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Nº 306 - TOMO 467 - 12 DE OCTUBRE DE 2009

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

36ª SESION

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4) Asuntos entrados

5) Pedido de informes

- El señor Senador Gustavo Penadés, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la construcción de las viviendas para activos y pasivos.

- Oportunamente fue tramitado.

6) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Gallinal, Amaro, Mujica, Fernández Huidobro, Astori y Michelini.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Lucía Topolansky y los señores Carlos Mazzulo, Eduardo Bonomi, Enrique Pintado, Carlos Baráibar, Felipe Michelini, Ricardo Alcorta y Edgardo Carvalho.

8) Abreviación de los procesos laborales

- Proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.572, de 13 de setiembre de 2009.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

9) Régimen de trabajo

- El Senado resuelve remitir el proyecto de ley por el que se establece la creación de un instrumento financiero que favorezca el consumo de naftas en el sector de taxis y remises. A la Comisión de Hacienda.

10) Extensión del subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa DANCOTEX S.A.

- Proyecto de ley por el que se extiende por 180 días el subsidio por desempleo.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Seguridad operacional de la aeronáutica civil

- Proyecto de ley por el que se aprueban normas relativas a la seguridad operacional en nuestro país.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Sector avícola

- Proyecto de ley por el que se regula el procedimiento para la fijación de variables que afectan su cadena productiva.

- En consideración. Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

13) Sistema nacional de emergencias

- Proyecto de ley por el que se crea como un sistema público de carácter permanente.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Identidad de género, cambio de nombre y sexo registral

- Proyecto de ley por el que se establecen normas relativas a estos derechos.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo correspondientes al Ejercicio 2008

- Proyectos de resolución por los que se aprueban dichos Balances de Ejecución.

- En consideración. Aprobados.

16) Accidente de efectivos uruguayos en misión de paz en la República de Haití

- Manifestaciones del señor Senador Moreira.

17) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 7 de octubre de 2009.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo lunes 12 de octubre, a la hora 9 y 30, a fin de hacer cesar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) Por el cual se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.572, de 13 de setiembre de 2009, sobre abreviación de los procesos laborales.

Carp. Nº 1670/09 - Rep. Nº 1177/09

2) Por el cual se extiende el subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa Dancotex S.A.

Carp. Nº 1671/09 - Rep. Nº 1178/09

3) Por el que se aprueban normas sobre Seguridad Operacional de la Aeronáutica Civil del Uruguay.

Carp. Nº 1668/09 - Rep. Nº 1179/09

4) Por el que se establece la creación de un instrumento financiero que favorezca el consumo de naftas en el sector de taxis y remises.

Carp. Nº 1208/08 - Rep. Nº 1180/09

5) Por el que se regula el procedimiento de fijación de variables que afectan la cadena productiva del sector avícola.

Carp. Nº 1666/09 - Rep. Nº 1181/09

6) Por el que se crea el Sistema Nacional de Emergencias como un sistema público de carácter permanente.

Carp. Nº 1669/09 - Rep. Nº 1182/09

7) Discusión particular del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen normas relativas al derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral.

Carp. Nº 1027/07 - Rep. Nº 1183/09

Discusión única de los siguientes proyectos de resolución:

8) Por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al Ejercicio 2008.

Carp. Nº 1630/09 - Rep. Nº1184/09

9) Por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, correspondiente al Ejercicio 2008.

Carp. Nº 1643/09 - Rep. Nº 1185/09

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Agazzi, Alfie, Antía, Antognazza, Arana, Cid, Couriel, Dalmás, Gallicchio, Gargano, Heber, Lapaz, Lara Gilene, Lorier, Moreira, Muguruza, Penadés, Percovich, Pérez Antón, Ríos, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amaro, Astori, Fernández Huidobro, Gallinal, Michelini y Mujica; y, con aviso, los señores Senadores Abreu, Da Rosa, Larrañaga, Long y Sanguinetti.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 9 y 38 minutos)

- El Senado ha sido convocado a fin de levantar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar los asuntos que figuran en el Orden del Día.

Corresponde votar si se levanta el receso.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 38 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje complementario del Poder Ejecutivo al proyecto de ley remitido con fecha 12 de noviembre de 2008, por el que se aprueba el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la Resolución de la Conferencia Diplomática Suplementaria al Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas y a su Reglamento, firmado en Singapur, el 27 de marzo de 2006.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el 16 de junio de 2008;

- por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el 9 de julio de 2007;

- por el que se restablece la vigencia del artículo 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y del artículo 125 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, relacionados con bienes y valores decomisados por la Junta Nacional de Drogas;

- por el que se declara el 11 de abril de cada año: ‘Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena’;

- por el que se establece el fondo de garantía para la reestructuración de pasivos de las instituciones de asistencia médica colectiva;

- por el que se modifica la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008, sobre Declaración Judicial de Concurso y Organización Empresarial;

- por el que se deroga el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.276, de 27 de setiembre de 1974, y se faculta al Poder Ejecutivo a trasladar los restos del General José Gervasio Artigas al Edificio Independencia;

- por el que se comete a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la creación del Sistema Nacional de Acreditación de Veterinarios de libre ejercicio dentro del sector pesquero, y se establecen sus cometidos;

- por el que se declara el 15 de setiembre de cada año ‘Día de celebración de la Democracia’;

- por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 102 sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su trigésima quinta reunión celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, en junio de 1952;

- por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 135, relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores, adoptado en la quincuagésima sexta reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, en el año 1971;

- por el que se designa ‘Isabel Rosano Stagi de Baison’ el Jardín Asistencial Nº 117 del departamento de Florida, dependiente del Consejo de Educación Inicial y Primaria, Administración Nacional de Educación Pública;

- por el que se crea el Colegio Médico del Uruguay;

- por el que se sustituyen diversas disposiciones contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia relativas a la adopción;

- por el que se modifica el artículo 1º de la Ley Nº 17.200, de 23 de setiembre de 1999, relativo a la concesión de una pensión graciable a la profesora María Tania Siver;

- por el que se extiende el régimen de facilidades de pago dispuesto por la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, en los casos de aportes a la seguridad social generados por entidades de carácter deportivo;

- por el que se dictan normas sobre la regulación y promoción del uso eficiente de energía en el territorio nacional.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Administración Nacional de Telecomunicaciones remite nota relacionada con las palabras pronunciadas por el señor Senador Gustavo Lapaz sobre la interrupción de los servicios de ANTEL en la zona del litoral, el día 28 de junio de 2009.

- TENGASE PRESENTE.

La Cámara de Representantes remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Jaime Trobo, relacionadas con la gestión parlamentaria durante este período.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

El Presidente del Senado comunica al Cuerpo que ha resuelto aprobar el texto ordenado de normas estatutarias del funcionario de la Cámara de Senadores, con las modificaciones introducidas por el Senado en la presente legislatura

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Maldonado remite nota presentada el 29 de setiembre por el señor Edil Eugenio Pimienta, referente al llamado a concurso dispuesto por el CODICEN, con la finalidad de proveer en efectividad los cargos de secretaría vacantes en los centros educativos del país.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Gustavo Penadés, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, relacionado con la construcción de las viviendas para activos y pasivos."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 1° de octubre de 2009.

Señor Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a Ud. que, en uso de las facultades que confiere el Art. 18 de la Constitución de la República, se remita el siguiente Pedido de Informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

Se solicita:

1) Indicar para el período que comprende desde el mes de marzo de 2005 a junio de 2009, el número de viviendas terminadas del Sector Público por Programa: para activos, pasivos y monto de las inversiones destinadas a las mismas y lo ejecutado por MEVIR, detallando el número de familias que fueron incluidas y los recursos del Ministerio destinados a ese fin en este período.

2) Indicar el número de viviendas iniciadas en el período de gobierno anterior y terminadas en el actual; las iniciadas y finalizadas en este período y las iniciadas en el actual período, y que no alcanzaron el 50% de avance al 30 de junio de 2009.

3) Informar acerca del número de viviendas sin terminar, pero que tienen un avance superior al 50%, discriminando por Entidad Ejecutora: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Agencia Nacional de Vivienda, BHU, MEVIR, Intendencia Municipal de Montevideo y el monto de inversión de los recursos ministeriales utilizados en las mismas hasta la fecha 30 de junio de 2009.

4) Detallar lo invertido en el Programa PIAI en el presente período de gobierno y el número de familias que benefició.

5) Detallar en relación a los puntos anteriores, el número de viviendas y el monto de la inversión destinada a familias de menos y de más de 30 UR de ingreso familiar mensual.

6) Indicar para el período que va desde marzo de 2005 hasta junio de 2009, y en relación a viviendas destinadas a Pasivos el número de iniciadas y terminadas en el período; el de viviendas actualmente en construcción detallando su grado de avance.

Se solicita se indique el monto de inversión a cargo del

Fondo de Pasivos.

Asimismo se solicita se indique a cuánto ascendía el monto acumulado por concepto del Fondo de Pasivos al ingreso de esta Administración y de cuánto es el monto al 30 de junio de 2009.

7) Indicar el número de prestaciones que no pueden ser consideradas viviendas incorporadas al stock, (por ejemplo pequeños préstamos para materiales, garantías de alquileres, redes de infraestructura, etc.) detalladas por tipos y montos de inversión que fueron destinadas a familias del área urbana y cuántas a las del área rural, en la presente Administración y en las anteriores.

8) ¿Qué ha motivado la demora en la implantación de un sistema de subsidio asociado a la cuota, tal como lo determinaba el Plan Quinquenal de Vivienda 2005-2007?

9) ¿Cómo prevé la administración contemplar la demanda insatisfecha en las distintas líneas de acción que procuran paliar el déficit habitacional para activos y pasivos?

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo C. Penadés. Senador."

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias:

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- A la sesión extraordinaria del 1º de octubre faltaron, con aviso, los señores Senadores Abreu, Antía, Da Rosa, Gallinal, Heber y Larrañaga; y, sin aviso, los señores Senadores Lara Gilene y Moreira.

A la sesión extraordinaria del 6 de octubre faltaron, con aviso, los señores Senadores Alfie, Da Rosa, Larrañaga, Long, Lorier, Moreira y Sanguinetti; y, sin aviso, los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Gallinal, Lapaz, Lara Gilene, Penadés y Ríos.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Francisco Gallinal solicita licencia por el día 12 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 9 de octubre de 2009

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa

Presente.-

De mi mayor consideración:

Solicito a usted se sirva cursar al Cuerpo el pedido de licencia por el día 12 de los corrientes, al amparo del literal D Art. 1º de la Ley 17.827 del 20 de setiembre de 2004, se convoque a mi suplente respectivo.

Saludo a Usted muy atentamente,

Dr. Francisco Gallinal Nieto. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que el señor Carlos Mazzulo ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Romeo Pérez Antón.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Juan Justo Amaro solicita licencia por el día 12 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 9 de octubre de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Sr. Rodolfo Nin Novoa

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de comunicarle la imposibilidad de concurrir a la sesión de Senado citada para el próximo lunes 12 de octubre, solicitando un día de licencia.

Motiva tal petitorio el hecho de ser una fecha muy especial donde no solo se conmemora el Día de las Américas o de la Raza sino que se celebra otro año de aquella histórica e impresionante batalla de Sarandí Grande del 12 de octubre de 1825; un día de gloria para los orientales.

También es de destacar que se festejan los 75 años del raid hípico de Sarandí Grande.

Por lo antes expuesto, como Floridense estaré en las celebraciones de mi departamento.

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente

Juan Justo Amaro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 20. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador José Mujica solicita licencia por el día 12 de los corrientes."-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 12 de octubre de 2009.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia sin goce de sueldo en acuerdo a la ley 17.827, durante el día 12 de octubre de 2009.

Saluda a Ud. atentamente,

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que la señora Lucía Topolansky y el señor Eduardo Bonomi han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Héctor Tajam.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por el día 12 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 12 de octubre de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia para el día 12 de octubre.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

E. Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que la señora Lucía Topolansky y el señor Eduardo Bonomi han presentado notas de desistimiento informando que por esa vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Muguruza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 12 de octubre de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día 12 de octubre del presente año. Solicito asimismo se convoque a mi suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 18. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Enrique Pintado y Carlos Baráibar han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Milton Antognazza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 12 de octubre de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto en el inciso D, del artículo 1º de la Ley Nº 17.827 de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a usted se me conceda licencia por motivos personales, el día 12 de octubre.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Felipe Michelini, Ricardo Alcorta y Edgardo Carvalho han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio.

8) ABREVIACION DE LOS PROCESOS LABORALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.572, de 13 de setiembre de 2009, sobre abreviación de los procesos laborales. (Carp. Nº 1670/09- Rep. Nº 1177/09.)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1670/09

Rep. N° 1177/09

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 28 de setiembre de 2009.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo para remitir un Proyecto de Ley en los términos que se detallan a continuación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Recientemente este Parlamento ha sancionado la Ley N° 18.572, de fecha 13 de setiembre de 2009 por la cual se modifica el proceso laboral, creando dos estructuras procesales diversas. La primera para el proceso ordinario y la segunda para las denominadas pequeñas causas.

La puesta en funcionamiento de la reforma procesal laboral prevista en la referida Ley requiere, como cuestión imprescindible y previa, la implementación de una serie de medidas tendientes a compatibilizar las nuevas estructuras procesales con los medios humanos, financieros, técnicos y logísticos que garanticen su normal desenvolvimiento y el cabal cumplimiento de la finalidad perseguida por la norma.

En opinión coincidente con la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo entiende conveniente prorrogar hasta el 1° de marzo de 2010, la entrada en vigencia de la Ley de "Abreviación de los procesos laborales".

La adopción, de un período razonable de postergación, contribuirá a la obtención de los recursos financieros necesarios así como la adecuación de las condiciones humanas (especialmente formación de magistrados y funcionarios) y materiales que propicien una correcta puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal laboral.

A tales efectos, se promueve el Proyecto de Ley que se acompaña.

Saludamos a ese Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Julio Baráibar, Carlos Liscano.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Prórrogase la entrada en vigencia de la Ley de "Abreviación de los procesos laborales" hasta el 1° de marzo de 2010.

Julio Baraibar, Carlos Liscano."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo con el objetivo de prorrogar la fecha de vigencia de la ley que oportunamente votara el Parlamento. Efectivamente, el 13 de setiembre de 2009 se sancionó la Ley Nº 18.572 por la cual se modifica el proceso laboral y se crean dos estructuras procesales distintas: una para el proceso ordinario y otra para las denominadas "pequeñas causas".

La puesta en funcionamiento de esta reforma procesal prevista en la Ley a que estamos haciendo mención, requiere como cuestión previa e imprescindible la implementación de una serie de medidas tendientes a compatibilizar las nuevas estructuras procesales con los medios humanos, financieros, técnicos y logísticos que garanticen su normal desenvolvimiento y el cabal cumplimiento de la finalidad perseguida por la norma.

La Suprema Corte de Justicia ha solicitado tiempo para adaptarse a las nuevas definiciones de los procesos laborales y, por lo tanto, pide que se fije un período razonable. En consecuencia, aconseja votar este proyecto de ley que tiene un artículo único que dice: "Prorrógase la entrada en vigencia de la Ley de ‘Abreviación de los procesos laborales’ hasta el 1º de marzo de 2010". Este es el contenido del proyecto de ley y aconsejamos que se vote.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: ofendería mi conciencia si no dijera que estoy sorprendido por la llegada de este proyecto de ley. Hace aproximadamente dos meses en la Comisión de Constitución y Legislación trabajamos durante un mes y medio estudiando a fondo este proyecto de ley artículo por artículo y con la presencia de las Cátedras de Derecho Laboral y de Derecho Procesal.

En mi opinión, esta ley tiene un contenido profundamente transformador del proceso laboral, lo cual es beneficioso para todas las partes que intervienen, fundamentalmente para los trabajadores, que eran los que más sufrían con los interminables juicios laborales. En pocas palabras, tenemos una profunda identificación con esta ley, no solo por haber contribuido a sancionarla, sino también porque compartimos los juicios de la Cátedra de Derecho Laboral, partiendo del Catedrático Ad Honorem, Héctor Hugo Barbagelata, hasta el conjunto de los laboralistas que ejercen en la Universidad de la República.

Aclaro que no me niego a estudiar este proyecto de ley, pero no estoy dispuesto a votarlo sobre tablas. En primer lugar, se dice que se necesitan más recursos financieros y supongo que eso solo se puede obtener a través de la Rendición de Cuentas, aunque a lo mejor hay otro procedimiento que desconozco. Por otro lado, los recursos humanos existen y, en ese sentido, según se me informa, la Suprema Corte de Justicia ha creado dos Juzgados Letrados recientemente, después de la sanción de la ley.

De modo que propondría a mi Bancada que estudiemos este tema y posterguemos la consideración de este punto hasta que lleguemos a un acuerdo. En ese sentido, mociono para que se postergue el tratamiento de este asunto en el día de hoy y se pase a Comisión para estudiarlo y analizarlo detenidamente.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: estoy tan sorprendido como el señor Senador Gargano, pero tengo una visión diferente. El Partido Nacional estuvo en contra de este proyecto de ley porque consideramos que tiene defectos sustanciales. Por ejemplo, señalábamos que tenía un problema de aplicación práctica, que es lo que precisamente está revelando el aplazamiento que se solicita en este momento. Esta es una historia que se vuelve a repetir, porque en este Cuerpo se han votado varios proyectos de ley que después no se pueden aplicar, y este es uno de ellos.

Ahora se dice que tiene que haber más recursos financieros, y le asiste razón al Legislador preopinante en tanto ello debe ser objeto de una previsión presupuestal; pero para la fecha en que se ha fijado el aplazamiento no va a haber ninguna instancia que la habilite. Por otro lado, si también hacen falta más recursos humanos, se deberá hacer la previsión presupuestal correspondiente, y esta prórroga tampoco ampara una solución para ello.

En su momento dijimos que los Jueces no iban a poder cumplir con la exigüidad de los plazos que se prevén en esta reforma de procesos laborales y, efectivamente, eso es así. Se está tirando la pelota para adelante. Lo mismo ha ocurrido con la ley de seguro obligatorio y seguramente sucederá con la ley de patentes, respecto de la que ya se nos avecina una fenomenal discusión nacional con recursos de inconstitucionalidad. Quiero ver cómo se va a aplicar a partir del 1º de enero la ley de patentes; ¡habrá que andar a pie!

En consecuencia, aquí hemos votado leyes que después no se pueden aplicar; así lo hemos prevenido y esta es una manifestación más de este procedimiento legislativo. No hay duda de que este aplazamiento es, reitero, tirar la pelota para adelante y nada más que eso, ya que las dificultades en materia de recursos humanos y financieros no se pueden solucionar en el término previsto por la ley.

En definitiva, simplemente queremos reiterar que ya debe ser la quinta o la sexta vez que se votan instrumentos legislativos que luego no se aplican, y ello es muy malo para la imagen del propio Parlamento. Estamos votando leyes en el papel que después no se concretan en la práctica, y esta iniciativa es una manifestación palpable de ello.

Quería dejar sentada mi posición ante el aplazamiento que se solicita.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Desde el punto de vista conceptual, el Partido Colorado estuvo de acuerdo con este proyecto de ley, y no solo para este caso en particular, sino para los juicios en general, siempre y cuando se guarden las debidas garantías de todas las partes. Sin embargo, en lo referente al texto concreto de la iniciativa, se planteaban una serie de dudas que llevaron al Partido Colorado a votar en contra de determinados artículos. A su vez, el contenido del articulado ha motivado el análisis de varios especialistas en la materia, quienes advirtieron acerca de importantes problemas que surgirían en la aplicación de la nueva normativa y que derivarían en situaciones no deseadas, algunas en perjuicio, inclusive, de los propios trabajadores que, eventualmente, deberían volver a empezar el juicio. Es así que, si bien compartimos el fondo de la cuestión que trata el proyecto de ley, pensamos que este ameritaría un estudio más detallado y en profundidad.

Ya que se plantea esta iniciativa de postergación para la entrada en vigencia de la ley, el Partido Colorado desea proponer que no se establezca como fecha el 1º de marzo de 2010, sino que se aplace un poco más. En dos semanas tendremos nuevas mayorías parlamentarias y, si bien ellas no se expresarán hasta dentro de cuatro meses, me parece razonable postergar la vigencia de la ley para un poco más adelante. Las razones para ello son las que ya he manifestado, pero también las que ha expuesto el señor Senador Gargano, puesto que si el problema final son las carencias de recursos -tanto humanos como financieros-, hasta que no entre en vigencia el nuevo presupuesto o se vote la Rendición de Cuentas de 2009 con algún artículo especial, no es factible solucionarlo. Entonces, ¿por qué se aplaza solo hasta el 1º de marzo de 2010 y no establecemos una fecha más razonable que coincida, por ejemplo, con la aprobación de la Rendición de Cuentas? Podría fijarse el 1º de setiembre de 2010 y no cambiaría absolutamente nada, mandándolo a Comisión por unos días, podríamos, incluso, arreglar algunos aspectos del texto en función de las diferentes opiniones que han expuesto los expertos en la materia.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- No es mi intención volver a discutir el contenido de una ley que, como señaló el señor Senador Gargano, motivó un arduo trabajo previo. Sin embargo, quien dedicó mucho tiempo de su vida a leer sobre estos temas laborales, se enfrenta hoy en Sala ante unos planteos muy preocupantes. El hecho de que, ante una solicitud de prórroga de la Suprema Corte de Justicia, se quiera rever el concepto protector del trabajador y el contenido de esta ley, en virtud de un razonamiento conservador del Derecho Laboral, atentando contra sus principios, creo que, por lo menos para este Senador, es tener una visión del Derecho Laboral restringida, que busca que el objetivo central de la ley sea burlado. Si la Suprema Corte de Justicia tiene problemas para aplicar la ley, veremos cómo lo solucionamos -vamos a conversar ahora con nuestro coordinador de Bancada-, pero no podemos aceptar que no se apliquen los principios que dieron lugar a esta ley -el principio protector y el principio de defensa del trabajador-, tal como se ha escuchado recientemente en Sala.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Formulo moción para que el Senado pase a cuarto intermedio por aproximadamente 20 minutos.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- No alcanzo a entender qué quiso expresar el señor Senador Ríos. Los que solicitan el aplazamiento de la ley son los Legisladores de la Bancada de Gobierno y no nosotros. La ley ya está votada y el que está solicitando que la misma no se aplique es el Gobierno. En su oportunidad ya hemos dado nuestra opinión sobre esta norma y queremos que se entienda bien claro que no somos nosotros quienes solicitamos el aplazamiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción del señor Senador Vaillant.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de 15 minutos.

(Así se hace. Es la hora 10 y 2 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 10 y 30 minutos)

9) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: luego del intermedio que solicitamos para realizar la reunión de Bancada que acaba de culminar, vamos a proponer al Cuerpo que el proyecto de ley a consideración en este momento, relativo a la abreviación de los procesos laborales, pase a la Comisión de Constitución y Legislación para su estudio en profundidad.

También aprovecho esta oportunidad para solicitar el mismo trámite con respecto al asunto que figura como cuarto punto del Orden del Día, relativo a la creación de un instrumento financiero que favorezca el consumo de naftas en el sector de taxis y remises.

(Aplausos en la Barra)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia recuerda que la Barra no puede hacer manifestaciones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Vaillant en el sentido de que el asunto que figura como primer punto del Orden del Día sea devuelto a la Comisión de Constitución y Legislación.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del señor Senador Vaillant en el sentido de que el asunto que figura como cuarto punto del Orden del Día sea remitido a la Comisión de Hacienda.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

10) EXTENSION DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO A LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DANCOTEX S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se extiende el subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa Dancotex S.A. (Carp. Nº 1671/09 - Rep. Nº 1178/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1671/09

Rep. N° 1178/09

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 29 de setiembre de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo para remitir un Proyecto de Ley por el cual se otorgan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa DANCOTEX S.A., sita en la ciudad de Colonia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto de ley que se acompaña tiene el propósito de contribuir a la preservación de la fuente de trabajo de los empleados de la empresa Dancotex S.A. situada en la ciudad de Colonia, la que se encuentra dotada de importante infraestructura para la confección de tejidos, pero inoperante merced al virtual abandono de la misma por parte de su propietario.

Los trabajadores de la Empresa han venido realizando gestiones en los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, presentando propuestas para poner nuevamente en funcionamiento la planta industrial.

Los proyectos en tal sentido han venido siendo analizados por las carteras mencionadas precedentemente, advirtiéndose en los mismos la presencia de elementos que permiten avizorar una posibilidad cierta del reinicio de las actividades, en condiciones de rentabilidad adecuadas y de sostenibilidad.

No obstante, pese a los avances logrados, falta aún concluir los estudios de factibilidad correspondientes, siendo que el Poder Ejecutivo ya ha utilizado y agotado, en cuanto a la mayoría de los trabajadores involucrados, las facultades de extensión del subsidio por desempleo conferidas por el artículo 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981.

En suma, el proyecto que se eleva persigue la finalidad de propiciar la reactivación de tan importante planta industrial y preservar la fuente de trabajo que ella significa, evitando, al propio tiempo, la pérdida de mano de obra especializada de alto valor.

Saludamos a este alto Cuerpo con la más amplia estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Julio Baráibar, Alvaro García, Raúl Sendic.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de DANCOTEX Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación por desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.399, de 24 de octubre de 2008).

La ampliación del plazo de la presentación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Julio Baráibar, Alvaro García, Raúl Sendic."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: en este proyecto de ley se propone la extensión por 180 días del seguro de desempleo para los trabajadores de la empresa Dancotex S.A., situada en Colonia. Este conjunto de trabajadores ha presentado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un proyecto de ley para recuperar, por lo menos en dos rubros, la producción de esta empresa. Por ello entendemos que mientras la Comisión correspondiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no se expida y determine la viabilidad de ambos proyectos, es de recibo que votemos una extensión del seguro de desempleo por 180 días, dado que es posible que se recupere parte de la producción de la planta de Dancotex S.A, lo que sería importante para la ciudad de Colonia y sus trabajadores.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: vamos a votar con mucho gusto este proyecto de ley.

Esta mañana ha sido estimulante desde el punto de vista legislativo, y ahora se concreta con esta prórroga del subsidio por desempleo de los trabajadores de Dancotex S.A., empresa que ha cambiado su razón social, pues antes era Sudamtex, y que ha sido el buque insignia de la economía de Colonia del Sacramento durante más de cincuenta años. Por lo tanto, comprometemos la mayor intención de mantener abierta esta fuente de trabajo, que es esencial para la ciudad de Colonia y su economía.

Como sabemos, en los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas hay varios proyectos: uno energético -según me acaban de informar- y otro textil que puede ocupar a doscientas personas, en los cuales ha estado trabajando la unidad de empresas recuperadoras.

Reitero que comprometemos todos los esfuerzos del Partido Nacional -estoy seguro de que el Partido de Gobierno coincide en ello- para que esta importantísima fuente de trabajo se mantenga abierta, por el bien de los trabajadores de Colonia, quienes en algún momento llegaron a superar el millar.

Como Intendente, hace unos años hicimos diversos esfuerzos para tratar de exonerar del pago de Contribución Inmobiliaria y de Tasas, pero el proyecto naufragó; ahora esperamos que corra mejor suerte. De cualquier manera, en tanto esto no suceda, el amparo del seguro de desempleo tiene que seguir a favor de los trabajadores de Dancotex S.A.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: vamos a apoyar la propuesta de la extensión por 180 días del subsidio por desempleo para los trabajadores de Dancotex S.A.

Creo que después de tanta peripecia que ha habido con la anterior razón social de la empresa, es decir, con Sudamtex, y luego con su transformación en otra firma, que fue abandonada a pesar de que el empresario goza de muy buena salud en algún país del Medio Oriente, hay un importante grupo de trabajadores que ha hecho un formidable esfuerzo para lograr su mantenimiento a los efectos de poder poner en marcha esta fuente de trabajo.

Afortunadamente, los protagonistas del desastre no están presentes y, quizás, de aquí pueda salir algo extremadamente positivo, pero para ello hay que prorrogar el subsidio por desempleo de los trabajadores, de manera que puedan tener tiempo de materializar su cooperativa. He estado con ellos hace una semana y, por lo que me han dicho, estoy convencido de que van a salir adelante.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de DANCOTEX Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación por desempleo que se otorgue en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 6º y 10 del Decreto - Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.399, de 24 de octubre de 2008).

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

11) SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueban normas sobre Seguridad Operacional de la Aeronáutica Civil del Uruguay. (Carp. Nº 1668/09 - Rep. Nº 1179/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1668/09

Rep. N° 1179/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Interés público).- Se considera de interés público el fomento y la supervisión de la actividad aeronáutica civil con el objetivo de procurar los más altos niveles posibles de seguridad operacional.

Artículo 2°. (Principios).- La regulación y la supervisión continua de la seguridad operacional deberán efectuarse en los términos de los artículos 37 y 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional suscrito en Chicago, el 7 de diciembre de 1944, aprobado por la Ley N° 12.018, de 4 de noviembre de 1953. Asimismo se adecuará en lo posible a lo establecido en los Anexos al referido convenio y demás documentos que en la materia emita la Organización de Aviación Civil Internacional.

El Poder Ejecutivo y la autoridad aeronáutica fomentarán la cooperación regional en lo referente a la supervisión continua de la seguridad operacional.

Artículo 3°. (Autoridad Aeronáutica).- La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica es la autoridad aeronáutica en materia de seguridad operacional de acuerdo con lo establecido en las leyes y en los reglamentos vigentes.

Constituye el órgano especializado sin perjuicio de las demás atribuciones que establezca la reglamentación. Estará a cargo de la supervisión y el control de la actividad aeronáutica de la República.

Artículo 4°. (Atribuciones de la autoridad aeronáutica).- Para el cumplimiento de sus cometidos en materia de seguridad operacional, tendrá las siguientes atribucio-

nes:

A) Realizar la supervisión continua de la seguridad operacional en la actividad aeronáutica civil.

B) Expedir los correspondientes certificados de aeronavegabilidad a las aeronaves matriculadas en la República que cumplan con los requisitos establecidos, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de la presente ley.

C) Expedir los certificados de explotador de servicios aéreos, con las correspondientes especificaciones de operación a los solicitantes que hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación.

D) Expedir los correspondientes certificados, autorizaciones, habilitaciones o permisos según sea el caso, a los distintos operadores aeronáuticos que los soliciten y que hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos, tales como los de aeropuertos o aeródromos, organizaciones de mantenimiento u organizaciones de entrenamiento, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación.

E) Expedir las correspondientes licencias, habilitaciones o permisos a todo el personal aeronáutico que haya dado cumplimiento a los requisitos establecidos, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación.

F) Expedir todo tipo de certificado aeronáutico respecto de productos o partes, incluyendo certificados tipo de aeronaves, de motores y de hélices y, en general, de todos los productos aeronáuticos y afines en cuanto cumplan con los requisitos establecidos, así también como suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación.

G) Expedir todo otro documento que se requiera para el ejercicio de actividades o funciones aeronáuticas, como así también suspender o revocar los mismos de acuerdo a la reglamentación.

H) Otorgar, por razones técnicas o de equidad, dispensas al personal, a las empresas y a los explotadores de la actividad aeronáutica, siempre que no se vea comprometida la seguridad operacional, y no se lesionen derechos de terceros.

I) Emitir instructivos en los cuales se especifiquen las políticas particulares o sectoriales a desarrollar en los asuntos de su competencia.

J) Emitir circulares en cuestiones de seguridad, operaciones, aeronavegabilidad y en general en toda materia de su competencia, a fin de especificar los requisitos y los procedimientos genéricamente establecidos en las leyes y reglamentos.

K) Realizar todas las investigaciones, verificaciones, inspecciones y evaluaciones, aptas para el cumplimiento de las funciones de supervisión continua de la seguridad operacional, reiterando las mismas tantas veces como sea necesario cuando el caso lo amerite y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, para lo cual contará con amplias potestades de inspección sobre los documentos, vehículos, aeronaves e instalaciones relacionadas con la actividad aeronáutica.

L) Realizar investigaciones, verificaciones, inspecciones y evaluaciones, reiterando las mismas tantas veces como sea necesario cuando el caso lo amerite y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, acerca de la pericia, conocimientos técnicos y aptitud psicofísica de las personas relacionadas directa o indirectamente a la actividad aeronáutica civil.

M) Realizar los controles necesarios en las personas vinculadas directa o indirectamente a la actividad aeronáutica para detectar la eventual presencia y concentración de alcohol u otras sustancias psicoativas, de acuerdo a lo determinado por la reglamentación, a través de procedimientos de espirometría u otros métodos que expresamente se establezcan, los que podrán ser ratificados a través de exámenes de sangre, de orina u otros análisis clínicos o paraclínicos, debiendo establecer los protocolos de intervención médica para la extracción y conservación de muestras hemáticas, la realización de los análisis de orina o clínicos y la capacitación técnica del personal inspectivo.

N) En general realizar toda otra verificación sobre los servicios, actividades y funciones vinculados directa o indirectamente a la actividad aeronáutica que sean requeridos por razones de seguridad operacional o para la prevención de actos de interferencia ilícita.

O) Establecer pautas de prevención, organización y procedimientos a seguir en caso de accidentes y otras emergencias de acuerdo a lo que determine la reglamentación.

P) Adoptar todas las acciones inmediatas que se requieran ante una emergencia o peligro inminente que pueda afectar la seguridad operacional.

Q) Publicar y difundir las reglamentaciones, resoluciones, instructivos, circulares y en general toda norma o información aeronáutica relativa a la seguridad operacional.

Artículo 5°. (Director Nacional).- El Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica deberá poseer una adecuada formación profesional, calificación técnica y experiencia en la actividad aeronáutica.

Artículo 6°. (Personal Técnico).- A los efectos de cumplir eficaz y eficientemente con sus cometidos en general y en especial con respecto a la supervisión continua de la seguridad operacional, la autoridad aeronáutica deberá contar con el suficiente personal debidamente calificado, a cuyos efectos la reglamentación determinará procedimientos especiales que respetando los principios de publicidad, transparencia y amplio concurso de interesados, permitan la selección, designación y contratación de dicho personal, así como la contratación de servicios para la capacitación y entrenamiento del mismo.

Artículo 7°. (Cooperación).- La autoridad aeronáutica, previa autorización del Poder Ejecutivo y sujeta a los requisitos que establezca la reglamentación, podrá coordinar o complementar con personas jurídicas públicas o privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, equipamientos, instalaciones y servicios, a fin de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en materia de seguridad operacional, de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.

Artículo 8°. (Delegación de atribuciones).- Sin perjuicio de las competencias que legal o reglamentariamente se desconcentren en las dependencias de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, el Director Nacional podrá delegar, por resolución fundada y bajo su responsabilidad, las atribuciones que entienda necesario o conveniente en funcionarios de su dependencia.

Artículo 9°. (Mandato a terceros).- La autoridad aeronáutica, bajo su responsabilidad, por resolución fundada y de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, podrá encomendar a personas públicas o privadas, físicas o jurídicas, debidamente certificadas o calificadas, la realización de tareas específicas en el área de la seguridad operacional. Dichas personas estarán sujetas a la supervisión de la autoridad aeronáutica, la cual podrá suspender, revisar o revocar sus actuaciones.

En cada caso, la autoridad aeronáutica establecerá el alcance de las tareas encomendadas.

Artículo 10. (Fomento de la cooperación internacional).- La autoridad aeronáutica alentará y fomentará la cooperación regional en lo referente a la reglamentación y a la administración de la supervisión continua de la seguridad operacional.

A tales efectos, podrá participar en acuerdos de cooperación de seguridad operacional de la aviación civil con autoridades aeronáuticas extranjeras o con organizaciones internacionales tales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), con la debida autorización.

Podrá también celebrar los acuerdos previstos en el artículo 83 bis del Convenio de Chicago de 1944, sobre Aviación Civil Internacional, aprobado por la Ley N° 12.018, de 4 de noviembre de 1953.

Nada impedirá que, en el marco de los acuerdos mencionados, se establezca la distribución de diferentes funciones y actividades referentes a la supervisión continua de seguridad operacional entre las partes.

Artículo 11. (Matrícula de aeronave privada).- No se concederá matrícula nacional a una aeronave si no se ha dado de baja cualquier matrícula extranjera anterior, salvo lo que establezcan las normas internacionales.

Artículo 12. (Infracciones).- Las infracciones a las normas de esta ley y su reglamentación, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar, serán sancionadas con:

1) Apercibimiento.

2) Multa de hasta 1:000.000 UI (un millón de unidades indexadas).

3) Suspensión de hasta diez años.

4) Cancelación del respectivo documento aeronáutico.

5) Cancelación de la autorización, permiso o concesión de servicios de transporte aéreo público o de servicios de trabajos aéreos.

Las sanciones serán resueltas y aplicadas por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, excepto las previstas en el numeral 5) del presente artículo las que deberán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 13. (Información voluntaria).- En aquellos casos en que hechos vinculados a la seguridad operacional, los cuales por su naturaleza serían pasibles de sanciones administrativas aeronáuticas, sean puestos en conocimiento de la autoridad aeronáutica, por parte del propio infractor, en forma voluntaria, con la finalidad de salvaguardar la seguridad operacional en general y siempre que no sea hayan producido accidentes con daños a terceros, dicha autoridad podrá optar por no aplicar las mismas.

Artículo 14. (Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación).- Créase la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación que funcionará en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional con absoluta autonomía técnica, siendo el organismo competente en materia de investigación de accidentes e incidentes graves de aviación de acuerdo con lo previsto en los artículos 92 a 101 del Código Aeronáutico, teniendo además como cometidos determinar sus causas probables y emitir las recomendaciones de seguridad necesarias para evitar su repetición.

La integración y funcionamiento de dicha oficina quedará sujeta a la reglamentación correspondiente.

Artículo 15. (Obligación de denunciar).- Sustitúyese el artículo 95 del Código Aeronáutico aprobado por el Decreto-Ley N° 14.305, de 29 de noviembre de 1974, por el siguiente:

"ARTICULO 95. (Obligación de denunciar).- Los propietarios, pilotos o explotadores de aeronaves están obligados a denunciar inmediatamente a la autoridad más próxima los accidentes o incidentes que sufran en los casos que prevea la reglamentación.

Idéntica obligación regirá para todas aquellas personas que tomen conocimiento de cualquier accidente de aviación o de la existencia de restos o despojos de una aeronave."

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de setiembre de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 3 de setiembre de 2009.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de remitir para su consideración el presente Proyecto de Ley que se relaciona con la aprobación de una Ley de Seguridad Operacional de la Aeronáutica Civil del Uruguay.

Oportunamente nuestro país fue calificado internacionalmente en "categoría 3" en Seguridad Operacional, calificación que modificó en cuanto a su identificación denominándose ahora "2*".

Dicha calificación reflejaría las carencias que en materia de Seguridad Operacional tendría nuestro país en relación a la regulación, supervisión continua de la Seguridad Operacional, de acuerdo a lo que establecen los Artículos 37 y 38 del convenio sobre Aviación Civil Internacional sus-crito en Chicago el 12 de diciembre de 1944, aprobado por la Ley N° 12.018, de fecha 4 de noviembre de 1953, así como a los Anexos al referido convenio y demás documentos que emite la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Se ha venido trabajando intensamente en salir de dicha categoría, tema que en el año 2007 se puso a consideración en la Junta Nacional de Aeronáutica Civil creada por el Decreto 267/06 de fecha 9 de agosto de 2006, la que en forma sistemática ha venido tratando el tema y coordinando acciones con la labor que desarrolla la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA).

Dentro de las recomendaciones efectuadas para aumentar los niveles de cumplimiento de vigilancia de la Seguridad Operacional, se encontraba la necesidad de que una Ley estableciera un marco jurídico único para cumplir con los objetivos de la Seguridad Operacional en nuestro país.

Es por ello que el presente proyecto de ley tiene como principal objetivo poner al día la legislación nacional en materia de Seguridad Operacional, permitiendo incrementar la seguridad de vuelo y el cumplimiento cabal de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país.

El proyecto sigue los lineamientos fundamentales que se han adoptado en Derecho Comparado, especialmente en los países de la región, basándose asimismo en las recomendaciones internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, las cuales sugieren que la normativa básica en materia de seguridad operacional debe encontrarse al nivel jerárquico más elevado posible dentro del orden jurídico de cada Estado.

Es así, que este proyecto de ley determina la estructura normativa básica, con menciones específicas en áreas consideradas críticas para la seguridad de la aviación, las que hasta el momento en nuestro país, no estaban previstas, otras se encontraban reguladas en forma genérica o incluida a nivel reglamentario.

Dentro de las previsiones que se incorporan con rango legal puede mencionarse la importancia de considerar de interés público el fomento y supervisión de la actividad aeronáutica civil, con el objetivo de procurar los más altos niveles posibles de seguridad operacional. Así como también que la regulación y supervisión continua de la seguridad operacional es un principio. Se define en forma clara e inequívoca el órgano técnico especializado que constituye la Autoridad en materia de Seguridad Operacional Aeronáutica en la República, debiendo su Director Nacional poseer una adecuada formación profesional, calificación técnica y experiencia en la actividad aeronáutica, siendo estos los requerimientos mínimos. Así como también se especifican las capacidades técnicas que debe tener dicho órgano que debe calificar como altamente especializado en relación a las funciones inherentes a su competencia.

Se determinan las atribuciones que debe poseer la Autoridad Aeronáutica para el cumplimiento de sus cometidos, dentro de las cuales se encuentra la posibilidad de realizar controles para detectar la existencia de alcohol o sustancias psicoactivas, alcanzando de esta forma a las tripulaciones aéreas, controladores, personal técnico, y en general cualquier persona cuya actividad pueda afectar la seguridad operacional, cumpliendo de esta forma con otra exigencia requerida, llenando a su vez un vacío legal.

Se especifica la facultad de la Autoridad Aeronáutica para efectuar las verificaciones e investigaciones que sean necesarias sobre los vehículos, documentos, aeronaves e instalaciones afectadas a la actividad aeronáutica.

Bajo ciertas condiciones se confiere a la Autoridad Aeronáutica la potestad de establecer mandatos a terceros, nacionales o internacionales debidamente certificados o calificados para la realización de tareas específicas en el área de la seguridad operacional. Previsión que sigue los más modernos lineamientos en cuanto a la vigilancia de la seguridad operacional y permite resolver inconvenientes tales como inspecciones técnicas en lugares remotos, aprobación de productos o parte mediante inspectores delegados, análisis psicofísicos en el interior del país, etc.

Por otra parte se menciona a texto expreso, la posibilidad de realizar acuerdos internacionales a la luz de lo establecido en el Artículo 83 bis del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, mediante el cual se facilita la distribución de tareas respecto a la vigilancia continua de la Seguridad Operacional, entre autoridades aeronáuticas de diversos Estados calificados para ello. Solucionando así la carencia indicada específicamente y señalada como tal por los organismos internacionales competentes en la materia.

Se contempla específicamente la colaboración que puedan prestar los particulares con seguridad operacional. Esto se prevé por medio de estímulos para que se realicen denuncias voluntarias de situaciones potencialmente riesgosas para la aviación, fomentando así lo que a nivel de la Organización de Aviación Civil Internacional ha dado en llamarse "Cultura de la Seguridad Operacional".

Como se recomienda internacionalmente, se ha incorporado la obligación de denunciar los incidentes de aviación. Hasta el momento dicha obligación solo refería a los accidentes.

Se crea una Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación. Si bien la misma estaría en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional, debe estar fuera de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA), debiendo tener autonomía técnica, a fin de prevenir conflictos de intereses con la misma.

Se especifican aspectos que si bien se encontraban a nivel legal, lo estaban en forma genérica o no eran abordados en su integridad tales como: el problema de la eventual doble matriculación de aeronaves, la que está prohibida mediante acuerdos internacionales, sin embargo la redacción del Código Aeronáutico resulta ambigua, siendo necesario perfeccionarla de manera que no haya lugar a interpretación o dudas. En definitiva no sería posible la doble matriculación de las aeronaves privadas, salvo lo que establezcan las normas internacionales, a fin de contemplar por ejemplo los casos de ejecución judicial que se encuentran específicamente regulados por tratados internacionales.

El proyectado Artículo 12 prevé las sanciones por infracción a las normas de la ley o de su reglamentación. En parte se reproduce las ya previstas en el Código Aeronáutico, con la distinción de la eventual cancelación del documento aeronáutico.

Resulta necesaria la aprobación del presente proyecto de Ley que por otra parte colocaría a nuestro País en un posicionamiento adecuado para cumplir con los compromisos que deben asumirse en materia de Seguridad Operacional.

Saluda al Señor Presidente, con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Carlos Colacce, Marina Arismendi, Jorge Bruni, Julio Baráibar, Alvaro García, Gonzalo Fernández, María Simon, Pedro Vaz, Héctor Lescano, Raúl Sendi.

PROYECTO

LEY DE SEGURIDAD OPERACIONAL DE LA AERONAUTICA CIVIL

Artículo 1º. (Interés Público).- Se considera de interés público el fomento y supervisión de la actividad aeronáutica civil con el objetivo de procurar los más altos niveles posibles de seguridad operacional.

Artículo 2°. (Principios).- La regulación y supervisión continua de la seguridad operacional deberá efectuarse en los términos de los artículos 37 y 38 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional suscrito en Chicago el 12 de diciembre de 1944 aprobado por la Ley N° 12.018, de fecha 4 de noviembre de 1953. Asimismo se adecuará en lo posible a lo establecido en los Anexos al referido convenio y demás documentos que en la materia emita la Organización de Aviación Civil Internacional.

El Poder Ejecutivo y la Autoridad Aeronáutica fomentarán la cooperación regional en lo referente a la supervisión continua de la seguridad operacional.

Artículo 3º. (Autoridad Aeronáutica).- La Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, es la Autoridad Aeronáutica en materia de seguridad operacional de acuerdo a lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes.

Constituye el órgano especializado, sin perjuicio de las demás atribuciones que establezca la reglamentación. Estará a cargo de la supervisión y el control de la actividad aeronáutica de la República.

Artículo 4°. (Atribuciones de la Autoridad Aeronáutica).- Para el cumplimiento de sus cometidos en materia de seguridad operacional, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Realizar la supervisión continua de la seguridad operacional en la actividad aeronáutica civil.

b) Expedir los correspondientes "Certificados de Aeronavegabilidad" a las aeronaves matriculadas en la República que cumplan con los requisitos establecidos, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación, sin perjuicio de lo establecido en el Art. 9° de la presente ley.

c) Expedir los "Certificados de Explotador de Servicios Aéreos", con las correspondientes Especificaciones de Operación, a los solicitantes que hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación.

d) Expedir los correspondientes certificados, autorizaciones, habilitaciones o permisos según sea el caso, a los distintos operadores aeronáuticos que los soliciten y que hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos, tales como, los de aeropuertos o aeródromos, organizaciones de mantenimiento u organizaciones de entrenamiento, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación.

e) Expedir las correspondientes licencias, habilitaciones o permisos a todo el personal aeronáutico que hayan dado cumplimiento a los requisitos establecidos, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación.

f) Expedir todo tipo de certificado aeronáutico respecto de productos o partes, incluyendo Certificados Tipo de aeronaves, motores y hélices y en general todos los productos aeronáuticos y afines en cuanto cumplan con los requisitos establecidos, así como también suspender o revocar los mismos de acuerdo con la reglamentación.

g) Expedir todo otro documento que se requiera para el ejercicio de actividades o funciones aeronáuticas, así también como suspender o revocar los mismos de acuerdo a la reglamentación.

h) Otorgar, por razones técnicas o de equidad, dispensas al personal, las empresas y explotadores de la actividad aeronáutica, siempre que no se vea comprometida la seguridad operacional y no se lesionen derechos de terceros.

i) Emitir "Instructivos" en los cuales se especifiquen las políticas particulares o sectoriales a desarrollar en los asuntos de su competencia.

j) Emitir "Circulares" en cuestiones de seguridad, operaciones, aeronavegabilidad y en general en toda materia de su competencia, a fin de especificar los requisitos y procedimientos genéricamente establecidos en las leyes y reglamentos.

k) Realizar todas las investigaciones, verificaciones, inspecciones y evaluaciones, aptas para el cumplimiento de las funciones de supervisión continua de la seguridad operacional, reiterando las mismas tantas veces como sea necesario cuando el caso lo amerite y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, para lo cual contará con amplias potestades de inspección sobre los documentos, vehículos, aeronaves e instalaciones relacionadas con la actividad aeronáutica.

l) Realizar investigaciones, verificaciones, inspecciones y evaluaciones, reiterando las mismas tantas veces como sea necesario cuando el caso lo amerite y de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, acerca de la pericia, conocimientos técnicos y aptitud psicofísica de las personas relacionadas directa o indirectamente a la actividad aeronáutica civil.

m) Realizar los controles necesarios en las personas vinculada directa o indirectamente a la actividad aeronáutica para detectar la eventual presencia y concentración de alcohol u otras sustancias psicoactivas de acuerdo a lo determinado por la reglamentación, a través de procedimientos de espirometría u otros métodos que expresamente se establezcan, los que podrán ser ratificados a través de exámenes de sangre, orina u otros análisis clínicos o paraclínicos. Debiendo establecer los protocolos de intervención médica para la extracción y conservación de muestras hemáticas, la realización de los análisis de orina o clínicos y la capacitación técnica del personal inspectivo.

n) En general realizar toda otra verificación sobre los servicios, actividades y funciones vinculadas directa o indirectamente a la actividad aeronáutica que sean requeridos por razones de seguridad operacional o para la prevención de actos de interferencia ilícita.

o) Establecer pautas de prevención, organización y procedimientos a seguir en caso de accidentes y otras emergencias de acuerdo a lo que determine la reglamentación.

p) Adoptar todas las acciones inmediatas que se requieran ante una emergencia o peligro inminente que pueda afectar la seguridad operacional.

q) Publicar y difundir las reglamentaciones, resoluciones, instructivos, circulares y en general toda norma o información aeronáutica relativa a la Seguridad Operacional.

Artículo 5°. (Director Nacional).- El Director Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica deberá poseer una adecuada formación profesional, calificación técnica y experiencia en la actividad aeronáutica.

Artículo 6°. (Personal Técnico).- A los efectos de cumplir eficaz y eficientemente con sus cometidos en general y en especial con respecto a la supervisión continua de la seguridad operacional, la Autoridad Aeronáutica deberá contar con el suficiente personal debidamente calificado, a cuyos efectos la reglamentación determinará procedimientos especiales que respetando los principios de publicidad, trasparencia y amplio concurso de interesados, permitan la selección, designación y contratación de dicho personal, así como la contratación de servicios para la capacitación y entrenamiento de los mismos.

Artículo 7°. (Cooperación).- La Autoridad Aeronáutica, previa autorización del Poder Ejecutivo y sujeto a los requisitos que establezca la reglamentación, podrá coordinar o complementar con personas jurídicas públicas o privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, equipamientos, instalaciones y servicios, a fin de lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales en materia de seguridad operacional, de conformidad con las normas nacionales e internacionales vigentes.

Artículo 8°. (Delegación de atribuciones).- Sin perjuicio de las competencias que legal o reglamentariamente se desconcentren en las dependencias de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, el Director Nacional podrá delegar, por resolución fundada y bajo su responsabilidad, las atribuciones que entienda necesario o conveniente en funcionarios de su dependencia.

Artículo 9°. (Mandato a Terceros).- La Autoridad Aeronáutica, bajo su responsabilidad, por resolución fundada y de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, podrá encomendar a personas públicas o privadas, físicas o jurídicas, debidamente certificadas o calificadas, la realización de taras específicas en el área de la seguridad operacional. Dichas personas estarán sujetas a la supervisión de la Autoridad Aeronáutica, la cual podrá suspender, revisar o revocar sus actuaciones.

En cada caso, la Autoridad Aeronáutica establecerá el alcance de las tareas encomendadas.

Artículo 10. (Fomento de la Cooperación Internacional).- La Autoridad Aeronáutica alentará y fomentará la cooperación regional en lo referente a la reglamentación y la administración de la supervisión continua de la seguridad operacional.

A tales efectos, podrá participar en acuerdos de cooperación de seguridad operacional de la aviación civil con Autoridades Aeronáuticas extranjeras o con Organizaciones Internacionales tales como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) o la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), con la debida autorización.

Podrá también celebrar los acuerdos previstos en el Art. 83 bis del Convenio de Chicago de 1944 sobre Aviación Civil Internacional aprobado por Ley N° 12.018, de fecha 3 de noviembre de 1953.

Nada impedirá, que en el marco de los acuerdos mencionados, se establezca la distribución de diferentes funciones y actividades referentes a la supervisión continua de seguridad operacional entre las partes.

Artículo 11. (Matrícula de Aeronave Privada).- No se concederá matrícula nacional a una aeronave si no se ha dado de baja cualquier matrícula extranjera anterior, salvo lo que establezca las normas internacionales.

Artículo 12. (Infracciones).- Las infracciones a las normas de esta Ley y su reglamentación, sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiera lugar, serán sancionadas con:

1°. Apercibimiento.

2°. Multa de hasta 1:000.000 de Unidades Indexadas.

3°. Suspensión de hasta diez años.

4°. Cancelación del respectivo documento aeronáutico.

5°. Cancelación de la autorización, permiso o concesión de servicios de transporte aéreo público, o de servicios de trabajos aéreos.

Las sanciones serán resueltas y aplicadas por la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, excepto las previstas en el numeral 5° del presente artículo las que deberán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 13. (Información Voluntaria).- En aquellos casos en que hechos vinculados a la seguridad operacional, los cuales por su naturaleza serían pasibles de sanciones administrativas aeronáuticas, sean puestos en conocimiento de la Autoridad Aeronáutica, por parte del propio infractor, en forma voluntaria, con la finalidad de salvaguardar la seguridad operacional en general y siempre que no se haya producido accidentes con daños a terceros, dicha autoridad podrá optar por no aplicar las mismas.

Artículo 14. (Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación).- Créase la Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación que funcionará en la órbita del Ministerio de Defensa Nacional con absoluta autonomía técnica, siendo el organismo competente en materia de investigación de Accidentes e Incidentes graves de aviación de acuerdo con lo previsto en los Artículos 92 a 101 del Código Aeronáutico, teniendo además como cometidos determinar sus causas probables y emitir las recomendaciones de seguridad necesarias para evitar su repetición.

La integración y funcionamiento de dicha oficina quedará sujeta a la Reglamentación correspondiente.

Artículo 15. (Obligación de denunciar).- Modifícase el Artículo 95 del Código Aeronáutico aprobado por Decreto-Ley N° 14.305, del 29 de noviembre de 1974 el que quedará redactado de la siguiente forma: (Obligación de denunciar). Los propietarios, pilotos o explotadores de aeronaves están obligados a denunciar inmediatamente a la autoridad más próxima los accidentes o incidentes que sufran en los casos que prevea la reglamentación.

Idéntica obligación regirá para todas aquellas perso-

nas que tomen conocimiento de cualquier accidente de aviación o de la existencia de restos o despojos de una aeronave.

Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Ernesto Agazzi, María Simon, Jorge Bruni, Pedro Vaz, Carlos Colacce, Marina Arismendi, Gonzalo Fernández, Alvaro García, Héctor Lescano, Raúl Sendic, Julio Baráibar.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 14.305*

CODIGO AERONAUTICO

Artículo 95. (Obligación de denunciar).- Los propietarios, pilotos o explotadores de aeronaves están obligados a denunciar inmediatamente a la autoridad más próxima los accidentes que sufran.

Ley N° 12.018

CONVENCION DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL

Artículo 37.- Los Estados contratantes se comprometen a colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad en reglamentos, normas, procedimientos y organización relacionados con las aeronaves, personal, rutas aéreas y servicios auxiliares en todas las materias en que la uniformidad facilite y mejore la navegación aérea.

Para este fin el Organismo Internacional de Aviación Civil adoptará y enmendará en su oportunidad, según sea necesario, las normas internacionales y procedimientos que se recomiendan en relación con los puntos siguientes:

A) Sistemas de comunicación y ayudas para la navegación aérea, incluso distintivos en tierra.

B) Características de aeropuertos y zonas de aterrizaje.

C) Reglamentos del aire y procedimientos de regulación del tráfico aéreo.

D) Licencias para el personal de vuelo y mecánicos.

E) Navegabilidad de las aeronaves.

F) Matriculación e identificación de aeronaves.

G) Compilación e intercambio de informes meteorológicos.

H) Libros de a bordo.

I) Mapas y cartas aeronáuticas.

J) Trámites de aduana y de inmigración.

K) Aeronaves en peligro e investigación de accidentes, y todo factor adicional que se relacione con la seguridad, la regularidad y la eficiencia de la navegación aérea que en su oportunidad se juzgue adecuado.

VARIACION DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES

Artículo 38.- Si un Estado se ve imposibilitado de cumplir en todos los aspectos con alguna de dichas normas o procedimientos internacionales, o de hacer que sus propios reglamentos y procedimientos concuerden por completo con normas o procedimientos internacionales que hayan sido objeto de enmiendas, o si el Estado considera necesario adoptar reglamentos y procedimientos que difieran en algún particular de los establecidos en las normas internacionales, informará inmediatamente al Organismo Internacional de Aviación Civil las diferencias entre sus propios procedimientos y los que establezcan las normas internacionales. En el caso de enmiendas a estas últimas, el Estado que no enmiende debidamente sus propios reglamentos y procedimientos lo informará así al Consejo dentro de 60 días a contar de la fecha en que se adopte la enmienda a las normas internacionales, o indicará las medidas que piensa adoptar. En tal caso el Consejo notificará inmediatamente a todos los demás Estados la diferencia que existe entre uno o más particulares de una norma internacional y el procedimiento nacional correspondiente en el Estado en cuestión.

Artículo 83.- Sujeto a las disposiciones del artículo que antecede, cualquier Estado contratante podrá concertar acuerdos que no sean incompatibles con la disposiciones de esta Convención. Cualquier acuerdo de esta índole se registrará inmediatamente en el Consejo, que lo hará público a la mayor brevedad posible."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: el proyecto que tenemos a consideración viene aprobado por la Cámara de Representantes y surge de un envío del Poder Ejecutivo cuyo objetivo es mejorar la calificación internacional de nuestro país en el marco del Convenio sobre Aviación Civil Internacional suscrito en Chicago el 12 de diciembre de 1944 y que nuestro país aprobara en 1953 en la Ley Nº 12.018. La Junta Nacional de Aeronáutica Civil, que fue creada en 2006, junto con la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica -DINACIA- han venido realizando estudios y recomendaciones para aumentar la calidad de la seguridad operacional y, además, han dejado de manifiesto la necesidad de enmarcar todos estos procesos en una ley que ponga al día la legislación nacional. Para ello, se siguieron los lineamientos generales del Derecho Comparado en una normativa básica que sigue las recomen-daciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.

El proyecto se desarrolla en quince artículos que definen el interés público de la materia, los principios que la rigen -que responden al Convenio Internacional respectivo-, la autoridad aeronáutica y sus atribuciones, las características y prerrogativas del Director Nacional y del personal técnico, las posibilidades de cooperación con las otras autoridades internacionales y su fomento, y la posibilidad de delegar atribuciones y de mandatar a terceros para la realización de tareas específicas. Asimismo, se establecen las formas de otorgamiento de matrículas, se definen las infracciones, se crea una Comisión Investigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación con absoluta autonomía técnica y se establecen los procedimientos para la información voluntaria y para la obligatoriedad de denunciar, ya establecidos en el Decreto - Ley Nº 14.305 de 1974.

De esto trata este proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y cuya aprobación estamos proponiendo a este Plenario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se van a votar los artículos 1º a 15.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

12) SECTOR AVICOLA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se regula el procedimiento de fijación de variables que afectan la cadena productiva del sector avícola. (Carp. Nº 1666/09 - Rep. Nº 1181/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1666/09

Rep. N° 1181/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Objeto).- El procedimiento de fijación de las variables que afectan la cadena productiva del sector avícola se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 2°. (Autoridad competente).- Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a elaborar la tabla paramétrica de costos del proceso de façon de pollos, tomando en cuenta el modelo siguiente:

Artículo 3°. (Indices componentes).- Los indicadores que deberán ser medidos para la evolución de los componentes del costo son los siguientes:

A) Costos operativos, según la evolución del Indice de Precios al Consumo (IPC).

B) Amortización del galpón, según la evolución del Indice del Costo de la Construcción (ICC).

C) Mano de obra, según la evolución del Indice Medio de Salarios (IMS).

Artículo 4°. (Ajustes).- La tabla que se relaciona con el artículo 2° de la presente ley deberá ser actualizada en forma semestral durante los diez primeros días de los meses de enero y de julio de cada año, debiendo indicarse los índices de variación correspondientes, si los hubiere.

La Unidad Ejecutora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca encargada de elaborar y actualizar dicha paramétrica publicará en forma inmediata y fehaciente la información en ella contenida.

Artículo 5°. (Obligatoriedad).- Los valores emergentes y sus variaciones, debidamente publicados por la autoridad competente, serán tomados en cuenta obligatoriamente como base de cálculo de la productividad en el sector avícola para fijar los pagos de las crianzas correspondientes que deban efectuarse.

Artículo 6°. (Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura).- Créase la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, integrada por los delegados del sector industrial, empresarios y façoneros.

Artículo 7°. (Del funcionamiento de la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura).- Los industriales, empresarios avícolas y façoneros deberán designar delegados a la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, en las condiciones y plazos que disponga la reglamentación de la presente ley, a efectos de proporcionar información que afecte las variables a tomar en cuenta por el Ministerio de Gandería, Agricultura y Pesca.

En caso de no designar los delegados correspondientes, o habiendo sido designados los mismos, no comparecieren a las convocatorias de la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, se estará a lo resuelto en su ausencia.

Artículo 8°. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta días contados desde su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de setiembre de 2009.

Roque Arregui Presidente

José Pedro Montero Secretario.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Objeto).- El procedimiento de fijación de las variables que afectan la cadena productiva del sector avícola se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Artículo 2°. (Autoridad competente).- Autorízase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a elaborar la tabla paramétrica de costos del proceso de façon de pollos, tomando en cuenta el modelo contenido en el Anexo de la presente ley.

Artículo 3°. (Indices componentes).- Los indicadores que deberán ser medidos para la evolución de los componentes del costo son los siguientes:

A) Costos operativos, según la evolución del Indice de Precios al Consumo (IPC).

B) Amortización del galpón, según la evolución del Indice del Costo de la Construcción (ICC).

C) Mano de obra, según la evolución del Indice Medio de Salarios (IMS).

Artículo 4°. (Ajustes).- La tabla que se relaciona en el artículo 2° deberá ser actualizada en forma semestral durante los diez primeros días del mes de enero y julio de cada año, debiendo indicarse los índices de variación correspondientes, si los hubiere.

La Unidad Ejecutora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca encargada de elaborar y actualizar dicha paramétrica publicará en forma inmediata y fehaciente la información en ella contenida.

Artículo 5°. (Obligatoriedad).- Los valores emergentes y sus variaciones, debidamente publicados por la autoridad competente, serán tomados en cuenta obligatoriamente como base de cálculo de la productividad en el sector avícola para fijar los pagos de las crianzas correspondientes que deban efectuarse.

Artículo 6°. (Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura).- Los industriales, empresarios avícolas y façoneros deberán designar delegados a la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, en las condiciones y plazos que disponga la reglamentación de la presente ley, a efectos de proporcionar información que afecte las variables a tomar en cuenta por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En caso de no designar los delegados correspondientes, o habiendo sido designados los mismos, no comparecieren a las convocatorias de la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, se estará a lo resuelto en su ausencia.

Artículo 7°. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta días contados desde su promulgación.

Montevideo, 2 de diciembre de 2008.

Esteban Pérez

Representante por Canelones.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto pretende recoger lo que en la realidad actual ha consistido en la única posible solución consensuada por las partes integrantes del sector avícola, a fin de resolver la cuestión de crianza de pollos por parte de los façoneros a cuenta de los industriales del sector.

La elaboración de una tabla paramétrica, realizada a partir de un estudio de los costos de proceso del façon, permite contar con elementos objetivos para poder efectuar un ajuste periódico de los valores-base sobre los que se aplica la tabla de pago por productividad.

En un ejemplo práctico, tomada en cuenta la variación de los indicadores en el período diciembre/2004 - diciembre/2007, fue la siguiente:

- costos operativos por evolución del IPC - variación IPC: 21,1%;

- amortización del galpón por evolución del Indice del Costo de la Construcción (ICC) - variación ICC: 24% y

- mano de obra por evolución del Indice Medio de Salarios (IMS) - variación del IMS: 36.7%.

De acuerdo a esta metodología, el ajuste del costo total de los façoneros en el período de referencia sería del 27.7% (resultado del promedio de variación de los tres indicadores).

El proyecto a estudio simplemente se remite a prestar una mirada atenta a la realidad y regularla tal como funciona, pues el método que se adopta es ni más ni menos el que rige de hecho en la actualidad y el que, tanto industriales del sector avícola como los façoneros vinculados a ellos, en una relación comercial con notas muy particulares, aceptan desde hace tiempo. Es un procedimiento de fijación de los elementos objetivos a tener en cuenta para la aplicación de los índices de productividad, y nada más que eso.

También comparecerán los actores de esta cadena productiva a sentarse alrededor de una mesa de diálogo: la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, de cuyas reuniones surgirán las actualizaciones de datos necesarias para que el organismo cumpla con el cometido que le asigna la ley.

El resto de la problemática que pueda afectar en forma eventual y coyuntural al sector podrá, asimismo, ser dis-cutido en ese espacio al que serán convocadas las partes, espacio que de hecho funciona en el Ministerio de Gana-dería, Agricultura y Pesca, y a cuya convocatoria acu-

dirán los sectores involucrados directamente en las decisiones a adoptar y quienes han de sufrir el impacto de las mismas.

Solo restaba dejar instaurada la tabla paramétrica que se utiliza pacíficamente por las partes y prever legalmente su ajuste periódico por la unidad ejecutora que designe el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, autoridad competente, e instrumentar la comparecencia obligatoria al diálogo, reglamentación mediante.

El artículo 1° preceptúa la adopción del procedimiento para la fijación de las variables que afectan la cadena productiva del sector avícola.

El artículo 2° del proyecto autoriza al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la elaboración de esta tabla de costos base para el cálculo de las productividades en el sector avícola, y el artículo 3° enumera los indicadores a tener en cuenta por la autoridad competente.

En el artículo 4° se prevé la actualización semestral de la tabla, si correspondiere a la evolución de los valores -eventualmente podrían mantenerse incambiados- y su publicación inmediata para conocimiento de los sectores que han de aplicarlos en forma obligatoria como base de cálculo de productividad (artículo 5°).

En el artículo 6° se recoge la comparecencia preceptiva de los delegados designados por industriales, empresarios avícolas y façoneros y las consecuencias de su incomparecencia a las reuniones convocadas por la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, cuya designación habrá de instrumentar la reglamentación correspondiente.

El artículo 7° establece un plazo de sesenta días contados desde la promulgación de la ley para que el Poder Ejecutivo la reglamente.

El proyecto que nos ocupa ha de servir para prever la contingencia futura de desestabilización en los índices que regulan el sector avícola ante cualquier cambio drástico de circunstancias, recogiendo la solución consensuada que rige de hecho entre las partes en un período de estabilidad.

Creemos necesaria y conveniente su aprobación.

Montevideo, 2 de diciembre de 2008.

Esteban Pérez

Representante por Canelones.

ANEXO

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Señor Presidente: este no es un proyecto con iniciativa del Poder Ejecutivo, sino de la Cámara de Representantes y se justifica en la necesidad de adoptar algunas herramientas en este momento. El tema de fondo refiere a lo que, en general, se podrían llamar contratos agroindustriales, es decir, la relación entre los productores del sector primario y los empresarios industriales, que es bastante común que se articulen de alguna manera en nuestra economía. En el caso del azúcar, del tabaco, del arroz o de la cebada, hay mecanismos de articulación propios, pero en el de la producción avícola se viene dando de manera creciente una forma contractual que en términos corrientes se denomina "contrato de façon" y que es una forma de vincular a los productores -que en realidad son empresarios- con los empresarios industriales que transforman el producto obtenido en la granja.

Por las características de dispersión que tiene la cadena avícola, ya que son miles los productores que atienden la fase primaria y son pocos los empresarios industriales que transforman y distribuyen la carne avícola, este tema ha sido objeto de tratamiento por distintos gobiernos. En el Período pasado se acordó una forma de pago del trabajo del façonero que es la que se utiliza en la Unión Europea; se trata de un índice de productividad que se implementó a través de una resolución del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y que, incluso, se actualizó algunas veces. En la práctica, esto ha funcionado relativamente bien pero ha sido sometido a diferentes presiones. Cuando aumentó la avicultura -que en este período lo hizo de manera importante, porque crecieron el consumo interno de aves y también las exportaciones, llegando a exportar cerca de 7.000 toneladas-, se produjo una demanda de trabajo del sector primario. Incluso, hubo una especie de competencia entre los empresarios industriales, lo que hizo subir el precio de la façon porque, en definitiva, es un precio y se determina por la oferta y la demanda. Sin embargo, cuando vino la crisis internacional y hubo dificultades para colocar las producciones en el mercado internacional pasó lo contrario, originando una presión sobre el sector primario o los façoneros.

En realidad, lo que hicieron los colegas Diputados fue tomar el problema e intentar, por la vía legislativa, aplicar la herramienta que venía funcionando sin respaldo legal. Creo que para el tratamiento más a fondo de este tema, habrá que profundizar. En realidad, el contrato de façon es, desde el punto de vista jurídico, muy particular. El llamado contrato agroindustrial es una forma de contratación entre productores y empresarios industriales que debe articularse. Esto se está generalizando y, a medida que haya más valor agregado en las actividades productivas, va a ser más necesaria la interrelación entre la fase primaria, las transformaciones y la distribución posterior. Esta relación, que no es laboral sino de trabajo, incluye un sector que, según dicen los juristas, en cierto sentido tiene una relación de dependencia con el sector industrial. Hay muchos productores y pocas industrias, y se establece allí una dependencia económica y técnica de los productores hacia los industriales. Pero no se puede regular por un contrato de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no puede intervenir porque esta no es una relación entre capital y trabajo, sino entre empresas muy distintas. Creo que lo que hace este proyecto de ley es generar una instancia en la que esto se va a acordar. Concretamente -y esto es lo más sustantivo-, se crea una Mesa de Trabajo Permanente en la que va a haber representantes de los productores primarios y en la que se va a dar la discusión del índice técnico y se va a acordar un precio para el valor del trabajo de los agricultores. Asimismo, se va a construir una tabla, que en realidad ha operado hasta el momento, pero en forma voluntaria. Ahora se trata de dar respaldo legal a una vinculación que creo que es necesaria, preservando los derechos del subordinado.

Este proyecto de ley tiene solo ocho artículos y me parece que el aspecto central, reitero, es la creación de una Comisión para negociar este aspecto. Esto fue apoyado por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, sobre todo en el departamento de Canelones, donde este mecanismo se ve todos los días. Si se leen las actas, se puede comprobar que fue aprobado por los parlamentarios del Gobierno y de la oposición, en el entendido de que se trata de una herramienta necesaria.

Ahora bien, me voy a permitir, a efectos de mejorar este proyecto de ley, realizar una propuesta que, incluso, fue planteada en la sesión de la Cámara de Representantes. Concretamente, el artículo 6º, que crea la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, establece que estará integrada por delegados del sector industrial, de los empresarios avícolas y de los façoneros, pero no hay nadie que actúe como articulador. Este problema, insisto, fue planteado en la Cámara de Representantes por algunos señores Legisladores. Creo que debería participar también un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, junto con los representantes de los distintos sectores, a efectos de que esa Mesa de Trabajo tenga presente la marcha de las políticas públicas en avicultura y de que ese delegado actúe como articulador porque, en definitiva, estamos hablando de una mesa de negociación. Me parece que es evidente que debe haber alguien del Poder Ejecutivo; de lo contrario, no queda claro cómo se va a convocar este organismo ni cómo se van a llevar adelante las reuniones. Por lo tanto, voy a proponer que esta Mesa de Trabajo se integre, además, con un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Por otra parte, y en relación al artículo 5º, también deseo hacer una propuesta. Creo que los valores que se negocien no pueden ser privativos de los mecanismos de mercado. Entiendo que, como en toda etapa de negociación, lo que debe acordarse es un precio mínimo, pero no un precio obligatorio, porque si un industrial quiere pagar más, no es lógico que no lo pueda hacer. Me parece que lo que corresponde en una mesa de negociación es, como se hace con los salarios, establecer un valor mínimo y dejar operar a los mecanismos de mercado. Creo que, aunque esto alargue un poco el tratamiento del tema, es importante solucionar esta cuestión ahora, porque está aumentando la producción avícola y los representantes de los façoneros lo están necesitando para la práctica de su trabajo cotidiano.

De manera que voy a proponer estas dos modificaciones, señor Presidente, que voy a hacer llegar a la Mesa por escrito.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: personalmente -no he tenido oportunidad de consultar a mis compañeros de Bancada- voy a votar en contra de este proyecto de ley, por una serie de razones que voy a explicar.

En primer lugar, los artículos 6º y 7º, que son el núcleo central del proyecto de ley, no me merecen mayores objeciones, pero lo que no me parece razonable es que esas disposiciones estén incluidas en una ley. Creo que con una mera resolución ministerial, sin recurrir a una ley, se podría crear esta Mesa de Trabajo Permanente a nivel del Ministerio y regular cierto funcionamiento entre las partes.

Por otra parte, en el artículo 2º se determina una estructura de costos, como si estos no cambiaran a lo largo del tiempo. Quiere decir que cada vez que los costos cambien, va a ser necesario aprobar una ley, lo cual no es bueno. Es más, el proyecto original hablaba, en el artículo 3º, de componentes de costos y no establecía ponderaciones. A su vez, la disposición que originariamente era el artículo 4º se remitía a un anexo, que creo que decía lo mismo o algo parecido a lo que establece el actual artículo 2º. Desde mi punto de vista, esto debería reverse.

Otro aspecto que me interesa destacar es el referido a las actualizaciones, tanto de los costos operativos, como de capital. Así se establecen actualizadores en función del índice del costo de la construcción, el Índice Medio de Salarios general y no del sector, que puede tener sus particularidades y el IPC general. En todos los casos, índices globales, cuando todos sabemos que hay variaciones que pueden tener desvíos significativos con relación al general. Lo que se está haciendo aquí es atar de pies y manos la evolución de un precio, el servicio de façon. Si el precio opera como mínimo y el mercado está dispuesto a pagar más, esto no importa, pero el problema es si dicho precio opera como máximo, porque en ese caso el ajuste se da por la cantidad transada en el mercado, es decir que directamente hay menos compras y se acaba todo. Es muy sencillo; en esto no hay magia. Reitero, si como bien decía el señor Senador Agazzi, el precio opera como mínimo, no pasa nada, pero si opera como máximo, empezamos a tener problemas.

El artículo 4º, por su parte, obliga a hacer ajustes semestrales, en una suerte de indexación que no necesariamente está bien. Si los ajustes salariales son anuales en términos generales, no se entiende por qué se establecen en una ley ajustes semestrales para un aspecto muy particular. No parece ser algo que siga al menos cierta lógica.

Por último, señor Presidente, el señor Senador Agazzi habló de productividad, pero si no estoy equivocado, en la ley no se menciona el índice de productividad en ningún lugar. Al final aparece una tabla sobre el índice de productividad, que básicamente es el total de kilos por pollo por el total de pollos retirados, dividido el total de ración unitaria por el total de pollos retirados. En buen resumen, una relación insumo producto: cuántos kilos de pollos se producen por kilo de ración. Ahora bien, ¿en qué se aplica el índice de productividad en el proyecto de ley? En nada; por tanto, no entiendo por qué aparecen esta tabla y este anexo. En todo caso, el índice de productividad, que es algo específico del sector, lo único que está diciendo es que con la misma cantidad de insumos se pueden producir más o menos pollos. Realmente me parece algo extraño este índice, porque no sé cómo se pueden sacar más kilos sin alimentación. En todo caso, reitero que no comprendo la razón de incorporar estos índices como anexo al proyecto de ley.

En síntesis, no vamos a acompañar el proyecto de ley porque nos parece que estamos poniendo un corsé a esta actividad. Sabemos que hay problemas en el sector entre los façoneros y los industriales, pero pensamos que con cierta negociación en la que intervenga el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, deben solucionar, como ha sido la norma hasta el momento. Entendemos que esa negociación debería valer para contratos de largo plazo donde ciertos desfasajes entre costos y precio de venta se pueden compensar, porque en una situación de este tipo no me quedan certezas. Como ya dije, no temo a las circunstancias donde las cosas marchan bien, sino a situaciones donde hay problemas porque los ajustes por cantidades son demasiado duros.

SEÑOR AGAZZI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Agazzi.

SEÑOR AGAZZI.- Con relación a las observaciones que hace el señor Senador Alfie, quisiera decir lo siguiente. Como esta estructura de acordar se refiere a una reglamentación y se asigna al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca una responsabilidad específica, el valor de que esté en la ley es que esta dice que debe ser así. La realidad de todos los días muestra que si no hay un respaldo que establezca cómo deben ser las cosas, estas se llevan adelante en forma arbitraria o decidida, sobre todo por las pocas industrias que hay en relación a los muchos productores.

Por otra parte, quiero recordar que la información que figura en el anexo no está contemplada en el articulado del proyecto de ley. Este establece que el Poder Ejecutivo reglamentará y el artículo 2º habla de una tabla paramétrica, pero la ley no dice nada acerca de esta última por los motivos a los que recién hacía referencia el señor Senador preopinante. Hoy existe un criterio universal -así se liquida en Europa y en Brasil- sobre un índice de productividad, pero en una ley no se puede fijar cómo se establece, ya que la realidad puede cambiar. Entonces, es mejor ir a una mesa de negociación atribuyendo a alguien la responsabilidad de llevar esto adelante. Por tanto, la tabla para el pago que figura en los anexos del proyecto, no se menciona expresamente en dicha iniciativa. Es cierto que esto lo podría hacer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sin que existiera una ley, pero lo que hace esta es que se remita al Poder Ejecutivo para las actualizaciones.

El artículo 2º establece que se va a crear una paramétrica y habla del costo del proceso de façon tomando en cuenta el modelo, pero no fija los valores. Comparto que se diga que esto no es una herramienta permanente, pero sí se necesita ahora y se debe realizar una profundización en el Derecho del trabajo, porque no estamos ante una relación asalariada y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no puede intervenir. Estamos ante una relación de subordinación; por tanto, acordemos un mecanismo y que se fije un valor base para que después operen las reglas del mercado. Ese es el sentido del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Mi interpretación, tomando en cuenta los porcentajes fijos, es esa. En los artículos 2º, 3º y 4º se establece cómo se actualiza el precio mínimo que se fije y con qué frecuencia se hace. Precisamente, el artículo 4º establece que se actualizará cada seis meses. Ahora bien, ¿cómo se actualiza? El 30,6% de costos operativos sería 0,306 por la variación del Índice de Precios al Consumo, más 0,336 por la variación del Índice del Costo de la Construcción, más 0,358 por la variación del Índice Medio de Salarios. La única variación que puede realizar el Poder Ejecutivo en su discrecionalidad es determinar qué Índice utiliza, si usa uno de base fija o de base variable de autoponderación. Por tanto, no existe la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Si la ley dijera que, tomando en cuenta los componentes de los costos operativos, las amortizaciones y la mano de obra -sin establecer porcentajes-, así como también la evolución del IPC, el Índice del Costo de la Construcción y los salarios -no hablaría de salarios generales-, se negocia, sería mucho más flexible y lo compartiría. De ser así, habría flexibilidad para cambiar en la medida en que variaran los porcentajes. Esa es la observación que quería hacer y, por todo lo expresado, mi voto será negativo.

SEÑOR AGAZZI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AGAZZI.- Pido perdón al Cuerpo porque la intención no es establecer un diálogo con el señor Senador, pero es necesario hacer algunas aclaraciones. En cuanto a la forma de calcular el Índice de Productividad que, a mi juicio, es un Índice universal, esto es lo que hoy se aplica a las empresas. A su vez, las actualizaciones establecidas también son las que se aplican en el presente. El sector façonero ha realizado una demanda muy fuerte a fin de tener un respaldo para que esto se siga aplicando. Los empresarios han manifestado que no tienen mayor inconveniente y lo que no quieren es que se trate de un precio fijo, para que pueda existir una competencia entre las empresas, lo que me parece razonable y por eso proponemos algunas modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR SARAVIA.- Solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-18 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 22. Negativa.

Léase el artículo 5º sustitutivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 5º. (Precio mínimo).- Los valores emergentes y sus variaciones, debidamente publicadas por la autoridad competente, serán tomadas en cuenta como Precios Mínimos para el cálculo de la productividad en el sector avícola a los efectos de fijar los pagos de las crianzas realizadas".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º en la redacción dada por la Cámara de Representantes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-0 en 22. Negativa.

Léase el artículo 6º sustitutivo.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 6º. (Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura).- Créase la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura integrada por Delegados del sector industrial, empresarios avícolas, façoneros y del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que será remitido nuevamente a la Cámara de Representantes con las modificaciones introducidas por el Senado.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1°. (Objeto).- El procedimiento de fijación de las variables que afectan la cadena productiva del sector avícola se regirá por las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 2°. (Autoridad competente).- Facúltase al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a elaborar la tabla paramétrica de costos del proceso de façon de pollos, tomando en cuenta el modelo siguiente:

ARTICULO 3°. (Indices componentes).- Los indicadores que deberán ser medidos para la evolución de los componentes del costo son los siguientes:

A) Costos operativos, según la evolución del Indice de Precios al Consumo (IPC).

B) Amortización del galpón, según la evolución del Indice del Costo de la Construcción (ICC).

C) Mano de obra, según la evolución del Indice Medio de Salarios (IMS).

ARTICULO 4°. (Ajustes).- La tabla que se relaciona en el artículo 2° de la presente ley deberá ser actualizada en forma semestral durante los diez primeros días de los meses de enero y de julio de cada año, debiendo indicarse los índices de variación correspondientes, si los hubiere.

La Unidad Ejecutora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca encargada de elaborar y actualizar dicha paramétrica publicará en forma inmediata y fehaciente la información en ella contenida.

ARTICULO 5°. (Precio Mínimo).- Los valores emergentes y sus variaciones, debidamente publicados por la autoridad competente, serán tomados en cuenta como precios mínimos para el cálculo de la productividad en el sector avícola a los efectos de fijar los pagos de las crianzas realizadas.

ARTICULO 6°. (Mesa de Trabajo Permaennte en Avicultura).- Créase la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, integrada por delegados del sector industrial, empresarios avícolas, façoneros y del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

ARTICULO 7°. (Del funcionamiento de la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura).- Los industriales, empresarios avícolas y façoneros deberán designar delegados a la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, en las condiciones y plazos que disponga la reglamentación de la presente ley, a efectos de proporcionar información que afecte las variables a tomar en cuenta por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

En caso de no designar los delegados correspondientes, o habiendo sido designados los mismos, no comparecieren a las convocatorias de la Mesa de Trabajo Permanente en Avicultura, se estará a lo resuelto en su ausencia.

ARTICULO 8°. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta días contados desde su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 12 de octubre de 2009.

Rodolfo Nin Novoa Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

13) SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en 6º término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional de Emergencias como un sistema público de carácter permanente (Carp. Nº 1669/09 - Rep. Nº 1182/09)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1669/09

Rep. N° 1182/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. (Objeto de la ley).- El objeto de esta ley es consagrar un Sistema Nacional de Emergencias, es un sistema público de carácter permanente, cuya finalidad es la protección de las personas, los bienes de significación y el medio ambiente, ante el acaecimiento eventual o real de situaciones de desastre, mediante la coordinación conjunta del Estado con el adecuado uso de los recursos públicos y privados disponibles, de modo de propiciar las condiciones para el desarrollo nacional sostenible.

El funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias se concreta en el conjunto de acciones de los órganos estatales competentes dirigidas a la prevención de riesgos vinculados a desastres de origen esporádicos; a la mitigación y atención de los fenómenos que acaezcan; y a las inmediatas tareas de rehabilitación y recuperación que resulten necesarias.

Artículo 2°. (Cometidos generales del Sistema Nacional de Emergencias).- Para dar cumplimiento al objeto establecido en el artículo 1° de esta ley, las acciones del Estado estarán orientadas a la obtención de los siguientes cometidos:

A) Articular, en consideración a los recursos disponibles, las tareas y responsabilidades de entidades y órganos públicos, instituciones sociales e individuos, en la prevención, mitigación, atención, rehabilitación y recuperación ante situaciones de desastre.

B) Integrar los esfuerzos públicos y privados en forma eficaz y eficiente, de acuerdo a las necesidades impuestas por cada una de las fases de actividad del Sistema.

C) Garantizar un manejo oportuno, eficaz y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos indispensables para la ejecución de las acciones necesarias.

Artículo 3°. (Principios del Sistema Nacional de Emergencias).- El funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se enuncian a continuación:

A) Protección de la vida, de los bienes de significación y del ambiente: en el marco de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo, se deben proteger los bienes y las economías públicas y privados.

B) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: la prevención y mitigación de riegos y las intervenciones necesarias ante situaciones de desastre son actividades de interés general y habilitan el establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la presente ley y demás disposiciones concordantes.

C) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente en la materia.

D) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción de riesgo y la atención de desastres se cumplirá primariamente en forma descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de sus capacidades técnicas y recursos, sin perjuicio de las acciones que corresponda tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

E) Integralidad: la estrategia de gestión integral para la reducción de riesgos, es decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación y recuperación en situaciones de desastres, que adopten en el funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto, sin perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los niveles y sectores de intervención asignados.

F) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los particulares, y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y departamental, en el ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las condiciones para las inversiones pública o privada.

G) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencias y desastres, para la gene-ración de pautas culturales en el conjunto de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el Sistema Nacional de Emergencias, considerándose que los institutos de enseñanza y de formación profesional y técnica de todos los niveles, son parte integrante de este Sistema Nacional. Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley N° 17.885, de 12 de agosto de 2005, la participación ciudadana.

H) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y legales vigentes.

I) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la capacidad de actuación unitaria de los miembros de la colectividad o grupo social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con la adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

J) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, evolución y adaptación; al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un balance entre las condiciones ambientales, sociopsicoculturales y económicas que conduzcan a un desarrollo sustentable.

K) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque preventivo implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4°. (Definiciones).- A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las siguientes definiciones:

I) Alerta. Es el estado declarado por la autoridad competente con el fin de tomar precauciones específicas debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento.

II) Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los elementos expuestos.

III) Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un fenómeno o peligro de origen natural o causado por el hombre.

IV) Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las personas, los bienes, los sistemas de protección de servicios, los sistemas naturales y sociales.

V) Areas especialmente vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren una atención especial.

VI) Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, los servicios y el ambiente.

VII) Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII) Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y solo es posible atenuarlas.

IX) Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, de los medios de comunicación y de la comunidad en general.

X) Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI) Atención de desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, de los bienes y de medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII) Estado de desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los efectos de un desastre.

XIII) Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles de vida mediante la rehabilitación reparación o reconstrucción del área afectada, de los bienes y de los servicios interrumpidos o deteriorados y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV) Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre y la adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan posible las otras actividades de recuperación que pudieran corresponder.

CAPITULO II

DE LA ORGANIZACION DEL SISTEMA NACINAL DE EMERGENCIAS

Artículo 5°. (Integración del Sistema Nacional de Emergencias).- El Sistema Nacional de Emergencias se encuentra integrado, en sus aspectos orgánicos, por:

A) El Poder Ejecutivo.

B) La Dirección Nacional de Emergencias.

C) Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgo y Atención de Desastres.

D) Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

E) Comités Departamentales de Emergencias.

Artículo 6°. (De la Dirección Superior del Sistema Nacional de Emergencias).- La Dirección Superior del Sistema Nacional de Emergencias corresponde al Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el numeral 1°) del artículo 168 de la Constitución de la República, siendo la instancia superior de decisión y coordinación del Sistema. Asimismo, a la Dirección Superior del Sistema Nacional de Emergencias le compete la aprobación de políticas generales, de propuestas normativas, de planes nacionales para la reducción de riesgos y atención de emergencias, de planes de rehabilitación y recuperación, y la declaratoria de situaciones de desastre, entre otros cometidos asignados en el marco de la normativa vigente.

Artículo 7°. (De la Dirección Nacional de Emergencias).- Créase la Dirección Nacional de Emergencias, la que estará a cargo de la Presidencia de la República. Su titularidad será ejercida por un funcionario de la misma a quien el Presidente de la República designe en el cumplimiento de los correspondientes cometidos a asignarse a dicha Dirección Nacional.

Serán funciones de la Dirección Nacional de Emergencias las que se enuncian:

A) Actuar como nexo directo entre el Poder Ejecutivo y los demás agentes del Sistema Nacional de Emergencias.

B) Declarar las situaciones de alerta y comunicar las mismas a la Dirección Superior del Sistema.

C) Coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias, de acuerdo a las políticas y a las líneas estratégicas definidas por la Dirección Superior del Sistema.

D) Promover la realización de actividades de formación y capacitación dirigidas a los integrantes del Sistema, así como las campañas públicas de educación e información ciudadana, de acuerdo con los planes y proyectos de la Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgo y Atención de Desastres.

E) Proponer igualmente la aprobación de instrumentos para la gestión del riesgo, en consideración a los tipos de contingencias susceptibles de activar el Sistema.

F) Elevar al el Poder Ejecutivo propuestas de políticas, de estrategias, de normativas y de planes nacionales para la reducción de riesgos y manejo de situaciones de riesgo o de desastre y de recuperación.

G) Dirigir y coordinar el funcionamiento del Sistema a nivel nacional y departamental respetando las autonomías y competencias de las instituciones que integran el Sistema, así como vigilar el cumplimiento de la ley.

H) Proponer al Poder Ejecutivo, mediante comunicación al Presidente de la República, la aprobación de la reglamentación necesaria para la ejecución de la presente ley.

Artículo 8°. (De los cometidos de la Dirección Nacional de Emergencias).- Son cometidos de la Dirección Nacional de Emergencias:

A) Efectuar el seguimiento de los actores y de su gestión, de los riesgos identificados en el territorio nacional.

B) Realizar la coordinación de acciones operativas en las situaciones de alerta y desastre.

C) Coordinar las actividades de prevención, mitigación, preparación, atención y rehabilitación definidas por los órganos del Sistema Nacional de Emergencias.

D) Supervisar el cumplimiento de las decisiones del Poder Ejecutivo y de la Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgo y Atención de Desastres.

Artículo 9°. (De la Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgos y Atención de Desastres).- La Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgos y Atención de Desastres es una comisión técnica y asesora, con ámbito físico de actuación en la Dirección Nacional de Emergencias, integrada por representantes del máximo nivel técnico del Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, el Congreso de Intendentes, e instituciones públicas y privadas de investigación y docencia, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de esta ley. Estará presidida por el Director Nacional de Emergencias.

Compete a esta Comisión Asesora:

A) Plantear estudios de prevención y apoyo, en referencia a las actividades a cargo del Sistema Nacional de Emergencias.

B) Integrar comisiones asesoras en temas especializados, integradas por organismos técnicos, científicos, académicos y de investigación.

C) Proponer medidas o acciones para la reducción de la vulnerabilidad existente.

D) Proponer planes para el control de riesgos, a efectos de mantener los mismos en niveles socialmente aceptables.

E) Validar las actividades de capacitación y formación realizadas por entidades no sometidas a la supervisión de la Comisión Asesora Nacional, a efectos de habilitar la integración de recursos humanos al Sistema.

F) Formular con el apoyo de la Dirección Nacional propuestas sobre políticas, estrategias, normativas y planes nacionales para la reducción de riesgos y manejo de situaciones de emergencia.

Artículo 10. (De la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados).- En el ámbito de las competencias asignadas por la normativa vigente, asumirán en forma descentralizada y primaria el cumplimiento de actividades de prevención, mitigación, atención, rehabilitación o recuperación como consecuencia de situaciones previstas en esta ley.

Artículo 11. (De los Subsistemas de Emergencias Departamentales).- Se consideran Subsistemas de Emergencias Departamentales las instancias de coordinación y ejecución descentralizada y primaria de actividades de prevención, mitigación, atención, rehabilitación y recuperación, ante el acaecimiento eventual o real de situaciones de desastre con impacto local, y en el marco de las políticas públicas de descentralización consagradas en nuestra legislación nacional.

Su actuación se ajustará a los planes y protocolos de actuación establecidos por el Sistema Nacional de Emergencias y por los respectivos Comités Departamentales de Emergencias a través de los ámbitos de coordinación respectiva a nivel local para cada tipo de contingencia, sin desmedro de la adopción de las medidas adecuadas ante situaciones imprevistas.

Artículo 12. (De los Comités Departamentales de Emergencias).- Los Comités Departamentales de Emergencias son los órganos responsables de la formulación en el ámbito de sus competencias y, en consonancia con las políticas globales del Sistema Nacional de Emergencias, de políticas y estrategias a nivel local, con el objetivo de la aplicación en forma primaria de las actividades mencionadas en el artículo anterior.

El Comité Departamental de Emergencias estará integrado por el Intendente Municipal respectivo o quien este designe en su representación, quien lo presidirá, el Jefe de Policía Departamental y el Jefe de Destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Defensa Nacional, un representante del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Ministerio de Salud Pública. Asimismo, serán miembros no permanentes del mismo, los representantes de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados presentes en el departamento, que serán convocados a participar por el Intendente o su representante, con la anuencia de los integrantes del Comité Departamental.

Artículo 13. (De los cometidos de los Comités Departamentales).- Son cometidos de los Comités Departamentales:

A) Aprobar políticas, estrategias, normas, planes y programas departmaentales sobre reducción de riesgos y manejo de emergencias y desastres, formulados por la respectiva Intendencia.

B) Declarar la situación de alerta departamental en parte del territorio o todo el departamento, comunicándola a la Dirección Nacional del Sistema.

C) Solicitar a la Dirección Nacional la declaratoria de situación de desastre en parte del territorio o todo el departamento, cuando corresponda.

D) Establecer las comisiones asesoras en temas especializados que se crean necesarias para el funcionamiento de su subsistema departamental.

E) Promover y articular que cada entidad, nacional o departamental, que opere en el respectivo departmento cumpla con lo establecido en la presente ley, en su área de competencia.

Artículo 14. (De los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales).- En cada departamento habrá un Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, coordinado por un funcionario de la máxima jerarquía designado por el Intendente del respectivo departamento, con amplios conocimientos en el tema de la gestión de riesgos.

Artículo 15. (De los cometidos de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales).- Corresponde a los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales los siguientes cometidos:

A) Promover un ámbito de coordinación para las acciones que deben ejecutar las diferentes instituciones en: prevención, mitigación, atención de desastres y rehabilitación que corresponden al Sistema Nacional de Emergencias, en tanto los fenómenos que determinan las mismas permanecieran circunscriptos al territorio departamental, y de acuerdo con los recursos a su disposición y los mandatos del Comité Departamental; e incentivando la formulación participativa de planes de emergencia y de contingencia frente a cada tipo de amenaza.

B) Recibir, sistematizar y trasmitir a su Comité Departamental de Emergencias y a la Dirección Nacional de Emergencias del Sistema la información necesaria para la identificación de fenómenos que pudieran determinar la activación operativa del mismo y, según el caso, efectuar el seguimiento de los mismos.

C) Organizar actividades de capacitación y formación a nivel departamental en coordinación con la Dirección Nacional de Emergencias, la Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, y los Comités Departamentales de Emergencias.

D) Establecer reuniones periódicamente y de manera extraordinaria en situaciones de emergencia; las mismas serán convocadas por el Intendente Municipal respectivo o el funcionario designado por el mismo.

Artículo 16. (De la reducción de riesgo).- La Dirección Nacional del Sistema será competente en la valoración de los posibles riesgos que los emprendimientos públicos o privados puedan generar, a efectos de la adopción de las medidas de prevención y mitigación que correspondan.

Artículo 17. (De la reducción de riesgos en la planificación).- Todas las instituciones públicas responsables de formular y/o ejecutar planes de desarrollo, planes estratégicos sectoriales y/o planes de ordenamiento territorial, sean del ámbito nacional, departamental o local, en el marco de competencias asignadas por la normativa vigente, deberán introducir con carácter obligatorio procesos de planificación, de análisis y de zonificación de amenazas y de riesgos, de manera que los objetivos, las políticas, los planes, los programas y los proyectos emergentes de dicho proceso, contengan las previsiones necesarias en términos de acciones y recursos para reducir los riesgos identificados y atender las emergencias y los desastres que ellos puedan generar.

CAPITULO III

DE LA ACTIVACION OPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS FRENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRE

Artículo 18. (De la Activación Operativa del Sistema Nacional de Emergencias).- El estado de desastre será declarado por el Poder Ejecutivo, actuando el Presidente de la República en acuerdo con los Ministros competentes por razón de materia, o en Consejo de Ministros.

La declaración referida en este artículo determinará la activación operativa inmediata del Sistema Nacional de Emergencias y de todos los recursos disponibles en atención a las características de los fenómenos que las hubieran motivado.

En tanto el Sistema Nacional de Emergencias se encuentre en situación de activación operativa, el Poder Ejecutivo se relacionará con los demás agentes del Sistema a través de la Dirección Nacional de Emergencias.

Artículo 19. (De la declaratoria de retorno a la normalidad).- El Poder Ejecutivo decretará que ha cesado la situación de desastre y que ha retornado la normalidad, en el marco de la normativa vigente.

Artículo 20. (De las limitaciones a la propiedad privada).- Las declaraciones de estado de desastre habilitan al Poder Ejecutivo a establecer, por resolución fundada, el establecimiento de servidumbres de paso y de ocupaciones temporales, así como el uso temporario de los bienes muebles necesarios para la ejecución de las acciones operativas del Sistema Nacional de Emergencias.

Artículo 21. (Evacuación obligatoria de personas y de animales).- Los responsables de actividades operativas decididas en el marco de un alerta o del estado de desastre podrán disponer la evacuación obligatoria de personas y de animales en situación de vulnerabilidad o de riesgo, sea en razón de su ubicación geográfica o de sus características grupales.

En caso de resistencia al cumplimiento de la orden de evacuación, y cuando hubiese peligro inminente para la vida humana, el responsable de la actividad operativa procederá al traslado forzoso de las personas de que se trate, dando cuenta de inmediato a la Justicia.

Artículo 22. (Prestación civil obligatoria).- Los funcionarios públicos, que hubieren sido convocados por sus jerarquías naturales para participar en actividades del Sistema Nacional de Emergencias en casos de alerta o de estado de desastre, están obligados a prestar su concurso personal por todo el tiempo de duración de los mismos, en las condiciones determinadas por la Dirección Nacional de Emergencias del Sistema.

CAPITULO IV

DE LA FINANCIACION DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Artículo 23. (De los recursos financieros del Sistema Nacional de Emergencias).- El Sistema Nacional de Emergencias se financiará con los recursos presupuestales legalmente asignados, y por los recursos extrapresupues-tales que integren el Fondo que se crea en el siguiente artículo.

Artículo 24. (Del Fondo Nacional para la Prevención y la Atención de Desastres).- Créase el Fondo Nacional para la Prevención y la Atención de Desastres. Dicho Fondo estará destinado en forma exclusiva a atender subsidia-riamente las actividades de prevención, mitigación, atención y rehabilitación a cargo del Sistema Nacional de Emergencias, cuya habilitación quedará supeditada a la declaración del artículo 18 de la presente ley. Dicho Fondo estará integrado por:

A) Donaciones y legados con destino al Sistema o al cumplimiento de sus actividades específicas o coordinadas por él.

B) Transferencias provenientes de otras entidades públicas, en el marco de lo establecido en el artículo 43 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

El Sistema Nacional de Emergencias tendrá la titularidad y disponibilidad de la totalidad de dicho Fondo, quedando exceptuado de la limitación establecida por el artículo 594 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987. Los recursos o partidas no afectados o ejecutados al cierre de cada ejercicio continuarán integrando el Fondo, pudiendo hacerse uso de los mismos en los ejercicios siguientes, estando exceptuados de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y en el artículo 119 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006.

Artículo 25. (De las donaciones y legados).- Las donaciones y legados cuyo destino sea la realización de actividades calificadas como cometidos del Sistema Nacional de Emergencias se entenderán efectuadas a este y se asignarán al Fondo Nacional para la Prevención y la Atención de Desastres, salvo que de los términos en que se hubieren establecido se desprendiera claramente que su destinatario es otra entidad u organización pública.

Las donaciones y legados que el Sistema Nacional de Emergencias realice a otros países se regirán en lo pertinente por la normativa vigente.

Artículo 26. (Exoneraciones tributarias).- Las donaciones, legados y transferencias de cualquier tipo cuyo destinatario sea el Sistema Nacional de Emergencias estarán exonerados de tributos nacionales de cualquier especie.

La Dirección Nacional de Emergencias gestionará ante el Congreso de Intendentes y ante los Gobiernos Departamentales la exoneración de tributos departamentales que pudieran gravar las donaciones, los legados y las transferencias antes referidos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de setiembre de 2009.

Roque Arregui Presidente

José Pedro Montero Secretario.

Presidencia de la República Oriental del Uruguay

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 25 de mayo de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a este Cuerpo el adjunto proyecto de ley relativo al Sistema Nacional de Emergencias con el fin de establecer un sistema público de carácter permanente, consagrando cometidos, principios, organización y financiamiento del mismo, cuya finalidad es la protección de las personas, los bienes de significación y el medio ambiente, ante eventuales o reales situaciones de desastre.

A nivel mundial, los desastres de origen socio-natural y sus consecuencias de todo orden han crecido vertiginosamente en las últimas décadas y los eventos ocurridos en los años más recientes confirman que esa tendencia seguirá agravándose en el mundo, entre otros, por los efectos del cambio climático sobre los riesgos en los territorios. Como muestra de ello, en los pasados treinta años las cifras de desastres registrados se multiplicaron por cinco y las pérdidas económicas anuales por quince.

Latinoamérica y el Caribe es la segunda región más afectada por este flagelo en el mundo. En las últimas cuatro décadas el número de desastres en esta región se triplicó y las pérdidas económicas fueron once veces más elevadas.

Frente a este panorama, cada vez adquiere mayor importancia mundial la necesidad de trabajar en la reducción de los riesgos y los desastres a los que está expuesto cada uno de los países.

Tradicionalmente la causa de esta problemática se ha atribuido principalmente a la naturaleza, a castigo divino o a la mala suerte y cada desastre ha sido considerado como un evento aislado, inesperado e inevitable, tomándonos de sorpresa e insuficientemente preparados en cada ocasión.

Hoy día existe plena claridad sobre muchos aspectos básicos de esta temática, entre los cuales mencionan algunos a saber:

1. Una de las conclusiones fundamentales se refiere a que aunque para que se genere un desastre se requiere la presencia de un fenómeno natural o antrópico, las vulnerabilidades generadas por el hombre son la principal causa estructural de los riesgos y desastres.

2. Dichas vulnerabilidades están vinculadas principalmente con la débil presencia de la concepción preventiva y del escaso valor de la vida humana en la cultura de nuestras sociedades; están relacionadas, además, con la pobreza y la exclusión de amplias franjas de la población, con el deterioro ambiental, con el inapropiado uso del suelo y de los recursos naturales, con el crecimiento urbano desordenado y orientado en gran parte hacia zonas de alto riesgo y con una infraestructura urbana deficiente.

3. Por ello, no hay lugar a dudas en cuanto a que los desastres están íntimamente ligados con los procesos y los modelos de desarrollo. Por una parte, los desastres ponen en peligro la sostenibilidad del desarrollo de las sociedades pero, a su vez, los procesos de desarrollo pueden ser generadores de nuevos riesgos y desastres si no se actúa con concepto preventivo.

4. Además, debe tenerse presente que los desastres no solo causan pérdida de vidas y daños físicos, sino que producen consecuencias económicas, sociales, ambientales, políticas e institucionales en los diferentes sectores del desarrollo.

5. De ahí que la reducción integral de riesgos solo sea posible a través de una estrategia de incorporación de la prevención y la mitigación de riesgos y desastres en la planificación de todas las actividades de desarrollo y, muy particularmente, en el ordenamiento del uso de los territorios.

6. Por tanto, debe ser una estrategia en la que actúen con concepción preventiva y sistémica todas las entidades del Estado y la sociedad. Esto imprime al proceso un aprendizaje organizacional y de elaboración de conocimientos que, de manera más o menos profunda y durable, modifica la gestión y la práctica de las situaciones como en la situación en sí.

En nuestro territorio en 1959, sucedieron las mayores inundaciones que la memoria colectiva tiene como símbolo de catástrofe y solidaridad. Durante mayo de 2007 a casi 50 años después de aquel desastre, en el mes de mayo, se producen inundaciones en distintas áreas de nuestro país que alcanzan a miles de personas. Los departamentos que resultaron más afectados fueron Durazno, Soriano y Treinta y Tres. Como hace medio siglo, se movilizó solidariamente todo el Uruguay para brindar ayuda a las personas que tuvieron que dejar sus hogares, que perdieron su ropa, sus muebles, y en muchos casos su propia vivienda a la que no podrán retornar.

Pero ya a partir de la tormenta del 24 de agosto de 2005, sumada a las inundaciones de mayo del año 2007 y las actuales sequías, nuestro país comienza a tomar conciencia acerca de la importancia de los riesgos a los que está expuesto y de la tendencia recurrente de eventos climáticos extremos.

El desafío es transformar el desastre en oportunidad a partir de responsabilidades y valores enraizados en nuestra sociedad, y así organizar la solidaridad espontánea, transformando esta en una estrategia de compromiso, permanente y continuo y acciones concretas de los diferentes actores involucrados.

Esta oportunidad es también la de consolidar un proceso con un enfoque de gestión para la reducción y mitigación de riesgos, integralmente vista, actuar en todos los momentos de ese proceso y en todas las etapas vitales del individuo y la sociedad. Se entiende el proceso de gestión para la reducción de riesgos como recuperación de medios de vida, vinculado a un desarrollo sustentable, al ordenamiento del territorio, a la gestión ambiental, procurando que no se reproduzcan las condiciones de riesgo y con una visión prospectiva que permita desde la prevención, la mitigación, preparación y atención de desastres, rehabilitación y recuperación, como expresión de un aspecto del derecho a la vida y por tanto forma parte de los derechos humanos esenciales.

En este contexto, la Presidencia de la República, y en particular la Prosecretaría de la Presidencia, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ha concentrado esfuerzos con el fin de definir políticas, estrategias, normas legales, y generar un programa transversal de gestión de la reducción de riesgos, procurando fortalecer las instituciones que conformen el Sistema Nacional de Emergencias a nivel nacional, departamental y local, como órgano coordinador del trabajo interinstitucional y multidisciplinario.

Esta etapa de fortalecimiento del Sistema Nacional de Emergencias se inserta a su vez en el proceso de reforma del Estado por el que nuestro país transita. La consolidación de las políticas y estrategias de Estado se sustenta en la determinación de responsabilidades en los diferentes ámbitos y niveles. Es una etapa en la que la clave es la participación, en la que se potencia la participación y toma de decisiones por el ciudadano, y la coordinación, en la que las redes socio -gubernamentales transversalizan las estructuras verticales vigentes y aportan a la discusión de proyectos estratégicos, intervienen en el diseño e implementación de políticas públicas, contribuyen a la toma de decisiones concertadas, ejercen control social, con un rol pro activo en la construcción de ciudadanía.

El enfoque de riesgo es la esencia del fenómeno (problema) por ello debe constituirse definitiva y formalmente en el eje de los procesos en búsqueda de modelos y prácticas de intervención. De ello se desprende que la misión del sistema es definir una estrategia en la que se coordinen integralmente los recursos existentes para lograr una posición de ventaja sobre el problema y actuar previniendo, interviniendo oportunamente y recuperando precozmente en el desastre.

Se visualiza como un servicio público cuya misión es coordinar los recursos públicos y privados para el mejor control de las situaciones de exposición a amenazas, con el objetivo de proteger a las personas, sus bienes y el ambiente.

Se entiende entonces al Sistema Nacional de Emergencias como un sistema transversal multidisciplinario, interinstitucional, descentralizado y participativo, destinado a dar seguridad a las personas, sus bienes y ambiente, ante variados escenarios y situaciones de riesgo.

Desde esta visión de cómo funcionaría el Sistema Nacional de Emergencia se debe transitar, progresiva y paulatinamente, desde un modelo de administración sustentado en las fases de catástrofe (caos), mando y control, a asumir de manera gradual el modelo de continuidad, coordinación y cooperación (intersectorial, regional...), donde la búsqueda sistemática (información válida y fiable) del "problema", con capacidad de antelación (promoción y prevención) y planes de respuesta normalizados y contingentes.

El enfoque en el Uruguay nos lleva a una Política de Estado que se caracterizará por ser transversal, sistemática y preventiva: actuar con un conjunto de medidas y herramientas dirigidas a intervenir anteponiéndose a la amenaza o disminuyendo la vulnerabilidad, con el fin de restringir o mitigar los riesgos existentes. Esto incluye las tareas de preparación, atención y reconstrucción post desastre. Por ello el sistema se concibe como integral (abarca todo el proceso y a todos los actores públicos y privados).

En este sentido, el sistema es nacional no solo por su identidad territorial (departamental-local), sino por su propósito, que es el de articular las diversas fuerzas existentes: sociales, políticas, institucionales, públicas, privadas en todos los niveles territoriales. Esto permite planteamientos de participación democráticos, suma de esfuerzos y responsabilidades, de acuerdo con el ámbito de competencia de cada cual.

Son factores fundamentales para esta orientación, la continuidad, integralidad del encuadre, complementariedad, cooperación, el aprendizaje organizacional y coordinación interinstitucional. Para ello se requiere una organización articulada y coordinada, si analizamos los elementos integrantes de los conceptos del enfoque preventivo del riesgo, amenaza y vulnerabilidad, no existen posibilidades de actuar desde una sola estructura, profesión o técnica, la acción es multinstitucional, multidisciplinaria y multisectorial, pero sí en forma coordinada en donde se relacionen organismos nacionales, municipales y locales.

Saluda al Señor Presidente con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Miguel Fernández Galeano, María Simon, Ernesto Agazzi, Marina Arismendi, Andrés Masoller, Eduardo Bonomi, Héctor Lescano, Carlos Colacce, Daniel Martínez, José Bayardi, Alvaro García, Daisy Tourné, Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Gonzalo Fernández, Felipe Michelini, Gerardo Gadea.

PROYECTO DE LEY

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto de la ley: El objeto de esta ley es consagrar un Sistema Nacional de Emergencias, es un sistema público de carácter permanente, cuya finalidad es la protección de las personas, los bienes de significación y el medio ambiente, ante el acaecimiento eventual o real de situaciones de desastre, mediante la coordinación conjunta del Estado con el adecuado uso de los recursos públicos y privados disponibles, de modo de propiciar las condiciones para el desarrollo nacional sostenible.

El funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias se concreta en el conjunto de acciones de los órganos estatales competentes dirigidas a la prevención de riesgos vinculados a desastres de origen natural o humano, previsibles o imprevisibles, periódicos o esporádicos; a la mitigación y atención de los fenómenos que acaezcan; y a las inmediatas tareas de rehabilitación y recuperación que resulten necesarias.

Artículo 2°. Cometidos Generales del Sistema Nacional de Emergencias.-

Para dar cumplimiento al objeto establecido en el artículo 1° de esta ley, las acciones del Estado estarán orientadas a la obtención de los siguientes cometidos:

a) Articular, en consideración a los recursos disponibles, las tareas y responsabilidades de entidades y órganos públicos, instituciones sociales e individuos, en la prevención, mitigación, atención, rehabilitación y recuperación ante situaciones de desastre;

b) Integrar los esfuerzos públicos y privados en forma eficaz y eficiente, de acuerdo a las necesidades impuestas por cada una de las fases de actividad del Sistema;

c) Garantizar un manejo oportuno, eficaz y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos indispensables para la ejecución de las acciones necesarias.

Artículo 3°.- Principios del Sistema Nacional de Emergencias.

El funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias estará orientado por los principios que se enuncian a continuación:

a) Protección de la vida, de los bienes de significación, y del ambiente: en el marco de lo consagrado en nuestra Constitución Nacional toda persona tiene el derecho a la protección de su vida e integridad física, así como el derecho a su acervo cultural, sus medios de subsistencia y medio ambiente frente a la existencia de riesgos y eventualidad de desastres. Asimismo se deben proteger los bienes y la economía públicos y privados.

b) Subordinación de los agentes del Sistema a las exigencias del interés general: la prevención y mitigación de riesgos, y las intervenciones necesarias ante situaciones de desastre son actividades de interés general, y habilitan al establecimiento de sujeciones y limitaciones, en la forma en que lo establezca la presente ley y demás disposiciones concordantes.

c) Responsabilidad compartida y diferenciada: la generación de riesgos potencialmente causantes de desastre por parte de entidades públicas, instituciones privadas o individuos acarrea responsabilidad, la que se graduará razonablemente en atención a las circunstancias del caso y a la normativa vigente en la materia.

d) Descentralización de la gestión y subsidiariedad en las acciones: la reducción de riesgo y la atención de desastres se cumplirá primariamente en forma descentralizada. En consecuencia, corresponde a los Subsistemas el aporte de sus capacidades técnicas y recursos, sin perjuicio de las acciones que corresponde tomar a nivel nacional cuando la situación lo requiera.

e) Integralidad: la estrategia de Gestión Integral para la Reducción de Riesgos, es decir de prevención, mitigación, atención, preparación, intervención, rehabilitación y recuperación en situaciones de desastres, que adopten el funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias se apreciarán y evaluarán en su conjunto; sin perjuicio de las competencias y responsabilidades que correspondan, y según los niveles y sectores de intervención asignados.

f) Planificación: el establecimiento de planes para la reducción de riesgos y la atención de desastres constituyen deberes de las autoridades, y en su caso de los particulares y su inclusión en la planificación del desarrollo nacional y departamental, en el ordenamiento territorial, en el desarrollo sostenible y en las condiciones para la inversión pública y privada.

g) Formación y capacitación: los procesos de formación y capacitación de los agentes del sistema en prevención, respuesta y recuperación ante situaciones de emergencias y desastres, para la generación de pautas culturales en el conjunto de la población, serán promovidos y cumplidos en forma coordinada por el Sistema Nacional de Emergencias, considerándose que los institutos de enseñanza y de formación profesional y técnicas de todos los niveles, son parte integrante de este Sistema Nacional. Asimismo, se promoverá en el marco de la Ley de voluntariado N° 17.885, de 12 de agosto de 2005, la participación ciudadana.

h) Orden público: las acciones programadas y cumplidas en el marco del funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias son de orden público y su cumplimiento es obligatorio, sin perjuicio de las garantías constitucionales y legales vigentes.

i) Solidaridad: las acciones del Sistema Nacional de Emergencias fomentarán la capacitación de actuación unitaria de los miembros de la colectividad o grupo social, orientadas a obtener un alto grado de integración y estabilidad interna, con la adhesión ilimitada y total a una causa, situación o circunstancia, que implica asumir y compartir por los distintos actores del sistema beneficios y riesgos.

j) Equilibrio dinámico: poner la debida atención a los procesos de transformación, evolución y adaptación, al mismo tiempo reconocer la necesidad de establecer un balance entre las condiciones ambientales, socio-psicoculturales y económicas que conduzcan a un desarrollo sustentable.

k) Información: la comunicación de la gestión de riesgo con un enfoque preventivo, implica que todos los actores vinculados en la temática asuman la responsabilidad de socializar y democratizar la información sobre la misma.

Artículo 4°. Definiciones.

A los efectos de la aplicación de la presente ley, se estará a las siguientes definiciones:

I- Alerta. Es el estado declarado por la autoridad compe- tente con el fin de tomar precauciones específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento.

II- Riesgo. Es la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con las vulnerabilidades de los elementos expuestos.

III- Vulnerabilidad. Corresponde a la manifestación de una predisposición o susceptibilidad física, económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que se presente un fenómeno o peligro de origen natural o causado por el hombre.

IV- Daño. Efecto adverso o grado de destrucción causado por un fenómeno sobre las personas, los bienes, sistemas de protección de servicios, sistemas naturales y sociales.

V- Areas Especialmentes Vulnerables. Son las zonas o partes del territorio en los que existen elementos altamente susceptibles de sufrir daños graves en gran escala, provocados por fenómenos de origen natural o humano, y que requieren una atención especial.

VI- Prevención. Medidas y acciones, de carácter técnico y legal, dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para evitar o reducir su incidencia sobre la población, los bienes, servicios y el ambiente.

VII- Preparación. Son las actividades de carácter organizativo orientadas a asegurar la disponibilidad de los recursos y la efectividad de los procedimientos necesarios para enfrentar una situación de desastre.

VIII- Mitigación. Planificación y ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el riesgo. La mitigación es el resultado de la aceptación de que no es posible controlar el riesgo totalmente; es decir, que en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y consecuencias y solo es posible atenuarlas.

IX- Emergencia. Estado caracterizado por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por una reacción inmediata y exige la atención o preocupación de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general.

X- Desastre. Es toda situación que causa alteraciones intensas en los componentes sociales, físicos, ecológicos, económicos y culturales de una sociedad, poniendo en peligro inminente la vida humana, los bienes de significación y el medio ambiente, sobrepasando la capacidad normal de respuesta local y eficaz ante sus consecuencias.

XI- Atención de Desastres. Es el conjunto de acciones preventivas y de respuesta dirigidas a la adecuada protección de la población, bienes y medio ambiente, frente a la ocurrencia de un evento determinado.

XII- Estado de Desastre. Es el estado excepcional colectivo provocado por un acontecimiento que pone en peligro a las personas, afectando su salud, vida, hábitat, medios de subsistencia y medio ambiente, imponiendo la toma de decisiones y el empleo de recursos extraordinarios para mitigar y controlar los efectos de un desastre.

XIII- Recuperación. Es el conjunto de acciones posteriores al evento catastrófico para el restablecimiento de condiciones adecuadas y sostenibles de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y la reactivación o impulso del desarrollo económico y social de la comunidad.

XIV- Rehabilitación. Es la puesta en funcionamiento en el más breve tiempo posible de los servicios básicos en el área afectada por el desastre, y la adopción de medidas inmediatas dirigidas a la población afectada que hagan posible las otras actividades de recuperación que pudieran corresponder.

CAPITULO II

De la Organización del Sistema Nacional de Emergencias

Artículo 5°.- Integración del Sistema Nacional de Emergencias

El Sistema Nacional de Emergencias se encuentra integrado, en sus aspectos orgánicos, por:

a) El Poder Ejecutivo.

b) La Dirección Nacional de Emergencias.

c) Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgo y Atención de Desastres.

d) Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

e) Comités Departamentales de Emergencias.

Artículo 6°.- De la Dirección Superior del Sistema Nacional de Emergencias.

La Dirección Superior del Sistema Nacional de Emergencias corresponde al Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 168, numeral 1°, de la Constitución de la República, siendo la instancia superior de decisión y coordinación del Sistema. Asimismo a la Dirección Superior del Sistema Nacional de Emergencias le compete la aprobación de políticas generales, de propuestas normativas, planes nacionales para reducción de riesgos y atención de emergencias, planes de rehabilitación y recuperación, declaratoria de situaciones de desatre, entre otros cometidos asignados en el marco de la normativa vigente.

Artículo 7°.- De la Dirección Nacional de Emergencias.

Créase la Dirección Nacional de Emergencias la que estará a cargo de la Presidencia de la República. Su titularidad será ejercida por un funcionario de la misma a quien el Presidente de la República designe en el cumplimiento de los correspondientes cometidos a asignarse a dicha Dirección Nacional.

Serán funciones de la Dirección Nacional de Emergencias las que se enuncian:

a) Actuar como nexo directo entre el Poder Ejecutivo y los demás agentes del Sistema Nacional de Emergencias.

b) Declarar las situaciones de alerta y comunicar la misma a la Dirección Superior del Sistema.

c) Coordinar el funcionamiento del Sistema Nacional de Emergencias, de acuerdo a las políticas, líneas estratégicas definidas por la Dirección Superior del Sistema.

d) Promover la realización de actividades de formación y capacitación dirigidas a los integrantes del Sis-tema, así como las campañas públicas de educación e información ciudadana, de acuerdo con los planes y proyectos de la Comisión Asesora Nacio-nal para Reducción de Riesgo y Atención de Desastres.

e) Proponer igualmente la aprobación de instrumentos para la gestión del riesgo, en consideración a los tipos de contingencias susceptibles de activar el Sistema.

f) Elevar al Poder Ejecutivo propuestas de políticas, estrategias, normativa y planes nacionales para la reducción de riesgos y manejo de situaciones de riesgo o desastre y de recuperación.

g) Dirigir y coordinar el funcionamiento del Sistema a nivel nacional y departamental respetando las autonomías y competencias de las instituciones que integran el Sistema, así como vigilar el cumplimiento de la ley.

h) Proponer al Poder Ejecutivo, mediante comunicación al Presidente de la República, la aprobación de la reglamentación necesaria para la ejecución de la presente Ley.

Artículo 8°.- De los cometidos de la Dirección Nacional de Emergencias

Son cometidos de la Dirección Nacional de Emergencias:

a. Efectuar el seguimiento de los actores y su gestión de los riesgos identificados en el territorio Nacional.

b. Realizar coordinación de acciones operativas en las situaciones de Alertra y Desastre.

c. Coordinar las actividades de prevención, mitigación, preparación, atención y rehabilitación definidos por los Organos del Sistema Nacional de Emergencias.

d. Supervisar el cumplimiento de las decisiones del Poder Ejecutivo y de la Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgo y Atención al Desastre.

Artículo 9°.- De la Comisión Asesora Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres.

La Comisión Asesora Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres es una comisión técnica y asesora, con ámbito físico de actuación en la Dirección Nacional de Emergencias, integrada por representantes del máximo nivel técnico del Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, el Congreso de Intendentes, e instituciones públicas y privadas de investigación y docencia, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de esta Ley. Estará presidida por el Director Nacional de Emergencias.

Compete a esta Comisión Asesora:

a) Plantear estudios de prevención y apoyo, en referencia a las actividades a cargo del Sistema Nacional de Emergencias;

b) Integrar comisiones asesoras en temas especializados, integradas por organismos técnicos, científicos, académicos y de investigación;

c) Proponer medidas o acciones para la reducción de la vulnerabilidad existente;

d) Proponer planes para el control de riesgos, a efectos de mantener los mismos en niveles socialmente aceptables;

e) Validar las actividades de capacitación y formación realizadas por entidades no sometidas a la supervisión de la Comisión Asesora Nacional, a efectos de habilitar la integración de recursos humanos al Sistema.

f) Formular con el apoyo de la Dirección Nacional propuestas sobre políticas, estrategias, normativas y planes nacionales para la reducción de riesgos y manejo de situaciones de emergencia.

Artículo 10.- De la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados

En el ámbito de las competencias asignadas por la normativa vigente, asumirán en forma descentralizada y primaria el cumplimiento de actividades de prevención, mitigación, atención, rehabilitación o recuperación como consecuencia de situaciones previstas en esta ley.

Artículo 11.- De los Subsistemas de Emergencias Departamentales.

Se consideran Subsistemas de Emergencias Departamentales las instancias de coordinación y ejecución descentralizada y primaria de actividades de prevención, mitigación, atención, rehabilitación y recuperación, ante el acaecimiento eventual o real de situaciones de desastre con impacto local, y en el marco de las políticas públicas de descentralización consagradas en nuestra legislación nacional.

Su actuación se ajustará a los planes y protocolos de actuación establecidos por el Sistema Nacional de Emergencias, y por los respectivos Comités Departamentales de Emergencias a través de los ámbitos de coordinación respectiva a nivel local para cada tipo de contingencia, sin desmedro de la adopción de las medidas adecuadas ante situaciones imprevistas.

Artículo 12.- De los Comités Departamentales de Emergencias.

Los Comités Departamentales de Emergencias son los órganos responsables de la formulación en el ámbito de sus competencias, y en consonancia con las políticas globales del Sistema Nacional de Emergencias, de políticas y estrategias a nivel local, con el objetivo de la aplicación en forma primaria de las actividades mencionadas en el artículo anterior.

El Comité Departamental de Emergencias estará integrado por el Intendente Municipal respectivo o quien este designe en su representación, quien lo presidirá, el Jefe de Policía Departamental y, Jefe de Destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Defensa Nacional, un representante del Ministerio de Desarrollo Social, y un representante del Ministerio de Salud Pública. Asimismo serán miembros no permanentes del mismo, los representantes de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados presentes en el Departamento, que serán convocados a participar por el Intendente o su representante, con la anuencia de los integrantes del Comité Departamental.

Artículo 13.- De los cometidos de los Comités Departamentales.

Son cometidos de los Comités Departamentales:

a) Aprobar políticas, estrategias, normas, planes y programas departamentales, sobre reducción de riesgos y manejo de emergencias y desastres, formulados por la respectiva Intendencia.

b) Declarar la situación de alerta departamental, en parte del territorio o todo el departamento, comunicando a la Dirección Nacional del Sistema.

c) Solicitar a la Dirección Nacional la declaratoria de situación de desastre en parte del territorio o todo el departamento, cuando corresponda.

d) Establecer las comisiones asesoras en temas especializados, que se crean necesarias para el funcionamiento de su subsistema departamental.

e) Promover y articular que cada entidad, nacional o departamental, que opere en el respectivo Departamento cumpla con lo establecido en la presente ley, en su área de competencia.

Artículo 14.- De los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales.

En cada Departamento habrá un Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), coordinado por un funcionario de la máxima jerarquía designado por el Intendente del respectivo Departamento con amplios conocimientos en el tema de la Gestión de Riesgos.

Artículo 15.- De los cometidos de los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales.

Corresponde a los Centros de Coordinadores de Emergencias Departamentales los siguientes cometidos:

a) Promover un ámbito de coordinación para las acciones que deben ejecutar las diferentes instituciones en: prevención, mitigación, atención de desastres y rehabilitación que correspondan al Sistema Nacional de Emergencias, en tanto los fenómenos que determinan las mismas permanecieran circunscriptos al territorio departamental, y de acuerdo con los recursos a su disposición y los mandatos del Comité Departamental; e incentivando la formulación participativa de planes de emergencia y de contingencia frente a cada tipo de amenaza.

b) Recibir, sistematizar y trasmitir a su Comité Departamental de Emergencias y a la Dirección Nacional de Emergencias del Sistema, la información necesaria para la identificación de fenómenos que pudieran determinar la activación operativa de mismo, y según el caso, efectuar el seguimiento de los mismos.

c) Organizar actividades de capacitación y formación a nivel departamental, en coordinación con la Dirección Nacional de Emergencias, la Comisión Asesora Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, y los Comités Departamentales de Emergencias.

d) Establecer reuniones periódicamente y de manera extraordinaria en situaciones de emergencia, las mismas serán convocadas por el Intendente Municipal respectivo o el funcionario designado por el mismo.

Artículo 16.- De la reducción de riesgo.

La Dirección Nacional del Sistema será competente en la valoración de los posibles riesgos que los emprendimientos públicos o privados puedan generar, a efectos de adopción de las medidas de prevención y mitigación que correspondan.

Artículo 17.- De la Reducción de riesgos en la Planificación.

Todas las Instituciones Públicas responsables de formular y/o ejecutar planes de desarrollo, planes estratégicos sectoriales, y/o planes de ordenamiento territorial, sean del ámbito nacional, departamental o local, en el marco de competencias asignadas por la normativa vigente, deberán introducir con carácter obligatorio procesos de planificación, análisis y zonificación de amenazas y riesgos, de manera que los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos emergentes de dicho proceso, contengan las previsiones necesarias en términos de acciones y recursos para reducir los riesgos identificados y atender las Emergencias y Desastres que ellos puedan generar.

CAPITULO III

De la activación operativa del Sistema Nacional de Emergencias frente a situaciones de Emergencia o Desastre

Artículo 18.- De la Activación Operativa del Sistema Nacional de Emergencias. El Estado de Desastre será declarado por el Poder Ejecutivo, actuando el Presidente de la República en acuerdo con los Ministros competentes por razón de materia, o en Consejo de Ministros.

La declaración referida en este artículo determinará la activación operativa inmediata del Sistema Nacional de Emergencias, y de todos los recursos disponibles en atención a las características de los fenómenos que las hubieran motivado.

En tanto el Sistema Nacional de Emergencias se encuentre en situación de activación operativa, el Poder Ejecutivo se relacionará con los demás agentes del Sistema a través de la Dirección Nacional de Emergencias.

Artículo 19.- De la Declaratoria de Retorno a la Normalidad.

El Poder Ejecutivo decretará que ha cesado la situación de desastre y que ha retornado la normalidad, en el marco de la normativa vigente.

Artículo 20.- De las limitaciones a la propiedad privada.

Las declaraciones de Estado de Desastre habilitan al Poder Ejecutivo a establecer, por resolución fundada, el establecimiento de servidumbres de paso y de ocupaciones temporales, así como el uso temporario de los bienes muebles necesarios para la ejecución de las acciones operativas del Sistema Nacional de Emergencias.

Artículo 21.- Evacuación obligatoria de personas y animales.

Los responsables de actividades operativas decididas en el marco de un Alerta o del Estado de Desastre podrán disponer la evacuación obligatoria de personas y animales en situación de vulnerabilidad o riesgo, sea en razón de su ubicación geográfica o de sus características grupales.

En caso de resistencia al cumplimiento de la orden de evacuación, y cuando hubiese peligro inminente para la vida humana, el responsable de la actividad operativa procederá al traslado forzoso de las personas de que se trate, dando cuenta de inmediato a la justicia.

Artículo 22.- Prestación civil obligatoria.

Los funcionarios públicos que hubieren sido convocados por sus jerarquías naturales para participar en actividades del Sistema Nacional de Emergencias en casos de Alerta o de Estado de Desastre, están obligados a prestar su concurso personal por todo el tiempo de duración de los mismos, en las condiciones determinadas por la Dirección Nacional de Emergencias del Sistema.

CAPITULO IV

De la Financiación del Sistema Nacional de Emergencias

Artículo 23.- De los Recursos financieros al Sistema.

El Sistema Nacional de Emergencias se financiará con los recursos presupuestales legalmente asignados, y por los recursos extrapresupuestales que integren el Fondo que se crea en el siguiente artículo.

Artículo 24.- Del Fondo Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Créase el Fondo Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Dicho Fondo estará destinado en forma exclusiva a atender subsidiariamente las actividades de prevención, mitigación, atención y rehabilitación a cargo del Sistema Nacional de Emergencias, cuya habilitación quedara supeditada a la declaración del artículo 18 de la presente ley. Dicho Fondo estará integrado por:

a) Donaciones y legados con destino al Sistema, o al cumplimiento de sus actividades específicas, o coordinadas por él.

b) Transferencias provenientes de otras entidades públicas, en el marco de lo establecido en el artículo 43 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

El Sistema Nacional de Emergencias tendrá la titularidad y disponibilidad de la totalidad de dicho Fondo, quedando exceptuado de la limitación establecida por el artículo 594 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987. Los recursos o partidas no afectados o ejecutados al cierre de cada ejercicio continuarán integrando el Fondo, pudiendo hacerse uso de los mismos en los ejercicios siguientes, estando exceptuados de lo dispuesto en los artículos 38 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y 119 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006.

Artículo 25.- De las Donaciones y legados.

Las donaciones y legados cuyo destino sea la realización de actividades calificadas como cometidos del Sistema Nacional de Emergencias se entenderán efectuadas a este, y se asignarán al Fondo Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, salvo que de los términos en que se hubieren establecido se desprendiera claramente que su destinatario es otra entidad u organización pública.

Las donaciones y legados que el Sistema Nacional de Emergencias realice a otros países se regirán en lo pertinente por la normativa vigente.

Artículo 26.- Exoneraciones tributarias.

Las donaciones, legados y transferencias de cualquier tipo cuyo destinatario sea el Sistema Nacional de Emergencias, estarán exonerados de tributos nacionales de cualquier especie.

La Dirección Nacional de Emergencias gestionará ante el Congreso de Intendentes y ante los Gobiernos Departamentales la exoneración de tributos departamentales que pudieran gravar a las donaciones, legados y transferencias antes referidos.

Gerardo Gadea, Andrés Masoller, Miguel Fernández Galeano, Marina Arismedi, Ernesto Agazzi, Eduardo Bonomi, Héctor Lescano, Felipe Michelini, María Julia Muñoz, José Bayardi, Carlos Colacce, Víctor Rossi, Gonzalo Fernández, Daniel Martínez, Alvaro García, Daisy Tourné, María Simon.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 15.903

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL

SE APRUEBA LA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1986

Artículo 594.- Toda atribución de titularidad y disponbilidad de fondos públicos extrapresupuestales se entenderá hecha al 50% (cincuenta por ciento) de los mismos, salvo las excepciones dispuestas por ley.

Ley N° 17.930

PRESUPUESTO NACIONAL

APRUEBASE PARA EL PERIODO 2005-2009

Artículo 38.- Al cierre de cada Ejercicio, los Incisos del Presupuesto Nacional, podrán disponer de hasta el 100% (cien por ciento) de los Recursos de Afectación Especial disponibles y no comprometidos al 31 de diciembre, para destinarlo al abatimiento de su deuda flotante correspondiente a Rentas Generales. La utilización de los referidos saldos será determinada por el jerarca del inciso respectivo en acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas y seguir un criterio de cancelación basado en la antigüedad de las duedas.

Artículo 43.- Podrán realizarse trasposiciones en los créditos de gastos de funcionamiento e inversión entre Incisos que tengan a su cargo el cumplimiento de cometidos con objetivos comunes mediante acuerdos entre Ministerios y Organismos que ratifique el Poder Ejecutivo, los que regirán hasta el 31 de diciembre de cada Ejercicio.

Las solicitudes se tramitarán por los Ministerios y Organismos involucrados ante el Ministerio de Economía y Finanzas, quien las someterá con su opinión a dicha ratificación del Poder Ejecutivo y acompañará los informes previos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para créditos de inversión y de la Contaduría General de la Nación para créditos de gastos de funcionamiento.

De lo actuado se deberá dar cuenta al Tribunal de Cuentas y a la Asamblea General.

Ley N° 18.046

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2005

Artículo 119.- A partir de la promulgación de la presente ley, en cada cierre de ejercicio los Inciso de la Administración Central que tuvieran disponibilidad financiera no comprometida en sus Recursos con Afectación Especial, deberán aplicarla de acuerdo al siguiente orden de prioridades:

En primer lugar, al destino establecido en el artículo 36 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

En segundo lugar, al pago de la deuda flotante correspondiente a gastos con financiación Rentas Generales de la unidad ejecutora que tiene la titularidad y disponibilidad de los recursos.

En tercer lugar, al pago de la deuda flotante de otras unidades ejecutoras del mismo Inciso, correspondiente a gastos con financiación Rentas Generales, de acuerdo con lo que disponga el jerarca del Inciso.

En caso de existir disponibilidad, una vez aplicados los fondos en la forma establecida en los incisos precedentes, los saldos resultantes serán volcados a Rentas Generales.

No será de aplicación para los Incisos de la Adminis-tración Central lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40 de la misma ley."

SEÑOR PREISDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: se trata de un mensaje del Poder Ejecutivo que ahora viene aprobado por la Cámara de Representantes, mediante el cual se crea un Sistema Nacional de Emergencias que da una coordinación y un marco legal al funcionamiento de las acciones e instituciones que intervienen regularmente en las situaciones de desastre, tal como se ha venido implementando en estos años durante las últimas Administraciones.

El deterioro ambiental que ha producido el cambio climático que afecta al planeta también ha determinado que América Latina y el Caribe sea la segunda región más afectada del mundo. La necesidad de una concepción preventiva, que tome en cuenta la vulnerabilidad de cada territorio, de cada sociedad o comunidad local, es la base de un sistema operativo que tenga los riesgos calculados y que actúe en la reducción de los mismos. Por ello se plantea una intervención sistémica de todas las instituciones estatales y de la sociedad, buscando un proceso de aprendizaje organizacional en el que todos confluyan con sus haberes locales o especializados.

El proyecto de ley consta de cuatro Capítulos y 26 artículos. El primer Capítulo contiene las disposiciones generales y define el objeto de la creación del Sistema Nacional de Emergencias, sus cometidos generales, los principios que lo rigen y hace un glosario de definiciones de los términos de la emergencia. Por su parte, el segundo Capítulo refiere a la organización del sistema. En el artículo 5º se define su integración y en el 6º y el 7º, las estructuras de Dirección, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República. Asimismo, en los artículos 7º y 8º se establecen sus funciones y sus cometidos. En el artículo 9º se crea una Comisión Asesora Nacional para Reducción de Riesgos y Atención de Desastres, fijando también sus cometidos. El artículo 10 establece la forma de actuación descentralizada de la Administración Central, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. A su vez, el artículo 11 define los Subsistemas de Emergencias Departamentales y el 12, los Comités Departamentales de Emergencias. Los cometidos de estos Comités se establecen en el artículo 13 y lo propio se define en los artículos 14 y 15 para los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales. Por su parte, los artículos 16 y 17 establecen la planificación de la reducción de riesgos y las responsabilidades correspondientes.

El Capítulo III se refiere a la activación operativa del Sistema Nacional de Emergencias. En los artículos 18 a 22 se establece quién define la declaración de desastre y de retorno a la normalidad, así como también quién toma distintas decisiones que hacen al involucramiento de las personas y a la preservación de los bienes.

Finalmente, el Capítulo IV tiene que ver con la financiación del Sistema, para lo cual en el artículo 24 se crea un Fondo Nacional para la Prevención y la Atención de Desastres. El artículo 26 establece las exoneraciones tributarias para las donaciones de dicho Fondo.

En resumen, de esto se trata este proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, que da un marco legal a lo que han venido realizando las Administraciones anteriores y la presente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: propongo que se suprima la lectura de los artículos y se vote en bloque el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Se van a votar los artículos 1º a 26 inclusive.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

14) IDENTIDAD DE GENERO, CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO REGISTRAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en 7º término del Orden del Día: "Dis-cusión particular del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se establecen normas relativas al derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral (Carp. Nº 1027/07 - Rep. Nº 1183/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1027/07

Rep. N° 1183/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Derecho a la identidad de género).- Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros.

Artículo 2°. (Legitimación).- Toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo, o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género.

Artículo 3°. (Requisitos).- Se hará lugar a la adecuación registral de la mención del nombre y en su caso del sexo toda vez que la persona solicitante acredite:

1) Que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de nacimiento del Registro de Estado Civil son discordantes con su propia identidad de género.

2) La estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos dos años, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la presente ley.

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual para la concesión de la adecuación registral de la mención del nombre o del sexo que fuere disonante de la identidad de género de la persona a que se hace referencia en dicho documento.

Cuando la persona haya procedido a la cirugía de reasignación sexual, no le será necesario acreditar el extremo previsto en el numeral 2) del presente artículo.

Artículo 4°. (Procedimiento y competencia).- La adecuación de la mención registral del nombre y del sexo será de iniciativa personal del titular de los mismos.

Producida la adecuación registral, esta no podrá incoarse nuevamente hasta pasados cinco años, en cuyo caso se vuelve al nombre original.

Se tramitará ante los Juzgados Letrados de Familia, mediante el proceso voluntario previsto por el artículo 406.2 del Código General del Proceso (artículo 69 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985, con la modificación introducida por el artículo 374 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992).

La presentación de la demanda deberá estar acompañada de un informe técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad que se constituirá a estos efectos en la Dirección General del Registro de Estado Civil.

Sin perjuicio de los demás medios de prueba que pudiera aportar el interesado, se tendrá especialmente en cuenta el testimonio de las personas que conocen la forma de vida cotidiana del solicitante y la de los profesionales que lo han atendido desde el punto de vista social, mental y físico.

Una vez recaída la providencia que acoge la solicitud de adecuación, el Juzgado competente oficiará a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Departamental respectiva, a la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral y a la Dirección General de Registros a fin que se efectúen las correspondientes modificaciones en los documentos identificatorios de la persona así como en los documentos que consignen derechos u obligaciones de la misma. En todos los casos se conservará el mismo número de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica.

Artículo 5°. (Efectos).-

1) La resolución que autorice la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo, tendrá efectos constitutivos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento.

Frente a terceros, la inscripción del acto que corresponda registrar en la Dirección General de Registros, será oponible a partir de la fecha de su presentación al Registro.

2) En ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica ni será oponible a terceros de buena fe.

3) El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición.

4) A los efectos registrales, el cambio de cualquier dato que incida en la identificación del sujeto conforme a esta ley, no implicará el cambio de la titularidad jurídica de los actos inscriptos en la Dirección General de Registros. A estos efectos, el Registro siempre considerará la rectificación como un acto modificativo que deberá vincularse con la inscripción anterior.

Artículo 6°. (Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación).- La Comisión Honoraia contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (Ley N° 17.817, de 6 de setiembre de 2004) tendrá a su cargo brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a las personas que deseen ampararse en esta ley.

Artículo 7°. (Del matrimonio).- Esta ley no modifica el régimen matrimonial vigente regulado por el Código Civil y sus leyes complementarias.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, Montevideo, a 15 de setiembre de 2009.

Roque Arregui Presidente

José Pedro Montero Secretario.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 15.750

de 24 de junio de 1985

(Artículo 406.2 del Código General del Proceso)

Artículo 69.- Los Juzgados Letrados de Familia entenderán, en primera instancia:

En las cuestiones atinentes al nombre, estado civil y capacidad de las personas y a las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de la familia legítima y natural fundadas en su calidad de tales, como:

a) Las reclamacines y contestaciones de filiación legítima y natural y de posesión de estado civil.

b) Las acciones referentes al matrimonio y a la situación de los cónyuges; separación de cuerpos, divorcio, nulidad del matrimonio.

c) Las pensiones alimenticias y régimen de visitas.

d) La guarda, tutela, administración de los peculios de los hijos, suspensión, limitación, pérdida y restitución de la patria potestad.

e) Emancipación, habilitación de edad y venia de disposición de bienes.

f) El irracional disenso de los padres para contraer matrimonio.

g) Adopción y legitimación adoptiva.

h) Declaración de incapacidad, curatela y ausencia.

i) Régimen matrimonial de bienes.

j) El procedimiento sucesorio.

k) Las cuestiones personales o patrimoniales a que dé lugar el concubinato. En estos asuntos la pretensión se ejercitará o la medida pertinente se adoptará, cuando la norma sustancial así lo autorice, y siguiéndose los procedimientos del caso.

Artículo 69 - BIS.-

Competencia acumulativa.

A) Tienen competencia acumulativa para conocer de los juicios de petición de herencia, desheredamiento, validez o nulidad de disposiciones testamentarias y, en general, de los asuntos sucesorios contenciosos o no, el Juez Letrado de Primera Instancia del Interior donde se haya abierto la sucesión, conforme al artículo 36 del Código Civil, y el de Familia de la Capital.

B) La apertura del testamento cerrado y la publicación del testamento menos solemne a que se refiere el artículo 812 del Código Civil, se pedirán ante el Juez Letrado del departamento en que aquel se hubiere otorgado o ante cualquier otro de los Jueces mencionados en el literal anterior, si allí se encontraren el escribano y la mayoría de los testigos que concurrieron al otorgamiento.

La publicación del testamento militar, del marítimo y del otorgado por el oriental en país extranjero, se hará ante el Juzgado Letrado (del Interior o de Familia) del último domicilio del difunto y, no siendo conocido ese domicilio, ante el Juzgado Letrado de Familia de la Capital de Turno.

C) Tienen competencia acumulativa para conocer del nombramiento de tutores o curadores, lo mismo que de las incapacidades, excusas y remoción de dichos funcionarios y del discernimiento del cargo, el Juez Letrado de Primera Instancia del Interior del domicilio del padre o madre cuya muerte ocasionase la provisión del tutor o el del incapaz, en su caso, y el Juez Letrado de Familia de la Capital.

Ley N° 17.823,

de 7 de setiembre de 2004

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 8°. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuesta cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

Ley N° 17.817,

de 6 de setiembre de 2004

Artículo 1°.- Declárase de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 3°.- Créase la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.

Artículo 4°.- Dicha Comisión tendrá por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación positiva.

Artículo 5°.- A esos efectos, será asimismo competencia de la Comisión Honoraria:

A) Analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia, elaborar informes y propuestas con respecto a dichos temas, y plantear al Poder Ejecutivo la creación de normas jurídicas específicas o modificación de las ya existentes en su área de competencia.

B) Difundir los principios contenidos en el literal J), del artículo 6° del Decreto-Ley N° 10.279, de 19 de noviembre de 1942, y en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal, normas concordantes y complementarias, así como los resultados de los estudios y propuestas que formule y promueva.

C) Monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en la materia.

D) Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o discriminatorias y en el respeto a la diversidad.

E) Elaborar una serie de estándares que permitan presumir alguna forma de discriminación, sin que ello implique un prejuzgamiento sobre los hechos resultantes en cada caso.

F) Recopilar y mantener actualizada la información sobre el derecho internacional y extranjero en materia de racismo, xenofobia y toda otra forma de discriminación; estudiar esos materiales y elaborar informes comparativos de los mismos.

G) Recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias; llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiente.

H) Recopilar la documentación vinculada a sus diferentes objetivos.

I) Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se consideren discriminados o víctimas de actitudes racistas, xenofóbicas y discriminatorias.

J) Proporcionar al Ministerio Público y a los Tribunales Judiciales el asesoramiento técnico especializado que fuere requerido por estos en los asuntos referidos a la temática de su competencia.

K) Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias o que pudieren manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades públicas o entidades o personas privadas.

L) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente instituto; intercambiando especialmente la información relativa a las conexiones internacionales entre los distintos grupos.

M) Proponer al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición.

N) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el más eficaz cumplimiento de los cometidos asignados.

O) Promover la realización de estudios, concursos e investigaciones relacionadas con sus competencias.

P) Discernir un premio anual a favor de la persona o institución que se haya destacado en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 6°.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación estará integrada por siete miembros designados de la siguiente manera:

A) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que la presidirá.

B) Un representante del Ministerio del Interior.

C) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

D) Un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

E) Tres representantes designados por el Presidente de la República, entre las personas propuestas por organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocida trayectoria en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 7°.- La Comisión podrá crear Comisiones departamentales y locales que funcionarán conforme a las normas reglamentarias que dictará la propia Comisión Honoraria.

Artículo 8°.- Los integrantes de la Comisión Honoraria durarán dos años en sus funciones pudiendo ser reelectos. En caso de sustitución, permanecerán en sus funciones hasta que asuma el sustituto, excepto en caso de incapacidad o renuncia.

Artículo 9°.- El Ministerio de Educación y Cultura suministrará la infraestructura y los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Honoraria, de acuerdo a la organización que establezca el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario.

Artículo 10.- Asimismo, constituirán recursos de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación y en la forma dispuesta por las normas pertinentes se destinarán exclusivamente para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos, los siguientes:

A) Los recursos provenientes de aportes internacionales que el Estado le autorice.

B) Los recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales.

C) Las herencias, legados y donaciones que se realicen a favor de la institución y que sean aceptados por el Poder Ejecutivo.

D) Todo tipo de aporte o contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas, incluyendo colectas públicas.

E) Bienes que le asignen por ley.

F) Frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte días contados desde el día siguiente al de su promulgación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley que ya fuera aprobado por el Senado y largamente discutido en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, el que nuevamente es remitido a nuestra consideración en función de las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Concretamente, nos referimos a la iniciativa que crea el derecho a la identidad de género y la posibilidad de que aquellas personas que tienen una identidad de género diferente a la del cuerpo biológico con que han nacido puedan cambiar su documento de identidad.

Los cambios introducidos en la Cámara de Representantes mejoran algunos procedimientos y eliminan otros; no se prevé un procedimiento específico para niñas, niños y adolescentes como sí lo habíamos hecho en el Senado, y se elimina el derecho a la privacidad de quienes habían optado por el cambio, puesto que no se habilita la realización de una nueva partida, quedando la ratificación anotada al margen del documento. Reitero que en otros procedimientos mejora el texto aprobado por el Senado.

Cabe señalar que todos los cambios figuran claramente, en negrita, en el comparativo que se nos ha distribuido. Podríamos decir que las modificaciones más importantes relativas a los procedimientos se encuentran en los artículos 4º, 5º y 7º, que constituyen un agregado.

Es cuanto tenía que informar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: simplemente deseo dejar constancia de que, en lo personal, estoy totalmente de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Justamente, las observaciones que formulamos a la iniciativa original se han tenido en cuenta y me parece que recogen la mayoría de las opiniones. Quizás no todos estén de acuerdo con dichas modificaciones pero, insisto, creo que reflejan la opinión general. Si bien no voté el proyecto cuando se consideró en el Senado, sí voy a apoyarlo ahora con las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes. De esta manera, quiero decir que estoy de acuerdo con esta iniciativa y no solamente con dichas modificaciones porque, en definitiva, estas llevan a que, a nuestro juicio, el proyecto sea mejor.

En consecuencia, con mucho gusto voy a votar favorablemente las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si el Senado acepta las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

15) RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA CAMARA DE SENADORES Y DE LA COMISION ADMINISTRATIVA DEL PODER LEGISLATIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar conjuntamente los asuntos que figuran en octavo y noveno término del Orden del Día: "Proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores, correspondiente al Ejercicio 2008 (Carp. Nº 1630/09 - Rep. Nº1184/09)" y "Proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, correspondiente al Ejercicio 2008 (Carp. Nº 1643/09 - Rep. Nº 1185/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. 1630/09

Rep. N° 1184/09

CAMARA DE SENADORES

Presidencia

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores correspondiente al Ejercicio 2008 que se adjunta y forma parte de la presente resolución, incluyendo los cuadros y anexos que la integran y figuran en el repartido.

Artículo 2°.- Póngase en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Nación.

Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo, de conformidad con lo establecido por el artículo 108 de la Constitución de la República.

Artículo 4°.- Publíquese en la página Web del Poder Legislativo.

Rodolfo Nin Novoa Presidente.

EXPOSICION DE MOTIVOS

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108 de la Constitución de la República y el 110 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, cumplo en presentar a la Cámara de Senadores la Rendición de Cuentas correspondientes al Ejercicio 2008.

Se trata de la última Rendición de Cuentas que me corresponde presentar, puesto que la que corresponda al Ejercicio actual deberá ser elevada en su oportunidad por quien me suceda en el cargo. No obstante, esta presentación no nos inhibe de realizar ante el Cuerpo y la ciudadanía un balance global de los alcances logrados respectos de los objetivos estratégicos y presupuestales establecidos al comienzo de esta Legislatura.

La Cámara de Senadores ha buscado mantener el mismo monto presupuestal existente al final del período anterior, a valores constantes, pero perfeccionando y modernizando la gestión. El análisis de las cifras presentadas por los servicios contables permite mostrar con claridad la forma responsable con la que se han gestionado los recursos. Tal como se puede ver en el Anexo 5, el total de lo ejecutado está por debajo de lo ejecutado en el primer período de gestión.

La responsabilidad a que hago mención también puede apreciarse en las gráficas ubicadas al final, donde se muestra la Evolución de los Gastos Corrientes (aun con montos inferiores a los de 2001 pero superiores a los ejecutados en el período 2002), la evolución en los gastos de Telefonía (notoriamente inferiores a los anteriores, producto de la modernización de la tecnología y la renegociación de la deuda con ANTEL) y la evolución del rubro Inversiones (que es producto de la decisión de actualizar y mejorar los recursos logísticos a disposición y las condiciones de trabajo).

De acuerdo al Cuadro G, no se ejecutó un 18% del rubro sueldos, lo cual se debe a no haberse cubierto vacantes generadas. Ese monto es ahorro real y se produce a pesar de estar abonando un monto importante por subsidio por retiro incentivado a ex funcionarios. También puede verse, en el Anexo 4, que lo que se ha abonado por concepto del rubro sueldo de funcionarios es 0,5% superior a lo abonado en 2005, incluyendo en ese monto el pago de la equiparación de salarios básicos con la Cámara de Representantes y el compromiso de gestión.

Como consecuencia de los cambios procesados se ha cumplido con el objetivo de avanzar en la modernización de los recursos puestos a disposición del Senado, sin por ello aumentar los recursos globales. Ello ha significado aumentar lo destinado a inversión disminuyendo el porcentaje destinado a sueldos, en un presupuesto de por sí con alta rigidez, producto del alto porcentaje del rubro salarial. No obstante se ha logrado pasar de una distribución 84,53% sueldos, 15,27% gastos y prácticamente 0% en inversiones, a una distribución de 82,98% sueldos, 15,76% gastos y 1,26% en inversiones. Esto también puede observarse en el Anexo 5.

Por último, corresponde decir que la Cámara de Senadores no tiene hoy deudas vencidas con sus acreedores y, en cambio tiene un importante crédito a su favor. Ello, más un análisis ajustado de los recursos humanos y materiales efectivamente necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración debería llevar a la próxima administración a evaluar los ajustes que correspondan. A esos efectos, tal como se ha dicho, es voluntad de esta Presidencia realizar oportunamente un balance de lo actuado, dejando expresadas sus opiniones respecto de la proyección futura de las líneas estratégicas planteadas en esta administración.

En función de lo expresado y en los términos referidos, propongo al Senado la aprobación de esta Rendición de Cuentas correspondiente al Ejercicio 2008, que contiene formando parte de ella los estados contables que se adjuntan.

Rodolfo Nin Novoa

Presidente.

CAMARA DE SENADORES

Asesoría Contable

Montvideo, 7 de agosto de 2009.

Señor Secretario

de la Cámara de Senadores

Arq. Rodríguez Filippini

Presente.

Hemos examinado los registros contables y la documentación respaldante de la Cámara de Senadores del período 1° de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2008. El Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2008 que elevamos surge de esos registros contables. La información contenida en los Estados Contables representa razonablemente la situación patrimonial de la Cámara de Senadores.

Los criterios contables de valuación se encuentran explicitados en las Notas a los Estados Contables.

Enviamos también la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2008 que surge de los registros contables examinados y los siguientes Anexos:

1- Comparativo Crédito - Imputado

2- Ejecución de gastos extrapresupuestales: subsidios dados por aplicación de la Ley N° 15.900 y prejubilatorios ex Legisladores y ex funcionarios.

3- Comparativo ejecución gastos e inversiones de período 1999 - 2008 a valores constantes de diciembre de 2008.

4- Comparativo ejecución de sueldos del período 1999 - 2008 a valores constantes de diciembre de 2008, discriminando el pago de los complementos a los haberes de pasividad de los ex funcionarios que se acogieron al retiro incentivado.

5- Comparativo ejecución de sueldos, gastos e inversiones del período 1999 - 2008 a valores constantes de diciembre de 2008, con la distribución porcentual anual por concepto de gasto.

- Gráficos de evolución de gastos corrientes del período 1999 - 2008 a valores constantes de diciembre de 2008, del gasto en telefonía y de las inversiones en el mismo período.

Atentamente,

Cra. Karla Ripoll Contadora

Cr. Federico García Subcontador.

"Carp. N° 1643/09

Rep. N° 1185/09

Comisión Administrativa

Montevideo, 3 de setiembre de 2009.

A la Cámara de Senadores

Conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 16.821, de 23 de abril de 1997, el artículo 108 de la Constitución de la República y el artículo 6° del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa de fecha 8 de febrero de 2006, cúmplenos remitir a la Cámara de Senadores para su sanción, la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal-Ejercicio 2008, aprobada por unanimidad de miembros presentes en sesión de fecha 2 de setiembre de 2009.

Rodolfo Nin Novoa Presidente

Esc. Miguel C. Sejas Secretario

Ruben Prieto Prosecretario

Pedro Dighiero Prosecretario.

Montevideo, 2 de setiembre de 2009.

VISTO: La Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal-Ejercicio 2008 de la Unidad Ejecutora Comisión Administrativa del Poder Legislativo, Programa 1.06 - Comisión Administrativa y Programa 1.07 - Comisionado Parlamentario, que forma parte integrante de la presente resolución;

RESULTANDO: I) que la misma se ha formulado conforme a la normativa vigente, constatando los estados contables demostrativos del desempeño presupuestal en el ejercicio bajo análisis;

II) que del análisis comparativo entre el crédito autorizado y lo comprometido en el ejercicio 2008, se verifica una economía presupuestal con respecto a las partidas presupuestales asignadas del 20,46% en el Programa 1.06 - Comisión Administrativa y 10,12% en el Programa 1.07 - Comisionado Parlamentairo;

CONSIDERANDO: que la Comisión Administrativa del Poder Legislativo en sesión de fecha 2 de setiembre de 2009 analiza la documentación presentada resolviendo por unanimidad aprobarla sin observaciones;

ATENTO: a lo dispuesto en los artículos 5° de la Ley N° 16.82, de 23 de abril de 1997, 108 de la Constitución de la República y 6° del Presupuesto Quinquenal de la Comisión Administrativa de 8 febrero de 2006;

La Comisión Administrativa del Poder Legislativo

RESUELVE:

1.- Apruébase la Rendición de Cuentas y Balance de Eejcución Presupuestal - Ejercicio 2008 correspondiente a la Unidad Ejecutora 003 - Comisión Administrativa del Poder Legislativo que arroja un porcentaje de economías presupuestales del 20,46% en el Programa 1.06 - Comisión Administrativa y 10,12% en el Programa 1.07 - Comisionado Parlamentario.

2.- Remítase a la Cámara de Senadores conforme a lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N° 16.821.

Rodolfo Nin Novoa Presidente

Esc. Miguel C. Sejas Secretario

Ruben Prieto Prosecretario

Pedro Dighiero Prosecretario

SEÑOR PRESIDENTE.- Léanse los proyectos de resolución.

(Se leen)

-En discusión.

Si los señores Senadores me permiten, voy a hacer un brevísimo informe -que figura en los repartidos-, pues sin perjuicio de que corresponden al año 2008, allí se hace un balance de la gestión llevada adelante durante estos cinco años y se agregan algunas conclusiones que me parece importante destacar.

En materia de porcentajes destinados a sueldos, con un presupuesto bastante rígido, en la Cámara de Senadores hemos logrado pasar de una distribución de 84,53% del presupuesto de sueldos al 82,98%; en materia de inversiones, quiero destacar que pasamos prácticamente de cero a 1,26%. Las inversiones más notorias en este Período tienen que ver con la reparación y cambio del techo de cobre, que desde que se fundó el Palacio Legislativo no había recibido más que algunas reparaciones producto del huracán ocurrido el 23 de agosto de 2005. Esa es una gran inversión que se ubica cerca de US$ 1:000.000, la que se está llevando a cabo en este momento. Esperamos que con estas obras la banca del señor Senador Moreira no se llueva más.

Lo cierto es que hubo una importante afectación de recursos a la inversión.

El otro tema importante tiene que ver con la política de recursos humanos y el compromiso con la gestión. Tenemos 88 funcionarios menos, dato que en sí mismo no es ni bueno ni malo, pero refleja parte de una estrategia de desa-rrollo de recursos humanos predeterminada y acordada con los propios funcionarios -obviamente, con matices-, que nos ha permitido recomponer la carrera administrativa, llenar los cargos por concurso y establecer la modalidad de nuevos ingresos por concurso abierto y universal. A modo de ejemplo, aquí puede verse a algunos de los jóvenes que han ingresado mediante esa modalidad.

Por otro lado, no tenemos deudas. Como los señores Senadores recordarán, habíamos contraído una deuda muy importante con ANTEL, pero en este momento se ha logrado resolver esa situación. En fin, todo esto me hace pensar que para la próxima Administración, sin perjuicio de hacer otras consideraciones más adelante, se presenta una forma de evaluar y de llevar adelante otro tipo de cambios en la medida en que los considere necesarios.

Hasta aquí hemos hablado de la situación de la Cámara de Senadores.

Con respecto a la Comisión Administrativa, cabe destacar que se llevó a cabo el arreglo del techo, la incorporación de grupos electrógenos, equipos de informática y de aire acondicionado.

En síntesis, proponemos la aprobación de ambos proyectos de resolución de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores y de la Comisión Administrativa, correspondientes al Ejercicio 2008.

Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido que se suspenda la lectura de los artículos de ambos proyectos de resolución.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde votar el Proyecto de Resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Cámara de Senadores.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: más allá de la unanimidad y de la ausencia de debate, voto afirmativamente con enorme placer, pues se han encarado reformas importantísimas durante este Período, no solo para que la Casa siga siendo tan habitable como lo fue en su origen, sino con la pretensión de que trabajemos en buena forma y de que la población tenga un mayor vínculo con sus representantes. Además, se han encarado algunas reformas estructurales que, en mi opinión, hablan muy bien de la gestión de este Período.

Por lo tanto, es con mucho orgullo que dí mi voto afirmativo a este proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

Muchas gracias.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: en el mismo sentido que la señora Senadora Xavier, queremos poner de manifiesto la corrección de los procedimientos llevados adelante que mejoran de manera medular, con mayor racionalidad y con un sentido que va en la misma línea de los sentimientos mayoritarios de nuestra ciudadanía, para tratar de tener garantías importantes en el manejo de los recursos públicos y una mayor racionalidad en su administración. El hecho de que se haya realizado un concurso riguroso para el ingreso de esta muchachada joven -como supongo ocurrió con este joven que está trabajando en este momento en Sala-, nos estimula tanto en lo personal como en lo colectivo, concepto con el cual me refiero a la gran ciudadanía uruguaya.

Por otra parte, con respecto a lo que el señor Presidente ya ha mencionado -que si no me equivoco, corresponde a la Comisión Administrativa-, cabe destacar todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de este excepcional monumento del patrimonio uruguayo que, precisamente, en estos momentos, la UNESCO está analizando si se lo considera de alcance mundial.

Hay inversiones que son absolutamente imprescindibles para mantener los valores esenciales que tiene este edificio.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por último, antes de poner a votación el proyecto de resolución correspondiente a la Comisión Administrativa, quiero reconocer el trabajo del equipo que me acompaña, es decir, al Secretario sentado a mi derecha, Arquitecto Hugo Rodríguez Filippini; al que se ubica a mi izquierda, señor Santiago González Barboni; a la Prosecretaria, Escribana Claudia Palacio, y al Prosecretario, Doctor Ernesto Lorenzo; a los Directores Generales y Directores que asumieron por concurso, que también son parte fundamental de la actividad diaria de la administración del Poder Legislativo, y a los funcionarios, pues sin ellos sería imposible llevar adelante todas las tareas.

Por lo tanto, solo me resta decirles a todos muchísimas gracias.

Se va a votar el proyecto de resolución por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Quedan aprobados los proyectos de resolución, que se comunicarán al Poder Ejecutivo y se publicarán oportunamente en la página web del Poder Legislativo.

16) ACCIDENTE DE EFECTIVOS URUGUAYOS EN MISION DE PAZ EN LA REPUBLICA DE HAITI

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: como es obvio, esta es una sesión extraordinaria y no hubo media hora previa. No obstante, me parece pertinente que, ante el trágico suceso acaecido en la República de Haití por parte de esos uruguayos que estaban cumpliendo una elevada función en representación del país, se redacte una declaración en la que se exprese la consternación de este Cuerpo y se brinde un saludo y pésame a sus familiares, pues es una situación que nos ha acongojado a todos. Por ello, reitero, sería oportuno redactar una misiva en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá, señor Senador. De todas maneras, por mi parte tenía previsto asistir al sepelio y a la ceremonia de exequias en nombre del Cuerpo.

17) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace a la hora 11 y 23 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Agazzi, Antognazza, Arana, Cid, Couriel, Dalmás, Gallicchio, Gargano, Moreira, Muguruza, Percovich, Pérez Antón, Ríos, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Sr. Santiago González Barboni Secretario

Sr. Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.