciones a los medios de prensa que hace el ministro o para hablar de lo que decía el ministro u otros legisladores en otras épocas. Así basó casi toda su argumentación. Es decir que vinimos a una convocatoria para analizar qué se dice en los medios y no para hablar concretamente de los temas que nos preocupan, porque tampoco le vamos a dar la derecha a nadie en la sensibilidad. ¿Se piensan que a nosotros no nos duelen las tragedias de este país? ¿Se piensan que no nos duele cada una de las situaciones que están sucediendo? ¿En verdad creen que venimos a vender éxito? ¿Éxito de qué? Allí hay un ministro, un subsecretario, están las autoridades y el comando preocupados y ocupados en salir de esta guerra del narcotráfico, porque esto es una guerra, la estamos transitando y en ella estamos teniendo estos inconvenientes. Fue muy clara la explicación del comando en el sentido de que al tomarlos, al detenerlos, en el desarrollo de las situaciones, se generan los diferentes homicidios y las guerras que se dan. Explicaron con contundencia y claridad cuál es la situación; estamos transitando ese proceso y lo vamos a seguir transitando. No podemos seguir hablando de narcotraficantes y acusar diferentes criterios para los narcotraficantes. Morabito salió caminando por San José y Yi, saludando. Entonces, ¿vamos a hablar de lo que dijo el ministro en los medios de prensa en las diferentes comunicaciones o lo que dijo también en un acto en el que parece que estaba Laura Raffo y no sé quién más? Estamos en el Senado de la república, estamos viviendo una situación realmente seria, complicada. No puede ser que hace veintisiete meses se decía una cosa y ahora venimos a decir otra totalmente distinta, porque el interpelado no es Bonomi, a quien se lo interpeló nueve veces. No vamos a permitir que se compare a un departamento de la República Oriental del Uruguay, como Rivera, con Guatemala o El Salvador. No. No vamos a permitir que se genere un escenario de poner rostro a las víctimas y a la tragedia que hemos vivido con todos esos homicidios en este período y no a aquellas otras. Nosotros siempre actuamos igual, de la misma manera, y hemos dicho lo mismo ahora que en aquellas ocasiones.

También, señora presidenta, permítame decir –ya pidieron la palabra para hacer varias aclaraciones– que mienten cuando dicen que los delitos bajaron por la covid-19. Así que lo reitero para que vuelvan a pedir la intervención. ¿Piensan que la delincuencia paró? ¿Cuándo paró? La delincuencia no se detuvo. Uruguay tuvo su confinamiento voluntario del 13 de marzo al 14 de abril y, definitivamente, se apostó a la libertad. Pero miren cómo podemos generar la argumentación de que es un facilismo y no darle valor a la responsabilidad, a la seriedad y al trabajo realizado por nuestras autoridades en el ministerio y en el comando, de que en seguridad estamos mejor, y decir que bajaron los delitos por la covid-19. Algún señor senador compara hechos tales, como por ejemplo que en el día de ayer estuvieron en el estadio y les tiraron una piedra, que la gente no va a los recitales; eso no es real.

El New York Times, en su edición del 18 de enero del 2022, señala que en Estados Unidos los delitos como los homicidios aumentaron más del 27 % en el 2020, el mayor aumento porcentual en, al menos, seis décadas. Además de los homicidios aumentaron también los delitos violentos en general. Este aumento de los homicidios devolvió a Estados Unidos a tasas de homicidios que no se habían visto desde mediados de la década de los noventa.

Según los datos del sistema nacional de información del Ministerio de Seguridad en Argentina, en el 2020 los homicidios intencionales aumentaron casi un 4 % respecto al año anterior, pese a la covid-19 y la cuarentena obligatoria. En Brasil, en 2020, los asesinatos aumentaron un 5 % pese a la covid-19. En Chile también crecieron los homicidios un 28 %, con covid-19, cuarentena obligatoria y toques de queda por la noche. En Ecuador aumentaron un 14,2 % pese al confinamiento y la pandemia. En Panamá, se ve que tampoco pudieron bajar los delitos y los homicidios aumentaron un 2,3 %, y en Costa Rica, un 1 %.

Por lo tanto, nosotros no vamos a acusar recibo de generar el facilismo de decir que los delitos bajaron no porque generamos una acción para vivir en un país más seguro y en donde realmente se ha hecho un esfuerzo grande en seguridad; vamos a argumentar con fundamento lo que nosotros creemos. Además, ese país en crisis tenía 7000 rapiñas y hoy hay 30.000; había 200 homicidios por año y hoy hay 400; no llegaba a 100.000 hurtos y hoy hay alrededor de 140.000. No acusamos recibo tampoco como partido de que el problema de la seguridad tiene más de quince años. En aquel Uruguay no hablábamos de esos temas y me gustaría que, definitivamente, todas estas cosas quedaran muy claras porque para nosotros es importante.

Conocí a la senadora Della Ventura en este período, pero sí conozco a la senadora Lazo que maneja con sensibilidad el discurso respecto de un tema tan triste como lo que ha sido la violencia y las víctimas de femicidio. Por eso, la invito a que trabajemos juntos para reabrir el hogar transitorio para mujeres víctimas de violencia doméstica que correligionarios suyos cerraron en Salto. Nosotros en un trabajo en conjunto con el Mides y el Gobierno nacional habíamos generado la apertura de un hogar transitorio para mujeres víctimas de violencia doméstica en el departamento de Salto. Ese hogar lo cerraron, ¡y ese hogar cerrado le costó la vida a un policía de Salto y destruyó totalmente a su familia, porque, mientras custodiaba y defendía a esa mujer, fue asesinado! ¿En serio vamos a ponerle rostro? ¿En serio vamos a ver a quién le duele más cada uno de estos hechos?

Hemos escuchado con atención absolutamente cada uno de todos los aportes y ahora estamos interviniendo por primera vez como partido, y vamos a hacerlo con la seriedad, la responsabilidad y la argumentación que caracterizó siempre a nuestro partido durante toda su historia. Con esa misma responsabilidad es que estamos haciendo esta intervención, para apoyar y respaldar a quienes hoy están conduciendo realmente la situación, que tienen un día a día y que hacen un esfuerzo que admiramos. Parecería que enfrentar acá el narcotráfico es una cuestión de facilismos; no quiero imaginar lo que debe ser la vida de nuestro comando, de nuestras autoridades y de cada uno de nuestros policías amenazados por esos narcotraficantes a los que este país les declaró la guerra.

Por lo tanto, vaya a ellos nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestro impulso a continuar trabajando en el camino que hay que trabajar para recuperar un país que necesita seguir viviendo más seguro.

Muchas gracias.

SEÑOR ANDRADE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR ANDRADE.- Señora presidenta: nosotros podemos jugar en la cancha en la que se quiera jugar; intentamos hacerlo en la cancha del respeto.

Entonces, es una opinión legítima que se diga que la diferencia en la movilidad no afectó para nada el comportamiento del delito. Es una opinión, que es perfectamente válida. Si ingresaron cuatro millones de personas al Uruguay y entre ellos no ingresaron narcotraficantes y proxenetas, eso no hay que considerarlo a la hora de analizar la evolución del delito. Es una opinión, y es respetable. El mismo respeto debe tenerse para con quienes creemos que las circunstancias del cierre de fronteras y de no movilidad primaria afecta los delitos. ¡Vamos a aprender a escucharnos!

Por otra parte, en sendas interpelaciones se expuso por parte de quienes hoy están en el Gobierno que desde el punto de vista estadístico el número de los homicidios es el más fiable. Si consideramos los números de los homicidios de 2020 y 2021, con 9,6 y 8,5, respectivamente, vemos que no son demasiado diferentes a los que hubo durante los quince años del Gobierno del Frente Amplio. En todo caso, sí son comparables, de manera beneficiosa, con los del peor año, que fue el 2018. Pero justo en ese peor año el 60 % de las muertes fueron por ajustes de cuentas; entonces, no se puede hacer las dos cosas. Este es un debate legítimo. Si el ajuste de cuentas entre bandas criminales es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de medir esta incidencia, más tendría que haberse tenido en cuenta cuando se duplicó en 2018 y no ahora, que está en un nivel por debajo del 2019. Estas son ideas.

No vamos a permitir que en un debate de ideas se nos acuse de mentirosos; ¡estamos todos locos! ¡Tenemos gran facilidad para descarrilar! Así es imposible mantener un debate civilizado. Entonces, nos parece sensato que intentemos hacer un esfuerzo por entendernos en las diferencias.

Muchas gracias.

SEÑOR CAGGIANI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAGGIANI.- Señora presidenta: he seguido todo el debate y he estado intentando visualizar un poco cuál es el objetivo de esto. Hay una cosa que me parece que es importante: cuando se habla de deslealtad institucional de la oposición –de hecho, se ha mencionado aquí–, me parece que deberíamos bajar como cinco o seis cambios, sobre todo porque el debate que estamos dando es en el Senado de la república y a veces algunas personas miran estas sesiones. Se supone que, si somos nosotros los que tenemos este tipo de debates de esta manera, no conducimos mucho hacia ningún objetivo, y ni que hablar si nos miran los propios narcos; debemos ser, por lo menos, su hazmerreír.

En segundo lugar, me parece que es importante visualizar cuál fue el motivo de la convocatoria. Esta es una sesión en régimen de comisión general; de hecho, debe ser el mecanismo más aséptico que debe haber en el Parlamento: juntarnos todos acá y citar a las autoridades. El señor ministro puede venir solo, no tiene por qué venir con veinte personas, a debatir sobre un problema. Y no tiene ninguna consecuencia política, o sea que todo lo que tiene que ver con deslealtad institucional lo sacamos, porque si no promoveríamos interpelaciones y pedidos de censura. En este caso citamos al ministro porque estamos preocupados por el aumento de la violencia. ¿Qué puede hacer la oposición? Hace dos semanas le planteamos veinte propuestas al presidente de la república, todavía no contestó. Nosotros vamos a seguir presentando propuestas porque estamos convencidos de que a este Gobierno le tiene que ir bien, no por el Gobierno, sino por la gente, que es la que está sufriendo su política.

El miembro convocante, el señor senador Rubio –que debe ser uno de los compañeros que tiene más años en la bancada–, hizo una exposición brillante. Recordó cosas que se decían, enumeró problemas que se tuvieron y también hizo un mea culpa de los Gobiernos del Frente Amplio; dijo qué cosas estaban pasando e hizo propuestas. ¿Y saben qué hizo el ministro? Empezó a hablar del Frente Amplio, ¡del Frente Amplio! ¿Saben cuál es el problema del ministro? El problema que tiene es que no puede compararse consigo mismo…

(Interrupciones).

–… porque los indicadores que el miembro convocante refirió tienen que ver con la gestión de Heber, no con la de Larrañaga, ¡sino con la del ministro actual, señora presidenta! Los problemas del aumento de la violencia se están dando en su gestión, comparándolos con su propia gestión; por eso el ministro rehúye el debate.

Quiero que analicemos los números. Voy a ser muy concreto: 133 asesinatos en estos cinco meses, 42 en mayo, aumento del 45 % comparado con el 2021 y un 162 % comparado con mayo; pasamos del 65 % al 50 % de casos que no se resuelven; y pasamos de 80 a casi 150 casos en los que no se sabe el motivo de la muerte, o no se esclarece. Eso es un problema para la sociedad. ¿O no lo es? Si tenemos una policía, que es la que el ministro dirige –y no les cargue las tintas a sus subordinados, asúmalo usted porque por algo es ministro–, que no resuelve las cosas, ¿saben lo que estamos dando? Un mensaje de impunidad; repito: un mensaje de impunidad.

Después lean el artículo 26 de la Constitución de la república. Acá está prohibida la pena de muerte. ¿Saben qué? Acá hay personas que asesinan y no tienen culpa, no van a la cárcel; ni que hablar de que algunos cuando van ni siquiera se rehabilitan, y eso también es nuestra responsabilidad. No estoy diciendo que solamente sea responsabilidad del ministerio, también es nuestra porque estos números tienen que ver con nuestra gestión. Ahora, si ese no es un problema de la sociedad, porque también tenemos que ver que una cosa son las personas que están en la morgue, o bajo tierra mirando el pastito desde abajo, y otra son las que no fallecen o no son asesinadas y que a veces están amedrentadas por el crimen organizado o por el narcotráfico. ¿O no leemos los partes policiales? ¿Qué dicen las personas cuando tienen que ir a un centro coordinado de un hospital público cuando son baleadas? ¿Qué dicen? Dicen: «Iba caminando y me sentí herido». ¿Qué es eso? Está escrito, de puño y letra, en todos los partes policiales. ¿Saben que es eso? ¡Eso es impunidad!, porque no se animan a denunciar, algunos porque están metidos en el medio del lío; no nos hagamos los chanchos rengos. Sin embargo, hay otros que tienen miedo y no denuncian. Entonces, eso es un problema para la sociedad porque la violencia cuando se mete así en la gente pudre todo; destruye la institucionalidad, destroza la base de nuestra sociedad, que es la democracia, nuestros derechos, la posibilidad de ser iguales ante la ley. Pero no lo somos: no lo somos los que nacemos en el barrio Borro, no lo somos los que nacemos en Carrasco sur. ¡No lo somos! Si esa brecha se va ensanchando, es brutal.

Este tema, que fue abordado por el Frente Amplio de esa forma, me parece que tendríamos que debatirlo de manera real –y no por arribita del pantalón–, asumiendo las culpas que debemos tener todos, pero no lo discutimos ni lo resolvemos, y nos pasamos la pelota de uno a otro. Eso no construye una mejor seguridad para nuestro país, señora presidenta, ¡no la construye!

¿Qué debemos hacer? El senador Penadés decía que teníamos que hacer propuestas. A él le encanta crear comisiones, que nosotros hagamos propuestas y después no nos dan bolilla. Nosotros presentamos propuestas; si quieren se las leo o se las mandamos por correo electrónico. En 2019, la campaña electoral del Frente Amplio presentó propuestas. ¡Convocamos a la oposición cuando éramos el Gobierno! Hicimos un plan de seguridad; fallamos o no fallamos, pero tuvimos un plan. Nos puede ir mejor o peor. Lo que digo es que voluntad de esta fuerza política para construir lealtad política, sobre todo con base en determinados parámetros, existe. Podrá no gustar.

Creo que el problema del narcotráfico que estamos teniendo –que implica mucho más que la violencia– no tiene que ver solamente con una visión policial, con una visión de seguridad o con una visión partidaria o de coalición política, que es lo que resolvieron ustedes. ¿Está bien? No, no está bien.

¿Alguien puede pensar que al crimen organizado, que opera en todas partes del mundo, lo va a resolver la coalición de gobierno? ¿Alguien lo puede pensar en serio, por más que tengamos los mejores policías?, y miren que yo soy un gran defensor de la policía. Entonces, pongámonos a hablar en serio.

Si estamos hablando de crimen organizado, de crimen trasnacional, de financiamiento del terrorismo, hay cosas que tenemos que ver. Los partidos políticos desde hace diez años tenemos a estudio una ley de financiamiento de los partidos políticos, pero no la votamos. ¿Saben qué? En este país se puede ser candidato poniendo guita en efectivo; no hay que declarar el origen de los fondos. Somos todos buenos acá. Creo que acá no hay ninguno que venga de otro lado que no sea su trayectoria política o que no haya laburado. Ahora, si mañana viene, ¿qué pasa? ¿Cómo lo paramos?

Creamos la Senaclaft y la Junta de Transparencia y Ética Pública. Las creamos, pero después no tienen presupuesto, no ponemos a los mejores, no le damos pelota a lo que tenemos que hacer. Entonces, si realmente nos importa este problema, ni que hablar que hay que atacar la boca de pasta base, porque es verdad que el vecino que está al lado de una vive un infierno. ¡Esa no es la discusión! La discusión no es quiénes son los buenos y quiénes los malos; la discusión es cómo abordamos este tema del país.

Yo estuve en México. En enero de 2020 la policía de México, sin querer, se encontró con el hijo del Chapo Guzmán; lo metieron preso. El Chapo Guzmán está preso en Estados Unidos. ¿Saben qué hizo el cártel de Sinaloa? Primero, fue a Sinaloa, se metió en todos los cines y mató a toda la gente que estaba adentro. El Gobierno de López Obrador no lo soltaba. El cártel se metió en los shoppings y mató a todos adentro. No lo soltaban. Se metió en los cuarteles de policía y mató a los policías de México. Podemos decir lo que queramos, pero México es un Estado que tiene un poquito más de poder de fuego que algunas policías nacionales. Eso estamos enfrentando.

Yo fui hace poquito a las elecciones en Colombia. ¿Saben cuál es el problema que está teniendo ese país? Que ahora hay una integración vertical del negocio. Los mexicanos, además de exportar para Estados Unidos, quieren quedarse con toda la línea del negocio. Si esos se meten en Colombia, ¿piensan que no están por acá o que no van a venir? Discúlpenme, voy a ser muy atrevido. ¿Eso lo vamos a combatir haciendo presentaciones en Prezi o haciendo alguna cuestión más? Necesitamos inteligencia de verdad.

SEÑOR MINISTRO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CAGGIANI.- Después le concedo una interrupción al señor ministro.

Acá tengo material. ¿Saben quién es Sebastián Enrique Marcet Cabrera? Yo soy el senador más joven acá. Este tiene treinta y un años. Le dimos el pasaporte en una semana. ¿En serio estamos hablando de discutir cuestiones que tienen que ver con la inteligencia y con el crimen organizado? A los tres días le detectaron USD 100:000.000 y está en algún lugar; no sabemos por dónde anda. Es uruguayo, criado por nosotros. Entonces, ¿vamos a hablar en serio? Hablemos en serio, en sesión secreta, pública o como quieran, pero tengamos un poco de criterio.

Quiero decir algo muy concreto. Me voy muy triste de esta sesión, y no porque tenga problemas de alegría o tristeza, sino porque, en realidad, ¿saben qué noto? Que en este ministerio hay falta de liderazgo. Este ministro tiene falta de liderazgo. Sabemos que no conoce del tema, no lo oculta y se nota. ¿Saben qué? No podemos enfrentar estos problemas con este problema de enfoque, con esta falta de liderazgo y sin un plan, porque podremos tener la mejor policía, pero si tienen que hacer una colecta para poner nafta a un patrullero en Durazno, la cosa se complica. Estos andan en jets privados y lavan guita en algunos departamentos de nuestro país; todos sabemos cómo se construyen esos edificios. Así que no estamos hablando de algunas cuestiones, sino de otra cosa.

Ante todo esto, necesitamos mucha inteligencia. Me hubiera gustado contar con la presencia de Garcé, el secretario de Inteligencia Estratégica de Estado, y de varias autoridades que tienen que ver con el combate al narcotráfico para realmente poder abordar el tema. ¿Pero saben qué? Realmente no queremos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DA SILVA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DA SILVA.- Señora presidenta: quizás tanto viaje le haya tapado los oídos a algún senador, porque lo que acabamos de escuchar es una falta de respeto absoluta al esfuerzo que hizo el cuerpo policial en el transcurso de esta convocatoria, que tuvo por objeto conocer cómo el Ministerio del Interior está abordando el tema de los homicidios. El senador preopinante no escuchó nada; parece que es experto en terrorismo internacional, ¿pero no abrió los oídos durante la sesión secreta? ¿No escuchó? Lo menosprecia, lo denuesta. Acá se hizo una presentación; se podrá estar de acuerdo o no con ella, pero no se puede faltar el respeto al esfuerzo. Vimos la cara de la delincuencia en Montevideo y en el área metropolitana. ¿No la vio, señor senador? Se detectaron 45 organizaciones, con un listado en el que figura la ubicación de las bocas de pasta base. ¿Nos viene a contar cómo, cuando estaba de viaje parlamentario u oficial, en una misión y cobrando viático, se encontró con el hijo del Chapo Guzmán y que lo agarraron? El Senado de la república tuvo algo que, por lo pronto, no había sucedido en los últimos años. En una sesión secreta se le vio la cara al malandra, al capo, no al Chapo Guzmán, a los uruguayos. ¿No la quiere ver? Está bien, pero no le mienta a la población, porque si no todo el esfuerzo que se está haciendo queda en un comentario perdido.

No hace mucho, en este país –no es necesario hablar de pasaportes dados–, por el puerto, ¿sabe cuánta plata entraba? USD 200:000.000; lo pesaban en Puerto Madero y lo entraban por Colonia. No hace mucho de esto. Reitero: USD 200:000.000. ¿Quieren hablar de lavado de dinero en las épocas recientes? Me hago una fiesta. ¿Quieren hablar de lo que ha sido el trasiego de plata sucia hacia el Uruguay en los últimos años? Nos hacemos una fiesta. No es necesario denostar a la policía para poder darse dique de que saben lo que es el lavado de dinero.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR CAGGIANI.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAGGIANI.- Señora presidenta: quiero hacer una aclaración porque capaz que el señor senador preopinante no tiene ni idea de lo que está hablando; creo que siempre es bueno aclarar.

En primer lugar, yo no viajo por la cámara, no he percibido ningún viático y, además, cuando los cobro, los devuelvo; todos. No promoví ni voté ningún proyecto de ley para derogarlos. Así que, si tiene interés en eso, mañana presentamos una iniciativa y la votamos.

En segundo término, sobre el lavado de activos hay mucha gente –mucha, mucha– que sabe mucho en este país, así que cuando quiera podemos conversar, ahora o en otro momento.

(Interrupciones).

–Estoy esperando que me ampare en el uso de la palabra, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Pensé que había terminado.

SEÑOR CAGGIANI.- No, estaba esperando que me amparara en el uso de la palabra para seguir hablando, porque el señor senador estaba gritando.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor senador.

SEÑOR CAGGIANI.- La labor policial en este país, sin duda, ha sido muy buena. Nosotros defendemos la labor policial, y lo han dicho todos nuestros compañeros integrantes del Senado de la república. Aquí estamos diciendo que no hay un compromiso serio por parte de este ministro y este ministerio en el sentido de atacar realmente todas las causas; por ejemplo, no hubiéramos flexibilizado los controles del lavado de activos en Uruguay ‒la señora senadora Bianchi sabe de eso‒, pero lamentablemente lo hicimos. ¿Saben cómo se lavan activos también? Comprando inmuebles y tierras. En este país se venden y se compran tierras en muchos lugares, en efectivo, en bolsitos. Entonces, si vamos a dar un discurso en la práctica, hagámoslo.

SEÑORA BIANCHI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA BIANCHI.- Otra vez estamos discutiendo lo mismo, los volvedores uruguayos; por eso estamos parados cincuenta años atrás.

Cuando se modificó la LUC, ya veníamos en un proceso de la ley antilavado en el sentido de descargar en los sectores financieros, con el control del Banco Central, la responsabilidad del control del lavado de activos. El reporte de operación sospechosa de escribanos, abogados e inmobiliarias no modificó en nada el aumento del lavado de activos. Sigo insistiendo y lo vengo repitiendo desde que era diputada. He recibido respuestas que no voy a repetir porque se consideraría una alusión. Hemos dicho dónde se encuentran los grandes centros de lavado: son las casas de cambio y las empresas de cofre de seguridad privadas que no tienen control, excepto operación reporte u operación sospechosa. Graciela Ocaña y quien habla denunciamos en 2013 y 2016 la causa a cargo del fiscal Pacheco –no le dieron nada para investigar– de la cadena de cambios que goza de muy buena salud. Así que no digamos cosas que no son ciertas. El hecho de subir el tope a más/menos USD 100.000 no eliminó los controles de diligencia suficiente que tienen que hacer los profesionales y los agentes no financieros.

El doctor Leonardo Costa fue quien terminó de dar redacción a los artículos de la LUC. El contador Espinosa, anterior director de la Senaclaft, también ayudó en la redacción y coparticipamos con el economista Vallcorba y el señor senador Bergara en la corredacción. El doctor Leonardo Costa y el contador Espinosa, que fue director nacional de la Senaclaft durante el Gobierno del Frente Amplio, me ofrecen la más absoluta y total seguridad. Así que pedimos que cuando se hable de los temas se diga la verdad; de lo contrario, tenemos que expresar que se está mintiendo y no voy a tener ningún problema en decirlo porque el verbo «mentir» está en el Diccionario de la Real Academia Española.

Gracias.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- Gracias, señora presidenta.

Espero que no me observe, pero no puedo dejar de decir que lamento enormemente que quienes convocaron a esta comisión general no hayan incluido el feminicidio. Me van a decir: «Sí, está dentro de los homicidios». Por supuesto que sí, pero muchos de los que estamos hoy acá votamos una ley para que se le brinde un tratamiento diferente. Entonces, hoy podría estar en este lugar la directora nacional de Políticas de Género para ilustrarnos y decirnos qué es lo que está haciendo realmente el Ministerio del Interior en estos temas. Lamentablemente, no puede hacerlo porque no fue incluida. Reitero: todas las muertes son muertes, pero acá muchas de nosotras votamos una ley para que tenga un componente diferente. Simplemente quería manifestar eso, señora presidenta.

Por otro lado, vamos a empezar por el final. El ministro Heber y su equipo profesional de la policía –destaco esto último– han dado más que satisfactorias explicaciones y, por sobre todas las cosas, han descrito la estrategia y la planificación basada en inteligencia, pero creo necesario contextualizar políticamente este llamado en régimen de comisión general. Esto es parte de una estrategia de la actual oposición. Es una vieja estrategia –hoy actualizada– de crítica implacable a todas las direcciones, una de las cuales es la de seguridad. Es una estrategia, un relato muy fuerte, que busca la dramatización a través de frases cortas e instalar una realidad de emergencia que no existe o que, por lo menos, tuvo peores momentos en 2018 y 2019, pero nunca fue mencionada como tal en aquellos años.

Bueno es mencionar que el narcotráfico, como origen de toda problemática, se instaló en Uruguay durante los quince años del Gobierno anterior. Sí, señora presidenta: el narcotráfico creció y los delitos asociados, como el sicariato, se instalaron durante el Gobierno anterior. Este es el país que recibimos.

Señora presidenta: los datos, los números ya fueron presentados por el señor ministro y su equipo; fueron muy claros. Se brindaron datos; quien los está reclamando seguramente no estuvo atento o se sorprendió porque realmente no los esperaba. A veces, también nos sorprenden y decimos: ¡Ah, caramba, mirá! Estamos muy acostumbrados a las liviandades.

Cerramos miles de bocas de pasta base y de venta de drogas y se continuará –lo ha dicho el señor ministro con firmeza– en el combate al microtráfico, que, sin duda, es un elemento multiplicador del delito y por razones que todos conocemos impacta directamente en las familias, los vecinos, los pequeños comerciantes de los barrios principales e, incluso, en los centros educativos, que terminan siendo víctimas de este tráfico que hoy estamos viviendo.

El señor ministro y el equipo que lo acompaña sí tienen una estrategia. Como saben, en épocas anteriores se decía públicamente. Recordemos que en 2009 el entonces fiscal de corte, doctor Jorge Díaz, reconoció que no lo había y en agosto de 2019 el fiscal Juan Gómez decía que «el 80 % de los delitos están vinculados a la pasta base y que, en forma directa o indirecta, unas 200.000 personas viven del delito».

El 9 de mayo de 2022, el fiscal penal especializado en crimen organizado Carlos Negro expresó que «los homicidios entre delincuentes, vinculados al tráfico de drogas, o al consumo de estupefacientes, vienen en aumento desde hace varios años». Este es un proceso que se viene aplicando sostenidamente desde hace años, que está muy vinculado al fenómeno de las drogas, de las adicciones y del narcotráfico.

Señora presidenta: este Gobierno sí tiene un plan y comenzó el 1.º de marzo de 2020 de la mano de nuestro querido y recordado compañero exministro Jorge Larrañaga. Seguiremos adelante con ese plan, mejorándolo, a pesar de todos los cuestionamientos oportunistas que puedan surgir con un evidente tono de campaña electoral prematura.

Por estos días estamos conmovidos por cruentos sucesos ocurridos en el barrio Peñarol, que fueron mencionados en esta sala; pero a no confundirse ni a confundir, pues estas expresiones de extrema violencia y de crueldad no responden a un fenómeno de generación espontánea. ¡No!

¿Sabe algo, señora presidenta? Hace cuatro años, el 4 de junio de 2018, concurrimos al barrio Peñarol convocados por vecinos, trabajadores, obreros y pequeños comerciantes de la zona que, a pesar del frío de esa tarde, se reunieron en una cancha del barrio para expresarnos su desesperación y su impotencia ante la situación de inseguridad que padecían. Nos brindaron sus duros testimonios de rapiñas, asaltos, copamientos, hurtos y arrebatos en las paradas; eran hombres, mujeres, pequeños comerciantes que sentían pánico cuando se les aproximaba una moto u observaban a un desconocido merodeando en la zona. Sin excepciones, se quejaban de la ausencia de patrullaje y de que sus reclamos no eran escuchados por las autoridades.

Señora presidenta: hacía más de ocho años que este ministerio estaba dirigido por la misma gestión. ¿No será que aquellos polvos trajeron estos lodos? Creemos que sí. Quizás por eso la oposición está aplicando la teoría «no hay mejor defensa que un buen ataque» para, en definitiva, distraer el foco. Si es así, lo lamentamos, porque no nos vamos a desviar de nuestro compromiso asumido ante la ciudadanía de restablecer las condiciones de seguridad ciudadana que nuestro pueblo reclamó durante quince años, cuando estuvo a la deriva.

El señor ministro, su equipo y el Gobierno sí se hacen cargo en materia de seguridad ciudadana. Cuando el Estado cede terreno o lo pierde por cualquier motivo, lo ocupa la delincuencia, tanto la delincuencia común como el crimen organizado, el macro- y el microtráfico. Es un hecho inexorable. Lamentablemente, durante muchos años la pulseada la fue ganando el delito. A partir de que llegamos al Gobierno, liberamos un combate frontal con sucesivos golpes a todo tipo de delincuencia, en particular, al narcotráfico. Las elevadas cifras del cierre de las llamadas bocas de venta de droga generaron una convulsión entre las bandas que se disputaban los territorios y los mercados; lo explicaron claramente el señor ministro y su equipo. Estas barbaridades que observamos, hechos realmente sangrientos y hasta macabros, obedecen a enfrentamientos delictivos, a intereses que llevan a pelear por los territorios. ¿Por qué sucede esto? Porque están marcados por la presencia que hoy tiene la fuerza policial. No solo la policía, porque se están articulando con otros actores y se va a lograr restablecer ese clima de seguridad sustentable en el tiempo. Nosotros fuimos observados internacionalmente por situaciones de violencia en los derechos humanos de los privados de libertad en el período anterior, y todos lo sabemos. Me llama la atención cuando esto lo manifiesta el señor senador convocante –parece que se olvida de que fueron el Gobierno– y nos pasa, como un ejemplo, el del Socat.

Le voy a decir algo, señora presidenta, de los Socat. ¿Sabe qué esquina fue considerada, a partir del 2012, como una de las más peligrosas? Hipólito Yrigoyen e Iguá, en Malvín Norte, mi barrio. ¿Sabe dónde estaba el Socat? En Iguá e Hipólito Yrigoyen. ¿Sabe las políticas que realizaban de restablecimiento, de trabajo con los vecinos? Cero, ninguna. No me quiero explayar hablando a qué se dedicaban allí, porque realmente era un centro político-partidario; doy fe de ello y tengo pruebas porque tengo fotos.

Entonces, ¡no nos hablen del cierre de estos organismos!

Esto nos pasa con otros ejemplos. Hablando de los problemas de las cárceles y de las condiciones infrahumanas que se están padeciendo –que no desconocemos, ¡no desconocemos!, porque nosotros, durante el período de diputación, visitamos todas las cárceles y denunciamos esas situaciones–, no podemos olvidarnos de aquellos privados de libertad que murieron quemados en Rocha. ¡Parece que nos olvidamos de todo porque tenemos una memoria muy muy frágil!

¡No podemos olvidarnos tampoco de la fuga del delincuente internacional Rocco Morabito, una vergüenza internacional para todos nosotros!

Por otro lado, el señor senador convocante reclama determinadas condiciones para los privados de libertad; lo hace con total derecho y nosotros lo compartimos, pero cuando el señor ministro habla de los avances, molesta. ¿Saben lo que les molesta? Que tengan cama, porque dicen que los privados de libertad se sienten seguros durmiendo amontonados, como lo hicieron durante años. ¡Eso realmente es vergonzoso! A mí esto me da vergüenza –es la verdad–, y creo que es como para pedir disculpas.

También les voy a decir que muchos de esos jóvenes –porque hay muchos jóvenes que están privados de libertad– son producto de un relato impuesto de que la sociedad les dio la espalda, ¿pero saben una cosa? No se los obligaba a estudiar. Si no iban a la escuela, decían: «Bueno, están en su derecho, no importa». Si robaban los championes o una campera a un compañerito, decían: «¡Y bueno! ¡Qué le vamos a hacer! ¿Para qué el papá le compra campera y championes?».

Lo más triste es que se instaló ese relato y yo estoy sumamente indignada –¡muy indignada!– por lo que ha manifestado el exsubsecretario Jorge Vázquez, en el sentido de que aquel que puede tener algo incita o lleva al delito, como que los pobres son todos delincuentes. ¡Eso realmente es una vergüenza! Tengo una indignación, señora presidenta, que realmente no sé cómo manifestarla, porque quienes se han rasgado las vestiduras hablando de los pobres, hoy instalan el relato de que los pobres son todos delincuentes.

Sí puedo decir que en estos años los vecinos de los barrios de la periferia fueron estigmatizados como habitantes de zonas rojas por el Gobierno anterior y no entraba la policía y tampoco lo hacían los servicios esenciales. Gracias a la LUC –que la ciudadanía consideró que era necesaria–, hoy los derechos de los ciudadanos están protegidos. Aquellos que viven en las zonas menos favorecidas y que no pueden pagar para tener una garita con personal de seguridad o que no pueden poner una cámara para que vigile su seguridad, hoy tienen al policía; hoy pueden llamar y saber que el policía va a entrar en su barrio y que no existen barrios privilegiados. Nosotros no aplicamos algunos derechos para ricos y otros para pobres.

Señora presidenta: difícil es tomar la posta de quien se embanderó con la seguridad pública, como lo hizo el exministro Jorge Larrañaga, que dejó su vida en ello.

(Suena el timbre indicador del tiempo).

‒Pero el ministro Heber ha conquistado, como su predecesor, a la fuerza del orden, entendiendo el espíritu del cuerpo y, más aún, comprendiendo que había que desterrar la percepción política de quince años según la cual los delincuentes jóvenes eran «pajarillos», «colibríes», «las víctimas de todo el sistema». Quince años es una generación en la que nacieron y se criaron delincuentes, y nos duele. Nos revelamos y lo condenamos. Se trata de nuestros jóvenes, de nuestros hombres, de nuestras mujeres, a los que vimos nacer.

Hay un compromiso de gobierno. Quiero manifestar nuestro total apoyo al señor ministro y al cuerpo que está al frente de la seguridad de todos nosotros y que nos ha brindado…

SEÑORA PRESIDENTA.- Muchas gracias, senadora.

SEÑORA RODRÍGUEZ.- … algo a lo que no estábamos acostumbrados.

SEÑOR MAHÍA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MAHÍA.- Señora presidenta: en primer lugar, quiero hacer algunos comentarios generales.

A veces, cuando se recurre a los mecanismos legislativos, sucede lo siguiente. Una de las funciones principales de la oposición tiene que ver con el control parlamentario y creo que hay que asumir con naturalidad lo que en una democracia es el rol de los partidos y el rol de la oposición. Por eso me parece muy fuera de lugar cuando se instala el discurso de los palos en la rueda. En este caso, la coalición tiene la mayoría parlamentaria…

(Dialogados).

‒Decía que el discurso relativo a «déjennos gobernar», a los «palos en la rueda», se supone que tiene que ver, no con los discursos públicos, sino con las acciones parlamentarias, es decir, cuántas veces y de qué manera se recurre a ellas. Me tomé el trabajo de buscar ‒a través de los servicios de Información Legislativa del Palacio Legislativo, que están a disposición de todos‒ cuál fue el criterio y cómo se utilizaron estos institutos –el llamado a una comisión, el llamado a una comisión general o a una interpelación–, que son los mecanismos que tenemos en el Parlamento para que se rindan cuentas. Esos son los mecanismos, no otros. Además, sé que cada vez que viene el Poder Ejecutivo a una comisión ‒como pasó ayer en la Comisión de Educación y Cultura‒ o al pleno ‒como hoy en el Senado‒, eso supone cierta preparación, cierto tiempo para exponer la política pública, que es lo que va a ser requerido por parte de la oposición.

Voy a exponer un comparativo, porque me tomé el trabajo de hacerlo. En la legislatura que se inició en 2005, cuando comenzó el Gobierno el Frente Amplio, se realizaron setenta y tres llamados a ministros en esos cinco años; esto nos da un ministro o una ministra cada cinco días en el Parlamento uruguayo. Imaginen cuál sería la situación si este Gobierno debiera tener cada cinco días a un ministro o a una ministra de alguna cartera acá. ¡Cada cinco días! Esos fueron el tono y el tenor de la oposición de entonces. Lo digo para comparar.

En 2020 ‒para tomar el comienzo de este Gobierno, después se pueden proyectar 2021 y lo que va de 2022‒ se realizaron en total doce llamados a ministros. Esto es, promedialmente, uno por mes, para tomar las cifras objetivas, reales. Es decir, frente a una oposición que cada cinco días traía a un ministro acá a dar explicaciones, esta oposición está llamándolo cada un mes. Digo esto para comparar: si algunas cosas son palos en la rueda, llamar a un ministro cada cinco días serían troncos en la rueda. Se hacía así, sistemáticamente. Si quieren esta información, está disponible, ministro por ministro, cartera por cartera, semana a semana; cada cinco días se procedía así.

Por eso hay una especie de doble discurso: cuando soy Gobierno y me traen cada un mes, es un palo en la rueda; ahora, cuando soy oposición, si te llamo cada cinco días, está todo bien. Esto es un criterio objetivo, tengo los datos y puedo compartirlos con todos los legisladores.

La segunda cuestión es que me gustaría que esto hubiese sido una oportunidad, como se dijo en sala, no de mirar solo los quince años hacia atrás –hacia un lado o hacia otro lo hemos hecho–, sino quince años hacia adelante. Es difícil no pararse desde el lado que uno ocupa –en este caso una banca en el Senado– e intentar pararse mínimamente un rato del lado del vecino al que le toca transcurrir por un hecho de violencia en su barrio, en su esquina o donde fuera. La sensación que nos queda es que cuando estamos acá lo que más hacemos es pasarnos cuentas y no podemos proyectar hacia adelante políticas públicas. ¿Por qué? Porque es notorio que, como se dijo –y lo dijo muy bien el miembro convocante; no es interpelante, sino convocante–, no hay soluciones mágicas.

Cuando el miembro convocante hizo las citas de varios actores políticos, que hoy están en el Gobierno y antes estaban en la oposición señalando determinadas cuestiones en materia de seguridad, nos quedó tan claro como el agua a todos que no era tan fácil, que no era solo hablar de una política pública. Por supuesto, asumimos autocríticamente que tuvimos dificultades y que, sin duda, la ciudadanía cuando se pronunció tuvo en cuenta la valoración de nuestra propia actuación en esta materia, entre otros elementos. Pero claro, señalar comportamientos siempre es mucho más fácil que trabajar con la realidad. Como decía el general Seregni –y me gusta mucho citarlo– «los porfiados hechos»; estos porfiados hechos determinan que lo que fuiste señalando durante tanto tiempo hoy es lo que tenés que administrar y discursivamente no alcanza con señalarle responsabilidad a la Administración pasada por las acciones u omisiones de lo que hago hoy. No alcanza porque no convence a nadie que para resolver lo de hoy haya que asumir cuestiones de Administraciones anteriores.

Y agrego –acá tomo algunas de las intervenciones, en este caso del senador Oscar Andrade, pero otros lo han hecho durante mucho tiempo– que estamos convencidos de que hubo un impacto muy fuerte de la pandemia en muchos planos: en el económico, en la crisis social que se vive, pero también en torno a la seguridad. Cuando hay menos circulación y menos movilidad hay una línea directa, y eso está demostrado por hechos fácticos. Sin duda alguna hubo una relación de aumento creciente de los problemas de seguridad con el aumento creciente de la movilidad cuando aflojó la pandemia; por lo menos esos son los efectos que estamos viendo hoy. Ese es nuestro punto de vista y creemos que está absolutamente demostrado por los hechos.

Ahora quiero agregar algún elemento. Hace un rato se dijo –y la verdad es que no salgo de mi asombro– que el tema del narcotráfico, que quizá tenga que ver con algunas adicciones duras, como puede ser el impacto que en Argentina tuvo el paco –acá, pasta base–, comenzó hace quince años. La verdad es que no salgo de mi asombro con esa afirmación. Los estudios que hizo la Cámara de Representantes en su momento sobre adicciones –sobre los que hubo unanimidad– ubican el momento preciso, la época precisa, cuando, por las condiciones económicas y sociales, el Uruguay comenzó ese camino. Estamos hablando de los primeros años del 2000 y no lo atribuyo –lo quiero decir con todas las letras– a una administración de gobierno, sino a una cantidad de factores económicos, sociales, culturales que comenzaron en esa época y están registrados científicamente. Decir que esto es una cuestión que empezó hace quince años, por lo bajo –reitero, por lo bajo–, es falsear la realidad. Por ese camino no vamos a ningún lado, como tampoco lo hacemos con aquello de cuánta confianza se le tiene a la policía; por lo menos, desde la bancada del Frente Amplio, eso no ha estado en ningún momento en cuestión.

Uno de los temas en los que hemos puesto énfasis –y se ha reconocido en sala– es el esfuerzo presupuestal para mejorar los salarios de la policía. Además, la señora senadora Kechichian mencionaba el efecto de haber permitido y habilitado que hubiese un sindicato policial; incluso, hace unos días fuimos a la inauguración de su sede en Las Piedras. Hoy pueden tener sede, pueden tener una agrupación muy importante que adhiere porque hubo una Administración que habilitó que hubiese un sindicato de policías, si no, no lo habría. No había pasado antes; quizá podría pasar después, pero antes, no. En eso hay oportunidades.

Estamos en los primeros días de junio y esperamos –seguramente la policía uruguaya lo hace con más ansiedad aún– que en el mensaje presupuestal la parte de la confianza en la policía se vea también reflejada –no digo que sea el único plano– en los ingresos de los policías. Nos parece fantástico todo el respaldo que se puede brindar desde el punto de vista moral y de la concepción general, pero estos trabajadores también están esperando que efectivamente dejen de perder salario y comience una recuperación que, en esta oportunidad –el 30 de junio, en unos días–, vamos a ver si es o no real.

Para finalizar, quiero decir que se mencionó la existencia o no de un plan. Con la capacidad de hipercomunicación que le reconozco a este Gobierno, que logra instalarse con mucha efectividad en todas las pantallas, en todas las radios y uno puede acceder fácilmente a la comunicación del Gobierno cuantas veces quiera, es raro que no se haya puesto en escena pública un plan que se pueda repartir acá –aunque sea fotocopiado– y todos podamos saber en qué estamos de acuerdo, en qué no, qué está bien y qué está mal. Eso no quiere decir que no se haya hecho nada; no digo eso. Me refiero a que hasta ahora, en un Gobierno del que se pueden decir muchas cosas, pero no que carezca de capacidad de comunicación –porque la tiene y muy bien desarrollada–, esto no figura en ningún lugar.

No se trata de hacer afirmaciones tajantes porque este es un llamado en régimen de comisión general, que no tiene una consecuencia política directa sobre quien es convocado, sino que es, más que nada, una invitación a la reflexión, al debate y a las conclusiones. En este sentido, tal vez podamos utilizar los gerundios que suele utilizar el Gobierno –muy generoso en ese aspecto– a la hora de comunicarse. Nosotros vemos que en esta etapa, en función de los objetivos en materia de seguridad, las herramientas que se están desarrollando están fracasando con respecto a sus objetivos. Lo digo en esos términos para ubicarlo, no para decir que en la mitad del Gobierno esto es una cosa laudada. ¿Por qué? Porque aspiramos a que, hacia adelante, se puedan corregir algunos aspectos, se puedan mejorar cuestiones de gestión y se puedan desarrollar mejor las cosas para el beneficio de la gente.

Quiero hacer un apunte final para no excederme en el tiempo que se nos ha asignado en esta intervención.

Se ha mencionado el femicidio como uno de los temas centrales y celebro que haya sido incluido como una definición en el Senado por la gran mayoría de los señores senadores, porque estuvo en discusión hasta la tipificación como tal. Me voy a poner en primer lugar porque fui de aquellos que empezó a comprender, a partir de la militancia –sobre todo de mujeres–, que había una realidad que la legislación tenía que tipificar en específico en la materia. Eso, que tuvo el acuerdo y la votación general de todos los partidos, fue una construcción colectiva cultural que, por suerte, aprehendimos –dicho con hache en el medio– y hoy es parte de la definición de una política pública que debe quedar clara para que la sociedad en su conjunto vea una de las caras más dramáticas de la seguridad.

Gracias, señora presidenta.

SEÑOR DOMENECH.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DOMENECH.- Gracias, señora presidenta.

A esta altura del día –por no decir de la noche–, es poco lo original que se puede decir y me siento muy representado por las palabras de los señores senadores Manini Ríos y Lozano.

De todas formas, quiero agregar que la Ley n.º 19483, en su artículo 13, establece que «Fijar, diseñar y ejecutar la política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas» y «Dirigir la investigación de crímenes, delitos y faltas» es responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

Hoy la Fiscalía General de la Nación no está presente. Creemos que la ley no se cumple, que es un caso más de bizantinismo donde la legislación está disociada de la realidad política y práctica. Esta situación me hace recordar aquel consejo de don Quijote a Sancho Panza, a quien había investido como gobernador de la ínsula Barataria, que decía: «No hagas muchas pragmáticas; y si las hicieres, procura que sean buenas, y, sobre todo, que se guarden y cumplan».

Tenemos un juicio muy crítico sobre la creación de la Fiscalía General de la Nación y fundadas dudas sobre la constitucionalidad de muchas de sus normas, juicio que, como es obvio, no es exclusivamente mío, sino también de distinguidos especialistas. Y quiero resaltar que el citado artículo 13 no se cumple en absoluto.

Ha hecho muy bien el señor senador Rubio en convocar a esta instancia. Creo que, justamente, el Senado de la república y el Parlamento están para discutir estos temas.

Es ingrata la posición del ministro que tiene que concurrir a dar explicaciones de su política y, a veces, hasta soportar alguna cosa que uno entiende es una falta de respeto.

De todas maneras, aplaudo que se haya convocado por este asunto porque, en realidad, lo que en el fondo estamos enjuiciando es el tema de la violencia. ¿Esta tiene relación con la pobreza? Puede ser que la tenga, pero quiero resaltar que, por ejemplo, en el día de ayer en un matutino se señalaba que este año en los Estados Unidos ha habido 7584 personas muertas por disparo de armas de fuego y 14.166 personas heridas por disparos.

Por su parte, Suecia, país donde reina un estado de bienestar casi absoluto, es el país de Europa con más muertos por disparos de armas de fuego.

Dinamarca, del que diría que es uno de los países escandinavos insignia, cuenta con un registro de más de cinco mil violaciones anuales.

Por lo tanto, el problema de la violencia es algo de lo que Uruguay no escapa, y así ha sido en toda su historia. Recuerdo que una de las lecturas más apasionantes que he tenido es La tierra purpúrea, de Guillermo Hudson, que relata la historia de un argentino, hijo de estadounidenses, que viene al Uruguay luego de la Guerra Grande y se encuentra con el país más violento que pudo imaginar. Sin embargo, luego termina siendo cautivado por el Uruguay.

Vivimos esos años de plomo de las décadas de los sesenta y setenta que no les deseamos a las futuras generaciones de uruguayos volver a vivir.

Yo no puedo asociar directamente la pobreza con la criminalidad. Asociaría la violencia con la educación y, en ese sentido, entiendo que estamos en un enorme déficit, en un país donde según destacados docentes que pertenecen a la oposición, hay un 30 % de educandos de la enseñanza media que son analfabetos funcionales y donde solo un 40 % de los estudiantes culmina la educación media. Ahí tenemos un factor engendrador de violencia al que no le hemos prestado la debida atención.

Justamente, creo que es a través de la educación que tenemos que afrontar el tema de la violencia. Lamento que no haya surgido, como surgió a principios del siglo XX, un José Enrique Rodó que frente a la notoria decadencia de la civilización hispanoamericana y el empuje del utilitarismo anglosajón llamó al espíritu de los jóvenes a rebelarse contra esa situación.

Creo que los altos índices de homicidios que vive el país desde hace muchísimos años, que disminuyeron sensiblemente durante los dos primeros años de gobierno y que ahora parecen tener una especie de empuje, no podemos juzgarlos en el día de hoy porque es muy breve el lapso que ha transcurrido para poder emitir un diagnóstico definitivo. Ahora bien, el problema de los homicidios se decide en el combate al narcotráfico, pero también en una mejora sensible de nuestra educación y, particularmente, de nuestra educación pública. A eso apuesto yo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑOR SABINI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR SABINI.- Gracias, señora presidenta.

A esta altura es difícil traer nuevos elementos.

Estoy tentado de ingresar en una discusión sobre la utilidad que tiene para nuestro país la lucha contra el narcotráfico, porque, como decía el señor senador Caggiani, Estados mucho más poderosos que el nuestro han utilizado muchísimos más recursos que nosotros e incluso generaron dispositivos militares para combatir el narcotráfico y también fracasaron.

Además, estoy convencido de que el origen de la violencia –a lo que hacía referencia el señor senador Domenech– no está únicamente en la desvinculación del sistema educativo, sino que hay otro montón de violencias que tienen que ver con desigualdades en nuestra sociedad en relación con el acceso a la salud, a la vivienda digna, a la educación, con la integración familiar, con el acceso a los servicios públicos y a los espacios públicos. Me estoy refiriendo específicamente a uno de los temas que tenemos en consideración, que es el de la convivencia. Ahora bien, sería muy injusto que todo el peso de la convivencia recayera en el ministro o en el Ministerio del Interior. En ese sentido, hay muchísimas políticas públicas que se implementan, que tienen que ver con cómo acompañamos para mejorar esa convivencia y que luego tendrán como consecuencia la reducción de los hurtos, de los asesinatos y de todos los delitos en la sociedad.

Dicho esto, quisiera traer a sala una situación a la que el señor ministro hizo referencia y en la que me gustaría que se explayara un poco más, si fuera posible. Se trata de una situación que ha venido creciendo, particularmente en los últimos tres meses. El presidente del Codicén decía que es un tema que ha venido creciendo exponencialmente desde el 2015. En lo personal, nunca me tocó vivir una situación de este tipo, pero si uno analiza lo que está pasando realmente se encuentra con que algo distinto está ocurriendo. No busco responsabilizar a nadie, pero sí quiero saber qué se piensa hacer con esa situación.

Fíjense lo siguiente. El 24 de marzo de este año hubo una pelea entre estudiantes en la UTU de Solymar que terminó con uno de ellos acuchillado.

El 1.° de marzo, vecinos denunciaron violencia, robos y agresiones de parte de personas ajenas a la institución liceal en las inmediaciones de uno de los liceos de Piedras Blancas.

El 9 de mayo de este año, personas ajenas al Liceo n.° 30 de Montevideo saltaron su muro y robaron celulares a los estudiantes que estaban dentro.

El 12 de mayo, en el Liceo n.° 2 de Canelones, que es relativamente nuevo, se generó una pelea, una trifulca, en la que intervino la policía y habilitó una especie de salida para los estudiantes que allí estaban.

Ni que hablar de la situación en Delta del Tigre, donde se produjo una balacera en las afueras del liceo. Luego hubo una movilización de parte de los estudiantes y sus familias, que vinieron a Montevideo y, según sabemos, se realizaron reuniones.

Asimismo, una bala perdida terminó incrustada, por suerte, en el banco de una niña en la Escuela n.° 92 del Barrio Lavalleja. Digo «por suerte», porque podría haber ocurrido una tragedia y no sucedió.

El mismo día, en Puntas de Manga, hubo una persecución y un tiroteo, justamente a la hora en la que hay más niños: cuando entran y salen de la escuela.

Recientemente, en el Liceo n.º 1 de La Paz, se está viviendo una situación bastante complicada con un grupo de delincuentes que ingresan, amenazan a los estudiantes, a los docentes, y hacen grafitis de todo tipo.

Hay miedo en la comunidad y creo que es la única forma de decirlo.

En el día de hoy salió una nota publicada en algunos medios de prensa relatando justamente lo que mencioné al principio en cuanto a lo sucedido en las puertas de la UTU de Solymar, en donde hubo un hecho de violencia y, además, se dispararon tiros al aire. Está el video por ahí; lo pueden buscar.

Podría continuar. Me imagino que las autoridades del ministerio conocen estas situaciones.

Por ejemplo, en el día de ayer cuando estaba en mi casa me llegó un mensaje de la directora de un liceo de Las Piedras –claramente no iba dirigido a mí, sino a los estudiantes– que decía: «Tengan cuidado; hay un auto afuera». En el mensaje también se recomendaba a los padres qué hacer en esa situación. Asimismo, algunas direcciones liceales recomiendan a los chiquilines no ir a determinado lugar, particularmente en la zona del Prado. Conozco bastante bien esa zona porque de adolescente la trillaba bastante.

Todas estas situaciones tienen un hilo en común, que es la violencia, pero en este caso asociada a los centros educativos.

A su vez, se han dado situaciones de violencia de agentes policiales interviniendo. Creo que es preciso realizar una revisión del protocolo de actuación policial, en particular, en los centros de estudio. Lo menciono porque está en la prensa; sinceramente, no sabía que existía un protocolo de ese tipo.

En definitiva, se trata de poner sobre la mesa este tema. Hoy nos hemos explayado muchísimo sobre los homicidios. Nos llaman la atención algunas cosas, algunas afirmaciones, si se quiere, sobre los números que establecen un aumento en las muertes dudosas. Ya lo hemos expresado.

Me parece que no podemos perder la oportunidad de tener aquí al ministro y no preguntarle, concretamente, qué es lo que se piensa hacer, en lo que respecta a la ANEP, que destina muchísimos recursos. Ni siquiera estamos hablando de los robos a los centros educativos en verano, pero le podría contar que mi compañera es maestra y robaron las cortinas de su salón, por lo que en su lugar hay unos papeles pegados porque no hay plata. Se trata de un jardín en un barrio en el que los padres no tienen plata para comprar las cortinas. Ese jardín es robado todos los años, como muchos otros, al igual que otras escuelas. No es una situación que únicamente competa al ministerio, pero sabemos que la ANEP destina muchos recursos. Como el señor ministro mencionó este tema, lo que queremos, en definitiva, es una respuesta en cuanto a cómo se piensa abordar la situación. No soy una persona alarmista, para nada, pero si seguimos la cronología de lo que está pasando, no quiero que tengamos que lamentar una tragedia en ningún centro educativo; y si en algún lugar está presente el Estado, es en los centros educativos. Por lo tanto, creo que es responsabilidad del Estado asegurar la seguridad de los estudiantes, de los docentes y de los cuerpos directivos en estas instituciones.

Si el ministro nos pudiera dispensar alguna explicación en este sentido, se lo agradeceríamos mucho.

Es cuanto quería manifestar.

Muchas gracias.

SEÑORA SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA SANGUINETTI.- Señora presidenta: antes que nada agradezco al ministro, al subsecretario y a toda la delegación por su comparecencia en el día de hoy pero, sobre todo, por su tiempo y su compromiso en una tarea que sabemos que involucra en cuerpo y alma, porque hoy tanto en la sesión pública como en la secreta vimos la complejidad del trabajo que se realiza y sabemos la afectación que tiene eso a nivel de las vidas, de los fines de semana, de las familias y demás.

Me gustaría empezar retomando el espíritu de algunos senadores de apelar a la sinceridad y a mirarnos a los ojos. Se habló hoy en la sesión de la realidad carcelaria. A mí me tocó visitar el ex-Comcar iniciada la gestión de este Gobierno y creo que cualquiera que haya visitado nuestras cárceles en esa época sabe que, si vamos a hablar de mirarnos a los ojos y sincerarnos, tenemos mucho para decir en ese sentido.

Llevamos más de ocho horas en este debate, en este llamado en régimen de comisión general, en el que hablamos una y otra vez del tema de la violencia. Vinimos a hablar de los homicidios, pero si pensamos en las rapiñas, en la violencia doméstica, todos estos delitos están vinculados, de alguna manera, a la violencia. Sin embargo, en casi todas estas horas de debate no se habló del origen de la violencia. Se hizo alguna vinculación por algún legislador preopinante sobre su relación con la educación.

Señora presidenta: usted sabe que soy de las senadoras muy respetuosas de los saberes y de las experiencias; no opino con facilidad sobre los temas, pero si hay uno donde me siento cómoda interviniendo tiene que ver con la infancia y las adolescencias. Hoy tenemos suficiente evidencia científica que muestra que la raíz de la violencia tiene que ver con el maltrato que sufre una persona en su infancia y más concretamente en su primera infancia. Un niño que es violentado, maltratado, sufre una activación crónica de la amígdala, y esto afecta la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que pasa con estos niños cuando devienen en adultos? Muchos de los mecanismos que nosotros tenemos naturalizados a ellos no se les da de forma natural; por ejemplo, el control de los impulsos. Vaya si en todos estos delitos de los que estuvimos conversando hoy, tendrá que ver el control de los impulsos. Un adulto violento seguramente fue un niño maltratado. ¿Por qué? Porque la violencia es un fenómeno esencialmente vincular. Por eso, considero que el foco en la primera infancia no solamente es necesario, sino que es imprescindible.

No quería que terminara esta sesión sin hacer referencia a esta cuestión.

Muchas gracias, señora presidenta.

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 7 de junio de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 8 de junio de 2022.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Enrique Rubio. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Adriana Barros y Eduardo Brenta han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Humberto Castro, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 7 de junio de 2022

Señora presidenta de la Cámara de Senadores

Beatriz Argimón

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia, al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, el día 8 de junio de 2022.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Silvia Nane. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Queda convocado el señor Uruguay Russi, quien ya ha prestado la promesa de estilo.

10) LLAMADO A SALA AL MINISTRO DEL INTERIOR, SEÑOR LUIS ALBERTO HEBER

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la consideración del tema que motiva esta convocatoria.

SEÑOR BOTANA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Gracias, señora presidenta.

El señor senador Gandini es un hombre inteligente, dedicado, que sabe leer lo que va a suceder, y su juicio fue el más exacto que podríamos haber tenido hoy acá.

Este llamado a sala en régimen de comisión general terminó en el momento en que empezamos a hablar de los ajenos al Ministerio del Interior. Debimos haber terminado después de la clarísima exposición del señor ministro; de la respetable, solvente, amplia y clara exposición del director de la Brigada Antidrogas; de las exposiciones del jefe de Policía de Montevideo y del director de la Policía Nacional, y de la información brindada en secreto, en confianza y con toda la transparencia que hace a la seriedad del Senado.

El Frente Amplio dijo haber venido a dialogar. El diálogo, para mí, es aporte de información, es escucharse y discutir criterios. ¡Eso es diálogo! Bien sabemos que esto no es dialogar y que anda bastante lejos de parecerlo, siquiera. Se ve que tenemos una concepción diferente de lo que significa dialogar. Para nosotros es construir en conjunto y estamos dispuestos a hacerlo en todos los campos.

Sin embargo, el Frente Amplio vino a instalar un eslogan; vino a decir que el Gobierno no tiene una política de seguridad; quiso instalar la idea de que el ministerio no tiene rumbo. ¡Por supuesto que el ministerio tiene rumbo! Pero para tener rumbo exitoso, ya bastaría con una sola cosa: con no seguir el rumbo que se siguió en los quince años que pasaron.

El Frente Amplio vino a mezclarlo todo para ver si puede disimular hacia el futuro lo que ha sido, sin lugar a dudas, su punto más débil. Tuvo bastantes puntos flacos en su gestión, pero perdió la elección por dos cosas: por la baja del empleo y por la inseguridad pública. Ahora quiere mezclarlo todo y hacer que parezca que todo fuera lo mismo. La idea es enredar para arriba y para abajo, lo que termina sin consecuencias positivas para nadie. Lo único que hemos visto aquí es el permanente rechazo que tienen a la policía, la aversión absoluta que ha llegado al extremo de no reconocer su capacidad para elaborar un plan, para aplicar la inteligencia. Esa es la realidad. Eso es lo que hemos visto. Ya lo conocíamos, porque lo vimos en la LUC. En esa instancia aumentamos la pena al que agraviara a un maestro, a un profesor, a un guarda, a un chofer de ómnibus, al personal de una emergencia móvil, a un médico. Eso lo votamos por unanimidad. Pero cuando fuimos a hacer lo mismo para el policía, la respuesta que nos dieron fue: «No. Para el policía, no». Al policía le desconfían. ¡Guay de que se quede más de cuatro horas con el detenido sin dar cuenta y no aproveche el tiempo –perdiéndose el más precioso instante– para conseguir la información valiosa! Como no confían en el policía, no quieren que se quede ni tres minutos con una persona. ¿La presunción de inocencia? Lo que vemos es esta desconfianza de hoy, el ataque permanente. Entonces ¿cómo que no tienen aversión al policía? Si no la quieren tener y no es su voluntad, corríjanlo de apuro.

¿Hasta ahora cuál es el rumbo que nos han propuesto? Le voy a dar algunos consejos al señor ministro. ¿Usted quiere un rumbo que parece haber resultado sabio? Entonces, cierre la Brigada Antidrogas. Cierre las comisarías rurales. ¿Por qué no desarma las comisarías de los barrios? ¿Por qué no retira de allí al personal y no les saca las funciones? Derogue los mecanismos de la LUC para la protección de la policía. Cierre esta dirección de violencia de género. Ahí tiene un buen camino. Vuelva a ese camino. No se preocupe de agarrar a ningún delincuente, y si lo agarra preocúpese de soltarlo rápido, señor ministro. Esa es la receta. ¿Usted tiene yerno, señor ministro? Si tiene yerno, lo podrá colocar de policía.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tratemos de hablar de aquello de lo que vinimos a hablar, señor senador.

SEÑOR BOTANA.- Le aconsejo las carreras meteóricas, señor ministro.

¿Ese es el camino que están proponiendo? Porque eso fue lo que hicieron. Así fueron los quince años pasados. ¿O dije un solo concepto erróneo en todo esto? ¿Hay una sola cosa que no sea? Parece horrible, y de verdad es horrible, pero lamentablemente es verdad. Así fue.

Se nos hablaba acá del gasto, de la correlación entre el gasto en seguridad y supongo que de la performance de la policía en el período pasado. Se hacía referencia a un 100 % del crecimiento del gasto en términos reales desde que asumió el Gobierno hasta que terminó. El resultado de eso fue el 100 % de crecimiento de los homicidios. Es decir que hay una correlación unitaria. El señor ministro Heber bajó el gasto y bajó los homicidios. Deberemos extraer como verdad, entonces, que esta correlación es unitaria y que una cosa explica la otra, es decir, cuanto más se gasta más suben los homicidios y a medida que se va gastando menos, bajan los homicidios, porque eso dicen los números manejados con la irresponsabilidad con que aquí se manejaron.

Esto se llama gestión. Con mucha menos plata, este Gobierno ha sido mucho más eficiente. Esto se llama confianza en la policía, confianza en su trabajo, respaldo, capacitación, trabajo en conjunto, creer en el policía, creer en que hace las cosas bien y que las va a seguir haciendo bien. De eso tenemos que discutir. No se trata de cuánta plata, sino de cuáles son los resultados y qué explican los buenos resultados. No los explica la pandemia. El senador Coutinho mostró los números en los Estados Unidos. El New York Times nos dice que en la pandemia en los Estados Unidos creció el delito. También creció en la Argentina, donde impusieron la obligatoriedad de quedarse en la casa, el confinamiento obligatorio. Para dar algunos datos, en Estados Unidos creció un 27 %; en Brasil, un 5 %; en Chile, un 28 % –con covid, cuarentena obligatoria y toque de queda por las dudas–; en Ecuador, un 14 %, y en Panamá y Costa Rica también aumentó, pero en Uruguay bajó. ¿No será que eso se llama buena gestión?

Voy a repetir una cosa que aquí bajito me dijo el ministro Heber. Si dicen que es la pandemia y la falta de movilidad lo que explica la baja del delito, ¿entonces por qué denuncian crecimiento del delito? ¿Por qué comparan con esa cifra? O sea que la pandemia explica que en el Uruguay no hubo delito, pero se compara y se dice que creció el delito de forma abrupta. Lo que queda claro acá, señora presidenta, es que aquí no se vino a dialogar ni hay ninguna preocupación por ningún homicidio, por ninguna mala estadística ni por ninguna rapiña. Aquí lo que hay es ganas de hacer política de la liviana, por no usar otro término que aquí se utilizó.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA KECHICHIAN.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA KECHICHIAN.- La verdad es que ya no sé cuántas veces deberemos repetirlo, pero quiero decirlo fuerte, claro y alto: rechazamos enfáticamente que se siga repitiendo que esta fuerza política que está hoy acá dialogando democráticamente no apoya a la policía, le tiene resabios de no sé qué cosa o que no tenemos ninguna sensibilidad por lo que están pasando muchos ciudadanos uruguayos. En nuestro Gobierno llevamos adelante políticas de dignificación de la carrera; de dar a los policías herramientas de sindicalización –que nunca habían tenido–; de tecnificarlos; de mejorarles el salario; de separar los honestos de los deshonestos; de formarlos; de asegurarles la atención en salud; de darles armas, calzado –era vergonzoso ver cómo se presentaban en la calle–, patrulleros, chalecos. Por lo tanto, señora presidenta, no vamos a tolerar que se siga diciendo eso. Ahora bien, el que no quiere oír no lo hace, y contra eso no se puede. No sé para qué vienen a sentarse acá, porque este es un ámbito de diálogo y mínimamente tienen que creer, por acciones concretas, lo que nosotros decimos. Si no quieren creer, podrán seguir repitiendo, hasta la vida perdurable, amén, lo que quieren creer, pero la verdad es una sola.

Muchas gracias.

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Solicito al Cuerpo un cuarto intermedio de veinte minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de veinte minutos.

(Son las 19:07).

(Vueltos a sala).

–Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Son las 19:48).

SEÑOR CAMY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CAMY.- Solicitamos un nuevo cuarto intermedio, esta vez de treinta minutos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por media hora.

(Así se hace. Son las 19:49).

(Vueltos a sala).

–Continúa la sesión.

(Son las 20:26).

–Según lo acordado reglamentariamente, tiene la palabra el miembro convocante, señor senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señora presidenta: yo esperaba que primero tuviera la palabra el señor ministro, porque él estaba respondiendo una serie de preguntas y creo que no había terminado.

SEÑORA PRESIDENTA.- En realidad, corresponde que usted haga uso de la palabra primero porque es el miembro convocante.

SEÑOR RUBIO.- Tiene razón, señora presidenta. Lo que pasa es que, con los cortes, creo que una serie de asuntos quedaron sin concluir.

En primer lugar, considero que esta fue una instancia democrática muy importante. Yo no estoy de acuerdo con que esto debería haber terminado una vez realizada la intervención del señor ministro y la mía. Creo que hubo aportes de otros señores senadores, no solo de los de nuestra bancada, sino de los de la coalición de gobierno, que fueron de mucho interés para este tema.

En segundo lugar, quiero señalar que, con relación a las respuestas a las preguntas formuladas, encontré una respuesta positiva a la necesidad de fortalecer un GACH criminológico con fiscales, jueces, académicos y expertos en general para una problemática tan compleja. No obtuvimos respuesta con relación a las propuestas de Petit; no se dijo si iban a ser tomadas en cuenta o no. Tampoco obtuvimos respuestas sobre un tema que nos importa mucho: la cifra negra del delito. ¿Cómo podemos hacer para aproximarnos a la situación de los ciudadanos que no denuncian, pero que son víctimas de delitos? Solo una encuesta de victimización puede revelarlo, lo que creo que sería de extrema utilidad para el Ministerio del Interior y para el país en general. Sería bueno que se realizara y a mi juicio sería muy positivo que la hiciera un organismo independiente. Quedaron algunas respuestas pendientes. Por ejemplo, tengo interrogantes sobre en qué medida se van a reflejar en la rendición de cuentas los recursos que tengan que ver con esta lucha.

En tercer lugar, con relación al denominado plan –que era la base de la convocatoria–, nosotros nos quedamos con gusto a muy poco. En realidad, lo que se presentó aquí, en la sesión –lo que no puedo describir porque estaría violando los compromisos parlamentarios–, es una descripción de una situación vinculada a una línea de trabajo que tiene que ver con el tráfico de drogas, pero no se planteó el despliegue de un plan del Ministerio del Interior en articulación con otros ministerios que supusiera objetivos, metas, líneas fundamentales, etapas de desarrollo, financiamiento, recursos humanos y materiales, y cosas por el estilo, sin violar la reserva, pero que son constitutivos habitualmente de lo que entendemos como planes en el marco del Estado.

En cuarto término, encontramos que había –y en esto tenemos una diferencia muy importante con el señor ministro– una negación a admitir que se ha producido un incremento de la violencia muy significativo desde mediados del año pasado. Tampoco hubo acuerdo en cuanto a que se produjo una incidencia, a nuestro juicio muy importante, en el amortiguamiento de los episodios de violencia en la etapa anterior –lo presentamos en uno de los gráficos– vinculada con la pandemia. No quería dejar de resaltar este punto porque me parece que es importante.

Después el debate en algunos momentos tuvo características más de campaña política que de examen del tema como tal. De todos modos, en otras oportunidades el Senado se concentrará en lo específico.

En cuanto a las cuestiones tratadas, en realidad, nosotros aludimos a una expresión del actual presidente de la república en la campaña presidencial en la que manifestaba que decir que los homicidios son responsabilidad del narcotráfico era no hacerse cargo, era lavarse las manos. En realidad, traje a colación esta frase porque me pareció una afirmación muy fuerte y fue ratificada por datos que aquí no fueron dados.

En la segunda interpelación de Bordaberry, un dato que manejó acá el senador Andrade –que en esto tiene memoria y un conocimiento documental muy importante– me recordó una frase del entonces ministro Bonomi que viene muy a cuento porque se trata del tema de los ajustes de cuentas. Los ajustes de cuentas, de acuerdo con la última información oficial que tenemos, estarían en el orden del 34 % o un poco más, en la medida en que se disciernan algunas situaciones que pueden estar dudosas. Bonomi en aquel momento afirmaba que el peso que tiene en el total de los homicidios el conflicto entre criminales pasó de un 29 % en 2012 a un 45 % en 2017 y en el primer trimestre de 2018 al 58 %. Quiere decir que hemos tenido situaciones que, de acuerdo con los registros, han sido mucho más importantes que la actual como para explicar los niveles de violencia.

Me parece que este es un dato histórico que deberíamos incorporar porque existe el peligro de la reducción del enfrentamiento a la violencia por parte del Ministerio del Interior y en su acción de lucha contra las bocas de pasta base y la drogadicción en general, sin que haya un desarrollo, en este ámbito, de otras políticas que son complementarias del mismo ministerio y de otros ministerios. En esto también nos quedamos con la sensación de que no hay un desarrollo de políticas que abarquen a varios ministerios, ni recursos asignados, ni coherencia de acciones entre ellos para tratar de que muchos de los miles de personas que están involucradas en lo que podemos llamar la subcultura del delito –por lo menos los más jóvenes– tengan la oportunidad de encontrar rutas de salida para terminar con ese involucramiento que luego culmina en cárcel, en reincidencia y sigue en ese círculo infernal.

Estas son las apreciaciones que quería realizar sobre aquellas cosas puntuales en las que estuvimos de acuerdo y en otras en las que tenemos puntos de vista muy diferentes.

Finalmente, quiero decir que suscribo en su totalidad las palabras de nuestra coordinadora, la señora senadora Kechichian, en el sentido de que tomar como falta de lealtad institucional la discrepancia no solo implica un error de concepto, sino también un problema político que, si no lo encaramos, puede convertirse en grave.

Desde nuestro punto de vista, fuimos sometidos a la discrepancia más virulenta en determinados terrenos –en este y en otros– durante muchos años, pero nunca consideramos que eso afectaba el sistema democrático ni que planteaba problemas de lealtad institucional. Por eso nuestra coordinadora rechazó lo dicho en los términos en que lo hizo.

Es todo lo que quería expresar, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor ministro Luis Alberto Heber.

SEÑOR MINISTRO.- Gracias, señora presidenta.

Voy a tratar de comprimir en estos quince minutos la respuesta a algunas interrogantes que me hicieron a lo largo de la sesión y que merecen ser respondidas, pero, en primera instancia, quisiera conceder una breve interrupción al señor director del Instituto Nacional de Rehabilitación para que hable de los homicidios en cárceles.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Mendoza.

SEÑOR MENDOZA.- Señora presidenta: desde el punto de vista profesional, me corresponde aclarar algo que se ha dicho en la prensa y hoy también en esta sala sobre la cifra récord de personas fallecidas en establecimientos carcelarios en 2020 y 2021. El número correcto es 86, pero dar este número simplemente así, sin explicar cada modalidad, puede dar lugar a confusiones.

Podemos decir que en 2021 lo más importante fue que hubo 21 homicidios, pero si lo comparamos con años anteriores, esta cifra es fría y no refleja la realidad. Entonces tenemos que compararla con la población carcelaria que había en ese año.

En 2015 hubo nueve homicidios, pero con una población de 9840 personas privadas de libertad, lo que significa un 0,09 % del total. En el 2016 hubo dieciséis homicidios, dentro de una población de 10.569, lo que significa un 0,15 %. En el 2017 hubo diecisiete homicidios, en una población de 10.241, lo que significa el 0,17 %. En el 2018 la población era de 10.233 personas y hubo dieciocho homicidios, que es el 0,18 %. En el 2019 hubo veinte homicidios en una población de 11.525. En 2020 hubo diecisiete homicidios en una población de 13.039, que significa el 0,13 %. En 2021 hubo veintiún homicidios en una población de 13.852, que significa un 0,15 %. Si bien creció el número de 2021 en comparación con 2019 –uno más–, estamos hablando de que había dos mil personas más privadas de libertad.

La diferencia que hubo en este caso fue debido a las patologías y por eso la cifra aumentó a 86. Hubo 37 fallecidos por patologías, 4 por covid, 5 por accidentes y 3 que están en investigación judicial, más 16 homicidios. Todo eso suma 86, que es la cifra que comparamos con otros años, pero la diferencia está en las patologías. Esto tiene que ver también con el envejecimiento de la población carcelaria. Por ejemplo, el año pasado –esto suma para llegar a 86– entró al sistema penitenciario una persona de noventa y un años, que a los dos meses falleció. Además, varias personas de avanzada edad entraron al sistema penitenciario y han fallecido.

Respecto a los cuatro casos de fallecimientos con covid-19, vale decir que se hizo un trabajo muy importante con ASSE, la Dirección Nacional de la Sanidad Policial, todos los integrantes del sistema penitenciario y las personas privadas de libertad y a pesar de que se esperaba que hubiera más personas fallecidas, fueron cuatro las personas fallecidas. Este año, entre el 1.° de enero y el 6 de junio, ha habido cinco homicidios en las cárceles, lo que en una población de 14.982 personas significa un 0,03 %. Estos cinco tenemos que compararlos con otros cinco que se produjeron en 2015, pero la diferencia es que, a igual cantidad de muertos, en el 2015 había 9812 reclusos y hoy hay 14.398. Estamos hablando de la misma cantidad de homicidios, pero con casi 4000 personas más.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Gracias, señora presidenta.

Me parece importante que el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana pueda referirse a algunas de las preguntas que hizo el señor senador Sabini respecto a los centros de enseñanza, porque, aunque el tiempo sea escaso, es algo que también nos preocupa.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor González.

SEÑOR GONZÁLEZ.- Señora presidenta: efectivamente, el señor senador Sabini hizo algunas consideraciones de las que todos hemos estado al tanto.

Lo primero que queremos aclarar es que junto con el señor ministro estamos en línea constante con profesores y directoras de los distintos centros educativos. Nos hemos reunido con Ademu, con el Codicén y con enseñanza primaria, secundaria y UTU. La subdirección de la Policía Nacional está trabajando con el encargado de seguridad del Codicén para analizar cada centro educativo. Como bien se dijo, hay una partida importante para seguridad en Montevideo –si no me equivoco, está en el entorno de los $ 96:000.000–, pero en cada hecho que ha sucedido en estos veintiséis meses de nuestra gestión el ministerio ha puesto lo mejor para llevar tranquilidad en el barrio o en la zona donde se ubican las distintas cadenas educativas.

Hay tres cadenas educativas muy importantes en los barrios Marconi y Borro, con personal policial fuera del programa Comunidad Educativa Segura. También hay en la Gruta de Lourdes, en el entorno del Liceo n.° 60, en el barrio 40 Semanas, y ahora también tenemos un operativo especial en la Quinta de Batlle.

El programa Comunidad Educativa Segura comprende unos cincuenta hombres para cubrir 450 centros, y estamos trabajando en coordinación con los maestros y las directoras de las escuelas –que están conectadas con nuestras líneas de celular– para que tengan un nuevo protocolo. Por ejemplo, ayer estábamos terminando el trabajo en el entorno de las 20:00 y a la directora del Liceo n.° 60 le dijeron que habían robado en el liceo. El director de la Policía Nacional mandó un móvil y la acompañó, pero no habían robado nada.

De todos modos, para nosotros la tranquilidad del centro educativo y cada hecho que sucede es importante y medular. Tengan la seguridad de que estamos trabajando para que en los centros educativos y en sus entornos, tanto los gurises como los padres, trabajadores, profesores y maestros tengan la tranquilidad de poder ir y volver a sus casas sin ninguna preocupación. Para eso el ministerio ha estado presente en cada lugar donde ha sucedido algún hecho distinto a la normal tranquilidad de los centros educativos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor ministro.

SEÑOR MINISTRO.- Señora presidenta: pido disculpas porque sé que el tiempo es acotado, pero hay temas en los que necesitamos profundizar. Incluso, vamos a quedar en contacto ya que la preocupación del señor senador me pareció interesante y compartible. De modo que podemos trabajar juntos, en una actitud que resalto como positiva, con el fin de atender el tema desde distintos ángulos.

La señora senadora habló de los femicidios. Quiero informar que en 2019 se produjeron 25; en el 2020, 19; en el 2021, 26; y en lo que va del año, de enero a junio, lamentablemente, llegaron a 9. Siento mucho dar la noticia de que hoy se produjo otro más en Paysandú. Reitero: lamento tener que comentar esto, pero mañana será noticia, y, como nos llegó la información, debemos darla.

En cuanto a las preguntas pendientes del miembro convocante, se planteó si la pandemia no había incidido en las cifras. Nosotros nos oponemos a que se siga discutiendo sobre esto en blanco sobre negro, o sea, a que se diga: «No hay ningún mérito de la policía; todo es por la pandemia» o «No incidió la pandemia y es todo movilización, apoyo moral y político a la policía». Ni una cosa ni la otra. La pandemia incidió. ¡Cómo no va a incidir! Nunca dije que la pandemia no había incidido en la comisión de delitos. Lamentablemente incidió, a tal punto que en algunos meses hubo una autoexclusión, no hubo nada forzado por parte del Gobierno, pero sí hubo gente que se guardó porque estaba preocupada y entonces transitó menos, por lo que tiene que haber incidido. Ahora, la pregunta es cuánto. Si la intención es tratar de sacar méritos a la movilización policial, vamos a empezar a discutir y a enfrentarnos, gratuitamente, señora presidenta. ¿Por qué? Porque la movilización y el dinamismo de la policía han seguido después de la pandemia abatiendo el delito; el delito continuó disminuyendo, en rapiñas, en hurtos y también en homicidios, aunque en algunos meses, como en mayo, lamentablemente, creció. Entonces en función de eso no se puede sacar una conclusión. ¿La pandemia incidió o no incidió? Incidió; ¿quién va a decir que no? ¿En todas las cifras? No; hay una nueva estrategia de movilización de la policía. Hemos dinamizado aún más lo que ya se había creado con el PADO, no nos quedamos uno o dos meses en un barrio determinado donde el delito se corre, tratamos de trabajar en tres barrios al mismo tiempo en un solo día. ¿Quiere decir que estamos denostando lo que se hizo antes? ¡No! Estamos dándole otra versión, otra evolución a lo que se había creado. No está mal eso, no hay que ser estáticos ni enamorarnos de las cosas que estaban funcionando. ¿Era bueno el PADO? Sí, lo era. ¿Estaba muy estático? Para nosotros, sí. Por lo tanto, hemos generado este dinamismo que ha tenido buen resultado.

Con respecto al comisionado parlamentario, estoy en permanente contacto con él. No coincido con todo lo que dice en su informe y tenemos discusiones, pero amables y positivas cuando nos trae propuestas de planes para estar en mejores condiciones. En definitiva, debemos tener recursos, sobre todo cuando se habla de penas alternativas, porque no tengo material humano como para hacer el control correspondiente.

En relación con el GACH carcelario, no es tal; en la LUC hemos generado una comisión de científicos y criminólogos que están trabajando con nosotros y no se limitan únicamente a hablar del tema penitenciario, exceden ese tema. Podemos usar esa comisión –en la que está Trajtenberg, que fue mencionado– porque hemos elegido para integrarla a gente que tuviera reconocimiento a nivel nacional e internacional, a fin de poder escucharlos y aprender.

Una pregunta de la senadora Kechichian fue qué éxito habíamos tenido con el plan que le presenté al presidente. Recién hace quince días que lo estamos instrumentando, de modo que no podemos evaluarlo ahora. Venimos bien, tenemos buenos datos, hay un buen despliegue, un buen trabajo, pero me gustaría tener algo más serio como para decir si es bueno o es malo. No creo que en dos semanas podamos tener los elementos de juicio como para decir que es una maravilla ni que salió mal.

En cuanto a si del 33 % al 48 % implica un aumento, en un período determinado que se considera –que no sé cuál es–, por supuesto que si hay más homicidios no vamos a decir que no hay un aumento; ya dijimos que hubo un aumento en el primer trimestre. Vamos a ver cómo termina este trimestre, pero lo que no podemos hacer es plantear la discusión de este tema por mes o por semana.

En cuanto a la última pregunta, acerca de los datos estadísticos de los homicidios en los últimos cinco meses, podríamos enviar la información a la señora senadora. De los 96 homicidios que se registraron en el trimestre, el 66 % fueron en Montevideo y Canelones; en la mitad de ellos había antecedentes penales y otros tantos –que se lo puedo precisar– no tenían antecedentes, pero sí indagatorias policiales producto de su vinculación.

Para terminar –porque me quedan treinta segundos–, hay dos cosas que quiero señalar.

Ante todo, hay plan; tiene que haber información e inteligencia para que haya plan. Hay información, hay inteligencia y hay plan. El plan excede esto y pongo un titular: en julio vamos a ser presidente pro tempore del Mercosur.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–El tema que queremos plantear en la cumbre –y termino si me dejan estos segundos nomás– es la coordinación de las inteligencias en la región.

Hemos terminado en el caso de Paraguay lo que refería a la colaboración en las fronteras, que son buenas. Ya teníamos una buena colaboración entre las policías de las fronteras, sobre todo con Brasil. Voy a viajar a Brasil; tengo una buena relación con el ministro de Seguridad Pública brasileño y pretendemos tener un ámbito de coordinación de inteligencias en el Mercosur que exceda a Uruguay, para conocer el mapa que presentó muy bien el director de obras, que es por dónde viene.

Voy a ir a Brasilia, voy a ir a Paraguay y también voy a ir a Argentina, para coordinar estas inteligencias, porque me parece que es muy necesario. He tenido contacto con el ministro paraguayo vía virtual, pero es necesario que sea presencial, porque el relacionamiento personal acerca mucho y me tengo fe para poder tener esa amistad que se necesita para poder levantar un teléfono, resolver temas y tener información de vital importancia sobre la penetración de los que introducen la droga. Ese es un tema que no se tocó en la reunión, pero lo quería decir porque esto cierra todo.

Tenemos que salir de Uruguay para poder coordinar las inteligencias y a eso nos abocamos.

Muchas gracias, señora presidenta.

11) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a las 20:53, presidiendo la señora Argimón y estando presentes los señores senadores Andrade, Asiaín, Battle, Bergara, Bianchi, Botana, Caggiani, Camy, Carrera, Coutinho, Da Silva, Della Ventura, Domenech, Gandini, Hunter, Kechichian, Lazo, Mahía, Meléndez, Nane, Niffouri, Penadés, Queijo, Rodríguez, Rubio, Sabini, Sanguinetti y Sartori).

BEATRIZ ARGIMÓN Presidenta

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

José Pedro Montero Secretario

María Alcalde Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.