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n.º 278 - TOMO 521 - 6 DE MAYO DE 2014

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

QUINTO PERÍODO DE LA XLVII LEGISLATURA

12.ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDEN LA SEÑORA LUCÍA TOPOLANSKY Presidenta en ejercicio y EL SEÑOR OPE PASQUET Tercer Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA EL TITULAR GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO, Y LOS PROSECRETARIOS MIGUEL SEJAS Y YEANNETH PUÑALES

SUMARIO

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

– El señor Senador Lamorte presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley referente a feriados no laborables durante el Año Nuevo judío y el Día del Perdón judío.

•Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

 5) Pedido de informes

– El señor Senador Lacalle Herrera solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a Ancap, a Antel y a UTE; y con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, al Banco Hipotecario del Uruguay y a OSE, relacionado con la contratación de servicios de abogados externos a dichos organismos.

• Oportunamente fue tramitado.

6) y 9) Solicitud de autorización del señor Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas

– Nota del señor Presidente, don José Mujica.

• Concedida.

7) Inasistencias anteriores

– Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las anteriores convocatorias.

8), 10), 18) y 20) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

– El Senado concede las licencias solicitadas por el señor Presidente del Cuerpo, contador Danilo Astori, por la señora Senadora Moreira y por los señores Senadores Rosadilla, Lorier, Larrañaga, Chiruchi, Michelini y Amorín.

– Quedan convocados los señores Senadores Montiel, Clavijo, López Goldaracena, Muguruza, Bartesaghi, Mezzera, Gallicchio y Malaquina.

11) Jorge Emilio Cardoso

– Manifestaciones del señor Senador Pasquet.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a Agadu y a Mundo Afro.

12) Copamiento en la Comisaría 24.ª

– Manifestaciones del señor Senador Lacalle Herrera.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio del Interior, a la Suprema Corte de Justicia y al Círculo Policial del Uruguay.

13) Registro Único de Adoptables

– Manifestaciones del señor Senador Solari.

• Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud Pública, a la Suprema Corte de Justicia y a las estructuras que esta determine.

14) Doctor Hugo Villar. Su fallecimiento

– Manifestaciones del señor Senador Gallo Imperiale.

•Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la familia de Hugo Villar, a la Facultad de Medicina, al Hospital de Clínicas y a la Presidencia del Frente Amplio.

15) Presentación del libro “Storia della stampa italiana in Uruguay”

– Manifestaciones del señor Senador Baráibar.

•Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Embajada de Italia en Uruguay, a la Embajada de Uruguay en Italia, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, al Instituto Italiano de Cultura, a la Asociación de Diarios del Uruguay, a la Asociación de la Prensa del Uruguay y a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras.

16), 22) Régimen de trabajo

• Por moción del señor Senador Rubio, el Senado resuelve:

– que los primeros cuatro puntos del Orden del Día pasen para la primera sesión ordinaria del mes de junio;

– que se considere primero el asunto que figura en sexto término y luego el que aparece en quinto lugar;

– que se declare urgente y se considere en la presente sesión el proyecto de ley por el que se extiende el subsidio por desempleo para los exfuncionarios de Pluna;

– que se declaren urgentes y se consideren en la presente sesión las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar al ingeniero Gabriel Jorge Pisciottano Jalabert y al Coronel (Met.) Raúl Lázaro García Igorra como Presidente y Vicepresidente del Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología, respectivamente.

• Por moción del señor Senador Nin Novoa, el Senado resuelve que se declaren urgentes y se consideren en la presente sesión las Carpetas n.os 1465 y 1466, relativas a la competencia del Juez de Ejecución y a la clausura provisoria de causas penales.

• Por moción del señor Senador Abreu, el Senado resuelve que se declare urgente y se considere en la presente sesión la Carpeta n.º 1452, relativa a ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea.

• Por moción del señor Senador Rubio, el Senado resuelve que luego de tratar los asuntos que figuran en séptimo y octavo lugar, se pase a considerar los proyectos cuya urgencia fue votada, y finalmente el décimo punto del Orden del Día.

17) , 19) y 21) «Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia»

– Proyecto de ley por el que así se declara el 27 de junio de cada año, en conmemoración de la huelga general de 1973.

• Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

23) Protocolo de Integración Educativa para Formación de Recursos Humanos a nivel de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia

– Proyecto de ley por el que se lo aprueba.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Extrabajadores de la empresa Pluna S.A.

– Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extenderles, por razones de interés general, hasta por ciento ochenta días, el subsidio por desempleo.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Ingeniero Gabriel Jorge Pisciottano Jalabert. Designación como Presidente del Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

27) Coronel (Met.) Raúl Lázaro García Igorra. Designación como Vicepresidente del Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología

– Solicitud de venia del Poder Ejecutivo.

• Concedida.

28) Competencia del Juez de Ejecución

– Proyecto de ley por el que se sustituye el texto del artículo 322 del Código del Proceso Penal.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

29) Procedimientos referentes a penados en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena

– Proyecto de ley por el que se establece la clausura provisoria por parte de los Juzgados y Tribunales penales.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

30) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea a varios señores Tenientes Coroneles

• Concedida.

31) Prórroga de la hora de finalización de la sesión y alteración del Orden del Día

• Por moción del señor Senador Rubio, el Senado resuelve prorrogar la hora de finalización de la sesión hasta terminar la consideración de todos los asuntos que figuran en el Orden del Día, tratando primero la solicitud de acuerdo para designar Embajador, luego el proyecto de ley relativo al tabaco y, por último, la venia de destitución.

32) Señor Carlos Orlando Bonet. Designación como Embajador

– Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designarlo en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de la India.

• Concedida.

33) Tabaco

– Proyecto de ley por el que se prohíbe su publicidad, promoción y patrocinio.

• Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

34) Suspensión de la próxima sesión ordinaria

• Por moción del señor Senador Rubio, el Senado resuelve suspender la sesión del día 7 de mayo.

35) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario público

• Concedida.

36) Levantamiento de la sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

«Montevideo, 2 de mayo de 2014.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 6 de mayo, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1.º) por el que se establece la cantidad de días efectivos de clase que tendrá el año lectivo de educación inicial, educación primaria, educación media básica y educación media superior.

Carp. n.º 463/2011 – Rep. n.º 1028/2014

2.º) por el que se modifican los artículos 58 y 65 de la Ley n.º 18437, de 12 de diciembre de 2008, Ley General de Educación.

Carp. n.º 749/2011 – Rep. n.º 1025/2014

3.º) por el que se establecen normas relacionadas a la creación del Instituto Universitario de Educación, en el ámbito del Sistema Nacional de Educación Pública.

Carp. n.º 836/2012 – Rep. n.º 1026/2014

4.º) por el que se establecen normas para la instalación y desarrollo de centros educativos públicos de gestión privada.

Carp. n.º 1217/2013 – Rep. n.º 1027/2014

5.º) por el que se sustituye el artículo 7.º de la Ley n.º 18256, de 6 de marzo de 2008, con la modificación introducida por el artículo 311 de la Ley n.º 18362, de 6 de octubre de 2008, referente a la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco.

Carp. n.º 1221/2013 – Rep. n.º 1042/2014

6.º) por el que se declara el 27 de junio de cada año “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia”, en conmemoración de la huelga general del 27 de junio de 1973.

Carp. n.º 1272/2013 – Rep. n.º 1032/2014

7.º) por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para Formación de Recursos Humanos a nivel de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

Carp. n.º 961/2012 – Rep. n.º 1043/2014

8.º) por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

Carp. n.º 962/2012 – Rep. n.º 1044/2014

9.º) Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de la India, al señor Carlos Orlando Bonet.

Carp. n.º 1468/2014 – Rep. n.º 1039/2014

10) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. (Se incluye en el Orden del Día por vencimiento del plazo reglamentario). (Plazo constitucional vence el 28 de mayo de 2014).

Carp. n.º 1446/2014 – Rep. n.º 1041/2014

 Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario».

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Agazzi, Baráibar, Bartesaghi, Cardoso, Clavijo, Conde, Couriel, Da Rosa, Gallinal, Gallo Imperiale, Heber, Lacalle Herrera, López Goldaracena, Martínez, Mezzera, Michelini, Montiel, Moreira (Carlos), Muguruza, Nin Novoa, Obispo, Penadés, Rubio, Saravia, Solari, Tajam y Viera; y a partir de la hora 11 y 20 minutos, el señor Senador Gallicchio.

FALTAN: con licencia, el señor Presidente del Cuerpo, contador Danilo Astori, y los señores Senadores Amorín, Antognazza, Bordaberry, Chiruchi, Larrañaga, Lorier, Moreira (Constanza) y Rosadilla; a partir de la hora 11 y 20 minutos, el señor Senador Michelini; y, con aviso, el señor Senador Malaquina.

3) ASUNTOS ENTRADOS

(Ocupa la Presidencia el señor Ope Pasquet).

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 39 minutos).

–Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR PROSECRETARIO (Miguel Sejas).- «El señor Presidente de la República solicita la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la República, para ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas a partir del día 10 de mayo de 2014, con motivo de la visita oficial que efectuará a los Estados Unidos de América.

–HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 20 de la Ley n.º 19088, de 14 de junio de 2013, sobre el Impuesto al Patrimonio.

–A LA COMISIÓN DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite un mensaje, sustitutivo del remitido con fecha 5 de marzo de 2014, por el que solicita la venia correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 11 de la Constitución de la República, a fin de conferir el ascenso al grado de Capitán de Navío con fecha 1.º de febrero de 2014, por el Sistema de Antigüedad y por el Sistema de Selección, en aplicación de los artículos 130 y 131 del Decreto Ley n.º 14157 (Orgánico de las Fuerzas Armadas), de 21 de febrero de 1974, a varios señores Capitanes de Fragata.

–A LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL.

Asimismo, comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

• por el que se establecen normas para promover la inclusión financiera y se promueve el uso de medios de pago electrónicos.

• por el que se aprueba el Protocolo de 1997 al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, enmendado por el Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), añadiendo al mismo el Anexo VI, titulado “Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por los buques”, suscrito en la ciudad de Londres, el 26 de setiembre de 1997.

• por el que se tipifica como delito la producción, la adquisición, la conservación, el desarrollo, la transferencia, la importación, la exportación, la negociación a cualquier título y el empleo de armas y sustancias químicas tóxicas o sus precursores.

–AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Defensa Nacional remite respuesta a un pedido de informes solicitado por el señor Senador Tabaré Viera, relacionado con las inversiones realizadas con fondos provenientes de las Misiones de Paz de Naciones Unidas.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR VIERA.

La Comisión de Salud Pública eleva informado un proyecto de ley referente a la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tabaco.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

• por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la prosecución de Estudios de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

• por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para Formación de Recursos Humanos a nivel de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002.

–HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Universidad de la República remite nota adjuntando informes de la Facultad de Veterinaria en relación con las palabras pronunciadas por el señor Senador Luis Alberto Lacalle Herrera en la sesión del Cuerpo de fecha 12 de noviembre de 2013.

–OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR LACALLE HERRERA.

El Tribunal de Cuentas remite copia de oficios transcribiendo varias resoluciones relacionadas con los siguientes Organismos: Administración de las Obras Sanitarias del Estado, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, Administración Nacional de Educación Pública, Administración Nacional de Telecomunicaciones, Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas, Banco Central del Uruguay, Banco de Previsión Social, Consorcio Canario Ciudad de la Costa S.A., Dirección Nacional de Aduanas, Intendencia de Montevideo, Ministerios de Desarrollo Social, de Economía y Finanzas, de Ganadería, de Agricultura y Pesca, del Interior, de Transporte y Obras Públicas, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y de Turismo y Deporte, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

–TÉNGANSE PRESENTES. LOS OFICIOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DEL PARLAMENTO. LA INFORMACIÓN COMPLETA SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LOS SEÑORES SENADORES EN LA SECRETARÍA DEL SENADO».

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR PROSECRETARIO (Miguel Sejas).- «El señor Senador Aldo Lamorte presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley referente a feriados no laborables durante el Año Nuevo judío y el Día del Perdón judío.

–A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN».

(Texto del proyecto de ley presentado:)

«Exposición de motivos

La presente ley busca brindar al colectivo judío la posibilidad de practicar los rituales y celebrar las festividades propias de su culto religioso en ciertos días en los que se conmemoran importantes acontecimientos para dicha colectividad. En Rosh Hashaná (Año Nuevo judío) se acostumbra durante la primera noche realizar el “encendido de las velas”, el que debe realizarse en un horario prefijado por el calendario hebreo. Seguidamente se concurre al templo a rezar y el día culmina con un encuentro familiar compartiendo la cena en la que se festeja el año que comienza. Esta práctica se realiza durante dos días consecutivos. En el Día de Perdón el judío debe ayunar, realizando un ayuno total de veinticinco horas, el que es acompañado con la concurrencia al templo.

La observancia de estos rituales y la celebración de tan trascendentes hechos para la colectividad judía hace imposible para los practicantes concurrir a su lugar de trabajo o estudio habituales y desempeñar sus actividades diarias en los horarios habituales. Constituyen en síntesis dos fechas de gran relevancia por su significado y especial sensibilidad, de reflexión y plegaria, tratándose de los días sagrados del comienzo de año y del pueblo.

Proyecto de ley

Artículo Primero - Declárese feriado nacional no laborable para todos los habitantes de la República Oriental del Uruguay de religión judía los días de Año Nuevo y Día del Perdón. Dos días por Rosh Hashaná (Año Nuevo) y un día por Iom Kipur (Día del Perdón) de acuerdo al calendario judío. Esta norma alcanza a los funcionarios públicos y privados de todo el territorio nacional, así como a los estudiantes universitarios tanto de instituciones públicas como privadas, no computándose inasistenciasvinculadas a este feriado.

Artículo Segundo - Quedan exceptuados los feriados referidos en el artículo 1.º de lo dispuesto de la presente ley, lo dispuesto en el artículo primero de la Ley n.° 16805.

Aldo Lamorte. Senador».

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR PROSECRETARIO (Miguel Sejas).- «El señor Senador Luis Alberto Lacalle Herrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y, por su intermedio, a Ancap, a Antel y a UTE; y con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y, por su intermedio, al Banco Hipotecario del Uruguay y a OSE, relacionado con la contratación de servicios de abogados externos a dichos organismos.

–OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO».

(Texto del pedido de informes:)

«Montevideo, 30 de abril de 2014

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

Al amparo del artículo 118 de la Constitución, solicito a usted elevar el presente a OSE, UTE, Ancap, Antel y Banco Hipotecario del Uruguay.

Motiva este pedido de informes el trámite del proyecto de ley sobre honorarios profesionales de la administración que se adjunta.

Se solicita información sobre:

a) Si en el período 2005-2013 se han contratado servicios de abogados externos, o sea, ajenos a la institución.

b) Honorarios eventualmente pagos por este concepto, con detalle, caso por caso.

Proyecto de ley

Art. 1.º.- Los abogados y procuradores que actúen en nombre y representación del Estado percibirán honorarios profesionales de acuerdo con lo dispuesto para esta ley.

Art. 2.º.- Solo percibirán honorarios en las actuaciones contenciosas ante el Poder Judicial en las que el Estado sea favorecido por las sentencias definitivas.

Art. 3.º.- Los honorarios, en los juicios ejecutivos, se calcularán de acuerdo con los respectivos aranceles y se repartirán entre los funcionarios y profesionales de las oficinas jurídicas de la siguiente forma:

a) 20 % para el abogado actuante y 10 % para el procurador, si fuera del caso.

b) 30 % para los funcionarios administrativos de la oficina jurídica.

c) 40 % para el rubro inversiones del Ministerio correspondiente.

d) En los juicios ejecutivos con honorarios a cargo del ejecutado se cobrará el 100 % del arancel.

En los demás juicios se pagará el 25 % del arancel, que será abonado por el Ministerio correspondiente, el que será liquidado semestralmente.

Art. 4.º.- Esta ley se aplicará también a los EE. AA. y SS. DD., organismos del artículo 220 de la Constitución, Corte Electoral y Tribunal de Cuentas.

Art. 5.º.- Comuníquese, etc.

Luis Alberto Lacalle Herrera, Senador».

6) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL POR MÁS DE CUARENTA Y OCHO HORAS

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- Correspondería poner a votación la solicitud de autorización del señor Presidente de la República.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: dado que varios señores Senadores han solicitado licencia, sugiero a la Mesa que el punto relativo a la salida del país del señor Presidente de la República sea considerado una vez votadas esas solicitudes y luego de haberse dado cuenta de la correspondiente integración del Cuerpo.

SEÑOR BARÁIBAR.- ¡Apoyado!

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- La Mesa no tiene inconveniente en acceder a la solicitud del señor Senador Rubio.

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias:

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- A la sesión extraordinaria del día 29 de abril faltaron con aviso el señor Senador Moreira y, sin aviso, el señor Senador Rodríguez.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 23 de abril faltó con aviso el señor Senador Bordaberry.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 29 de abril faltó con aviso el señor Senador Lacalle Herrera.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- Léase una solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 6 de mayo de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

 

De mi mayor consideración:

Como parte del trigésimo quinto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), he sido invitado a participar como panelista en el Seminario sobre “Desafíos de la integración regional” y como comentarista del documento sobre “Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible”.

Por tal motivo, solicito al Cuerpo me conceda licencia entre los días 6 y 8 de mayo, de acuerdo con el artículo 1.º, literal D), de la Ley n.º 17827.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Danilo Astori. Presidente del Senado».

SEÑOR PRESIDENTE (Ope Pasquet).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–14 en 15. Afirmativa.

Se comunica que, en virtud de la licencia concedida al señor Danilo Astori, pasará a ocupar la Presidencia del Senado por los días 6 al 8 de mayo inclusive, la señora Senadora Lucía Topolansky; y habiendo presentado notas de desistimiento los señores Juan José Domínguez, Andrés Berterreche, Aníbal Pereyra, Gabriel Frugoni, Carlos Baldassini, Yamandú Orsi y Daniel Garín, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Daniel Montiel, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

(Ocupa la Presidencia la señora Senadora Topolansky).

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de mayo de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

De acuerdo con lo establecido en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside se sirva concederme el uso de licencia los días martes 6 y miércoles 7 de mayo del corriente, por motivos personales.

Sin más, lo saludo atentamente.

Luis Rosadilla. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi y Juan Souza han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Hebert Clavijo, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de mayo de 2014

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

Por la presente y amparado en la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, solicito al Cuerpo me conceda licencia los días 6, 7, 8, 15, 22 y 29 del corriente, por asuntos particulares.

Solicito además se convoque al suplente respectivo.

Sin más, saludo atentamente.

Eduardo Lorier. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–16 en 18. Afirmativa.

Se comunica que la señora Alicia Pintos ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Oscar López Goldaracena, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 6 de mayo de 2014

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia por los días martes 6 y miércoles 7, por motivos personales.

Solicito también se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Constanza Moreira. Senadora».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–17 en 18. Afirmativa.

Queda convocado el señor Eduardo Muguruza, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de mayo de 2014

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Cr. Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda, a partir del 6 de mayo, 3 días de licencia por motivos personales y se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

Jorge Larrañaga. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–17 en 18. Afirmativa.

Se comunica que los señores Javier de Haedo y Jorge Gandini han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Jorge Bartesaghi, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Léase otra solicitud de licencia.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 6 de mayo de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Contador Danilo Astori

Presente

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, por motivos personales, en el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo muy atentamente.

Juan Chiruchi. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que los señores Sergio Chiesa, Ambrosio Barreiro, Jaime Trobo, Ana Lía Piñeyrúa y Guillermo García Costa han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Mezzera, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

9) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL POR MÁS DE CUARENTA Y OCHO HORAS

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una nota remitida por el señor Presidente de la República.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 28 de abril de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente:

Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente a los efectos de solicitar la autorización prescripta por el artículo 170 de la Constitución de la República, en virtud de que me ausentaré del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas, con motivo de la Visita Oficial que realizaré a partir del 10 de mayo de 2014 a los Estados Unidos de América.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

JOSÉ MUJICA. Presidente de la República».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora Presidenta: creo que la solicitud de autorización del señor Presidente de la República, que acabamos de votar y que es casi un trámite en el Senado, en esta oportunidad reviste características particulares por el destino del viaje, ya que se trata de la visita oficial que realizará –acompañado por una delegación muy importante– a los Estados Unidos de América, donde tiene previsto, entre otras actividades –hemos leído algo sobre su agenda, que tiene varios puntos–, entrevistarse con el Presidente de esa nación, el señor Barack Obama.

No escapa al conocimiento de la opinión medianamente politizada e informada del país que nuestro partido, el Frente Amplio, ha tenido tradicionalmente una posición severamente crítica con relación a la política que Estados Unidos ha desarrollado históricamente en América Latina y en el mundo. Eso ha sido así y, como ha dicho el señor Presidente, la visita no cambia el hecho de que, cuando tengamos que criticar, lo haremos.

Al mismo tiempo, como fruto de una conducta llevada adelante, a esta altura durante casi diez años –con esto involucro tanto la Presidencia del doctor Tabaré Vázquez como la del señor José Mujica–, ha habido una política del Gobierno, respaldada por nuestra fuerza política, tendiente a desarrollar un amplio espectro de relaciones de distinta naturaleza con Estados Unidos: políticas, económicas y culturales, así como de intercambio de información, de tecnología, etcétera.

En el período pasado, la visita que realizara el doctor Tabaré Vázquez al Presidente George W. Bush fue en esa dirección y, a su vez, la que efectuara el Presidente Bush al Uruguay también se inscribió en ese proceso. A su vez, creo que esta visita del Presidente de la República –que es la culminación de una serie de entrevistas llevadas adelante por el señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Almagro, durante estos años– configura y comprueba una faceta no menor de nuestra política internacional, la del partido y la del Gobierno. Podremos hacer críticas, manifestar observaciones o tener diferencias, pero el interés nacional, el interés superior del país, orientado a que estos vínculos se mantengan estrechamente, marca la conducta y la agenda adoptadas por el Gobierno.

(Suena el timbre indicador de tiempo).

–Por lo dicho, hemos votado esta solicitud de salida del país con la convicción de que, además de lo que significa una gestión más a nivel diplomático, tiene una innegable importancia política, que considero conveniente poner de manifiesto en este momento.

Muchas gracias.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señora Presidenta: las relaciones con los Estados Unidos son muy importantes para el Uruguay.

Siempre es necesario recordar que el país necesita amigos poderosos, pero lejanos. En este caso, supongo que el Presidente Mujica continuará la política del ex-Presidente Tabaré Vázquez, quien apeló al apoyo de los Estados Unidos durante el conflicto con la República Argentina, situación que en aquel momento apoyamos, sin perjuicio de señalar que hay cosas que se hacen, pero no se dicen. Una vez revelada la gestión del entonces Presidente Vázquez frente al Gobierno de los Estados Unidos, creo del caso señalar que fue una medida inteligente y conveniente porque, lamentablemente, en este vecindario tenemos que precavernos de la influencia y de las malas artes de algunos de nuestros vecinos.

Por tanto, supongo que la presencia del señor Presidente en la Casa Blanca irá más allá de la cortesía y de algunas fotografías; seguramente se tratarán temas duros y uno de ellos es este, es decir, la relación con los Estados Unidos por temas de estrategia, que ha sido acentuada por el Gobierno del Frente Amplio a cargo del doctor Tabaré Vázquez y que, estamos seguros, continuará el Presidente Mujica.

Muchas gracias.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se comunica que, al haberse votado la autorización de la salida del país del señor Presidente de la República para ausentarse por más de cuarenta y ocho horas, pasará a ocupar la Presidencia del Senado la señora Senadora Lucía Topolansky; y habiendo presentado notas de desistimiento los señores Juan José Domínguez, Andrés Berterreche, Aníbal Pereyra, Gabriel Frugoni, Carlos Baldassini, Yamandú Orsi y Daniel Garín, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, queda convocado el señor Daniel Montiel, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

11) JORGE EMILIO CARDOSO

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado ingresa a la Media Hora Previa.

Está anotado en primer lugar el señor Senador Lacalle Herrera, pero dado que no se encuentra en Sala, tiene la palabra el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Muchas gracias, señora Presidenta.

Queremos referirnos hoy a un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo afrodescendiente –en otras épocas hubiésemos dicho de raza negra, pero hoy corresponde utilizar el término «afrodescendiente»–: Jorge Emilio Cardoso, hombre nacido hace ya muchos años, en 1938, en un hogar muy humilde, lo que no le impidió, sin embargo, cobrar desde muy pequeño el gusto por las artes y las letras, de tal manera que, pese a todas las precariedades de su condición económica, a los veinticinco años estaba publicando su primer libro de poemas, titulado Ponientes de cobre.

Luego, Cardoso publicó muchos otros libros, entre los cuales destaco Oración para vivir, en 1974; El desalojo de la calle de los negros, obra de teatro presentada en 1995; Los condenados; Esclava y ama y, más recientemente, Agysimba. En todas estas obras el autor puso de manifiesto su destreza en el manejo del lenguaje. Además, pasó del plano estrictamente individual-personal a la consideración de los temas de su etnia, de los problemas y situaciones que enfrenta la gente negra en nuestro país.

Su tarea fue reconocida por estudiosos de lo que es la literatura afrouruguaya. En ese sentido, destaco el libro del profesor Marvin Lewis, Cultura y literatura afrouruguaya, donde define a Cardoso como «el más exitoso dramaturgo negro contemporáneo».

A su vez, Graciela Leguizamón, responsable de la Red de Escritores y Creativos Afro –Redafu–, creó el Premio Jorge Emilio Cardoso para los actores afro.

Finalmente, quiero señalar que Jorge Emilio Cardoso figura también en la Antología de poetas negros uruguayos, publicada por Alberto Britos Serrat.

La tarea de Cardoso en todos estos planos también ha sido reconocida internacionalmente. A través de las nuevas herramientas informáticas, como por ejemplo Google, nuestro autor se ha encontrado con que su obra ha sido digitalizada por distintas universidades de los Estados Unidos de América. La Universidad de Texas digitalizó su obra Oración para vivir, y la Universidad de California también lo hizo en el año 2010. Hay traductores que registran entre sus trabajos la traducción de obras de Cardoso. En fin, su obra ha tenido distintas repercusiones en diversos planos al ser reproducida en otros países por universidades importantes.

Ahora bien, nunca se ha reconocido a Cardoso en el plano de los derechos de autor, aspecto que también debería tenerse en cuenta.

Este hombre de setenta y seis años se encuentra con que a esa altura de la vida carece de la fuerza y de los instrumentos necesarios para hacer valer sus derechos. Ha acudido a distintos organismos públicos y entidades privadas sin encontrar el apoyo que necesita y merece.

Pretendemos que tanto las autoridades nacionales como las entidades que se ocupan de la defensa de los derechos de autor, tomen en cuenta la situación de este importante poeta y dramaturgo afrodescendiente, y lo asistan en la tarea de defender y hacer valer sus derechos, porque el reconocimiento de los derechos de autor es un derecho humano fundamental y porque quien ha realizado su actividad literaria con enormes sacrificios merece –en una ocasión en que están en entredicho sus derechos– que se le preste el apoyo que necesita.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Educación y Cultura, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a Agadu y a Mundo Afro.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

–21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) COPAMIENTO EN LA COMISARÍA 24.ª

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señora Presidenta: lamento no haber estado cuando me tocaba hacer uso de la palabra, pero debí atender una llamada telefónica.

Las decisiones del Poder Judicial, por supuesto, se acatan –lógicamente, sabemos que se adoptan dentro de un régimen de total independencia–, pero ello no quita que sean susceptibles de crítica, como tantas veces lo hemos señalado.

En este caso queremos dar cuenta de un episodio que culminó con una resolución judicial que, a nuestro juicio, no solo es equivocada, sino también muy mala desde el punto de vista de las señales que se trasmiten al cuerpo social. Me refiero al copamiento que sufrió la Comisaría 24.ª, durante el cual la gente que la invadió destruyó libros y papelería; es decir, fue un acto de vandalismo en la sede de una seccional policial. Parecería ser, a todas luces –creo que en esto no hay dos opiniones en el Senado–, un acto de vandalismo calificado y terrible. Pues bien, estos ciudadanos que actuaron de esa manera fueron dejados en libertad por la Justicia competente.

Me parece que se trata de una señal muy, muy equivocada, sobre todo por el tipo de delito cometido. No estamos ante un hurto, detrás del cual pudo haber habido una necesidad; no, estamos ante una tropelía contra una oficina o edificio público, sede de una seccional policial. Es decir, no encontramos atenuante de especie alguna frente a esta barbaridad. Sin embargo, ni siquiera hubo una actitud de castigo, que en este caso era más que necesaria para ejemplificar, porque estamos asistiendo a una degradación del orden público. Sabemos, por ejemplo, que un partido de fútbol conlleva una operación policial de envergadura: mil efectivos tienen que cuidar en un espectáculo deportivo de esa naturaleza. ¡Si habremos caído en cuanto a normas de convivencia y avance de la barbarie! Pero, claro, si el Poder Judicial no ayuda, si no se da cuenta de que esas actitudes tienen, no solo la condena del texto legal, sino también de la sociedad, no llegamos a ningún lado. ¿Quién puede permanecer indiferente frente a un asalto y destrucción del material de una comisaría? Entonces, claro está, las cosas se van facilitando cuando la severidad está lejos de la propia Justicia; en la medida en que se adecue a lo que dice la ley, la severidad es parte de la organización social.

Dentro de este contexto también se inscribe la quema de la efigie de un policía por parte de algunos ciudadanos. ¡Me parece que estamos tirando de la piola, ingresando en un campo en el que nadie quiere ingresar y, menos aún, volver a hacerlo!

Por todo lo expuesto, señora Presidenta, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio del Interior, a la Suprema Corte de Justicia y al Círculo Policial del Uruguay.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) REGISTRO ÚNICO DE ADOPTABLES

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Señora Presidenta: la adopción de niños nacidos en senos de familias notoriamente incapaces de criarlos con la más mínima chance de éxito es para esos menores una segunda, y probablemente última, oportunidad.

La crianza adecuada en los primeros treinta y seis meses de vida es el objetivo central de programas sociales tan importantes como el Plan CAIF o, el más recientemente creado, Uruguay Crece contigo. ¡Bienvenidos sean ambos programas! El futuro de los niños o niñas nacidos en esas circunstancias, en términos de aprendizaje, de convivencia social y de quehacer productivo, se juega, en gran medida, en lo que ocurre o deja de ocurrir durante ese período de sus vidas. Pero esa acción del Estado solo puede tener éxito si el contexto familiar es mínimamente adecuado, y existen numerosísimos casos en los que dichas condiciones básicas no se dan, requiriéndose entonces la adopción.

El régimen de adopciones uruguayo que existía hasta el año 2009, de por sí bastante restrictivo, se hizo más estrecho aún a partir de la aprobación de la Ley n.º 18590, que necesitó ser modificada cuatro años más tarde para fijar plazos en días que obligaran a actuar al INAU –que adquirió el monopolio del proceso– y a los Tribunales de Apelaciones de Familia. La ley modificativa es la n.º 19092, de junio de 2013.

Sin embargo, con fecha 2 de abril de 2014 –es decir, unos cuantos meses después–, el Tribunal de Apelaciones de Familia de 2.º Turno corroboró la existencia de «lamentables olvidos» –entre comillas– en el régimen de adopciones, que hace que los niños o niñas en condiciones de ser adoptados permanezcan durante meses, muchas veces por años –en algunos casos, hasta la mayoría de edad–, en dependencias del INAU. Se resuelve, pues, obligar a este organismo a crear, en un plazo máximo de treinta días, un Registro de niños en condiciones de ser adoptados que se hallen en cualquiera de sus dependencias y hogares, con el objetivo de agilizar los trámites para que los menores puedan ser insertados en una familia. Han pasado los treinta días fijados por esa sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de 2.º Turno y no sabemos si la resolución se ha cumplido o no.

La sentencia reparte responsabilidades por las demoras injustificadas entre ambas estructuras: las propias del Poder Judicial y las del INAU. Lo llamativo es que este Instituto cuenta con un Registro Único de Adoptantes, pero no con un Registro Único de Adoptables, lo que está reflejando una prioridad equivocada en su trabajo.

Generalmente se escucha decir que las adopciones en el Uruguay son muy lentas, pensando en el lapso de cuatro o más años que transcurren desde que una pareja o una persona manifiestan su deseo de adoptar y el momento en que les es asignado un niño en adopción. Pero lo grave –como bien señala la sentencia a que hice referencia– no es la lentitud del proceso para los adoptantes –pese a ser importante–, sino desde el punto de vista de quienes van a ser adoptados. Para un recién nacido, un mes es un plazo larguísimo en el que se juegan sus chances de un desarrollo infantil adecuado.

Digámoslo claramente: los tiempos de la burocracia, tanto judicial como del Poder Ejecutivo, son totalmente inadecuados con relación a los tiempos de la crianza. Todo retraso en ese período debe ser considerado una emergencia que afecta, con frecuencia en forma irremediable, el futuro de ese ser humano.

En virtud de lo expuesto, quería respaldar la exigencia del Tribunal de Apelaciones de Familia de que el INAU elabore rápidamente un Registro Único de Adoptables, lo actualice cada quince días y, en consecuencia, se eviten las demoras que tienen tan trágicas repercusiones. Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Suprema Corte de Justicia y a las estructuras que esta determine, así como también al Ministerio de Salud Pública, responsable del desarrollo saludable de la niñez en el país.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

–22 en 23. Afirmativa.

14) DOCTOR HUGO VILLAR. SU FALLECIMIENTO

SEÑORA PRESIDENTA.- Continuando con la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señora Presidenta: hace unos días, el 15 de abril, falleció, a la edad de 88 años, el doctor Hugo Villar.

Fue un ciudadano que dejó al Uruguay relevantes aportes provenientes de diferentes facetas de su personalidad que, a nuestro entender, merecen un reconocimiento que hoy queremos hacer en este Parlamento.

Como profesional de la Medicina –se recibió en el año 1959– tuvo una actuación destacadísima en un área muy específica: la de la administración en salud, en la que fue un verdadero pionero. Desde el punto de vista académico realizó importantísimos aportes a la teoría de la salud en toda Latinoamérica, relacionados con la sistematización de la gestión en aspectos administrativos.

En la década de los sesenta asumió la Dirección del Hospital de Clínicas, cargo que ocupó durante catorce años, hasta 1974 en que fue destituido por la dictadura, y en el que fue restituido con el retorno de la democracia, tras ser confirmado por la Universidad de la República.

Durante su gestión en el Hospital de Clínicas ocurrieron hechos muy significativos: fue el fundador del primer Centro de Tratamiento Intensivo, y se realizó el primer trasplante de riñón en el Uruguay.

El doctor Villar tuvo una proficua vida universitaria: habiendo sido Secretario General de la Asociación de Estudiantes de Medicina, fue también Presidente de la Asamblea del Claustro de esa Facultad en representación del orden docente y, no hace mucho, en 2012, recibió nada menos que el título de Profesor Emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

Durante su exilio tuvo una importantísima participación y actividad. Fundó en Cuba uno de los institutos de desarrollo del Sistema Nacional de Salud, desempeñando el cargo de Profesor y Jefe del Departamento de Salud. Fue, además, consultor de la Organización Panamericana de la Salud, contribuyendo a la creación, en distintos países como, por ejemplo, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Argentina y aun en Estados Unidos, de organizaciones que condujeron procesos de gestión y participación popular en el área de la salud. Incluso, trabajó como Profesor de Salud Pública y Administración de Servicios de Salud en España desde 1978 a 1984.

Sin lugar a dudas el doctor Villar fue uno de los iniciadores del pensamiento social y sus aportes fueron fundamentales en la concepción, el diseño y la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud que hoy rige en Uruguay.

Editó dos libros: uno de ellos es La Salud: una política de Estado. Hacia un sistema nacional de salud, y el otro, Descentralización en salud. Sistemas Departamentales de Atención. Asimismo, recibió el Premio Abraham Horwitz por la Organización Panamericana de la Salud en reconocimiento a su actividad.

El doctor Hugo Villar tuvo también una destacadísima participación en la actividad política en nuestro Frente Amplio. Se vinculó a la coalición como ciudadano independiente en el año 1971, y junto con el General Seregni y el profesor Crottogini integró la fórmula del Frente Amplio en las elecciones como candidato a Intendente por Montevideo, siendo el más votado en esas elecciones en las que aún estaba vigente la norma conocida como Ley de Lemas.

En 1974 el doctor Villar se fue al exilio donde, junto a su gran labor profesional, desplegó también una importantísima labor de solidaridad con la lucha que se llevaba a cabo en el país por la libertad de los presos políticos, particularmente por la del General Seregni y sus compañeros. En ese marco, trabajó de manera intensa y eficaz como coordinador de las actividades del Frente Amplio en el exilio. Quienes lo conocieron lo valoran no solamente por su faceta académica y política, sino por su personalidad, pues fue un amigo solidario, un hombre humilde y bueno, un militante abnegado y valiente, con sólidos principios, que formó una hermosa familia a la que legó sus virtudes, pero también su conocimiento y experiencia en esta importante área de la sociedad como es la salud.

Por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a su familia, a la Facultad de Medicina, al Hospital de Clínicas y a la Presidencia del Frente Amplio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

–22 en 23. Afirmativa.

15) PRESENTACIÓN DEL LIBRO “STORIA DELLA STAMPA ITALIANA IN URUGUAY”

SEÑORA PRESIDENTA.- Finalizando la Media Hora Previa, tiene la palabra el señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora Presidenta: hace algunas semanas el Embajador de Italia en Uruguay, señor Vincenzo Palladino, y el Presidente de la Fundación Italia nelle Americhe, señor Domenico Porpiglia di San Roberto, nos invitaron a una reunión para la presentación del libro Storia della stampa italiana in Uruguay. Se trata de un libro de doscientas diez páginas, muy bien presentado, con profusión de fotos que, precisamente, se refiere al tema antes mencionado. El autor, el señor Pantaleone Sergi –presente en la reunión–, es historiador de la emigración italiana y docente de Historia del Periodismo en la Universidad de Calabria; cabe señalar que fue un invitado especial del diario La República. Es fundador y Director del diario de Calabria; ha sido supervisor del libro Historia de la prensa italiana en Uruguay, con el apoyo de Gente d’Italia, publicación cotidiana que sale con el diario La República, para toda América Latina, en italiano y a disposición de todos los ciudadanos a quienes les interese saber lo que ocurre en Italia. Además, el señor Pantaleone Sergi es Presidente del Instituto Calabrés de Historia del Antifascismo y de la Historia Contemporánea, y del Centro de Investigación sobre Migración con sede en la ciudad de Calabria.

El señor Domenico Porpiglia, que presentó el libro, hace una reseña de las relaciones entre Italia y Uruguay. Concretamente, señala: «Una tierra de inmigrantes, el Uruguay. De italianos huyendo del hambre y hacia un destino no demasiado prometedor, de una Italia que no sabía ni podía darles el futuro que realmente merecían. Una tierra rioplatense que acogió como hijos a ciudadanos de Europa Central dándoles la oportunidad de construir el Uruguay moderno, ejemplo de convivencia entre pueblos distintos. Una tierra generosa, que no ha negado espacio a nadie: italianos, españoles, también lituanos, suizos y armenios. Los unos al lado de los otros, sobre todo a partir de fines del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX, han contribuido a crear una nación próspera y avanzada.

El Uruguay de Artigas, también de Garibaldi. El héroe de dos mundos, vino con su Anita “de Río Grande del Sur después de una marcha de sesenta días” junto a “unos pocos seguidores y una carga de trescientas pieles para vender y hallar una primera pobre sostenibilidad económica”. Una tierra no de pasaje, sí de nuevo asentamiento. De grupos de italianos. De proletarios. De grandes industriales, incluso un poco aventureros. Partieron con la valija de cartón y con la capacidad, gracias a su trabajo y a tantas fatigas y sacrificios, de hacer grande este pequeño país sobre el Río de la Plata. De familias que en el curso de decenios han mantenido las tradiciones propias sin renegar de dónde venían. Integrándose y recordando con orgullo sus orígenes».

Este libro consta de trece capítulos, que paso a mencionar: el Capítulo 1, Los comienzos; el Capítulo 2, Diarios garibaldinos y recursos intelectuales; el Capítulo 3, Periodismo de información; el Capítulo 4, Inicio de los periódicos de emigración; el Capítulo 5, Páginas precarias de fines del 800; el Capítulo 6, En el nuevo siglo; el Capítulo 7, Apogeo y decadencia de la gran prensa; el Capítulo 8, De la gran guerra al fascismo; el Capítulo 9, Prensa italiana con camisa negra; el Capítulo 10, Contra el Duce y Mazzolini; el Capítulo 11, Noticias de moda ; el Capítulo 12, La información en la segunda posguerra, y, por último, el Capítulo 13, La temporada presente.

Es una publicación sumamente interesante, que puede obtenerse en la redacción de Gente d’Italia, en avenida Brasil n.º 3010, apartamento n.º 801.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida a la Embajada de Italia en Uruguay, a la Embajada de Uruguay en Italia, a los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación y Cultura, al Instituto Italiano de Cultura, a la Asociación de Diarios del Uruguay, a la Asociación de la Prensa del Uruguay y a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y a su homónima de la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador.

(Se vota:)

–22 en 24. Afirmativa.

16) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- En realidad, haré varias mociones a los efectos de modificar el Orden del Día e incorporar otros puntos.

En primer lugar, tal como adelantamos en la coordinación de Bancada, en la medida en que faltan varios integrantes de la Comisión de Educación y Cultura y habida cuenta de que la señora Presidenta está realizando gestiones para ver si se destraba uno de los puntos centrales tocado por estos proyectos –me refiero a la creación de la Universidad de la Educación, de la formación docente, que ya cuenta con media sanción, pero aún no se han logrado los consensos políticos para tener la mayoría especial que permitiría crear este ente autónomo–, vamos a solicitar que los proyectos relativos a la educación, contenidos en los primeros cuatro puntos, pasen a integrar el Orden del Día de la primera sesión ordinaria del mes de junio.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- La siguiente moción también es relativa al Orden del Día: solicito que el quinto punto pase a ser sexto y viceversa, debido a que el miembro informante del proyecto de ley relativo al «Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia», señor Senador Michelini, se tiene que retirar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Con el fin de que se considere como urgente al final del Orden del Día, solicito que se distribuya la propuesta relativa a la extensión del seguro de paro de los extrabajadores de Pluna.

Si no me equivoco, en este caso, no se requiere votación.

SEÑORA PRESIDENTA.- La distribución no necesita votación, pero oportunamente se deberá votar si se declara urgente la consideración de ese proyecto de ley.

SEÑOR RUBIO.- En consecuencia, formulo moción para que se declare urgente y se considere en la presente sesión el proyecto de ley sobre el seguro de paro de los exfuncionarios de Pluna.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar en el uso de la palabra, el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- En la medida en que no figuran en el Orden del Día, pero fueron distribuidos, solicitamos que se vote la urgencia de los dos pedidos de venia para integrar el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología, que fuera creado recientemente.

El Poder Ejecutivo envió una propuesta para la integración de su Directorio, designando a Jorge Pisciottano en calidad de Presidente y al Coronel Raúl Lázaro García Igorra en calidad de Vicepresidente. Queremos solicitar que este punto también se considere luego de finalizado el Orden del Día.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la inclusión en el Orden del Día de los puntos mencionados, a fin de que se consideren con carácter de urgentes.

(Se vota:)

–20 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Creo que para ordenar el Orden del Día –valga la redundancia– ahora sería oportuno que consideráramos una iniciativa planteada por los miembros de la Comisión de Defensa Nacional, cuyo informe está a cargo del señor Senador Abreu.

SEÑORA PRESIDENTA.- ¿Usted terminó señor Senador Rubio?

SEÑOR RUBIO.- En lo que refiere a las propuestas que quería realizar, sí.

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- En el mismo sentido que el señor Senador Rubio, solicito que se distribuya y se vote la consideración urgente de dos proyectos de ley que provienen de la Suprema Corte de Justicia, que están largamente reclamados: me refiero a las Carpetas n.os 1465 y 1466. La primera, refiere a la competencia del Juez de Ejecución, y la segunda, a la clausura provisoria de causas penales. El miembro informante sería el señor Senador Ope Pasquet. En el caso de que no alcanzara el tiempo de que disponemos, deberíamos reunirnos mañana.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra.

SEÑOR ABREU.- Solicito que se reparta la Carpeta n.º 1452/2014 y se declare urgente su tratamiento. Esta Carpeta refiere a ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea, aprobados ayer por la Comisión de Defensa Nacional. El miembro informante, señor

Senador Rosadilla, no está presente, pero seguramente podrá informarlo otro colega.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la declaración de urgencia de la carpeta mencionada.

(Se vota:)

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente será repartida.

17) «DÍA DE LA RESISTENCIA Y DEFENSA DE LA DEMOCRACIA»

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que por el que se declara el 27 de junio de cada año “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia”, en conmemoración de la huelga general del 27 de junio de 1973. (Carp. n.º 1272/2013 – Rep. n.º 1032/2014)».

(Antecedentes:)

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de
Constitución y Legislación

ACTA n.º 138

En Montevideo, el día ocho de abril del año dos mil catorce, a la hora catorce y cuarenta y seis minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores Hebert Clavijo, Antonio Gallicchio, Francisco Gallinal, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Aníbal Rondeau y Ope Pasquet.

Faltan con aviso los señores Senadores Eber Da Rosa y Eduardo Lorier.

Preside el señor Senador Ope Pasquet, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Ana Veríssimo, la señora Prosecretaria Lucía Bomio y el señor Prosecretario Alejandro Aguerre.

Asuntos entrados:

– Solicitud de audiencia de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos, relacionada con el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre Juegos de Azar.

– Carpeta n.º 1466/2014. CLAUSURA PROVISORIA DE CAUSAS PENALES. Se instaura para penados que se hallen en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de ejecución de la pena. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Eber Da Rosa, Antonio Gallicchio, Carlos Moreira, Ope Pasquet y Luis Rosadilla. (Distribuido n.o 2668/2014).

– Carpeta n.º 1465/2014. COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN. Se modifica el artículo 322 del Decreto Ley n.º 15032, de 7 de julio de 1980 (Código del Proceso Penal). Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores Eber Da Rosa, Antonio Gallicchio, Oscar López Goldaracena, Carlos Moreira, Ope Pasquet y Luis Rosadilla. (Distribuido n.o 2667/2014).

Orden del Día:

El señor Presidente, con relación a la solicitud de audiencia de la Asociación Uruguaya de Fabricantes y Operadores de Juegos Electrónicos, relacionada con el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre Juegos de Azar, propone informarles que serán recibidos cuando comience el tratamiento del proyecto de ley. Así se acuerda.

El señor Presidente con relación a los proyectos de ley que se dan cuenta en los asuntos entrados, propone aprobarlos en virtud de que ya han sido objeto de tratamiento en la sesión pasada. El señor Senador Gallicchio solicita postergarlos. Así se acuerda.

– Designación de Vicepresidente. Se posterga.

– Carpeta n.º 107/2010. PROCESO DE “HABEAS CORPUS”. Normas. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.o 2585/2013). Se posterga su tratamiento.

– Carpeta n.º 1339. DESIGNACIÓN DE CURADOR EN PREVISIÓN DE UNA FUTURA INCAPACIDAD. Se modifican los artículos 441 y siguientes del Código Civil, artículos 439 y 444 del Código General del Proceso y artículo 35 de la Ley n.º 16871, de 28 de setiembre de 1997. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 2450/2013).

El señor Presidente, en virtud de la complejidad del proyecto de ley, propone solicitar la opinión por escrito de la doctora Emma Carozzi y remitirle el proyecto de ley, los informes de los doctores Juan Andrés Ramírez y Walter Howard que fueran entregados en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes y la versión taquigráfica del día de hoy.

– Carpeta n.º 845/2012. TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS. Se tipifican delitos y se modifica el artículo 365 del Código Penal. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 2375/2013).

El señor Senador Gallicchio solicita postergar su tratamiento. Así se acuerda.

– Carpeta n.º 1272/2013. DÍA DE LA RESISTENCIA Y DEFENSA DE LA DEMOCRACIA. Se declara el 27 de junio de cada año en conmemoración de la huelga general del 27 de junio de 1973. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 1864/2012).

Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se propone como miembro informante al señor Senador Rafael Michelini quien lo hará en forma verbal. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

A la hora quince y diez minutos se levanta la sesión.

De lo actuado se toma versión taquigráfica que luce en el Distribuido n.o 2680/2014 y que forma parte de la presente.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Ope Pasquet, Presidente; Ana Veríssimo, Secretaria».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- El 30 de junio de 2012, el señor Diputado Óscar Groba, Representante del Frente Amplio por Montevideo, presentó un proyecto que es la génesis del que vamos a votar, pidiendo que el 27 de junio de cada año se conmemore el día del inicio de la huelga general de los trabajadores uruguayos contra el golpe de Estado. Sin duda, esta fecha trágica tuvo a los trabajadores como uno de sus grandes protagonistas, pero la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes hizo bien en ampliar y trasmitir que en esa fecha –repito: trágica– en la que tuvo lugar el cierre del Parlamento, el golpe de Estado, el decreto firmado por el señor Juan María Bordaberry el 27 de junio del año 1973, si bien los trabajadores habían jugado un rol protagónico en la oposición a ese golpe, también habían tenido un papel principal los partidos políticos, los ciudadanos –a veces sin tener filiación política o pertenecer a un gremio de trabajadores– y otras organizaciones.

Es así que la Cámara de Diputados, el 18 de junio de 2013 –hace un año–, votó este proyecto de ley que consta de cuatro artículos, por el que se declara al 27 de junio «Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia», honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho, y considerando asimismo de interés general que el sistema educativo proceda a divulgar el rol de los ciudadanos, partidos políticos y trabajadores uruguayos nucleados en la Convención Nacional de Trabajadores y otras organizaciones en oposición al golpe de Estado y en la convocatoria a la resistencia y a la huelga general. A la vez, pide a la Asamblea General, la Cámara de Representantes y la Cámara de Senadores, que organicen actividades que evoquen estos hechos, naturalmente con un espíritu de defensa de la democracia y la libertad.

Por último, en el artículo 4.º se expresa que las emisoras del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos destinarán en esa fecha parte de su programación a la memoria de los hechos vinculados con la resistencia al golpe de Estado.

Este proyecto de ley, que podría ser uno más y pasar inadvertido –incluso alguien podría considerar que, dentro de lo que debe ser un proyecto de país, no genera aspectos económicos que aseguren su desarrollo y su prosperidad–, a nuestro entender resulta muy importante, y lo es porque para las nuevas generaciones resalta un momento histórico. Obsérvese que la mitad de quienes voten en las próximas instancias electorales –ya sea en las elecciones internas, con voto voluntario, o en las nacionales, en las que votarán algo más de 2:200.000 uruguayos– habrá nacido de los años setenta en adelante, o sea que cuando terminó la dictadura estas personas ni siquiera eran mayores de edad, por lo que no vivieron esos hechos. Muchos uruguayos –entre los que se encuentran mis hijos– nacieron después de la recuperación democrática y viven todos esos hechos como algo lejano, distante, aunque en cierta manera afectivamente porque, cuando relatamos los sucesos, ven cómo los más veteranos vibramos con esas circunstancias. Pero ellos no vivieron esos hechos; no vivieron lo que fue la lucha por el «NO» en 1980 y otros hechos históricos, como el programa de televisión que impactó a todos los ciudadanos; no vivieron las elecciones internas ni el desarrollo del voto en blanco por parte de quienes queríamos expresar otra opción que no estaba dentro de las habilitadas. Tampoco vivieron las elecciones nacionales o los impactantes discursos que tuvieron lugar, uno de ellos en circunstancias de la liberación de Wilson Ferreira Aldunate, y otro, meses antes, en oportunidad de la liberación del General Seregni.

Entonces, creo que es algo bueno que pongamos énfasis en lo que ocurrió aquel 27 de junio, en lo que fue despertarnos con esa marcha militar y en lo que fue la resistencia, que tuvo como protagonistas a los trabajadores, pero también a los partidos políticos y a todos los hombres y mujeres demócratas que veíamos que dejábamos de tener una de las principales diferencias con nuestro continente latinoamericano. Considero que está bien que recordemos estos hechos relatando año a año cómo ocurrieron, que la Asamblea General se ocupe de dicha evocación y que hagamos una difusión en memoria de todos los que, de una manera u otra, resistieron la dictadura –no solo ese 27 de junio, sino los demás años–, muchos de ellos perdiendo la vida en manos del terrorismo de Estado.

Además, me parece que hizo bien la Cámara de Representantes en no circunscribir este proyecto solamente a los trabajadores –aunque incluyéndolos, porque son protagonistas– y en fijar esa fecha como el inicio de la resistencia a la dictadura militar encabezada por Juan María Bordaberry, que terminaría casi trece años después con un Gobierno electo democráticamente, con restricciones, sí –¡vaya si las hubo!–, pero que marcó el inicio de un período democrático que hemos afirmado día a día, con la recuperación de la libertad y de los derechos humanos, aspirando a que esos hechos nunca, pero nunca, nunca más vuelvan a suceder en la República.

Por estos motivos aconsejamos la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- Damos la bienvenida a los alumnos y docentes de 6.º año del Colegio Jesús María, a quienes saludamos.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señora Presidenta: nosotros entendemos, como Partido Nacional, que los grandes acontecimientos de la historia –particularmente de la historia de nuestro país, sobre todo en este caso, cuando se trata de rendir homenaje a través de una ley que intenta guardar en la memoria colectiva la forma en que el pueblo uruguayo fue víctima, se defendió y luego luchó por recuperar su democracia– requieren una enorme grandeza de espíritu de parte de quienes circunstancialmente tenemos la responsabilidad de ejercer la representación parlamentaria; requieren que sepamos colocarnos por encima de nuestras pertenencias políticas, de forma de dar al homenaje la enorme dimensión que se merece. Desde luego que entiendo la sana intención que anima al Diputado Óscar Groba –que fuera dirigente sindical– cuando propone un proyecto de ley por el que se declara el 27 de junio de cada año –el día del inicio de la histórica huelga general de los trabajadores uruguayos de la CNT en pro de la libertad y contra el golpe de Estado, que asombró al mundo– «Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia». Ahora bien, me parece que esa definición, más que jerarquizar el acontecimiento lo disminuye porque todos aquí somos conscientes de los hechos y muy probablemente nadie le ceda la derecha a nadie cuando llegue el momento de decir de qué forma nos paramos los partidos políticos frente a la dictadura militar, ya no el día 27 de junio de 1973, sino en los tiempos previos y en los posteriores. Por eso, si la intención es que verdaderamente se recoja la forma en que el pueblo uruguayo encaró aquellas circunstancias tan adversas y que permanezca en la memoria colectiva, por los tiempos de los tiempos, el ejemplo que Uruguay dio al mundo en defensa de su democracia en innumerables oportunidades, antes, durante y después del golpe de Estado, el hecho de que finalmente la Cámara de Representantes haya transformado conceptualmente el proyecto de ley para darle una amplitud y un alcance que nos comprenda a todos no hace otra cosa que otorgar a la iniciativa la jerarquía y la grandeza que necesita en aras de que sus efectos –esto es lo más importante– sean los que todos pretendemos.

Aquí nadie espera que la historia de la lucha por la democracia sea la historia de un partido, sino que sea la historia de un país, la historia de un pueblo, la historia de una idiosincrasia, de una forma de ser, de una nación, de una comunidad espiritual que desde siempre se sintió profundamente identificada y rechazó radicalmente todo propósito que desborde los límites de la Constitución de la República y de la ley.

Hay un hecho que no es menor y que hoy quiero traer a la memoria de los integrantes del Cuerpo. La disolución de las Cámaras llevada adelante por quien entonces era el Presidente de la República estribó o intentó fundamentarse en el rechazo que el Parlamento había resuelto al desafuero del Senador Erro.

Yo no voy a hurgar para tratar de identificar con claridad –aunque en el fondo creo que lo sé– qué opinión tenían los Legisladores de mi partido respecto a si el Senador Erro estaba involucrado o no en actos de terrorismo. Lo que sí sé es que los Senadores del Partido Nacional votaron en contra del desafuero del Senador Erro en defensa de las instituciones, en defensa de la democracia, y como forma de rechazar el vil y banal argumento de que ese era el motivo por el cual iba a cesar la democracia en el país.

Ya en los tiempos previos a la jornada del 27 de junio había expresiones muy claras de parte de los distintos partidos políticos de rechazo a lo que se veía venir, realizadas en diversas circunstancias, con distintos tiempos y diferentes temperamentos. Pero estaba tan en la esencia de nuestra nación y de los dirigentes políticos de aquella época el vivir en democracia, que la mayoría de los que estaban en esta Sala en la jornada del 26 de junio pensaron por algún momento que la dictadura no iba a durar mucho tiempo; seguramente ninguno de ellos imaginó que iba a tener la duración que tuvo. Quizás mirado con una perspectiva histórica doce años no sea tanto, pero mirado desde la dureza de lo que fueron esos doce años y de las consecuencias que dejaron para el país fue, sin duda, un tiempo sumamente largo.

Por eso, cuando se recuerda el 27 de junio de 1973 y la huelga general convocada por la CNT en desigualdad de condiciones, arriesgando su seguridad física, se recuerdan también –y a veces mucho más– las expresiones que desde este Parlamento surgieron la noche del 26 de junio, cuando ya era un dato de la realidad que estaba por firmarse el decreto que, a través de un golpe cívico-militar –como se le llamó en la época–, marcó no solamente la disolución de las Cámaras, sino también el fin de la democracia. De ese 26 de junio se recuerda, entre otros, aquel discurso que desde esta misma Banca que tengo el honor de ocupar pronunciara Wilson Ferreira Aldunate, anunciándole a quien pasaba a convertirse a partir de entonces en usurpador del poder que en el Partido Nacional se había ganado a su más radical e irreconciliable enemigo.

Recordar el 27 de junio de 1973 significa recordar, también en homenaje, el asesinato del Toba Gutiérrez, de Zelmar Michelini y de los otros dos compatriotas que fueron ultimados en 1976. Decía Wilson Ferreira: «Los asesinos no se equivocan cuando eligen a sus víctimas». Y eligieron a dos representantes conspicuos de la democracia uruguaya que hoy, cada vez que los recordamos, lo hacemos en un acto de unción patriótica y de homenaje, pues son figuras que, más allá de su pertenencia política, han trascendido las fronteras de nuestros partidos. En la actividad universitaria hay una gran militancia político sindical y se recuerdan las figuras del Toba y de Zelmar, pero estoy seguro de que si les preguntáramos a los estudiantes a qué partido pertenecían, muchos no sabrían contestarnos, porque son símbolos de la libertad y de la lucha que hoy pretendemos conmemorar.

El plebiscito del último domingo de noviembre de 1980 es uno de los más hermosos ejemplos de democracia que existen en el mundo, no sé si solamente del mundo contemporáneo o si debo remitirme a la historia de la civilización. El fraude del plebiscito de 1980 consistió en haberlo realizado bajo una dictadura; el fraude del plebiscito de 1980 fue el de hacerlo con la convicción de que obtendrían los resultados en pos de los cuales estaban trabajando, porque el gobierno de la época no tenía otro propósito que legitimar su accionar. Los propios militares y civiles que integraban la dictadura en el fondo también se habían formado en la misma democracia en que nos formamos todos y creían que, de alguna manera, tenían que legitimar el proceso de transición que presuntamente se iniciaba en 1980, si la consulta popular resultaba aprobada y, en consecuencia, entraba en vigencia una nueva Constitución. Sin embargo, el resultado de las urnas fue aplastante, fue categórico.

Creo que todos los que estamos aquí desde 1985 en adelante empezamos a advertir lo cruenta que fue la dictadura militar. Hasta 1985 nosotros pensábamos que había sido muy dura –y mucho más lo sabían quienes lo sufrieron en carne propia–, pero no teníamos idea de que lo había sido tanto ni de que cuando nos estábamos acercando a las elecciones nacionales de 1984 todavía se cometían actos de barbarie, de tortura, de asesinatos, de traslados en avión, que fuimos descubriendo con el correr de los años una vez que se reinstauró la democracia.

Por eso, homenajear aquellos tiempos implica también detener la acción de todos los días para recordar el plebiscito de 1980, instancia en la que fuimos a la guerra con un tenedor. Ni siquiera teníamos posibilidades de realizar la propaganda que considerábamos mínima e imprescindible para poder llegar a la población. Se engañaba a la gente diciendo que el «SÍ» significaba la reapertura democrática; sin embargo, la población entendió muy rápidamente de qué se trataba y la jornada siguiente al último domingo de noviembre despertamos ¡con la impresionante noticia!, pero estábamos obligados a ahogar el grito de alegría que espontáneamente se da en esas circunstancias porque todavía seguíamos viviendo bajo una dictadura que nos prohibía festejar lo que habíamos conquistado en las urnas. A tal punto fue así, que cuando en noviembre de 1981, jóvenes de todos los partidos políticos nos juntamos en la clandestinidad e hicimos la primera marcha por la avenida 18 de Julio conmemorando el primer aniversario del triunfo del «NO» en 1980, a la semana siguiente, todos –blancos, colorados, frenteamplistas e independientes– terminamos detenidos y llevados a los calabozos de la calle Maldonado, donde estaba el Departamento de Inteligencia y Enlace, por haber sido organizadores de aquella marcha.

Las elecciones internas de 1982 fueron otro cachetazo para la dictadura, porque los sectores democráticos contrarios al régimen obtuvieron contundentes triunfos dentro de sus respectivas colectividades y posibilitaron que, a partir de ese momento, se empezara a caminar hacia la reapertura democrática.

El acto del Obelisco –si no me equivoco, en noviembre de 1983–, ese «Río de Libertad», como se denominó, con aquella avenida que lleva hacia el Estadio Centenario colmada de gente –recordarán las espectaculares fotografías que mostraban esta realidad– y la proclama leída magistralmente por Alberto Candeau fueron, también, sin lugar a dudas, un paso fundamental en el camino hacia la recuperación democrática.

¡Por supuesto que también lo fue la liberación del General Seregni, a la que aludía el señor Senador Michelini! ¡Cuántos de nosotros fuimos a la esquina de bulevar España y bulevar Artigas, con la bandera del Partido Nacional, a saludar al General cuando se asomó por el balcón junto a su señora, después de lo que para él significaron años y años de estar entre rejas, privado del ejercicio de sus libertades legítimas!

Quiero recordar también que el 16 de junio de 1984, día en el que Wilson Ferreira Aldunate retornó al país, se realizó una concentración en las calles Rondeau y La Paz donde, como después dijo el propio Wilson en un discurso, la gente se vio impedida de ver lo que sucedía en el puerto de Montevideo porque los contenedores apilados imposibilitaban mirar hacia allí y porque, además, circulaban noticias de todo tenor. Recordamos a compañeros que se fueron en auto hasta Piriápolis porque decían que al final el barco iba a terminar amarrando en su puerto y ellos querían ver a Wilson en ese momento. Lo que nadie se imaginaba era que la flota del Estado se había desplegado, como decía el propio Wilson, para recibir a una familia.

Luego vinieron las elecciones nacionales de 1984. No sé, señora Presidenta, qué tanta grandeza de espíritu tengo –no sería bueno que yo mismo la calificara; ¡ojalá tenga la suficiente!–, pero voy a pasar por alto el episodio previo a la elección de 1984 porque aquí estamos para jerarquizar aquella instancia. A nosotros nos hubiera gustado que Wilson Ferreira Aldunate fuera candidato o que, por lo menos, estuviera en libertad. Ahora bien, el que ganó legítimamente las elecciones fue el Partido Colorado y el que asumió, también legítimamente, el 1.º de marzo de 1985 como Presidente de todos los orientales fue el doctor Julio María Sanguinetti. Todos los partidos políticos comparecimos a esa instancia electoral y, en consecuencia, la legitimamos, a tal punto que, más allá de la sorpresa que algunos puedan haberse llevado, ese discurso al que aludía el señor Senador Michelini hecho por Wilson Ferreira Aldunate en la explanada municipal 72 horas después de la elección y en el que anunciaba la gobernabilidad –fundamental para el Uruguay de los años siguientes– se adelantó a lo que después nos fuimos dando cuenta: que cuando se recupera la democracia, en la forma en que lo hizo el pueblo uruguayo, la gente –con toda razón– espera de los gobiernos democráticos mucho más de lo que estos pueden dar. Recuperar la democracia, recuperar las instituciones no significaba que, de la noche a la mañana, cicatrizaran las heridas de doce años, se solucionaran los problemas económicos tan grandes que nos dejó la dictadura militar, los problemas en materia de educación y los problemas vinculados al propio aparato militar, que permanecía cerrando filas para impedir que el ejercicio del poder fuera total por parte del Gobierno legítimo que asumía funciones.

En ese discurso en la explanada municipal Wilson advierte sobre la necesidad imperiosa de gobernabilidad que tendría el nuevo Gobierno, cualquiera fuera este. Como decíamos, con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta de que los problemas eran mucho más graves de lo que nos imaginábamos, de que las heridas eran mucho más profundas de lo que pensábamos y de que, por el daño que había hecho la dictadura militar, se necesitarían muchos años para poder recuperar a pleno la institucionalidad e intentar –porque nunca se va a lograr definitivamente– sanar las heridas que quedarían. A tal punto es así, señora Presidenta, que no ha habido Legislatura, de 1984 hasta hoy, que no haya aprobado por lo menos una decena de leyes dirigidas a resolver los problemas que nos dejó la dictadura militar. Cada año aprobamos una nueva ley para reparar esos daños, por ejemplo, para conceder derechos jubilatorios. Me refiero fundamentalmente a, como decía –y, por supuesto, continúa diciendo– el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, ese trípode de leyes que se aprobaron en esa coyuntura para dar viabilidad al Uruguay de los años 1985, 1986 y 1987, más allá de las diferencias que puedan haber generado: la que estableció la restitución de los funcionarios públicos, la Ley de Amnistía y la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. ¿Alcanzó con esas tres leyes, independientemente de todo lo que se discutió a lo largo de los años? ¡Por supuesto que no! ¡Fueron fundamentales!, porque sin ese basamento no podía haber consolidación de la democracia, ¡pero no alcanzaron! ¿Cómo lo sabemos? Porque ayer pero también mañana seguiremos tratando aquí, en este Senado, leyes que tengan el propósito de reparar los daños que dejó la dictadura militar. Y nosotros tenemos el honor y el orgullo de decir que a todas ellas hemos dado nuestro voto afirmativo.

El Partido Nacional votó la Ley de Amnistía, el Partido Nacional votó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, el Partido Nacional votó la ley de restitución de los funcionarios públicos destituidos malamente durante la época del régimen y el Partido Nacional votó todas y cada una de las leyes –con muy contadas excepciones, si es que se recuerda alguna– que se fueron aprobando en el transcurso de todos estos años para tratar de paliar la situación porque, ¿qué le pueden aportar más que el homenaje –que de por sí es mucho– a la viudas del Toba y de Zelmar Michelini o a los familiares de tanta gente perseguida? ¿Qué tanto puede compensar una mera ley, que no hace otra cosa que reconocer derechos jubilatorios o de pensión?

Por eso decía, señora Presidenta, que cuando un país recupera la democracia –y eso tenemos que medirlo– las expectativas de la ciudadanía son enormes y, en consecuencia, rápidamente se pueden ver frustradas. Nadie puede negar que la expectativa de una nueva elección en 1984 no tuvo el grado como la que vamos a vivir en octubre y noviembre de este año, porque en aquel momento era todo un mundo nuevo al que pretendíamos retornar –de hecho lo hicimos– y sin duda que nuestra calidad de vida cambió después del 1.º de marzo de 1985. A pesar de ello, hay que tener mucho cuidado porque a veces la institucionalidad se desgasta, no tanto porque el pueblo deje de creer en ella –el pueblo siempre cree– sino porque en ocasiones los propios actores políticos nos encargamos de desgastarla. Cuando se lanza una acusación al viento, cuando se dice que todos los políticos son iguales y cuando se recurre al corto camino –que siempre termina mal– de ser el centro de la noticia por la denuncia misma, las instituciones se desgastan porque después no se da tanto valor al reconocimiento de la inocencia como se le dio a la acusación en el momento en que se lanzó. Por ese motivo es que se debe tener tanto cuidado cuando se hace una acusación.

Señora Presidenta: decimos –y no lo digo yo, porque en esto estoy seguro de interpretar el sentir de los compañeros, en especial, de los que integran la Comisión de Constitución y Legislación, que es donde se trató el proyecto– que cuando esta iniciativa llegó a la Comisión estábamos seguros de que la íbamos a votar afirmativamente, pero pedimos su aplazamiento porque queríamos, de alguna manera, dejar una constancia en el sentido de que no compartíamos el texto original por parecernos muy injusto. Sí estamos de acuerdo con la transformación que, producto del acuerdo y del consenso entre los distintos partidos políticos, se produjo en la Cámara de Representantes. ¡Ojalá! en muchas leyes en donde buscamos ese mismo consenso y no lo encontramos, lo hubiéramos logrado y, ¡ojalá! que en muchas leyes sobre las que procuremos un entendimiento lo alcancemos, porque la historia no la escribe un partido político y mucho menos un Gobierno. La historia la escribe un pueblo, la escribe la perspectiva, la escribe la objetividad y, por sobre todas las cosas, la escribe la grandeza de espíritu.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Señora Presidenta: recordar el golpe de Estado, recordar los horrores de la dictadura, no olvidar a las víctimas, no olvidar a quienes perpetraron las gravísimas violaciones a los derechos humanos y tener presente esa historia de resistencia colectiva, es parte de nuestro patrimonio cultural y material, es parte de nuestra identidad.

Podríamos fundamentar nuestro apoyo a este proyecto de ley desde muchísimos planos, todos convergentes: el histórico, al que hicieron referencia los señores Senadores preopinantes; el histórico-político; el social; el cultural y hasta podríamos incursionar en el jurídico, porque es un deber jurídico de los Estados generar medidas de reparación en lo que refiere a las garantías de no repetición. ¡Y vaya si mantener presente en la memoria previene la no repetición de los hechos! Lo que ingresa como medidas de satisfacción, no para una víctima en particular sino para el colectivo social, apunta a la reparación integral de nuestra sociedad por lo ocurrido. Si bien podríamos encarar y fundamentar este tema desde todos estos puntos de vista, quiero –y pido a mis colegas que me disculpen– hablar con el corazón.

Crecí y estudié en dictadura. Recuerdo que en épocas de estudiante caminábamos por las calles empedradas que suben hacia el Palacio Legislativo para hurgar en su biblioteca viejos recortes de prensa, porque añorábamos la democracia que nos habían contado. Uno veía a este Palacio Legislativo cerrado, gris, a este Palacio Legislativo que fue violado por las botas militares el 27 de junio. Como estudiante de Derecho de aquel entonces recuerdo la sensación que producía ver lo que era el Palacio Legislativo vacío y cerrado. Naturalmente que uno tenía la esperanza de algún día llegar a presenciar la recuperación de la democracia. La vida quiso que me pudiera recibir trabajando y, al mismo tiempo, esa constelación de astros me llevó un día a defender una causa por la cual el dictador terminó preso y hoy, cuando vamos a votar este homenaje, a ocupar circunstancialmente esta Banca en el Senado.

Por eso –reitero– quiero hablar con el corazón y decir que es fundamental para conservar la identidad que estamos construyendo día a día mantener la memoria viva. Sabemos que no alcanza con la memoria porque tenemos asignaturas pendientes. La historia no debe ser únicamente palabras que se acumulan en los libros o libros que se acumulan en los anaqueles de una biblioteca. Más que historia reciente, yo hablaría de historia presente porque tenemos presentes las secuelas de la dictadura. Para avanzar en democracia y para seguir construyendo el Estado de derecho es muy importante tener claro que no alcanza con recordar, sino que la historia tiene que ser vivencial. Por eso, más que de historia, me gusta hablar de memoria, y leyes como las que estamos aprobando en el día de hoy son las que hacen a la construcción de nuestra memoria colectiva.

En consecuencia, voy a votar este proyecto de ley no solo con toda la razón, con todo el raciocinio, sino también con el corazón, en recuerdo de las víctimas y de esa resistencia colectiva, sin olvidar los golpes de cacerolas con los que empujamos la dictadura en aquellos últimos años.

Hace algún tiempo me tocó recopilar y escribir una serie de cuentos –historias reales– de esas víctimas olvidadas de esta dictadura que fueron los niños. No me refiero a los hijos de compañeros, sino a los que éramos niños y vivíamos con miedo, a los niños y las niñas que tenían familiares presos y que no se podían juntar a jugar con el resto de los vecinos por miedo y por la discriminación. Entre esas historias recuerdo esas noches en que los niños, con sus madres, a golpe de cacerolas pedían la libertad de sus padres, que estaban presos. Los estaban llamando a golpe de cacerolas para que la dictadura cayera y esos niños pudieran volver a encontrarse con sus papás. Y golpeaban las cacerolas, no como un juego, sino con convicción, con sentimiento. Me acuerdo de esa frase que la madre vivenció en ese momento, cuando rememoraba al abuelo, que decía: «Cuando se siente ruido de sable se vienen las dictaduras». Y esa noche de caceroleo Montevideo tuvo bien presente que cuando se escucha el ruido de las cacerolas se está acercando la democracia; ese ruido también anunciaba la liberación de los padres presos.

¡Vaya si habrá historias de resistencia! Pero la historia de resistencia colectiva de nuestro pueblo la vamos a estar escribiendo día a día si honramos la democracia, y hoy estamos generando un instrumento de identidad cultural fundamental para esa construcción colectiva.

Muchas gracias.

18) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 5 de mayo de 2014

Sr. Presidente del Senado

Cr. Danilo Astori

Presente

Por la presente y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley n.º 17827 inciso D, solicito a usted se me conceda licencia desde el día 6 de mayo al 16 de mayo inclusive, del corriente año.

La misma tiene por objeto corresponder a la invitación del Comité para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, que tendrá lugar en la República Dominicana, según invitación adjunta.

Sin otro particular, saludo a usted atte.

Rafael Michelini. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–21 en 23. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que el señor Felipe Michelini ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

19) «DÍA DE LA RESISTENCIA Y DEFENSA DE LA DEMOCRACIA»

SEÑORA PRESIDENTA.- El Senado continúa con la consideración del proyecto por el que se declara el 27 de junio de cada año «Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia».

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señora Presidenta: vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley que, como dijo con acierto el señor miembro informante, en su artículo 1.º adoptó una redacción de amplitud tal que despeja cualquier duda u observación que pudiera formularse.

En efecto: como recién lo mencionó el señor Senador Gallinal, no habría sido justo reservar a un sector social o político, o a un grupo de personas, esa actitud de resistencia a la dictadura que creo que todos los uruguayos queremos exaltar. En cambio, el giro adoptado por la Cámara de Representantes, con el acuerdo de todos los partidos, pone las cosas en sus justos términos y extiende la celebración a todos aquellos que defendieron, como dice el texto, la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho.

Esta disposición se acota al 27 de junio de cada año y de algún modo está bien y es inevitable que así sea porque es preciso señalar fechas que sirvan de referencia a la memoria y a las evocaciones colectivas. Naturalmente, el proceso histórico que desemboca en el 27 de junio no se desarrolló todo ese día, sino que viene de muy atrás y tiene causas muy profundas. Hay un contexto muy amplio que deberá tenerse en cuenta cuando, de conformidad con lo que dispone el artículo 2.º, el sistema educativo se refiera a todos estos hechos.

Hubo un golpe de Estado el 27 de junio porque el Parlamento es el corazón de la democracia y el emblema del golpe de Estado es la disolución del Parlamento, el cierre de las Cámaras. Esto es así y siempre lo ha sido, en Uruguay y en todo el mundo; el cierre del Parlamento es lo que le pone el sello de golpe de Estado a una situación. Ahora bien: los desbordes lesivos de la institucionalidad venían de mucho antes. Recordemos simplemente febrero de 1973 y la actitud de las Fuerzas Armadas, que desconocieron la designación del General Francese como Ministro de Defensa Nacional. Técnicamente en ese momento ya hubo un golpe porque cuando las Fuerzas Armadas se arrogan el derecho de decir que reconocen a un Ministro sí y a otro no, evidentemente están actuando absolutamente fuera de los marcos constitucionales, ejerciendo un poder ilegítimo y espurio. Allí ya había, por lo menos, un golpe de Estado.

En el curso de este proceso histórico, que tiene distintas etapas, fechas y momentos y que convenimos en simbolizar en el 27 de junio, los distintos actores –individuales y colectivos– van adoptando distintas actitudes. Creo que nadie tiene la exclusividad de los aciertos y de la virtud y tampoco puede imputarse a nadie la exclusividad de los errores o de los defectos. En todos los claroscuros de la condición humana, en la actuación de personas y grupos en distintas instancias del proceso histórico se encontrarán gestos de coraje cívico y de integridad democrática en algunos momentos y de claudicaciones en otros. Todo eso forma parte de ese material humano que constituye el proceso histórico y que concluye trágicamente ese 27 de junio, pero que venía de muy atrás, desde que comenzó a cundir la violencia política en el país, desarrollando una serie de acontecimientos cuyo momento final es ese del 27 de junio.

Más allá de las claudicaciones, los desaciertos, los momentos de debilidad y los errores, lo cierto es que de la sociedad uruguaya fueron surgiendo distintas expresiones de resistencia a la dictadura y de compromiso con los ideales republicanos y democráticos. Todo eso tuvo un desarrollo peligroso y azaroso en esos años de la dictadura –en distintos momentos que fueron debidamente recordados hace algunos instantes y sobre los cuales no volveré–, pero finalmente triunfó la vocación democrática del pueblo uruguayo y a finales de 1984 elegimos –votando todos en las condiciones en que era posible hacerlo en aquel momento– un nuevo Gobierno que habría de desempeñar sus funciones en un contexto democrático que tendría que ir consolidándose gradualmente. Les tocó al Partido Colorado y al doctor Sanguinetti –que era el candidato a la Presidencia de la República de nuestra colectividad– el honor y la inmensa responsabilidad de conducir el cambio en paz. Con el apoyo de todos los partidos políticos y de las fuerzas sociales fue posible restablecer la democracia, consolidar las instituciones, liberar al país de las sombras y los peligros que venían del pasado y abrir un tiempo de paz, de respeto y de vigencia de la Constitución de la República en el que todos pudimos actuar libremente y sin temor. Creo que este es el gran logro de la democracia uruguaya y lo que nos une a todos al pie de una común vocación por el respeto de la Constitución y de las leyes y por la vigencia del Estado de derecho. Y esto es lo que tenemos que salvaguardar, defender y preservar para trabajar desde esa base absolutamente insustituible: la base de la democracia, de las instituciones, del respeto del Derecho, de la separación de Poderes, de las libertades individuales y de sus garantías. Sobre esa base, que es la esencia misma de la democracia tal como los uruguayos la hemos interpretado, sentido y aplicado en nuestra historia, procuraremos avanzar siempre en el sentido de mayor libertad, mayor justicia y mayor prosperidad para nuestro pueblo. En estas creencias y en estas convicciones, como en un altar laico y republicano seguramente comulgamos todos los uruguayos. Por eso decimos: «¡Nunca más dictadura; nunca más violencia política. Por siempre democracia, Constitución y República!».

Muchas gracias.

SEÑOR BARÁIBAR.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora Presidenta: quiero comenzar haciendo una mención a los niños que hoy están en la Barra. Quiero pedirles que cuando sean grandes recuerden la ocasión en que estuvieron presentes en el Senado de la República y se trató un proyecto de ley que apuntaba, precisamente, a recordar los hechos ocurridos el 27 de junio de 1973, fecha en la que, por cierto, ninguno de ustedes había nacido. Quiero contarles que en la noche del 26 de junio de 1973, en este Senado de la República –creo que con las mismas butacas y las mismas mesas, aunque han cambiado los micrófonos por unos más modernos–, todos los partidos políticos aquí presentes, con mayor o menor énfasis condenaron los hechos que esa misma noche iban a ocurrir. Hay algunos discursos que se recuerdan especialmente; pienso en el de Wilson Ferreira Aldunate, al que hacía referencia el señor Senador Francisco Gallinal, y –estoy apelando a mi memoria– en el de Eduardo Lalo Paz Aguirre; también recuerdo el de Enrique Rodríguez y el de Francisco Rodríguez Camusso. Creo que todos ellos configuraron una definición que, cuando sean mayores, estudiarán en historia. Esta Casa estuvo cerrada para los representantes del pueblo, elegidos democráticamente, desde 27 de junio de 1973 hasta el 15 de febrero de 1985, sin olvidar que el 1.º de marzo de ese año se instaló el nuevo Gobierno. Si bien esta Casa estuvo cerrada para los representantes del pueblo, hubo un seudoorganismo, denominado Consejo de Estado, integrado por consejeros designados a dedo, que no tenían la representación de que hoy estamos investidos quienes hemos sido electos en las últimas elecciones y que tendrán los que asumirán el año próximo, cuando los uruguayos –seguramente vuestros padres– concurran a las mesas de votación el último domingo de octubre y, si hay una segunda vuelta, también el último domingo de noviembre.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se recuerda al señor Senador que debe dirigirse a la Mesa.

SEÑOR BARÁIBAR.- Sí, señora Presidenta.

Después de haber escuchado las intervenciones de los señores Senadores Rafael Michelini, Francisco Gallinal –muy pormenorizada en episodios históricos–, Ope Pasquet y Oscar López Goldaracena –cada uno de ellos haciendo énfasis en determinados aspectos, pero todos confluyentes–, quiero incorporar algunos elementos más. Uno de ellos es el del Uruguay del exilio. Naturalmente, está el Uruguay del destierro, el Uruguay del encierro y el Uruguay del exilio. El Uruguay del exilio pudo cumplir una función política sumamente trascendente. La experiencia de la Convergencia Democrática –naturalmente, la historia la recoge con sus matices y habrá a quienes les parezca mejor o peor–, en la que participaron representantes de todos los partidos, fue positiva y debe tenerse en cuenta. Creo –es una opinión personal porque la historia aún no ha podido clarificarlo suficientemente– que los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini en Buenos Aires, así como el intento de asesinato de Wilson Ferreira Aldunate –que felizmente no se concretó– estaban relacionados fundamentalmente –pero no únicamente– con el papel y la tarea que estos desempeñaron en la denuncia del golpe de Estado y en la generación de opinión contraria a la dictadura que tuvo lugar en el Congreso de los Estados Unidos, aunque en Europa también se hicieron otras cosas.

Señora Presidenta: no quiero dejar de mencionar algunos hechos porque no deseo que el silencio pueda significar una definición sobre el tema. Si bien el señor Senador Gallinal lo mencionó muy sutilmente, quiero decir que un capítulo muy importante para el proceso de restablecimiento de la vida democrática en Uruguay lo constituyó el Pacto del Club Naval. Sin ánimo de generar una polémica –todos conocemos la historia, sabemos quiénes participaron y quiénes no–, porque sabemos que el tema aún no está laudado en la historiografía nacional –incluso, muchos de nosotros somos actores de aquella época–, creo que tiene una especial significación y que atraviesa horizontalmente a todos los partidos en cuanto al papel que se asigna a los acuerdos del Club Naval en relación al proceso democrático que se desarrolló en los meses siguientes. Si bien tengo mi opinión al respecto, no quiero entrar en detalles porque sé que puede generar polémica y lejos está de mi intención hacerlo en esta sesión que está transcurriendo en un ambiente de gran entendimiento nacional.

Asimismo, quiero mencionar otro elemento que, si bien no fue tan polémico en cuanto a su constitución y funcionamiento, lo fue con respecto a la significación que tuvo después. Concretamente, me refiero a la instalación de la Concertación Nacional Programática, conocida por la sigla Conapro, en el mes de agosto de 1984, en la que participaron todos los partidos políticos: el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio y la Unión Cívica. A su vez, en una experiencia novedosa, también participaron organizaciones sociales.

Recuerdo, por ejemplo, que la Conapro funcionó entre agosto de 1984 y marzo de 1985; durante un tiempo lo hizo en la actual sede de AEBU y, luego, en un local cedido por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Esto muestra el amplio espectro de representación que tuvo ese instrumento, que reunió a trabajadores y a sectores empresariales y en el que participaron, naturalmente, el PIT-CNT –que entonces se estaba formando–, los estudiantes, nucleados en la FEUU, y también la Serpaj para testimoniar la significación que tenían los temas de los derechos humanos. A ese ámbito, que funcionó regularmente con una cantidad de comisiones especializadas, integradas por gente de todos los partidos políticos y también de los sectores sociales, lo he llamado –y no pretendo que esto sea unánime– el Parlamento de la transición, pues si bien las Cámaras todavía no se habían instalado, en esa instancia se fueron acordando una cantidad de iniciativas –varias de ellas subsistieron durante muchos años– para ser puestas en práctica a partir de la asunción del Gobierno democrático que encabezó, según el resultado electoral, Julio María Sanguinetti. Ese es un hecho de mucha trascendencia. Y quisiera mencionar –porque creo que la historia también se construye con nombres de personas– que había una dirección de líderes políticos en la que se encontraban: el doctor Enrique Tarigo por el Partido Colorado; Alberto Zumarán por el Partido Nacional; Liber Seregni por el Frente Amplio, y el contador Héctor Pérez Piera por la Unión Cívica.

Asimismo, quiero destacar un documento que, ciertamente, emanó de un ámbito de trabajo muy especial. Me refiero al acuerdo económico, que valdría la pena releer en forma periódica dado el valor histórico que tiene, no solo por la época en la que se hizo, sino también por el hecho de que constituye la expresión del acuerdo entre todos los partidos políticos, manifestado en representantes muy destacados en materia de economía. Soy consciente del matiz que tiene la frase que voy a decir a continuación, pero, de todos modos, considero que es la que podría generar menor grado de discusión. Ese documento que, como dije, reunió el acuerdo de todos los partidos políticos, luego no se llevó a la práctica. Todo el proceso de la Conapro –que involucró a una cantidad de comisiones que trabajaron en temas en los que se lograron acuerdos que luego sí se cumplieron en los hechos– fue objeto de poca consideración a nivel de la historia. Algunos de los que participaron en aquel acuerdo fueron Alberto Couriel –presente en este momento– y Danilo Astori –ambos por el Frente Amplio–; los contadores Ricardo Zerbino y Luis Faroppa, por el Partido Colorado; el economista Mario Bucheli y el contador José Pedro Laffite, por el Partido Nacional, y los contadores Héctor Pérez Piera y Adolfo Slinger, por la Unión Cívica. Tal vez ese documento –que no es muy extenso y que, si alguien tiene interés en releer, puedo proporcionarle una copia– sea uno de los que sinteticen la visión de lo que pensaba que pasaba en el Uruguay en los períodos en que la democracia no funcionaba –aunque, como es natural, sí lo hacía la vida económica del país y del mundo– y también de cómo se percibía el país cuando la democracia comenzara a funcionar y pudieran llevarse a la práctica determinadas iniciativas que, obviamente, en las condiciones de dictadura no eran posibles, por un lado, porque no había voluntad política y, por otro, porque tampoco había apoyo suficiente. En fin, el documento es muy importante, e incluso interesante para leer hoy, a muchos años de aquella época, porque refleja el sentido y el nivel de acuerdo y percepción que tenía un grupo muy destacado de economistas, muchos de ellos todavía vivos, felizmente, aunque otros ya han fallecido. Cuando tengamos discrepancias –que las tenemos–, y más aún en los meses que quedan de campaña electoral, recordemos que en un momento importante de la historia uruguaya fue posible que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo para adoptar definiciones sustanciales sobre la política económica.

Finalizo, señora Presidenta, diciendo que como uruguayo me siento orgulloso de mi país y de su sistema político. Conozco bastante bien los sistemas políticos de América Latina, así como también, aunque en menor grado, los de Europa, y puedo decir que muchos de los rasgos que tiene el nuestro producen admiración a nivel internacional; así lo advertimos siempre que los relatamos o comentamos con parlamentarios o dirigentes políticos de otros países. A mi entender, este es un elemento que también deberíamos incorporar a la reflexión cotidiana y permanente, sobre todo ahora, con la aprobación de este documento.

Quiero señalar expresamente que este sentido, esta revalorización de la democracia –cuyo decaimiento, entre otros factores, se expresó en el golpe de Estado pero que luego, a partir de la instalación del Gobierno de 1985, tuvo una revigorización, si es que puedo llamarla así– constituye un aspecto que debemos tener presente por ser, a mi juicio, esencial para la convivencia nacional, no solo para el momento actual, sino también para las futuras generaciones. Es un valor cultural y político que está arraigado en la mejor tradición uruguaya y que el episodio que hoy estamos recordando pone en negro sobre blanco, de una manera muy destacada; en modo alguno debemos olvidarlo en el futuro, por más que la vida política, azarosa y tensa, pueda inducir a acciones que se aparten de la conducta debida.

Muchas gracias.

20) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Montevideo, 6 de mayo de 2014

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Danilo Astori

 

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1.º de la Ley n.º 17827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos personales, en el día de hoy.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente muy atentamente.

José Amorín. Senador».

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Eduardo Malaquina, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

21) «DÍA DE LA RESISTENCIA Y DEFENSA DE LA DEMOCRACIA»

SEÑORA PRESIDENTA.- Continúa la discusión general del proyecto de ley por el que se declara el 27 de junio de cada año «Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia», en conmemoración de la huelga general del 27 de junio de 1973.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Si el señor Senador López Goldaracena ha dicho que hablaba con el corazón, quien habla se permitirá decir que habla con la mente, que es la que analiza los episodios y, más allá de la pasión que todos hemos puesto en estos días, establece los hechos tal como fueron y las causalidades, es decir que analiza históricamente lo que pasó hace ya tanto tiempo.

Todos sabemos dónde estuvimos el 27 de junio de 1973, dónde estuvimos el 28, dónde el 29, y así sucesivamente. Quien en aquel entonces tenía 25 años –y menciono esa edad solo a título de ejemplo, simplemente porque a los 25 años ya hay conciencia y militancia política en general– en su fuero íntimo sabrá qué hizo. Quien habla tenía 32 años el día del golpe de Estado.

Nos parece muy importante esta recordación, porque es exacta. Una de las peores cosas que pueden pasar –y, lamentablemente, en algunos niveles de nuestro país ya ha ocurrido– es tergiversar la historia. Lo que en Argentina se practica sin pudor alguno y se conoce como «el relato», es el enemigo de la historia, es la tergiversación de la historia. Nosotros tenemos que precavernos de eso porque el corromper la verdad histórica, o intentar hacerlo, es como envenenar una fuente de agua; quizás alguien, desprevenido, vaya a ella a calmar su sed y se encuentre con que no hay agua, sino veneno.

Todos somos mayores y hemos vivido lo que hemos vivido. Todos conocemos las causas de esas peripecias; sabemos lo que ocurrió en nuestro país desde 1963 en adelante y, más tarde, a partir de 1973. De manera que nosotros vamos a votar esta conmemoración en ese sentido. Todos recordamos, también, la manifestación del día 9 de julio en la avenida 18 de Julio. En lo personal, anecdóticamente recuerdo que donde estábamos detenidos se escuchaba el ruido de los helicópteros, y recién a los dos o tres días nos enteramos de que había habido un acto en 18 de Julio.

Es decir que todos esos episodios encontraron a cada uno donde cada uno sabe que estuvo; ese es un tema del fuero íntimo y de asunción de la responsabilidad que se tuvo o no.

Es cierto que hubo todo un proceso de reparaciones, al que con gran exactitud hizo referencia el señor Senador Gallinal. A través de la Ley de Amnistía, la Ley de Caducidad y la de reintegro de funcionarios públicos tratamos de lograr la reparación hasta donde se pudo, porque el tiempo perdido no se puede devolver, y tampoco las vidas. Y ese proceso ha continuado después porque –debemos señalarlo– nuestro país ha tenido la generosidad de intentar reparar a todos los que fueron víctimas de los episodios anteriores y posteriores a 1973. Ahora bien, esta recordación es hemipléjica, y lo será hasta que se vote la reparación a las otras víctimas. En este sentido, quiero decir que el doctor Tabaré Vázquez, en un gesto que lo enaltece, envió al Parlamento en la Legislatura pasada un proyecto de ley con el propósito de reparar a quienes fueron víctimas de la anterior violencia, como los soldados muertos mientras estaban de guardia un 18 de mayo, como Pascasio Báez y como muchos más, que están enumerados en el texto. Sin embargo, ese mensaje del doctor Vázquez –repito: digno de encomio y de elogio, y demostrativo del nivel que tiene este compatriota nuestro– no fue votado por los Legisladores del Frente Amplio; no pudo ser tratado. En esta Legislatura le pedimos al señor Presidente Mujica que enviara de nuevo el mensaje, pero eso no ha sucedido.

A mí me parece que la memoria tiene que ser completa y la reparación también. Lo digo serenamente, sabiendo de la condición humana de mis compatriotas frentistas, que estoy seguro de que están de acuerdo en que esto prospere. Aquel mal momento de la anterior Legislatura tiene que ser subsanado en esta, no ahora, porque en el año electoral no se pueden votar beneficios, etcétera, pero les comunico a mis compañeros del Senado que en la primera sesión después del acto electoral voy a pedir que el señor Presidente Mujica, en este Gobierno, y él más que nadie, envíe el mensaje para que –entonces sí– podamos decir que no hay muertos de una clase y muertos de otra.

Disculpen los señores Senadores que traiga esta posición, que no viene a ser una polémica, sino una constatación de hechos. Si es cierto que estamos preocupados por calmar los fuegos del pasado e ingresar en una etapa de otra concordia, tenemos que hacer justicia también con esos otros muertos, tan muertos y tan sufrientes como los demás.

El 27 de junio es una fecha que vamos a recordar siempre y que cada uno tendrá presente en su fuero íntimo y en sus actitudes públicas. Es, además, una fecha que tendremos que colocar en el lugar de aquellas que se conmemoran, no gratamente, sino como faros que impiden que choquemos contra los mismos arrecifes.

Gracias, señora Presidenta.

SEÑOR OBISPO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR OBISPO.- Señora Presidenta: también para nosotros este proyecto de ley y la fecha en sí misma tienen mucho significado. Creemos –por todo lo que aquí se ha dicho– que el 27 de junio es como un marco que nos permitió reconocer la importancia que tienen el vivir en democracia, las libertades y la institucionalidad. Y me parece que el gran mérito de nuestro pueblo –y de ahí el reconocimiento que tiene a nivel internacional– es que por esa conciencia democrática, republicana, cívica, y ese concepto de solidaridad, se logró derrotar a aquellos que habían avasallado la democracia, con una forma de lucha que considero ejemplar, pues no fue solo de la clase obrera, sino de todo nuestro pueblo. ¿Cuántas figuras sindicales y políticas, de todos los partidos, se opusieron valientemente, luchando con tantas dificultades, en aquellos años? Nosotros tuvimos la suerte de poder participar en toda la etapa previa del golpe y recordamos que el movimiento sindical, junto con otros sectores y con la solidaridad de nuestro pueblo, enfrentó la dictadura, no solamente a partir del 27 de junio, sino antes, porque la huelga general no fue una decisión que se tomó sobre la fecha. Ya en el año 1964, cuando el país vivía situaciones difíciles en lo económico y en lo social, en la construcción de la central obrera –que fue trabajosa, llevó muchos años y también debió soportar la represión– se hablaba de «soluciones sí y golpes no». Además, la presencia del movimiento sindical enfrentando la dictadura, con la solidaridad de todo nuestro pueblo, se fundamentó en decisiones de asamblea que se fueron procesando a través de todos esos años. Todas estas son cosas que debemos recordar y reafirmar.

Estoy totalmente de acuerdo con que para los trabajadores de aquel entonces, como aquí se ha dicho, esto es muy importante; precisamente el 27 de junio de 1973 estábamos reunidos con la dirección del plenario de Paysandú en Adeom, a la expectativa, en momentos en que se decretaba la disolución de la CNT.

Por tanto, todo eso forma parte de una experiencia vivida por nuestro pueblo y que, junto con esta recordación que va a hacerse el 27 de junio de cada año, debe ser como una muralla de contención, como un cimiento que nos vaya reafirmando en los conceptos de la democracia, la libertad, la pluralidad y la diversidad. También me parece muy bueno porque habla de esa conciencia ciudadana que nos permitió superar esos años de tanta injusticia, de tanta violencia.

Planteo esto porque, si bien es cierto que ha habido leyes de reparación que son totalmente justas, como aquí también se ha dicho, ¿quién repara los años de prisión de tanta gente? ¿Quién repara las pérdidas de vidas? ¿Quién repara el sacrificio de los miles de compatriotas que tuvieron que irse del país? ¿Quién valora debidamente el trabajo de tantos compatriotas que, en el exilio, de una forma u otra –y hablo de gente de todos los partidos–, desparramaron por el mundo el concepto de la lucha de nuestro pueblo y el pedido de libertad de nuestros presos?

En consecuencia, creo que reivindicar esta fecha en homenaje a los trabajadores y a nuestro pueblo es importante, porque el 27 de junio es un verdadero símbolo de lo que pasó, pero también traduce la actitud de un pueblo que supo superar esa instancia –como aquí se ha dicho– con tantas actitudes heroicas, como lo sucedido en el año 1980.

Además, hay otro aspecto que debemos valorar debidamente en relación a los trabajadores. En todo ese proceso se intentó destruir al movimiento sindical y no pudo formarse ningún aparato sindical que fuera afín a los intereses de la dictadura. Al contrario: se aprovecharon todos los resquicios que se permitían para reagrupar a los trabajadores y formar lo que fue el PIT, que luego se transformó en el PIT-CNT.

En consecuencia, me parece que son todos hechos, acontecimientos, que es bueno recordar y que deben servir como reafirmación del espíritu de nuestro pueblo, como reafirmación de cultura cívica y democrática.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señora Presidenta: me alegro de la existencia de este proyecto de ley de resistencia y de defensa de la democracia. Me alegro también porque siento que vivo en un sistema político extremadamente civilizado.

Cuando uno camina por otras regiones, sobre todo en América Latina –hoy lo decía el señor Senador Baráibar–, y cuenta lo que es el Uruguay, su sistema político y las características del país, nos miran con asombro. Nos miran como diciendo: «Ustedes están como fuera del mundo». Y a mí me parece estupendo, además, porque de alguna manera, pasada la dictadura, el grado de consenso que tienen los principios democráticos es extraordinariamente vital.

Con esto también estoy diciendo que vivimos una década de los sesenta que fue un período extremadamente difícil. Si bien hoy todos estamos de acuerdo en defender plena y totalmente los principios de la democracia, el Estado de derecho, las libertades básicas, la autonomía del Poder Judicial y el pluralismo político, seguramente la interpretación de los hechos que ocurrieron en aquel momento puede ser distinta, puede ser diferente, y es natural que sea así.

La década de los sesenta fue extremadamente difícil. El Uruguay estaba en crisis y la situación económica era de un estancamiento extraordinariamente prolongado y de procesos de inflación que llegaron al 180 % anual. En consecuencia, no era fácil ordenar, no era fácil resolver, no era fácil atender esa problemática económica tan compleja. Pero esa situación económica también generaba hechos sociales muy significativos, de enfrentamiento social, para decirlo claramente. No me olvido de las represalias del Gobierno, de la violencia del Gobierno con los trabajadores asalariados, con los medios de comunicación. No me olvido de que iban a esperar a los empleados del Banco de la República a la salida del trabajo, a las siete de la tarde, para llevarlos a los cuarteles de Flores. No me olvido de esas cosas. Por tanto, hubo enfrentamientos sociales.

Alguna vez debo haber escrito, allá por el año 1985, sobre algunas de las causas de estos fenómenos. Allí también agrego que había crisis de los partidos tradicionales –tenían dificultades– y pongo arriba de la mesa, por supuesto, la existencia de un movimiento guerrillero urbano; de ninguna manera lo saco. Pero la complejidad de las causas es de tal naturaleza, que hace inevitable, de pronto, que haya puntos de vista distintos entre todos los que tuvimos grados de participación en aquella época.

Febrero de 1973 ya estaba anunciando este golpe de Estado. En febrero de 1973 deja de tener su poder el General Martínez; también se da el tema del General Francese. En lo personal, yo trabajaba con el General Seregni. Quiero decir aquí –no tengo ningún inconveniente en hacerlo, han pasado muchos años– que el General Seregni tenía la posibilidad de tener diálogo con el General Martínez, pero este había caído en febrero de 1973. Así, pues, Seregni me dijo: “Alberto: tenemos que seguir teniendo contacto con los militares. Vos conocés un militar, llamalo y hablá con él”.

Yo fui muy amigo de Celia Barbato –quien en algún momento me sustituyó en el Senado–, y su primo era el Coronel Ramón Trabal. Recuerdo que en aquella noche en la que Bordaberry llamaba a la población para que fuera a la Plaza Independencia y en que la Armada había tomado la Ciudad Vieja, yo hablé con el Coronel Trabal para ver de qué manera se podía ir resolviendo aquella situación. Fueron meses muy difíciles; reitero: muy difíciles.

La CNT tenía como una especie de consigna: no al golpe de Estado, y si hay golpe de Estado, hay huelga general. Recuerdo que cuando se dio el golpe el 27 de junio –lo que nosotros llamamos «golpe» por la disolución de las Cámaras–, no hubo una decisión explícita, una reunión de la CNT; espontáneamente fueron y tomaron las fábricas. Reitero: lo hicieron espontáneamente. Y tuvimos quince días de resistencia, especialmente a través de esa huelga general.

Además, no me olvido que la prensa decía que los militares brasileños estaban dispuestos a intervenir en el Uruguay; no me olvido de eso. También me acuerdo que todos los días iba hacia lo que hoy son los accesos a Montevideo para ver si la llamita de Ancap seguía prendida o si ese organismo también había entrado en huelga. Se trató, entonces, de momentos muy especiales y trascendentes que se dieron en esa etapa histórica.

Fue una dictadura que reventó la democracia con prisiones, torturas, muertes y exilios, y cada uno lo sufrió a su manera. En lo personal, me tocó estar en prisión una semanita, me trataron bastante mal, y posteriormente tuve que irme al exilio. Y el día que volví, honestamente, no sabía si entraba o no al Uruguay. Retorné al país después que soltaron a Seregni y no sabía si iba a poder entrar o me iban a llevar preso; no lo sabía. Por suerte acá estoy sano y salvo.

De alguna manera, recordar estos hechos nos hace ver que la sociedad uruguaya siempre fue profundamente democrática –sigue siéndolo–, y hablar abiertamente en un año electoral –como es este– de una situación sobre la que puede haber, sin duda, interpretaciones o puntos de vista distintos sobre los hechos ocurridos, nos demuestra que nuestro sistema político es profundamente democrático. Por eso celebro que todos los partidos políticos estemos absolutamente de acuerdo –siempre supe que esto es así– en la defensa de la democracia, pero también en la resistencia que hubo al golpe de Estado a propósito de aquella etapa histórica. Allí los partidos políticos hicieron lo que pudieron, pero la huelga general fue un hito relevante de esta historia de resistencia al golpe de Estado.

Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señora Presidenta: solamente quiero hacer unas pocas reflexiones, porque me siento absolutamente interpretado por lo que expresó el señor Senador Gallinal.

Acompañamos este proyecto de ley –tal como lo hicimos en la Comisión–, sobre todo en función de la nueva redacción que se acordó. Se buscó que el proyecto adquiriera el significado que merece, y para que ello fuera así debía tener un sentido nacional, de recordación de una fecha –en este caso, triste– en la historia del país, hace ya más de cuarenta años. Muchos de nosotros vemos más a la distancia estos hechos, y no es porque nos hagamos los jóvenes, sino porque éramos alumnos liceales cuando ocurrió el golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Eso tiene, obviamente, la desventaja de no poder conocer en detalle muchos aspectos relacionados con las circunstancias que determinaron el hecho en sí, pero también la ventaja de poder ver los acontecimientos con una perspectiva generacional, en un marco de una dimensión más amplia, y entender que estas cosas no ocurren porque sí, sino que tienen un conjunto de causas. No voy a entrar ahora en el análisis de cada una de ellas porque sería muy largo y, además, porque seguramente nos introduciría en una polémica que no es el sentido de este proyecto de ley. De todas maneras, acá hay connotaciones políticas, institucionales, económicas y sociales. No se puede negar que esa fecha del 27 de junio debe ser interpretada dentro de un conjunto de factores que se arrastran, por lo menos, a veinte o veinticinco años atrás de lo que ocurrió en ese momento.

También es importante resaltar el tono con que se han expresado los señores Senadores, en el sentido de que es algo que nos debe hacer recordar a todos aquellos que lucharon –con hechos concretos– por el restablecimiento de la democracia. Siempre recuerdo a tres figuras muy especiales, a las que admiro profundamente por haber vivido y enfrentado las circunstancias que tuvieron lugar en aquellos tiempos; en los tiempos de la instalación de la dictadura, en los de vigencia de esta y en los de salida de esa situación. Esas tres figuras fueron el General Líber Seregni, el doctor Enrique Tarigo y el señor Wilson Ferreira Aldunate.

Además, tiene sentido recordar la lucha que libró la CNT en este período con la huelga general. Nadie puede ignorar esa realidad: es histórica la lucha que los trabajadores llevaron adelante en ese momento, cuando se instaló el Golpe de Estado. Y también hubo empresarios claramente enfrentados con la dictadura. Estoy hablando de empresarios a los que vi y conocí, que financiaron actividades para que se mantuviera una resistencia a los actos de la dictadura. Esto lo viví a partir del año 1976. Siempre digo que mi primer acto de militancia política fue en mayo de 1976, cuando concurrí al entierro del Toba Gutiérrez Ruiz en el Cementerio del Buceo, y presencié lo que allí presencié, acompañando a figuras que lucharon denodadamente. Siempre digo que estas personas deben ser recordadas, como es el caso de mi amigo y coterráneo, el Cacho López Balestra –con quien trabajé durante todos esos años–, que siempre fue un bastión de resistencia y defensa de la democracia y de la libertad.

Por tanto, esto también tiene un sentido institucional, que es el de que valoraremos lo que significó haber perdido las garantías formales de la Constitución, las garantías jurídicas, que son las que permiten la convivencia de una sociedad. Y eso es, ni más ni menos, que el cumplimiento de aquella frase de Artigas de que «es muy veleidosa la probidad de los hombres, solo el freno de la Constitución puede afirmarla».

Tiene sentido recordar estas fechas mirándolas con la perspectiva histórica, pero también en función del tiempo que nos toca vivir y de lo que nos corresponde a nosotros hacia el futuro; a los más veteranos, a los que no lo somos tanto pero lo seremos, y a los más jóvenes, que son los que van a construir un nuevo camino. Siempre recuerdo el poema de Antonio Machado: «caminante no hay camino, se hace camino al andar».

En ese sentido, todos tenemos la obligación de tomar determinados recaudos para que la planta no se vuelva a marchitar; para que no se repitan causas, como las que se dieron en un proceso, repito, de alrededor de veinticinco años previos al 27 de junio de 1973. Por tanto, preservar la credibilidad en el sistema es algo muy importante. En la vida política siempre fue importante –pero de aquí en más lo será en mayor medida– el no ir en la promesa más allá de lo que uno sabe que puede cumplir en el ejercicio de la actividad de Gobierno. ¡Cuidado con las promesas fáciles, porque ellas permiten el gancho electoral del momento, pero después viene el cobro de cuentas, y de eso hay ejemplos de sobra en todos los partidos! Todos podemos exhibir las experiencias que nos han tocado vivir. ¡Cuidado cuando empieza a cundir la frialdad o el descreimiento de la gente! ¡Cuidado cuando muchas veces uno empieza a ver que a la gente le importa más lo inmediato, lo local, lo departamental y poco o nada lo nacional o lo institucional! Eso no es bueno para la democracia y es responsabilidad nuestra tratar de que no suceda.

¡Cuidado con no dar la debida importancia a la formación cívica! Siempre he dicho –y estoy convencido de ello– que en los programas educativos en el Uruguay, de antes y de ahora, la formación cívica tiene muy poca trascendencia, muy poca importancia. La educación cívica debería desempeñar un rol mucho más relevante en la formación de los niños y de los adolescentes.

(Apoyados).

–¿Por qué? Porque no es otra cosa más que cumplir con el mandato vareliano. José Pedro Varela decía que para hacer la República tenemos que hacer republicanos; si no hay republicanos, no hay República. Porque el sistema se apoya en la credibilidad de la gente y cuando esta no existe, el apoyo se encuentra en cualquier sistema, ya sea una dictadura, un Estado teocrático, un gobierno militar, en fin, en cualquiera de las más diversas formas autoritarias que se puedan pedir o pretender de todas las que se conocen en la historia de la humanidad o en el mundo político contemporáneo.

Por consiguiente, esos son algunos de los aspectos en los que tenemos que pensar, no solamente mirando lo que ocurrió hace cuarenta años, aunque naturalmente debemos recordarlo y darle la jerarquía que corresponde a un momento que, sin dudas, fue histórico en la vida del Uruguay, ya que implicó un quiebre en el proceso institucional de nuestro país. Pero también debemos ser conscientes de que tenemos responsabilidades diarias para honrar y preservar lo que es la vida institucional, la vida política y la vida democrática; al mismo tiempo, debemos impedir que las causas que generaron ese proceso que explotó el 27 de junio de 1973 se vuelvan a dar y generen hechos que no deseamos para el futuro.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1.º del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo 1.º.- Declárase el 27 de junio de cada año “Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia” honrando la memoria de quienes defendieron la libertad y la plena vigencia del Estado de Derecho».

SEÑORA PRESIDENTA.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señora Presidenta: formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado).

SEÑOR MEZZERA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MEZZERA.- Señora Presidenta: he votado este proyecto de ley que ha venido de la Cámara de Representantes, pero lo he hecho con alguna salvedad.

Por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo con el artículo 1.º porque me parece que completa lo que se pretende simbolizar con respecto a esa fecha tan trascendente para el país. También estoy de acuerdo con los artículos 3.º y 4.º, pero no con el artículo 2.º, ya que me merece algunas observaciones.

En primer lugar, como decían, entre otros, los señores Senadores Gallinal y Da Rosa, esto va más allá de las organizaciones relacionadas con el interés nacional, el del Estado y el de todos los ciudadanos. Entonces, si bien el artículo 2.º menciona a la CNT –esto quizás tenga un pecado de origen–, no creo que resulte bueno eliminar la generalización establecida en el artículo 1.º nombrando distintos sectores de la sociedad que, obviamente, no pueden representarla en su totalidad. Así, se habla de los trabajadores uruguayos nucleados en la Convención Nacional de Trabajadores y otras organizaciones, que no se dice cuáles son. También se menciona a los partidos políticos que tuvieron distintas actitudes a partir de sus sectores y que, quizás, no deberían mencionarse en forma genérica. Me parece que eso de alguna manera acota, restringe o deja afuera la actuación general de la ciudadanía en particular, como es el caso de los caceroleos, tal como se mencionó aquí. Creo que de este modo se deja un poco relegados a los más humildes.

Por esa razón, señora Presidenta, he votado el artículo 2.º mencionado con las salvedades que acabo de manifestar.

22) RÉGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: es claro que en la sesión de hoy no se va a poder abarcar el conjunto de los temas que hemos incluido en el Orden del Día. Por esa razón, quiero proponer que luego de que el señor Senador Couriel informe los proyectos de ley que figuran en séptimo y octavo lugar, relativos a Protocolos de integración educativa –en virtud de que no podrá hacerlo en otra oportunidad–, consideremos los puntos que revisten particular urgencia y que hemos colocado al final, porque varios tienen fecha de vencimiento.

Asimismo, propongo que luego de eso retomemos la consideración del Orden del Día tal como estaba establecido y si no llegamos al final, continuemos en la sesión de mañana.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no entendí mal, el señor Senador propone que se consideren los puntos que figuran en séptimo y octavo término del Orden del Día original, pero no me quedó claro qué se propone tratar posteriormente.

SEÑOR RUBIO.- Debíamos considerar la prórroga del seguro de paro de los exfuncionarios de Pluna, las venias para la integración de la Dirección General de Meteorología, los ascensos a Coronel de la Fuerza Aérea y algún otro punto más que no tengo presente en este momento.

SEÑORA PRESIDENTA.- Seguramente, el señor Senador Rubio también hace referencia al punto vinculado con la Suprema Corte de Justicia, que fue planteado por el señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR RUBIO.- Así es, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- En definitiva, se trata de seis puntos que incluyen todos los temas mencionados.

SEÑOR RUBIO.- Mi propuesta tiene como finalidad evitar que se generen problemas con las mayorías parlamentarias.

Asimismo, propongo que también se incluya en esa nómina la venia de destitución solicitada por el Poder Ejecutivo, ya que también tiene un plazo de vencimiento.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si la Mesa entendió bien, el señor Senador propone tratar los puntos séptimo y octavo, y luego pasar a los proyectos cuya urgencia fue votada, lo que va a suponer la prórroga de la sesión.

SEÑOR RUBIO.- Entonces, señora Presidenta, además propongo la prórroga de la sesión hasta concluir con el tratamiento de este conjunto de puntos, incluida la venia de destitución.

SEÑORA PRESIDENTA.- En resumen, lo que se propone es considerar los puntos séptimo y octavo del Orden del Día; posteriormente los seis puntos incluidos por este Senado; y, por último, tratar el décimo punto, que refiere a las venias, dejando los demás asuntos para la sesión del día de mañana.

Se va a votar la propuesta del señor Senador Rubio.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

23) PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE POSGRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para Formación de Recursos Humanos a nivel de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002. (Carp. n.º 961/2012 – Rep. n.º 1043/2014)».

(Antecedentes:)

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de
Asuntos Internacionales

Informe:

Basados en los principios, fines y objetivos presentes en el Tratado de Asunción y en el Protocolo de Ouro Preto, es que los Estados Parte han acordado suscribir a los presentes protocolos, considerándolos como importantes herramientas para la educación superior.

La misma esgrime un rol central en lo que se refiere al proceso de integración regional ya que el intercambio y la cooperación entre las instituciones de educación superior son un camino excelente en lo que se refiere al mejoramiento de la formación y la capacitación científica, tecnológica, humanística y cultural en pro de la modernización de los Estados Parte.

El día de hoy exige a la región un desarrollo ágil en las áreas científica y tecnológica para responder con excelencia a las demandas y desafíos impuestos por la realidad social y económica de toda América Latina.

Los presentes protocolos llevan más de diez años suscritos y por tratarse de un área, como la educativa, que solo impulsa al desarrollo y al mejoramiento de los cursos más especializados de la educación superior es que recomendamos al Cuerpo su pronta aprobación.

Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2013.

Alberto Couriel, miembro informante; Carlos Baráibar, Roberto Conde, Jorge Larrañaga, Eduardo Mezzera, Ope Pasquet, Enrique Rubio. Senadores.

ACTA n.º 82

En Montevideo, el día tres de octubre de dos mil trece, a la hora diecisiete y cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Carlos Baráibar, Roberto Conde, Alberto Couriel, Jorge Larrañaga, Eduardo Mezzera, Ope Pasquet y Enrique Rubio.

Faltan con aviso los señores Senadores Gustavo Penadés y Rafael Michelini.

Preside el señor Senador Ope Pasquet, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría la señora María Victoria Lumaca, Prosecretaria.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido n.º 2341/2013, y forma parte de la presente.

Asuntos entrados:

– CARPETA n.º 1304/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Representante Permanente de la República ante la Organización de las Naciones Unidas al licenciado Gonzalo Koncke Pizzorno (Distribuido n.º 2384/2013).

– CARPETA n.º 1308/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de Finlandia, al señor Pablo Sader (Distribuido n.º 2400/2013).

– CARPETA n.º 1313/2013. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República Italiana, al señor Alberto Breccia (Distribuido n.º 2999/2013).

– CARPETA n.º 1259/2013. Por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay para la Recuperación de Bienes Culturales y otros Específicos Robados, Importados o Exportados Ilícitamente, firmado en Asunción, República del Paraguay, el 29 de junio de 2011 - Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.º 2276/2013).

– CARPETA n.º 1264/2013. Por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica - Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 2277/2013).

– CARPETA n.º 1266/2013. Por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República de Serbia sobre Cooperación en Materia Veterinaria, suscrito en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 20 de setiembre de 2011 - Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 2278/2013).

– CARPETA n.º 1271/2013. Por el que se aprueba la Decisión WT/L/641, de 6 de diciembre de 2005, del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio por la cual se enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.º 2279/2013).

– Nota del Rector de la Universidad de la República en respuesta a lo solicitado por la Comisión informando que la UdelaR expresa su acuerdo con el texto del Proyecto de ley de Admisión de Títulos y Grados Universitarios para el ejercicio de Actividades Académicas en los Estados Partes del Mercosur, proyecto ya informado a estudio de la Comisión.

Asuntos tratados:

– Carpeta n.º 961/2012 PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL DE POSGRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2002. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido n.º 1668/2012).

Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Alberto Couriel, quien lo hará en forma escrita.

– Carpeta n.º 962/2012. PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA LA PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTE DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EL 5 DE DICIEMBRE DE 2002. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido 1669/2012).

Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Alberto Couriel, quien lo hará en forma escrita.

– Carpeta n.º 1022/2012. ACUERDO DE ADMISIÓN DE TÍTULOS Y GRADOS UNIVERSITARIOS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 1724/2012).

Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Roberto Conde, quien lo hará en forma escrita.

– Carpeta n.º 1235/2013. ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN DEL CAMBIO GLOBAL (IAI) RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS Y OPERACIONES INTEGRADAS DEL IAI. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido n.º 2180/2013).

Se considera y aprueba el proyecto de ley. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Jorge Larrañaga, quien lo hará en forma escrita.

Resolución:

Invitar a los señores Alberto Breccia, Gonzalo Koncke y Pablo Sader, propuestos por el Poder Ejecutivo para designarlos Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la República, a la próxima reunión que realice la Comisión, a efectos de informar sobre los lineamientos de trabajo a realizar en los destinos a los que fueron propuestos.

– A la hora diecisiete y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Prosecretaria de la Comisión.

Ope Pasquet, Presidente; María Victoria Lumaca, Prosecretaria».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señora Presidenta: voy a informar en forma conjunta los proyectos que corresponden a los puntos séptimo y octavo del Orden del Día.

Estos proyectos de ley fueron analizados por la Comisión de Asuntos Internacionales y aprobados por unanimidad pero, de acuerdo con lo establecido por el artículo 202 de la Constitución, requerían un informe de la Universidad de la República, que hemos recibido recientemente. Como se trata de dos temas que tienen una fundamentación global de carácter similar, si la señora Presidenta no tiene inconvenientes, voy a fundamentar ambos proyectos de ley por los que se aprueban estos Protocolos entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia.

El primer proyecto tiene que ver con el Protocolo de Integración Educativa para Formación de Recursos Humanos a nivel de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la Republica de Bolivia. En su fundamentación se plantea que la educación tiene que desempeñar un papel fundamental en el proceso de integración regional, que es muy importante el intercambio y la cooperación para mejorar la formación y la capacitación científica, tecnológica y cultural y que también es muy importante la promoción del desarrollo armónico y dinámico de la región en los campos científico y tecnológico.

Todos sabemos que estamos viviendo en el mundo del conocimiento y que a los países les interesa exportar contenido tecnológico, pero para que haya contenido tecnológico debe haber innovación; para que exista innovación debe haber investigación científica; y para que haya investigación científica debe haber avances sustantivos en la Educación Superior.

El artículo primero de este Protocolo plantea los objetivos: la formación y el perfeccionamiento de docentes universitarios e investigadores, la creación de un sistema de intercambio, y el intercambio de informaciones científicas y tecnológicas de documentación especializada y de publicaciones.

El artículo segundo refiere a la cooperación entre grupos de investigación y enseñanza que, bilateral o multilateralmente, se encuentren trabajando en proyectos comunes de investigación; a la consolidación de núcleos avanzados de desarrollo científico y tecnológico; a los esfuerzos de adaptación de programas de posgrado ya existentes en la región, tendientes a una formación comparable o equivalente entre los países; y a la implantación de cursos de especialización en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo de la región.

Además, en este Protocolo se establece que los Estados Partes se esforzarán para garantizar los recursos financieros necesarios para la implementación de los proyectos, buscando obtener, asimismo, el apoyo de organismos internacionales. También se expresa que las controversias que surjan serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas.

Es cuanto teníamos que decir respecto del Protocolo de Integración Educativa para Formación de Recursos Humanos a nivel de posgrado.

El punto octavo del Orden del Día refiere al Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Posgrado en las universidades de los Estados Partes del Mercosur y de la República de Bolivia. La fundamentación global del Poder Ejecutivo es exactamente la misma que para el proyecto que recién informé.

El artículo primero del Protocolo plantea la necesidad de reconocer los títulos universitarios de grado otorgados por las universidades reconocidas de cada país, al solo efecto de la prosecución de estudios de posgrado.

El artículo segundo establece que se consideran títulos de grado aquellos obtenidos en los cursos que tienen un mínimo de cuatro años o dos mil setecientas horas cursadas.

Por su parte, el artículo tercero establece que el ingreso de alumnos extranjeros en los cursos de posgrado se regirá por los mismos requisitos de admisión aplicados por las instituciones de Educación Superior a los estudiantes nacionales.

Básicamente, estos son los elementos centrales de los dos Protocolos, uno de formación de recursos humanos en posgrados y otro para la prosecución de estudios de posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADÉS.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura de todos los artículos de los proyectos que restan por considerar de la sesión de hoy.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

–20 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

24) PROTOCOLO DE INTEGRACIÓN EDUCATIVA PARA LA PROSECUCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO ENTRE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR Y LA REPÚBLICA DE BOLIVIA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Integración Educativa para la Prosecución de Estudios de Posgrado entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia, suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 5 de diciembre de 2002 (Carp. n.º 962 /2012 – Rep. n.º 1044/2014)».

(Antecedentes:)

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SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señora Presidenta: ya informé este proyecto junto con el punto anterior.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

En consideración el artículo único del proyecto de ley.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

25) EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA PLUNA S.A.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el primer asunto cuya urgencia fue votada: «Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por ciento ochenta días, el subsidio por desempleo a los extrabajadores de la Empresa Pluna S.A. (Carp. n.º 1495/2014)».

(Antecedentes:)

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SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Tajam.

SEÑOR TAJAM.- Señora Presidenta: este es un proyecto de ley por el que prorroga por ciento ochenta días el subsidio por desempleo a los extrabajadores de Pluna S.A.

En julio de 2012, cuando se cierra la empresa, los trabajadores comenzaron a recorrer un difícil camino para preservar sus fuentes laborales primero y, luego, organizar una nueva empresa, en forma cooperativa, denominada Alas-U, a efectos de brindar parte de los servicios que antes ofrecía Pluna y, también, de que fuera sustento de los que quedaron. En aquel momento creo que había casi 900 trabajadores en la empresa y ahora hay 250 en este emprendimiento, que fue sorteando distintas etapas. Claramente se fue constituyendo en una empresa viable y obtuvo el apoyo financiero del Fondes –Fondo de Desarrollo–, que ya tiene previsto un préstamo de US$ 15:000.000 destinado a la propuesta de los trabajadores, consistente en el arrendamiento de tres aeronaves para cubrir buena parte de aquellas frecuencias pertenecientes a Pluna, que desde el 2012 había reservado el Estado uruguayo, una parte de las cuales cumple hoy la empresa BQB.

El Fondo de Asistencia Técnica del Fondes (Fondat) adelantó US$ 150.000 a los trabajadores para que armaran el proyecto. Tenían un plazo máximo de 60 días para hacerlo y cumplieron con ese requisito. Por tanto, este emprendimiento va por buen camino y ahora se aboca a las instancias finales: el reconocimiento de la Dinacia y el arrendamiento de esas aeronaves.

Por tal motivo, los trabajadores necesitan esta prórroga hasta octubre de este año porque, justamente, en esa fecha se cumplen los plazos previstos para la autorización y así podrán comenzar a trabajar.

No está de más decir que de acuerdo con declaraciones de los extrabajadores de Pluna se hizo un balance financiero del proyecto según el cual se recuperan los US$ 15:000.000 que se adelantarían para iniciar el emprendimiento, ya sea por la vía de los impuestos que pagarían los trabajadores y la empresa en esa actividad aeronáutica, como por el ingreso de divisas que ello significaría. Todos estos datos fueron entregados al Fondes y sustentan el apoyo que les brinda este Fondo.

En función de lo expuesto, solicitamos al Senado la aprobación del proyecto de ley que cuenta con dos artículos: el artículo 1.º, que faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 días, el subsidio por desempleo de los extrabajadores de la empresa Pluna; y el artículo 2.º, que se remite a los artículos 7.º y 10 en la redacción dada por la Ley n.º 18399, de 2008, que tiene que ver con beneficios de este tipo.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señora Presidenta: luego de leer la exposición de motivos y de escuchar al señor miembro informante, quiero recordar que los distintos aspectos de este tema fueron ampliamente debatidos en este ámbito. Creo que esta es la cuarta oportunidad en que prorrogamos este seguro de paro, que comenzó el 5 de julio de 2012, hace casi dos años. Luego se sancionó –exclusivamente con los votos del oficialismo– la Ley n.º 18931, cuyos artículos 1.º, 2.º y 3.º fueron declarados inconstitucionales, porque lo eran manifiestamente y así lo expresamos con énfasis y convicción en la oportunidad correspondiente.

Me gustaría saber cuánto viene costando este seguro de desempleo porque, como dije, esta es la cuarta prórroga. Se ha hecho costumbre que cada vez que se prorroga un seguro de desempleo –ha sucedido con varias empresas–, nunca se menciona su costo. Es importante saberlo antes de aprobar este tipo de normas porque esto se hace con recursos de toda la sociedad uruguaya, sin perjuicio de comprender las situaciones humanas que viven esos 250 trabajadores.

El miembro informante decía, con razón, que cuando se cerró abruptamente Pluna Sociedad Anónima había 900 trabajadores; ahora solo quedan 250 gozando del beneficio del seguro de desempleo, pero los 650 restantes tuvieron suertes muy diversas, que por supuesto no están protegidas por esta disposición del seguro de desempleo. Muchos de ellos tuvieron que irse a trabajar al exterior y otros están en Argentina, Brasil, Chile e incluso aquí haciendo juicios contra el Estado uruguayo.

Se presentaron créditos laborales contra la masa concursal, pero también contra los Ministerios de Economía y Finanzas y de Transporte y Obras Públicas por montos varias veces millonarios en dólares, todo como consecuencia del proceso que se inició con esta ley. Ahora se dice que el seguro de desempleo se otorga en función del proyecto de crear la nueva aerolínea Alas-U.

Cuando se aprobó la ley, se creó un Fondo de Adelanto de Créditos Laborales de Pluna S.A. para pagar los despidos que se tomaban a cuenta del seguro de desempleo. Se aseguraba a los trabajadores que durante seis meses iban a ganar lo mismo que si estuvieran en actividad, complementando el seguro de desempleo, y que eso iba a ir a cuenta del despido, según su artículo 9.º, que nosotros votamos. Creo que eso costó alrededor US$ 8:000.000 o US$ 9:000.000. Los seguros de desempleo deben haber costado unos cuantos millones de dólares más, lo que se suma a las cuantiosas pérdidas que generó el cierre de Pluna a la sociedad uruguaya.

La ley decía en una primera instancia que los empleados iban a trabajar en la empresa que adquiriera los aviones en la subasta, aquella ridícula subasta de la que todos fuimos testigos. Los señores Senadores recordarán que quien tomaba la oferta al alza tenía la obligación de quedarse con determinado número de trabajadores; pero, por supuesto, después eso se fue por un oscuro caño y terminó como todos sabemos: con causas penales y procesamientos como consecuencia de varias de las operaciones realizadas en el mismo acto de la subasta. Por ejemplo, la concesión del famoso aval terminó con dos procesamientos sin prisión por el delito de abuso de funciones.

Luego –antes de que la ley fuera declarada inconstitucional– se pergeñó una solución: se iban a enajenar los siete aviones Bombardier a los trabajadores de Pluna, con los que iban a volar. ¡Otra vez un propósito que no fructificó! La ley fue declarada inconstitucional, los aviones salieron del fideicomiso y fueron a la masa concursal, y siguen tirados en el aeropuerto de Carrasco hace dos años. El mantenimiento de estos siete aviones Bombardier debe haber costado unos US$ 20:000.000, pero estas aeronaves ya son historia para los extrabajadores de Pluna. Ahora es la empresa cooperativa Alas-U, no con los siete Bombardier, sino con tres aviones que serán arrendados, y tanto el giro comercial como los diversos costos del nuevo emprendimiento serán financiados con un préstamo de hasta US$ 15:000.000 que dará el Fondes. Bueno, ¡pero ya ha pasado un tiempo más que prudencial para que eso se concrete y sigue sin hacerse!

En la Comisión de Transporte y Obras Públicas recibimos –creo que en el mes de marzo de este año– a los extrabajadores de Pluna, al Brigadier General Aviador (R) Daniel Olmedo, Gerente financiero de todo esto, y a algunos asesores, quienes nos dijeron que era imprescindible comenzar en abril con las aprobaciones y la concesión del préstamo, porque el trámite ante la Dinacia –como se reconoce en la exposición de motivos– demora mucho tiempo.

Creo que esta propuesta ya se presentó con los aviones Bombardier, pero fue rebotada porque dijeron que no tenían solvencia económico-financiera y que la sociedad no estaba terminada. ¡Seguimos con esta historia y todavía no se concreta! Lo único que se les dio –como se dice en la exposición de motivos– fue una primera partida de US$ 115.000 –aunque el miembro informante habla de US$ 150.000– destinada al comienzo del proceso, estableciendo la necesidad de presentar el contrato de arrendamiento, cosa que ya se hizo.

Reitero que los trabajadores dijeron que esto tenía que estar aprobado en abril; hoy es 6 de mayo y, por lo visto, seguimos en veremos, marcando lo que ha sido una constante de este proceso en cuanto a errores, torpezas infinitas, marchas, contramarchas y pérdidas cuantiosas. Espero que esto no culmine de esa manera.

De todos modos, haciendo gala de una enorme generosidad de espíritu, y por tratarse de trabajadores, vamos a votar afirmativamente la solicitud de prórroga, aunque advertimos que se han sucedido otras por diferentes proyectos, y todos fracasaron. Esperemos que este nuevo proyecto, financiado con recursos del Fondes, no termine en una nueva frustración, porque 650 trabajadores de la ex-Pluna no han tenido una solución por la vía del seguro de desempleo o de la ayuda del Estado uruguayo y han tenido que buscar otros horizontes o están litigando contra el Estado. Quizás, algunos de estos trabajadores también hayan presentado juicios contra el Estado uruguayo. Como podrán recordar, cuando se inició este proceso se planteó que había trabajadores que tenían reclamaciones millonarias contra el Estado y, a la vez, proyectaban la constitución y el emprendimiento de una nueva aerolínea, lo que fue duramente cuestionado en su momento. Espero que no estemos ante la misma situación, es decir, votándoles el seguro de desempleo mientras están iniciando nuevos juicios contra el Estado, que seguramente tendrá que abonar esas reparaciones.

Hoy leíamos en la prensa que en el concurso hay créditos por US$ 170:000.000, ni más ni menos, y que algunos están fuera del concurso porque tienen garantía soberana del Estado uruguayo. Es el caso del Scotiabank, que está fuera de competencia, cobra por fuera y no está dentro de los US$ 170:000.000 del concurso.

Espero que dentro de seis meses –aunque el período ya se está terminando– no estemos considerando una nueva historia oficial que nunca termina de concretarse y de cumplirse. En lo personal, espero que al menos esta vez se pueda concretar este proyecto y que tenga el fundamento económico-financiero que dé una cobertura real de trabajo a estos 250 trabajadores.

Luego de hacer estas salvedades y un pequeño resumen de esta historia de desaciertos, irregularidades e ilicitudes, adelanto que de cualquier manera vamos a votar la prórroga del seguro de desempleo por seis meses más para estos trabajadores y espero –reitero– que no tengamos que considerar nuevamente este tema.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Muy bien, señor Senador!

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: he votado afirmativamente porque creo que esta va a ser la última prórroga que tengamos que considerar, en la medida en que se ha presentado un proyecto que, a mi juicio, es solvente, y que la concesión del préstamo de respaldo estatal es inminente, según la información de que disponemos.

En consecuencia, me parece que dentro de este período comenzarán a volar los aviones de este nuevo emprendimiento. Además, entiendo que frente al volumen de lo que había, se ha logrado una disminución importante del costo que ha generado lo que, sin duda, ha sido un mal negocio en su conjunto.

Es lo que queríamos expresar.

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión particular.

En consideración el artículo 1.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–23 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 2.º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–22 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes para su consideración.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado).

SEÑOR NIN NOVOA.- Pido la palabra para dejar una constancia.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de que me retiré de Sala durante el tratamiento de este asunto porque tengo una hija que es azafata y beneficiaria de este proyecto de ley. Si bien lo apoyo, no lo voté por razones obvias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Gracias, señor Senador.

26) INGENIERO GABRIEL JORGE PISCIOTTANO JALABERT. DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar otro de los asuntos cuya urgencia fue votada: «Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología, en calidad de Presidente, al ingeniero Gabriel Jorge Pisciottano Jalabert. (Carp. n.º 1477/2014 - Rep. n.º 1030/2014)».

(Antecedentes:)

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SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: el ingeniero Gabriel Jorge Pisciottano Jalabert es un profesional de amplia formación, conocido en el ámbito académico y fuera de él. Es ingeniero industrial mecánico y tiene un diploma en Economía, así como una vasta actuación en materia de enseñanza, investigación y extensión. Gran parte de ella ha estado concentrada en asuntos directamente vinculados con la nueva función que el Poder Ejecutivo propone que asuma, es decir, como Presidente del Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología.

Desde 2011, el ingeniero Pisciottano ha desempeñado la función de Director del Instituto de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería y ha desarrollado actividades en las más diversas áreas, relativas a cuestiones ambientales, industriales y mecánica de fluidos.

Creo que la persona propuesta por el Poder Ejecutivo es muy solvente. Esperamos que esta nueva institución comience a andar y que con este nuevo formato logre superar los problemas del pasado.

Es todo lo que quería expresar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología en calidad de Presidente, al ingeniero Gabriel Jorge Pisciottano Jalabert».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–22 en 25. Afirmativa.

Se hará la comunicación pertinente.

27) CORONEL (MET.) RAÚL LÁZARO GARCÍA IGORRA. DESIGNACIÓN COMO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada oportunamente: «Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología, en calidad de Vicepresidente, al Coronel Raúl Lázaro García Igorra».

(Antecedentes:)

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SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señora Presidenta: el Instituto Uruguayo de Meteorología necesita urgentemente estas designaciones para empezar a funcionar. Precisamente, la ley que lo creó establece un plazo para que se comience a integrar su Directorio, así como también un lapso de 180 días para aprobar su Reglamento general y un año para hacer lo propio con el Estatuto de los funcionarios.

En realidad, se fijó un cuórum mínimo de dos integrantes para que el Directorio pueda funcionar, por lo que, de aprobarse esta segunda venia, el Instituto podría empezar ya su proceso de constitución como servicio descentralizado.

El Coronel Raúl Lázaro García es un profesional de la Fuerza Aérea que tiene estudios en meteorología aeronáutica, en particular, y ha realizado seminarios sobre enseñanza y formación profesional en meteorología en Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Además, ha tomado cursos de analista programador, por lo cual maneja convenientemente todo lo referido a la meteorología aeronáutica y la programación informática, temas que hoy son esenciales para el desarrollo de estas disciplinas.

Cabe destacar que este Coronel ha asumido distintas responsabilidades: ha desempeñado diversos cargos y ha desarrollado una actividad profesional muy ligada a la meteorología aérea. Asimismo, ha realizado una cantidad de estudios sobre dicha área como, por ejemplo, los cursos de Estado Mayor, de Formación de Tutores de la Facultad de Educación a Distancia –hechos en Argentina–, de Comando y Defensa Nacional, Seminarios sobre Seguridad y Defensa, etcétera.

En definitiva, tiene una larguísima actividad profesional vinculada a su carrera militar, específicamente en relación con la meteorología. A ello hay que agregar que también tiene experiencia docente en estas áreas, tanto en la Escuela de Meteorología del Uruguay y en el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico, como en el Instituto Universitario Aeronáutico de Argentina.

Como decía anteriormente, con estas designaciones el Inumet podrá comenzar su construcción como servicio descentralizado, vinculado con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Uno podría pensar que esto era una unidad ejecutora del Ministerio de Defensa Nacional y ahora comienza a construirse como servicio descentralizado en otro lugar de la institucionalidad del Estado. En los hechos, el currículo y las características del Coronel Raúl Lázaro García permitirán unir la experiencia institucional de la vieja Dirección Nacional de Meteorología, donde él se desempeñó, con la nueva construcción de este Instituto; además hay que tener en cuenta los componentes de su conocimiento y de su práctica profesional, todo lo que lo hace competente para desempeñar el cargo de Vicepresidente.

Por estas razones solicitamos que se le otorgue la venia para integrar el Instituto Uruguayo de Meteorología.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar en el Directorio del Instituto Uruguayo de Meteorología en calidad de Vicepresidente, al Coronel (Met.) Raúl Lázaro GARCÍA IGORRA».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–23 en 24. Afirmativa.

Se hará la comunicación pertinente.

28) COMPETENCIA DEL JUEZ DE EJECUCIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada oportunamente: «Proyecto de ley por el que se sustituye el texto del artículo 322 del Código del Proceso Penal, relativo a la competencia del Juez de Ejecución. (Carp. n.º 1465)».

(Antecedentes:)

«Carp. n.º 1465/2014

CÁMARA DE SENADORES

Proyecto de ley

Artículo único.- Sustitúyese el artículo 322 de la Ley n.º 15032, de 7 de julio de 1980, por el siguiente:“ARTÍCULO 322. (Competencia del Juez de Ejecución).- En el Departamento de Montevideo, el proceso de la ejecución penal será competencia de uno, o más Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal de Ejecución, según lo determine la Suprema Corte de Justicia.

En los Departamentos del Interior, actuarán como Jueces de Ejecución de la sentencia, los de Primera Instancia que la hubieran dictado cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse dentro de la circunscripción de su competencia.

Cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse en lugar diferente, la función la ejercerá el Juez de igual jerarquía de ese lugar que esté de turno a la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada, con excepción de los expedientes en que haya reclusos a disposición de las sedes contempladas en el inciso primero.

Cuando las funciones de Juez de sentencia y de Juez de ejecución no coincidieren, una vez liquidada la pena o resuelta la libertad condicional si correspondiera, el expediente será remitido de acuerdo con los incisos anteriores.

Eber Da Rosa, Antonio Gallicchio, Oscar López Goldaracena, Carlos Moreira, Ope Pasquet, Luis Rosadilla. Senadores.

Exposición de motivos

Los Senadores firmantes hacen suyo el proyecto presentado por la Suprema Corte de Justicia que en su exposición de motivos expresa lo siguiente:

(Competencia del Juez de Ejecución).

Considerando la “Misión del Poder Judicial” de “Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de los individuos conforme al ordenamiento jurídico, y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho”, la Suprema Corte de Justicia remite el anteproyecto de reforma del artículo 322 del Código del Proceso Penal. Se establece la competencia del Juez de Ejecución, en el entendido de que redundará en el mejor cumplimiento del precepto legal contenido en el artículo 315 del citado cuerpo normativo.

Contexto

Indudablemente reviste un particular interés el desarrollo de la actividad procesal de ejecución, que comprende los actos destinados a promover el cumplimiento de las condenas penales y el trámite y la decisión de las cuestiones sobrevinientes, relativas a las penas y a las medidas de seguridad.

En efecto, la innegable relevancia social del proceso de ejecución penal, vinculado al desenvolvimiento de los derechos humanos, se aprecia en los cometidos legalmente establecidos, que comprenden la vigilancia de los expedientes respectivos, concurrencia a los establecimientos carcelarios, realización de inspecciones toda vez que se considere oportuno, procurando que en ningún caso las cárceles sirvan para mortificar y sí solo para asegurar a los penados, persiguiendo su reeducación, su aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito (artículo 26 de la Constitución de la República y artículos 316 y 317 del Código del Proceso Penal).

Asimismo, el compromiso asumido por el Estado uruguayo ante la comunidad internacional, de garantizar y velar por el respeto de los derechos humanos de todos los habitantes, que comprende la tutela de quienes están privados de libertad o sujetos a medidas restrictivas, amerita la creación de la Magistratura de Ejecución Penal.

Prestigiosa doctrina especializada en la materia ha expresado: «El derecho de la ejecución es un orden no solo normativista, ya que trabaja en función de normas jurídicas y de un orden jurídico positivo, sino que pertenece también al mundo de la cultura, en cuanto es valorativo, porque su personaje central es el hombre condenado o asegurado...» (Prólogo del Dr. Milton Cairoli Martínez en página XIX de Derecho Penal de la Ejecución de Gilberto C. Rodríguez. Olivar, Ed. La Ley Uruguay).

La creciente complejidad de la ejecución penal y la crisis del sistema penitenciario requieren una justicia especializada en ejecución, evitando una superposición inconveniente de funciones que actualmente cumplen los Jueces Letrados de 1.ª Instancia en lo Penal de Montevideo.

El alto número de personas privadas de libertad en establecimientos carcelarios en el departamento de Montevideo, hace necesaria una atención especializada por un Magistrado dedicado exclusivamente a dicho cometido, procurando optimizar el cumplimiento de los artículos 7.°, 26 y 72 de la Constitución de la República, artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, artículo 5.° de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 4.° y 16 de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de diciembre de 1988, que aprobó el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión.

En el ámbito del Poder Judicial, mediante la Acordada n.° 7257, de 6 abril de 1995, la Suprema Corte de Justicia instituyó en Montevideo la Defensoría de Ejecución Penal, sobre la base del Servicio de Asistencia al Penado.

Se ha producido una progresiva evolución en la legislación nacional, que regula diversos institutos, tales como el régimen vigente de salidas transitorias, las medidas alternativas a la pena de reclusión, la modificación del régimen de suspensión condicional de la pena, el beneficio de la redención de la pena por trabajo o estudio, la prisión domiciliaria, la eventual sustitución del reintegro a la cárcel en caso de negativa de la libertad condicional por la aplicación de «día-multa», que torna más compleja y requiere mayor especialización y dedicación del Juez encargado de la ejecución.

El inciso 3.° del texto proyectado, contempla la situación de los reclusos a disposición de los Juzgados de la Capital, que estén alojados en cárceles del interior de la República.

Esta modificación además, se inscribe en la tendencia recogida en el Proyecto de Código de Procedimiento Penal a estudio en el Parlamento nacional.

Finalmente, cabe mencionar además que esta reforma se implementará con recursos presupuestales genuinos del Poder Judicial, sin erogación adicional alguna, dado que la creación de nuevos cargos sería mediante el mecanismo de transformación (artículo 473 de la Ley n.° 16170, de 28 de diciembre de 1990).

Eber Da Rosa, Antonio Gallicchio, Oscar López Goldaracena, Carlos Moreira, Ope Pasquet, Luis Rosadilla. Senadores».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señora Presidenta: este proyecto de ley lleva la firma de todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación, y responde a una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia, que hizo llegar el texto del anteproyecto de ley y la correspondiente exposición de motivos al seno de la Comisión.

Lo que se dispone por este proyecto de ley es la modificación del artículo 322 del Decreto Ley n.º 15032, es decir, del actual Código del Proceso Penal. Dicha modificación se establece para introducir la figura del Juez de Ejecución Penal.

Actualmente, como sabemos, la ejecución –es decir, lo que tiene que ver con el cumplimiento de las penas– es de resorte de los Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal. La doctrina recomienda que exista una jurisdicción especializada, la Justicia de Ejecución, para atender específicamente todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las penas, materia que, a través de la evolución histórica, se ha ido haciendo cada vez más compleja en virtud de la existencia de institutos tales como el régimen de salidas transitorias, las medidas alternativas a la pena de reclusión, la modificación del régimen de suspensión condicional de la pena, el beneficio de la redención de la pena por trabajo o estudio, la prisión domiciliaria, la eventual sustitución del reintegro a la cárcel en caso de negativa y la libertad condicional por la aplicación del día-multa, etcétera. Como decía, se trata de una serie de institutos que han ido haciendo compleja la ejecución de las penas impuestas por las sentencias de condena. Además, mientras el penado cumple la pena que le fue impuesta, pueden plantearse situaciones que lo pongan en conflicto o en entredicho con la autoridad carcelaria, por lo que siempre es bueno que exista la figura del Juez –en lo posible, de un Juez especializado– para controlar que las penas se cumplan respetando los derechos que el penado no deja de tener por serlo.

La Suprema Corte de Justicia, con buen criterio, quiere avanzar por este camino, confiando la ejecución penal, en el departamento de Montevideo, a uno o más Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal de Ejecución. De esta manera, se adelanta a lo que es el criterio del proyecto de ley del Código del Proceso Penal que está actualmente a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de este Cuerpo, que precisamente crea la figura de los Jueces Letrados de Ejecución en todo el territorio de la República.

De modo que, como dije antes, la Suprema Corte de Justicia se adelanta y crea esta figura en el departamento de Montevideo. Y en los incisos segundo y tercero de este artículo sustitutivo se proponen criterios de asignación de competencias en los departamentos del interior.

Finalmente –lo que es muy importante–, se aclara expresamente que la puesta en práctica de esta iniciativa no demandará erogación alguna, porque este organismo tiene facultades asignadas por ley para transformar oficinas. Por lo tanto, a uno de los Juzgados Penales ya existentes se le transformará en Juzgado de Ejecución Penal.

De manera que esto no demanda gastos, no significa mayores erogaciones, y es un paso adelante que va a dar el Poder Judicial, preparándose para que, una vez que entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, existan Juzgados Letrados de Ejecución Penal en todo el territorio. El Juzgado de Ejecución Penal que empezará a funcionar en el departamento de Montevideo será, pues, un adelantado en este sentido.

No está de más acotar que existe ya una Defensoría de Ejecución Penal, cuya creación fue dispuesta por la Suprema Corte de Justicia en el año 1995, si mal no recuerdo. Existe el Defensor en la etapa de Ejecución y se crea ahora el Juzgado de Ejecución. Este Juzgado piloto –por así decirlo– es la avanzada de lo que vendrá después, cuando entre en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal.

Por lo tanto, la Comisión de Constitución y Legislación, por unanimidad, recomienda al Senado la aprobación de este proyecto de ley.

Es cuanto quería expresar.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Señora Presidenta: el informe del señor Senador Pasquet ha sido exhaustivo y lo comparto íntegramente, pero quiero aportar un elemento que me parece fundamental para cuando entre en vigencia una reforma más sustancial de la materia de Ejecución con el nuevo Código del Proceso Penal. Me refiero a la incorporación que se propone en el artículo único del proyecto de ley que vamos a votar, por el que los Juzgados Letrados de Montevideo en materia de Ejecución van a tener competencia respecto de las causas de penados que estén cumpliendo su condena en establecimientos ubicados fuera del departamento de Montevideo. Esto se había advertido en su momento en la Comisión de Constitución y Legislación y estaba siendo contemplado en el debate sobre la reforma del Código del Proceso Penal, pero la Suprema Corte de Justicia se adelanta a ese debate, que de alguna manera comparte –todos esos artículos del Código del Proceso Penal fueron puestos en su conocimiento– y nos envía esta propuesta.

O sea que saludamos con beneplácito la iniciativa en este sentido, porque en el caso de aquellos detenidos que eran trasladados de Montevideo hacia el interior, por ejemplo al Penal de Libertad, los Juzgados Letrados de Montevideo dejaban de tener competencia y pasaban a tenerla los de Libertad. De esta forma va a existir un Juzgado especializado en Montevideo que tendrá competencia en el caso de los penados que se encuentren en los establecimientos situados fuera de Montevideo, siempre y cuando las causas correspondan al Juez de Montevideo.

Por otra parte, es importante tener presente que esto no altera el régimen de competencia de los Juzgados. ¿Por qué? Porque existen institutos –a los que muy bien se refirió el señor Senador Pasquet–, como la concesión de determinadas libertades anticipadas, que hoy día son competencia, incluso, de la propia Suprema Corte de Justicia o del Director del establecimiento carcelario, competente para recibir las solicitudes de libertad.

De modo que, reitero, no se altera el régimen de competencias. Lo que aquí se propone es un escalón para este período de transición –desde ahora hasta el año 2016– cuando, ¡ojalá!, tengamos vigente el Código del Proceso Penal.

Eran las dos observaciones que quería hacer.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- En este momento me asalta una duda con respecto a la redacción.

El artículo único del proyecto de ley que consideró la Comisión decía: «Sustitúyese el artículo 322 de la Ley n.º 15032, de 7 de julio de 1980, por el siguiente». Se advirtió que debía introducirse una modificación porque, en realidad, se trata del Decreto Ley n.º 15032, y entonces se elaboró un texto sustitutivo. Honestamente, en este momento no tengo presente si lo que se repartió aquí fue el texto sustitutivo con la redacción correcta, es decir, la que hace referencia al «Decreto Ley n.º 15032», o el proyecto original, que menciona la «Ley n.º 15032», en cuyo caso habría que introducir la mencionada modificación.

SEÑORA PRESIDENTA.- El texto que fue repartido para consideración del Cuerpo hace referencia a la «Ley n.º 15032», por lo que, si no hay observaciones por parte de los señores Senadores, se sugiere sustituir esa expresión por «Decreto Ley n.º 15032».

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular. En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar con la modificación propuesta.

(Se vota:)

–25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado).

«ARTÍCULO ÚNICO.- Sustitúyese el artículo 322 del Decreto Ley n.º 15032, de 7 de julio de 1980, por el siguiente:

“ARTÍCULO 322. (Competencia del Juez de Ejecución).- En el departamento de Montevideo, el proceso de la ejecución penal será competencia de uno o más Jueces Letrados de Primera Instancia en lo Penal de Ejecución, según lo determine la Suprema Corte de Justicia.

En los departamentos del interior actuarán como Jueces de Ejecución de la sentencia los de Primera Instancia que la hubieran dictado cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse dentro de la circunscripción de su competencia.

Cuando las penas o medidas de seguridad deban cumplirse en lugar diferente, la función la ejercerá el Juez de igual jerarquía de ese lugar que esté de turno a la fecha en que la sentencia quede ejecutoriada, con excepción de los expedientes en que haya reclusos a disposición de las sedes contempladas en el inciso primero.

Cuando las funciones de Juez de Sentencia y de Juez de Ejecución no coincidieren, una vez liquidada la pena o resuelta la libertad condicional si correspondiera, el expediente será remitido de acuerdo con los incisos anteriores”».

29) PROCEDIMIENTOS REFERENTES A PENADOS EN LIBERTAD CONDICIONAL O ANTICIPADA, O CON SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada oportunamente: «Proyecto de ley por el que se establece la clausura provisoria por parte de los Juzgados y Tribunales penales de los procedimientos referentes a penados en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena. (Carp. n.º 1466)».

(Antecedentes:)

«Carp. n.º 1466/2014

CÁMARA DE SENADORES

Proyecto de ley

Artículo único.- Los procedimientos en trámite a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, que refieren a penados que se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena, serán clausurados provisoriamente por los Juzgados y Tribunales penales. Quedan comprendidos los cúmulos que cuenten con sentencia unificatoria ejecutoriada.

La clausura de los procedimientos quedará sin efecto en caso que el Ministerio Público deduzca oposición dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, por entender –en dictamen fundado– que media interés público prioritario en la continuación de los mismos, estándose a lo que resuelva el Juez de la causa, bajo resolución fundada, previa vista a la defensa, por el término de cinco días hábiles.

La clausura referida precedentemente tendrá carácter definitivo, si el penado no fuera sometido a nuevo procedimiento penal dentro del término de dos años contados desde la fecha en que se dispuso la clausura. En caso contrario, se continuarán los procedimientos provisoriamente clausurados y el Juzgado dispondrá de oficio lo que al estado de los mismos corresponda.

Eber Da Rosa, Antonio Gallicchio, Carlos Moreira, Ope Pasquet, Luis Rosadilla. Senadores.

Exposición de motivos

Los Senadores firmantes hacen suyo el proyecto presentado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia que en su exposición de motivos expresa lo siguiente:

“El Poder Judicial no ha resultado ajeno a las consecuencias del incremento de la cantidad de delitos que se ha venido registrando en las últimas décadas y que ha generado el desborde de la capacidad de los establecimientos de reclusión, debiéndose construir nuevos edificios por parte de las autoridades competentes.

El fenómeno se ha proyectado en el ámbito de la justicia penal, especialmente en los sectores de la ejecución, provocándose una acumulación creciente de expedientes, a la espera del transcurso de los plazos necesarios para llegar a la definitiva finalización de los trámites y acceder al “cierre” de las causas, tan importante para quienes habiendo estado sujetos a un proceso penal, desean reencausarse y obtener alguna forma de subsistencia formal.

El problema incide de manera acentuada en la Oficina de Ejecución de Sentencias Penales, que centraliza la ejecución de la casi totalidad de los juzgados penales de Montevideo, y cuya creación fue precipitada para salvar las carencias de recursos a la entrada en vigencia del actual Código del Proceso Penal, hace ya más de treinta años. Agrava la situación una mayor celeridad operada en el trámite de los procesos penales, lo que determina que las causas llegan en menor tiempo a la etapa de ejecución, todo lo que supera las posibilidades locativas y humanas de que se dispone.

En base a inquietantes informes de la División Inspección se considera necesario abordar una solución que rápidamente contribuya al reordenamiento de la ejecución, desplazando del trámite una gran cantidad de expedientes referidos a personas que se encuentran en libertad provisional o condicional, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y la solución aludida debe tener rango legal por la materia de que se trata.

El proyecto por otra parte, no es novedoso, puesto que se inspira en la Ley n.º 17272, de 24 de octubre de 2001.

Eber Da Rosa, Antonio Gallicchio, Carlos Moreira, Ope Pasquet, Luis Rosadilla. Senadores».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señora Presidenta: este proyecto de ley tiene el mismo origen que el anterior, es decir, nace en la Suprema Corte de Justicia y esta envía el anteproyecto a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, cuyos miembros le dan estado parlamentario y lo elevan al Plenario con informe favorable.

Esta iniciativa dispone la clausura provisoria de ciertos procesos penales: concretamente, aquellos en los cuales los penados se hallaren en libertad condicional o anticipada, o con suspensión condicional de la ejecución de la pena. Es decir que se trata de procesos en los que ha habido sentencia de condena, pero evidentemente condenas leves, dado que se ha dispuesto la libertad condicional o anticipada –esta última cuando ya se ha cumplido un determinado lapso de la pena impuesta–, o la suspensión condicional de la pena. Cuando se verifican estos supuestos, no hay mayores alternativas procesales; el expediente está técnicamente en trámite, pero pueden pasar años sin que tenga movimiento alguno. Aunque parezcan circunstancias materiales menores, la acumulación de esos expedientes genera dificultades en la Oficina de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial. La existencia de todos estos expedientes que no registran movimientos pero que ocupan un lugar en la oficina, constituye una dificultad práctica, pues requieren una mínima atención.

Ante el aumento de causas en esta situación, la Suprema Corte de Justicia propone esta medida, que es de naturaleza administrativa. Se dispone la clausura provisoria de estas causas, en la medida en que no se oponga el Ministerio público –si el Fiscal se opone a esta clausura provisoria, se sustancia la oposición con la defensa y se está a lo que el Juez resuelva–, previendo también la posibilidad de que la persona cometa un nuevo delito, en cuyo caso se revocaría la clausura provisoria y la causa seguiría su trámite.

En definitiva, de ninguna manera hay una afectación de los derechos sustanciales que puedan estar en juego; se da al Ministerio público la posibilidad de oponerse si lo cree del caso, y si la persona comete un nuevo delito se vuelve para atrás, continuando el trámite normalmente. Quiere decir que no hay ninguna concesión graciosa de beneficio alguno; es, simplemente, una medida administrativa para sacar estos expedientes de circulación mientras no se produzca ninguna circunstancia que requiera su atención.

Por estas razones, que nos parecen de evidente interés práctico y en las cuales la Suprema Corte de Justicia ha puesto énfasis porque tiene cierta urgencia en el alivio de la situación por la que está atravesando la Oficina de Ejecución de Sentencias, la Comisión aconseja al Senado la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias, señora Presidenta.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Señora Presidenta: voy a realizar una simple acotación a las palabras pronunciadas por el señor Senador Pasquet. Cuando se dispuso el tratamiento de este proyecto de ley en Comisión, anunciamos que nos íbamos a abstener de participar e incluso de firmar la propuesta de la Suprema Corte de Justicia, porque en ese momento no recordábamos si en el ejercicio particular de la profesión teníamos causas vinculadas al tema. Por esa razón no participamos de la discusión ni acompañamos el proyecto de ley, así como también nos vamos a abstener ahora de participar en este debate y de votar.

Muchas gracias.

(Se retira de Sala el señor Senador López Goldaracena).

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

–22 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

(Ingresa a Sala el señor Senador López Goldaracena).

30) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS AL GRADO DE CORONEL DE LA FUERZA AÉREA A VARIOS SEÑORES TENIENTES CORONELES

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar otro de los asuntos cuya urgencia fue votada oportunamente: «Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2014, a varios señores Tenientes Coroneles. (Carp. n.º 1456)».

(Antecedentes:)

«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de
Defensa Nacional
Proyecto de resolución

Artículo único.- Concédense al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para conferir los ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2012 a los siguientes señores Tenientes Coroneles, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

ESCALAFÓN “A” (AVIADOR)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Tenientes Coroneles (Av.) don Luis E. Fernández, don Leonardo A. Blengini, don Ruben G. Aquines y don Ruben D. Villagra.

ESCALAFÓN “B” (NAVEGANTE)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Teniente Coronel (Nav.) don Fernando P. De León.

ESCALAFÓN “C” (SEGURIDAD TERRESTRE)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Tenientes Coroneles (ST) don Mario P. Silva y don Ruben D. De León.

ESCALAFÓN “D” (ADMINISTRACIÓN Y ABASTECIMIENTO)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Tenientes Coroneles (AA) don Giuseppe Didiano y don Dinor M. Ramírez.

– ESCALAFÓN “H” (SANIDAD AEROESPACIAL)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Teniente Coronel (SA) doña Silvia M. Donato.

Sala de la Comisión, 7 de abril de 2014.

Sergio Abreu, Presidente; Carlos Baráibar, Luis Alberto Lacalle Herrera, Rodolfo Nin Novoa, Luis Rosadilla, Tabaré Viera. Senadores».

SEÑORA PRESIDENTA.- En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Nin Novoa.

SEÑOR NIN NOVOA.- Señora Presidenta: el Poder Ejecutivo se dirige al Cuerpo a fin de solicitar la venia correspondiente para conferir ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2014, por el sistema de antigüedad, aptitudes y suficiencia, a varios Tenientes Coroneles pertenecientes a diversos escalafones: en el Escalafón «A» (Aviador), a los Tenientes Coroneles don Luis E. Fernández, don Leonardo A. Blengini, don Ruben G. Aguines y don Ruben D. Villagra; en el Escalafón «B» (Navegante), al Teniente Coronel don Fernando P. De León; en el Escalafón «C» (Seguridad Terrestre), a los Tenientes Coroneles don Mario P. Silva y don Ruben D. De León; en el Escalafón «D» (Administración y Abastecimiento), a los Tenientes Coroneles don Giuseppe Didiano y don Dinor M. Ramírez; y en el Escalafón «H» (Sanidad Aeroespacial), a la Teniente Coronel doña Silvia M. Donato.

Todos ellos tienen un extenso currículo. En cuanto a los aviadores, tienen alrededor de dos mil horas de vuelo cada uno, habiendo sido, en su gran mayoría, observadores militares o integrantes de fuerzas de paz. Además, algunos tienen experiencia docente, no solo en la Escuela Militar de Aeronáutica, sino también en la Universidad de la República, en la Universidad del Trabajo del Uruguay, etcétera. Es de hacer notar que todos tienen cursos de comando y cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Por lo tanto, en el día de ayer, la Comisión de Defensa Nacional, por unanimidad, resolvió aconsejar al Cuerpo que se apruebe la solicitud de venia del Poder Ejecutivo para conferir los ascensos mencionados.

Es cuanto tenía para informar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo único.- Concédense al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para conferir los ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1.º de febrero de 2014 a los siguientes señores Tenientes Coroneles, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

ESCALAFÓN “A” (AVIADOR)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Tenientes Coroneles (Av.) don Luis E. Fernández, don Leonardo A. Blengini, don Ruben G. Aquines y don Ruben D. Villagra.

ESCALAFÓN “B” (NAVEGANTE)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Teniente Coronel (Nav.) don Fernando P. De León.

ESCALAFÓN “C” (SEGURIDAD TERRESTRE)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Tenientes Coroneles (ST) don Mario P. Silva y don Ruben D. De León.

ESCALAFÓN “D” (ADMINISTRACIÓN Y ABASTECIMIENTO)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Tenientes Coroneles (AA) don Giuseppe Didiano y don Dinor M. Ramírez.

ESCALAFÓN “H” (SANIDAD AEROESPACIAL)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

– Teniente Coronel (SA) doña Silvia M. Donato».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

31) PRÓRROGA DE LA HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN Y ALTERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: quiero hacer dos planteamientos.

En primer lugar, formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta terminar la consideración de todos los asuntos que figuran en el Orden del Día.

En realidad, queda por considerar la venia de designación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de la India del señor Carlos Orlando Bonet, que figura en el noveno punto; la venia de destitución, y el proyecto de ley relativo a los productos del tabaco, que había quedado postergado y cuyo informe hará el señor Senador Gallo Imperiale. Creo que, dentro de márgenes razonables, podríamos terminar con la consideración de estos puntos. De lo contrario, si vemos que nos lleva mucho tiempo, los incorporaríamos a la sesión de mañana.

En segundo término, como la designación de un Embajador requiere una expresión política lo más numerosa posible, propongo que primero se considere esta venia –que figura en el noveno punto del Orden del Día–, luego el proyecto de ley relativo al tabaco y, por último, la venia de destitución.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la propuesta del señor Senador Rubio en el sentido de considerar en primer término la venia del señor Embajador Carlos Orlando Bonet; en segundo lugar, el proyecto de ley relativo al tabaco –que corresponde al quinto punto original del Orden del Día– y, finalmente, la venia de destitución que figura como décimo punto. También se estaría votando la prórroga de la hora de finalización de la sesión.

(Se vota:)

–23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Pregunto al señor Senador Rubio si también está proponiendo que se suspenda la sesión de mañana.

SEÑOR COURIEL.- Si se termina con el Orden del Día sí, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Como se prorrogó la hora de finalización de la sesión y solo se trata de la consideración de estos tres puntos, se terminaría con el Orden del Día.

SEÑOR RUBIO.- En caso de que esto ocurra en tiempo razonable, lo estaríamos proponiendo, pero creo que podríamos votar eso al final.

32) SEÑOR CARLOS ORLANDO BONET. DESIGNACIÓN COMO EMBAJADOR

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el noveno punto del Orden del Día: «Informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de la India al señor Carlos Orlando Bonet. (Carp. n.º 1468/2014 – Rep. n.º 1039/2014)».

(Antecedentes:)

«Carp. n.º 1468/2014
Rep. n.º 1039/2014

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de
Asuntos Internacionales
Proyecto de resolución

Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de la India al señor Carlos Orlando Bonet.

Sala de la Comisión, 10 de abril de 2014.

Carlos Baráibar, miembro informante; Jorge Bartesaghi, Roberto Conde, Alberto Couriel, Rafael Michelini, Ope Pasquet, Gustavo Penadés, Enrique Rubio. Senadores».

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de
Asuntos Internacionales

ACTA n.º 90

En Montevideo, el día diez de abril de dos mil catorce, a la hora dieciocho y cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Carlos Baráibar, Jorge Bartesaghi, Roberto Conde, Alberto Couriel, Rafael Michelini, Ope Pasquet, Gustavo Penadés y Enrique Rubio.

Falta con aviso el señor Senador Luis Alberto Lacalle Herrera.

Concurre, especialmente invitado, el señor Carlos Orlando Bonet, acompañado por el Director de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Enrique Ribeiro.

Preside el señor Senador Carlos Baráibar, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y el señor Rodolfo Lutegui, Prosecretario.

De lo actuado se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido n.º 2689/2014 que forma parte de la presente.

Asuntos entrados:

– CARPETA n.º 1473/2014. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA - Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.º 2677/2014).

Se adjudica su estudio al señor Senador Alberto Couriel.

– CARPETA n.º 1474/2014. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.º 2678/2014).

Se adjudica su estudio al señor Senador Alberto Couriel.

– CARPETA n.º 1475/2014. CONVENIO SOBRE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO - Aprobación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido n.º 2679/2014).

Se adjudica su estudio al señor Senador Alberto Couriel.

Asuntos tratados:

– CARPETA n.º 1468/2014. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante la República de la India al señor Carlos Orlando Bonet (Distribuido n.º 2660/2014).

El señor Carlos Orlando Bonet expone sobre los lineamientos de trabajo a desarrollar en el destino al que fue propuesto e intercambia opiniones con los integrantes de la Comisión.

Una vez retirado de Sala, se considera y se concede el acuerdo solicitado. Se vota: 8 en 8 Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa miembro informante al señor Senador Carlos Baráibar, quien lo hará en forma verbal.

A la hora dieciocho y cuarenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Carlos Baráibar, Presidente; Vladimir De Bellis Martínez, Secretario».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase.

(Se lee).

–En discusión.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Baráibar.

SEÑOR BARÁIBAR.- Señora Presidenta: la Comisión de Asuntos Internacionales, en su última sesión, recibió al señor Carlos Orlando Bonet, consideró la venia y la votó por unanimidad.

El Embajador Carlos Orlando Bonet ingresó en 1978 al Servicio Exterior de la República Oriental del Uruguay por concurso de oposición y méritos.

Vamos a mencionar a continuación los aspectos más destacados –a mi juicio, naturalmente– de su carrera diplomática. Es un funcionario de carrera. Desde el año 1995 al 2000 fue Cónsul General en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. En el año 2000 ascendió al cargo de Ministro, con rango de Embajador. Desde el año 2003 al 2008 fue Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante la República del Paraguay. Desde el 2009 al 2011 fue Director de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ese período lo conocimos mucho, pues concurrió en varias oportunidades a la Comisión de Asuntos Internacionales acompañando a distintos Embajadores que propuso el Poder Ejecutivo. Además, en oportunidad de solicitar alguna información del Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre encontramos una muy buena disposición de su parte para atender nuestra solicitud.

El señor Carlos Orlando Bonet también llevó a cabo misiones oficiales en varios países, relacionadas con distintos temas, como por ejemplo desarrollo social, cooperación internacional, migraciones, Mercosur.

Además, ha recibido distinciones de la República Italiana y de la República del Paraguay.

También es de destacar la actividad literaria del señor Carlos Orlando Bonet, quien ha publicado varios títulos relacionados con su actividad literaria.

El señor Embajador presentó un excelente informe en la Comisión y, en aras de ser breves, vamos a hacer referencia solo a algunos de sus capítulos. Concretamente, hace referencia a los antecedentes de la India y a su situación actual, a los mecanismos de cooperación, a los mecanismos políticos, a los acuerdos importantes en los últimos años entre Uruguay y la India, y al comercio bilateral. También menciona el tema de las Naciones Unidas –que es de mucho interés porque la India ha respaldado a Uruguay para que integre el Consejo de Seguridad– y analiza algunas conclusiones. Es un excelente material, que demuestra que el Embajador Carlos Orlando Bonet ha estudiado mucho el tema; es un profesional que se interioriza, con gran dedicación, de la realidad que le tocará asumir.

Este proyecto de resolución, que viene con mensaje del Poder Ejecutivo, fue considerado en la Comisión de Asuntos Internacionales y aprobado por la unanimidad de sus miembros. Por tal razón, se recomienda al Cuerpo su aprobación.

Es todo cuanto tengo para informar.

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- «Artículo Único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de la India al señor Carlos Orlando Bonet».

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado dará cuenta al Poder Ejecutivo.

33) TABACO

SEÑORA PRESIDENTA.- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: «Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 7.º de la Ley n.º 18256, de 6 de marzo de 2008, con la modificación introducida por el artículo 311 de la Ley n.º 18362, de 6 de octubre de 2008, referente a la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. (Carp. n.º 1221/2013 – Rep. n.º 1042/2014)”.

(Antecedentes:)

«Carp. n.º 1221/2013
Rep. n.º 1042/2014

CÁMARA DE SENADORES

Comisión de
Salud Pública

Proyecto de ley sustitutivo

Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 7.º de la Ley n.º 18256, de 6 de marzo de 2008, con la modificación introducida por el artículo 311 de la Ley n.º 18362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

“ARTÍCULO 7.º. (Publicidad, promoción y patrocinio).- Prohíbese toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco.

Asimismo, queda prohibido:

A) El uso de logos o marcas o elementos de marca de productos de tabaco, en productos distintos al tabaco. El término “elemento de marca” comprende el aspecto distintivo, el arreglo gráfico, el diseño, el eslogan, el símbolo, el lema, el mensaje de venta, el color o combinación de colores reconocibles u otros indicios de identificación de cualquier marca de producto de tabaco o que lo representen.

B) El uso de marcas o logos de productos distintos al tabaco en productos de tabaco.

C) La elaboración o venta de alimentos, golosinas, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco.

D) La colocación de marcas, logos o elementos de marca de productos de tabaco en juegos, video juegos o juegos de computadora.

E) El uso de dibujos de tipo animado en envases de productos de tabaco.

La prohibición dispuesta en el inciso primero comprende el patrocinio de actividades nacionales o internacionales, culturales, deportivas o de cualquier otra índole o de participantes de las mismas, por parte de la industria tabacalera.

Asimismo, prohíbese la exhibición de los productos de tabaco, sus derivados y accesorios para fumar en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales donde se expendan los productos de tabaco.

En dichos locales solo se permitirá la colocación de una lista textual de los productos de tabaco que se expenden con sus respectivos precios y deberá exhibirse la información del Ministerio de Salud Pública que advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y por el humo de los productos de tabaco, de conformidad con la reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte al respecto”.

Sala de la Comisión a 29 de abril de 2014.

Luis J. Gallo Imperiale, miembro informante; Ernesto Agazzi, Roberto Conde, Carlos Moreira (discorde), Eduardo Muguruza, Alfredo Solari (discorde). Senadores».

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«CÁMARA DE SENADORES

Comisión de
Salud Pública

ACTA n.º 132

En Montevideo, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil catorce, a la hora diecisiete y quince minutos se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores Ernesto Agazzi, Roberto Conde, Luis J. Gallo Imperiale, Carlos Moreira, Eduardo Muguruza y Alfredo Solari.

Falta con aviso el señor Senador Luis A. Lacalle Herrera.

Actúa en Secretaría la Secretaria de Comisión Susana Rodríguez.

Preside el señor Senador Carlos Moreira, Presidente de la Comisión.

Asunto tratado:

– Carpeta n.º 1221/2013.- TABACO. Se prohíbe su publicidad, promoción y patrocinio.

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido n.º 2134/2013.

Concurren especialmente invitados por la Dirección General Impositiva el señor Subdirector General contador Álvaro Romano, la señora Coordinadora de la Asesoría Tributaria contadora Marisa Yori y el señor Coordinador de la Asesoría Económica de la Dirección General Impositiva economista Gustavo González.

Siendo la hora dieciocho y quince minutos se retira de Sala la delegación.

En consideración el artículo único del proyecto de ley.

Se vota con modificaciones: 4 en 6. Afirmativa.

Se designa miembro informante al señor Senador Luis J. Gallo Imperiale, quien lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley sustitutivo aprobado queda redactado de la forma en que a continuación se transcribe:

Artículo Único.- Sustitúyese el artículo 7.º de la Ley n.º 18256, de 6 de marzo de 2008, con la modificación introducida por el artículo 311 de la Ley n.º 18362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

“ARTÍCULO 7.º. (Publicidad, promoción y patrocinio).- Prohíbese toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco.

Asimismo, queda prohibido:

A) El uso de logos o marcas o elementos de marca de productos de tabaco, en productos distintos al tabaco. El término “elemento de marca” comprende el aspecto distintivo, el arreglo gráfico, el diseño, el eslogan, el símbolo, el lema, el mensaje de venta, el color o combinación de colores reconocibles u otros indicios de identificación de cualquier marca de producto de tabaco o que lo representen.

B) El uso de marcas o logos de productos distintos al tabaco en productos de tabaco.

C) La elaboración o venta de alimentos, golosinas, juguetes y otros objetos que tengan forma de productos de tabaco.

D) La colocación de marcas, logos o elementos de marca de productos de tabaco en juegos, video juegos o juegos de computadora.

E) El uso de dibujos de tipo animado en envases de productos de tabaco.

La prohibición dispuesta en el inciso primero comprende el patrocinio de actividades nacionales o internacionales, culturales, deportivas o de cualquier otra índole o de participantes de las mismas, por parte de la industria tabacalera.

Asimismo, prohíbese la exhibición de los productos de tabaco, sus derivados y accesorios para fumar en dispensadores y cualquier otra clase de estantería ubicada en los locales donde se expendan los productos de tabaco.

En dichos locales solo se permitirá la colocación de una lista textual de los productos de tabaco que se expenden con sus respectivos precios y deberá exhibirse la información del Ministerio de Salud Pública que advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y por el humo de los productos de tabaco, de conformidad con la reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte al respecto”.

Resolución:

Considerar como único punto del Orden del Día de la próxima sesión la Carpeta n.º 1299/2013 – CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido n.º 2709/2014 que forma parte integrante de la presente Acta.

A la hora dieciocho y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Carlos Moreira, Presidente; Susana Rodríguez, Secretaria».

SEÑORA PRESIDENTA.- Léase el proyecto.

(Se lee).

–En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Senador Gallo Imperiale.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Señora Presidenta: la Comisión de Salud Pública trae a consideración del Plenario un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, por el que se solicita, en un único artículo, la sustitución del artículo 7.º de la Ley n.º 18256, de 6 de marzo de 2008, con la modificación introducida por el artículo 311 de la Ley n.º 18362, de octubre de 2008, prohibiendo toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los artículos del tabaco, así como la exhibición de los productos de tabaco, sus derivados y accesorios para fumar, en dispensadores o cualquier otra clase de estanterías donde se expendan los productos de tabaco, entre otros aspectos.

Asimismo, a los efectos de que los consumidores estén informados de los productos de tabaco que se venden en cada local y su correlativo precio, dice el proyecto: «[…] solo se permitirá la colocación de una lista textual de los productos de tabaco que se expenden con sus respectivos precios y deberá exhibirse la información del Ministerio de Salud Pública que advierta sobre el perjuicio causado por el consumo y por el humo de los productos de tabaco, de conformidad con la reglamentación que el Poder Ejecutivo dicte al respecto».

El Uruguay está obligado al cumplimiento de la Ley n.º 17793 del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco –porque así lo ratificó en el año 2004–, que viene aplicándose en forma por demás exitosa y liderando en el mundo en esta materia. Culminado el plazo autorizado de cinco años para que entre en vigencia este Convenio, el Uruguay definitivamente debe comenzar a cumplir con lo estipulado en su artículo 13 –lo venía haciendo parcialmente–, en el sentido de reconocer la prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco originados en su territorio, y de adoptar las medidas ejecutivas, legislativas y administrativas u otras apropiadas para ponerlas en práctica y posteriormente informar a los organismos respectivos, conforme lo establecido en el artículo 21 del mencionado Convenio.

Durante el tratamiento de este proyecto de ley, la Comisión recibió a varias organizaciones, tanto públicas como privadas, que aportaron su visión sobre el mismo. En primer término recibió al Ministerio de Salud Pública, que concurrió a fundamentar el proyecto y a solicitar que se pusiera en práctica a la brevedad; luego, a la Asociación de Kioscos, Salones y Subagentes de Quinielas del Uruguay, a la Cámara Nacional de Comercios y Servicios del Uruguay, a la Compañía Oriental de Tabaco Monte Paz, a la Cámara de Lucha contra la Piratería y el Contrabando, a la Sociedad Uruguaya de Tabacología y al Centro de Investigaciones de Epidemia del Tabaquismo. Unos defendieron el proyecto que establece la prohibición total de la publicidad, por razones fundamentalmente sanitarias, y otros lo objetaron en función de argumentos legales y comerciales.

También fueron invitadas la Dirección Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva a los efectos de aportar información con relación a sus áreas: de comercio ilegal la primera y de tributación la segunda.

Es evidente que este proyecto de ley plantea conflictos de intereses: por un lado está la salud pública y por otro lado la industria y el comercio supuestamente afectados por la prohibición de la publicidad del tabaco. Tiene la prioridad de defender como un bien público el derecho a la vida y a la salud de los uruguayos, en este caso, a través de la reducción, aún mayor, del consumo de tabaco que, obviamente, tiene como consecuencia la disminución de la venta de cigarrillos. Lo que se cuestiona por parte de algún sector es el verse perjudicado por la afectación del derecho a la libertad de comercio, industria y trabajo y, por lo tanto, sostienen que tiene visos de inconstitucionalidad. El informe en mayoría de la Comisión considera que existen probados fundamentos para considerar que este proyecto no se aparta de la constitucionalidad. La asesoría jurídica a la que hemos accedido al analizar este proyecto concluye que prohíbe totalmente la publicidad y la exhibición de productos de tabaco, lo cual se encuentra amparado en la Constitución de la República, tanto en su forma como en su contenido, ya que cumple con dos requisitos básicos: primero, que la prohibición se establece mediante ley formal, y segundo, que se fundamenta en razones de interés general. Lo primero está salvado al amparo del proyecto que hoy estamos votando, y lo segundo es que la razón de interés general es nada más ni menos que preservar el derecho a la vida y a la salud. Si en el mundo el tabaquismo está considerado una gravísima pandemia que mata a cinco millones de personas por año, si en nuestro país mueren cinco mil personas por año debido a enfermedades ocasionadas por el consumo de tabaco –como el cáncer de pulmón en hombres, que hoy es cada vez más frecuente en mujeres, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y enfermedades cardiovasculares–, no puede haber dudas de que cualquier medida que se tome para disminuir el número de consumidores nos ayudará a proteger aún más el interés general precitado. Es más, el artículo 44 de la Constitución comete al Estado legislar en todas las cuestiones relacionadas con la salud y la higiene públicas, con el fin de procurar la prevención de enfermedades y epidemias.

En consecuencia, tanto la ley como las razones de interés general especialmente calificado justifican limitaciones al ejercicio de otros derechos, como lo sostienen importantes juristas que han dado su opinión en este tema y a los que vamos a hacer referencia. En primer lugar, corresponde consignar que el interés general es un concepto indeterminado en nuestra Constitución, según lo dice Jiménez de Aréchaga, que al respecto sostiene que la privación, limitación o regulación de los derechos que reconoce la Constitución en esta Sección es, por lo tanto, materia reservada a la ley, cosa que se cumple en este caso. Además, Jiménez de Aréchaga dice que los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución solo pueden ser objeto de privación, limitación o regulación por ley dictada conforme a la Sección VII de la Constitución.

En la misma dirección, Varela Rellan sostiene, en un artículo a que se hace referencia en un libro del doctor Gutiérrez Prieto, Facultades del fisco y derechos individuales: «La razón de interés general tenida en cuenta para limitar un derecho individual fundamental, debe provenir del análisis valorativo de una situación concreta en un momento de la vida del país».

En el mismo sentido, Estevez Paulos afirma que «el interés general, en función de la Constitución oriental, surge de la comparación de ventajas e inconvenientes que la limitación de derechos individuales puede significar para una persona y las ventajas o inconvenientes que una determinada ley tributaria puede aportar a la comunidad. Este balance debe realizarse aplicando criterios de razonabilidad. Si de la afectación de derechos individuales surge un mal o daño mayor que la que recibe la comunidad, es decir el interés público, no existirían razones de interés general que dieren fundamento constitucional a la ley».

En el mismo sentido, Durán Martínez sostiene que el interés general «es un freno al Legislador en lo que refiere a la limitación o hasta a la privación del goce del ejercicio de derechos humanos. El artículo 7.º de nuestra Constitución es muy claro al respecto. La fuerza expansiva de los derechos humanos hace que el interés particular y el interés público, ambos integrantes del interés general, requieran ser satisfechos por acciones positivas y no solamente por acciones negativas». De lo anterior se desprende que es menester que el Estado tome acciones positivas para el cuidado y protección de la salud pública. En el ámbito parlamentario, dichas acciones se traducen en la proposición, discusión y sanción de leyes que satisfagan los citados intereses.

¡Vaya entonces si existirán razones de interés general que justifiquen la aprobación de esta limitación por parte de la ley! Estamos protegiendo a generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco.

La Organización Mundial de la Salud –organismo máximo a nivel mundial en materia de salud y del que nadie duda el carácter científico que tiene– establece que estamos frente a una pandemia con consecuencias gravísimas para la salud humana. De manera que se encuentra plenamente probado, y es imposible de controvertir, el hecho de que el consumo de los productos derivados del tabaco o la exposición al humo de tabaco tienen consecuencias gravísimas para la salud. Por lo tanto, todas las medidas establecidas en el Convenio Marco, ratificadas por Uruguay, cuya finalidad es la reducción del consumo de tabaco, tienen consecuencias favorables para la protección de la salud. En definitiva, esta medida que hoy estamos votando va en esa dirección pero, además, se encuentra alineada con el marco constitucional que obliga al Legislador a proteger la salud de la población.

La Suprema Corte de Justicia laudó en una oportunidad sobre un caso de comercialización de bebidas alcohólicas –en la sentencia 122/2007– en el que se promovía la declaración de inconstitucionalidad del artículo 8.º de la Ley n.º 16753 por razones de violación de libertad de comercio, industria y trabajo. Citamos parte de la sentencia: «Acerca de la invocada violación al principio de libertad de comercio y trabajo e industria, contenido en el artículo 36 de la Carta Magna, no se verifica la misma, por cuanto no existen derechos absolutos, salvo el derecho a la vida, pudiendo establecerse limitaciones de interés general. […] y finalmente, las disposiciones legales atacadas no violentan el derecho al ejercicio genérico de la actividad comercial, pues como lo sostiene la Corporación, el tal derecho consagrado en el artículo 36 de la Constitución, no es absoluto y admite limitaciones legales por razones de interés general. Tratándose de comercialización de bebidas alcohólicas, parece claro que existen razones de interés colectivo (art. 44 de la Constitución, derecho a la salud y a la vida) que habilitan al Legislador a imponer límites a quienes ejerzan tal actividad». Tratándose en este caso de comercialización de productos del tabaco, es lógico aplicar el mismo criterio.

El Uruguay, al avanzar hacia la prohibición total de la publicidad de tabaco en todas sus formas, no solo cumple con la obligación ratificada en el Convenio Marco, sino que además fortalece aún más su exitosa política de control de tabaco, que lo ha puesto en una posición de liderazgo en el mundo –es el primer país en América 100 % libre de humo de tabaco– con la introducción de pictogramas en las cajillas, la prohibición amplia de la publicidad, la creación de clínicas gratuitas para la cesación de dependientes al tabaco –tanto en prestadores públicos como privados– y la realización de varias campañas de promoción y prevención con éxito en la población. El alto impacto que ha tenido esta política se trasunta en los resultados que se han venido obteniendo, pues las ventas de tabaco se redujeron un 33 %; se redujo la prevalencia del consumo de tabaco en adultos pero, fundamentalmente, en jóvenes –en pocos años pasó de un 30 % a un 13 %–; aumentó el número de embarazadas que abandonaron el consumo de cigarrillos –de un 15 % a un 42 %–, lo que se reflejó en el nacimiento de niños con mayor peso; disminuyeron los ingresos a las emergencias de los hospitales por infarto de miocardio en un 22 % –450 infartos menos por año– y ha mejorado ostensiblemente la calidad del aire ambiente en los espacios cerrados y de esparcimiento. Aun con la disminución del consumo, aumentó la recaudación fiscal de US$ 84:000.000 en 2004 a US$ 316:000.000 en 2011.

A partir del año 2010, se ha frenado la disminución del consumo, pero no hubo aumento del mismo. Desde ese año no ha aumentado el Imesi y los precios del tabaco se han mantenido. A ello se suma el cambio de estrategia de la industria que, aprovechando el agujero que le dejaba la ley en materia de publicidad, la centralizó dentro de los locales de expendio de cigarrillos, generando una alianza comercial con los vendedores minoristas, quiosqueros, y centralizando la publicidad en el lugar de la oferta. Ese es, justamente, el último lugar que le queda para hacer publicidad y, por tanto, lógicamente está luchando por mantenerlo. La industria también conoce algo que está demostrado científicamente, incluso con estudios del Banco Mundial: que aumentando la publicidad se estimula el consumo, sobre todo en los jóvenes, a la vez que prohibiéndola totalmente disminuye de forma significativa. Además, un experto en publicidad, un Director vinculado a la empresa McCann Erickson, declaró: «La industria tabacalera ha estado sosteniendo artificialmente que la publicidad de cigarrillos no tiene nada que ver con las ventas totales. Esto es completamente sin sentido. Siempre me ha hecho reír la sugerencia de que la publicidad, una herramienta que ha demostrado ser capaz de incrementar la venta de cualquier producto, milagrosamente falla en su función con los productos de tabaco».

Este proyecto de ley, que elimina la publicidad y la exhibición también en los lugares de venta legal, apunta a que los ciudadanos, sobre todo niños y adolescentes, no ingresen al consumo y a la adicción al tabaco. Se sabe que más del 80 % de los fumadores comienza a hacerlo antes de los 18 años. Como consecuencia, la población de niños y adolescentes es estratégica, tanto para la industria tabacalera, que incentiva el consumo en las nuevas generaciones para garantizar su supervivencia, como para las autoridades sanitarias que tratan de evitar que se inicien en él.

La exhibición de productos de tabaco en el punto de venta incrementa la experimentación e iniciación del consumo en los jóvenes. Muchísimos estudios imparciales publicados avalan esto. Cito un estudio publicado por el British Medical, realizado en el año 2009 en Nueva Zelanda, que halló que una mayor exposición a los exhibidores de tabaco en los puntos de venta incrementaba la posibilidad de probar el cigarrillo y el consumo de tabaco.

Por su parte, un nuevo estudio publicado en la revista Pediatrics –publicación oficial de la Academia Americana de Pediatría– analiza el posible impacto en la compra de tabaco por parte de los jóvenes al prohibir los exhibidores de tabaco en el punto de venta. Se hace un estudio sobre 1216 jóvenes, entre 13 y 17 años, que participaron en el estudio de compra en una tienda de conveniencia virtual. Los jóvenes compraban en tiendas virtuales donde los exhibidores de productos de tabaco estaban a la vista en el punto de venta o en tiendas en las que los productos de tabaco estaban guardados debajo del mostrador. El estudio comprobó que la exposición a los jóvenes de los exhibidores en los puntos de venta minorista está relacionada con la iniciación al consumo de tabaco. Las políticas que prohíben los exhibidores de productos de tabaco en el punto de venta pueden ayudar a reducir la iniciación en el consumo del tabaco, disminuyendo la probabilidad de que los jóvenes lo compren en las tiendas minoristas.

Hay una cantidad de trabajos científicos que apoyan este argumento en el sentido de que la exhibición de los productos de tabaco y la publicidad aumentan el consumo. Podemos citar una serie de referencias bibliográficas que lo avalan. Por ejemplo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos publicó un trabajo del Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas, que cita una referencia a la sentencia realizada por la Jueza Gladys Kessler, en 2006, en el Juicio de Estados Unidos versus Philip Morris, en la que expresaba que la tabacalera dirigía su publicidad especialmente hacia los más jóvenes y que investigaba sobre sus actitudes y creencias a los efectos de usar esta información al diseñar sus campañas de márquetin, lo cual tenía un impacto en el inicio y continuación del consumo en los jóvenes.

Por su parte, el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos expresa que los múltiples estudios conducidos por investigadores de diversas disciplinas usando datos de varios países demuestran una relación causal entre la promoción y publicidad del tabaco y el aumento del consumo.

Creo que queda muy claro –por lo menos, desde mi punto de vista–, que la exhibición de productos derivados del tabaco constituye una estrategia publicitaria, y que los puntos de venta incentivan a todos los compradores, sin importar la edad. Por lo tanto, consideramos que queda probado que el interés por el derecho a la salud, reduciendo el consumo de tabaco –en este caso, el interés general–, limita el derecho corporativo de libertad de comercio de mantener la publicidad a través de la exhibición. A la fecha, muchos son los países que han promulgado la prohibición total de publicidad, incluyendo los puntos de venta: Panamá, Colombia, Australia, Islandia, Canadá, Noruega, Reino Unido y Finlandia; algunos países de América Latina están en proceso.

Por todo lo expuesto, dando cumplimiento a los compromisos asumidos por nuestro país con relación al artículo 13 del Convenio Marco y sus directrices, se hace necesaria la prohibición total de productos de tabaco, así como su exhibición en los locales de expendio, por lo que solicitamos al Plenario la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señora Presidenta: he escuchado con atención el pormenorizado y profundo informe brindado por el miembro informante, señor Senador Gallo Imperiale y, en primer término, quiero decir que quienes no votamos en Comisión el proyecto de ley tenemos total coincidencia con el espíritu que lo anima y el objetivo que persigue. Además consideramos que la sanción, en el período anterior, de la Ley n.º 18256 tuvo consecuencias positivas en el sentido de atacar el consumo de tabaco y bajar su prevalencia, sobre todo en la población más joven, tal como indicaba el señor Senador Gallo Imperiale.

El artículo 7.º de la Ley n.º 18256 –que hoy se propone modificar– prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco por los diversos medios de comunicación, pero deja fuera de lo dispuesto a los locales donde se expendan estos productos. Ahora se señala que el hecho de que haya publicidad, aunque esté compuesta de advertencias sanitarias y de pictogramas en los lugares de expedición de los productos, contribuye a aumentar los niveles de consumo.

Creo que son muy positivas otras disposiciones contenidas en este proyecto de ley, que prohibían fumar en lugares cerrados, en espacios públicos, y que establecían un régimen de sanciones para los infractores, que no solo eran los fabricantes o importadores de cigarrillos sino, también, los comerciantes, los dueños o comodatarios de los locales donde se comercializaban los cigarrillos.

Reitero que el objetivo que se persigue es muy bueno desde el punto de vista sanitario. El derecho a la salud y el derecho a la vida son derechos humanos fundamentales; son la base de todos los otros derechos, y creo que hay que hacer un gran esfuerzo y una campaña de concientización y de prevención para evitar esto que agrede a la salud, cosa que ha quedado científicamente demostrada. Yo no soy médico, soy abogado, pero creo que hoy nadie duda de los efectos nocivos del tabaco en la salud humana.

Ahora bien, de las diversas delegaciones que hicieron aportes muy interesantes en la Comisión de Salud Pública, escuchamos versiones que se oponen en alguna o en gran medida a alguno de los fundamentos. Se reconoce que hubo un descenso en el consumo del tabaco, pero que solo se puede contabilizar con certeza en los productos legales, es decir, en los que se fabrican en el territorio nacional o en los que se importan. Ellos señalan que un efecto pernicioso de la ley, producto de causas que tienen que ver con una política tributaria, provocó un aumento del consumo de los productos ingresados al país por la vía del contrabando, que son aquellos que se comercializan ilegalmente en el territorio uruguayo. Hay dos o tres mediciones en las que se hace hincapié: una de ellas es el Atlas Mundial del Tabaco, que es una organización antitabaco que al parecer –según se señala– es muy prestigiosa, y la otra es de una auditoría realizada por una empresa llamada Synovate, que señalan que el ingreso de cigarrillos de contrabando está en el entorno del 25 % de todo el consumo, aunque otros afirman que está en el 30 %.

Cuando nos visitó la Dirección Nacional de Aduanas dio cuenta de las incautaciones que se habían llevado a cabo, por un valor de más de US$ 700.000, muy inferior a las incautaciones de los productos de óptica, de drogas y de vestimentas. Seguramente, US$ 723.000 no es un fiel reflejo de lo que ingresa por concepto de contrabando, porque la mayor parte no se incauta. El señor Senador Solari ha reiterado que al recorrer las ferias montevideanas ha constatado que se exponen al público cigarrillos para la venta, sobre todo de origen paraguayo. Se señala que la marca 51 tiene el 12 % del mercado de consumo en el Uruguay.

La Dirección General Impositiva vino hace una semana y nos informó a cuánto asciende la recaudación en esta materia y cuáles son los gravámenes sobre los productos derivados del tabaco. Ha habido un aumento apreciable –muy importante, como señalaba el Senador Gallo Imperiale– de la recaudación por este concepto, sobre todo hasta el año 2010, y hoy se sitúa en los US$ 290:000.000. Pero debemos tener en cuenta que se parte de la base de una carga de Imesi de $ 21,50 en el año 2004, que luego se aumenta a $ 28 y, posteriormente, a $ 38. Quiere decir que cada paquete de cigarrillos paga $ 38 –más de la mitad de su valor– por un ficto del Imesi. Además, en la reforma tributaria se agregó otra carga adicional sobre los cigarrillos: el IVA. Entonces, el 68 % del total de su precio, que creo ronda los $ 75 –hablo de los comunes, como Nevada o Coronado–, corresponde a impuestos.

Sin duda, este aumento de los gravámenes impositivos, también contribuyó a disminuir la comercialización, porque no es lo mismo pagar algo más de $ 40 –que es lo que valían antes– que $ 75.

Se señala, además, que el aumento del consumo que se ha operado en los productos legales desde el 2010 al 2013 viene de la mano del hecho de que en tres años no se aumentó el precio de los cigarrillos porque tampoco se incrementó la carga impositiva sobre ellos, ya que estamos hablando de fictos; es decir que no son porcentajes sino cantidades fijas.

En consecuencia, creo que hay que equilibrar un poco la balanza y, quizás, si se midiera el impacto de los productos ilegales en el mercado, la disminución del consumo de tabaco no llegaría a los límites que aquí se han ponderado sino que sería menor. Precisamente, esto tiene que ver con el consumo y la compra de cigarrillos por parte de la gente menos pudiente, porque los cigarrillos de contrabando paraguayos, dependiendo de dónde se compren, valen $ 30 o $ 35, mientras que los otros cuestan $ 75. Quiere decir que la gente de menores ingresos es la que mayoritariamente consume esto y lo hace, sobre todo, en las regiones aledañas a las fronteras con Brasil y la República Argentina, donde existe mucho más contrabando que en Montevideo, Canelones u otros departamentos del país.

Por tanto, se señala que el hecho de que se aumente el consumo de productos de contrabando no solo va en detrimento del Erario –porque, naturalmente, esto no paga nada–, sino que, además, contribuye a la promoción de una actividad delictiva como es el contrabando. A su vez, no se puede asegurar la calidad del producto que se vende porque nadie controla a estos cigarrillos que, sobre todo, se producen en Paraguay. Hay estudios que señalan que vienen, por ejemplo, en el fondo de los camiones y debajo de cargas de leña. Precisamente, en uno de esos camiones, que fue decomisado y del que dio cuenta la Dirección Nacional de Aduanas, el cargamento venía debajo de una carga de leña, de astillas, por lo que le decían «Operación Astillas». Entonces, claro está, las condiciones de salubridad y conservación son muy malas y eso, naturalmente, también puede producir un impacto negativo sobre la salud pública.

Creo que ahí está una parte de los argumentos de aquellos que están en contra de esta última disposición, quienes además alegan que esta prohibición de exhibición en los lugares de venta solo tiene lugar –creo– en 9 de los 168 países que aprobaron el Convenio Marco para el Control del Tabaco y que en varios de los Estados donde se adoptó esta medida –y, en América, ponen como ejemplo a Canadá y a Panamá– no ha dado resultado sino que lo que ha hecho es, precisamente, incrementar el volumen del comercio ilegal de cigarrillos. Dicen que Panamá es campeón mundial en contrabando de cigarrillos, porque parece que más del 80 % de los que allí se consumen son de contrabando. En otros países del mundo no se ha adoptado esta medida.

En la exposición de motivos del proyecto de ley que estamos tratando se hace especial hincapié en que Uruguay ha suscrito –en el año 2004 y mediante la Ley n.º 17793– el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, cuyo artículo 13 señala: «Las Partes reconocen que una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio reduciría el consumo de productos de tabaco». Se indica, además, que es una obligación que asume Uruguay y que, cuando firma ese Convenio, incorpora a su Derecho interno.

Por otra parte, ese Convenio establecía un plazo de cinco años –largamente superado porque estamos hablando de que hoy hace ya casi diez años de la aprobación del Convenio Marco– para que esa prohibición estuviera plenamente vigente. Además, había directrices del artículo 13, que son normas posteriores que se fijaron, por las que se establecía muy concretamente la prohibición.

En lo personal, debo decir que leyendo el texto del Convenio Marco para el Control del Tabaco, sinceramente no llego a la misma conclusión, porque el artículo 13, que trata de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, en su numeral 2, dice: «Cada Parte, de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. […] La Parte que no esté en condiciones de proceder a una prohibición total debido a las disposiciones de su constitución o sus principios constitucionales aplicará restricciones –recalco que habla de “restricciones” y no de “prohibiciones”– a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Dichas restricciones comprenderán, de acuerdo con el entorno jurídico y los medios técnicos de que disponga la Parte en cuestión, la restricción o una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio originados en su territorio». Se habla de prohibición o de restricción de acuerdo con lo que disponga el ordenamiento jurídico en cuestión. Esto es algo muy común en los convenios que firma Uruguay, en los que siempre se es muy cauteloso en cuanto a que cada país miembro los suscriba pero que siempre guarden correspondencia –no sean violatorios– con su marco constitucional porque, de lo contrario, estaríamos poniendo a estos convenios internacionales por encima de lo que es la vigencia de la Constitución. Esto es lo que realmente nos preocupa. Leí en el diario El País de hoy lo concerniente al juicio con Philip Morris. Estoy hablando de ese juicio arbitral incoado ante una organización del Banco Mundial, que está en proceso en este momento y del que no sabemos cuál será el resultado final. Cuando concurrió la Ministra de Salud Pública, la doctora Muñiz, a la Comisión de Salud Pública, le preguntamos por este procedimiento arbitral, es decir, cuánto era el monto en cuestión, cómo venía y qué previsiones tenía respecto al resultado, pero no nos dio ninguna respuesta. Realmente nos hubiera gustado que en un tema que tiene que ver con una eventual compensación de la que no sabemos cuál será su monto o, en definitiva, qué sentencia recaerá sobre nuestro país, se nos diera, por lo menos, un panorama de la situación. Por cierto que uno nunca puede asegurar el resultado de un juicio, sea jurisdiccional o arbitral, pero podría habernos informado sobre cómo viene el procedimiento. El diario El País, en su edición del día de hoy, hablaba de que había habido una reunión entre el ex-Presidente de la República, Vázquez, y el actual Presidente Mujica, en la cual el primero habría señalado su malestar por la forma como se maneja la defensa que hace un estudio norteamericano de los intereses del Uruguay ante la Corte Arbitral. No sé cuál es el fundamento de esa noticia, pero esto me preocupa, porque toda vez que estén en juego los intereses económicos del Estado uruguayo, también lo están los de nuestra sociedad, y no sabemos a ciencia cierta a cuánto asciende el monto de la reclamación.

Además, en el día de ayer nos hicieron llegar un informe de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay con opiniones de un especialista en Derecho Administrativo, el doctor Martín Risso, quien es sumamente crítico al respecto, precaviendo la posibilidad de que por esta norma propuesta se puedan afectar determinados derechos fundamentales y que, por lo tanto, estaríamos ante casos de violación de la Constitución. Lamentablemente, en el último año –y algo más– hemos visto que se han presentado muchos proyectos de ley –y hemos hecho advertencias aquí en este sentido– que, por violar la Constitución, obligaron a la Suprema Corte de Justicia a emitir pronunciamientos para llevar las cosas a su estado original. Pero, a veces, reponer las cosas a su estado original demanda muchos meses y genera consecuencias dañinas para instituciones, personas o para el Estado mismo, que luego se ve en la obligación de reparar.

Ante esto, creo que debemos ser cautelosos, sobre todo teniendo en cuenta que nadie sabe a ciencia cierta cuál puede ser el efecto que esto ha de producir. Tampoco se sabe si la prohibición de la exhibición en los lugares de venta –que, según la información que nos ha llegado, solo rige en nueve países que han firmado el Convenio Marco para el Control del Tabaco– ha de dar algún resultado, máxime teniendo en cuenta que en los lugares expendedores están todas esas advertencias sanitarias, los pictogramas y todas esas cosas horribles que dicen: «No fume porque le va a venir cáncer, va a tener un accidente cardiovascular o se va a poner viejo de golpe». Quizá sea a la inversa y el hecho de que los comercios tengan las cajillas de cigarrillos escondidas y cuenten simplemente con una lista de los productos que venden en realidad demuestre –al estar todo escondido, tanto los cigarrillos de contrabando como los legales– que se está colocando a ambos productos en una situación muy similar.

Sinceramente, reitero que tenemos dudas, no porque no estemos de acuerdo con el sano y loable propósito de la norma –así lo hablamos en la Comisión y, en ese sentido, todos coincidimos–, sino porque a veces no se trata del espíritu sino del instrumento jurídico que se crea y de los problemas que puede generar. El doctor Risso dijo claramente que estamos ante un caso de colisión de derechos fundamentales. Señala que en estas hipótesis el operador debe poner sobre la mesa todos los derechos involucrados, pero aquí solo hemos hablado del derecho a la salud, que sin duda es importante. También dice que se debe proceder a una tarea de armonización entre dichos bienes jurídicos porque la restricción de un derecho siempre debe analizarse atendiendo al principio de proporcionalidad. Concluye que no hay armonización posible de estos derechos que están en colisión por el camino de la prohibición, sino que esto se alcanzaría por el camino de la regulación. El profesor Risso luego es muy contundente al decir que se encuentran en conflicto varios derechos fundamentales, a saber: la libertad de empresa, de industria y de comercio, lo que está regulado por el artículo 36 de la Constitución y que implica la posibilidad de dedicarse a cualquier actividad lícita, dirigir su actividad y obtener las ganancias correspondientes. Asimismo, dice que la limitación al cumplimiento de un requisito debe hacerse por ley y fundarse en razones de interés general. Entonces, también señala que el Estado puede ser responsable de los daños que ocasione y que debe indemnizar en tal caso. A su vez, manifiesta que estaría agredido el derecho de propiedad en la medida en que refiere a las utilidades de la actividad y perjudicaría el derecho de la marca. Ello fue señalado sobre todo por el fabricante Monte Paz, que estuvo en la Comisión dando su argumentación.

Por último, el profesor Risso señala que también estaría en juego el principio de libertad –establecido en los artículos 7.º, 10 y 72 de la Carta–, que aparece como el género dentro del cual se encuentra la especie «libertad de empresa» y, por lo tanto, le son aplicables los razonamientos a ella referidos, agregando luego que también podría estar comprometida la libertad de expresión y comunicación de pensamiento. En definitiva, según Risso la solución del proyecto de ley es inconstitucional; esa es la opinión del profesor Risso, aunque seguramente habrá otras porque en esto, por supuesto, siempre hay más de dos bibliotecas. Finalmente, concluye que el proyecto de ley tiene una visión parcial de la cuestión y que solo apunta a la pretendida protección de la salud sin reparar en los otros derechos y libertades constitucionales en juego.

En lo personal, esto me preocupa. Como ya hemos señalado aquí al tratar otros proyectos de ley, nos preocupa la afirmación de que a veces el fin perseguido o lo político debe primar sobre lo jurídico. Creo que debemos ser extremadamente celosos de la no agresión a los principios que establece la Constitución porque, en definitiva, es el gran instrumento jurídico, el de mayor jerarquía y el sustento mismo del Estado de derecho, que aquí podría verse agredido por estas disposiciones que, además, nadie puede afirmar que tendrán el efecto deseado. Por otra parte, los importadores y los fabricantes nos han señalado que esta iniciativa les plantea un problema, en primer lugar, de aplicación efectiva de la norma, porque no tiene plazo. Otras iniciativas, como la de inclusión financiera, establecen que entrará en vigencia dentro de seis, doce, veinticuatro o treinta y seis meses pero esta, por el contrario, tiene vigencia inmediata.

El artículo 18 de la Ley n.º 18256 establece que el responsable de las infracciones –que pueden acarrear multas importantes, así como la posibilidad de clausura– es el autor, el propietario, pero de acuerdo con el artículo 206 de la Ley n.º 18996, que vino a sustituirlo, son responsables de las infracciones a la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio las empresa fabricantes o importadoras de productos de tabaco. Yo pregunto: ¿cómo Monte Paz, por ejemplo, puede presentarse en un quiosco de la ciudad de Colonia y obligar al quiosquero –salvo que tenga un contrato firmado que fije una multa– a eliminar la publicidad? ¿Cómo puede ingresar a los 16.000 locales de venta legales? Además, hay que tener en cuenta todo lo que se vende en las ferias que, por supuesto, está por fuera de toda norma, tal como reconocieron los especialistas de la DGI que comparecieron ante la Comisión. ¿Qué pueden hacer en las ferias? ¡No pueden hacer nada! Cuando hay un tipo arriba de un tablón vendiendo cosas de contrabando, la única que puede hacer algo es la Policía. ¿Qué va a hacer la DGI? ¿Le va a embargar el tablón? ¿Le va a hacer una denuncia por defraudación tributaria o por contrabando? ¡Es imposible! Hay comercios –que todos conocemos– en los cuales es prácticamente inoperante la acción policial, de la Dirección Nacional de Aduanas y de la DGI. Eso es absolutamente así. Comprendemos las enormes dificultades que hay que enfrentar para operar con esa gente, pero las mismas dificultades también se tienen con el comercio formal. La Asociación de Kioscos, Salones y Subagentes de Quinielas del Uruguay señaló que casi la mitad de los quioscos y comercios formales están vendiendo cigarrillos de contrabando; ese es todo un tema.

Entonces, ¿cómo pueden los responsables jurídicos –importadores y fabricantes– hacer cumplir esta norma y no ser sancionados, cuando no tienen posibilidad jurídica alguna de obligar a quien expende sus productos a retirar la publicidad? Además, muchos comerciantes tienen contratos y han cobrado por esta publicidad. De modo que a muchos comerciantes les sirve, aunque ya no podrán cobrar más porque con esta prohibición a nadie se le va a ocurrir firmar un contrato para pagar por algo que es absolutamente ilegal.

En función de esas consideraciones, entendemos más conveniente la solución de seguir el camino emprendido por la Ley n.º 18256, que pasa fundamentalmente por una enorme tarea de concientización, prevención e información –porque hasta estos debates sirven a los efectos de la información–, en lugar de continuar por esta senda de prohibición, que nos parece va más allá de lo que se puede pensar, sobre todo teniendo en cuenta los riesgos jurídicos que puede acarrear la sanción de una norma de estas características, máxime teniendo en cuenta las opiniones de un especialista en Derecho Administrativo como el profesor Martín Risso. En realidad, no he escuchado muchas otras opiniones en este sentido porque la norma no está vigente; luego saldrán un montón de opiniones: algunas dirán que es constitucional y otras que no lo es. De todos modos, el riesgo de inconstitucionalidad –sobre todo con opiniones tan fundadas como esta– debe hacernos pensar que, midiendo bien y estableciendo esa armonización a que hace lugar, estamos yendo demasiado lejos y, sobre todo, desconociendo cuáles son los efectos de la medida que, reitero, según se nos ha informado, de los 168 firmantes y adherentes al Convenio Marco para el Control del Tabaco, solo nueve la han incorporado. Además, de acuerdo con la información que ha arrimado a la Comisión el señor Senador Solari, en muchos de esos países no ha dado resultado, mientras que en otros, muy desarrollados y con una legislación muy moderna en esta materia, se han esgrimido fundamentos muy rigurosos para no aprobar una norma muy similar a esta.

Por este conjunto de razones –de defensa del comercio legal, de protección de quienes, en definitiva, están generando puestos de trabajo, y también de defensa de los consumidores–, me parece que este no es el instrumento adecuado. Entiendo que hay que seguir aumentando la información para ir descendiendo los niveles de consumo de tabaco. Yo mismo fui un fumador empedernido que consumía cuatro cajillas diarias, de modo que conozco en carne propia los efectos nocivos del tabaco y estoy de acuerdo con tratar de desestimular todo lo que tenga que ver con el consumo de esa sustancia, pero considero que este no es el instrumento adecuado, sobre todo midiendo los riesgos en que se puede ingresar.

En consecuencia, aun compartiendo el espíritu que anima esta norma, vamos a votar en contra.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador López Goldaracena.

SEÑOR LÓPEZ GOLDARACENA.- Señora Presidenta: en realidad, quería hacer una pregunta cuya pertinencia estaba relacionada con afirmaciones realizadas en su momento por el señor Senador Moreira, de modo que ahora voy a plantearla a modo de reflexión para compartir.

La Constitución regula los contenidos, es decir, dice cómo deben estar alineadas las leyes en relación con las normas constitucionales y, de alguna manera, regula conductas –¡vaya que sí lo hace!– porque en ella hay también, claramente, normas materiales. Y me pregunto lo siguiente: la conducta de una empresa que realiza propaganda para vender un elemento que sabemos es nocivo para la salud, ¿no es inconstitucional? Por mi parte, afirmo que lo es. Reitero que iba a formular este planteo como pregunta a lo largo de la intervención del señor Senador Moreira.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Moreira, a quien le restan tres minutos del tiempo de que dispone.

SEÑOR MOREIRA.- Señora Presidenta: señalé que estábamos de acuerdo con las disposiciones del proyecto de ley que prohíben toda forma de publicidad, patrocinio o promoción de los productos de tabaco. Las empresas relacionadas con tales actividades, en la medida en que afecten la salud pública –ha quedado demostrado que así es–, están limitadas, no solo por la Constitución, sino también por el texto de la iniciativa. Ahora bien; entiendo que el proyecto de ley a consideración va demasiado lejos. Como señalé, en los lugares de venta están todas las advertencias sanitarias, todos los pictogramas, fotografías y dibujos, tratando de desestimular el consumo de tabaco; entonces prohibir esa propaganda que hacen en el puesto de venta –y que, reitero, trata de desestimular– no ayuda.

Acá hay una regulación legal del principio constitucional de defensa de la salud, que es la ley vigente, que compartimos. Hasta ahí vamos, pero no más, porque estamos ingresando en un terreno muy opinable que, además, es susceptible de acarrear riesgos jurídicos que pueden comprometer las finanzas públicas y los recursos tributarios. Entiendo que no debemos ingresar en ese camino.

Simplemente, este es mi punto de vista, además de ser la opinión jurídica de un destacado especialista en Derecho Administrativo.

SEÑOR SOLARI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SOLARI.- Señora Presidenta: en primer lugar, quiero expresar la adhesión irrestricta de mi partido a la lucha por la reducción de todas las adicciones perjudiciales para la salud: la del tabaco, la del alcohol, la de la marihuana, la de la cocaína, la de la heroína, etcétera. En este tema el país debe tener una actitud coherente. No podemos estar flexibilizando, regularizando y normatizando la venta de la marihuana y su adquisición por parte de toda la población –con algún tipo de restricciones– y, por otro lado, restringiendo en forma casi prohibitiva el acceso a otro tipo de productos. En este caso se trata del tabaco, pero también podría ser el alcohol, una sustancia perjudicial para la salud mucho más importante y adictiva que aquel.

En segundo término, reafirmamos nuestro apoyo al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud, y a su aprobación e incorporación a la legislación nacional por parte de la ley correspondiente. Sin embargo, como bien dijo el señor Senador Moreira, el artículo 13 del Convenio Marco no obliga a Uruguay a aprobar este proyecto de ley. Específicamente, el numeral 2 de esa disposición expresa: «Cada Parte, –o sea, cada país– de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, procederá a una prohibición total de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. […] A este respecto, cada Parte, dentro de un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del Convenio para la Parte en cuestión, adoptará medidas legislativas». Y en el numeral siguiente se dice: «La Parte que no esté en condiciones de proceder a una prohibición total debido a las disposiciones de su constitución o sus principios constitucionales aplicará restricciones a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco». En realidad, Uruguay llevó esto a cabo a través de la ley del año 2008, por lo que acá no estamos partiendo de cero, sino de una determinada realidad.

De cualquier manera, quiero dejar constancia de la adhesión específica a las disposiciones del Convenio Marco, sin perjuicio de dejar sentado que no nos obliga en modo alguno a tomar decisiones que estén en contra de nuestra Constitución o de nuestros principios constitucionales. Es más, el literal e) del numeral 4 del citado artículo 13 comienza diciendo, específicamente: «Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada Parte: e) procederá dentro de un plazo de cinco años a una prohibición total o, si la Parte no puede imponer una prohibición total debido a su constitución o sus principios constitucionales, a la restricción de la publicidad, la promoción y el patrocinio por radio, televisión, medios impresos y, según proceda, otros medios, como Internet». Esto fue concretado por Uruguay en el año 2008; o sea que no estamos hablando en el vacío, sino de una realidad de un determinado país.

En tercer lugar, cabe preguntarse qué propone el proyecto de ley que estamos considerando. Se lo dice claramente en los tres primeros párrafos de la exposición de motivos. El primero de ellos expresa: «El artículo 7 de la Ley n.º 18256 del 2008, con la modificación introducida por el artículo 311 de la Ley n.º 18362, prohíbe toda forma de publicidad, promoción o patrocinio de los productos de tabaco, excepto en el interior de los puntos de venta y hace una enumeración a modo de ejemplo y no taxativa de las medidas que comprenden esta prohibición». Esto está vigente y fue calificado por el entonces Ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, en una comparecencia ante las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Representantes, como una restricción absoluta y total de la publicidad. Más adelante volveré a referirme a esa comparecencia.

La exposición de motivos continúa diciendo: «El proyecto en consideración estaría modificando este artículo eliminando tal excepción, –es decir, la excepción del patrocinio o promoción dentro de los lugares de venta– prohibiendo así totalmente la publicidad, incluyendo la exhibición de los productos de tabaco, ya que esta constituye una forma de hacer publicidad».

Quien vea las cajillas de cigarrillos que se comercializan legalmente en Uruguay, difícilmente pueda creer que allí hay alguna forma de publicidad. A las pruebas me remito; basta compararlo con lo que se ve en la calle, en las ferias, que no tiene ningún pictograma ni advertencia, y que representa un 25 % o 30 % del comercio interno.

Nuestra preocupación se relaciona con la salud pública, y no con otra cosa. Sin embargo, este proyecto de ley no protege la salud pública, y voy a argumentar por qué.

¿Es efectiva la extensión de esta prohibición? No hay evidencia concluyente al respecto; no hay ninguna evidencia científica concluyente que indique que prohibir la exhibición de cajillas de cigarrillos o de paquetes de tabaco en un quiosco o en un boliche, o que prohibir una pequeña leyenda, dentro del quiosco, que diga «Acá se venden cigarrillos, tales y cuales, que dañan la salud», reduzca el consumo. No la hay.

Voy a hacer referencia a dos fuentes. La primera es la experiencia vivida por países como Finlandia, Dinamarca y Suecia. Me voy a detener en el caso particular de Dinamarca. En mayo de 2010, durante el debate parlamentario de una propuesta similar a la que estamos considerando, los miembros del Parlamento expresaron sus inquietudes al respecto. El Ministro de Salud dijo, textualmente: «No creemos que los pocos países que han adoptado una medida similar puedan demostrar que dicha acción ha tenido algún efecto concreto». Esto no lo dice el abogado de Philip Morris ni el bagayero que trae cigarrillos de Paraguay o de donde fuera; lo dice el Ministro de Salud de un país como Dinamarca.

Personalmente me gustaría tener una salud pública como la de Dinamarca; me gustaría tener una salud pública como la de Suecia, donde tampoco se aprobó una disposición de este tipo.

En junio de 2012, en ocasión de preguntar a la Ministra de Salud de Suecia, María Larsson, sobre la prohibición de exhibición en los puntos de venta, respondió: «Los niños suecos en edad escolar fuman menos que en la mayoría de los otros países. […] Cabe destacar que en Finlandia, a pesar de haberse adoptado una postura muy estricta respecto del tabaco y una prohibición de exhibición en los puntos de venta para controlar las ventas de cigarrillos, la proporción de adolescentes que fuman es mayor a la de Suecia».

Quiere decir que no estamos ante un problema tan sencillo, como para decir: «Prohibimos que se exhiban, prohibimos toda la propaganda y con eso tenemos el tema solucionado».

Lo que estamos mencionando no lo dicen solo las Ministras de Salud de Dinamarca y de Suecia; lo dijo también el señor Olesker en agosto de 2010, cuando era Ministro de Salud Pública, ante las Comisiones de Salud Pública del Senado y la Cámara de Representantes funcionando de manera integrada. Más adelante haré referencia a esa intervención.

El domingo pasado la profesora Ann McNeill, del King´s College de Londres –institución sumamente reconocida en materia de salud pública– envió –según creo, a todos los Legisladores– una carta personal en la que argumenta a favor del proyecto que estamos considerando. Sin embargo, si se lee con detenimiento su contenido, puede apreciarse que ella llega a la conclusión –que uno comparte– de que se requiere más investigación científica a los efectos de saber si la prohibición de la exhibición y de propaganda en los puntos de venta tiene o no algún efecto sobre el consumo.

O sea que aquí vamos a afectar derechos humanos –por ejemplo, al comercio, a la libertad de expresión, o a lo que fuere– con relación a productos legítimos sobre la base de evidencia no concluyente aun para aquellos que son partidarios del proyecto de ley, pero que lo toman con una responsabilidad muy grande.

En cuarto término: ¿es necesaria –no solo efectiva– la extensión de esta prohibición? No hay evidencia alguna de que lo sea. No hay evidencia de que las compañías tabacaleras hayan adoptado la estrategia de aumentar su publicidad dentro de los puntos de venta, y tampoco de que haya aumentado el consumo. Por el contrario: hay evidencia de que la prevalencia de fumadores en adultos y en jóvenes ha venido disminuyendo.

En base a información que solicité a las autoridades de la DGI, me tomé el trabajo de realizar el siguiente cálculo. Un paquete de tabaco contiene mayor cantidad de tabaco que el que contiene una cajilla de cigarrillos, es decir, un paquete de tabaco de armar tiene, prácticamente, tres veces y media la cantidad de tabaco que tiene una cajilla de cigarrillos. Por mi parte, sumé la cantidad de unidades de paquetes de tabaco con la cantidad de unidades de cajillas de cigarrillos que se vendieron desde el año 2004 hasta 2013. En ese período se aprecian dos caídas importantes. La primera fue entre 2004 y 2005. ¿Qué sucedió? Hubo un aumento muy importante del precio, estrategia clave para disminuir el consumo. La segunda caída fue entre los años 2007 y 2009, período en que nuevamente hubo un aumento muy importante del precio por la introducción del Imesi y por el precio ficto. Pero, ¿sabe una cosa, señora Presidenta? A partir del año 2010, cuando se estanca el precio y, como resultado de la inflación, el precio relativo va disminuyendo, se registra un ligero aumento de las ventas legales. No es un incremento muy importante, pero sí sostenido desde el año 2010 en adelante. Nadie sabe a ciencia cierta –por qué las estimaciones van desde el 10 % hasta el 30 % del mercado– cuánto es lo que se consume a punto de partida del mercado informal. Cualquiera que haya ido a una feria en Montevideo o en cualquiera de las ciudades del interior ve los paños extendidos arriba de los cajones, sobre los que colocan las distintas marcas de cigarrillos; uno se pregunta de dónde habrá salido todo eso, ya que no se reconoce ninguna marca. No hay ninguna marca uruguaya ni extranjera conocida. Por ejemplo, tengo aquí una cajilla marca Bill, y nos hablaron de otra cantidad de nombres y marcas.

Entonces, ¿es necesaria esa prohibición? No está demostrado que lo sea. En cambio, sí está demostrado que la estrategia adoptada a partir del año 2008 le ha venido dando muy buen resultado a Uruguay. Sin embargo, no sabemos si esta iniciativa será efectiva y si contribuirá positivamente o no.

El señor Senador Moreira –al igual que el señor miembro informante– habló in extenso sobre un tema que quien habla no domina: si esta normativa es constitucional o no. Sería un atrevimiento de mi parte introducirme en ese tema, pero de acuerdo con el informe del doctor Risso, el riesgo de inconstitucionalidad está presente.

SEÑOR PASQUET.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SOLARI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señora Presidenta: quiero hacer unas breves consideraciones respecto al tema de la regularidad jurídica de este proyecto de ley.

Hace pocas horas tomé contacto con el informe de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios que glosa, según parece, una consulta del doctor Risso –muy prestigioso constitucionalista–, quien formula un conjunto de argumentos muy serios en contra de la constitucionalidad de la norma. Sin embargo, debo decir que esa argumentación no ha terminado de convencerme, ya que parto de lo que me parece es un principio jurídico elemental: el que puede lo más, puede lo menos. ¿Podría la ley declarar ilícito el comercio de una determinada sustancia y excluirla del comercio de los hombres, como dice la fórmula clásica? Sin duda que sí; lo hemos hecho con una serie de sustancias, como las drogas, cuya comercialización está prohibida. ¿El tabaco tiene derecho a un estatuto especial que impida que se prohíba su comercialización? Evidentemente, no. El Legislador podría prohibir la comercialización del tabaco, sus derivados y demás, lo cual –a mi juicio– no sería inconstitucional. Entonces, si puede prohibir el tabaco y su consumo, inclusive transformándolo en delito, también puede restringir o suprimir la publicidad y toda forma de anuncio y difusión de la comercialización.

Desde mi punto de vista –lo digo sin dejar de reconocer la enorme autoridad del profesor Risso Ferrand– no existe esa alegada inconstitucionalidad; lo que sí podría haber –y me parece que seguramente la habrá– es una reclamación patrimonial. Es decir que habría responsabilidad del Estado por acto legislativo, y esa reclamación podría llegar a ser cuantiosa. Habría que ver cuál sería su monto y qué impacto podría llegar a tener. Si mañana el Legislador le dice a una industria establecida hace mucho tiempo en el país: «Usted no va poder seguir funcionado; usted no va a poder comercializar lo que hasta ahora venía produciendo y comercializando lícitamente, con lo que condenamos su negocio a la ruina porque la salud pública reclama que así procedamos», eso va a generar una reclamación patrimonial que habría que estimar. Creo que esos datos no se han manejado; no los conocemos.

Por las razones que venía señalando el señor Senador Solari con tanto rigor, no veo la ventaja de recorrer un camino que seguramente nos va a exponer a reclamaciones patrimoniales cuantiosas cuando no se ha demostrado la eficacia de esas medidas y, al contrario, hay elementos de juicio harto convincentes que deponen en el sentido opuesto. Entonces, para mí esta no es una cuestión de constitucionalidad; es una cuestión de conveniencia, de sopesar ventajas y desventajas, y por los argumentos que está exponiendo el señor Senador Solari me inclino a pensar que el balance no favorece la sanción del proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Ya hice referencia en dos oportunidades a una sesión conjunta de las Comisiones de Salud Pública del Senado y de la Cámara de Diputados, que se realizó el 10 de agosto de 2010. En dicha sesión se recibió al señor Ministro de Salud Pública del momento, economista Olesker, y al señor Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Almagro. El motivo de esa sesión conjunta fue que había trascendido en la prensa que se había creado, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, un grupo de trabajo para tratar de evitar una demanda por parte de la compañía Philip Morris y que, en base a eso, ese grupo de trabajo estaría planteando modificar la política contra el tabaco. Ese fue el origen de esa sesión conjunta. Ambos Ministros vinieron y reafirmaron que de ninguna manera se iba a modificar la política contra el consumo de tabaco, que no había ningún cambio, pero que sí había un grupo de trabajo, efectivamente creado el 2 de marzo del año 2010 en la órbita del Poder Ejecutivo, para ver cómo enfrentar la posible demanda que plantearía la empresa Philip Morris contra Uruguay ante el Ciadi.

En esa oportunidad el Ministro Olesker expresó con mucha claridad cuáles eran los seis pilares –que, en definitiva, después resultaron ser siete– de la política antitabáquica del Gobierno. Obviamente, uno de ellos es la prohibición absoluta y amplia de publicidad, que está en al artículo 7.º de la ley aprobada en el año 2008. Hizo referencia a otros varios y dijo: «A estos seis puntos que, a nuestro juicio, conforman el corazón de la política del tabaco, expresada en la Ley n.º 18256, se agrega un séptimo punto que el Gobierno desarrolló por la vía impositiva, que fue el incremento fiscal que llevó a que el precio en términos reales se multiplicara por dos entre el 2005 y 2009». Esto explica la caída en la venta legal a que yo ya hice referencia en forma previa.

Más adelante expresó –y yo pregunto qué pasó con esto– lo siguiente: «Pero creemos que falta un fuerte componente educativo y, por lo tanto, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y organismos descentralizados estamos planteando la incorporación de normas sobre los efectos nocivos del tabaco en el currículo escolar y liceal, así como también lo haremos por ley, obviamente la obligatoriedad de mensajes en los medios de comunicación respecto a los efectos nocivos del tabaco. Es decir que, obviamente, no solo apuntamos a publicidad cero del tabaco sino que queremos ir a un proceso de publicidad positiva respecto a los efectos nocivos del tabaco a través de los medios de comunicación, tanto públicos como privados, en Montevideo y el interior». No recibimos ningún proyecto de ley con esas características; no tengo ningún conocimiento de una modificación del currículo con las características que acá señaló, en agosto del año 2010, el entonces Ministro de Salud Pública, economista Olesker. Esto va en la misma línea a que recién hizo referencia el señor Senador Pasquet, y anteriormente el señor Senador Moreira, es decir, a qué nos exponemos con este tipo de experimentos.

Más adelante, en esa misma sesión el Ministro Olesker dijo: «Queremos señalar que, al mismo tiempo que decimos que los pilares centrales de la política sustentada en la Ley n.º 18256 no cambian porque es nuestra convicción y repito que estamos dispuestos a profundizarla, debemos tener claro que al asumir el Gobierno –o sea, cuatro meses antes, el 1.º de marzo de 2010– nos encontramos con una situación de relativa desprotección respecto al Derecho Internacional y con impactos jurídicos y económicos de gran envergadura para el país, por algunos problemas ligados a normativas jurídicas que se habían incorporado posteriormente a la Ley n.º 18256 en un caso, un año, y en otro caso, casi dos y que el rango jurídico con el que se habían realizado y su vinculación al tratado de protección de inversiones nos debilitaba en la negociación internacional». O sea que cuando uno aprueba disposiciones de este tipo tiene que pensar en todas las consecuencias, no solamente en las de la salud –que no están demostradas–, sino además en las consecuencias patrimoniales para el Estado que, en definitiva, afectan a la totalidad de los uruguayos. Ya nos pasó una vez, tal como lo dijo el señor Ministro Olesker en ese momento y como lo reafirmó más adelante el propio Canciller después de haber declarado que él era una especie de talibán en el tema de la lucha contra el tabaquismo –referencia que me llamó enormemente la atención–, porque dijo: «Uno corre el riesgo de “talibanizarse” al respecto». También expresó: «Para nosotros el compromiso con la lucha contra el tabaquismo es absoluto y total». Después, haciendo referencia a la demanda que iba a plantear la compañía Philip Morris, señaló: «Al mismo tiempo, tenemos que hacer frente a esta demanda. Hay una solicitud de arbitraje de Philip Morris que está pospuesta en los procedimientos de elección de árbitros hasta el 1.º de setiembre. Para nosotros, este es un tema con una especial sensibilidad. Se trata de una demanda ante el tribunal arbitral del Ciadi por no cumplimiento de un acuerdo firmado por el Uruguay». Obviamente, no sería el caso de esta ley, porque acá el rango de la norma jurídica es el adecuado, pero ciertamente así como en aquella oportunidad se adoptaron resoluciones sin el rango adecuado, acá se pueden estar adoptando resoluciones que perjudican intereses legítimos a los cuales después vamos a tener que hacer frente.

Más adelante el Canciller explica: «Las disposiciones que se tomaron por decreto u ordenanza establecían algunas obligaciones que recoge la demanda» planteada por Philip Morris. «La demanda también señala la inconsistencia jurídica de esa resolución del Ministerio de Salud Pública, precisamente, con este acuerdo». Quiero aclarar que el entonces Ministro de Salud Pública, economista Olesker, cuando se adoptaron esas resoluciones era Director General de Secretaría de ese Ministerio y, por lo tanto, participó del proceso de toma de decisiones.

Y concluye el Canciller: «Debemos ser firmes en esto y, por otra parte, prolijos jurídicamente». Entonces me pregunto: ¿somos prolijos jurídicamente estableciendo una prohibición total de exhibición de productos de tabaco que no tiene un fundamento científico comprobado y que ha sido adoptada por muy pocos países en el mundo, dejando de lado todo lo relativo a la educación y a la formación de nuestros alumnos en la enseñanza primaria? ¿Esa es la consistencia de la política de este Gobierno?

Señora Presidenta: vuelvo al inicio. Adherimos en forma irrestricta a toda política que restrinja el consumo de sustancias dañinas y que causan adicción, sean cuales fueren, incluido el tabaco, incluido el alcohol producido por Ancap, sin duda. Pero queremos hacerlo en forma firme y prolija jurídicamente. No estamos dispuestos a acompañar una norma que le va a ocasionar muy probablemente al Estado uruguayo reclamaciones a las cuales después deberá hacer frente.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señora Presidenta: voy a hablar desde el punto de vista del ciudadano que ha disfrutado mucho fumando. Quizás, remontándonos en el árbol de la memoria, esa idea de echar humo parecía una meta muy importante a los 8 o 9 años. ¿Quién no recuerda esos meses dorados del fin del verano, entre los maizales, con un pedazo de papel de estraza y una barba de choclo bien seca? Armar un cigarro y ponerse a echar humo parecía una etapa, un escalón en la vida. ¡Pobres de nosotros! Creíamos que las ropas no adquirían un olor a pasto quemado que se sentía a diez metros, y cuando nos preguntaban si habíamos hecho estas diabluras, por supuesto que las negábamos. ¿Quién no recuerda el primer cigarrillo? Para mí fue un Sheik, que me cayó horrible, y desde ese momento nunca más pude fumar cigarrillos rubios. ¿Quién no ha disfrutado de abrir un paquete fragante de Río Novo, el tabaco de los calaveras, y quién no lo ha armado en una tarde campera? Me estoy poniendo un poco morosoliano con estos recuerdos, pero no hay duda de que el cigarrillo ha sido un compañerazo. ¡Qué vamos a hacer! Ha sido un gran compañero; del mate, de la conversación, de las madrugadas de preparación de exámenes, con el cual todos hemos tenido una relación personal que, como toda relación personal, ha tenido altos y bajos. Yo le fui infiel al cigarrillo 26 años seguidos, pero un buen día, desde el fondo de la psiquis, arremetí en Madrid hacia una esquina a comprar Ducados. Habían pasado 26 años de abstinencia. Es una maravilla y algo que asombra la fuerza de la adicción, que estuvo allí escondida 26 años, más de un cuarto de siglo, por supuesto que pautados por unos buenos Cohiba Lanceros, que no voy a decir quién me los suministraba para no darle alegría a la Bancada del Frente Amplio. Quizás fue la única buena cosa que hizo en su vida.

Es desde esta perspectiva que tratamos el tema del cigarrillo. Los señores Senadores saben que tengo una particular amistad con el doctor Tabaré Vázquez, y siempre ese fundamentalismo, proveniente de su ciencia, de su profesión, como todos los fundamentalismos me ha disgustado. Creo que aquella ley primera pecó de exceso. Tenía que haber establecido locales donde se pudiera fumar. En definitiva, es el ejercicio de una libertad, que puede entenderse holísticamente, en el concepto total de libertad, o como un conjunto de pequeñas libertades cuya sumatoria nos hace llegar a esa gran libertad. Yo le tengo miedo a la pérdida de la libertad, porque se pierde en cuotas, generalmente; nunca es al contado. Entonces, un día nos dicen: «No fume» y otro día nos van a decir, por ejemplo: «¡Cuidado con la carne gorda, las mollejas!», que puedo demostrar –porque hay varios médicos amigos que me lo han dicho– que son perjudiciales para la salud. Entonces, ¿vamos a poner un inspector de parrillas? ¿Vamos a poner en los envoltorios del asado de vacío un letrero que diga: «Comer carne gorda es pernicioso para la salud»?. Podrían hacerlo, pero ¿después van a poner inspectores para ver si ya me comí medio kilo o un kilo y medio? Me parece que se equivoca el camino, sin perjuicio de que publicitar el daño que hace el tabaco es importante, porque es real. Pero creo que una manera mucho más eficaz de llegar a que la gente tenga conciencia es lo que hacen algunas mutualistas con aquellos usuarios que tienen exceso de peso. Voy a contar una anécdota que no me deja muy bien. Un día veo que me aumentan la cuota mensual del seguro de salud; entonces fui a reclamar, y, para mi horror y mi pérdida de dignidad personal, me dijeron que era obeso. Yo le dije: «Mire, doctor, obeso no. Dígame gordo». Y me respondió: «El que tiene 10 % más del peso que, por su conformación física debería tener, es obeso». De manera que marché por obeso y me mandaron un aumento bastante grande. Entonces, pienso si no es mucho más conducente, para que la lección llegue, que los fumadores tengan un plus en los pagos del servicio de salud, porque si algo es evidente es que tenemos un riesgo mayor, o tienen, porque siempre es mejor que a uno no le toque. Podría perfectamente aplicarse a los fumadores un plus, porque son más proclives a ocasionarle gastos a la institución con la que han contratado un seguro. Me parece que esto es mucho más elocuente y, además, tiene más base de justicia que algunas normas prohibitivas.

En su momento escuchamos muy atentamente a todos los que vinieron a opinar sobre esta norma –que no vamos a votar–, de manera que voy a hacer comentarios en cápsulas al respecto.

En primer lugar, seguramente se debe poder prohibir fumar, pero, como no está prohibido, no se puede prohibir exhibir. ¿Cómo, estando permitida una actividad comercial de compraventa de un producto, voy a prohibir que lo muestren? Yo no soy jurista, pero aquí hay una libertad madre y una que es accesoria. Es decir: si puedo comprar y vender, más allá de la condena social y pública, no me pueden impedir mostrar lo que voy a vender. Lo que es absurdo de este proyecto de ley es el penúltimo inciso, que refiere a la exhibición, porque se establece que no puedo entrar a un bar, boliche o lo que sea y ver el objeto de la compraventa. Otro tema es la publicidad, el patrocinio y todo lo que se ha mencionado aquí, pero no es posible que me prohíban mirar, porque ya estamos entrando en 1984, en un mundo orwelliano. ¿Cómo que no puedo ver un producto? Lo que se nos dice es que cuando las personas lo ven se activa el deseo. Bueno, entonces que no vayan a la playa porque si ver activa el deseo, pueden darse circunstancias veraniegas de activación excesiva.

Yo creo, señora Presidenta, que no puede prohibirse la exhibición de ningún producto que esté librado al comercio de los hombres, más allá de que no pueda hacérsele propaganda, etcétera, etcétera, y de que las cajillas de cigarrillos muestren horrorosos retratos y fotos.

Algo interesante ocurrió en la Comisión de Salud Pública cuando nos visitaron los explotadores de quioscos y otros tipos de puntos de venta, quienes mencionaron que habían mandado a analizar cigarrillos de contrabando. Como no habían traído con ellos el informe en ese momento, se lo pedimos y nos lo mandaron. Debo reconocer que para mí ese material es ininteligible porque incluye una lista de productos químicos que no sé si son buenos o malos, pero son de aquellos impronunciables, que cada sílaba va diciendo si es un carbono o no sé qué otra cosa que en algún momento intentaron enseñarnos. Lo que sí nos dijeron es que también tienen un poco de tabaco; que en los cigarrillos de contrabando han encontrado hasta vestigios de tabaco.

En consecuencia, ¿qué está sucediendo si pensamos en la salud? La caja de cigarrillos contrabandeada cuesta $ 30 y la otra $ 70; obviamente, los que tienen la necesidad, la adicción –que calculamos corresponde a alrededor del 20 % de la población, que es una gran parte– optan por la más barata. Quiere decir que debido al precio alto de los cigarrillos los estamos llevando a perjudicar su salud. Por lo tanto, los sanitaristas, quienes están en esta campaña por la salud, tendrían que recomendar al Gobierno bajar los impuestos del cigarrillo legal para que de esa manera el fumador fume cigarrillos de origen conocido, sobre los que hay contralor de la calidad del tabaco. Lo contrario es empujar a una actividad ilícita que no da trabajo, que no genera empleo, que no mueve la industria y que, además, hace daño.

Yo pediría que quienes llevan adelante esta ley sugieran al Gobierno que equipare o aproxime los precios de los cigarrillos para que por lo menos el que fuma consuma los que hagan menos daño, siempre continuando con la propaganda, porque esto no impide que se recuerde en las escuelas y liceos que fumar no es bueno, que es malo, lo cual me parece perfecto. Sin duda, fumar no es una cosa buena, pero hace a la libertad de las personas. Lo mismo sucede con comer carne gorda, con no hacer ejercicio y con tantas cosas que uno hace por libre albedrío.

La sociedad tiene que tener mucho cuidado de que el «Gran hermano» no esté metiéndose demasiado en las libertades de los ciudadanos, que tienen derecho a fumar si lo desean, que tienen derecho a comer carne gorda y que tienen derecho a hacer tantas cosas, con moderación y pese a las advertencias, porque está en el fuero íntimo de su libertad. ¡Cuidado con ingresar al campo de las decisiones propias del individuo, que a nosotros nos preocupan en todas las áreas!, porque de esto a considerar nocivas las ideas o alguna otra cosa, no hay una distancia demasiado grande y nosotros siempre tememos por esa libertad, que es una sola y que, repito, en la sociedad se pierde en cuotas y un buen día, cuando hayan sido demasiadas las cuotas de pérdida, quizás ya sea muy difícil volver hacia atrás.

Suscribo las palabras del señor Senador Moreira sobre la constitucionalidad. La mayoría ha estado pateando contra el clavo durante todo este año y también el año pasado. Son libres de hacerlo; eso es cierto. Pateen contra el clavo, pero después vendrán las declaratorias de inconstitucionalidad porque, por suerte, hay una vigilancia sobre la regularidad jurídica y la defensa de la libertad que ha ido cumpliendo con su deber. Si para algo han servido esas normas que votó este Gobierno y que fueron declaradas inconstitucionales, es para mostrar una salud institucional de la cual tenemos que ser celosos guardianes, nos guste o no nos guste. Y miren que a todos nos ha pasado. Durante el Gobierno del Partido Nacional hubo dos declaratorias de inconstitucionalidad. La primera de ellas fue cuando, aprobada la reforma sobre las jubilaciones, sostuvimos que era solo para los jubilados del Banco de Previsión Social, que esa era la ratio legis. Los que habían llevado adelante la reforma querían que se les aplicara algo fijo como porcentaje. A su vez, nosotros dijimos que no se aplicaba a retirados militares ni policiales. En consecuencia, nos reclamaron y, apenas hubo una reclamación que ganó, enviamos un proyecto de ley para convertirlo en norma general y evitar que la gente tuviera que seguir reclamando. Quiere decir que oímos a la Suprema Corte y dado que, como ustedes saben, las decisiones tienen efecto solamente caso por caso, lo generalizamos. Es lo que hace un Gobierno que tiene cierta sensibilidad y lo lamento por los abogados, quienes podrían haber hecho ene cantidad de demandas.

La otra declaración de inconstitucionalidad se dio en oportunidad de la lucha planteada entonces entre el gasoil y la nafta. Procurando que el gasoil quedara en el ámbito de la producción pero no invadiera a los automóviles –lucha perdidosa de antemano porque contra eso no se puede–, habíamos puesto un impuesto a las unidades con motor a gasoil. Hubo personas que recurrieron ante la Suprema Corte, perdió el Gobierno e, inmediatamente, enviamos un proyecto de ley que iba en la dirección de lo que aquella había sentenciado.

Cito estos ejemplos como anécdotas porque a todos nos ha tocado resoluciones de la Suprema Corte de Justicia que no nos gustan, o que no le agradan al Poder Ejecutivo. Creo que la manera en la que se condujo el gobierno del Partido Nacional fue la correcta, porque amparó el derecho de todos quienes no habían ido a los estrados para obtener esta declaración de inconstitucionalidad.

Me parece que aquí de nuevo se van a pisar el palito. Alguien –no sé quién– va a ir a la Suprema Corte y esta va a fallar en contra de la prohibición de la exhibición de un producto cuyo comercio es legal. El cigarrillo será perjudicial o hará mal, pero su comercio está admitido. No se puede prohibir mostrarlo; no estamos hablando de publicidad o patrocinio, sino de que esté a la vista.

La aprobación de este proyecto de ley va a tener ese viso de cosa clandestina que, a veces, hasta le agregan cierta sal a las cosas: «¿Tiene cigarrillos?» preguntarán, como quien pide otro producto –y no voy a contar anécdotas del pasado–; ahora ya no podemos referirnos a la marihuana, pero supongo que lo otro habrá que seguir pidiéndolo a escondidas. La marihuana ya está autorizada, este es el «año del porro», así que seguiremos en esa tendencia.

¡Me parece increíble! Tiene que permitirse que el cliente vea lo que el comerciante quiere que vea ¿Por qué? Porque impedirlo es ir más allá del Derecho, es invadir un fuero que, en este caso, no le está permitido al Legislador.

Por eso no vamos a votar este proyecto de ley, porque creemos que ya hay bastante con toda la legislación anterior. Es más: creemos que habría que volver algún paso atrás y permitir fumar en ciertos locales.

Por lo bajo me dicen que en las cárceles se puede.

Los señores Senadores no imaginan las quejas que hemos recibido –aunque supongo que también las reciben– de los explotadores de casinos, que señalan que el que juega busca una descarga o una apoyatura psíquica –no conozco el funcionamiento de esto– fumando o tomándose algún trago. Me decían que tuvieron que inventar una terraza –que no es tal– no muy lejos de donde están «depositando» –porque allí se va a depositar dinero y no a retirarlo–, para que la persona pueda darse el gusto de fumar cerca de las mesas de juego. Me parece que para esos lugares se podría establecer una dispensa, ya que, además, no es obligatorio entrar allí.

Comentarios aparte, el cigarrillo es nocivo, es malo para la salud, por lo que hay que enseñar a no fumar. Además, habría que elevar el costo de la atención de la salud del fumador, dado que yo fumo porque tengo ganas y le estoy haciendo un daño a mi mutualista, ya que le cuesto más caro por ser fumador. Eso sí es de justicia, de la misma manera que la historia del obeso –que no quiero repetir nunca más–, que por tener un peso por encima de la media de la población era proclive a ciertas patologías, siendo penado con el aumento de la cuota mutual, por costar más caro. Considero que hay que ir por ese lado y no por el de insistir sobre el tema de la prohibición, que ya está aceptada. ¡Qué buena es nuestra gente! Enseguida aceptó la prohibición de fumar, se acomodó a la normativa, para fumar pide permiso y sale de los edificios. Ha sido una maravilla el acatamiento de la norma y la disminución de los fumadores, pero en virtud de todos los datos que hemos dado habría que bajar el precio para que se fumen mejores cigarrillos y no porquerías. Además, habría que penalizar por el lado de la medicina y tener cuidado con las inconstitucionalidades, porque de lo contrario este Gobierno se va a convertir en el campeón, con el mayor récord de inconstitucionalidades, en tanto siga creyendo que las mayorías pueden hacer cualquier cosa.

Muchas gracias.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Señora Presidenta: esta discusión es importante, porque no solo estamos hablando de este proyecto de ley –que contiene un solo artículo–, sino también de aspectos más de fondo. Estos debates son importantes para la construcción del Parlamento como ámbito democrático.

El cáncer de pulmón es una enfermedad nueva en el mundo. Los profesores en la materia dicen que hace un siglo había muy pocos casos. En realidad, el cáncer de pulmón es un hijo del tabaquismo, no del tabaco que es mucho más viejo que el tabaquismo. Y, como se ha dicho en Sala, el tabaquismo mata a millones de personas.

En realidad, el cáncer de pulmón se hizo notar al producirse un cambio tecnológico importantísimo: cuando se comenzó a curar el tabaco. Antes, el tabaco no se inhalaba, sino que se ingería de otra manera. Al hacerlo inhalable por vía respiratoria, el tabaco comenzó a tener las consecuencias de tabaquismo que vemos hoy en día. Como antes el tabaco se ingería de otra manera, no tenía estas consecuencias en los pulmones; era diferente.

Además, hay que analizar el tema en su conjunto. Esto lo dice alguien que nunca fumó porque, afortunadamente, la primera vez se me ocurrió fumar barba de choclo secada, de la huerta de mi casa, y nunca más quise ni acercarme al tabaco. A pesar de que en nuestra juventud fumar daba cierto prestigio social, me acordaba de lo horrible que era y me olvidaba ese prestigio. Sin embargo, al ser inhalable por vía respiratoria, no se trata solo de una decisión individual; yo he fumado mucho sin haber puesto nunca un cigarrillo en mi boca: he fumado en los ómnibus, en los clubes, en los salones de clase y, a veces, también, acá en el Parlamento. Entonces, me vulneran.

De paso, digo que en los patios abiertos que se encuentran en el interior de los edificios públicos tampoco se debería fumar, porque está prohibido hacerlo en estos edificios. Sin embargo, aquí en el Palacio Legislativo, entre otros lugares, mucha gente sale a fumar en sus patios abiertos, que son parte del edificio, por lo que allí no se debería fumar, a fin de que quienes pasamos por ahí cerca no nos veamos obligados a fumar.

El otro gran invento tecnológico que condujo al tabaquismo que tenemos hoy es el de las máquinas de armar cigarrillos. Los cigarrillos que contiene una caja como la que mostró el señor Senador Solari no se arman a mano, sino con máquinas que hacen diez mil o quince mil cigarrillos por minuto. Sin duda fue una gran creación tecnológica para la industria tabacalera. No se trata de cigarrillos de contrabando, hechos por empresarios menores. Los estudios indican que, en muchos casos, por lo menos, además de fabricar los cigarrillos con sus marcas, en las mismas fábricas se hacen otros cigarros destinados a las vías ilegales, que no pagan impuestos; por supuesto, no pueden tener marcas conocidas, pero los hacen con la misma tecnología y con las mismas máquinas.

En consecuencia, el comercio ilegal o el contrabando es una variante del comercio general de cigarrillos en el mundo, lo que está demostrado por estudios internacionales.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR AGAZZI.- Con mucho gusto.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Quería hacer referencia al tema de la composición de los cigarrillos ilegales. El señor Senador Lacalle Herrera dijo que la Asociación de Kioscos prometió a los integrantes de la Comisión de Salud Pública enviarles un análisis sobre los cigarrillos de contrabando y lo cumplió. Ahora bien, hay que leer ese análisis e interpretarlo.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- ¡Hay que entenderlo!

SEÑOR GALLO IMPERIALE.- Según los representantes de la Asociación, los cigarrillos prácticamente tienen de todo menos tabaco, cosa que no es así porque lo demuestra el propio informe. Este dice, en sus resultandos, que los compuestos detallados corresponden básicamente –y detalla cuarenta o cincuenta productos– a sustancias que se encuentran normalmente en el tabaco. Más adelante expresa que haciendo un análisis global –me parece que esta conclusión no es muy seria– se comprueba que en todas las muestras hay bastantes hidrocarburos, ácidos grasos, dietilenglicol, dibenzoato, componentes de flavour, pero también dice que, principalmente, hay vitaminas. O sea que todo el resto son productos no tóxicos.

Por otro lado, presentaron un informe basado en el estudio de la contaminación producida por los cigarrillos de todas las marcas. Este dice que se realizaron ensayos para determinar la presencia de enterobacterias, E. coli, etcétera, y se obtuvieron resultados negativos para ambos casos. Eso avala lo que dice el señor Senador Agazzi, en el sentido de que los cigarrillos ilegales son fabricados por las mismas empresas. Por tanto, no es correcto que se diga que se está fumando cualquier cosa menos tabaco; eso no es verdad, porque así lo demuestran estos análisis.

Muchas gracias.

SEÑORA PRESIDENTA.- Puede continuar el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- En realidad, la tecnología del curado, la producción industrial y la publicidad del tabaco constituyen todo ese centro de la industria tabacalera.

Es más, la publicidad fue creada asociada al placer, a la gente joven, a la forma como los consumidores acceden al tabaco, de tal manera que intoxicándose sientan satisfacción. ¡Es horrible! Diría que hasta es un juicio negativo sobre nosotros mismos. ¿Cómo alguien puede convencernos de que vamos a ser más importantes si nos intoxicamos? En realidad, le pusieron el mango a la pelota; han sido capaces de cometer una acción muy negativa sobre la salud de la población, convenciendo a los señores fumadores de que se trata de algo bueno. Pero eso es lo que ocurre al principio, porque después se hacen dependientes y no pueden dejar de consumir tabaco; quizás les pase lo mismo que al señor Senador Lacalle Herrera, aun luego de muchos años. Creo que debemos preguntarnos si una persona que decide volver a fumar está ejerciendo su libertad o está siendo prisionera de los hábitos que tuvo en algún momento de su vida y no es capaz de decidir, ya que es su sistema nervioso lo que lo lleva a consumir.

Hoy en el país, de acuerdo con lo que aquí se dijo, a la Ley n.º 18256 y al decreto reglamentario, disminuyó el consumo de tabaco, lo cual nos alegra mucho a todos, tal como se ha señalado. Esa disminución se produjo como consecuencia de tres elementos importantes: los impuestos, la prohibición de fumar en determinados lugares y la prohibición de la publicidad, ya que hoy no se puede hacer publicidad de los tabacos en la televisión, en los diarios ni en la radio. Nadie dijo que esto fuera un ataque a alguien o a algo y hasta ahora no ha habido ningún juicio de inconstitucionalidad por esa prohibición. A través de este proyecto de ley se va a agregar algo pequeño que, en realidad, no es tan pequeño; se trata de un aditamento a las publicidades que ya existen y son muy grandes. En definitiva, los tres elementos que han generado una disminución del consumo de tabaco son: los impuestos, la publicidad y la prohibición de fumar en los lugares públicos y en los locales cerrados.

Creo que lo que queda –porque lo permitió la ley– es la publicidad en los puntos de venta. Ahora bien; esto hizo que los puntos de venta cambiaran, de modo que los de hoy son muy distintos a los de hace diez años. Lo que ocurre es que, al ser el lugar donde se permite la publicidad, hay puntos de venta que prácticamente son una empresa de cigarros con una ventanita por la que se pueden comprar muchos productos. Antes no era así; ciertamente se focalizaron la publicidad y la promoción en el lugar donde se puede hacer propaganda, lo que resulta bastante lógico por parte de quienes quieren vender sus productos.

Es indudable que la publicidad es importantísima para la industria. Yo no soy industrial y, aunque sí he conversado con ellos, no puedo razonar como ellos. De todos modos, me doy cuenta de que es fundamental y ha sido clave para la promoción de sus productos. El señor Senador Gallo Imperiale leyó en esta sesión las expresiones de un jerarca de McCann Erickson y, por nuestra parte, nos preguntamos: si la publicidad no es eficiente, ¿para qué estamos gastando tanta plata en la propaganda política, en hacer publicidad de nuestras listas y de nuestras propuestas? Cada uno la hace a su manera, pero es la publicidad la que hace llegar los productos a los consumidores, quienes en función de ella tomarán sus decisiones al momento de elegir. En realidad, aumentando la publicidad se incrementa el consumo. Al respecto, hay una evidencia: el consumo aumenta entre los más jóvenes. El joven es buscado por las empresas de publicidad porque si logran capturarlo, lo tendrán por muchos años; eso es algo muy simple. Además, ahí es donde se genera la dependencia.

Ahora bien, ¿cómo es el márquetin en el punto de venta, que es lo que queda? Precisamente a eso refiere este proyecto de ley, que atañe a un asunto que queda pendiente en toda esta política de control del tabaco. Quiero decir que esta no es una iniciativa que prohíba el consumo de tabaco. A mi juicio, algunas expresiones que se han vertido hoy no han sido correctas, pero eso nos pasa a todos; algunas veces uno quiere manifestar una idea y de pronto no la trasmite con la debida precisión, pero recién se da cuenta de ello al leer la versión taquigráfica de lo expresado. Este proyecto de ley no prohíbe el consumo de tabaco, sino su publicidad. El tabaco va a seguir existiendo.

Por su parte, a medida que la publicidad se fue restringiendo, las tabacaleras han ido cambiando sus estrategias de publicidad. Precisamente, el punto de venta hoy en día se ha convertido en un lugar muy importante. Hay algunas expresiones de los empresarios de las tabacaleras en el sentido de que ellos no pueden perder la publicidad y el patrocinio porque, de esa manera, perderían a sus aliados políticos: los medios de difusión. Hay documentos de la empresa Philip Morris que llegaron a la Comisión y creo que todos los hemos leído. Si las empresas interesadas en el negocio del tabaco convierten cada punto de venta en un lugar que centralmente sea tabacalero, precisamente desde allí se empieza a incidir en los consumidores. Por ejemplo, ha habido muchas discusiones sobre la cajilla y el rol que este elemento juega en la publicidad. Es interesante conocer las discusiones que han tenido los empresarios de las tabacaleras con respecto a cómo deben ser las cajillas, ya que no son solo un envoltorio, sino que, por el contrario, tienen un fin; se diseñan de determinada manera y su exposición constituye una forma de hacer publicidad.

En muchos países las empresas tabacaleras han invertido en hacer énfasis en los puntos de venta. Tal vez los documentos más conocidos sean los de Estados Unidos, donde se explica por qué es tan importante el punto de venta. La British American Tobacco dice en un documento interno: «Dadas las consecuencias de una prohibición total de la publicidad, el paquete debe ser diseñado para dar al producto un impacto visual, así como para convertirse en la imagen de marca. El paquete en sí puede ser diseñado de manera que logre un mayor impacto visual en el punto de venta, que sus competidores». Al respecto, uno puede ver que hay algunos quioscos amarillos y otros verdes, como los carteles de cada una de las marcas. También en ese aspecto hay una competencia entre las distintas marcas de cigarrillos.

No voy a referirme al cumplimiento del Convenio de la OMS porque de eso ya se ha hablado, pero sí aclaro que no nos obliga; somos signatarios por ley, ya que el 16 de julio de 2004 se votó aquí una ley al respecto. Se pueden hacer distintas interpretaciones.

El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, en el punto 4 del artículo 13 dice: «Como mínimo, y de conformidad con su constitución o sus principios constitucionales, cada Parte: […] e) procederá dentro de un plazo de cinco años a una prohibición total o, si la Parte no puede imponer una prohibición total debido a su constitución o sus principios constitucionales». Aquí tenemos una discusión en cuanto a si la prohibición del tabaco es constitucional o no, y se dieron argumentos para uno y otro lado. En este sentido, quiero recordar que aquí hay productos cuya venta está prohibida, por lo que en ese caso también estaríamos ante una inconstitucionalidad. Por ejemplo, podría hacer toda una lista de los insecticidas cuya venta está prohibida –como el Fipronil, que es el más nuevo– porque son nocivos. Entonces, prohibir la venta de un producto porque es nocivo para la salud de los ciudadanos está ampliamente demostrado en el mundo y en el Uruguay que resulta benéfico, ya que disminuye su consumo.

Creo que el Uruguay viene obteniendo resultados positivos en esta materia –y a todos nos alegra– como consecuencia de las políticas aplicadas; ha caído la venta de cigarrillos legales.

Asimismo, quiero destacar algo muy interesante. Hay datos que son muy difíciles de obtener y hay empresas especializadas en ello. En lo personal, nos hicieron llegar los datos de Euromonitor International, a través del economista Dardo Curti, un profesional que es especialista en estos temas, quien además nos proporcionó datos de otras empresas, como la International Tobacco Control y la encuesta NPTA. En realidad, mirando todos estos datos juntos en la gráfica se puede ver que son concordantes. Estas empresas venden el resultado de su trabajo, pero no dicen cuál es la metodología que utilizan; se trata de una caja negra. Esto demuestra que desde 2000 hasta 2013 el consumo de cigarrillos en el Uruguay disminuyó en forma importante. En el año 1999 se consumían 185:000.000 de cajillas y 30:000.000 de ilegales, mientras que en el 2013 se consumieron 117:000.000 de cajillas y 27:000.000 de ilegales. O sea que, según estas consultoras, el consumo total pasó de 215:000.000 a 145:000.000, y disminuyeron tanto las legales como las de contrabando. Lo que ocurrió fue que las de contrabando bajaron menos y, en consecuencia, aumentó su porcentaje; pero este es un problema aritmético. En realidad, el consumo disminuyó como consecuencia de las políticas. Hoy miramos con satisfacción los resultados que ha tenido esta ley; pero cuando se aprobó, ¿qué evidencia científica teníamos de que íbamos a obtener estos resultados? A este respecto quiero hacer una reflexión más profunda.

Cuando uno aprueba una ley, espera tener un resultado y después, según los datos que se obtengan de la realidad, podrá analizar en qué medida las buenas intenciones que tuvo –esto es como lo del poeta– después se plasmaron en una obra que fue recogida por la opinión pública o quedó claro lo que quería decir.

Entonces, cuando decimos que hay que terminar de prohibir la que queda de publicidad, buscamos que a menor publicidad haya menor consumo. Al igual que manifestó el señor Senador Solari, yo tampoco estoy seguro de ello. Veremos qué ocurre, pero primero debemos probar; inclusive, si otros países nos hablan de sus resultados es porque lo probaron. Además, hay que tener en cuenta que estos datos son locales; los resultados dependen de quiénes son los consumidores más importantes, quiénes van a los quioscos, qué otras cosas se venden allí, etcétera. Hay países en que los puestos de venta, llamados Tobacco, venden solo tabaco; un caso en el que es así y que conozco bien es el de Francia. Los Tobacco están identificados como tales: tienen un caballito puesto adelante. En esos lugares venden tabaco y hacen la copia de la matrícula de los autos con una maquinita muy simple, pero no venden ninguna golosina ni chocolate, ningún caramelo ni ninguna galletita. En los quioscos de acá tenemos todo entreverado. El resultado que se obtenga con estas medidas depende hasta de cómo esté organizada la comercialización.

Es cierto lo que indican los datos que se dieron acá en el sentido de cómo el aumento de los impuestos –creo que el señor Senador Moreira decía que estaban en el entorno de los $ 38 por cajilla y es un monto importante en una cajilla que vale $ 70 u $ 80– tiene consecuencias en el bolsillo de la gente. Está bien; eso es así. Pero también aumentó el consumo del tabaco de armar, que en la frontera es muy importante.

Con relación a los datos que nos dieron, quiero señalar lo siguiente. Cuando preguntamos dónde se comercializan los cigarrillos de contrabando, todos nos acordamos del cajoncito en la feria. Sin embargo, el 65 % de los cigarrillos de contrabando se vende en los almacenes y los quioscos, y solo el 35 % en puestos especializados que se dedican a la venta únicamente de cigarrillos de contrabando. En realidad, los cigarrillos de contrabando tienen una caja distinta y no pagan impuesto, pero son un producto que armoniza perfectamente con todos los demás cigarrillos y hasta se venden en los mismos locales. No puedo asegurar, porque no tengo información, de quiénes son las cadenas de distribución de estos cigarrillos de contrabando. Pasó una cosa interesante. Cuando aumentó el precio de los cigarrillos legales –por la reforma tributaria, porque pasaron a pagar Imesi, etcétera–, también aumentó el de los de contrabando. O sea que los contrabandistas tienen un estímulo para vender más caro. Los cigarrillos de contrabando tienen una diferencia para que quien los comercialice pueda ofrecer un producto a menos precio, ¡pero no dejan de ganar porque vendan cosas de contrabando! Ningún comerciante deja de ganar con su actividad, ni aun vendiendo cosas de contrabando.

Lo que sí es grave es quién fuma más. Está demostrado que los más pobres fuman el doble que los sectores de la población que tienen más ingreso. En ese sentido, la lucha contra el tabaquismo también tiene algo de justicia social, de defensa de los sectores populares. Además, esos sectores son los que buscan comprar cigarrillos que sean más baratos.

Creo que el aumento del precio y la caída en el consumo de los cigarrillos legales, así como de los ilegales, tuvo un efecto benéfico en la salud pública del país. En el Uruguay, la prevalencia en 1998 era de 32,5 %, según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Hogares, y en el 2011 fue de 23,5 %. En los jóvenes disminuyó de un 30 % en el 2003 a un 13 % en el 2011. Hay que seguir en esta ruta.

No voy a entrar en el tema de la inconstitucionalidad porque no soy especialista en esos temas. Es algo que ya fue expresado. Lo que sí me aflige es qué pasa con la gente que trabaja hoy con el tabaco. Es mucha la gente que trabaja con el tabaco: en su venta, su fabricación o su comercialización. Creo que los comercios sienten menos la disminución del consumo de tabaco. Lo he preguntado a distintas delegaciones que nos visitaron. En realidad, el que vende menos tabaco después vende más de otra cosa, porque la capacidad de consumo de la población está determinada por sus ingresos, y si no compra tabaco va a comprar otras cosas. O sea que eso no es un problema para los quioscos o los comercios, pero sí lo es para los que trabajan en la industria tabacalera, sean empresarios o trabajadores. El otro día en la actividad que se hizo acá, en la Sala del Senado, conocí a los integrantes de una cooperativa de extrabajadores de Philip Morris. Cuando Philip Morris cerró en el Uruguay, ellos formaron una cooperativa; los contrató el Ministerio de Salud Pública y están destinados a llevar adelante distintas tareas que les son asignadas con relación al control del consumo de tabaco en el Uruguay. Conversé con ellos, los felicité por su actitud de vida y por su decisión. Es cierto que lo hacen defendiendo un puesto de trabajo, pero también es bueno que alguien que trabajó muchos años –aunque no fuera su responsabilidad– envenenando a la población, después pueda destinar la experiencia que tiene y su conocimiento del sector para liberar a la población de ese oprobio que es el estar intoxicándose todos los días.

Con los empresarios el asunto es un poco más complejo. He estado hablando con algunos que vinieron a visitarnos. ¿Por qué no se dedican a otra cosa que sea mejor para todos nosotros? En el país hay experiencias en este sentido. Si son empresarios, saben medir el riesgo y tienen capacidad de invertir, pueden hacer otras cosas. Conocí muy de cerca la reconversión de la industria azucarera de la remolacha. Por ejemplo, Saman, una arrocera muy exitosa, salió como reconversión de capitales que estaban destinados a la producción de remolacha azucarera y de azúcar a partir de la remolacha. Lo mismo ocurrió con Azucitrus. Yo trabajé en esas empresas. En vez de producir azúcar de remolacha, porque en el Uruguay la ecuación económica y las decisiones que se habían tomado le quitaban la protección –aquella del famoso 20 % de beneficios que tenía el industrial para hacerlo más competitivo–, se dejó de producirla y los empresarios empezaron a hacer otras cosas.

¿Qué actividades pueden ser necesarias para la sociedad? ¿Qué actividades pueden hacer los empresarios que sean útiles? Hay muchas cosas. Se pueden dedicar a la generación de energía, a los autos eléctricos, etcétera. Pero eso es algo que tienen que decidir los empresarios. Yo no me arrogo el derecho de decirle a un empresario cuál es el área en la cual puede desempeñarse. Está muy lejos de ser mi tarea. Pero sí creo que la industria tabacalera, por los motivos que he expuesto, está en lucha con la salud de la población, y esa lucha la va a perder, porque a la larga la razón le gana a los intereses. Me parece que estaría bueno pensar, dialogar y buscar caminos para defender los puestos de trabajo, las posibilidades de inversión o para realizar otras actividades económicas. Son todas opciones que al país le convienen; lo que no le conviene al Uruguay es que nos sigamos envenenando. Como creo que esta ley, al prohibir la publicidad en los puntos de venta, va en el sentido de ir cerrando el círculo de la promoción del tabaco, va a ser buena para la sociedad y por eso vamos a votarla, señora Presidenta.

SEÑORA PRESIDENTA.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

–16 en 23. Afirmativa.

En discusión particular.

En consideración su artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

–16 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado).

SEÑOR MEZZERA.- Pido la palabra para dejar una constancia.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MEZZERA.- Señora Presidenta: quiero dejar constancia de que me retiré de Sala pues, en virtud de mi carácter de profesional, he tenido algunas consultas vinculadas a la industria del tabaco, por lo que no voté a favor ni en contra del referido del proyecto de ley, puesto que está expresamente prohibido por el artículo 97 del Reglamento del Senado.

Muchas gracias.

34) SUSPENSIÓN DE LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑORA PRESIDENTA.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señora Presidenta: teniendo en cuenta que del Orden del Día de la sesión de hoy solo queda un punto por tratar –referido a una venia de destitución– y que en la coordinación de Bancada y en otros intercambios no advertimos que haya otro tema para considerar, propongo que se suspenda la sesión ordinaria de mañana por estar vacía de contenidos, pues hoy se prorrogó la hora de finalización y abarcamos toda la agenda.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

–24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

35) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A UN FUNCIONARIO PÚBLICO

SEÑORA PRESIDENTA.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en décimo término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 15 y 37 minutos).

(En sesión pública).

–Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 15 y 45 minutos).

–Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

SEÑORA PRESIDENTA.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

36) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑORA PRESIDENTA.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 15 y 46 minutos, presidiendo la señora Senadora Topolansky y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Baráibar, Cardoso, Clavijo, Conde, Couriel, Gallicchio, Gallinal, Gallo Imperiale, López Goldaracena, Martínez, Mezzera, Montiel, Moreira (Carlos), Muguruza, Nin Novoa, Obispo, Pasquet, Rubio, Solari, Tajam y Viera).

LUCÍA TOPOLANSKY Presidenta en ejercicio

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Miguel Sejas Prosecretario

Adriana Carissimi Canzani Directora General del Cuerpo de Taquígrafos

Control División Diario de Sesiones del Senado

Diseño División Imprenta del Senado

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.