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N.º 38 - TOMO 573 - 1 DE NOVIEMBRE DE 2017

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

TERCER PERÍODO DE LA XLVIII LEGISLATURA

38.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidente y LA SEÑORA MÓNICA XAVIER Primera vicepresidenta

ACTÚAN EN SECRETARÍA: LOS TITULARES, JOSÉ PEDRO MONTERO Y HEBERT PAGUAS, Y LA PROSECRETARIA, SILVANA CHARLONE

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) y 22) Proyectos presentados

– El señor senador Bianchi presenta un proyecto de ley por el que se modifica el inciso final del numeral 2 del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional n.º 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 15900, de 21 de octubre de 1987, y por la Ley n.º 16195, de 16 de julio de 1991, relacionado con la vigencia de los subsidios en actividades públicas.

• Pasa a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social.

– Varios señores senadores presentan un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18446, de 24 de diciembre de 2008, sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos.

• Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Pedido de informes

– El señor senador Camy solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con la facturación del ente a la Intendencia de San José por concepto de consumos de energía eléctrica.

• Oportunamente fue tramitado.

6) Solicitud de autorización del señor presidente de la república para ausentarse del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas

– Nota del señor presidente, doctor Tabaré Vázquez.

• Concedida.

7), 10) y 20) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por los señores senadores Michelini, Coutinho, Aviaga, Moreira y Lacalle Pou.

– Quedan convocados los señores senadores Alcorta, Gallicchio, Pesce, Asiaín, Beramendi y Argimón.

8) A cuarenta y cinco años de la tragedia de los Andes

– Solicitud del señor senador Mieres para realizar una exposición de treinta minutos sobre el tema, en la sesión ordinaria del miércoles 8 de noviembre del corriente.

• Concedida.

9) Inasistencias anteriores

– Por secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

11) Coriún Aharonián

– Manifestaciones de la señora senadora Xavier.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la familia de Coriún Aharonián y a la colectividad armenia.

12) Daniel Viglietti

– Planteo de la señora senadora Xavier.

• Por moción de la señora senadora, el Senado resuelve ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en homenaje a la memoria de Daniel Viglietti.

13) Ataque al monumento Memorial del Holocausto

– Manifestaciones del señor senador Martínez Huelmo.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Juntas Departamentales, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, al Comité Central Israelita del Uruguay, a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

14) Atentado terrorista en la ciudad de Nueva York

– Manifestaciones del señor senador García.

• Por moción del señor senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Embajada de la República Argentina en Uruguay y, por su intermedio, al Gobierno argentino y a su pueblo.

15), 17), 19), 21) y 23) Partidos Políticos

– Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18485, normas complementarias y concordantes.

• Se aprueba en general y en particular, salvo los artículos desglosados 6.º, 7.º, 9.º, 13 y 18, que se tratarán en la próxima sesión como primer punto del orden del día.

16) Llamado a sala a los señores ministros de Economía y Finanzas; de Industria, Energía y Minería; de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; de Transporte y Obras Públicas, y de Trabajo y Seguridad Social

• Por moción de los señores senadores Delgado, Mieres, Amorín y Bianchi, el Senado resuelve convocarlos, en régimen de comisión general, en fecha a determinar.

18) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

• Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de esta sesión.

24) Partidos Políticos. Minuta de comunicación

– Proyecto de minuta de comunicación por el que se regula su funcionamiento y financiación.

• Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

• Se resuelve el envío al Poder Ejecutivo de la versión taquigráfica de todo lo debatido sobre el tema, junto con la minuta de comunicación.

25) Levantamiento de la sesión

• Por moción del señor senador De León, el Senado resuelve levantar la sesión.

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 30 de octubre de 2017

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 1.º de noviembre, a las 09:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

Orden del día

1.º) Discusión general y particular de un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18485, de 11 de mayo de 2009, sobre Partidos Políticos, normas complementarias y concordantes.

Carp. n.º 865/2017 - rep. n.º 532/17 y anexo I

2.º) Informe de la Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral relacionado con un proyecto de minuta de comunicación sobre normas que regulan el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos.

Carp. n.º 919/2017 - rep. n.º 533/17

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

3.º) por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar los padrones n.os 6177 y 7751, ubicados en el predio con frente a la rambla Costanera Sur de Montevideo, conocido como Predio Mauá, con el fin de construir una terminal fluviomarítima.

Carp. n.º 754/2017 - rep. n.º 493/17

4.º) por el que se aprueba el Acuerdo de cooperación en materia de defensa entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de España, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 26 de marzo de 2015.

Carp. n.º 822/2017 - rep. n.º 513/17

5.º) por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación en materia de defensa, suscrito en la ciudad de Moscú, Federación de Rusia, el 16 de febrero de 2017.

Carp. n.º 843/2017 - rep. n.º 514/17

 Hebert Paguas Secretario - José Pedro Montero Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores senadores Amorín, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bianchi, Bordaberry, Camy, Carámbula, Cardoso, Carrera, De León, Delgado, Gallicchio, Gandini, García (Javier), Garín, Heber, Lacalle Pou, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pesce, Pintado y Tourné. Y a partir de las 13:19, la señora senadora Argimón.

FALTAN: con licencia, los señores senadores Aviaga, Coutinho, Larrañaga y Michelini; y con aviso, la señora senadora Alonso. A partir de las 13:19 se retira con licencia el señor senador Lacalle Pou.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Son las 09:31).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor presidente de la república solicita la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la república, para ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas a partir del día 12 de noviembre del corriente, con motivo de la visita oficial que realizará a Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

por el que se modifican algunas disposiciones del Decreto Ley n.º 15322, de 17 de setiembre de 1982, Sistema de Intermediación Financiera, y de las Leyes n.º 17613, de 27 de diciembre de 2002, sobre Fortalecimiento del Sistema Bancario; n.º 18387, de 23 de octubre de 2008, sobre Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial; y n.º 18401, de 24 de octubre de 2008, Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 01 Uruguay, su plana mayor, tripulación y alumnos aspirantes de la Escuela Naval, a efectos de realizar la Operación Esnal II, entre el 12 y 22 de diciembre de 2017, efectuando escala en el puerto Itajaí, República Federativa del Brasil;

por el que se autoriza la salida del país del buque ROU 04 General Artigas, su plana mayor y tripulación, a efectos de realizar la campaña antártica Operación Antarkos XXXIV, entre el 15 de noviembre de 2017 y el 30 de marzo de 2018, efectuando escala en el puerto de Punta Arenas, República de Chile.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

Por el que se concede una pensión graciable a la señora Vani Hebar Leal Morales.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite copia de una resolución por la que se designa en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología, en el cargo de vicepresidente, al señor Gabriel Ernesto Aintablian Menoni.

–TÉNGASE PRESENTE.

Asimismo, remite los siguientes mensajes:

por el que solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la república y en el artículo 18 de la Ley n.º 18401, de 24 de octubre de 2008, la venia correspondiente a fin de designar en calidad de presidente en el Directorio de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, al economista Daniel Oscar Dominioni Ghiggia.

–HA SIDO REPARTIDO POR DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Por el que solicita, de conformidad con lo establecido por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente para designar en el cargo de fiscal letrado departamental, escalafón N, a la doctora María Lucía Nogueira D’Argento;

por el que solicita, de conformidad con lo establecido por el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Defensa Nacional;

por el que solicita, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 168 de la Constitución de la república, la venia correspondiente para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la república, a fin de acreditar en calidad de representante permanente de la república ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) y la Secretaría del Mercado Común del Sur (Mercosur), a la señora Ana Inés Rocanova Rodríguez.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

Por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

por el que se otorga el grado de mayor en situación de retiro al señor capitán (BFA) Bartolo Alejandro Aguilar Fernández;

por el que se designa Libertad Grizelda Lausarot Guigou el liceo n.º 1 de Ciudad del Plata, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública;

por el que se designa Pedro Benito Solari la escuela n.º 105, departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

por el que se designa Rita Cincunegui de Biassini la escuela rural n.º 33 de Pueblo Biassini, departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

por el que se designa Maestra Ofelia Martínez de Patetta la escuela n.º 154 de Costa Azul, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 19293, de 19 de diciembre de 2014, Código del Proceso Penal;

por el que se declara ciudad la zona del Municipio 18 de Mayo, situada en el departamento de Canelones, y se designa a dicha ciudad 18 de Mayo.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite informe de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, en respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Pablo Mieres, relacionado con los mecanismos de control para las compras de crudo.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR MIERES.

El Ministerio de Educación y Cultura remite informe de la Universidad de la República, en respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Sebastián da Silva el 15 de junio de 2016, relacionado con la adquisición de vehículos oficiales.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR DA SILVA.

El Ministerio del Interior remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor senador Luis Lacalle Pou, relacionado con el Fondo de Tutela Social Policial establecido en el artículo 161 de la Ley n.º 19355, de 19 de diciembre de 2015.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR LACALLE POU.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite respuesta a dos pedidos de informes solicitados por la señora senadora Carol Aviaga, relacionados con la situación de la búsqueda de petróleo en el territorio nacional por la empresa petrolera Schuepbach.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA SEÑORA SENADORA AVIAGA.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se designa Arquitecto Juan Pablo Terra el edificio sede de la Dirección Nacional de Vivienda, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, situado en la ciudad de Montevideo.

–A LA COMISIÓN DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

Asimismo, comunica que ha aprobado un proyecto de ley por el que se transforma una Fiscalía Letrada Nacional en una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad.

–AGRÉGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVESE.

La Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18485, de 11 de mayo de 2009, sobre Partidos Políticos, normas complementarias y concordantes.

Asimismo, eleva informado un proyecto de minuta de comunicación por el que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de una iniciativa por la cual se establezcan normas que regulen el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión eleva informado un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas con la violencia hacia las mujeres basada en género.

–REPÁRTASE E INCLÚYASE EN EL ORDEN DEL DÍA DE UNA PRÓXIMA SESIÓN.

El señor senador Pablo Mieres solicita al Cuerpo autorización para hacer uso de la palabra por treinta minutos en el homenaje a los protagonistas de la tragedia de los Andes. Aprobado para realizarse en la sesión ordinaria del día miércoles 8 de noviembre del corriente.

–SE VA A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Junta Departamental de Flores remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora edila Irle Amir, relacionadas con el proyecto de ley presentado por el señor senador Javier García, por el que se declara de interés para la salud pública la enseñanza curricular, en el sistema educativo nacional de nivel medio y superior, de las técnicas de resucitación cardiopulmonar básica.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA AL SEÑOR SENADOR GARCÍA.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de las siguientes versiones taquigráficas:

de las palabras pronunciadas por el señor edil Jorge Genoud, relacionadas con la votación de la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic;

de las palabras pronunciadas por la señora edila Ana María Silveira relacionadas con la solicitud de audiencia con el intendente por parte de integrantes de la Comisión Social de Viviendas Dos Avenidas.

–TÉNGANSE PRESENTES.

De las palabras pronunciadas por la señora edila Soledad Díaz, relacionadas con la denuncia realizada por un peón rural de Salto.

–OPORTUNAMENTE FUE REMITIDA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Daniel Bianchi presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el inciso final del numeral 2 del literal c) del artículo 35 del llamado Acto Institucional n.º 9, de 23 de octubre de 1979, en la redacción dada por el artículo 5.º de la Ley n.º 15900, de 21 de octubre de 1987, y por la Ley n.º 16195, de 16 de julio de 1991, relacionado con la vigencia de los subsidios en actividades públicas.

–A LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL».

(Texto del proyecto de ley presentado).

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5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «El señor senador Carlos Camy, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la república, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, relacionado con la facturación del ente a la Intendencia de San José por concepto de consumo de energía eléctrica.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes).

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6) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL POR MÁS DE CUARENTA Y OCHO HORAS

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase la nota remitida por el señor presidente de la república, relacionada con la autorización de la que se dio cuenta en los asuntos entrados.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 23 de octubre de 2017

Señora presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

Tengo el honor de dirigirme a la señora presidente a los efectos de solicitar la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la república, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas a partir del 12 de noviembre de 2017, con motivo de la visita oficial que realizaré a la ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos.

Saludo a la señora presidente con mi más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ. Presidente de la república.

Período 2015-2020».

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Se comunica que, al haberse votado la autorización de la salida del país del señor presidente de la república por más de cuarenta y ocho horas, asumirá la presidencia del senado la señora senadora Patricia Ayala; y que, habiendo presentado nota de desistimiento el señor Julio Baráibar, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Ricardo Alcorta, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

8) A CUARENTA Y CINCO AÑOS DE LA TRAGEDIA DE LOS ANDES

SEÑORA PRESIDENTE.- Corresponde votar la autorización solicitada por el señor senador Mieres para hacer uso de la palabra por treinta minutos en el homenaje previsto para la sesión del día 8 de noviembre del corriente.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

9) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑORA PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- En la sesión ordinaria del 18 de octubre no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del día 9 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Cardoso y Tourné.

A la sesión de la Comisión especial para el análisis del estado de situación de la trata de personas en el Uruguay y la generación del correspondiente marco legislativo del 9 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Carámbula y Tourné.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 11 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Amorín y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 11 de octubre faltó con aviso el señor senador Amorín.

A la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del 11 de octubre faltó con aviso el señor senador Coutinho.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del día 12 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Alonso, Mieres y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del día 12 de octubre faltó con aviso el señor senador Mieres.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del día 12 de octubre faltó con aviso la señora senadora Moreira.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 17 de octubre faltó con aviso la señora senadora Aviaga.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 19 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Mieres y Passada.

A la sesión de la Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral del 19 de octubre faltaron con aviso los señores senadores Coutinho y Mieres.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del día 31 de octubre faltó con aviso el señor senador Silveira.

A la sesión de la Subcomisión para el estudio del proyecto de ley de contrato de seguros del 31 de octubre faltó con aviso el señor senador Mieres.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1.º de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo con la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito se me conceda licencia, por motivos personales, el día 1.º de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–19 en 21. Afirmativa.

Se comunica que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 30 de octubre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, para el día miércoles 1.º de noviembre del corriente.

Sin otro particular, saludo a la señora presidenta muy atentamente.

Germán Coutinho. Senador».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores José Amy y Gustavo Cersósimo han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Viviana Pesce, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 30 de octubre de 2017

Presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi consideración:

De acuerdo con la Ley n.º 17827, solicito a usted me conceda licencia los días 1.º, 6, 7 y 8 de noviembre por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Carol Aviaga. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor José Luis Falero ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Asiaín, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Montevideo, 1.º de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito licencia el día martes 7 de noviembre de 2017, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–20 en 21. Afirmativa.

Se comunica que los señores Rafael Paternain, Virginia Cardozo y Federico Preve han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Carmen Beramendi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

11) CORIÚN AHARONIÁN

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra la señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: hace unos días solicité intervenir en esta media hora previa para referirme a Coriún Aharonián, recientemente desaparecido.

Pero quiero adelantar que sobre el final de esta intervención, en reconocimiento de la también reciente partida de Daniel Viglietti, solicitaré que en el día de hoy se realice un minuto de silencio en homenaje a su memoria, y que oportunamente se planifique, en la instancia de coordinación de bancadas, el merecido tributo.

Como decía, solicité recordar en esta sesión a Coriún Aharonián. Si bien no lo conocí personalmente, han sido múltiples las instancias en las cuales pude, por su obra y por su militancia, reconocer y apreciar enormemente a un hombre tan importante en varias disciplinas, como fue Coriún. Autor de obras de cámara, de obras orquestales y piezas de música electroacústica, escribió también artículos, ensayos y libros. Dictó clases en la Universidad de la República y fue director honorario del Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores de Uruguay.

Aharonián llevó una vida prolífica y generosa por donde se la mire. Fue un hombre apasionado por el arte y por la enseñanza; un hombre clave en la escena musical, tanto a nivel local como latinoamericano, y una persona que se hizo querer.

Decía el personaje colombiano Eduardo Herrera –doctor en Endomusicología, egresado de la Universidad de Illinois– que Aharonián fue una de las figuras más importantes de la composición musical erudita, uruguaya y latinoamericana. Dijo, asimismo, que su música buscó entretejer aspectos de ética política, dando particular atención al rol del compositor en la sociedad latinoamericana poscolonial.

Por su parte, un artista de la talla de Jorge Drexler confesó: «Los dos años de taller de composición de canciones que hice con Coriún fueron la experiencia de aprendizaje estético y humano más importante que tuve en mi vida. Ahí aprendí para qué escribía canciones, con qué herramientas lo hacía y desde dónde». Y continúa: «Era un maestro de la paradoja. Siempre desconcertante y sorprendente. Siempre sincero y generoso. También era un ejemplo de ética artística: siempre sistemático, minucioso y respetuoso. Pero sobre todo, era su amor lo que lo desarmaba a uno: sus abrazos eran una entidad en sí misma. […] Ahí quedan sus libros. Ahí quedan sus prodigiosos discoteca –¡qué maravilla!– y archivo, que espero sepamos guardar y, sobre todo, consultar. […] ¡Qué solos nos quedamos!».

Esas fueron las palabras de Jorge Drexler en la despedida al maestro.

Coriún mantenía vivas sus raíces armenias. Fue un activista de la primera línea por la justicia en todo sentido; también para el reconocimiento del Genocidio Armenio, el primero del siglo xx. Recordemos que Uruguay se convirtió en el primer país en reconocerlo, mediante un acto jurídico, como figura de genocidio.

Coriún escribió que el pueblo armenio fue la primera víctima de genocidio en este siglo. Sirve recordarlo, porque los genocidios siguen produciéndose como si tal cosa, y es probable que recordar la barbarie ocurrida ayude a crear algo de conciencia que establezca de algún modo un freno para la que pueda venir.

Al evocar con estas palabras la vida de este gran hombre, me permito citar a Jaime Roos, quien al despedir a Coriún dejó, en su estilo, un mensaje tan justo como sentido: «Adiós, querido amigo y maestro. Nada hubiera sido igual sin tu presencia».

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la familia de Coriún Aharonián y a la colectividad armenia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora senadora.

(Se vota).

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) DANIEL VIGLIETTI

SEÑORA PRESIDENTE.- La señora senadora Xavier había solicitado que, luego de finalizar su exposición, el Senado se pusiera de pie y guardara un minuto de silencio en homenaje a la memoria de Daniel Viglietti, recientemente fallecido.

Se va a votar.

(Se vota).

–23 en 25. Afirmativa.

La Mesa invita a los señores senadores y a la barra a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio.

(Así se hace).

13) ATAQUE AL MONUMENTO MEMORIAL DEL HOLOCAUSTO

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señora presidenta: en momentos en que participábamos de la 137.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria, aquí, en Montevideo, unos desconocidos atacaron con pintadas el monumento Memorial del Holocausto, ubicado en la rambla Presidente Wilson, frente al Club de Golf. Esas pintadas niegan el Holocausto y pretenden atenuar los crímenes diabólicos del nazismo.

Uruguay sancionó oportunamente la Ley n.º 17817, que declaró de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación, verdaderos flagelos, todos estos, de tipo moral y social.

Esa ley fue producto del mejor sentir de nuestro país, pero también el resultado de la incidencia de toda la comunidad internacional expresada en un buen número de convenciones y tratados ratificados por la república.

La propia ley dispone la existencia de una Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, que tiene varios cometidos. El primero de ellos es analizar la realidad nacional en esta materia y, eventualmente, proponer nuevas disposiciones al respecto. Un punto muy importante de la ley es difundir y monitorear la legislación penal que nos hemos dado al respecto, porque en el Código Penal uruguayo el racismo, la xenofobia y la discriminación son considerados delitos contra la paz pública –ese no es un detalle menor en todo este asunto–, tal como se expresa en sus artículos 149 bis y 149 ter.

Con esa medida el Parlamento marcó un rumbo claro y contundente en la custodia de principios fundamentales. Sin duda, en ella hallamos una firme determinación en defensa de los derechos humanos, pero el Parlamento también ha coadyuvado a crear y fortalecer un sistema educativo que concurra en el sentido de promover realmente el pluralismo, el diálogo, la tolerancia y el respeto interreligioso e interétnico.

La propia ley dispone competencias para diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural y religioso, así como a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o discriminatorias, y el pleno respeto a la diversidad.

En estos temas tan sensibles nunca debemos bajar la guardia; ese es el único modo de preservar la paz y de ganar la confianza de nuestros ciudadanos, que tienen que ver a sus parlamentarios unidos y comprometidos en esta lucha por la justicia y la igualdad.

Por otra parte, la Ley n.º 18768 declaró el 27 de enero de cada año como el Día de Recordación de las Víctimas del Holocausto, para honrar la memoria y la dignidad de las víctimas. Además, el articulado de esa ley consideró de interés general la divulgación de la Resolución 60/7 de las Naciones Unidas, relativa a la recordación del Holocausto, que crea un programa que rechaza el negacionismo parcial o total del Holocausto como hecho histórico. Por medio de esa ley, Uruguay ha adoptado y divulgado ese programa, que también censura y condena todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades, basadas en el origen étnico o las creencias religiosas, se den en el lugar que se den.

Sin duda alguna, el aspecto educativo de este asunto es muy importante. Para aquellos que alteran la paz pública, instigando al odio racial –como en el caso de las pintadas–, étnico o religioso, es necesario que se hagan saber, se difundan y se publiciten, por la vía que corresponda, los alcances claros y terminantes que nuestro Código Penal marca sobre estos delitos, a los efectos de dar a conocer la posición de nuestro país y qué castigo deben tener quienes los cometen.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Juntas Departamentales, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, al Comité Central Israelita del Uruguay, a la Presidencia de la Unión Interparlamentaria y a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.

Muchas gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) ATENTADO TERRORISTA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK

SEÑORA PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor senador García.

SEÑOR GARCÍA.- Señora presidenta: en la tarde de ayer hubo otro atentado terrorista, esta vez en la ciudad de Nueva York. Desgraciadamente, esta noticia ya no nos es extraña porque casi todas las semanas nos enteramos de que en alguna parte del mundo se produce un atentado de estas características. La particularidad que tiene el del día de ayer es que, si bien es lejano por la distancia, es muy cercano por el origen de muchas de sus víctimas. Por lo que se sabe hasta el momento, fallecieron cinco ciudadanos argentinos y hay más personas graves, entre ellas, otro argentino.

Por supuesto que todos los atentados –no hace falta mencionarlo– son repudiables pues representan la barbarie quizás en su máxima expresión, o la miseria humana graficada de la peor forma. En este caso, se suma la cercanía de las víctimas de este atentado, pertenecientes a un pueblo, como el argentino, con el que a lo largo de la historia hemos tenido encuentros y desencuentros: encuentros que han sellado nuestra unidad y desencuentros que no han logrado borrar esa hermandad que nos une.

Por lo tanto, señora presidenta, solicito que la versión taquigráfica de esta parte de mi intervención sea remitida a la Embajada de la República Argentina en Uruguay y, por su intermedio, al Gobierno argentino y a su pueblo.

Vinculado con este tema –aunque esto es de resorte interno–, quiero plantear una reflexión en cuanto a que tenemos algunos debes en nuestro trabajo parlamentario, ya que mantenemos dos proyectos de ley relacionados con la necesidad de una legislación antiterrorista: uno remitido por el Poder Ejecutivo y el otro de autoría del senador Lacalle Pou. Esto nos involucra a todos; sabido es que hemos tenido otras prioridades –importantes todas– pero, sin duda, este tema también representa una prioridad, y creo que con la mayor premura deberíamos analizar la necesidad de tratar estas iniciativas, a fin de que el país tenga una legislación antiterrorista. Como todos sabemos, este fenómeno bárbaro no tiene fronteras, y no hace muchos años lo hemos vivido muy de cerca en la República Argentina. Desgraciadamente, nadie puede afirmar que en el futuro –¡Dios quiera que no!– no nos vaya a golpear cerca y, por lo tanto, es importante estar preparados para ello.

Tal como planteé, solicito que la versión taquigráfica de la primera parte de mi intervención tenga el trámite mencionado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor senador.

(Se vota).

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

15) PARTIDOS POLÍTICOS

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado ingresa al orden del día con la consideración del asunto que figura en primer término: «Proyecto de ley por el que se establecen modificaciones a la Ley n.º 18485, de 11 de mayo de 2009, sobre Partidos Políticos, normas complementarias y concordantes. (Carp. n.º 865/2017 - rep. n.º 532/17 y anexo I)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: después de casi un año de trabajo formal y de mucho diálogo informal entre quienes integramos la comisión, se impone en primer lugar realizar algunos reconocimientos y agradecimientos. Entre ellos, a quienes estuvieron en la secretaría de la comisión, señoras Susana Rodríguez y María José Morador; a quienes hoy se desempeñan en ella, señoras Dinorah Amato y Alicia Hackenbruch, y a todos los taquígrafos, a quienes ¡vaya si les dimos trabajo! Porque una comisión en la que distintos partidos traten de ponerse de acuerdo en aspectos fundamentales genera diálogos que a veces son bastante complicados de registrar. Asimismo, quiero destacar especialmente el trabajo del equipo que nos asesoró en forma permanente –no solo a nuestra bancada sino, en muchos momentos, a toda la comisión–, integrado por la doctora Bárbara Zapater, por Alejandra Moreni, y por los doctores Luis Freitas, Gustavo Benítez y Gustavo Rodríguez. Realmente, es un orgullo haber trabajado con estos profesionales, por su nivel, su compromiso y su pasión. Sin que se tome como un acto de sectarismo, quiero destacar que hemos compartido este arduo trabajo con compañeros de lujo, y quiero expresarlo claramente, porque a veces somos muy austeros en el reconocimiento de quienes dan lo mejor de sí para que quienes estamos aquí ofrezcamos a la ciudadanía el mejor producto político, democrático y legal posible.

También quiero agradecer a quienes nos ayudaron en lo personal a iniciar y continuar esta etapa que hoy culmina, y ello lo represento en las personas de los doctores Florencia Ualde y Nicolás Brener, del procurador Daniel González y, por supuesto, de nuestro colaborador personal, el doctor Ernesto César.

La comisión ha podido contar con la participación de distintos invitados, quienes nos han dado su visión y realizado aportes que en gran medida están contemplados en la propuesta que ponemos a consideración del Cuerpo. Por eso, queremos reconocer la participación de la Corte Electoral en pleno, encabezada por su presidente, el doctor José Arocena, y también agradecer la presencia del doctor Daniel Chasquetti, del profesor Óscar Bottinelli, de los doctores Juan Pablo Pío, Rafael Piñeiro y Cecilia Rossel, y del señor Santiago Acuña.

Por último –aunque no menos importante–, quiero resaltar el clima leal, intenso, franco y respetuoso que imprimió cada uno de los integrantes de la comisión al trabajo que hemos llevado a cabo. También destaco la predisposición a encontrar, formal e informalmente, entendimientos que tienen un punto de partida en común: el fortalecimiento de los partidos, su transparencia y, como consecuencia, una democracia fortalecida.

La democracia es una planta delicada que requiere de cuidados permanentes, y si bien la responsabilidad de ese cuidado es de toda la sociedad, son los partidos políticos y el Parlamento –como expresión de la voluntad ciudadana– los que tienen la responsabilidad principal de su fortalecimiento y mejora constante. Si los partidos y el Parlamento se debilitan y descienden en la consideración ciudadana, la democracia se debilita, y si esta se debilita, la que se pone en riesgo es la libertad. Todos somos conscientes de ello y estamos asistiendo –según algunas encuestas publicadas en los últimos días– a un descenso en la consideración de la opinión pública respecto de los partidos políticos. Esto no es bueno para nadie, y es malo para la libertad y para la democracia. Por eso la Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral se propuso elaborar un proyecto de ley que, sin perjuicio de las diferencias, priorizara el consenso en un área de análisis muy delicada como la de la relación entre la política y el dinero.

En los últimos años, Uruguay ha avanzado mucho en la legislación respecto a la financiación de los partidos políticos. Es sobre esos antecedentes que nos basamos para dar un paso más, para avanzar en una nueva etapa en la generación de una democracia cuyo principal soporte y cimiento son los partidos políticos. El Uruguay es una democracia de partidos políticos; no en balde contamos con los dos partidos que están entre los más antiguos del mundo y, a su vez, el partido que hoy está en el Gobierno está cercano al medio siglo de existencia. Por lo tanto, hay una estabilidad de partidos que da al sistema un soporte central para edificar la construcción democrática.

Hemos avanzado con respecto a la legislación de financiación y un poco menos en materia de publicidad electoral. Por esa razón, nos preguntamos colectivamente si no era posible avanzar aún más con mejores mecanismos de control respecto a los dineros que se destinan a las campañas electorales, y si debíamos limitar más los aportes privados y avanzar hacia una financiación predominantemente o hegemónicamente estatal para que el desarrollo de la actividad política –concebida como una actividad de servicio a la sociedad– no dependa de la capacidad que se tenga para recibir apoyos privados o de la capacidad del dinero propio de que se disponga. Esto lo digo para quienes están avanzando en la proclamación de recortes de lo que se considera «beneficios de los partidos» –entre comillas–, pues incluso algunos desearían que los legisladores fueran honorarios, pero lo único que haría eso sería dar espacio a quienes tienen dinero y, por ende, quienes venimos del trabajo –por suerte en este Parlamento hay muchos que venimos de la actividad sindical, y otros, de ser trabajadores simplemente– no tendríamos espacio, si dependiéramos de nuestra capacidad económica, para poder estar aquí.

También nos preguntamos si en un país como el nuestro, con la población que tiene, con distancias comparativamente cortas y con una accesibilidad relativamente adecuada para llegar de un punto a otro, se justifican los desembolsos que todo el sistema de partidos realiza en publicidad electoral, fundamentalmente en televisión.

A su vez, analizamos las mejoras que tendríamos que realizar, de modo tal que la difusión de las ideas no se viera distorsionada por factores diferenciales tales como la capacidad de captar dinero privado o la existencia de tarifas diferenciadas.

Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas, en su calidad de presidente de la Comisión Global sobre Elecciones, Democracia y Seguridad, escribió: «Cada vez existen más pruebas de que la corrupción y las donaciones no reguladas ejercen una influencia indebida en la política y comprometen la integridad de las elecciones. En algunos países, el dinero procedente del crimen organizado se ha infiltrado en la política y ha obtenido el control de los funcionarios electos y las instituciones públicas. Estas amenazas a las políticas democráticas pueden explicar por qué tanta gente en el mundo está perdiendo la confianza en los políticos y en los procesos democráticos. Por ejemplo, estudios recientes han demostrado que más de dos tercios de los estadounidenses tienen menos confianza en el gobierno a causa de la influencia de los grandes donantes». Y más adelante agrega: «Un financiamiento político mal regulado puede reducir la igualdad política, brindar oportunidades al crimen organizado para comprar influencia política y afectar la confianza de la población en las elecciones. […] En efecto, la falta de regulación del funcionamiento político amenaza con socavar la democracia y arrebatarle sus fortalezas características. Todos los ciudadanos del mundo desean que los partidos políticos y los gobiernos representen sus opiniones y respondan a sus necesidades. Sin embargo, con demasiada frecuencia los partidos representan sobre todo los intereses de los donantes que los han financiado en gran medida. Si las grandes empresas y las personas ricas pueden comprar una mayor influencia mediante grandes donaciones a la campaña, es posible que los ciudadanos pierdan la confianza en el proceso político o se vean marginados con respecto a él. Esto se ve agravado por la falta de participación ciudadana en los partidos políticos, lo cual refuerza el alejamiento de la gente con respecto a la política. […] El aumento explosivo de los gastos de las campañas alimenta la percepción de que la riqueza compra influencia política y amenaza la igualdad política. […] En los últimos años hemos observado una mayor penetración del crimen organizado transnacional y de los fondos ilícitos en la política. En América Latina, África Occidental y otros muchos lugares del mundo, el financiamiento electoral opaco y la falta de transparencia y control ofrecen oportunidades para que el crimen organizado influya en los funcionarios electos mediante el financiamiento de sus campañas. Este hecho no solo quebranta la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho, sino que tiene consecuencias negativas en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. […] Para ello se necesitarán una total transparencia y la divulgación de las donaciones, con la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. De igual modo, la supervisión y el cumplimiento de las regulaciones son fundamentales».

Para el secretario general de IDEA Internacional, Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, Yves Leterme, «la función del dinero en la política se puede considerar como la mayor amenaza actual a la democracia en el mundo. Esta amenaza es evidente en todos los continentes; desde las donaciones a las campañas por parte de grandes empresas en los Estados Unidos o la filtración del dinero de la droga en la política en América Latina, hasta los escándalos de corrupción en toda Asia y Europa. Las pruebas demuestran que una gran parte del electorado en todo el mundo tiene la percepción de que los políticos están más preocupados por el dinero que por representar los intereses de los ciudadanos». Y más adelante agrega: «Con frecuencia, el dinero en la política se mueve a puertas cerradas e implica prácticas oscuras. El importe y origen exactos de las donaciones a los candidatos o a los partidos políticos a menudo se desconocen. Eso crea un sistema abierto a posibles abusos por parte de las grandes empresas o del crimen organizado, en el que se aporta dinero a cambio de influencia. […] Para que una democracia sea saludable debe girar ante todo en torno a los ciudadanos; y para que sea sostenible, ha de contar con partidos políticos transparentes, responsables e inclusivos que puedan canalizar las reivindicaciones de la población y representarla verdaderamente».

Sobre estos aspectos hemos debatido y las conclusiones de tal intercambio están plasmadas en el proyecto que ponemos a consideración del Cuerpo.

Reconocemos que las preocupaciones planteadas por distintos analistas políticos del mundo fueron y son preocupaciones del sistema político uruguayo. La legislación que el Parlamento ha venido aprobando hasta el momento, principalmente en 2009, da cuenta de tal preocupación. Aun así, conscientes de que era necesario dar un paso más en la materia, propusimos anticiparnos a los fenómenos globales y poner atención en ellos porque, si bien hoy parecen ajenos y lejanos, tenemos que hacer todo lo posible para librarnos de ellos. Me estoy refiriendo a la utilización de los partidos para el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Hemos salido de esa convicción tan uruguaya que afirma que acá no va a pasar y cambiamos ese chip para adoptar una actitud preventiva. No podemos asegurar que estamos a salvo, pero lo estamos intentando.

La resolución del Senado que creó la comisión especial le encomendó el estudio de los asuntos relacionados con la financiación de los partidos políticos y la publicidad electoral, con el cometido de analizar la legislación vigente, suministrar datos y proponer modificaciones cuando lo entienda pertinente. Eso supuso analizar la Ley n.º 18485, de 11 de mayo de 2009, en la que se consagran normas relativas al financiamiento público y privado, así como controles a las campañas electorales; la Ley n.º 7812, de 16 de enero de 1925, artículo 176, con las modificaciones introducidas por la Ley n.º 16019, de 11 de abril de 1989; la Ley n.º 17045, de 14 de diciembre de 1998; y la Ley n.º 17818, de 6 de setiembre de 2004, referidas a la propaganda proselitista, publicidad y veda electorales.

Tomando en cuenta los distintos aportes, estamos dando un nuevo paso, que mejora y perfecciona la legislación vigente, dotándola de instrumentos de los que carecía y que a su vez se nutre de la experiencia internacional, lo que se refleja en el proyecto de ley que estamos proponiendo.

Quiero decir con satisfacción que la enorme mayoría de los cambios propuestos, tanto respecto del proyecto que estamos considerando como del texto que se adjunta en la minuta de comunicación que enviaremos posteriormente al Poder Ejecutivo –aprovecho para incluir los dos informes, porque dicha minuta es el asunto que figura en segundo término del orden del día–, existen amplios acuerdos entre quienes participamos en la comisión en representación de cada uno de nuestros partidos, excepto en algunos temas referidos a la posibilidad de que las empresas puedan realizar donaciones a las campañas electorales y relativos a quién debe adquirir los minutos pagos de publicidad electoral.

Los cambios propuestos en materia de financiación de partidos y publicidad electoral tendrán como consecuencia partidos políticos más transparentes, con mayores controles en materia de financiación electoral y nuevas reglas en materia de publicidad electoral, que redundarán en una democracia más fortalecida. Ellos se pueden sintetizar de la siguiente manera: las donaciones que reciban los partidos no podrán ser anónimas, las empresas no podrán hacer donaciones ni a los partidos en forma permanente ni a las campañas de sus candidatos y los ingresos de los partidos deben concretarse por medios de pago electrónico –de acuerdo con lo que dispone la ley de inclusión financiera– y ser depositados en cuentas bancarias. Se ponen límites a las donaciones de las personas, tanto a los partidos en forma permanente como en las campañas electorales. Los candidatos que antes no tenían límites para autodonarse fondos, ahora estarán limitados. Se establecen cambios en la presentación de los balances de los partidos procurando un mayor y mejor control de su financiación permanente. Se establecen sanciones para quienes incumplan con la legislación, sean estos partidos, medios de comunicación, personas o empresas. Se agrega la obligación de presentar rendiciones de cuentas a quienes hasta ahora no estaban obligados, es decir, a los candidatos a presidente en las elecciones internas de los partidos. Esto fue señalado en sala; incluso, hemos recogido intervenciones de senadores que no pertenecen a la comisión, preocupados por este tema de la no rendición de cuentas de quienes se presentaban como candidatos a presidente en las elecciones internas.

Digo, entre paréntesis –no porque suceda solamente en el Uruguay, sino porque pasa en todo el mundo–, que a algunas actividades ilícitas les conviene financiar las campañas electorales de quienes ni siquiera ingresan al Parlamento, ya que su único propósito es legalizar fondos provenientes de dinero sucio. Por eso es importante que también controlemos lo más que podamos, en las elecciones nacionales y en las elecciones internas, entre quienes compiten por ser los candidatos únicos de los partidos.

En materia de publicidad electoral se reducen los minutos de publicidad gratuita en televisión abierta y por cable, pasando de 162 a 50 minutos. Es claro que se establece que esa publicidad gratuita se llevará a cabo entre las 18:00 y las 23:00, siendo en ese horario la única publicidad electoral que podrá emitirse.

La publicidad paga será exhibida antes de las 18:00 y luego de las 23:00, será adquirida por la Corte Electoral –según lo que se plantea en el proyecto de ley– y será distribuida al mismo precio, en condiciones de igualdad y de equidad entre los diferentes partidos.

Se reducen, para las elecciones internas, los tiempos de publicidad electoral a diez días y se establecen mayores controles y límites a la financiación de las campañas. Por un lado, se pretende reducir la cantidad de dinero que se invierte en las campañas electorales y, por otro, poner mayores obstáculos a posibles acciones ilegales de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

¿Qué intentamos mejorar con la iniciativa que estamos considerando? El análisis del financiamiento de las campañas electorales realizado por Rafael Piñeiro, Cecilia Rossel y Santiago Acuña, publicado en agosto de 2015, nos da alguna pista sobre este punto. En dicho análisis se señala que la regulación del financiamiento de las campañas busca limitar el poder de quienes tienen recursos para aportar a los partidos a fin de influir en las políticas. Para regular el financiamiento es necesario articular de forma coherente las normas que buscan la transparencia y los mecanismos que pretenden disminuir la importancia del dinero en la política. La distancia entre la regulación del financiamiento político y la implementación de normas presenta una brecha significativa. Las declaraciones muestran un peso sorprendentemente bajo de las donaciones privadas y numerosos problemas en su forma. Esto pone de relieve la debilidad o inexistencia de controles que verifiquen la veracidad de las declaraciones. La publicidad en radio y en televisión concentra la mayor parte del gasto electoral declarado. El ejercicio de verificación de la veracidad de las declaraciones de gasto en publicidad televisiva mediante la comparación de los montos declarados y los datos de emisión de publicidad en televisión abierta, revela diferencias significativas en lo que se declara gastar por segundo de televisión. Las disparidades pueden responder a diferentes estrategias de compra –en horarios centrales o secundarios–, a la subdeclaración de gastos, a un cobro diferencial de los canales o a una combinación de estos tres fenómenos.

La evidencia analizada muestra los problemas de la regulación del financiamiento de las campañas en Uruguay. Se destacan las debilidades asociadas al diseño de las normas derivadas de la reglamentación insuficiente de la Ley n.º 18485, así como el déficit en el control.

Las elecciones son una piedra angular de la legitimidad democrática y se basan, entre otras cosas, en la idea de que cada ciudadano tiene la misma posibilidad de incidir en los resultados. En la medida en que los recursos para las campañas electorales son cada vez más importantes y están en manos de algunos y no distribuidos equitativamente, esas personas pueden desvirtuar la lógica democrática transfiriendo a la competencia electoral su posición ventajosa.

En sociedades desiguales, cuando los más ricos tienen facilidades para financiar campañas, el ideal democrático formulado por Robert Dahl en 1971, en términos de que un Gobierno democrático es el que asegura la continua correspondencia entre las preferencias de los ciudadanos y las acciones del Gobierno, está muy lejos de cumplirse. Se viola la máxima democrática de un hombre, un voto –o una mujer, un voto–, y quienes tienen dinero para aportar a las campañas o manejan recursos importantes de campaña, como los medios de comunicación masivos, son los que terminan contando en lugar de todos los ciudadanos.

Cuando la política funciona de esta manera se minan las bases de la legitimidad democrática, dado que las elecciones pierden su sentido. Aunque existe ese riesgo, hay que tener claro que son escasos los estudios sistemáticos sobre la influencia del dinero en la política en términos comparados y prácticamente inexistentes en el caso uruguayo. De cualquier manera, la inexistencia de regulación o su ineficacia, habilita a que la desigualdad en la distribución de los recursos en la sociedad se plasme en desigualdad de influencia sobre la política. Sin embargo, debe tenerse en cuenta también que diferentes formas de regulación tienen, necesariamente, impacto sobre la competencia política. Limitar el acceso a fondos y el tiempo de campaña, así como distribuir subsidios en función de resultados de elecciones anteriores, son medidas que tienden a privilegiar a los candidatos instalados. De manera inversa, la distribución equitativa de subsidios o la eliminación de restricciones de tiempo de campaña suelen dar más oportunidades a candidatos desafiantes. Lo ideal es que la regulación reduzca el poder de los donantes privados sobre los partidos, pero alterando lo menos posible la competencia.

Como decía Piñeiro, intentando combinar correctamente estos factores señalados en el informe que estamos leyendo, es que en el proyecto de ley que estamos discutiendo se aporta una solución que intenta aproximarse al ideal, reduciendo las eventuales distorsiones en la competencia.

En este documento de Piñeiro se analizan las distintas normas y regulaciones relativas al financiamiento de campañas en Uruguay y se presentan los resultados del procesamiento de la información proveniente de las declaraciones de ingresos y de gastos de los partidos para la elección nacional de octubre de 2014. Sobre esa base se identifican los principales problemas que presenta la normativa, tanto en términos de diseño, como de reglamentación y aplicación.

La regulación del financiamiento de campañas tiene como objetivo limitar el poder de quienes tienen recursos para aportar a los partidos buscando influir sobre las políticas. Para regular el financiamiento y la influencia distorsiva de quienes tienen dinero, existen dos dimensiones que es necesario articular de forma coherente. Una primera dimensión está asociada a la transparencia a través de normas que buscan facilitar información al ciudadano sobre quiénes financian a los partidos y candidatos y aplicar los controles correspondientes. Una segunda dimensión refiere a los mecanismos que pretenden disminuir la importancia del dinero en la política.

En suma, la regulación tiene como objetivo publicitar las finanzas de los partidos y sus donantes –dimensión de transparencia–, limitar las posibilidades de donar y reducir la dependencia de los partidos respecto al financiamiento privado mediante subsidios públicos y la reducción de la duración de las campañas, dimensión asociada al desincentivo de intercambios corruptos.

Con respecto a la dimensión de transparencia, en Uruguay, la Ley n.º 18485, que regula el funcionamiento de los partidos y sus finanzas, obliga a todas las listas y fórmulas presidenciales que compiten en las elecciones nacionales a hacer declaraciones de sus ingresos y gastos, estableciendo controles al financiamiento permanente y de campaña. Según esta normativa, los partidos y candidatos deben presentar, treinta días antes de la elección nacional, un presupuesto inicial de campaña con detalles de gastos e ingresos previstos y con las donaciones recibidas hasta la fecha. A los noventa días de pasada la elección, los candidatos deben presentar las respectivas rendiciones de cuentas definitivas, que son de carácter público.

En cuanto a la reducción de la dependencia del financiamiento privado, Uruguay cuenta con diversos instrumentos. Por un lado, tiene uno de los sistemas de subsidios públicos más viejos y generosos del mundo, tal como lo establece Casas en su trabajo del año 2005. Desde 1928 hasta 2004, para cada elección, el Parlamento votaba una ley que fijaba el monto del subsidio a pagar por voto a los partidos y la forma en que se distribuiría entre las diferentes candidaturas –presidente, vicepresidente, senadores y diputados– en las elecciones nacionales, e intendentes y ediles en las departamentales.

La Ley n.º 18485 estableció este subsidio de manera definitiva al fijarlo en unidades indexadas. Dicho monto es conocido por todos y al respecto no hay cambios que se introduzcan en el proyecto que estamos considerando en el día de hoy.

Por otro lado, a partir de la aprobación de la Ley n.º 19307, se otorga a cada partido un espacio de trasmisión en cada medio: 20 % se distribuye equitativamente entre los partidos y 80 % proporcionalmente a los votos recibidos en la elección anterior, y se obliga a los canales de televisión abierta y de abonados y a las radios a emitir de manera gratuita publicidad electoral. La distribución del uso de los espacios dentro de cada partido queda a criterio de las autoridades del lema.

Adicionalmente, en la Ley n.º 17818 los partidos optaron por reducir los tiempos de las campañas en medios masivos como una forma de disminuir los estímulos a aumentar su gasto comenzando las campañas cada vez más temprano. De esta manera lograron un acuerdo y mediante una ley buscaron atarse las manos para que la competencia no los llevara a gastar cada vez más.

Respecto a estos dos últimos temas, el proyecto a consideración introduce cambios que, en nuestra opinión, mejoran la situación actual. Del análisis de la normativa y de los datos provenientes de las declaraciones se desprenden tres tipos de problemas relacionados con la regulación: problemas asociados a diferentes normativas sobre financiamiento y subsidios públicos de carácter electoral; problemas relativos a la reglamentación de aspectos particulares para la aplicación de la Ley de Partidos Políticos n.º 18485; y problemas de control de la aplicación de esta ley. En este punto también el proyecto a consideración introduce cambios.

En cuanto a los problemas asociados a diferentes normativas sobre el financiamiento y subsidios, uno de los temas más importantes referidos a esta normativa es la forma por la que se optó para regular el acceso a la publicidad en los medios en la Ley n.º 19307. A diferencia de los subsidios en dinero por los votos recibidos en la elección, la distribución de un recurso que se utiliza en la misma elección solo puede tomar como referencia para su reparto los resultados de las elecciones anteriores. Esta forma de distribución de subsidios, que recientemente fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, impacta fuertemente sobre la competencia política, favoreciendo en este caso el statu quo. Es decir, estos sistemas de subsidios de publicidad u otro tipo de recursos tienden al congelamiento de los sistemas políticos, ya que aumentan las diferencias que de por sí existen entre las propuestas con más adhesión –más conocidas e instaladas– y las desafiantes o desconocidas. Este fenómeno tiende a producirse también a la interna de los partidos donde la distribución de publicidad entre sectores en las elecciones internas, locales y nacionales también sigue esta lógica. Cualquier otro criterio de distribución como, por ejemplo, uno igualitario entre todos los partidos, también distorsiona la competencia y pone en pie de igualdad a partidos que tienen diferente peso electoral.

Nuestra propuesta, que es la que está en consideración, combina estos tres conceptos: el reparto igualitario del tiempo entre quienes tienen representación parlamentaria; el acceso de los nuevos, de los desafiantes, al espacio publicitario, y la consideración del peso electoral de los lemas, repartidos en proporciones que están relativamente equilibradas. Con esto estamos salvando, desde nuestro punto de vista, la inconstitucionalidad señalada por la Suprema Corte de Justicia. A ello agregamos la compra de minutos por parte de la Corte Electoral, que adquirirán los partidos pagando una tarifa igualitaria para todos.

El trabajo de Piñeiro señala que la Ley n.º 18485, que fija límites a las donaciones que pueden recibir las listas y los candidatos, habilita a los candidatos que encabezan las listas a contribuir sin límites a sus campañas. Esto reconoce el hecho de que en Uruguay buena parte del costo de las campañas, sobre todo de los candidatos con menos recursos, es solventado principalmente con fondos de los propios candidatos. Sin embargo, abre la puerta a que los candidatos presenten como propias donaciones de personas o empresas, lavando de esta manera donaciones que pueden estar por fuera de las normas. Esto lo resolvemos en el proyecto de ley fijando límites a la autodonación de los candidatos.

Por último, señora presidenta, esta misma normativa que obliga a los partidos a declarar los ingresos y gastos de las campañas, no incluye las elecciones internas, lo que limita la información sobre los gastos e ingresos de las fracciones nacionales de los partidos, en tanto las campañas de las listas de senadores –fracciones nacionales– y las de las fórmulas presidenciales comienzan de cara a las elecciones primarias –en las internas– y pueden representar ingresos y gastos similares a los de otras elecciones. En este sentido, en el proyecto también hemos avanzado incluyendo, en la declaración y en la rendición de cuentas, a los precandidatos a presidente que compiten en las elecciones internas partidarias.

En cuanto a los temas relativos a la reglamentación, uno de los mayores problemas ocasionados por la ausencia de reglamentación clara es el que deriva de la falta de definición sobre en qué momento se puede comenzar a recaudar fondos y de qué forma los fondos recaudados antes del comienzo de la campaña pueden volcarse a ella. La ley no distingue claramente entre fondos partidarios y fondos de campaña, ni establece de qué manera y por qué montos la recaudación realizada a través de los partidos –fuera de los tiempos de campaña y sin las mismas restricciones– puede ser volcada a la campaña. En la medida en que existen diferentes controles sobre unos y otros –donaciones para el partido y donaciones para las campañas–, recaudar a través del partido puede ser una forma de evitar restricciones que se aplican al financiamiento de las campañas. Hemos fijado en el proyecto un período de recaudación de fondos para campañas, que va desde el 1.º de enero del año electoral hasta el 30 de junio del año siguiente a la elección nacional.

Dice Piñeiro que la ley establece que las donaciones anónimas no pueden superar el 15 % del ingreso anual declarado y se asume que es por la lista o el candidato. Como los candidatos solo hacen declaraciones de gastos e ingresos para el período de campaña, no es claro en función de qué total de ingresos y de qué período se hace ese cálculo. Adicionalmente, la ley no es clara respecto a si ese límite se calcula sobre el total de los ingresos –que incluye el subsidio público– o si solo se incluyen los ingresos de origen privado. En el proyecto de ley se prohíben las donaciones anónimas, y con esto solucionamos el problema.

Por último, los límites a las donaciones de origen privado –de personas físicas, jurídicas y de candidatos– se fijan en unidades indexadas. Sin embargo, no se explicita el valor de referencia de la UI que se debe aplicar porque no está la fecha. Este punto no lo hemos considerado en la comisión, como tampoco hemos resuelto todas las objeciones que se han planteado.

Con respecto a la ausencia de controles de cumplimiento de las diferentes normas, es uno de los problemas más graves que enfrenta la regulación del financiamiento en Uruguay, lo que está asociado a la baja capacidad burocrática de la institución encargada de controlar el cumplimiento. El análisis de las declaraciones de gastos e ingresos de los candidatos y listas de la elección de 2014 muestra falencias asociadas a la falta de control. El volumen total de financiamiento privado declarado en el sistema es sorprendentemente bajo. Se declararon $ 142:600.000 como ingreso de origen privado, lo que representa un 19,5 %. A su vez, el 27 % del monto total de las donaciones proviene de donaciones anónimas, cuyo donante no puede identificarse. Finalmente, aunque la porción de declaraciones que presenta deficiencias a la hora de declarar los ingresos es relativamente baja –un 3,0 %–, los montos con problemas suman $ 34:653.957, de un total de $ 142:600.000 de gastos de campaña; es realmente alto, pues representa un 24,3 % del financiamiento privado declarado. Esto muestra la inexistencia de auditorías que verifiquen la veracidad de las declaraciones de ingresos y gastos.

Con relación a este punto, el proyecto propone mejoras y cambios respecto a los controles sobre la financiación permanente de los partidos. No introdujimos cambios respecto de las campañas porque estamos convencidos de que los análisis de las rendiciones de cuentas pueden realizarse por medio de la Corte Electoral, si esta toma medidas internas de organización para poder hacerlo; lo hemos conversado de manera informal con algunos miembros de la comisión.

Además, en el proyecto que estamos considerando establecemos sanciones para quienes incumplan la ley. Esta es otra novedad. Habíamos establecido una legislación que no preveía sanciones fuertes para los incumplimientos. Sin embargo, acá se establece un capítulo de sanciones muy fuertes en caso de incumplimiento.

Hemos tomado en cuenta este informe elaborado por académicos, que son reconocidos estudiosos del financiamiento de los partidos y sus campañas, porque creemos que representa una justa vara con la cual medir los cambios que aquí estamos proponiendo.

En este sentido, podemos decir con satisfacción que las objeciones y recomendaciones de cambio presentadas en el trabajo coinciden con la iniciativa de quienes integramos la comisión y son parte del texto que estamos considerando. Aun así, es probable que puedan faltar iniciativas sobre algunos aspectos y que, incluso, a criterio de otros haya insuficiencias y carencias a resolver; es verdad, pero no es poco lo que hemos avanzado entre todos y lo que no es menor es que quienes representamos a los partidos en la comisión coincidimos en que la autorregulación, los controles y la transparencia, nos fortalecen y nos acercan a la ciudadanía.

Estamos poniendo a consideración un nuevo instrumento legal, un nuevo paso en la persecución de una idea de democracia sostenida por partidos fuertes, transparentes y democráticos.

El proyecto de ley que estamos analizando tiene veintinueve artículos agrupados en diez capítulos. Tengo que destacar que veinticinco de los veintinueve artículos se votaron por unanimidad, lo que está marcando una coincidencia fuerte en lo que señalábamos respecto de dar un paso más en la generación de instrumentos legales que nos aporten más transparencia, más rendición de cuentas, más cercanía con la ciudadanía. Solo dos artículos se votaron por mayoría y en los otros dos hay diferencias parciales en algunos párrafos. ¿Dónde tuvimos diferencias? En el artículo 6.º, que solo admite donaciones de las personas físicas a los partidos y a las campañas, excluyendo a las empresas. Quiere decir que no hay acuerdo en que se prohíba a las empresas aportar a las campañas electorales.

A su vez, tuvimos diferencias en el artículo 9.º, que prohíbe las donaciones por parte de empresas –como ya dije–, y en el literal G), que acarrea sanciones duras a los medios de comunicación que infrinjan la ley al beneficiar a un partido en detrimento de otros, violando el principio de igualdad.

En el artículo 13 hubo diferencias en los incisos relativos a la compra, por parte de la Corte Electoral, del espacio de publicidad electoral permitido; en lo atinente a la prohibición a los partidos de adquirirlo directamente, y a su extensión a las elecciones departamentales.

En cuanto al artículo 18, quiero señalar que solo tuvo el voto en contra del Partido Independiente ya que –no estoy hablando por él sino leyendo la versión taquigráfica– no le resultan suficientes los controles sobre las rendiciones de cuentas y cree que hay que agregar otros instrumentos de control en las campañas electorales.

Por otra parte, señora presidenta, vamos a proponer la modificación de un artículo respecto a la publicidad electoral que nos olvidamos de corregir y que, si no me equivoco, fue un aporte realizado por el señor senador Amorín o por el señor senador Mieres. El artículo tiene que ver con el reparto de publicidad electoral de los partidos con representación parlamentaria que hayan comparecido en la elección anterior. Nos olvidamos de hacer esa corrección para las elecciones departamentales, en las que también se presenta el mismo caso: tienen que repartirse los minutos entre los partidos que hayan comparecido en la elección anterior. Esto es algo menor, pero lo votaremos para tener coherencia entre un cambio y otro.

El capítulo I se titula «De la facultad de los partidos políticos de fijar contribuciones especiales para su financiamiento». No voy a negar que esta iniciativa, que compartimos todos, proviene del Partido Nacional. Se busca una fuerte financiación pública y también por parte de quienes pertenecen a los partidos. En ese sentido, aquí establecemos que el partido tiene la facultad de fijar una contribución de un máximo del 15 % del sueldo –descontado los aportes– para la financiación propia. Aquí aplicamos el mismo mecanismo que en la ley de donantes de órganos, es decir, que se es donante salvo que se manifieste lo contrario. En este caso, se le descuenta por el partido, salvo que la persona diga que no, con las consecuencias que eso podrá tener sobre quien diga que no está en un organismo en representación del partido.

Por su parte, los capítulos II y III refieren a los financiamientos público y privado de los partidos políticos. El financiamiento privado se divide en dos: el permanente y el de las campañas electorales.

El capítulo IV establece las prohibiciones.

El capítulo V presenta una novedad importante: establece un período de prohibición de la publicidad estatal en las campañas electorales, salvo las de los entes que están en competencia, las de vacunación o las relativas a algunos servicios de interés general.

El capítulo VI refiere a la publicidad de los partidos políticos fuera y dentro de los períodos electorales.

El capítulo VII tiene que ver con la transparencia.

El capítulo VIII reglamenta los estados contables, las rendiciones de cuentas y el contralor.

El capítulo IX establece las sanciones.

Por su parte, el capítulo X refiere a algo no menor: el estatuto de los empleados de los partidos políticos. Aquí resolvemos dos cuestiones que son una novedad en estos tiempos: los que son cargos de confianza, y por lo tanto son asimilables –no quiero crear ninguna polémica con esto– a los adscriptos de los ministros que se votaron en el presupuesto quinquenal pasado –y que se mantiene ahora–, que cesan cuando se va el ministro y no tienen derecho a percibir horas extras ni despido. Para los cargos de ese tipo –secretarios de legisladores, por ejemplo– se establece un estatuto especial; para los demás funciona la norma general, pero en este caso la obligación de los aportes es clara.

En cuanto a los repartidores de listas, a los que habitualmente se les paga un viático, se les considera trabajadores zafrales. Hay que incluirlos allí a los efectos de evitar lo que ocurre muchas veces cuando gente –que incluso es voluntaria– a la que se le paga un viático, después termina demandando a los partidos por una relación de «dependencia laboral».

Termino, señora presidenta, fundamentando brevemente el segundo punto del orden del día, con lo cual evito realizar otro informe. Vamos a poner a consideración del Senado una minuta de comunicación con el propósito de solicitar al Poder Ejecutivo que nos remita un proyecto de ley cuyo texto –que enviamos– pretendemos sea similar al que estamos proponiendo y procure tres objetivos. En primer lugar, que unifique la legislación de partidos en un texto legal único, que contendrá toda la normativa vigente dispersa en distintas leyes, incluyendo los cambios que estamos proponiendo hoy. En segundo lugar, como novedad, se presenta una propuesta de financiación de las elecciones municipales –que no están financiadas– y los incentivos económicos a la participación de la mujer en las campañas electorales y en política. Con respecto a ese segundo punto tenemos acuerdos parciales. Hay acuerdo unánime en cuanto a que hay que premiar, mediante un incentivo a la financiación, a las listas que sean encabezadas por mujeres. En tercer lugar, algunos creemos que, además, hay que premiar a quienes efectivamente hacen que las mujeres se integren al Poder Legislativo y establecemos una propuesta de premio económico –que debe ser revisado anualmente– a los sectores parlamentarios que efectivamente logren que haya más mujeres en el Parlamento.

Estas dos iniciativas no las incluimos en el proyecto –salvo una declaración de carácter programático– porque, como necesitan financiación, requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creemos que el año que viene estaremos en condiciones de analizar el texto único del proyecto de ley en una discusión que pensamos que será rápida y sobre la que ya sabemos cuáles pueden ser los puntos de inflexión. Asimismo, entendemos que eso nos permitirá, incluso, ir evaluando la marcha de esta iniciativa para poder hacer las correcciones necesarias.

Una vez que el Poder Ejecutivo remita el texto solicitado, iniciaremos el proceso parlamentario de discusión en la comisión y la discusión y aprobación en el Senado. Esto no se trata de la aprobación previa de un texto, sino que es una sugerencia que hacemos al Poder Ejecutivo.

Por todas las razones que hemos explicado en el informe y reiterando nuestro agradecimiento a los funcionarios, a los asesores –a quienes nombré uno por uno– y a los integrantes de los partidos representados en la comisión, es que ponemos a consideración del Senado este proyecto de ley, esperando que se vote. Como lo hemos señalado, existen algunos aspectos puntuales en los que hay diferencias y no porque se trate de pocos artículos son menores; por el contrario, son muy importantes y creemos que tenemos todo el derecho de debatirlas y fijar nuestra posición.

Es cuanto tenía para expresar, señora presidenta.

16) LLAMADO A SALA A LOS SEÑORES MINISTROS DE ECONOMÍA Y FINANZAS; DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA; DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE; DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, Y DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

SEÑORA PRESIDENTE.- Léase una moción de orden llegada a la Mesa.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (José Pedro Montero).- «Los abajo firmantes mocionamos para que se convoque a sala, en régimen de comisión general, de acuerdo con los artículos 41 y siguientes del Reglamento del Cuerpo, a los señores ministros de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Transporte y Obras Públicas y Trabajo y Seguridad Social para que informen al Senado de la república acerca del proyecto y las negociaciones relacionadas con la instalación de la nueva planta de la empresa finlandesa UPM en nuestro país». (Firman los señores senadores Delgado, Mieres, Amorín y Bianchi).

SEÑOR LACALLE POU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR LACALLE POU.- Señora presidenta: el 2 de mayo de este año elevamos a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del Senado una solicitud para que comparecieran los ministros involucrados en este tema. Lamentablemente, por razones que desconocemos formalmente –pero que podemos intuir–, los ministros no concurrieron.

Paralelamente, hemos tenido varios tipos de información acerca de este emprendimiento y de las etapas que se llevarán adelante. La información emanada del mismo Gobierno y partido es contradictoria. Se han producido renuncias de funcionarios, supuestamente causadas por una especie de contradicción en el propio seno del Gobierno.

Nuestro partido ha tenido una posición histórica en estos temas. Desde el año 2003 a la fecha hemos votado siempre desde este lado del mostrador. Muchos senadores –que también lo eran en aquel momento– recordarán que cuando se aprobó el tratado de promoción y protección de inversiones con Finlandia, el partido que hoy gobierna y que en ese entonces era oposición, votó en contra, pero argumentó a favor; aquel fue un momento bastante extraño. Estábamos en plena campaña electoral y se terminó ese proceso con la primera instalación de una planta, ya en la transición.

Desde ese momento hasta la fecha, siempre hemos sostenido la importancia que tiene la instalación de estos emprendimientos pero, obviamente, con el deber de cumplir con algunos requisitos, fundamentalmente el ambiental, que es primordial. También debemos saber qué está negociando el Gobierno, porque no negocia en nombre del Frente Amplio, sino de los uruguayos.

En realidad, esta moción debería solicitar que los ministros informen a los uruguayos; no a los que estamos acá porque no es para nosotros, sino para que los ciudadanos sepan qué está haciendo el Gobierno en su nombre. Se habla de la famosa cláusula de confidencialidad como si se tratara de una especie de bolsa de humo en la que nadie puede meterse para saber qué pasa. ¿Por qué eso de la confidencialidad, si no hay una licitación, una competencia de emprendimientos? Es UPM con el Gobierno, es UPM con Uruguay.

Lamentablemente, como no hemos recibido información, necesitamos que los uruguayos sepan qué está haciendo el Gobierno en su nombre, qué está entregando, qué está pidiendo, a qué se está comprometiendo, en cuánto se está endeudando, cuáles son las excepcionalidades con las que se va a comprometer con la empresa –que no se aplican para cualquier uruguayo– y a qué velocidad se llevará adelante el proceso. Planteamos esto porque hoy salió un comunicado de prensa de la empresa, de cinco párrafos, y vamos a leer el último, que es sintomático porque no está de acuerdo con lo que informa el Gobierno. Allí se expresa: «Si estas dos etapas de preparación concluyen satisfactoriamente,» –abrimos un paréntesis para decir que una etapa que empieza hoy dura un año y medio o dos– «UPM iniciará el proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión respecto a una potencial fábrica de celulosa». Notoriamente, esto no habla de una inminencia, ¿verdad? Pero sí la expresa el discurso del presidente de la república. El presidente, un día sí y otro también, dice que lo relativo a UPM es inminente y que ya está en las últimas etapas. Entonces, ante toda esta información contradictoria, extraoficial y también oficial –esta última bastante endeble– me parece que los uruguayos necesitan saber qué se va a hacer con su país.

Es lógico que hoy el Senado vote afirmativamente la comparecencia de estos ministros. Como dijimos en principio, con esta convocatoria no se busca una responsabilidad política, no se trata de censurar a nadie, sino de que se nos informe y por eso planteamos un régimen de comisión general.

Tarde o temprano, los ministros iban a tener que venir a dar explicaciones. El Gobierno se la jugó a que iba a tener todo el pescado vendido y que informarían posteriormente, pero no está todo el pescado vendido –ni siquiera está pescado, todavía es pez– y por eso nos parece un buen momento para que vengan sus representantes a informar al país, en el Senado, qué es lo que se va a comprometer y cómo va a continuar este trámite.

Muchas gracias.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Señora presidenta: la bancada de gobierno va a acompañar esta convocatoria en régimen de comisión general, pero queremos hacer un par de puntualizaciones.

En primer lugar, el planteo que se hace hoy es complementario al que se hizo en determinado momento en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios. En aquella oportunidad se dieron las explicaciones del caso porque es real que en cualquier proceso de estas características existen cláusulas de confidencialidad, tal como sucedió en otras etapas del Uruguay con otras inversiones de este tipo. El Gobierno en todo momento planteó que cuando estuvieran las condiciones que no afectaran el proceso que se venía desarrollando, con mucho gusto iban a venir al Parlamento a informar a los uruguayos sobre este proceso. Esto va a ocurrir porque, como dije al principio, la bancada de gobierno va a acompañar este llamado en régimen de comisión general y –como también lo ha señalado el presidente de la república en varias oportunidades– cuando estén dadas las condiciones, se va a venir a informar no solo al Senado sino a todos los uruguayos sobre esta importante inversión que se va a desarrollar en el país en los próximos años.

Finalmente, reitero, vamos a acompañar este llamado en régimen de comisión general.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: nosotros también vamos a acompañar este llamado en régimen de comisión general.

Cuando se instaló por primera vez UPM –en aquel entonces Botnia– tuve el honor de integrar, desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, los equipos que negociaron y, obviamente, no hubo confidencialidad, ni fase 1, ni fase 2, ni fase 3, ni nada. En definitiva, creo que no debe haber confidencialidad en esto; hay leyes vigentes. Las instrucciones que nos había dado a todos los ministros del área el entonces presidente Jorge Batlle establecían que dentro de las competencias de cada uno se negociaran las exoneraciones previstas en la ley de inversiones y sus alcances. Recuerdo que el propio Ministerio de Economía y Finanzas quería que se cobrara un canon del doble dentro de la ley, y así se hizo. Nada fue oculto como lo es hoy, por lo tanto, no comprendemos este secretismo, por eso nos parece muy atinado el pedido de la bancada del Partido Nacional para que se venga aquí a responder a los representantes de todo el pueblo, no solamente a los que representan a casi la mitad sino a todos, de lo que se está haciendo con el futuro y con el dinero de los uruguayos. Por eso, repito, nos parece muy acertado el pedido y vamos a acompañarlo.

Muchas gracias.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: nosotros firmamos la solicitud del llamado en régimen de comisión general y nos alegra que la bancada del Frente Amplio la acompañe, porque me parece que es una buena señal.

Nosotros también tenemos una visión crítica de las demoras ocurridas con la información. Creo que es de orden que el conjunto del sistema político cuente con información directa, obviamente, con los resguardos de las reservas; todos somos grandes y tenemos claro que en un proceso de negociación hay aspectos que muchas veces pueden ser objeto de confidencialidad. Lo que no puede suceder es que los partidos que no integramos el Gobierno carezcamos de información directa. La historia, la tradición del país es que cuando se toman decisiones sobre aspectos que tienen que ver con inversiones de magnitud, se actúe con una lógica de política de Estado. El propio Gobierno así lo hizo cuando tenía la expectativa de encontrar petróleo en la plataforma continental. El presidente convocó, primero a los expresidentes y después a todos los partidos e informó de primera mano. Además, permitió a los partidos acceder a contratos reservados para que pudieran consultarlos en la Torre Ejecutiva, de manera de poder estar en línea con lo que efectivamente ocurría. Ahora, en este caso parece que se ha actuado de manera equivocada, lamentablemente equivocada. Para seguir con ejemplos, lo mismo ocurrió cuando se instaló la primera planta de celulosa y se generó el conflicto con la República Argentina; en aquel momento hubo reiteradas reuniones entre el presidente de la república y los representantes de los partidos, en las que se dio información valiosa e, incluso, reservada. Lo mismo sucedió cuando había posibilidades de que se instalara la empresa Aratirí en el territorio nacional; en ese entonces, el expresidente José Mujica convocó a todos los partidos, se trabajó en una ley general y se analizaron los impactos que podrían existir. En definitiva, esto ha quebrado una tradición y es una pena que así haya sido; de cualquier manera, este régimen de comisión general es, por lo menos, necesario e imprescindible y así vamos a acompañarlo.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota).

–30 en 30. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa coordinará con los señores ministros su concurrencia.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MUJICA.- Señora presidenta: quiero sumar un comentario a las opiniones que se han vertido. Las compañías tienen su historia, sus edades y sus circunstancias y en este caso estamos hablando de una compañía que cotiza en la Bolsa y tiene pavor a los trabajos de prensa, a las declaraciones y, más allá de nuestro Gobierno, una de las condiciones que han planteado es, precisamente, la confidencialidad estricta. Esto gustará o no, a mí no me gusta nada pero, desgraciadamente, este tipo de inversiones que son importantes para generar riqueza y trabajo, establecen un conjunto de parámetros que limitan a los Gobiernos –no solo al uruguayo–, que se ven con ese drama de dar pasos en los que se hacen concesiones, que tal vez en el espacio interior no se harían, por estar sujetos a la ley de la necesidad.

Esto está pasando en toda América Latina y en todo el mundo subdesarrollado; se trata de un capítulo –fuera de esta circunstancia– a tener en cuenta. Es una característica central del mundo en el que estamos viviendo hoy, donde tal vez la única defensa sea la de los acuerdos multilaterales dentro del área subdesarrollada del mundo. Hay una disputa entre los distintos escenarios respecto de estas inversiones: si no lo haces tú hay otro que da mejores condiciones. Eso se está utilizando en una especulación muy dura para con el mundo subdesarrollado. Quiere decir que este es un problema muy hondo –muy hondo– que merece ser internalizado en discusiones y políticas de fondo, que van más allá de este episodio circunstancial.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: naturalmente, he votado en forma afirmativa esta moción. Me parece que es bien importante que el Senado y, a través de él, el Uruguay todo sepa qué es lo que se está negociando. Además, casi todos nos vamos a enterar de lo que se está negociando, no solo los opositores. Tengo la clara sensación de que todos vamos a tener novedades de lo que está pasando. Me parece que el Uruguay tiene una tradición importante en la llegada de empresas multinacionales. Las empresas ven muchas cosas en los países, no solo la ventaja que podemos darles ni las obras multimillonarias que les tenemos que hacer, las empresas ven en los países la seriedad, la honestidad.

UPM ya vino al Uruguay y lo eligió por muchos motivos. Eligió al Uruguay porque había árboles, porque tenía un río importante, grande y caudaloso donde la contaminación iba a tener efectos mínimos y porque era un país donde la corrupción tenía niveles bajísimos. Por muchos motivos se elige a un país y no solamente por las ventajas enormes que se puedan dar por renuncias fiscales y en obras de infraestructura; ¡no solo por eso! Entonces, me parece que es bueno que se explique.

Acá ya vino esta empresa, ya instaló una planta formidable y llegó con ciertas condiciones, pero nada especialísimo y todo dentro de la ley. Así que me parece que va a ser bueno que nos informen acerca de estas cosas.

Muchas gracias, señora presidenta.

17) PARTIDOS POLÍTICOS

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado continúa con la consideración del primer punto del orden del día.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: en primera instancia, queremos agradecer al Senado la paciencia de haber esperado al 1.º de noviembre para estudiar este proyecto de ley porque nosotros participamos muy activamente en su análisis. Como hemos participado en la discusión en la comisión y en encuentros políticos entre los partidos para buscar una solución, nos parece que podemos trasmitir a los compañeros de nuestro partido, que van a votar, la historia fidedigna sobre el estudio de esta iniciativa. Así que agradezco que se haya esperado al 1.º de noviembre para discutir este proyecto de ley.

Lamentablemente, esta iniciativa no viene con la aprobación de nuestro partido en términos puntuales y por eso nosotros firmamos con salvedades. Por más esfuerzo que hicimos en la comisión y en forma particular, no pudimos ponernos de acuerdo sobre algunos artículos. Permanentemente estuvimos informando a los compañeros de la Cámara de Representantes para que lo que se votaba acá también pudiera contar con el compromiso de esa cámara, pero no hemos podido tener esa garantía política a pesar del esfuerzo que hemos venido haciendo desde hace ya un buen tiempo. Hace más de un año que trabajamos en esto, que es bastante complicado porque el proyecto de ley presenta dificultades respecto al funcionamiento interno de los partidos, así como de distribución interna de los partidos y también complicaciones constitucionales.

Nadie discute, señora presidenta, que tenemos que avanzar en la legislación para dar más transparencia a los fondos que utilizan los partidos políticos en forma permanente o en campañas electorales. Nadie lo discute. Creo que hace bien el señor senador Pintado cuando señala que hay artículos que se votaron por unanimidad como, por ejemplo, las disposiciones en virtud de las cuales no puede haber donaciones anónimas. ¡Obviamente! Incluso, eso puede generar distorsiones al momento de hacer eventos masivos de recaudación de poco monto. También nos va a costar registrar el nombre y los documentos como para poder informar, y eso no deja de ser, también, una complicación. ¿Por qué? Porque en el día de mañana se puede hacer alguna comida o un cóctel de recaudación por montos que individualmente no son importantes pero que, por la convocatoria, pueden ser un modo de financiación muy legítimo, lo que hasta ahora se daba en forma anónima ya que instrumentalmente era bastante difícil conseguir los datos de la persona y porque, incluso, había gente que no quería aparecer contribuyendo a determinados partidos o porque colaboraba con todos o porque no contribuía con nadie.

En función de eso, hemos eliminado la posibilidad de que la contribución sea anónima, lo que puede ser cuestionable desde el punto de vista de la recaudación. Lo pongo como ejemplo del ánimo de los partidos políticos para tratar de transparentar las finanzas, tanto permanentes como las de las instancias electorales.

Señora presidenta: estos artículos y este proyecto de ley vienen a consideración del Parlamento cuando en la región existe un cúmulo de denuncias entre partidos políticos, sobre todo acerca de financiaciones electorales, que han alarmado a la opinión pública de la región en que se han dado, tanto Brasil como Argentina y algún otro país, también España. Ha habido una notoria difusión sobre el cuestionamiento a los sistemas políticos de estos países, producto de las financiaciones electorales.

Esta situación internacional, que quizás merezca un análisis mayor o más profundo, muchas veces se produce porque hay leyes que encorsetan a los partidos, que los limitan. Esas prohibiciones –de alguna manera, esto se generó en la legislación de esos países– muchas veces han llevado a algo que ocurre en estos momentos –como en el caso de Brasil–: que políticos de todos los partidos han violado la legislación y hoy están sometidos a juicio, si no están presos. Por eso, nosotros tenemos especial cuidado con estas legislaciones que tratan de generar la aprobación de la opinión pública a partir de la severidad, el control y la fiscalización de los partidos políticos, porque después –lamentablemente, esto es lo que pasó en Brasil– todos los partidos las violan y terminan todos presos.

Traigo a reflexión esta situación porque en este proyecto de ley el Partido Nacional ha hecho hincapié en la transparencia. Para nosotros es muy importante no solamente incluir en la ley la posibilidad de que no haya donaciones anónimas, sino que además haya debidos controles. Por más que pongamos los controles en un artículo de la iniciativa, si esto no viene de la mano de dotar a la Corte Electoral del presupuesto necesario para que pueda contratar personal técnico encargado de hacer las auditorías que habilita esta reforma, de nada sirve que lo establezcamos en un artículo. Sería solo un avance escrito, no un avance real. Se trata de cambiar lo que ocurre hoy, en que se hace una suerte de declaración frente a la Corte Electoral, pero esta está incapacitada para fiscalizar y auditar ese gasto o comprobar que realmente se efectuó y que esos ingresos fueron los que financiaron las campañas electorales o sirvieron como financiación permanente de los partidos. Por eso es muy importante que el compromiso de transparencia, de fiscalización y de control de gastos de los partidos políticos vaya de la mano de una acción que esperamos cuente con voluntad política en las futuras etapas presupuestales: dotar a la Corte Electoral del personal técnico para cumplir su función. De lo contrario, será letra muerta, solo un avance escrito o el país de papel del que muchas veces hablamos, y no el país real.

Acá tenemos dos capítulos que son importantes: la financiación permanente de los partidos políticos y la financiación electoral. El proyecto de ley establece cuál es el período de recaudación de los partidos políticos con el fin de gastar lo recaudado en las distintas campañas publicitarias, que empiezan treinta días antes de la elección nacional de octubre, treinta días antes de las elecciones departamentales y municipales, diez días antes de la elección interna y quince días antes de la segunda vuelta, en caso de que no se alcancen mayorías absolutas. El período empieza el 1.º de enero del año correspondiente a las elecciones nacionales y va hasta el 30 de junio del año siguiente, a fin de contemplar la posibilidad de recaudar en las campañas de las elecciones departamentales, y va más allá para dar oportunidad a los partidos políticos –si tienen una situación deficitaria– de seguir recaudando para poder cubrir los agujeros electorales que suelen existir, sobre todo, en aquellos partidos a los que no nos ha sonreído el triunfo electoral. En esos casos, se generan compromisos de orden individual y colectivo que, muchas veces, llevan a que esas deudas electorales se tengan que ir pagando a lo largo de los cinco años siguientes, generando así un condicionamiento a los partidos, a los sectores y a las personas que asumieron el compromiso.

En el caso de la financiación permanente de los partidos políticos, en la comisión coincidimos en que no puede haber una empresa privada que, en forma permanente, los financie. En realidad, eso nunca existió, pero el hecho de establecerlo en la ley, de alguna manera, lo ratifica. Estoy seguro de que ni nuestro partido, ni los demás tienen alguna empresa privada como sponsor, que en forma permanente los financie. Naturalmente, no me parece correcto y no está de más ponerlo en el proyecto de ley porque, quizás, alguien puede creer que los partidos políticos se financian en forma permanente por empresas privadas. Eso no es así; la financiación de los partidos políticos para su funcionamiento se hace a través de los cargos políticos de particular confianza y del financiamiento permanente del Estado, que se da en función de la representación legislativa que se obtenga. Esto nos parece claro; poner en un artículo que no estamos de acuerdo con que se haga en forma permanente me parece de Perogrullo, pero bienvenido sea porque es lo que sucede: no hay financiación permanente de empresas privadas a los partidos políticos. Quizás eso suceda en otros países, pero no en el nuestro. Me parece bien que no exista esa posibilidad y creo que establecerlo por ley es, simplemente, reconocer la realidad.

Cada partido presenta anualmente a la Corte Electoral la información. Como presidente del Directorio del Partido Nacional puedo decir que presentamos anualmente a la Corte Electoral –sin la posibilidad de que nos audite– un estado de gastos e ingresos. Allí establecemos todos los ingresos, tanto los de carácter público, como los de carácter privado, es decir los ingresos de personas que adhieren a nuestro partido –a veces contribuyen con modestas cuotas mensuales– y ayudan a financiar los eventos y las movilizaciones que realizamos durante los cinco años. O sea que acá no hay ningún misterio ni nada nuevo; simplemente, ponemos en el proyecto de ley lo que venimos haciendo en la actualidad.

Las discrepancias surgen cuando hablamos de las campañas electorales, porque allí tenemos un gasto exorbitante y no alcanza con la contribución del Estado para solventarlas. El principio que se siguió en la comisión –dicho por gente del partido oficialista– fue no aumentar el gasto del Estado en la financiación de los partidos políticos, solo se aumentará mínimamente en la minuta de comunicación que se va a solicitar al Poder Ejecutivo para los incentivos a la participación de la mujer y para la financiación de las elecciones municipales, concretamente, de las alcaldías, que la ley vigente no contempla porque son de creación posterior. Por tanto, esto no significa un mayor costo de la financiación electoral. El criterio del oficialismo fue: no aumentar el gasto, tener un control y establecer limitaciones para solventar la campaña electoral. Como dije en comisión y lo reitero ahora, dentro del Partido Nacional eso ha generado suspicacias porque, justamente en esta instancia, la posición del partido oficialista busca limitar los ingresos de los partidos políticos. Naturalmente, no puede llamar la atención que esto genere suspicacias y desconfianza. ¿Por qué justo ahora vamos a poner límites? En algunos casos esos límites nos parecen importantes y con respecto a ellos coincidimos. Por ejemplo, para que mañana los partidos políticos no sean rehenes de quienes tienen poder económico y, por ende, podrían adueñase de un partido político. No me parece sano que los partidos políticos tengan esa fragilidad y que mañana alguien con un gran poderío económico, garantizando la financiación de una o varias campañas electorales, pueda dominar un partido político porque no solo puede solventar su campaña, sino varias. Por tanto, las limitaciones que preservan a los partidos políticos de la fragilidad que implicaría ser dominado por quienes tienen poderío económico y les aseguran realmente una representación popular en sus estructuras, nos parecen sanas y las acompañamos. Sin embargo, al mismo tiempo que ponemos estos límites –que, reitero, a mi juicio son sanos– se introducen otros que creemos que atan y limitan a los partidos. Un ejemplo de ello es lo que establece el artículo 6.º, que prohíbe la contribución de las empresas privadas a los partidos políticos. Reitero lo que dije en comisión: nosotros vamos mucho más por la transparencia que por la limitación y la prohibición, más por la posibilidad de que haya auditorías y controles que por la prohibición, pero acá se prohíbe. No he escuchado el argumento por el que los empresarios sí pueden contribuir y las empresas no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acá la tesis –seguramente en el debate de hoy se me podrá responder– es que no puede haber condicionamientos de las empresas privadas? Creo que al respecto algo dijo el señor senador Pintado en su exposición. ¿Se piensa que esas contribuciones económicas a las campañas pueden condicionar la marcha, la gestión, las decisiones del Poder Ejecutivo? Considero que tenemos que rechazar eso de plano. No ha existido nada de eso. Alguno me dirá: «Pero curémonos en salud». Puede ser, pero ¿los empresarios sí pueden contribuir y las empresas no? Si alguien cree que una contribución en una campaña electoral genera condicionamientos al partido que logra el triunfo electoral y, por lo tanto, tiene el Gobierno, ¿cuál es la diferencia entre que realice la contribución un empresario persona física o una persona jurídica? El argumento corre para los dos. Me parece que es la misma condición.

Insisto en que esa desconfianza no la tenemos, no la aceptamos, no la admitimos, porque el planteo no nos parece justo. Nosotros tenemos que financiar campañas electorales costosas y muchas veces tenemos que generar la posibilidad de recibir el apoyo de personas físicas y personas jurídicas, sobre todo porque este proyecto limita que los candidatos mañana puedan solventarse toda su campaña electoral. Esta limitación se establece para que los candidatos con plata no se hagan dueños de los partidos. Pero el proyecto también limita a las empresas. Solamente deja a los empresarios. No nos parece de recibo.

Se me ha dicho que es una señal que va en una dirección, porque algunos legisladores sostienen que no debe haber contribuciones privadas, ni de empresarios ni de empresas, es decir, que todo tiene que ser estatal. Si ese es el camino que se elige, no se puede decir que no vamos a aumentar el gasto del Estado y, por lo tanto, no vamos a restituir lo que no vamos a recibir por contribuciones privadas. Habría que ir aumentando el gasto del Estado de modo tal de ir achicando gradualmente las contribuciones de privados a las campañas electorales. Este puede ser un tema para discutir en el futuro, pero la discusión que tenemos hoy es si las empresas privadas pueden contribuir o no. El proyecto dice que no, pero los empresarios, sí. Me parece que es una suerte de hipocresía. Aquí parece que hay desconfianza acerca de la posibilidad de que mañana estemos condicionados por un aporte privado, lo que, vuelvo a decir, rechazamos y negamos. Hemos tenido aportes de empresas privadas en las campañas electorales y nunca se planteó la posibilidad de que eso generara para quien contribuye un derecho –inaceptable– de ninguna especie.

En función de eso, señora presidenta, este artículo 6.º no es de recibo. Además, la norma también inhabilita la posibilidad de que haya donaciones en especie. Entonces, si mañana una empresa que fabrica plásticos dona a los partidos políticos cartelería en la vía pública, no podemos aceptarlo, o si una imprenta nos ofrece la posibilidad de imprimir una lista a un costo menor, tampoco podemos aceptarlo, porque la personería jurídica no es admisible en estas donaciones. Entonces, deberíamos generar una suerte de disfraz para que aparezca que cada uno de los empresarios dona su cuota parte. Y eso es lo que no hay que hacer. Hay que salvar a los partidos políticos para que no tengan nada que disfrazar porque está todo transparente, todo claro. Prefiero la claridad y la transparencia a las prohibiciones, porque cuando se dan estas situaciones, se generan suspicacias. Hay que transparentar el sistema con los controles que tiene que haber y con las donaciones, sean de empresas o de empresarios, sean del pueblo o no.

Además, los artículos que establecen las prohibiciones indican –esto es algo que me parece lógico– que no puede haber financiación externa y que los gremios y las empresas públicas no estatales no pueden realizar contribuciones indirectas o directas a los partidos políticos. Es obvio que tiene que ser así.

Sobre las financiaciones externas quiero pensar que en los tiempos de hoy, en un mundo totalmente distinto, no existen. Sí existieron, tanto para las actividades permanentes como para las electorales, pero no se trata de discutir el pasado, sino el presente y, sobre todo, el futuro. Lo que nos interesa es buscar puntos de entendimiento. Aquí no tuvimos un punto de entendimiento con el Gobierno, por más que una y otra vez se nos ha mencionado esta situación.

También están los límites en unidades indexadas, que a nosotros, señora presidenta, nos va a generar un comentario artículo por artículo. En la discusión de cada artículo vamos a mencionar qué es lo que consideramos que está bien y qué es lo que nos parece que podría estar mucho mejor.

Pero la famosa discusión que tenemos es en el artículo 13 de este proyecto, que establece la forma en que se distribuyen los espacios gratuitos. Hemos pedido opiniones a juristas y algunos de ellos sostienen que la nueva formulación que hemos realizado acerca del artículo 13 no salva la inconstitucionalidad que ha señalado la Suprema Corte de Justicia. Este es un tema para resolver, señora presidenta, porque la mayoría de votos, por más acuerdos que haya, no evita que mañana alguien presente un recurso y pueda demostrar que esta distribución es inconstitucional, aunque sea acordada y mucho mejor del disparate que había antes. Perdonen –no quiero herir susceptibilidades–, pero fue así. La ley de medios establecía que el 80 % se repartía en proporción a los votos de la elección pasada y el 20 % atendiendo una realidad nueva. Además, se les expropiaba a los canales de televisión y a las radios 162 minutos por día, de manera que iban a cerrar, porque no iban a tener programación. Es una forma de razonar antigua –no quiero ofender–, vieja, porque hoy en día, con la cantidad de medios que tenemos para poder ver programas de televisión, la propaganda electoral en los canales de televisión cada vez va a tener menos incidencia. De manera que generar esta expropiación me parece un error. Diría que es una especie de obsesión la que ha tenido el Gobierno, sobre todo la bancada oficialista, al sostener que es ahí donde está el desbalance o el favoritismo, ¡que nos ha llevado a la oposición a perder las elecciones tres veces seguidas!

SEÑORA PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota).

–19 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señores senadores y señora presidenta.

No veo en los resultados electorales que esto pueda incidir. Se habla de la incidencia de los canales de televisión y de las radios en torcer la opinión pública, pero la fuerza política que propone la iniciativa ha ganado tres veces las elecciones en forma consecutiva. No van a ser cuatro, pero sí ha ganado tres veces.

En ese sentido nos parece que, dentro de la discrepancia que tenemos con la ley de medios, es más sensato reducir los 162 minutos por día a cincuenta minutos. La ley de medios topea a los canales, en esa obsesión que tiene el Gobierno de ir contra los que manipulan, supuestamente, a la opinión pública, que son los canales de televisión y las radios. Eso es lo que se está diciendo con esa actitud que se tiene contra ellos. Como la ley de medios establece un límite de quince minutos de tanda por hora, pedimos que se agreguen cinco minutos más y se llegue a veinte minutos, aspecto que fue aceptado en la comisión.

Señora presidenta: vuelvo a decir que estoy en contra de la ley de medios; me parece una mala ley. Si tuviéramos la mayoría necesaria la derogaríamos –lo digo franca y directamente– y la sustituiríamos por otra norma mucho más adecuada a la realidad y a los nuevos tiempos que estamos viviendo, en los que la publicidad electoral pasa por otros lados mucho más que por los canales de televisión y las radios. Pero así son las cosas y así nos tenemos que mover.

De esta manera, habría cinco minutos que no les estaríamos tomando de las tandas permanentes y habría otros cinco minutos que sí, porque, según dice la ley, son diez minutos de propaganda política por hora. Con respecto a este tiempo de cinco minutos, en la Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral he insistido en otorgar a los canales un crédito fiscal, pero no fue aceptado. En lo personal, lo considero un error, porque hay cinco minutos que no les tocamos del tiempo que ellos tienen como propaganda por hora –en la medida en que de quince pasamos a veinte minutos–, pero sí les estamos sacando cinco minutos de la tanda permanente.

Como todos sabemos, en su momento el Partido Independiente presentó un recurso y lo ganó. Justamente, una de las razones por las cuales estamos considerando este proyecto de ley es que el Partido Independiente ganó en esa instancia con respecto a la forma en que se distribuyen los minutos entre los partidos. Para nosotros la aprobación del artículo requería dos tercios de votos, pero la Suprema Corte de Justicia entendió que no, que lo que está equivocado es la forma en que se distribuyen los minutos. Pero en ese fallo la Suprema Corte de Justicia agrega que hay daño económico. Quiere decir que lo gratis no es gratis; lo vamos a tener que pagar después en un juicio. Si no otorgamos a los canales de televisión y a las radios el crédito fiscal que, de alguna manera, pueda eliminar el daño económico, mañana van a tener el derecho de reclamar por ese daño económico que por este acto legislativo les hayamos generado. Y eso va a llevar a que ganen un juicio y a que el pueblo uruguayo tenga que pagar el daño económico de esos cinco minutos por los que no se les concedió el crédito fiscal.

Señora presidenta: me parece que esta situación es tan obvia, que nos queremos adelantar a que se genere una reflexión en este sentido. Todavía estamos a tiempo. Y si no es así, esperemos que la reflexión se dé en la Cámara de Representantes para evitar lo que, para nosotros, es un mal artículo que insiste en un reparto que hemos acordado, pero sobre el que se sigue sosteniendo que es inconstitucional. En el ámbito de la comisión esta discusión ha llevado muchas veces a escuchar opiniones como: «Bueno, si no estás de acuerdo con esta forma de distribución, podemos ir a la eliminación de la propaganda, que no haya propaganda de los partidos políticos en los canales de televisión y en las radios». No sé; no lo he discutido en mi partido. No sé si es mejor que no haya propaganda política en los canales de televisión y en las radios –como ocurre en muchos países– a que exista esta instrumentación, que puede ser recurrida y generar un daño económico. Estamos dando los elementos para que después lo que se dice que es gratis no lo sea, porque vamos a tener que pagarlo en un juicio.

Adelanto que cuando comencemos a analizar el artículo 13, pediré un cuarto intermedio para volverlo a discutir a nivel de la bancada y definir cómo lo vamos a votar. En la comisión llevamos adelante acuerdos políticos –que podían ser satisfactorios– en cuanto a la distribución de espacios gratuitos en función de la elección pasada y la nueva realidad. Se buscó otra forma y no la que establecía la ley de medios. Así, se acordó que el 50 % se repartiría en proporción a los votos obtenidos en la elección pasada; el 45 %, en forma igualitaria para todos los partidos, y el 5 %, para los nuevos partidos que concurran. Para mí era un acuerdo lógico frente a lo que había, pero, por parte de prestigiosos juristas y del señor senador Amorín, se sigue insistiendo en que el artículo sigue siendo inconstitucional. Esta situación nos podría llevar a que mañana nos afiliemos a la tesis de que no haya nada. Pero estamos en una sociedad en donde pueden querer aparecer nuevas figuras y en donde estamos pidiendo que exista una renovación a nivel de los partidos, en forma permanente. Y la forma en que alguien pueda aparecer en la renovación es promocionarse, para que lo conozcan y pueda mañana tener la atención de la ciudadanía. Si no lo ven, si no lo conocen, va a ser muy difícil que esto se pueda concretar. Entonces, me parece que esta norma no es anticonstitucional, sino realmente antidemocrática. Promover que aparezcan nuevos partidos y que dentro de los ya existentes surjan nuevas figuras es lo que debemos hacer. No podemos congelar el statu quo ni a los partidos. Y vuelvo a decir que estos argumentos surgen de la convicción de que, frente a estos desafíos, debemos ayudar a que los partidos políticos no sean presos del dinero. ¡Sí, señor! ¡Quiero que los partidos políticos no queden presos ni de personas, ni de dinero, ni de empresas –claro que sí–, pero lo quiero de la mejor forma, sin que esto termine congelando a sus dirigencias porque es lo que se conoce! Al no tener la posibilidad de acceder a los grandes medios de difusión, no se va a poder generar esa renovación, ese cambio que tanto queremos. Quiero creer que todos lo queremos; si no es así, naturalmente, tenemos la posibilidad de que esto se congele.

Recién, acá –al costado– escuché decir: «¿Y cuando no había televisión?». Bueno, cuando no había televisión se iba a la esquina con un cajón de queroseno y ahí se hablaba hasta sin micrófono. En aquella época no había medios, que –confesémoslo– hoy muchas veces son los que llevan público. ¿Quién hace actos masivos como se hacían en el pasado? No se hacen más actos masivos; dejaron de existir. Antes llegaba el líder o el candidato a Paso de los Toros, a Caraguatá o a Artigas y todo el mundo iba a escucharlo, los adherentes y los no adherentes. Era un acontecimiento.

Hoy en día, los medios de prensa, las redes sociales, la televisión, diariamente nos hacen rendir un examen; naturalmente, el ciudadano pierde el interés. ¿Por qué? Porque todos los días estamos en el living de la casa de la gente. Repito: todos los días nos toman examen; cambió la política. Y algunos pasan ese examen y otros lo reprueban porque también está el archivo, que muchas veces es horrible para algunos, ya que queda registrado si dice un día una cosa y otro, otra. Esto está pasando en la actualidad y se está siendo mucho más exigente. Recuerdo que cuando era chico mi padre –que era diputado por Rivera– debía pedir licencia para ir a su departamento porque le costaba un mes recorrerlo en su totalidad. Hoy nos lleva veinticuatro horas recorrer un departamento. La actividad política cambió sustancialmente; la cambió la televisión y las redes sociales la están cambiando.

Ahora bien, nosotros vamos a llegar al 2020 con reflejos de la década de los cuarenta. El timbrazo seguirá, pero también por redes. Por eso, señora presidenta, creemos que esta forma de articular esa expropiación que se hace a los medios de prensa, es vetusta, vieja, antigua, y no va a ser real. Es más, vamos a incentivar a que las campañas electorales vayan por otro andarivel que no sea el de la televisión y de las radios.

Por último, señora presidenta, quiero mencionar algo que nos preocupa y que fue planteado por el senador Mieres en comisión: la famosa compra de minutos por parte de la Corte Electoral. En la comisión dije que me parecía muy difícil que la Corte Electoral tuviera la posibilidad técnica de establecer el valor de un minuto de televisión en el Canal TV 10 Rivera, en el Canal 3 TV Río de Paysandú o en el Canal 12 Melo. ¿Cómo va a hacerlo? Se me podrá decir que alguien se va a encargar, pero no puede ser así y creo que la solución del senador Mieres era muy lógica.

La preocupación radica en que no haya beneficios para algunos. O sea que lo que quiere la bancada oficialista –y nos parece de recibo– es que los minutos de televisión valgan distinto para unos y para otros. Pues bien, la factura que se hace a los partidos políticos tiene que ser controlada por el Consejo de Comunicación Audiovisual. De alguna manera, el minuto lo establecía la Corte Electoral en función de la realidad de cada medio. No es lo mismo tener minutos de propaganda en los canales nacionales –si así se quiere llamar a los que están en Montevideo– que en los canales cable, que son los que pasan propaganda política en el interior del país.

El Gobierno se ha negado a esto, por lo que nosotros vamos a pedir un cuarto intermedio cuando tratemos este artículo para dialogar nuevamente. Me parece muy sensata la propuesta del senador Mieres porque lo que queremos evitar es que haya hijos y entenados. Queremos evitar que haya precios para unos y precios para otros. Si es el Consejo de Comunicación Audiovisual el que se ocupa de garantizar los minutos, tendrá que establecer la factura, el pago y el ingreso por vía bancaria –porque debe ser en dinero, en tanto las campañas electorales se están bancarizando–, pero no pongamos a la Corte Electoral a regular cuando está incapacitada para hacerlo.

Creo que podemos dar a la Corte Electoral los medios que precisa para que pueda fiscalizar y auditar a los partidos. Considero que con un equipo de contadores se puede auditar en forma permanente las campañas electorales. En esto tengo una discrepancia con el senador Mieres porque él sostiene que de ello debe ocuparse el Tribunal de Cuentas y yo creo que debe ser la Corte Electoral la encargada, pero dándole los recursos humanos que está precisando. Esos recursos pueden venir del tribunal, pero deben pasar a ser personal permanente de la Corte Electoral para cumplir una misión de auditoría. Eso es bienvenido, señora presidenta; no es una piedra en el zapato. A mí no me gustaba cuando se hablaba de la auditoría interna, como en algún momento se mencionaba en el proyecto, pero quedó muy claro que la Auditoría Interna de la Nación no interviene, porque representa al Poder Ejecutivo y este no debe tener injerencia ni hacer auditorías, ya que es de un partido político y su titular es el principal jefe de ese partido político. Repito, no tiene derecho a auditar las finanzas de un partido de la oposición, pero sí puede hacerlo la Corte Electoral. Lo que se menciona de la Auditoría Interna de la Nación es, simplemente, a los efectos de tener un registro del balance.

Las finanzas permanentes van al Tribunal de Cuentas para que sean visadas, y después a la Corte Electoral. A mí me parece bien que sea así y creo que es sano para los partidos políticos porque nos ordena.

Digamos también –debemos confesarlo– que dentro de los partidos tenemos distintas realidades, pero no porque haya personas que cometen delitos. A veces, en las campañas electorales hay personas que son desprolijas para presentar sus propias cuentas y tenemos que ir educando en esto. A veces, un compañero o compañera sale a la palestra en otro confín del país sin conocer las normas establecidas en esta nueva legislación y será muy difícil que presente lo que corresponde en tiempo y en forma, pero deberá hacerlo. Debemos hacerlo. Tendremos que explicarle que es así.

Habrá dificultades porque en el tema de las donaciones, sobre todo en el interior del país, hay gente que se maneja de una forma mucho menos protocolar o articulada. Muchas veces, los recursos se consiguen en función de donaciones que salen de un grupo de amigos, pero eso lo tendremos que organizar. Son tareas que tendremos que hacer para educar a las listas, que muchas veces tienen esta costumbre de barrio, de gente muy humilde. Ahora deberán aprender que las donaciones deberán ser cuantificadas y declaradas porque es obligatorio por ley. Muchas veces se nos dice «si me prestó el auto» o «si me regaló un parlante», pero todas esas colaboraciones que tenemos permanentemente –a veces desinteresadas– y que son la esencia de la vida política, deberán ser declaradas. Es verdad que pueden existir sospechas de que haya personas con otros intereses, pero de esta manera estamos impidiendo conseguir recursos para la campaña electoral que son muy valiosos y muy difíciles de cuantificar. Si el día de mañana alguien nos regala veinte pollos en una comida, vamos a tener que justificarlo. Creo que hay un límite para todo y debemos tener cuidado de no atarnos los pies y las manos porque los partidos políticos precisan recursos, ya que no los tienen por sí mismos. No somos partidos políticos ricos. Hay partidos que tienen recursos, como sucede en Alemania, Francia, España o Estados Unidos. En esos países los partidos políticos consiguen recursos permanentemente y pueden pagar una o dos campañas electorales. Nosotros no. A veces, con una buena administración podemos pagar los sueldos de las personas que trabajan dentro del partido, pero muchas veces hemos tenido que postergar obras –algunos miembros del Directorio del Partido Nacional lo saben–, porque no tenemos recursos suficientes para arreglar humedades. Esa es nuestra realidad, pero de ahí a que se sospeche que el narcotráfico va a lavar dinero, es demasiado. Lo único que puede lavar el Partido Nacional es alguna pared que está bastante sucia. Nada más que eso.

Lo que estamos haciendo es generar un clima de desconfianza y suspicacia. Fíjense que en un momento, en la Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral solicité que se suspendiera la toma de la versión taquigráfica para poder hablar de manera no protocolar, para poder intercambiar opiniones, y salieron a la prensa a decir: «¿Qué están hablando? ¿Qué secreto tienen?». Solo lo hicimos para tener una conversación, un mejor diálogo, y no estar pidiendo interrupciones. Como dije, tuvimos una crítica muy dura en la prensa porque solicité que se suspendiera la versión taquigráfica para facilitar el diálogo, que estaba un poco trancado. A veces, cuando el diálogo se tranca en muchos proyectos de ley –esto lo aclaro para la prensa, aunque los viejos periodistas parlamentarios ya lo saben–, solicitamos suspender la toma de la versión taquigráfica para hablar de ciertos temas de una forma más chabacana, para poder entendernos y lograr acercar una posición. Incluso compañeros de mi propio partido me han preguntado: «¿Qué están hablando? ¿Qué están negociando ustedes, que suspendieron la toma de la versión taquigráfica?». Nada, simplemente tratamos de buscar un entendimiento porque estábamos trancados. ¡Y seguimos trancados! Buscamos destrancar, pero este proyecto de ley no se votó por unanimidad en comisión. En dos o tres artículos nosotros vamos a marchar. Es verdad lo que dice el señor senador Pintado en cuanto a que hay una cantidad de artículos en los que estamos de acuerdo. Son artículos que son necesarios para lograr una transparencia en el sistema.

A nosotros todo esto nos genera una dificultad. He estado hablando con los diputados de mi partido y me preguntan cómo voy a distribuir los minutos gratis en la elección interna. La verdad es que no lo sé y nos va a generar un problema grave. Me han preguntado si los minutos gratis en octubre van a ser solo para el presidente y los senadores. ¿Y los diputados? ¿Qué garantías tienen los diputados –que son los que tienen que bancarse sus campañas electorales en los departamentos– de que van a participar de esos minutos gratis en horario central? No voy a poder decirles que se puede comprar en horarios laterales. Además, ¿cuál es el horario central de las radios? ¿De 6 a 11 horas? Bueno, eso depende de la audiencia y del departamento.

En definitiva, hay muchas interrogantes. El Gobierno ha insistido y está comprometido en votar este proyecto de ley, pero nosotros no hemos logrado los acuerdos internos necesarios como para comprometer la posición del Partido Nacional. No tenemos acuerdo en el partido como para dar una opinión, justamente, por todas estas preguntas que se me hacen y no sé cómo responder. ¿Cómo va a comprar la Corte Electoral los minutos en el interior del país? ¿Cómo se va a distribuir dentro del partido? Cabe señalar que hay distintas realidades; la realidad interna de una coalición política como el Frente Amplio es distinta a la de los partidos tradicionales, sobre todo a la del Partido Nacional, donde estamos acostumbrados a decir que la libertad es libre, a revolear el poncho y a salir al descampado. No hay organicidad, no hay forma de alinear a muchas personas. Hay partidos políticos que son distintos, porque se identifican con una lista, con un número, que está registrado en todo el país. Eso es muy distinto a la arquitectura y a la organización de un partido político que ha hecho de la libertad electoral una forma de ser, una tradición.

SEÑORA PRESIDENTE.- Está en el ADN.

SEÑOR HEBER.- Exactamente, está en el ADN del partido. Es muy difícil decir «no podés, tenés que alinearte». No, ¿qué alineamiento? Y después el que no se alineó también pide su cuota parte.

Además, ¿en función de qué elección se va a hacer? ¿De la elección pasada? Puede ser que en la elección pasada no estuviera. Entonces, en la próxima elección le van a dar menos dinero y va a decir que el partido le está negando la posibilidad de que salga y pueda mostrar sus votos en una elección nacional. Y todo eso termina siendo un gran lío dentro del Partido Nacional y se pide la renuncia al directorio, que es al primero que se señala como culpable de todos los males. ¿Qué puedo decirles? ¿Que no estuve de acuerdo con el artículo y que lo votó el Frente Amplio?

Señora presidenta: tenemos estas realidades dentro del Partido Nacional. Adelanto que voy a seguir participando en el debate de este proyecto de ley por la vía de la interrupción porque me preocupa. He dado mucho tiempo y creo en muchos de los artículos que se han votado.

Insisto en que el Partido Nacional –en esto se me ha dado la derecha en el Senado y en la Cámara de Representantes– quiere más transparencia y que no exista la posibilidad de que el día de mañana alguien con respaldo económico pueda adueñarse de un partido. Eso nos preocupa y no lo queremos. Lo que sí pretendemos es que los partidos sean más transparentes. Naturalmente, estamos muy lejos de que el día de mañana alguna organización ilícita pueda financiar nuestras campañas electorales. En eso hay unanimidad, el tema está en ver cómo lo logramos. Muchos artículos están bien, otros no.

Por estos motivos, a riesgo de dificultar la votación, cuando lleguen los artículos polémicos voy a pedir un breve cuarto intermedio para razonar con los compañeros y ver cómo vamos a votar los artículos que he mencionado, que nos generan reparos, aunque la intención del proyecto de ley pueda ser compartible.

Muchas gracias.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señora presidenta: me alegro de que nuestra bancada haya propuesto, en esta legislatura, debatir nuevamente y reflexionar sobre las normas que nos rigen. Creo que es esencial este debate, que tiene que ver con las reglas que en la democracia tenemos todos para nuestro funcionamiento.

Me alegro, además, de que la comisión haya tenido nivel e intensidad de trabajo y dejo constancia de las disculpas para las taquígrafas y los taquígrafos que nos sufrieron durante tantos meses en una discusión que siempre fue sumamente apasionada con relación a lo que nos debe guiar como criterio.

¿Cuál es, nuevamente, el objeto de esta reflexión, que creo es deseable que se dé en toda legislatura? Es volver a pensar qué hacemos en la política cuando nos sorprendemos con valoraciones que no son las que esperamos de la ciudadanía uruguaya y hay una brecha muy importante entre lo que esta expresa en algunas mediciones respecto a cómo valora la democracia y cómo nos valora –después y muy por debajo– a nosotros, a la institución partidos políticos.

Por tanto, hay que encontrar cuáles son las claves de disociación que tenemos con la ciudadanía porque, sin duda, no nos podemos encomendar exclusivamente a cuestiones como las tecnológicas, sino que tenemos que ver cómo está nuestro vínculo con la sociedad. Creo que, efectivamente, todo el predominio que la imagen tiene en la vida cotidiana muchas veces nos ha llevado a hacer las mejores campañas, a presentarnos de la mejor forma y a distorsionar lo que, en definitiva, el ciudadano y la ciudadana tienen que elegir, que son los mejores gobiernos, el mejor proyecto de país y los mejores equipos para llevarlo adelante.

Las campañas electorales, con todo lo que significan en la vida de los países y también de los partidos, no nos pueden hacer perder de vista el objetivo de que nuestro funcionamiento sea permanente porque de él dependen muchas de las consecuencias que luego tenemos en ese vínculo con los ciudadanos. Por tanto, estamos tratando de ver de qué manera equilibrada y ponderada podemos funcionar y creo que eso se logró bastante. Sin embargo, hay que decir que, así como el señor senador preopinante hablaba de ciertas insuficiencias, nosotros también tenemos algunas en el producto final porque, obviamente, hubo que aproximarse a los mayores consensos.

Creo que una de las cosas que importa es que veamos cómo otros partidos, en una región como Latinoamérica, han encontrado vías para mejorar estas dificultades, ya que si nosotros las vivimos por ese descenso de los partidos políticos y su actuación en la consideración ciudadana, hay otros países que, sin duda, las tienen desde mucho tiempo antes y con mucho mayor profundidad.

La democracia uruguaya tiene algunos de los partidos más antiguos del mundo y eso presenta enormes ventajas para la solidez democrática. Claro, eso también tiene consecuencias de rigidez en su funcionamiento, porque se puede pensar, por ejemplo: «¿Para qué vas a cambiar, si siempre ha sido así? Entonces, sigamos así, que tan mal no nos va».

Creo que tenemos que discutir sobre todas las cosas y ver en qué lugares podemos ir adaptándonos. Como decía, muchos países han estado discutiendo y reformando la manera en que funcionan sus partidos, pero han generado estructuras y burocracias muy importantes que no solucionaron los problemas sino que, por el contrario, originaron otros y muy grandes. Me refiero a exigencias a las que los partidos no pueden llegar –y, por tanto, quedan fuera de determinadas vueltas electorales– o a un andamiaje en el que todo se puede analizar, pero es una burocracia que genera, a su vez, mecanismos para mantenerse.

Entiendo que vamos con mucha ponderación con respecto a las modificaciones que hoy tenemos aunque, en algunos aspectos, quisiera que hubiéramos tomado determinadas decisiones hace mucho más tiempo.

En 2009 discutimos este tema y recuerdo intervenciones –como la del señor senador preopinante y otros en su colectividad política– que planteaban que si la publicidad tiene el peso que efectivamente tiene, por qué no reducir la campaña publicitaria, no tender a eliminarla o no dar al canal público un rol de difusión.

En fin, se han ensayado muchas alternativas y creo que en este año de trabajo hemos pasado revista a casi todas, pero hay un momento en que se debe concluir con algún tipo de avance. Pienso que lo que concretamos, desde el punto de vista de la publicidad, es en lo que hemos sido menos eficaces, pero a lo largo del debate que hoy tendremos ya veremos en detalle algunos de esos aspectos.

La oportunidad me parece esencial; me refiero a que tomemos estos debates fuera del año preelectoral, porque a nadie le gusta saber que existen incertidumbres sobre las reglas que nos van a regir. Por eso es muy importante no diferir más el tratamiento de este tema y posibilitar que la Cámara de Representantes también lo considere en los plazos más rápidos posibles, antes de ingresar en el año preelectoral.

La actitud de cada uno de nosotros tiene que ser discutir este tema por fuera de cómo nos irá en la votación próxima. Cuando en el 2009 el Poder Ejecutivo envía la iniciativa de la ley que nos rige y que hoy estamos modificando, ¡obviamente que nuestra fuerza política quería seguir siendo gobierno por un período más!, pero hicimos una serie de restricciones y hoy, a la luz de aquellos avances, nos damos cuenta de que los cambios han sido tan importantes, que requerimos de muchas más modificaciones.

Entonces, despejo cualquier suspicacia planteada en este debate acerca de si con estas modificaciones vamos a estar ganando un poquito más con relación a nuestros adversarios políticos. Aquí estamos discutiendo de democracia. Esta discusión es importante para todos: para los que estamos aquí, para los desafiantes –que vendrán y se presentarán–, y para el equilibrio y regulación que debemos tener entre nosotros como sistema político, pero también respecto de las herramientas que damos a la ciudadanía para que nos analice.

Es muy lindo que hablemos de transparencia y después hagamos un sistema de información con números de nuestras finanzas, pero después ningún ciudadano puede acceder a ellos y, si lo logra, no puede interpretarlos. Entonces, lo que estamos diciendo es que avancemos sustantivamente en la democratización, que sigamos analizándonos e intentemos aggiornarnos a transformaciones como la de la inclusión financiera. Incorporar todos los mecanismos de inclusión financiera a los ingresos de nuestros partidos hoy es esencial para hacer la trazabilidad.

Me congratulo de que en nuestro país no existan las amenazas que, lamentablemente, se dan en otros países, pero eso no nos vacuna ni nos inmuniza; eso implica reconocer que el mundo global no tiene fronteras para sus amenazas y que si nos curamos en salud es mucho mejor, insisto, dentro de un marco de ponderación. No se trata de generar megaandamiajes en los que, después, las instituciones se pierden o disminuyen sus posibilidades de dar respuestas efectivas y, entonces, entramos en una gran distorsión. Aquí se trata de tener mayor transparencia y más accesibilidad de los ciudadanos a la información que requieran y no de estimular la aventura electoral en el sentido de que haya finanzas y, entonces, se apueste a ser tal candidato o candidata para después ir bajando porque resulta que lo que interesa es encontrar otro efecto en esa cascada de aspiraciones; aquí se trata de que podamos manejar los recursos asignados con un criterio de sensatez. Creo que la ley del año 2009 ayudó a ordenar nuestro funcionamiento, ¡sin lugar a dudas!, pero la necesidad de mejorar el financiamiento no está desligada de la exigencia de los gastos; entonces, allí se originan las discusiones acerca de cuánto dinero admite la política. En principio, nos inclinamos por decir que la política esté lo más lejos posible del dinero. ¡Devolvámosle a la política el debate de las ideas! ¡Devolvámosle a la sociedad la cercanía entre ciudadanos y políticos!

Esto no nos puede llevar a pensar en imágenes ilusorias porque, sin duda, tenemos que apostar a la austeridad, a levantar nuevamente el cajoncito aggiornado al siglo xxi y tener claro cuál es el norte, porque si venimos a discutir cómo uno consigue ventaja sobre el otro, debemos recordar que un día estamos de este lado, y otro, del lado de la oposición.

¿Hay vocación de gobierno? Por supuesto, desde el primer día de nuestra creación. ¿Hay dificultades? Por supuesto. Nuestra coalición está integrada por más de treinta sectores y partidos, además de tener un componente de movimiento a lo largo y ancho de toda su estructura. ¿Hay listas? No quisiera aventurar un número porque no recuerdo cuántas listas debí autorizar frente a la Corte Electoral durante mi presidencia en la coalición.

¡No se salva nadie! Primero, todos quieren tener todas las libertades en su puño; segundo, todos salimos a ganar. ¿Quién no enfrenta las discusiones con sus compañeros en algún recóndito lugar del país, y dice «acá ganamos»? Por tanto, requiere de recursos, de apoyaturas y demás, pero después la realidad no colma esas expectativas. En un proyecto de ley de esta naturaleza ninguno de nosotros va a decir: «Se colman todas nuestras expectativas». No; es importante que este proyecto de ley tenga el mayor respaldo posible porque siempre que discutimos la salud de los partidos políticos está en juego la salud de nuestra institucionalidad democrática. Cuanto más acertemos el norte –lo que implica dar transparencia y acercar el ciudadano a la política, y viceversa–, vamos a estar en mejores condiciones de avanzar como sociedad. Cuando nos vanagloriamos de cómo, a lo largo de su historia, nuestra sociedad ha rescatado todos estos valores interrumpidos por muy pocos momentos en los que la democracia se fractura o la fracturan, el desafío es mayor. ¡No hagamos de este proyecto de ley un simple trámite parlamentario! Hagamos de este proyecto de ley un verdadero momento para escudriñar en nuestras prácticas y mejorarlas en función de esos objetivos.

Creo que es bueno suspender todas las opacidades que se puedan generar, y me parece que no solo es buena la concepción de lo que podamos tener, sino también la que podamos trasmitir al conjunto de quienes integran nuestras colectividades políticas, porque este proyecto de ley y las modificaciones propuestas para transparentar y mejorar los datos –o las que vengan– van a necesitar del concurso de todos. Esto no lo hace la burocracia de cada partido; si no se generan los datos a lo largo y ancho de las estructuras, vamos a estar carentes. Sepamos que hay países donde los partidos quedan fuera de combate en forma transitoria o definitiva porque no cumplen con las reglas que se vuelven más rígidas. No pueden ser reglas rígidas para excluir a los partidos, sino que deben tener ínsita la propuesta para que no dejen gente afuera de la política; sin duda, esa es la mejor forma de gestionar las diferencias en una sociedad.

Por tanto, hemos tenido unos cuantos idas y vueltas en muchos de los temas que acá se discuten, pero quiero dejar meridianamente claro que para esta fuerza política sería mucho más democrática la no existencia de campañas publicitarias pagas en televisión que la solución transaccional que traemos y que, de todas formas, no concita el apoyo de todas las colectividades hoy aquí representadas. No cabe duda de ello y no estaríamos haciendo ningún avance extraordinario. Existen muchos países que no hacen de la propaganda publicitaria paga el centro de sus campañas como lo hacemos nosotros, lo que nos trae ese conjunto de consecuencias de las que hablaban los señores senadores preopinantes sobre déficits en los partidos políticos, muy difíciles de revertir.

Insisto en que la propuesta que hoy se trae es ponderada en función de cómo, desde el año 2009, ha venido dándose esta regulación que requiere aprobar la minuta, lo que, sin duda, es muy importante para que el Poder Ejecutivo envíe artículos con su iniciativa privativa para generar mejores condiciones, ya que podemos exigirnos determinado tipo de auditoría, pero si después no tenemos quién controle, no deja de ser un saludo a la bandera.

Con respecto a la ley que rige hasta ahora, la identificación de los donantes representa la necesidad de avanzar un paso más con relación a lo dispuesto en 2009 y, con relación a los montos que una persona física pueda aportar en una campaña en comparación con una empresa, no da lo mismo. No es lo mismo que un empresario aporte en la medida en que deba justificar esos aportes o que lo pueda hacer para varios partidos a la vez –como ocurre muchas veces–, a lo que pueda hacer una empresa.

¿Esto significa satanizar el aporte de las empresas? No; ¡si todos hemos recurrido a ellas! Esto no quiere decir que siempre vaya a haber objetivos espurios en las empresas cuando financian los partidos políticos; estos pueden ser tan nobles como los aportes que se generan por parte de cada uno de los ciudadanos interesados en que ese partido tenga la mejor performance electoral. Pero las empresas, los empresarios y las autoridades partidarias debemos entender que hoy más que antes existe una presión ciudadana sobre estos temas. ¿Que siempre hay que ceder a la interpretación que los ciudadanos hacen sobre determinadas realidades? Bueno, no; no siempre. Somos integrantes de partidos políticos que, en general, queremos ayudar a conducir, a procesar, a ser síntesis de lo que las sociedades se proponen. Sin embargo, es muy importante saber que todos los días estamos sometidos a las informaciones que surgen de otros países en donde esa interpretación ha sido una vía de distorsión y, además, de corrupción. Es evidente que no hay alguien que corrompe y otro que es corrompido sin su voluntad, pero como se necesitan dos, debemos dar un mensaje desde nuestros partidos políticos en el sentido de que estamos convencidos de que se gastan dineros excesivos en las campañas, de que debemos reducir la cantidad de agua que sale de esas canillas porque es mucha, y de que ese manejo debe ser más transparente. Entonces, una forma de reducir los volúmenes e identificar su procedencia es que no provengan de las empresas, porque si entendemos que las empresas contratantes con el Estado no deben ser a su vez donantes de partidos, esta es otra medida complementaria que no es contrapuesta, sino que va coadyuvando a identificar, sin satanizar, las situaciones en las que, lamentablemente –un día sí y otro también–, encontramos imágenes que no queremos vivir y para las que hay que prepararse en un ponderado debate equilibrado y respetuoso entre los actores.

Entonces, me parece bueno que veamos todo este andamiaje sin estigmas pero, además, que también veamos la necesidad de que lo que terminemos resolviendo hoy, acá, nos va a impactar a todos. Por ejemplo, me corre un frío por la espalda cuando el señor senador preopinante habla de una eventual derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y ¿por qué me corre un frío por la espalda? Porque un día sí y otro también hay ponderaciones hacia la norma que votó Uruguay, y es cierto, fue aprobada exclusivamente con los votos de la coalición gobernante. Pero mire, señor senador, que la concentración que existe en los medios de comunicación –televisión, prensa escrita y radio– no es patrimonio de otros países, también existe en el nuestro, y la concentración de mensajes en oligopolios –en pocas empresas o familias– no es buena para la democracia; eso está probado en cualquier parte del mundo. La diversidad de mensajes y de quienes los emiten es algo muy bueno para la democracia, es bueno para la colación gobernante y es bueno para los partidos de la oposición. No pueden mirarse estos temas de acuerdo con la expectativa del voto que vayamos a tener en la elección siguiente. ¡Esa es la manera, no hay forma de achicar este debate! Eso sería malo para todos; por eso quiero insistir en que en el 2009 nos pusimos restricciones y no fue porque pensáramos que no íbamos a tener vocación de seguir siendo gobierno. Por supuesto que sí. Acá están en juego otros valores, no está en juego si vamos a tener medio minuto más, ya sea gratis, donado o pago. Me parece que es a ese punto del debate al que tenemos que volver.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señora senadora?

SEÑORA XAVIER.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Pensé que estábamos de acuerdo, pero ahora veo que no. La lógica con la que trabajamos es tratar de combatir esa idea muy uruguaya de que acá no va a ocurrir, de que acá eso no va a pasar. Creo que como eso todavía no pasa, es el momento de anticiparnos. En realidad, si miramos los fenómenos de corrupción que hemos estudiado, casi todos invariablemente empiezan buscando plata para los partidos, pero esta satanización de la que se habló no está en nuestro espíritu. Por ejemplo, si no modificamos la ley actual, una empresa que hoy no contrata con el Estado puede donar, pero al día siguiente puede hacerse contratante del Estado cuando en ese momento no lo era, y eso empieza a llenar todo de suspicacias aunque haya transparencia. Justamente, hoy hablaba con la señora senadora Tourné sobre el tema de la posverdad. Cuando se instala una verdad, aunque sea mentira, ¡mala suerte! Y de eso todos somos cómplices. Esa es la principal causa por la cual nos estamos dañando como lo estamos haciendo, pero este no es el tema de hoy.

¿Qué es lo que queremos preservar? Recién lo dijo el señor senador Heber: los gastos exorbitantes no solo comprometen las finanzas actuales sino que quedamos endeudados, y eso es muy malo. Incluso, quienes tienen esas libertades y son menos disciplinados también van a ver comprometida su libertad de opinión por la deuda, porque si una deuda depende de que el partido la pague, capaz que van a cuidarse un poco al momento de presentar disonancias. ¿Qué hacemos, entonces? Limitamos el ingreso y tratamos de limitar los egresos. Sabemos que la televisión en el año 2025 no va a ser un problema. Es más, se dice que es horrible la cantidad de espacio que le ocupamos. ¡Ojalá no tuviéramos campaña electoral en televisión! Creo que lo mejor es el contacto con la gente. En nuestro proyecto de ley no hay lugar para las suspicacias; sí hay lugar para la transparencia –y es lo que compartimos–; sí hay lugar para la cercanía con la gente, pero no hay lugar para la influencia del dinero, aunque sea mínima. Cuando la gente ve los gastos exorbitantes de las campañas electorales –siempre les parecen exorbitantes–, se aleja y no habla bien de nosotros. Siempre ponemos el mismo ejemplo: la gente que se pregunta «¿En qué gasta tanto este diputado de Tranqueras? ¿Qué hay detrás?». Hay gente que se compromete tanto, que no le alcanzaría con veinte años de legislador para poder pagar las deudas. Hay familias que se han arruinado por las campañas electorales. Entonces, tratemos de cuidarlos a través de la ley. Lo que más nos salva en una elección es la cercanía con la gente, y más en un país como el nuestro. Si antes nuestros viejos caudillos podían recorrer todo el Uruguay, a pesar de las dificultades que había, hoy se puede ir a cada casa y en cinco años se puede conocer a los dos millones de votantes y establecer una relación personal. No es un país con accidentes geográficos o con escasas vías de comunicación.

Quienes hacemos esta propuesta no tenemos ninguna otra intención que salvar las bases que sustentan la democracia, que son los partidos.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.

Se va a votar.

(Se vota).

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar la señora senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- La transparencia tiene un pie en la identificación de los donantes para las campañas y también para el funcionamiento permanente de los partidos. Incluso, se ha dado la discusión de si hay que evitar que las empresas financien todo el tiempo a los partidos, pero no impidamos que lo hagan en la instancia electoral –debido a las suspicacias de algunos integrantes del Cuerpo– y que las empresas queden por fuera de la donación. Tenemos que entender que la donación indirecta no es buena. Sin duda, primero está la regulación de los montos pero, además, el hecho de que podamos identificar la procedencia de ese dinero siempre es bueno, es curarse en salud. Entonces, es importante cruzar los datos y que su análisis sea transparente.

Indudablemente, hay que avanzar hacia la bancarización. Hemos discutido mucho cómo hacer para que la gente aporte dinero de forma natural. Creo que no estamos haciendo otra cosa que intentar encontrar el hilo conductor de la procedencia de esos dineros y este es un tema que está siendo discutido. ¡No neguemos que nos están pasando cosas que nos pasan! Creo que es bueno que nos sinceremos y encontremos soluciones que mejoren estas condiciones.

¿Hay que reducir la discrecionalidad? Sí. No es posible aceptar que cada uno rinda lo que quiera. Por más que nos digan «Acá nosotros lo hacemos así», sabemos que ahí se naturalizan algunas prácticas y, eventualmente, también se esconden algunas que son negativas. Tenemos que trasladar al conjunto de las estructuras partidarias la necesidad de que esto sea prístino. Por tanto, al reducir la discrecionalidad sobre cómo rendimos nuestras cuentas, tenemos que dotar de herramientas a los organismos de contralor. Todo esto es letra muerta si la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas y todos los organismos que pueden estar controlándonos no tienen mejores recursos además de estas competencias.

A continuación, quiero hacer referencia a una ley para acceder a la información y al impacto que ha tenido ese conocimiento en los ciudadanos. Eso existe porque la sociedad lo demanda. Es cierto que no son los ciudadanos que se organizan y lo piden –aunque podrían hacerlo aun individualmente–; son otros resortes de la sociedad. Pero creo en la bondad de que los datos estén accesibles a la ciudadanía, y todo esto de mejorar las formas en que hacemos los controles también le va a dar idea al ciudadano de cómo utilizamos esa plata que le requerimos, una y otra vez, para el financiamiento de nuestros partidos.

Hay otras leyes a las que hicimos referencia que se consideraron –porque forman parte de la legislación comparada reciente en la región– que, como decíamos, detallan muchísimo la procedencia de los dineros, pero también su destino. En esto no entramos, lo cual no quiere decir que no haya sido una preocupación. ¿Por qué? Porque en muchos casos esos dineros –en particular, fuera de los tiempos de campaña electoral– se destinan a la formación de líderes y lideresas; se destinan a tratar de evitar lo que naturalmente ocurre en nuestros partidos –esto también lo estudiamos con la academia y con las organizaciones no gubernamentales que tratan los temas de las mujeres–, que es la existencia de un embudo que hace que, en general, lleguemos con muchas dificultades, tanto las mujeres como los jóvenes. En cuanto a lo que se dijo sobre si nos cerramos y cómo abrimos, bueno, muchas veces abrimos asignando recursos a aquellos que, de lo contrario, no llegan. ¿Por qué? Porque es lógico. El circuito es el siguiente: si el varón es el más conocido, pongamos los dineros en esa figura, concentremos la publicidad en él y será el orador en todos los lugares. Con eso invisibilizamos toda posibilidad de renovación y de incorporación del otro género, de generaciones e, incluso, de otras visiones en los partidos políticos. Entonces, tenemos que analizar cómo retroalimentamos partidos cuyos representantes no se renuevan, y todas las consecuencias que ello genera.

Por eso, en lo personal, me costó mucho todo este tema, pero –en la búsqueda de consensos– no insistí en ser más concretos en cuanto a que la ley nos mandatara para que en el financiamiento permanente pudiéramos tener destinos que hicieran posible ayudar a destrabar esas trancas que los partidos tenemos y que generan consecuencias visibles.

Hay dos aspectos que pedimos al Poder Ejecutivo que tomara en cuenta en su remisión porque son realidades actuales. Una –que no existía– es la de los municipios. Sin duda, hay que incorporarlos en las tres instancias electorales y darles jerarquía. Es un proceso irreversible que requiere de mucho más análisis. Además, es muy diverso en nuestro país, pero hay que incorporarlo a esta ley porque la del año 2009, obviamente, no lo contemplaba.

La otra realidad que debe tomarse en cuenta es algo sobre lo que se discutió mucho en 2009 y venía contemplado en el proyecto original del Poder Ejecutivo. Nos referimos al plus a las listas que incorporan mujeres. En aquella oportunidad no se hizo lugar a la propuesta del Poder Ejecutivo, se discutió sobre la incidencia del dinero en este aspecto y se veía como una forma de mercantilizar. En definitiva, se aducen los mismos argumentos y temores que se utilizaron cuando discutimos acerca de la ley de cuotas, porque la paridad todavía no ha tenido debate en este Parlamento, aunque sí se ha presentado un proyecto de ley.

Estos son mecanismos de estímulo, transitorios, sin duda. En este caso veíamos la posibilidad de que este estímulo estuviera tanto en el encabezamiento de las listas como en la permanencia de quienes son electas para las bancas y que efectivamente lleven adelante esa participación. ¿Cuál es el fundamento? Como sabemos, hace relativamente poco –creo que dos semanas– se votó en la Cámara de Representantes la ley de participación política –por lo tanto, es ley–, que tuvo un impacto fundamentalmente en el Senado, ya que nuestra ingeniería electoral hace que en la Cámara de Representantes el impacto sea nulo o muy escaso. Por lo tanto, la posibilidad de que se estimule a que las mujeres encabecen las listas nos estaría dando un impacto diferente en la integración de la Cámara de Representantes. Por eso creemos que es bueno que se incorpore esta medida, porque es afirmativa aunque, por supuesto, deberá tener sus mediciones. El propio proyecto de ley insiste en que no alcanza solo con encabezar la lista en la instancia electoral, sino que después hay que desempeñar efectivamente esa banca y, por tanto, es ese dato el que se usa anualmente para hacer una verificación de la participación de las mujeres que son electas.

Más allá de que habría muchos aspectos concretos a los cuales hacer referencia y que serán motivo de la discusión particular de este proyecto de ley, creemos que, de alguna forma, las grandes modificaciones tienen que ver con estos avances. Insisto: no son nada revolucionarios ni extraordinarios, son solo un pasito más, bien a la uruguaya, en materia de publicidad, financiamiento y medidas como las que mencionamos para la participación de las mujeres.

Muchas gracias, señora presidenta.

18) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

19) PARTIDOS POLÍTICOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Continúa el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: en primer lugar, pido disculpas por el estado de mi voz, que espero que me dé para terminar la exposición.

En segundo término, quiero señalar que acá se ha dicho que el proyecto de ley se votó en comisión por unanimidad. Lo cierto es que cuando se votó, en representación de nuestro partido estaba el señor senador Amorín, que no era miembro, por lo cual no podía votar, y la realidad es que hay muchos artículos que no los habríamos votado.

Creemos que lo mejor sería que esta iniciativa retornara a la comisión porque contiene errores muy evidentes que deberían ser corregidos, y espero poder señalarlos. Es claramente inconstitucional, ¡claramente inconstitucional!; es de una flagrancia inconstitucional tan grande, que alcanza con mirar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia sobre la llamada ley de medios para darse cuenta de que va a seguir el mismo camino.

Además de lo que acabo de señalar, esta ley va a quedar obsoleta rápidamente y, encima de todo eso, antes de que quede obsoleta, va a beneficiar al Frente Amplio en la próxima elección. No puedo decir que sea la intención que desde el Frente Amplio estén buscando porque acá no pueden adjudicarse intenciones, pero sí digo que el resultado de la aplicación de esta ley es un beneficio para el Frente Amplio en la próxima campaña electoral; alcanza con hacer cuentas.

(Ocupa la presidencia la señora Mónica Xavier).

–Estoy seguro de que ninguno de los senadores que están acá querrá participar de un proyecto de ley que les da beneficios particulares en la próxima elección. Me explico: ¿que el sistema actual hay que perfeccionarlo? No tengo dudas. Es más; este proyecto de ley recoge dos iniciativas que presentó nuestro partido al comienzo de esta legislatura; no sé si las habrán tenido en cuenta, pero plantea las mismas soluciones. Estoy hablando del proyecto de ley por el que se prohíbe la realización de publicidad por parte de las empresas públicas –que acá está contenido– y del proyecto de ley por el que se establece la obligatoriedad de rendir cuenta de los ingresos y egresos a los precandidatos que comparezcan en las elecciones internas de los partidos políticos.

Así que ¡vaya si estamos dispuestos a que esto se perfeccione y vaya si es bueno estudiar cambios y mejoras! Sin embargo, creo que esto contiene algunos errores conceptuales, pero sobre todo de redacción, que no creo que sean los que estén buscando ni siquiera quienes proponen este proyecto de ley.

El señor senador Heber ya mencionó el tema de las empresas y su no aporte. Creo que prohibirlos agrega oscuridad y no claridad. Hoy en día, las empresas que pueden aportar son todas aquellas que no brindan servicios al Estado, concesiones, etcétera, pero sí pueden hacerlo sus familiares y sus dueños. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Prohibimos a todas las empresas. El dueño de alguna empresa que, por ahí, se ha dedicado a traer gente de Argentina en las últimas elecciones, hará sus aportes en especie, dando descuentos, porque estos no están regulados. Entonces, algún partido político podrá tener el «voto Buquebus» con mayor facilidad que otro y eso va a estar permitido. Y ¡qué coincidencia!, justo en el orden del día de hoy figura la enajenación de unos inmuebles de Montevideo, propiedad de los uruguayos, ¿a quién? Al señor del «voto Buquebus», a quien además estamos autorizando, en forma personal, a hacer descuentos especiales. ¡Regulamos los descuentos a los dueños de medios de comunicación por el proyecto de ley, pero no los descuentos que pueden dar los dueños de los barcos que traen a los correligionarios a votar desde la Argentina! ¡¿Deberíamos regular eso, sí o no, o quizás, dejar todo en libertad?! Ese es un error, creo que flagrante y claro. Por eso considero que es mejor la cristalinidad, que se informe todo, que se tenga la obligación de informar todo, hasta los descuentos y las empresas puedan adoptar.

No hay ninguna duda de que el sistema es perfectible, pero el gran tema es el artículo 13. Pido al miembro informante que vea, en la página 22 del comparativo, el artículo 143. Creo que ahí hay un error. Fíjense que ahí se dice cómo se va a distribuir la publicidad: 45 %, 50 % y 5 %. Y cuando se dice 5 %, se establece que es para «los nuevos partidos». Entonces, estamos dejando fuera de esto a los partidos que ya están y no tienen representación parlamentaria, como por ejemplo, el Partido Ecologista Radical Intransigente, el Partido de los Trabajadores y algún otro que se presentó en la última elección. ¡Esos no son «nuevos partidos»! En cambio, quizás estamos dando más proporción a algún otro partido –no está el senador que lo representa, aquí a mi derecha– frente al Partido de los Trabajadores, al Partido Verde
Eto-Ecologista y a algún otro que se presentó y que en este momento no recuerdo. Me parece que ese es un error en que se incurre, al decir «partidos nuevos», que debería ser corregido. Por eso creo que este proyecto debería volver a comisión.

Creo, además, que se apunta a cambiar el sistema de financiamiento –en especial de las empresas– que debía ser informado, por uno imperativo que pagan los medios de comunicación, pero que el Frente Amplio se apropia en su amplia mayoría. De nuevo pido que lean ese artículo que figura en la página 22 del comparativo.

Hice cálculos –los invito a hacerlos conmigo– de la aplicación del reparto del 45 %, 50 % y el 5 %. Resulta que en la próxima elección, cuando el Frente Amplio pase avisos publicitarios en forma gratuita, y sin que podamos acceder a lo mismo los que estamos en cualquier otro partido, va a tener el 34 % de la publicidad –¡el 34 % de la publicidad para el Frente Amplio!–; el Partido Nacional, 24 %; el Partido Colorado, 13,5 %; el Partido Independiente, 10,5 %; la Unión Popular, 9,7 %; y el partido de quien ahora no está acá y de algunos otros –cuatro o cinco–, el 1 %.

Está claro que el que tiene el 34 % va a tener un beneficio, ¿o no? ¡Están aprobando una ley que les da amplia mayoría en la publicidad! Esto no solo es inconstitucional, sino que también viola los derechos humanos. ¡Y no lo digo yo! ¡Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos! ¡Y no lo digo yo! ¡Lo dice la Suprema Corte de Justicia! Es decir, están proponiendo una ley inconstitucional que viola los derechos humanos. Y no es que la Suprema Corte de Justicia lo dijo hace tiempo. ¡Lo dijo el año pasado! Es decir, ¡están aprobando una ley inconstitucional, según lo que dijo la Suprema Corte de Justicia el año pasado! ¡No sé qué vocación tiene el Frente Amplio de aprobar leyes inconstitucionales! Evidentemente, tienen una fuerte vocación de aprobar leyes inconstitucionales. No pueden decir que no conocen esta sentencia porque se le dio traslado a varias entidades, por ejemplo, al Poder Legislativo, ¿pero también a quién? ¡Al Frente Amplio! Si les parece bien, podemos repasarla juntos para que vean lo inconstitucional de lo que están proponiendo.

Dice la Corte Electoral que se hará lugar a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad fundada en razones de fondo, porque se entiende violado el artículo 77, numeral 11, el artículo 8.º y el artículo 72 de la Constitución en cuanto consagran el principio de igualdad y le otorgan la calidad de derecho humano, así como los que refieren a la pureza del sufragio e igualdad de las campañas electorales y que se individualizan como artículo 77, numerales 5, 152, 100, 92 y 91 de la Constitución.

¡No es que están violando uno, sino ocho artículos de la Constitución! ¡No sé cómo pueden seguir insistiendo con esto!

¿Ustedes recuerdan la ley de medios? Traía una disposición de distribución de publicidad que no era equitativa entre todos los partidos. ¡No importaba si era el 20, el 10, el 40 o el 50! ¡Esto no lo arregla porque sigue cometiendo el mismo error! Da al que está en el poder más minutos que a los otros. ¡Esto es muy grave! Esto es más grave de lo que nos imaginamos porque no es que se le está dando al que está en la oposición, ¡no!; el que está en el poder, el partido que tiene la mayoría, hoy se está asegurando ventajas al momento de competir electoralmente. ¡Es gravísimo! ¡Es de una gravedad tremenda! Desde el Gobierno se aseguran más minutos de televisión, que no pagan ellos, sino todos los uruguayos. Como dije, hagan números conmigo. Y la corte les ha dicho que no pueden hacer eso porque la Constitución es, por suerte, el último obstáculo a vencer en una democracia. Cuando cae la Constitución, ya cae todo.

Dice la corte –en algo aplicable a esta norma que se propone–: «La norma toma un criterio doble: a) distribución igualitaria entre todos los lemas que se presenten a la elección respecto de un veinte por ciento de la publicidad gratuita total;» –en este proyecto de ley ni siquiera hay una distribución igualitaria para todos los lemas que se presenten, sino que para «los nuevos partidos» hay una porción muy pequeña– « b) reparto en proporción directa a los votos obtenidos en las elecciones inmediatamente anteriores respecto de un ochenta por ciento de la publicidad gratuita total». Acá, el 50 % de la publicidad gratuita es en base al resultado. Sobre este último, dice la corte, es que se pide el pronunciamiento para analizar la constitucionalidad. Y este último –que es este 50 %–, dice la corte –reitero: no lo digo yo–, sobre una norma similar al inciso tercero del artículo 143 nuevo: «La publicidad electoral es un tipo de expresión o discurso especialmente protegido en el ámbito de la libertad de expresión».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al respecto, ha dicho: «El Tribunal considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político que precede a las elecciones de las autoridades estatales que gobernarán un Estado. […] El debate democrático implica que se permita la circulación libre de ideas e información respecto de los candidatos y sus partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios candidatos y de cualquier persona que desee expresar su opinión o brindar información». Dice la corte que «la norma atacada discrimina entre los partidos políticos (y sus candidatos), generando diferencias injustificadas que terminan por afectar el principio de igualdad y, por vía de consecuencia, el de libertad de los partidos políticos consagrado en el artículo 77 numeral 11 de la Constitución».

«En su mérito,» –dice la Suprema Corte de Justicia– «la norma impugnada, no solo viola el principio de igualdad, sino una de las bases del sistema democrático, esto es, la libertad de expresión de pensamiento de los partidos políticos». Y aclara la corte –algo que no debería ser necesario que se aclare–: «Los partidos políticos son instrumentos al servicio del soberano. La regulación del proceso electoral y de todos los aspectos que le son inherentes debe estar presidida por un principio rector que es el de que el soberano elija en las mejores condiciones posibles. En definitiva, es el interés de los electores y no el de los partidos políticos el que debe contemplarse primordialmente». ¿Y qué estamos haciendo acá? ¡Contemplando el interés de los partidos políticos y no el del elector! ¿Y cuál es el interés del elector? Acceder a todas las propuestas y no a unas pocas; no a unas mucho, y a otras nada. ¡Es inconstitucional por donde se lo vea!

«El elector» –dice la corte– «debe contar con la posibilidad real de acceder a las propuestas de todos los partidos, de manera tan equilibrada como sea posible, evitando la generación artificial de desigualdades que se fundan en resultados electorales del pasado que probablemente afecten a los resultados electorales futuros». ¡Miren qué contundencia! Igualdad de acceso, sin ir al resultado pasado, para asegurar la igualdad en el resultado posible. ¡Es de tal contundencia esta sentencia que no entiendo cómo no le han prestado atención y siguen insistiendo con estas normas!

«Pero no se advierte» –dice la corte– «ninguna justificación razonable para beneficiar a quienes más votos obtuvieron cinco años antes, en lugar de privilegiar la posibilidad de que todos los partidos políticos expongan sus ideas y propuestas en forma equilibrada e igualitaria, para el futuro, con el fin de que el ciudadano ejerza, con la mayor información posible, su derecho al voto». ¡Esa es la esencia de lo que hay que defender hoy acá! Están negando al ciudadano la posibilidad de decidir bien porque dan a un partido político –y a otro y a otro–, más oportunidades de hablar a ese ciudadano, que a otros que van a competir. ¡Es flagrantemente inconstitucional!

Y dice la corte: «Finalmente, en ejercicio del control de convencionalidad, se advierte que el artículo 77 numeral 11 de la Constitución se complementa con el artículo 13 numeral 3º de la Convención Americana (Pacto de San José de Costa Rica) sobre libertad de pensamiento y de expresión al disponer que: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos...”. En tal sentido, la CIDH afirma que: “El ejercicio de los derechos políticos y la libertad de pensamiento y de expresión se encuentran íntimamente ligados y se fortalecen entre sí” […]. Entonces, el principio debe ser que los partidos políticos participen en condiciones de igualdad y no discriminación, para lo cual el Estado no sólo no debe obstaculizar por vías indirectas tal ejercicio, sino actuar mediante medidas positivas para favorecer su más amplia libertad».

¿Puede quedar alguna duda de que esto es inconstitucional? ¿A alguien le puede parecer que esto va a ser constitucional? Yo creo que no. La corte nos dijo: «No pueden repartir el 80 % de esta forma», ¿y ahora estamos diciendo que vamos a repartir el 50 % de esa forma? ¡No se puede! ¡No se debe! ¡La Constitución no nos deja! Pero parece haber una vocación para no mirarla.

Reitero, además: es tan grave la redacción, que a los partidos políticos que no son nuevos pero no obtuvieron representación parlamentaria ni siquiera los dejan entrar en ese 5 %. ¡Porque no son nuevos!

Por eso, cuando hoy se dijo por parte del miembro informante que este artículo era democrático, la verdad es que me llamó la atención. No puede ser democrático lo que beneficia a unos que están en el poder, entre otras cosas porque, como decía Thomas Jefferson en El hombre de Monticello, la historia de la democracia es la historia de la limitación del poder, que se tiene que manifestar, justamente, en estos casos.

Decía también que, además de ser inconstitucional y de tener errores, esto es antiguo y obsoleto, como lo es la ley de medios. Yo me pregunto: ¿Algunos de los que están aquí usan Spotify? Yo sí; algunos señores senadores me dicen que también la usan. Uno baja la aplicación al teléfono, elige la playlist y se puede seguir a otro usuario. Entonces, Spotify, por una aplicación –que tiene convenio con Antel– nos pasa publicidad. ¡Ya no escuchamos las radios! Hasta las radios las escuchamos por TuneIn, otra aplicación que también nos pasa publicidad. ¿Y nosotros estamos estableciendo minutos obligatorios y distribución de no sé cuántas cosas? Además, lo estamos haciendo de una forma tal que, ¿qué va a hacer la gente? Cuando los obligamos a poner un aviso en la radio o en la televisión, ¡cambia de canal! Se va al HBO, al Fox. ¡Ya se mira en el teléfono si tenemos el Vera TV! Tenemos todo ese tipo de situaciones y estamos regulando algo que ya es obsoleto.

Esto me hace acordar a cuando se trajo al Parlamento el tema del Antel Arena y preguntamos a la ministra –no hace mucho de eso, eh, porque esto va muy rápido; hace tres o cuatro años– cómo iban a financiar los USD 40:000.000 que ellos decían que iban a costar en aquel entonces –nosotros decíamos que serían USD 80:000.000 y resulta que van a ser USD 120:000.000–, nos respondió que lo iban a financiar con los SMS, porque cuando se hacen eventos deportivos y conciertos en lugares como esos se mandan muchos mensajes de textos. Entonces, ahí estaba la recaudación que justificaba la inversión. ¡Fíjense que un plan de negocios de Antel, con una inversión de USD 80:000.000, se basaba en la etapa pre-WhatsApp! Ya nadie manda SMS hoy.

Así pues, la única tranquilidad que tengo, y ya se los anuncio es: ¡van a perder, la libertad les va a ganar siempre! ¡Les va a ganar la libertad siempre porque es imposible regularlo! Si no, miren lo que sucede con los canales de cable que emiten en el país y los de televisión abierta, por ejemplo, cuando aparece algún político hablándole a la gente. No voy a ser yo quien esté en ese lugar, pero si fuera así, lo más seguro es que se pregunten: «¿Qué dan en HBO? ¿Qué dan en ESPN? ¿En Fox? ¿En Warner?». Se van al minuto y si es en la frontera, cambian para mirar la Rede Globo o el programa de Tinelli.

¡Esto va a ser así! ¡Se pretende regular las emisiones por cable en el país! ¿De qué estamos hablando? ¡Observen el market share de los canales locales de cable comparado con el de HBO, ESPN o Fox Sport! ¡O lo que pasó ayer de noche durante el partido de Lanús contra River Plate: fue visto por más gente que los programas locales! ¡Esos canales pueden hacer lo que quieran, hasta donar minutos, sin problemas!

Es imposible regular, es obsoleto. ¿Qué le vamos a decir a Spotify? ¿Qué está obligado a pasar la publicidad estatal? ¿Qué vamos a hacer con las redes sociales?

Ya les anuncio lo que va a pasar para que no se quejen: regulamos la publicidad electoral y llega el noticiero. Y van a decir que discrimina. Los canales son más vivos que todos nosotros y presentan en la mitad del noticiero sus entrevistas en directo a políticos. Entonces, ¿de qué los van a acusar ahora? ¿De que llevaron a fulanito y no me llevaron a mí? ¿De que cubrieron tal acto y no tal otro? ¿Ese es el paso siguiente? El paso siguiente es el que puso en práctica el señor Maduro, el que quiso llevar adelante la señora Kirchner, toda esa barra, ¿no? En definitiva, ¿qué vale más? ¿Estar treinta o cuarenta segundos en la tanda junto con otros doscientos, tratando de levantar la mano, pidiendo el voto, todos poniendo cara de lindos, con musiquita de jingle, tirando papelitos y diciendo lo que hay que hacer, o la entrevista en piso o el tráfico de imágenes? ¿Van a regular el tráfico de imágenes cuando cubren los actos? Es imposible hacerlo.

Tengo la suerte de haberme formado en la política con el doctor Jorge Batlle, un gran liberal, a quien cualquier persona le podía decir lo que quisiera. Él peleaba para que fuera así y, justamente, rechazaba todo este tipo de regulaciones. En este ámbito, al igual que en el económico, sin ser ingenuo –porque no se debe ser ingenuo–, me parece que no es ese el camino. Hoy me siento mal pues mi partido va a competir con nuevos partidos, a los que les estaremos sacando ventaja, ya que recibiremos el 13,5 % de la torta publicitaria, mientras que un partido nuevo va a recibir un 1 %. ¿Está bien? No. No puedo votar ni por un instante una norma que me dé una ventaja de este tipo. ¡Está mal! ¿Cómo voy a votar una norma que nos da una ventaja frente a alguien que quiere competir con nosotros? ¡No, no! Tengo 57 años y nunca me aparté de la ley ni de la Constitución; nunca. No voy a empezar ahora.

A esto se agrega que el miembro informante expresó –algo que parece sensato– que van a mandar una minuta al Poder Ejecutivo para que mande un proyecto de ley con estas normas y otras más para hacer una suerte de ley madre e incluir las normas sobre financiación que requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿No parece más lógico que en lugar de aprobar una ley ahora, que va a ser incluida en otra que después nos van a mandar, se nos envíe todo para estudiarlo a fondo y solicitar las consultas del caso? Pienso que sí y por si eso llegara a suceder, tenemos algunas propuestas señora presidenta.

En primer lugar, sin duda, se debe aumentar los controles: cuanto más control y más recursos demos a la Corte Electoral y a los organismos de contralor mejor, eso nos parece muy bueno. Hay que ir por el lado de acentuar las prohibiciones para todas las empresas que contratan con el Estado, incluyendo accionistas, familiares y directores de dichas empresas, porque, si no, es muy fácil de evadir.

Hay que ir hacia una distribución de la publicidad igualitaria para todos los que se presenten, porque eso es la democracia y eso es lo constitucional.

Hay que incluir la prohibición de la pintada de los espacios públicos. ¿O acaso nos olvidamos de que hay algún partido que se apropia del espacio de todos los uruguayos pintando paradas, muros, etcétera y que eso no es patrimonio de ese partido, sino de todos los uruguayos? Tuve la suerte de estar en Francia en la última elección: ni una pintada y eso que discuten en las elecciones. Lo que hacen es poner un cartel en la entrada de cada uno de los pueblos donde cada uno pega un afiche del mismo tamaño y ahí elige. Pero no, acá salen a apropiarse, a destruir y a ensuciar la ciudad. ¿No habría que incluir eso? ¿La apropiación de bienes públicos no es también parte del problema? Considero que sí.

También habría que incluir la obligatoriedad de los debates públicos, ¿o no? ¿No es bueno que el ciudadano pueda comparar? ¿No es bueno que pueda ver a todos los candidatos como hacen otros países? Las dos veces que fui candidato debatí con quien me lo pidió: con el candidato del Partido Nacional, del Partido Independiente, del Partido Verde Eto-Ecologista o del Partido de los Trabajadores, con el que sea. Pero no; parece que algunos le tienen miedo al debate y a la confrontación de ideas.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–24 en 25. Afirmativa.

20) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Léase una licencia.

(Se lee).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Montevideo, 1 de noviembre de 2017

Señora presidenta de la

Cámara de Senadores

Lucía Topolansky

De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley n.º 17827 de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que usted preside, se sirva concederme el uso de licencia para el día 1 de noviembre del corriente por motivos personales.

Sin más, la saludo muy atentamente.

Luis Lacalle Pou. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Jorge Saravia y Armando Castaingdebat han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

21) PARTIDOS POLÍTICOS

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Continúa el tratamiento del tema en discusión.

Puede proseguir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Decía que también sería bueno que se estableciera la obligatoriedad de debatir, de confrontar ideas.

Asimismo, sería conveniente que se estableciera una fecha clara de vigencia de esta ley, que no la tiene, porque, si bien establece normas para el próximo período electoral, también dispone normas para la financiación de los partidos políticos. Si se aprobara hoy –cosa que no va a suceder porque pasa a la Cámara de Representantes–, ¿cuándo regiría la obligación? ¿En este período que termina el 31 de diciembre? ¿En el que empieza el próximo año? Sería bueno darle un plazo de vigencia porque, obviamente, estamos estableciendo normas registrales que indudablemente hasta hoy quizás algunos puedan no haberlas puesto en práctica.

Por último, tengo un sueño, un sueño democrático, quizá ese es un sueño: que todos los partidos políticos que se presenten a una elección, tengan 190, 180, 40, 5 o 1 año de antigüedad, así como los que todavía no existen y en su momento quieran hacerlo, tengan la misma posibilidad de acceso a todos los medios, a todos: a la televisión, a la radio, a los afiches, a las redes, a todo. ¡Ojalá pueda lograrse eso en libertad!

Gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio de veinte minutos.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se va a votar.

(Se vota).

–24 en 26. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por veinte minutos.

(Así se hace. Son las 13:21).

(Vueltos a sala).

Habiendo número, continúa la sesión.

(Son las 13:46).

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: antes de pasar a reflexiones más sesudas, voy a compartir un sentimiento, que es el de la sorpresa y la perplejidad. Hemos trabajado meses en este texto. Hay que reconocer al señor senador Pintado la iniciativa, el empuje, la perseverancia, la paciencia y el talante negociador que empleó en todo momento durante estos meses de trabajo. Se han dado todos los tiempos necesarios para introducir modificaciones y para propiciar el debate interno en los partidos. Además, en la comisión creada para estos fines estuvieron representados todos los partidos políticos.

De una treintena de artículos, solo tres se votaron por mayoría simple; quiere decir que veintisiete artículos –salvo algunos incisos– se votaron por unanimidad. Pensé entonces, al concurrir a esta sesión, que íbamos a tener una votación tranquila; que todos estábamos de acuerdo en reducir la discrecionalidad que el dinero impone en la política; que todos estábamos de acuerdo con regular la publicidad electoral; y que todos estábamos de acuerdo con los principios de la transparencia y la rendición de cuentas de campañas y partidos. Pensé también –politóloga yo– que cuando los partidos comprometían su posición en una comisión, lo hacían por entero, y que allí estaban representados, no las fracciones de los partidos, sino los partidos en su totalidad. Entonces, grande es mi sorpresa, señora presidenta, cuando se arma este cuarto intermedio y se pone en cuestión la votación que tuvo lugar en la comisión. Ya no sé muy bien a qué atenerme. No sé cómo vamos a salir de esto, aunque sé cómo deberíamos hacerlo. Sé cómo deberíamos salir de esto de cara a la opinión pública, de cara a los medios, que en este preciso momento no están y que están tocados directamente por este proyecto de ley.

Creo que la opinión pública querría vernos unidos en la votación de un proyecto de ley que haga más autónoma la política del dinero, ya que ese es el objetivo de esta iniciativa; es decir, que haya control del dinero en la política, transparencia, equidad política para candidatos y electores. Todos estos principios son encomiables y compartibles. ¿No íbamos a dar una señal de unidad del sistema político para prevenir posibles apartamientos de la ley, como los que vimos que se producían en otros países de América Latina? ¿No era esta la intención? ¿Qué pasó desde la votación de la comisión hasta ahora? No lo sé. En todo caso, la bancada del Frente Amplio continuará manteniendo la misma posición que sostuvo cuando presentó la iniciativa de crear la comisión y luego cuando se discutió el articulado.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–El proyecto de ley sobre financiamiento de los partidos políticos que estamos considerando en el día de hoy está apuntalado en cuatro principios básicos de la democracia. El primero de ellos es el de la igualdad política. Me voy a referir a esto porque se ha hablado tanto de la libertad que ¡pobre palabra libertad!; libertad de expresión confundida con libertad de empresa, prerrogativas del poder confundidas con las prerrogativas que dan los votos. Es una confusión conceptual muy peligrosa, así que me permito rescatar la teoría de la democracia para señalar que los cuatro pilares son: el de la igualdad política, el de la transparencia o la publicidad de la política –en el sentido de hacer públicas nuestras decisiones–, el de la autonomía de la política del dinero o principio de austeridad republicana y el del control y la fiscalización. Por lo tanto, la igualdad política, la transparencia, la austeridad republicana y la fiscalización han sido los principios sobre los que se ha asentado este proyecto de ley que hoy se encuentra a consideración.

Empecemos por la igualdad política.

El primer principio de la igualdad política refiere a que idealmente, en una democracia, todos deberíamos tener la misma oportunidad de hacer conocer nuestro pensamiento, nuestras posiciones, y de hacer valer nuestras preferencias. Es el principio de la igual influencia. Ya sabemos que en el mundo hay unos que influyen más y otros que influyen menos, pero el ideal democrático es el principio de la igual influencia y la igual capacidad para expresar nuestras preferencias políticas.

El segundo principio de la igualdad política es lo que algún autor ha llamado la comprensión ilustrada de la política. Queremos que la gente se informe de la política ilustradamente, con algún criterio, con alguna base, y no que escuche disparates, cosas falsas de toda falsedad o informaciones pervertidas que inducen a creer que pasaron cosas que no pasaron o que no pasaron cosas que pasaron. La comprensión ilustrada es dar a la ciudadanía elementos suficientes para que reaccione frente a la política como un ciudadano ilustrado, como alguien que sabe, y para eso debemos brindarle toda la información.

El tercer principio de la igualdad política es que la gente controle la agenda de los políticos; es decir que los políticos no hagan la agenda, la deshagan y pongan las cosas que les importan, sino que la gente tenga lo que se llama «el control de agenda», que es la capacidad de decir: «Yo quiero discutir esto». No tengo dudas de que cuando hoy traemos a consideración esta ley lo hacemos porque la gente, de alguna manera, está requiriendo del sistema político un gesto, una actitud y un compromiso.

El principio de la igualdad política descansa, sobre todo, en evitar una democracia delegada, donde la ciudadanía delega en los políticos el control sobre sus vidas, y nosotros hacemos y deshacemos. Me parece que hay que evitar la delegación y que la gente debe estar incorporada en las decisiones que afectan su destino. Esto también es igualdad política.

Ahora analicemos el tema de los medios de comunicación, que es el que más preocupa en esta sesión. Digamos la verdad. Yo preferiría que tuviéramos una discusión más sincera, que se nos dijera: «No queremos regular los medios de comunicación; aquel que tiene más capacidad de compra, que compre más». Me parece que es un principio políticamente deleznable, pero preferiría que se expresara así. Si hay gente que tiene más capacidad de comprar su presencia en los medios de comunicación, entiendo que la defienda. Pero yo no, porque estoy del lado de los que no pueden comprar. Es simple. Soy mujer, soy de izquierda –lo digo con simpatía–, y hay condiciones de la subalternidad política que hacen que algunos no podamos comprar. Pero, además de defender mi interés de pobre políticamente, el interés del que no puede comprar, defiendo un principio de justicia general, porque la justicia tiene que ponerse en el lugar de los pobres políticamente, de los que no tienen poder, y no en el lugar de los ricos políticamente. Digo esto porque, en el límite, la famosa libertad podría implicar que un candidato y un partido compraran toda la propaganda televisiva.

El principio de la no regulación podría llevar a la concentración absoluta. Al mismo tiempo, ese principio de la libertad, de la no regulación, podría llevar a que algunos no llegaran jamás a la pantalla de la televisión. Se podrían dar distintas situaciones: uno que comprara todo y otro que no pudiera comprar nada. Eso no tiene nada que ver con la democracia. Quizás tenga que ver con el capitalismo, el libre mercado o la economía de mercado. ¡No sé! Pero con la democracia no tiene nada que ver, y con la libertad de expresión, menos, porque si no hay regulación puede ocurrir que uno solo compre todo. En ese caso, voy a escuchar siempre el mismo mensaje del señor Juan, que me trasmite lo que quiero, que construye agenda, etcétera.

Los medios son cuasihegemónicos en la trasmisión entre ciudadanía y política, como ocurre con la televisión. Y acá, por favor, que nadie se llame a engaño sobre las nuevas tecnologías; la televisión es lo que llega a todos lados, y especialmente a los hogares de menor educación relativa y que disponen, en mucho menor medida, de la llegada de otros medios. Grosso modo, la radio y los diarios son usados por el 18 % o 20 % de los ilustrados políticamente, mientras que el 80 % ve la tele; no solamente accede al informativo –es decir, a lo que pasa políticamente, y lo interpreta a través de lo que ve en la pantalla–, sino también a buena parte de los mensajes de los partidos políticos por medio de las campañas televisivas. No es verdad que la gente apague la televisión cuando hay campaña política; por el contrario, la consume, y especialmente en el tramo de campaña porque todo el mundo quiere estar informado de lo que pasa, sobre todo porque el voto es obligatorio. El sistema que se usa para ello es la televisión, y eso, señora presidenta, va a ser así durante mucho tiempo. No es que ahora estemos haciendo una ley obsoleta. Decir otra cosa sería no conocer cómo funciona la gran mayoría del público consumidor, acá y en el resto del planeta.

La televisión es el canal cuasihegemónico que vincula a los ciudadanos con la política; por eso la regulamos. No estamos regulando la radio, los diarios o Internet. Regulamos lo que hace la diferencia.

Entonces, si no encontramos un mecanismo de regulación, ¿contra quién vamos? Vamos contra lo que yo llamo los subalternos de la política: los más pobres, la gente del interior, las mujeres, los jóvenes y los nuevos. Yo quiero defender a los nuevos de la política. No voy a usar la falacia de que los nuevos valen lo mismo que los otros. ¡Eso es una falacia! Para defender a los nuevos partidos se propuso el artículo que incluye que tengan una participación del 5 % en la propaganda electoral gratuita.

Voy a ser clara con respecto a esto. Por supuesto que hay un debate de fondo, pero no hay que esquivarlo ni bordearlo con argumentos falaces. El debate es la libertad de empresa contra el derecho ciudadano. Sin lugar a dudas, es una controversia. Son dos derechos contrapuestos. En lo personal, no dudo en qué campo de derecho me sitúo: me ubico en el derecho de los pobres, de los ciudadanos, de las mujeres, de la gente del interior, de los que solo ven la televisión porque es lo que tienen a mano, y contra la libertad de empresa, la libertad de decir lo que quiero, porque los medios de comunicación tienen ese especial estatuto de ser públicos pero, al mismo tiempo, ser privados. Como son públicos, necesito regularlos. Entre la libertad de empresa y el derecho a informarse de los ciudadanos, este último está primero.

Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. ¡Pobre libertad de expresión! La libertad de expresión es un derecho elemental que se creó justamente para que la oposición política pudiera expresarse contra los Gobiernos autocráticos. ¿De qué estamos hablando? Es la libertad de la oposición de expresarse. Esa es la noble libertad de expresión, pero no la de que cualquiera puede decir lo que quiera y ocupar todo el espacio. Esa es la libertad de empresa de los medios.

Por otro lado, son tan públicos los medios, que los politólogos –hay kilos de literatura escritos sobre eso– dicen que el Estado uruguayo traspasa a los medios de comunicación entre USD 30:000.000 y USD 40:000.000 en las campañas; salen del Estado y van a parar a los medios de comunicación. El Estado somos todos. Por vía indirecta se expresa: «Yo no quiero financiamiento público de la televisión».

Los politólogos y las politólogas sacan otra conclusión aún más grave para la democracia uruguaya: no es solo que el Estado esté financiando indirectamente a los medios de comunicación, sino que estos últimos, en tanto empresas, hacen donaciones encubiertas gigantes a los partidos políticos. Es la forma de donación indirecta más importante que tiene el sistema de partidos y se llama «cuánto cobro por minuto de publicidad». La diferencia va de $ 176 a $ 600 el segundo. Esto consta en todos los estudios y lo han dicho todos los politólogos que concurrieron a la comisión. A uno le cobran $ 176 el segundo –o algo así–, y a otros, $ 600. ¿Qué es eso? Ya bastante donación encubierta se hace sin necesidad de recurrir a la campaña electoral. Me refiero, por ejemplo, a los minutos que un candidato pasa hablando. ¿A quién van a privilegiar hoy en el Senado los medios de comunicación? ¿A qué discurso? Eso ya es un recorte que funciona como donación encubierta. Ahora, la que se hace a través del cobro diferencial de los segundos de publicidad es un escándalo. El 80 % de la plata que tienen los partidos se gasta en publicidad electoral y no en organizar políticamente a la gente. En eso no gastamos nada. Gastamos en marketing, porque es el gran atajo. Si yo vendo un discurso y una imagen bonita, me ahorro la difícil tarea de organizar políticamente a la gente. En definitiva, la gente está más desorganizada y más apática, pero cada vez gastamos más plata. A alguien le tiene que llamar la atención que cada vez se gaste más plata pero la confianza en la política caiga todos los días. Hay algo que no estamos haciendo bien.

El 80 % de los gastos de los partidos políticos corresponde a la publicidad, y el 50 % de eso, a la televisión. El proyecto de ley sabe esto. Por suerte tenemos estudios confiables realizados con los pocos datos que hay. El 25 % de las donaciones privadas no se sabe de dónde salen, pero los politólogos Juan Pablo Pío, Rafael Piñeiro, Daniel Chasquetti, por mencionar algunos, han hecho muchos estudios que muestran que esta relación entre dinero y política es perversa y conspira contra la democracia.

¿Cómo reducir la importancia del poder empresarial de los medios en la política pública? Esa es la gran pregunta. Alguien decía –creo que el señor senador Heber–: «Cuando no había televisión, ¿qué había?» Había diarios y todo el mundo sabía que los diarios eran órganos políticos. Nadie se engañaba con respecto a eso. Hoy, no. Hoy son neutrales; aparecen como mediadores universales, neutrales, desprovistos de política e ideología. Antes era mucho más claro. Estaban El Día, El País, y la izquierda tenía los propios. Todo el mundo sabía que se informaba en un diario que tenía determinada orientación política. Hoy todo eso está enmascarado, pero ¿de qué se tratan la democracia y la verdad? De desenmascarar.

¿Cómo reducir la importancia del poder empresarial de los medios en la política? Los autores Juan Pablo Pío, Chasquetti, Piñeiro hicieron muchas recomendaciones políticas, que son las que tomó el proyecto de ley; en ese sentido, podemos decir que se le hizo honor a la academia.

La primera es reducir los tiempos de campaña. Un artículo de La Diaria que hablaba de financiamiento y de mitos griegos decía algo así como que el hecho de que los partidos se impongan a sí mismos limitaciones es como Ulises encadenado al mástil; Ulises se encadena para no oír el canto de las sirenas. Los partidos no quieren imponerse limitaciones –¡claro que no!–, y no creo que jueguen del todo lealmente en este terreno. No habría problemas si uno no se pusiera limitaciones pero todos jugáramos bien, pero no hay conductas cooperativas de los partidos porque estamos todos estimulados a una competencia feroz. Como decía la senadora Xavier, de elección a elección el número de listas aumenta en forma astronómica. Cada vez hay más listas, la competencia es cada vez más personalizada y, además, señoras y señores, el número de partidos en este país está aumentando exponencialmente. Todo ello lleva al aumento del gasto del dinero en política, pero eso no redunda en una mayor adhesión de los ciudadanos a los partidos. Uruguay es el país de América Latina donde existe mayor adhesión a los partidos políticos. ¿Cuánto es? El 25 %; solo una cuarta parte de los uruguayos tiene simpatía por algún partido político que no sabemos cuál es. Entonces, toda esa cantidad de listas, esa competencia entre nosotros –que también se da dentro de los partidos– ha creado un mercado de la política, y por eso hay tanto dinero allí. Hay estrategias de marketing y campañas costosas. Se venden candidatos como jabones: que sea lindo, joven y que hable de manera simple; sobre todo esto último, para no complicarle la cabeza a la gente.

Los pensamientos complejos, el debate contradictorio no venden. En este mercado de la política está todo muy americanizado, y es eso lo que hace que haya cada vez más dinero en política. Entonces, lloramos sobre la leche derramada y miramos con nostalgia los viejos partidos, pero somos nosotros mismos los que entramos en esa lógica y abandonamos las viejas prácticas del convencimiento, del afecto y –podría ser, o no– de ir casa por casa. La política del convencimiento político es mucho más difícil que la política de la seducción «marketinera».

Lo mismo pasa con los partidos. Es más fácil tener un cargo rentado que un militante. Los militantes son retobados, un día están y al otro no, y te discuten todo, pero un burócrata político, un cargo rentado, no te discute. Economías; economías que hemos practicado todos todo el tiempo: cargo rentado mejor que militante, y campaña «marketinera» mejor que «casa por casa». ¡Por Dios! Sin embargo, eso es pan para hoy y hambre para mañana, porque la maquinita del dinero pide cada vez más plata, cada vez más cargos rentados, cada vez campañas más masivas y cada vez más competencia entre nosotros. ¡¿Cómo acá no va a haber un sentimiento trágico respecto del reparto de minutos?! ¡Hay que repartirlos entre muchos! Ahora bien: el que tiene más, quiere más porque tuvo más votos y no porque tenga el poder. Entonces, ¡si quieren tener más minutos, consigan más votos! Eso se llama democracia; es simple. ¡Consigan más votos! Además, está visto que los votos no vienen por la cantidad de minutos. Sabemos lo que son las inversiones de campaña, y los votos que se obtienen no dan una correlación maravillosa. Algo importa la plata, pero no determina el resultado final. Si fuera así, el Frente Amplio no hubiera sido jamás Gobierno ni las izquierdas hubieran gobernado en América Latina, porque siempre tuvieron a los medios de comunicación en contra. Lo que determina son los votos, y está muy bien que sea así. Si en el reparto proporcional el Frente Amplio tiene más es porque tiene más votos, y no porque tiene el control del Estado. ¡Nosotros mismos estamos poniéndonos control del Estado evitando la propaganda de las empresas públicas! ¡Nosotros mismos estamos siendo como Ulises amarrado a un mástil al introducir ese artículo!

Ahora bien: la desesperación por la propaganda publicitaria gratuita –hablo de desesperación porque es un mercado encarnizado de competencia feroz– lleva a un razonamiento ciego, señora presidenta, porque más minutos no le van a dar a nadie más capacidad de seducción. No es así, no es tan simple, no es tan mecánico. Además, ¿por qué nos vamos a desesperar discutiendo sobre los minutos gratuitos de la televisión, cuando va a existir publicidad paga en horarios no centrales, en Internet, radio, diarios? ¿Cuál es la desesperación? ¿Qué es lo que se está defendiendo? ¡No entiendo! Que alguien me explique qué se está defendiendo cuando se ataca con tanta ferocidad los minutos gratuitos de televisión. Como no quiero ni puedo interpretar, quiero que me lo expliquen.

(Ocupa la presidencia la señora Mónica Xavier).

–¿Cómo se distribuye la televisión gratuita? ¡Y dale con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia! Vamos a entendernos. Hay dos principios de justicia que reglamentan la publicidad electoral en el planeta Tierra –no en Uruguay–: el principio de la proporcionalidad –que es un principio de justicia; la justicia proporcional– y el principio igualitario. Nosotros incorporamos los dos principios: tenemos un polo igualitario, y otro, proporcional. Esto lo hacen todos los países del mundo, desde Noruega para abajo. Entonces, si la Suprema Corte de Justicia entendió y continúa entendiendo que el principio de atribución de minutos dependiendo de la proporcionalidad de los votos es violatorio del principio de igualdad, está muy engañada; lo está respecto de la jurisprudencia que existe en el mundo sobre estos temas y sobre el fondo de la cuestión. Personalmente, las amenazas de inconstitucionalidad no me impiden legislar; por favor, son amenazas. Además, quiero decir que no han sido los Gobiernos del Frente Amplio los que han tenido las mayores cantidades de sentencias de inconstitucionalidad, sino que fueron los Gobiernos anteriores, y esto también está escrito. Digo esto para los que exageran sobre cuán inconstitucionales fueron los Gobiernos del Frente Amplio. No, no, no; hubo otros mucho más inconstitucionales. Hablo desde el punto de vista cuantitativo y no desde el de la importancia de las leyes, y dejo citado el estudio de Trujillo sobre sentencias de inconstitucionalidad en el Uruguay, para mantenernos siempre dentro de la evidencia empírica y de las cosas que son reales.

De cualquier manera, cuando consideramos en comisión los dos principios –el de proporcionalidad y el de igualdad– más el 5 % para los nuevos, los votamos todos porque nos pareció que eso estaba bien. ¿Y ahora nos parece que está mal? ¿Por qué? Supongamos que alguien dice que por ese principio le van a tocar tres minutos y medio. Mi respuesta es que debería razonar un poquito más allá de sus intereses partidarios, porque esta es una ley para la ciudadanía, que tiene derecho a conocer las propuestas de todos y no solo aquellas que el dinero pueda comprar. Justamente, la ciudadanía tiene que conocer a todos y a todas, y no solo lo que el dinero pueda comprar. Entonces, razonemos un poquito más allá del interés de lo que nos atañe directamente, porque legislar implica tomar en cuenta el interés universal y los derechos humanos.

Por otro lado, ya hablé –pero lo repito– sobre el control del poder discrecional de los medios en las donaciones encubiertas, que es el financiamiento no declarado de campaña. Acá se habla mucho de Brasil y de qué corrupto que es, pero hay que ver lo que son las leyes en ese país. Ellos tienen lo que llaman Caixa 2, que es el dinero no declarado de campaña, y la gente va presa por eso. Acá no va nadie preso por dinero no declarado de campaña. Entonces, no nos sintamos tan superiores al resto. Nunca tuvimos una legislación tan dura como la brasileña; nunca.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Se solicita que se prorrogue el tiempo de que dispone la oradora.

Se va a votar.

(Se vota).

–17 en 18. Afirmativa.

Puede continuar la señora senadora Moreira.

SEÑORA MOREIRA.- Gracias, señora presidenta.

No me extraña. Las resistencias de hoy son las del 2009. Vamos a entendernos. En este país hubo diez proyectos de ley para regular el financiamiento de partidos políticos; era peor que lo del aborto o la cuota femenina. Insistencia, insistencia, insistencia. Había algunas regulaciones, pero todos los años se votaba la plata que se iba a gastar ese año. Era una cosa completamente ad hoc, sin sistematicidad. Para un Estado como el uruguayo, que en 1928 creó el financiamiento público –¡muy bien por el Uruguay!–, haber tenido que llegar al 2009 para tener una ley de financiamiento de partidos no nos honraba. Pero era eso: los partidos no querían ser Ulises atados al mástil; no querían pagar los costos de imponerse regulaciones, aun sabiendo que de no tener regulaciones embromábamos a la ciudadanía. Los partidos no quisieron pagar ese costo, pero en el 2009 se sacrificaron tres cosas gigantes en la Cámara de Representantes, que hasta el día de hoy lloro. Una de ellas fue la publicidad electoral. Cuando me quise dar cuenta, voló. La segunda fue el financiamiento a las mujeres, señora presidenta. Manos negras sacaron el financiamiento a las mujeres de la ley de 2009. Mucho hubiéramos podido avanzar ahora, que creo tenemos una comprensión más ilustrada sobre estos temas. Y la tercera cosa que también voló de la legislación de 2009 fue todo lo que es control y rendición de cuentas. Entonces, tuvimos que esperar unos cuantos añitos más para volver a introducir lo que ya estaba en el mensaje del Poder Ejecutivo de 2009, porque las resistencias fueron grandes.

El primer principio, entonces, es el de igualdad. Ya he hablado sobre eso.

El segundo principio que guía esta ley es el de transparencia y publicidad. Esto tiene una razón también simple: vencer la cultura del secreto. El secreto es el pilar fundamental en la concentración del poder político. Dice Bobbio que la opacidad del poder es la negación de la democracia. El poder público tiene que ser transparente. Al respecto, Hugo Cores hablaba del razonamiento anaerobio. Decía que cuatro personas se pueden juntar a puertas cerradas y desarrollar unos argumentos que no podrían sobrevivir al aire, y menos aún a ser escuchados, no digo por cincuenta personas sino por veinte. Hay que evitar tener razonamientos a puertas cerradas entre cuatro, que no puedan ser defendidos ante mil, porque la característica de la política es ser pública. Tenemos que ser capaces de defender públicamente todo lo que hacemos: nuestros bienes, nuestros gastos, nuestras donaciones, nuestros ingresos, nuestros egresos. De eso se trata el proyecto, de volverlo todo público. Así que también este proyecto va contra la cultura del secreto, de la discrecionalidad, del ocultamiento. Creo que la ciudadanía tiene que acceder rápidamente, fácilmente, a esa información. Hoy puede hacerlo, pero a los politólogos les llevó meses de investigación saber lo que salían los segundos de publicidad. Se tiene que poder acceder rápidamente y bien a los gastos de campaña, a los donantes y al patrimonio de todos nosotros.

Un estudio hecho por Ideas sobre Uruguay dice que en este país los niveles de transparencia no son buenos y que los controles son muy malos, pero más o menos la cosa funciona porque hay una cultura del control social de la política, que es nuestro reservorio moral, que es al que queremos cuidar dándole una ley, porque los reservorios morales no duran siempre; nosotros venimos –o veníamos– muy confiados en ese reservorio de confianza y de control social de la política. Ese estudio dice que las proporciones del financiamiento privado son altas y están ocultas, que hay una proporción de un 25 % que no está declarada, que no se sabe el origen de los fondos y que, además, no andamos bien por otras razones. Es obvio –y acá vuelvo a los medios–que en los medios de comunicación existe una gran tendencia a sobredimensionar los escándalos de la política. El factor sangre vende. Y bueno, todo eso tiene impactos en el sistema de partidos y, sobre todo, alimenta la sospecha.

Con relación al sentimiento de sospecha que los ciudadanos tienen sobre los políticos –lo voy a decir de una manera muy simple: «los políticos solo cuidan su propio interés»; esto es más o menos lo que diría un ciudadano común muy poco politizado: «Trabajan para ellos mismos»–, creo que la respuesta tiene que ser –acá voy al tercer principio– el principio de la austeridad republicana. Pero para que este principio funcione, creo que los políticos tenemos que encarar decisiones que no nos gustan porque prima el principio de la demagogia. Entonces, nadie quiere defender los sueldos de los políticos. Vieron que cada vez que hablan del sueldo de los políticos, ni los políticos se defienden. ¿Cómo no vamos a defender que los políticos tengan un trabajo y cobren por ello? Que cobren algo normal, pero tienen que cobrar. La discusión sobre el subsidio es parte del sentimiento vergonzante de los políticos sobre el hecho de cobrar para hacer política. Si no se cobra para hacer política, solo van a hacer política los ricos; como dijo el senador Otheguy, solo los patrones van a hacer política. Entonces los ediles no cobran y tenemos innumerables sistemas de salarios encubiertos. Es un horror, porque no nos animamos a decir cosas que no gustan. Tenemos miedo de espantar y dejamos de hacer política por seguir «la opinión pública» –entre comillas–, y uno de los problemas que tenemos con esto, señora presidenta, es que no nos animamos a aumentar el financiamiento público de campaña, que es lo que tendríamos que hacer desembozadamente. Habría que decir: «Financiamiento público. Se acabó el financiamiento privado». Financiamiento público, pero financiamiento digno al fin. Es la segunda discusión que no damos, además de la del sueldo de los políticos, de la del sueldo de los ediles y de la del financiamiento de campaña. Nos da vergüenza. Es como el sexo. La plata y el sexo mueven el mundo, pero los psicoanalistas dicen que hay que hablar del sexo, y hay que hablar del dinero. Hay que hablar de las cosas, ponerlas en palabras, transparentarlas. ¿Los partidos necesitan financiamiento? Sí. ¡Y vaya si en este proyecto de ley hay un artículo muy controversial sobre los cargos políticos! En él se dice que los partidos tienen derecho a cobrarle a sus cargos políticos. Me parece muy bien, porque hay que transparentar que una parte del financiamiento público es indirecto y viene a través de los cargos de confianza. Y los pases en comisión. ¡Transparentemos la lógica de funcionamiento en la que vivimos todos los días! Así que me parece muy bien que se haya incluido eso, porque es financiamiento público. Es indirecto. Hay que transparentarlo y hay que defenderlo. No hay ningún partido, ni en el Uruguay ni en el mundo, que viva de lo que aportan sus afiliados. Esa es la gran mentira. Eso no existe. Los partidos no viven de lo que aportan sus afiliados. Ninguno. Viven del financiamiento público, del financiamiento privado, del financiamiento público indirecto, pero no de lo que aportan sus afiliados. No viven del crowdfunding. Sé que Obama hizo una gran obra cuando peleó contra los lobbies en Estados Unidos y dijo que iba a hacer un financiamiento masivo en el que cada uno iba a poner cinco dólares o tres dólares. ¡Ja! Fue una cosa buena porque luchó contra los lobbies, pero eso no alcanza. Los partidos no viven de la plata que ponen sus afiliados. Además, como tienen otras fuentes genuinas de dinero tampoco se preocupan mucho en hacer campañas para afiliar. Todo es parte de un sistema, pero ya que las cosas son así, transparentémoslas.

Creo que hay que convencer a la población de que el financiamiento público es más barato. Eso me lo dijo un político brasileño, no voy a decir de qué partido. Me señaló que a la larga el financiamiento público es más barato porque la plata de la corrupción es gigante, y eso es financiamiento privado. Entonces, prefiero dar una discusión por aumentar el financiamiento público. Además, el financiamiento público está sometido a reglas, es equilibrado, es más justo y es el único que de verdad podemos controlar.

Alguien podría decirme: «Pero ¿cómo? ¿Y la libertad?». Yo digo que la libertad del que puede comprar y la libertad del que se vende no es la libertad. Como decía Rousseau, que nadie sea tan rico como para comprar a otro ni nadie tan pobre que se vea obligado a venderse. Ojo con esa libertad. La libertad del que compra y del que vende no tiene nada que ver con la libertad de expresión y el que no está en el mercado del dinero, el que no puede venderse porque no vale nada y el que no puede comprar porque no tiene dinero, están fuera de esa libertad. Esa es una libertad de poquitos.

La austeridad republicana implica recortar la posibilidad de gastar. Acá estamos recortando la posibilidad de gastar; estamos autolimitándonos en la posibilidad de gastar y poniendo topes a la campaña –esto estaba contemplado en el proyecto de 2009, pero tampoco salió–, privándonos de la economía mediática del voto. Esta es una expresión que acabo de inventar. ¿A qué llamo «economía mediática del voto»? A usar los grandes medios para ser conocidos, en vez de hacer la política del convencimiento comunitario, en vez de hacer la política del que organiza, del que convence por sus ideas, del de casa por casa o la política que surge de los hechos. Pensamos que la economía mediática del voto es vendernos en la tele creando pura imagen y realizando un discurso demagógico; esta es una tentación y un atajo contra el esfuerzo de organizar políticamente a la ciudadanía.

La democracia es fuerte cuando la gente está organizada y no cuando los políticos están organizados. Es la organización de la gente el único contrapeso al poder de las élites. Sin embargo, no gastamos energía en eso sino en seducir. De ahí que el término «enamorar» me pone de los pelos. Se dice: «Hay que enamorar». No, ¿cómo enamorar? Enamorar se parece demasiado a seducir y no hay que seducir; se debe convencer, que es otra cosa, con razón y con corazón; no quiere decir que el corazón no entre. Ahora bien, la seducción mediática es pan para hoy, hambre para mañana. Comprar con plata parece económico: hacemos campañas de marketing político y reemplazamos militantes por cuadros rentados, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana. Este proceso nos va a llevar a gastar cada vez más dinero.

El señor senador Heber señaló que está a favor de la transparencia pero no de la prohibición. ¡Vuelve el tema de la libertad! ¡Vuelve el tema de «Ulises atado»! ¿Por qué no queremos que las empresas donen dinero? Porque quienes tienen que aportar al financiamiento de los partidos son el Estado y la ciudadanía. Una empresa no es un ciudadano; en cambio, un empresario sí. Si el señor José Pérez quiere dar plata, no la va a donar como empresario, sino como José Pérez. Esa es la idea. No queremos que los empresarios le den plata a la política porque es el favor de hoy y el pedido de mañana. Hay toneladas de artículos escritos sobre este tema y mucha experiencia como para decir: «¡Aparta de mi ese cáliz!». ¡Por favor! Saquémonos ese problema de arriba y dejemos fuera el tema de las empresas, no por la violación a la libertad o por prohibirnos algo, sino para hacer que el dinero que vaya a la política sea una contribución ciudadana, de las personas físicas o del Estado, pero no de las empresas ni de los empresarios como tales.

Además, ya lo dijo el señor senador Pintado: «Ojo con el lavado», que también está metido en esto. Así estaríamos matando dos pájaros de un tiro y nos evitamos problemas que en el Uruguay hoy parecen no ser importantes. Digo «parecen» porque tampoco es que tengamos tanta información; hemos tenido, sí, algunos problemitas que nos inducen a generar una política preventiva.

Creo que sobre el cuarto principio, relativo al control, está todo el mundo de acuerdo: la Corte Electoral tiene que controlar mejor. ¿El problema pasa por la falta de recursos del organismo? Pienso que no, que el problema también es nuestro, que debemos repensar la Corte Electoral, profesionalizarla y dejar de usarla como casa de los partidos porque, como tal, tiene todos los vicios de los partidos. Así que eso también es «Ulises amarrado». Se debe dar a la Corte Electoral la profesionalidad para que nos controle porque, si sigue siendo nuestra casa, somos juez y parte. Y eso tiene que ver con todo: con las funciones de la Corte Electoral y con quienes nombramos como sus integrantes. Si queremos que la Corte Electoral pueda estar del lado de afuera, que sea el afuera que nos controle, debemos darnos una discusión en serio; de lo contrario, será lo mismo: seremos nosotros controlándonos a nosotros mismos. ¡No funciona!

Se ha dicho que se darán nuevas funciones a la Corte Electoral. ¡Muy bien! Pero, como decía Seregni, nada sin contraparte: recursos contra funciones.

Sin fiscalización no hay nada; progresos manuscritos, como se dice. Hablamos de Brasil, pero nosotros no tenemos la legislación de ese país. Además, Brasil no solo tuvo una legislación dura, sino que tuvo fiscalización, tanto de la buena como de la mala porque, ¡cuántas veces habrá habido dinero plantado en casas de políticos! ¡Ni los menciono! ¡De todos los pelos políticos! ¡Ojo con eso también! Reitero: tiene que existir fiscalización.

Con respecto a este proyecto de ley en concreto y sobre el Uruguay creo que, por buenas y malas razones, hemos sido muy reacios a elaborar una ley de partidos políticos. Las buenas razones obedecen a que, como decía Galeano, somos anarquistas conservadores. No queremos que nadie nos ate y somos conservadores con una gigantesca aversión al cambio. Este sistema de partidos uruguayo tiene muchas cosas buenas, pero también cosas horribles; es un sistema con una aversión al cambio gigante. De ahí que nuestro país haya sido el último en aplicar la ley de cuota y el único de América Latina que, como resultado de cálculos políticos y justificativas jurídicas, todavía no tiene el voto en el exterior. ¡Grandes rezagos de la democracia uruguaya! Ahora bien, en materia de financiamiento, si uno mira las tablas de América Latina, advierte que el Uruguay no tiene nada de nada.

De cualquier manera, pienso que hoy estamos dando un gran paso para reducir el peso del dinero en política. Considero que se debe cambiar la práctica política y ojalá esta ley nos permita hacerlo, pero no lo creo. Hay que reducir desigualdades, fiscalizar y controlar.

A continuación, quiero decir algo sobre la corrupción. La corrupción existe desde que ocurrió la separación entre la política y la economía, es decir que es un fenómeno contemporáneo. Cuando el rey era dueño de todo no había corrupción porque no había separación entre Estado y privado. Es un fenómeno republicano y democrático. Hoy en día hablamos de corrupción como si fuera gigante; sin embargo, es mucho menos que en el pasado: hay cincuenta mil normas y la política se ha ido «plebeyizando», porque los que llegamos a la política somos trabajadores, de clase media; dejó de ser la política de los nobles. Antes no se le llamaba corrupción, pero estaba todo junto: el patrimonio, los políticos y el Gobierno.

La corrupción surgió cuando tuvo lugar la separación entre política y economía, lo que ocurrió en épocas de democracia.

Según Juan Pablo Pío, la dinámica de la denuncia de la corrupción global vino de la mano de Estados Unidos, no por muy democrático –¡vaya si hay corrupción en ese país!–, sino porque quería controlar un poco el destino de los activos estadounidenses en los países periféricos. Fue así que, en 1961, el senador y diplomático Robert Hill dijo: «Un funcionario corrupto latinoamericano es tan peligro para nosotros como un comunista». ¿Por qué? ¿En qué se parece un funcionario corrupto a un comunista? Dice: «Si vamos a traer el capital hacia el sur debemos asegurarnos de que no desaparezca por el desagüe de la inflación, la corrupción o la nacionalización injusta». Los que amenazaban a los capitales norteamericanos eran los comunistas que querían nacionalizar activos. De allí, entonces, que un funcionario corrupto latinoamericano sea tan peligro como un comunista; lo digo con un poco de sentido del humor solamente para ilustrar que lo que preocupaba a Estados Unidos no era la problemática de la corrupción democrática, sino los costos laterales que traía la corrupción o lo que ellos denominaban el tipo de barrera comercial no arancelaria. Ellos también son muy culpables de todas las leyes de delación premiada y de todas las maldades que han hecho en este sentido, pero ese es otro capítulo.

Con respecto a los delitos contra la Administración pública en Uruguay voy a citar algunas cifras: en 2003 hubo 123; en 2004, 78; en 2006, 128. Daría la impresión de que hoy en el Uruguay hay menos delitos de corrupción que antes. No es una tendencia muy clara pero, en materia de transparencia, nuestro país es el que está mejor; de todas formas, la transparencia es un índice construido sobre la base de juicios y no de datos objetivos. Ahora bien, los datos objetivos no indican que en el Uruguay haya aumentado la corrupción; por el contrario, parecería que los delitos concretos tienden a disminuir. Creo que este proyecto de ley tiene un carácter preventivo. Esa es la idea: no reaccionar tarde, sino reaccionar antes.

Quiero subrayar las últimas cosas que me parecen importantes, ahora refiriéndome a la minuta de comunicación.

La minuta de comunicación viene añadida a este proyecto de ley porque requiere iniciativa del Poder Ejecutivo para aumentar el gasto. Yo quiero hacer una defensa al respecto, especialmente en lo que tiene que ver con la mujer. Estamos impulsando que las mujeres que encabecen la lista reciban un plus muy chiquitito, de un 15 % sobre el voto, o sea, unos pocos pesos; quien trabaja conmigo, Alejandra Moreni, así como las feministas que están abocadas a estos temas –Niki Johnson y Verónica Pérez– trabajaron en este aspecto. La idea es que a mecanismos de acción afirmativa como la cuota –que son duros– se les incorporen incentivos positivos. Esto no cambiará, pero dará un incentivo. Ya sabemos que las mujeres ganan menos que los hombres y padecen más desempleo. Las mujeres tienen una situación económica peor que la de los hombres. Además, las campañas y la política les resultan más caras, por el tema del trabajo no remunerado. Entonces, tenemos estas dos cosas que vuelven la política más gravosa para las mujeres: sus menores ingresos con relación a los hombres y los cuidados, que les insumen una tercera jornada.

Nosotros creemos, además, que debemos dar una señal muy fuerte a los partidos políticos, porque sabemos que con la sola aplicación de la cuota el Senado puede andar bien, pero la Cámara de Representantes horrible; además, como buena parte de los departamentos del país elige solo un representante por partido, si no encabezan las listas, las mujeres no tienen condiciones de llegar. Por lo tanto, hay que ir un pasito más e impulsar que los partidos tengan listas encabezadas por mujeres. Y, como decía el senador Pintado, también hay que pagar o financiar a los partidos o a los sectores que efectivamente incorporen mujeres. No voy a abundar sobre esto porque cuando tratamos el tema de la cuota se dieron todas las fundamentaciones, pero el financiamiento y la plata también son parte de las condiciones de igualdad política de candidatos y electores. También debo decir que el hecho de encabezar listas hace que las mujeres sean más visibles. Los números –la señora presidenta lo sabe mejor que quien habla– indican que la presencia de mujeres en política es bajísima. Los minutos de la mujer en televisión y la participación en diarios –ya está todo medido– están muy por debajo incluso de la participación efectiva de mujeres en política.

Por otro lado, me interesa destacar el tema de la limitación a las donaciones de los candidatos, que entiendo puede resultar antipático. ¿Por qué limitar a los candidatos a donar dinero para sus propias campañas? El artículo 77 de la Constitución dice que se debe estimular la democracia interna de los partidos. Si puedo comprar mi lugar en la lista, ¿dónde está la democracia interna? No hay democracia interna. Estimular la democracia interna de los partidos implica que no se puedan comprar los lugares en la lista. Lo digo de brocha gorda, pero me parece que las limitaciones tienen que ver con este principio de que uno no pueda comprar su lugar en una lista o en un partido.

Creo que este proyecto de ley es benévolo y no tiene grandes sanciones. No apela a la ley penal –hay muchos países donde la ley penal es dura con esto– y, por suerte, mantenemos la benignidad penal. Los señores senadores saben que soy partidaria de la benignidad penal, de que el derecho penal se aplique lo menos posible, pero en ese sentido hubo algunas recomendaciones y hay bastante cosa escrita sobre la ley penal. Sin embargo, como dije, el proyecto de ley ha sido benigno; ha sido más de «Ulises en el mástil», más de recortarnos privilegios a nosotros mismos, de imponernos limitaciones como sistema político, pero no de recurrir a la ley penal para sancionar duramente.

Señora presidenta: creo que este es un gran proyecto de ley. A pesar de sus limitaciones, todo proyecto que regule el dinero en la política es un gran proyecto y entiendo que debería ser acompañado por todos, para hacer honor a lo que fue este proceso virtuoso de elegir una iniciativa construida en el Parlamento y no venida del Poder Ejecutivo. Decidimos construirlo nosotros y debemos acompañarlo nosotros.

Gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidenta: se dijo que hay perplejidad porque ahora se cuestiona el proyecto de ley.

En realidad, siempre fuimos muy claros en cuanto a que el artículo 13 era inconstitucional y no íbamos a acompañarlo. Así lo expresamos. Lo mismo en cuanto a coartar la financiación por parte de las empresas. Por lo tanto, eso siempre se expresó. Llegado el momento podemos votar el proyecto en general o no, según cuánto influyan en nuestra mente y en nuestra decisión esos artículos que a nuestro juicio son fundamentales. ¡Es muy fuerte que se apruebe una iniciativa con artículos claramente inconstitucionales! ¡Pero cumplimos! Hasta ahora, cada vez que me he comprometido a algo, he cumplido. Así que no me gusta cuando se dice que hay perplejidad sobre el cumplimiento. He cumplido cuando lo he dicho públicamente y cuando lo he dicho particularmente.

Hay otro error que se ha manifestado acá, señora presidenta, y es decir que estamos en contra de la regulación de los medios de comunicación en cuanto a los espacios, etcétera. No. Ese no fue nuestro cuestionamiento; quizás no se entendió bien. ¡Nuestro cuestionamiento es cómo reparten los minutos gratis a favor del Frente Amplio! Ese es nuestro cuestionamiento y esa es la inconstitucionalidad. No es inconstitucional establecer –a mi juicio– la publicidad gratuita. ¡No lo es! Podemos estar de acuerdo o no, pero para mí no lo es. Lo que es inconstitucional es que se quede con la mayoría el partido de gobierno. Eso es inconstitucional; lo dice la corte. Estoy seguro de que algún otro señor senador hablará –supongo que así será– para justificar esto.

También nos llama la atención cuando nos dicen que se debe pensar más allá del interés personal partidario. Está bueno: nos piden que pensemos más allá del interés personal partidario mientras se votan una norma que beneficia su propio interés personal partidario. Es decir, piensan y obtienen beneficios personales partidarios, pero nos piden a nosotros que no pensemos en nuestra posición partidaria. Aclaro que no estamos pensando en eso porque creo que en la sumatoria nuestro partido queda tres a uno con el Frente Amplio, pero diez a uno con algún otro partido. No quiero esa ventaja; no queremos esa ventaja frente a partidos que se están por presentar. No nos parece bien que se voten beneficios particulares para los partidos que están acá en detrimento de los demás. Sí nos preocupa, y mucho, cuando se dice que la libertad de prensa cede frente a los derechos de los ciudadanos. Lo que nos preocupa es quién interpreta los derechos de los ciudadanos: si la interpretación es de una senadora, que dice cuáles son los derechos de los ciudadanos que están por encima de la libertad de prensa, entonces me preocupa porque los derechos de los ciudadanos están en la Constitución y es la Suprema Corte de Justicia la que los interpreta, que entiende que con esto se violan los derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. O sea que me parece un poco peligroso apelar ahora a derechos ciudadanos que no están en la Constitución y que interpretamos acá cuando los tiene que interpretar la Suprema Corte de Justicia.

Gracias, señora presidenta.

SEÑORA MOREIRA.- Pido la palabra para responder una alusión.

SEÑORA PRESIDENTA (Mónica Xavier).- Tiene la palabra la señora senadora.

SEÑORA MOREIRA.- Señora presidenta: quiero responder una alusión en forma muy breve.

Cuando se aplica la justicia proporcional, se toma en cuenta quienes obtuvieron más votos en la elección pasada; es el mismo principio que se aplica para el financiamiento de los partidos. El principio de la justicia proporcional ya existe. El financiamiento a los partidos se realiza sobre la base de la votación anterior. Quiere decir que entonces también estaríamos incurriendo en una inconstitucionalidad flagrante con la igualdad de los partidos porque estamos recibiendo más dinero en razón de los votos que obtuvimos antes.

En este caso, el principio de la proporcionalidad aplica, pero no para el partido de gobierno, que podría haber ganado con menos votos que otros y, en ese caso, le tocarían menos minutos de publicidad. Da la casualidad –que no es casualidad sino una construcción política de largo aliento– de que el partido de gobierno tiene mayoría parlamentaria, pero para evitar falacias de este tipo, el principio de que se paga por el voto anterior ya está incrustado en nuestro sistema legal.

Termino preguntando, ¿quién interpreta los derechos de los ciudadanos? No solamente la Suprema Corte de Justicia ni esta senadora, sino Naciones Unidas, que ha celebrado cumbres enteras para proteger el derecho a la información de los ciudadanos contra la libertad de empresa y la concentración oligopólica de los medios de comunicación.

(Ocupa la presidencia la señora Lucía Topolansky).

–Naciones Unidas tiene varios acuerdos que el Uruguay ha suscrito para proteger el derecho a la información de los ciudadanos contra la concentración de los medios de comunicación. Señora presidenta: no innovo nada.

22) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑORA PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente).

SEÑOR SECRETARIO (Hebert Paguas).- «Los señores senadores Patricia Ayala, Marcos Carámbula, Charles Carrera, Leonardo de León, Antonio Gallicchio, Daniel Garín, Constanza Moreira, Marcos Otheguy, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Enrique Pintado, Daisy Tourné y Mónica Xavier presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica la Ley n.º 18446, de 24 de diciembre de 2008, sobre la Institución Nacional de Derechos Humanos.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto presentado).

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23) PARTIDOS POLÍTICOS

SEÑORA PRESIDENTE.- El Senado continúa con el tratamiento del tema en consideración.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Señora presidenta: a esta altura del debate me parece imprescindible volver a la esencia de lo que implica la consideración de este proyecto de ley, y la esencia es la coincidencia. Nosotros tenemos algunos puntos de discrepancia, pero el núcleo central, que tiene que ver con la necesidad de que los partidos políticos se regulen más y mejor en su financiamiento, es un punto valioso y principal que no puede hacernos olvidar o desdibujar el hecho de que hay, sobre algunos aspectos, diferencias que pueden llegar a ser relevantes. Lo que estamos alcanzando y el objeto central del proyecto de ley es consensual. De hecho, habrá unos cuatro artículos en los que tendremos que votar con diferencias y discrepancias, porque en el resto estamos de acuerdo; sobre todo, estamos de acuerdo con la idea general. Por ese motivo se creó la comisión que promovió el señor senador Pintado –y que todos acompañamos–, porque había necesidad de poner al día una norma, del año 2009, que presentaba notorias debilidades.

También estoy convencido de que todo el sistema político es consciente de que estamos en un momento en el que es imprescindible dar señales de mayor rigor en el control de la gestión pública, así como de mayor transparencia y de mayor exigencia y autoexigencia. Todos conocemos el resultado del Latinobarómetro que salió la semana pasada, que indica que los partidos políticos están en un nivel de confianza del 25 %, el más bajo desde la crisis del año 2002. Este resultado es un gran llamador respecto de las cosas que hay que hacer, y esta es una de ellas. Lo bueno es que todos los partidos políticos piensan que hay que hacerlo; todos creen que la ley del año 2009 no alcanza y que hay que aprobar mejores soluciones, que den más garantías a los ciudadanos en cuanto a cómo los partidos se relacionan con el dinero, y de qué manera generan sus ingresos y gastan en las distintas instancias. Me parece que ese es el centro del asunto. Después podremos discutir aspectos en los que hay diferencias –las hay y son importantes–, pero tienen que ver con asuntos puntuales y no con la idea general. La idea general es común y creo que eso es una gran cosa; es un mensaje que el sistema político da a la sociedad, a la ciudadanía, y es lo que hay que rescatar como primordial y principal.

Este proyecto de ley tiene unas cuantas virtudes; por ejemplo, prohíbe las donaciones anónimas, lo cual es un elemento muy positivo porque actualmente la norma vigente deja un margen para las donaciones anónimas. El proyecto de ley promueve que todos los ingresos y los gastos de los partidos sean trazables, es decir, que estén documentados por transacciones bancarias, lo que me parece que es muy importante. Justamente, se busca que haya transparencia en nuestros ingresos y en nuestros gastos. Eso es muy importante; es relevante y constituye un cambio con respecto a la situación actual.

Esta iniciativa también obliga a realizar balances anuales públicos. Actualmente, la única rendición de cuentas a la que están obligados los partidos tiene que ver con los dineros que se reciben de manera periódica –pero exclusivamente sobre ellos–, sobre los que se les pagan a través del Poder Legislativo, en función de los votos, y una rendición de cuentas de campaña electoral. Sin embargo, acá estamos exigiendo otra cosa; estamos exigiendo que todos los años haya un balance público que los partidos deben presentar ante el Tribunal de Cuentas, registrarlo en la Auditoría Interna de la Nación y finalmente depositarlo en la Corte Electoral. Es una novedad absoluta, muy positiva y en la que estamos todos de acuerdo.

También estamos de acuerdo en prohibir la publicidad estatal durante la campaña electoral. ¡Y vaya si eso es un cambio! Recuerdo que en el año 2014 el entonces presidente y actual senador Mujica salió a los medios a pedir a las empresas públicas que aflojaran con la publicidad. No sé si lo recuerdan. Era una doble propaganda simultánea: el partido de gobierno, más el Gobierno. Estas cosas forman parte del proyecto de ley que estamos votando. Al igual que el señor senador Bordaberry, habíamos presentado un proyecto de ley que establecía esa prohibición. Entonces, bienvenido el hecho de que se haya incorporado y ahora forme parte del proyecto de ley. Hay que celebrar que estamos todos de acuerdo en eso también.

Podemos mencionar la violación de la veda. ¿Qué pasaba si se violaba la veda? Nada. Cuando alguien violaba la veda de publicidad electoral fuera de período no pasaba nada porque la Corte Electoral decía que no podía tener certeza de que fueran los únicos, y como no podía controlar los medios, no sabía si había otras violaciones y finalmente no tomaba decisión. En este caso se incorpora un sistema de monitoreo, pero además se castiga a las dos partes, que es lo que falta en la normativa vigente: se castiga al partido, sector o agrupación que viole la veda y al medio que permita emitir la publicidad que viola la veda.

Además, se extiende el sistema de declaraciones juradas públicas de los candidatos. Eso también me parece muy importante. Actualmente, lo hacen los candidatos a presidente de cada partido, pero en este caso se agregan los primeros titulares de las listas. Todo esto forma parte central del proyecto de ley, y es consensual; creo que eso es lo que hay que celebrar.

Ahora bien, diría que hay dos focos principales de discrepancia. Uno es la contribución empresarial y, el otro, la publicidad electoral y su distribución. Esos son los dos asuntos que nos separan para no tener un proyecto de ley votado por unanimidad.

Creo que sería bueno aprobar en general el proyecto de ley –que tiene consenso– y dejar pendientes estas diferencias para ver si en los próximos días hay alguna chance de generar un encuentro. Entiendo que lo bueno sería que estas normas que regulan los partidos y la publicidad electoral –independientemente de la discusión de si requieren o no mayoría especial, donde por supuesto también tenemos distintas opiniones– fueran consensuales, porque no es bueno que disposiciones que regulan el funcionamiento de los partidos se aprueben por diferencia de un voto. No es bueno que las normas que, en definitiva, refieren a las reglas de juego del sistema político –porque la regulación de los partidos forma buena parte de las reglas de juego del sistema político–, no logren consenso. Parte de la fortaleza de una democracia es que en las reglas con las que se distribuye el poder, haya niveles de mayorías sustancialmente amplias y, mejor aún, si es posible, unanimidad. Entonces, hoy tenemos que avanzar en lo que nos une y dejar pendientes las cosas que tienen que ver con diferencias que ojalá pudiéramos soslayar, resolver o acordar de alguna manera.

Ahora voy a entrar en las diferencias porque me parece que está bueno poner arriba de la mesa las opiniones que, en particular, tenemos desde el Partido Independiente.

Empezamos el debate en la Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral compartiendo la idea de que era bueno prohibir las contribuciones empresariales. Sin embargo, en el transcurso del debate fuimos tomando nota y convenciéndonos de que, a veces, las excesivas prohibiciones pueden llevar a un mal resultado; el ejemplo que dio la señora senadora Moreira sobre Brasil viene a cuento, aunque lo tomo en otro sentido. Estoy hablando de la prohibición de que las empresas aporten a las campañas electorales de manera transparente y documentada; obviamente, las empresas que brindan servicios al Estado o que tienen contratos de concesión con este deberían tener prohibido donar, pero con respecto al resto de las empresas es mejor que se sepa –respetando los topes que están establecidos, que son los mismos que para las personas físicas– a que después tengamos un sistema tan encerrado que aparezca una «caja 2» –como decía la señora senadora Moreira– y que, al final, termine siendo una trampa mortal para el buen funcionamiento del financiamiento de los partidos. Esa es la razón por la cual, en el devenir de este debate, fuimos cambiando y, desde una postura que era coincidente con la del partido de gobierno en el sentido de prohibir las donaciones empresariales, hoy nos parece que habría que revisarla y ponernos en posición de admitirlas, con las limitaciones que acabamos de señalar.

Con respecto a la publicidad televisiva, somos hijos de nuestra acción de inconstitucionalidad. El Partido Independiente presentó la acción de inconstitucionalidad contra la ley de medios porque, realmente, uno de los artículos aprobados implicaba un abuso impresionante. Hay una gran diferencia, señora presidenta. Aquí se ha querido vincular o hacer un símil entre el pago por votos y la distribución de la publicidad. ¿Sabe cuál es la diferencia, señora presidenta? Que hay cinco años entre una cosa y la otra. Cuando se paga por votos, es por los que se consiguieron en el momento, y es razonable que haya una distribución proporcional a los votos que se obtuvieron en esa campaña electoral. Ahora, que los votos que se consiguieron en esa campaña electoral sean un cheque para, cinco años después, distribuir la publicidad electoral gratuita es, de verdad, un exceso, un abuso de poder. No hay fundamento para sostener la idea de que una diferencia que ocurrió cinco años antes se pueda convertir en una ventaja en la disputa y en la competencia electoral que, repito, tiene lugar cinco años después. Es verdad que en el mundo –y, en particular, en América Latina– hay distintos regímenes, así como que hay dos principios que conviven en buena parte de los sistemas políticos: el de la distribución en proporción y el de la equidad total. También es cierto que hay países en América Latina que tienen el criterio de la equidad total y otros que siguen el criterio del fift-fifty –es decir, la mitad en función de los votos y la otra mitad parejo para todos–, mientras que hay algunos –muy pocos– en los que el criterio va más en proporción a los votos, pero ninguno es de ochenta a veinte, como el que se aprobó en este Parlamento en el período pasado y que era una vergüenza. Por suerte, la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón y el fallo determinó que debía considerarse inconstitucional ese tipo de distribución, que era la más desigual de toda América Latina, porque no hay otro ejemplo de ochenta a veinte. El tema es que el argumento por el cual se falló la inconstitucionalidad está fundado en el principio de igualdad, que no tiene grados. No se trata de que si no es ochenta a veinte, entonces puede ser sesenta a cuarenta. No; el principio de igualdad dice que debe ser parejo para todos y ese es el punto, señora presidenta.

Más allá de que uno puede decir que esta distribución que aparece hoy en el proyecto de ley es razonable –porque estamos hablando de 50 % en función de los votos anteriores, 45 % de forma pareja y 5 % para los nuevos partidos que no hayan participado en la elección anterior, con los ajustes que se hagan–, el problema es que cualquiera de los partidos que interprete que esto es inconstitucional tiene el derecho a ir ante la Suprema Corte de Justicia y va a obtener un fallo favorable, por lo que esto va a caer. Entonces, hay que revisarlo porque estamos por dar un paso y, más allá de que pueda entender que es razonable –es más, el Partido Independiente contribuyó a discutir estas nuevas proporciones, e incluso hizo cálculos, planteó algunas ideas y aportó al debate de esta disposición en particular–, el problema es que cualquier partido que sienta que está siendo afectado por esto –y va a haberlo– puede presentar una acción de inconstitucionalidad y la norma cae. En consecuencia, tenemos que evaluar seriamente de qué manera resolvemos este problema y por eso es conveniente tener más tiempo para analizarlo.

La otra parte de la publicidad televisiva, que es la paga, no puede estar limitada porque eso también es una violación a la Constitución, ya que implica un cuestionamiento a la libertad de contratación; no puede establecerse, por ejemplo, que usted no puede comprar más que tanto y en función, eventualmente, de los votos que obtuvo cinco años atrás. No sé si al final quedó plasmado en el proyecto de ley que está hoy a consideración del Senado, pero en su momento se hablaba de que iba a haber una distribución porque el tiempo disponible para la publicidad paga es finito y, entonces, hay que distribuirlo. Realmente me parece un despropósito convertir a la Corte Electoral en una central de compras –esa es la verdad–, primero porque no tiene esa competencia ¡Y estamos hablamos de asignarle el cometido de comprar los minutos de televisión de los partidos en todo el país, como se ha dicho aquí!

Estoy de acuerdo con el criterio que preocupa a la bancada del partido de gobierno, que es cómo garantizamos precios iguales, que creo es lo pertinente. ¿Cómo evitamos o superamos la sospecha –y, en algunos casos, la afirmación– de que ha habido precios diferenciales de parte de los medios con respecto a los partidos? Nosotros propusimos una alternativa –quizás pueda ser mejorable, pero por lo menos es una opción que no afecta la libertad de contratación– y es que cada partido o agrupación compre y el medio de comunicación emita la factura estableciendo el monto y, además, la cantidad de minutaje que ha vendido. A su vez, debe obligatoriamente enviar copia de la factura al Consejo de Comunicación Audiovisual, que debe constatar que las facturas tengan el mismo valor, es decir, que la cantidad comprada por los distintos partidos sea equivalente en su precio. Además, en esta propuesta tendría la facultad –y, diría, la tarea, el cometido– de constatar que la emisión concreta de los minutos coincida con la factura. De esa manera se cierra el círculo y no afectamos la libertad de contratación.

Creo que este sería un camino; quizás haya alguna fórmula todavía mejor, pero no me parece pertinente que la Corte Electoral tenga que recibir la plata de los partidos para comprarles a los canales de televisión. Me parece que ahí hay un problema insuperable; piensen, por ejemplo, en la Corte Electoral comprando minutos en el canal de Cerro Chato. Me parece que tenemos necesidad, todavía, de tomarnos unos días para revisar estos dos obstáculos principales que están planteados, uno de ellos de rango constitucional. Yo también creo que la norma referida a la publicidad electoral requeriría de una mayoría de dos tercios. Estoy convencido de que es así. Nuestro escrito de acción de inconstitucionalidad planteaba esa situación. Es verdad que la Suprema Corte de Justicia lo rechazó. La Suprema Corte de Justicia entendió que no eran requeridos los dos tercios para la resolución de la publicidad electoral. Pero sigo pensando que –más allá, incluso, de si por la norma constitucional se aplica o no la mayoría especial– lo lógico es que este tipo de cosas, que hacen a las libertades de los partidos y a las reglas de juego de la competencia electoral, tengan consenso, tengan un amplio marco de acuerdos para darnos garantías a todos, porque tienen que ver con las reglas de juego.

Además, nosotros tenemos otra diferencia, pero en eso estamos solitarios. El Partido Independiente entiende que no hay razón para que el mecanismo de rendición de cuentas que se establece para los balances anuales de los partidos, que implica que sean visados por el Tribunal de Cuentas, depositados en la Auditoría Interna de la Nación y entregados a la Corte Electoral, no sea el mismo que para los gastos de campaña. No entendemos por qué las rendiciones de cuentas de las campañas electorales mantienen la misma lógica, que es que se presentan ante la Corte Electoral, y entonces este organismo tiene que munirse de un equipo nuevo de técnicos en materia de auditoría para analizarlas, cuando en realidad perfectamente podríamos aprovechar las competencias que ya tienen el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación para evaluar también los gastos de las campañas. Esa es la diferencia que tenemos en soledad, porque sé que los demás partidos están de acuerdo en mantenerlo así. Pero la verdad es que todos sabemos que las rendiciones de cuentas de las campañas electorales así como llegan se guardan. La Corte Electoral no tiene ninguna chance de decir nada al respecto. Quedan publicadas, el que quiere las analiza, las estudia, pero básicamente la Corte Electoral no puede hacer nada. Y crear en la Corte Electoral una repartición específica para analizar cada cinco años las rendiciones de cuentas de la campaña electoral, teniendo la posibilidad de que sea el Tribunal de Cuentas el que haga el trabajo, al igual que lo va a hacer con los balances anuales, nos parece mucho más razonable. Por ese motivo tenemos esta tercera diferencia.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR MIERES.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Con respecto a este punto, no voy a entrar en el debate de fondo, pero quiero decir que el equipo de la Corte Electoral sobre el que hablamos, por ejemplo, con el señor senador Heber, no se constituiría solo para revisar las rendiciones cada cinco años, porque los balances de los partidos son visados por el Tribunal de Cuentas y van a la Corte Electoral, que es donde se controlan. El principio que está aquí –y con esto no estoy diciendo que hayamos encontrado la mejor fórmula– es que a los partidos los controla la Corte Electoral. De manera que no es un trabajo que se vaya a hacer una vez cada cinco años, sino que se incrementa cada cinco años.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Mieres.

SEÑOR MIERES.- De todos modos, esta es una diferencia mucho menos relevante que las dos anteriores, pero quería dejar la constancia, porque así lo hicimos en la comisión.

Con respecto a la minuta de comunicación, que obviamente se crea por el hecho de que hay algunas normas que requieren la iniciativa del Poder Ejecutivo, nosotros compartimos la necesidad de que haya alguna disposición de recursos para las elecciones municipales. Esto tiene una razón muy lógica, que es que cuando se votó la última ley de financiación de partidos no existía el nivel municipal; no había elecciones municipales. Entonces, ahora hay que adecuar la norma, pero, como implica un gasto, se necesita la iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que, por supuesto, compartimos.

En cuanto a las normas de incentivo a la participación de la mujer, estamos de acuerdo en que existan, pero no con que haya dos tipos de medidas. Nos parece bien la incorporación de un plus, en cuanto al aporte del Estado, a las listas encabezadas por mujeres, pero consideramos que no debería incorporarse un segundo componente que tiene que ver con la presencia efectiva, porque, entre otras cosas, la lectura del texto lleva a un resultado que hay que ajustar. Creo que por cada mujer que resulte electa efectivamente y que ocupe el cargo hay un incremento de un 10 % en el aporte que el Estado brinda al partido, o sea que con diez mujeres, hay un 100 % de incremento del aporte. Entonces, me parece que ahí tenemos un problema que habría que corregir, porque se puede llegar a dar un resultado inesperado y no razonable.

Termino volviendo al principio. Me parece que hay que ubicar el centro del tema, que es que estamos de acuerdo en lo principal. Y lo principal es que tenemos que establecer normas que nos controlen mejor, que sean de mayor transparencia, que sean más exigentes, y este proyecto de ley lo logra, más allá de estos asuntos que han quedado arriba de la mesa como problemas y que espero que tengamos unos días más para ver si nos ponemos de acuerdo.

Muchas gracias.

SEÑOR OTHEGUY.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR OTHEGUY.- Voy a ser muy breve, porque creo que ya hemos recorrido los principales puntos del proyecto, tanto aquellos en los que tenemos acuerdo como aquellos en los que no.

Quiero señalar que el trabajo en la comisión no tuvo el tono y –por momentos– la distancia, por lo menos aparente, de visiones con respecto a los contenidos de este proyecto. Se discutió de otra forma. En todo momento tuve la presunción de que estábamos de acuerdo en el noventa y nueve por ciento de los temas. Pero hoy los contenidos y en buena medida el tono del debate fueron otros.

Creo que hay coincidencias, y la importancia de estar debatiendo este tema acá es que los partidos políticos expresamos una visión común en cuanto a que el tema de fondo de este proyecto de ley –y también en la discusión de otros temas– tiene que ver con dos cosas esenciales para los partidos políticos. El primero de ellos es el valor, la importancia de la política, y el segundo es la importancia de la democracia y de la calidad de la democracia. Cuando los partidos nos regulamos, nos ponemos más exigentes, apostamos a más transparencia, esto va en la dirección de reivindicar el valor de la política y la importancia de la democracia y la calidad de la democracia. ¿Por qué? Porque está en cuestión la importancia y la centralidad de la política y está en cuestión, en buena medida, el valor y la importancia de la democracia. Esto ocurre en el Uruguay, sí, pero también en el resto del mundo. Este es un diagnóstico de época, de este momento que estamos viviendo. El tema es cómo nos paramos los partidos políticos y los actores políticos frente a esta realidad. ¿Defendiendo una corporación? No. ¿Defendiendo un statu quo? No. Defendiendo los partidos políticos y el valor de la política.

¿Este proyecto cambia el mundo? No, no tiene esa pretensión, que es más propia del siglo xx, de un momento épico en que, a partir de alguna cosa, cambiamos la realidad. Me parece que los cambios son más incrementales. Quizás siempre fue así, pero en el siglo xxi, ni hablar. Se mueve más en lo que Foucault llamaba «microfísica», en un conjunto de actos cotidianos, de gestualidad, de valores; en la coherencia de ese camino al que vamos promoviendo transformaciones, afirmando el valor de ciertas cosas hasta el cansancio, una y otra vez, cuando tenemos oportunidad de dar debate, y volver a discutir sobre la política, la democracia y los partidos políticos, por la importancia que tienen. ¿Por qué? Porque hay temas sobre los que hemos logrado saldar discusiones, hay una síntesis.

Sin duda, hoy tenemos una sociedad –estoy convencido de ello– más segura, más pacífica, más rica que en muchos otros momentos de la historia de la humanidad. Todos los datos pueden reafirmar que tenemos sociedades más pacíficas, más integradas, sin duda que más ricas. Y eso ha venido de la mano de ciertas cosas que hemos ido logrando alcanzar. Son más seguras y más prósperas las sociedades con Estado que sin Estado, en función de datos, y son más seguras y más prósperas las sociedades con democracia y con democracia política de calidad que las que no son democráticas. Esto está saldado. Lo manejábamos en algunas discusiones anteriores. En 2012 murieron 500.000 personas por muerte violenta y 800.000 se suicidaron. En el siglo xix, en Europa, la tasa de mortalidad por muerte violenta estaba en el entorno de los setenta cada 100.000 habitantes; hoy es una persona cada 100.000 habitantes en toda la Unión Europea. En las sociedades sin Estado el promedio de muerte –esto está estudiado por la historiografía, sobre todo inglesa, que es muy de reflexionar en base a datos– era de más de quinientas cada 100.000 habitantes. El estado natural de relacionamiento entre las comunidades era la violencia, la guerra, etcétera. Hoy ya no es así. Y no es así porque las sociedades con Estado son más seguras y más prósperas, las sociedades con democracia son más seguras y más prósperas. Por lo tanto, hay que defender esto, y lo hacemos cuando debatimos estos temas.

Hay dos cosas que le han hecho mucho mal a la política en estos últimos tiempos. Una de ellas es mezclar política y negocios. Esto le ha hecho un terrible daño a la política. Y la otra es confundir la política con el espectáculo. La política no es un espectáculo, no es una sonrisa importada, no son campañas de marketing como si estuviéramos vendiendo un producto. La política es otra cosa: son proyectos, son ideas, son sueños; es gente comprometida con esos proyectos, con esas ideas, con esos sueños. Los liderazgos políticos no se resuelven con castings. Eso es antipolítico. Eso daña profundamente la política y los partidos políticos. No es un espectáculo la política.

Creo que esta es la oportunidad de reafirmar estas cosas, porque cuando estamos diciendo «regulémonos más», «seamos más transparentes», «demos más garantías» y «generemos más controles», estamos defendiendo la política, los partidos políticos y, por tanto, la calidad de nuestra democracia.

Ese debería ser un compromiso explícito de todos, y creo que lo es. Después vamos a tener matices, pero que se piense que la bancada oficialista está buscando alguna ventaja con algún artículo, no lo aceptamos. Es más, cuando discutimos el tema del reparto proporcional en función de los votos y otra parte igualitaria, había un espíritu general en cuanto a que era justo lo que se estaba planteando. No sé si es inconstitucional o no, pero el espíritu era que había un tema de justicia en ese criterio, como también lo había cuando se dijo que no podía haber publicidad del Estado en momentos de campañas electorales, instrumento que utilizaron todos los partidos políticos en el Uruguay. Si quisiéramos alguna ventaja ahora que somos gobierno, si estuviéramos discutiendo el tema con la calculadora, estaríamos diciendo que no a esta propuesta. Si estuviéramos con la calculadora, estaríamos diciendo que no vamos a renunciar a esto, porque nos puso la gente, el pueblo y gobernamos. Pero nos parece que es un mensaje en la línea de la transparencia, de contribuir a rejerarquizar la política y los partidos políticos, decir que lo mejor es que no haya publicidad del Estado a la hora de las campañas electorales.

Ese fue el espíritu del debate que dimos a nivel de la comisión. Y en esto sin duda avanzamos. No es épico, pero es un paso más, de otro conjunto de pasos que vamos a tener que dar para librar esta batalla, que tiene en el centro el cuestionamiento de los partidos políticos y el valor y la importancia de la política en la sociedad. Este debate lo vamos a tener que dar en todas las oportunidades que tengamos en la Cámara de Senadores cuando discutamos acerca de los temas que vinculan a los partidos políticos y a su funcionamiento.

¿Que quedan otros temas pendientes? Sin duda, y los tenemos que agendar y discutir. ¿Que hay que jerarquizar las instituciones que tienen el rol de controlarnos? Sin duda, y vamos a tener que poner ese debate arriba de la mesa. Vamos a tener que mejorar el funcionamiento, entre otras cosas, del Parlamento, dando más garantía, más transparencia, analizando el régimen de trabajo, las retribuciones del sistema político. Pero debemos hacerlo con este espíritu y con esta concepción: la importancia de la política y de los partidos políticos, porque es la única garantía de tener una democracia de calidad.

El día en que los partidos políticos se regulen por castings y en que ya no sean las ideas y su debate el centro, se habrán terminado los partidos políticos, le estaremos dando un golpe muy fuerte a la democracia y estaremos alumbrando otra cosa, que no sé cómo se llamará pero, sin duda, va a ser mucho peor de lo que hemos logrado construir entre todos hasta ahora.

Gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Gracias, señor senador.

Damos la bienvenida a los alumnos de 5.º B de la escuela n.º 7 de Nueva Palmira.

SEÑOR CARRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: este proyecto, como la mayoría de las normas aprobadas, es hijo de su tiempo. Para nosotros, los militantes y en este caso la bancada de senadores del Frente Amplio, votarlo es un mandato ético.

Nuestro país tiene el honor de contar con los más bajos índices de corrupción si se lo compara con el resto de Latinoamérica. Según los datos difundidos por la organización no gubernamental Transparencia Internacional –que publica anualmente el índice de percepción de corrupción–, Uruguay es el país menos corrupto de Latinoamérica, ubicándose en el lugar veintiuno.

Como bien señalan los datos a nivel latinoamericano, en nuestro país la corrupción en la política representa un problema marginal. Sin embargo, debemos dotar a la legislación de las mejores herramientas jurídicas para evitar que suceda y para combatirla.

Somos conscientes de que a partir de la aprobación de este proyecto daremos cuenta una vez más de la fortaleza que tiene nuestro sistema democrático y nuestras instituciones. Por otro lado, no debemos ignorar que la sociedad ha cambiado en los últimos años y con ella ha cambiado la forma de hacer política. La profesionalización a la hora de encarar una campaña electoral ha generado la necesidad de contar con más recursos económicos que los que se utilizaban anteriormente. De esta manera, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, el dinero ha cobrado un rol fundamental en la realización de las campañas electorales. Por este motivo el sistema político no puede ignorar obviar los problemas que la incidencia del dinero en la política ha generado en otros países y puede llegar a generar en el nuestro. A nivel mundial sobran ejemplos de países que han tenido serios inconvenientes por este motivo, y nosotros, como integrantes del sistema político, debemos hacernos cargo del problema y buscar soluciones.

Este proyecto tiene algunos puntos muy saludables que voy a destacar. Quiero ir al fondo del artículo 13, pero insisto en que esta iniciativa tiene puntos muy saludables.

El primero de ellos –algunos compañeros legisladores de mi bancada ya lo han mencionado– es que reconoce de manera transparente los aportes mensuales que los políticos hacemos a nuestros partidos. Su regulación permite que este mecanismo de financiación se realice con los máximos niveles de transparencia.

Como integrante de un sector político que considera fundamental el aporte económico por parte de quienes ejercemos cargos políticos, corresponde destacar algunos fundamentos éticos.

Somos servidores públicos y nuestro salario debe estar acorde a la realidad, por lo tanto, tiene que ser austero y razonable. No estamos acá buscando réditos personales ni mucho menos económicos; no venimos aquí a hacer dinero, sino que buscamos construir una sociedad más justa.

El segundo punto que queremos destacar de este proyecto de ley tiene que ver con la propuesta realizada en el artículo 3.º. Compartimos totalmente la idea de que se debe incentivar aún más la participación política de las mujeres. Buscando esto, el proyecto de ley toma en cuenta la participación de las mujeres para determinar el aporte que el Estado realiza a los partidos políticos.

En otro orden, me parece fundamental el mandato de rendición de cuentas que establece este proyecto con respecto a los precandidatos a presidentes en las elecciones internas. Dicha norma incorpora un precepto que los obliga a rendir cuentas sobre los fondos públicos recibidos, así como otro tipo de obligaciones. Y este artículo fortalece aún más la necesidad de transparencia en una instancia fundamental y definitoria de la elección del nuevo presidente de la república, como es la elección interna.

Otro aspecto a destacar es la limitante que consagra la norma propuesta en cuanto al monto de las donaciones que los candidatos realizan hacia sus propias campañas electorales. Esta limitante busca de manera acertada acortar las diferencias económicas entre los distintos candidatos.

Más allá de las críticas que hoy se hicieron aquí, dentro de los cambios propuestos, quiero destacar como algo muy saludable lo relativo a las donaciones que reciben los partidos políticos, sus sectores internos o listas de candidatos para su funcionamiento permanente. La norma propuesta marca que deben provenir únicamente de personas físicas debidamente identificadas, lo que incrementa aún más los niveles de transparencia en el manejo de la financiación partidaria. Asimismo, permite tener las cosas más claras a la hora en que la ciudadanía evalúe de manera transparente el origen de la financiación partidaria.

Finalizando esta primera etapa, en otro orden de cosas, quiero recalcar mi más absoluta coincidencia con la norma proyectada, que modifica la existente en cuanto al otorgamiento de publicidad electoral gratuita en los diferentes servicios de televisión entre determinadas horas y por un lapso limitado. En nuestra opinión, la solución legislativa a que se arribó, en el sentido de que la adquisición de los minutos para publicitar la campaña electoral se realice en forma exclusiva por la Corte Electoral, es una buena medida. Ambas soluciones contribuyen a equilibrar de manera razonable las diferencias económicas entre los diferentes partidos políticos, brindando a todos la oportunidad de ofrecer sus propuestas a la ciudadanía.

Además, el proyecto consagra otras disposiciones que garantizan la transparencia.

Yendo al mentado artículo 13, opino que a la Constitución hay que leerla y leerla bien. El artículo 77, en su numeral 7.º, es el que establece las garantías del sufragio y la elección. Allí se expresa: «Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara. Esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, bastará la simple mayoría».

Si nosotros pasamos revista a la norma, podemos observar que los grandes temas abordados son el financiamiento público y privado de los partidos políticos, la publicidad electoral y la transparencia en el manejo de los fondos de los partidos políticos.

En lo que tiene que ver con la financiación de los partidos políticos, se establece la facultad de fijar contribuciones especiales y se regula el financiamiento público y privado, determinando prohibiciones al respecto.

En lo que relativo a la publicidad, se regula la correspondiente al Estado y los partidos políticos en los períodos electorales.

Con respecto a los estados contables y a la rendición de cuentas, se legisla sobre su elaboración, la oportunidad de su presentación y el contralor al que serán pasibles, y se prevén sanciones para los casos de incumplimiento de las obligaciones en esta materia.

En mi opinión, estas no son normas relativas a las garantías de los sufragios y de la elección.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR CARRERA.- Permítame terminar mi razonamiento. Además, el senador leyó sentencias y yo también tengo dos sentencias.

En la sentencia 240, del 8 de agosto de 2016, estuvieron en discusión los artículos 142 a 145 de la ley de medios. La mayoría de la corte, conformada por los señores ministros doctores Ricardo Pérez Manrique, Felipe Hounie y Elena Martínez, considera que estas normas no son inconstitucionales.

Allí se expresa: «Al respecto, los integrantes de la mayoría estiman del caso reiterar los fundamentos expuestos en la Sentencia N.º 79/2016, donde sostuvimos que, en relación con la vulneración del art. 77 nral. 7 de la Carta, coincidíamos con el Sr. Fiscal de Corte en que: “(...) Va de suyo que el art. 142 de la LSCA no legisla sobre ‘las garantías del sufragio y elección’ ni sobre la ‘elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales’, únicas hipótesis para las que, de forma excluyente, la Constitución exige la mayoría especial de dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara” (fs. 602).

“Si de definir la ‘cuestión electoral’ stricto sensu se trata –agrega el Sr. Fiscal de Corte–, en puridad, la hipótesis de autos refiere no al acto eleccionario en sí mismo, sino a una etapa que necesariamente le precede (…)”».

Más adelante dice: «En cuanto a la regularidad constitucional del art. 142, también cabe remitirse a lo expresado por la mayoría de Corte en la Sentencia No. 79/2016, donde se sostuvo que se trata de una norma que está destinada a hacer efectivo el principio del Estado Democrático de Derecho, por lo que su apego a la Constitución resulta indudable.

Los partidos políticos cuentan con un estatuto constitucional en el Uruguay (art. 77 nrales. 11 y 12 de la Carta) y son asistidos con fondos para solventar sus campañas. Deben dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, de forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente. Por lo tanto, resulta por demás ajustado a la Carta que sean asistidos con publicidad electoral gratuita en los medios de comunicación.

La conveniencia u oportunidad de la extensión y los tiempos fijados por la ley para dicha publicidad no son, de regla, cuestiones de orden constitucional y, por ende, exceden el objeto del presente proceso».

Ahora le voy a conceder la interrupción al senador Bordaberry, porque luego voy a referirme a la sentencia n.º 79.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Quiero señalar una coincidencia con lo señalado por el señor senador, dado que muchas veces tenemos discrepancias.

La sentencia que hemos citado dice lo mismo que esas sentencias, pero acá hay dos partes distintas. Está el análisis formal de si se requieren dos tercios para algún tipo de norma electoral o no y si esto entra dentro de las previsiones de ese artículo. Y aquí tenemos una coincidencia: no lo necesita. La sentencia que leímos coincide en una parte con lo que señala el senador Carrera. Lo que pasa es que esta es la parte formal. Cuando vamos al fondo del tema y no analizamos si se necesitan los dos tercios que requiere el artículo 77, sino el contenido de la norma de la ley de medios, vemos que la propia Suprema Corte de Justicia dice que es inconstitucional, no por violar el numeral citado por el senador Carrera, sino por violar el artículo 8.º, el 72 y otros más.

Entonces, así como es muy bueno que él esté citando sentencias de la Suprema Corte de Justicia que dicen eso, sería muy bueno que citara también esta otra sentencia que, en cuanto a lo formal, expresa lo que él dice, pero en cuanto al fondo del asunto establece que es inconstitucional. Me parece que no podemos citar las sentencias parcialmente y, en ese sentido, es contundente. Ese es un error que hoy he escuchado varias veces; la sentencia es clara.

Otro error que escuché –y aprovecho la ocasión para aclararlo– es que, en realidad, si se acepta que se pague por voto luego de pasada la elección, por qué no aceptar ahora la distribución de publicidad a futuro. La corte también analiza muy claramente ese tema y dice que una cosa es mirar cinco años para atrás y otra tener en cuenta la realidad inmediata y a posteriori, lo cual garantiza el principio de igualdad. La sentencia de la corte es contundente como pocas veces se ha visto y coincide en que no se necesita una mayoría especial, es decir que alcanza con los votos del Frente Amplio para votarlo hoy. Lo que sucede es que esa mayoría especial no puede vulnerar los otros artículos y eso es lo que la corte dice que se vulneró.

En cuanto al objeto del proceso, acepto lo que dice el senador Carrera sobre la formalidad, en el sentido de que no es inconstitucional por no contar con los dos tercios, pero si vamos a lo otro, al fondo del asunto, es lapidario.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Carrera.

SEÑOR CARRERA.- Señora presidenta: no comparto los argumentos del senador, pero voy a seguir con mi razonamiento.

La sentencia n.º 79 del 5 de abril del 2016 dice: «La actora sostiene que el art. 142 contraviene su derecho a no participar en la publicidad política electoral en el Uruguay, lo cual vulnera los arts. 7, 29, 36 y 77 nral. 7 de la Carta.

No le asiste razón.

Se trata de una norma que está destinada a hacer efectivo el principio del Estado Democrático de Derecho, por lo que su apego a la Constitución resulta indudable.

Los partidos políticos cuentan con un estatuto constitucional en el Uruguay (art. 77 nrales. 11 y 12 de la Carta) y son asistidos con fondos para solventar sus campañas. Deben dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente. Por lo tanto, resulta por demás ajustado a la Carta que sean asistidos con publicidad electoral gratuita en los medios de comunicación».

Más adelante agrega: «En relación con la vulneración del art. 77 nral. 7 de la Carta, coincidimos con el Sr. Fiscal de Corte en que: (...) Va de suyo que el art. 142 de la LSCA no legisla sobre “las garantías del sufragio y elección” ni sobre la “elección, composición, funciones y procedimientos de la Corte Electoral y corporaciones electorales”, únicas hipótesis para las que, de forma excluyente, la Constitución exige la mayoría especial de dos tercios de votos del total de componentes de cada cámara (fs. 290 vto.).

Y agrega el Sr. Fiscal de Corte: (...) si de definir la “cuestión electoral” stricto sensu se trata, en puridad, la hipótesis de autos refiere no al acto eleccionario en sí mismo, sino a una etapa que necesariamente le precede (...), (fs. 291)».

En síntesis, en nuestra opinión, el artículo 13 no califica como una nueva ley de registro cívico o de elecciones; no califica como una modificación o interpretación de las vigentes sobre la materia; no califica como una norma que regule la garantía del sufragio; no califica como una norma que regule las garantías de la elección; no califica como una norma que regule el procedimiento de composición y funciones de la Corte Electoral. En suma, el artículo 13 es una garantía para todos los partidos políticos, en consonancia con los numerales 11 y 12 del artículo 77, que establece el estatuto de los partidos políticos. Es una garantía para los partidos políticos respecto al acceso a los medios de comunicación a los efectos de que puedan difundir sus programas, ideas y candidatos. También es una garantía para que en una campaña previa a las elecciones podamos conocer esta información y tener acceso a ella. Como dije anteriormente, esto está en consonancia con los numerales 11 y 12 del artículo 77 y allí no se requiere mayorías especiales. Esta es la tesis sostenida por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia 79 del 2016 y en la sentencia 240 del mismo año.

Por último, señora presidenta, no es raro que aquí haya partidos políticos que no quieren votar algunas normas a consideración de esta cámara, porque no somos todos iguales, no tenemos los mismos recursos, y eso tiene una explicación bastante sencilla: no representamos los mismos intereses. Por lo tanto, con el sistema actual, la fuente de financiamiento no permite una equidad e igualdad. Para esto, basta analizar la realidad a la hora de obtener recursos por parte de los diferentes partidos.

Por otro lado, tampoco nos llama la atención que no se quiera votar el artículo 13 de este proyecto de ley, sencillamente porque el alcance que tienen los partidos políticos a los medios masivos de comunicación no es equitativo ni en lo económico ni con respecto a la facilidad de acceso. Hay ciertos partidos políticos que quieren mantener la situación actual, en la que el acceso a los medios se determina por la capacidad económica y por los acuerdos particulares de cada uno.

Como dije al principio, para los senadores del Frente Amplio votar este proyecto de ley es un mandato ético.

Muchas gracias.

SEÑOR BORDABERRY.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR BORDABERRY.- Señora presidente: me permito señalar al señor senador Carrera que la sentencia que citó impugnaba el artículo 142 de la ley pero, en realidad, el que establece la distribución de la publicidad es el artículo 143. Quiere decir que aquello de la distribución del 80 % y del 20 % estaba en el artículo 143 y, por ende, este es el que se declaró inconstitucional. Entonces, citar una acción contra el artículo 142 cuando esto figura en el 143 creo que es un error de hecho.

Si es posible, pido al señor senador que mire la sentencia 87/2016, del 11 de abril de ese año, que es contundente como pocas veces se vio y coincide en que el artículo 77 y la parte formal no es violado –como se pidió–, pero sí es contundente en cuanto a que la distribución de la publicidad en forma no igualitaria es inconstitucional. Parece que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué no hablamos de esta sentencia? ¿Por qué no hablamos de lo que se dice acá?

Aclaro que no me siento aludido por aquello que se dijo de que hay ciertos partidos que quieren seguir en esta situación. Todo lo contario, presentamos proyectos de ley antes de que se formara la comisión para modificarla. Por lo tanto, no nos duelen prendas en eso. Sin embargo, me parece que si hay una sentencia que regula la situación, no es repitiendo sentencias que analizan otras situaciones que vamos a encontrar la inconstitucionalidad. Esto me hace acordar a aquella frase que se adjudica a Cervantes y que no encontré en El Quijote que dice: «Niega Sancho y vuelve a negar, que si no tienes razón, por lo menos tendrás razones», y eso parece que es lo que se está buscando: razones, y no razón.

Gracias.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Señora presidenta: dado el tiempo que llevamos de sesión, vamos a ser muy breves. Además, el señor senador Heber, en nombre de nuestro partido, hizo una brillante y profusa exposición que representó sobremanera a quienes integramos la bancada.

Simplemente, quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema de fondo y respecto a dos o tres cosas puntuales.

Creo que los demás nos ven –me refiero a la región y al mundo– mucho mejor de lo que nos vemos a nosotros mismos. Creo que Uruguay tiene un sistema de partidos sano aunque, obviamente, hay problemas y cosas para arreglar. Si bien puede llegar a haber desviaciones, repito, es un sistema sano, robusto, se viene autorregulando muy bien y ha generado la base de la fortaleza de un sistema durante mucho tiempo. Cuando Uruguay pasó por los momentos más complicados, no hace tanto, la red de contención de los partidos políticos funcionó. Para mí es importante decir esto porque no solo tenemos los partidos políticos más viejos del mundo sino que, además, partidos como el que hoy está en el Gobierno tienen décadas de existencia, se han venido renovando y, sin embargo, hay un afincamiento, un apalancamiento de los partidos políticos en la sociedad que, además, es muy politizada. Esto, más allá de algunas encuestas del Latinobarómetro de los últimos días –que pueden hablar, quizás, de algún deterioro del prestigio de los partidos políticos–, demuestra que estamos muy, pero muy, por encima del promedio de América Latina. La verdad es que tenemos una democracia representativa donde los partidos políticos canalizan las opiniones de la gente. Esto es lo primero que tenemos que rescatar porque, a veces, escuchamos discursos y parece que todo estuviera mal. Tampoco hay que ser autocomplacientes, pero hay que poner las cosas en su lugar: tenemos un sistema de partidos políticos robusto y sano.

Por otro lado, el señor senador Pintado dijo muy bien, algo así como que en función de situaciones que se dan, algunas más lejos y otras más cerca, a veces está bueno trabajar para prevenir. Me parece bien, creo que en estas cosas es más fácil prevenir el incendio que apagarlo. Y si esta discusión tiene que ver con eso, bienvenida sea, porque todo lo que tenga que ver con mejor regulación, mayor transparencia, más cristalinidad y mayor información, nos hace bien a todos. Es más; hoy este proyecto de ley va a ser aprobado en general seguramente con el apoyo de todos los partidos políticos presentes. Esta es una buena señal, aunque después tengamos discrepancias en la discusión en particular de algunos artículos. El señor senador Heber decía que tenemos diferencias en algunos artículos, quizás, en el enfoque. Pero no podemos ser ni soberbios ni obtusos y debemos pensar que cuando hay enfoques diferentes otros también pueden tener parte de la razón. Creo que también en esto hay algunos prejuicios instalados y me parece bueno aventarlos. Por lo menos nosotros, no tenemos ningún prejuicio al respecto y creo que ninguno de los que estamos acá tiene que dar cátedra al otro de cómo hacer política de forma eficiente y de cómo trabajar honestamente con la gente. Ninguno de nosotros está acá por ser manco; ninguno está acá sin que haya gente que lo haya votado y le dé la legitimidad para estar en esta sala. Quería decir esto porque nosotros pertenecemos a un partido que tiene más de 180 años, que ha tenido altibajos y ha perdido muchas más veces de las que ganó pero, sin embargo, es un partido que se ha mantenido a lo largo de la historia renovándose, siempre con los mismos principios que vamos a mantener haciendo las mismas cosas, con la misma transparencia y con el único objetivo de representar a la mayor parte de la sociedad que podamos.

Este proyecto de ley que hoy está en discusión tiene, fundamentalmente, dos partes; incluso, se va a mandar una minuta de comunicación al Poder Ejecutivo porque en algunos aspectos necesita iniciativa privativa. Hay algunos temas en los que, obviamente, vamos a coincidir, y tienen que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la regulación, con algunos aspectos vinculados a los controles, al estatuto de los empleados y a la transparencia. Incluso, define hasta las propias campañas electorales dando un marco mucho más que de financiamiento, porque es un proyecto de ley de regulación de los partidos políticos. El financiamiento es una parte de lo que expresa el proyecto de ley, pero no es todo. Quizás, los puntos más álgidos tienen que ver, por un lado, con el financiamiento y, por el otro, con la publicidad. Acá debo ser muy honesto conmigo mismo porque tengo la impresión –dicho con el mayor respeto, ya que no puedo atribuir intenciones a nadie porque conozco a quienes trabajaron y sé de la forma que lo hicieron– de que es un proyecto de ley visto desde el poder. Y, obviamente, los que no estamos en el poder, primero desconfiamos y, segundo, entendemos que genera algunas situaciones que nos presentan dificultades y que, además, entendemos son tremendamente injustas. Quizás, en muchos de los casos tienen que ver con prejuicios que después la experiencia demuestra que en la realidad no se dan. Acá se habla del financiamiento de los partidos políticos, de las donaciones, de transparentar a quienes lo hacen, de donaciones nominativas evitando las anónimas, se permite a las personas físicas y se elimina a las jurídicas, que es una innovación porque no estaba hasta el momento. Entonces, cada uno tiene que aterrizar todo esto en la casuística: a veces es más sano que donen las empresas y no los empresarios. Está bien que las donaciones sean nominativas, que estén topeadas, que tengan toda la transparencia y la información que quieran; repito que a veces es preferible que donen las empresas y no los empresarios. Digo esto porque, entre otras cosas, se dan determinadas situaciones en la vida real de quienes hacemos política, y lo hacemos remando, y voy a citar dos ejemplos de ello.

En Uruguay había una empresa –lamentablemente, no está funcionando más– que como contribución a la democracia donaba a todos los partidos parte del papel –el resto lo comprábamos– para la impresión de las listas. Tal como lo decían ellos cuando hablaban con cada uno de los partidos, se trataba de una responsabilidad social empresarial. Ahora bien; no lo donaba un empresario –porque parte de los accionistas que estaban en el grupo empresarial eran argentinos, si no me equivoco, la gran mayoría–, sino la empresa. Para que no queden dudas estoy hablando de Fanapel. Repito que a todos los partidos políticos esa empresa les donaba una parte del papel de uso para las listas de candidatura a la presidencia, el resto se compraba. Esto ya no existe más, porque ninguno de por sí va a donar, primero, porque es muy difícil hacerlo y, segundo, porque es jurídicamente inviable.

Una de las características en las que innova este proyecto de ley es en la donación por especie, que también me parece muy sana, porque no todas las donaciones son en recursos económicos; a veces, quien quiere dar una mano puede hacerlo también en especie, por amistad, por afecto, por afinidad o por ideología. Pero muchos de los que pueden donar, por ejemplo una imprenta que quiera contribuir con la impresión de una parte de las listas ya no lo puede hacer porque el que imprime es la imprenta y no el empresario, que es el titular de una parte de las acciones de la imprenta.

Esos son datos, es casuística; ahora podemos decir: les toca a todos, y si se ponen la mano en el corazón, les pasó a todos los que están acá. Me refiero a gente y a empresas que quieren dar una mano, y quieren hacerlo de manera transparente y no por el costado. Repito, donaciones transparentes que, además, aparezcan en las rendiciones de cuentas, en la Corte Electoral, auditadas por ella. Sin embargo, nadie sabe por qué, aun nominativas y aun topeadas, se elimina esta posibilidad. Claro, seguramente uno puede suponer que desde el poder es más fácil conseguir donaciones. No lo digo por nada espurio –también quiero dejarlo claro–, estoy hablando, simplemente, por un vínculo normal de la gestión cotidiana.

El otro tema tiene que ver con el aporte del Estado. Acá se constriñe el financiamiento privado, obviamente, porque lo hacen solamente a personas físicas y no jurídicas y, reitero, ni siquiera se da la posibilidad de que lo hagan en forma nominativa y topeada. Además, si uno saca la cuenta, el aporte que hoy hace el Estado a la democracia a través del financiamiento vía pago por votos, vía Banco República, en las cuatro instancias previstas –en la elección interna, en la elección de candidato a presidente, en el balotaje y en las elecciones departamentales–, en este proyecto de ley es menos que el que hacía antes. Si uno hace la cuenta total –y saco el tema del plus vinculado a la posibilidad de que una mujer encabece la lista, porque es variable, es un intangible que no podemos medir–, de lo que podemos medir, hoy el aporte es menor. Quiere decir que constreñimos el financiamiento, aun absolutamente transparente, informado y rendido y, además, damos menos dinero que el que hay hoy. Para verificarlo simplemente hay que sumar las unidades indexadas que están previstas en el proyecto de ley.

Otro aspecto tiene que ver con la publicidad. Acá entramos en un tema que, quizá, tiene que ver mucho más con las impresiones. Yo también soy muy respetuoso de todas las impresiones. La verdad es que cuando miramos los informativos y tenemos en cuenta los minutos me da un poco de rabia porque, en el ranking de minutos o segundos de los medios de comunicación, salen diez veces más los integrantes del Gobierno que de la oposición. Dirán lo que quieran, le pondrán los adjetivos que quieran, pero esta es la realidad. Me dirán que el Gobierno esto o lo otro, pero antes de que se le dé prensa al primero de la oposición, ya salieron diez del Gobierno, del Frente Amplio. Es un dato de la realidad. No lo mido yo sino todos los que hacen un seguimiento de los segundos utilizados en los medios, por persona, o de los temas que se tratan. Algún senador dijo aquí que, en estas cosas, los medios de comunicación serán discutibles, se podrá tener más o menos afinidad, pero son nuestros, son uruguayos y no grandes multinacionales impersonales. Son uruguayos.

Considero que acá estamos tomando decisiones por prejuicios –repito, estamos tomando decisiones por prejuicios–, entre otras cosas, porque con este sistema actual –y lo digo con mucho dolor y con gran frustración– el Frente Amplio ganó tres elecciones seguidas con mayoría parlamentaria.

Acá se hacen innovaciones vinculadas a un tema de publicidad gratuita, con un sistema de distribución que, obviamente, genera un efecto confiscatorio, una adhesión del Parlamento, válida pero confiscatoria. En este sentido, el señor senador Heber presentó una alternativa para aventar perjuicios que puedan generar consecuencias, que es la vía de crédito fiscal. Tengo mucho miedo de que estas cosas –porque además lo sugiere la propia sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que dice que la vía civil está abierta, acá hay perjuicio económico– terminen en juicios civiles por acto legislativo, y yo quiero estar lejos de eso. La fórmula del señor senador Heber ayuda a generar las contraprestaciones o las compensaciones correspondientes.

En definitiva, este proyecto de ley –que además habla de la regulación de Internet y de otros medios– es como la ley de medios, es decir, obsoleto, antiguo, parcial, con retrovisor. Nadie puede regular Internet. La ley de medios expresamente dejó fuera a Internet, no porque no quisieran hacerlo sino porque no pueden. Es más, a veces no pueden hacerlo ni en China. Y, en este caso, hablan hasta de la regulación de cuándo inician las campañas en los medios televisivos y radiales que están aplicados a esta ley, pero también en Internet y en otros medios. Pregunto ¿quién va a controlar las señales internacionales que vienen en esos paquetes globales donde uno no puede poner publicidad aquí, pero sí puede hacerlo afuera a través de las señales de deportes o de cualquier otro tipo que, vía los cables, acceden los uruguayos? O como decía el señor senador Bordaberry, en las nuevas tecnologías de canales digitales o en Internet, que es hacia dónde va la publicidad. Seguramente en la próxima campaña electoral las inversiones publicitarias serán mitad y mitad, es decir, en los medios tradicionales y en Internet. Esa es la realidad. Hoy es el medio de mayor penetración, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o todas las vías digitales posibles.

Nosotros entendemos que en el proyecto de ley hay algunos artículos que son de dudosa constitucionalidad, creo que lo adelantó el señor senador Heber. Así lo han dicho también quienes asesoran al Partido Nacional en esta materia. Hay artículos que, notoriamente, necesitan mayoría especial. En el informe que la comisión pidió al doctor Martín Risso hay una frase que es más que elocuente, ya que establece que la publicidad electoral es tan importante, que debe ser considerada como garantía del sufragio y requiere de la mayoría especial para su regulación. Refiere al numeral 7.º del artículo 77 de la Constitución.

A su vez, el informe realizado por la Dirección Jurídica del Parlamento condensa las dos bibliotecas. En él se establece –me parece muy importante– que si se tomara el significado literal del artículo de la Constitución y se dejara de lado la intención o el espíritu, hay varios artículos que requerirían la mayoría especial por establecer funciones o procedimientos nuevos a la Corte Electoral. Es más, dice que este tipo de situaciones pueden influir en resultados electorales. Cuando hablamos de eso, es doblemente importante. ¡Vaya si estamos tratando un tema importante! Y lo es porque tiene la necesaria consecuencia posible de influir en resultados electorales.

Por esa razón, en base a quienes asesoran al Partido Nacional, nuestra teoría es que todo lo que tiene que ver con normas vinculadas a lo electoral necesita una mayoría especial de dos tercios. Por eso, al cierre de esta discusión en general, después de que se vote –el Partido Nacional va a votar afirmativamente en general este proyecto de ley–, vamos a pedir el desglose de varios de los artículos que no compartimos y que, obviamente, no vamos a acompañar. Algunos necesitan mayoría especial, y no van a tenerla, y otros, a nuestro juicio, tienen algún vicio de inconstitucionalidad. Obviamente, no es una amenaza, es una constatación de nuestra impresión en base a lo que dicen los asesores. Quien lo determina, gracias a que tenemos un sistema independiente, es la Suprema Corte de Justicia, nos guste o no nos guste lo que ella dictamine. Tratemos de ver en estos casos el vaso medio lleno y no medio vacío; tratemos de ir aventando los prejuicios; tratemos de prevenir –estoy de acuerdo– y de dar mayor transparencia, más información, más regulación, mayor rendición de cuentas y más controles. Estamos absolutamente de acuerdo con estas cosas; en lo demás, nos genera –y lo decimos con respeto– muchas dudas y suspicacia.

SEÑOR PINTADO.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR HEBER.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?

SEÑOR DELGADO.- Con mucho gusto concedo, en primer lugar, la interrupción solicitada por el señor senador Pintado y, luego, la del señor senador Heber.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: primero quiero hacer una aclaración y, luego, un par de reflexiones.

A lo largo del debate se ha insistido mucho en que casi dejamos a alguna gente sin listas por la imposibilidad de los impresores de donar las hojas de votación. En realidad, algún día tendríamos que discutir sobre la posibilidad de eliminarlas, pues actualmente vivimos hablando de lo obsoleto y creo que no hay nada más obsoleto que la hoja de votación, que tiene un costo tan alto como el de la publicidad electoral. Pero, en fin, no me voy a meter en ese tema porque sé que no genera consenso.

El artículo 7.º de este proyecto de ley que estamos proponiendo, que hace referencia a las campañas electorales, prevé que las donaciones puedan ser en dinero o en especie; eso sí, las limita en el sentido de que no pueden sobrepasar las 300.000 unidades indexadas. Es más, hablamos hasta de las vaquillonas que a veces se donan para rifar; en verdad, el tema de la vaquillona estuvo presente en varias reuniones de la comisión. Y decíamos lo siguiente: «Cuando se efectúe una donación de servicios, materiales o de otra especie que no sea en dinero, además del nombre del donante, se identificará específicamente el objeto de la donación y se asentará en los registros contables un valor estimado de la misma mediante certificación contable. Para estos casos y de forma excepcional, la Corte Electoral podrá reglamentar otros mecanismos que permitan la individualización e identificación fehaciente de todos los datos relativos a la donación y al donante». Entonces, estamos haciendo referencia al empresario en tanto ciudadano porque, si no, tendríamos que identificar a la gente que dona: sindicalista, empresario, profesional. ¡No! En realidad, es una contingencia que sea el dueño de una empresa. Pero el dueño de la empresa puede donar las listas. Además, el monto es de casi USD 40.000 y estamos hablando de que nadie dona todas las listas nacionales; en realidad, le donan a alguno que es candidato a diputado. Pero no tengo conocimiento de que se done a los que tienen que imprimir un millón o dos millones de listas. Y creo que esto no le sucede a nadie, puesto que a esa porción de la venta no se renuncia tan fácilmente. Así funcionan las reglas del mercado.

Ahora bien, no nos confundamos, pues el empresario uruguayo es un ciudadano, al igual que aquel otro que no es empresario. Por suerte, la sociedad uruguaya es plural y tiene de todo, y todos los ciudadanos pueden donar en igualdad de condiciones. En las empresas no es igual; imagínense una transnacional que paga salarios a sus empleados. En el régimen actual la empresa no puede donar; para hacerlo tendría que utilizar a alguno de sus funcionarios, el cual debe efectuar esa donación por el sistema de inclusión financiera, justificando de dónde sacó el dinero. Y si, como hacen esas empresas, les donan a todos los partidos, ¡no hay gerente que valga que justifique que gana tanto como para donar USD 1:200.000 a los partidos políticos! Por lo tanto, esto está hecho ex profeso, no contra las empresas sino para limitar los ingresos, porque lo que no es obsoleto y sí es –diría– insultante, es el gasto en campaña. La gente siente que está mal que estemos gastando el dinero que muchos de ellos no tienen. Con esto no me voy al otro extremo de decir que deberíamos hacer todo de forma honoraria, gratis, porque tampoco debe ser así. Hay que encontrar un equilibrio, y eso es, justamente, lo que este proyecto de ley está generando. Entonces, no son obsoletos la transparencia ni el hecho de estar cerca de la gente, porque esto obliga a que estemos cerca de la gente en un país de dos millones de personas; no somos Brasil, Argentina ni Estados Unidos. ¡Por favor! ¡Podemos saludar a cada uno de los votantes! Algunos nos querrán y otros no, pero no se trata de que haya poca accesibilidad. ¡Ni montañas tenemos!

En fin, a veces copiamos tanto que, incluso, algunos partidos están haciendo concursos para generar candidatos. Yo estoy esperando el de presidente y de vicepresidente a ver si me postulo, porque capaz que tengo suerte. ¡Pero eso no es la democracia! La democracia debe recoger la adhesión ciudadana. Lo otro banaliza los partidos y, como bien decía la senadora Moreira, cuando los partidos se convierten en una pieza publicitaria, los que pierden son la democracia y la ciudadanía.

Muchas gracias al señor senador Delgado y a la señora presidenta.

SEÑORA PRESIDENTE.- Es necesario votar la prórroga del tiempo de que dispone el señor senador Delgado para su oratoria; de otro modo no podrá conceder la interrupción que le ha sido solicitada.

(Apoyados).

–Se va a votar que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

(Se vota).

22 en 23. Afirmativa.

Saludamos a los niños de la escuela que nos está visitando.

Puede interrumpir el señor senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señora presidenta y señor senador Delgado.

En la discusión, que vengo atendiendo en forma especial, me pareció escuchar que el señor senador Mieres planteó la posibilidad de desglosar los artículos que de alguna manera generan diferencias. Según creo, estamos hablando de tres artículos. Dos de ellos son los artículos 6.º y 9.º, que tienen que ver con el tema de los empresarios y las empresas – empresarios sí y empresas no–, en lo que no creo que nos pongamos de acuerdo, pues hemos discutido largamente y no hemos logrado convencernos unos a otros. Y el otro artículo es el 18, sobre el que el senador Mieres cuestiona que sea la Corte Electoral la que vaya a fiscalizar y controlar a los partidos políticos. Ahora bien; para nosotros, el artículo más polémico de este proyecto de ley es el 13. Me pareció escuchar que la senadora Moreira preguntaba qué había cambiado en esta instancia. En realidad, no cambió nada; vamos a seguir votando como lo hicimos en comisión, donde votamos en contra los artículos 6.º y 9.º y, con salvedades, el artículo 13. Pero, sin perjuicio de los cuestionamientos de orden constitucional que se han planteado en esta discusión, básicamente por parte del senador Bordaberry, ya que nos vamos a dar unos días para poder analizarlo, en el artículo 13 hay un tema que merece nuestra atención. Me refiero al tema de la compra por parte de la Corte Electoral. El citado artículo, luego de hacer referencia a los minutos públicos, expresa lo siguiente: «En el restante horario de transmisión y espacio destinado a publicidad, la adquisición de minutos para publicitar la campaña electoral de los partidos políticos, se realizará en forma exclusiva por la Corte Electoral. Esta podrá adquirir, del tiempo destinado a mensajes publicitarios, la cantidad solicitada por cada partido político, a dichos efectos no podrá hacerse distinción alguna en el precio de contratación». Ese es el tema, es decir, que no haya distinción alguna en el precio de contratación, pero no que sea la Corte Electoral la que deba cumplir esta función. Reitero esto porque quizás lo podamos «masticar». Al final de este artículo hay una frase que, para mí, quedó descolgada, pues no se entiende ya que se regula todo; esa frase dice: «La distribución de los espacios entre los lemas será efectuada por el Consejo de Comunicación Audiovisual». ¿A qué distribución se refiere, si ya está todo distribuido? Repito: es la última frase del artículo 13. Si está todo distribuido esta frase no debería figurar, excepto que se pretenda distribuir por parte del consejo qué es lo que uno puede comprar. Eso desnaturaliza lo que discutimos en comisión. Entonces, por encima de la cuestión de la inconstitucionalidad está el tema de la Corte Electoral.

Luego de escuchar la discusión que se ha dado en sala –y con esto termino, señora presidenta, porque sé que se me acaba el tiempo–, hay un aspecto de este proyecto de ley que no me queda claro. ¿En qué sentido se limitan las donaciones en dinero o en especie? ¿A los partidos políticos? ¿A la lista del Senado? ¿A la lista de Diputados? No sé si me explico. Por ejemplo, para la donación alguien tiene un tope de 300.000 unidades reajustables; ¿eso está limitado para una persona física cuando lo hace a un candidato a presidente? ¿No podría donar más a las listas al Senado o a la lista a Diputados? Lo digo pensando en una sola elección, sobre todo en la instancia de octubre. Dicho de otro modo, ¿la donación está topeada en función de quién, del presidente, del senador o del diputado? Lo pregunto porque me asalta la idea de que quizás esa donación esté topeada para cada uno de ellos, o quizás para todo el partido. Si mañana hay una coalición de partidos –ya termino, señora presidenta, y le agradezco su paciencia– y se le dona, por ejemplo, al Partido Socialista, ¿no se puede donar a otro partido dentro de la coalición? No sé si el tope es para todo el Frente Amplio o para cada una de las listas al Senado. No me queda claro a partir de la lectura del proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- Puede continuar el señor senador Delgado.

SEÑOR DELGADO.- Gracias, señora presidenta.

Para finalizar, señalo que acepto todos los argumentos y las justificaciones, con todo el cariño y el respeto que le tengo al señor senador Pintado. Ahora bien; no se puede justificar este proyecto de ley diciendo que con esto vamos a hacer política yendo a buscar a la gente, estando en mayor contacto con ella, dejando de ser legisladores virtuales. El Partido Nacional es, quizás, el que tiene los procesos electorales más competitivos, con mayor cantidad de listas, con más elecciones de jóvenes y con más de 180 años de contacto con la gente. Este proyecto de ley no nos hace más populares. Creo que lo que sí hace, con intención o sin ella, es tratar de asegurar desde el poder un mayor nivel de incidencia y, a la vez, menores posibilidades a aquellos que están más lejos de él.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- No hay más señores senadores anotados.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el miembro informante, señor senador Pintado.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: propongo que se vote en general el proyecto de ley; luego, suprimir la lectura del articulado y votar en bloque aquellos artículos en los que hay consenso, dejando para la próxima sesión la consideración de aquellos cuyo desglose sea solicitado.

Por otro lado, tenemos una minuta de comunicación que podríamos votar inmediatamente después de sometido a votación el proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar el criterio propuesto por el señor senador.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota).

–26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR CARÁMBULA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR CARÁMBULA.- Señora presidenta: por la vía del fundamento del voto queremos dar nuestro apoyo a este proyecto que, en nuestra opinión, le hace mucho bien a la democracia y a los partidos políticos.

Me sentí muy representado por los legisladores de nuestra fuerza política en todo lo que han expresado y en todas las razones expuestas a lo largo de este debate. Hoy, en este «giro de época», donde la globalización, las redes y ahora el ejército de troles marcan la agenda, la presencia de los partidos y el fortalecimiento de la democracia son más importantes que nunca.

En un análisis que hizo el doctor Pío –y que citó la senadora Moreira–, explicaba que en el Uruguay todavía hay percepción de transparencia débil, de débil contralor y de partidos que no cooperan todo lo que pueden. También se habla de subsidios que cubren, en una hipótesis muy cautelosa hasta hoy, poco menos de la mitad de los costos de las campañas, sin limitación de gastos y sin regulación sobre ingresos. Así, el sistema de financiación de los partidos en el Uruguay podría ser percibido como una puerta a la corrupción. Hago acuerdo con lo que se ha dicho, pero afortunadamente estamos en una tarea más que nada de promoción y de prevención. Por eso me parece sumamente importante que hoy estemos votando este proyecto de ley.

Aquí se ha hablado de la equidad, de la igualdad y de la representatividad de un estudio realizado por la Universidad Católica del Uruguay. En este sentido, sabemos que también en el interior del país el crecimiento es exponencial, en función de que están las internas donde se juega poniendo todo sobre la mesa, fundamentalmente en las candidaturas en lo nacional, lo municipal y lo departamental. Cuando consideramos el citado estudio y vemos las diferencias en materia de costos –no solo de minutos, sino de costos–, nos parece que este paso que estamos dando hoy es realmente sustantivo. Es por eso que queríamos fundamentar nuestro apoyo a este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR AMORÍN.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR AMORÍN.- Señora presidenta: el Partido Colorado votó afirmativamente en general este proyecto de ley porque nos parece bien importante que haya una normativa que ayude a la transparencia de los partidos políticos, cosa que, en términos generales, se logra con este texto.

Además, quiero dejar en claro que concurrí a algunas de las sesiones de la comisión, teniendo voz pero no voto. Y para que no queden dudas, con respecto al artículo 13 dijimos que entendíamos que era inconstitucional, por lo que no lo íbamos a acompañar en el plenario. Obviamente, no vamos a dar la discusión hoy sino el martes que viene, pero, de todas formas nos parece importante fundamentar que hemos votado afirmativamente el proyecto de ley en general porque creemos que es bueno para el país, para el sistema político y para la democracia. Sin perjuicio de ello, naturalmente, vamos a votar en contra cualquier artículo –en este proyecto de ley así como en cualquier otro– que entendamos que no se compadece con las normas constitucionales.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión particular.

La Mesa consulta a los señores senadores acerca de cuáles serían los artículos a desglosar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Señora presidenta: los artículos cuyo desglose solicitamos son los siguientes: 6.º, 7.º, 9.º, 13 y 18.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Señora presidenta: en los artículos 7.º y 9.º hay discrepancias en relación con algunos literales.

En realidad, lo que hay que desglosar en el artículo 7.º es el párrafo que habla de las donaciones en especie para ver dónde están las limitaciones, porque sobre todo lo demás hay acuerdo. A su vez, en el artículo 9.º hay problemas con los literales C) y G).

Si quieren desglosar todo, lo hacemos, pero prefiero economía procesal.

SEÑOR DELGADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DELGADO.- Precisamente, por economía procesal y antes de ponernos a discutir sobre qué literales van o no y si eso tiene vínculo con otro literal que vayamos o no a quitar, preferimos desglosar todo el artículo.

SEÑORA PRESIDENTE.- En consideración los artículos 1.º a 29, salvo los artículos 6.º, 7.º, 9.º, 13 y 18, cuyo análisis quedaría para la próxima sesión.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Ese es el planteo, señora presidenta. Pretendemos que se vote que los artículos recién desglosados se traten en la próxima sesión como primer punto del orden del día.

Por otro lado, solicitamos que a continuación se pase a considerar el segundo punto del orden del día.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar si los cinco artículos desglosados son incluidos como primer punto del orden del día de la próxima sesión.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

24) PARTIDOS POLÍTICOS. MINUTA DE COMUNICACIÓN

SEÑORA PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del orden del día:

«Informe de la Comisión especial de partidos políticos, financiación y publicidad electoral relacionado con un proyecto de minuta de comunicación sobre normas que regulan el funcionamiento y la financiación de los partidos políticos. (Carp. n.º 919/2017 - rep. n.º 533/17)».

SEÑORA PRESIDENTE.- En discusión.

El miembro informante es el mismo que en el caso anterior y ya argumentó a este respecto.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR HEBER.- Tomando como válido el informe que hizo el miembro informante con respecto al proyecto de ley sobre la financiación de los partidos políticos, todos sabemos en qué consiste la minuta de comunicación. De todas formas, he notado que se optó por la repetición de todo el proyecto de ley; debo decir que esperaba otro tipo de formato.

Quiero dejar constancia de que mencioné en la minuta de comunicación, en el seno de la comisión –y lo volví a reiterar–, el tema del daño económico y la necesidad de incluir el crédito fiscal, aspecto que no se votó en ese ámbito. No voy a insistir porque es obvio que no hay consenso. Sin embargo, me gustaría agregar –a riesgo de que esto suponga una crítica por parte de la opinión pública, pero creo que hay que plantearlo frontalmente– que, en lo personal, creo que los partidos políticos no deberíamos estar gravados con IVA. No somos empresas y no tenemos posibilidad de descontar este impuesto; es el IVA a la democracia, y encarece el gasto.

Se trata de un tema que he planteado en forma individual y se me ha dicho que se iba a hacer una gestión con el Poder Ejecutivo. A mi juicio, contradice lo que estamos procurando, que es abaratar los costos de las campañas electorales. Entiendo que es un error que se ponga este impuesto, no me parece justo y asumo las consecuencias y las críticas que esto pueda ocasionar en la opinión pública, pero creo que los gastos de campaña electoral –no los permanentes– no deberían estar gravados por IVA.

Reitero –aunque no está en la minuta de comunicación– que a mi juicio esto debería incluirse como un anhelo –por lo menos, de uno de los partidos–, porque el tema del IVA aumenta el costo electoral, y si queremos abaratarlo, no lo vamos a lograr por esa vía. Lo quiero hacer frontalmente, diciendo que esa es mi opinión y lo reitero aquí, en sala.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR PINTADO.- Dado que la minuta de comunicación nos refleja a todos en tanto minuta, pero no exactamente en cuanto al contenido del proyecto de ley que estamos enviando en su totalidad, propongo que, de aprobarse la moción correspondiente, se adjunte la versión taquigráfica de la discusión del proyecto que estuvimos considerando, a fin de que el Poder Ejecutivo tenga todos los elementos sobre la mesa respecto a las opiniones que hemos brindado. No me refiero solo a la intervención del señor senador Heber, para lo cual estamos haciendo las gestiones pertinentes –aunque está bien que deje constancia de ello en la versión taquigráfica–, sino también a otras constancias que quedaron planteadas en la discusión anterior.

Me parece que sería bueno que el Poder Ejecutivo dispusiera de toda la información acerca del debate que hemos dado en el día de hoy.

SEÑOR MIERES.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR MIERES.- Simplemente quiero dejar constancia de que vamos a votar esta minuta de comunicación, aunque nos parece que hubiera sido mucho más sencillo incluir solamente los artículos que era necesario desglosar y no transferir en ella todo el proyecto de ley, porque eso acarreará problemas de armonización de tiempos de aprobación de una cosa y de otra.

Como dijimos en la intervención anterior, acompañamos las modificaciones propuestas en la minuta de comunicación, con la reserva sobre uno de los procedimientos de incentivo a la participación de la mujer, que es el que tiene que ver no con el incremento del pago a las listas encabezadas por mujeres sino con el otro. Nos parece que habría que revisar ese texto porque tiene algunos problemas de redacción.

SEÑORA PRESIDENTE.- En definitiva, en primer lugar se va a votar la minuta de comunicación y, en segundo término, el envío al Poder Ejecutivo de la versión taquigráfica de lo debatido en esta sesión, junto con la minuta de comunicación, para que la devolución contemple la discusión que aquí hemos dado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la minuta de comunicación.

(Se vota).

–26 en 27. Afirmativa.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el envío de la versión taquigráfica al Poder Ejecutivo.

(Se vota).

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

25) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR DE LEÓN.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor senador.

SEÑOR DE LEÓN.- Solicito que se levante la sesión.

SEÑORA PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota).

–23 en 24. Afirmativa.

Se levanta la sesión.

(Así se hace, a las 16:33, presidiendo la señora Lucía Topolansky y estando presentes los señores senadores Amorín, Argimón, Asiaín, Ayala, Besozzi, Bordaberry, Carámbula, Carrera, De León, Delgado, Gallicchio, Garín, Heber, Martínez Huelmo, Mieres, Moreira, Mujica, Otheguy, Passada, Payssé, Pintado, Tourné y Xavier).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidente

José Pedro Montero Secretario

Hebert Paguas Secretario

Adriana Carissimi Canzani Directora general del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.