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Nº 38 - TOMO 471 - 1° DE SETIEMBRE DE 2010

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE SENADORES

PRIMER PERÍODO DE LA XLVIIa. LEGISLATURA

37ª SESIÓN ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR DANILO ASTORI Presidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI Y GUSTAVO SÁNCHEZ PIÑEIRO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) y 15) Asuntos entrados

4) Proyectos presentados

- El señor Senador Penadés presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen disposiciones administrativas y penales para la protección de zonas rurales.

- Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación

- Los señores Senadores Chiruchi y Heber presentan, con exposición de motivos, un proyecto de resolución de modificación del Reglamento de la Cámara de Senadores.

- Pasa a la Comisión de Asuntos Administrativos.

- El señor Senador Heber presenta, con exposición de motivos, un proyecto de resolución por el que se crea una Comisión Especial de Derechos Humanos.

- Pasa a la Comisión de Asuntos Administrativos.

- El señor Senador Lacalle Herrera presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Ingeniero Agrimensor Carmelo Cabrera” la Escuela Nº 18 de Villa Nueva, Paraje Sauce, departamento de Canelones.

- Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.

- Las señoras Senadoras Moreira y Topolansky y los señores Senadores Amorín, Da Rosa, Lorier, Penadés y Rubio presentan, con exposición de motivos, los siguientes proyectos de ley:

• por el que se designa con el nombre “Don Juan Lateulade Safores” la Escuela Rural Nº 29 del Paraje Ahogados, departamento de Flores.

• por el que se designa con el nombre “Queguay” el Centro Educativo Integrado del pueblo Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú.

• por el que se designa con el nombre “Alfredo Zitarrosa” la Escuela Técnica Ruta 1 de Ciudad del Plata, departamento de San José.

- Pasan a la Comisión de Educación y Cultura.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Saravia solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE, relacionado con la posibilidad de que dicha empresa suscriba un convenio de pago con las empresas REG S.A., COLORMEL S.A. y SOMERLAND S.A.

- Oportunamente fue tramitado.

6) Exposición escrita

- El señor Senador Chiruchi solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la necesidad de concretar la construcción de un nuevo puente, no sumergible, en la Ruta Nacional No 11 sobre el Río Santa Lucía.

- Se procederá de conformidad.

7) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

8) y 13) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Rubio, Fernández Huidobro y Abreu.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Eleonora Bianchi y los señores Eduardo Brenta, Carlos Gamou, Pablo Álvarez, Javier Salsamendi y Carlos Camy.

- Nota de renuncia del señor Juan Faroppa Fontana a las convocatorias a integrar el Cuerpo.

- Aceptada.

9) Dragado del Canal Martín García

- Manifestaciones del señor Senador Lacalle Herrera.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a la Cancillería y a la Administración Nacional de Puertos.

10) Impugnación de la candidatura de la doctora Flavia Coelho al Municipio del Chuy

- Manifestaciones de la señora Senadora Xavier.

- Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Corte Electoral, a la Junta Electoral de Rocha, a la Junta Departamental de Rocha y al Municipio de Chuy.

11) II Conferencia Internacional sobre Clima, Sustentabilidad y Desarrollo en regiones semiáridas

- Manifestaciones del señor Senador Agazzi.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, de Relaciones Exteriores, de Transporte y Obras Públicas y de Defensa Nacional, así como al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad.

12), 14) y 16) Informes de la Comisión Preinvestigadora

- Análisis de la nota presentada por el señor Senador Pasquet por hechos vinculados a la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230.

- Intervención de varios señores Senadores.

- El Senado resuelve crear una Comisión Investigadora.

17) Levantamiento de la Sesión

1) TEXTO DE LA CITACIÓN

“Montevideo, 30 de agosto de 2010.

La CÁMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 1º de setiembre, a la hora 9:30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º) Informes de la Comisión Preinvestigadora, integrada para analizar la nota presentada por el señor Senador Ope Pasquet, con respecto a los hechos vinculados a la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de fecha 2 de junio de 1893.

Carp. N° 311/10

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

2º) por el que se establecen obligaciones referentes a la guarda, conservación y archivo de documentos relativos a las operaciones aduaneras, para los despachantes de aduana.

Carp. N° 242/10 - Rep. N° 129/10

3º) por el que se disponen recursos financieros y reglas de contratación de personal que estará afectado a las tareas del “Proyecto Censos Ronda 2010”

Carp. N° 292/10 - Rep. N° 134/10

4º) por el que se designa con el nombre “Golda Meir” el Jardín de Infantes Nº 222, departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. N° 241/10 - Rep. N° 125/10

5º) por el que se designa con el nombre “Alfredo Zitarrosa” la Escuela de Música Nº 78 de Fray Bentos, departamento de Río Negro, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. N° 248/10 - Rep. N° 126/10

6º) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de acreditar:

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de Canadá, al doctor Elbio Oscar Rosselli Frieri.

Carp. N° 251/10 - Rep. N° 130/10

- en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante el Gobierno de la República de Corea, a la señora Alba Rosa Florio Legnani.

Carp. N° 266/10 - Rep. N° 131/10

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al señor Rodolfo Camarosano Bersani.

Carp. N° 285/10 - Rep. N° 132/10

7º) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo:

- a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, Centro Auxiliar de Libertad. (Plazo constitucional vence el 21 de setiembre de 2010.)

Carp. N° 212/10 - Rep. N° 128/10

- a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, Red de Atención del Primer Nivel de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Plazo constitucional vence el 18 de octubre de 2010.)

Carp. N° 247/10 - Rep. N° 127/10

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Agazzi, Amorín, Baráibar, Bordaberry, Chiruchi, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Fonticiella, Gallinal, Heber, Lacalle Herrera, Larrañaga, Lorier, Martínez, Michelini, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Nin Novoa, Pasquet, Rubio, Saravia, Solari, Tajam, Topolansky, Viera y Xavier.

FALTA: con aviso, el señor Senador Penadés.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la Sesión.

(Es la hora 9 y 37 minutos.)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el cual se aprueba el Convenio de Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Popular China, firmado en la ciudad de Montevideo, el 24 de junio de 2010.

- por el que se reitera la aprobación del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América, suscrito en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 29 de abril de 2008. (Dicho Acuerdo remitido por el Poder Ejecutivo en la Legislatura anterior, cuenta con la aprobación de la Cámara de Representantes y actualmente se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.)

- por el que se aprueba el Convenio de Cooperación en Materia de Protección, Conservación, Recuperación y Restitución de Bienes Culturales y los que conforman el Patrimonio Natural que hayan sido materia de Robo o Tráfico Ilícito, entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, firmado en la ciudad de Montevideo, el 14 de agosto de 2009.

- por el que se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Corea en materia de Promoción y Protección de Inversiones, firmado en la ciudad de Montevideo, el 1º de octubre de 2009.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se designa “Bebel Casás” la Plaza de Deportes de Tala, departamento de Canelones, dependiente del Ministerio de Turismo y Deporte.

- por el que se establece un régimen de protección al personal ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes, al público en general, a los bienes y al medio ambiente.

- A LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, ENERGÍA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

- por el que se crea la Agencia para la Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria (APACET) como persona jurídica de derecho público no estatal.

- por el que se designa con el nombre “Mtra. Ofelia de Horta Campodónico” la Escuela Nº 286 de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones.

- por el que se designa con el nombre “Enriqueta Compte y Riqué” el Jardín de Infantes Nº 72, del departamento de Artigas.

- por el que se designa con el nombre “Alfredo Zitarrosa” la Escuela Nº 177 de la localidad de Vista Linda, del departamento de Canelones.

- A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

Y comunica que ha dictado una resolución en virtud del Convenio Donación: “Fortalecimiento Institucional para Promover el Acceso Equitativo de la Sociedad al Sistema Legal”, a suscribirse entre el Banco Mundial y la República Oriental del Uruguay, por la que fueron designados como Director y Director Adjunto los señores Secretario de la Cámara de Senadores Hugo Rodríguez Filippini y Secretario de la Cámara de Representantes Marti Dalgalarrondo Añón, respectivamente.

- TÉNGASE PRESENTE.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes:

- por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa “MEVIR - Doctor Alberto Gallinal Heber” la persona pública no estatal Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre, creada por el artículo 473 de la Ley Nº 13.640, de 26 de diciembre de 1967.

- por el que se declara el año 2011 como año de “Celebración del Bicentenario del Proceso de Emancipación Oriental” y se crea la Comisión del Bicentenario de la Revolución de Independencia del Río de la Plata 2010 - 2015.

- por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio por desempleo de los trabajadores de la empresa Metalúrgica y Pistones S.A.

- por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional perteneciente al Batallón “Leonardo Olivera” de Infantería Mecanizado Nº 12, a efectos de concurrir a la ciudad de Chuí, República Federativa del Brasil, para participar en el desfile conmemorativo de un nuevo aniversario de la Independencia de esa República el día 5 de setiembre de 2010.

- por el que se designa “José D’Acosta” la dependencia de la Dirección Nacional de Meteorología que funciona en el Aeródromo Ricardo Detomasi de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

- por el que se autoriza la salida del territorio nacional de una delegación del Regimiento “Blandengues de Artigas” de Caballería Nº 1 del Ejército Nacional, a los efectos de participar en los festejos del aniversario de nuestra Independencia Nacional, a llevarse a cabo por parte de la Embajada de la República Oriental del Uruguay en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, entre el 24 y el 26 de agosto de 2010.

- AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

- por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública, a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.
- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- por el que comunica que ha dictado las siguientes resoluciones por las cuales se designa:

- en calidad de miembro en representación de los trabajadores del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, al señor Alfredo Silva.

- en calidad de miembro en representación de los usuarios del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, al señor Wilfredo Alberto López Cacciavillani.

- AGRÉGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHÍVENSE.

El Ministerio de Salud Pública remite nota relacionada con la exposición escrita presentada por el señor Senador Jorge Larrañaga, sobre la integración de la Junta Nacional de Salud.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite respuesta a la exposición escrita presentada por el señor Senador Tabaré Viera, relacionada con la posibilidad de donación de equipos de conferencia para la Casa de la Cultura de Rivera.

- TÉNGASE PRESENTE.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite respuesta al pedido de informes solicitado por los señores Senadores Pedro Bordaberry, Jorge Larrañaga y Enrique Rubio, relacionado con la evolución del número de personal ocupado en los últimos 10 años y por cada uno de los Gobiernos departamentales.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA A LOS SEÑORES SENADORES BORDABERRY, LARRAÑAGA Y RUBIO.

La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2009.

- A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

Y asimismo, remite copia de las palabras pronunciadas por el señor Representante Juan Ángel Vázquez, referidas a la propuesta para declarar de interés nacional, cultural, patrimonial y turístico la celebración de los 85 años de la inauguración del Palacio Legislativo.

- TÉNGASE PRESENTE.

El señor Senador Juan Chiruchi, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Reglamento de la Cámara de Senadores, solicita se curse una exposición escrita con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la necesidad de concretar la construcción de un nuevo puente, no sumergible, en la Ruta Nacional No 11 sobre el río Santa Lucía.

- REPÁRTASE. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEÍDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa con el nombre “Golda Meir” el Jardín de Infantes Nº 222, del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa con el nombre “Alfredo Zitarrosa” la Escuela de Música Nº 78 de Fray Bentos, departamento de Río Negro, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes del Poder Ejecutivo a los efectos de destituir de sus cargos a dos funcionarias del Ministerio de Salud Pública.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establecen obligaciones referentes a la guarda, conservación y archivo de documentos relativos a las operaciones aduaneras, para los despachantes de aduana.

- por el que se disponen recursos financieros y reglas de contratación del personal que estará afectado a las tareas del “Proyecto Censos Ronda 2010”.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informadas las solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo a fin de acreditar:

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de Canadá, al doctor Elbio Oscar Rosselli Frieri.

- en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria ante el Gobierno de la República de Corea, a la señora Alba Rosa Florio Legnani.

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, al señor Rodolfo Camarosano Bersani.

La Comisión Preinvestigadora eleva informes relacionados con la nota presentada por el señor Senador Ope Pasquet, con respecto a los hechos vinculados a la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de fecha 2 de junio de 1893.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTÁN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN DE HOY.

La Junta Departamental de Río Negro remite copia de las palabras pronunciadas:

- por la señora Edila Berta Fernández, planteando la necesidad de que sea reparado el Puerto de San Javier.

- por la señora Edila Sandra Dodera, relativas a la preocupación que existe en los apicultores del departamento de Río Negro por la mortandad de abejas y el uso de agrotóxicos en la región.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de las palabras pronunciadas por la señora Edila María del Rosario Borges, referidas a la figura del político y diplomático señor Honorio Barrios Tassano.

La Junta Departamental de Artigas remite copia de las palabras pronunciadas por el señor Edil Jorge Ferrari, relacionadas con el “Primer Encuentro de Grupos Indigenistas del Uruguay” llevado a cabo en la ciudad de Bella Unión.

- TÉNGANSE PRESENTES.

La Junta Departamental de Durazno remite copia de las palabras pronunciadas:

- por el señor Edil José Pedro Varela, relativas a la preocupación de los productores de la zona de Chacras por el sistemático robo de ganado.

- A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA Y DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

- por el señor Edil Nelson Bosch, relativas a la inquietud de los vecinos de Blanquillo ante la falta de arreglos en la Ruta Nº 43.

- A LA COMISIÓN DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de las palabras pronunciadas por el señor Edil Carlos Oyanarte, relacionadas con la recolección de firmas de vecinos de Villa Tambores, solicitando la designación con el nombre “Dr. Juan Máximo Dalto” del liceo de dicha Villa.

- A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

4) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Gustavo Penadés presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual se establecen disposiciones administrativas y penales para la protección de zonas rurales”.

- A LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y LEGISLACIÓN.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

“Exposición de Motivos

I- Antecedentes y consideraciones generales; la necesidad de legislar.

La falta de seguridad por la que se ve afectada la población de las zonas rurales es un mal que proviene ya de muchos años atrás, cuya causa principal es un atraso normativo crónico que impuso una desventaja comparativa del campo respecto a la ciudad, debido probablemente a un error de perspectivas propias de una visión romántica de la campaña, según la cual parecería que desde el último malón hasta nuestros días las manifestaciones patológicas de la sociedad no se hubieran puesto de manifiesto en toda la superficie de nuestro país.

De tal forma, nuestra agenda legislativa no puede continuar postergando el tema de la seguridad rural. Así, el campo ha ido quedando a merced de legislaciones vetustas, que si bien durante mucho tiempo se adecuaban a la realidad, pierden y continuarán perdiendo vigencia día tras día. Sin embargo, aunque estas consideraciones nos obligan a continuar promoviendo el proceso de modernización de la legislación rural en sus diversos aspectos, el objeto de esta iniciativa se concentra quizás en el más inmediato e impostergable; la seguridad, el bienestar físico y moral de la familia que vive, trabaja y cría a sus hijos en el campo.

El incremento en el número de abigeatos, particularmente, es simplemente una manifestación aislada de la falta de protección normativa de la que ha sido víctima nuestro campo, donde parecería ser que los propios bienes jurídicos mayormente privilegiados en nuestro ordenamiento legal tienen distinto valor de acuerdo a su ubicación geográfica. Obviamente, la seguridad de bienes y personas en la campaña de mediados del Siglo XX en nada se asemeja a la situación de exposición en que actualmente se encuentran. El desarrollo de los medios y modos de transporte, la mayor disponibilidad de vehículos y la rapidez de los mismos han provocado que nada ni nadie pueda considerarse físicamente aislado. Así como en la mayoría de los casos se deriva de ello una innumerable cantidad de beneficios, también aparecen algunos males. El abigeato, como decíamos, es una expresión de la falta de seguridad en la campaña; pero no constituye la causa de la misma, y por tanto, abordar el tema en forma aislada a nada conducirá sino a legislar “para el papel”. La cuestión entonces es más amplia, y sin perjuicio de entender que los proyectos de ley modificativos del delito de abigeato aportarían, en general, una herramienta normativa útil, representan en esencia aspectos complementarios de una estrategia legislativa que necesariamente debe ser más compleja. En ese sentido, el presente proyecto parte del presupuesto de que lo fundamental es terminar de una vez con la visión obsoleta de que el campo es una tierra de nadie donde resulta tolerable el libre deambular de personas extrañas (armadas en muchas ocasiones) dentro de los límites de los predios, incluso en las inmediaciones más próximas a la vivienda rural, o bien escondidas en la espesura de los montes, el levantamiento de campamentos dentro de estos últimos y la instalación de aquellos sobre caminos vecinales, la total falta de respeto por las alambradas, cercas y porteras, y la invasión permanente de supuestos cazadores durante las noches, cuando escuchar balazos perdidos es cosa común. Evidentemente, todo ello contribuye a una situación de caos absoluto que no es propio de una sociedad civilizada ni se debe tolerar. Cuanto más tiempo se admitan tales conductas, el accionar de los que las cometen con ulteriores intenciones delictivas comenzará a pasar desapercibido, haciéndose patente cuando ya sea tarde y lo único que reste sea lamentarse. ¿Cómo podría entonces un buen padre de familia discriminar entre un delincuente armado que se aproxima a su casa a la luz del día, de un supuesto cazador que lo hace para dispararle a alguna perdiz? ¿Acaso debería tolerarse, incluso si este último fuera el caso, que una persona armada, muchas veces en estado de ebriedad, traspase alambradas y porteras mientras abre fuego sobre todo lo que se mueva, sea liebre, capón o ternera? Estas interrogantes representan solo algunos ejemplos de lo que resulta ser hoy un escenario común en la campaña.

En definitiva, la cuestión se reduce a asegurar el respeto al hogar, a su entorno y a las personas y bienes -muebles e inmuebles- que allí se encuentran, en los mismos términos que en la ciudad, donde a nadie se le ocurre cuestionar la validez de su protección jurídica.

En un país civilizado como el nuestro, quien quiere cazar, pescar, navegar un río o pasar unos días acampando al aire libre puede hacerlo sin necesidad de vulnerar derechos ni amenazar la seguridad individual de las demás personas, puesto que existen maneras establecidas de hacerlo y lugares adecuados y organizados para tales fines, sin necesidad siquiera de pagar por ello. Sin embargo, la escasa severidad de algunas normas penales (la cual redunda en su falta de aplicación) y la excesiva amplitud de algunas disposiciones legales de carácter administrativo, han dejado jurídicamente desamparada a la población rural ante el aumento vertiginoso del desplazamiento de personas a lo largo y ancho del territorio en los últimos veinte años.

Resulta entonces necesario legislar en el sentido que aquí se propone, velando por el bienestar de la familia rural de este siglo; y superando de una vez y por todas cualquier resabio de enfoques normativos más propios de aquellas extensiones ilimitadas de las vaquerías del mar o de la estancia cimarrona, que del modelo social y productivo que el país requiere para su desarrollo.

II) Apreciaciones generales respecto al contenido de la iniciativa

El proyecto consagra la protección de las zonas rurales como de interés general y nacional, de forma que habilita privilegiar la defensa de los derechos de las personas que habitan la campaña desde la perspectiva del derecho público, estableciendo así sanciones pecuniarias de naturaleza administrativa. Es decir, para que el Estado pueda establecer sanciones administrativas tiene que vulnerarse un interés general expresamente consagrado, no únicamente uno de naturaleza particular, puesto que para ello existen normas específicas del Derecho Penal, protectoras de la vida, la integridad física, la propiedad, etc.

De hecho, la naturaleza administrativa de la sanción contribuye a que la determinación de multas resulte un elemento aplicable en la práctica, conformándose así el verdadero poder disuasorio de la norma. Por el contrario, la aplicación de la norma penal involucra una serie de procedimientos que abarcan desde los policiales a los jurisdiccionales, los cuales, por su complejidad y duración, y en el caso de delitos menores perpetrados en campaña, provoca, de hecho, que la figura delictiva quede relegada a la mera letra legal. Entendemos por tanto que de la vinculación armónica entre las disposiciones sancionatorias de carácter administrativo y la adecuación pragmática de algunas disposiciones penales relacionadas, en los términos planteados en el texto, se conformará un sólido y eficaz marco de disposiciones atinentes a proveer seguridad.

La iniciativa no propone modificar punto a punto determinados artículos del Código Rural y Código de Aguas, para su incorporación en tales cuerpos normativos, sino que conforma por sí un texto integral y autónomo, a fin de desvincular el tema de la seguridad rural del contexto rígido de normas codificadas, las que además, por su parte, serán objeto, esperemos que en el futuro próximo, de modificaciones de mayor entidad dado su grado de obsolescencia.

III) Consideraciones particulares sobre el articulado del proyecto de ley

Capítulo I

Artículos 1ro. y 2do.

Mediante la jerarquización de la seguridad rural como cuestión de interés general y nacional se avala la punición administrativa (multas) referidas en el capítulo II, así como el correspondiente procedimiento administrativo inherente a su efectiva imposición y percepción. De tal modo, el Estado reconoce a la falta de seguridad en el entorno rural como amenaza a los intereses de la nación, y no meramente al de los individuos que la integran, proveyendo por tanto disposiciones administrativas, y aún penales, que privilegien el interés general.

Capítulo II

Artículo 3ro.

Parte de lo dispuesto en el artículo 37 del Código Rural. En tal disposición, la norma codificada establece una sanción penal que se superpone con el delito de daño del artículo 358 del Código Penal. En esta redacción se determina una sanción no penal sino administrativa, y además, se crea la infracción, también administrativa, de penetración en fundo ajeno.

La incursión en el fundo, por su parte, requiere del permiso expreso del legítimo ocupante, lo cual podría ser cuestionado en tanto en determinadas hipótesis se estaría vedando el ingreso de personas que aun sin permiso expreso podrían resultar ulteriormente admitidas por el titular del predio. En tal sentido se especifica que para incurrir en la infracción es necesario atravesar el cerramiento perimetral, es decir, pasar por alambradas o cercos, excluyendo la situación de quien entra a un fundo a través de una portera abierta (sin candado). Esta disposición se complementa con el artículo 16.

Artículo 4to.

La disposición propuesta se inspira básicamente en la redacción del artículo 74 del Código Rural, el cual de todos modos no quedaría derogado, sino que se amplía y complementa con esta disposición, independiente de la norma codificada.

Se pretenden determinar sanciones para quien establece no solo vehículos, sino otro tipo de instalaciones en los caminos públicos. De tal forma se evita la figura típica, que aunque no permitida carece de sanción, configurada por quien se detiene al borde de los caminos para establecerse durante días, quedando desde allí habilitado a incursionar en fundo ajeno, o bien para tomar conocimiento de las particularidades y movimientos del establecimiento rural con ulteriores fines delictivos. Debe aclararse que tanto el Código Rural como la redacción del texto propuesto refieren al “establecimiento de...”, el cual alude a un concepto sustancialmente distinto del de estacionamiento pasajero por voluntad propia o fuerza mayor, y por cierto, en nada vulnera la libertad ambulatoria del individuo.

Es claro que en toda sociedad civilizada la autoridad pública define lugares aptos para que un vehículo se establezca (por ejemplo, para pasar la noche en trayectos largos) o bien para instalar remolques, carpas o casas rodantes. De hecho, en nuestro país existen disposiciones tanto municipales como nacionales que regulan tales aspectos, independientemente de que los caminos y banquinas sean del dominio público. En tal sentido, diversas disposiciones departamentales impiden acampar en las plazas o establecer vehículos en las playas o en los canteros centrales de las avenidas, e inclusive, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con una completa disposición que determina el régimen de camping, creando inclusive la figura de “camping furtivo”, pasible de multa (Decreto 462/990 y Reglamento de Camping Organizado). Evidentemente, a nadie se le ha ocurrido cuestionar tales disposiciones en tanto limitan la libertad ambulatoria, ya que el interés general amparado supera al individual. Por tanto, si en la ciudad o en las periferias de las zonas pobladas es admitida pacíficamente la juridicidad del ordenamiento normativo en cuanto al establecimiento de vehículos, casas rodantes o campings, también, hoy con mucha más razón, debería asumirse que es imperativo regular del mismo modo tales situaciones en el entorno rural, donde la seguridad de bienes y personas es actualmente amenazada en forma seria, constante y creciente.

Así, si es que en la práctica existen hoy gran número de lugares organizados y gratuitos o casi gratuitos para el tendido de carpas o el establecimiento de casas rodantes y vehículos, no tiene sentido admitir la proliferación de estas situaciones en forma irregular y descontrolada. Asimismo, nótese que como ya se expresó, existen sanciones administrativas para el caso del “camping furtivo” las cuales simplemente se sustentan en el interés por el desarrollo turístico y la seguridad medioambiental. Parece entonces coherente que el Estado establezca sanciones y limitaciones con el fin de proveer seguridad en toda la superficie de nuestro país.

Artículo 5to.

Por las razones de técnica y oportunidad legislativa indicadas en las consideraciones generales, el artículo no pasaría a integrar el Código Rural sino a formar parte de un texto legal autónomo e independiente. Por su parte, se acota en su redacción ya que lo referente a la incautación de armas, vehículos y demás efectos se difiere para incluirlo en el capítulo correspondiente al procedimiento administrativo.

Sustancialmente, debe decirse que la sanción por entrar a un predio a cazar o pescar sin permiso expreso es totalmente ajena a la normativa referente a la protección de la fauna, la cual tiene sus propias sanciones y sus propios contralores. Por tanto, no debe entenderse que la norma proyectada se superpone sino que se complementa con aquellas. En todo caso, es claro que el bien jurídico que se pretende proteger en la disposición propuesta es la seguridad del entorno rural (de interés general y nacional), por lo cual es claramente distinguible de cualquier otra norma de carácter administrativo que regule la caza o la pesca furtiva. Se trata de ámbitos de aplicación diferentes, con mecanismos de contralor distintos y con sanciones distintas. Nada pues tiene una cosa que ver con la otra.

En el aspecto práctico, al limitar mediante sanciones efectivas la incursión de cazadores y pescadores furtivos en los establecimientos rurales se reduce proporcionalmente la posibilidad de que se perpetren actos delictivos por parte de quienes escudándose en tal apariencia incursionan armados a los predios, aventurándose muchas veces hasta las propias inmediaciones de la casa habitada.

Artículos 6to. y 7mo.

No sustituyen el artículo 163 del Código de Aguas por las razones ya expuestas, sin alterar por ello sustancialmente su objetivo. Así, en lugar de modificar el artículo 163, simplemente se define su alcance, en pos de proveer seguridad, y amparándose en el interés general. Evidentemente, en ambas disposiciones proyectadas se regula (art. 6°) y se limita (art. 7°) el derecho de uso de las aguas del dominio público y sus álveos, a favor de la protección de la seguridad del entorno rural.

El artículo 6to. se fundamenta en la necesidad de que exista un control mínimo sobre las embarcaciones menores que no son pasibles de identificación en nuestro régimen normativo, a efectos de que la autoridad policial conozca la identidad de las personas que transitan en estas por ríos y arroyos navegables. En la realidad cotidiana de campaña, la incursión de personas no identificadas que muchas veces persiguen fines delictivos de mayor o menor entidad se constata desde los cursos de agua, desembarcando luego en la espesura del monte, por donde finalmente se van adentrando en los establecimientos.

El artículo 7mo., complementario del anterior, limita el derecho de pesca y esparcimiento en aguas y álveos del dominio público, a favor de la seguridad de las personas. De hecho, la mayoría de las costas de cursos de agua en nuestro campo están pobladas de monte indígena, cuya espesura, como ya se dijo, permite abrigar y ocultar el ingreso de personas extrañas al establecimiento ribereño. Evidentemente, existiendo en el Uruguay contemporáneo zonas y lugares especialmente aptos y destinados a la pesca y al esparcimiento, resulta absurdo que un establecimiento rural moderno deba resultar continuamente poblado en sus zonas costeras por personas extrañas al mismo. Si se tiene en cuenta que el ganado se dirige a dichas zonas para tomar agua y que por las mismas transitan en forma regular las personas que habitan en las fincas costeras, se entiende un despropósito que su seguridad y la de se sus bienes se vea amenazada por la inadvertida presencia de extraños. La naturaleza pública del dominio de aguas navegables y de sus álveos no debe resultar en ese sentido una amenaza a la seguridad, siendo su uso y goce ilimitado propio de épocas pasadas, cuando la delincuencia aún no había desbordado los márgenes metropolitanos.

Ciertamente lo propuesto podría ser cuestionado en tanto limita la libertad ambulatoria, y si bien ello es cierto, cierto es también que tal restricción de libertades individuales se ejerce al amparo del interés general (art. 7 de la Constitución); es decir, el orden y la seguridad en la campaña. Vale a este respecto similar argumentación que la referida para sustentar el artículo 4to.

Capítulo III

En general el capítulo reúne bajo el título de procedimiento sancionatorio el conjunto de actuaciones cometidas a la autoridad policial en los casos en que estas constataren las situaciones de infracción administrativa dispuestas en el capítulo anterior. El proyecto unifica en un mismo capítulo los aspectos formales, y se prevén, por otra parte, mayores garantías para el fiel cumplimiento de lo establecido.

Por su claridad huelgan precisiones mayores respecto al articulado.

Capítulo IV

Se proponen modificaciones al Código Penal.

Artículo 15

Por razones de técnica legislativa, se agrega únicamente el inciso al artículo 26, no resultando necesario modificar el conjunto de tal disposición, ya que la misma es similar a la vigente, en la redacción dada por el art. 66 de la Ley N° 17.243.

Artículo 16

Se discriminan dos situaciones. Por una parte, se requiere el permiso expreso del ocupante para entrar a un predio traspasando el cerramiento perimetral y como elemento diferencial, tratándose de porteras o similares que habitualmente están abiertas, se requiere la prohibición expresa (carteles o similares) para limitar el acceso a un fundo. De este modo, quien entra a un predio pasando, por ejemplo, alambradas, comete delito si no está autorizado expresamente, mientras que quien ingresa abriendo porteras (obviamente, mientras no estén cerradas con candado) o pasando mataburros o portones, estará habilitado para ello siempre y cuando el titular del predio ponga de manifiesto su voluntad de prohibirlo.

Capítulo V

Se proponen mecanismos de difusión de la norma proyectada, en especial atención a las particularidades de su ámbito de aplicación.

Gustavo Penadés. Senador.

Proyecto de Ley

SEGURIDAD RURAL

Capítulo I - Protección del entorno rural.

Artículo 1ro. (Protección de la zonas rurales). Declárase de interés general y nacional la protección de las zonas rurales con el fin de preservar la seguridad de las personas y familias que trabajan y residen en aquellas.

Artículo 2do. (Contenido y alcances). A los efectos de la presente ley se entiende por protección de las zonas rurales la instauración de un sistema de prevención de situaciones ilícitas o delictivas fundamentado en disposiciones y sanciones de naturaleza administrativa, sin perjuicio de lo establecido en la ley penal.

Capítulo II - Disposiciones administrativas.

Artículo 3ro. (Protección perimetral). El que maliciosamente dañare un cerco, cortando alambres, destruyendo o arrancando postes, cadenas o cerrojos de porteras deberá pagar una multa de naturaleza administrativa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 200 UR (doscientas unidades reajustables). La misma multa deberá pagar el que, aun sin causar daño a los cerramientos perimetrales, atravesare los mismos con el fin de penetrar en fundo ajeno sin el permiso expreso de su legítimo ocupante.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de las sanciones penales que en cada caso correspondieren.

Artículo 4to. (Seguridad en los caminos y zonas aledañas). Prohíbese en los caminos públicos, así como fuera de las zonas expresamente habilitadas a los efectos por la autoridad competente, el establecimiento de ninguna clase de vehículos, de construcciones precarias, tiendas, carpas, remolques, casas rodantes o similares.

A partir de la promulgación de la presente ley, en ningún caso será admitida la instalación de camping a menos de cien metros del punto de delimitación más próxima de cualquier establecimiento rural, estuviere este habitado o no.

El que incumpliere lo dispuesto en el presente artículo será sancionado con una multa de naturaleza administrativa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 200 UR (doscientas unidades reajustables).

Artículo 5to. (Caza y pesca furtiva). El que sin el permiso expreso de su legítimo ocupante entrase a cazar o pescar en fundo claramente delimitado, será sancionado con una multa de naturaleza administrativa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 200 UR (doscientas unidades reajustables), y pagará los perjuicios que haya causado, dejando a favor del legítimo ocupante todo lo que haya cazado o pescado.

Artículo 6to. (Navegación en aguas del dominio público). Establécese que la navegación y flotación en aguas del dominio público referidas en los numerales 3ro. y 4to. del inciso primero del artículo 163 del Código de Aguas (Decreto-Ley N° 14.859, de 15 de diciembre de 1978) a bordo de embarcaciones de recreo que por su naturaleza no estuvieren comprendidas en el régimen general de abanderamiento y matriculación, deberá ser comunicada en forma previa por parte del interesado a la dependencia policial más próxima al lugar de embarque. En todo caso, deberá ofrecerse documentación identificatoria de la o las personas a embarcarse, así como la descripción de las características particulares de la embarcación a utilizar.

El que incumpliere con lo dispuesto en el inciso anterior será sancionado con una multa de naturaleza administrativa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 50 UR (cincuenta unidades reajustables).

Artículo 7mo. (Pesca y esparcimiento en aguas del dominio público). Determínase que para el ejercicio de los derechos de pesca deportiva y esparcimiento en aguas del dominio público y sus álveos, establecidos en el literal 5to. del inciso primero del artículo 163 del Código de Aguas, se requerirá el consentimiento expreso del legítimo ocupante del fundo ribereño correspondiente, siempre que para el acceso a las aguas se requiriese el tránsito terrestre sobre el mismo, bajo apercibimiento del pago de una multa de naturaleza administrativa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 50 UR (cincuenta unidades reajustables).

Capítulo III - Procedimiento sancionatorio

Artículo 8vo. (Incautaciones). Siempre que se constatare la comisión de una infracción administrativa de las establecidas en el capítulo anterior de la presente ley, se procederá a la incautación de los vehículos, casas rodantes, remolques, armas, municiones, artes de pesca, carpas, tiendas, herramientas, materiales, útiles, instrumentos y objetos en general que hubieren sido empleados directa o indirectamente en la perpetración de la misma.

Con excepción de lo dispuesto para las armas y municiones en el inciso final del presente artículo, los bienes incautados, previa autorización del Juez competente y facción de inventario, serán depositados en lugar seguro bajo la vigilancia y responsabilidad de la autoridad policial o judicial hasta tanto no se presentaren sus legítimos tenedores, poseedores o propietarios, a reclamar su devolución, para lo cual se deberá consignar el pago de una multa de 25 UR (veinticinco unidades reajustables), más 2 UR (dos unidades reajustables) por cada mes que hubiere transcurrido desde la infracción. Cuando se tratare de vehículos automotores, podrán estos ser afectados al servicio de la Seccional o Destacamento actuante hasta tanto no se consignare la referida multa.

Transcurridos doce meses de la incautación sin que el interesado se presentase a reclamar su devolución en las condiciones establecidas en el inciso anterior, los bienes incautados tendrán el destino que el Juez competente entienda pertinente, pudiendo disponer su destrucción o su enajenación en subasta pública, y si no hubiere interesados, su adjudicación definitiva al servicio de la función policial. En todo caso, el remanente de lo obtenido por la subasta, la que se regirá en lo que fuere aplicable por el Capítulo II, Título V, Libro II del Código General del Proceso, se destinará a la cuenta correspondiente del Fondo Descentralizado de la Seguridad Rural.

En el caso de que se incautaren armas de fuego o municiones, las mismas serán destinadas al uso que la Jefatura de Policía Departamental les atribuyere, previa autorización del Juez competente. Cuando por su naturaleza y características las armas o municiones incautadas no resultaren aptas para el uso policial de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigentes, se procederá a su inmediata destrucción.

Artículo 9no. (Imposición de sanciones administrativas). Facúltase a los funcionarios policiales de las distintas Jefaturas de Policía Departamentales a los efectos de imponer las sanciones administrativas establecidas en la presente ley y de proceder con las incautaciones inherentes a las mismas.

Artículo 10. (Determinación cuantitativa de la multa). Siempre que correspondiere imponer una sanción administrativa de las referidas en la presente ley, el funcionario actuante, a los efectos de su determinación, deberá tener en consideración las características particulares de la infracción cometida y el grado de amenaza a la seguridad del entorno rural que aquella implique, en salvaguarda del interés general y nacional que esta reviste.

Artículo 11. (Procedimiento sancionatorio). El funcionario que compruebe una infracción extenderá al infractor el documento correspondiente a la imposición de multa y labrará acta en la que figurarán los datos completos de este último, la descripción circunstanciada de la infracción, el monto de la multa impuesta, el nombre y domicilio de los testigos, si los hubieren, y la descripción sumaria de los bienes incautados, siempre que correspondiere. El acta será firmada por el funcionario y el infractor, siendo suficiente la firma del primero en caso de que este último no pueda o no quiera firmar. En todo caso, el funcionario dejará en poder del infractor copia firmada del acta labrada.

El presunto infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles contados desde el siguiente a la fecha del acta para consignar el monto de la multa en la Jefatura de Policía Departamental correspondiente, así como para formular ante la misma los descargos que entendiere pertinentes, sin perjuicio de los que hubiere alegado en el acta de comprobación.

En todo caso, la interposición de los recursos previstos en el artículo 317 de la Constitución de la República no tendrá efecto suspensivo.

Artículo 12. (Cobro ejecutivo de la multa). El acta referida en el artículo anterior tendrá el carácter de título ejecutivo. La Jefatura de Policía Departamental bajo cuya jurisdicción se hubiere cometido la infracción promoverá la acción pertinente ante el Juzgado competente del domicilio del Infractor.

Artículo 13. (Destino de las recaudaciones). En el plazo de diez días hábiles de percibido el monto de la multa o del producido de la subasta de los bienes incautados y bajo la más seria responsabilidad disciplinaria de los funcionarios intervinientes, la Jefatura de Policía Departamental correspondiente remitirá la suma obtenida a la Seccional o Destacamento que la hubiere impuesto, destinándose el dinero a la adquisición de los suministros logísticos que a criterio del jerarca de la unidad fueren necesarios para el mejor desempeño de la misma, dando cuenta de ello al Jefe de Policía del Departamento. A su vez, las Jefaturas de Policía Departamentales remitirán anualmente al Ministerio del Interior una memoria descriptiva del total de las multas impuestas, detallando su naturaleza, el monto efectivamente recaudado y el destino asignado por la Seccional o Destacamento respectivo, todo lo cual será anexado al informe referido en el artículo 40 de la Ley N° 16.707, de 12 de julio de 1995.

Artículo 14. (Fondo Descentralizado de la Seguridad Rural). Créase el Fondo Descentralizado de la Seguridad Rural a los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior, el que será administrado por el Ministerio del Interior en coordinación con las Jefaturas de Policía Departamentales, y se integrará con el producto de las multas administrativas dispuestas en el Capítulo II de la presente ley, así como de lo obtenido por la subasta pública de las incautaciones.

Capítulo IV - Disposiciones Penales

Artículo 15. (Legítima defensa en el entorno rural). Agrégase el siguiente inciso al numeral 1ro. del artículo 26 del Código Penal:

“Asimismo, se presumirá igual concurrencia de circunstancias respecto de aquel que durante la noche repeliere el ingreso de personas extrañas a un predio rústico ubicado en zona suburbana o a un establecimiento rural cercado, según lo establecido a este respecto por el artículo 356. No obstante, la condición de nocturnidad no será requerida cuando el legítimo ocupante, dependiente o encargado de un establecimiento rural empleare violencia contra cualquier extraño, que habiendo penetrado en forma ilegítima, empuñare o portare armas en forma ostensible”.

Artículo 16 (Protección penal del entorno rural). Modifícanse los artículos 356 y 357 del Código Penal, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

“Artículo 356.- El que sin el permiso expreso del legítimo ocupante, penetrare en fundo ajeno traspasando muros, cercos, alambradas, fosos u otras obras de análogo carácter por su estabilidad, será castigado con 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables) de multa o prisión equivalente.

Con igual pena se castigará a quien contra la voluntad expresa del legítimo ocupante penetrare en fundo ajeno a través de porteras, portones, mataburros o demás aberturas habitualmente destinadas a la entrada y salida de personas, semovientes, o vehículos.

Art. 357. El que cazare o pescare en fundo ajeno, sin el permiso expreso del legítimo ocupante, será castigado con 10 UR (diez unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables)”.

Artículo 17. Agrégase el siguiente numeral al artículo 359 del Código Penal:

“5º. Si el daño se efectuare sobre bienes semovientes sujetos a marca, señal, patente, registro o cualquier otra modalidad de identificación establecida en la normativa vigente, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 8° de la Ley N° 12.120 de 6 de julio de 1954 en la redacción dada por el artículo 4° del Decreto Ley 14.855 de 15 de diciembre de 1978, referente a la faena clandestina”.

Capítulo V - Promoción y difusión de la seguridad rural

Artículo 18. Sustitúyese el artículo 39 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995 por el siguiente: “ARTÍCULO 39.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio del Interior, instrumente medidas de prevención del abigeato, creando equipos especiales, fomentando la implementación y organización de guardas rurales (Capítulo IV de la Sección III del Código Rural) y asignando medios que aseguren la eficacia de su acción”.

Artículo 19. Encomiéndase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio del Interior la difusión pública de lo dispuesto en la presente ley por medio de comunicados explicativos impresos, los cuales se distribuirán especialmente durante las temporadas de mayor flujo turístico en los puestos de peajes de rutas nacionales y en los pasos fronterizos, contándose para ello con la asistencia del Ministerio de Transporte y Obras Pública y de la Dirección Nacional de Aduanas.

Capítulo VI - Derogaciones

Artículo 20 . Deróganse los artículos 37, 121 y 287 del Código Rural.

Gustavo Penadés. Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “Los señores Senadores Juan A. Chiruchi y Luis A. Heber presentan, con exposición de motivos, un proyecto de resolución de modificación del Reglamento de la Cámara de Senadores”.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

“Exposición de Motivos

Es necesario reconocer que en la actualidad, la técnica legislativa debe ser muy estricta y exigente, lo cual se impone en virtud de la complejidad de la diversa problemática que debe abordar, profundizada por los avances sociales, del conocimiento, científicos, tecnológicos y asimismo por la globalización.

Es también necesario reconocer la puesta en práctica de diversos mecanismos previos a los procesos de elaboración y aprobación legislativa, como son las consultas informales a sectores involucrados o que pueden ser alcanzados por los efectos de la norma, las consultas informales mediante la difusión de los proyectos a efectos de que su autor o impulsor pueda recibir comentarios, sugerencias, ajustes, la difusión a la ciudadanía a través de los medios de prensa, etc.

La Constitución de la República en su artículo 82 señala que “La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma”.

Asimismo, debe garantizarse la participación responsable de todos los sectores políticos con representación parlamentaria en la discusión y análisis de aprobación de las leyes, que están destinadas a tener efectos generales sobre la realidad nacional.

El proceso de elaboración y discusión formal de las leyes, debe darse en base a una efectiva oportunidad de análisis y estudio responsable de los proyectos de ley, para poder determinar su significado y sus alcances.

A su vez, debe permitir contar y recabar con los asesoramientos de instituciones públicas y privadas que puedan tener ingerencia o participación sobre los temas que traten, así como el análisis sereno y pausado del propio Legislador -que no es experto en todos los temas-, previo a la adopción de una decisión de apoyo o rechazo de la norma proyectada, así como de su eventual y probable modificación.

La urgencia legislativa muchas veces es justificada. Pero también es justificado y necesario contar con el ámbito y la oportunidad efectiva y real de análisis y discusión de las normas que se ponen a consideración del Senado.

Así, el análisis debido de los proyectos de ley, requiere en forma insoslayable de su tratamiento previo por las Comisiones del Senado, donde todos los sectores políticos tienen representación, de manera de efectuar una tarea con la mayor dedicación posible y a su vez de procurar formar los mayores consensos en cuanto las materias de que trata.

Es en el ámbito de las Comisiones del Senado donde se producen intercambios profundos sobre cada uno de los temas involucrados, se recaban los asesoramientos formales de especialistas, se generan proyectos sustitutivos.

En los últimos tiempos, en la tramitación de los proyectos de ley, se ha reiterado la presentación de mociones de urgencia en el propio Plenario, ingresando proyectos de ley, fuera del Orden del Día, y votándose en la misma Sesión, sin la más mínima posibilidad de estudio alguno.

Hay muchos proyectos que, pudiendo ser aprobados por una unanimidad o con una amplia mayoría, no lo son porque la oposición se reserva el derecho de no votarlos porque desconoce el contenido de los proyectos presentados o el alcance de los mismos, ya que no se da la posibilidad de la participación a los distintos sectores involucrados y la discusión que siempre es positiva.

Existen varias leyes que han tenido esa suerte, y que luego traen como consecuencia la necesidad de votar modificaciones dado que muchos artículos son incongruentes o sus efectos no producen los efectos deseados.

El Reglamento del Senado, en su Capítulo VII trata sobre el Orden del Día de las sesiones de la Cámara de Senadores, y en el Capítulo VIII refiere a la interrupción del Orden del Día.

El artículo 61 dispone que cumplidas las diligencias establecidas en los artículos 53 y 170, se iniciará la consideración de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, conforme a la prelación que en el mismo se establece.

Asimismo, el Reglamento prevé que solo podrá interrumpirse el Orden del Día, en caso de urgencia o aplazamiento resueltos por el Senado (artículo 65). No podrá considerarse asunto alguno no incluido en el Orden del Día sin urgencia declarada por la Cámara (artículo 67). Cuando un asunto sea declarado urgente, deberá ser tratado de inmediato (artículo 68).

La modificación del Reglamento a que refiere el presente proyecto, dispone que los proyectos de ley que integren el Orden del Día, deberán contar con informe (artículo 155) de algunas de las Comisiones previstas en el Capítulo XVI del Reglamento.

Por otra parte, prevé que la consideración de un proyecto de ley por urgencia respecto del cual no se ha producido el informe de alguna de las Comisiones señaladas, deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de miembros de que se compone la Cámara, es decir por mayoría global de dos tercios (artículo 107 num. 1).

Las modificaciones proyectadas no alteran sistema alguno de aprobación de las normas ni el quórum requerido para ello, ni lo podrían hacer dado que son materia ajena al Reglamento. Solamente disponen sobre el necesario pronunciamiento previo de las Comisiones del Senado mediante informes y que se podrá prescindir de tal exigencia por razones de urgencia con aprobación por mayoría especial del Senado.

Por otra parte, la exigencia de mayoría especial para la declaración de urgencia se circunscribe exclusivamente a proyectos de ley, sin comprender todas las demás materias que son competencia del Senado.

Juan A. Chiruchi, Luis A. Heber. Senadores.

Proyecto de modificación del Reglamento de la Cámara de Senadores

Artículo 1º.- Agréguese al artículo 61 del Reglamento de la Cámara de Senadores el siguiente inciso segundo:

Los proyectos de ley que integren el Orden del Día, deben contar con informe (artículo 155) de algunas de las Comisiones previstas en el Capítulo XVI del Reglamento.

Artículo 2º.- Agréguese al artículo 68 del Reglamento de la Cámara de Senadores el siguiente inciso segundo:

La declaración de urgencia de un proyecto de ley, respecto del cual no se haya producido informe de alguna de las Comisiones previstas en el Capítulo XVI del Reglamento, debe ser aprobada por mayoría global de dos tercios (artículo 107 num. 1).

Artículo 3º.- Agréguese al numeral 5º del literal B del artículo 69 el siguiente último inciso:

Para la declaración de urgencia de proyectos de ley, se estará a la mayoría dispuesta por el inciso 2º del artículo 68 de este Reglamento.

Juan A. Chiruchi, Luis A. Heber. Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Luis Alberto Heber presenta un proyecto de resolución, por el que se crea una Comisión Especial de Derechos Humanos”.

- A LA COMISIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

(Texto del proyecto de resolución presentado:)

“Exposición de Motivos

De acuerdo a lo que establece el artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Senadores, deseamos someter a la consideración del Cuerpo la creación de una “Comisión Especial de Derechos Humanos”.

La misma informaría sobre los siguientes temas: derechos humanos, civiles e individuales; prevención del abuso y la violencia contra la mujer y el niño; problemas de discriminación racial, religiosa, cultural o sexual; sistema y régimen carcelario.

Es por todos conocido que este tema ha tomado especial relevancia en las últimas décadas, desde la inicial Declaración Universal de los Derechos Humanos efectuada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de diciembre de 1948 en París, los Pactos Internacionales y respectivos Protocolos que la sucedieron, permitiendo la elaboración de la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos.

Pero a eso debe agregarse que el Parlamento de nuestro país, en diciembre de 2008, aprobó la Ley N° 18.446 que crea la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo que tendrá por cometido “la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional”, según la definición de su artículo 1º.

Dicha Institución, sin embargo, no se “hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo”, según dispone su artículo 2°.

Por lo tanto, en la futura articulación de cometidos y políticas referidas a los Derechos Humanos, nos parece imprescindible que el Senado de la República pueda disponer de una herramienta muy necesaria en materia de asesoramiento y coordinación.

Y esa sería la Comisión Especial cuya creación estamos proponiendo.

Luis Alberto Heber. Senador.

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Créase una Comisión Especial de Derechos Humanos, conforme al artículo 131 del Reglamento de la Cámara de Senadores. La misma informará sobre los siguientes temas: derechos humanos, civiles e individuales; prevención del abuso y la violencia contra la mujer y el niño; problemas de discriminación racial, religiosa, cultural o sexual; sistema y régimen carcelario.

Estará integrada por cinco miembros de conformidad con el artículo 141 del Reglamento de la Cámara de Senadores.

Luis Alberto Heber. Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Luis Alberto Lacalle Herrera presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual se designa con el nombre “Ingeniero Agrimensor Carmelo Cabrera” la Escuela Nº 18 de Villa Nueva, Paraje Sauce, departamento de Canelones”.

- A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

“Exposición de Motivos

1) Trayectoria del Ing. Agrim. Carmelo Cabrera.

1860- 18 de octubre nace en Sauce (Canelones).

1890- Junto a Leandro Alem preparan la Revolución del Parque en Argentina ocupando el cargo de Comandante de la artillería porteña.

1904- Jefe Político del departamento de Rivera.

1904- Alistado en el ejército saravista construye los puentes flotantes sobre el río Negro (fueron tres: en Paso Mazangano, Carpintería y un tercero en Picada de Osorio).

1910- Comandante revolucionario en Concepción del Uruguay.

1916- Constituyente.

1929- Senador de la República.

Presenta proyecto de ley, creando puerto de aguas profundas en La Coronilla (Rocha); un corredor férreo desde ahí hasta Bella Unión, siguiendo por la Mesopotamia argentina hasta Posadas-Asunción, terminando en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia):

“Artículo 1° El Poder Ejecutivo hará practicar los estudios del trazado de un ferrocarril de trocha normal que arrancando de Bella Unión termine en el puerto de La Coronilla en el Atlántico (...)

Artículo 2º Sobre base de los estudios ya ejecutados del puerto de La Coronilla, procederá a formar un Presupuesto total de ambas obras”.

A pesar de su aprobación en el parlamento, el proyecto de Cabrera no se realizó.

1938- Candidato a la Vicepresidencia de la República, en fórmula con Juan José de Arteaga.

1942- Senador de la República.

1955- Fallece en Montevideo.

2) La Escuela Nº 18 fue fundada hace más de cien años y no tiene nombre.

3) La trayectoria cívica del Ing. Agrim. Carmelo Cabrera, en la guerra y en la paz, como soldado y como Legislador, justifica el proyecto que presentamos en forma más que suficiente. De particular interés es destacar sus visionarias iniciativas de las que damos cuenta en materia de puentes y ferrocarriles.

Aspiramos a que se honre su memoria de la forma que sugerimos.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador.

Proyecto de Ley

Artículo 1º.- Desígnase con el nombre de “Ing. Agrim. Carmelo Cabrera” la Escuela Nº 18 de Villa Nueva Paraje Sauce, departamento de Canelones.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

Luis Alberto Lacalle Herrera. Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Los Señores Senadores José Amorín, Eber Da Rosa, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, Enrique Rubio y Lucía Topolansky presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Don Juan Lateulade Safores” la Escuela Rural Nº 29 del Paraje Ahogados, departamento de Flores.

- A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

“Exposición de Motivos

La Escuela Rural Nº 29 del Paraje Ahogados está ubicada a 65 kilómetros aproximadamente de Trinidad, departamento de Flores, sobre la Ruta 57, y a 15 kilómetros de Sarandí Grande, departamento de Florida, en un predio cedido por quien fuera vecino del lugar y atento a las necesidades de los pobladores del lugar, don Juan Lateulade, que en 1929 fue elegido como primer Presidente de la Comisión de Fomento del centro escolar.

Hijo de un inmigrante vasco-francés, productor rural y rematador, don Juan Lateulade ganó prestigio por su vocación de servicio y su interés en dar impulso a la escuela pública. Recuerda una antigua maestra que en épocas en que la escuela estuvo cerrada, don Lateulade facilitó el comedor de su casa para que allí se impartieran las clases.

Generación tras generación los vecinos han ido trasmitiendo historias que hablan del respeto y reconocimiento por quien tanto apoyó a quienes lo necesitaban.

Actualmente, vecinos, maestros y ex maestros y alumnos y ex alumnos expresan su voluntad para que su Escuela Rural lleve el nombre de quien fuera considerado el “amigo don Juan”, y la iniciativa cuenta con el aval de la Inspección Departamental así como el de las demás autoridades de la Educación.

José Amorín, Eber Da Rosa, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, Enrique Rubio, Lucía Topolansky. Senadores.

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Desígnase “Don Juan Lateulade Safores” la Escuela Rural Nº 29 del Paraje Ahogados, departamento de Flores, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

José Amorín, Eber Da Rosa, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, Enrique Rubio, Lucía Topolansky. Senadores.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- Los Señores Senadores José Amorín, Eber Da Rosa, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, Enrique Rubio y Lucía Topolansky presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Queguay” el Centro Educativo Integrado del pueblo Lorenzo
Geyres, departamento de Paysandú”.

- A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

“Exposición de Motivos

La localidad Lorenzo Geyres, en el departamento de Paysandú, dista 36 kilómetros de la ciudad capital y lleva su nombre en honor a quien fue dueño de las tierras donde hoy se ubica el pueblo, aunque razones geográficas y de identidad han determinado que muchos lugareños, especialmente las generaciones más jóvenes, quieran denominarlo Parada Queguay, como forma de afianzar su sentimiento de pertenencia e identidad.

La Estación Queguay permanece en la memoria de los habitantes debido al recuerdo de la Agencia N° 56 de la ONDA (Organización Nacional de Autobuses) y del motocar que allí llegaba cada mediodía y noche. Alrededor de esa estación ferroviaria fue creciendo el pueblo.

El río Queguay constituye un punto de referencia en la localidad de Lorenzo Geyres, como vía fluvial que geográficamente determina la zona con su característica riqueza natural.

No se debe olvidar además que por allí habitaron los últimos indígenas y permanece en la idiosincrasia del lugareño la necesidad de atesorar ese legado histórico y cultural de los antepasados. De ahí que varias calles del pueblo Lorenzo Geyres lleven nombres como Arazá, Tacuabé y Yaguarón.

La iniciativa presentada para denominar “Queguay” el Centro Educativo Integrado del pueblo tiene su fundamentación en lo expresado anteriormente. La Dirección y Cuerpo Docente, así como padres de alumnos y la comunidad toda concuerdan en que el centro educativo debería llevar este nombre. También las autoridades de Enseñanza Secundaria han apoyado la solicitud, que cuenta con el aval del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

Consideramos de total justicia acceder a la solicitud, y de esa manera, al decir de la Directora del liceo, “contribuir a afianzar la identidad de los lugareños y su sentimiento de pertenencia con fuertes raíces en la historia local”.

José Amorín, Eber Da Rosa, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, Enrique Rubio, Lucía Topolansky. Senadores.

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Desígnase “Queguay” al Centro Educativo Integrado del pueblo Lorenzo Geyres, departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

José Amorín, Eber Da Rosa, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, Enrique Rubio, Lucía Topolansky. Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otro proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “Los Señores Senadores José Amorín, Eber Da Rosa, Eduardo Lorier, Constanza Moreira, Gustavo Penadés, Enrique Rubio y Lucía Topolansky presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa con el nombre “Alfredo Zitarrosa” la Escuela Técnica Ruta 1 de Ciudad del Plata, departamento de San José”.

- A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

“Exposición de Motivos

En noviembre de 2008 integrantes de la comunidad social y educativa de Ciudad del Plata, en el departamento de San José, presentaron ante el Director General del Consejo de Educación Técnico-Profesional una solicitud para que la Escuela Técnica Ruta 1 sea denominada “Alfredo Zitarrosa”.

Este pedido se basó en el deseo de que el centro educativo tenga como referente a una figura de la cultura nacional como lo fue el extinto cantautor uruguayo, vinculado al pasado del lugar ya que vivió parte de su adolescencia en una casa distante solamente a una cuadra de la mencionada escuela.

El proyecto de ley fue originariamente remitido por el Poder Ejecutivo en la anterior Legislatura, pero fue archivado de acuerdo a disposiciones internas del Senado.

Por considerar que la solicitud de nominación contiene fundamentos válidos, y por tratarse de una figura emblemática de nuestra tradición musical, presentamos el proyecto de ley, que cuenta con el visto bueno de todas las autoridades de la Enseñanza.

Proyecto de Ley

Artículo Único.- Desígnase “Alfredo Zitarrosa” la Escuela Técnica Ruta 1 de Ciudad del Plata, departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Técnico- Profesional, Administración Nacional de Educación Pública”.

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “El señor Senador Jorge Saravia, de conformidad con el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a UTE, relacionado con la posibilidad de que dicha empresa suscriba un convenio de pago con las empresas REG S.A., COLORMEL S.A. y SOMERLAND S.A.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.”

(Texto del pedido de informes:)

“Montevideo, 30 de agosto de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Senador Danilo Astori
Presente

De mi mayor consideración:

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE.

Se ha tomado conocimiento de que se proyecta la suscripción de un convenio de pago entre UTE y las empresas: REG S.A., COLORMEL S.A. y SOMERLAND S.A. Dicho convenio tiene por objeto fijar las condiciones en que será abonada la deuda de dichas empresas frente a UTE la cual asciende actualmente a $ 5:659.985.

Nos han llamado la atención determinadas condiciones del convenio en lo que refiere a plazo, tasas de interés, formas de pago entre otros aspectos, razón por la cual se cursa el presente pedido de informes, a través del cual se formulan las siguientes consultas:

Si el criterio de UTE en general siempre fue dar financiamiento de pago a 60 meses a usuarios del Ente, sean personas o empresas, o es un criterio nuevo.

Si la política del Ente ha sido y es actualmente no cortar el suministro a sus usuarios en general que deban un año o más. De no ser así se consulta porqué a las empresas REG S.A., COLORMEL S.A. Y SOMERLAND S.A. que adeudan $ 2:257.314, $ 1:396.370 y $ 2:006.301 respectivamente; desde el año 2007 no se les cortó el suministro.

Si en este convenio de pago a 60 meses con dichas empresas está incluido el monto de multas y recargos. De no estar incluidos los mismos, se consulta por qué el Ente varió el criterio de no aplicar multas y recargos.

Se consulta asimismo si el criterio de no aplicar multas y recargos es único para este convenio de pago o ya se han hecho otros similares.

En caso de haberse aplicado el criterio benévolo referido en la pregunta anterior, solicito se haga referencia a cuántos convenios se ha aplicado, por qué montos, qué formulas de reajuste, intereses y aplicación de multas y recargos se han previsto y si se trata de empresas comerciales o industriales, o usuarios domésticos.

En el convenio de pago se toma una tasa de 4,25% efectiva anual sobre saldo. Se consulta al respecto por qué el Ente aplica una tasa que representa aproximadamente un tercio de las tasas medias de interés para préstamos, las cuales se encuentran actualmente en un 12,5%.

Se consulta asimismo si es habitual financiar el pago de deudas aplicando tasas de interés que representan un tercio de las tasas medias referidas.

En el convenio se acepta por el Ente la cancelación por la vía del mecanismo de las compensaciones de las obligaciones que contraiga UTE frente a estas sociedades anónimas en publicidad institucional o comercial.

¿Cuál es el límite que acepta el Ente? ¿puede ser total o parcial? ¿es política del Ente siendo monopolio hacer publicidad comercial?

Se consulta asimismo si este criterio del mecanismo de las compensaciones a 60 meses es un criterio solo para estas empresas o es un criterio general para los usuarios de UTE.

Que otros medios de comunicación han celebrado este tipo de convenios? En relación a los mismos, se consulta si lo han sido por el mismo plazo, si hubo compensación en publicidad y en su caso, por qué porcentaje del total.

Se consulta si un usuario familiar o empresario tiene derecho a compensar con producto que no sea publicidad.

Se consulta asimismo cuántos usuarios familia tienen convenios a 60 meses, si se prevé en los mismos algún tipo de compensación y si estaban atrasados más de 6 meses.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Jorge Saravia. Senador.”

6) EXPOSICIÓN ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde poner a votación la remisión de la exposición escrita de la que se dio cuenta en los asuntos entrados.

Se va a votar si se remite al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la exposición escrita presentada por el señor Senador Chiruchi.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita:)

Montevideo, 1° de setiembre de 2010.

Señor Presidente del Senado
Cr. Danilo Astori
Presente

De mi mayor consideración:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento del Cuerpo, solicito al señor Presidente se sirva dar curso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la siguiente exposición escrita, en relación a la necesidad de concretar la construcción de un nuevo puente, no sumergible, en la Ruta Nacional N° 11 sobre el río Santa Lucía.

En el pasado mes de julio efectuamos una exposición escrita con la finalidad de que se estableciera por nuestra parte al Señor Ministro de Transporte y Obras Públicas a efectos de que se disponga en forma urgente las previsiones correspondientes para la concreción de la obra del nuevo puente de Ruta N° 11 sobre el Río Santa Lucía.

Deseo volver sobre el tema, dado lo negativo y la trascendencia de las consecuencias de la situación actual.

En los últimos días, los vecinos y autoridades departamentales, municipales y Legisladores de los tres departamentos involucrados -Canelones, San José y Florida-,especialmente de las localidades de Capurro, 18 de Julio, Villa Ituzaingó, Pueblo Nuevo, Cardal, Independencia y 25 de Agosto, han efectuado diversas actividades de llamado de atención para procurar que el Poder Ejecutivo tome conciencia de la gravedad de la situación que se vive ante cada corte del paso sobre el puente en virtud de las constantes crecidas del río Santa Lucía, el impacto negativo que tiene para la población radicada en una importante y vasta zona de la República, y así también para el transporte nacional e internacional de personas y mercaderías.

La solución por el tránsito permanente sobre el cruce del Río Santa Lucía por la Ruta Nacional N° 11 es impostergable.

En los últimos dos meses, se produjeron 12 días de interrupción del tránsito por crecidas del Río Santa Lucía, según información de la Jefatura de Policía de San José. Así se afecta una de las zonas más densamente pobladas del país, la zona metropolitana, y de mayor tránsito, a solo cuarenta minutos de la ciudad y del puerto de Montevideo.

Sin embargo, habiéndose realizado la licitación pública para concluir con la contratación y la realización de las obras, estas se han atrasado y postergado en varias oportunidades.

Por esta razón, es que volvemos a insistir y a solicitar se remita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas la presente exposición escrita.

Saluda a usted muy atentamente,

Juan Chiruchi. Senador.”

7) INASISTENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- A la sesión ordinaria del 18 de agosto faltó, con aviso, el señor Senador Rubio.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 16 de agosto faltó, con aviso, el señor Senador Fernández Huidobro.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 16 de agosto faltó, con aviso, el señor Senador Abreu.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 18 de agosto faltaron, con aviso, los señores Senadores Amorín y Rubio.

A la Sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 18 de agosto faltó, con aviso, el señor Senador Nin Novoa.

A la Sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 19 de agosto faltaron, con aviso, los señores Senadores Lacalle Herrera, Larrañaga y Rubio.

A la Sesión de la Comisión de Hacienda del 19 de agosto faltaron, con aviso, los señores Senadores Abreu, Rubio y Tajam; y a la sesión del 26 de agosto faltaron, con aviso, los señores Senadores Abreu y Rubio.

A la Sesión de la Comisión de Salud Pública del 24 de agosto faltaron, con aviso, los señores Senadores Fonticiella, Lacalle Herrera y Moreira.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

“El señor Senador Rubio solicita licencia el día 8 de setiembre”.

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 1º de setiembre de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori
Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo que Ud. preside se me conceda licencia por motivos personales el día 8 de setiembre de 2010.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente,

Enrique Rubio. Senador.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Eduardo Brenta y la señora Eleonora Bianchi han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo. Asimismo, se comunica que el señor Juan Faroppa Fontana ha presentado nota solicitando la renuncia definitiva a las convocatorias.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 16 de agosto de 2010.

Sr. Presidente de la Asamblea General del Poder Legislativo de la República Oriental del Uruguay
Cr. Danilo Astori

De mi mayor consideración:

En atención a razones de índole personal, y por la necesidad de residir fuera del país por un lapso prolongado debido a mis actividades profesionales, por medio de la presente le comunico mi voluntad de renunciar en forma definitiva a las convocatorias que me pudieran corresponder ante ese Cuerpo emanadas de mi participación como integrante de la Lista 77 (Vertiente Artiguista - Frente Amplio).

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente,

Juan Faroppa Fontana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la renuncia presentada.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Presidencia informa que se enviará nota a la Corte Electoral solicitando la proclamación del suplente correspondiente.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

“El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia el día 14 de setiembre”.

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Montevideo, 1 de setiembre de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori
Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por motivos particulares para el día 14 de setiembre de 2010.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente,

E. Fernández Huidobro. Senador.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

Se comunica que los señores Carlos Gamou, Pablo Álvarez y Javier Salsamendi han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que en aplicación de las disposiciones legales vigentes, se convoca al señor Juan Souza, quien deberá prestar la promesa de estilo en la Sesión ordinaria del día 14 de setiembre del corriente.

9) DRAGADO DEL CANAL MARTÍN GARCÍA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lacalle Herrera.

SEÑOR LACALLE HERRERA.- Señor Presidente: quisiera plantear dos temas que están vinculados entre sí desde el punto de vista político y geográfico. Uno de ellos refiere al dragado del Canal Martín García y el otro a la noticia que diera el Presidente en cuanto a que se ha avanzado con los Gobiernos de Paraguay y Bolivia en el tema de facilitarles el acceso al mar a través de nuestros puertos.

En cuanto al primer punto, el Canciller nos ha informado sobre la etapa que se inicia -sobre todo en la Comisión Administradora del Río de la Plata, CARP- en cuanto a tratar el tema del dragado del Canal Martín García y en ese sentido queremos ser muy enfáticos. Quiero dejar sentado que el logro alcanzado en el dragado del Canal durante el Gobierno que tuve el honor de presidir, más la aprobación de la Ley de Puertos, forman un todo que le ha dado a Nueva Palmira la preeminencia que todos sabemos que tiene. Podríamos decir que el Canal Martín García es como una suerte de yugular para el Uruguay marítimo y consideramos que debe llegar a 36 pies -ponemos mucho énfasis en esto- de forma inmediata o en dos etapas, porque su profundidad es esencial. El Canal Martín García tiene a su favor la corriente, que ayuda a mantenerlo limpio, lo que no ocurre con el Canal Emilio Mitre, que por ser perpendicular a la corriente necesita de un mayor dragado. Es la vieja historia de la lucha de puertos, por las ventajas que nuestro país tiene en sus costas.

Queremos señalar -no solo como posición nuestra, porque está en los programas del Partido Nacional y ha sido una política constante desde que los doctores Gros Espiell y Abreu ocuparon la Cancillería-, que el dragado de Martín García no solamente es necesario, sino que debe llegar a 36 pies, o lo más que se pueda. En esto apoyamos a la Cancillería -que sabemos tiene la misma intención- y al señor Presidente de la República, que comparte la preocupación patriótica -porque es de todos- de que el dragado de Martín García tenga 36 pies.

En cuanto al otro asunto al que me quería referir, digo lo siguiente. El señor Presidente de la República, quizás sin rigor en el lenguaje -no pretendo corregirle los conceptos pero sí aclararlos-, ha hablado de las facilidades que queremos dar a Paraguay y Bolivia para la salida al mar -en lo que estamos totalmente de acuerdo, al punto que durante nuestra Administración se dio al Gobierno boliviano un depósito en la Zona Franca de Nueva Palmira-, mencionando los términos “territorio” y “enclave”. Aquí deberíamos ser precavidos, porque la palabra “enclave” no condice con lo que tenemos en mente, por lo menos nosotros. No estamos de acuerdo con lo que se ha expresado en la prensa en cuanto a cesión de territorio a países, pues por más amigos que sean, nunca les vamos a ceder territorio, aunque sí podamos otorgarles las facilidades provenientes de una Zona Franca portuaria. Sin embargo, queremos declarar que vemos como esencial para la política exterior de Uruguay cumplir con la vocación que nos lleva a la hidrovía, al dragado del Canal Martín García y a la capacidad de ser puerto de Paraguay y de Bolivia, aunque manteniendo -como no podía ser de otra manera- nuestro territorio nacional.

Simplemente quería hacer estos dos planteamientos para que quedara claro que el dragado de Martín García a 36 pies tiene que ser un objetivo nacional, así como también debe serlo el facilitar la salida al mar a Bolivia y Paraguay, en cumplimiento del destino manifiesto y natural de Uruguay como el Róterdam de América del Sur.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Cancillería, a la Presidencia de la República y a la Administración Nacional de Puertos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) IMPUGNACIÓN DE LA CANDIDATURA DE LA DOCTORA FLAVIA COELHO AL MUNICIPIO DEL CHUY

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: el pasado 7 de mayo formulé un pedido de informes a la Corte Electoral -cuyas autoridades aún no habían cambiado-, amparándome en lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República. En dicha solicitud preguntaba, simple y claramente, sobre dos extremos: primero, si el procedimiento que culminó con la sentencia que hizo lugar a la impugnación de la candidatura de la doctora Flavia Coelho al Municipio de Chuy en la hoja de votación 90-A en vísperas de las elecciones municipales, estaba reglamentado por dicha Corte; y en caso afirmativo, qué aspecto regulaba sobre la prueba, su ofrecimiento, presentación, diligenciamiento y valoración.

Por otra parte, consulté sobre la prueba ofrecida o presentada por la impugnante -solicitando se sirvieran adjuntarla-, y si se analizó su pertinencia conforme a los principios de legalidad, en especial su compatibilidad con normas establecidas en la Ley Nº 18.331, de 11 de agosto de 2008, y en el Decreto Nº 664/008, de 22 de diciembre del mismo año. Ambos cuerpos normativos regulan el derecho a la protección de datos personales -en este caso, los de la doctora Coelho en su calidad de abogada- y de terceros, que se involucrarían en tanto se habrían agregado a las actuaciones sustanciadas por esa Corte Electoral copias de escritos judiciales con la firma de la doctora, así como su comparecencia en un expediente en calidad de testigo en solicitudes de conciliaciones previas a distintos juicios, y otros datos.

Ahora bien, transcurrido el plazo de 45 días establecido por la Ley Nº 17.673, de 21 de junio de 2003, recibí “contestación” -es un decir- al requerimiento trasladado, la que no responde a ninguna de las interrogantes formuladas, agrega copia de la sentencia al caso referido -que no pedí- y adjunta un informe de la Secretaría Letrada ad hoc que nada tiene que ver con el objeto de la petición cursada. Naturalmente, me estoy refiriendo a la Corte Electoral en su anterior integración, que ha culminado su gestión gracias al reciente acuerdo político que permitió su nueva composición. No es mi propósito insistir con este asunto, porque todo tiene su tiempo y su momento de análisis, incluso para advertir responsabilidades, si las hubo; simplemente siento la necesidad de dejar constancia de lo que, a mi juicio, fue un incumplimiento, o como quiera llamársele.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Corte Electoral, a la Junta Electoral de Rocha, a la Junta Departamental de Rocha y al Municipio de Chuy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

11) II CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE CLIMA, SUSTENTABILIDAD Y DESARROLLO EN REGIONES SEMIÁRIDAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: quiero referirme a la II Conferencia Internacional sobre Clima, Sustentabilidad y Desarrollo en Regiones Semiáridas, realizada en la ciudad de Fortaleza, capital del Estado de Ceará, Brasil, durante los días 16 y 17 de agosto pasado. En ella participó la delegación de parlamentarios uruguayos del Parlasur, integrada por los señores Representantes Iturralde y Peña, la señora Representante Laurnaga y quien habla, en virtud de ser miembros de las Comisiones relacionadas con los temas de infraestructura, transporte, agricultura y medio ambiente. En realidad, esta Conferencia se realizó con la perspectiva de que están por cumplirse 20 años de la Cumbre de la Tierra -celebrada en 1992 en Río de Janeiro-, y se está preparando una segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, denominada “Río + 20”, que constituirá una cúpula mundial sobre medio ambiente y desarrollo, que se proyecta para el año 2012. Es por este motivo que el Gobierno del Estado de Ceará, los Ministerios de Medio Ambiente y de Ciencia y Tecnología y el Banco del Nordeste de Brasil patrocinaron la organización de esta II Conferencia Internacional sobre Clima, Sustentabilidad y Desarrollo en Regiones Semiáridas. En ella participaron aproximadamente dos mil personas, representantes de distintos ámbitos, de organismos internacionales, científicos y organizaciones sociales, tomadores de decisiones del sector privado y delegados de instituciones internacionales.

La agenda de esta Conferencia Internacional fue muy vasta y, desde luego, se refirió a las tres Convenciones Marco de las que Uruguay es signatario: Convención de Cambio Climático, Convención de Biodiversidad y Convención de Lucha contra la Desertificación y Degradación de los Suelos. Esta actividad se desarrolló durante toda una semana y se centró en la adaptación a largo plazo al cambio climático, en las energías sostenibles, en los indicadores de vulnerabilidad frente al cambio climático, en el balance de carbono -tema para nosotros muy caro-, en el uso sostenible de los recursos, en la desertificación o degradación de los suelos y su vinculación con la producción agrícola, con la provisión de alimentos y con ciencia y tecnología. Asimismo, se analizaron experiencias en regiones secas del mundo, como México y la Cuenca del Nilo, y otras que tienen que ver con la evolución del clima en África Occidental, entre otros lugares.

Nuestra participación fue incluida en la denominada agenda parlamentaria, donde hubo mesas de diálogo con parlamentarios no solo uruguayos sino también de Argentina, Paraguay y Brasil, a los efectos de revisar las políticas públicas para el desarrollo en las regiones a que se refieren las Convenciones, de identificar las nuevas posibilidades de políticas para estas regiones y de dialogar acerca de cómo fortalecer estos temas.

En esas mesas hubo instancias de diálogo entre parlamentarios y representantes de las tres Convenciones de Naciones Unidas que mencioné antes. También hubo diálogo entre los parlamentarios y el sector académico, actor fundamental en lo que tiene que ver con el cambio climático, ya sea por la adaptación o la mitigación. Asimismo, hubo conversaciones con las mesas sociales que participan en estas Convenciones.

Los preparativos para la Cumbre de Naciones Unidas sobre el medio ambiente se están llevando a cabo con la idea de realizar esta reunión mundial veinte años después de celebrada la primera Cumbre. Habrá que hacer un balance de si se han cumplido las buenas intenciones que hacen que muchos países signemos estas Convenciones, y ver qué se puede hacer para que siga siendo así. Seguramente, estos temas van a integrar las agendas parlamentarias de nuestros países y eso valida que nosotros hayamos estado presentes y también el Parlamento del Mercosur.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Industria, Energía y Minería, de Relaciones Exteriores, de Transporte y Obras Públicas y de Defensa Nacional, así como al Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y la Variabilidad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Agazzi.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Antes de ingresar en la consideración del Orden del Día, quisiera compartir una brevísima información con los señores Senadores y Senadoras.

Como es notorio, ayer ingresó al Poder Legislativo el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal, que también en el día de ayer fue remitido a la Cámara de Representantes. Quiero señalar que sobre el mediodía, aproximadamente, los señores Senadores tendrán en sus despachos la versión escrita -en papel- de la exposición de motivos y el articulado de este proyecto de ley, cuya versión electrónica ya está colgada en la página web de la Presidencia de la República.

12) INFORMES DE LA COMISIÓN PREINVESTIGADORA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: “Informes de la Comisión Preinvestigadora, integrada para analizar la nota presentada por el señor Senador Ope Pasquet con respecto a los hechos vinculados a la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230, de fecha 2 de junio de 1893. (Carp. Nº 311/10)”.

Aunque no tenemos disposiciones formales que refieran directamente a la metodología de tratamiento de este tema -cuyos informes han llegado a la mesa de los señores Senadores y Senadoras en el día de hoy, a fin de manejar el tema y realizar este análisis con la prudencia con que el Poder Legislativo debe hacerlo-, se sugiere al Senado poner en práctica el artículo 71 del Reglamento, que refiere a la discusión general de un proyecto de ley. De acuerdo con ese artículo, el Miembro Informante -que en este caso creo que serán dos- dispondrá de un lapso de 60 minutos, y los demás integrantes del Cuerpo podrán hacer uso de la palabra durante 30 minutos. En ambos casos, de resultar insuficiente este lapso, podrá prorrogarse por otros 30 minutos.

Si el Senado está de acuerdo adoptaríamos este criterio y, como es de práctica, en primer lugar daríamos la palabra a uno de quienes apoyan el informe en mayoría, y luego a quien presentará el informe en minoría, en igualdad de condiciones.

¿Estaríamos de acuerdo en compartir este procedimiento?

(Apoyados.)

Creo que no es necesario votarlo y se deja constancia de ello.

Damos la palabra al señor Senador Agazzi, quien va a fundar el informe en mayoría de la Comisión Preinvestigadora.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: en realidad, hablar de mayoría y minoría en una Comisión Preinvestigadora integrada por tres personas, tiene una importancia relativa. Tal como mencionaba el señor Presidente, la Comisión Preinvestigadora fue designada frente a la solicitud del señor Senador Pasquet de formar una Comisión Investigadora para analizar lo relativo a la aprobación de la Ley Nº 18.411, y quedó integrada por el señor Senador Carlos Moreira, por la señora Senadora Mónica Xavier y por quien habla. La Comisión acordó que actuara como Presidente y no tuve que realizar un trabajo agotador.

Tal como lo establece el artículo 136 del Reglamento de la Cámara de Senadores, que pauta cómo se constituye una Comisión Preinvestigadora y cuáles son sus cometidos, nos constituimos inmediatamente y recibimos al mocionante, cuya exposición estuvo directamente vinculada con la nota en la que solicitó la formación de una Comisión Investigadora, articulando sus argumentos en ese sentido. La Comisión Preinvestigadora se expidió dentro de las 24 horas que establece el Reglamento del Senado, aunque la Ley de las Comisiones Parlamentarias fija un plazo de 48 horas. Lo que establece el Reglamento de la Cámara de Senadores en cuanto a los cometidos, a las formas de funcionamiento y a lo que debe hacer la Comisión Preinvestigadora es igual a lo que dice el de la Cámara de Representantes. Lo que nosotros teníamos que evaluar era la entidad de la denuncia -como dice el Reglamento-, la seriedad del origen de la misma y la oportunidad y procedencia de la investigación.

El artículo 120 de la Constitución establece la facultad de nombrar Comisiones Parlamentarias de Investigación o para suministrar datos con fines legislativos. Es dable mencionar que en nuestra Constitución eso está establecido explícitamente. El artículo 121, por su parte, establece que cualquiera de las Cámaras puede hacerlo, por lo que estamos habilitados a realizar este procedimiento. Además del artículo 120 de la Constitución de la República y del artículo 136 del Reglamento del Senado, está la Ley Nº 16.698 que reglamenta esta facultad que se establece en la Constitución. Esta Ley tiene 40 artículos y establece detalladamente, en sus seis capítulos, qué son las Comisiones Parlamentarias, cómo funcionan y cómo puede destinarse el centro o el objetivo de trabajo de las comisiones, qué protección tienen en su funcionamiento, etcétera. Esta es una ley importante, que fue discutida durante tres Períodos de gobierno y luego sancionada por el Parlamento nacional.

En lo que tiene que ver con la solicitud del señor Senador Pasquet de promover la Comisión Investigadora, quiero decir que él describió los hechos que se dieron a partir del 14 de noviembre de 2008, que es cuando se promulgó la Ley Nº 18.411. En realidad, la ley se había aprobado el 23 de octubre en el Senado y el 5 de noviembre en la Cámara de Representantes. En su nota, el señor Senador Pasquet relata los hechos vinculados posteriormente -en los que hubo participación de la prensa y de Legisladores- y también hace referencia a la confusión e incertidumbre de la opinión pública, derivada de la acción conjunta de todos estos factores.

Según un artículo periodístico,Pasquet dice en su escrito que el Senado “debe ofrecer a la ciudadanía una versión completa, veraz y clara de lo sucedido”, estableciendo los asesoramientos que se tuvieron, si hubo engaño en el proceso, si el estudio del doctor Gonzalo Fernández patrocinó procesados y si hubo solicitud de clausura del proceso. Por todo ello -lo menciono porque está contenido en la carta-, solicita la formación de una Comisión Investigadora a fin de aclarar tales hechos. Eso es lo que dice la nota.

Según la carta que presentó el señor Senador Moreira -él podrá precisarlo después-, en realidad se concluye que lo solicitado por el señor Senador Pasquet es de recibo y propone lo mismo que él.

Ahora bien, la señora Senadora Xavier y quien habla hicimos consideraciones que debo mencionar. En primer lugar, entendemos que una investigación parlamentaria supone sospecha o presunción de situaciones que deben ser perfectamente conocidas; para eso se hace la investigación. El Reglamento de la Cámara de Senadores habla de denuncias que refieren a ilegalidades, delitos, ilicitudes o irregularidades. La Ley Nº 16.698 “Comisiones Parlamentarias”, en su artículo 6º refiere concretamente a irregularidades o ilicitudes. ¿En realidad hay sospecha de maniobras, de ilicitudes importantes? Hay que tener cuidado con que las Comisiones Investigadoras no realicen investigaciones forzadas que conduzcan a un escándalo político, porque si de la labor de una Comisión Investigadora no surge nada -como ha sucedido algunas veces-, se conspira contra la seriedad de la institución Parlamento. En general, los constitucionalistas del ámbito internacional recomiendan usarlas con cuidado para que no sean instrumentos de turbulencia, escándalo y desorden. Incluso hay libros escritos sobre las Comisiones Investigadoras del Parlamento uruguayo, con citas, referencias y análisis de constitucionalistas de otros países con relación a estas instancias, pero nos guiamos por la opinión concreta, escrita y contundente del doctor Jiménez de Aréchaga, que dice: “Aceptamos el principio de admitir que el constituyente, al prever en forma expresa el poder de investigar, reconoce este medio como de gran relevancia y significación”.

Luego de profundizar un poco en el capítulo vinculado al destinatario de la investigación, entendemos que es importante definir qué repartición, órgano o institución es el objeto directo de la investigación. ¿Quién es el destinatario de la investigación? Este caso es diferente de personas, de instituciones que pueden informar, declarar, aportar documentos durante el curso de la labor de la Comisión. En la Ley Nº 16.698 se establece que un punto es el objeto directo de la investigación y otro distinto es todo lo que se puede consultar a los efectos de cumplir con el cometido claro y concreto que tiene la comisión investigadora. En su Capítulo IV, “De los órganos, actividades y personas que pueden ser objeto de investigación”, se establece quiénes pueden ser destinatarios de las investigaciones. Su artículo 15 refiere a la actividad administrativa del Poder Ejecutivo -no es el caso nuestro-; el artículo 16, a los actos de los Legisladores -pues estos hechos derivan en juicios-; el artículo 18, a la investigación de presuntas irregularidades o ilicitudes cometidas en el ámbito del Poder Judicial, que no es objeto de las Comisiones Investigadoras; el artículo 19, a la investigación de actos de los Magistrados del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; el artículo 20, a la actividad de los Entes Autónomos y de los Servicios Descentralizados; mientras que el artículo 26 tiene que ver con las personas de Derecho Privado, que no pueden ser objeto de investigación y que están protegidas por otras disposiciones de la Constitución. En realidad, advertimos que el artículo 17 de la Ley permite investigar las actividades del Cuerpo designante. Entendemos que el contenido de la solicitud que hace el señor Senador Pasquet está referido a esta disposición: a investigar las actividades del Cuerpo designante, que en este caso será la Cámara de Senadores.

El peticionante ha manejado la siguiente expresión: “desde el punto de vista del prestigio institucional del Parlamento”. En los medios de prensa se ha dicho que el Parlamento ha salido con una imagen dañada de las versiones poco claras y a veces contradictorias que ha habido sobre este asunto. A nuestro juicio, el tema debe ser abordado tomando como objeto de la investigación la actividad de la Cámara de Senadores al tratar la Ley de Declaración Judicial del Concurso y Reorganización Empresarial, y expresarse explícitamente si en ello hubo mecanismos engañosos o ilicitudes destinadas a beneficiar a particulares con tal aprobación. Insisto en que ese es el objeto. Ahora bien, los documentos, las personas llamadas a declarar o a hacer aportes, los órganos, las reparticiones públicas, serán determinados por la Comisión Investigadora; pero reitero que, a nuestro juicio, se debe definir con precisión el objeto de la investigación.

Por último, señor Presidente, proponemos que el plazo máximo de actuación de la Comisión Investigadora sea de sesenta días. Esto incluye un período para que tomen conocimiento los implicados quienes, de acuerdo con lo que establece la ley, también tendrán un plazo de veinte días para hacer sus descargos en caso de que se detectaran responsabilidades. La propuesta concreta es que se establezca un tiempo definido y relativamente proporcional a la importancia del tema. No se trata aquí de la formación de una Comisión Investigadora con la trascendencia de otras que hubo en este Cuerpo por temas de gran magnitud nacional, por lo que nos parece suficiente otorgarle un tiempo máximo de actuación de sesenta días.

¿Cuántos integrantes deberían conformar esta Comisión Investigadora? En una moción escrita que en este momento está en poder de la coordinación de mi Bancada, proponemos un número concreto y reducido de integrantes, pertenecientes a los distintos partidos políticos representados en el Senado, así como también su período de actuación.

Cabe aclarar que no he hecho un informe en mayoría, sino que he informado lo actuado por una Comisión Preinvestigadora, tratando de ser lo más objetivo posible, en el entendido de que hoy se trata de formar la Comisión Investigadora; habrá tiempo para que esta trabaje y aporte los elementos que nos permitan resolver si compete o no dar una discusión en esta Cámara sobre el fondo del asunto, que no es del caso hacer hoy.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Seguramente el señor Senador Moreira quiere presentar su punto de vista al respecto, por lo que la Mesa le concede el uso de la palabra.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: el señor Senador preopinante ha hecho una exposición detallando el proceso de conformación de la denuncia realizada por el señor Senador Pasquet respecto al tema que nos ocupa, a la formación inmediata de la Comisión Preinvestigadora y a los informes correspondientes. El señor Senador Pasquet fue recibido en el seno de la Comisión, se le hicieron algunas preguntas y amplió el contenido de su denuncia, tal como surge de la versión taquigráfica correspondiente. Los informes fueron realizados en el plazo que fija el Reglamento del Senado, que es de 24 horas y no de 48 como lo establece la Ley. Lo aclaro pues hay alguna duda jurídica al respecto y queremos puntualizar que todo fue entregado en el tiempo mínimo requerido, elaborándose dos informes. Es del caso destacar que se accede a la petición del señor Senador Pasquet.

Como ha dicho el señor Senador Agazzi, en la Sesión de hoy no se trata de definir el destinatario, sino la materia o el objeto de lo que será investigado. Ese es el tema relevante, en el que, a mi juicio, los dos informes tienen diferencias.

Creo que todos estamos contestes en que este tema afecta el prestigio del propio Cuerpo legislativo. Por lo tanto, me parece que deberíamos proceder con la máxima amplitud a efectos de esclarecer todas las circunstancias que rodearon el proceso de aprobación de la ley -que consta de dos artículos-, que fue considerada por este Plenario en forma sumarísima, sin pasar por la Comisión de Constitución y Legislación, que no realizó un análisis concienzudo de ella, y que simplemente contó con un informe de la entonces señora Senadora Percovich. Precisamente, en media página de la versión taquigráfica correspondiente se señalaba que lo que se trataba de evitar era la duplicación de figuras delictivas que, en definitiva, penaban conductas idénticas o similares. Eso es todo lo que surge de la versión taquigráfica. Sin embargo, en el transcurso del proceso de aprobación de la iniciativa por parte de la Cámara de Representantes, una intervención del ex Diputado Lorenzo, catalogándola de “zafarrancho jurídico posible”, determinó que se pidiera un cuarto intermedio, circunstancia que fue narrada en este ámbito cuando el señor Senador Abreu planteara una cuestión de fueros durante la celebración de una Sesión. De modo que este es un hecho que todos los que estamos aquí presentes tuvimos oportunidad de conocer a través de expresiones verbales.

Sin duda que muchos de los que levantamos la mano para votar esa ley nunca imaginamos las consecuencias jurídicas que de ella se podían derivar. Incluso, el señor Senador Pasquet llegó a decir que en torno a este tema hubo una actividad negligente del Cuerpo; en lo personal, no sé si fue así o no, pero los hechos se dieron de esa manera. Muchas veces criticamos la prontitud con la que se votan algunas iniciativas, sin examinarlas rigurosamente, pero este no fue el caso, aunque reconocemos que debimos haberlo hecho.

Las consecuencias judiciales se dieron con posterioridad; y ahora, dos años después, nos encontramos frente a una situación que ha generado repercusiones en todos los ámbitos y ha tenido una enorme difusión pública, lo que a mi juicio constituye un elemento que, sin ser decisivo, debe contribuir a tener una actitud de mayor amplitud para revisar todo este proceso de aprobación y puesta en vigencia, esto es, desde la aprobación por ambas Cámaras y la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, hasta las consecuencias, tanto judiciales como de investigación periodística, que se pudieran generar.

Precisamente, he estado leyendo una obra muy interesante del catedrático Grado 5 de la Facultad de Derecho, el ex Senador de la República, José Korzeniak, quien, aludiendo a las Comisiones Investigadoras parlamentarias, señala que el estudio del tema con manejo de ejemplos concretos demuestra que la procedencia de las investigaciones parlamentarias se proyecta con una vastísima amplitud a raíz, precisamente, de la variedad de cometidos del Poder Legislativo en materia de contralor y especialmente de legislación. Entiende que puede resultar sencillo encontrar situaciones sospechadas de ilícitas, que no se vinculen a los cometidos concretos de contralor del Parlamento, pero habrá de ser muy difícil imaginar ejemplos de presunciones de ilicitudes o maniobras que de una u otra manera no puedan motivar verosímilmente una legislación correctora. En lo personal, creo que puede haber una legislación correctora o incluso hasta una modificación del propio Reglamento que impida que los proyectos de ley se aprueben sin pasar por las Comisiones. Esta sería una consecuencia que perfectamente podría darse.

Con ese concepto amplio, que hace a la esencia misma de los Cuerpos deliberantes y de los Parlamentos en el mundo, creo que aquí, ante la repercusión pública de estos hechos y las consecuencias generadas por la aprobación de esta Ley de dos artículos -de la que nos interesa solamente uno, porque el otro refiere a la entrada en vigencia, en diez días, por un tema de coyuntura que todos conocemos, referido al CASMU-, no deberíamos encasillarnos en decir, como lo establece el informe en mayoría, que vamos a analizar o esclarecer si la actividad de la Cámara de Senadores al sancionar la Ley Nº 18.411 tuvo por finalidad beneficiar a particulares, porque reitero que la actividad de este Cuerpo fue brevísima y lo que se recogió fue muy poco. Como dije anteriormente, el señor Senador Pasquet mencionó algunas declaraciones públicas realizadas por la ex Senadora Percovich en las que habló de cosas subrepticias, conspiraciones y engaños, todo lo cual, evidentemente, da lugar a maniobras fraudulentas. Aclaro que esto corresponde a una versión periodística que creo ha sido corroborada por la propia ex Senadora; al respecto, sé que el Partido de Gobierno ha iniciado una investigación interna, pero ese es un asunto de esa colectividad.

Consideramos absolutamente imprescindible esclarecer los hechos con la mayor amplitud posible, así como también las consecuencias derivadas de los mismos -no solo a nivel de la Cámara de Senadores sino de la Cámara de Representantes-, que están directamente vinculadas con las manifestaciones que aquí se hicieron en oportunidad de plantearse la cuestión de fueros, así como con las resultancias e investigaciones periodísticas de las que se derivaron comentarios que no fueron vertidos en este ámbito. En función de la sucesión de revelaciones que en torno al tema se dieron -que creemos tienen mucho que ver con el objeto y la materia de la investigación-, recalcamos que la materia debe tener la mayor amplitud posible. Si lo que estamos procurando es que el prestigio del Cuerpo no se vea afectado, lo que debemos hacer es abrir la mente y permitir que se investigue todo lo que haya que investigar, con la prudencia necesaria.

Nadie puede acusar al Partido Nacional de tratar de sacar provecho político menor de esta situación porque siempre hemos acompañado con nuestro voto la conformación de las Comisiones Investigadoras. Recuerdo que en su momento se instaló a nivel de la Cámara de Representantes una Comisión Investigadora para analizar la actuación de varios Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, que luego de cinco años de trabajo no formuló conclusión alguna. Sin duda que esto es muy malo.

Decía que somos partidarios de que se investigue todo lo que haya que investigar, con la prudencia necesaria, pero también con la generosidad y la amplitud para esclarecer; los hechos deben quedar absolutamente transparentados. Este es el espíritu de todos los partidos políticos -no concibo que sea de otra forma- y en este sentido digo que en el Partido al que pertenezco, el Partido Nacional, siempre hemos estado de acuerdo con que cuando se plantean estas dudas respecto a ilicitudes, irregularidades o anomalías, es necesario investigar, con la prudencia, con el recato y con el respeto que corresponde.

Tal como lo establece la Ley Nº 16.698, las Comisiones Investigadoras son un ámbito secreto donde sus integrantes deben guardar la reserva correspondiente. De modo que confío en que esto sirva para esclarecer y no para realizar una explotación política menor que nadie quiere en estas circunstancias.

Consideramos que a la hora de definir la materia objeto de la investigación, la conformación de la Comisión Investigadora y la determinación del número de miembros, el criterio debe ser de amplitud, tal como surge de las apreciaciones del doctor Korzeniak y del espíritu del artículo 120 de la Constitución de la República que, si bien es muy somero, está pensado con la amplitud que la ciudadanía reclama al Senado de la República cuando tiene que definir la materia objeto de una Comisión Investigadora parlamentaria.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: ante todo manifiesto mi satisfacción por que aquí se ha expresado la voluntad política de constituir la Comisión Investigadora que estamos promoviendo, lo que constituye un primer acuerdo realmente sustancial.

Desde ya adelanto que compartimos el criterio expuesto por el señor Senador Agazzi en el sentido de que esta Comisión debe expedirse en plazos razonablemente breves. Creemos que desde ningún punto de vista es bueno que se mantenga pendiente la actividad de una Comisión Investigadora -a favor de cuya constitución se han manifestado todos los sectores políticos aquí representados- para tratar asuntos de esta índole, por lo que sería deseable que en un plazo de sesenta días -que, de no ser suficiente, podría ser prorrogable- culminara su trabajo. De pronto, en lo que tenemos diferencias -quiero creer que no, pero el punto debe ser bien aclarado- es en cuanto al objeto de la Comisión. Personalmente, participo del criterio amplio que acaba de exponer, con sólidos fundamentos, el señor Senador Moreira, y creo que es conforme con ese criterio que debería constituirse e instalarse la Comisión Investigadora.

En el texto suscrito por la mayoría de la Comisión Preinvestigadora advierto una triple restricción al objeto de la Comisión, que me parece que sería profundamente inconveniente y dificultaría la obtención del logro que debe buscar la Comisión, que es aclarar los hechos. Esa triple restricción está referida al sujeto a investigar, a la finalidad a buscar o detectar y a los instrumentos para el logro de ese objetivo. Sin embargo, las palabras del señor Senador Agazzi no me parecieron reflejar un criterio restrictivo.

Sobre esto voy a volver luego, porque creo que es de la mayor importancia aclarar fehacientemente este punto, pero en mi condición de denunciante -es el término que emplea el Reglamento y que estamos manejando- me parece inexcusable explicar aquí los fundamentos del planteamiento que estamos haciendo.

En primer lugar, parto de la base de que el fallo del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno de fecha 29 de julio, por el cual se dispuso la clausura de los procedimientos seguidos en el caso que llamaremos “del Banco de Montevideo”, produjo un gran impacto en nuestra sociedad. Los sucesos vinculados a la insolvencia, presumiblemente fraudulenta, de esa institución habían causado antes un impacto muchísimo mayor, porque originaron un enorme daño al país y a muchísima gente que vio afectados, no solamente sus bienes, sino su vida. Hubo gente que murió como consecuencia de las perturbaciones y dificultades que esto le causó; hubo gente que se suicidó como consecuencia de los problemas derivados de los hechos ocurridos en el Banco de Montevideo. Entonces, frente a la extraordinaria gravedad de lo que pasó allí, es lógico que la clausura del proceso seguido contra los presuntos responsables haya causado impacto. ¿Cómo no lo va a causar? Primero originó asombro, estupor, y después indignación de muchísima gente que hasta el día de hoy no entiende cómo pudo pasar lo que ocurrió.

Como suele suceder, las primeras culpas se atribuyen de inmediato al órgano jurisdiccional que actúa. Evidentemente, lo más fácil es decir que el Tribunal tuvo la culpa, que estuvo mal, se equivocó e inventó un criterio insólito o extraordinario. Personalmente, de ninguna manera comparto esa apreciación. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno está compuesto por Magistrados de larga y respetada trayectoria; uno de ellos fue Presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay y otro de sus integrantes ha de figurar, sin duda, en la lista de los cuatro o cinco Jueces que más saben de Derecho Procesal Penal en el país. Soy consciente de lo que estoy diciendo; no estoy exagerando en lo más mínimo. De manera que el criterio del Tribunal se podrá compartir o no -naturalmente, nadie dice verdades reveladas-, pero me merece profundo respeto y entiendo que estamos ante una sentencia bien fundada y con un razonamiento claro y lineal que sustenta las conclusiones a las que llega. No se me escapa que ese razonamiento ha sido ya controvertido por juristas de fuste, ni que la Suprema Corte de Justicia habrá de pronunciarse en vía de casación y es perfectamente posible que revoque esa sentencia. Lo que quiero dejar establecido aquí es que esta no es una sentencia caprichosa, caída del cielo, sin fundamento, gratuita o redactada por Jueces sin prestigio. Fue elaborada por Jueces respetados y prestigiosos, que integran ese Tribunal desde hace muchos años, y tiene un sustento directo en textos legales absolutamente claros.

Concretamente, el Tribunal se apoya en el artículo 15 del Código Penal y en el artículo 7º del Código del Proceso Penal, y vale la pena leerlos para advertir la claridad de estas disposiciones y el modo directo en el que conducen a la conclusión a la que el Tribunal arriba. El inciso segundo del artículo 15 del Código Penal dice: “Cuando se suprimen, en cambio, delitos existentes o se disminuye la pena de los mismos, se aplican a los hechos anteriores a su vigencia, determinando la cesación del procedimiento o de la condena en el primer caso, y solo la modificación de la pena, en el segundo”, y continúa la disposición. De manera que la cesación del procedimiento como consecuencia de la sanción de una ley que suprime un delito existente está establecida a texto expreso en el Código Penal. Se puede interpretar esta disposición en un contexto más amplio, que relativice sus alcances -por cierto que sí-, pero el fallo del Tribunal tiene un apoyo bien sólido y consistente en esta norma, que encuentra su correlato procesal en el artículo 7º del Código respectivo, que dice así: “Si, en cambio, suprimen delitos existentes o disminuyen la pena de los mismos, se aplican a los hechos anteriores a su vigencia”. Es el principio de retroactividad de la ley penal o procesal penal más benigna.

Entonces, nadie puede sorprenderse por lo que dispuso el Tribunal a la luz de la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230, porque esa parece ser la conclusión natural y lógica impuesta por los textos legales que acabo de leer. Repito que no me estoy casando con la interpretación del Tribunal y que es posible que haya otras, pero digo que esta interpretación, que se traduce y cristaliza en esta sentencia, parece bien fundada y perfectamente respetable.

Naturalmente, la sentencia del Tribunal y el comentario a propósito de la misma suscitó la pregunta siguiente: ¿cómo el Parlamento pudo derogar ese artículo, con las consecuencias que eso podía tener y efectivamente tuvo? Esta pregunta se la hizo muchísima gente, afloró en la sociedad, se la formuló la opinión pública entera. ¿Cómo el Parlamento pudo derogar el artículo 76 si la consecuencia podía ser la que cristalizó en la sentencia del Tribunal? Esto, naturalmente, pone en tela de juicio el prestigio del Parlamento; por eso nos preocupa y debe preocuparnos a todos los que integramos hoy esta institución nacional. Entiendo -como lo he dicho en otras ocasiones y lo reitero aquí- que el Parlamento no estuvo feliz cuando derogó este artículo 76. Creo que actuó mal y que debemos reconocerlo así. Me parece que no salvamos el prestigio de la institución eludiendo la cuestión ni pretendiendo endilgarles las culpas por todo este episodio a terceros, a un órgano jurisdiccional, por ejemplo. Considero que hay que asumir que el Parlamento no estuvo feliz. Jurídicamente diría que actuó en términos que son de culpa, en dos modalidades distintas. La ignorancia del riesgo se llama negligencia y la subestimación del riesgo se llama imprudencia. Creo que el Senado actuó con negligencia porque ignoró el riesgo inherente a la derogación del artículo 76, y que la Cámara de Representantes actuó con imprudencia, porque habiendo entrevisto el riesgo, lo subestimó y le restó entidad. En definitiva, el Parlamento actuó con culpa en este episodio, a través de un procedimiento legislativo que no fue el adecuado y que, como consecuencia, llevó a conclusiones tan negativas como las que estamos comentando.

Cuando uno llega a este punto y se ha venido refiriendo a esto en distintos medios de comunicación, a veces se encuentra con una pregunta -a mí me la han hecho- que me parece muy pertinente. Algún periodista ha planteado que si el Parlamento entendió que había que derogar el artículo 76 -por las razones que fuere y partió de la base de que la ley es general y no se hace para beneficiar a unos o perjudicar a otros, no tenía por qué considerar si a través de esa derogación iba a beneficiar a los hermanos Peirano o a cualesquiera otros procesados, o a perjudicar a Juan, a Pedro o a Diego. Si el Parlamento entendía que debía derogar el artículo 76, tenía que hacerlo y no cabía ninguna otra consideración de carácter subjetivo. Este argumento es equivocado, señor Presidente, y me interesa aclararlo aquí, en virtud de lo siguiente.

El principio de la retroactividad de la ley penal más benigna se funda en razones muy claras de sentido común. Si en determinado momento la sociedad entiende que una conducta que estaba prevista como delito por la ley penal debe dejar de constituir delito y de ser punible, y sanciona una ley derogando la norma que establecía ese delito, es lógico y natural que se clausuren los procesos que se venían siguiendo para castigar a los autores de tal conducta y que incluso repercuta en la cesación de la pena que estuvieren cumpliendo quienes hubieren sido condenados por ese delito. Si se entiende que no debe seguir siendo delito, es lógico que se produzcan estas consecuencias de la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. A modo de ser más claro, voy a citar un ejemplo. Si el día de mañana la sociedad uruguaya entendiera que el aborto no debe constituir delito y sancionara una ley que eliminase las normas legales que lo establecen como tal, el lógico resultado sería la clausura de los procesos abiertos por esa causa y las demás consecuencias previstas por las leyes penales y procesales penales. Esto es de justicia y de sentido común pero, ¿fue esto lo que pasó con el artículo 76? ¿Alguien consideró que debían dejar de ser punibles las conductas previstas por esa norma legal? No, de ninguna manera, señor Presidente; lo que se entendió fue que, por razones de técnica legislativa, no era conveniente mantener dos disposiciones legales distintas previendo y sancionando la misma conducta. Se trata de razones de técnica legislativa.

No es que la sociedad haya pensado que debía dejar de castigarse determinada conducta, sino que entendió que para castigar la misma conducta debía adoptarse una disposición técnicamente mejor redactada y superior desde el punto de vista jurídico. Entonces, si este es el propósito o la idea, no tiene sentido permitir que opere en este caso el principio de la retroactividad de la ley penal o procesal penal más benigna. Se debería haber evitado que eso sucediera, y para ello no se necesitaba saber que el artículo 76 era la norma en virtud de la cual habían sido originariamente procesados los imputados en la causa “Banco de Montevideo”. No se necesitaba saber todo eso, señor Presidente, sino que bastaban estas consideraciones de carácter general y tener presente la razón por la cual se estaba derogando el artículo 76, para entender inmediatamente que había que adoptar alguna providencia que evitara que esa derogación pudiera tener el efecto que en este caso tuvo; y esa providencia era muy sencilla de adoptar. Alcanzaba con incluir un inciso que dijera, por ejemplo, lo siguiente: “Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán a los procesos en trámite a la fecha de su vigencia”, y el problema quedaba resuelto y no hubiese ocurrido lo que pasó.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PASQUET.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: agradezco al señor Senador Pasquet y le pido disculpas por interrumpir su muy elaborada, fundamentada e hilada intervención.

Con la misma atención con la que estoy siguiendo su exposición, leí la moción que el señor Senador presentara a consideración del Cuerpo, en la que establece los fundamentos en función de los cuales cree pertinente la creación de una Comisión Investigadora. Comparto todos los fundamentos presentados en esa moción y creo que la Comisión Investigadora debe tener un objeto amplio. Eso no se contradice con el corto plazo, porque sabemos los valores que aquí están en juego. Creo que hay que trabajar intensamente para tratar de obtener resultados que luego tendremos oportunidad de discutir en el Senado, cuando finalice el trabajo de la Comisión; y esto lo haremos especialmente frente a la ciudadanía, que en este caso particular nos mira con mucha atención y expectativa.

Solicité una interrupción al señor Senador Pasquet, pues me pregunto si no son un poquito apresuradas las conclusiones a las que viene arribando cuando todavía no hemos conformado la Comisión Investigadora; me pregunto, entonces, si de alguna manera no estamos prejuzgando. Quizás el señor Senador Pasquet esté en una situación diferente a la de los otros integrantes del Cuerpo, porque en función de las disposiciones reglamentarias él no puede integrar la Comisión Investigadora, por ser el denunciante, aunque sí puede participar del trabajo que esta desarrolle. Pero, en atención a los fundamentos que surgen de la moción que presentó el señor Senador Pasquet y con todo el respeto que por supuesto debemos tener hacia el Poder Judicial, que es un Poder independiente, creo que en el transcurso del trabajo que desarrollemos en la Comisión Investigadora vamos a tener que analizar la sentencia de la decisión adoptada por el Tribunal de Apelaciones, que ahora ha sido apelada y pasó a consideración de la Suprema Corte de Justicia, y vamos a llegar a nuestras propias conclusiones. Veremos si es correcto o no el fallo, teniendo en cuenta nuestros conocimientos jurídicos, sin que ello signifique entrometernos, de ninguna manera, en las funciones propias, privativas y jurisdiccionales del Poder Judicial. Es ineludible realizar ese análisis.

Asimismo, tendremos que estudiar la causa que tanto ha sacudido a la sociedad, sobre todo en relación con las consecuencias que ha tenido la aprobación de estas dos leyes que vamos a considerar. Vamos a estudiar el trabajo que realizó el Parlamento durante la aprobación de la primera norma y de la modificativa, y tendremos la posibilidad de convocar a todos aquellos que directa o indirectamente tuvieron algún protagonismo y la posibilidad de impulsar o detener la aprobación de la ley. Entonces, me parece que deberíamos reservarnos las conclusiones hasta la finalización del trabajo que debe llevar adelante la Comisión Investigadora.

Señalo que con mis dichos no le quito al señor Senador Pasquet autoridad ni derecho a opinar de la forma en que lo hace; por supuesto que tiene toda la libertad de hacerlo. Sí me adelanto a señalar que no puedo compartir ni rechazar sus apreciaciones -y no lo voy a hacer en el transcurso de esta sesión-, porque creo que inevitablemente tenemos que pasar primero por el trabajo de la Comisión Investigadora, para luego sí poder llegar a algunas conclusiones, que podrán coincidir o no con las que nos está adelantando el señor Senador Pasquet.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede proseguir el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: no comparto la observación que acaba de formular el señor Senador Gallinal, porque la Comisión Investigadora investigará hechos y yo estoy comentando leyes. No necesito ninguna Comisión Investigadora para tener una opinión acerca de la calidad jurídica de la Ley Nº 18.411 y el impacto que tuvo en el ordenamiento jurídico entonces vigente. Se trata de una opinión técnica -soy abogado-, que he fundado jurídicamente. Esa opinión puede ser dada por cualquier persona, independientemente de que nada se investigue. Estoy diciendo que, a mi juicio, se incurrió en un error de técnica legislativa en virtud de los fundamentos por los cuales se derogaba el artículo 76, que no son los que tiene en cuenta el Código Penal y el Código del Proceso Penal cuando sientan el principio de la retroactividad de la ley penal más benigna. Hasta aquí vengo, repito, comentando leyes y opinando jurídicamente, sin entrar a referirme a hechos concretos.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PASQUET.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: creo que bien podríamos seguir por este camino -espero que no nos descarrilemos en esta consideración-, pues al parecer existe una coincidencia, que es proceder a la instalación de una Comisión Investigadora. El denunciante, efectivamente, tiene determinadas atribuciones que le permiten expresar lo que piensa en este Cuerpo, pero no puede prejuzgar. Con total sinceridad, debo decir que escuché al señor Senador Pasquet calificar de “negligente” e “imprudente” a los Cuerpos legislativos, es decir, Cámara de Senadores y Cámara de Representantes, y por eso me parece que no solo está hablando sobre la técnica legislativa y lo que resultó de ella, sino que está ya juzgando una conducta.

El argumento que hemos propuesto por mayoría al propiciar la instalación de una Comisión Investigadora queda reforzado por lo que establece el artículo 17 de la ley referida a este tipo de comisiones, por cuanto esa disposición establece que el objeto de investigación debe ser la actuación del Cuerpo. Me adelanto a decir que ello no quita validez a todo lo que han opinado los señores Senadores acerca de la convocatoria de determinadas personas y la requisitoria de los instrumentos que se están manejando en otros Poderes, con la finalidad de ser analizados y utilizados como fuente de datos.

Más allá de que, obviamente, la intervención de quien acusa es más fuerte en sus contenidos que la que podríamos hacer otros Senadores -que integraremos o no esa Comisión-, considero que no deberíamos ingresar en los aspectos de fondo de este asunto. Es claro, además, que no debemos criticar la actuación de otros Poderes, porque eso se debe analizar en el contexto de los elementos que debe examinar la Comisión Investigadora. Por algo está en vigencia una ley que limita las competencias, cuyo objetivo es que en estos temas, que son motivo de investigación, no se hagan escándalos y se respeten los marcos que permiten llegar a conclusiones.

A los argumentos que han planteado los señores Senadores Pasquet y Moreira le respondemos que la intención de la mayoría es conformar la Comisión Investigadora a efectos de estudiar con seriedad el tema, y no ingresar hoy en prejuzgamientos; en mi opinión, ello excedería las competencias en esta instancia, que es analizar el informe que cada uno trajo al Senado.

En definitiva, si la técnica legislativa fue correcta o no, si el fallo del Tribunal de Apelaciones promovió determinadas circunstancias, etcétera, ello tiene que ser analizado en la Comisión Investigadora; por lo tanto, hoy, lo que debemos hacer es proceder a su instalación y fijar los criterios de su funcionamiento.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: comencé diciendo que me congratulaba de que existiera voluntad política de la mayoría para habilitar la conformación de una Comisión Investigadora. Ahora bien, aunque nadie lo ha postulado, me adelanto a decir que no acepto el criterio de que, como se va a instalar una Comisión Investigadora, debo callarme. ¡De ninguna manera! No acepto que tenga que callar los fundamentos por los cuales entiendo que es pertinente la formación de esta Comisión Investigadora. Tampoco estoy promoviendo escándalos con este tema, sino que, por el contrario, este planteamiento ha sido absolutamente serio y respetuoso. Es más, si lo comparamos con los de otras Comisiones Investigadoras, desde 1985 hasta el presente, me parece que no sale perdiendo en términos de seriedad y respeto por los demás. No obstante, no me amparo en los precedentes porque nunca me sirvió esa excusa de que “como antes también se hacía, vamos a hacerlo ahora”. Procuro hacer las cosas bien y por eso estoy explicando por qué promuevo que se forme esta Comisión.

Insisto: no me parece que el Tribunal de Apelaciones haya actuado mal. Podrá tener o no razón -ese es otro tema-, pero su actuación fue correcta, y cuando lo dije nadie manifestó que estaba prejuzgando. Sí considero que el Parlamento equivocó el camino y así fue percibido por la sociedad, porque inmediatamente después de que se supo todo esto empezaron los comentarios y las explicaciones, algunos de los cuales se plantearon en términos realmente alarmantes y preocupantes. En este sentido, creo que nada puede superar las manifestaciones de la ex Senadora Percovich, que en un programa periodístico expresó que se sentía indignada porque entendía que había sido engañada; que entendía que había poderosos intereses que actuaban subrepticiamente; que existían estudios de abogados muy inteligentes que amparaban a la delincuencia de cuello blanco, y hasta habló de un operativo. Esto sí hizo sonar una campana de alarma en la sociedad entera porque, de acuerdo con las palabras de quien fuera miembro informante del proyecto en el Senado, lo que había ocurrido no era simplemente una cuestión de inadvertencia o un “garrón”, sino que podía ser algo mucho más grave.

Luego se sucedieron otras manifestaciones. Es así que el semanario Brecha, en su edición del 13 de agosto, dice muchas cosas y extracta varios comentarios de distintas personas, entre ellas, algunos Legisladores. Voy a citar textualmente parte de esos comentarios: “Fue una carambola a tres bandas con casín” (Senador Sergio Abreu). “Nos engañaron” (ex Senadora Margarita Percovich). “Nos estamos comiendo un garrón” (Senador Rafael Michelini). “Con esto se desmorona la credibilidad del Parlamento” (Senador Abreu). “Concluimos que cometimos un error” (Senador Héctor Tajam). “Fue un operativo, nadie es inocente” (Margarita Percovich). “Todos fuimos usados” (Senador Abreu). “No sabemos quién hizo el contrabando” (una fuente de la Bancada de Senadores del Frente Amplio)”. Reitero que estos son algunos de los comentarios extractados por el semanario Brecha, en su edición del 13 de agosto, que en su tapa publica la fotografía del doctor Gonzalo Fernández, junto a la siguiente frase: “La intervención de Gonzalo Fernández fue determinante para exculpar a los Peirano”.

Estas son las expresiones que surgieron a partir de los episodios que estamos comentando, señor Presidente, y por cierto que son graves y que influyen en la credibilidad y el prestigio del Parlamento.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PASQUET.- Con mucho gusto, pero antes quiero anunciar que es la última interrupción que concedo porque, de lo contrario, mi tiempo se verá muy reducido.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara al señor Senador que de la eventual primera parte de su intervención restan tres minutos pero, oportunamente, si alguien lo propone, se puede votar una prórroga del tiempo de que dispone.

SEÑOR GALLINAL.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-27 en 28. Afirmativa.

Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: nadie pretende quitarle entidad a este tema -porque la tiene y por eso estamos discutiendo en este ámbito, pero cuando tomamos la decisión de conformar una Comisión Investigadora, lo que hacemos es darle un escenario de formalidad para analizar objetivamente cómo ocurrieron los hechos. Hasta ahora, algunos hemos mantenido silencio para que esa formalidad se cumpla, pero los hechos no son como los describen otros Senadores, que hablan una y otra vez. No se trata de una ley que se votó así nomás, porque se nos ocurrió -tanto la primera como la segunda iniciativa tuvieron un largo estudio por parte de un Parlamento al que siempre se le solicita que adopte resoluciones-, sino que su análisis demandó más de un año en el Poder Ejecutivo, más de dos en la Cámara de Representantes y más de cuatro meses en la Cámara de Senadores; y aun así, todos los catedráticos nos dijeron que faltaba derogar algunos artículos.

Con respecto a la primera iniciativa -referida a la normativa que se conoce como ley concursal-, puedo decir que cuando el Senador Abreu plantea la posibilidad de hacer esas modificaciones, consultamos al Poder Ejecutivo y se nos respondió que no la tocáramos, porque se podía trancar en la Cámara de Representantes. Un mes después, el señor Senador Abreu propone el estudio del problema del CASMU -para el que, como todos sabíamos, era necesario encontrar una solución-, y presenta una moción para que se agregue ese punto, la que entregó a la ex Senadora Percovich, y se me consultó al respecto. Cuando junto con el ex Senador Alfie y el señor Senador Abreu la firmamos, no estábamos en el limbo, ni tomamos una decisión a las apuradas. ¿Acaso no vamos a tener el coraje de decir que estudiamos las cosas y que no nos dejamos llevar por las manifestaciones de la tribuna? El Tribunal de Apelaciones se puede equivocar, y sus integrantes son personas serias; el Senado se puede equivocar, pero también sus integrantes son personas serias. ¿O es que el Tribunal de Apelaciones tiene todo ese halo de seriedad y el Senado no?

Cuando el Senador Gallinal, con la prudencia que lo caracteriza, sugiere al señor Senador Pasquet: “por favor, dejemos actuar a la Comisión Investigadora y no prejuzgue”, debemos apoyarlo. Al manifestar que somos negligentes y que la Cámara de Representantes actuó de tal o cual manera, el señor Senador Pasquet está prejuzgando. Es cierto que lo puede decir porque estamos en un ámbito político -no lo discuto-, pero no puede plantearnos la conformación de una Comisión Investigadora si va a dar su opinión desde ese punto de vista. Está en todo su derecho; nadie más que yo lo apoya para que no se calle. ¡Yo creo en la libertad! ¡Haga uso de ella! ¡Pero no nos venga a plantear una Comisión Investigadora si tiene sus conclusiones! Si tiene conclusiones y pruebas de que el señor Senador Abreu nos engañó a todos, proceda según lo que establece el artículo 115 de la Constitución de la República. Como pienso que el señor Senador Abreu actuó de buena fe -al igual que todos los componentes-, como soy consciente de que estos hechos impactaron en la sociedad, como estamos involucrados los Senadores que participamos en ese momento, me parece oportuno que se conforme una Comisión Investigadora, no porque sea un ámbito de mayor seriedad, sino porque está en juego el honor de las personas -primero el del señor Senador Abreu, después el de los que firmamos y, por último, el del resto de los Senadores y otros actores que no están acá-, porque es necesario que se clarifiquen los hechos, y porque actuamos de buena fe ¡Claro que nos podemos equivocar y que nuestros hechos tienen consecuencias! ¿Cómo no las van a tener? Todos los días votamos leyes que tienen consecuencias y está muy bien que se investigue. Ahora bien, otra cosa es prejuzgar y decir que se actuó de tal o cual forma. Acá se llegó a hablar de que se urdió un plan. Por supuesto que no estoy de acuerdo con las declaraciones que hizo la ex Senadora Margarita Percovich y es cierto que, ante determinadas preguntas de los periodistas, todos dimos las primeras impresiones. Es más, yo estaba en Buenos Aires a punto de tomar un subte cuando me llamaron por primera vez para preguntarme si sabía algo acerca de tal o cual ley, que ni siquiera el periodista sabía de qué se trataba.

En síntesis, pienso que debemos dejar que la Comisión Investigadora actúe en esos sesenta días. El señor Senador Ope Pasquet tiene la libertad y el derecho de decir lo que sea, pero si ya está convencido de que se actuó con negligencia y que acá se urdió un plan, reitero, que actúe según lo que establece el artículo 115 de la Constitución de la República, que es lo que corresponde. Si existe el convencimiento -supongo que también pruebas, porque de lo contrario no sé de dónde surge ese convencimiento- de que acá el señor Senador Abreu y todos los Senadores actuamos urdiendo un plan para liberar a determinadas personas, debo decir que eso es falso y estoy dispuesto a discutirlo en cualquier lado.

Nada más, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: jamás dije ni insinué que acá se hubiera urdido un plan; no dije absolutamente nada acerca de eso. Me limité a citar expresiones de la ex Senadora Percovich, que sugieren eso; más que sugieren, hablan. Reitero: no lo dije ni lo insinué, y si a esta altura me preguntan mi opinión personal -pido disculpas porque no quiero prejuzgar pero tampoco quiero eludir estas cuestiones- debo decir que no creo que haya habido un plan. Sí creo -reitero- que el Parlamento no estuvo feliz. Como algunos parlamentarios expresaron, con todo derecho, que piensan que estuvieron muy bien, que se actuó seriamente y con responsabilidad, y que la culpa está en el Tribunal de Apelaciones, en este ámbito dejo constancia de que pienso otra cosa, tal como lo que he expresado aquí.

No se puede invocar el tiempo dedicado al estudio de la Ley de Concursos y Reorganización Empresarial, la Nº 18.387, porque no estamos hablando de ella, sino de la Nº 18.411 que modificó a la anterior en cuestión de días y no luego de un trámite de un año. Esto entró al Senado un 23 de octubre y fue aprobado en la Cámara de Representantes el 5 de noviembre. El Senado lo aprobó sin informe de Comisión, y cuando en la Cámara de Representantes alguien planteó algunas dudas, se votó un cuarto intermedio de cinco minutos y en ese tiempo se dieron por evacuadas. Por eso considero que no se actuó con la diligencia debida; se produjo un efecto tremendo en la sociedad uruguaya en un trámite legislativo que no insumió un año ni dos, sino diez días. A eso me refiero, señor Presidente. Además, la reacción que produjo esto en mí también se produjo en muchos otros cuyas declaraciones extractadas acabo de leer. El impacto que esto produjo fue de tal magnitud que el doctor Gonzalo Fernández salió al cruce de las afirmaciones del señor Senador Abreu, las contradijo en un programa periodístico la misma noche del 13 de agosto, día en que salió el ejemplar del semanario Brecha y afirmó que el señor Senador Abreu faltaba a la verdad. Eso indica la importancia de la cuestión que se estaba dilucidando, ya que la entidad de la denuncia es parte de los requisitos que se deben colmar.

Ese tipo de imputaciones, hechas primero por el señor Senador Abreu en el semanario Brecha y por el doctor Gonzalo Fernández en un programa periodístico esa noche, eran las que en otra época -hoy felizmente superada- daban lugar nada menos que a un duelo. Por tanto, cuando este tema llegó acá, al Senado, bajo la forma de una cuestión de fueros -que también es extraordinaria y que no se plantea todos los días-, se estaba actuando de conformidad con la gravedad del tema, que no la creo yo hoy con este planteamiento, sino que la tienen los hechos, que por algo llegaron a esta instancia.

Cuando se planteó una cuestión de fueros y todos nos disponíamos a escuchar al señor Senador Abreu, nos vimos sorprendidos -creo que la mayoría del Cuerpo- con la comparecencia del doctor Gonzalo Fernández que, tras prestar la promesa como lo establece el Reglamento, asumió como Senador de la República, y en ese carácter e invocando el respeto al Senado -al que hizo expresa referencia-, dio su versión de los hechos. Creo que esa entrada del doctor Gonzalo Fernández tuvo un efecto teatral, sorprendió a muchos -a mí personalmente me sorprendió-, concitó inmediatamente la atención de todos y contribuyó a crear ese clima de expectativa en el que transcurrió una sesión no exenta, incluso, de ciertos ribetes de solemnidad. Y no señalo estos detalles para regodearme con la crónica del episodio, sino por lo que después voy a decir.

Antes de que el doctor Gonzalo Fernández hablara, el señor Senador Abreu había dicho que la intervención del doctor Fernández había consistido en formular una sugerencia, es decir que no insistió con la idea de la “carambola a tres bandas con casín” y el pedido de una “gauchada”, y a su turno, el doctor Gonzalo Fernández aceptó expresamente lo de la sugerencia. La impresión que me formé ese día, después de escuchar a ambos Senadores, fue que el episodio terminaba ahí, que había habido una sugerencia de un experto penalista, que un Legislador diligente había tomado la sugerencia para presentar una iniciativa legislativa fundada en ella y que luego había habido una equivocación del Parlamento al realizar un trámite apresurado de pocos días y tratar aquel asunto sin informe. En definitiva, me llevé la impresión de que no había más que eso, que el asunto quedaba terminado ahí. Lo que cambió radicalmente mi percepción de estos hechos fue la publicación del semanario “Brecha” del viernes 20 de agosto, ya que bajo el título de tapa “La Implicancia”, dice que el Estudio de Gonzalo Fernández patrocinaba a uno de los imputados en la causa del Banco de Montevideo. Ese hecho fue una revelación que me impresionó y sé que ese sentimiento es compartido por muchos de los aquí presentes. No nos imaginábamos que eso pudiera ser así porque habíamos escuchado al doctor Fernández en la sesión del día martes 17, en la que dijo que venía a aclarar cuál había sido su participación en los hechos, pero en ningún momento señaló que él defendiera a uno de los imputados en la causa.

Se fueron sumando las denuncias periodísticas y, finalmente -creo que fue Brecha la que también publicó eso o Búsqueda del día anterior-, resultó que no era solo un abogado de su estudio, sino que el propio doctor Fernández, junto con la doctora Cecilia Salom, asumieron conjunta e indistintamente la defensa de uno de los imputados en la causa del Banco de Montevideo. Era muy directa la conexión del doctor Fernández con todos estos hechos. Por supuesto, luego de esta revelación se ven bajo otra luz todas las circunstancias que anteriormente se podrían haber visto de otra manera. Por eso me pregunté, por ejemplo, si cuando el doctor Gonzalo Fernández le hizo la sugerencia al Senador Abreu le dijo también que él era defensor de uno de los imputados en la causa. A juzgar por los dichos del señor Senador Abreu en el Senado no se lo dijo, porque expresó que el doctor Fernández no había hecho referencia a ninguna persona en particular. Cuando el doctor Gonzalo Fernández le dijo al Diputado Lorenzo que la Ley Nº 18.411 se podía votar con tranquilidad porque la derogación del artículo 76 no acarreaba ninguna consecuencia, ¿le previno que quien estaba dando ese consejo o ese asesoramiento era defensor de uno de los imputados en la causa del Banco de Montevideo? Cuando la ley sancionada en el Parlamento fue al Poder Ejecutivo para su promulgación -que se dio en el Consejo de Ministros, porque modificaba la Ley Nº 18.387-, el entonces Canciller Gonzalo Fernández, firmante en esa ocasión, ¿dijo a los demás integrantes del Poder Ejecutivo, empezando por el Presidente de la República, que era abogado de uno de los imputados en la causa? Esta pregunta es de gran relevancia, porque si lo hizo y el resto de los integrantes aceptó promulgar la ley en esas condiciones, el Poder Ejecutivo de la época es políticamente responsable y debe asumir las consecuencias frente a la opinión pública. Ahora bien, si como pienso -dado el devenir de los acontecimientos-, el doctor Gonzalo Fernández no hizo saber al Poder Ejecutivo que era defensor de uno de los imputados en la causa, tendrá que rendir cuentas de ese silencio frente a los órganos jurisdiccionales competentes, que ya están actuando en el asunto.

No me voy a referir a este punto porque quiero volver al ámbito que directamente concierne a este Senado. No tengo que preguntar si el doctor Gonzalo Fernández, actuando como Senador, nos dijo que era defensor de uno de los imputados, porque me consta que no lo hizo. Me parece que se trata de una omisión grave, que no se puede pasar por alto. Creo que cuando un Senador de la República concurre al Senado, se refiere expresamente a hechos propios y dice que lo hace para aclarar su conducta ante el Cuerpo que integra, tiene el deber de decir toda la verdad. No considero que esta sea una sutileza ni un asunto menor, sino una cuestión grande, de bulto, importante y relevante. Si los señores Senadores aceptáramos un criterio distinto y dijéramos que aquí podemos venir a hablar de lo que hicimos o no hicimos y ocultar la información al Senado, estaríamos rebajando la dignidad institucional del Cuerpo y hasta quitándole seriedad. Por lo tanto, más allá de lo que políticamente pensemos y del partido en el que estemos, cuando venimos a hablar de conductas propias, cuando asistimos a sesiones que se convocan expresamente para ello y pedimos la palabra para decir que queremos dar nuestra versión sobre los hechos que nos involucran, lo menos que podemos exigirnos unos a otros -en defensa del respeto que nos debemos a nosotros mismos y a la Institución- es decir la verdad, toda la verdad. Me parece que en un tema de esta naturaleza habría sido enormemente relevante y significativo que el doctor Fernández hubiera dicho “Yo soy defensor de una persona imputada en la causa del Banco de Montevideo”, sin perjuicio de lo cual habría podido realizar las demás consideraciones técnicas que le parecieran pertinentes. Debió decirlo, pero no lo dijo.

Reconozco que todos estos aspectos se basan en comentarios periodísticos -tal como dijo el Presidente de la República, creo que a la salida de su visita al doctor Gonzalo Fernández, pero entiendo que muchas veces el periodismo cumple una función trascendente en las sociedades democráticas, porque es a través de la prensa libre y de investigación que ciertas cosas se saben. Basta recordar el episodio de Watergate en Estados Unidos para saber los efectos que puede llegar a tener una investigación periodística bien llevada y comprometida con la verdad. Sin embargo, cabe reconocer también que cuando las versiones periodísticas son múltiples y provienen de diversos medios, pueden no ser unívocas, puede haber incongruencias entre ellas o ser contradichas por los involucrados, y si todo queda así, la opinión pública puede confundirse, no saber a qué atenerse ni llegar a conclusiones definitivas acerca de lo que ha pasado.

Por estas razones entiendo que es preciso que el Senado forme esta Comisión Investigadora y trate de esclarecer estos hechos, dándoles la precisión y la formalidad que deben tener los datos para que la ciudadanía pueda formarse opinión seria y fundada al respecto, y para que los órganos públicos que eventualmente tengan que actuar a partir de los hechos investigados por ella, tengan una base firme para hacerlo. Reitero que me parece indispensable formalizar esta investigación y reunir los elementos que la prensa ha ido aportando, a fin de certificarlos o corroborarlos. Hay que ver ese expediente judicial y constatar si el doctor Fernández y la doctora Salom asumieron la defensa de uno de los imputados; hay que ver si es o no cierto que pidieron la clausura de los procedimientos invocando la derogación del artículo 76, si apelaron o no, en qué fecha, etcétera. Entiendo que es de la mayor importancia certificar todos estos elementos, así como escuchar nuevamente al doctor Gonzalo Fernández para saber por qué no le dijo al Senado que en ese entonces era defensor de uno de los imputados.

En su momento hice referencia a la solemnidad de la sesión y recuerdo que el doctor Fernández dijo que era un hombre de buena memoria. Quisiera preguntarle al hombre de buena memoria cómo es que en esa sesión solemne e importante, después de haber prestado juramento, no le dijo al Senado que era defensor de uno de los imputados en la causa del Banco de Montevideo. Me parece indispensable citar nuevamente al doctor Fernández para hacerle estas consultas, y también entiendo imprescindible citar a la ex Senadora Percovich para preguntarle por qué dijo lo que dijo e hizo esas afirmaciones tan graves.

A mi juicio, el objeto de la Comisión Investigadora debe tener la necesaria amplitud para que podamos evaluar todos estos extremos. Con una interpretación estricta, estrecha o piedeletrista del giro “Investigación de la Cámara de Senadores”, no podríamos llamar al doctor Gonzalo Fernández porque no era Senador en aquella época; tampoco podríamos pedir testimonio del expediente judicial porque estaremos investigando al Senado y no a la Justicia. Por lo que he escuchado, sé que no está en el ánimo de la mayoría dar a todo esto una interpretación estricta o restrictiva, pero me parece indispensable aclararlo en esta sesión, porque si vamos a constituir una Comisión Investigadora que no pueda investigar, mejor no lo hagamos: nos ahorramos lo que sería un papelón y le decimos a la opinión pública que no habrá Comisión Investigadora. Pero si la vamos a constituir, en defensa de la seriedad y el prestigio del Parlamento debemos darle los instrumentos y las herramientas como para que pueda investigar.

Confieso que no espero revelaciones espectaculares ni primicias sensacionales que puedan estar en las primeras planas de los diarios; espero que a través de una labor diligente y rápida se certifiquen las distintas informaciones que se han publicado y se pueda ofrecer a la población una versión clara, precisa, ordenada y veraz de todas ellas, expresadas en lenguaje llano y sencillo, para no enredar al ciudadano común con tecnicismos jurídicos que a veces llevan a la confusión.

A su vez, me parece importante aclarar que el hecho de decir que no se borra un antecedente cuando se suprime un delito y por ello se clausura un proceso, no significa que la persona no tenga después la calidad de primario, porque la tiene, pero hay que explicarlo muy bien. Esto significa simplemente que el asiento en la planilla se mantiene, pero el individuo beneficiado por la clausura tendría, en un proceso ulterior, la calidad de primario y el efecto mitigatorio de su responsabilidad que tal calidad supone.

Insisto en que todo esto hay que decirlo con sencillez, de manera clara, ordenada y precisa, y eso es lo que espero de esta Comisión Investigadora. Todos estos aspectos tienen la entidad, la seriedad y la importancia necesarias como para justificar la formación de la Comisión Investigadora y espero que podamos votar un texto -advierto que ha habido consultas entre las Bancadas- que defina su objeto con una amplitud tal que le permita cumplir con su propósito, investigar como se debe y ofrecer, en breve, una versión a la ciudadanía que, según entiendo, es lo menos que podemos hacer.

Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- En realidad, he solicitado la palabra para contestar reiteradas alusiones.

Lo cierto es que esperaba otro desarrollo de este debate, en función de que se está discutiendo la conformación de una Comisión Investigadora. Como comprenderán los señores Senadores que me conocen de Legislaturas anteriores -no es el caso de aquellos que estrenan su condición de tales en esta-, cuando uno está involucrado en asuntos de esta naturaleza, la primera reacción es salir a decir rápidamente su verdad, con énfasis y con fuerza, tratando de controvertir algunas opiniones que con todo derecho se puedan verter en Sala.

Como decía, esta no era la sesión que esperaba. Aquí se está constituyendo una Comisión Investigadora y, precisamente, iba a solicitar ser el primero en concurrir por las razones que todos conocen y porque, además, allí se van a analizar con un criterio un poco más amplio todos los aspectos vinculados a la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230. Con todo respeto, debo decir que se está adelantando determinado juicio sobre este tema y, más allá de que se están dando opiniones muy respetables desde el punto de vista jurídico, políticamente no puedo aceptar -no lo voy a hacer desde el punto de vista político, personal, ni como Legislador- que se diga que he sido negligente o que he actuado con falta de responsabilidad. Puede ser que me haya equivocado, cosa que le puede suceder a cualquier Legislador, porque por suerte no estamos en el camino de la verdad revelada, y muchos menos de la soberbia, que nos trajo algunas noches de dictadura en este país. Yo no ejerzo esa soberbia, señor Presidente; lo que sí digo es que se habla de que se actuó con negligencia -y quien es jurista sabe muy bien lo que es una conducta culpable-, y eso no lo voy a aceptar dentro de lo que significa mi condición de Legislador. Por eso, con serenidad y con tranquilidad voy a reservarme, no para ingresar en un debate, sino para solicitar ser recibido en primera instancia en la Comisión Investigadora, para asumir todo lo que me corresponde desde mi calidad de Legislador, con transparencia, con la verdad y con lo que significa, también, el respeto a una institución.

Se habla de que la institución se desprestigia, y a veces estamos socavando nada menos que la fuerza que tiene la vida institucional del país simplemente porque hay actos particulares que pueden ser analizados y tener impacto público, pero no pueden tener una proyección sobre el Parlamento solo para decir que hay un desprestigio institucionalizado. Esta es mi visión.

En realidad, por prudencia y respeto al trámite no iba a participar sino a esperar las condiciones que estableciera el Senado. De todas maneras, desde ya adelanto mi opinión sobre el tema y, en particular, señalo cuál ha sido la conducta de un Legislador que ha trabajado en este asunto en forma directa, como sabrán los señores Senadores. Además, las calificaciones y la forma en que se va a interpretar, tanto su conducta como la de los demás, será materia de la Comisión Investigadora que, incluso, realizará un análisis desde el punto de vista jurídico de todas las derivaciones que ha provocado este hecho.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia quiere destacar que nos acompañan alumnos de 1º, 2º y 3er. año del Liceo Nº 52, a quienes les agradecemos mucho la visita.

13) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACIÓN DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

“El señor Senador Bordaberry solicita licencia el día 2 de setiembre.”

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- Montevideo, 1º de setiembre de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori
Presente.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia sin goce de sueldo al amparo del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de fecha 14 de setiembre de 2004, por el día 2 de setiembre del presente año, por motivos particulares.

Pedro Bordaberry. Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-28 en 29. Afirmativa.

En consecuencia, queda convocado el señor Germán Cardoso, a quien ya se ha tomado la promesa de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

“El señor Senador Abreu solicita licencia entre los días 6 y 10 de setiembre.”

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Montevideo, 1º de setiembre de 2010.

Señor Presidente de la
Cámara de Senadores
Cr. Danilo Astori
Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el honor de dirigirme a Ud. a fin de solicitar licencia al amparo del Literal D del art. 1º de la Ley N° 10.618, en la redacción dada por la Ley N° 17.827, entre el 6 y 10 de setiembre del corriente año.

Motiva la presente la invitación recibida para participar como expositor en la “14ª Conferencia de la Corporación Andina de Fomento sobre las Américas” que tendrá lugar en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América.

Por lo expuesto, solicito se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, le saludo muy atentamente,

Sergio Abreu. Senador.”

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-28 en 28. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica que el señor Carlos Camy ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Daniel Peña.

14) INFORMES DE LA COMISIÓN PREINVESTIGADORA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la consideración del primer punto del Orden del Día.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: formulo moción para que se pase a cuarto intermedio a los efectos de acordar una resolución común con el resto de los partidos, en la que se establezcan las características de la Comisión Investigadora, el número de integrantes y el plazo correspondiente. Además, dado el cariz que ha tomado esta discusión, necesitamos hacer un intercambio de ideas respecto a su continuidad.

Por lo expuesto, solicito un cuarto intermedio de veinte minutos.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa le recuerda al señor Senador Gallinal que las cuestiones de orden no admiten discusión.

SEÑOR GALLINAL.- Quisiera hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- En ese caso, se le da la palabra para que haga lo propio, pero estirando el Reglamento al máximo.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: me parece que por respeto a los señores Senadores que estamos anotados para hacer uso de la palabra sobre el tema de fondo, debería postergarse la moción de cuarto intermedio hasta tanto hablemos todos los que lo hemos solicitado.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa, más allá de que comprende y respeta el punto de vista del señor Senador Gallinal, le solicita que entienda que no se puede entrar en una discusión sobre si vamos a aguardar a que hagan uso de la palabra quienes están anotados -que son los señores Senadores Bordaberry, Gallinal y Solari-, salvo que esta moción sea retirada por el señor Senador Couriel.

Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

-18 en 30. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por veinte minutos.

(Así se hace. Es la hora 11 y 32 minutos.)

15) ASUNTOS ENTRADOS

(Vueltos a Sala.)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 12 y 8 minutos.)

-Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Gustavo Sánchez Piñeiro).- “La Presidencia de la Asamblea General destina mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 17.503, de 30 de mayo de 2002, en las redacciones dadas por el artículo 1º de la Ley Nº 17.844, de 21 de octubre de 2004, y por el artículo 187 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, relacionado con la creación del Fondo de Fomento de la Granja.

-A LA COMISIÓN DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.”

16) INFORMES DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la consideración del primer punto del Orden del Día, tiene la palabra el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: pienso que podemos aportar una aclaración sobre lo que estamos haciendo, para que nadie hable de prejuzgamientos o de anticipos a etapas que hay que cumplir. Me animaría a decir que estamos ante una situación similar a lo que en el Código General del Proceso es la audiencia preliminar. El Código General del Proceso, que fue redactado por los distinguidos juristas Gelsi Bidart, Torello y Nicoliello, tiene la sabiduría de concentrar en la llamada “audiencia preliminar” estas cuestiones, es decir, la fijación del objeto del proceso. Como es obvio, en esa fijación del objeto del proceso se está a lo que propone el actor y a lo que contesta el demandado. A nadie se le ocurre pensar, en esa audiencia, que existe algún tipo de prejuzgamiento cuando se empieza a analizar cuál es el objeto. Para fijar el objeto de la investigación es preciso hacer referencia a los hechos que se van a investigar y a sus fundamentos. Esta instancia se denomina audiencia de saneamiento y, como comprenderán los integrantes de la bancada del oficialismo y del Partido Nacional, nuestra preocupación es que no quede nada fuera del objeto de la investigación. Si se vota una Comisión Investigadora pero quedan fuera del objeto de la misma los hechos que pensamos que deben ser investigados, esa Comisión quedaría sin el objeto que entendemos debe tener.

Considero que es un buen elemento a seguir en la práctica judicial y, en especial, en la posición de los magistrados, porque cuando se plantean discrepancias entre el actor y el demandado sobre el objeto del proceso, estos, en su casi totalidad, establecen un objeto de proceso bien amplio para que nada quede por fuera. Se procede de esta forma, conscientes de que cuando llegue el momento de la conclusión, lo que ha quedado fuera de la etapa procesal probatoria no se considerará. Con total respeto debemos decir que sentimos que la propuesta que realizó el Senador Pasquet, denunciante, y el informe en mayoría de la Comisión, presentado por el señor Senador Agazzi y la señora Senadora Xavier, no coinciden. Claramente, en los puntos 9 y 10 de su presentación, el señor Senador Pasquet señala que pide esta Comisión para conocer qué asesoramiento recabaron los Legisladores; si existió el engaño denunciado por la ex Senadora Percovich; si el estudio del doctor Gonzalo Fernández -quien en su momento fuera Secretario de la Presidencia y después Ministro de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores- patrocinaba a alguno de los procesados y, de ser cierto lo anterior, si el Estudio Jurídico del doctor Gonzalo Fernández o cualquiera de sus integrantes solicitó la clausura del proceso. Asimismo, el señor Senador Pasquet también quería conocer los efectos jurídicos de la resolución Nº 433 del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno. Por su parte, el informe presentado por el Senador Agazzi y la Senadora Xavier no hace lugar a estas cuestiones y es claro al decir que propone la instalación de una Comisión Investigadora, cuyos miembros se definirán, con el objeto de esclarecer si la Cámara de Senadores sancionó la Ley Nº 18.411 con la finalidad de beneficiar a particulares y, en tal caso, si de algún modo se utilizaron mecanismos engañosos con tal objeto. Podemos decir que se circunscribe exclusivamente a la actividad de la Cámara de Senadores y a la sanción de la Ley. Entendemos que ese no fue el petitorio y creemos, además, que existen argumentos suficientes.

Dados los hechos que acontecieron antes y los ocurridos después de la comparecencia del doctor Gonzalo Fernández en el Senado y al solo efecto de justificar la inclusión del objeto de la Comisión Investigadora -no prejuzgando-, es que podemos hacer referencia a una cantidad de sucesos que nos merecen dudas y que creo que ameritan que este Cuerpo no limite el alcance de la referida Comisión, como entiendo que propone el informe de los Senadores Agazzi y Xavier, pero no el del Senador Moreira. ¿Por qué decimos esto? Porque pueden existir otros casos similares. Entonces, ¿por qué limitarlos solo a esta Ley? Si ha sucedido una vez, ¿no habrá podido ocurrir en otras oportunidades? Hay un pedido de informes del señor Legislador Gandini sobre la doble función del doctor Gonzalo Fernández, como Secretario de la Presidencia primero y como Ministro después, defendiendo a particulares en juicios contra el Estado. Hay un informe pedido; además, existe la confirmación y tengo una larga lista de juicios en ese sentido. Como ya dije, si sucedió una vez, ¿no habrá ocurrido en otras oportunidades? ¿Debemos mirar para otro lado? ¿No debemos preguntarnos al respecto?

Cuando los Senadores ingresamos a este recinto por primera vez se nos pregunta si prometemos por nuestro honor desempeñar debidamente el cargo de Senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República, y lo prometemos; y esa promesa la realizó el doctor Gonzalo Fernández. Es lógico que el hecho de que el doctor Gonzalo Fernández no haya dicho que defendía a uno de los favorecidos por la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230 nos pueda llevar a dudas. Es más: su pareja e integrante de su estudio jurídico, la doctora Salom, solicitó la clausura, luego dijo que no lo había hecho, después manifestó que sí la había solicitado pero fuera de plazo, y finalmente aclaró que la había solicitado pero fuera de plazo y que no estaba de acuerdo con el fallo del Tribunal de Apelaciones haciendo lugar a su petitorio. Esto es algo que pocas veces he visto en mi vida en cuanto a la defensa de una persona: una abogada presenta un escrito fuera de plazo porque entiende que su cliente no tiene razón, y cuando el Tribunal de Apelaciones falla a su favor manifiesta que no está de acuerdo, en contra de su propio cliente. Insisto: nunca lo vi. Si fuese su cliente y como abogada me dijera que el Tribunal falló a mi favor pero que espera que la Suprema Corte de Justicia revoque la decisión y me condene, sus explicaciones ameritarían dudas, no me resultarían creíbles y, por lo tanto, darían lugar a un proceso de investigación.

Pero eso no es todo. Esta persona asesoraba a una bancada del Parlamento mediante un pase en comisión que pagaba el Estado uruguayo en base a una ley que sería bueno analizar cómo se aprobó y cuál fue el asesoramiento que sobre ella se dio, ya que no permitía a quienes ocupaban un cargo en la Fiscalía pasar en comisión.

Entonces, ¿vamos a limitarnos exclusivamente a esa ley?

Además, distinguidos señores Legisladores han dicho públicamente que el doctor Gonzalo Fernández no percibió ningún honorario por esto. ¿No sería bueno investigar si es cierto? Lo pregunto porque cuando compareció en este recinto no se nombró ninguno de estos elementos, y yo escuché y creí todo lo que aquí se dijo.

Voy a mencionar un último punto que me parece importante que el Senado conozca. Cuando el doctor Gonzalo Fernández concurrió a este recinto manifestó jocosamente que se había derogado el artículo 76 de la Ley Nº 2.230 y no el 77, lo que era una incongruencia, por lo cual este también debía ser derogado. Como pensé que era correcto enmendar ese error legislativo -esa es una de nuestras tareas-, me dediqué a investigar, y en la biblioteca del Palacio Legislativo encontré un libro de la editorial Amalio Fernández sobre el Derecho Penal de la Sociedad Anónima y los delitos de la Ley Nº 2.230, en el que se señala que el artículo 77 de la mencionada ley fue derogado por el Código Penal de 1934; el autor de ese libro es el doctor Gonzalo Fernández, quien nos dijo que debíamos derogar una norma que ya había sido derogada. Ese trabajo -que en realidad es un libro sobre la Ley Nº 2.230- fue presentado el 22 de abril de 1983 ante el Tribunal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales -integrado en ese momento por los doctores Fernando Bayardo Bengoa, Milton Cairoli y el Coronel Sergio Darío Corgatelli- como monografía del doctor Gonzalo Fernández, siendo aspirante a profesor.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: como Partido Nacional creemos que hoy se va a dar un paso muy importante en lo que se refiere a este tema, con la conformación de una Comisión Investigadora. Lo quiero poner expresamente de manifiesto porque en algún momento, después de la sesión en la que el señor Senador Abreu solicitó que se tratara una cuestión de fueros porque se sintió afectado por noticias de diversa índole que habían circulado respecto al tema, a través de la prensa llegamos a tener información de que podía existir la posibilidad de que el Frente Amplio no acompañara la creación de una Comisión de estas características. Incluso, manifestaron que era suficiente con la que se promovía dentro de la propia fuerza política, lo que descartaba -sobre todo a la luz de la visita del propio señor Presidente de la República al doctor Gonzalo Fernández- la creación de una Comisión Investigadora. Sin embargo, en la sesión de hoy el Senado de la República, probablemente por unanimidad, votará la conformación de la Comisión Investigadora. Sinceramente, creemos que es un paso muy positivo e importante, que tiene el propósito lógico de esclarecer los hechos que determinaron la situación que se está viviendo respecto de esta circunstancia, pero que también persigue el fin de ilustrar, informar, dar noticias y rendir cuentas ante la ciudadanía acerca de cómo se dieron los acontecimientos para llegar adonde estamos.

En este sentido, no corresponde otra cosa más que celebrar que logremos, una vez más con la participación de todos los partidos políticos, un acuerdo que nos lleve a una decisión como la que vamos a adoptar.

En el día de ayer, por enésima vez reunimos a la Bancada de Senadores del Partido Nacional para tomar posición respecto a la sesión que se iba a realizar hoy. En esa oportunidad, después de que el señor Senador Abreu nos expresara que no solamente tenía opinión favorable a la conformación de la Comisión Investigadora sino que él iba a plantear la posibilidad de ser recibido, para comparecer ante ella y dar el informe que entendiera pertinente, todos los integrantes de la Bancada de Senadores del Partido Nacional no solo decidimos apoyar la creación de la Comisión Investigadora, sino también intentar, a través de las negociaciones que pudiera llevar adelante el señor Senador Moreira -que fue quien nos representó en la Comisión Preinvestigadora-, que aquella tuviera un objeto de estudio lo más amplio posible, no solo enfocando el tema en su justo término, sino también en las posibilidades de acción que permitieran llegar a ese objetivo. Aquí se agrega un elemento -que creo que a nadie pasa inadvertido-, que refiere a que este tema no se limita exclusivamente a lo que se pueda haber realizado exclusivamente dentro del ámbito parlamentario, porque en la sanción de una ley intervienen el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo -que tiene que promulgarla, porque de lo contrario no se convierte en ley- y puede intervenir el Poder Judicial, que no solamente tiene iniciativa en temas de estas características sino que está de por sí autorizado, a través de la propia Constitución de la República, a comparecer ante las comisiones del Parlamento para expresar su opinión en temas que lo comprenden.

Entonces, es inimaginable una Comisión Investigadora a la que se le retacean posibilidades de acción a través de la definición del objeto, de tal manera que luego no se pueda llegar a una conclusión que aclare la situación que merece ser aclarada. Digo esto porque se ha generado una suerte de alarma a nivel de la opinión pública con lo que ha sucedido. Creo que en el Uruguay hay un antes y un después de la crisis del 2001. No es la primera vez que lo digo y lo hago con mucho sentimiento, precisamente porque en esa Legislatura me tocó debutar y hacer mis primeras armas en el Parlamento y sentí la carga de la responsabilidad en aquellas dos jornadas de fin de semana en las que nos tuvimos que encerrar en esta Casa para poder dar a luz un conjunto de normas que tuvieran vigencia a partir del lunes, en que quedaba sin efecto, o se levantaba, el feriado bancario que el Poder Ejecutivo se había visto obligado a decretar a efectos de buscar una salida a un país que tenía enormes dificultades. Estos hechos están directamente asociados con aquella crisis del año 2001, que golpeó económicamente, pero también desde el punto de vista social, a nuestra gente, que sufrió como consecuencia de ello, que se sintió estafada y que ahora reacciona con sorpresa y a veces con indignación porque -con razón o sin ella- se siente defraudada, para usar el calificativo más suave.

La gente mira la realidad política nacional y se pregunta, con toda razón, cómo es posible que haya sucedido esto en una Administración en la que el Frente Amplio tiene mayoría absoluta en el Parlamento, es decir, una mayoría tal que solamente se pueden aprobar leyes que esa mayoría quiere que se aprueben, colocando a la oposición en la situación que vivió tanto en la Legislatura pasada como en la presente, en la que no puede aprobar ni derogar una ley, como tampoco impedir una cosa ni la otra. Lógicamente, la gente no termina de comprender que una ley de estas características, que genera tanta polémica, se haya aprobado en una sesión en la que, además de existir esa mayoría, el Presidente del Cuerpo era el actual Presidente Mujica y el señor Senador Astori estaba integrando el Senado porque ya había renunciado al Ministerio de Economía y Finanzas. En esa sesión, además, estábamos los Legisladores del Partido Nacional -buena parte de los que hoy integramos la Bancada- y los Senadores del Partido Colorado, representados, entre otros, por el señor Senador Alfie -que fue firmante o mocionante del proyecto de ley- y por el señor Senador Sanguinetti, que era nada más ni nada menos que el Secretario General del Partido Colorado -el mismo cargo que hoy ocupa el señor Senador Bordaberry-, es decir, el representante de todo su partido. Se me dice que no todos entraron a Sala en aquel momento, pero lo cierto es que integraban el Senado y si entraron o no a Sala es un problema de ellos y tendrán sus razones. Reitero que tanto el señor Senador Sanguinetti como los señores Senadores Alfie y Amaro integraban el Senado en aquella oportunidad. Con esto no estoy dando ninguna responsabilidad adicional. ¿Había o no un Senado de la República integrado por el Frente Amplio en mayoría, y por el Partido Colorado y el Partido Nacional? Sí, lo había, como lo hay hoy.

Para tranquilidad del señor Senador Viera, que me está pidiendo una interrupción, voy a decir que se la voy a dar con mucho gusto, pero antes quiero expresar lo siguiente.

Cuando la gente se entera de que esta ley contó con el voto de todos los partidos, en ambas Cámaras -con la representación que tenían los partidos en aquel entonces y con las mayorías como estaban determinadas-, lógicamente, se sorprende y se pregunta cómo es posible que se llegue a una situación de estas características.

Por ello, desde el primer momento me pareció muy acertada la iniciativa del señor Senador Pasquet pidiendo la conformación de una Comisión Investigadora. Siempre creímos que era importante tratar de llegar a un entendimiento para que prosperara esa iniciativa. No conocemos la motivación por la que el señor Senador presentó la iniciativa, pero es mi deber pensar -y lo merece la persona del señor Senador Pasquet- que lo hace en el ejercicio de su más seria responsabilidad, porque él entiende que, efectivamente, algo tenemos que hacer para aclarar este tema.

Me animaría a decir algo más, porque no creo que a la gente le alcance con la aclaración. Quizás tenga razón el señor Senador Larrañaga cuando dice que algo deberíamos hacer para solucionar este tema y no solo para aclararlo, e impulsa un proyecto de ley -que ayer puso a consideración de la Bancada de Senadores del Partido Nacional- por el que se soluciona el tema de fondo. Creo que esa iniciativa merece toda nuestra consideración y nuestro estudio, así como la dedicación que vamos a brindar a la Comisión Investigadora. Quizás el proyecto de ley transformado en ley pueda ir más allá de los resultados que se puedan lograr con la Comisión Investigadora. Le he dado una primera lectura y sé que esa es su intención, aunque me falta análisis, como nos va a faltar a todos. Cuando se le dé ingreso en el Parlamento, tendremos oportunidad de estudiarlo. La formación de una Comisión Investigadora es muy importante para nosotros, al punto que el señor Senador Larrañaga da un paso más adelante aún y dice: “Quizás haya un camino a través del cual podamos llegar a ese resultado”.

SEÑOR VIERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Viera.

SEÑOR VIERA.- Señor Presidente: simplemente, quiero dejar constancia -para que la versión taquigráfica refleje fielmente la realidad de los hechos, sobre todo porque se mencionan nombres de personas que no están aquí presentes- que el ex Senador y ex Presidente de la República, doctor Julio María Sanguinetti, no estaba en el tema ni en Sala. Además, voy a aclarar que se está investigando el hecho que salió a tambor batiente, que no es la Ley de Declaración Judicial de Concurso y Reorganización Empresarial. El proyecto de ley por el que se derogó el artículo 76 fue aprobado rápidamente y sin pasar por la instancia de estudio a nivel de Comisión.

No me parece conveniente que, en momentos en que nos disponemos a centrar el tema en una investigación a través de una comisión, estemos mencionando, aunque sea colateralmente, a Legisladores que ya no integran este Parlamento.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: es del caso puntualizar que describimos muy claramente la situación. Pedimos al señor Senador Viera que se ponga en lugar de ciudadanos que no hacen un seguimiento de la actividad parlamentaria -lamentablemente, son la enorme mayoría- y se enteran de que se cierra una causa de esta naturaleza, aparentemente como consecuencia de la aprobación de un proyecto de ley en el Senado de la República, con la composición por todos conocida, y entonces empiezan a observar los hechos con mayor detenimiento y a quiénes lo integraban. No creo que se haga un buen favor al doctor Sanguinetti si se dice que no estaba en el tema, porque los Legisladores tienen que participar de todos los asuntos del Parlamento. No hay excusas porque se apruebe un proyecto de ley sobre un tema en el que los Legisladores no somos especialistas, porque para ello existen los asesoramientos. Además, todos tenemos la responsabilidad de la votación de los asuntos.

Lo cierto es que vivimos esa situación. Obviamente, como consecuencia de esos hechos, una vez más -porque no es nuevo en la vida de nuestra sociedad- el Parlamento queda en tela de juicio. Quizás, esbozando una defensa, podríamos decir que es más fácil criticar que elogiar. Con respecto al Parlamento, muchas veces se sucede ese tipo de situaciones. También es un dato de la realidad -lo dijo el señor Senador Pasquet en su exposición- que, a nivel de la gente, hay una opinión muy crítica respecto de todos estos hechos, por lo que debe prosperar la Comisión Investigadora.

También quiero señalar que, más allá de la decisión que hoy tome el Senado, el núcleo principal de este tema está en la formación de una Comisión Investigadora. Lamentablemente, escapa a la voluntad del señor Senador Pasquet y de los integrantes de la Bancada del Partido Nacional si la moción es más amplia o restrictiva, porque el Frente Amplio tiene su propia mayoría. El señor Senador Moreira -que hace un momento estuvo conversando con Senadores del Frente Amplio y con integrantes de la Bancada del Partido Colorado- nos ha dicho que estaría prosperando una moción, que incluso estaría firmada, seguramente redactada con la participación de más de un Senador, en la que se establecería la creación de una Comisión Investigadora con el objeto de indagar la actividad de la Cámara de Senadores en el tratamiento de la Ley Nº 18.411, incluyendo todos los aspectos vinculados a su discusión, aprobación y puesta en vigencia. Nos parece que es imposible hablar de una mayor amplitud.

Agregamos algo que conversamos ayer a nivel de Bancada: si la voluntad de la mayoría fuera la de acotar, pero en el transcurso del trabajo de la Comisión Investigadora comenzaran a aparecer testimonios que denunciaran o pusieran de manifiesto hechos que no conocíamos en toda su magnitud -a raíz de la concurrencia del doctor Gonzalo Fernández, del ex Diputado Lorenzo, de la ex Senadora Percovich, de un testigo o del testimonio de alguna otra persona-, por la sola fuerza de las circunstancias y de los hechos esta tendrá que seguir avanzando en su esclarecimiento. En ese sentido estamos muy tranquilos, más allá de los términos de la resolución, aunque felizmente es la que estábamos buscando. La gestión del señor Senador Moreira en ese tema ha sido muy buena. Creemos que el solo hecho de la conformación de la Comisión Investigadora abre una puerta muy importante y necesaria para seguir avanzando en definiciones sobre este tema. Consideramos que el señor Senador Pasquet tiene todo el derecho de prejuzgar o de adelantar opiniones, pero entendemos que no es lo más conveniente, porque todavía no conocemos absolutamente todas las circunstancias, básicamente aquellas ajenas al trabajo que se desarrolla a nivel del Parlamento.

No solo nos llama la atención lo que fue el proceso parlamentario -tenemos el propósito de estudiarlo-, sino también lo que ocurrió después de aprobado el proyecto de ley, pues transcurrió un buen tiempo antes de su aplicación. En todo ese transcurso, ni antes ni después, escuchamos alguna apreciación o anuncio del foro jurídico que nos alertara o advirtiera de esos hechos.

Creemos que se debe cuidar mucho la independencia del Poder Judicial. Eso se debe tener presente durante el trabajo de la Comisión Investigadora, no sea cosa que, como consecuencia de todas estas discusiones, la Suprema Corte de Justicia se sienta presionada por lo actuado en el Parlamento. Sin embargo, tenemos todo el derecho de discrepar con algunas de sus resoluciones, como por ejemplo la que termina de adoptar el Tribunal de Apelaciones.

Después de esa instancia de decisión y de hechos que ocurrieron en el Senado, aparecieron nuevos elementos en función de los cuales entendemos que corresponde proceder a la formación de una Comisión Investigadora. No es con la intención de llevar tranquilidad al Partido Colorado ni al señor Senador Pasquet, pero aclaramos que en nuestro ánimo está buscar, por todos los caminos posibles, el esclarecimiento de esas circunstancias. Aparentemente, los Senadores de mi partido me propondrían para que, junto con el señor Senador Moreira, integremos esa Comisión Investigadora, responsabilidad que por supuesto asumiremos como todos los deberes que competen a nuestra calidad de Legisladores, si bien no sabemos hasta qué punto no nos comprenden las generales de la ley, porque integramos aquella Legislatura.

Más allá de esto, quiero aclarar que en su momento tuve un fuerte cruce con el doctor Gonzalo Fernández, en el que le reproché públicamente que aceptara -como se sostenía en aquel tiempo- la defensa del caso. Luego recibí una llamada suya para reprocharme mis expresiones, para manifestarme que no eran correctas y para señalarme, además, que había intervenido en la defensa de Wilson Ferreira Aldunate cuando estuvo preso en 1984. Dadas las circunstancias, tenía que aceptar sus palabras, puesto que lo hacía expresamente para decirme cuál era su situación.

Entonces, señor Presidente, ¡vaya si tenemos elementos para estudiar el tema con la mayor seriedad posible, con la mejor dedicación y con la sanísima intención de llegar hasta las últimas consecuencias! Ahora bien, no perdamos de vista la otra alternativa, el otro camino al que se ha hecho referencia y que ha sido propuesto por el señor Senador Larrañaga, pues lo consideramos un instrumento del que el Parlamento no puede prescindir.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Solari.

SEÑOR SOLARI.- Señor Presidente: quiero destacar tres actitudes que me parecen dignas de resaltar. La primera de ellas tiene que ver con la valentía del señor Senador Pasquet al solicitar la conformación de una Comisión Investigadora para analizar un tema que causa alarma pública. Considero que eso le hace bien al Parlamento y habla bien de él como Legislador responsable, puesto que lo hace en forma muy constructiva. La segunda está relacionada con el estado de ánimo y de cooperación expresado por el señor Senador Abreu cuando dice: “Yo quiero ser el primero en ser indagado y me pongo a disposición para aclarar todo lo que deba ser aclarado”. Por último, quiero también destacar el espíritu de compromiso por parte de la Bancada del partido de Gobierno respecto a la transparencia, que no siempre lo tuvo, porque en la Junta Departamental de Montevideo se bloquearon una cantidad de pedidos de investigación. Gracias a Dios, aquí el espíritu ha sido de amplitud y estamos en ese ánimo.

Cuando hablamos del marco de referencia de esta Comisión Investigadora, en el fondo estamos aludiendo a la transparencia de la acción política en todas sus manifestaciones, no solo a nivel del Parlamento, sino también de otros actores.

Es notorio que en un clima de entendimiento, en un clima constructivo entre el Gobierno y la oposición, promovido por el señor Presidente de la República, han transcurrido seis meses de esta Administración con logros positivos en ese sentido. Ahora bien, aquí se nos plantea la posibilidad de un logro adicional relacionado con la transparencia y el decirle a la opinión pública, con total claridad, cómo actuamos y por qué lo hacemos de determinada manera, cosa que no sucedió en este triste episodio hasta el momento. Entonces, si no lo investigamos con total libertad, corremos el riesgo de generar más confusión y por lo tanto más daño del que estamos tratando de corregir.

A continuación, quisiera hacer una brevísima referencia al fondo del tema.

El doctor Gonzalo Fernández, sentado en esta Sala como miembro del Senado de la República, reconoció haber participado en la formulación del proyecto de ley en cuestión mediante sugerencias, advertencias y recomendaciones. Esto no lo dijo la oposición, sino que lo planteó él. Es más, lo hizo con un espíritu que debe ser propio de los catedráticos Grado 5 de Facultad, que quien habla no tuvo el privilegio de ser. Al final de su intervención manifestó lo siguiente: “Si el señor Senador Abreu dice que lo que hice fue formularle una sugerencia sobre incongruencias normativas, digo que eso sí es verdad y que al día de hoy la incongruencia persiste”, esta es una especie de recomendación para la barra, para los que estamos aquí, “por lo que, si pueden, deroguen el artículo 77” que, de acuerdo con lo que hemos visto, está derogado. Lo importante es que reconoció su participación. Además, aduce que el haber formulado esa sugerencia fue consecuencia de una motivación altruista: evitar incongruencias jurídicas, esto es, que dos normas distintas refieran al mismo delito. En lo personal le creo; es un profesor universitario que está preocupado por la efectividad del cuerpo jurídico. No tengo por qué no creerle. Sin embargo, omitió decir -y eso es enormemente preocupante- que además de ese motivo altruista tenía uno personal, profesional, de su Estudio, de su condición de abogado en una causa que él patrocinó, que sigue defendiendo su pareja y de la cual se beneficiaron sus clientes.

Permítaseme prejuzgar -no sé si es el término correcto porque soy Legislador y no jurista- u opinar que cuando se dice una cosa y no se dice la otra -que es el interés personal que uno efectivamente tiene, como él reconoce tenerlo-, no se está diciendo toda la verdad y por lo tanto no se está actuando de acuerdo con la promesa que se formuló frente a este Cuerpo. En caso de que ambos intereses existieran, no importa saber cuál de ellos primó en su cabeza o en su espíritu; lo que sí interesa es que a los efectos de la transparencia y de la credibilidad por parte de la opinión pública debe quedar bien claro que acá no hay gato encerrado, que hay un interés que tiene que ser puesto de manifiesto. A mi juicio, el doctor Gonzalo Fernández tendría que haber dicho: “Como Grado 5 digo tal cosa, pero además advierto que eso beneficia a mis clientes”. Eso es lo que se espera de un Legislador, de un político que actúa con total transparencia y responsabilidad.

Por lo expuesto, creo que el marco de referencia de esta Comisión Investigadora tiene que ser el más amplio posible e incluir una dimensión ética de la política, independientemente de la redacción -que me parece es mucho más feliz que la que tenía el informe en mayoría-, a la que habría que adicionarle, no en la letra pero sí en el espíritu, un elemento propositivo de cómo evitar en el futuro situaciones de este tipo.En la política podemos actuar en función de nuestro conocimiento y se espera que lo hagamos de esa manera; pero también se espera que lo hagamos en función de una transparencia total, teniendo en cuenta nuestras motivaciones. En este caso, esta transparencia no existió; esto es lo que le quita credibilidad a la política y a los políticos.

Señor Presidente: en 1961, a tan solo dos años de haber cambiado el Gobierno de la República, comencé mi acción gremial en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo. En ese momento casi nadie pensaba que pudiera haber un golpe de Estado en el país, como ocurría prácticamente todos los años en la República Argentina y en muchos otros países de América Latina. Doce años después, esa convicción se había derrumbado totalmente. Por eso creo que es muy importante la transparencia y el ámbito de referencia de esta Comisión, para que se traten de buscar no solo responsabilidades sino también formas de evitar que estas situaciones se repitan en el futuro. Es fundamental que quienes no vivieron aquella época y hoy tienen la plena convicción de que la democracia uruguaya es indestructible sepan que esa fortaleza se construye día a día, sobre la base de la transparencia total de las acciones de los que participamos de esta actividad, con vocación de servicio a la sociedad y no con vocación de servicio a sí mismos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: voy a realizar algunas breves consideraciones sobre el tema.

Ante todo quiero aclarar que yo no integraba este Poder del Estado en el momento en que se votó esta ley, porque había renunciado al Senado para ocupar un cargo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Si hubiera estado aquí en aquel momento, probablemente habría hecho lo mismo que hizo el Parlamento en esa circunstancia. No lo digo para que se interprete de otra manera, pero es un hecho que no estaba aquí y por lo tanto, desde ese punto de vista me siento con mucha libertad y con la mayor tranquilidad.

Comparto plenamente la postura que ha asumido nuestra Bancada y la decisión que va a tomar en el día de hoy el Senado, porque nosotros queremos investigar, no queremos que nada quede oculto. Me parece que el Senado y en general el Parlamento han sufrido un daño profundo ante la opinión pública en la medida en que existe una especie de sombra. Quienes nos dedicamos a la actividad política porque tenemos una vocación profunda y hemos dejado muchas cosas por el camino para poder hacerlo, no estamos dispuestos a que quede la impresión de que estamos mirando para el costado. Entonces, me parece muy bien el planteo del señor Senador Pasquet en el sentido de que se integre una Comisión Investigadora y vamos a investigar hasta donde haya que investigar, pero todos los que hemos trabajado en este tipo de Comisiones en otras oportunidades sabemos que tienen límites. Hay un objeto central, porque de lo contrario la investigación termina sobre el mundo y sus alrededores y ello puede dar lugar a un carnaval político. Sin embargo, el hecho de que tenga un objeto central no significa que tenga límites; tiene los que le impone la ley que, lamentablemente, en su momento no se sancionó como originalmente la había aprobado el Parlamento, que le daba más facultades. De todos modos tiene grandes chances de investigar. Junto con otros parlamentarios hemos integrado varias Comisiones Investigadoras y sabemos que esto es así. Incluso, el señor Senador Fernández Huidobro y quien habla tenemos ganas de escribir el apéndice de la última Comisión Investigadora, relativa a los hechos que comenzaron en 1998 con las inversiones de ANCAP en Argentina y que aún no han terminado. Todos los antecedentes están en el Poder Judicial. El negocio era tan ruinoso que no hemos podido salir de él aún hoy, en el año 2010, y son incontables las decenas y centenares de millones de dólares que hemos perdido.

Sabemos que las Comisiones Investigadoras -que también se han constituido en el caso del Puerto y en otras circunstancias- tienen amplias facultades para poder convocar y esclarecer, pero son al mismo tiempo instancias muy delicadas, que llaman grandemente a la responsabilidad a quienes las integran, porque los trascendidos, si se dan, vician su legitimidad y en última instancia las pervierten y las convierten en un asunto de jugueteo político. Creo que en este caso eso no va a suceder, por la dignidad de este Cuerpo.

Por otra parte, en este tema hay paradojas muy llamativas. Tenemos una alarma pública y un cuestionamiento fuerte por la derogación de un artículo que varios penalistas de nota de este país consideran que ya estaba derogado. Se hizo referencia a las manifestaciones que el doctor Gonzalo Fernández -que fue quien escribió ese libro tan citado, según me han informado, en el expediente Peirano- realizó en Sala sobre el artículo 77, pero en realidad el doctor Langón dice que a su juicio la Ley Nº 2.230 está en oposición con el Código Penal y por lo tanto ha quedado derogada, incluido su artículo 76, no solo por no describir el tipo penal de que se trata -falta el precepto o su amplitud la hace inconstitucional por violación del principio de legalidad-, sino también por establecer un régimen de penas incompatible con el del año 1933, que a su vez ha sufrido numerosas modificaciones. De manera que tenemos un escándalo en relación con un artículo que, según algunos penalistas, ya estaba derogado. Entonces, estamos ante un asunto paradójico o complejo, pero que exige que este Senado lo afronte, como lo va a hacer por unanimidad y con valentía.

Si hay que convocar, hay que convocar, y serán convocados los Senadores que participaron en esa instancia, estuvieran o no en Sala, así como otras personas. Evidentemente la Comisión no puede obligar, pero puede convocar a particulares. Ha habido casos de particulares que se han negado a concurrir a Comisiones Investigadoras y no se los pudo llevar por la fuerza. Pero pueden ser convocados y no queda bien que si una Comisión Investigadora del Senado convoca a alguien para esclarecer un punto, se niegue a concurrir. De manera que aquí hay total libertad para poder trabajar y no debemos prejuzgar. Podemos fundamentar, pero no debemos prejuzgar resultados hasta que se haga la indagación, que puede terminar, no solamente extrayendo conclusiones, sino también haciendo recomendaciones sobre legislación para el país. Probablemente haya que legislar sobre incompatibilidades entre el ejercicio de las responsabilidades públicas y privadas, pero sin cola de paja y sin limitaciones. Por ejemplo, si es conveniente legislar sobre incompatibilidades, me gustaría discutir sobre salarios, porque aquí cada vez que se habla de plata hay cola de paja. Me gustaría saber por qué un parlamentario que de pronto fue elegido por dos mil votos gana el doble que un miembro del Poder Ejecutivo. Es así; lo puedo decir por experiencia. También habría que discutir si las incompatibilidades que tenemos son suficientes.

Siempre estamos legislando y sabemos que muchos de nosotros podemos tener intereses en el sector privado; a veces no alcanza con decir que no se quiere intervenir en tal o cual cosa, como ha sucedido en numerosas oportunidades con miembros de este Senado. Algunos Senadores expresan que se sienten inhibidos de intervenir y la Cámara los puede autorizar o no, precisamente porque el problema puede ser más genérico. Se trata de temas muy delicados, sobre los que vale la pena discutir sin tener cola de paja -por decirlo de alguna manera- y abiertamente. Me refiero, por ejemplo, al régimen de incompatibilidades. Tal vez la Comisión Investigadora llegue a otras conclusiones o recomiende algo en materia de legislación que sea sano para la transparencia y el fortalecimiento del sistema institucional y democrático del país. Quizás tengan que efectuarse convocatorias mucho más amplias que las que originalmente se han planteado.

En virtud de que soy un maniático de las cronologías por haber sido profesor de historia durante muchos años, me gustaría saber -aclaro que aunque algún miembro de nuestra Bancada lo ha propuesto, por otras razones no voy a integrar la Comisión Investigadora- por qué en agosto de 2006 llega al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que incluye la derogación del artículo 76. Me pregunto por recomendación de qué estudio jurídico o asesoramiento llegó la propuesta de derogación del artículo 76 en agosto de ese año. En esa oportunidad el doctor Gonzalo Fernández se opuso, aun cuando su Estudio no era defensor del contador Ratti, tarea que asumió en diciembre. Esta derogación automáticamente hubiera implicado, no el fin de la causa sino la liberación de los señores Peirano que en ese momento estaban detenidos y fueron liberados en mayo del año siguiente. Me gustaría saber acerca de ese punto y varias cosas más.

Creo que las Comisiones Investigadoras tienen todas las facultades del caso y una autoridad ganada; los miembros que van a ser designados para integrarla también tienen autoridad ganada. Aquí no hay nada para ocultar de parte de este Cuerpo. Si nos equivocamos o no, luego se harán los reconocimientos que correspondan de acuerdo con las conclusiones que se extraigan, pero en lo personal no voy a adelantarme porque no quiero prejuzgar. Tampoco quiero pasar factura en relación con el pasado, porque me parece que sería de mal gusto hacerlo y porque ese no es ni debería ser el objeto de nuestra discusión. Aquí estamos frente a un principio democrático y de transparencia al que no renuncia este Parlamento, esta Bancada, ni ninguna otra.

SEÑOR BORDABERRY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Bordaberry.

SEÑOR BORDABERRY.- Señor Presidente: simplemente quisiera hacer una apreciación. El señor Senador aludió a la derogación a la que yo hice referencia, pero aclaró que esa es la posición del doctor Langón. El doctor Gonzalo Fernández en el mencionado libro referido a los delitos de la Ley Nº 2.230 -que es el trabajo que presentó en 1983, en su calidad de aspirante a profesor, ante los tres integrantes del Tribunal que lo evaluó; me refiero a los doctores Fernando Bayardo Bengoa y Milton Cairoli y al profesor doctor Coronel Darío Sergio Corgatelli- sostiene la tesis contraria. Afirma que el artículo 76 está vigente y le dedica muchas y muchas páginas de su libro a sostener la tesis de que la Ley también está vigente. Sí señala que no está vigente y que fue derogado el artículo 77, que fue el que jocosamente -utilizando sus propias palabras- nos sugirió derogar cuando estuvo aquí presente. Esa es la duda a la que hice referencia. Evidentemente, si el profesor Darío Corgatelli y los doctores Fernando Bayardo Bengoa y Milton Cairoli le pusieron la calificación de sobresaliente a este trabajo, supongo que estarían de acuerdo con esa tesis. Quiero ser claro en ese sentido: el doctor Gonzalo Fernández sostenía que la Ley estaba vigente.

No quiero ingresar en ninguna polémica, pero creo que hay que ir hasta el fondo del asunto -que además es público- para saber cómo surgió la nueva Ley de Concursos. Si no me equivoco, en el Ministerio de Economía y Finanzas esto fue encargado al reconocido Estudio Jurídico del doctor Ricardo Olivera, que en sus comienzos había sido socio del doctor Jorge Peirano, a quien -coincidentemente- el doctor Gonzalo Fernández, en los inicios, había pedido defender y no lo había hecho porque su partido, el Partido Socialista, le había dicho que no lo hiciera. Finalmente el doctor Gonzalo Fernández renunció al Partido Socialista por ese motivo. Entonces, creo que es bueno que esto surja, forme parte de la investigación y se llegue hasta el final. Me parece que esto es lo mejor de todo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede proseguir el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- La señora Senadora Mónica Xavier puede hacer algunas precisiones sobre este tema pues, según tengo entendido, es miembro del Comité Central del Partido Socialista.

A mi juicio, este tema tiene tantos perfiles -probablemente habrá muchas fotos para publicar- que se da la paradoja de que el doctor Gonzalo Fernández escribió un libro donde señala que el artículo 76 estaba vigente -por lo cual cuando llega la derogación se opone en el mes de agosto de 2006- y, al mismo tiempo, el doctor Langón sostiene que el artículo 76 ya estaba derogado, precisamente por las razones que enumeramos.

En conclusión, creo que en la mañana de hoy debemos alegrarnos por esta decisión que vamos a adoptar en conjunto. Tendremos que tomar todo con calma y esperar a que la Comisión Investigadora nos dé todos los elementos que pueda obtener, para después realizar las evaluaciones correspondientes y adoptar las decisiones del caso.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR RUBIO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Puede tratarse de una interrupción o de un pedido para responder una alusión política, como la que ha hecho el señor Senador Bordaberry.

Quiero señalar que efectivamente el doctor Gonzalo Fernández quiso defender al señor Jorge Peirano, que era un amigo, un compañero de cursos. El Partido Socialista le dijo que no y, más allá de la tensa situación que se generó, nunca se efectivizó ninguna renuncia. Cualquier abogado -y el señor Senador Bordaberry también lo es-, al igual que los médicos cuando nos piden que actuemos frente a alguien con quien tenemos un particular vínculo, desearía muchas veces ir más allá de determinadas circunstancias, como las que se dieron en este caso, que no eran convenientes políticamente. Quiero dejar esto en claro.

Por otro lado, debo observar que ya se está derivando en otras cosas y, la verdad sea dicha, creo que tenemos mucha memoria para un período tan corto, cuando podríamos remontarnos un poquito más atrás aún; la buena memoria que se le reclama a esta Bancada oficialista también se la reclamamos a la Bancada del Partido Colorado, porque lo cierto es que aquí estamos tratando el caso Peirano, que está vinculado a ese partido. Entonces, me parece mejor dejar esto por acá, porque ahora estamos resolviendo la votación por consenso de una Comisión Investigadora. No cabe la menor duda de que la memoria es selectiva, y esto se ha confirmado nuevamente en la mañana de hoy.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Rubio.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: he terminado mi exposición. Lo deseable es que votemos cuanto antes la moción presentada a la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- No hay más señores Senadores anotados para hacer uso de la palabra y se ha propuesto un proyecto de resolución sobre el que debemos decidir. Sin embargo, deseo solicitar una brevísima licencia para hacer una igualmente breve referencia a un tema que ya fue planteado en Sala, pero sobre el que se ha vuelto en los últimos tramos de este debate.

En su concepción original el proyecto de ley concursal que se elaboró en el Ministerio de Economía y Finanzas incluía la derogación del artículo 76 de la Ley Nº 2.230. Fue el doctor Gonzalo Fernández quien advirtió las consecuencias que podía tener esa derogación en aquellas circunstancias, es decir, cuando se elaboró el proyecto de ley que sería enviado al Parlamento. Por esa razón el Ministerio de Economía y Finanzas, a cuyo frente estaba quien habla, eliminó la derogación de ese artículo 76. Reitero, entonces, que se hizo a instancias y por fundamentos del doctor Gonzalo Fernández.

Agradezco al Senado que me haya permitido recordar esta situación que, además -como dije-, ya había sido planteada en Sala, pero como se volvió sobre la misma, he sentido la obligación de hacer esta referencia.

Léase el proyecto de resolución llegado a la Mesa.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Hugo Rodríguez Filippini).- “Comisión Investigadora: Con el objeto de investigar la actividad de la Cámara de Senadores en el tratamiento de la Ley N°18.411, incluyendo todos los aspectos vinculados a su discusión, aprobación y puesta en vigencia.

El número de integrantes será de siete (7) Senadores: cuatro (4) por el Partido Frente Amplio, dos (2) por el Partido Nacional y uno (1) por el Partido Colorado.

La duración máxima de su actuación será de 60 días”. (Firman los señores Senadores Agazzi, Moreira y Bordaberry.)

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Se va a votar el proyecto de resolución.

(Se vota:)

-29 en 29. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Creo que es conveniente recordar un par de disposiciones de la Ley Nº 16.698, que es la que regula el funcionamiento de las Comisiones Parlamentarias en general. Cuando se refiere, en particular, a este tipo de Comisiones Investigadoras, encarga a la Presidencia del Senado la designación de sus integrantes y esta composición acaba de ser aprobada, precisamente, como parte del proyecto de resolución. Por eso mismo voy a dar cuenta por anticipado de la designación que esta Presidencia hará acerca de los integrantes de esta Comisión Investigadora. Los cuatro representantes del Frente Amplio serán los señores Senadores Saravia, Xavier, Nin Novoa y Baráibar; los dos del Partido Nacional serán los señores Senadores Moreira y Gallinal; y el representante del Partido Colorado será el señor Senador Amorín.

La otra disposición que considero que debemos tener en cuenta es la del artículo 31 de la mencionada ley, sobre todo uno de sus incisos, que marca claramente la importancia del secreto de estas actuaciones, al señalar: “El secreto de las actuaciones siempre será mantenido cuando, a juicio del Cuerpo designante, de su publicidad pudiere surgir grave riesgo o perjuicio para las personas o instituciones que hubieran suministrado informaciones a la Comisión”.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Señor Presidente: creo que la lectura que se acaba de hacer de la disposición sobre las Comisiones Investigadoras no fue la del artículo 31 tal como quedó redactado por la Ley Nº 16.758. El texto original, que era el de la Ley Nº 16.698, fue modificado por la Ley Nº 16.758 que, en sustancia, establece que solo serán secretas aquellas actuaciones que la Comisión Investigadora declare como tales. O sea que el secreto deja de ser el régimen normal y pasa a ser excepcional, debiendo disponer la Comisión a este respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Efectivamente, señor Senador, es así, pero creo que la diferencia -no pretendo entrar en polémica- no alude al espíritu de la exposición, sino a quién regula el secreto. En el caso que leí, se trata del Cuerpo designante -esto es, el Senado- y en el que correctamente expone el señor Senador Pasquet, es la propia Comisión la que maneja, en definitiva, las condiciones del secreto. Sin embargo, esto no altera la importancia de la reserva o el secreto -como se lo quiera llamar- acerca de las actuaciones de la Comisión.

Simplemente pretendí recordar la importancia de esta característica.

SEÑOR PASQUET.- Pido la palabra para una nueva aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PASQUET.- Sé que no es el momento ni la ocasión para plantear una polémica, ya que la Comisión discutirá este aspecto en su momento. Sin embargo, a mi juicio, la Ley Nº 16.758 cambia el principio. En la ley anterior -la Nº 16.698- el principio era el secreto y de acuerdo con esta nueva ley que la modifica, el principio es la publicidad, salvo que la Comisión disponga lo contrario.

SEÑOR PRESIDENTE.- He dicho exactamente lo mismo que el señor Senador Pasquet.

SEÑOR PASQUET.- Mejor así.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que me importa es que la reserva, el cuidado, la cautela y el secreto -como se le llama en alguna de estas disposiciones- sea una característica del trabajo de la Comisión, por las razones que con mucha claridad establece la Ley Nº 16.698. Simplemente es eso; creo que la reserva debería ser una de las características fundamentales del trabajo de esta y de cualquier Comisión Investigadora. No lo digo solamente por este tema, sino que lo diría también en general por cualquier otra Comisión Investigadora Parlamentaria.

17) LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

SEÑOR PRESIDENTE.- Debido a la proximidad de la hora de finalización de la Sesión, el Senado debería tomar una resolución a ese respecto. Podemos comenzar ahora con el tratamiento del segundo punto del Orden del Día o levantar la Sesión; lo que no debe suceder es que la Sesión quede interrumpida.

SEÑOR RUBIO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RUBIO.- Señor Presidente: formulo moción para que se levante la Sesión, ya que debemos concurrir a varias Comisiones Parlamentarias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-24 en 26. Afirmativa.

Se levanta la Sesión.

(Así se hace, a la hora 13 y 24 minutos, presidiendo el señor Danilo Astori y estando presentes los señores Senadores Abreu, Agazzi, Amorín, Baráibar, Bordaberry, Chiruchi, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Fonticiella, Gallinal, Lorier, Martínez, Michelini, Moreira (Carlos), Moreira (Constanza), Nin Novoa, Pasquet, Rubio, Solari, Tajam, Topolansky, Viera y Xavier.)

DANILO ASTORI Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Gustavo Sánchez Piñeiro Secretario

Walter Alex Cofone Director General

Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.