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Nº 66 - TOMO 89 - 9 DE FEBRERO DE 2010

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

ASAMBLEA GENERAL

QUINTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

10ª SESION

PRESIDE EL SEÑOR SENADOR DOCTOR CARLOS MOREIRA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES

ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y DOCTOR JOSE PEDRO MONTERO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4) Asuntos entrados

5) Inasistencias anteriores

6) Alteración del Orden del Día

7) Protección integral de personas discapacitadas. (Normas)

- Sancionado. Se comunica al Poder Ejecutivo.

- Texto del proyecto de ley sancionado.

8) Ley Marco de Defensa Nacional (Observación parcial interpuesta por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley sancionado por ambas Cámaras)

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

- Texto del proyecto de ley sancionado.

9) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 4 de febrero de 2010.

La ASAMBLEA GENERAL se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 9 de febrero, a la hora 11.00, a fin de hacer cesar el receso parlamentario, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1°) Observación interpuesta por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley sobre la Ley Marco de Defensa Nacional.

Carp. N° 242/2009 - Rep. N° 28/10

2°) Divergencias surgidas en la sanción del proyecto de ley por el que se establecen normas sobre protección integral a personas discapacitadas.

Carp. N° 253/2010 - Rep. N° 29/10

José Pedro Montero Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

Asisten los señores Senadores Sergio Abreu, Ernesto Agazzi, Isaac Alfie, Juan Justo Amaro, Mariano Arana, Danilo Astori, Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, Gustavo Lapaz, Julio Lara Gilene, Jorge Larrañaga, Ruperto Long, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Gustavo Penadés, Margarita Percovich, Jorge Saravia, Víctor Vaillant, Mónica Xavier y Lucía Topolansky y los señores Representantes Pablo Abdala, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Carlos Baráibar, José Bayardi, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Gustavo Bernini, José Luis Blasina, Eduardo Bonomi, Gustavo Borsari Brenna, Juan José Bruno, José Carlos Cardoso, Alberto Casas, Hebert Clavijo, Richard Charamelo, Alvaro Delgado, Juan José Domínguez, Gustavo A. Espínosa, Sandra Etcheverry, Julio César Fernández, Carlos Gamou, Jorge Gandini, Javier García, Nora Gauthier, Carlos González Alvarez, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Alvaro F. Lorenzo, José Carlos Mahía, Rubén Martínez Huelmo, Felipe Michelini, Gonzalo Mujica, Jorge Orrico, Ivonne Passada, Daniela Payssé, Daniel Peña Fernández, Esteban Pérez, Pablo Pérez González, Jorge Pozzi, Edgardo Rodríguez, Luis Rosadilla, Javier Salsamendi, Víctor Semproni, Juan C. Souza, Héctor Tajam, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Alvaro Vega Llanes, Homero Viera y Horacio Yanes.

Con licencia: el señor Senador José Mujica.

Faltan con aviso: los señores Senadores Enrique Antía, Eber Da Rosa, Francisco Gallinal, Eduardo Lorier, Eduardo Ríos, Julio María Sanguinetti y el señor Presidente, y los señores Representantes Washington Abdala, Alvaro Alonso, José Amorín Batlle, Manuel María Barreiro, Daniel Bianchi, Sergio Botana, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, Federico Casaretto, Mauricio Cusano, David Doti Genta, Carlos Enciso Christiansen, Darío Ferraz, Rodrigo Goñi Romero, Tabaré Hackenbruch Legnani, Luis Alberto Lacalle Pou, Guido Machado, Daniel Mañana, Carlos Mazzulo, Gonzalo Novales, Adriana Peña Hernández, Alberto Perdomo Gamarra, Darío Pérez Brito, Iván Posada, Nelson Rodríguez Servetto, Jorge Romero Cabrera, Dardo Sánchez Cal, Gonzalo Texeira y Daisy Tourné.

Sin aviso los señores Representantes: Alba M. Cocco Soto, Roberto Conde, Silvana Charlone, Luis José Gallo Imperiale, Daniel García Pintos, Gustavo Guarino, Liliám Kechichián, Fernando Longo Fonsalías, Carlos Maseda, Jorge Menéndez, Edgardo Ortuño, Aníbal Pereyra, Enrique Pintado y Hermes Toledo Antúñez.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE (Moreira).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 11 y 45)

- Se va a votar si se levanta el receso para que la Asamblea General se informe de los asuntos entrados.

(Se vota)

- 83 en 85: Afirmativa.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"Montevideo, 9 de febrero de 2010.

La Presidencia de la República comunica:

- que conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Constitución de la República, designó como Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca al Ingeniero Agrónomo Andrés Berterreche Alvarez.

- que se han dictado dos resoluciones por las cuales se realiza la compra directa de bienes destinados al Sistema Nacional de Emergencias.

Y remite:

- copia autenticada de la Resolución P/2141, de fecha 9 de noviembre de 2009 relativa a la trasposición de créditos entre proyectos de inversión, en el presente ejercicio.

- copia de una Resolución por la que se tributan honores fúnebres a los restos mortales del doctor Héctor Gros Espiell.

- TENGANSE PRESENTES.

El Poder Ejecutivo remite:

- Mensaje N° 52/09, por el que se comunica que observa en forma parcial el proyecto de ley por el que se aprueba la Ley Marco de Defensa Nacional.

- HA SIDO REPARTIDO Y ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

- Mensaje N° 10/09, relacionado con los Planes de Estudios del Liceo Militar "General Artigas", Escuela Militar, Instituto Militar de las Armas y Especialidades, Instituto Militar de Estudios Superiores, Escuela Naval; de las Escuelas Militar de Aeronáutica y Técnica de Aeronáutica.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- copia del decreto de fecha 28 de setiembre de 2009, por el cual se incorpora al ordenamiento jurídico interno la Resolución Ordinaria del Grupo Mercado Común del MERCOSUR.

- copia del decreto de fecha 9 de noviembre de 2009, por el cual se aprueban los Objetivos y Cometidos de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

- copia del decreto aprobado relacionado con la Ejecución del Presupuesto Operativo, de Operaciones Financieras y de Inversiones de la Administración de Ferrocarriles del Estado, correspondiente al Ejercicio 2005.

- TENGANSE PRESENTES.

Y comunica que se hará uso de la facultad dispuesta en el artículo 5° de la Ley N° 17.947, de 8 de enero de 2006, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.519, de 15 de julio de 2009, en lo que refiere al tope de deuda correspondiente al Ejercicio 2009.

- TENGASE PRESENTE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite copias de resoluciones y decretos aprobados en distintas fechas.

El Ministerio de Educación y Cultura remite copias de varias resoluciones del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería comunica:

- la contratación en calidad de "Arrendamiento de Servicio", de dos personas para la Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear y una persona para la Dirección General de Secretaría.

- la contratación en la modalidad de Contrato de Trabajo a Término, de dos personas para la Dirección Nacional de Minería y Geología.

- la prórroga de varios contratos de trabajo.

- la renovación de dos contratos de trabajo en Direcciones del citado Ministerio.

- TENGANSE PRESENTES.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite copias de las resoluciones y antecedentes referidos a la autorización otorgada a las firmas Los Eucaliptos S.A. y Tursel S.A., a ser titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales indicados en la mencionada documentación.

El Ministerio de Defensa Nacional remite:

- copias de resoluciones comunicando trasposiciones de créditos.

- copia del Decreto N° 461/09 de fecha 5 de octubre de 2009, por el cual se realizaron modificaciones, eliminaciones e inclusiones a los Planes de Estudios de la Escuela Naval, Centro de Instrucción de la Armada, Escuela de Aviación Naval, Escuela de Fusileros Navales, Escuela de Buceo de la Armada y Escuela de Especialidades de la Armada.

- copia del Decreto 501/009 por el cual se crea un régimen especial de contratación para la adquisición de insumos y equipamiento destinado a las Fuerzas Armadas que participan en las Misiones de Paz.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente remite nota adjuntando resolución referida a trasposiciones de crédito.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunica que aprobó el decreto que fija los coeficientes, con vigencia al 1° de octubre de 2009, a aplicar en la liquidación de haberes y partidas a los funcionarios del Servicio Exterior.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo remite nota comunicando que en Acuerdo realizado por esa Corporación de fecha 1° de febrero de 2010, ha asumido a la Presidencia de ese Organismo, la señora Ministra doctora Mariela Sassón durante el período correspondiente al presente año.

- TENGANSE PRESENTES.

La Universidad de la República comunica rectificaciones realizadas en el Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay remite copias varias de diversas resoluciones.

El Consejo de Educación Primaria comunica que resolvió aprobar la trasposición de créditos presupuestales para el Ejercicio 2009.

El Consejo de Educación Secundaria remite copia de diversas resoluciones sobre trasposiciones de créditos.

El Consejo de Educación Técnico Profesional remite copia de resolución referida a trasposiciones de créditos.

- TENGANSE PRESENTES.

La Cámara de Senadores solicita de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución de la República, convocar a la Asamblea General a fin de resolver las divergencias surgidas en la sanción del proyecto de ley por el que se establecen normas sobre protección integral a personas discapacitadas.

- HA SIDO REPARTIDO Y ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Cámara de Representantes remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Gonzalo Novales, referidas al trámite parlamentario del proyecto para denominar "Sacachispas", a un pueblo del departamento de Soriano.

- TENGASE PRESENTE.

La Comisión Administrativa del Poder Legislativo eleva los siguientes recursos de Revocación y Jerárquico presentado por:

- el funcionario Bernardo Iturralde contra el Acto administrativo de Calificación, de fecha 7 de julio de 2009.

- la doctora Eleonora Hackenbruch contra el Acto Administrativo de Calificación emitida el 30 de junio de 2009.

- la firma América Ascensores Ltda. contra la Resolución de la Secretaría de la Comisión Administrativa N° 1566/09, de 24 de agosto de 2009, Licitación Abreviada N° 609.

- la firma Ascensores OTIS del Uruguay contra la resolución de la Secretaría de la Comisión Administrativa N° 1566/09, de 24 de agosto de 2009, Licitación Abreviada N° 609.

- el funcionario Marcelo Viera contra el Acto Administrativo de Calificación, de fecha 30 de junio de 2009.

- el funcionario Jorge Belvisi Perroux contra el Acto Administrativo de Calificación, de fecha 7 de julio de 2009.

- la funcionaria Adriana Amigo contra las Resoluciones N° 64/09 de fecha 15 de setiembre de 2009 y 79/09, de 13 de octubre de 2009, dictadas por la Presidencia de la Comisión Administrativa.

- la funcionaria Ana Brian contra la Resolución N° 7/09, de fecha 23 de enero de 2009, dictada por la Presidencia de la Comisión Administrativa.

- la funcionaria Ana Brian contra el Acto Administrativo de Calificación, de fecha 30 de junio de 2009.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

La Suprema Corte de Justicia remite Oficio N° 572, de 23 de octubre del corriente, en autos caratulados: "SABALSAGARY CURUTCHET, BLANCA STELA. DENUNCIA EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 1º, 3º Y 4º DE LA LEY N° 15.848", por el que comunica la Sentencia N° 365, de 19 de octubre del corriente por el cual se declaran "INCONSTITUCIONALES E INAPLICABLES EN EL CASO CONCRETO LOS ARTS. 1°, 3° Y 4° DE LA LEY N° 15.848, SIN ESPECIAL CONDENACION PROCESAL".

- TENGASE PRESENTE.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensajes Nos. 1 y 3 a los que acompañan copia de las Resoluciones Nos. 975/09 y 10/10, en Acuerdo con la Dirección General de los Servicios Administrativos, relacionada con las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a la liquidación de haberes de los funcionarios del Poder Judicial correspondiente a los presupuestos de diciembre de 2009 y enero de 2010 y Mensaje N° 2 al que acompañan las Resoluciones Nos. 960/09/48 y 961/09/48 relacionadas con transformaciones de cargos.

El Tribunal de Cuentas remite, en cumplimiento a lo dispuesto por los literales C) y D) del artículo 211 de la Constitución de la República, la Memoria Anual correspondiente al año 2008.

La Corte Electoral remite nota comunicando la forma de aplicación del artículo 39 de la Ley N° 18.485, de 11 de mayo de 2009 referente al aporte previsto a los partidos políticos.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT remite nota con fecha 27 de octubre de 2009, en la que plantea su preocupación por la suspensión de la Ley N° 18.572 (abreviación de los juicios laborales), de fecha 13 de setiembre de 2009.

El Honorable Senado de la República Argentina envía declaración de fecha 23 de setiembre de 2009, haciendo un reconocimiento al Parlamento Uruguayo por su pronunciamiento referido a la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley de Caducidad, tal como lo hiciera el Parlamento Argentino con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

- TENGANSE PRESENTE."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea General, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO.- En la sesión extraordinaria del día 15 de setiembre de 2009, faltaron con aviso los señores Legisladores Sergio Abreu, José Amorín Batlle, David Fernández, Luis Galbarini, Jorge Larrañaga, Eduardo Lorier, Eduardo Muguruza, Gustavo Penadés, Eduardo Ríos, Jorge Schiappapietra y Gonzalo Texeira.

Faltan con aviso los señores Legisladores Francisco Gallinal, Reinaldo Gargano, Julio Lara, Luis Hierro y Luis Rosadilla.

6) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se entra al Orden del Día.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: de acuerdo con lo que hemos conversado con diversos Legisladores de distintas corrientes políticas, quiero solicitar que se invierta la consideración de los puntos del orden del día, de manera de tratar en primer término el segundo punto, que refiere a las modificaciones propuestas al proyecto de ley sobre la protección integral de personas discapacitadas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar.

(Se vota:)

- 75 en 84: Afirmativa.

7) PROTECCION INTEGRAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS. (NORMAS).

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, se va a considerar el segundo punto del orden del día, que pasó a ser primero: "Protección integral de personas discapacitadas. (Normas).

- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: voy a ser muy breve porque así lo hemos acordado con los colegas. Simplemente, haré mención a la propuesta que se está repartiendo en este momento y que incluye ocho modificaciones a distintos artículos: al literal D) del artículo 5º; al literal F) del artículo 15; al artículo 25; al acápite del artículo 26; al inciso primero del artículo 55; al artículo 57; al artículo 80, y al artículo 87. Además, se propone la eliminación de los artículos 39, 94 y 95.

Por otra parte, el nombre que se le ha asignado al proyecto recoge el anterior, de la Ley N° 16.095, por lo que proponemos la siguiente nominación: "Protección integral a los derechos de las personas con discapacidad", acorde a la nomenclatura usual y como fuera recogido por la Convención de las Naciones Unidas.

Voy a hacer dos referencias muy breves. En primer lugar, este acuerdo que estamos proponiendo es fruto de un largo camino que se inició en agosto de 2005. Estoy hablando de cuatro años y medio de trabajo de muchísimos colegas de todos los partidos políticos. Subrayo la tarea de la Comisión de la Cámara de Senadores, en la cual se destacó la excelente labor de la señora Senadora Percovich. También quiero destacar el trabajo de todos los integrantes de la Comisión de la Cámara de Diputados, en particular el del señor Diputado Alvarez López.

Reitero que esto es fruto del acuerdo de todos los sectores, además del diálogo con distintos Ministerios y muchísimas organizaciones de la sociedad civil vinculadas a las personas con discapacidad.

Somos conscientes de que no todos los temas están resueltos y de que hay cosas que hubiésemos preferido que figuraran de manera distinta, pero lo importante era alcanzar un acuerdo y se logró, lo que representa un avance absolutamente significativo en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad.

La otra referencia es la siguiente: cuando hicimos la presentación inicial, junto con una cantidad muy grande de organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema, se encontraban presentes el Presidente de la Asamblea General, señor Nin Novoa, y el Presidente de nuestro Partido, el Senador Larrañaga. Además, nos acompañaron en la presentación y en la elaboración del proyecto -me gustaría que quedara muy claro- muchas personas con discapacidad o sensibles a este tema que trabajaron activamente desde el primer día.

Quiero mencionar a una, como homenaje, porque es una figura emblemática en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. El trabajó codo a codo conmigo, en su casa, aquí en el Palacio, elaborando los primeros borradores, y, lamentablemente, hoy no nos acompaña físicamente. Me refiero a Luis Meseguer. Quisiera que este voto de aprobación, que confío que hoy la Asamblea General dé al proyecto, sea un homenaje a todas las personas que luchan por los derechos de los discapacitados y en particular a la figura de Luis Meseguer.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Legisladora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quisiera hacer un poco de historia sobre este proyecto para aquellos Legisladores que no la conocen.

Como decía el Senador Long, este proyecto se inició en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado, donde tuvo un largo tratamiento, especialmente por parte de todos los integrantes de nuestra fuerza política, junto con el Poder Ejecutivo, como es nuestra responsabilidad. Trabajamos con todos los Ministerios que tenían alguna responsabilidad en su aplicación.

En realidad, es una reglamentación que nos debíamos desde hace muchos años, cuando la aprobación de la Ley marco N° 16.095, y en cumplimiento de los compromisos que hoy tiene el país con la Convención sobre la discapacidad y su Protocolo, que votamos el año pasado.

El proyecto ingresó a la Cámara de Representantes, donde sufrió algunas modificaciones, que luego, cuando fuimos a aprobarlo en el Senado, se cuestionaron por parte de aquellos integrantes del Poder Ejecutivo que tenían que implementarlas. Inclusive, se hizo referencia a algunos errores -como señalaba el señor Senador Long-, pero sobre todo a los plazos de aplicación y a algunos artículos que implicaban erogaciones que, obviamente, tendrán que discutirse en el Presupuesto quinquenal de la próxima Legislatura.

Por lo tanto, hoy planteamos a la Asamblea General eliminar algunas de esas modificaciones que fueron aprobadas en la Cámara de Representantes y que nuestro Gobierno entendió que no eran de aplicación en este momento; esas políticas públicas deberán incluirse en el Presupuesto quinquenal de la próxima Legislatura.

Me congratulo de que podamos terminar esta Legislatura aprobando la reglamentación de la Ley Nº 16.095, que durante tantas décadas no pudieron lograr los Gobiernos anteriores, y espero que las modificaciones y adecuaciones -que siempre habrá que hacer- se realicen en la próxima Legislatura.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador Long para dar cuenta de las modificaciones referidas.

SEÑOR LONG.- El nuevo proyecto de ley se titularía "Protección integral a los derechos de las personas con discapacidad". Se propone eliminar los artículos 39, 94 y 95 y realizar ocho modificaciones, que figuran en el texto que se acaba de repartir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léanse las ocho modificaciones, propuestas por los señores Legisladores Percovich, Agazzi, Amaro, Long, Asqueta Sóñora y Abdala.

(Se lee:)

"Artículo 5 literal D)

A la salud, la educación, la adaptación y readaptación profesionales y a su inserción laboral.

Artículo 15 literal F)

Elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley que elevará al Poder Ejecutivo, para su aprobación.

Artículo 25.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear el Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidades Severas, requiriendo para su instrumentación la intervención del Banco de Previsión Social.

Artículo 26 - Acápite.

A través del Programa mencionado en el artículo 25 de la presente ley, facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar una prestación para la contratación de asistentes personales a quienes acrediten la necesidad de ser beneficiarios en este servicio para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria. Para ser asistente personal será imprescindible.

Artículo 55 - inciso 1.

Siempre que se conceda y se otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales para la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, se dará prioridad a las personas con discapacidad que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que se determinen.

Artículo 57.

Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, proponga en un plazo máximo de ciento ochenta días de promulgada la presente ley, los incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten personas con discapacidad, en calidad de trabajadores, y para las que contraten producción derivada de Talleres de Producción Protegida.

Artículo 80.-

Las prioridades, requisitos y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 77 y 79 de la presente ley, relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas por la reglamentación en base a la realización de planes de accesibilidad, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de ocho años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en acuerdo con los Gobiernos Departamentales, fijará el orden de prioridad para el desarrollo de las obras pertinentes.

En toda obra nueva la aprobación de los proyectos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las disposiciones establecidas en la presente ley, su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.

En toda obra de remodelación de edificios de vivienda se exhorta cuando sea posible a efectuar las adecuaciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en las normas previstas en el presente Capítulo.

Artículo 87

Las adecuaciones establecidas en el transporte público por el literal A) del artículo 83 de la presente ley, deberán ser tenidas especialmente en cuenta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al momento de autorizar la renovación de flota de las empresas de transporte colectivo de pasajeros.

Sin perjuicio de lo anterior, en un plazo máximo de cinco años deberán existir unidades de transporte con estas características en cada departamento del país y cada empresa de transporte colectivo deberá tener, al menos, una unidad accesible por línea de recorrido.

El resto de las adecuaciones establecidas por el literal B) del artículo 83 de la presente ley deberán ejecutarse en un plazo máximo de ocho años".

SEÑOR YANES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: como Presidente de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, quiero hacer un reconocimiento del trabajo realizado por el señor Diputado Álvarez López y su grupo de compañeros asesores. Todos los Diputados frenteamplistas integrantes de la Comisión nos apoyamos mucho en este largo proceso de trabajo a que hizo referencia la señora Senadora Percovich, a quien sabemos le ha preocupado este tema estos años y también en las otras Legislaturas.

En virtud de que el señor Diputado Álvarez López no nos puede acompañar en este momento, queríamos que estuviera presente en nuestro reconocimiento y, al mismo tiempo, pedirle disculpas por haberlo dejado tan solo en el trabajo.

Por lo tanto, espero que se vote este proyecto.

SEÑOR IBARRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: estamos expectantes por la aprobación de este proyecto de ley, que, como se ha dicho, fue muy trabajado, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y espero que se vote a la brevedad.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 73 en 73: Afirmativa. UNANIMIDAD.

(Aplausos en la Sala y en la Barra)

SEÑOR MAHIA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MAHIA.- Señor Presidente: como coordinador de bancada de Diputados del Frente Amplio simplemente quiero dejar constancia de mi satisfacción por haber aprobado este proyecto de ley, inclusive, por la sensibilidad que demuestra su contenido, por su implicancia social e individual.

También quiero dejar constancia de que la prioridad fue respetar el trabajo y los acuerdos alcanzados en el Senado entre los partidos. Inclusive, fuimos consultados por algunos sectores y Diputados con respecto a la sesión de hoy, pero al no conocerse la prioridad que se había dado en el Senado a este acuerdo, hubo algunas dificultades de algunos Parlamentarios para asistir a esta sesión.

Quería dejar esta constancia porque como coordinador de la bancada del Frente Amplio fui consultado en forma expresa por mis pares, compañeros de bancada de Diputados.

Celebro que hayamos aprobado este proyecto y superado esta instancia, pero quería dejar esta constancia porque la voluntad de mis colegas no fue la de no venir, sino que hubo una consulta expresa, que nosotros recibimos.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Queda sancionado el proyecto de ley y se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Texto del proyecto de ley sancionado:)

"PROTECCION INTEGRAL A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO I

OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

ARTICULO 1º.- Establécese un sistema de protección integral a las personas con discapacidad, tendiente a asegurarles su atención médica, su educación, su rehabilitación física, psíquica, social, económica y profesional y su cobertura de seguridad social, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca y les dé oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las demás personas.

ARTICULO 2º.- Se considera con discapacidad a toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral.

ARTICULO 3º.- Prevención es la aplicación de medidas destinadas a impedir la ocurrencia de discapacidades tal como se describen en el artículo 2º de la presente ley o, si estas han ocurrido, evitar que tengan consecuencias físicas, psicológicas o sociales negativas.

ARTICULO 4º.- Rehabilitación integral es el proceso total, caracterizado por la aplicación coordinada de un conjunto de medidas médicas, sociales, psicológicas, educativas y laborales, para adaptar o readaptar al individuo, que tiene por objeto lograr el más alto nivel posible de capacidad y de inclusión social de las personas con discapacidad, así como también las acciones que tiendan a eliminar las desventajas del medio en que se desenvuelven para el desarrollo de dicha capacidad.

Se entiende por rehabilitación profesional la parte del proceso de rehabilitación integral en que se suministran los medios, especialmente orientación profesional, formación profesional y colocación selectiva, para que las personas con discapacidad puedan obtener y conservar un empleo adecuado.

ARTICULO 5º.- Sin perjuicio de los derechos que establecen las normas nacionales vigentes y convenios internacionales del trabajo ratificados, los derechos de las personas con discapacidad serán los establecidos en la Declaración de los Derechos de los Impedidos, de 9 de diciembre de 1975, y la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental proclamados por las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 1971; la Declaración de los Derechos de la Salud Mental del Pacto de Ginebra de 2002 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas por Resolución 61/106, de diciembre de 2006, y ratificada por Ley Nº 18.418, de 20 de noviembre de 2008.

Las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente a ellas como a su familia.

A esos efectos se reconoce especialmente el derecho:

A) Al respeto a su dignidad humana cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastornos y deficiencias.

B) A disfrutar de una vida decorosa lo más normal y plena que sea posible.

C) A la adopción de medidas destinadas a permitirle lograr la mayor autonomía.

D) A la salud, la educación, la adaptación y readaptación profesionales y a su inserción laboral.

E) A la seguridad económica y social, a un nivel de vida decoroso y a la vivienda.

F) A vivir en el seno de su familia o de un hogar sustituto.

G) A ser protegido contra toda explotación, toda reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.

H) A contar con el beneficio de una asistencia letrada competente cuando se compruebe que esa asistencia es indispensable para la protección de su persona y bienes. Si fuera objeto de una acción judicial deberá ser sometido a un procedimiento adecuado a sus condiciones físicas y mentales.

ARTICULO 6º.- El Estado prestará a las personas con discapacidad el amparo de sus derechos en la medida necesaria y suficiente que permita su más amplia promoción y desarrollo individual y social.

Dicho amparo se hará extensivo además y en lo pertinente:

1) A las personas de quienes ellos dependan o a cuyo cuidado estén.

2) A las entidades de acción con personería jurídica cuyos cometidos específicos promuevan la prevención, desarrollo e integración de las personas con discapacidad.

3) A las instituciones privadas con personería jurídica, que les proporcionen los mismos servicios que prestan a sus afiliados en general.

Declárase de interés nacional la rehabilitación integral de las personas con discapacidad.

ARTICULO 7º.- La protección de la persona con discapacidad de cualquier edad se cumplirá mediante acciones y medidas en orden a su salud, educación, seguridad social y trabajo.

ARTICULO 8º.- El Estado prestará asistencia coordinada a las personas con discapacidad que carezcan de alguno o todos los beneficios a que refieren los literales siguientes del presente artículo, a fin de que puedan desempeñar en la sociedad un papel equivalente al que ejercen las demás personas.

A tal efecto, tomará las medidas correspondientes en las áreas que a continuación se mencionan, así como en toda otra que la ley establezca:

A) Atención médica, psicológica y social.

B) Rehabilitación integral.

C) Programas de seguridad social.

D) Programas tendientes a la educación en la diversidad propendiendo a su integración e inclusión.

E) Formación laboral o profesional.

F) Prestaciones o subsidios destinados a facilitar su actividad física, laboral e intelectual.

G) Transporte público.

H) Formación de personal especializado para su orientación y rehabilitación.

I) Estímulos para las entidades que les otorguen puestos de trabajo.

J) Programas educativos de y para la comunidad a favor de las personas con discapacidad.

K) Adecuación urbana, edilicia y de paseo público, sea en áreas cerradas o abiertas.

L) Accesibilidad a la informática incorporando los avances tecnológicos existentes.

ARTICULO 9º.- Los Ministerios, las Intendencias Municipales y otros organismos involucrados en el cumplimiento de la presente ley quedan facultados para proyectar en cada presupuesto las partidas necesarias para cubrir los gastos requeridos por la ejecución de las acciones a su cargo.

ARTICULO 10.- Se impulsará un proceso dinámico de integración social con participación de la persona con discapacidad, su familia y la comunidad.

ARTICULO 11.- Se promoverá la progresiva equiparación en las remuneraciones que perciban las personas con discapacidad, beneficiarios del régimen de Asignación Familiar, ya sea pública o privada, al área de actividad laboral en que se desempeñen sus padres, tutores u otros representantes legales que corresponda.

ARTICULO 12.- Se fomentará la colaboración de las organizaciones de voluntarios y de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de rehabilitación integral de estos y la incorporación del voluntariado organizado en los equipos multidisciplinarios de atención.

CAPITULO II

COMISION NACIONAL HONORARIA DE LA DISCAPACIDAD

Creación y cometidos

ARTICULO 13.- Créase la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, organismo que funcionará en la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social y se integrará de la siguiente forma:

- Por el Ministro de Desarrollo Social que la presidirá, o un delegado de este, que tendrá igual función.

- Un delegado del Ministerio de Salud Pública.

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Un delegado de la Facultad de Medicina.

- Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Un delegado del Congreso de Intendentes.

- Un delegado de la Facultad de Odontología.

- Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

- Un delegado del Banco de Previsión Social.

- Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

- Un delegado de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata.

- Un delegado de la Facultad de Ciencias Sociales.

- Otros delegados por Facultades o áreas cuando así lo requiera la Comisión Honoraria.

- Un delegado de cada una de las asociaciones de segundo grado de personas con discapacidad, que posean personería jurídica vigente o en trámite. Dichas asociaciones deberán estar conformadas por personas con discapacidad a excepción de aquellas situaciones en que las personas no tengan la aptitud para ejercer la representación de sus intereses, donde en ese caso podrán ser integradas por familiares directos o curador respectivo.

Esta Comisión tendrá personería jurídica y domicilio legal en Montevideo y será renovada cada cinco años, correspondiendo la iniciación y término de dicho lapso con los del período constitucional de gobierno. Sin perjuicio de ello sus integrantes durarán en sus funciones hasta que tomen posesión los nuevos miembros.

ARTICULO 14.- Corresponde a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad la elaboración, el estudio, la evaluación y la aplicación de los planes de política nacional de promoción, desarrollo, rehabilitación biopsicosocial e integración social de la persona con discapacidad, a cuyo efecto deberá procurar la coordinación de la acción del Estado en sus diversos servicios, creados o a crearse, a los fines establecidos en la presente ley.

ARTICULO 15.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad deberá específicamente:

A) Estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Departamentales todas las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de la presente ley.

B) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones a favor de las personas con discapacidad.

C) Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia.

D) Auspiciar, con el apoyo de los Ministerios de Educación y Cultura y de Salud Pública y de la Universidad de la República, la investigación científica sobre prevención, diagnóstico y tratamiento médico, psicológico, psicopedagógico y social de las distintas formas de discapacidad, de acuerdo con el artículo 2º de la presente ley. Se investigarán igualmente los factores sociales que causan o agravan una discapacidad para prevenirlos y poder programar las acciones necesarias para disminuirlos o eliminarlos. Asimismo se promocionarán las actividades de investigación, de enseñanza y de difusión de la Lengua de Señas Uruguaya.

E) Además de sus cometidos nacionales, se encargará de las situaciones que se presenten en el departamento de Montevideo.

F) Elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley que elevará al Poder Ejecutivo, para su aprobación.

Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas a destinar una partida anual complementaria, a los efectos de dar cumplimiento a los cometidos aquí asignados.

ARTICULO 16.- La Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad creará un Servicio de Asesoramiento para dar:

1) Información sobre los derechos de las personas con discapacidad y de los medios de rehabilitación.

2) Orientación terapéutica, educacional o laboral.

3) Información sobre mercado de trabajo.

4) Orientación y entrenamiento a padres, tutores, familiares y colaboradores.

ARTICULO 17.- Exceptuando el departamento de Montevideo, en los demás departamentos de la República habrá una Comisión Departamental Honoraria de la Discapacidad que se integrará de la siguiente manera:

- Un delegado del Ministerio de Desarrollo Social, que la presidirá.

- Un delegado del Ministerio de Salud Pública.

- Un delegado del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

- Un delegado del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

- Un delegado de la Intendencia Municipal.

- Un delegado del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

- Un delegado del Banco de Previsión Social.

- Un delegado del Banco de Seguros del Estado.

- Un delegado de la Comisión Departamental del Patronato del Psicópata.

- Un delegado de las Facultades que se indican en el artículo 13 de la presente ley, en la medida que las mismas tengan sedes en donde se establezcan estas Comisiones Departamentales.

- Dos delegados de las organizaciones de personas con discapacidad del departamento, las que deberán estar conformadas por personas con discapacidad, a excepción de aquellas situaciones en que las personas no tengan la aptitud para ejercer la representación de sus intereses, en cuyos casos podrán ser integradas por familiares directos o curador respectivo. Cuando existan más de dos asociaciones con estas características tendrán preferencia las de segundo grado.

Podrán crearse Comisiones Regionales y Subcomisiones Locales, integradas en la forma que fijen respectivamente, la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad y las Comisiones Departamentales Honorarias de la Discapacidad.

ARTICULO 18.- Las Comisiones Regionales, Departamentales y Subcomisiones Locales tendrán dentro de su jurisdicción los siguientes cometidos:

1) Estudiar, proyectar y aconsejar al Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Departamentales todas las medidas necesarias para hacer efectiva la aplicación de la presente ley; y hacer efectiva la aplicación de los programas formulados por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.

2) Apoyar y coordinar la actividad de las entidades privadas sin fines de lucro que orienten sus acciones a favor de las personas con discapacidad.

3) Estimular a través de los medios de comunicación el uso efectivo de los recursos y servicios existentes, así como propender al desarrollo del sentido de solidaridad social en esta materia.

4) Evaluar la ejecución de los programas mencionados en el numeral 1) del presente artículo y formular recomendaciones al respecto.

5) Ejecutar las demás actividades que por reglamentación se le confieran.

CAPITULO III

CONSTITUCION DE BIEN DE FAMILIA Y DERECHO DE HABITACION

ARTICULO 19.- Podrá constituirse el bien de familia a favor de un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad con discapacidad por todo el tiempo que esta persista y siempre que no integre su patrimonio otro bien inmueble. El inmueble deberá ser la casa habitación habitual del beneficiario.

ARTICULO 20.- Sustitúyese el artículo 1º del Decreto-Ley Nº 15.597, de 19 de julio de 1984, por el siguiente:

"ARTICULO 1º.- Toda persona capaz de contratar puede constituir en bien de familia un inmueble de su propiedad, con sujeción a las condiciones establecidas en el presente decreto-ley".

ARTICULO 21.- Sustitúyese el literal C) del artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.597, de 19 de julio de 1984, por el siguiente:

"C) Por el cónyuge o concubino sobreviviente y por el cónyuge o los cónyuges divorciados o separados de hecho a favor de los hijos del matrimonio o unión concubinaria menores de edad o con discapacidad, sobre los bienes propios pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, conforme con lo dispuesto por el literal B) del presente artículo".

ARTICULO 22.- El bien de familia podrá dejarse sin efecto cumpliendo con las mismas formalidades que requiere para su constitución, siempre que haya cesado la causa para la cual fue constituido.

ARTICULO 23.- El ex cónyuge, el cónyuge separado de hecho y el padre o madre natural de hijos reconocidos o declarados tales o adoptante que tenga la tenencia de una persona con discapacidad o la curatela en su caso, podrá solicitar, para la persona con discapacidad, el derecho real de habitación sobre el bien hasta que persista la incapacidad. Si el cónyuge o cualquiera de los padres naturales o adoptantes de la persona con discapacidad se negaren a prestar el consentimiento, este será suplido de acuerdo con lo dispuesto por el literal B) del artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.597, de 19 de julio de 1984.

ARTICULO 24.- El inmueble que habitan los discapacitados severos, sea de su propiedad o de sus familiares, independientemente que se haya constituido o no como bien de familia, así como los bienes muebles de cualquier naturaleza existentes en dicho inmueble, no afectarán en ningún caso el derecho de las personas con discapacidades severas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la presente ley, a las prestaciones servidas por el Banco de Previsión Social o por cualquier otro organismo del Estado. De igual forma, no afectarán ese derecho los ingresos del núcleo familiar cualquiera sea su origen.

CAPITULO IV

ASISTENCIA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES SEVERAS

ARTICULO 25.- Facúltase al Poder Ejecutivo a crear el Programa de Asistentes Personales para Personas con Discapacidades Severas, requiriendo para su instrumentación la intervención del Banco de Previsión Social.

ARTICULO 26.- A través del Programa mencionado en el artículo 25 de la presente ley, facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar una prestación para la contratación de asistentes personales a quienes acrediten la necesidad de ser beneficiarios de este servicio para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria. Para ser asistente personal será imprescindible:

A) Estar capacitado para desarrollar las tareas de asistencia personal.

B) La obtención de certificado habilitante expedido por la entidad o entidades que determine la reglamentación.

ARTICULO 27.- A los efectos de la presente ley se entenderá por:

A) Actividades básicas de la vida diaria: levantarse de la cama, higiene, vestido, alimentación, movilización y desplazamiento, trabajo, estudio y recreación, entre otras.

B) Asistentes personales: personas capacitadas para desarrollar las tareas de asistencia directa y personal a las personas mencionadas en el artículo 25 de la presente ley.

ARTICULO 28.- La existencia de la discapacidad a que refiere el presente capítulo, será evaluada por el Ministerio de Salud Pública en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad como establece el artículo 37 de la presente ley.

ARTICULO 29.- Para la administración del Programa creado por el artículo 25 de la presente ley, el Banco de Previsión Social deberá:

A) Registrar al beneficiario.

B) Administrar los recursos del programa.

C) Hacer efectivo el pago de las partidas.

ARTICULO 30.- El monto de la prestación a percibir, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la presente ley, así como el ejercicio del contralor correspondiente a efectos del cumplimiento de los fines para los que dicho beneficio es estatuido, será establecido por la reglamentación.

CAPITULO V

PREMIO NACIONAL A LA INTEGRACION

ARTICULO 31.- Créase el "Premio Nacional a la Integración" con la finalidad de distinguir a toda persona que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la presente ley, sea considerada como persona con discapacidad y que a través de su esfuerzo personal, haya desempeñado un papel destacado en beneficio de la sociedad.

Asimismo, se otorgará una distinción a aquella entidad social pública o privada que haya realizado acciones concretas para la integración o inclusión social de las personas con discapacidad.

ARTICULO 32.- El premio a que refiere el artículo 31 de la presente ley consistirá en el pago de una suma de dinero de acuerdo con lo que establezca la reglamentación y un diploma de honor, los que tendrán que ser entregados anualmente en acto público al que serán invitadas las máximas autoridades nacionales. En el mismo acto se deberá entregar la distinción establecida por el inciso segundo del artículo 31 de la presente ley.

ARTICULO 33.- A los efectos del presente capítulo las categorías de personas con discapacidad son las establecidas en el artículo 2º de la presente ley.

Se otorgará un máximo de tres distinciones anuales dentro de cada categoría, de las cuales al menos una se destinará a una niña, niño o adolescente.

ARTICULO 34.- La selección de los postulantes y la adjudicación de los premios serán realizadas por un jurado. Sus miembros serán designados anualmente por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad y sus funciones serán las establecidas en la reglamentación correspondiente.

CAPITULO VI

SALUD

ARTICULO 35.- La prevención de la deficiencia y de la discapacidad es un derecho y un deber de todo ciudadano y de la sociedad en su conjunto y formará parte de las obligaciones prioritarias del Estado en el campo de la salud pública, constituyéndose, asimismo, en un principio rector más del Sistema Nacional Integrado de Salud (artículo 3º de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007). Será también especialmente atendida esta obligación en el área de la seguridad social, ocupacional o industrial.

ARTICULO 36.- El Estado deberá implementar estrategias para apoyar y contribuir a la prevención de la deficiencia y de la discapacidad a través de:

A) Promoción y educación para la salud física y mental.

B) Educación del niño y del adulto en materia de prevención de situaciones de riesgo y de accidentes.

C)Asesoramiento genético e investigación de las enfermedades metabólicas y otras para prevenir las enfermedades genéticas y las malformaciones congénitas.

D) Atención adecuada del embarazo, del parto, del puerperio y del recién nacido.

E) Atención médica correcta del individuo para recuperar su salud.

F) Detección precoz, atención oportuna y declaración obligatoria de las personas con enfermedades discapacitantes, cualquiera sea su edad.

G) Lucha contra el uso indebido de sustancias adictivas.

H) Asistencia social oportuna a la familia.

I) Contralor del medio ambiente y lucha contra la contaminación ambiental.

J) Contralor de productos químicos de uso doméstico e industrial y de los demás agentes agresivos.

K) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo; estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horarios de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

L) Promoción y desarrollo de una conciencia nacional de la seguridad en general y en salud en particular.

ARTICULO 37.- El Ministerio de Desarrollo Social en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad:

A) Desarrollará desde el Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS) acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Dichas acciones se impulsarán desde la perspectiva de la inclusión social y en una óptica de la rehabilitación integral apoyada en la comunidad.

B) Creará un Sistema Nacional de Rehabilitación Integral en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

C) Promoverá la creación de hogares con internación total o parcial para personas con discapacidad cuya atención sea imposible a través del grupo familiar y reglamentará y controlará su funcionamiento en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

D) En coordinación con el Ministerio de Salud Pública supervisará servicios de terapia ocupacional y talleres de habilitación ocupacional y tendrá a su cargo la habilitación y registro.

E) Coordinará con el Ministerio de Salud Pública las medidas que este último deberá adoptar (artículo 5º de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007) respecto a la participación de las distintas entidades que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud en los distintos aspectos relacionados con la atención de las personas con discapacidad.

Todas las entidades que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud (artículo 11 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007) deberán informar, asesorar y orientar a quienes lo necesiten de las diversas posibilidades de atención cuando se presenta una discapacidad; además, no podrán hacer discriminación en la afiliación ni limitar la asistencia a las personas amparadas por la presente ley.

ARTICULO 38.- El Ministerio de Salud Pública en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Junta Nacional de Salud creada por el artículo 23 de la Ley Nº 18.211, de 5 de diciembre de 2007, del Sistema Nacional Integrado de Salud, realizará:

A) La certificación de la existencia de discapacidad, su naturaleza y su grado. La certificación que se expida justificará plenamente la discapacidad en todos los casos en que sea necesario invocarla.

B) Creará un órgano encargado de realizar la certificación única, la cual será válida para todas las instituciones de prestaciones sociales y será independiente de estas. Será especialmente tenida en cuenta a los efectos de la prestación asistencial no contributiva establecida por el artículo 43 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. Para ello deberán realizarse las coordinaciones administrativas necesarias con los distintos institutos de seguridad social.

C) Este órgano será integrado por profesionales de la medicina, psicología y trabajo social que demuestren idoneidad en la temática. Su funcionamiento, constitución y reglamentación serán realizados en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, el Ministerio de Salud Pública y el Banco de Previsión Social dentro de los ciento ochenta días siguientes a la promulgación de la presente ley.

D) El órgano que se creará en base a lo dispuesto en el literal B) del presente artículo, tendrá presente la clasificación internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS-CIF), para el establecimiento de los baremos nacionales y los instrumentos de valoración para la expedición de la certificación.

E) Ampliará y reorganizará el Registro creado por la Ley Nº 13.711, de 29 de noviembre de 1968, declarándose al efecto obligatorio el registro de toda persona con diagnóstico de discapacidad. El Registro proveerá a los servicios públicos, la información necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de la presente ley, asegurando la privacidad de la información y sancionando los incumplimientos.

CAPITULO VII

EDUCACION Y PROMOCION CULTURAL

ARTICULO 39.- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública deberá facilitar y suministrar a la persona con discapacidad, en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social, los elementos o medios científicos, técnicos o pedagógicos necesarios para que desarrolle al máximo sus facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales.

ARTICULO 40.- La equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, desde la educación inicial en adelante, determina que su integración a las aulas comunes se organice sobre la base del reconocimiento de la diversidad como factor educativo, de forma que apunte al objetivo de una educación para todos, posibilitando y profundizando el proceso de plena inclusión en la comunidad.

Se garantizará el acceso a la educación en todos los niveles del sistema educativo nacional con los apoyos necesarios.

Para garantizar dicha inclusión se asegurará la flexibilización curricular, de los mecanismos de evaluación y la accesibilidad física y comunicacional.

ARTICULO 41.- Las personas con discapacidad tienen derecho a la educación, reeducación y formación profesional orientada hacia la inclusión laboral.

ARTICULO 42.- A las personas que circunstancias particulares les impidan iniciar o concluir la fase de escolaridad obligatoria, se les otorgará una capacitación que les permita obtener una ocupación adecuada a sus intereses, vocación y posibilidades.

A estos efectos, el Ministerio de Educación y Cultura, en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública, establecerá, en los casos que corresponda, la orientación y ubicación de los Talleres de Habilitación Ocupacional, atendidos por docentes especializados y equipados con tecnología adecuada a todas las modalidades educativas.

ARTICULO 43.- Se facilitará a toda persona con discapacidad que haya aprobado la fase de instrucción obligatoria, la posibilidad de continuar sus estudios.

En los edificios existentes que constituyan instituciones educativas, se harán las reformas pertinentes que posibiliten su adaptación, de acuerdo con lo que se indica en el Capítulo IX de la presente ley. En las nuevas construcciones de edificios que sean destinadas a alojar instituciones educativas, serán obligatorias las exigencias explicitadas en el capítulo mencionado. Asimismo, tendrán las herramientas tecnológicas indispensables para que toda persona con discapacidad pueda llevar adelante su formación educativa.

ARTICULO 44.- El Ministerio de Educación y Cultura en coordinación con la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República, entidades educativas terciarias y universitarias privadas, en todos los programas y niveles de capacitación profesional, incluidas las carreras de educación terciaria y universitarias, promoverá la inclusión en los temarios de los cursos regulares, la información, la formación y el estudio de la discapacidad en relación a la materia de que se trate y la importancia de la habilitación y rehabilitación, así como la necesidad de la prevención.

ARTICULO 45.- Se promoverá la sensibilización y la educación de la comunidad sobre el significado y la conducta adecuada ante las diferentes discapacidades, así como la necesidad de prevenir la discapacidad, a través de las distintas instituciones o cualquier agrupamiento humano organizado.

ARTICULO 46.- Los centros de recreación, educativos, deportivos, sociales o culturales no podrán discriminar y deberán facilitar el acceso y el uso de las instalaciones y de los servicios a las personas amparadas por la presente ley.

ARTICULO 47.- Las personas que sean calificadas como aquellas con discapacidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la presente ley, estarán exoneradas del pago de cualquier derecho de admisión en todos los conciertos, muestras, obras teatrales, exposiciones, actividades deportivas y cualquier otra actividad ejecutada por organismos públicos.

Asimismo, se exonerará a un acompañante cuando la asistencia del mismo sea necesaria.

Las condiciones para generar el derecho de admisión antes mencionado, se establecerán en la reglamentación. Las Intendencias Municipales procurarán hacer lo propio en sus respectivas jurisdicciones.

CAPITULO VIII

TRABAJO

Sección I

Responsabilidad en el fomento del trabajo

ARTICULO 48.- La orientación y la rehabilitación laboral y profesional deberán dispensarse en todas las personas con discapacidad según su vocación, posibilidades y necesidades y se procurará facilitarles el ejercicio de una actividad remunerada.

La reglamentación determinará los requisitos necesarios para acceder a los diferentes niveles de formación.

ARTICULO 49.- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% (cuatro por ciento) de sus vacantes. Las personas con discapacidad que ingresen de esta manera gozarán de las mismas obligaciones que prevé la legislación laboral aplicable a todos los funcionarios públicos, sin perjuicio de la aplicación de normas diferenciadas cuando ello sea estrictamente necesario.

La obligación mencionada refiere al menos a la cantidad de cargos y funciones contratadas, sin perjuicio de ser aplicable también al monto del crédito presupuestario correspondiente a las mismas si fuere más beneficioso para las personas amparadas por la presente ley.

En el primer caso el cálculo del 4% (cuatro por ciento) de las vacantes a ocupar por personas con discapacidad, se determinará sobre la suma total de las que se produzcan en las distintas unidades ejecutoras, reparticiones y escalafones que integran cada uno de los organismos referidos en el inciso primero del presente artículo. Cuando por aplicación de dicho porcentaje resultare una cifra inferior a la unidad, pero igual o mayor a la mitad de la misma, se redondeará a la cantidad superior.

El Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dentro de sus competencias, deberán remitir a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la información que resulte de sus registros relativa a la cantidad de vacantes que se produzcan en los organismos y entidades obligados por el inciso primero del presente artículo.

La Oficina Nacional del Servicio Civil solicitará cuatrimestralmente informes a los organismos y entidades obligadas, incluidas las personas de derecho público no estatales -quienes deberán proporcionarlos- sobre la cantidad de vacantes que se hayan generado y provisto en el año. Dichos organismos deberán indicar también el número de personas con discapacidad ingresada, con precisión de la discapacidad que tengan y el cargo ocupado. La Oficina Nacional del Servicio Civil, en los primeros noventa días de cada año, comunicará a la Asamblea General del Poder Legislativo el resultado de los informes recabados, tanto de los obligados como del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Nación y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, expresando el total de vacantes de cada uno de los obligados, la cantidad de personas con discapacidad incorporadas en cada organismo, con precisión de la discapacidad que presentan y el cargo ocupado e indicando, además, aquellos organismos que incumplen el presente artículo (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996). Las personas que presenten discapacidad -de acuerdo con lo definido en el artículo 2º de la presente ley- que quieran acogerse a los beneficios de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro de Personas con Discapacidad que funciona en la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996).

A dichos efectos el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, deberá certificar la discapacidad. La evaluación se realizará con un Tribunal integrado por al menos un médico, un psicólogo y un asistente social, los cuales contarán con probada especialización. En dicho dictamen deberá precisarse la discapacidad que tenga la persona, con indicación expresa de las tareas que pueda realizar, así como aquellas que no puede llevar a cabo. Dicha certificación expresará si la discapacidad es permanente y el plazo de validez de la certificación. Al vencimiento de la misma deberá hacerse una nueva evaluación. A efectos de realizar la certificación el Ministerio de Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, podrá requerir, de los médicos e instituciones tratantes de las personas con discapacidad -quienes estarán obligados a proporcionarlos- los informes, exámenes e historias clínicas de las mismas. Los profesionales intervinientes, tanto en la expedición del certificado, como los tratantes de las personas con discapacidad, actuarán bajo su más seria responsabilidad. En caso de constatarse que la información consignada no se ajusta a la realidad, serán responsables civil, penal y administrativamente, según corresponda.

ARTICULO 50.- En caso de suprimida una vacante en el Estado, en los entes autónomos, en los servicios descentralizados y en los Gobiernos Departamentales, el 4% (cuatro por ciento) del crédito se transferirá a un único objeto del gasto con destino exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser provistos con personas con discapacidad.

El jerarca del Inciso o del organismo o entidad obligada propiciará ante el Poder Ejecutivo -previo informe favorable de la Oficina Nacional del Servicio Civil y de la Contaduría General de la Nación- la rehabilitación de los cargos o funciones contratadas a que refiere el inciso primero del presente artículo, y la trasposición de los respectivos créditos existentes en el objeto del gasto a nivel de programa y unidad ejecutora.

La Contaduría General de la Nación en coordinación con la Oficina Nacional del Servicio Civil, velará por el cumplimiento de esta obligación, no pudiendo demorarse más de ciento ochenta días el proceso de rehabilitación de esta clase de cargos o funciones contratadas. El plazo se contará a partir de la supresión de la vacante.

Lo dispuesto en los incisos anteriores será de aplicación, en lo pertinente, a las personas públicas no estatales.

ARTICULO 51.- A efectos de dar cumplimiento a la obligación contenida en los artículos 49 y 50 de la presente ley, se establece que:

A) Se consideran vacantes todas aquellas situaciones originadas en cualquier circunstancia que determinen el cese definitivo del vínculo funcional. Esta disposición no incluye las provenientes de lo dispuesto en los artículos 32, 723, 724 y 727 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, ni las originadas en los escalafones "K" Militar, "L" Policial, "G" y "J" Docentes y "M" Servicio Exterior.

B) El incumplimiento en la provisión de vacantes, de acuerdo con lo preceptuado en el inciso primero del artículo 49 de la presente ley, aparejará la responsabilidad de los jerarcas de los organismos respectivos, pudiéndose llegar a la destitución y cesantía de los mismos por la causal de omisión, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, en las leyes y en los reglamentos respectivos. Esta disposición será aplicable a quienes representen al Estado en los organismos direc-tivos de las personas de derecho público no estatales.

C) El Director de la Oficina Nacional del Servicio Civil será responsable por el incumplimiento de los contralores cometidos a dicha Oficina, pudiendo llegar a la destitución y cesantía del mismo por la causal de omisión de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Constitución de la República, en las leyes y en los reglamentos respectivos.

D) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá elaborar un proyecto de reglamentación de la presente ley en el plazo de sesenta días a partir de su promulgación que elevará al Poder Ejecutivo, quien dispondrá de un plazo de treinta días para su aprobación. En la reglamentación se preverá la forma en que los organismos deberán cubrir las vacantes, los requisitos de idoneidad para desempeñar los cargos y el régimen sancionatorio para los infractores de la misma, estableciéndose que la omisión en el cumplimiento de la ley será pasible de destitución o cesantía.

E) El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos, los servicios descentralizados y las personas de derecho público no estatales, deberán dictar sus reglamentos a efectos de la aplicación de la presente ley, en un plazo máximo de sesenta días, contado a partir del día siguiente al de aprobación del dictado por el Poder Ejecutivo, debiendo remitirlos, una vez aprobados, a la Oficina Nacional del Servicio Civil para su conocimiento.

F) Al momento de cubrir las vacantes los organismos referidos en el literal E), deberán especificar claramente la descripción y los perfiles necesarios de los cargos a ser cubiertos, debiendo, en todo caso, remitir dicha información a la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. Esta estudiará la información y en un plazo máximo de sesenta días podrá asesorar y aconsejar al organismo las medidas convenientes en todos aquellos aspectos que se le planteen respecto a la información que se le envíe y proponer las adaptaciones que estime necesarias para llevar adelante las pruebas en caso de selección por concurso. El organismo deberá atender en cada llamado, las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad.

G) El organismo obligado, en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, deberá dar al llamado la más amplia difusión posible.

H) Se deberá crear un dispositivo en cada organismo público que vele por la adecuada colocación de la persona con discapacidad en el puesto de trabajo, contemplando las adaptaciones necesarias para el adecuado desempeño de las funciones, así como la eliminación de barreras físicas y del entorno social que puedan ser causantes de actitudes discriminatorias.

I) La Oficina Nacional del Servicio Civil deberá impartir los instructivos y las directivas para el efectivo cumplimiento del presente artículo.

ARTICULO 52.- En caso de que una persona se encuentre desempeñando tareas propias de un funcionario público con carácter permanente, en régimen de dependencia y cuyo vínculo inicial con el Estado, con los Gobiernos Departamentales, con los entes autónomos o con los servicios descentralizados se hubiere desvirtuado en algunos de sus elementos esenciales y adquiriera una discapacidad certificada conforme con lo dispuesto en el artículo 49 de la presente ley, la Administración queda obligada a su presupuestación siempre que el grado de discapacidad lo permita.

A tales efectos deberá buscarse la adaptación del lugar de trabajo en que se desempeñaba a la discapacidad de la persona o en caso de imposibilidad fundada, redistribuirlo a otra función que pueda desarrollar según su idoneidad.

Lo dispuesto en el inciso segundo del presente artículo es aplicable en caso de que quien adquiriera la discapacidad fuera una persona que ya tuviera contrato de función pública.

La persona que se encontrare en esta situación mantiene la opción de no acogerse a este beneficio, optando en los casos habilitados por otras normas por los retiros incentivados o en caso de configurar causal, por la correspondiente jubilación.

ARTICULO 53.- Los sujetos enumerados en el artículo 49 de la presente ley, deberán priorizar, en igualdad de condiciones, la adquisición de insumos y provisiones de empresas que contraten a personas con discapacidad, situación que deberá ser fehacientemente acreditada, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

ARTICULO 54.- Siempre que se conceda y se otorgue el uso de bienes del dominio público o privado del Estado o de los Gobiernos Departamentales para la explotación de pequeños emprendimientos comerciales o de servicios, se dará prioridad a las personas con discapacidad que estén en condiciones de desempeñarse en tales actividades en la forma y con los requisitos que se determinen.

Será nula toda concesión o permiso otorgado si se verifica que no ha sido observada la prioridad establecida en el inciso primero del presente artículo.

ARTICULO 55.- En caso de disponerse la privatización total o parcial de entes del Estado o la tercerización de servicios prestados por los mismos, en los pliegos de condiciones se establecerán normas que permitan asegurar las preferencias y beneficios previstos por la presente ley.

ARTICULO 56.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, proponga en un plazo máximo de ciento ochenta días de promulgada la presente ley, los incentivos y beneficios para las entidades paraestatales y del sector privado que contraten personas con discapacidad, en calidad de trabajadores, y para las que contraten producción derivada de Talleres de Producción Protegida.

ARTICULO 57.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería, a través de la Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME), en coordinación con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, deberá realizar dentro del plazo de ciento ochenta días de la entrada en vigencia de la presente ley, un inventario de:

1) Lugares disponibles a los efectos de lo dispuesto en el artículo 54 de la presente ley.

2) Adjudicatarios de los mismos.

3) Aspirantes a utilizarlos.

Dicha información deberá ser actualizada mensualmente.

Asimismo tendrá a su cargo el dictado de cursos destinados a proporcionar a quienes desarrollen pequeños emprendimientos los conocimientos necesarios.

ARTICULO 58.- Corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros, los siguientes cometidos:

A) Contralor de los trabajadores y de los ambientes de trabajo y estudio de medidas a tomar en situaciones específicas, horarios de trabajo, licencias, instrucción especial de los funcionarios, equipos e instalaciones adecuadas para prevenir accidentes y otros.

B) Reglamentar e inspeccionar el funcionamiento de los Talleres de Producción Protegida.

ARTICULO 59.- Las personas cuya discapacidad haya sido certificada por las autoridades competentes, tendrán derecho a los beneficios del empleo selectivo que la re-glamentación regulará, pudiendo a tal fin entre otras medidas:

A) Establecer la reserva con preferencia absoluta de ciertos puestos de trabajo.

B) Señalar las condiciones de readmisión por las empresas de sus propios trabajadores una vez terminada su readaptación o rehabilitación profesional, procurando la incorporación a un puesto de trabajo que pueda desempeñar.

ARTICULO 60.- En la reglamentación se establecerán los medios necesarios para completar la protección a dispensar a las personas con discapacidad en proceso de rehabilitación. Esta protección comprenderá:

A) Medios y atención para facilitar o salvaguardar la realización de su tarea, así como el acondicionamiento de los puestos de trabajo que ellos ocupen para preservar el derecho al trabajo.

B) Medidas de fomento o contribución directa para la organización de Talleres de Producción Protegida.

C) Créditos para el establecimiento como trabajador independiente.

ARTICULO 61.- Toda trabajadora o todo trabajador que tenga o adopte un hijo o hija con el Síndrome de Down, parálisis cerebral u otras discapacidades sensoriales, físicas o intelectuales severas y mientras lo tenga a su cuidado, tendrá derecho a solicitar licencia extraordinaria sin goce de sueldo por un período de seis meses, adicional al correspondiente a la licencia por maternidad o paternidad.

La comunicación al empleador de dicha circunstancia deberá ser efectuada dentro del plazo de diez días de verificado el nacimiento o la adopción y será acompañada de un certificado médico que acredite la configuración de la causal.

ARTICULO 62.- En caso de que la madre o el padre no puedan tener al niño o a la niña bajo su cuidado, la licencia establecida en el artículo 61 de la presente ley, podrá ser solicitada por la persona que lo tenga a su cargo.

ARTICULO 63.- Institúyese en la actividad pública y privada el empleo a tiempo parcial, de acuerdo con la capacidad de cada individuo, para aquellas personas con discapacidad que no puedan ocupar un empleo a tiempo completo.

ARTICULO 64.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del pago de los aportes patronales de carácter jubilatorio correspondientes a las personas con discapacidad que sean contratadas por empresas industriales, agropecuarias, comerciales o de servicios, sin perjuicio de lo establecido por el artículo 56 de la presente ley.

Se tendrán en cuenta no solo las personas con disca-pacidad que presten servicios directamente en las instalaciones de la empresa del empleador sino también aquellas que realicen trabajo a domicilio, siempre que estas sean dependientes de la empresa objeto de la exoneración.

ARTICULO 65.- Los empleadores que participen del régimen establecido en el artículo 64 de la presente ley, deberán inscribirse previamente en el Registro Nacional de Empleadores de Personas con Discapacidad, el que estará a cargo de la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La reglamentación establecerá la forma y las condiciones de dicho Registro.

ARTICULO 66.- Los programas sociales o laborales financiados con fondos del Estado, deberán otorgar acceso a personas con discapacidad en un porcentaje no inferior al previsto por el artículo 49 de la presente ley.

CAPITULO IX

ARQUITECTURA Y URBANISMO

Sección I

Disposiciones generales

ARTICULO 67.- Las instituciones que gobiernen los espacios y los edificios de carácter público, así como otros organismos que puedan prestar asesoramiento técnico en la materia, se ocuparán coordinadamente de formular un cuerpo de reglamentaciones que permita ir incorporando elementos y disposiciones que sean útiles para el desenvolvimiento autónomo de la persona con discapacidad.

ARTICULO 68.- La construcción, la ampliación y la reforma de los edificios de propiedad pública o privada destinados a un uso que implique concurrencia de público, así como la planificación y la urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales características, se efectuarán de forma tal que todas las personas puedan acceder, ingresar, usar y egresar, especialmente en situaciones de emergencia, en condiciones de seguridad, equidad, confort y con la mayor autonomía posible.

ARTICULO 69.- Las Intendencias Municipales deberán incluir normas sobre el tema y en sus respectivos Planes Reguladores o de Desarrollo Urbano, las disposiciones necesarias con el objeto de adaptar las vías públicas, parques, jardines y edificios, de acuerdo con las normas técnicas establecidas por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

ARTICULO 70.- Los organismos públicos vinculados a la construcción o cuyas oficinas técnicas elaboren proyectos arquitectónicos, deberán igualmente cumplir con las normas técnicas de UNIT sobre accesibilidad.

ARTICULO 71.- En todos aquellos pliegos de licitación para la construcción de edificios públicos por parte de organismos del Estado, Gobiernos Departamentales y personas públicas no estatales, deberá disponerse de una cláusula que establezca la obligatoriedad de aplicar las normas técnicas a la que hace referencia la presente ley.

El incumplimiento de esta norma traerá aparejado la nulidad de los mismos.

ARTICULO 72.- Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes, cuya vida útil sea aún considerable, serán adaptados gradualmente de acuerdo con el orden de prioridades que reglamentariamente se determine.

ARTICULO 73.- Los entes públicos habilitarán en sus presupuestos las asignaciones necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos dependen.

ARTICULO 74.- En todos los proyectos de viviendas colectivas se programará un mínimo de unidades accesibles; asimismo, el conjunto en general debe ser adecuado para facilitar el acceso y uso de los lugares comunes.

ARTICULO 75.- El Estado otorgará a través de la institución que corresponda, préstamos para refaccionar y acondicionar de acuerdo con las normas de accesibilidad UNIT la vivienda en la cual vive o va a vivir la persona con discapacidad.

Sección II

Accesibilidad de personas con discapacidad

ARTICULO 76.- En cumplimiento de los artículos 67 y 68 de la presente ley, establécese como prioridad la supresión de barreras físicas con el fin de lograr la accesibilidad para las personas con discapacidad, mediante la aplicación de normas técnicas UNIT sobre accesibilidad en:

A) Los ámbitos urbanos arquitectónicos y de transporte que se creen, en los existentes o en los que sean remodelados o sustituidos en forma total o parcial sus elementos constitutivos.

B) Los edificios de uso público y privados con concurrencia de público.

C) Las áreas sin acceso al público en general o las correspondientes a edificios industriales y comerciales.

D)Las viviendas individuales.

E) Las viviendas colectivas.

Subsección I

Definiciones

ARTICULO 77.- A los fines de la presente ley entiéndase por:

A) Accesibilidad para las personas con discapacidad: condición que cumple un espacio, objeto, instrumento, sistema o medio para que sea utilizable por todas las personas en forma segura y de la manera más autónoma y confortable posible.

B) Barreras físicas urbanas: obstáculos existentes en las vías y espacios públicos que impiden o dificultan el desplazamiento y el uso de los elementos de urbanización.

C) Barreras físicas arquitectónicas: aquellos obstáculos físicos que impiden que personas con discapacidad puedan llegar, acceder, desplazarse o hacer uso de las instalaciones de los edificios.

D) Adaptabilidad: implica la posibilidad de modificar en el tiempo el medio físico con el fin de hacerlo completa y fácilmente accesible a las personas con discapacidad.

E) Practicabilidad: implica la adaptación efectiva a requisitos mínimos de los espacios físicos de uso habitual por personas con discapacidad.

F) Visitabilidad: refiere estrictamente al ingreso y uso de los espacios comunes y servicios higiénicos por parte de personas con discapacidad.

Subsección II

Disposiciones para el cumplimiento de la Sección I

ARTICULO 78.- A los efectos de la aplicación del artículo 76 de la presente ley se deberá cumplir con lo dispuesto en las Normas Técnicas UNIT sobre accesibilidad correspondiente, teniendo en cuenta además, lo especificado a continuación y todo aquello que sin estar expresamente referido corresponda. En los ámbitos descriptos en el literal A) del artículo 76 referido:

1) Itinerarios peatonales: contemplarán una anchura mínima en todo su recorrido que permita el paso de personas usuarias en silla de ruedas. Los pisos serán antideslizantes sin resaltos ni aberturas que permitan el tropiezo de personas usuarias de sillas de ruedas. Los desniveles de todo tipo tendrán un diseño, grado e inclinación que permitan la transitabilidad, utilización y seguridad de las personas con discapacidad.

2) Escaleras y rampas: las escaleras deberán facilitar su utilización por parte de personas con discapacidad, estarán dotadas de pasamanos. Las rampas tendrán las características señaladas para los desniveles en el numeral 1) precedente.

3) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios peatonales las disposiciones establecidas para los mismos en el numeral 1) precedente. Los baños públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas con discapacidad.

4) Estacionamientos: en la vía pública tendrán lugares accesibles reservados y señalizados, cercanos a los accesos peatonales, para vehículos que transporten personas con discapacidad.

5) Señales, equipamientos y elementos urbanos: deberán ser accesibles y se dispondrán de forma que no constituyan obstáculo, en especial, para las personas ciegas o de baja visión y para las personas que se desplacen en silla de ruedas.

6) Obras en la vía pública: estarán señalizadas, protegidas y deberán permitir detectar a tiempo la existencia del obstáculo. En las obras que reduzcan la sección transversal de la acera se deberá construir un itinerario peatonal alternativo con las características señaladas en el numeral 1) precedente.

Respecto de los edificios descriptos en el literal B) del artículo 76 de la presente ley:

1) Deberán contemplar la accesibilidad y la posibilidad de su uso en todas sus partes por personas con discapacidad.

2) Cuando corresponda contar con estacionamientos, se deberán reservar lugares accesibles cercanos a los accesos peatonales.

3) Deberán contar con espacios de circulación horizontal y de comunicación vertical que permitan el desplazamiento y la maniobra de dichas personas.

4) Deberán contar con zonas reservadas señalizadas y adaptadas a los efectos de ser utilizadas por personas que se desplazan en silla de ruedas.

5) Deberán contar con servicios higiénicos adaptados a las necesidades de dichas personas.

A los efectos de las áreas descriptas en el literal C) del artículo 76 de la presente ley, se deberán concretar los grados de adaptabilidad a las personas con discapacidad.

Con respecto a las viviendas descriptas en el literal D) del artículo 76 de la presente ley se observarán, cuando corresponda, las disposiciones de esta ley y su reglamentación en materia de diseño, ejecución y remodelación.

En lo que refiere a las viviendas descriptas en el literal E) del artículo 76 de la presente ley, deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los grados y plazos que establezca la reglamentación para los conjuntos ya existentes, respetándose para las nuevas las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 79.- Las prioridades, requisitos y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 76 y 78 de la presente ley, relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas por la reglamentación en base a la realización de planes de accesibilidad, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de ocho años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en acuerdo con los Gobiernos Departamentales, fijará el orden de prioridad para el desarrollo de las obras pertinentes.

En toda obra nueva la aprobación de los proyectos requerirá imprescindiblemente la inclusión en los mismos de las disposiciones establecidas en la presente ley, su reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia.

En toda obra de remodelación de edificios de vivienda se exhorta cuando sea posible a efectuar las adecuaciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en las normas previstas en el presente Capítulo.

ARTICULO 80.- Las personas con discapacidad que utilicen para su desplazamiento animales especialmente adiestrados, podrán ingresar y permanecer acompañadas por estos, en todos los lugares abiertos al público sin restricción alguna, siendo obligación de los propietarios o encargados de los mencionados lugares, proporcionar los medios idóneos para el cumplimiento efectivo de esta norma.

ARTICULO 81.- A los efectos de la presente se adopta como símbolo de accesibilidad el dispuesto por la norma UNIT 906.

CAPITULO X

TRANSPORTE

ARTICULO 82.- Constituyen barreras en los transportes, a los efectos de la presente ley, aquellas existentes en el acceso y utilización de los medios de transporte público terrestre, aéreo y acuático de corta, media y larga distancia y aquéllas que dificulten el uso de medios propios de transporte por las personas con discapacidad, a cuya supresión se tenderá por la observancia de los siguientes criterios:

A) Vehículos de transporte público: deberán permitir el ascenso y descenso de personas con discapacidad, con movilidad reducida y usuarios de silla de ruedas; tendrán asientos reservados señalizados y cercanos a la puerta por cada coche para personas con discapacidad. Los coches contarán con piso antideslizante, elevadores para silla de ruedas en el acceso al vehículo y espacio para ubicación de bastones, muletas, silla de ruedas y otros elementos de utilización por tales personas. En los transportes aéreos y marítimos deberá privilegiarse la asignación de ubicaciones próximas a los accesos para pasajeros con discapacidad.

B) Estaciones de transportes: contemplarán un itinerario peatonal con las características señaladas en el numeral 1) del inciso primero del artículo 78 de la presente ley en toda su extensión; bordes de andenes de textura reconocible y antideslizantes; piso alternativo o molinetes; sistema de anuncios por parlantes y servicios sanitarios adaptados. En los aeropuertos se preverán sistemas mecánicos de ascenso y descenso de pasaje de las personas con discapacidad en el caso que no hubiera métodos alternativos.

C) Transportes propios: las personas con discapacidad tendrán derecho a libre tránsito y estacionamiento de acuerdo con lo que establezcan las respectivas disposiciones municipales. Estos vehículos serán reconocidos por el distintivo de la identificación -símbolo de accesibilidad- dispuesto en el artículo 81 de la presente ley.

ARTICULO 83.- Todas las empresas de transporte colectivo nacional terrestre de pasajeros están obligadas a transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en las condiciones que regulará la reglamentación.

ARTICULO 84.- Se otorgarán franquicias de estacionamiento a los vehículos de las personas con discapacidad debidamente identificados.

ARTICULO 85.- Las empresas de transporte colectivo terrestre, deberán dar publicidad suficiente, en forma legible y entendible, a las frecuencias de las unidades accesibles para personas con discapacidad y un servicio de consulta telefónica respecto de esta información.

La información acerca de este servicio deberá exhibirse en las unidades, terminales y principales paradas de los recorridos de las empresas de transporte colectivo terrestre.

Todas las oficinas de información turística, dependientes del Ministerio de Turismo y Deporte o de las Intendencias Municipales, deberán poseer la información sobre las frecuencias y un número telefónico de referencia.

ARTICULO 86.- Las adecuaciones establecidas en el transporte público por el literal A) del artículo 82 de la presente ley, deberán ser tenidas especialmente en cuenta por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al momento de autorizar la renovación de flota de las empresas de transporte colectivo de pasajeros.

Sin perjuicio de lo anterior, en un plazo máximo de cinco años deberán existir unidades de transporte con estas características en cada departamento del país y cada empresa de transporte colectivo deberá tener, al menos, una unidad accesible por línea de recorrido.

El resto de las adecuaciones establecidas por el literal B) del artículo 82 de la presente ley deberán ejecutarse en un plazo máximo de ocho años.

ARTICULO 87.- Incorpórase al artículo 365 del Código Penal el siguiente numeral:

"17. El que ocupare los lugares reservados para las personas con discapacidad en los estacionamientos de vehículos sin tener la condición de tal".

CAPITULO XI

NORMAS TRIBUTARIAS

ARTICULO 88.- Facúltase al Poder Ejecutivo en las condiciones que este reglamente, a otorgar a las personas con discapacidad que no cuenten con los ingresos suficientes o a las instituciones encargadas de su atención, la exoneración del pago de la totalidad de los derechos arancelarios y demás gravámenes a las importaciones de las siguientes ayudas técnicas, siempre que no se produzcan en el país:

1) Prótesis auditivas, visuales y físicas.

2) Ortesis.

3) Equipos, medicamentos y elementos necesarios para la terapia y rehabilitación de personas con discapacidad.

4) Equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados o adaptados para ser usados por personas con discapacidad.

5) Elementos de movilidad, cuidado e higiene personal necesarios para facilitar la autonomía y la seguridad de las personas con discapacidad.

6) Elementos especiales para facilitar la comunicación,

la información y la señalización para personas con discapacidad.

7) Equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación y recreación de las personas con discapacidad.

Se consideran ayudas técnicas todos aquellos elementos necesarios para el tratamiento de la deficiencia o discapacidad, con el objeto de lograr su recuperación o rehabilitación o para impedir su progresión o derivación en otra discapacidad. Asimismo, se consideran ayudas técnicas las que permiten compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o cognitivas de la persona con discapacidad, con el propósito de permitirle salvar las barreras de comunicación y movilidad y de posibilitar su plena integración en condiciones de normalidad.

ARTICULO 89.- La discapacidad que padezcan las personas que soliciten los beneficios previstos en el artículo 88 de la presente ley, deberá ser acreditada de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 y en el literal A) del artículo 37 de la presente ley, sin cuyo cumplimiento no se autorizará su importación.

ARTICULO 90.- A los efectos de acceder a los beneficios establecidos en este capítulo, las personas con discapacidad destinatarias de las ayudas técnicas deberán estar inscriptas en el Registro Nacional de la Discapacidad.

ARTICULO 91.- Quedan comprendidas en la Ley Nº 13.102, de 18 de octubre de 1962, las personas con discapacidad intelectual.

ARTICULO 92.- A los efectos de esta ley se entenderá por asociaciones de segundo grado aquellas que están integradas por más de dos asociaciones civiles sin fines de lucro, con delegados electos por las mismas. Las asociaciones de segundo grado pueden ser confederaciones, federaciones, plenarios u otra forma asociativa que exista y contemple lo dicho anteriormente.

CAPITULO XII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGACIONES Y ADECUACIONES

ARTICULO 93.- Deróganse las Leyes Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989; Nº 16.169, de 24 de diciembre de 1990; Nº 16.592, de 13 de octubre de 1994; Nº 17.216, de 24 de setiembre de 1999; Nº 18.094, de 9 de enero de 2007; el Decreto Nº 431/999, de 22 de diciembre de 1999, y el literal D) del artículo 1º de la Ley Nº 16.127, de 7 de agosto de 1990; los artículos 9º y 546, de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, y el artículo 2º de la Ley Nº 17.378, de 25 de julio de 2001.

ARTICULO 94.- Efectúanse las siguientes adecuaciones en la normativa vigente:

A) La remisión efectuada por el artículo 12 de la Ley Nº 16.226, de 29 de octubre de 1991, y por el artículo 768 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996, al artículo 42 de la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, debe entenderse realizada al artículo 49 de la presente ley.

B) La remisión efectuada por el artículo 3º del Decreto Nº 442/991, de 22 de agosto de 1991, a la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, debe entenderse realizada a la presente ley.

C) La remisión efectuada por el artículo 2º del Decreto Nº 564/005, de 26 de diciembre de 2005, al artículo 9º de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001, debe entenderse realizada al artículo 50 de la presente ley.

D) La remisión efectuada por los artículos 8º, 9º, 10, 16 y 17 del Decreto Nº 205/007, de 11 de junio de 2007, a la Ley Nº 16.095, de 26 de octubre de 1989, y a la Ley Nº 18.094, de 9 de enero de 2007, debe entenderse realizada a la presente ley".

8) LEY MARCO DE DEFENSA NACIONAL (OBSERVACION PARCIAL INTERPUESTA POR EL PODER EJECUTIVO AL PROYECTO DE LEY SANCIONADO POR AMBAS CAMARAS)

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figuraba en primer término del orden del día y pasó a ser segundo: "Ley Marco de Defensa Nacional. (Observación parcial interpuesta por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley sancionado por ambas Cámaras)".

(Antecedentes: )

"Carp. N° 242/09

Rep. N° 28/10

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 9 de setiembre de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo se dirige a ese Cuerpo en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 137 y ss. de la Constitución de la República, a los efectos de observar parcialmente el Proyecto de Ley que aprueba la Ley Marco de Defensa Nacional.

En tal sentido, el Poder Ejecutivo observa parcialmente el artículo 16 letra C) literales e), f), g) y h) por entender inconveniente modificar la actual estructura del mando de las Fuerzas Armadas, el que podría verse alterado al establecerse que el cargo del Jefe de Estado Mayor de la Defensa tenga la misma jerarquía que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Asimismo, los asuntos vinculados a la actuación de los Agregados de Defensa corresponde al área de Política de Defensa.

En consecuencia se propone la siguiente redacción para el precitado artículo:

"Artículo 16.- Sin perjuicio de las disposiciones que establezca la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y demás normas complementarias que se dictaren, serán áreas básicas de su competencia las siguientes:

A) Política de Defensa: Con funciones de asesoramiento y de gestión esta área entiende en temas generales de política de Defensa Nacional y en los asuntos internacionales vinculados a ella, llevando a cabo las tareas de articulación con otras instituciones nacionales o extranjeras en las materias propias de este Ministerio.

B) Administración General: Comprende la Dirección General de Secretaría, la Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios Sociales, las cuales entienden en: la administración general, la gestión de los recursos humanos, la dirección y la supervisión del reclutamiento del personal civil y militar, los sistemas de regulación de cuadros y de ascensos, los asuntos jurídicos, notariales y sociales del Inciso. Asimismo, planifica, gestiona y controla la ejecución presupuestal asignada, así como el establecimiento y control de los indicadores de gestión presupuestarios de todas las unidades ejecutoras del Inciso.

C) Estado Mayor de la Defensa: Es el órgano de asesoramiento ministerial militar encargado de asesorar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política de defensa militar, en materia de:

a) Elaboración doctrinaria y planificación del concepto de operación conjunta de las Fuerzas Armadas.

b) Análisis y valoración de escenarios estratégicos.

c) Planificación logística de las Fuerzas Armadas a nivel ministerial, particularmente en lo referido a sistemas de armas, de comunicaciones, de equipamiento y de nuevas tecnologías.

d) Doctrina y reglas de enfrentamiento del instrumento militar.

e) Planificación y coordinación de operaciones conjuntas y/o combinadas.

Centralizará en su organización los diferentes asuntos vinculados con la inteligencia militar.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa será un Oficial General en actividad o retiro, designado por el Poder Ejecutivo.

D) Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya: Ejecutarán las tareas necesarias para cumplir los cometidos asignados atinentes a la defensa, en el marco de la Constitución de la República y las leyes, de conformidad con la política de Defensa Nacional."

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Dr. Gonzalo Fernández, Jorge Bruni, Alvaro García, Pedro Vaz.

PODER LEGISLATIVO

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO 1

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LA DEFENSA NACIONAL

Artículo 1°.- La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población.

Artículo 2°.- La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y en los términos que se establecen en la Constitución de la República y en las leyes. Es un bien público, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.

CAPITULO 2

POLITICA DE DEFENSA NACIONAL Y POLITICA MILITAR DE DEFENSA

Artículo 3°.- La política de Defensa Nacional, como política pública, debe propender a través de acuerdos amplios a políticas de estado y debe cumplir con los principios generales del derecho interno y del derecho internacional, en coordinación con la política exterior del Estado; y respetar, especialmente, los principios de autodeterminación de los pueblos, de preservación de la paz, de no intervención en los asuntos internos de otras Naciones, de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los Estados.

Se establece la acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos.

Artículo 4°.- En el ejercicio del derecho de legítima defensa consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, la República Oriental del Uruguay se reserva el recurso del uso de la fuerza para los casos de agresión militar, sin perjuicio de ejercer todos los medios disuasorios y preventivos que resulten adecuados.

Artículo 5°.- La política militar de defensa establecerá la doctrina del empleo de los medios militares que aseguren la integridad territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción y de soberanía en los espacios terrestre, marítimo y aéreo del Estado uruguayo. Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa.

TITULO II

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 6°.- El Sistema de Defensa Nacional que se conforma por la presente ley determinará la política de Defensa Nacional.

Artículo 7°.- Los integrantes del Sistema de Defensa Nacional, actuando cada uno en el marco de sus competencias, son:

A) El Poder Ejecutivo.

B) El Poder Legislativo.

C) El Consejo de Defensa Nacional.

CAPITULO 1

PODER EJECUTIVO

Artículo 8°.- Compete al Presidente de la República actuando con el Ministro de Defensa Nacional, con los Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros:

A) Determinar la política de Defensa Nacional y sus objetivos.

B) Dirigir la Defensa Nacional.

C) Ejercer el Mando Superior de las Fuerzas Armadas.

D) Adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis que afecten a la Defensa Nacional.

E) Ejercer la conducción político-estratégica de la Defensa Nacional.

F) Establecer las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de Defensa Nacional.

CAPITULO 2

PODER LEGISLATIVO

Artículo 9°.- Corresponde al Poder Legislativo ejercer las funciones relativas a la Defensa Nacional que le asigna la Constitución de la República:

A) Decretar la guerra.

B) Designar todos los años la Fuerza Armada necesaria.

C) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él.

D) Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando para este caso, el tiempo de regreso a ella.

E) Hacer los reglamentos de milicias y determinar el tiempo y número en que deben reunirse.

F) Adoptar resolución respecto a las medidas prontas de seguridad que decretare el Poder Ejecutivo, así como de los arrestos o traslados de personas que fueren dispuestos en virtud de las mismas.

G) Tomar conocimiento de los programas de estudio de las escuelas e institutos de formación militar.

H) Conceder la venia para ascensos militares en la forma constitucionalmente prevista.

CAPITULO 3

CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 10.- El Consejo de Defensa Nacional (CODENA) constituye un órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa. Está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, los Ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas.

Artículo 11.- Se reúnen a instancia del Presidente de la República quien convoca a sus miembros permanentes. Podrá citar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los Comandantes en Jefe de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea e invitar a Legisladores nacionales, a Ministros de la Suprema Corte de Justicia o a aquellos integrantes del Poder Judicial que ellos designaren, a autoridades de la Administración Pública; así como a personas cuyos conocimientos o competencias considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieran de tratarse.

Artículo 12.- Compete al Consejo de Defensa Nacional asesorar sobre la Defensa Nacional. Tiene entre otros cometidos:

A) Analizar las amenazas que pudieran poner en riesgo la soberanía e independencia de la República, así como afectar gravemente los intereses nacionales, proponiendo en tales casos las medidas y/o acciones que se estimen necesarias para su resolución.

B) Analizar y proponer las hipótesis de conflicto.

C) Sugerir la adopción de estrategias, aprobar los planes y coordinar las acciones necesarias para la defensa.

D) Realizar propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa que, por afectar a varios organismos del Estado, exijan un tratamiento conjunto.

Artículo 13.- El Consejo de Defensa Nacional contará con una Secretaría Permanente que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y cuyo funcionamiento se reglamentará.

TITULO III

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SECCION 1

ORGANIZACION

Artículo 14.- El Ministerio de Defensa Nacional tiene por atribución y competencia básica la conducción política de aquellas áreas de la Defensa Nacional que las leyes y el Poder Ejecutivo en el marco de sus facultades determinen y en particular todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas.

Está dirigido por el Ministro de Defensa Nacional quien tiene como cometidos, además de los asignados por la Constitución de la República, los siguientes:

A) Actuar con el Presidente de la República en todo lo inherente a la Defensa Nacional.

B) La preparación, la dirección, el ordenamiento y la ejecución de la política de Defensa Nacional; la obtención y la gestión de los recursos humanos y materiales para ello.

C) La dirección superior y la administración de las Fuerzas Armadas, en aquello que no se reserve directamente el Poder Ejecutivo.

D) Integrar como miembro permanente el Consejo de Defensa Nacional.

Artículo 15.- Constituyen además funciones del Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes:

A) Ejercer la gestión administrativa, financiera, jurídica y establecer los criterios de gestión de los recursos humanos, tanto civiles como militares de todas las Unidades y dependencias que lo componen. A tales efectos, puede emplear personal de origen civil o militar indistintamente, siguiendo el criterio de adecuación y conveniencia para el servicio a prestar.

B) Ejercer la dirección y la supervisión de todas las actividades que cumplan las Fuerzas Armadas, siguiendo los lineamientos que se establezcan al respecto por el Mando Superior.

C) Determinar la orientación y el delineamiento de la formación de las Fuerzas Armadas, tendiente al máximo desarrollo de sus valores, aptitudes y deberes necesarios para el cumplimiento de los cometidos fundamentales que por esta ley se establecen.

Artículo 16.- Sin perjuicio de las disposiciones que establezca la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y demás normas complementarias que se dictaren, serán áreas básicas de su competencia las siguientes:

A) Política de Defensa: Con funciones de asesoramiento y de gestión esta área entiende en temas generales de política de Defensa Nacional y en los asuntos internacionales vinculados a ella, llevando a cabo las tareas de articulación con otras instituciones nacionales o extranjeras en las materias propias de este Ministerio.

B) Administración General: Comprende la Dirección General de Secretaría, la Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios Sociales, las cuales entienden en: la administración general, la gestión de los recursos humanos, la dirección y la supervisión del reclutamiento del personal civil y militar, los sistemas de regulación de cuadros y de ascensos, los asuntos jurídicos, notariales y sociales del Inciso. Asimismo, planifica, gestiona y controla la ejecución presupuestal asignada, así como el establecimiento y control de los indicadores de gestión presupuestarios de todas las unidades ejecutoras del Inciso.

C) Estado Mayor de la Defensa: Es el órgano de asesoramiento ministerial militar encargado de asesorar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política militar, en materia de:

a) Elaboración doctrinaria y planificación del concepto de operación conjunta de las Fuerzas Armadas.

b) Análisis y valoración de escenarios estratégicos.

c) Planificación logística de las Fuerzas Armadas a nivel ministerial, particularmente en lo referido a sistemas de armas, de comunicaciones, de equipamiento y de nuevas tecnologías.

d) Doctrina y reglas de enfrentamiento del instrumento militar.

e) Planificación y coordinación de operaciones conjuntas y/o combinadas, centralizando en su organización los diferentes asuntos vinculados con la inteligencia militar; así como la actuación de los Agregados de Defensa de la República acreditados ante gobiernos extranjeros.

f) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa será un Oficial en actividad de la misma jerarquía que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, no estableciéndose ningún tipo de rotación obligatoria entre las Fuerzas, siendo que su designación debe responder a la confianza que en él le deposita el Poder Ejecutivo.

Para su designación se seguirán los mismos procedimientos que para la designación de los Comandantes en Jefe, debiendo pasar a retiro en los mismos plazos indicados que para aquellos.

En caso de ser removido de su cargo pasará a la situación de retiro, no pudiendo un Oficial designado para ese cargo regresar a su Fuerza de origen en la calidad de Comandante en Jefe. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa dependerá directamente del Ministro de Defensa Nacional, pasando a revistar fuera de cuadros de su Fuerza de origen a partir de la designación, en cuyo caso se ascenderá un nuevo Oficial General para cubrir la vacante en la Fuerza que lo provee.

g) Dependerá del Jefe del Estado Mayor de la Defensa el Mando General de las operaciones conjuntas o conjuntas combinadas. Asimismo, existirá un Jefe de Operaciones, cargo que se reglamentará y que podrá ser rotatorio entre las fuerzas representando el Nivel Estratégico Operacional junto con los Comandantes de Mandos Conjuntos que se creen para el cumplimiento de los Planes Militares de la Defensa.

h) Del Jefe del Estado Mayor de la Defensa dependerá el Sistema Nacional de Operaciones de la Paz (SINOMAPA).

D) Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea

Uruguaya: Ejecutarán las tareas necesarias para cumplir los cometidos asignados atinentes a la defensa, en el marco de la Constitución de la República y las leyes, de conformidad con la política de Defensa Nacional.

SECCION 2

FUERZAS ARMADAS

CAPITULO 1

ORGANIZACION Y MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 17.- Las Fuerzas Armadas, institución militar de la defensa, son responsables de la ejecución de las actividades militares de la Defensa Nacional.

Artículo 18.- Las Fuerzas Armadas están integradas por la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Se constituyen como la rama organizada, equipada, instruida y entrenada para ejecutar los actos militares que imponga la Defensa Nacional. Su cometido fundamental es la defensa de la soberanía, la independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes.

Artículo 19.- Su composición, dimensión y despliegue, así como su organización y funcionamiento, se inspirarán en el criterio de eficiencia conjunta; unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola Fuerza.

Artículo 20.- En tiempos de paz y bajo la autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental.

CAPITULO 2

MISIONES EN EL EXTERIOR

Artículo 21.- Las misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de la República deberán ser promovidas, dentro del marco de sus respectivas competencias, por los organismos internacionales de los que el Estado forme parte. Cumplirán fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y de preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.

Artículo 22.- La participación de contingencias nacionales en Misiones de Paz constituye una decisión soberana que estará determinada por la política exterior de la República y en tal sentido tenderá a la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional, la práctica de medidas de confianza mutua y la promoción de relaciones de cooperación y respeto entre los diferentes actores de la comunidad internacional, en consonancia con el derecho internacional.

Artículo 23.- El despliegue de contingentes militares fuera de fronteras no debe afectar el cumplimiento de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas.

Artículo 24.- La participación de fuerzas o efectivos militares nacionales en actividades reales o virtuales de carácter combinado con fuerzas militares de otros Estados debe guardar coherencia con las necesidades de la defensa militar del país y su política exterior. Los objetivos de la participación en las referidas actividades son:

A) Intercambiar experiencias y conocimiento de doctrinas de empleo diferentes.

B) Propiciar el conocimiento y el entrenamiento profesional en la utilización de tecnologías y de sistemas de organización diversos.

C) Profundizar en el conocimiento de fortalezas y debilidades de diferentes sistemas.

D) Desarrollar las capacidades propias para la acción combinada y combinada conjunta.

E) Potenciar las medidas de confianza mutua.

TITULO IV

CONTRIBUCION A LA DEFENSA

PREPARACION DE RECURSOS PARA CONTRIBUIR A LA DEFENSA

Artículo 25.- El Poder Ejecutivo establecerá los criterios relativos a la preparación y la disponibilidad de los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza o crisis, considerando para su aplicación lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución de la República y los mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre los diferentes Poderes Públicos, dando cuenta al Poder Legislativo.

Artículo 26.- En tiempo de conflicto armado y durante la vigencia del estado de guerra, el sistema de disponibilidad permanente de recursos será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27.- El Poder Judicial ejerce la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar a que refiere el artículo 253 de la Constitución de la República.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional, coordinará con la Suprema Corte de Justicia el respectivo traslado de funciones, mediante el correspondiente proyecto de modificación a la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985, Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales.

La jurisdicción militar, conforme con lo dispuesto en el artículo 253 citado, mantiene su esfera de competencia exclusivamente a los delitos militares y al caso de estado de guerra.

Artículo 28.- Dispónese que solo los militares pueden ser responsables del delito militar.

Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria.

Artículo 29.- Dispónese que la instrucción militar y el servicio militar son de carácter voluntario.

Artículo 30.- Las necesidades de la Defensa Nacional y las líneas generales de política de Defensa Nacional serán objeto de información constante y actualizada, las que serán difundidas a través de un "Libro Blanco".

Artículo 31. (Disposición transitoria).- Dispónese que hasta la implementación de lo dispuesto en el artículo 27, mantendrán plena vigencia las normas contenidas en los Códigos Penal Militar, de Organización de los Tribunales Militares y de Procedimiento Penal Militar, con excepción de lo establecido en el artículo 28, en cuanto no se ajuste a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 32.- El Poder Ejecutivo dictará las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 33.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de agosto de 2009.

Roque Arregui Presidente

José Pedro Montero Secretario."

-Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

SEÑOR BAYARDI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR BAYARDI.- Señor Presidente: no voy a extenderme demasiado, y para ser breve propondría, si los señores Legisladores estuvieran de acuerdo, pasar a tomar la votación nominal, porque al tratarse del levantamiento de un veto presidencial hay que proceder de esa manera. Hemos alcanzado un acuerdo con el Partido Nacional -Partido con el que trabajamos, fundamentalmente, en la redacción del proyecto de ley que fue sancionado por ambas Cámaras- para levantar dicho veto, que está fundamentado en una razón de conveniencia.

En la Cámara de Representantes ya hemos analizado la conveniencia o no de avanzar en la organización conjunta de trabajo de nuestras Fuerzas Armadas, y estaríamos de acuerdo en levantar el veto.

Por lo tanto, solicito que se pase lo antes posible a la votación nominal, y dado que se trata de la votación del levantamiento del veto presidencial, que la Mesa aclare la forma como procesará, si por la afirmativa o la negativa.

SEÑOR GARCIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Legislador.

SEÑOR GARCIA.- Señor Presidente: en honor a la brevedad, para proceder a la votación cuanto antes, queremos comunicar que el Partido Nacional votará el levantamiento de la observación, por la sencilla razón de que lo que se observa en el proyecto que remite el Poder Ejecutivo fue uno de los argumentos fundamentales por los que el Partido Nacional votó el proyecto de ley de Defensa Nacional. Es un aspecto de modernidad que consideramos muy importante, como la creación del Estado Mayor de Defensa, con las atribuciones que se le dan en el proyecto que votamos en la Cámara de Diputados y se votó en el Senado, y no con el vaciamiento de funciones que se haría por medio de las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo en caso de mantenerse el veto.

Por lo tanto, vamos a votar el levantamiento de la observación, y hacemos honor a la brevedad que prometimos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se procederá a tomar la votación nominal.

Primero votarán los Senadores y luego los Diputados.

El voto por no implica el levantamiento del veto y el voto por sí implica su mantenimiento.

Tómese la votación nominal.

(Se toma en el siguiente orden:)

SEÑOR ABREU.- Negativa.

SEÑOR AGAZZI.- Negativa.

SEÑOR ALFIE.- Negativa.

SEÑOR ARANA.- Negativa.

SEÑOR ASTORI.- Negativa.

SEÑOR CID.- Negativa.

SEÑOR COURIEL.- Negativa.

SEÑORA DALMAS.- Negativa.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Negativa.

SEÑOR GARGANO.- Negativa.

SEÑOR HEBER.- Negativa.

SEÑOR LAPAZ.- Negativa.

SEÑOR LARA.- Negativa.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Negativa.

SEÑOR LONG.- Negativa.

SEÑOR MICHELINI (don Rafael).- Negativa.

SEÑOR MOREIRA.- Negativa.

SEÑOR PENADES.- Negativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Negativa.

SEÑOR SARAVIA.- Negativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Negativa.

SEÑOR VAILLANT.- Negativa.

SEÑORA XAVIER.- Negativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- A continuación, se tomará la votación a los señores Representantes.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Negativa.

SEÑORA ARGIMON.- Negativa.

SEÑOR ARREGUI.- Negativa.

SEÑOR ASTI.- Negativa.

SEÑOR BARAIBAR.- Negativa.

SEÑOR BAYARDI.- Negativa.

SEÑOR BENTANCOR.- Negativa.

SEÑOR BERNINI.- Negativa.

SEÑOR BONOMI.- Negativa.

SEÑOR BORSARI BRENNA.- Negativa.

SEÑOR BRUNO.- Negativa.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Negativa.

SEÑOR CASAS.- Negativa.

SEÑOR CLAVIJO.- Negativa.

SEÑOR CHARAMELO.- Negativa.

SEÑOR DELGADO.- Negativa.

SEÑOR DOMINGUEZ.- Negativa.

SEÑOR ESPINOSA.- Negativa.

SEÑOR FERNANDEZ.- Negativa.

SEÑOR GAMOU.- Negativa.

SEÑOR GANDINI.- Negativa.

SEÑOR GARCIA.- Negativa.

SEÑORA GAUTHIER.- Negativa.

SEÑOR GONZALEZ ALVAREZ.- Negativa.

SEÑOR HERNANDEZ.- Negativa.

SEÑOR IBARRA.- Negativa.

SEÑOR ITURRALDE VIÑAS.- Negativa.

SEÑOR LORENZO.- Negativa.

SEÑOR MAHIA.- Negativa.

SEÑOR MARTINEZ HUELMO.- Negativa.

SEÑOR MICHELINI (don Felipe).- Negativa.

SEÑOR MUJICA.- Negativa.

SEÑOR ORRICO.- Negativa.

SEÑORA PASSADA.- Negativa.

SEÑORA PAYSSE.- Negativa.

SEÑOR PEÑA FERNANDEZ.- Negativa.

SEÑOR PEREZ.- Negativa.

SEÑOR PEREZ GONZALEZ.- Negativa.

SEÑOR POZZI.- Negativa.

SEÑOR RODRIGUEZ.- Negativa.

SEÑOR ROSADILLA.- Negativa.

SEÑOR SALSAMENDI.- Negativa.

SEÑOR SEMPRONI.- Negativa.

SEÑOR SOUZA.- Negativa.

SEÑOR TAJAM.- Negativa.

SEÑORA TRAVIESO.- Negativa.

SEÑOR TROBO.- Negativa.

SEÑOR VARELA NESTIER.- Negativa.

SEÑOR VEGA LLANES.- Negativa.

SEÑOR VIERA.- Negativa.

SEÑOR YANES.- Negativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación.

(Se lee:)

"Han votado cincuenta y un señoras y señores Representantes y veintitrés señoras y señores Senadores, y todos lo han hecho por la negativa, es decir por el levantamiento del veto".

- Habiéndose obtenido la mayoría requerida por la Constitución de la República, queda levantado el veto y firme el proyecto de ley sobre la Ley Marco de Defensa Nacional.

9) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 12 y 24)

DR. CARLOS MOREIRA PRIMER VICEPRESIDENTE

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Dr. José Pedro Montero Secretarios

Héctor Luis González Supervisor del Cuerpo de Taquígrafos de la Cámara de Representantes

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.