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Nº 301 - TOMO 466 - 8 DE SETIEMBRE DE 2009

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

31ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3, 5 y 23) Asuntos entrados

4) Solicitud de autorización del señor Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional

- Nota del señor Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, solicitando la autorización prescrita en el artículo 170 de la Constitución de la República para ausentarse del territorio nacional.

- Concedida.

6) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Michelini, Fernández Huidobro y Astori.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Glenda Rondán y los señores Martín Aguirrezabala, Leonardo Costa, Alberto Brause, Carlos Ramela, Felipe Michelini, Ricardo Alcorta, Edgardo Carvalho, Enrique Pintado y Carlos Baráibar.

8) La dolarización en la economía uruguaya

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

9) Empresas que inician actividades

- Proyecto de ley por el que se establece un régimen de aportación gradual para las empresas que inician actividades.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10 y 15) Régimen de trabajo

- Por moción del señor Senador Lapaz, el Senado resuelve que se reparta la Carpeta Nº 1605, relacionada con la práctica del fútbol infantil.

- Por moción del señor Senador Abreu, el Senado resuelve que se repartan la Carpeta Nº 1610/2009, relativa a la designación del señor Ricardo Nario Fagúndez como Embajador ante la Confederación Suiza y las Carpetas Nos. 1408/08 y 1452/09, que hacen referencia a los Tratados de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y Panamá, y también con Perú.

- Por moción del señor Senador Vaillant, el Senado resuelve que se repartan la Carpeta relativa a la ratificación del Convenio 135 de la OIT, la Carpeta Nº 1629 relacionada con la salida de tropas para el día 25 de setiembre y el proyecto de ley referido al aumento de la pensión graciable a conceder a la señora María Tania Siver, y que se vote la urgencia y la consideración inmediata de todas las Carpetas repartidas, respetando el orden establecido.

11) Notas de crédito hipotecarias

- Proyecto de ley por el que se autoriza a las instituciones de intermediación financiera a emitir notas de crédito hipotecarias para incentivar el otorgamiento de préstamos de vivienda.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) Aportaciones de la Seguridad Social generadas por entidades de carácter deportivo

- Proyecto de ley por el que se amplía el régimen previsto por la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13) Régimen especial para aportes jubilatorios patronales

- Proyecto de ley por el que se establece un régimen de facilidades de pago de aportes jubilatorios patronales para empresas que se amparen en regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Mozos de cordel

- Proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo de sus con-tratos, regulados por las Leyes Nos. 18.057 y 18.392.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Fútbol infantil

- Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional toda actividad de carácter deportivo, recreativo y social relacionada con la práctica de este deporte.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Ex-traordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Confederación Suiza al señor Ricardo Nario Fagúndez

- Concedida. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Convenio Nº 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores

- Proyecto de ley por el que se solicita la aprobación de este Convenio adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su quincuagésima sexta reunión, celebrada en Ginebra en el año 1971.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Ejercicio de Adiestramiento en Reabastecimiento "TANQUE 2009"

- Proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte C-130 (Hércules) de la Fuerza Aérea Argentina, a efectos de participar en el mismo, entre el 21 y 25 de setiembre de 2009.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22 y 25) Señora María Tania Siver. Pensión Graciable

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24 y 29) Domingo Salvador Pérez Silva. Pensión Graciable

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

26 y 31) Blanca Olira Lemos González. Pensión Graciable

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

27) Energía solar

- Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

28) Solicitud de venia de la Suprema Corte de Justicia para Designar Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Sexto Turno -especializada en violencia doméstica- a la doctora Cristina Luján García Luengo

- Concedida. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

30) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura

- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder venia al Poder Ejecutivo, para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.

32) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 4 de setiembre de 2009.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 8 de setiembre, a la hora 9.30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se establece un régimen de aportación gradual para las empresas que inician actividades.

Carp. Nº 1618/09 - Rep. Nº 1149/09

2) por el que se autoriza a las instituciones de intermediación financiera a emitir notas de crédito hipotecario para incentivar el otorgamiento de préstamos de vivienda.

Carp. Nº 1611/09 - Rep. Nº 1152/09

3) por el que se amplía el régimen previsto por la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, en los casos de aportaciones de seguridad social generadas por entidades de carácter deportivo.

Carp. Nº 1627/09 - Rep. Nº 1154/09

4) por el que se establece un régimen de facilidades de pago de aportes jubilatorios patronales para empresas que se amparen en regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial.

Carp. Nº 1617/09 - Rep. Nº 1156/09

5) por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo de los contratos de los mozos de cordel, regulados por las Leyes Nos. 18.057, de 20 de noviembre de 2006 y 18.392, de 24 de octubre de 2008.

Carp. Nº 1600/09 - Rep. Nº 1155/09

6) por el que se concede una pensión graciable al señor Domingo Salvador Pérez Silva.

Carp. Nº 1631/09 - Rep. Nº 1157/09

7) por el que se concede una pensión graciable a la señora Blanca Olira Lemos González.

Carp. Nº 1632/09 - Rep. Nº 1158/09

8) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar.

Carp. Nº 1166/08 - Rep. Nº 1153/09

9) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar a la doctora Cristina Luján García Luengo en el cargo de Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de Décimo Turno - Especializada en Violencia Doméstica.

Carp. Nº 1626/09 - Rep. Nº 1150/09

10) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura. (Plazo constitucional vence el 10 de noviembre de 2009).

Carp. Nº 1615/09 - Rep. Nº 1151/09

Claudia Palacio Prosecretaria - Santiago González Barboni Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Antía, Antognazza, Bayardi, Bonomi, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Heber, Hierro López, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, Lorier, Moreira, Muguruza, Percovich, Ríos, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amaro, Arana, Astori, Fernández Huidobro, Michelini, Mujica, Sanguinetti y Topolansky y, con aviso, el señor Senador Penadés.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 41 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Presidente de la República en cumplimiento de lo establecido en el artículo 170 de la Constitución de la República solicita autorización para ausentarse del país por más de cuarenta y ocho horas a partir del 11 de setiembre del corriente año, con motivo de la Visita Oficial que realizará a las ciudades de Washington y New York y a la Isla Margarita, para asistir a la Cumbre de América del Sur y Africa ‘ASA’.

- HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR LUEGO DE FINALIZADA LA LECTURA DE LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que solicita se conceda un aumento a la pensión graciable que percibe la señora María Tania Siver.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el cual se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Económico-Comercial y Técnica entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Turquía, suscrito en Montevideo, el 30 de abril de 2009.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- relativo a la Regulación de la Cesión y Transferencia de los Derechos de los Deportistas Profesionales.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

El Poder Ejecutivo remite Mensaje por el que solicita la venia correspondiente a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- y comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa ‘Maestro Julio Castro’ la Escuela Nº 44 de pueblo Egaña, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Químico Farmacéutico Mario Brum Viana’ el Liceo de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Agosto Alvarez: el héroe de Aguas Dulces’, la Escuela Nº 65 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Doctor Bolívar Ledesma’ la Escuela al Aire Libre Nº 34 del departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Tacuabé’ la Escuela Habilitada Nº 97 de la ciudad de Maldonado, de-pendiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta a un pedido de informes del señor Senador Luis A. Heber, relacionado con la situación financiera del FONASA.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR HEBER.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se eleva a la categoría de pueblo el centro poblado Villa Sara, ubicado en la 7ª Sección Judicial del departamento de Treinta y Tres.

- A LA COMISION DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

- por el que se designa ‘Maestra María Dominga Ravagni de Andrade (Nora)’ la Escuela Nº 97 del departamento de Salto, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Simón Bolívar’ la Escuela Nº 93 de Paso del Parque, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Liceo Aiguá’ el liceo de la ciudad de Aiguá, departamento de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se declara el día 9 de setiembre de cada año ‘Día Nacional de Prevención de la Prematurez’.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- por el que se aprueba la ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, adoptada en el vigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en Nassau, Mancomunidad de las Bahamas, el 23 de mayo de 1992, y firmada por nuestra República en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, el 22 de enero de 1993.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- y aprobados en nueva forma los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establecen normas para la protección integral de personas con discapacidad.

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION.

- por el que se modifican disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia relativas a adopción.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- Y comunica que aprobó los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establecen normas para la prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno.

- por el que se aprueba una Ley Marco de Defensa Nacional.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Dogomar Martínez.

- por el que se aprueba el Convenio de Cooperación Judicial en Materia Penal entre nuestra República y la República de Colombia, suscrito en la ciudad de Santa Fé de Bogotá, el 10 de febrero de 1998.

- por el que se aprueba el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre nuestro país y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima el 28 de marzo de 2008.

- por el que se crea, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto Nacional del Adulto Mayor y se establecen sus competencias.

- por el que se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, en la Cumbre de Santiago, República de Chile, el 16 de noviembre de 2007.

- por el que se aceptan las modificaciones introducidas al proyecto de ley por el que se exonera de gravámenes la importación de unidades destinadas al transporte escolar.

- por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional a efectos de participar en el desfile conmemorativo de un nuevo aniversario de la Independencia de la República Federativa del Brasil a llevarse a cabo en la ciudad de Yaguarón, el 7 de setiembre de 2009.

- por el que se aprueba la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, hecha en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, el 9 de junio de 1933.

- por el que se declara, con carácter de interpretación auténtica, que las disposiciones contenidas en la Ley Nº 16.621, de 10 de noviembre de 1994, comprenden exclusivamente a quienes revestían la calidad de empleados en el Parque de Vacaciones de UTE - ANTEL.

- por el que se dictan normas relacionadas con la conservación, el uso y el manejo adecuado de los suelos y las aguas.

- por el que se modifica la fecha de realización y la denominación del Ejercicio Combinado Río I, aprobado por la Ley Nº 18.425, de 28 de noviembre de 2008.

- por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional, para viajar con destino a la ciudad de Sant' Ana Do Livramento, y otra con destino a la ciudad de Quaraí, República Federativa del Brasil, para participar en el desfile conmemorativo de un nuevo aniversario de su Independencia.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y remite copia de la exposición escrita del señor Representante Nacional Jaime Trobo, relativa al sistema de Cajas de Auxilio.

- A LAS COMISIONES DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL, DE SALUD PUBLICA Y DE HACIENDA.

El señor Presidente del Senado comunica que, realizados los concursos correspondientes y de acuerdo a los dictámenes elaborados por los respectivos Tribunales de Concursos, se han realizado las siguientes designaciones:

- En el cargo de Oficial II del Escalafón C - Serie Secretaría de la Cámara de Senadores, a partir del 1º de agosto de 2009, a las ciudadanas y ciudadanos que a continuación se mencionan:

- Rita Verónica Kaprielian Zarmanian

- Sebastián Martín Pelufo Betancor

- María Virginia Caraballo Macri

- Lucía Emilia Bomio Pérez

- Bernardo Esteban Pollero Koleszar

- Gerardo Daniel Díaz Ignacio da Silva

- Natalia Granell Miller

- Macarena Silva Soto

- Natalia María Polero Misailidis

- Darío França Candelot

- Isabel Cristina Díaz Gómez

- En el cargo de Oficial II - Escalafón ‘D’ - Serie Electrónica de la Cámara de Senadores, a partir del 1º de setiembre de 2009, a los ciudadanos que a continuación se mencionan:

- Luis Javier Brando Núñez

- Pablo Nicolás Balbi Deus

- Miguel Angel Da Silva Lacuesta

- Richard Daniel Couget Herbin

- En el cargo de Oficial II - Escalafón ‘E’ - Serie Imprenta de la Cámara de Senadores, a partir del 1º de setiembre de 2009, a los ciudadanos:

- Marcelo Wainztein Teitelbaum

- Marcos Andrés Castro Piriz

- En el cargo de Oficial II - Escalafón ‘C’ - Serie Secretaría de la Cámara de Senadores, a partir del 1º de setiembre de 2009, a los ciudadanos:

- Andrea Giovanna Novo Dalmeida

- Diego Romero López

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informado un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la investigación, desarrollo y uso de la energía solar.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se amplía el régimen previsto por la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, en los casos de aportaciones de seguridad social generadas por entidades de carácter deportivo.

- por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012, el plazo de los contratos de los mozos de cordel, regulados por la Ley Nº 18.057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.392, de 24 de octubre de 2008.

- por el que se establece un régimen de facilidades de pago de aportes jubilatorios patronales para empresas que se amparen en regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Domingo Salvador Pérez Silva.

- por el que se concede una pensión graciable a la señora Blanca Olira Lemos González.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes de venia enviadas por el Poder Ejecutivo:

- para designar en el cargo de Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Sexto Turno Especializada en Violencia Doméstica, a la Dra. Cristina Luján García Luengo.

- para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Maldonado remite nota adjuntando la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Daniel Fernández referentes a las deudas de contribución inmobiliaria.

- A LAS COMISIONES DE CONSTITUCION Y LE-GISLACION Y DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA."

4) SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase la nota remitida por el señor Presidente de la República relacionada con la autorización de la que se dio cuenta en los asuntos entrados.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 3 de setiembre de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 170 de la Constitución de la República, me dirijo a Usted a los efectos de solicitar al Senado la autorización correspondiente para ausentarme del país por más de 48 horas a partir del día 11 de setiembre del corriente año.

Motiva tal solicitud la Visita Oficial que realizaré a las ciudades de Washington y New York y a la Isla Margarita para asistir a la Cumbre de América del Sur y Africa ‘ASA’.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración,

Dr. TABARE VAZQUEZ

Presidente de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo presenta a estudio de la Cámara de Senadores la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2008 de la referida Unidad Ejecutora.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO."

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

A la sesión ordinaria del 2 de setiembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Antía y Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 1º de setiembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Hierro López y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 1º de setiembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Abreu, Da Rosa y Heber.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 1º de setiembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Antía y Da Rosa.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 1º de setiembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Long, Lorier y Penadés.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 2 de setiembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Couriel, Gargano, Heber, Hierro López y Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 2 de setiembre faltó, con aviso, el señor Senador Antía.

A la sesión de la Comisión de Presupuesto del 2 de setiembre faltó, con aviso, el señor Senador Long.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 2 de setiembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Couriel, Heber y Long.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 2 de setiembre faltó, con aviso, el señor Senador Ríos.

A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 2 de setiembre faltó, con aviso, el señor Senador Moreira.

A la sesión de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda del 2 de setiembre faltaron, con aviso, los señores Senadores Abreu, Couriel, Da Rosa, Gamou y Long.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que, en virtud de la licencia concedida al señor Senador Juan Justo Amaro, la señora Glenda Rondán y los señores Martín Aguirrezabala, Leonardo Costa, Alberto Brause y Carlos Ramela han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor José Amorín.

Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita licencia los días 8 y 9 del corriente".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA. (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 7 de setiembre de 2009.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa

Presente.-

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto al inciso D, del artículo primero de la Ley 17.827 de fecha 14 de setiembre de 2004, solicito a Usted se me conceda licencia por motivos personales, los días 8 y 9 del corriente mes.

Sin otro particular, saludo a Usted atentamente,

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 13. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Felipe Michelini, Ricardo Alcorta y Edgardo Carvalho han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia los días 8 y 9 de setiembre".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA. (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 7 de setiembre de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia para los días 8 y 9 de setiembre por razones personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

E. Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Héctor Tajam.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Topolansky solicita licencia los días 8 y 9 de setiembre".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA. (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 7 de setiembre de 2009.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia los días 8 y 9 del corriente, por motivos particulares.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,

Lucía Topolansky. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Eduardo Muguruza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia los días 8 y 9 de setiembre".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA. (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 8 de setiembre de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales durante los días 8 y 9 de setiembre del presente año. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al Señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que los señores Enrique Pintado y Carlos Baráibar han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Milton Antognazza.

8) LA DOLARIZACION EN LA ECONOMIA URUGUAYA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Situada en sus niveles más bajos del último año, es evidente que la cotización de la divisa norteamericana mantiene valores que se traducen en una distorsión notoria para quienes perciben el valor de su producción en esta moneda, como es el caso de los exportadores, en tanto la ecuación se invierte cuando se trata de quienes trabajan en la importación.

Como en todos los órdenes de la vida, hay más de una biblioteca en lo que refiere a la influencia del tipo de cambio, fundamentalmente en un momento en que el dólar ha caído en todo el mundo debido, sobre todo, a las consecuencias de la crisis financiera mundial, por lo que las interpretaciones sobre este escenario difieren según del lado del mostrador del que se esté.

Los principales afectados son, sin duda, quienes dependen del comercio exterior, por lo que no puede extrañar que, en las últimas horas, voceros de la Unión de Exportadores del Uruguay, según el diario El Telégrafo, subrayaran que la caída de la divisa está afectando su ya comprometida competitividad. Alvaro Queijo, Vicepresidente de la gremial, manifestó que el dólar está en su nivel más bajo desde el 17 de octubre del año pasado por lo que, salvo con Brasil, "estamos perdiendo competitividad. Uruguay va a tener una inflación en dólares muy importante este año".

Naturalmente, la incidencia de este factor es notoria, por cuanto nuestro país registra una fuerte dolarización de su economía contrariamente a lo que ocurre, por ejemplo, en Brasil y este elemento hace que la economía sea altamente dependiente de los vaivenes de la divisa, lo que explica, además, que recurrentemente el tipo de cambio bajo sea utilizado como "ancla" para contener la inflación, que se nutre, no solo de la relación directa de precios, sino también de un fuerte componente de expectativas.

Así, tenemos que en nuestra economía altamente dolarizada, si bien un dólar "planchado" contribuye a mantener bajo control la evolución de los precios internos, no es menos cierto que la trama de la economía tiene escapes que determinan que igualmente pueda haber inflación que no se corresponda con el descenso del dólar como se dio, por ejemplo, en este mes de agosto, en que el dólar siguió bajando y, sin embargo, la inflación llegó al 1,23%, alcanzando el mayor valor mensual del año.

A la inversa, cuando el dólar se mantiene estable y adquiere alguna tendencia ascendente, los operadores se inquietan y los precios sufren inmediatamente un reacomodamiento que es mucho mayor que cuando ocurre en el sentido contrario; y, lo que es peor, una vez que el dólar vuelve a bajar, los valores tardan mucho más en regresar al nivel anterior o, directamente, se quedan donde estaban. Un caso distinto es el de Brasil, donde las operaciones y cotizaciones internas se hacen en reales y, por lo tanto, hay un despegue de la trama económica de los vaivenes del dólar, y el mercado interno alcanza para mantener la economía en funcionamiento, lo que permite otro margen de maniobra al país norteño.

Pero en Uruguay la desdolarización no ha podido ser llevada a los niveles que pretendía el Gobierno, lamentablemente, y este es, por lo tanto, un aspecto que acota sensiblemente las posibilidades de despegar la economía de la divisa, por lo que los operadores la siguen utilizando como elemento de medida y refugio constante, pese a sus altibajos, dentro de determinados parámetros. Y si bien se ha desestimado que esta caída del dólar afecte la competitividad de los exportadores argumentando que esta moneda baja en todo el mundo y teóricamente está afectando a todos por igual, debe tenerse presente que esta relación es presentada solo parcialmente, por cuanto Uruguay tiene una evolución de costos internos que conspira notoriamente contra la competitividad, porque se han registrado aumentos de salario, de energía, de transporte y de costos operativos, entre otros factores que corroen la ecuación económica de los sectores de exportación.

Paralelamente, también es afectada la industria que trabaja para el mercado interno, debido a que las importaciones se abaratan y desplazan a los productos similares de origen nacional, lo que también significa pérdida de rentabilidad y de puestos de trabajo en áreas productivas que incorporan fuerte valor agregado, por lo que la variable de ajuste inicial, antes del cierre o la reconversión de la empresa, es la pérdida de horas de trabajo y calidad del empleo, que luego se hace muy difícil recuperar.

Por lo tanto, antes de descartar de plano los planteos de los exportadores, el Ministerio de Economía y Finanzas haría muy bien en evaluar realmente todos los elementos en juego y aportar alternativas reales para sostener el aparato productivo antes de que la cosa pase a mayores.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Lapaz.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

El Senado da la bienvenida a las alumnas, alumnos y docentes de 6º Año B del Colegio Seminario, al que yo fui y en el que tenía como profesor en ese grado al docente Martínez que, sin lugar a dudas, fue una institución de la docencia uruguaya.

9) EMPRESAS QUE INICIAN ACTIVIDADES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día para considerar el asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se establece un régimen de aportación gradual para las empresas que inician actividades. (Carp. Nº 1618/09 - Rep. Nº 1149/09)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1618/09

Rep. N° 1149/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Los contribuyentes que inicien actividades a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley y queden comprendidos en el régimen de tributación del Impuesto al Valor Agregado mínimo a que refiere el artículo 30 de la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, tributarán el referido impuesto mínimo de acuerdo a la siguiente escala:

A) El 25% (veinticinco por ciento) durante el primer ejercicio económico.

B) El 50% (cincuenta por ciento) durante el segundo ejercicio económico.

C) El 100% (cien por ciento) a partir del tercer ejercicio económico.

El régimen gradual cesará en la hipótesis de que el contribuyente ingrese al régimen general de liquidación del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, dicho régimen no será de aplicación cuando el contribuyente reinicie actividades habiendo clausurado con posterioridad al 1° de enero de 2008, exceptuados aquellos que hubieran estado amparados al presente régimen en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo. Tampoco será de aplicación para los contribuyentes que se hubieren amparado al régimen de la Ley N° 17.436, de 17 de diciembre de 2001.

Artículo 2°.- Igual tratamiento en materia de tributación gradual e hipótesis de inclusión tendrán las empresas a que refiere el artículo anterior respecto a los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social.

En este último caso, el régimen no se aplicará cuando exista otro beneficio tributario respecto a los citados aportes de seguridad social. En el caso de la bonificación de buenos pagadores establecida por el artículo 9° de la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, el contribuyente podrá optar, cuando inicie su actividad, por el régimen previsto en esta ley o por la aplicación de la citada bonificación.

Artículo 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a extender la reducción de tributos a que refieren los artículos anteriores, a aquellos contribuyentes que hayan iniciado actividades a partir del 1° de enero de 2008 y que cumplan con las condiciones establecidas en dichos artículos. Dicha reducción no dará derecho a crédito a los contribuyentes por la parte de reducción que le hubiera correspondido desde el inicio de su actividad hasta la entrada en vigencia de la presente ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de agosto de 2009.

Roque Arregui Presidente

José Pedro Montero Secretario.

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 20 de julio de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir el presente Proyecto de Ley por el que se establece un régimen de aportación gradual para las empresas que inicien actividades.

Saluda al Señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Alvaro García.

Ministerio de Economía y Finanzas

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es propósito del Poder Ejecutivo impulsar todas aquellas medidas que favorezcan la consolidación del proceso de formalización empresarial. Ello es particularmente relevante en el caso de las micro y pequeñas empresas, no solo por su importancia en la actividad económica, sino también por la relevancia que estas entidades tienen por su condición de articuladoras de redes de cohesión social.

La iniciativa comprendida en el presente Proyecto de Ley se inscribe en un conjunto de medidas impulsadas a partir de la consulta pública convocada en octubre de 2008 por el Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con el programa Uruguay Fomenta, destinado a identificar las oportunidades en las políticas públicas orientadas a las referidas entidades.

Entre los planteamientos realizados por los diversos actores que participaron en la consulta, se identificó la necesidad de reimplantar el régimen gradual de aportación, de modo que el régimen de tributación acompase el crecimiento de estas empresas.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Alvaro García.

Ministerio de

Economía y Finanzas

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Los contribuyentes que inicien actividades a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley y queden comprendidos en el régimen de tributación del Impuesto al Valor Agregado mínimo a que refiere el artículo 30 de la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, tributarán el referido impuesto mínimo de acuerdo a la siguiente escala:

a) el 25% (veinticinco por ciento) durante el primer ejercicio económico.

b) el 50% (cincuenta por ciento) durante el segundo ejercicio económico.

c) el 100% (cien por ciento) a partir del tercer ejercicio económico.

El régimen gradual cesará en la hipótesis de que el contribuyente ingrese al régimen general de liquidación del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 2°.- Igual tratamiento en materia de tributación gradual e hipótesis de inclusión tendrán las empresas a que refiere el artículo anterior, respecto a los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social.

En este último caso, el régimen no se aplicará cuando exista otro beneficio tributario respecto a los citados aportes de seguridad social. En el caso de la bonificación de buenos pagadores establecida por el artículo 9° de la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, el contribuyente podrá optar, cuando inicie su actividad por el régimen previsto en esta ley o por la aplicación de la citada bonificación.

Artículo 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a extender la reducción de tributos a que refieren los artículos anteriores, a aquellos contribuyentes que hayan iniciado actividades a partir del 1° de enero de 2008 y cumplan con las condiciones establecidas en dichos artículos. Dicha reducción no dará derecho a crédito a los contribuyentes por la parte de reducción que le hubiera correspondido desde el inicio de su actividad hasta la entrada en vigencia de la presente ley.

Alvaro García.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 17.436,

de 17 de diciembre de 2001

Artículo 1°.- Aquellos contribuyentes que hayan iniciado o inicien actividades a partir del 1° de enero de 2001, y cuyos emprendimientos sean categorizados como microempresas, en cuanto a personal ocupado y volumen de ventas netas anuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8° del Decreto 54/992, de 7 de febrero de 1992, en la redacción dada por el artículo 1° del Decreto 266/995, de 19 de julio de 1995, reglamentario de la Ley N° 16.201, de 13 de agosto de 1991, tributarán el Impuesto creado por el artículo 642 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, de acuerdo a la siguiente escala:

a) el 25% durante el primer ejercicio económico,

b) el 50% durante el segundo ejercicio económico,

c) el 100% a partir del tercer ejercicio económico.

En el caso que de acuerdo al nivel de ventas alcanzado en alguno de los tres años, la empresa pase a ser contribuyente del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, esta gradualidad cesará automáticamente y no será aplicable a futuros ejercicios económicos.

Artículo 2°.- Igual tratamiento tendrán las empresas indicadas en el artículo anterior, respecto al aporte patronal al Banco de Previsión Social.

Ley N° 17.963,

de 19 de mayo de 2006

Artículo 8°.- Los contribuyentes del Banco de Previsión Social, que hubieren cumplido, dentro de los plazos legales y reglamentarios, con todas sus obligaciones dentro del año anterior a la promulgación de la presente ley, gozarán de una bonificación, por única vez, del 30% (treinta por ciento) sobre las obligaciones jubilatorias patronales correspondientes al mes de cargo diciembre posterior a la entrada en vigencia de esta ley, que se pagan en enero del año siguiente.

Artículo 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en iguales condiciones que el artículo precedente, a partir del año civil siguiente a la promulgación de la presente ley, y en la medida que se cumplan los objetivos en materia de recaudación, a otorgar una bonificación de hasta el 10% (diez por ciento) sobre las obligaciones jubilatorias patronales correspondientes al mes de diciembre.

La referida facilidad solo podrá ser utilizada una vez por año y con carácter general.

Ley N° 18.083,

de 27 de diciembre de 2006

Artículo 30.- Pagos mensuales.- Los contribuyentes comprendidos en el literal E) del artículo 52 del Título 4 de este Texto Ordenado, realizarán un pago mínimo mensual de $ 1.380 (mil trescientos ochenta pesos uruguayos), por concepto de Impuesto al Valor Agregado. De surgir un excedente en la liquidación de este último impuesto, el mismo no dará derecho a crédito.

El monto que antecede está expresado a valores de 1° de enero de 2006 y será actualizado de igual manera a la dispuesta en el artículo 93 del Título referido.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA N° 123

En Montevideo, a uno de setiembre de dos mil nueve, a la hora dieciséis y doce minutos se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Isaac Alfie, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Eduardo Muguruza y Jorge Saravia.

Remiten nota justificando su inasistencia los señores Senadores Sergio Abreu, Eber Da Rosa y Luis A. Heber.

Concurren por haber sido especialmente invitados, por la Agencia Nacional de Vivienda, su Presidente economista Carlos Mendive, Director César Gómez, asesor letrado del Directorio doctor Annuziato Bianchimano y economista Guillermo Mara.

Preside el señor Senador Jorge Saravia, Presidente ad hoc.

Actúan en Secretaría la señora Dinorah Amato, Secretaria de la Comisión y los señores Jorge Fernández y José Sambucetti, Prosecretarios.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3401/2009 que forma parte de la presente Acta.

Asuntos Considerados:

1) NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS. Se autoriza su emisión a las instituciones de intermediación financiera para incentivar el otorgamiento de préstamos de vivienda. Proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 1611/2009. Distribuido N° 3389/2009.

Ingresan a Sala los señores representantes de la Agencia Nacional de Vivienda quienes realizan consideraciones generales sobre el Proyecto de Ley a estudio, y responden a diversas interrogantes de los señores Senadores presentes.

A solicitud del señor Senador Alberto Couriel se procede a la lectura del articulado de forma de evacuar las dudas que puedan surgir durante el tratamiento del citado proyecto.

Luego de que se retiran de Sala los invitados se procede a la consideración del proyecto de ley.

El señor Senador Alberto Couriel propone la votación en bloque del citado proyecto.

Se vota el artículo 1° al artículo 19: 5 en 5. Afirmativa. Unanimidad de señores Senadores presentes.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia, quien lo hará en forma verbal.

2) EMPRESAS QUE INICIEN ACTIVIDADES. Se establece un régimen de aportación gradual. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 1618/2009. Distribuido N° 3386/2009.

En consideración. Se vota en bloque: 5 en 5. Afirmativa. Unanimidad de señores Senadores presentes. Se designa Miembro Informante al señor Senador Antonio Gallicchio, quien lo hará en forma verbal.

3) MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, COMANDO GENERAL DEL EJERCITO - SERVICIO DE MATERIAL Y ARMAMENTO. Se establecen multas por concepto de infracciones al uso de explosivos y otros materiales peligrosos. Carpeta N° 1584/2009. Distribuido N° 3303/2009.

En consideración. Se vota en bloque con modificaciones en el artículo 1°: 5 en 5. Afirmativa. Unanimidad de señores Senadores presentes.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Antonio Gallicchio, quien lo hará en forma verbal.

Texto del proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión:

Artículo 1°.- Amplíase el artículo 81 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, con las modificaciones introducidas por el artículo 118 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, estableciéndose en unidades reajustables, las siguientes multas administrativas por concepto de infracciones, a cobrar por el Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional", Unidad Ejecutora 004 "Comando General del Ejército" - Servicio de Material y Armamento.

1) Multa a empresas que remiten el estado mensual de consumo de explosivos y/u otros materiales peligrosos con errores u omisiones, obstaculizando con ello el contralor (artículo 105 del Decreto N° 2605/943, de 7 de octubre de 1943).

- Primera vez: 1 UR.

- Segunda vez: 2 UR.

- Tercera vez: 4 UR.

- Cuarta vez: 8 UR.

2) Multa a depósitos de explosivos y otros materiales peligrosos que una vez habilitados por el Servicio de Material y Armamento del Ejército, dejan de ajustarse a las exigencias técnicas y de seguridad, requeridas oportunamente:

- Primera vez: 20 UR.

- Segunda vez: 40 UR.

3) Multa por no poseer libros al día de los movimientos (entradas y salidas) de materiales explosivos u otros materiales peligrosos del depósito:

- Primera vez: 3 UR.

- Segunda vez: 6 UR.

- Tercera vez: 12 UR.

- Cuarta vez: 24 UR.

4) Multa por transportar explosivos sin la custodia correspondiente: 10 UR.

5) Multa por transporte de explosivos u otros materiales peligrosos que no se ajustan a las normas técnicas y de seguridad vigentes:

- Primera vez: 20 UR.

- Segunda vez: 40 UR.

6) Multa a empresas que realizan transferencia de materiales explosivos entre si, sin la previa autorización del Servicio de Material y Armamento del Ejército

- Primera vez: 10 UR.

- Segunda vez: 20 UR.

- Tercera vez: Suspensión de habilitación hasta por noventa días.

7) Multa a empresas y barrenistas que no cumplan con las normas técnicas y de seguridad correspondientes durante las tareas realizadas con explosivos:

- Al barrenista: 10 UR y suspensión de la habilitación hasta por noventa días.

- A la empresa: 20 UR.

8) Multa a empresas que no realizan las comunicaciones correspondientes (previas y posteriores) al Servicio de Material y Armamento del Ejército, ante la realización de un trabajo con explosivos:

- Primera vez: 10 UR.

- Segunda vez: 20 UR.

- Tercera vez: Suspensión de la habilitación de la empresa hasta por noventa días.

9) Multa a importadores y mayoristas que vendan artículos pirotécnicos a comercios no registrados en el Servicio de Material y Armamento del Ejército.

- Primera vez: 25 UR y registro correspondiente del comprador.

- Segunda vez: 50 UR y registro correspondiente del comprador.

- Tercera vez: Suspensión de la habilitación de la empresa vendedora y registro correspondiente del comprador hasta por noventa días.

10) Multa a importadores y mayoristas que vendan artículos pirotécnicos no habilitados por el Servicio de Material y Armamento del Ejército.

- Primera vez: 10 UR y decomiso de materiales en infracción.

- Segunda vez: 20 UR y decomiso de materiales en infracción.

- Tercera vez: Inhabilitación de la empresa hasta por noventa días y decomiso de materiales en infracción.

11) Multa por comercialización de artículos pirotécnicos que no cuentan con las instrucciones de uso en idioma español y/o la etiqueta "Autorizado por el SMA".

- Primera vez: 5 UR.

- Segunda vez: 10 UR.

- Tercera vez: 20 UR.

- Cuarta vez: Suspensión de la habilitación para la venta de artículos pirotécnicos hasta por un año.

12) Multa por adulteración y/o modificación de artículos pirotécnicos sin la autorización expresa del Servicio de Material y Armamento del Ejército.

- 40 UR y suspensión de la habilitación de la empresa por un año.

13) Multa por mantener existencia de materiales pirotécnicos en locales comerciales o depósitos que excedan las cantidades autorizadas por el Servicio de Material y Armamento del Ejército.

- Primera vez: 10 UR.

- Segunda vez: 20 UR.

- Tercera vez: Suspensión de la habilitación del depósito o del comercio hasta por ciento ochenta días.

14) Multa a personas o empresas que realizan espectáculos pirotécnicos sin la expresa autorización del Servicio de Material y Armamento del Ejército.

- Primera vez: 10 UR.

- Segunda vez: 20 UR.

- Tercera vez: 40 UR.

15) Multa a empresas o persona idónea en pirotecnia que no cumpla con las normas técnicas y de seguridad requeridas para la realización de espectáculos pirotécnicos:

- Idóneo en pirotecnia: 10 UR y suspensión de la habilitación hasta por ciento ochenta días.

- Empresa: 20 UR.

Artículo 2°.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 594 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, al Servicio de Material y Armamento del Programa 002 "Ejército Nacional", autorizándose a dicho organismo a disponer del 100% (cien por ciento) de lo que recaude.

Resoluciones:

1) Invitar a integrantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay de forma de que informe sobre el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se dictan normas para la regulación y supervisión de los Sistemas de compensación y liquidación de pagos y valores.

A la hora dieciocho se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que firman el señor Presidente ad hoc y la señora Secretaria de la Comisión.

Jorge Saravia

Presidenta ad-hoc

Dinorah Amato

Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gallicchio.

SEÑOR GALLICCHIO.- Señor Presidente: este proyecto de ley consta de tres artículos y se votó por unanimidad en la Comisión correspondiente.

Es propósito de este proyecto de ley impulsar todas aquellas medidas que favorezcan la consolidación del proceso de formalización empresarial. Ello es particularmente relevante en el caso de las micro y pequeñas empresas, no solo por su importancia en la actividad económica, sino también por la relevancia que estas entidades tienen por su condición de articuladoras de redes de cohesión social.

La iniciativa comprendida en el presente proyecto de ley se inscribe en un conjunto de medidas impulsadas a partir de la consulta pública convocada en octubre de 2008 por el Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con el Programa "Uruguay Fomenta", destinado a identificar las oportunidades en las políticas públicas orientadas a las referidas entidades.

Entre los planteamientos realizados por los diversos actores que participaron en la consulta, se identificó la necesidad de reimplantar el régimen gradual de aportación, de modo que el régimen de tributación acompase el crecimiento de estas empresas.

Este proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes y su primer artículo expresa lo siguiente: "Los contribuyentes que inicien actividades a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley y queden comprendidos en el régimen de tributación del Impuesto al Valor Agregado mínimo a que refiere el artículo 30 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, tributarán el referido impuesto mínimo de acuerdo a la siguiente escala:

A) El 25% (veinticinco por ciento) durante el primer ejercicio económico.

B) El 50% (cincuenta por ciento) durante el segundo ejercicio económico.

C) El 100% (cien por ciento) a partir del tercer ejercicio económico.

El régimen gradual cesará en la hipótesis de que el contribuyente ingrese al régimen general de liquidación del Impuesto al Valor Agregado. Asimismo, dicho régimen no será de aplicación cuando el contribuyente reinicie actividades habiendo clausurado con posterioridad al 1º de enero de 2008, exceptuados aquellos que hubieran estado amparados al presente régimen en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo. Tampoco será de aplicación para los contribuyentes que se hubieran amparado al régimen de la Ley Nº 17.436, de 17 de diciembre de 2001".

El artículo 2º expresa que igual tratamiento en materia de tributación gradual e hipótesis de inclusión tendrán las empresas a que refiere el artículo anterior respecto a los aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social.

El artículo 3º faculta al Poder Ejecutivo a extender la reducción de tributos a que refieren los artículos anteriores, a aquellos contribuyentes que hayan iniciado actividades a partir del 1º de enero de 2008 y que cumplan con las condiciones establecidas en dichos artículos.

Esto es cuanto queríamos informar sobre este proyecto de ley que, como ya mencioné, fue aprobado por la Comisión correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: este proyecto de ley es la continuación de un esfuerzo que se ha venido manteniendo durante largo tiempo y, lamentablemente, en la anterior Legislatura no pudo ser consagrada su sanción por ambas Cámaras. Se trata del incentivo que se da a los pequeños y medianos empresarios en materia tributaria, que a veces choca con las dificultades que se plantean en materia de política fiscal de los respectivos Ministerios de Economía y Finanzas.

En realidad, en cuanto el micro y pequeño empresario comienza a realizar los aportes de carácter gradual, empieza a manejarse con una presión fiscal mucho menor. Por ese motivo, durante mucho tiempo insistimos en una iniciativa de esta naturaleza y es importante que en esta Legislatura se haya encontrado un consenso entre todos los Legisladores para poder concretar lo que durante tanto tiempo tratamos de llevar adelante y que hoy se hace realidad.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑOR GALLICCHIO.- Formulo moción para que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gallicchio.

(Se vota:)

-16 en 20. Afirmativa.

En consideración el articulado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

10) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: solicito que se reparta la Carpeta Nº 1605 que contiene el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se declara de interés nacional toda la actividad de carácter deportivo, recreativo y social relacionada con la práctica del fútbol infantil.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: solicito que se reparta la Carpeta Nº 1610/2009 relativa al Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando Acuerdo para designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República de la Confederación Suiza al señor Ricardo Nario Fagúndez. Este proyecto de ley fue tratado en la Comisión de Asuntos Internacionales, en la que no hubo número para votarlo pero sí unanimidad entre los que participaron de la reunión para aconsejar su tratamiento urgente y conceder la venia solicitada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: voy a solicitar que se repartan la Carpeta relativa a la ratificación del Convenio 135 de la OIT y la Nº 1629 relacionada con la salida de tropas para el día 25 de setiembre.

También voy a solicitar que se reparta un proyecto de ley referido al aumento de la pensión graciable a conceder a la señora María Tania Siver.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: hemos tenido algunas dificultades de funcionamiento en la Comisión de Asuntos Internacionales, pero creo que hay unanimidad para solicitar el repartido de las Carpetas Nos. 1408/08 y 1452/09, que hacen referencia a los Tratados de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y Panamá y también con Perú.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-16 en 21. Afirmativa.

11) NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza a las instituciones de intermediación financiera a emitir notas de crédito hipotecarias para incentivar el otorgamiento de préstamos de vivienda. (Carp. Nº 1611/09 - Rep. Nº 1152/09)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1611/09

Rep. N° 1152/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS

Sección I

Finalidad y Concepto

Artículo 1°. (Finalidad de la ley).- Es finalidad de la presente ley incentivar el otorgamiento de préstamos para vivienda a personas físicas o jurídicas a través de un instrumento de inversión denominado "Notas de Crédito Hipotecarias".

Artículo 2°. (Instituciones participantes).- Las ins-tituciones de intermediación financiera públicas o priva-das comprendidas en los artículos 1° y 2° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, y sus modificativas, siempre que no estén impedidas en función del tipo de habilitación correspondiente (artículo 17 bis del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley N° 17.523, de 4 de agosto de 2002), podrán conceder préstamos hipotecarios y emitir los títulos necesarios para su financiación, de acuerdo con los requisitos y finalidades que se establecen en la presente ley, sin perjuicio de otros valores que dichas entidades puedan emitir de acuerdo a las normas generales aplicables.

Sección II

De los Préstamos Hipotecarios para Vivienda

Artículo 3°. (Préstamos Hipotecarios Especiales).- Los préstamos a los que se refiere la presente ley se denominarán "Préstamos Hipotecarios Especiales", y tendrán como destino el financiamiento, con garantía hipotecaria, de la adquisición, construcción, refacción o ampliación de viviendas.

Artículo 4°. (Garantía de los Préstamos Hipotecarios Especiales. Límites y ampliación).- Los Préstamos Hipotecarios Especiales deberán estar garantizados, en todos los casos, con hipoteca de primer grado (exceptuada la hipoteca recíproca correspondiente al régimen de propiedad horizontal) sobre el inmueble objeto de adquisición, construcción, refacción o ampliación, así como de otros inmuebles si ello fuere necesario a juicio de la entidad financiera.

El capital prestado bajo cada Préstamo Hipotecario Especial no podrá exceder el 90% (noventa por ciento) del valor de tasación de los inmuebles hipotecados.

Artículo 5°. (Tasación de bienes a hipotecar).- Para que un Préstamo Hipotecario Especial se considere comprendido dentro del régimen establecido en la presente ley, los bienes a hipotecar deberán ser tasados conforme a los requerimientos que el Banco Central del Uruguay determine en la materia.

Artículo 6°. (Seguros).- Los bienes hipotecados deberán estar asegurados contra el riesgo de incendio por una suma al menos igual al valor de tasación, sin perjuicio de la posibilidad de las instituciones financieras de exigir la contratación de seguros colectivos o individuales. En todos los casos, la institución financiera será beneficiaria de dichos seguros hasta la concurrencia de la totalidad adeudada bajo el Préstamo Hipotecario Especial y sus accesorios.

Sección III

De las Notas de Crédito Hipotecarias

Artículo 7°. (Emisión de Notas Hipotecarias).- Las entidades a que se refiere el artículo 2° de la presente ley que otorguen Préstamos Hipotecarios Especiales podrán emitir títulos valores denominados "Notas de Créditos Hipotecarias", de oferta pública, a plazos superiores a un año, con arreglo a lo que disponen los artículos siguientes.

Las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas de conformidad con la presente ley se regularán en lo pertinente por las disposiciones de la ley de mercado de valores N° 16.749, de 30 de mayo de 1996, y por el Decreto-Ley de títulos valores N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, sus modificativas y reglamentaciones.

Las Notas de Crédito Hipotecarias conferirán a sus tenedores acción ejecutiva cambiaria.

Artículo 8°. (Límites de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias).- Tanto para la emisión como durante la vigencia de las Notas de Crédito Hipotecarias, deberá cumplirse en forma acumulativa la siguiente condición: las entidades no podrán emitir ni mantener en circulación Notas de Crédito Hipotecarias por un saldo remanente superior al 95% (noventa y cinco por ciento) del Activo de Cobertura; se entiende por "Activo de Cobertura" la sumatoria de las partes de los Préstamos Hipotecarios Especiales que respaldan la emisión de Notas de Crédito Hipotecarias. Cada Préstamo Hipotecario Especial integrará el Activo de Cobertura por un valor igual al mínimo entre el monto adeudado bajo dicho préstamo y el 70% (setenta por ciento) del valor de tasación de los inmuebles hipotecados.

Artículo 9°. (Registro de cada emisión).- La información sobre cualquier emisión de Notas de Crédito Hipotecarias deberá estar disponible para conocimiento del público en el Banco Central del Uruguay, en la forma que este disponga.

Artículo 10. (Registro especial).- Sin perjuicio de la información que deberá estar disponible en el Banco Central del Uruguay (BCU), cada entidad emisora de Notas de Crédito Hipotecarias deberá llevar un registro contable especial de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas y en circulación y de los Préstamos Hipotecarios Especiales, con indicación precisa de al menos los siguientes datos: (i) saldo adeudado bajo cada serie de Notas de Crédito Hipotecarias o cada Nota de Crédito Hipotecaria individualmente emitidas; (ii) saldo adeudado total bajo los Préstamos Hipotecarios Especiales, distinguiendo entre aquellos vigentes y aquellos vencidos e impagos, y el correspondiente Activo de Cobertura; (iii) valor de los inmuebles hipotecados bajo Préstamos Hipotecarios Especiales, según última tasación.

El registro de la información antes reseñada se realizará de conformidad con la reglamentación que dicte el BCU.

La información del registro especial de cada entidad deberá ser actualizada y estar a disposición del público en la forma que disponga el BCU.

Artículo 11. (Efectos de la amortización o cancelación de los Préstamos Hipotecarios Especiales sobre el límite de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias).- El emisor de Notas de Crédito Hipotecarias estará obligado a cumplir en todo momento con el porcentaje a que refiere el artículo 8°.

Si por la amortización total o parcial, ya sea a su vencimiento o en forma de cancelación anticipada, de los Préstamos Hipotecarios Especiales o por cualquier otra circunstancia, el importe de las Notas de Créditos Hipotecarias excediera los límites señalados en el artículo 8°, las entidades deberán recomponer el límite legal optando entre alguna de las siguientes alternativas y/o alguna combinación de ellas:

A) Depositar dinero en efectivo, en títulos de deuda pública uruguaya o en otros valores líquidos que autorice el Banco Central del Uruguay (BCU), en la cuenta de la entidad emisora en el BCU y por hasta un plazo máximo que la reglamentación determine.

B) Adquirir sus propias Notas de Crédito Hipotecarias a sus precios en el mercado.

C) Otorgar nuevos Préstamos Hipotecarios Especiales.

D) Rescatar total o parcialmente Notas de Crédito Hipotecarias por el importe necesario para restablecer los porcentajes legales o reglamentarios necesarios, siempre y cuando dicha opción de rescate esté prevista en los términos y condiciones de las Notas de Crédito Hipotecarias.

La no recomposición dentro de los plazos que establezca la reglamentación del porcentaje previsto en el artículo 8°, será considerada una infracción de carácter grave, pasible de las sanciones que el BCU establezca.

El BCU fijará y otorgará un plazo perentorio a la entidad emisora para la readecuación a los límites que correspondan, mediante las alternativas previstas en el presente artículo. El vencimiento de dicho plazo sin que la entidad emisora hubiera dado cumplimiento a la readecuación correspondiente, será considerado una infracción de carácter grave, pasible de las sanciones correspondientes por parte del BCU.

Artículo 12. (Preferencia en caso de Proceso de Resolución Bancaria o de liquidación).- Las Notas de Crédito Hipotecarias tendrán el carácter de créditos preferentes en los términos del artículo 2372 del Código Civil. En virtud de esta preferencia sus tenedores no estarán obligados a aguardar a las resultancias de cualquier tipo de concurso de la institución deudora de las Notas de Crédito Hipotecarias y gozarán de la calidad de acreedores preferentes tanto en caso de configurarse un Proceso de Resolución Bancaria (conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley N° 18.401, de 24 de octubre de 2008, como en caso de liquidación de la entidad emisora, frente a cualesquiera otros acreedores no preferentes, con relación a los siguientes activos:

A) Los activos de Cobertura definidos en el artículo 8°.

B) Las sumas de dinero y otros títulos previstos en el literal A) del artículo 11.

C) Los seguros de vida, de crédito u otros que eventualmente existan y cubran todo o parte de lo adeudado bajo los Préstamos Hipotecarios Especiales, los que a efectos de la presente ley se denominarán "los Seguros".

La citada preferencia se aplicará sobre los activos antes mencionados hasta la concurrencia del monto equivalente al valor nominal adeudado bajo todas las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por la institución financiera en Proceso de Resolución Bancaria disuelta o en liquidación, más el 5,26% (cinco con veintiséis por ciento) de dicho valor.

Artículo 13. (Régimen de cobro de las Notas de Crédito Hipotecarias en el Proceso de Resolución Bancaria o en la liquidación).- En caso de configurarse un Proceso de Resolución Bancaria (artículo 40 de la Ley N° 18.401, de 24 de octubre de 2008) o en su defecto, en caso de declaración de liquidación de la entidad emisora de Notas de Crédito Hipotecarias, la Corporación del Ahorro Bancario (COPAB), deberá actuar de conformidad con los procedimientos de solución previstos en el artículo 41 de la Ley N° 18.401, y en forma inmediata a la declaración, procediendo a formar un fondo de recuperación de patrimonio bancario separado (artículo 16 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002) integrado exclusivamente por los activos previstos en el artículo 12 de la presente ley, con arreglo a lo dispuesto por los artículos 16, 17 y 18 de la Ley N° 17.613, que a su vez podrá ser transferido total o parcialmente a otra institución financiera, de acuerdo con los mecanismos previstos en la Ley N° 18.401. El valor de dicho fondo será el valor nominal de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por la institución financiera más 5,26% (cinco con veintiséis por ciento) de dicho valor. A los efectos de integrar el fondo hasta el valor referido, los activos se determinarán mediante procedimiento de sorteo.

El producido del fondo mencionado en el inciso anterior se destinará en forma preferente a cancelar el capital e intereses adeudados bajo todas las Notas de Crédito Hipotecarias pendientes de pago emitidas por la institución en Proceso de Resolución Bancaria o en liquidación, a prorrata con relación al monto adeudado bajo cada Nota de Crédito Hipotecaria.

Si existiere un saldo remanente luego de cancelar la totalidad de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas y pendientes de pago, el mismo se integrará a la masa concursal.

Si de la administración o venta de dicho fondo no resultaren fondos suficientes para cancelar la totalidad de lo adeudado a los tenedores de Nota de Crédito Hipotecarias emitidas por la institución sometida a Proceso de Resolución Bancaria o en liquidación, estos concurrirán por el importe no cancelado con los restantes acreedores quirografarios de la masa, cobrándose de su producido a prorrata de sus respectivos créditos y sin ningún tipo de preferencia ni privilegio.

Sección IV

De la supervisión y control

Artículo 14. (Supervisión del Banco Central del Uruguay).- La actividad a ser desarrollada por las instituciones financieras al amparo de la presente ley está comprendida dentro de las facultades generales de regulación, supervisión y control de instituciones de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay (BCU).

El incumplimiento por parte de las instituciones financieras de cualquiera de las previsiones contenidas en la presente norma será sancionado por el BCU con las sanciones previstas en el artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 16.327, de 11 de noviembre de 1992, y 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Para el caso de infracción de las instituciones emisoras a lo dispuesto en los artículos 10 y 11, regirán las sanciones previstas en la Ley N° 16.749, de 30 de mayo de 1996.

CAPITULO II

CANCELACION ANTICIPADA DE CREDITOS HIPOTECARIOS

Artículo 15. (Cancelación anticipada).- Todo deudor de un préstamo hipotecario con destino a vivienda podrá cancelar en forma anticipada y en cualquier momento, total o parcialmente lo adeudado por concepto de capital, abonando los intereses devengados hasta ese momento, siempre y cuando abone conjuntamente con las sumas antes mencionadas, los costos administrativos y financieros de pérdida por reinversión sufridos por el acreedor como consecuencia de la cancelación anticipada, siempre que haya transcurrido por lo menos cinco años desde el otorgamiento del préstamo.

Los costos administrativos no podrán superar el 1% (uno por ciento) del saldo del capital adeudado, y los costos financieros de pérdidas por reinversión se determinarán de acuerdo con las tasas medias para préstamos para vivienda, publicadas por el Banco Central del Uruguay para el período correspondiente al momento de la cancelación, en la moneda correspondiente.

La facultad concedida al deudor en este artículo es irrenunciable.

CAPITULO III

OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION

Artículo 16.- Sustitúyense los artículos 35 y 36 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, por los siguientes:

"ARTICULO 35. (Delimitación de la presente ejecución).- La presente ejecución se confiere a los créditos, por suma de dinero líquida y exigible, garantizados con hipoteca, destinados a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de vivienda, por instituciones de intermediación financiera, públicas o privadas, así como por fiduciarios de fideicomisos financieros y siempre que el actor sea primer preferente al cobro en el inmueble.

ARTICULO 36. (Delimitación con otros regímenes).- La ejecución de crédito hipotecario que no cumpla los presupuestos del artículo 35 de la presente ley se regirá por lo previsto en los artículos 377 y siguientes del Código General del Proceso y disposiciones modificativas.

Se regulará por el régimen de la ejecución extrajudicial de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y disposiciones modificativas:

A) La ejecución de créditos hipotecarios otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, sin importar la fecha de otorgamiento del crédito.

B) La ejecución de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay con anterioridad a la vigencia de la presente ley, aunque hubieran sido ampliados o novados con posterioridad.

C) La ejecución de créditos a que refiere el inciso primero del artículo 34 de la presente ley."

Artículo 17.- En caso que la tasación catastral que establece el valor real de inmuebles ubicados en zonas urbanas y suburbanas objeto de ejecución forzada judicial, ejecución extrajudicial o venta judicial, no incluyera el valor de las construcciones, la misma podrá ser sustituida por tasación extrajudicial, presentada por el ejecutante o actor.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 18.- Sustitúyese el literal D) del artículo 123 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo 6° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999, por el siguiente:

"D) Valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas, valores o cuotapartes de fondos de inversión uruguayos y Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por instituciones públicas o privadas de acuerdo a lo establecido en la ley de creación de ese instrumento. En todos los casos se requerirá que coticen en algún mercado formal y que cuenten con autorización del Banco Central del Uruguay. El máximo de inversión admitido al amparo del presente literal será del 25% (veinticinco por ciento)".

Artículo 19.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer regímenes de tributación por las Notas de Crédito Hipotecarias creadas por la presente ley, que las equiparen progresivamente, teniendo en cuenta la moneda de emisión con el tratamiento impositivo dispensado por nuestro sistema tributario a los títulos de deuda pública en cuanto al gravamen de sus rentas y al patrimonio.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de agosto de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Comisión de Hacienda, integrada

con la de Vivienda, Territorio

y Medio Ambiente

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado y aprobado con modificaciones el proyecto de ley por el que se autoriza a las instituciones de intermediación financiera a emitir notas de crédito hipotecarias a fin de incentivar el otorgamiento de préstamos de vivienda.

La política habitacional delineada en el Plan Quinquenal de Vivienda 2005-2009 elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente identifica la imperiosa necesidad de trabajar en la reconstrucción del sistema de financiamiento a la vivienda. Esta tarea comprende no solo la mejora, redefinición y creación de instrumentos del Estado, sino también trabajar en la generación de un conjunto de reglas que potencie el desarrollo de la actividad de financiamiento a la vivienda tanto por agentes públicos como privados.

Esta política, destinada al desarrollo de un sistema de financiamiento a la vivienda, se enmarca en una nueva institucionalidad del sistema público de vivienda. Ello supone un fortalecimiento de las capacidades del Estado para implementar y ejecutar las políticas de vivienda a través de la creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), y un mejor desempeño del sistema a partir de una clara delimitación de los fines y cometidos de las instituciones que lo componen. Esta nueva institucionalidad se plasma en la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, "Normas para la implementación de la Política en materia de Vivienda y modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y la creación de la Agencia Nacional de Vivienda y se dictan normas respecto de la ejecución de créditos hipotecarios para vivienda" aprobada por el Parlamento en abril del 2007.

Un componente principal de la construcción de un nuevo sistema de financiamiento a la vivienda lo constituye la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), que a su vez se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno en cuanto a la reforma del sistema financiero. Esta operación busca capitalizar y recrear una institución solvente y líquida que desarrolle su actividad hipotecaria con un manejo profesional de los riesgos financieros, en un marco de competencia con otras entidades financieras.

Concomitantemente con el relanzamiento del BHU, se busca impulsar una serie de acciones que permitan la construcción de un mercado hipotecario y del crédito a la vivienda más eficiente, en el sentido de brindar productos hipotecarios accesibles para la población, a la vez que provean de un entorno atractivo para la participación de los oferentes de crédito.

Por tanto, para apoyar el desarrollo del mercado hipotecario en Uruguay, se han identificado tres áreas de trabajo que son complementarias a la reestructura del BCU:

A. Introducción de instrumentos financieros con el objetivo de reducir imperfecciones en el mercado hipotecario que faciliten el acceso al mismo a sectores de la población con baja capacidad de ahorro pero con niveles de ingresos suficientes para el repago.

B. Impulso a la creación de mecanismos e instrumentos que faciliten el fondeo de la actividad hipotecaria en el mercado de capitales.

C. Mejora de la operativa general del mercado de crédito a la vivienda minimizando los costos de ejecución de garantías a través del diseño de nuevos procedimientos legales, e impulsar medidas que brinden las mismas condiciones de participación a todas las instituciones de intermediación financiera.

En tal sentido, este proyecto de ley busca incentivar el otorgamiento de préstamos para vivienda, a través de la creación de un mecanismo de financiamiento alternativo consistente en un nuevo instrumento de inversión denominado "Notas de Crédito Hipotecarias" (Capítulo I) y por otro modificar algunas disposiciones relativas a la cancelación anticipada y del régimen de ejecución de créditos hipotecarios para vivienda (Capítulo II y Capítulo III).

1. NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS

En el marco de políticas tendientes a la construcción de un sistema de financiamiento a la vivienda se entiende necesario el desarrollo de instrumentos financieros que faciliten el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población. Con tal propósito el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente ha solicitado a la Agencia Nacional de Vivienda trabajar sobre la creación de un instrumento financiero destinado a dotar a los oferentes de crédito hipotecario de herramientas que faciliten el acceso a fondos de largo plazo para poder satisfacer la potencial demanda por crédito hipotecario para vivienda.

A partir del análisis de experiencias internacionales relevantes en la materia se realiza la propuesta de las Notas de Crédito Hipotecarias considerando las ventajas y desventajas de cada una de ellas en función de las características particulares del mercado de financiamiento a la vivienda en Uruguay.

En el mismo sentido se propone el diseño de un instrumento que recoja los factores comunes de éxito en las diversas experiencias internacionales y que brinde mayor estabilidad y certeza de fuentes de fondos a las entidades que otorgan créditos hipotecarios para vivienda, que finalmente tengan un correlato sobre condiciones más ventajosos en términos de precio y accesibilidad sobre los tomadores de crédito, objetivo central de la política de vivienda.

La Nota de Crédito Hipotecaria es un título que emite una entidad de intermediación financiera con respaldo adicional en un conjunto de créditos hipotecarios para la adquisición, refacción o construcción de viviendas. El esquema propuesto asigna al tenedor de la Nota un derecho preferencial sobre dicho activo con relación a los restantes acreedores del emisor, lo cual hace de este instrumento financiero un título de deuda de alta calidad que consta de una doble cobertura; del emisor y de los créditos hipotecarios.

Con el objetivo de proponer un instrumento financiero que sea útil como herramienta para potenciar el desarrollo del mercado de crédito para la vivienda en Uruguay y según se desprende de los artículos del presente proyecto, se otorga a las Notas de Crédito Hipotecarias ciertos atributos básicos:

La transformación de activos individuales e ilíquidos (créditos hipotecarios) en instrumentos líquidos y comercializables en los mercados de capitales (en este caso, las notas de crédito hipotecarias). Corresponde en tal sentido también incluir la transformación de transacciones que ocurren típicamente en un ámbito privado (prestamista-prestatario) en transacciones del ámbito público (compraventa de títulos-valores en el mercado abierto).

Dinamizar el mercado de créditos hipotecarios a partir de un reaprovisionamiento de fondos que avala actividades adicionales de nuevos préstamos.

Conformar una alternativa de financiación de menor costo en comparación con otras fuentes bancarias o del mercado de capitales y, en igual dirección, representar un financiamiento más eficiente en términos del manejo de activos y pasivos del balance del originador de los créditos hipotecarios. Este ítem incluye los beneficios provenientes de la diversificación de fuentes de fondeo, ofreciendo una alternativa ante las formas tradicionales de financiación e implicando una mejora del perfil de liquidez del originador.

Los primeros dos atributos se asocian con la propia emisión de "Notas de Crédito Hipotecarias" que se definen mediante la presente ley, mientras que el último atributo mencionado implica asignar a la Nota un carácter de pasivo "especial" para la entidad originadora de créditos hipotecarios.

Los créditos hipotecarios que respaldan la emisión de las Notas deben permanecer dentro del balance de las entidades que los originan. Ello por consideraciones de tamaño y sofisticación del mercado uruguayo. Es claro que las alternativas fuera de balance, tales como las operaciones de securitización, son más eficientes en términos del consumo de capital, sin embargo, dados sus altos costos de reestructuración requieren de gran cantidad de créditos hipotecarios para que sean comercialmente viables, a la vez que demandan de un sólido conocimiento de los riesgos financieros implícitos en estas operaciones.

En particular, al permanecer el crédito dentro del balance de la institución de intermediación financiera, se generan los incentivos adecuados para que la evaluación del riesgo crediticio de cada préstamo en su origen sea realizada de forma adecuada. Este aspecto resulta muy relevante por cuanto brinda mayores garantías a los tenedores de las Notas con relación a otros instrumentos financieros respaldados con créditos hipotecarios que trasladan enteramente al inversor el riesgo crediticio de cada préstamo.

En la medida que se busca impulsar un mercado poco desarrollado, el originador del crédito hipotecario debería poder recurrir a un instrumento sencillo y que no necesariamente requiera la previa conformación de un conjunto de créditos hipotecarios de tamaño significativo. El modelo dentro de balance se ajusta mejor a las condiciones del mercado actualmente existentes.

1.1. Análisis del articulado del Capítulo I. Notas de Créditos Hipotecarias

En primer lugar y conforme a lo expresado en el capítulo que antecede, de comentarios generales de la ley, el proyecto de ley traza en su artículo 1° la finalidad que persigue, es decir, la de incentivar el otorgamiento de préstamos para vivienda.

En el artículo 2° se indican cuáles son las instituciones habilitadas para emitir notas de crédito hipotecarias al amparo de la presente ley, las que son identificadas como Notas de Crédito Hipotecarias. Si bien en el Derecho Comparado existen diversos tipos de instituciones que emiten títulos similares, se entendió que en el mercado financiero uruguayo resulta de momento conveniente que las instituciones habilitadas a emitir estos títulos con la ventaja legal que este proyecto establece, deben ser los Bancos y cooperativas de intermediación financiera que no estén impedidos para realizar este tipo de operaciones en función de la facultad otorgada al Banco Central del Uruguay por el último inciso del artículo 17 bis del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley N° 17.523, de 4 de agosto de 2002. Ello debido a que dichas instituciones están sometidas a un estricto régimen normativo, supervisado por el Banco Central del Uruguay, al captar fondos del público en forma habitual y profesional (artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.322), siendo este instituto, uno más dentro de las variedades de captación habituales.

Por su parte, el sistema de privilegios instaurado en los artículos 12 y 13 puede ser llevado a la práctica de manera eficiente encuadrando el mismo dentro del régimen jurídico previsto para la liquidación de las instituciones financieras conforme a lo dispuesto por la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

La Sección II del Capítulo I regula lo relativo a los préstamos hipotecarios que actuarán como respaldo de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas, en caso de liquidación del Banco.

Dichos préstamos hipotecarios bajo la presente ley se denominan "Préstamos Hipotecarios Especiales" y son aquellos destinados a la vivienda en general. En este sentido, y tal como procura reflejar con la redacción del artículo 3°, el objeto de dichos préstamos hipotecarios especiales abarca un amplio elenco de negocios relacionados con la vivienda: adquisición, construcción, refacción o ampliación de viviendas.

En algunos países europeos cuya legislación se tomó como fuente, el elenco de préstamos hipotecarios vinculados a este tipo de instrumento financiero es más amplio aún, abarcando la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales. Sin embargo, el criterio que primó al redactar la presente ley implicó, en cambio considerar recomendable dar un primer paso ciñéndose a los préstamos otorgados exclusivamente con destino a vivienda. Más allá de la generalidad prevista para este destino, es la intención del proyecto incentivar el acceso a la vivienda propia procurando facilitar a las entidades de intermediación financiera la captación de recursos a largo plazo mediante la creación de un instrumento que resulte financieramente atractivo tanto para los inversores oferentes de fondos como para las instituciones que originan créditos hipotecarios.

El régimen consagrado no se aparta en nada del régimen que hoy exige el mercado de préstamos hipotecarios: tasación, contratación de determinados seguros y cobertura de riesgo crediticio mediante la limitación del crédito a determinado porcentaje máximo del inmueble garantizado. La intención ha sido no interrumpir el natural desarrollo de este negocio, dejando que sea el mercado por un lado, y el ente regulador, Banco Central del Uruguay, por el otro, quienes arbitren las soluciones y requerimientos técnicos mínimos que convengan, razón por la cual, el Capítulo I tiene un contenido muy breve.

En el artículo 4° se establece un límite máximo para la relación entre el monto del crédito y el valor de la garantía, consistente en la relación entre el total prestado y el valor de los inmuebles que garantizan dicho préstamo. Dicho porcentaje puede llegar a un máximo del 90% del valor del bien o bienes hipotecados. En cuanto a la fijación en el texto del proyecto de ley del valor de este límite se tomaron en consideración dos aspectos: primero, que el valor de este máximo supera al observado en la actual práctica del mercado de créditos hipotecarios, y segundo, que se establece tal guarismo como parte del texto legal a los efectos de ofrecer una mayor certeza jurídica a los agentes involucrados. El análisis del artículo 8° completa la explicación del límite elegido en el artículo 4°.

El artículo 5° se refiere a la tasación de los inmuebles que garantizan los Préstamos Hipotecarios Especiales. Nuevamente, entendemos que es el regulador a quien corresponde determinar los aspectos inherentes a esta materia, que por otra parte, no es menor, ya que hace a la garantía de repago de las Notas de Crédito Hipotecarias a emitirse. El Banco Central del Uruguay ya hoy supervisa las denominadas "carpetas de clientes" de los préstamos que las entidades financieras otorgan, verificando precisamente que exista tasación de los inmuebles afectados con garantías reales y que la misma se actualice periódicamente. El ente regulador tiene potestades para exigir la realización de una nueva tasación si entendiese que la efectuada no se ajusta a la realidad y puede también determinar con qué elenco de tasadores deben trabajar las instituciones financieras.

La Sección III trata sobre las operaciones pasivas, esto es, sobre las "Notas de Crédito Hipotecarias" que podrán emitir las instituciones de intermediación financiera. Dichas Notas de Crédito Hipotecarias en nada difieren de los valores de oferta pública o privada pasibles de emisión conforme a la Ley de Mercado de Valores N° 16.749, salvo en lo que hace a la preferencia consagrada en los artículos 12 y 13.

Por consiguiente, los Bancos y cooperativas financieras tendrán amplias facultades de decidir por las particularidades de estos títulos en cuanto a la tasa de interés (fija o variable), plazos, o cualquier otra variante que dichos emisores entiendan pertinente de acuerdo a las características de sus balances y a las condiciones de mercado que se verifiquen toda vez que se proceda a una emisión.

En el mismo sentido de la discrecionalidad a la que se refiere el párrafo anterior y a diferencia de otros modelos, como en el caso de las Letras de Crédito Hipotecarias que se emiten en Chile o en algunos modelos de Bonos Cubiertos que se aplican en Europa, como por ejemplo en Dinamarca, las Notas de Crédito Hipotecarias no estarán necesariamente calzadas ni en montos ni en plazos con los Préstamos Hipotecarios Especiales. Más allá de las limitaciones que se aplican según el artículo 8°, que se encuentran referidas al concepto de cobertura de la emisión de Notas de Crédito Hipotecarias, debe tenerse presente que la ausencia de "calce" a la que se hace referencia en este párrafo obedece a que estas Notas no se encuentran directamente garantizadas por los Préstamos Hipotecarios Especiales, no existiendo un vínculo directo o "uno a uno" entre los préstamos originados y las Notas emitidas.

Coincidentemente con la mayoría de los esquemas europeos de bonos con cobertura hipotecaria, el modelo seleccionado a los efectos de la presente ley prioriza un tratamiento dentro del balance de las instituciones financieras para los créditos hipotecarios que actuarán como cobertura de las emisiones de Notas de Crédito Hipotecarias. La cobertura se establece en términos de conjunto y se basa en una serie de condiciones cuantitativas. El modelo busca otorgar una mayor discrecionalidad a la entidad emisora de modo tal que la gestión de sus activos y pasivos quede supeditada al manejo de sus propios riesgos de balance.

Aun en este contexto, se ha eliminado la posibilidad de emitir Notas de Crédito Hipotecarias a corto plazo, en atención a que la utilización de este instrumento no se desnaturalice, buscando finalidades diferentes de las previstas en la presente ley (artículo 7°).

El artículo 8° introduce el concepto de cobertura de las Notas de Crédito Hipotecarias y define la categoría "Activos de Cobertura" utilizado por el proyecto de ley. El principio de cobertura o de colaterización, refiere a que el saldo remanente de Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por cada institución financiera debe estar cubierto en todo momento por los activos de cobertura que los respaldan. Se trata que, ante un eventual caso de liquidación de una institución emisora de Notas de Crédito Hipotecarias, el producido de ciertos activos constituidos principalmente por los Préstamos Hipotecarios Especiales, se destine a cancelar en forma preferente lo adeudado bajo dichas Notas.

El ratio del 95% que fija la condición, se determina en función de la experiencia relevante en la materia a nivel nacional, en particular la europea. Por tanto, el nivel de sobre-colaterización es de 5,26%. Este ratio se obtiene por cociente entre el 5% restante o remanente del Activo de Cobertura utilizado como cobertura en exceso para la emisión de Notas y el 95% máximo de Activo de Cobertura hasta el cual se pueden emitir las referidas Notas.

Aunque el Activo de Cobertura se define como un conjunto compuesto por la sumatoria de partes de créditos hipotecarios, asimismo se establece un límite para cada préstamo con relación al valor del o de los inmuebles hipotecados, a los efectos de poder integrar el Activo de Cobertura. Se entiende que de esta forma se otorga mayor certeza y transparencia al concepto Activo de Cobertura por cuanto define claramente su composición, a la vez que mantiene la unidad del crédito como cobertura de la emisión de Notas.

Para mejor comprensión de la limitación aplicada a cada crédito para participar en el Activo de Cobertura, se presenta el siguiente ejemplo. Si el Préstamos Hipotecario Especial vigente tiene un saldo de $ 100, con un inmueble hipotecado de $ 120, en este caso, integraría el activo de Cobertura por $ 84, que es el 70% de 120. En otro caso, si el monto principal adeudado por el préstamo, para el mismo valor del inmueble hipotecado, fuese de $ 65, menor al 70% de 120, claramente solo podrá integrar el Activo de Cobertura por $ 65.

La finalidad de fijar una restricción de hasta el 70% del valor del inmueble hipotecado implica otorgar una mayor cobertura de riesgo crediticio al tenedor de las Notas.

En este punto, cabe considerar que por el artículo 4° el monto principal prestado bajo cada Préstamo Hipotecario Especial puede alcanzar hasta el 90% del valor de los inmuebles hipotecados. A los efectos de una mejor comprensión de estos aspectos, cabe mencionar, por una parte, que en tanto el objetivo de la Nota de Crédito Hipotecaria es el desarrollo del mercado de crédito hipotecario para vivienda, se busca a través del diseño propuesto no limitar a las entidades emisoras que quieran usar este instrumento financiero, la posibilidad de generar créditos con ratios de hasta 90% con relación al valor de la vivienda. Pero por otra parte, se ha buscado en forma simultánea mitigar el riesgo crediticio que se asocia con una potencialmente alta relación entre crédito y garantía a través de la limitación que se establece en la participación del crédito como respaldo de la emisión de Notas por hasta un 70% del valor de dicha garantía. Asimismo, y en cualquier caso, debe tenerse en cuenta, de cualquier forma, que en tanto el crédito permanece en el balance de la entidad emisora de la Nota, existen los incentivos adecuados para que la evaluación del riesgo crediticio de cada operación se realice correctamente. El esquema propuesto por el proyecto de ley con relación a este aspecto toma elementos del régimen alemán vigente desde julio de 2005, denominado Pfandbrief Act.

En el artículo 11 se regula el caso en que por la cancelación de Créditos Hipotecarios Especiales se altere la relación establecida en el artículo 8°. A los efectos de brindar mayor certeza jurídica al instrumento propuesto, el proyecto contiene la exigencia de subsanar eventuales defasajes de las referidas condiciones cuantitativas mediante distintas alternativas. En tal sentido, el riesgo de cancelación anticipada que pudiera existir no se transfiere necesariamente al tenedor de la Nota y por tanto es, por lo general asumido totalmente por la entidad emisora. Así pues, para el caso de este riesgo de prepago y bajo similares consideraciones que las asignadas al manejo del riesgo crediticio, se entiende pertinente simplificar la valuación de las Notas, buscando por tanto no limitar por este concepto el uso de este instrumento financiero por parte de los distintos agentes.

La particularidad que tienen las Notas de Crédito Hipotecarias surge de los artículos 12 y 13 del proyecto de ley, en virtud de los cuales, los tenedores de dichos títulos, tendrán el carácter de acreedores preferentes en caso de liquidación de la entidad emisora.

Cabe destacar que la preferencia alcanza no solo al Activo de Cobertura definido en el artículo 8°, sino a otros activos que se prevén en forma expresa en los literales b) a d) del artículo 12, tales como las sumas de dinero y otros títulos previstos en el literal a) del artículo 11. Nótese que, tal como se adelantara, las Notas de Crédito Hipotecarias no están vinculadas directamente a los Créditos Hipotecarios Especiales, esto es, los créditos no garantizan en forma directa el pago de las Notas, sino que dicha preferencia especial opera única y exclusivamente en caso de liquidación de la institución financiera emisora.

Teniendo en cuenta que la liquidación de las entidades financieras está regulada por la Ley N° 17.613, la cual consagra un régimen particular que otorga al Banco Central del Uruguay los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna, sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de las sociedades o empresas comprendidas en la liquidación, pudiendo incluso levantar los embargos e interdicciones trabados (artículo 15 de la referida ley), se entiende que corresponde que en el ámbito de dicho marco jurídico, el Banco Central del Uruguay disponga la formación de un fondo separado, integrado por la totalidad de los activos indicados en el artículo 12. Bajo la Ley N° 17.613, artículo 16, la constitución de fondos para la liquidación es facultativa. En este caso, se ha dispuesto que para cancelar las deudas emergentes de Notas de Crédito Hipotecarias, el Banco Central deberá preceptivamente constituir un fondo de recuperación de patrimonio bancario con las características antes apuntadas.

Se establece a texto expreso un valor máximo para dicho fondo separado, el cual no podrá superar el valor actual de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas más el 2% de dicho valor, al momento de formarse el fondo. El producido de dicho fondo deberá destinarse a la cancelación de las Nota de Crédito Hipotecarias.

Es necesario resaltar, tal como lo prevé el artículo 12, que la referencia sobre los activos estipulados detenta una restricción cuantitativa. De esta forma, la cobertura real de las Notas, una vez que la entidad emisora se encuentre en liquidación, tiene relación con los montos emitidos y no necesariamente con el monto total de los activos definidos en los literales a) al c) del artículo 12. Podría existir una excesiva sobre-colaterización de las Notas si a priori se pretende que se las cubra, en caso de liquidación, con el total de activos definidos en el artículo 12, independientemente del monto emitido. En vez de ello, se pretende también proteger los derechos de los depositantes y otros acreedores de las instituciones de intermediación financiera. Este es un aspecto central en el diseño de estos instrumentos financieros en el sentido de equilibrar la preferencia otorgada al inversor sobre un conjunto de activos de la entidad emisora con los derechos de los demás acreedores, en particular de los depositantes menos sofisticados.

Una vez constituido el fondo referido, los Créditos Hipotecarios Especiales pueden continuar siendo administrados por el liquidador o pueden también ser subastados y adjudicados a la institución de intermediación financiera que ofrezca un mayor precio. En todos los casos, el producido deberá distribuirse entre los tenedores de Notas de Crédito Hipotecarias en forma proporcional al valor nominal no cancelado bajo dichos títulos.

Teniendo en cuenta el privilegio que el presente proyecto de ley otorga a los tenedores de Notas de Crédito Hipotecarias, resulta relevante que el público en general y los demás agentes de mercado tengan cabal conocimiento de cuál es el monto emitido de Notas de Crédito Hipotecarias por cada institución financiera. La información correspondiente deberá estar disponible en el Banco Central del Uruguay para conocimiento del público de acuerdo a lo que establece el artículo 9°.

A su vez, e independientemente del registro antes mencionado de las emisiones, el artículo 10 obliga a cada emisor a llevar un registro contable con el detalle de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas y los Préstamos Hipotecarios Especiales otorgados, conjuntamente con el valor de los inmuebles hipotecarios, de forma tal que pueda ser fácilmente determinable la relación existente entre lo adeudado bajo las Notas de Crédito Hipotecarias y las sumas a percibirse bajo los Préstamos Hipotecarios Especiales, así como una sencilla verificación del cumplimiento de las condiciones cuantitativas establecidas por esta ley.

2. REGIMEN DE CANCELACION ANTICIPADA

Dado que los préstamos hipotecarios para adquisición de viviendas conllevan una relación contractual extensa entre deudores y acreedores que para la situación actual de productos disponibles en el mercado uruguayo queda totalmente condicionada a las circunstancias prevalecientes en el origen del crédito, se entiende necesario dotar de mayor flexibilidad a tal relación otorgando a los tomadores de crédito el derecho a la cancelación anticipada, sujeto, para su ejercicio, a ciertas indemnizaciones previstas en el artículo 15 que debe afrontar el deudor.

Esta norma pretende dotar al mercado de mayor eficiencia en su funcionamiento, en el entendido que los problemas de asimetría de información entre deudores y acreedores, así como de asimetría en el proceso de negociación durante la vida del crédito, no cooperan con el desarrollo del mercado de crédito hipotecario para vivienda.

Asimismo, esta iniciativa fomentará la movilidad, disminuyendo sus costos, facilitando asimismo la adaptación a las cambiantes necesidades habitacionales que tienen los hogares a lo largo de su ciclo de vida. Ello conlleva, por su parte, más oportunidades de negocio a los oferentes de crédito.

Los costos que debe afrontar el deudor para ejercer el derecho a la cancelación anticipada se prevén a los efectos de no cargar al acreedor con pérdidas financieras no previstas. Sin las indemnizaciones propuestas, el acreedor se vería impulsado a trasladar las pérdidas ofreciendo créditos más caros.

El derecho al ejercicio de la cancelación anticipada previsto en el artículo 15, se puede concretar luego de los primeros cinco años del crédito, como forma de limitar los casos que se dan por razones puramente financieras y no por circunstancias asociadas al ciclo de vida del hogar.

El artículo propuesto reconoce el derecho de cancelación anticipada en las condiciones previstas, más allá que puedan fijarse de forma contractual otras que sean más beneficiosas para el deudor o que se alcancen en la negociación entre las partes durante la vida del crédito.

3. OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION

La ley contiene un capitulo general, aplicable a todos los préstamos hipotecarios con destino a vivienda, independientemente de que estos garanticen o no emisiones de Notas de Crédito Hipotecarias.

Así, se adecua en el artículo 16 la redacción de los artículos 35 y 36 de la Ley N° 18.125, pretendiendo incentivar el crédito hipotecario mediante el ajuste de los aspectos objetivos y subjetivos del título de ejecución de crédito hipotecario con destino vivienda.

En el caso del artículo 35 se elimina la exigencia de "instrumento único" que si bien era una forma unívoca de identificar el crédito con destino a vivienda, en la práctica constituye un límite para aquellas instituciones financieras que solo utilizan la hipoteca abierta y documentan el crédito en títulos valores.

Además se corrige la referencia a fideicomisos financieros que, en tanto no tienen personería jurídica, no pueden ser acreedores; por lo cual el crédito será el otorgado por el fiduciario del "patrimonio fideicomitido".

En el mismo artículo se adecua la condición actual: "siempre que dicho acreedor sea primer preferente" por "siempre que el acto" para contemplar las hipótesis de circulación del crédito y posterior acción por una Institución de Intermediación Financiera.

Asimismo, se reformula el artículo 36 que preveía el elenco de situaciones en las cuales no se aplica el régimen del Capítulo III de la Ley N° 18.125, y especialmente los casos para los cuales queda vigente la ejecución extrajudicial de la Carta Orgánica del BHU:

A) Incluyendo ahora la ejecución del Ministerio de Vivienda por créditos anteriores y posteriores a la Ley N° 18.125;

B) La ejecución de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay con anterioridad a la vigencia de esta ley; aclarándose que se incluyen los que hubieran sido novados, en este último caso, sin importar la fecha de otorgamiento de la novación, y

C) Se incluye por remisión la ejecución de créditos a que refiere el artículo 34 de la Ley N° 18.125 (la Agencia Nacional de Vivienda en carácter de administrador o fiduciario recibe todos los privilegios del crédito que administra).

Por otra parte, en el artículo 17 del proyecto de ley, se incluye una disposición que da solución, en hipótesis de cualquier ejecución, al caso de falta de tasación catastral de las construcciones. Se concede una opción para el ejecutante o actor que podrá sustituir la tasación catastral por una realizada por tasador o realizar la declaración de caracterización urbana ante la Dirección Nacional de Catastro. Se complementa con la posibilidad de solicitar al Juzgado la realización de actos para la declaración.

4. DISPOSICIONES GENERALES

En este capítulo, la ley sustituye, a través de su artículo 18, el literal B) del artículo 123 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, referente a la inversión de los recursos del Fondo de Ahorro Previsional, por parte de las Administradoras, agregando las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por instituciones públicas o privadas, de acuerdo a la Ley de creación de dicho instrumento.

Finalmente, en su artículo 19, se procede a facultar al Poder Ejecutivo a establecer regímenes de tributación por las Notas de Crédito Hipotecarias, creadas por la presente ley.

Por todo lo expuesto, esta Asesora recomienda al Cuerpo, la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 16 de julio de 2009.

Gonzalo Mujica, Miembro Informante; Beatriz Costa, Uberfil Hernández, Jorge Mazzulo, Artigas Melgarejo, Lourdes Ontaneda, Jorge Patrone, Darío Pérez Brito, Iván Posada, Mónica Travieso.

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 2 de marzo de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña sobre: "Notas de Crédito Hipotecarias y otras disposiciones en materia de financiamiento de vivienda".

EXPOSICION DE MOTIVOS

La política habitacional delineada en el Plan Quinquenal 2005-2009 elaborado por el Ministerio de Vivienda identifica la imperiosa necesidad de trabajar en la reconstrucción del sistema de financiamiento a la vivienda. Esta tarea comprende no solo la mejora, redefinición y creación de instrumentos del Estado, sino también trabajar en la generación de un conjunto de reglas que potencie el desarrollo de la actividad de financiamiento a la vivienda tanto por agentes públicos como privados.

Esta política, destinada al desarrollo de un sistema de financiamiento a la vivienda, se enmarca en una nueva institucionalidad del sistema público de vivienda. Ello supone un fortalecimiento de las capacidades del Estado para implementar y ejecutar las políticas de vivienda a través de la creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), y un mejor desempeño del sistema a partir de una clara delimitación de los fines y cometidos de las instituciones que lo componen. Esta nueva institucionalidad se plasma en la Ley N° 18.125 "Normas para la implementación de la Política en materia de Vivienda y modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y la creación de la Agencia Nacional de Vivienda y se dictan norma respecto de la ejecución de créditos hipotecarios para vivienda" aprobada por el parlamento en abril de 2007.

Un componente principal de la construcción de un nuevo sistema de financiamiento a la vivienda lo constituye la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay, que a su vez se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno en cuanto a la reforma del sistema financiero. Esta operación busca capitalizar y recrear una institución solvente y líquida que desarrolle su actividad hipotecaria con un manejo profesional de los riesgos financieros, en un marco de competencia con otras entidades financieras.

Concomitamentemente con el relanzamiento del BHU, se busca impulsar una serie de acciones que permitan la construcción de un mercado hipotecario y del crédito a la vivienda más eficiente, en el sentido de brindar productos hipotecarios accesibles para la población, a la vez que provean de un entorno atractivo para la participación de los oferentes de crédito.

Por tanto, para apoyar el desarrollo del mercado hipotecario en Uruguay, se han identificado tres áreas de trabajo que son complementarias a la reestructura del BHU:

a.- introducción de instrumentos financieros con el objetivo de reducir imperfecciones en el mercado hipotecario que faciliten el acceso al mismo a sectores de la población con baja capacidad de ahorro pero con niveles de ingresos suficientes para el repago.

b.- impulso a la creación de mecanismos e instrumentos que faciliten el fondeo de la actividad hipotecaria en el mercado de capitales.

c.- mejora de la operativa general del mercado de crédito a la vivienda minimizando los costos de ejecución de garantías a través del diseño de nuevos procedimientos legales, e impulsar medidas que brinden las mismas condiciones de participación a todas las instituciones de intermediación financiera.

En tal sentido, este proyecto de ley busca incentivar el otorgamiento de préstamos para vivienda, a través de la creación de un mecanismo de financiamiento alternativo consistente en un nuevo instrumento de inversión denominado "Notas de Crédito Hipotecarias" (Capítulo I) y por otro modificar algunas disposiciones relativas a la cancelación anticipada y del régimen de ejecución de créditos hipotecarios para vivienda (Capítulo II y Capítulo III).

1. NOTAS DE CREDITO HIPOTECARIAS

En el marco de políticas tendientes a la construcción de un sistema de financiamiento a la vivienda, se entiende necesario el desarrollo de instrumentos financieros que faciliten el acceso a la vivienda para amplios sectores de la población. Con tal propósito, el MVOTMA ha solicitado a la Agencia Nacional de Vivienda trabajar sobre la creación de un instrumento financiero destinado a dotar a los oferentes de crédito hipotecario de herramientas que faciliten el acceso a fondos de largo plazo para poder satisfacer la potencial demanda por crédito hipotecario para vivienda.

A partir del análisis de experiencias internacionales relevantes en la materia se realiza la propuesta de las Notas de Crédito Hipotecarias considerando las ventajas y desventajas de cada una de ellas en función de las características particulares del mercado de financiamiento a la vivienda en Uruguay.

En el mismo sentido, se propone el diseño de un instrumento que recoja los factores comunes de éxito en las diversas experiencias internacionales, y que brinde mayor estabilidad y certeza de fuentes de fondos a las entidades que otorgan créditos hipotecarios para vivienda, que finalmente tengan un correlato sobre condiciones más ventajosas en términos de precio y accesibilidad sobre los tomadores de crédito, objetivo central del la política de vivienda.

La Nota de Crédito Hipotecaria es un título que emite una entidad de intermediación financiera con respaldo adicional en un conjunto de créditos hipotecarios para la adquisición, refacción o construcción de viviendas. El esquema propuesto asigna al tenedor de la Nota un derecho preferencial sobre dicho activo con relación a los restantes acreedores del emisor, lo cual hace de este instrumento financiero un título de deuda de alta calidad que consta de una doble cobertura: del emisor y de los créditos hipotecarios.

Con el objetivo de proponer un instrumento financiero que sea útil como herramienta para potenciar el desarrollo del mercado del crédito para la vivienda en Uruguay y según se desprende de los artículos del presente proyecto, se otorga a las Notas de Crédito Hipotecarias ciertos atributos básicos:

La transformación de activos individuales e ilíquidos (créditos hipotecarios) en instrumentos líquidos y comercializables en los mercados de capitales (en este caso, las notas de crédito hipotecarias). Corresponde en tal sentido también incluir la transformación de transacciones que ocurren típicamente en un ámbito privado (prestamista - prestatario) en transacciones del ámbito público (compra-venta de títulos-valores en el mercado abierto).

Dinamizar el mercado de créditos hipotecarios a partir de un reaprovisionamiento de fondos que avala actividades adicionales de nuevos préstamos.

Conformar una alternativa de financiación de menor costo en comparación con otras fuentes bancarias o del mercado de capitales y, en igual dirección, representar un financiamiento más eficiente en términos del manejo de activos y pasivos del balance del originador de los créditos hipotecarios. Este ítem incluye los beneficios provenientes de la diversificación de fuentes de fondeo, ofreciendo una alternativa ante las formas tradicionales de financiación e implicando una mejora del perfil de líquidez del originador.

Los primeros dos atributos se asocian con la propia emisión de "Notas de Créditos Hipotecarias" que se definen mediante la presente ley, mientras que el último atributo mencionado implica asignar a la Nota un carácter de pasivo "especial" para la entidad originadora de créditos hipotecarios.

Los créditos hipotecarios que respaldan la emisión de las Notas deben permanecer dentro del balance de las entidades que los originan. Ello por consideraciones de tamaño y sofisticación del mercado uruguayo. Es claro que las alternativas fuera de balance, tales como las operaciones de securitización, son más eficientes en términos del consumo de capital, sin embargo, dados sus altos costos de reestructuración requieren de gran cantidad de créditos hipotecarios para que sean comercialmente viables, a la vez que demandan de un sólido conocimiento de los riesgos financieros implícitos en estas operaciones.

En particular, al permanecer el crédito dentro del balance de la institución de intermediación financiera, se generan los incentivos adecuados para que la evaluación del riesgo crediticio de cada préstamo en su origen sea realizada de forma adecuada. Este aspecto resulta muy relevante por cuánto brinda mayores garantías a los tenedores de las Notas con relación a otros instrumentos financieros respaldados con créditos hipotecarios que trasladan enteramente al inversor el riesgo crediticio de cada préstamo.

En la medida que se busca impulsar un mercado poco desarrollado, el originador del crédito hipotecario debería poder recurrir a un instrumento sencillo y que no necesariamente requiera la previa conformación de un conjunto de créditos hipotecarios de tamaño significativo. El modelo dentro de balance se ajusta mejor a las condiciones de mercado actualmente existentes.

1.1. Análisis del articulado del Capítulo I. Notas de Crédito Hipotecarias

En primer lugar y conforme a lo expresado en el capítulo que antecede, de comentarios generales de la ley, el proyecto de ley traza en su artículo 1 la finalidad que persigue, es decir, la de incentivar el otorgamiento de préstamos para vivienda.

En el artículo 2 se indican cuáles son las instituciones habilitadas para emitir notas de crédito hipotecarias al amparo de la presente ley, las que son identificadas como Notas de Crédito Hipotecarias. Si bien en el derecho comparado existen diversos tipos de instituciones que emiten títulos similares, se entendió que en el mercado financiero uruguayo resulta de momento conveniente que las instituciones habilitadas a emitir estos títulos con la ventaja legal que este proyecto establece, deben ser los bancos y cooperativas de intermediación financiera que no estén impedidos para realizar este tipo de operaciones en función de la facultad otorgada al Banco Central del Uruguay por el último inciso del Art. 17 bis del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley N° 17.523, de 4 de agosto de 2002. Ello debido a que dichas instituciones están sometidas a un estricto régimen normativo, supervisado por el Banco Central del Uruguay, al captar fondos del público en forma habitual y profesional (artículo 1 del DL 15.322), siendo este instituto, uno más dentro de las variedades de captación habituales.

Por su parte, el sistema de privilegios instaurado en los artículos 12 y 13 puede ser llevado a la práctica de manera eficiente encuadrando el mismo dentro del régimen jurídico previsto para la liquidación de las instituciones financieras conforme a lo dispuesto por la Ley N° 17.613.

La Sección II del Capítulo I regula lo relativo a los préstamos hipotecarios que actuarán como respaldo de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas, en caso de liquidación del banco.

Dichos préstamos hipotecarios bajo la presente ley se denominan "Préstamos Hipotecarios Especiales" y son aquellos destinados a la vivienda en general. En este sentido, y tal y como procura reflejar con la redacción del artículo 3, el objeto de dichos Préstamos Hipotecarios Especiales abarca un amplio elenco de negocios relacionados con la vivienda: adquisición, construcción, refacción o ampliación de viviendas.

En algunos países europeos cuya legislación se tomó como fuente, el elenco de préstamos hipotecarios vinculados a este tipo de instrumento financiero es más amplio aún, abarcando la construcción de edificios agrarios, turísticos, industriales y comerciales. Sin embargo, el criterio que primó al redactar la presente ley implicó, en cambio, considerar recomendable dar un primer paso ciñéndose a los préstamos otorgados exclusivamente con destino vivienda. Más allá de la generalidad prevista para este destino, es la intención del proyecto incentivar el acceso a la vivienda propia procurando facilitar a las entidades de intermediación financiera la captación de recursos a largo plazo mediante la creación de un instrumento que resulte financieramente atractivo tanto para los inversores oferentes de fondos como para las instituciones que originan créditos hipotecarios.

El régimen consagrado no se aparta en nada del régimen que hoy exige el mercado de préstamos hipotecarios: tasación, contratación de determinados seguros y cobertura de riesgo crediticio mediante la limitación del crédito a determinado porcentaje máximo del inmueble garantizado. La intención ha sido no interrumpir el natural desarrollo de este negocio, dejando que sea el mercado por un lado, y el ente regulador, Banco Central del Uruguay, por el otro, quienes arbitren las soluciones y requerimientos técnicos mínimos que convengan, razón por lo cual, el Capítulo I tiene un contenido muy breve.

En el artículo 4 se establece un límite máximo para la relación entre el monto del crédito y el valor de la garantía, consistente en la relación entre el total prestado y el valor de los inmuebles que garantizan dicho préstamo. Dicho porcentaje puede llegar a un máximo del 90% del valor del bien o bienes hipotecados. En cuanto a la fijación en el texto del proyecto de ley del valor de este límite se tomaron en consideración dos aspectos: primero, que el valor de este máximo supera al observado en la actual práctica del mercado de créditos hipotecarios, y segundo, que se establece tal guarismo como parte del texto legal a los efectos de ofrecer una mayor certeza jurídica a los agentes involucrados. El análisis del artículo 8 completa la explicación del límite elegido en el artículo 4.

El artículo 5 se refiere a la tasación de los inmuebles que garantizan los Préstamos Hipotecarios Especiales. Nuevamente, entendemos que es el regulador a quien corresponde determinar los aspectos inherentes a esta materia, que por otra parte, no es menor, ya que hace a la garantía de repago de las Notas de Crédito Hipotecarias a emitirse. El Banco Central del Uruguay ya hoy supervisa las denominadas "carpetas de clientes" de los préstamos que las entidades financieras otorgan, verificando precisamente que exista tasación de los inmuebles afectados con garantías reales y que la misma se actualice periódicamente. El ente regulador tiene potestades para exigir la realización de una nueva tasación si entendiese que la efectuada no se ajusta a la realidad y puede también determinar con qué elenco de tasadores deben trabajar las instituciones financieras.

La Sección III trata sobre las operaciones pasivas, esto es, sobre las "Notas de Crédito Hipotecarias" que podrán emitir las instituciones de intermediación financiera. Dichas Notas de Crédito Hipotecarias en nada difieren de los valores de oferta pública o privada pasibles de emisión conforme a la Ley de Mercado de Valores N° 16.749, salvo en lo que hace a la preferencia consagrada en los artículos 12 y 13.

Por consiguiente, los bancos y cooperativas financieras tendrán amplias facultades de decidir por las particularidades de estos títulos en cuanto a tasa de interés (fija o variable), plazos, o cualquier otra variante que dichos emisores entiendan pertinente de acuerdo a las características de sus balances y a las condiciones de mercado que se verifiquen toda vez que se proceda a una emisión.

En el mismo sentido de la discrecionalidad a la que se refiere el párrafo anterior y a diferencia de otros modelos, como en el caso de las Letras de Crédito Hipotecarias que se emiten en Chile o en algunos modelos de Bonos Cubiertos, que se aplican en Europa, como por ejemplo en Dinamarca, las Notas de Crédito Hipotecarias no estarán necesariamente calzadas ni en monto ni en los plazos con los Préstamos Hipotecarios Especiales. Más allá de limitaciones que se aplican según el artículo 8, que se encuentran referidas al concepto de cobertura de la emisión de Notas de Crédito Hipotecarias, debe tenerse presente que la ausencia de "calce" a la que se hace referencia en este párrafo obedece a que estas Notas no se encuentran directamente garantizadas por los Préstamos Hipotecarios Especiales, no existiendo un vínculo directo o "uno a uno" entre los Préstamos originados y las Notas emitidas.

Coincidentemente con la mayoría de los esquemas europeos de bonos con cobertura hipotecaria, el modelo seleccionado a los efectos de la presente ley prioriza un tratamiento dentro del balance de las instituciones financieras para los créditos hipotecarios que actuarán como cobertura de las emisiones de Notas de Créditos Hipotecarias. La cobertura se establece en términos de conjunto y se basa en una serie de condiciones cuantitativas. El modelo busca otorgar una mayor discrecionalidad a la entidad emisora de modo tal que la gestión de sus activos y pasivos quede supeditada al manejo de sus propios riesgos de balance.

Aún en este contexto, se ha eliminado la posibilidad de emitir Notas de Crédito Hipotecarias a corto plazo, en atención a que la utilización de este Instrumento no se desnaturalice, buscando finalidades diferentes de las previstas en la presente ley (artículo 7).

El artículo 8 introduce el concepto de cobertura de las Notas de Crédito Hipotecarias y define la categoría "Activos de Cobertura", utilizado por el proyecto de ley. El principio de cobertura o de colaterización, refiere a que el saldo remanente de Notas de Crédito Hipotecarias emitida por cada institución financiera debe estar cubierto en todo momento por los activos de cobertura que los respaldan. Se trata que, ante un eventual, caso de liquidación de una institución emisora de Notas de Crédito Hipotecarias, el producido de ciertos activos constituidos principalmente por los Préstamos Hipotecarios Especiales, se destine a cancelar en forma preferente lo adeudado bajo dichas Notas.

El artículo 8 contiene una serie de ratios o límites para la emisión de las Notas que brindan el marco cuantitativo para el cumplimiento del principio de cobertura. Por una parte, se define un límite superior para el grado de cobertura denominada estática, que refiere a la situación inicial y posterior de la emisión sobre la base de valores nominales, y por otra, se añaden otras condiciones, denominadas dinámicas, que refieren a mantener el necesario grado de cobertura en función de las variaciones en su valor efectivo que puedan detener tanto las Notas como los activos de cobertura por cambios en variables relevantes del mercado, como es el caso de las tasas de interés.

El ratio del 95% que fija la condición estática, literal a), se determina en función de la experiencia relevante en la materia a nivel internacional, en particular la europea. Por tanto, el nivel de sobre-colaterización es de 5,26%. Este ratio se obtiene por cociente entre el 5% restante o remanente del Activo de Cobertura utilizado como cobertura en exceso para la emisión de Notas y el 95% máximo del Activo de Cobertura hasta el cual se pueden emitir las referidas Notas.

La condición de carácter dinámico que se establece en el literal b), por la cual el valor actual del Activo de Cobertura debe exceder en 2% al valor actual de las Notas da cuenta no solo el grado de cobertura, en valores efectivos, que cuentan estos instrumentos para los inversores, sino que también constituye una condición que se hace referencia en el artículo 12 a los efectos de también considerar los derechos de los restantes acreedores de las entidades emisoras.

El literal c) completa el conjunto de límites de emisión de Notas agregando a los criterios de valor nominal y valor efectivo, una restricción temporal con relación a los plazos promedio ponderado de la emisión de las Notas respecto al conjunto de los Créditos Hipotecarios Especiales.

En el último literal se define el concepto Activo de Cobertura que adopta este proyecto de ley a los efectos de aplicar las condiciones establecidas en los literales a) y b) del artículo 8. Aunque el Activo de Cobertura se define como un conjunto compuesto por la sumatoria de partes de créditos hipotecarios, asimismo se establece un límite para cada préstamo con relación al valor del o de los inmuebles hipotecados a los efectos de poder integrar el Activo de Cobertura. Se entiende que de esta forma se otorga mayor certeza y transparencia al concepto Activo de Cobertura por cuanto define claramente su composición, a la vez que mantiene la unidad del crédito como cobertura de la emisión de Notas.

Para mejor comprensión de la limitación aplicada a cada crédito para participar en el Activo de Cobertura, se presenta el siguiente ejemplo. Si el Préstamo Hipotecario Especial vigente tiene un saldo de $ 100, con un inmueble hipotecado de $ 120, en este caso, integraría el Activo de Cobertura por $ 84, que es el 70% de 120. En otro caso, si el monto principal adeudado por el préstamo, para el mismo valor del inmueble hipotecado, fuese de $ 65, menor al 70% de 120, claramente solo podrá integrar el Activo de Cobertura por $ 65.

La finalidad de fijar una restricción de hasta el 70% del valor del inmueble hipotecado implica otorgar una mayor cobertura de riesgo crediticio al tenedor de las Notas.

En este punto, cabe considerar que por el artículo 4 el monto principal prestado bajo cada Préstamo Hipotecario Especial puede alcanzar hasta el 90% del valor de los inmuebles hipotecados. A los efectos de una mejor comprensión de estos aspectos, cabe mencionar, por una parte, que en tanto el objetivo de la Nota de Crédito Hipotecaria es el desarrollo del mercado de crédito hipotecario para vivienda, se busca a través del diseño propuesto no limitar a las entidades emisoras que quieran usar este instrumento financiero, la posibilidad de generar créditos con ratios de hasta 90% con relación al valor de la vivienda. Pero por otra parte, se ha buscado en forma simultánea mitigar el riesgo crediticio que se asocia con una potencialmente alta relación entre crédito y garantía a través de la limitación que se establece en la participación del crédito como respaldo de la emisión de Notas por hasta un 70% del valor de dicha garantía. Asimismo y en cualquier caso, debe tenerse en cuenta, de cualquier forma, que en tanto el crédito permanece en el balance de la entidad emisora de la Nota, existen los incentivos adecuados para que la evaluación del riesgo crediticio de cada operación se realice correctamente. El esquema propuesto por el proyecto de ley con relación a este aspecto toma elementos del régimen alemán vigente desde julio de 2005, denominado Pfandbrief Act.

En el artículo 11, se regula el caso en que por la cancelación de Créditos Hipotecarios Especiales se alteren las relaciones establecidas en el artículo 8. A los efectos de brindar mayor certeza jurídica al instrumento propuesto, el proyecto contiene la exigencia de subsanar eventuales desfasajes de las referidas condiciones cuantitativas mediante distintas alternativas. En tal sentido, el riesgo de cancelación anticipada que pudiera existir no se transfiere necesariamente al tenedor de la Nota y por tanto es, por lo general, asumido totalmente por la entidad emisora. Así pues, para el caso de este riesgo de prepago y bajo similares consideraciones que las asignadas al manejo del riesgo crediticio, se entiende pertinente simplificar la valuación de las Notas, buscando por tanto no limitar por este concepto el uso de este instrumento financiero por parte de los distintos agentes.

La particularidad que tienen las Notas de Crédito Hipotecarias surge de los artículos 12 y 13 del proyecto de ley, en virtud de los cuales, los tenedores de dichos títulos tendrán el carácter de acreedores preferentes en caso de liquidación de la entidad emisora.

Cabe destacar que la preferencia alcanza no solo al Activo de Cobertura definido en el artículo 8°, sino a otros activos que se prevén en forma expresa en los literales b) a d) del artículo 12, tales como las sumas de dinero y otros títulos previstos en el literal a) del artículo 11. Nótese que, tal como se adelantara, las Notas de Crédito Hipotecarias no están vinculadas directamente a los Créditos Hipotecarios Especiales, esto es, los créditos no garantizan en forma directa el pago de las Notas, sino que dicha preferencia especial opera única y exclusivamente en caso de liquidación de la institución financiera emisora.

Teniendo en cuenta que la liquidación de las entidades financieras está regulada por la Ley N° 17.613, la cual consagra un régimen particular que otorga al Banco Central del Uruguay los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna, sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de las sociedades o empresas comprendidas en la liquidación, pudiendo incluso levantar los embargos e interdicciones trabados (artículo 15 de la referida ley), se entiende que corresponde que en el ámbito de dicho marco jurídico, el Banco Central del Uruguay disponga la formación de un fondo separado, integrado por la totalidad de los activos indicados en el artículo 12. Bajo la Ley N° 17.613, artículo 16, la constitución de fondos para la liquidación es facultativa. En este caso, se ha dispuesto que para cancelar las deudas emergentes de Notas de Crédito Hipotecarias, el Banco Central deberá preceptivamente constituir un fondo de recuperación de patrimonio bancario con las características antes apuntadas.

Se establece a texto expreso un valor máximo para dicho fondo separado, el cual no podrá superar el valor actual de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas más el 2% de dicho valor, al momento de formarse el fondo. El producido de dicho fondo deberá destinarse a la cancelación de las Notas de Crédito Hipotecarias.

Es necesario resaltar, tal como lo prevé el artículo 12, que la preferencia sobre los activos estipulados detenta una restricción cuantitativa que se ajusta a lo previsto en el literal b) del artículo 8°. De esta forma, la cobertura real de las Notas, una vez que la entidad emisora se encuentre en liquidación, tiene relación con los montos emitidos y no necesariamente con el monto total de los activos definidos en los literales a) al c) del artículo 12. Podría existir una excesiva sobre-colaterización de las Notas si a priori se pretende que se las cubra, en caso de liquidación, con el total de activos definidos en el artículo 12, independientemente del monto emitido. En vez de ello, se pretende también proteger los derechos de los depositantes y otros acreedores de las instituciones de intermediación financiera. Este es un aspecto central en el diseño de estos instrumentos financieros, en el sentido de equilibrar la preferencia otorgada al inversor sobre un conjunto de activos de la entidad emisora con los derechos de los demás acreedores, en particular de los depositantes menos sofisticados.

Una vez constituido el fondo referido, los Créditos Hipotecarios Especiales pueden continuar siendo administrados por el liquidador o pueden también ser subastados y adjudicados a la institución de intermediación financiera que ofrezca un mayor precio. En todos los casos, el producido deberá distribuirse entre los tenedores de Notas de Crédito Hipotecarias en forma proporcional al valor nominal no cancelado bajo dichos títulos.

Teniendo en cuenta el privilegio que el presente proyecto de ley otorga a los tenedores de Notas de Crédito Hipotecarias, resulta relevante que el público en general y los demás agentes de mercado tengan cabal conocimiento de cuál es el monto emitido de Notas de Crédito Hipotecarias por cada institución financiera. La información correspondiente deberá estar disponible en el Banco Central del Uruguay para conocimiento del público de acuerdo a lo que establece el artículo 9°.

A su vez e independientemente del registro antes mencionado de las emisiones, el artículo 10 obliga a cada emisor llevar un registro contable con el detalle de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas y los Préstamos Hipotecarios Especiales otorgados, conjuntamente con el valor de los inmuebles hipotecarios, de forma tal que pueda ser fácilmente determinable la relación existente entre lo adeudado bajo las Notas de Crédito Hipotecarias y las sumas a percibirse bajo los Préstamos Hipotecarios Especiales, así como una sencilla verificación del cumplimiento de las condiciones cuantitativas establecidas por esta ley.

2. REGIMEN DE CANCELACION ANTICIPADA

Dado que los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda conllevan una relación contractual extensa entre deudores y acreedores que, para la situación actual de productos disponibles en el mercado uruguayo, queda totalmente condicionada a las circunstancias prevalecientes en el origen del crédito, se entiende necesario dotar de mayor flexibilidad a tal relación otorgando a los tomadores de crédito el derecho a la cancelación anticipada, sujeto, para su ejercicio, a ciertas indemnizaciones previstas en el artículo 15 que debe afrontar el deudor.

Esta norma pretende dotar al mercado de mayor eficiencia en su funcionamiento, en el entendido que los problemas de asimetría de información entre deudores y acreedores, así como de asimetría en el proceso de negociación durante la vida del crédito, no cooperan con el desarrollo del mercado de crédito hipotecario para vivienda.

Asimismo, esta iniciativa fomentará la movilidad, disminuyendo sus costos, facilitando asimismo la adaptación a las cambiantes necesidades habitacionales que tienen los hogares a lo largo de su ciclo de vida. Ello conlleva, por su parte, más oportunidades de negocio a los oferentes de crédito.

Los costos que debe afrontar el deudor para ejercer el derecho a la cancelación anticipada se prevén a los efectos de no cargar al acreedor con pérdidas financieras no previstas. Sin las indemnizaciones propuestas, el acreedor se vería impulsado a trasladar las pérdidas ofreciendo créditos más caros.

El derecho al ejercicio de la cancelación anticipada previsto en el artículo 15 se puede concretar luego de los primeros cinco años del crédito, como forma de limitar los casos que se dan por razones puramente financieras y no por circunstancias asociadas al ciclo de vida del hogar.

El artículo propuesto reconoce el derecho de cancelación anticipada en las condiciones previstas, más allá que puedan fijarse de forma contractual otras que sean más beneficiosas para el deudor o que se alcancen en la negociación entre las partes durante la vida del crédito.

3. OTRAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA EJECUCION

Finalmente, la ley contiene un capítulo general, aplicable a todos los préstamos hipotecarios con destino a vivienda, independientemente de que estos garanticen o no emisiones de Notas de Crédito Hipotecarias.

Así, se adecua en el artículo 16 la redacción de los artículos 35 y 36 de la Ley N° 18.125, pretendiendo incentivar el crédito hipotecario mediante el ajuste de los aspectos objetivos y subjetivos del título de ejecución de crédito hipotecario con destino vivienda.

En el caso del artículo 35 se elimina la exigencia de "instrumento único" que si bien era una forma unívoca de identificar el crédito con destino a vivienda, en la práctica constituye un límite para aquellas instituciones financieras que solo utilizan la hipoteca abierta y documentan el crédito en títulos valores.

Además se corrige la referencia a fideicomisos financieros que, en tanto no tienen personería jurídica, no pueden ser acreedores; por lo cual el crédito será el otorgado por el fiduciario del "patrimonio fideicomitido".

En el mismo artículo se adecua la condición actual: "siempre que dicho acreedor sea primer preferente" por "siempre que el actor" para contemplar las hipótesis de circulación del crédito y posterior acción por una Institución de Intermediación Financiera.

Asimismo, se reformula el artículo 36 que preveía el elenco de situaciones en las cuales no se aplica el régimen del Capítulo III de la Ley N° 18.125, y especialmente los casos para los cuales queda vigente la ejecución extrajudicial de la Carta Orgánica del BHU:

a) incluyendo ahora la ejecución del Ministerio de Vivienda por créditos anteriores y posteriores a la Ley N° 18.125;

b) la ejecución de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay con anterioridad a la vigencia de esta ley; aclarándose que se incluyen los que hubieran sido novados, en este último caso, sin importar la fecha de otorgamiento de la novación, y

c) se incluye por remisión la ejecución de créditos a que refiere el artículo 34 de la Ley N° 18.125 (la Agencia Nacional de Vivienda en carácter de administrador o fiduciario recibe todos los privilegios del crédito que administra).

Por otra parte, en el artículo 17 del proyecto de ley, se incluye una disposición que da solución, en hipótesis de cualquier ejecución, al caso de falta de tasación catastral de las construcciones. Se concede una opción para el ejecutante o actor que podrá sustituir la tasación catastral por una realizada por tasador o realizar la declaración de caracterización urbana ante la Dirección Nacional de Catastro. Se complementa con la posibilidad de solicitar al Juzgado la realización de actos para la declaración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Carlos Colacce, Alvaro García.

PROYECTO DE LEY

Capítulo I. Notas de Crédito Hipotecarias

Sección I. Finalidad y concepto

Artículo 1°. (Finalidad de la ley).- Es finalidad de la presente ley incentivar el otorgamiento de préstamos para vivienda a personas físicas o jurídicas a través de un instrumento de inversión denominado "Notas de Crédito Hipotecarias".

Artículo 2°. (Instituciones participantes).- Las instituciones de intermediación financiera públicas o privadas comprendidas en los artículos 1° y 2° del Decreto-Ley N° 15.322 y sus modificativas siempre que no estén impedidos en función del tipo de habilitación correspondiente (artículo 17 bis del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley N° 17.523, de 4 de agosto de 2002), podrán conceder préstamos hipotecarios y emitir los títulos necesarios para su financiación, de acuerdo con los requisitos y finalidades que se establecen en la presente ley, sin perjuicio de otros valores que dichas entidades puedan emitir de acuerdo a las normas generales aplicables.

Sección II. De los Préstamos Hipotecarios para

Vivienda

Artículo 3°. (Préstamos hipotecarios especiales).- Los préstamos a los que se refiere esta ley se denominarán "Préstamos Hipotecarios Especiales" y tendrán como destino el financiamiento, con garantía hipotecaria, de la adquisición, construcción, refacción o ampliación de viviendas.

Artículo 4°. (Garantía de los Préstamos Hipotecarios Especiales. Límites y ampliación).- Los Préstamos Hipotecarios Especiales deberán estar garantizados, en todos los casos, con hipoteca de primer grado (exceptuada la hipoteca recíproca correspondiente al régimen de propiedad horizontal) sobre el inmueble objeto de adquisición, construcción, refacción o ampliación, así como de otros inmuebles si ello fuere necesario a juicio de la entidad financiera.

El capital prestado bajo cada Préstamo Hipotecario Especial no podrá exceder el 90% del valor de los inmuebles hipotecados.

Artículo 5°. (Tasación de bienes a hipotecar).- Para que un Préstamo Hipotecario Especial se considere comprendido dentro del régimen establecido en esta Ley, los bienes a hipotecar deberán ser tasados conforme a los requerimientos que el Banco Central del Uruguay determine en la materia.

Artículo 6°. (Seguros).- Los bienes hipotecados deberán estar asegurados contra el riesgo de incendio por una suma al menos igual al valor de tasación, sin perjuicio de la posibilidad de las instituciones financieras de exigir la contratación de seguros colectivos o individuales. En todos los casos, la institución financiera será beneficiaria de dichos seguros hasta la concurrencia de la totalidad adeudada bajo el Préstamo Hipotecario Especial y sus accesorios.

Sección III. De las Notas de Crédito Hipotecarias

Artículo 7°. (Emisión de Notas Hipotecarias).- Las entidades a que se refiere el artículo segundo de la presente Ley que otorguen Préstamos Hipotecarios Especiales podrán emitir títulos valores denominados "Notas de Crédito Hipotecarias", a plazos superiores a un año, con arreglo a lo que disponen los artículos siguientes.

Las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas de conformidad con la presente ley se regularán en lo pertinente por las disposiciones de la Ley de Mercado de Valores N° 16.749 y por el Decreto-Ley de Títulos Valores N° 14.701, sus modificativas y reglamentaciones.

Las Notas de Crédito Hipotecarias conferirán a sus tenedores acción ejecutiva cambiaria.

Artículo 8°. (Límites de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias).- Tanto para la emisión como durante la vigencia de las Notas de Crédito Hipotecarias, deberán cumplirse en forma acumulativa las siguientes condiciones:

a) las entidades no podrán emitir ni mantener en circulación Notas de Crédito Hipotecarias por un saldo remanente superior al 95% del Activo de Cobertura; se entiende por "Activo de Cobertura" a la sumatoria de las partes de los Préstamos Hipotecarios Especiales que respaldan la emisión de Notas de Crédito Hipotecarias. Cada Préstamo Hipotecario Especial integrará el Activo de Cobertura por un valor igual al mínimo entre el monto adeudado bajo dicho préstamo y el 70% del valor de tasación del o de los inmuebles hipotecados.

b) la diferencia entre el valor actual del flujo de efectivo del Activo de Cobertura y valor actual del flujo de efectivo del circulante en Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por cada entidad, deberá superar al 2% del valor actual del flujo de efectivo de dichas Notas, el cual se calculará de acuerdo a la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay;

c) la duración efectiva (plazo promedio ponderado) de la cartera de Préstamos Hipotecarios Especiales deberá ser superior a la duración efectiva (plazo promedio ponderado) de las Notas de Crédito Hipotecarias pendientes de pago. Estas duraciones se calcularán de acuerdo a reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay.

Artículo 9°. (Registro de cada emisión).- La información sobre cualquier emisión de Notas de Crédito Hipotecarias deberá estar disponible para conocimiento del público en el Banco Central del Uruguay, en la forma que este disponga.

Artículo 10. (Registro especial).- Sin perjuicio de la información que deberá estar disponible en el Banco Central del Uruguay, cada entidad emisora de Notas de Crédito Hipotecarias deberá llevar un registro contable especial de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas y en circulación y de los Préstamos Hipotecarios Especiales, con indicación precisa de al menos los siguientes datos: (i) saldo adeudado bajo cada serie de Notas de Crédito Hipotecarias o cada Nota de Crédito Hipotecaria individualmente emitidas; (ii) saldo adeudado total bajo los Préstamos Hipotecarios Especiales, distinguiendo entre aquellos vigentes y aquellos vencidos e impagos, y el correspondiente Activo de Cobertura; (iii) valor de los inmuebles hipotecados bajo Préstamos Hipotecarios Especiales, según última tasación; (iv) valor presente del Activo de Cobertura; (v) valor presente de los pasivos correspondientes (Notas de Crédito Hipotecarias); (vi) la duración efectiva (plazo promedio ponderado) de las carteras de Préstamos Hipotecarios Especiales y las Notas de Crédito Hipotecarios; (vii) la verificación de las condiciones cuantitativas que resulten de la presente ley y de las correspondientes reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo o Banco Central del Uruguay.

El registro de la información antes reseñada se realizará de conformidad con la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay.

La información del registro especial de cada entidad deberá ser actualizada y estar a disposición del público, en la forma que disponga el Banco Central del Uruguay.

Artículo 11. (Efectos de la amortización o cancelación de los Préstamos Hipotecarios Especiales sobre el límite de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias).- El emisor de Notas de Crédito Hipotecarias estará obligado a cumplir en todo momento los porcentajes a que refiere el artículo 9°.

Si por la amortización total o parcial, ya sea a su vencimiento o en forma de cancelación anticipada, de los Préstamos Hipotecarios Especiales o por cualquier otra circunstancia, el importe de las Notas de Crédito Hipotecarias excediera los límites señalados en el artículo 9°, las entidades deberán recomponer el límite legal optando entre alguna de las siguientes alternativas y/o alguna combinación de ellas:

a) depositar dinero en efectivo, en títulos de deuda pública uruguaya, o en otros valores líquidos que autorice el Banco Central del Uruguay, en la cuenta de la entidad emisora en el Banco Central del Uruguay y por hasta un plazo máximo que la reglamentación determine;

b) adquirir sus propias Notas de Crédito Hipotecarias a sus precios en el mercado;

c) otorgar nuevos Préstamos Hipotecarios Especiales;

d) rescatar total o parcialmente Notas de Crédito Hipotecarias por el importe necesario para restablecer los porcentajes legales o reglamentarios necesarios, siempre y cuando dicha opción de rescate esté prevista en los términos y condiciones de las Notas de Crédito Hipotecarios.

La no recomposición dentro de los plazos que establezca la reglamentación de los porcentajes previstos en el artículo 9°, será considerada una infracción de carácter grave, pasible de las sanciones que el Banco Central del Uruguay establezca.

El Banco Central del Uruguay fijará y otorgará un plazo perentorio a la entidad emisora para la readecuación a los límites que correspondan, mediante las alternativas previstas en el presente artículo. El vencimiento de dicho plazo sin que la entidad emisora hubiera dado cumplimiento a la readecuación correspondiente, será considerado una infracción de carácter grave, pasible de las sanciones correspondientes por parte del Banco Central del Uruguay.

Artículo 12. (Preferencia en caso de liquidación).- Las Notas de Crédito Hipotecarias tendrán el carácter de créditos con preferencia de acuerdo a lo previsto en el inciso 2° del artículo 2372 del Código Civil y en el artículo 1737 del Código de Comercio, y sus tenedores gozarán de la calidad de acreedores preferentes en caso de liquidación de la entidad emisora, frente a cualesquiera otros acreedores no preferentes, con relación a los siguientes activos:

a) los "Activos de Cobertura", definidos en el literal a) del artículo 8°;

b) las sumas de dinero y otros títulos previstos en el literal a) del artículo 11;

c) los seguros de vida, de crédito u otros que eventualmente existan y cubran todo o parte de lo adeudado bajo los Préstamos Hipotecarios Especiales, los que a efectos de la presente ley se denominarán los "Seguros" y

La referida preferencia se aplicará sobre los activos antes mencionados hasta la concurrencia del monto equivalente al valor actual adeudado bajo todas las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por la institución financiera disuelta o en liquidación, más el 2% de dicho valor.

Artículo 13. (Régimen de cobro de las Notas de Crédito Hipotecarias en la liquidación).- En caso de disolución o liquidación de la entidad emisora de Notas de Crédito Hipotecarias, regirá a los efectos del pago de las mismas, el artículo 16 y siguientes de la Ley N° 17.613, debiendo el Banco Central del Uruguay proceder en forma inmediata a la disolución a formar un fondo de recuperación de patrimonio bancario separado (Art. 16 de la Ley N° 17.613) integrado exclusivamente por los activos previstos en los literales a) a c) del artículo 8° de la presente ley, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 de la Ley N° 17.613. El valor de dicho fondo no podrá ser superior al valor actual de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por la institución financiera disuelta o en liquidación más 2% de dicho valor.

El producido del fondo mencionado en el literal que antecede se destinará en forma preferente a cancelar el capital e intereses adeudados bajo todas las Notas de Crédito Hipotecarias pendientes de pago emitidas por la institución en liquidación, a prorrata con relación al monto adeudado bajo cada Nota de Crédito Hipotecaria.

Si existiere un saldo remanente luego de cancelar la totalidad de las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas y pendientes de pago, el mismo se integrará a la masa concursal.

Si de la administración o venta de dicho fondo no resultaren fondos suficientes para cancelar la totalidad de lo adeudado a los tenedores de Notas Hipotecarias emitidas por la institución en liquidación, estos concurrirán por el importe no cancelado con los restantes acreedores quirografarios de la masa, cobrándose de su producido a prorrata de sus respectivos créditos y sin ningún tipo de preferencia ni privilegio.

Sección IV. De la supervisión y control.

Artículo 14. (Supervisión del Banco Central del Uruguay).- La actividad a ser desarrollada por las instituciones financieras al amparo de la presente Ley está comprendida dentro de las facultades generales de regulación, supervisión y control de instituciones de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay.

El incumplimiento por parte de las instituciones financieras de cualquiera de las previsiones contenidas en la presente norma será sancionado por el Banco Central del Uruguay con las sanciones previstas en el artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, con las modificaciones introducidas por las Leyes Nos. 16.327 y 17.613.

Para el caso de infracción de las instituciones emisoras a lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 regirán las sanciones previstas en la Ley N° 16.749.

Capítulo II - Cancelación anticipada de créditos hipotecarios

Artículo 15. (Cancelación Anticipada).- Todo deudor de un préstamo hipotecario con destino a vivienda podrá cancelar en forma anticipada y en cualquier momento, total o parcialmente lo adeudado por concepto de capital, abonando los intereses devengados hasta ese momento, siempre y cuando abone conjuntamente con las sumas antes mencionadas, los costos administrativos y financieros de pérdida por reinversión sufridos por el acreedor como consecuencia de la cancelación anticipada, siempre que haya transcurrido por lo menos 5 años desde el otorgamiento del préstamo.

Los costos administrativos no podrán superar el 1% del saldo de capital adeudado y los costos financieros de pérdida por reinversión se determinarán por la reglamentación que determine el Banco Central del Uruguay.

La facultad concedida al deudor en este artículo es irrenunciable.

Capítulo III - Otras disposiciones relativas a la ejecución

Artículo 16.- Sustitúyase los artículos 35 y 36 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, por los siguientes:

"ARTICULO 35. (Delimitación de la presente ejecución).- La presente ejecución se confiere a los créditos, por suma de dinero líquida y exigible, garantizados con hipoteca, destinados a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de vivienda, por instituciones de intermediación financiera, públicas o privadas, así como por fiduciarios de fideicomisos financieros y siempre que el actor sea primer preferente al cobro en el inmueble."

"ARTICULO 36. (Delimitación con otros regímenes).- La ejecución de crédito hipotecario que no cumpla los presupuestos del artículo 35 de la presente ley se regirá por lo previsto en los Arts. 377 y siguientes del Código General del Proceso y disposiciones modificativas.

Se regulará por el régimen de la ejecución extrajudicial de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay y disposiciones modificativas:

a) la ejecución de créditos hipotecarios otorgados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; sin importar la fecha de otorgamiento del crédito;

b) la ejecución de créditos otorgados por el Banco Hipotecario del Uruguay con anterioridad a la vigencia de esta ley; aunque hubieran sido ampliados o novados con posterioridad; y

c) la ejecución de créditos a que refiere el artículo 34 inciso 1° de la Ley N° 18.125.

Artículo 17.- En caso que la tasación catastral, que establece el valor real de inmuebles ubicados en zonas urbanas y suburbanas, objeto de ejecución forzada judicial, ejecución extrajudicial o venta judicial, no incluyera el valor de las construcciones, la misma podrá ser sustituida por tasación extrajudicial, presentada por el ejecutante o actor."

Carlos Colacce, Alvaro García.

"Carp. N° 1611/09

Rep. N° 1152/09

Anexo I

DISPOSICIONES CITADAS

CODIGO CIVIL

Artículo 2372.- Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables (artículo 2363), son la garantía común de sus acreedores y el precio de ellos se distribuye entre estos a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de preferencia. (Artículo 1295).

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

LIBRO II

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO V

PROCESOS DE EJECUCION

CAPITULO II

VIA DE APREMIO

Artículo 377. (Procedencia).- Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pida en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible:

1) Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

2) Crédito hipotecario inscripto, en cuya escritura se hayan renunciado por el deudor los trámites del juicio ejecutivo.

3) Crédito prendario agrario o industrial inscripto, respecto de cuya ejecución se haya renunciado por el deudor a los trámites del juicio ejecutivo.

4) Laudo arbitral no pendiente de recurso de nulidad.

5) Transacción aprobada judicialmente.

6) Convenio celebrado en el acto de la conciliación.

Artículo 378. Sentencias que condenan al pago de cantidades ilíquidas.-

378.1 Cantidad ilíquida.- Cuando una sentencia condene al pago de cantidad ilíquida -en todo o en parte- se provocará su liquidación por vía incidental, previa a su ejecución en vía de apremio: procederá igual solución, cuando en otro acto jurídico se establezca deuda ilíquida exigible.

378.2 Cantidad procedente de frutos.- Promovida la demanda, el tribunal conferirá traslado de la misma, debiendo el deudor formular la liquidación al contestarla; de la contestación se conferirá trasladó al actor, siguiéndose, en lo demás, lo establecido en el Capítulo II, del Título III, de este Libro.

Si el demandado no presentare la liquidación, se estará a la que presente el actor, salvo prueba en contrario.

378.3 Cantidad procedente de daños y perjuicios.- El actor, al promover la demanda incidental, deberá realizar la liquidación de daños y perjuicios, siguiéndose, en lo demás, el trámite del Capítulo II del Título III, de este Libro.

378.4 Recursos.- Contra la sentencia que decida el incidente de liquidación podrán interponerse los recursos de reposición y apelación (artículo 245, 250.2 y 254).

Ordinal 4°) redacción dada por: Ley N° 16.699, de 25/04/1995 artículo 4.

Artículo 379. Petición y embargo.-

379.1 Al promover la ejecución, el acreedor presentará el título y solicitará las medidas cautelares convenientes a su derecho, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

El tribunal examinará el título que se le exhibe y, si lo considerase suficiente, despachará mandamiento de ejecución y cometerá al funcionario que corresponda para que lleve adelante los procedimientos de apremio.

379.2 Cumplida efectivamente la medida cautelar, se notificará al ejecutado y este, dentro del plazo de diez días, extensible en razón de la distancia, podrá oponer las defensas de pago o inhabilidad del título por falta de los requisitos esenciales para su validez, a la que acompañará toda la probanza documental de que disponga y mencionando todos los concretos medios de prueba de que intente valerse.

379.3 El tribunal rechazará sin sustanciar, toda excepción que no fuere de las enumeradas, las que no se opusieren en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que el ejecutado les diere y las que, tratándose de cuestión de hecho, no se acompañaren con los medios probatorios o con su indicación.

La resolución denegatoria admitirá el recurso de apelación (artículos 250, numeral 2° y 254).

379.4 Si las excepciones fueren admitidas, se sus-tanciarán y fallarán por los trámites de los artículos 356 a 360.

379.5 En los casos de los numerales 2°, 3°, 5° y 6° del artículo 377, procederá el juicio ordinario posterior a que refiere el artículo 361.

Artículo 380. Embargos.-

380.1 Traba y eficacia.- El embargo se decretará por el Tribunal y se trabará por el Alguacil. No obstante, el embargo de inmuebles, el de vehículos automotores, el de naves y aeronaves, semovientes de pedigrí o el general de derechos, quedarán trabados con la providencia que lo decrete. Estos embargos se harán efectivos por la inscripción en el Registro respectivo; el de muebles, mediante su aprehensión por el Alguacil, quien podrá designar depositario al propio deudor o a un tercero; y el de créditos, por la notificación al deudor del ejecutado.

380.2 Orden.- El embargo y, en su caso, el secuestro, se realizarán en el siguiente orden: bienes muebles, inmuebles, créditos y a falta o insuficiencia de esos, genéricamente, en los derechos del ejecutado.

Este orden podrá dejarse de observar solamente en caso de existir bienes hipotecados o prendados o cuando mediare conformidad expresa o tácita entre el ejecutante y el ejecutado, así como si resultare notoriamente inconveniente o inútilmente gravoso, sin ventaja para el aseguramiento de los fines de la ejecución o cuando el ejecutado ofreciere bienes prioritarios que, a juicio del tribunal, fueren suficientes para cubrir las prestaciones de la ejecución.

Cuando se trate de embargo general de derechos, la vía de apremio se suspenderá hasta la denuncia de bienes concretos.

El embargo genérico de derechos comprenderá los bienes presentes y futuros del embargado de naturaleza inmueble, naves, aeronaves, automotores y la universalidad conocida como establecimiento comercial.

En este último caso, no comprende los bienes concretos que integran esta universalidad, que deberán ser objeto de embargos específicos.

380.3 Mejora.- En cualquier momento de la ejecución, el ejecutante podrá solicitar mejora de embargo si constare la insuficiencia de la cautela.

El tribunal calificará la necesidad de la mejora y el ejecutante será responsable de los daños y perjuicios que causare el exceso en el embargo.

380.4 Sustitución.- A petición del ejecutado podrá procederse a la sustitución del embargo:

a) Con citación del ejecutante, como regla general, por resolución apelable con efecto suspensivo si hiciere lugar a la sustitución.

b) En el caso de embargo general de derechos, cuando se denunciare por cualquier persona bienes suficientes.

La oposición meramente dilatoria al pedido de sustitución, dará lugar a la responsabilidad del ejecutante culpable.

380.5 Créditos.- Cuando se embargue un crédito del ejecutado, el ejecutante quedará, por esa sola circunstancia, facultado para realizar las gestiones judiciales o extrajudiciales necesarias para obtener la efectividad de la medida dispuesta.

380.6 Eficacia.- Todo acto de disposición o de gravamen sobre el bien embargado, posterior a la efectividad del embargo, es ineficaz con respecto al embargante y no produce alteración alguna en el orden del proceso ni en sus resultados. La ejecución continuará como si el acto de disposición no existiera y, a pedido de parte interesada, el tribunal ordenará la cancelación de dicho acto en el Registro respectivo, con citación de su titular. No se admitirá otra oposición que la fundada en el certificado registral del que no resultare embargo al bien a la fecha de la enajenación o gravamen, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley N° 10.793, de 25 de setiembre de 1946.

380.7 Prelación.- La eficacia de los embargos frente a terceros, así como las preferencias entre los embargantes para el cobro de sus créditos, intereses, costas y costos, se determinará por la fecha de realización de los respectivos actos que hacen efectivos los embargos (ordinal 1).

Ordinal 1°) redacción dada por: Ley N° 16.871, de 28/09/1997, artículo 28.

Artículo 381. Bienes inembargables.-

No se trabará embargo en lo siguientes bienes:

1) Las remuneraciones por cualquier concepto, de los empleados públicos y privados y las pensiones, jubilaciones y retiros.

Cuando se tratare de deudas por tributos o de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrán embargarse hasta la tercera parte; en los casos de pensiones alimenticias a favor de menores e incapaces servidas por sus ascendientes, será embargable hasta la mitad.

2) Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles; se exceptúan de la inembargabilidad, los bienes suntuarios de alto valor.

3) Los libros relativos a la actividad laboral del deudor.

4) Las máquinas e instrumentos de que se sirva el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio o profesión, salvo el caso de bienes prendados para garantizar el precio de la adquisición.

5) Los alimentos y combustibles que existan en poder del deudor, hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de su familia durante tres meses.

6) Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso y habitación.

7) Los bienes raíces donados con la expresión de no embargables, siempre que se hubiere hecho constar su valor al tiempo de la entrega, por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor adicional que después adquiriesen.

8) Las propiedades y rentas públicas y municipales, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 397 y 398.

9) Los bienes afectados al culto de cualquier religión.

10) Los derechos funerarios.

Las disposiciones precedentes no modifican el régimen de embargabilidad establecido en leyes especiales.

Numeral 2°) redacción dada por: Ley N° 17.505, de 18/06/2002 artículo 1.

Numeral 8°) Ley N° 17.930, de 19/12/2005 artículo 478 (interpretativa).

Artículo 382.- Limitación en el uso de las cosas embargables.

En tanto el acreedor no obtenga el secuestro efectivo o la administración judicial de las cosas embargadas, el deudor podrá continuar sirviéndose de ellas.

No podrá impedirse que funcionen, mientras permanezcan embargadas, las cosas afectadas a un servicio público.

Artículo 383. Procedimiento posterior al embargo.-

Trabado el embargo, se procederá a la tasación de los bienes, salvo que en el título se hubiere establecido la venta de los mismos al mejor postor o que así lo pidieren las partes, de común acuerdo.

Artículo 384. Tasación de los bienes.-

384.1 La tasación de los inmuebles se hará por la Dirección Nacional del Catastro y Administración de Bienes del Estado, la que establecerá el valor real; en caso de impugnación de esa tasación, el tribunal designará perito único para que la efectúe.

384.2 Tratándose de bienes muebles, la tasación se hará también en base a los valores establecidos por perito único designado por el tribunal.

Artículo 385. Observaciones a la tasación.-

La tasación pericial, en los casos de los ordinales 1 y 2 del artículo anterior, podrá ser impugnada por cualquiera de las partes, para lo cual se les conferirá vista de la misma.

Impugnada la tasación, el tribunal resolverá sin otra prueba que la que estimare oportuna para mejor proveer.

Artículo 386. Agregación de títulos.-

386.1 Efectuada la tasación, se intimará al ejecutado la entrega de los títulos del bien y si no lo cumpliera en el plazo de tres días, será arrestado y conducido ante el tribunal de la ejecución, el cual lo interrogará personalmente sobre las circunstancias del caso pudiendo, si lo considerare pertinente, someterlo al órgano jurisdiccional penal competente, sin perjuicio de imponerle una conminación periódica hasta tanto no efectúe la entrega de la documentación.

386.2 Si los títulos se hallaren en poder de un tercero, se procederá de igual manera, pero si se lesionare un derecho adquirido o se hallaren en una oficina pública y la entrega no fuere posible, se incorporará a los autos copia simple autenticada.

386.3 Si se alegare que la entrega no es posible por pérdida o extravío, se podrá acompañar, por el propio ejecutante, copia simple autenticada de la matriz y certificado del Registro de Traslaciones de Dominio respectivo que acredite la vigencia de la titularidad del ejecutado. En su caso, el tribunal ordenará al Escribano autorizante o a la Inspección General de Registros Notariales la expedición de dicha copia, con cargo a la ejecución.

386.4 El Actuario-Secretario estudiará la titulación e informará al tribunal, el cual ordenará, de oficio, la expedición de los certificados de los Registros Públicos que se indiquen en dicho informe.

386.5 En los tribunales donde no existiere Actuario o Secretario, el estudio de títulos podrá ser realizado por un escribano público propuesto por el ejecutante, a costo del peticionante sin perjuicio de ser soportado luego por quien deba abonar las costas y costos del juicio y bajo su entera responsabilidad.

Numeral 386.5 agregado por: Ley N° 17.930 de 19/12/2005 artículo 408.

Artículo 387. Remate.-

387.1 Oportunamente, a petición del ejecutante, el tribunal ordenará el remate sobre la base de las dos terceras partes de la tasación o al mejor postor si así se hubiere acordado, y designará el rematador.

387.2 El remate será precedido, a criterio del tribunal, de uno o a cinco anuncios en el Diario Oficial, los que comenzarán a publicarse conforme con lo dispuesto en el artículo 89, así como en otro periódico del lugar donde se celebrará el remate.

El anuncio deberá necesariamente, contener:

a) La identificación de los autos;

b) El día, hora y lugar del remate;

c) La individualización del bien a rematarse;

d) La base del remate o, en su caso, si este se realiza sin ella y al mejor postor;

e) El nombre del rematador;

f) La seña que habrá de consignar el mejor postor en el acto del remate y que el tribunal fijará en suma no inferior al diez por ciento de la oferta así como la comisión y tributos a cargo del comprador;

g) La mención del lugar donde se encuentran los títulos de propiedad a disposición de los interesados, para su consulta. Cuando se rematare un inmueble se colocará en el mismo un cartel que así lo anuncie;

h) Las prevenciones que la Secretaría del tribunal haga notar en el informe correspondiente y se consideren oportunas.

387.3 El rematador informará al tribunal, por lo menos diez días antes del remate, la fecha de este y la publicidad que se hará, la que deberá adecuarse a los usos y costumbres; la omisión de este requisito aparejará la responsabilidad del rematador por los daños y perjuicios causados.

387.4 La diligencia de remate será practicada por el martillero designado y podrá ser presidida por el tribunal, actuario, secretario o alguacil, según se haya dispuesto.

387.5 En acta que se labrará al efecto, el rematador dejará constancia del resultado del remate, de la entrega de la seña que se haya determinado por el tribunal y del nombre y domicilio del mejor postor, el cual será definitivo a los efectos del trámite del proceso, salvo expresa modificación ulterior por parte de aquel. En todo caso, dicho domicilio deberá fijarse dentro del radio del tribunal.

387.6 Dentro de los diez días siguientes al del remate, el rematador deberá rendir cuentas de lo actuado y acompañar el acta de la diligencia, los comprobantes de los gastos efectuados y el certificado del depósito de la seña, pudiendo descontar de la misma las sumas gastadas -con cargo de devolución si su rendición no resultare aprobada- así como la comisión que corresponda, de conformidad con el Arancel que establezca la Suprema Corte de Justicia.

387.7 Si el ejecutante adquiriere el bien en el remate no tendrá que consignar la seña ni tampoco el precio, en cuanto este no excediere el monto de su crédito más un diez por ciento correspondiente a los gastos de la ejecución, siempre que acredite que no existen acreedores preferentes. En caso contrario deberá depositar la totalidad del precio ofertado.

387.8 El procedimiento legalmente previsto para la liquidación del valor de las obligaciones, se aplicará también al saldo pendiente de pago del precio de venta obtenido en remate judicial a partir de los sesenta días de ejecutoriado el auto aprobatorio del remate. Este plazo se suspenderá a pedido del mejor postor en caso de impedimento que no le fuera imputable; el comprador podrá hacer entregas a cuenta del precio en todo tiempo, con entera independencia del estado de los procedimientos y del otorgamiento de la escritura. Esas sumas, así como la seña a que refiere el ordinal 5 de este artículo, se consignarán en el Banco Hipotecario del Uruguay, sus sucursales o agencias, en cuenta especial de valores que se abrirá al efecto, a la orden del tribunal y bajo el rubro de los autos.

Artículo 388. Liquidación del crédito y entrega del bien.-

388.1 Depósito del precio.- Una vez aprobado el remate y sus cuentas, el tribunal fijará plazo para la entrega del precio, el cual se depositará conforme con lo previsto en el ordinal 8 del artículo anterior.

Si no se cumpliere lo dispuesto, el tribunal establecerá un segundo plazo que no podrá exceder de la mitad del anterior; y transcurrido el mismo y si persistiere el incumplimiento, el tribunal anulará el remate y dispondrá se realice de nuevo; el mejor postor que hubiere desistido deberá pagar los gastos del remate anulado y los daños y perjuicios que se hubieren causado.

388.2 Liquidación.- Depositado el precio, la Oficina sobre la base de la que deberá presentar el ejecutante, formulará la liquidación, que someterá a la aprobación del tribunal, en el siguiente orden:

a) Las costas y demás gastos judiciales;

b) Gastos de remate aún no satisfechos (artículo 387.6) y honorarios del abogado y procurador del ejecutante;

c) Con el remanente se pagarán el crédito del ejecutante y sus intereses, pero si hubiere embargos por créditos no satisfechos, estos últimos se pagarán en el orden de la fecha de su efectividad respectiva (artículos 380.1 y 380.7).

d) Si hubiere sobrante, le será entregado al deudor.

388.3 Entrega.- Depositado el precio (artículos 387.8 y 388.1), si se tratare de bien mueble, se entregará al comprador, labrándose acta de la que se dará testimonio al interesado que lo requiriere.

Ordinal 2°) redacción dada por: Ley N° 16.699, de 25/04/1995 artículo 4.

Artículo 389. Escrituración.-

389.1 Si se tratare de bienes cuya enajenación requiera escritura pública, esta se otorgará de oficio, y se autorizará por el escribano que designe el mejor postor o quien le suceda en sus derechos.

En estos casos, la liquidación a que refiere el ordinal 2 del artículo anterior, se efectuará luego de otorgada la escritura.

El tribunal fijará plazo para la escrituración, prorrogable por una sola vez a pedido fundado de parte.

Vencido el plazo, el tribunal revocará la designación anterior y nombrará de oficio otro escribano, al que fijará un único plazo, bajo pena de lo dispuesto en el artículo siguiente.

389.2 El comprador podrá adelantar el pago de los tributos adeudados por el ejecutado y necesarios para la escrituración, que le serán descontados del precio, si acreditare su pago ante la oficina actuaria.

Todo otro gasto requerirá autorización judicial previa para ser descontado del precio.

389.3 En todos los casos de venta judicial, el tribunal dispondrá de oficio el levantamiento de todos los embargos e interdicciones que afectaren el bien vendido, sean de la fecha que fueren, lo que comunicará posteriormente a quien corresponda.

El embargo o interdicción subsistirán sobre el precio de la enajenación, deducidos todos los gastos del proceso, incluidos los del remate, costas y costos.

Una vez recibida la comunicación a que refiere el inciso anterior, el tribunal que entiende en el proceso en el que se dispuso el embargo o la interdicción que por virtud de este ordinal se levanta, notificará personalmente al acreedor respectivo.

Si se tratare de acreedor preferente al ejecutante que obtuviera el remate, dispondrá de un plazo de diez días, a partir del siguiente al de su notificación para presentar la liquidación de su crédito, a fin de que sea aprobada si correspondiere.

Se comunicará, entonces, al tribunal que dispuso el levantamiento del embargo o de la interdicción, a sus efectos.

Si el acreedor preferente no presentare su liquidación dentro del plazo indicado en el inciso anterior, podrá hacerla el ejecutante que obtuviera la orden de remate.

Si no mediare oposición, quedará aceptada la liquidación del ejecutante; en caso contrario, el tribunal procederá conforme a derecho.

En cualquiera de ambos casos, se retendrá el importe correspondiente al crédito del preferente.

Artículo 390. Anulación del remate.-

Si el comprador no depositare el saldo del precio (artículo 388.1) o si se resistiese a escriturar, el tribunal declarará nulo el remate, en cuyo caso serán de cargo del comprador los gastos del remate anulado y los daños y perjuicios que se hubieren causado.

No podrá resistirse el comprador a escriturar, alegando defectos de titulación anteriores al remate.

Quien se presentare al remate e hiciere postura, se supondrá que acepta el título.

Artículo 391. Falta de interesados en el remate.-

Si en el remate no hubiese postores, se podrá sacar nuevamente el bien a la venta, sobre la base de la mitad de la tasación, cumpliéndose para este nuevo remate con todos los requisitos establecidos para el anterior.

Si en el segundo remate no hubiere interesados, el bien será adjudicado al ejecutante en pago de su crédito, a menos que este prefiera renunciar a tal derecho, y tomar a su cargo todos los gastos de la ejecución en cuyo caso conservará su crédito contra el deudor por el monto originario con más los gastos de la ejecución abonados.

De existir embargos preferentes deberán ser pagados por el adjudicatario en primer término.

Artículo 392. Condenas procesales.

392.1 Ejecutado. Serán de cargo del ejecutado las costas, costos y demás gastos justificados de la ejecución.

392.2 Ejecutante. El ejecutante deberá satisfacer las costas, costos y demás gastos devengados por sus pretensiones desestimadas.

392.3 Mejor postor. Todo ello, sin perjuicio de lo que corresponda abonar al mejor postor en el caso de desistir del remate expresa o implícitamente.

393. Impugnaciones.

391.1 Las partes podrán interponer el recurso de reposición contra toda providencia pronunciada en la vía de apremio.

393.2 Cabe el recurso de apelación sin efecto suspensivo contra las providencias que decidan la aprobación de la tasación (artículos 384 y 385) y la liquidación de haberes (artículo 388). El Superior, atento a la situación, podrá en su caso, decretar la suspensión hasta que se resuelva el recurso.

393.3 El ejecutado que quisiera satisfacer el crédito reclamado antes del remate y diere garantía suficiente, podrá solicitar la suspensión del remate.

Esta gestión no suspenderá, ningún caso, los procedimientos previos al remate.

393.4 Si el ejecutado promoviera incidente de nulidad por indefensión, el tribunal no podrá acordarle efecto suspensivo si aquél hubiere comparecido anteriormente al proceso de ejecución o si el incidente se promoviera fuera del plazo de cinco días contados desde el siguiente al de la última publicación del anuncio a que refiere el artículo 387.2.

El tribunal deberá rechazar de plano, sin sustanciar, toda pretensión incidental notoriamente infundada.

Las resoluciones que rechacen la pretensión incidental de nulidad por indefensión serán apelables sin efecto suspensivo; el Superior, atento a la situación, podrá en su caso, decretar la suspensión hasta que se resuelva el recurso.

Artículo 394. Competencia por conexión.-

El tribunal de la ejecución será competente para el juicio ordinario posterior, en los casos en que este corresponda (artículo 379.5), para el procedimiento de expedición de segundas copias y para la entrega del bien ejecutado.

Artículo 395. Segundas copias.-

Cuando, además de lo previsto por el artículo 386, no existiere inscripción en el Registro de Traslaciones de Dominio se entenderán cumplidos los presupuestos necesarios para la expedición de segunda copia de escritura. Estarán legitimados para deducir la pretensión pertinente, además de los titulares de la propiedad, el ejecutante y el mejor postor, indistintamente.

Artículo 396. Entrega de la cosa.-

Quien resultare adjudicatario del bien ejecutado, podrá reclamar su entrega y desocupación por el procedimiento de entrega de la cosa (artículo 364).

En este proceso, no se podrán oponer más excepciones que las que surjan de derechos que provengan de actos jurídicos debidamente registrados o se puedan probar documentalmente, si dicha documentación tuviera fecha cierta anterior al embargo.

Al ejecutado no se le admitirá excepción alguna.

Todo ello, sin perjuicio de los plazos legales en materia de arrendamientos.

Decreto-Ley N° 14.701,

de 12 de setiembre de 1977

CODIGO DE COMERCIO

SE ESTABLECEN MODIFICACIONES EN LO REFERENTE A LOS TITULOS-VALORES EN GENERAL

TITULO PRIMERO

DE LOS TITULOS-VALORES EN GENERAL

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Sección I

Generalidades

Artículo 1°.- Los títulos-valores son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna.

Artículo 2°.- Los documentos y los actos a que esta ley se refiere, solo producirán los efectos previstos en la misma cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la misma ley señala, salvo que ella lo presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta el negocio jurídico que dio origen al documento o al acto.

Artículo 3°.- Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, tanto los tipificados por la ley como los consagrados por los usos deberán llenar los requisitos siguientes:

1. El nombre del título-valor de que se trate;

2. La fecha y lugar de la creación;

3. El derecho que en el título se incorpore;

4. El lugar y la fecha del ejercicio de tal derecho;

5. La firma de quien lo crea.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, se tendrá como tal el domicilio del creador del título y si tuviera varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igual derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento.

Artículo 4°.- Si se omitieran algunas menciones o requisitos, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlas antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se consigne.

Artículo 5°.- Si el importe del título apareciese escrito a la vez en palabras o en cifras, valdrá, en caso de diferencia, la suma escrita en palabras. Si aparecieran diversas cantidades en cifras o en palabras, en caso de diferencia, valdrá la suma menor escrita en letras.

Artículo 6°.- El ejercicio del derecho consignado en un título-valor requiere la exhibición del mismo. Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o solo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente.

Artículo 7°.- Toda obligación incorporada a un título-valor deriva de la firma puesta en el mismo. Cuando quien desee suscribir un título-valor no sepa o no pueda firmar, lo hará por medio de un mandatario.

Artículo 8°.- todo suscritor de un título-valor se obligará autónomamente. Las circunstancias que invalidan la obligación de alguno o algunos de los signatarios no afectarán a las obligaciones de los demás.

Artículo 9°.- El suscritor de un título-valor quedará obligado en los términos literales del mismo, aunque el título entre en circulación contra su voluntad o después de que sobrevengan su muerte o incapacidad.

Artículo 10.- La trasmisión de un título-valor implica no solo la del derecho principal incorporado, sino también la de los derechos accesorios.

Los derechos emergentes de las garantías reales o personales que accedan a un título valor, se transferirán de pleno derecho por la sola trasmisión del título valor en el que conste la garantía que le accede, sin necesidad de inscripción alguna. Para la trasmisión de garantías que respaldan títulos valores objeto de oferta pública se estará a lo que disponga la legislación específica en la materia.

Las garantías reales que se constituyan para asegurar el cumplimiento de obligaciones cartulares se inscribirán en los Registros Públicos correspondientes individualizando el título valor garantizado, su emisor, objeto, monto, vencimiento y demás elementos que correspondan a su naturaleza. A los efectos de la referida inscripción registral no será necesario identificar a los sucesivos tenedores del título garantizado.

Las garantías se cancelarán por declaración unilateral del deudor y la exhibición del título-valor. En defecto de la exhibición del título, para obtener la cancelación de la garantía deberá acreditarse ante el Registro, o ante el depositaro, en su caso, la consignación judicial de los importes.

Fuente: Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, artículo 30.

Artículo 11.- La reivindicación, el secuestro o cualesquiera otras afectaciones o gravámenes sobre los derechos consignados en un título-valor o sobre las mercancías por él representadas, no surtirán efecto si no comprenden el título mismo materialmente.

Artículo 12.- El tenedor de un título-valor no podrá cambiar su forma de circulación sin consentimiento del creador del título.

Artículo 13.- En caso de alteración del texto de un título-valor los signatarios anteriores se obligan conforme el texto original, y los posteriores conforme al alterado. Se presume, salvo prueba en contrario, que la suscripción ocurrió antes de la alteración.

Artículo 14.- Todos los suscritores de un mismo acto en un título-valor, se obligarán solidariamente. El pago de un título por uno de los signatarios, no confiere a quien paga, respecto a los demás que firmaron el mismo acto, sino los derechos y las acciones que competen al deudor solidario contra los demás obligados, pero deja expeditas las acciones cambiarias que puedan corresponder contra los obligados.

Sección II

Del Aval

Artículo 15.- Mediante el aval se podrá garantizar, en todo o en parte, el pago de un título-valor.

Artículo 16.- El aval deberá constar en el título mismo o en hoja adherida a él. Se expresará con la fórmula "por aval" u otra equivalente, y deberá llevar la firma de quien lo presta. La sola firma puesta en un título, cuando no se le pueda atribuir otra significación se tendrá como firma del avalista.

Artículo 17.- A falta de mención de cantidad se entenderá que el aval garantiza el importe total del título.

Artículo 18.- El avalista quedará obligado en los términos que corresponderían formalmente al avalado y su obligación será válida aun cuando la de este último no lo sea.

Artículo 19.- En el aval se debe indicar la persona a quien se presta. A falta de indicación se entenderán garantizadas las obligaciones del suscritor que libere a mayor número de obligados.

Artículo 20.- El avalista que pague, adquiere los derechos derivados del título-valor contra la persona garantizada y contra los que sean responsables respecto de esta última por virtud del título.

Sección III

De la representación

Artículo 21.- La representación para obligarse en un título-valor se podrá conferir:

I. En lo general, mediante mandato con facultades suficientes;

II. En lo particular, mediante carta dirigida al presunto tenedor del título.

Artículo 22.- Quien haya dado lugar, con hechos positivos o con omisiones graves, a que se crea, conforme a los usos del comercio, que un tercero está autorizado para suscribir títulos a su nombre, no podrá oponer la excepción de falta de representación en el suscritor.

Artículo 23.- Los administradores o gerentes de sociedades o de establecimientos comerciales se reputarán autorizados, por el solo hecho de su nombramiento, para suscribir títulos-valores a nombre de las entidades que administren.

Artículo 24.- Quien suscribe un título-valor a nombre de otro, sin facultades legales para hacerlo, se obligará personalmente como si hubiera obrado a nombre propio, y si pagare tendrá los mismos derechos que hubiera tenido la persona a quien pretendía representar. Lo mismo se entenderá del representante que hubiera excedido sus poderes.

La ratificación expresa o tácita de la suscripción transferirá al representado aparente, desde la fecha de la misma, las obligaciones que de ellas nazcan.

Será tácita la representación que resulta de actos que necesariamente acepten la firma o sus consecuencias. La ratificación expresa podrá hacerse en el título o separadamente.

Sección IV

De los efectos de la creación y trasmisión

Artículo 25.- La creación y trasmisión de un título-valor no producirá, salvo pacto expreso, la extinción de la relación que dio lugar a la creación o trasmisión.

La acción causal podrá ejercitarse restituyendo el título al demandado y no procederá sino en el caso de que el actor haya ejecutado los actos necesarios para que el demandado pueda ejercitar las acciones que pudieren corresponderle en virtud del título.

Artículo 26.- Si se extinguió la acción cambiaria contra el creador del título, el tenedor que carezca de acción causal contra este y de acción cambiaria contra los demás signatarios, podrá exigir al creador del título la suma con que se haya enriquecido en su daño. Esta acción prescribirá en un año a partir del día en que la acción cambiaría contra el creador del título se haya extinguido.

Artículo 27.- Los títulos-valores se presumirán recibidos salvo buen cobro.

Artículo 28.- Los títulos representativos de mercaderías atribuirán a su legítimo tenedor el derecho exclusivo de disponer de las mercaderías que en ellos se especifiquen.

Artículo 29.- Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los boletos, fichas, contraseñas u otros documentos que no estén destinados a circular y que sirven exclusivamente para identificar a quien tiene derecho para exigir la presentación correspondiente.

Artículo 30.- Los títulos creados en el extranjero tendrán la consideración de títulos- valores si llenan los requisitos mínimos que esta ley establece.

Artículo 31.- Se considerará propietario del título quien lo posea conforme a su ley de circulación.

CAPITULO II

DE LOS TITULOS NOMINATIVOS

Artículo 32.- Los títulos nominativos se expedirán a favor de determinada persona, cuyo nombre deberá aparecer tanto en el texto del documento como en el registro que llevará el creador de los títulos. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure a la vez, en el documento y en el registro.

La obligación de llevar un registro de títulos nominativos no rige tratándose de letras de cambio, vales nominativos y cheques.

Los títulos se presumirán a la orden salvo que, por expresarlo el título mismo o por establecerlo la ley, deban ser inscritos en el registro de su creador.

Artículo 33.- Salvo justa causa el creador del título no podrá negar la anotación en su registro de la trasmisión del documento.

Artículo 34.- El endoso facultará al endosatario para pedir el registro de la trasmisión. El creador del título podrá exigir que la firma del endosante se autentifique.

Artículo 35.- En lo conducente, serán aplicadas a los títulos nominativos las disposiciones relativas a los títulos a la orden.

CAPITULO III

DE LOS TITULOS A LA ORDEN

Artículo 36.- Los títulos-valores expedidos a favor de determinada persona se presumirán a la orden y se trasmitirán por endoso y entrega del título.

Artículo 37.- La trasmisión de un título a la orden por medio diverso del endoso, subroga al adquirente en todos los derechos que el título confiera; pero lo sujeta a todas las excepciones que se habrían podido oponer al enajenante.

Artículo 38.- Quien justifique que se le ha trasmitido un título a la orden por medio distinto del endoso, podrá exigir que el Juez en vía de jurisdicción voluntaria haga constar la trasmisión en el título o en hoja adherida a el.

Artículo 39.- El endoso debe constar en el título o en hoja adherida a el y llenará los siguientes requisitos:

I) El nombre del endosatorio;

II) La clase de endoso;

III) El lugar y la fecha; y

IV) La firma del endosante o de la persona que lo suscriba en su representación.

Artículo 40.- Si se omite el primer requisito, se aplicará el artículo 4°, si se omite la clase de endoso, se presumirá que el título fue transferido en propiedad; si se omite la expresión de lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante; y la omisión de la fecha hará presumir que el endoso se hizo en el día en que el endosante adquirió el título.

La falta de firma hará que el endoso se considere inexistente.

Artículo 41.- El endoso deberá ser puro y simple. Toda condición se tendrá por no puesta. El endoso parcial será nulo.

Artículo 42.- El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor podrá llenar el endoso en blanco con su nombre o el de un tercero, o trasmitir el título sin llenar el endoso.

El endoso al portador producirá efectos de un endoso en blanco.

Artículo 43.- El endoso puede hacerse en propiedad, en procuración o en garantía.

Artículo 44.- El endosante contrae obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a el, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria, mediante la cláusula "sin mi responsabilidad" u otra equivalente, agregada al endoso.

Artículo 45.- El endoso en procuración se otorgará con las cláusulas "en procuración", "por poder", "al cobro" u otra equivalente.

Este endoso conferirá al endosatario las facultades de un apoderado, para cobrar el título judicial o extrajudi-cialmente y para endosarlo en procuración. El mandato que confiere este endoso no terminará con la muerte o incapacidad del endosante y su revocación no producirá efectos frente a terceros, sino desde el momento en que se anote su cancelación en el título o se tenga por revocado el mandato judicialmente.

Artículo 46.- El endoso en garantía se otorgará con las cláusulas "en garantía" o "en prenda" u otra equivalente. Constituirá un derecho prendario sobre el título y conferirá al endosatario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que confiere el endoso en procuración.

No podrán oponerse al endosatario en garantía las excepciones personales que se hubieran podido poner a tenedores anteriores.

Artículo 47.- El endoso posterior al vencimiento producirá efectos de una cesión de créditos no endosables.

Salvo prueba en contrario, el endoso sin fecha se considerará hecho antes de terminar el plazo fijado para hacer el protesto.

Artículo 48.- Para que un tenedor de un título a la orden pueda legitimarse, la serie de endosos deberá ser ininterrumpida.

Artículo 49.- El obligado no podrá exigir que se compruebe la autenticidad de los endosos, pero deberá identificar al último tenedor y verificar la continuidad de los endosos.

Artículo 50.- Los Bancos que reciben títulos para abono en cuenta del tenedor que los entregue, podrán cobrar dichos títulos aun cuando no estén endosados a su favor. Los Bancos en estos casos, deberán anotar en el título la calidad en que actúan y firmar recibos en el propio título o en hoja adherida.

Artículo 51.- Los títulos-valores podrán trasmitirse a algunos de los obligados, por recibo del importe del título extendido en el mismo documento o en hoja adherida a el. La trasmisión por recibo producirá efectos de endoso sin responsabilidad.

CAPITULO IV

DE LOS TITULOS AL PORTADOR

Artículo 52.- Son títulos al portador los que no se expidan a favor de persona determinada, aunque no contengan la cláusula "al portador", y su trasmisión se producirá por la simple tradición.

Artículo 53.- Derogado.

Fuente: Decreto-Ley N° 15.226, de 10 de diciembre de 1981; artículo 1°.

Artículo 54.- Derogado.

Fuente: Decreto-Ley N° 15.226, de 10 de diciembre de 1981, artículo 1°.

TITULO SEGUNDO

DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE TITULOS-VALORES

CAPITULO I

DE LAS LETRAS DE CAMBIO

Sección I

De la creación y de la forma de la letra de cambio

Artículo 55.- Además de lo dispuesto por el artículo 3°, la letra de cambio deberá contener:

I) La orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero;

II) El nombre de la persona que ha de pagar (librado);

III) La indicación del vencimiento;

IV) El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago o a cuya orden debe efectuarse.

Artículo 56.- El documento que carezca de algunos de los requisitos que se indican en el artículo precedente no valdrá como letra de cambio, salvo en los casos comprendidos en los párrafos siguientes.

La letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado se considerará pagadera a la vista.

A falta de indicación especial, el lugar designado junto al nombre del librado se considerará como lugar de pago, y al mismo tiempo, como lugar del domicilio del librado.

La letra de cambio que no indique el lugar de su creación se considerará librada en el lugar designado junto al nombre del librador.

Si en la letra de cambio se hubiese indicado más de un lugar para el pago, se entiende que el portador puede presentarla en cualquiera de ellos para requerir la aceptación y el pago.

Artículo 57.- La letra de cambio podrá girarse a la orden del propio librador. Podrá girarse contra el propio librador. Podrá ser girada por cuenta de un tercero.

Artículo 58.- Toda letra de cambio podrá ser pagadera en el domicilio de un tercero, ya sea en la localidad en que el librado tiene su domicilio o en otra localidad.

Artículo 59.- En una letra de cambio pagadera a la vista o dentro de cierto plazo después de la vista, podrá estipularse por el librador que la cantidad correspondiente devengue intereses. En cualquier otra letra de cambio semejante estipulación se considerará como no escrita.

El tipo de interés deberá indicarse en la letra y, a falta de esta indicación, esta cláusula correspondiente se considerará como no escrita.

Los intereses correrán a partir de la fecha que lleve la letra de cambio mientras no se indique otra fecha al efecto.

Artículo 60.- El librador garantiza la aceptación y el pago. Podrá eximirse de la garantía de la aceptación, pero toda cláusula por lo cual se exonere de la garantía de pago, se considerará como no escrita.

Artículo 61.- Cuando una letra de cambio incompleta en el momento de su creación se hubiese completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el cumplimiento de estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor, a no ser que este no haya adquirido la letra de cambio con mala fe o que al adquirirla, haya incurrido en culpa grave.

Artículo 62.- Cuando una letra de cambio lleve firma de personas incapaces de obligarse por letra de cambio, o firmas falsas o de personas imaginarias, o firmas que por cualquier otra razón no pueden obligar a las personas que hayan firmado la letra de cambio, o con cuyo nombre aparezca firmada, las obligaciones de cualesquiera otros firmantes no dejarán por eso de ser válidas.

Sección II

Del endoso

Artículo 63.- El endoso podrá hacerse inclusive a favor del librado, haya aceptado o no, del librador o de cualquier otra persona no obligada. Todas estas personas podrán endosar la letra de nuevo.

Artículo 64.- El endoso deberá escribirse en la letra de cambio o en una hoja adherida a la misma (hoja de prolongación). Deberá ser firmado por el endosante. El endoso podrá no designar beneficiario o consistir simplemente en la firma del endosante (endoso en blanco). En este último caso, para que el endoso sea válido, deberá ser escrito al dorso de la letra de cambio o en hoja de prolongación.

Artículo 65.- El endoso trasmite todos los derechos resultantes de la letra de cambio.

Cuando el endoso está en blanco, el tenedor podrá:

1°) Llenar el blanco, sea con su nombre o con el de otra persona;

2°) Endosar nuevamente la letra en blanco o a otra persona;

3°) Entregar la letra a un tercero, sin llenar el blanco y sin endosarla.

Artículo 66.- Salvo cláusula en contrario, el endosante garantiza la aceptación y el pago.

Artículo 67.- El tenedor de la letra de cambio se considerará portador legítimo de la misma cuando justifique su derecho por una serie no interrumpida de endosos, aun cuando el último endoso esté en blanco. Cuando el endoso en blanco vaya seguido de otro endoso, el firmante de este se entenderá que adquirió la letra con el endoso en blanco.

Cuando una persona sea desposeída de una letra de cambio por cualquier causa que fuere, el tenedor, siempre que justifique su derecho en la forma indicada en el párrafo precedente, no estará obligado a desprenderse de la letra, a no ser que la hubiere adquirido de mala fe o hubiere incurrido al adquirirla en culpa grave.

Artículo 68.- Con la cesión de la letra de cambio, sea derivada de un endoso posterior al protesto por falta de pago o al término fijado para efectuar el protesto, sea que derive de un acto separado aun anterior al vencimiento, se trasmite al cesionario todos los derechos cambiarios del cedente, pero aquél queda sujeto a las excepciones oponibles a este.

El cesionario tiene derecho a que se le entregue la letra cedida.

Sección III

De la aceptación

Artículo 69.- Hasta el momento del vencimiento, la letra de cambio se podrá presentar a la aceptación del librado, en el lugar de su domicilio, por el tenedor o por un simple portador.

Artículo 70.- En toda letra de cambio el librador podrá estipular que aquélla habrá de presentarse a la aceptación con o sin fijación de plazo. También podrá prohibir en la letra su presentación a la aceptación, a no ser que se trate de una letra de cambio pagadera en el domicilio de un tercero, o de una letra pagadera en una localidad distinta al domicilio del librado, o de una letra girada a cierto plazo de la vista.

Podrá asimismo estipular que la presentación a la aceptación no habrá de efectuarse antes de determinada fecha.

Artículo 71.- Las letras de cambio a cierto plazo desde la vista deberán presentarse a la aceptación en el término de un año a partir de su fecha. El librador podrá acortar este último plazo o fijar uno más largo.

Artículo 72.- El librado podrá pedir que se le presente por segunda vez una letra al día siguiente de la primera presentación.

Los interesados no podrán alegar que tal petición ha quedado incumplida, a no ser que así se haga constar en el protesto.

El portador no estará obligado a entregar al librado la letra presentada a la aceptación.

Artículo 73.- La aceptación se inscribirá en la letra de cambio. Se expresará mediante la palabra "Acepto" o cualquier otra equivalente e irá firmada por el librado. La simple firma de este puesta en el anverso de la letra equivale a la aceptación.

Cuando la letra sea pagadera a cierto plazo desde la vista o cuando deba presentarse a la aceptación en un plazo fijado por la estipulación especial, la aceptación deberá llevar la fecha del día en que se haya dado, a no ser que el portador exija que se ponga la fecha del día de la presentación. A falta de fecha, el portador, para conservar sus derechos a recurrir contra los endosantes y contra el librador, hará constar la omisión mediante un protesto levantado en tiempo hábil.

Artículo 74.- La aceptación será pura y simple, pero el librado podrá limitarla a una parte de la cantidad.

De admitirse por el tenedor una aceptación parcial, deberá protestarse por el resto.

Cualquier otra modificación introducida por la aceptación en el texto de la letra de cambio, equivaldrá a una negativa de aceptación. Esto no obstante, el aceptante quedará obligado con arreglo a los términos de la aceptación.

Artículo 75.- Cuando el librador hubiere indicado en la letra de cambio un lugar de pago distinto al del domicilio del librado, sin designar a un tercero en cuya casa haya de hacerse el pago, el librado podrá indicarlo así en el momento de su aceptación. A falta de semejante indicación, se entenderá que el aceptante se ha obligado a pagar por sí mismo en el lugar de pago.

Cuando la letra sea pagadera en el domicilio del librado este podrá indicar en la aceptación una dirección en el mismo lugar para que en ella se efectúe el pago.

Artículo 76.- Por el hecho de la aceptación el librado se obliga a pagar la letra de cambio a su vencimiento.

A falta de pago, el portador, aunque sea el propio librador, tendrá contra el aceptante una acción directa derivada de la letra de cambio para todo aquello que pueda exigirse con arreglo a los artículos pertinentes.

El girado que acepta queda obligado, aun cuando ignorase la quiebra del librador.

Artículo 77.- Si la aceptación puesta en la letra de cambio por el girado es tachada por él antes de restituir el título, la aceptación se tiene por denegada. La cancelación se considera hecha salvo prueba en contrario antes de la restitución del título. No obstante, si el girado ha dado noticia de la aceptación por escrito al portador o a un firmante cualquiera, está obligado frente a ellos en los términos de la aceptación.

Sección IV

Del vencimiento

Artículo 78.- La letra de cambio podrá librarse:

I) A la vista;

II) A cierto plazo desde la vista;

III) A cierto plazo desde su fecha; y

IV) A fecha fija.

Las letras de cambio que indiquen otros vencimientos o vencimientos sucesivos se considerarán pagaderas a la vista.

Artículo 79.- La letra de cambio a la vista será pagadera a su presentación. Deberá presentarse al pago en el término de un año a contar desde su fecha. El librador podrá acortar el plazo o fijar uno más largo.

El librado podrá disponer que una letra de cambio pagadera a la vista no se presente al pago antes de una fecha indicada. En este caso el plazo para la presentación se contará desde esa fecha.

Artículo 80.- El vencimiento de una letra de cambio a cierto plazo desde la vista, se determinará por la fecha de la aceptación o por la del protesto. A falta de protesto, toda aceptación que no lleve fecha se considerará dada, respecto del aceptante, el último día del plazo señalado para la presentación de la misma a la aceptación.

Artículo 81.- La letra de cambio librada a uno o varios meses a partir de su fecha o de la vista, vence en la fecha correspondiente del mes en que el pago debe efectuarse. A falta de fecha correspondiente el vencimiento tendrá lugar el último día de dicho mes.

Cuando una letra de cambio esté librada a uno o varios meses y medio a contar de su fecha o de la vista, se contarán primeramente los meses enteros.

Si el vencimiento se hubiere fijado al principio, a la mitad (mediados de enero, mediados de febrero, etc.), o al fin de mes, se entenderá por estos términos: el 1°, el 15 o el último día del mes.

Las expresiones "ocho días" o "quince días" equivaldrán a un plazo de ocho días o de quince días hábiles y no de una o dos semanas.

La expresión "medio mes" indicará un plazo de quince días.

Artículo 82.- Cuando una letra de cambio sea pagadera a fecha fija en un lugar en que el calendario sea diferente del que rija en el lugar de creación, la fecha de vencimiento se entenderá fijada con arreglo al calendario del lugar del pago.

Cuando una letra librada entre dos plazas que tengan calendario diferente, sea pagadera a cierto plazo después de la fecha, el día de la creación se reducirá al día correspondiente del calendario del lugar del pago y el vencimiento se determinará en consecuencia.

Los plazos de presentación de las letras de cambio se calcularán de conformidad con el párrafo precedente.

Estas reglas no serán aplicables cuando, en una cláusula de la letra de cambio, o en los mismos enunciados del título, se indique la intención de adoptar reglas diferentes.

Sección V

Del pago

Artículo 83.- El tenedor de una letra de cambio pagadera a día fijo o a cierto tiempo, fecha o vista, debe presentarla para el pago el día en el cual la letra debe pagarse o en uno de los dos días hábiles sucesivos.

Artículo 84.- La letra de cambio debe presentarse para el pago en el lugar y dirección indicados en el título.

Cuando no se indique dirección, debe presentarse para el pago:

1°) En el domicilio del girado o de la persona designada en la misma letra para efectuar el pago por el girado;

2°) En el domicilio de la persona indicada al efecto.

Artículo 85.- El girado que paga la letra de cambio puede exigir que esta se le entregue con la constancia del pago que ha hecho, puesto en la misma letra. El portador no puede rehusar un pago parcial.

En el caso de pago parcial, el girado puede exigir que se anote en la misma letra el pago que ha efectuado y además que se le otorgue recibo.

El portador debe protestar la letra por el resto.

Artículo 86.- El portador de una letra de cambio no podrá ser obligado a recibir su pago antes del vencimiento.

El librado que pagase antes del vencimiento lo hará por su cuenta y riesgo.

El que pagare al vencimiento quedará válidamente liberado a no ser que hubiere por su parte, dolo o culpa grave. Estará obligado a comprobar la regularidad de la serie de los endosos, pero no la firma de los endosantes.

Artículo 87.- Cuando el importe de la letra de cambio se haya indicado en una moneda que tenga la misma denominación, pero diferente valor en el país de emisión que en el país de pago, se presumirá que la moneda expresada es la del lugar del pago.

Artículo 88.- A falta de presentación al pago de la letra de cambio en el plazo fijado en el artículo 83, todo deudor tendrá la facultad de consignar su importe. En este caso no será necesaria la previa oblación.

Sección VI

Del protesto

Artículo 89.- La negativa de la aceptación o del pago de la letra debe ser comprobada mediante el protesto, que deberá hacerse por acta notarial.

El protesto por falta de aceptación no exime al tenedor de la letra de la obligación de prestarla de nuevo, si no se pagase.

Artículo 90.- No será necesario el protesto en los casos de concurso, quiebra o concordato, sea del girador, del librador, endosantes o avalistas. En esos casos bastará con la presentación del testimonio de la resolución respectiva.

Tampoco será necesario el protesto en los casos a que hace referencia el artículo 96.

Artículo 91.- Toda letra que haya de ser protestada por falta de aceptación o de pago, debe ser llevada al escribano, dentro de los dos días hábiles siguientes, a aquél en que debía ser aceptada o pagada. El protesto debe formalizarse en los dos días hábiles inmediatos siguientes al de su presentación al escribano. Los escribanos retendrán en su poder las letras, sin entregar estas ni el testimonio del protesto, durante el término de dos días que tienen para realizar las diligencias. Si el girado se presentase entretanto a aceptar o a pagar el importe de la letra, en su caso y a pagar los gastos, el protesto quedará sin efecto.

Artículo 92.- Las diligencias del protesto deben entenderse personalmente con la persona a cuyo cargo esté girada la letra. En caso de no encontrarse este en su domicilio, se entenderán con el gerente o con la persona mayor de edad que atienda al escribano.

Si el girado hubiese fallecido, las diligencias del protesto se entenderán con la viuda o viudo o hijos mayores de edad.

En el caso de vacancia, las diligencias del protesto se entenderán con el curador si lo hubiere.

No encontrando el escribano en el domicilio del girado a ninguna de las personas capaces para entender en las diligencias del protesto, de acuerdo con lo que establece este artículo, realizará las diligencias con el Comisario Seccional de Policía o con la persona que lo sustituya en el desempeño del cargo, en cuyo territorio se encuentre el domicilio del girado.

Artículo 93.- El domicilio legal para evacuar las diligencias del protesto será:

1°) El que esté designado en la letra;

2°) En defecto de designación, el que tenga al presente el girado;

3°) A falta de ambos, el último que se le hubiere conocido. No constando el domicilio del girado en ninguna de las tres formas dichas, se entenderán las diligencias del protesto en la forma que expresa la parte final del artículo anterior.

Artículo 94.- Las actas notariales que contengan las diligencias de protesto deben mencionar esencialmente:

1°) El lugar, día, mes y año en que se realiza la diligencia;

2°) En el acta de presentación, referencia a la letra de cambio a protestar, con especificación del lugar y fecha en que se libró, cantidad, especie de moneda, plazo, nombre del tomador, girado, librado, aceptante, avalista. Si el documento contuviere endosos, las fechas de los mismos y los nombres de los endosantes y endosatario. Si contuviere indicados, sus nombres y domicilios.

Podrá sustituirse la relación de datos a que se refiere este inciso, agregando al acta, copia fotostática de la letra a protestar. No es necesaria la traducción de los documentos no redactados en idioma español;

3°) En el acta de protesto:

a) La intimación hecha a la persona que debe aceptar o pagar la letra o no estando presente, a la que sea intimada en nombre de ella y la respuesta dada o la atestación de que no dieron ninguna;

b) La conminación de gastos y perjuicios contra todos los obligados a las resultas de la letra;

c) Mención de haber entregado copia firmada por el escribano actuante y si hubiere agregado copia fotostática de la letra, entrega de otro ejemplar también firmado por el escribano, del documento que se protesta;

d) La interpelación para que el protestado firme el acta y si no pudiere hacerlo o se negase a verificarlo la constancia de esa circunstancia;

4°) La protocolización de las actas se realizará el día siguiente de transcurridos los dos días hábiles de que dispone el escribano para realizar las diligencias del protesto.

El escribano, en ningún caso, estará obligado a actuar con testigos instrumentales.

Artículo 95.- Después de evacuado el protesto con el girado, se acudirá acto continuo a los que están indicados en ella subsidiariamente y se harán constar en el protesto las contestaciones que dieron las personas indicadas y la aceptación o el pago en el caso de haberse prestado a ello.

Artículo 96.- El librador, el endosante o el avalista pueden por medio de la cláusula "retorno sin gastos" o "sin protesto" o cualquier otra equivalente inscripta en el título y firmada, dispensar al portador de formalizar el protesto por falta de aceptación o de pago para ejercitar la acción regresiva.

Esa cláusula no libera al portador de la obligación de presentar la letra de cambio en los términos prescriptos, ni de dar los avisos. La prueba de la inobservancia de los términos incumbe a quien la invoca contra el portador. Si la cláusula hubiese sido puesta por el librador, ella produce sus efectos con relación a todos los firmantes; si hubiese sido puesta por un endosante o un avalista, ella produce efectos solo con respecto a estos. Si, no obstante la cláusula puesta por el librador, el portador formaliza el protesto, los gastos quedan de su cargo. Cuando la cláusula emana de un endosante o de un avalista, los gastos del protesto pueden repetirse contra todos los firmantes.

Artículo 97.- Cuando la presentación de una letra de cambio o la formalización del protesto en los plazos establecidos se hubiese hecho imposible por causa de un obstáculo insalvable (disposiciones legales de un Estado cualquiera, donde esas diligencias debían cumplirse u otro caso de fuerza mayor), esos plazos quedan prorrogados. El portador está obligado a dar aviso de inmediato del caso de fuerza mayor al endosante precedente y dejar constancia en la misma letra o su prolongación fechada y firmada por él, del envío del aviso; en los demás se aplican las disposiciones del artículo 98. Una vez cesada la fuerza mayor, el portador debe presentar de inmediato la letra para su aceptación o pago y en su defecto formalizar el protesto. Si la fuerza mayor durase más de treinta días desde la fecha del vencimiento, la acción de regreso puede ejercitarse sin necesidad de la presentación ni del protesto.

Para las letras de cambio a la vista o a cierto tiempo vista el término de treinta días corre desde la fecha en que el portador haya dado aviso de la fuerza mayor al endosante precedente, aun cuando el aviso lo hubiese dado antes de la expiración del término: para la presentación para las letras de cambio a cierto tiempo vista, el término de treinta días se agrega al término de la vista indicado en la misma letra.

Artículo 98.- El portador debe dar aviso de la falta de aceptación o de pago a su endosante y al librador dentro de los tres días hábiles sucesivos al día del protesto o de la presentación, si existiese la cláusula de "retorno sin gastos" o "sin protesto".

Cada endosante debe, dentro de los tres días hábiles sucesivos a aquel en que recibió el aviso, informar el aviso recibido al endosante que lo precede, indicando los nombres y domicilios de los que han dado los avisos precedentes, y así sucesivamente hasta llegar al librador. Los términos mencionados corren desde que se recibe el aviso precedente.

Cuando de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, se da aviso a un firmante de la letra de cambio, el mismo aviso y dentro de iguales términos debe darse a su avalista.

Si un endosante no hubiese indicado su domicilio, o lo hubiere indicado de manera ilegible, basta que el aviso sea dado al endosante que lo precede.

El que debe dar el aviso puede hacerlo en cualquier forma, sea mediante telegrama colacionado o certificado o carta certificada o por medio de escribano, debiendo probar que ha dado el aviso en el término establecido.

El que omitiese dar el aviso en el término arriba indicado no pierde la acción regresiva, pero será responsable por su negligencia si hubiese causado algún perjuicio, sin que el monto del resarcimiento pueda exceder el valor de la letra.

Sección VII

De las acciones por falta de aceptación o por falta de pago

Artículo 99.- El portador puede ejercitar las acciones cambiarias de regresos contra los endosantes, el librador y los otros obligados:

A) Al vencimiento, si el pago no se hubiera efectuado;

B) Aun antes del vencimiento:

1°) Si la aceptación hubiese sido rehusada en todo o en parte;

2°) En caso de concurso, quiebra o concordato del girado, haya o no aceptado la letra;

3°) En caso de concurso, quiebra o concordato del librador de una letra no aceptable.

Artículo 100.- El portador puede exigir a aquél contra el cual ejercita su acción de regreso:

1°) El monto de la letra de cambio no aceptada o no pagada con los intereses, si se hubiesen estipulado;

2°) Los intereses, a partir del vencimiento de la letra de cambio, al tipo fijado en el título, y si no hubiesen sido estipulados, al tipo corriente bancario en la fecha del pago;

3°) Los gastos de protesto, de aviso y demás gastos. Si la acción de regreso se ejercitara antes del vencimiento se hará un descuento del importe de la letra calculado en base a las tasas pasivas corrientes de descuento bancario a la fecha del regreso en el lugar del domicilio del portador.

Artículo 101.- El que ha reembolsado la letra de cambio puede reclamar a sus garantes:

1°) La suma íntegra desembolsada;

2°) Los intereses de esta suma, calculados al tipo indicado en el inciso 2° del artículo anterior, desde el día del desembolso;

3°) Los gastos que hubiese hecho.

Artículo 102.- Todo obligado contra el cual se hubiese iniciado o pueda iniciarse la acción regresiva, puede exigir, mediante el pago de su importe, la entrega de la letra con el instrumento de protesto y la cuenta del retorno con el correspondiente recibo. Cualquier endosante que haya pagado la letra de cambio puede cancelar su endoso y los que le siguen.

Artículo 103.- En caso de ejercitarse la acción de regreso después de una aceptación parcial, el que paga la suma por la cual la letra no fue aceptada, puede exigir que se anote el pago en la misma letra y se le otorgue recibo. El portador debe además, dejarle copia certificada conforme de la letra y del instrumento del protesto para que puedan ejercitarse las ulteriores acciones regresivas.

Artículo 104.- En caso de quiebra del girado, aceptante o no, el tenedor de la letra de cambio tiene su derecho expedito contra los que sean responsables a las resultas de la letra.

El librador, endosante y avalista, en caso de reclamación, pueden diferir el pago hasta el día del vencimiento, dando fianza bastante a juicio del tenedor o depositar el importe o abonarlo con descuento de los intereses por el tiempo que falte para su vencimiento.

Artículo 105.- Todos los que firman una letra de cambio, sea como libradores, aceptantes, endosantes o avalistas, quedan solidariamente obligados hacia el portador. El portador tiene derecho de accionar contra todas esas personas, individual o colectivamente, sin estar obligado a observar el orden en que las obligaciones han sido contraídas. El mismo derecho corresponde a cualquier firmante que hubiese pagado la letra. La acción promovida contra uno de los obligados no impide accionar contra los otros, aun cuando fuesen posteriores a aquél contra el cual se ha procedido primero.

Artículo 106.- El portador pierde sus derechos contra los endosantes, contra el librador y contra los demás obligados, con excepción del aceptante, después de la expiración de los plazos fijados:

A) Para la presentación de la letra de cambio a la vista o a cierto tiempo a la vista;

B) Para levantar el protesto por falta de aceptación o de pago;

C) Para la presentación de la letra para su pago en caso de llevar la cláusula "retorno sin gastos".

Si la letra de cambio no se presentara para la aceptación en el plazo establecido por el librador, el portador pierde el derecho de ejercitar la acción de regreso, sea por falta de pago o por falta de aceptación, salvo si resultase de los términos del título que el librador entendió exonerarse tan solo de la garantía de la aceptación.

Artículo 107.- La letra de cambio debidamente protestada es título ejecutivo para accionar por el importe del capital y accesorios, conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes.

Artículo 108.- Contra la ejecución de las letras de cambio no se admitirán más excepciones que la de falsedad material, compensación de crédito líquido y exigible, prescripción, caducidad, pago y espera o quita concedida por el demandante que se pruebe por escritura pública o por documento privado judicialmente reconocido o concordato homologado.

También serán admisibles las excepciones procesales de inhabilidad del título (falta de alguno de los requisitos esenciales exigidos por el artículo 3°), falta de legitimación activa o pasiva del demandante o del demandado, falta de representación, litis pendencia o incompetencia, sea de jurisdicción o por razón de cantidad.

Cualquier otra excepción fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado, no obstará al progreso del juicio ejecutivo.

Sección VIII

De la cancelación

Artículo 109.- En caso de pérdida, sustracción o destrucción de una letra de cambio, el portador debe comunicar el hecho al girado y al librador, requiriendo la cancelación del título al Juez Letrado del lugar donde la letra debe pagarse.

Deberá ofrecer fianza en resguardo de los derechos del tenedor. La petición debe indicar los requisitos esenciales de la letra, que sean suficientes para identificarla. El Juez, previo examen de los antecedentes que se le proporcionen acerca de la verdad de los hechos invocados y del derecho del portador, dictará a la brevedad un auto indicando todos los datos necesarios para individualizar la letra de cambio y disponiendo su cancelación; también autorizará su cancelación para después de transcurridos sesenta días, contados desde la fecha de la última publicación del auto respectivo, si la letra ya hubiese vencido o fuese a la vista o desde el vencimiento, si este fuese posterior a aquella fecha y siempre que en el intervalo no se dedujese oposición por el tenedor. El auto judicial deberá publicarse durante tres días hábiles en el "Diario Oficial" y en uno de notoria circulación del lugar del pago, y notificarse al girado y al librador. No obstante la denuncia, el pago de la letra de cambio al tenedor antes de la notificación del auto judicial libera al deudor.

Artículo 110.- La oposición deberá deducirla el tenedor ante el Juez del lugar donde la letra deba pagarse y se sustanciará con el que promovió la cancelación y con cualquier obligado que quiera intervenir, debiendo notificarse la oposición al girado y al librador.

Artículo 111.- Durante el término establecido en el artículo 109 el recurrente puede ejercer todos los actos que tiendan a la conservación de sus derechos; y si la letra de cambio fuese a la vista o hubiese vencido o venciera en el intervalo, puede exigir la consignación judicial de su importe.

Artículo 112.- Transcurrido el término, fijado en el artículo 109, sin haberse deducido oposición o rechazada esta por sentencia definitiva, la letra queda privada de toda eficacia. El que haya obtenido la cancelación puede, presentando la constancia judicial de que no se dedujo oposición o de que esta fue rechazada definitivamente, exigir el pago, y si la letra fuese en blanco o no hubiese vencido aún, exigir el duplicado. Este deberá pedirse por el portador desposeído de su endosado y así sucesivamente de un endosante al que le precede, hasta llegar al librador.

Artículo 113.- La cancelación extingue todo derecho emergente de la letra de cambio, pero no perjudica los derechos que eventualmente pudiera tener el poseedor que no formuló oposición contra el que obtuvo la cancelación.

Artículo 114.- Todos los gastos que origine este procedimiento serán de cargo del que lo solicitó.

Artículo 115.- La fianza a que se refiere el artículo 109 subsiste mientras no se presente la letra cancelada o se haya operado la prescripción de la misma.

Sección IX

De la prescripción

Artículo 116.- Toda acción emergente de la letra de cambio contra el aceptante prescribe a los tres años, contados desde la fecha del vencimiento. La acción del portador contra los endosantes y contra el librador prescribe al año, contando desde la fecha del protesto formalizado en tiempo útil y desde el vencimiento de la letra si esta no fuera protestable.

La acción del endosante que reembolsó el importe de la letra de cambio o que ha sido demandado por acción de regreso, contra los otros endosantes y contra el librador se prescribe a los seis meses contados desde el día que el endosante pagó o desde aquel en que se le notificó la demanda.

La acción de enriquecimiento se prescribe al año, contado desde el día en que se perdió la acción cambiaria.

Sección X

Disposiciones generales

Artículo 117.- El pago de una letra de cambio que vence en día feriado no se puede exigir sino el primer día hábil siguiente.

Igualmente, todos los actos relativos a la letra de cambio y en particular la presentación para la aceptación y el protesto, no pueden cumplir sino en día hábil. Si uno de estos actos debiera cumplirse en un determinado plazo cuyo último día fuese feriado, dicho plazo queda prorro-gado hasta el primer día hábil siguiente. Los días feriados intermedios quedan comprendidos en el cómputo del pla-zo.

Artículo 118.- En los plazos legales o convencionales no se computa el día desde el cual empiezan a correr.

Artículo 119.- En ningún caso se admitirán plazos de gracia legales ni judiciales.

CAPITULO II

DEL VALE, PAGARE O CONFORME

Artículo 120.- El vale, pagaré o conforme, además de los requisitos que establece el artículo 3°, debe contener la denominación de vale, pagaré o conforme inserta en el texto del mismo documento y expresada en el idioma en que se ha redactado y la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero.

Artículo 121.- DEROGADO.

Fuente Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, artículo 52.

Artículo 122.- DEROGADO.

Fuente: Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, artículo 52.

Artículo 123.- DEROGADO.

Fuente: Ley N° 16.788, de 4 de noviembre de 1996, artículo 1°.

Artículo 124.- Los vales, pagarés o conformes se presumirán auténticos, sin perjuicio de la prueba contraria, y constituirán títulos ejecutivos sin necesidad de protestos ni de diligencia judicial de reconocimiento de firma.

En estos casos, la intimación prevista por el inciso final del artículo 53 de la Ley N° 13.355, de 17 de agosto de 1965, podrá sustituirse por un requerimiento de pago en un plazo de tres días, documentado mediante telegrama certificado o colacionado.

Artículo 125.- Los vales, pagarés y conformes pueden ser extendidos a la vista, a cierto plazo desde su fecha y a fecha fija. Pueden asimismo, tener vencimientos sucesivos y en tal caso, podrá pactarse, expresamente, que el no pago de una o varias cuotas haga exigible el documento. Podrán también incluirse en los vales, pagarés y conformes, otras cláusulas, tales como las que estipulan el pago de intereses corrientes o moratorios; la de constitución en mora por el solo vencimiento de los plazos estipulados para el pago de capital e intereses; la de constitución de domicilio y la de atribución de jurisdicción. En lo no expresamente previsto, son aplicables a los vales, pagarés y conformes, en lo pertinente, las disposiciones generales de la presente ley y las especiales relativas a la letra de cambio.

Fuente: Ley N° 16.788, de 4 de noviembre de 1996, artículo 2°.

CAPITULO III

DE LOS CHEQUES

Artículo 126.- Son aplicables a los cheques las disposiciones generales de esta ley y las especiales relativas a la letra de cambio, en cuanto sea pertinente y en lo que no se oponga a las previsiones de la Ley N° 14.412, de 8 de agosto de 1975.

TITULO TERCERO

VIGENCIA, DEROGACIONES, DIPOSICIONES GENERALES

Artículo 127.- La presente ley, entrará en vigencia el 1° de noviembre de 1977.

No obstante no se aplicará a los títulos-valores de fecha anterior a dicha vigencia.

Artículo 128.- A partir de la entrada en vigencia de esta ley quedarán derogados los artículos 197 inciso 2°, 788 a 934 inclusive, 941 inciso 2°, 968 y 1000 del Código de Comercio y 69 de la Ley N° 14.412, de 8 de agosto de 1975.

Artículo 129.- Hasta los seis meses de entrada en vigencia de esta ley podrán ser utilizados los formularios impresos de letras de cambio y de vales, pagarés o conformes, pero esos documentos serán endosables aunque no contuvieren la cláusula a la orden. Asimismo, en tales casos carecerán de validez las cláusulas de vencimiento que no se ajustaren a las disposiciones de esta ley.

Decreto-Ley N° 15.322,

de 17 de setiembre de 1982

Artículo 1°.- Toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera quedará sujeta a las disposiciones de esta ley, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares, que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

A los efectos de esta ley, se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos.

Artículo 2°.- Las instituciones estatales que por la índole de sus operaciones queden comprendidas en esta ley, estarán igualmente sujetas a sus disposiciones, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay.

Para la aprobación o modificación de las cartas orgánicas y demás normas que rijan la actividad de las instituciones financieras del Estado, se oirá previamente al Banco Central del Uruguay.

Artículo 17. (BIS).- Solo los Bancos y las cooperativas de intermediación financiera podrán:

A) Recibir depósitos en cuenta corriente bancaria y autorizar que se gire contra ellos mediante cheques.

B)Recibir depósitos a la vista.

C) Recibir de residentes depósitos a plazo.

D) Las cooperativas podrán asociarse con instituciones de similar naturaleza pertenecientes a los países signatarios del Tratado de Asunción en los términos de la reglamentación que dicta el Banco Central del Uruguay.

El Banco Central del Uruguay podrá restringir las operaciones que los bancos y las cooperativas de intermediación financiera pueden realizar en forma exclusiva, mediante el establecimiento de distintos tipos de habilitación.

Artículo 20.- Las personas privadas que infrinjan las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay serán pasibles, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiera, de las siguientes medidas:

1°) Observación.

2°) Apercibimiento.

3°) Multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la responsabilidad patrimonial neta mínima establecida para el funcionamiento de los Bancos.

4°) Intervención, la que podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las autoridades. Cuando la intervención vaya acompañada de la sustitución total de autoridades, implicará la caducidad de todas las comisiones o mandatos otorgados por ellas y la suspensión, durante veinte días hábiles, de todo tipo de plazo que pueda correrle a la empresa intervenida.

5°) Suspensión total o parcial de actividades con fijación expresa de plazo.

6°) Revocación temporal o definitiva de la habilitación de las empresas financieras.

7°) Revocación de la autorización para funcionar.

Las medidas previstas en los numerales 1°) a 6°) serán aplicadas por el Banco Central del Uruguay.

Las medidas establecidas en los numerales 4°) y 5°) así como las demás respecto de la señalada en el numeral 3°) serán acumulables.

La revocación de la autorización para funcionar será resuelta por el Poder Ejecutivo y deberá contar además en forma concurrente con expreso consentimiento en tal sentido del Banco Central del Uruguay. Ello sin perjuicio de la facultad de este último órgano público de proponer dicha revocación al Poder Ejecutivo por razones de legalidad o de interés público.

El Banco Central del Uruguay pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo las infracciones a las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o a las normas generales e instrucciones particulares que hubiera dictado, cometidas por instituciones estatales, así como las resoluciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, a fin de que considere la adopción de rectificaciones sobre la gestión o los actos de la institución infractora, o de correctivos sobre los miembros de su Directorio, de conformidad con el artículo 197 de la Constitución de la República.

Las instituciones infractoras serán pasibles de las medidas previstas en los numerales 1), 2) y 3) del inciso primero de este artículo.

Inciso final redacción dada por: Ley N° 17.613, de

27/12/2002 artículo 6.

Ley N° 16.713,

de 3 de setiembre de 1995

TITULO VIII

DE LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS FONDOS DE AHORRO PREVISIONAL

CAPITULO IV

DE LAS INVERSIONES

Artículo 123. (Inversiones permitidas).- El Fondo de Ahorro Previsional se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación y compatibilidad de plazos, de acuerdo con sus finalidades y respetando los límites fijados por la presente Ley y las normas reglametnarias.

Las Administraciones podrán invertir los recursos del Fondo de Ahorro Previsional en:

A) Valores emitidos por el Estado uruguayo, hasta el 60% (sesenta por ciento) del total del activo del Fondo de Ahorro Previsional;

B) Valores emitidos por el Banco Hipotecario del Uruguay e instrumentos de regulación monetaria emitidos por el Banco Central del Uruguay, hasta el 30% (treinta por ciento).

C) Depósitos a plazo en moneda nacional o extranjera que se realicen en las instituciones de intermediación financiera instaladas en el país, autorizadas a captar depósitos, hasta el 30% (treinta por ciento).

D) Valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas, valores o cuotapartes de fondos de inversión uruguayos. En todos los casos se requerirá que coticen en algún mercado formal y que cuenten con autorización del Banco Central del Uruguay. El máximo de inversión admitido al amparo del presente literal será del 25% (veinticinco por ciento).

E) Valores representativos de inversiones inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos que reúnan condiciones suficientes de retorno y seguridad, y que se encuentren debidamente garantizadas según determine la reglamentación del Banco Central del Uruguay y que estén radicados en el país, hasta el 20% (veinte por ciento).

F) Colocaciones en instituciones públicas o privadas, garantizadas por las mismas, a efectos de que estas concedan préstamos personales a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social, hasta dos años de plazo y tasa de interés no inferior a la evolución del Indice Medio de Salarios en los últimos doce meses, más cinco puntos porcentuales. El máximo del préstamo en estas condiciones no podrá superar los seis salarios de actividad o pasividad. El importe a prestar no excederá del 15% (quince por ciento) del activo del Fondo de Ahorro Previsional.

Las inversiones mencionadas en el literal A) podrán alcanzar hasta el 100% (cien por ciento) en el primer año de vigencia del régimen de ahorro, reduciéndose entre cinco y diez puntos porcentuales por año, hasta llegar al 60% (sesenta por ciento) mencionado.

La suma de las inversiones mencionadas en los literales B), C), D), E) y F) no podrá exceder del 20% (veinte por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional en el primer año, incrementándose entre cinco y diez puntos porcentuales anuales, hasta un máximo del 70% (setenta por ciento).

G) Operaciones que tengan por objeto la cobertura de riesgos financieros del fondo de ahorro provisional con las limitaciones y condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay, hasta el 10% (diez por ciento) del activo del fondo de ahorro previsional.

H) Valores de renta fija emitidos por organismos internacionales de crédito de los cuales el país sea miembro, en las condiciones que establezca la reglamentación que a tal efecto dicte el Poder Ejecutivo, por hasta el 15% (quince por ciento) del activo del fondo de ahorro previsional.

La suma de las inversiones mencionadas en los literales D), E) y F) no podrá exceder del 40% (cuarenta por ciento) del valor del Fondo de Ahorro Previsional.

Inciso final redacción dada por: Ley N° 17.243, de 29/06/2000 artículo 55.

Literal b) redacción dada por: Ley N° 17.243, de 29/06/2000 artículo 57.

Literal d) redacción dada por: Ley N° 17.202, de 24/09/1999 artículo 6.

Literal e) redacción dada por: Ley N° 17.243, de 29/06/2000 artículo 56.

Literales g) y h) agregado/s por: Ley N° 18.127, de 12/05/2007 artículo 3.

Reglamentado por: Decreto N° 399/995, de 03/11/1995.

Literal h) reglamentado por: Decreto N° 297/007, de 21/08/2007 artículo 1.

Ley N° 16.749,

de 30 de mayo de 1996

MERCADO DE VALORES

TITULO I

MERCADO DE VALORES

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1°.- La oferta pública de valores y sus respectivos mercados, bolsas e intermediarios, así como emisores de instrumentos de oferta pública, quedarán sometidos a las disposiciones de la presente Ley, a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

Las emisiones que realicen, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados industriales y comerciales, así como la Corporación Nacional para el Desarrollo, se ajustarán a la presente Ley, no siendo esta aplicable a los valores emitidos por el Estado y los Gobiernos Departamentales.

CAPITULO II

OFERTA PUBLICA DE VALORES

Artículo 2°. (Definiciones y alcance).- Se entiende por oferta pública de valores la invitación dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de este, a efectos de adquirir dichos valores.

Las emisiones privadas quedan excluidas de las disposiciones del presente Título. Se considerarán tales las emisiones de valores en las que se deje expresa constancia de su carácter privado, se coloquen en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas, sea o no a través de intermediarios de valores, y no se coticen en Bolsa ni se haga publicidad para su colocación. Quien realice emisiones privadas será responsable de aclarar expresamente que dichas emisiones no han sido registradas por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 3°. (Registro de Valores).- Solo podrá hacerse oferta pública de valores cuando estos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro de Valores que a esos efectos llevara el Banco Central del Uruguay.

Artículo 4°. (Inscripción en el Registro de Valores).- La solicitud de inscripción de valores de oferta pública en el Registro de Valores podrá ser presentada por la entidad emisora o por una Bolsa de Valores.

En caso de presentación de valores por la entidad emisora, corresponderá al Banco Central del Uruguay decidir en cuanto a su inscripción. El trámite para autorizar la inscripción de los valores no podrá exceder los treinta días corridos contados desde la fecha en que la solicitud fuera presentada. El plazo podrá suspenderse si fuera necesario demandar información adicional, reanudándose cuando se haya presentado la misma.

Vencido dicho plazo sin que haya mediado pronunciamiento del Banco Central del Uruguay el valor se considerará inscripto en el Registro de Valores y autorizado por la oferta pública.

La inscripción podrá igualmente ser presentada por una Bolsa de Valores, la que deberá haberla autorizado previamente, de acuerdo con las disposiciones contenidas en sus propios reglamentos. En estos casos, el plazo con que cuenta el Banco Central del Uruguay para decidir será de diez días corridos, vencido el cual sin que este se hubiera pronunciado, procederá la incorporación del valor al Registro mencionado.

Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo, tanto las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para los valores presentados directamente por la emisora para su inscripción, como los reglamentos que dicten las Bolsas para los valores presentados, ante las suyas, podrán prever requisitos diferenciales en atención al tipo de valor, de oferta, de inversor al cual va dirigida y de emisor de que se trate, asegurando por parte del emisor la debida información respecto de la caracte-rística de la emisión y del régimen al cual se encuentra sujeta.

Será responsabilidad de la Bolsa de Valores respectiva que el valor inscripto cumpla con los requerimientos establecidos en los reglamentos de la propia Bolsa de Valores autorizados por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 5°. (Divulgación de información).- Los emisores de valores objeto de oferta pública divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna, toda información esencial respecto de sí mismos, de los valores ofrecidos y de la oferta.

La reglamentación del Poder Ejecutivo, las normas generales e instrucciones del Banco Central del Uruguay, establecerán el contenido de la información y los requisitos para su divulgación, con la finalidad de que los potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados a los efectos de su decisión.

Artículo 6°. (Información reservada y confidencial).- Los emisores o intermediarios que hagan uso de información reservada o privilegiada, obtenida en razón de su cargo o posición, e ignorada por el mercado, para obtener ventajas con la negociación de valores, serán pasibles de las sanciones a que se refiere el Artículo 25 de la presente Ley, sin perjuicio de las acciones por daño a que ello diere lugar.

Serán pasibles de iguales sanciones y darán derecho a accionar civilmente por daños y perjuicios, los emisores o intermediarios que divulguen información falsa o tendenciosa sobre valores o emisiones con la finalidad de beneficiarse de ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación penal.

CAPITULO III

VALORES

Artículo 7°. (Definición).- Se entenderán por valores, a los efectos de la presente Ley, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento, que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes. Se incluyen en este concepto las acciones, obligaciones negociables, futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión.

Los valores de oferta pública, así como los valores de oferta privada emitidos en serie, podrán representarse por medio de títulos o registrarse mediante anotaciones en cuenta, denominándose en este caso valores escriturales.

Los valores escriturales podrán operar como fungibles de acuerdo con las condiciones que la reglamentación determine o las que faculte pactar a los interesados.

Artículo 8°. (Valores escriturales).- La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta requerirá el otorgamiento de un documento de emisión en el que constarán las características, los términos y las condiciones que corresponderán a los valores. El documento de emisión o copia certificada del mismo deberá depositarse ante la entidad que lleve el registro de valores escriturales, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

La entidad que lleve el registro de valores escriturales debe otorgar al suscriptor de dichos valores comprobantes de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que se inscriba en ella. Asimismo, el titular tendrá derecho a que se le entregue constancia del saldo y el estado de su cuenta.

Artículo 9°. (Titularidad y registro de valores escriturales).- Se presumirá titular legítimo aquel que resulte de los asientos del registro contable.

El registro de valores escriturales será atribuido a una única entidad por emisión. Esta podrá ser, a vía de ejemplo, una entidad de intermediación financiera, una Bolsa o una Caja de Valores, sin perjuicio del registro que el emisor pueda llevar por imposición legal reglamentaria.

Artículo 10. (Trasmisión de valores escriturales).- La trasmisión de los valores escriturales tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción en el registro de valores escriturales de la trasmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La trasmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la inscripción.

La entidad emisora solo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de valores escriturales, las excepciones que hubiere podido esgrimir en el caso de que los valores estuvieren representados por medio de títulos y aquellas que derivan del documento de emisión.

Artículo 11.- Las constancias que emite el registro, sea de la emisión, sea del saldo en cuenta, constituirán título suficiente para reclamar el cobro ejecutivo del precio o la propiedad del valor, respectivamente, en casos de incumplimiento.

Artículo 12. (Derechos reales).- La constitución de derechos reales u otra clase de gravámenes sobre valores escriturales deberá inscribirse en la cuenta correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho real será oponible a terceros desde el momento de su inscripción en el registro correspondiente.

CAPITULO IV

BOLSA DE VALORES

Articulo 13. (Definición).- Las Bolsas de Valores son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores mediante mecanismos de subasta pública, y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan de acuerdo con la Ley. Las Bolsas de Valores deberán adoptar precep-tivamente la forma jurídica de asociación civil o de sociedad anónima por acciones nominativas.

Artículo 14. (Autorización y registro).- Las Bolsas de Valores requerirán autorización del Banco Central del Uruguay para funcionar, debiendo registrarse ante el mismo, acreditando haber cumplido con los requisitos exigidos legal y reglamentariamente.

La autorización referida en el inciso anterior no será exigida a la Bolsa de Valores de Montevideo y a la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, bastando el registro en estos casos.

Artículo 15. (Autorregulación de las Bolsas).- Las Bolsas de Valores deberán dictar las normas necesarias para regular las operaciones bursátiles en todos sus aspectos y la actividad de los Corredores de Bolsa, estableciendo la información que los mismos deben brindar, y vigilando el estricto cumplimiento de las citadas normas, de manera de asegurar la existencia de un mercado competitivo, ordenado y transparente.

La autorregulación señalada es sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de reglamentar la presente Ley y del Banco Central del Uruguay de controlar el funcionamiento de las Bolsas de Valores y de impartir las normas generales e instrucciones particulares que estime necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en el inciso anterior.

CAPITULO V

INTERMEDIARIOS DE VALORES

Artículo 16. (Concepto).- Se consideran intermediarios de valores aquellas personas físicas o jurídicas que realizan en forma profesional y habitual operaciones de corretaje, de comisión u otras tendientes a poner en contacto a oferentes y demandantes de valores objeto de oferta pública.

Artículo 17. (Corredores de Bolsa y su régimen jurídico).- Los intermediarios que actúan como miembros de una Bolsa de Valores se denominan Corredores de Bolsa. Para ser Corredor de Bolsa se requerirá cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación de la respectiva Bolsa de Valores.

Artículo 18. (Responsabilidad y prueba).- Los intermediarios de valores deben verificar la identidad y la capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio y la autenticidad de los valores que negocien.

Los intermediarios de valores quedan personalmente obligados a pagar el precio de la compra o a hacer la entrega de los valores vendidos según las condiciones pactadas.

Los comprobantes, las minutas o las constancias que entreguen a sus clientes y las que se dieren recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurran a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba en contra del intermediario de valores que las emite.

Artículo 19. (Inaplicabilidad de la Ley N° 16.497, de 15 de junio de 1994, y de los Artículos 89 a 113 del Código de Comercio).- No serán aplicables a los intermediarios que integren alguna Bolsa de Valores las disposiciones de la Ley N° 16.497, de 15 de junio de 1994, y del Capítulo I (de los Corredores, Artículos 89 a 113 inclusive) del Título III del Libro Primero del Código de Comercio.

CAPITULO VI

REGULACION DEL MERCADO DE VALORES

Artículo 20. (Fines).- Corresponde al Banco Central del Uruguay velar por la transparencia, la competitividad y la autorregulación de los mercados de valores de oferta pública, así como por la adecuada información a los inversionistas.

Artículo 21. (Limitación de emisiones).- El Banco Central del Uruguay, en ejercicio de sus funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede limitar, con carácter temporario, la oferta pública de nuevas emisiones de valores. La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los límites de esta facultad.

La limitación no podrá exceder de tres días hábiles. El Poder Ejecutivo, por resolución fundada en el interés general y oída la opinión de las Bolsas de Valores, podrá autorizar la extensión de este plazo hasta diez días hábiles.

Artículo 22. (Regulación y fiscalización).- A los fines previstos por la presente Ley, el Banco Central del Uruguay, en el ámbito de su competencia, dictará las normas a las cuales deberán ajustarse los mercados y las personas físicas o jurídicas que intervengan en la oferta pública de valores y fiscalizará su cumplimiento.

Asimismo, el Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y fiscalizar la actividad de las entidades que se dediquen a calificar riesgos.

Artículo 23. (Atribuciones).- Para el ejercicio de las competencias previstas en la presente Ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las siguientes atribuciones:

A) Dictar normas tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente.

B) Llevar el registro de valores autorizados para oferta pública.

C) Requerir a las personas mencionadas en el Artículo 22 de la presente Ley, que brinden información con la periodicidad y bajo las formas que el Banco juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos; para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el secreto profesional.

D) Aplicar las sanciones previstas en el Artículo 25 de la presente Ley.

E) Participar en organismos internacionales en la materia de su competencia y celebrar convenios con dichos organismos, así como con entidades reguladoras de mercados de valores en otros países, con sujeción a las normas legales aplicables.

CAPITULO VIII

REGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 24. (Autorregulación disciplinaria de las Bolsas de Valores).- Las Bolsas de Valores establecerán el régimen disciplinario a adoptar con sus Corredores y con los emisores que coticen en ellas. Podrán ser aplicables las siguientes medidas, que deberán fundarse en todos los casos:

A) Observación.

B) Apercibimiento.

C) Suspensión de los Corredores de Bolsa.

D) Eliminación del registro de los Corredores de Bolsa

E) Suspensión de la autorización para cotizar.

F) Cancelación de la autorización para cotizar.

Una vez aplicada la medida correspondiente, la respectiva Bolsa dará cuenta al Banco Central del Uruguay de sus razones y fundamentos, solicitando la suspensión o la cancelación del registro del valor, cuando correspondiere.

Artículo 25. (Facultades sancionatorias del Banco Central del Uruguay).- En casos de transgresiones a las normas que no fueren pasibles de sanción bajo lo dispuesto en el Artículo 24 de la presente Ley, o que siéndolo no hubieren dado lugar a su aplicación, o cuya sanción se estime insuficiente por la gravedad de la falta, el Banco Central del Uruguay podrá imponer las sanciones que se establecen a continuación.

A cualquiera de las personas físicas o jurídicas intervinientes en la oferta pública de valores (emisores, bolsas, intermediarios, instituciones registrantes, custodios y calificadores):

1) Observación.

2) Apercibimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Central del Uruguay podrá imponer:

A) A los emisores:

1) Suspensión o cancelación de la cotización de los valores.

2) Suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta pública.

B) A las bolsas, intermediarios, instituciones registrantes, custodios y calificadores:

1) Multa de hasta UR 60.000 (sesenta mil unidades reajustables).

2) Suspensión o cancelación de sus actividades.

Solo podrá aplicarse acumulativamente a una misma persona y por un mismo caso, las sanciones previstas en el literal B) precedente.

No será aplicable lo dispuesto en el Artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, sin perjuicio de las facultades del Banco Central del Uruguay a solicitar, en lo pertinente, medidas judiciales.

Artículo 26. (Debido proceso).- Las sanciones a recaer en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 24 y 25 de la presente Ley, se determinarán para las distintas actividades, en función de la gravedad de la falta.

El procedimiento para la aplicación de sanciones deberá observar necesariamente y en todos los casos, las garantías del debido proceso, dándose vista de las respectivas actuaciones y posibilitándose un pleno ejercicio del derecho de defensa con articulación de descargos por parte del o de los afectados por la medida.

TITULO II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 27. (Entidades comprendidas).- Las sociedades comerciales, nacionales o extranjeras, y las cooperativas, podrán emitir obligaciones negociables conforme a las disposiciones de la presente Ley.

Previa autorización del Poder Ejecutivo, con informe del Banco Central del Uruguay, también podrán hacerlo, para financiar proyectos de inversión, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, así como las personas públicas no estatales. Asimismo, quedan comprendidas en esta autorización las asociaciones civiles, mediante resolución de su asamblea social, en las condiciones que determine el Banco Central del Uruguay.

Artículo 28. (Obligaciones negociables y debentures).- Deróganse los Artículos 435 a 446; 448 a 455; 458 a 463 y 465 a 473 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

CAPITULO II

TIPOS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Artículo 29. (Clases de obligaciones).- Podrán emitirse diversas clases de obligaciones negociables con derechos diferentes. Dentro de cada clase de otorgarán los mismos derechos.

La emisión podrá dividirse en series. No podrán emitirse nuevas series de la misma clase, mientras las anteriores no estén totalmente suscritas o no se hubiere cancelado el saldo no colocado.

Artículo 30. (Forma de las obligaciones).- Las obligaciones negociables podrán ser representadas en títulos al portador o nominativos, endosables o no. Los cupones podrán ser al portador, y deberán contener la numeración del título al cual pertenecen. También se podrán emitir obligaciones negociables escriturales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente Ley.

Artículo 31. (Obligaciones convertibles).- Las sociedades por acciones podrán emitir obligaciones negociables convertibles en acciones de la emisora, de acuerdo con las condiciones establecidas en el título valor o en el contrato de emisión, y con las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III

EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Artículo 32. (Títulos).- Los títulos, si los hubiere, o las condiciones de la emisión deben contener:

A) La denominación del título.

B) Lugar y fecha de su emisión así como la de su vencimiento.

C) El nombre y el domicilio del emisor, así como el lugar de pago, si no fuera el mismo que el domicilio.

D) El número de serie y de orden de cada título, así como el valor nominal que representa.

E) El monto y la moneda de la emisión.

F) El plazo.

G) La naturaleza de la garantía, si la hubiere.

H) Las condiciones y la oportunidad en que se efectuará la conversión en acciones, si la hubiere.

I) Las condiciones de amortización.

J) El interés y la forma de reajuste o actualización del valor del capital, si correspondiere.

K) En los casos que correspondiere, la firma del emisor o su representante.

Cuando se trate de obligaciones escriturales, los datos indicados precedentemente, así como el nombre del suscriptor, deberán transcribirse en los comprobantes de apertura y constancias de saldo.

Artículo 33. (Certificados globales).- Los emisores podrán emitir certificados globales de sus obligaciones negociables, cumpliendo con los requisitos del artículo anterior, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo.

Estos certificados se considerarán definitivos, negociables y divisibles.

Artículo 34. (Efecto jurídico de la adquisición de obligaciones negociables).- La adquisición de obligaciones negociables, importará la aceptación y la ratificación de todas las estipulaciones, las normas y las condiciones de la emisión y del contrato del fiduciario, si lo hubiere.

CAPITULO IV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CONVERTIBLES EN ACCIONES

Artículo 35. (Derecho de preferencia).- Los accionistas que tengan los derechos de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, podrán ejercerlos en la suscripción de las obligaciones negociables convertibles.

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los Artículos 326 a 330 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Artículo 36. (Aumento de capital).- La resolución sobre la emisión de obligaciones negociables convertibles debe incluir, asimismo, la decisión de aumentar el capital social en la cantidad necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión.

Artículo 37. (Cambio de calidad jurídica).- El tenedor que ejerza la opción de conversión será considerado accionista desde que la sociedad sea notificada de su decisión. Esta deberá entregar las acciones que le correspondan a certificados provisorios de las mismas dentro de los treinta días de verificada la opción.

Artículo 38. (Derecho de acrecer).- Cuando la sociedad celebre un convenio de colocación en firme de obligaciones negociables, convertibles en acciones con un agente intermediario, para su posterior distribución entre el público, la asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de acrecer, y reducir a no menos de quince días el plazo para ejercer la preferencia.

CAPITULO V

REPRESENTANTES

Artículo 39. (Fiduciario).- La emisora podrá, en cualquier momento, celebrar con una institución financiera o con una Bolsa de Valores u otras entidades especializadas autorizadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay, un convenio por el que estas tomen a su cargo la representación de los tenedores durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por los Artículos 456, 457 y 464 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

En los casos en que no se hubiere designado fiduciario, los obligacionistas podrán requerir la información a que refiere el Artículo 5° de la presente ley, al síndico de la sociedad. Si la entidad emisora careciera de síndico, las funciones de información serán ejercidas por el órgano o persona que determine la reglamentación o la Bolsa de Valores que haya autorizado la emisión.

CAPITULO VI

GARANTIAS

Artículo 40. (Garantías admitidas).- Pueden emitirse obligaciones negociables con cualquier tipo de garantía real o personal, cumpliendo con los requisitos formales que para cada tipo exija la Ley y con las estipulaciones contenidas en este Capítulo.

Las garantías se otorgarán antes de la fecha de emisión de las obligaciones, o simultáneamente con dicha emisión.

En ausencia de fiduciario, las garantías podrán cons-tituirse válidamente a favor de los futuros tenedores con la firma del emisor y con la del otorgante si fuere un tercero.

Para su inscripción en los Registros Públicos correspondientes, las garantías reales solamente individualizarán al emisor y a las obligaciones negociables a ser garantizadas, con indicación de su monto, fecha de vencimiento y demás condiciones que indique la reglamentación, sin necesidad de identificar a los tenedores.

En los casos de oferta pública y previo a la inscripción de la emisión, se deberá depositar en el Banco Central del Uruguay o ante quien este determine, copia auténtica del documento constitutivo de la garantía, en el que conste fehacientemente su inscripción en el Registro Público correspondiente, si fuere el caso. Tratándose de oferta privada, lo anterior podrá cumplirse ante cualquier entidad financiera de plaza. Los depositarios solo entregarán el referido documento para su cancelación al Juzgado competente en caso de acción judicial.

No será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley N° 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en la redacción dada por el Artículo 200 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Si la garantía consistiera en prenda con desplazamiento, la entrega de la cosa prendada se hará al fiduciario o a un depositario designado por el emisor, quien actuará en representación de los tenedores y será responsable ante estos conforme a derecho.

Artículo 41. (Normas supletorias).- A las obligaciones o debentures se les aplicarán, supletoriamente, las disposiciones sobre acciones y títulos valores en lo compatible.

Artículo 42. (Transferencias y cancelación de garantías).- Los derechos emergentes de las garantías, sean reales o personales, se transferirán de pleno derecho por la sola transmisión de la obligación negociable o de los cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna.

En la cancelación de garantías, cuando no concurra un fiduciario o no se obtuviere la conformidad unánime de los tenedores, la emisora deberá acreditar ante el Banco Central del Uruguay el pago o el rescate total de las obligaciones negociables, o la consignación de los importes ante el mismo Banco, sin requerirse previa oblación. El Banco Central del Uruguay emitirá una constancia de cancelación de la emisión para su representación ante el Registro correspondiente para que proceda a la cancelación de las garantías o ante el depositario o para la restitución de la cosa.

La consignación de los importes de las obligaciones por oferta privada deberá realizarse judicialmente.

Artículo 43. (Acción ejecutiva).- Los títulos representativos de las obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital y los intereses, así como para ejecutar las garantías otorgadas.

Artículo 44. (Prohibición a la emisora).- La emisora no podrá distribuir utilidades si se encontrare en mora en el pago de intereses o amortizaciones de las obligaciones negociables que hubiera emitido.

TITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45. (Cajas de valores).- Las entidades cuya actividad exclusiva es la de prestar servicios de liquida-ción, compensación, depósito y custodia de valores objeto de oferta pública, requerirán autorización del Banco Central del Uruguay, en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 46.- En la emisión de valores, en la que se deje expresa constancia de su oferta internacional, sean o no objeto de oferta pública, la entidad emisora podrá establecer libremente la Ley y jurisdicción aplicables a aquellos, cumpliendo con lo establecido en la presente Ley para su registro, si correspondiere.

Ello no obstará al derecho de los tenedores a elegir en todo caso la jurisdicción del domicilio del emisor.

Practicada la elección de jurisdicción, en uno u otro sentido, a través de la comparecencia ante los tribunales correspondientes, no podrá ser luego modificada.

Artículo 47. (Inversión en valores).- Las empresas comprendidas en los Artículos 1° y 2° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.237, de 11 de noviembre de 1992, que realicen actividades de intermediación financiera, podrán efectuar inversiones en obligaciones negociables objeto de oferta pública.

El Banco Central del Uruguay, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley citado, limitará y controlará dichas inversiones en las condiciones que determine la reglamentación.

Artículo 48.- Las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones y los Fondos Complementarios, creados por el Decreto-Ley N° 15.611, de 10 de agosto de 1984, podrán invertir parte de sus fondos en valores, objeto de la oferta pública y límites que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Artículo 49. (Caducidad del plazo por disolución de la sociedad).- Cuando la sociedad emisora de obligaciones se disuelva antes de que venza el plazo convenido para su pago, aquellas serán exigibles desde el día en que se haya resuelto o producido la disolución.

Artículo 50. (Prenda sin desplazamiento).- Los valores podrán ser garantizados con cualquier tipo de prenda sin desplazamiento de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico, sin ser aplicables las limitaciones que se refieren a la calidad del acreedor, naturaleza u objeto de la obligación garantizada.

Artículo 51. (Prohibición de recibir obligaciones en garantía).- En ningún caso la sociedad podrá recibir sus obligaciones en garantía.

Artículo 52. (Derogación).- Deróganse los Artículos 121 y 122 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, el Artículo 26 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, el inciso primero del Artículo 297 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, y las demás normas que se opongan a la presente Ley.

Artículo 53. (Regularización).- Las personas y las entidades mencionadas en los Artículos 13 y 16 de la presente Ley, que estén en funcionamiento a la fecha de su promulgación, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días contados a partir de dicha fecha, para adecuarse a estas normas.

Ley N° 17.613,

de 27 de diciembre de 2002

SECCION I

NORMAS SOBRE INTERMEDIACION FINANCIERA

CAPITULO II

POTESTADES DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COMO LIQUIDADOR DE SOCIEDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Artículo 16.- El Banco Central del Uruguay, en su carácter de liquidador, podrá disponer que con activos y pasivos del intermediario en liquidación que a tal efecto determine, se constituyan uno o más fondos de recuperación de pa-trimonios bancarios, que se regirán en lo pertinente por la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996 y su modificativa N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999.

Los fondos de recuperación de patrimonios bancarios estarán constituidos por el aporte de créditos contra la sociedad en liquidación, invertidos en los créditos de la misma sociedad contra terceros; no regirán a estos efectos los requisitos de homogeneidad o analogía ni de garantía contenidos en el inciso primero del artículo 30 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 17.202, de 24 de setiembre de 1999. Los créditos contra la sociedad se transformarán en aportes al fondo por su importe calculado con valor a la fecha de constitución del fondo de acuerdo a lo pactado originariamente con la sociedad de intermediación, o en su caso de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la presente ley, y sus titulares serán cuotapartistas del patrimonio de afectación a prorrata de ese monto. Podrán emitirse cuotapartes de condominio, de crédito o mixtas, según se establezca en el reglamento respectivo. Los deudores de la sociedad de intermediación financiera pasarán a serlo del patrimonio de afectación en las condiciones pactadas con la entidad en liquidación.

Los reglamentos de los fondos de recuperación de patrimonios bancarios podrán establecer los tipos de medios de pago o valores que los cuotapartistas recibirán en virtud de sus cuotas.

El Banco Central del Uruguay publicará la constitución del fondo de recuperación en el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Con esa publicación, se entenderán transferidos al fondo de pleno derecho, en la fecha de la última publicación, todos los derechos y obligaciones, sin títulos y garantías, que ya sea como aportes al fondo de recuperación o como el objeto de su inversión, resultaren de su constitución, transferencia que se hará constar expresamente en todas las publicaciones; y desde ese momento, todas las referencias documentales y registrales relativas a los derechos y obligaciones transferidos al fondo de recuperación se entenderán hechas a este.

La denominación del fondo de recuperación permitirá identificar su origen en las operaciones de la institución intermediaria de la cual procede.

Los patrimonios de los fondos de recuperación de patrimonios bancarios no responderán por las deudas de los cuotapartistas, de las sociedades administradoras o depositarias, ni por las demás deudas de la sociedad de intermediación financiera en liquidación.

Artículo 17.- El Banco Central del Uruguay podrá ad-ministrar por sí los fondos a que refiere el artículo anterior, o encomendar esa administración o la de activos incluidos en el fondo mediante un procedimiento competitivo a una institución bancaria, o a una de las sociedades reguladas por los artículos 5° y siguientes de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996. La remuneración de la entidad administradora será con cargo a los fondos administrados; su monto se acordará con el Banco Central del Uruguay.

Al encomendarle la administración, el Banco Central del Uruguay determinará las facultades de que el administrador del fondo estará investido para la mejor gestión y recuperación de los créditos contra terceros, pudiendo incluir la de efectuar quitas y esperas, renovar créditos y celebrar acuerdos de pago referidos a los créditos, y vender como universalidades o formando parte de ellas activos o pasivos comprendidos en el fondo que a tal efecto determine; debiendo adoptar la solución que en cada caso posibilite la mejor recuperación en beneficio del fondo en atención a las circunstancias del caso.

La responsabilidad de los administradores de fondos de recuperación de patrimonios bancarios se regirá, según corresponda, por los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República, o por lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996.

Artículo 18.- En el mismo carácter de liquidador, el Banco Central del Uruguay podrá vender como universalidades, cuotas partes del patrimonio de las sociedades en liquidación que a tal efecto determine, pudiendo incluir activos líquidos. Las ventas se realizarán por el procedimiento competitivo que determine el Banco Central del Uruguay por razones de buena administración, respetando los principios de igualdad de los interesados y publicidad, y se adjudicarán al oferente que proponga la mejor contraprestación.

Si activos o pasivos comprendidos en la o las cuotas vendidas se hubieran incluido en un fondo de recuperación de patrimonios bancarios de los previstos en el artículo 16 de la presente ley, el Banco Central del Uruguay, como liquidador, o en su caso el administrador del fondo conforme al inciso segundo del artículo anterior, podrá proceder a desglosarlos del mismo y transferirlos al comprador en la forma que corresponda conforme a derecho, siempre que se mantenga razonablemente la proporción entre aportes y activos del fondo existente al momento de su constitución, ya sea volcando el precio percibido en el fondo de recuperación que esos activos y pasivos integraban, o mediante otra compensación, todo ello apreciado conforme a las reglas de contabilización y valoración de activos y pasivos de las entidades de intermediación financiera del Banco Central del Uruguay y, en su defecto, las demás generalmente admitidas.

A los efectos del inciso anterior, no regirá para la sociedad administradora del fondo de recuperación de patrimonios bancarios o de activos incluidos en él, la prohibición del inciso primero del artículo 12 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996.

Ley N° 18.125,

de 27 de abril de 2007

CAPITULO II

DE LA AGENCIA NACIONAL DE VIVIENDA

Sección V

Privilegios para la gestión y recuperación de créditos

Artículo 34. (Privilegio en la gestión y recuperación de créditos).- Respecto de los créditos originados en otras instituciones, así como sus novaciones o refinanciaciones, la Agencia, en su carácter de acreedor, administrador o fiduciario -en este último caso, solo si el beneficiario es público-, tendrá los mismos privilegios que la entidad que concedió el crédito, comprendidos el derecho de ordenar la retención de sueldos y prestaciones de seguridad social, venta extrajudicial de bienes hipotecados, rescisión administrativa de promesas de compraventa de inmuebles, y otros que pudieran corresponder legalmente.

Respecto de otros créditos que gestione la Agencia, la recuperación de créditos se regirá por lo dispuesto en el Capítulo III de esta ley.

La orden de retención que disponga la Agencia tendrá igual prioridad que el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), y cuando concurra con una orden similar del BHU, se priorizará la que proceda del crédito más antiguo.

CAPITULO III

EJECUCION JUDICIAL SIMPLIFICADA DE CREDITO HIPOTECARIO PARA VIVIENDA

Sección I

Ambito de aplicación

Artículo 35. (Delimitación de la presente ejecución).- La presente ejecución se confiere a los créditos, por suma de dinero líquida y exigible, garantizados con hipoteca destinados a la adquisición, construcción, refacción o ampliación de vivienda, documentados en instrumento único, otorgados a partir de la vigencia de la presente ley, por instituciones de intermediación financiera, públicas o privadas, así como fideicomisos financieros y siempre que dicho acreedor sea primer preferente al cobro en el inmueble.

Artículo 36. (Excepciones al presente régimen).- La ejecución de otros créditos hipotecarios se regirá por lo previsto en los artículos 377 y siguientes del Código General del Proceso.

La ejecución de créditos hipotecarios otorgados con anterioridad a la vigencia de esta ley se regirá por el régimen que le corresponda, sea judicial o extrajudicial.

Ley N° 18.401,

de 24 de octubre de 2008

TITULO I

MISION Y AUTONOMIA DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

CAPITULO I

AUTONOMIA DEL BANCO

Artículo 1°.- Sustitúyense los artículos 1°, 3°, 5°, 8°, 14 y 19 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, por los siguientes:

"ARTICULO 1°. (Naturaleza jurídica).- El Banco Central del Uruguay, creado por el artículo 196 de la Constitución de la República, es un Ente Autónomo y dotado de autonomía técnica, administrativa y financiera en los términos de la Constitución y de la presente Ley Orgánica, sus complementarias y modificativas.

Cada vez que en la presente ley se use la expresión "Banco" se entenderá que se alude al Ente público mencionado en este artículo.

ARTICULO 3°. (Finalidades).- El Banco Central del Uruguay tendrá como finalidades primordiales:

A) La estabilidad de precios que contribuya con los objetivos de crecimiento y empleo.

B) La regulación del funcionamiento y la supervisión del sistema de pagos y del sistema financiero, pro-moviendo su solidez, solvencia, eficiencia y desarrollo.

ARTICULO 5°. (Representación).- La representación del Banco y del Directorio estará confiada al Presidente, asistido del Secretario General.

ARTICULO 8°. (Capital).- El capital del Banco se fija en 5.000:000.000 UI (cinco mil millones de unidades indexadas).

La diferencia entre esta suma y el patrimonio neto de la Institución, según su estado de situación patrimonial a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, será aportada por el Poder Ejecutivo.

Por decisión unánime del Directorio del Banco y previa autorización del Poder Ejecutivo podrán incorporarse al capital las reservas a que refiere el artículo siguiente.

En caso de que el capital del Banco cayera por debajo del monto establecido precedentemente, el Poder Ejecutivo informará y presentará al Parlamento en el ejercicio siguiente un plan de capitalización.

ARTÍCULO 14. (Integración del Directorio).- El Directorio del Banco estará integrado por cinco miembros que serán designados conforme al artículo 187 de la Constitución de la República, entre ciudadanos que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento de la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño.

ARTICULO 19. (Inelegibilidades).- No podrán ser nombrados miembros del Directorio ni mantenerse en dicho cargo:

A) Las personas que no estén en ejercicio de la ciudadanía natural o que no tengan al menos cinco años de ejercicio de la ciudadanía legal.

B) Los menores de veinticinco años de edad.

C) Las personas en régimen de quiebra o concurso o que fueran directores o administradores de sociedades en situación de quiebra, liquidación o concurso, siempre que hubieran sido encontrados responsables de acciones fraudulentas o de ocultamiento de información.

D) Las personas que hayan incurrido en irregularidades comprobadas o notorias en el medio financiero.

E) Las personas que hayan sido condenadas por delitos que pudieran tener conexión con la función pública.

F) Las personas que a la fecha de su designación sean propietarias, accionistas, directores, socios, administradores o empleados de instituciones reguladas por el Banco".

Artículo 2°. (Comité de Coordinación Macroeconómica).- Habrá un Comité de Coordinación Macroeconómica, el cual estará integrado por el Ministro de Economía y Finanzas y otros dos funcionarios de su Cartera que este designe y por tres miembros del Directorio del Banco Central del Uruguay, incluido su Presidente.

Las funciones de dicho Comité serán:

A) La puesta en común de información relacionada con las competencias bancocentralistas y la política económica general.

B) El establecimiento de la meta de estabilidad de precios a cuyo cumplimiento se comprometa el Banco y del régimen cambiario general.

En caso de no existir acuerdo entre los representantes del Banco y del Ministerio, se estará a lo que resuelva el Poder Ejecutivo.

Artículo 3°.- Sustitúyese el nombre del Capítulo IX de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, por el siguiente: "Relaciones con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo".

Artículo 4°.- El artículo 48 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, que fuera derogado por el artículo 6° de la Ley N° 16.812, de 14 de marzo de 1997, tendrá el siguiente texto:

"ARTICULO 48. (Informe al Poder Legislativo).- El 1° de marzo de cada año, el Directorio del Banco presentará a la Asamblea General un informe escrito, que podrá ser ampliado verbalmente, rindiendo cuenta de su actuación, la que incluirá un detalle de las actividades realizadas en el año anterior, una evaluación de los resultados obtenidos en relación a las finalidades perseguidas, y los planes para el año en curso".

CAPITULO II

OTRAS MODIFICACIONES A LA CARTA ORGANICA DEL BANCO

Artículo 5°.- Sustitúyense los artículos 6°, 9° y 12 (literal C), 13, 15 (literal E), 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 43, 47, 53, 57 (inciso segundo) y 58 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, por los siguientes:

"ARTICULO 6°. (Garantía del Estado).- Todas las obligaciones del Banco gozarán de la garantía del Estado. El Banco estará exento de toda clase de tributos nacionales, aun de aquellos previstos en leyes especiales, exceptuadas las contribuciones de seguridad social.

ARTICULO 9°. (Reserva).- Al cierre del ejercicio se cuantificarán las utilidades netas. Con posterioridad al cierre del ejercicio, las utilidades netas provenientes del ajuste en el valor de los activos y pasivos en moneda extranjera, oro y derechos especiales de giro u otras canastas de monedas, resultantes de la variación de las cotizaciones de la unidad de cuenta en que se encuentran nominados, será destinada a crear una reserva especial, como máximo hasta la suma concurrente con las utilidades netas del ejercicio.

El remanente de las utilidades netas, una vez cumplido lo dispuesto en el inciso anterior, se destinará por su orden a:

1) Cubrir los déficit que se hubieran acumulado en ejercicios anteriores.

2) Reservas hasta una cantidad equivalente al 25% (veinticinco por ciento) de las utilidades netas del ejercicio.

El saldo remanente de las utilidades netas se acreditará a la cuenta Tesoro Nacional del Poder Ejecutivo, previa compensación de los créditos impagos que este último mantenga con el Banco.

ARTICULO 12.-

C) Proyectar las normas estatutarias relativas a los funcionarios del Banco, de acuerdo con el artículo 63 de la Constitución de la República.

ARTICULO 13. (Reglamento).- El funcionamiento administrativo del Banco estará regido por un Reglamento General, que será dictado por el Directorio, y abarcará todos los aspectos relativos a la organización administrativa de la institución y a sus atribuciones, así como a las diversas funciones y deberes de los funcionarios de mayor jerarquía del Ente y de las divisiones administrativas no especificadas en la presente ley.

ARTICULO 15.-

E) Firmar el balance anual luego de su aprobación por el Directorio y remitirlo al Tribunal de Cuentas para su visado conforme al artículo 191 de la Constitución de la República, a efectos de su publicación dentro de los siguientes 120 (ciento veinte) días corridos desde el cierre del ejercicio.

ARTICULO 24. (Auditoría Interna-Inspección General).- El Directorio nombrará un Auditor Interno-Inspector General, que dependerá de dicho órgano y desarrollará una actividad independiente y objetiva destinada a asesorar, dar seguridad y agregar valor a las operaciones del Banco en un contexto de mejoramiento continuo, procurando asegurar los procesos de gestión, administración de riesgos y sistema de control interno, y se hará cargo de:

A) Analizar y evaluar las operaciones, procedimientos, actividades y sistemas del Banco así como su consistencia con las políticas del Organismo y con el marco normativo aplicable.

B) Examinar y evaluar la confiabilidad e integridad de los estados contables, el presupuesto y el balance de ejecución presupuestal remitidos por el Directorio y hacer recomendaciones sobre los mismos.

C) Monitorear el cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

D) Verificar la existencia y protección de los activos del Banco.

E) Realizar las investigaciones y sumarios administrativos dispuestos en la órbita del Banco.

F) Señalar a la atención del Directorio todos los asuntos que, a su juicio, deban ser considerados y hacer recomendaciones sobre cualquier asunto que el Directorio le remita.

ARTICULO 25. (Mercado de dinero y de cambios).- El Banco regulará el funcionamiento del mercado de dinero y de cambios.

ARTICULO 27. (Otros instrumentos de política monetaria).- Corresponde al Banco ejecutar la política monetaria en forma acorde con las finalidades enunciadas en el artículo 3° de la presente ley, para lo cual podrá:

A) Realizar operaciones de mercado abierto en valores negociables de oferta pública, sean públicos o privados.

B) Fijar los encajes mínimos que deberán mantener los bancos y otras instituciones receptoras de depósitos en el Banco Central en relación a sus depósitos y otras obligaciones análogas, tanto en moneda nacional como extranjera, así como los activos que podrán componerlos y demás condiciones pertinentes.

C) Comprar y vender moneda extranjera, metales preciosos y otros activos financieros externos.

D) Aplicar mecanismos de descuentos, redescuentos, adelantos, repos y repos revertidos, así como todo instrumento financiero conducente al logro de las señaladas finalidades.

ARTICULO 30. (Reservas internacionales del Banco).- El Banco determinará el nivel adecuado y administrará los activos externos de reserva, los que estarán compuestos por activos aceptados para tal fin por la práctica internacional. Para ello, el Banco tomará debidamente en cuenta el riesgo, la liquidez y la rentabilidad de los distintos activos que la compongan.

El Banco podrá percibir un arancel en el caso de gestionar activos externos de reserva por cuenta de otras entidades públicas o privadas.

ARTICULO 31. (Nivel de los activos de reserva).- Si las reservas internacionales disminuyen o si el Directorio considera que es inminente su disminución, al punto de resultar inadecuadas a las transacciones internacionales de la República, el Banco deberá informar inmediatamente al Poder Ejecutivo sobre la posición de reservas y de las causas que han motivado o puedan motivar ese descenso, así como las recomendaciones que considere necesarias para remediar la situación.

ARTICULO 32. (Inventario de compromisos externos).- El Banco se encargará de mantener un inventario actualizado de todas las obligaciones financieras externas contraídas o garantizadas por el Estado. Asimismo, podrá recopilar datos sobre los préstamos externos a otros Entes públicos y personas privadas, residentes en el territorio nacional.

ARTICULO 33. (Comité de Política Monetaria).- Dentro del Banco, habrá un Comité de Política Monetaria, el cual estará integrado por tres miembros del Directorio y otros tres funcionarios de jerarquía designados por el Directorio en atención a sus tareas específicas en materia monetaria.

Las funciones de dicho Comité serán:

A) El asesoramiento al Directorio para la determinación de los lineamientos y los parámetros de la política monetaria.

B) El seguimiento y la evaluación del mercado monetario, la situación macroeconómica de corto plazo y el programa financiero.

ARTICULO 43. (Informe de Política Monetaria).- El Banco publicará, al menos trimestralmente en ocasión de la reunión del Comité de Política Monetaria, un Informe de Política Monetaria, el cual incluirá:

A) Un análisis de inflación.

B) Los fundamentos y metas instrumentales de su política monetaria durante el horizonte de planificación.

C) Un análisis del contexto macroeconómico, incluyendo crecimiento y empleo, y del balance de riesgos en el cual este se desarrolla.

D) La evaluación de la gestión monetaria en el período anterior, en función de las metas proyectadas y alcanzadas.

ARTICULO 47. (Límite de valores públicos).- El Banco solo podrá dar créditos al Poder Ejecutivo o a cualquier persona jurídica pública a través de la compra, por cuenta propia, de valores de emisión pública.

Las compras de dichos valores en cada año por parte del Banco no podrán superar el equivalente al 10% (diez por ciento) de los egresos del Presupuesto Nacional, efectivamente realizados en el ejercicio anterior. Tampoco podrá superar dicho monto la tenencia de dichos valores en cualquier momento. A los efectos de este cálculo se computarán los valores a su valor nominal y respecto al máximo no se incluirán los egresos correspondientes al servicio de la Deuda Pública (Inciso 30 - Amortización de la Deuda Pública).

ARTICULO 53. (Estados contables anuales).- El Banco presentará al Poder Ejecutivo el estado de situación patrimonial al cierre de cada ejercicio financiero anual y el estado de resultados correspondiente a dicho ejercicio dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente, elaborados de acuerdo con criterios técnicos adecuados a la naturaleza de un Banco Central, y acompañados de un dictamen de auditoría externa.

Los mencionados estados contables serán publicados, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 de la Constitución de la República, una vez comunicados al Poder Ejecutivo y visados por el Tribunal de Cuentas.

ARTICULO 57.- El Banco podrá aplicar multas a toda persona o entidad que no presente la información legalmente requerida por el mismo, o que presente información incompleta o inexacta. El monto de la multa oscilará entre 10.000 UI (diez mil unidades indexadas) y 20.000 UI (veinte mil unidades indexadas), tratándose de personas jurídicas, y será de 4.000 UI (cuatro mil unidades indexadas) en caso de personas físicas. El pago de la multa no exonera de la obligación de presentar la información solicitada.

ARTICULO 58. (Estado de situación patrimonial).- El Banco elaborará un estado de situación patrimonial al último día del mes de entrada en vigencia de la presente ley, visado por el Tribunal de Cuentas, a fin de determinar el patrimonio de la Institución a esa fecha."

Artículo 6°.- Sustitúyese el nombre del Capítulo VI de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, por el siguiente: "Prestamista de última instancia".

Artículo 7°.- Los artículos 36 y 37 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, serán sustituidos por el artículo 34 bajo el título establecido en el artículo anterior, con la siguiente redacción:

"ARTICULO 34. (Préstamos de última instancia).- El Banco es el prestamista de última instancia de las instituciones de intermediación financiera y en casos extremos podrá actuar como tal. En tal carácter podrá comprar, descontar, redescontar o realizar préstamos garantizados sobre la base de letras de cambio, vales y pagarés girados o librados con fines comerciales, industriales o agrícolas, que venzan dentro de los siguientes 180 (ciento ochenta) días y que lleven dos o más firmas autorizadas, de las cuales, por lo menos una sea la de una institución de intermediación financiera.

Los términos y condiciones de estas operaciones serán determinados por el voto conforme de cuatro miembros del directorio, no pudiendo exceder los 90 (noventa) días en el caso de los préstamos garantizados. En todos los casos deberá contarse con la garantía personal o real de solvencia comprobada, por parte de la institución asistida, no pudiendo dichas operaciones superar una vez y media el monto de su patrimonio neto.

Para poder considerar un préstamo de las características establecidas en este artículo, el Directorio deberá contar con informes de la Superintendencia de Servicios Financieros y de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario. Esta última podrá, con la debida fundamentación, solicitar al Directorio del Banco la limitación de la asistencia a porcentajes menores al tope anteriormente establecido".

TITULO II

SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO

CAPITULO I

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS

Artículo 8°.- Sustitúyese el nombre del Capítulo VII de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, por el siguiente: "Superintendencia de Servicios Financieros".

Dicho título se ubicará luego del nuevo artículo 34.

Artículo 9°.- Insértanse como nuevos artículos 36 y 37 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, los siguientes:

"ARTICULO 36. (Organización y funcionamiento de la supervisión).- Habrá una Superintendencia de Servicios Financieros, que estará a cargo de un Superintendente, con adecuada formación profesional y universitaria, prestigio e idoneidad técnica, que actuará por un período de ocho años en sus funciones, y cuya designación y cese serán dispuestos por el Directorio del Banco, con cuatro votos conformes.

Dicha Superintendencia dependerá directamente del Directorio del Banco y actuará con desconcentración y con autonomía técnica y operativa.

No obstante, el Directorio del Banco podrá avocar en cualquier momento el dictado de normas generales relativas al sistema financiero a que refiere el literal A) del artículo 38 y la aprobación de los planes de recomposición patrimonial o adecuación que presenten las empresas supervisadas a que refiere el literal G) del artículo 38, así como podrá revocar de oficio y modificar los actos administrativos que dicte la Superintendencia en el ejercicio de la competencia que le atribuyen dichos literales.

La Superintendencia establecerá la organización funcional de sus servicios, y tendrá iniciativa ante el Directorio para la designación de su personal previamente seleccionado, así como para disponer su destino interno, conforme a las normas presupuestales y al Estatuto del funcionario del Banco.

Asimismo, podrá delegar atribuciones en funcionarios de su directa dependencia mediante resolución fundada, pudiendo avocar en cualquier momento los asuntos que fueron objeto de delegación.

ARTICULO 37. (Entidades supervisadas).- El Banco ejercerá la regulación y fiscalización de las entidades que integran el sistema financiero, cualquiera sea su naturaleza jurídica y dispongan o no de personería jurídica, a través de la Superintendencia de Servicios Financieros.

A estos efectos se definen como entidades integrantes del sistema financiero las siguientes:

A) Las instituciones que integran el sistema de intermediación financiera.

B) Entidades que presten servicios financieros de cambio, transferencias domésticas y al exterior, servicios de pago y cobranzas, servicios de cofres, créditos y otras de similar naturaleza, exceptuando a las reservadas a las instrucciones de intermediación financiera. Estas entidades solo podrán financiarse con recursos propios o a través de instituciones de intermediación financiera.

C) Las casas de cambio, que podrán realizar actividades de cambio y conexas, transferencias domésticas, venta de cheques de viajero y servicios de cobranza y pagos.

D) Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y los fondos que administran.

E) Las empresas de seguros y reaseguros y las mutuas de seguros.

F) Las bolsas de valores, los intermediarios de valores y las entidades de custodia o de compensación y de liquidación de valores.

G) Las administradoras de Fondos de Inversión, los fiduciarios profesionales, los Fondos de Inversión y los fideicomisos financieros de oferta pública.

La Superintendencia de Servicios Financieros también reglamentará y controlará a los emisores de oferta pública de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 16.749, de 2 de mayo de 1996.

La Superintendencia de Servicios Financieros también reglamentará y controlará la actividad de aquellas entidades no incluidas en la enunciación precedente que:

I) Realicen colocaciones e inversiones financieras con recursos propios o que reciben financiamiento a través de instituciones de intermediación financiera.

II) Se limiten a aproximar o asesorar a las partes en negocios de carácter financiero sin asumir obligación o riesgo alguno.

III) Presten servicios de transferencias de fondos.

IV) Personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 20 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004.

V) Presten servicios auxiliares para el sistema financiero, tales como las auditorías externas, calificadoras de riesgo y procesadoras de datos.

La reglamentación y fiscalización de las entidades comprendidas en los numerales I) y II) del inciso precedente se limitarán a otorgar la adecuada información a los consumidores, procurar la protección de los mismos respecto a las prácticas abusivas y la prevención en el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La reglamentación y fiscalización de actividades de las entidades comprendidas en los numerales III) y IV) del inciso precedente se limitarán a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La reglamentación y fiscalización de las entidades comprendidas en el numeral V) del inciso precedente se harán en tanto las mismas realicen trabajos para entidades supervisadas".

Artículo 10. (Unidad de Información y Análisis Financiero).- En el ámbito de la Superintendencia de Servicios Financieros, funcionará una Unidad de Información y Análisis Financiero, a la cual corresponderá:

A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos por la normativa vigente. (*)

B) Dar curso, a través de los organismos competentes en cada caso y de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, a las solicitudes de cooperación internacional en la materia.

C) Brindar asesoramiento en materia de programas de capacitación a que refiere el artículo 74 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporado por la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, y demás normas concordantes.

D) Proponer normas generales e instrucciones particulares en la materia que le es atribuida.

E) Ejecutar los cometidos previstos en la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, los que le asigne la Superintendencia y los demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Literal A) redacción dada por: Ley N° 18.494 de 05/06/2009 artículo 12.

CAPITULO II

NORMAS DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION

Artículo 11.- Sustitúyanse los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, por los siguientes:

"ARTICULO 38. (Cometidos y atribuciones de la Superintendencia).- La Superintendencia de Servicios Financieros tendrá, respecto de las entidades supervisadas, todas las atribuciones que la legislación vigente y la presente ley le atribuyen según su actividad.

En especial, corresponderá a la Superintendencia de Servicios Financieros:

A) Dictar normas generales de prudencia, así como instrucciones particulares, tendientes a promover la estabilidad, solvencia, transparencia y el funcionamiento ordenado y competitivo de las entidades supervisadas y de los mercados en que actúan, así como para la protección de los consumidores de servicios financieros y la prevención y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

B) Habilitar la instalación de entidades supervisadas a que refieren los literales A), D) y E) del inciso primero del artículo anterior, una vez autorizadas por el Poder Ejecutivo.

C) Otorgar la autorización para funcionar de las entidades supervisadas a que refieren los literales B), C) y F) del inciso primero del artículo anterior, de acuerdo con razones de legalidad, de oportunidad y de conveniencia, revocarla en caso de infracciones graves, y reglamentar su funcionamiento.

D) Autorizar la apertura de dependencia de entidades supervisadas ya instaladas.

E) Emitir opinión o decidir según corresponda sobre los proyectos de fusiones, absorciones y toda otra transformación de entidades supervisadas, debiendo contar para ello con la opinión al respecto de la Corporación de Protección del Aho-rro Bancario, con respecto a aquellas entidades que realicen aportes al fondo administrado por esta.

F) Autorizar la emisión y transferencia de acciones de las entidades supervisadas organizadas como sociedades anónimas, debiendo contar para ello con la opinión al respecto de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, con respecto a aquellas entidades que realicen aportes al fondo administrativo por esta.

G) Aprobar los planes de recomposición patrimonial o adecuación que presenten las entidades supervisadas, debiendo contar para ello con la opinión al respecto de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, con respecto a aquellas entidades que realizan aportes al fondo administrado por esta.

H) Requerir a las entidades supervisadas que le brinden información con la periodicidad y bajo la forma que juzgue necesaria, así como la exhibición de registros y documentos.

I) Establecer el régimen informativo contable al que deberán ceñirse las entidades supervisadas.

J) Reglamentar la publicación periódica de los estados contables y otras informaciones de las entidades supervisadas.

K) Evaluar periódicamente la situación económico-financiera de las entidades supervisadas, el permanente cumplimiento de las normas vigentes y la calidad de la gestión de dichas entidades.

L) Aplicar sanciones de observaciones, apercibimientos y multas de hasta el 10% (diez por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica de los bancos, a las entidades enumeradas en el artículo anterior que infrinjan las leyes y de-cretos que rijan su actividad o las normas generales o instrucciones particulares dictadas a su respecto.

M) Proponer al Directorio la aplicación de sanciones pecuniarias más graves o de otras medidas, tales como la intervención, la suspensión de actividades o la revocación de la autorización o de la habilitación para funcionar a las entidades enumeradas en el artículo anterior que infrinjan las leyes y decretos que rijan su actividad o las normas generales o instrucciones particulares dictadas a su respecto, pudiendo también recomendar al Directorio que gestione ante el Poder Ejecutivo la revocación de la autorización para funcionar cuando corresponda.

N) Disponer la instrucción de sumarios al personal superior de cualesquiera de las entidades supervisadas y proponer al Directorio la adopción de las sanciones que puedan corresponder en caso de infracciones, con las facultades previstas en el artículo 23 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus modificativas.

O) Otorgar la no objeción para la designación del personal superior de cualesquiera de las entidades supervisadas en los casos que establezca la reglamentación que se dicte atendiendo a la jerarquía funcional de los sujetos comprendidos.

P) Requerir a las entidades supervisadas reestructuras de su organización y desplazamientos o sustituciones de su personal superior así como modificaciones a la estructura y composición del capital accionario.

Q) Ejercer el control en base consolidada de las entidades supervisadas, teniendo en cuenta su operativa en el país y en el exterior.

R) Llevar los registros que las leyes establecen y habilitar los que estime necesarios para el adecuado funcionamiento del sistema financiero, autorizando la inscripción en los mismos de quienes cumplan los requisitos correspondientes y disponiendo la cancelación de la misma cuando corresponda por la finalización de su objeto o cuando se infrinjan las leyes y decretos que rijan su actividad o las normas generales o instrucciones particulares dictadas a su respecto.

S) Acordar bases de entendimiento con la Corporación de Protección del Ahorro Bancario a fin de coordinar acciones tendientes al eficiente funcionamiento del sistema financiero y cabal cumplimiento de los fines que le son comunes.

T) Divulgar la información sobre personas, empresas e instituciones contenida en los registros que se encuentren a su cargo, lo que en ningún caso implicará dar noticia sobre fondos y valores que se encuentren depositados en el sistema financiero nacional, o custodiados en las entidades supervisadas, ni tampoco sobre las declaraciones juradas presentadas por los accionistas, los directores y el personal superior de las entidades supervisadas.

U) Suscribir acuerdos de cooperación con organismos financieros internacionales u organismos de supervisión de países extranjeros en las áreas propias de sus cometidos y atribuciones.

V) Desarrollar las funciones encomendadas legalmente al Banco con la finalidad de combatir los delitos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo previstos por la normativa vigente.

W) Atender los reclamos de los consumidores de las empresas supervisadas.

ARTICULO 39. (Planificación de Actividades).- La Superintendencia deberá proponer al Directorio para su aprobación:

A) Los criterios y políticas que aplicará en el ejercicio de sus competencias.

B) Un plan de trabajo anual que guiará su accionar, incluyendo la evaluación del plan de trabajo del año anterior, sobre el cual deberá rendir cuentas.

ARTICULO 40. (Memoria y Plan de Actividades de la Superintendencia).- La Superintendencia publicará, con una periodicidad al menos anual, una Memoria y Plan de Actividades, que incluirá:

A) Un análisis de la situación del sistema financiero.

B) La evaluación de las actividades desarrolladas en función de las metas establecidas.

C) La política de regulación y supervisión.

D) Un plan anual que incluya metas y actividades para el siguiente año.

ARTICULO 41. (Comité de Regulación y Supervisión).- Dentro del Banco, habrá un Comité de Regulación y Supervisión, el cual estará integrado por dos miembros del Directorio, el Superintendente de Servicios Financieros y otros dos funcionarios de ese servicio designados por el Directorio.

Las funciones del Comité serán:

A) Brindar el asesoramiento que requiera el Directorio para tomar las decisiones que correspondan en materia de regulación y supervisión.

B) Analizar y asesorar al Directorio sobre las propuestas de políticas y planes preparados por la Superintendencia de Servicios Financieros.

C) Monitorear la aplicación de las políticas establecidas y el desarrollo de los planes de trabajo aprobados.

D) Opinar sobre las propuestas de Memoria y Plan de Actividades".

Artículo 12.- Sustitúyese el nombre del Capítulo VIII de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, por el siguiente: "Normas de supervisión unificada".

Dicho título se ubicará antes del nuevo artículo 36.

Artículo 13. (Protección legal).- Declárase que los funcionarios del Banco Central del Uruguay que desempeñan tareas de regulación y control no pueden ser demandados por terceros en relación a los cometidos y poderes jurídicos asignados legalmente, teniendo legitimación pasiva en todos los casos el Banco Central del Uruguay, sin perjuicio de la facultad de este de repetir contra los funcionarios que hubiesen actuado con culpa grave o dolo (artículos 24 y 25 de la Constitución de la República).

Asimismo, el Banco deberá hacerse cargo de los honorarios profesionales causados por cualquier demanda judicial que se derive del ejercicio de sus funciones, incluso hasta 10 años luego de abandonado el cargo.

La presente disposición será aplicable a los miembros del Directorio del Banco en lo pertinente.

TITULO III

PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO

CAPITULO I

CORPORACION DE PROTECCION DEL AHORRO BANCARIO

Artículo 14. (Creación, naturaleza jurídica, domicilio y capacidad).- Créase la Corporación de Protección del Ahorro Bancario (COPAB), como persona jurídica de derecho público no estatal, domiciliada en la ciudad de Montevideo.

Como tal, la Corporación es plenamente capaz para adquirir toda clase de derechos y contraer toda clase de obligaciones, celebrar todos los contratos conducentes al cumplimiento de sus cometidos, y ejercer todos los poderes conferidos expresamente o los demás necesarios para el cumplimiento de sus cometidos que no estén expresamente atribuidos a otra entidad pública y no violen una regla de Derecho.

Artículo 15. (Cometidos).- Serán cometidos de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, que cumplirá mediante el ejercicio de las potestades que se le asignan en esta ley, los siguientes:

A) Promover la protección del ahorro en las instituciones de intermediación financiera (Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, artículos 1° y 2° mediante la aplicación de los Procedimientos de Solución o el Pago de la Cobertura de los depósitos en Bancos y Cooperativas de Intermediación Financiera en situaciones de crisis de las entidades depositarias, con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, según los términos y condiciones previstas en la presente ley.

B) Administrar los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios.

C) Ser liquidador en sede administrativa de las empresas integrantes del sistema de intermediación financiera y de sus respectivas colaterales.

El Banco Central del Uruguay y la Corporación coordinarán sus actividades por los medios que estimen convenientes para la mejor obtención de las finalidades de interés público que le son comunes, sin perjuicio de los mecanismo estipulados en la presente ley.

Artículo 16. (Poderes jurídicos).- Para el cumplimiento de sus cometidos, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario podrá:

A) Requerir a los intermediarios financieros, directamente o mediante acuerdo con la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, toda la información que juzgue necesaria para cumplir sus cometidos, con la periodicidad y bajo la forma que juzgue necesaria.

B) Controlar la integridad y veracidad de la información solicitada a las instituciones.

C) Evaluar permanentemente el riesgo a que están expuestas la solidez y solvencia de las instituciones y empresas integrantes del sistema de intermediación financiera.

D) Diseñar y reglamentar el régimen de aportaciones al Fondo por parte de las instituciones.

E) Diseñar y aplicar un régimen sancionatorio que rija para las instituciones financieras para asegurar el cumplimiento de sus cometidos aplicando, en lo pertinente, las disposiciones que rigen respecto a las instituciones de intermediación financiera.

F) Reglamentar los términos y condiciones en que se hará efectiva la garantía de reintegro de los depósitos en situación de liquidación de instituciones de intermediación financiera depositarias.

G) Reintegrar los depósitos garantizados.

H) Aplicar los recursos del Fondo para viabilizar algún Procedimiento de Solución previsto en la presente ley, siempre que el mismo no supere los costos que resultarían de cubrir la garantía de depósitos, determinados en la forma que establezca la reglamentación.

I) Para la aplicación de los Procedimientos de Solución previstos en esta ley, tendrá los más amplios poderes para: excluir total o parcialmente activos y pasivos de la institución financiera, transferirlos directa o indirectamente a una o varias instituciones, o compensar a los acreedores mediante entrega de un certificado de participación emitido por un vehículo financiero (fideicomiso, fondo de recuperación de patrimonio bancario, etc.), todo ello respetando siempre el orden de prelación en la quiebra definido por la ley y bajo el criterio general de que, aplicado el procedimiento, ninguno de los acreedores puede resultar a priori en peor situación que la que hubiera devenido en la liquidación lisa y llana.

J) Como liquidador de instituciones de intermediación financiera, serán suyas todas las atribuciones que le fueron asignadas al Banco Central del Uruguay en el Capítulo II de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, artículos 14 a 21 inclusive.

K) Proponer al Banco Central del Uruguay el dictado de los reglamentos, resoluciones, instrucciones particulares, normas de prudencia, sanciones o cualquier otra medida de su competencia que estime conveniente para el logro de las finalidades que son comunes a ambas instituciones públicas.

L) Emitir opiniones sobre la asistencia financiera de liquidez prevista en la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay.

M) Emitir opinión sobre los proyectos de fusiones, absorciones y toda otra transformación de bancos y cooperativas de intermediación financiera, así como de los planes de recomposición patrimonial o adecuación que presenten esas empresas.

N) Determinar, a los efectos de dar cumplimiento al cometido establecido en el literal C) del artículo 15, las empresas que se consideran colaterales de las instituciones de intermediación financiera liquidadas.

Para el fiel cumplimiento de sus cometidos, a la Corporación no le será oponible lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Artículo 17. (Directorio).- La dirección y administración superiores de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario serán ejercidas por un Directorio, al que corresponderá:

A) Ejercer la dirección superior administrativa, técnica e inspectiva, y el control de todos los servicios a su cargo, cumpliendo y haciendo cumplir las disposiciones relativas a ellos.

B) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de sueldos y gastos, y la rendición anual de cuentas.

C) Concertar préstamos o empréstitos con instituciones financieras, y convenios o contratos con terceros para la adquisición de bienes o prestación de servicios, requeridos para el cumplimiento de los cometidos de la Corporación.

D) Designar delegados o representantes de la Corporación ante organismos, congresos, reuniones o conferencias de su materia.

E) Proyectar y elevar al Poder Ejecutivo para su aprobación el Reglamento General de la Corporación.

F) Determinar las atribuciones de sus dependencias, y delegar atribuciones por unanimidad de sus miembros, sin perjuicio de ambos casos de su potestad de avocación por mayoría simple de sus integrantes.

G) En general dictar todos los reglamentos y disposiciones generales necesarios para el cumplimiento de los cometidos de la Corporación, ejercer las potestades previstas, y dictar las demás resoluciones necesarias para el cumplimiento de la presente ley que conforme a la misma o al Reglamento General competan al Directorio.

Artículo 18. (Integración del Directorio).- El Directorio estará integrado por un Presidente, un Vicepresidente y un Director que serán designados con esos cargos por el Poder Ejecutivo conforme al artículo 187 de la Constitución de la República, entre ciudadanos que, por sus antecedentes personales, profesionales y conocimiento en la materia, aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en su desempeño. En el caso del Director, la designación recaerá en un candidato incluido en la terna propuesta por las instituciones aportantes al Fondo, en la forma que disponga la reglamentación a dictarse por el Poder Ejecutivo.

El mandato de los miembros del Directorio tendrá una duración de ocho años, pudiendo ser designados por un segundo período consecutivo.

Serán aplicables a los integrantes del Directorio de la Corporación las soluciones previstas en los artículos 25, 193 y 198 de la Constitución de la República, y los artículos 17 y 19 a 22 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995.

Todos los miembros del Directorio quedan incluidos en lo establecido en el artículo 11 de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

El Superintendente de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay podrá asistir a todas las reuniones del Directorio de la Corporación, con voz pero sin voto.

Artículo 19. (Presidente del Directorio).- El Presidente será el encargado de ejecutar y hacer ejecutar las resoluciones del Directorio, debiendo responder ante el mismo por el desempeño de sus funciones.

Son cometidos y atribuciones del Presidente, entre otros:

A) Convocar y presidir las reuniones del Directorio y darle cuenta de todos los asuntos que puedan interesar a la Corporación.

B) Adoptar las resoluciones requeridas por el buen funcionamiento y orden interno de la Corporación y la prestación normal y regular de sus servicios, salvo las que sean privativas del Directorio conforme a las normas legales o del Reglamento General de la Corporación.

C) Preparar y someter a consideración del Directorio los proyectos de reglamentos, disposiciones, resoluciones u otros actos que estime convenientes para el cumplimiento de los cometidos de la Corporación.

D) Ser ordenador de gastos y pagos, sin perjuicio de la competencia para disponer gastos y pagos que pueda asignarse por el Directorio a otros empleados sometidos a jerarquía.

E) Firmar y hacer publicar dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos siguientes al cierre del ejercicio y previa aprobación del Directorio, el balance anual, conforme al artículo 191 de la Constitución de la República.

Artículo 20. (Vicepresidente).- En caso de ausencia o incapacidad del Presidente o si quedara vacante el cargo, las funciones del mismo serán ejercidas transitoriamente por el Vicepresidente.

Artículo 21. (Remuneración de Directores).- Las remuneraciones de los miembros del Directorio de la Corporación se fijarán en el presupuesto de la misma.

Artículo 22. (Representación).- La representación de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario corresponderá al Presidente, asistido del funcionario que a tal efecto determine el Directorio. En ejercicio de esa representación podrá dirigirse directamente a todos los órganos y entidades públicas y privadas nacionales y a las autoridades de Organismos Internacionales con los cuales esté relacionada.

Artículo 23. (Presupuesto).- El Presidente presentará a consideración del Directorio el proyecto de presupuesto anual de sueldos y gastos para el ejercicio financiero siguiente, a más tardar el 30 de setiembre de cada año.

El proyecto debe ser aprobado por el Directorio en un plazo que vence el día 10 de octubre siguiente. Inmediatamente, será remitido al Tribunal de Cuentas de la República que podrá formular observaciones dentro del término de 20 (veinte) días corridos contados a partir de su recepción. Vencido dicho plazo el Tribunal remitirá el proyecto de presupuesto -con las observaciones que le merezca- a consideración del Poder Ejecutivo, quien deberá expedirse dentro del término de 30 (treinta) días corridos siguientes a su recepción, pudiendo formular observaciones dentro de ese plazo o dar aprobación al proyecto si este no hubiese merecido observaciones del Tribunal. En caso que hubiese observaciones del Tribunal o del Poder Ejecutivo, el Directorio de la Corporación deberá considerarlas dentro del término de 10 (diez) días corridos siguientes a la comunicación que de las mismas le realice el Poder Ejecutivo y proyectar las modificaciones correspondientes para su elevación a dicho órgano, quien deberá expedirse antes del 31 de diciembre. Si a esa fecha el Poder Ejecutivo no hubiese dado aprobación al proyecto, y mientras no se dicte el acto de aprobación, continuará en vigencia en el nuevo ejercicio el presupuesto del año anterior.

De todo lo actuado, el Poder Ejecutivo dará cuenta con fines informativos a la Asamblea General.

El presupuesto de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario se financiará con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios.

El primer ejercicio se extenderá desde el día en que se constituya el Directorio hasta el 31 de diciembre del mismo año. El presupuesto para dicho período será aprobado exclusivamente por el Directorio de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario dentro de los 60 (sesenta) días corridos de constituido el Directorio.

Artículo 24. (Rendición de cuentas y memoria anual).- La Corporación de Protección del Ahorro Bancario presentará al Poder Ejecutivo el estado de situación patrimonial al cierre de cada ejercicio financiero anual que coincidirá con el año civil y el estado de resultados correspondiente a dicho ejercicio, elaborados de acuerdo con normas contables adecuadas, dentro de los tres primeros meses del ejercicio siguiente.

Los mencionados estados contables serán publicados, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 de la Constitución de la República, una vez comunicados al Poder Ejecutivo y visados por el Tribunal de Cuentas.

Anulamente, el Directorio publicará una memoria con la explicación detallada y fundamentada de su gestión y de la evolución patrimonial del Fondo de Garantía, y los dictámenes de auditoría a que se refiere el artículo siguiente.

Asimismo, el Directorio dará cuenta una vez al año de su gestión ante el Parlamento en sesión conjunta de las Comisiones de Hacienda de ambas Cámaras.

Artículo 25. (Auditorías).- La Corporación estará sujeta a la verificación anual de una auditoría externa registrada en el Banco Central del Uruguay, la cual formulará el dictamen sobre los estados contables anuales y realizará un informe anual sobre el control interno de la Corporación.

El Tribunal de Cuentas de la República ejercerá respecto de la Corporación las potestades previstas en los literales C) y E) del artículo 211 de la Constitución de la República.

Artículo 26. (Exoneración tributaria e inembargabilidad).- La Corporación de Protección del Ahorro Bancario y el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios que administra estarán exentos de toda clase de tributos nacionales, aun de aquellos previstos en leyes especiales, exceptuadas las contribuciones de seguridad social.

Asimismo, los bienes de la Corporación serán inembargables.

Artículo 27. (Deber de secreto).- Los empleados de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario tienen el deber de guardar el más estricto secreto y la más absoluta reserva sobre todos y cada uno de los asuntos que lleguen a su conocimiento en el ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones, bajo la más severa responsabilidad civil y penal (Código Penal, artículo 302).

La violación de este deber será causal de despido sin derecho a indemnización de especie alguna.

Artículo 28. (Recursos contra los actos unilaterales).- Todos los actos unilaterales de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario podrán ser impugnados con el recurso de reposición por el titular de un derecho o interés legítimo que considere lesionado por el acto, dentro del término de 10 (diez) días hábiles contados a partir del siguiente al de su notificación personal, si correspondiere, o de su publicación en el Diario Oficial. Si el acto fue dictado por el Presidente u otro órgano subordinado de la Corporación, se interpondrá conjuntamente el recurso de revisión jerárquica para ante el Directorio.

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario dispondrá de 30 (treinta) días corridos, contados a partir del siguiente a la interposición, para resolver los recursos interpuestos. Si vencido ese plazo el Directorio no hubiera resuelto el recurso cuya decisión le compete, la impugnación se entenderá denegada. Con la resolución expresa del Directorio o el vencimiento del plazo quedará agotada la vía interna.

Artículo 29. (Acción de declaración de ilegitimidad).- Dentro de los 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del Directorio sobre el recurso de su competencia, o siguientes al último día del plazo con que contaba para decidir, se podrá promover la acción de declaración de ilegitimidad del acto ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que conforme a las normas generales de distribución de competencia corresponda. No se podrá promover esta acción si no se ha agotado debidamente la vía interna.

La acción se fundará en que el acto se ha dictado con desviación, abuso o exceso de poder, o con violación de una regla de Derecho, considerándose tal todo principio general de Derecho o norma constitucional, legislativa, reglamentaria o contractual. Solo podrá ser ejercida por el titular de un derecho o de un interés directo, personal y legítimo, que se pretenda violado o lesionado por el acto de la Corporación. Se sustanciará por el trámite de los procesos incidentales (artículo 321 del Código General del Proceso).

La sentencia declarará la ilegitimidad del acto impugnado, enunciando fundadamente sus vicios y fijando el plazo que el Tribunal entienda razonable para subsanarlos, o rechazará la impugnación. No admitirá recurso alguno.

Artículo 30. (Ejecución de la sentencia).- La Corporación de Protección del Ahorro Bancario ejecutará la sentencia adoptando las medidas necesarias para subsanar los vicios cuya existencia declaró el Tribunal que, dando satisfacción al derecho o interés del impugnante, sean al mismo tiempo más convenientes al cumplimiento de los cometidos establecidos en esta ley. Si así no lo hiciera en el plazo fijado por el Tribunal, a pedido de parte podrá procederse conforme al artículo 374 del Código General del Proceso.

Si la ilegitimidad del acto hubiera causado daños que no queden reparados con la subsanación de los vicios, se podrá promover su reparación en la vía ordinaria ante la jurisdicción competente.

CAPITULO II

COBERTURA DEL FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS BANCARIOS

Artículo 31. (Depósitos cubiertos por la garantía).- Quedarán garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios creado por el artículo 45 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, los depósitos de cualquier naturaleza constituidos por personas físicas o jurídicas del sector no financiero excepto los del Gobierno Central y del Banco de Previsión Social, en las empresas de intermediación financiera a las que refiere el artículo 17 bis del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 32. (Personas excluidas).- Se consideran integrantes del sector financiero y, por lo tanto, excluidas del beneficio de la garantía de depósitos, las empresas de intermediación financiera.

Tampoco podrán ser beneficiarios de la garantía los accionistas y el personal superior de dichas empresas, con respecto a los depósitos constituidos en las empresas de las que son propietarios o en las que prestan funciones directivas, gerenciales, de asesoramiento o contralor, con excepción de los accionistas a que refiere al artículo 12 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, quienes podrán ser beneficiarios de la misma con relación a los depósitos que tengan constituidos en la cooperativa emisora de las acciones respectivas.

Se considera personal superior de las empresas de intermediación financiera el previsto en el artículo 5° del Decreto N° 166/984, de 4 de mayo de 1984, así como quienes ocupen cargos o cumplan funciones de la misma naturaleza en sucursales de instituciones de intermediación financiera nacionales.

Quedan asimismo comprendidos en la exclusión los cónyuges de los accionistas o de los integrantes del personal superior referido y aquellas personas vinculadas por razones empresariales a los mismos. A tal efecto se considerarán vinculadas por razones empresariales aquellas unidades productivas que integren el mismo grupo económico con los accionistas o el personal superior excluido del beneficio, según la información que proporcione el Banco de Datos a cargo del Banco Central del Uruguay.

Artículo 33. (Depósitos excluidos).- Quedan asimismo excluidos del beneficio de la garantía:

A) Los depósitos prendados en garantía de operaciones crediticias. La suspensión de actividades y la liquidación de una empresa de intermediación financiera no impedirán la compensación entre el crédito emergente del depósito prendado y la deuda garantizada por el mismo hasta los valores nominales concurrentes.

B) Los depósitos contra los cuales se emita un certificado de depósito negociable a partir del 7 de marzo de 2005.

C) Toda colocación que se realice contra la emisión de un valor negociable en los mercados bursátiles.

D) Los depósitos subordinados que se efectúen a partir del 7 de marzo de 2005.

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario podrá excluir de la cobertura, los depósitos cuya tasa de interés supere -en el porcentaje que determine dicha Corporación- el promedio de las tasas de interés para plazos similares pagadas por los Bancos y las Cooperativas de Intermediación Financiera a sus depositantes en el mes anterior al de su constitución.

Artículo 34. (Montos máximos garantizados).- Los montos máximos garantizados se establecerán por persona acreedora, por institución deudora y por moneda adeudada, según sea nacional o cualquiera extranjera, determinando la Corporación de Protección del Ahorro Bancario los criterios para los arbitrajes que sean necesarios. A tales efectos, se establece que los depósitos que integren patrimonios de afectación independiente sin personería jurídica serán considerados como una unidad independiente de cualquier otro patrimonio.

Artículo 35. (Oportunidad del pago de la cobertura).- El pago de la garantía operará cuando se produzca la liquidación de alguna de las instituciones de intermediación financiera comprendidas en el presente régimen, siempre y cuando no se hubieran aplicado los recursos del Fondo en uno de los Procedimientos de Solución previstos en la presente ley.

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario dictará los reglamentos que, dentro del marco fijado por la presente ley, determinen los términos y condiciones de la cobertura a brindarse por el Fondo a los depositantes.

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario dispondrá de 30 (treinta) días corridos para hacer efectivas las coberturas, contados a partir de la declaración del Proceso de Resolución fecha en que se disponga la liquidación de la institución de intermediación financiera de que se trate.

Toda la información necesaria para hacer efectiva la cobertura, relativa a la identidad de los depositantes y a sus acreencias por moneda con la entidad liquidada, deberá ser proporcionada a la Corporación de Protección del Ahorro Bancario por el Banco Central del Uruguay, cuando este sea el liquidador de la sociedad de intermediación financiera en cuestión.

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario podrá extender el plazo mencionado para el pago de la cobertura en el caso de que no disponga de la información requerida en el párrafo anterior.

Artículo 36. (Subrogación y preferencia en la liquidación por parte del Fondo).- La recepción por los acreedores de las sumas desembolsadas con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, importa la subrogación de pleno derecho a favor de ese Fondo de los derechos del acreedor. Los recursos que se recuperen en virtud de la subrogación retornarán al Fondo.

Cuando el monto garantizado por el Fondo no cubra la totalidad del saldo acreedor del depositante, la recepción por este de las sumas cubiertas por el Fondo implicará de pleno derecho su aceptación de que el saldo remanente de su crédito será satisfecho únicamente luego de que el Fondo haya cobrado en forma integra el crédito emergente de la subrogación en los derechos del depositante.

Artículo 37. (Aplicación de los recursos del Fondo).- Los recursos del Fondo serán invertidos con la mayor eficiencia posible, teniendo en cuenta el riesgo, la liquidez y la rentabilidad de los activos, así como los cometidos esenciales de la Corporación. En ese sentido, no le será permitido a la Corporación invertir en depósitos, Certificados de Depósitos u otro tipo de deuda emitida por las entidades comprendidas en la garantía de depósitos prevista en la presente ley.

Artículo 38.- Agrégase al artículo 46 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, el siguiente numeral:

"5) El capital preferente que aporte el Estado".

Artículo 39.- Sustitúyese el artículo 47 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, por el siguiente:

"ARTICULO 47. (Aportes de los Bancos y las Cooperativas de Intermediación Financiera).- El aporte a que se refiere el numeral 1) del artículo anterior será fijado por la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, entre el 1 o/oo (uno por mil) y el 30 o/oo (treinta por mil) del promedio anual de los depósitos del sector no financiero excepto los del Gobierno Central y los del Banco de Previsión Social constituidos en cada institución bancaria o cooperativa de intermediación financiera.

Dichos aportes deberán fijarse en función del rango de los distintos riesgos a que esté expuesta cada una de ellas. La Corporación de Protección del Ahorro Bancario ubicará fundadamente a cada entidad en el rango de riesgos asumidos que le corresponda aplicando los criterios técnicos generalmente admitidos, pudiendo incluir diferentes tarifas en atención a la moneda de constitución de las obligaciones. Las porciones del aporte determinadas por moneda se pagarán efectivamente en las respectivas monedas, sujeto a lo que fije la reglamentación.

El Poder Ejecutivo, a propuesta fundada de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, fijará el máximo de reserva en cada moneda con que estará formado el Fondo de Garantía. Los aportes en las respectivas monedas se suspenderán cuando el Fondo de Garantía alcance el máximo establecido para cada una, y se reanudarán cuando caigan por debajo del máximo.

Si se requirieran erogaciones del Fondo que por su importancia lo justifiquen, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario podrá exigir a las instituciones aportantes el adelanto de la integración de sus aportes por el equivalente de hasta tres años, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

La Corporación de Protección del Ahorro Bancario reglamentará lo relativo al régimen de aportación en todo lo que no está previsto en la ley".

Artículo 40. (Proceso de Resolución Bancaria).- Cuando a juicio exclusivo del Banco Central del Uruguay, una institución de intermediación financiera tenga afectada en forma irreversible y no subsanable a través de un plan de adecuación, saneamiento o reconstitución, su liquidez, solvencia o su capacidad de gestión, el Directorio del Banco Central del Uruguay deberá declarar el Proceso de Resolución Bancaria, el que implica la intervención, el desplazamiento de autoridades y la suspensión de actividades de la institución en cuestión.

El Proceso de Resolución estará a cargo de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario. A los efectos, la Corporación deberá designar una Comisión Interventora integrada por tres miembros.

La Comisión Interventora deberá realizar las tareas de mantenimiento y conservación de la Institución, y deberá facilitar lo necesario para que la Corporación de Protección del Ahorro Bancario pueda analizar la viabilidad de Procedimientos de Solución particulares para la institución intervenida.

En el caso que la suspensión de actividades ya hubiera sido dispuesta, el Banco Central del Uruguay dispondrá, a partir de esa fecha, de 30 (treinta) días corridos para iniciar el Proceso de Resolución Bancaria.

Artículo 41. (Definición de los Procedimientos de Solución).- Se definen como Procedimientos de Solución todas las operaciones de exclusión de activos y pasivos de la institución en cuestión, más los aportes de recursos con cargo al Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios, así como su eventual instrumentación mediante la creación de vehículos financieros (fideicomisos, fondos de recuperación de patrimonio bancario, etc.), que sean necesarios para crear una o más unidades de negocio que puedan ser transferidas a otras instituciones de intermediación financiera (entidades adquirentes).

La aceptación de unidades de negocio por parte de las entidades adquirentes implica eventualmente la asunción de pasivos (asumiendo las obligaciones con los depositantes de la institución en cuestión por los montos originales o parcialmente, según haya sido definido en el procedimiento), así como la recepción de activos provenientes de la institución y recursos provenientes del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios. En todos los casos el valor de los pasivos asumidos no debe ser inferior al de los activos recibidos, según las normas de valuación que establece el Banco Central del Uruguay. Asimismo, la Corporación deberá promover -dentro de lo posible- mecanismos competitivos en la elección de las entidades adquirentes.

Se entenderá por transferencia directa aquella que implique la recepción en propiedad de activos provenientes de la institución en proceso de resolución, tales como bienes de activo fijo y créditos contra terceros, entre otros. Asimismo, se entenderá por transferencia indirecta, aquella que implique la recepción de algún tipo de derecho por parte de la institución adquirente en algún vehículo financiero, como Certificados de Participación en un fideicomiso, etc. que se forme con activos de la institución a los efectos.

Artículo 42. (Finalidad de los Procedimientos de Solución).- La Corporación de Protección del Ahorro Bancario ejercerá sus poderes jurídicos en la materia con la finalidad primordial de proteger el ahorro por razones de interés general.

Para ello, los procedimientos deben buscar una solución que implique una situación mejor, o al menos igual, para los depositantes de la entidad financiera en términos de la recuperación de sus ahorros, comparada con la liquidación lisa y llana y el cobro de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios.

Artículo 43. (Plazo).- Una vez declarado el inicio del Proceso de Resolución Bancaria por el Banco Central del Uruguay, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario deberá procurar la aplicación de algún Procedimiento de Solución de los previstos en la presente ley. Para ello dispondrá de un plazo de 120 (ciento veinte) días corridos contados desde que se inicie el Proceso de Resolución Bancaria dispuesto por el Banco Central del Uruguay o contados a partir de la fecha de suspensión de actividades de la institución si es que ello hubiera ocurrido primero.

Si dentro de los 120 (ciento veinte) días previstos, la Corporación de Protección del Ahorro Bancario entiende que no le es posible aplicar ningún Procedimiento de Solución, propondrá al Banco Central del Uruguay la liquidación de la institución de intermediación financiera para poder cumplir adecuadamente con el pago de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios en los plazos previstos por esta ley.

Artículo 44. (Gastos Necesarios).- Aquellos gastos que sean necesarios para llevar adelante los Procedimientos de Solución, entre ellos disponer una reserva para afrontar los pasivos laborales en caso de desvinculación, podrán ser con cargo a la institución financiera en proceso de resolución, según el criterio de los interventores.

Artículo 45. (Limitación de Responsabilidad).- En todos los casos, las instituciones adquirentes solo serán responsables de las obligaciones que devienen de la asunción de pasivos definida por el procedimiento.

Artículo 46. (Liquidación de la institución en Proceso de Resolución).- Una vez culminados los Procedimientos de Solución, el Banco Central del Uruguay declarará la liquidación de la entidad en crisis.

Artículo 47. (Privilegios de los depositantes en la quiebra).- Decláranse comprendidos en la primera clase de créditos personales privilegiados a que refiere el artículo 1732 del Código de Comercio, los depósitos bancarios de cualquier naturaleza mencionados en el artículo 31 de la presente ley, realizados en alguna de las instituciones de intermediación financiera, excepto los comprendidos en sus artículos 32 y 33, cuando estos estén depositados en bancos y cooperativas de intermediación financiera. A los efectos de su orden de preferencia dentro de dicha clase, se los ubicará inmediatamente después del cuarto lugar (salarios de dependientes, etc.) y antes del quinto (artículos necesarios para la subsistencia del fallecido y de su familia).

La subrogación de pleno derecho a que hace referencia el artículo 36 de la presente ley, ubica también a los derechos emanados de dicha subrogación a favor del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios en la primera clase de créditos personales privilegiados a que refiere el artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 48. (Mecanismos de coordinación).- Tanto la Corporación de Protección del Ahorro Bancario como el Banco Central del Uruguay deberán coordinar esfuerzos para el fiel cumplimiento de los fines que le son comunes, procurando siempre no duplicar esfuerzos que encarezcan o entorpezcan de manera innecesaria la actividad de las instituciones financieras. En particular, la Superintendencia de Servicios Financieros y la Corporación deberán acordar Bases de Entendimiento relativas al intercambio de información entre sí.

Artículo 49. (Protección legal).- Tanto los miembros del Directorio de la Corporación como su personal no pueden ser demandados por terceros en relación a los cometidos y poderes jurídicos asignados legalmente, teniendo legitimación pasiva en todos los casos la Corporación, sin perjuicio de la facultad de esta de repetir contra los empleados que hubiesen actuado con culpa grave o dolo.

Asimismo, la Corporación deberá hacerse cargo de los honorarios profesionales causados por cualquier demanda judicial que se derive del ejercicio de sus funciones, incluso hasta 10 años luego de abandonado el cargo.

TITULO IV

NORMAS FINALES Y TRANSITORIAS

Artículo 50. (Liquidaciones en curso de Instituciones Financieras).- Las liquidaciones de instituciones de intermediación financiera que a la fecha de aprobación de la presente ley estén bajo la responsabilidad del Banco Central del Uruguay, pasarán a estarlo de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario, la cual dispondrá de idénticas potestades jurídicas a las establecidas en el Capítulo II de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, artículos 14 a 21 inclusive.

A tales efectos la Corporación y el Directorio del Banco deberán acordar los términos y condiciones de la transferencia de responsabilidades, incluyendo los recursos humanos y materiales del Banco que están destinados a esa función, con el objeto de no perjudicar el buen funcionamiento de las liquidaciones.

Mientras no estén acordados los términos y condiciones mencionados, la función de liquidador de la Corporación prevista en la presente ley, seguirá siendo del Banco Central del Uruguay, el que deberá hacerse cargo de cualquier caso nuevo en el que debiera actuarse.

Artículo 51. (Instalación de la Corporación).- Habilítase una partida de $ 10:000.000 (diez millones de pesos uruguayos) destinada a la instalación y puesta en funcionamiento de la Corporación, partida que será facilitada por el Banco Central del Uruguay. Las erogaciones que deba realizar por tal concepto le serán reintegradas en oportunidad de la aprobación del primer presupuesto de la Corporación.

Artículo 52. (Referencias).- Las referencias hechas por normas anteriores a la presente ley a la Superintendencia de Protección del Ahorro Bancario deberán entenderse hechas a la Corporación que se crea por esta ley.

Artículo 53. (Primer Directorio de la Corporación).- En oportunidad de la designación de los miembros del primer Directorio de la Corporación, el Poder Ejecutivo señalará a cada uno de los designados el tiempo de duración de sus mandatos en dos, cinco y ocho años respectivamente.

Artículo 54. (Personal de la Corporación).- Una vez instalado el Directorio de la Corporación, acordará con el Directorio del Banco Central del Uruguay la nómina de personal de este que se incorporará a la nueva institución creada por la presente ley en virtud de encontrarse afectados al cumplimiento de las tareas propias de su competencia.

Los funcionarios del Banco Central del Uruguay que pasen a prestar servicios en la nueva institución lo serán en régimen de "comisión" por hasta un período máximo de dos años.

Vencido dicho plazo podrán optar por incorporarse al nuevo organismo o retornar al de origen. Los funcionarios que opten por incorporarse al nuevo organismo mantendrán en reserva su cargo en el Banco Central del Uruguay por el término de tres años a partir de la fecha de incorporación.

El personal de la Corporación, incluyendo los miembros de su Directorio, tendrá cobertura de seguridad social por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Artículo 55. (Administración transitoria).- Mientras el Directorio de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario no tome posesión de sus cargos y se instrumente adecuadamente el traspaso de responsabilidades desde el Banco Central del Uruguay, la administración del Fondo de Garantía de Depósitos Bancarios así como la gestión de los sistemas de información y de todos los servicios de apoyo habituales -incluyendo entre otros, los edilicios, administrativos, informáticos, y de asesoramiento jurídico- serán de responsabilidad del Banco Central del Uruguay.

Artículo 56. (Publicación de los estados contables del Banco Central del Uruguay).- Interprétase que el régimen de publicación de los estados contables establecido en la Ley N° 17.040, de 20 de noviembre de 1998, no es aplicable al Banco Central del Uruguay, el que se regirá por lo que dispone el artículo 191 de la Constitución de la República y el artículo 53 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, con las modificaciones que introduce la presente ley.

Artículo 57. (Referencias).- Las referencias hechas por normas anteriores a la presente ley a la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera y a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros deberán entenderse hechas a la Superintendencia de Servicios Financieros que se crea por esta ley.

Artículo 58. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 10, 28, 45, 56 y 59 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, el artículo 10 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, el artículo 6° de la Ley N° 16.426, de 14 de octubre de 1993 y los artículos 42 a 44 y 49 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 59. (Modificaciones).- Suprímese la competencia atribuida al Banco Central del Uruguay por el artículo 14 de la Ley N° 15.611, de 10 de agosto de 1984.

El ejercicio de las potestades bancocentralistas de regulación, control y sancionatoria previstas en la Ley N° 16.749, de 30 de mayo de 1996, no estará limitado por el ejercicio de las facultades que correspondan a las Bolsas de Valores.

Artículo 60. (Texto Ordenado).- Cométese al Banco Central del Uruguay la confección, en un plazo máximo de 120 (ciento veinte) días a contar de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, de un Texto Ordenado de su Carta Orgánica.

Dispónese que el artículo 11 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, se ubicará en el Capítulo IV de dicha ley, denominado "Gobierno, Administración y Control". Al elaborar el Texto Ordenado al que refiere el inciso anterior, se incluirá dicho artículo como disposición final del citado Capítulo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: este proyecto de ley cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes, donde fue modificado y mejorado. Su objetivo es continuar con la política habitacional delineada en el Plan Quinquenal 2005 - 2009, elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La tarea comprende tanto la reconstrucción del sistema de financiamiento a la vivienda, mejora, redefinición y creación de instrumentos que fortalezcan la capacidad del Estado, como la generación de reglas que potencien el desarrollo de la actividad de financiamiento de las viviendas, ya sea por agentes públicos o privados, y la delimitación clara de los fines y cometidos de las instituciones que lo componen. Esto se ubica dentro del marco de la nueva institucionalidad del sector público, plasmada en la Ley Nº 18.125, que contiene normas para la implementación de la política en materia de vivienda y modificaciones de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay, la creación de la Agencia Nacional de Vivienda y disposiciones respecto de la ejecución de créditos hipotecarios para la vivienda, que fuera aprobada por este Parlamento en el mes de abril de 2007.

Asimismo, debemos tener presente, como elemento constitutivo, la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay, con lo cual se busca capitalizar y recrear una institución solvente y líquida que desarrolle su actividad hipotecaria de forma profesional y competitiva con otras entidades financieras.

Para apoyar el desarrollo del mercado hipotecario en el Uruguay, se han identificado tres áreas de trabajo que son complementarias a la reestructura del Banco Hipotecario del Uruguay: a) introducción de instrumentos financieros con el objetivo de reducir imperfecciones en el mercado hipotecario que faciliten el acceso al mismo a sectores de la población con baja capacidad de ahorro, pero con niveles de ingresos suficientes para el repago; b) impulso a la creación de mecanismos e instrumentos que faciliten el fondeo de la actividad hipotecaria en el mercado de capitales y c) mejora de la operativa general del mercado de crédito a la vivienda, minimizando los costos de ejecución de garantías a través del diseño de nuevos procedimientos legales e impulsando medidas que brinden las mismas condiciones de participación a todas las instituciones de intermediación financiera.

En definitiva, lo que se busca es incentivar al Banco a otorgar préstamos para vivienda a través de la creación de instrumentos de financiación alternativos, como las denominadas "Notas de Crédito Hipotecarias", y a modificar algunas disposiciones relativas a la cancelación anticipada y al régimen de ejecución de créditos hipotecarios para viviendas.

En lo que tiene que ver con el proyecto de ley, cabe señalar que se divide en Capítulos y Secciones, y contiene 19 artículos.

El Capítulo I, titulado "Notas de Crédito Hipotecarias", en su Sección I, incluye los artículos 1º y 2º, que describen la finalidad y el concepto. En este sentido, el artículo 1º establece qué finalidad busca el proyecto de ley que, como ya se ha dicho, es incentivar el otorgamiento de préstamos para vivienda a través de estas nuevas "Notas de Crédito Hipotecarias".

En el artículo 2º se define qué instituciones de intermediación financiera están habilitadas a conceder préstamos hipotecarios y a emitir títulos que sean necesarios para la financiación, sin perjuicio de que puedan emitir otros valores amparados en normas generales. Estas pueden ser tanto las públicas como las privadas que estén comprendidas en el Decreto-Ley Nº 15.322, habilitadas por el Banco Central del Uruguay.

En la Sección II, "De los Préstamos Hipotecarios para Vivienda", se incluyen los artículos 3º a 6º.

El artículo 3º tiene que ver con los Préstamos Hipotecarios Especiales, denominación que se establece para los préstamos a los que refiere la ley. Se determina los fines que tendrán, que justamente serán la adquisición, construcción, refacción o ampliación de viviendas con las garantías hipotecarias.

El artículo 4º, según se refiere en el anterior, dispone que esos préstamos deben estar garantizados hipotecariamente; esa hipoteca debe ser de primer grado sobre el inmueble adquirido, construcción, refacción o ampliación. También se incluyen otros inmuebles, de ser necesario, a criterio de la institución financiera. Se exceptúa la hipoteca recíproca, que corresponde al régimen de propiedad horizontal. Este artículo también establece el monto máximo de capital prestado, el cual no podrá exceder el 90% del valor de la tasación.

El artículo 5º determina que los bienes deben ser tasados de acuerdo con las exigencias del Banco Central del Uruguay, para estar comprendidos dentro de este régimen. Actualmente, esta Institución está supervisando las carpetas de clientes y verificando que las tasaciones se realicen y se actualicen periódicamente. El Ente regulador tiene potestades, además, para exigir la realización de una nueva tasación, si entiende que la realizada no se ajusta a la realidad; también puede determinar con qué tasadores deben trabajar las instituciones financieras.

El artículo 6º exige un seguro contra el riesgo de incendios por una suma igual al valor de tasación, además de facultar a las instituciones a exigir seguros colectivos o individuales, de los cuales serán beneficiarias hasta que se cumpla con el pago total de la deuda.

La Sección III, "De las Notas de Crédito Hipotecarias", incluye los artículos 7º a 13.

¿Qué son las Notas de Crédito Hipotecarias? Son títulos valores que emite una entidad financiera con respaldo adicional en un conjunto de créditos hipotecarios para la adquisición, refacción o construcción de viviendas. Se asigna al tenedor de la Nota un derecho preferencial sobre dicho activo con relación a los restantes acreedores del emisor, lo que hace de este instrumento un título de deuda de alta calidad, que consta de una doble cobertura: del emisor y de los créditos hipotecarios.

Estas Notas tienen los siguientes atributos básicos. En primer lugar, la transformación de activos individuales e ilíquidos en instrumentos líquidos y comercializables en los mercados de capitales. En segundo término, el carácter dinamizador del mercado de créditos hipotecarios, a partir de un reaprovisionamiento de fondos que avalan actividades adicionales de nuevos préstamos y, por último, configuran una alternativa de menor costo en comparación con otras fuentes bancarias o del mercado de capitales, representando un financiamiento más eficiente en términos del manejo de activos y pasivos del balance del originador de los créditos hipotecarios.

Los créditos hipotecarios que respaldan las emisiones de las Notas deben permanecer dentro del balance de las entidades que los origina, por consideraciones de tamaño y sofisticación del mercado uruguayo. Si bien las alternativas fuera del balance, como las operaciones de securiti-zación, son más eficientes en términos de consumo de capital, sus altos costos de reestructuración requieren gran cantidad de créditos hipotecarios para ser comercialmente viables, a la vez que demandan de un sólido conocimiento de los riesgos financieros implícitos en estas operaciones. En particular, al permanecer el crédito dentro del balance de la institución de intermediación financiera, se generan los incentivos adecuados para que la evaluación del riesgo crediticio de cada préstamo en su origen sea realizada en forma acorde. Este aspecto resulta muy relevante por cuanto brinda mayores garantías a los tenedores de las Notas, con relación a otros instrumentos financieros respaldados con créditos hipotecarios que trasladan enteramente al inversor el riesgo crediticio de cada préstamo.

En la medida en que se busca impulsar un mercado poco desarrollado, el originador del crédito hipotecario deberá poder recurrir a un instrumento sencillo que no necesariamente requiera la previa conformación de un conjunto de créditos hipotecarios de tamaño significativo. El modelo de balance se ajusta mejor a las condiciones de mercado actualmente existentes. Esto se rige por la Ley Nº 16.749, relativa al mercado de valores, y por la Ley Nº 14.701, que refiere a títulos valores. Estas Notas confieren a sus tenedores acción ejecutiva cambiaria.

El artículo 8º habla de los límites de emisión de "Notas de Crédito Hipotecarias", introduciendo la figura del "Activo de Cobertura", lo cual refiere a que el saldo remanente de las Notas emitidas por cada institución debe estar cubierto en todo momento por los Activos de Cobertura que lo respaldan. Se trata de que, ante un eventual caso de liquidación de una institución emisora de Notas, el producido de ciertos activos constituidos principalmente por los Préstamos Hipotecarios Especiales se destine a cancelar en forma preferente lo adeudado bajo dichas Notas. Este artículo establece una serie de límites para tal emisión; por una parte, se define un límite superior para el grado de cobertura denominada estática, que refiere a la situación inicial y posterior de la emisión, sobre la base de valores nominales y, por otra, se añaden las denominadas dinámicas, que tienen que ver con mantener el necesario grado de cobertura en función de las variaciones en el valor efectivo que puedan detentar, tanto las Notas como los Activos de Cobertura, por cambios de variables relevantes del mercado, como es el caso de las tasas de interés. El límite del 95% que fija la condición estática se determina en función de la experiencia relevante en la materia a nivel internacional, en particular la europea. Por tanto, el nivel de sobrecolaterización es del 5,26%.

Este límite se obtiene calculando el cociente entre el 5% restante del Activo de Cobertura utilizado como cobertura en exceso para la emisión de Notas y el 95% máximo del Activo de Cobertura hasta el cual se pueden emitir las referidas notas.

La finalidad de fijar una restricción de hasta el 70% del valor del inmueble hipotecado implica otorgar una mayor cobertura de riesgo crediticio al tenedor de las Notas.

Los artículos 10 y 11 hablan de los Registros. La información de emisión de Notas debe estar disponible públicamente y, sin perjuicio de este registro que estará en el Banco Central del Uruguay, la entidad emisora deberá llevar un registro contable especial de dichas Notas emitidas y en circulación y de los préstamos hipotecarios especiales.

El artículo 11 regula el caso en que por la cancelación de Créditos Hipotecarios Especiales se alteren las relaciones establecidas en el artículo 8º. A los efectos de brindar una mayor certeza jurídica a este instrumento, se establece la exigencia de subsanar eventuales desfases de las referidas condiciones cuantitativas mediante distintas alternativas. En ese sentido, el riesgo de cancelación anticipada que pudiere existir no se transfiere necesariamente al tenedor de la Nota y, por tanto, en general es asumido totalmente por la entidad emisora. Ante este riesgo de prepago y bajo consideraciones similares a las asignadas al manejo del riesgo crediticio, se entiende pertinente simplificar la valuación de las Notas, buscando no limitar por este concepto el uso de este instrumento financiero por parte de los distintos agentes.

Los artículos 12 y 13 establecen la particularidad de estas Notas en cuanto a que sus tenedores tendrán el carácter de acreedores preferentes en caso de liquidación de la entidad emisora. Esta preferencia alcanza al Activo de Cobertura, las sumas de dinero y otros títulos previstos en el artículo 11. Las Notas de Crédito Hipotecarias no están vinculadas directamente a los Créditos Hipotecarios Especiales, pues los créditos no garantizan en forma directa el pago de las Notas; la preferencia especial opera única y exclusivamente en caso de liquidación de la institución financiera emisora.

Teniendo en cuenta que la liquidación de las entidades financieras está regulada por la Ley Nº 17.613, que consagra un régimen particular que otorga al Banco Central del Uruguay los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de las sociedades o empresas comprendidas en la liquidación, pudiendo incluso levantar embargos e interdicciones trabados, se entiende pertinente que en el ámbito de dicho marco jurídico el Banco Central disponga la formación de un fondo separado, integrado por la totalidad de los activos indicados en el artículo 12. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Nº 17.613, la constitución de fondos para la liquidación es facultativa. En este caso, se ha dispuesto que para cancelar las deudas emergentes de Notas de Crédito el Banco Central del Uruguay deberá, preceptivamente, constituir un fondo de recuperación de patrimonio bancario con las características antes apuntadas. Se establece a texto expreso un valor máximo para dicho fondo separado -al momento de formarse-, que no podrá superar el valor actual de las Notas emitidas más el 2% de dicho valor. El producido de ese fondo deberá destinarse a la cancelación de las Notas.

Una vez constituido el fondo referido, los créditos hipotecarios especiales pueden continuar siendo administrados por el liquidador o ser subastados y adjudicados a la institución de intermediación financiera que ofrezca un mayor precio. En todos los casos, el producido deberá distribuirse entre los tenedores de Notas en forma proporcional al valor nominal no cancelado bajo dichos títulos.

La Sección IV habla de la supervisión y control e incluye el artículo 14, que define que la actividad a ser desarrollada estará a cargo del Banco Central del Uruguay y establece el régimen de sanciones que se podrá aplicar ante algún incumplimiento de las instituciones financieras.

El Capítulo II abarca la cancelación anticipada de créditos hipotecarios y, mediante el artículo 15, pretende dotar al mercado de una mayor eficiencia en su funcionamiento, en el entendido de que los problemas de asimetría de la información entre deudores y acreedores, así como en el proceso de negociación durante la vida del crédito, no cooperan con el desarrollo del mercado de crédito hipotecario para vivienda. Se busca fomentar la movilidad, disminuyendo los costos y facilitando la adaptación a las cambiantes necesidades habitacionales que tienen los hogares. Se prevén los costos que afronta el deudor para ejercer su derecho a la cancelación anticipada, a los efectos de no cargar al acreedor con pérdidas financieras no previstas ya que, sin las indemnizaciones propuestas, el acreedor se vería impulsado a trasladar las pérdidas ofreciendo créditos más caros.

En el Capítulo III se mencionan otras disposiciones relativas a la ejecución. Este Capítulo -en el que están contenidos los artículos 16 y 17- se aplica a todos los préstamos hipotecarios con destino a vivienda. Allí se modifica la redacción de los artículos 35 y 36 de la Ley Nº 18.125, y se pretende incentivar el crédito hipotecario mediante el ajuste de los aspectos objetivos y subjetivos del título de ejecución de crédito hipotecario con destino a vivienda. Al modificarse el artículo 35, se elimina la exigencia de "instrumento único" que, si bien era una forma unívoca de identificar el crédito con destino a vivienda, en la práctica constituía un límite para aquellas instituciones financieras que solo utilizan la hipoteca abierta y documentan el crédito en títulos valores. Asimismo, se corrige la referencia a fideicomisos financieros que, en tanto no tienen personería jurídica, no pueden ser acreedores, por lo cual el crédito será el otorgado por el fiduciario del patrimonio fideicomitido. En el mismo artículo se adecua la condición actual cambiando la expresión "siempre que dicho acreedor sea primer preferente" por "siempre que el actor", a fin de contemplar las hipótesis de circulación de crédito y posterior acción por una institución de intermediación financiera.

El artículo 36 preveía el elenco de situaciones en las que no se aplicaba el régimen del Capítulo III de la Ley Nº 18.125, especialmente los casos para los cuales queda vigente la ejecución extrajudicial de la Carta Orgánica del Banco Hipotecario del Uruguay.

En el artículo 17 se incluye una disposición que da solución al caso de falta de tasación catastral de las construcciones. Se concede una opción para el ejecutante o actor, que podrá sustituir la tasación catastral por una realizada por un tasador o efectuar la declaración de caracterización urbana ante la Dirección Nacional de Catastro, complementándose esto con la posibilidad de solicitar al Juzgado la realización de actos para la declaración.

El Capítulo IV establece las Disposiciones Generales y contiene dos artículos. En el artículo 18 se sustituye el literal D) del artículo 123 de la Ley Nº 16.713, en la redacción dada por el artículo 6º de la Ley Nº 17.202, donde se agregan las Notas de Crédito Hipotecarias emitidas por instituciones públicas o privadas de acuerdo con la presente ley.

Por su parte, en el artículo 19 se faculta al Poder Ejecutivo a establecer el régimen por el cual se tributarán estas Notas.

Por lo expuesto, la Comisión recomienda al Cuerpo la aprobación de este importante proyecto de ley, que agilitará el mercado de créditos hipotecarios en el Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de continuar con el tratamiento de este proyecto de ley, damos la bienvenida a los alumnos, alumnas y docentes de 3º y 5º año del Colegio Inmaculada Concepción.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Nuestro Partido va a votar en contra de este proyecto de ley porque considera que, cuarenta años después, estamos reeditando los instrumentos de Fannie Mae y Freddie Mac. En consecuencia, no nos parece conveniente tener estas Notas especiales cuando todos sabemos que el dinero es el bien fungible por excelencia y que la totalidad de los pasivos y el capital financian a los activos.

Por lo tanto, hacer este tipo de distinción bastante difícil, luego se transforma en un instrumento no diría de ilusión pero sí, básicamente, de bajar impuestos a determinado sector: el financiero. Y luego los valores de tasación y las garantías terminan en lo que todos sabemos que terminan cuando los instrumentos crecen demasiado.

En definitiva, creemos que es adecuado que las medidas prudenciales y regulatorias mantengan la coherencia, que no se afecten determinados activos, especialmente destinados al pago de determinados pasivos, y que no aparezcan garantías especiales sobre determinados pasivos, en perjuicio del resto de los pasivos, que son los depositantes comunes y silvestres del sistema financiero.

Por esas razones de fondo, señor Presidente, no vamos a acompañar este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-15 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos y que se voten en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 22. Afirmativa.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º a 19, inclusive.

(Se vota:)

-15 en 22. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

12) APORTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL GENERADAS POR ENTIDADES DE CARACTER DEPORTIVO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se amplía el régimen previsto por la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, en los casos de aportaciones de seguridad social generadas por entidades de carácter deportivo. (Carp. Nº 1627/09 - Rep. Nº 1154/09)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1627/09

Rep. N° 1154/09

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 24 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo para remitir un Proyecto de Ley que amplía el régimen previsto por la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, en los casos de aportaciones de seguridad social generadas por entidades de carácter deportivo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto que se acompaña, teniendo presente la situación en que se hallan múltiples instituciones deportivas respecto de sus obligaciones para con el Banco de Previsión Social, prevé un mecanismo de regularización de adeudos que contempla las características que ha tenido el desarrollo de la actividad deportiva en nuestro país.

Huelga extenderse sobre la importancia que reviste el deporte en la vida y la cultura de los uruguayos -en particular, el fútbol, cuyos profesionales constituyen el colectivo más numeroso de aquellos a quienes se procura garantizar una inclusión integral en la seguridad social mediante este proyecto-.

Hasta el momento, el deporte no ha sido objeto de soluciones plenamente adecuadas en lo concerniente a la seguridad social: los niveles de formalización no han sido satisfactorios y el consecuente acceso a prestaciones también ha sido bajo.

La presente iniciativa se inscribe dentro de una política que procura dar una respuesta eficaz al tema, y es por ello que el Poder Ejecutivo, al tiempo que remite este proyecto a consideración del Parlamento, está emitiendo un decreto según el cual los profesionales del deportes pasarán a aportar sobre la base de sus retribuciones reales -sin perjuicio de un período de transición con opciones de tributación por fictos, a fin de permitir las adecuaciones contractuales que los involucrados entiendan del caso-.

El Proyecto consta de un único artículo, por el cual se extiende el régimen de facilidades de pago de las obli-gaciones con el Banco de Previsión Social, previsto por la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, a las deudas generadas por instituciones deportivas profesionales con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley proyectada. Se fija en 120 el máximo de cuotas de financiación y se establece un tope al monto de cada cuota, equivalente al

20% de las obligaciones corrientes del mes anterior al de firma del convenio. De tal modo, se consagra un dispositivo que torna viable el pago de los adeudos e impulsa la efectiva formalización de esta actividad, considerando la particular situación financiera de los clubes deportivos en general.

Finalmente, se permite que las entidades deportivas no profesionales puedan también acceder a este régimen, para lo que deberán presentar solicitud fundada al Banco de Previsión Social, quien resolverá previa opinión del Ministerio de Turismo y Deportes.

Saludamos a ese alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Andrés Masoller, Héctor Lescano, Eduardo Bonomi.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Extiéndese el régimen de facilidades de pago dispuesto por la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, para deudas anteriores al mes de promulgación de la presente Ley, generadas por clubes, entidades e instituciones deportivas de carácter profesional, con la única modificación de fijarse en 120 (ciento veinte) el número máximo de cuotas para cancelar los montos referidos por el artículo 1° de la mencionada Ley.

En estos casos, si el valor de la cuota resultante superare el 20% (veinte por ciento) de la suma de las obligaciones corrientes del sujeto pasivo para con el Banco de Previsión Social, correspondientes al mes anterior a la firma del convenio, el interesado podrá solicitar la extensión del número de cuotas a efectos de que el monto de cada una de ellas no supere el referido límite.

Los clubes, entidades e instituciones deportivas de carácter no profesional podrán también solicitar ampararse a la presente Ley mediante petición fundada ante el Banco de Previsión Social, quien recabará la opinión del Ministerio de Turismo y Deporte previo a expedirse al respecto.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi, Héctor Lescano, Andrés Masoller.

Ley N° 17.963

CONTRIBUYENTES DEL BANCO DE PREVISION SOCIAL

SE DICTAN NORMAS PARA SU INCLUSION Y REGULARIZACION Y SE ESTABLECEN

BENEFICIOS PARA LOS BUENOS PAGADORES

Artículo 1°.- El Banco de Previsión Social podrá otorgar facilidades de pago a los contribuyentes deudores al mes anterior a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por las deudas mantenidas a dicha fecha por concepto de tributos personales por dependientes, tributos por cargas salariales por el Aporte Unificado a la Construcción y tributos patronales por servicios bonificados.

Los contribuyentes podrán cancelar sus deudas en la siguiente forma:

A) El monto de la obligación original se cancelará de acuerdo al régimen previsto por los artículos 32 a 34 del Código Tributario, sin multas ni recargos, hasta en 36 (treinta y seis) cuotas.

B) En sustitución de las multas y recargos, se deberá pagar la rentabilidad máxima del mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, que el monto a que refiere el literal anterior, hubiera generado entre la fecha de la obligación original y la del convenio. A tales efectos, la obligación original se convertirá a unidades reajustables del mes en que fue exigible y sobre esta base se aplicará la referida rentabilidad. El monto resultante será pagadero en hasta 72 (setenta y dos) cuotas mensuales calculadas en unidades reajustables, con un interés del 2% (dos por ciento) anual, hasta la extinción total de la obligación.

Artículo 2°.- El Banco de Previsión Social podrá otorgar facilidades de pago a los contribuyentes deudores al mes anterior a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, por las deudas mantenidas a dicha fecha por tributos que recauda, excluidos los considerados en el artículo precedente.

A los efectos del otorgamiento de estas facilidades se tomará el monto de la deuda original en unidades reajustables al momento en que se generó la obligación, adicionándole un interés igual al de la rentabilidad máxima del mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, hasta la fecha de celebración del convenio.

El monto resultante será pagadero en hasta 72 (setenta y dos) cuotas mensuales calculadas en unidades reajustables, con un interés del 2% (dos por ciento) anual, hasta la extinción total de la obligación.

Artículo 3°.- A los efectos de los artículos precedentes, la rentabilidad a considerar en el período a incluirse en el convenio, no podrá ser inferior a 0 (cero).

Artículo 4°.- Los convenios suscritos al amparo del régimen de facilidades previsto por los artículos precedentes, caducarán por la falta de pago dentro del plazo de 2 (dos) meses contados a partir del vencimiento de la primera cuota impaga. La caducidad de uno de los convenios importará la caída total de las facilidades otorgadas.

En los casos referidos por el inciso precedente, se hará exigible el saldo de la deuda originaria convenida, con más los recargos que correspondieren de acuerdo al artículo 94 del Código Tributario hasta su efectiva cancelación.

Artículo 5°.- Facúltase al Banco de Previsión Social a admitir la rehabilitación de las precedentes facilidades de pago, considerando la conducta tributaria del contribuyente, pudiéndose exigir la constitución de garantía suficiente.

Artículo 6°.- El Banco de Previsión Social, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo podrá dejar sin efecto las facilidades otorgadas al amparo de la ley que se reglamenta, cuando lo declarado por el sujeto pasivo difiera respecto de lo determinado por la Administración.

Artículo 7°.- La suscripción de convenio de pago por aportes personales y el cumplimiento de las cuotas acordadas, determinará la suspensión de las acciones y procedimientos penales por la tipificación del delito de apropiación indebida (artículo 11 de la Ley N° 6.962, de 6 de octubre de 1919, artículo 23 de la Ley N° 11.035, de 14 de enero de 1948 y artículo 27 de la Ley N° 11.496, de 27 de setiembre de 1950).

Artículo 8°.- Los contribuyentes del Banco de Previsión Social, que hubieren cumplido, dentro de los plazos legales y reglamentarios, con todas sus obligaciones dentro del año anterior a la promulgación de la presente ley, gozarán de una bonificación, por única vez, del 30% (treinta por ciento) sobre las obligaciones jubilatorias patronales correspondientes al mes de cargo diciembre posterior a la entrada en vigencia de esta ley, que se pagan en enero del año siguiente.

Artículo 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, en iguales condiciones que el artículo precedente, a partir del año civil siguiente a la promulgación de la presente ley, y en la medida que se cumplan los objetivos en materia de recaudación, a otorgar una bonificación de hasta el 10% (diez por ciento) sobre las obligaciones jubilatorias patronales correspondientes al mes de diciembre.

La referida facilidad solo podrá ser utilizada una vez por año y con carácter general.

Artículo 10.- A partir de la vigencia de la presente ley, y dentro del respectivo calendario de pagos, las empresas contribuyentes podrán pagar las contribuciones patronales y personales no vencidas, no obstante la existencia de adeudos por meses anteriores, siempre que por estos se hubieran presentado las declaraciones correspondientes.

Artículo 11.- Autorízase al Directorio del Banco de Previsión Social, con el voto conforme de cinco de sus miembros, y ante situaciones excepcionales debidamente acreditadas, a otorgar convenios de facilidades de pago hasta en 72 (setenta y dos) cuotas, aplicándose en lo pertinente lo previsto por los artículos 32 a 34 del Código Tributario.

No podrán incluirse en dichos convenios tributos personales de los dependientes, tributos patronales por servicios bonificados, y tributos por cargas salariales previstas por el Decreto-Ley N° 14.411, de 7 de agosto de 1975.

Artículo 12.- Autorízase al Directorio del Banco de Previsión Social, por idéntica mayoría que las establecidas en el artículo precedente y ante similares situaciones excepcionales, a conceder quitas de multas y a reducir recargos, por pago contado. La tasa de recargos resultante no podrá ser inferior a las tasas medias del trimestre anterior del mercado de operaciones corrientes de crédito bancario concertadas sin cláusula de reajuste para plazos menores a un año.

En ningún caso se afectarán multas y recargos correspondientes a aportes distribuibles.

Las empresas podrán acceder a los beneficios precedentes solo en caso de no mantener deudas no convenidas, anteriores a la vigencia de la presente ley.

Artículo 13.- A los trabajadores no dependientes, no comprendidos en el régimen mixto previsto por el artículo 4° de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, les serán registrados sus servicios y asignaciones computables, por los períodos y montos declarados, de acuerdo a las siguientes disposiciones:

1) Desde la fecha en que aquellos hubiesen sido cancelados; o

2) Cuando existiere aportación regular. Considérase que ha existido aportación regular a estos efectos, cuando esta hubiera alcanzado, antes del cese, el pago de por lo menos el 30% (treinta por ciento) de las obligaciones o el 50% (cincuenta por ciento) del período considerado.

Los adeudos pendientes de cobro serán compensados con la prestación que se brinde, en las siguientes condiciones:

A) Tratándose de adeudos generados por empresas en las que el trabajador no dependiente desarrolló actividad por un lapso determinado, los adeudos que se incluirán en la compensación a efectuarse con la prestación que se brindará, serán los devengados hasta la efectiva desvinculación del referido trabajador de la empresa.

B) En ninguno de los casos se incluirán aportes personales de trabajadores dependientes, los que deberán ser cancelados en forma previa al acceso a la prestación.

C) En forma previa al ingreso al goce efectivo de la prestación, se deberá calcular la deuda en unidades reajustables para proceder a compensar con el saldo adeudado del servicio de la pasividad.

D) Se compensarán todos los haberes pendientes de cobro a la primer liquidación de la prestación y el 30% (treinta por ciento) de la asignación nominal mensual de jubilación, subsidio transitorio por incapacidad parcial o pensión por fallecimiento, hasta agotar lo adeudado.

E) Cuando se trate de una pensión de un jubilado con compensación de deuda vigente, se adecuará el valor de la cuota al porcentaje del monto de la asignación pensionaria.

F) Si durante el período de compensación con el saldo deudor, otro u otros trabajadores no dependientes que hayan desarrollado actividad en la misma empresa que el primero, soliciten el registro de sus servicios y asignaciones computables, el referido saldo deberá ser prorrateado entre los involucrados, de acuerdo con el período trabajado.

Los mecanismos previstos precedentemente no obstan la gestión judicial o extrajudicial del Banco de Previsión Social para el cobro de los adeudos a través de las vías correspondientes.

Artículo 14.- A los trabajadores no dependientes, comprendidos en el régimen mixto previsto por el artículo 4° de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, les serán registrados sus servicios y asignaciones computables por los períodos y montos declarados, una vez canceladas totalmente las obligaciones.

Artículo 15.- Facúltase al Banco de Previsión Social bajo resolución fundada a solicitar, en los juicios ejecutivos que inicie para hacer efectivo el cobro de los tributos que recauda, el embargo de las cuentas bancarias de las empresas, sin necesidad de otra identificación que el nombre completo o la razón social del demandado. Dicho embargo se notificará al Banco Central del Uruguay, quien lo hará saber a la red bancaria nacional. Esta, en caso de tener cuentas abiertas a nombre del ejecutado, deberá informarlo a la sede judicial en un plazo de 3 (tres) días hábiles a efectos de proceder al embargo específico.

Artículo 16.- Facúltase al Banco de Previsión Social a suspender la vigencia de los certificados previstos por los artículos 663 y 664 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, otorgados a empresas respecto de las cuales se hayan decretado medidas cautelares, a partir de los 90 (noventa) días de decretadas las mismas.

Artículo 17.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley en un plazo de 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de su promulgación.

Decreto N° 174/006

Reglamentario de la Ley N° 17.963

TABARE VAZQUEZ - JORGE BRUNI - DANILO ASTORI

VISTO: La Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, referente a inclusión, regularización y beneficios para buenos pagadores del Banco de Previsión Social.

RESULTANDO: Que el artículo 18 de la mencionada Ley dispone que el Poder Ejecutivo reglamentará sus disposiciones, dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de su promulgación.

CONSIDERANDO: Que, efectivamente, existen varias previsiones contenidas en dicha Ley que es necesario reglamentar.

ATENTO: A lo expuesto y a lo dispuesto por el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República y artículo 18 de la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:

Artículo 1°

(Alcance temporal).- El régimen de facilidades previsto por los artículos 1° y 2° de la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006 comprende los adeudos tributaros mantenidos con el Banco de Previsión Social hasta por el mes de cargo abril de 2006 inclusive, en las condiciones que se establecen en dichas normas y en las disposiciones del presente decreto.

En el caso de adeudos de los contribuyentes empresarios y contratistas rurales, podrán incluirse los correspondientes al primer cuatrimestre del año 2006.

Artículo 2°

(Régimen de cuotas).- El Directorio del Banco de Previsión Social establecerá el régimen de cuotas en proporción a los meses de cargo incluidos en las facilidades.

Las cuotas serán mensuales y consecutivas, excepto en los convenios de contribuyentes rurales, en cuyos casos serán cuatrimestrales y consecutivas.

Los vencimientos de las cuotas de convenio se producirán en las mismas fechas que las correspondientes a las obligaciones corrientes.

Artículo 3°

(Adeudos incluidos).- Solo se admitirá la celebración de convenios cuando ello signifique la regularización total de los adeudos del contribuyente correspondientes al período considerado por la ley que se reglamenta.

Artículo 4°

(Moneda).- Los convenios celebrados al amparo del literal A) del artículo 1° de la ley que se reglamenta, se celebrarán en moneda nacional.

Artículo 5°

(Convenios vigentes suscritos al amparo del Código Tributario).- Los contribuyentes podrán solicitar la reliquidación de los convenios de facilidades vigentes por aportes patronales, suscritos al amparo del Código Tributario, a efectos de la inclusión de los saldos en las facilidades que se reglamentan.

Artículo 6°

(Convenios vigentes suscritos al amparo de leyes especiales).- Los contribuyentes podrán solicitar la reliquidación de los convenios de facilidades vigentes, suscritos al amparo de leyes especiales, a efectos de la inclusión de los saldos en las facilidades que se reglamentan.

A tales efectos, el número de cuotas que se otorgue no podrá superar el saldo que resulte de restar al máximo de cuotas que autoriza la ley que se reglamenta, la cantidad de cuotas canceladas por el convenio anterior.

Artículo 7°

(Multa del artículo 10 de la Ley N° 16.244).- No podrá incluirse en los regímenes de facilidades que se reglamentan, la multa aplicada de conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 16.244, de 30 de marzo de 1992.

Artículo 8°

(Rentabilidad máxima del mercado de Afaps).- La rentabilidad máxima del mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional a que refieren los artículos 1° y 2° de la ley que se reglamenta, consiste en la máxima rentabilidad bruta real mensual en unidades reajustables, que se haya obtenido en el sistema de Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional, conforme a las determinaciones que mes a mes efectúa el Banco Central del Uruguay.

Artículo 9°

(Caducidad).- Los convenios suscritos al amparo de los regímenes de facilidades que se reglamentan, caducarán por la falta de pago dentro del plazo de 2 (dos) meses contados a partir del vencimiento de la primera cuota impaga. La caducidad de uno de los convenios importará la caída total de las facilidades otorgadas.

En los casos de cuotas cuatrimestrales, los convenios caducarán por el atraso en un cuatrimestre y la caducidad se considerará producida al vencimiento del siguiente cuatrimestre, de mantenerse la omisión de pago.

Acaecida la caducidad, quedará sin efecto la suspensión de las acciones y procedimientos penales previstos por el artículo 7° de la ley que se reglamenta, debiendo la Administración retomar la instancia penal correspondiente.

Artículo 10

(Garantías).- La Administración podrá exigir la constitución de garantías reales o personales suficientes, como condición previa a la suscripción de convenio, en aquellos casos en que, a juicio de la misma, exista riesgo para la percepción del crédito.

Se reputará existente dicho riesgo cuando, en el convenio que se suscriba, se incluyan adeudos que formaban parte de convenios anteriores caducados por incumplimiento.

Artículo 11

(Diferencias entre el monto convenido y determinación de adeudos posteriores).- La Administración podrá dejar sin efecto las facilidades otorgadas cuando lo declarado por el sujeto pasivo difiera en más de un 25% (veinticinco por ciento) respecto de lo determinado por aquella. El referido porcentaje se aplicará a tributos, excluidos las multas y recargos.

Facúltase al Banco de Previsión Social a disminuir el referido porcentaje a partir del año siguiente a la vigencia de la ley que se reglamenta.

Artículo 12

(Condiciones).- A los efectos de acceder a la bonificación prevista por el artículo 8° de la ley que se reglamenta, los contribuyentes deben haber efectuado en tiempo y forma las declaraciones formales requeridas y los pagos correspondientes por los meses de cargo comprendidos desde mayo de 2005 hasta abril de 2006 inclusive.

En el caso de contribuyentes rurales, los pagos y declaraciones a considerar a los efectos antedichos, serán los correspondientes al segundo y tercer cuatrimestre del año 2005, y primero del año 2006. A los efectos del cálculo del porcentaje establecido, la bonificación dispuesta supone considerar, en estos casos, la cuota parte correspondiente del mes de diciembre de 2006.

Artículo 13

(Aguinaldo).- Las obligaciones patronales sobre las que se aplica la bonificación, incluyen la correspondiente al segundo medio aguinaldo.

Artículo 14

(Adeudos incluidos).- Las facultades otorgadas al Directorio del Banco de Previsión Social por los artículos 11 y 12 de la ley que se reglamenta son aplicables únicamente a adeudos generados en períodos posteriores a la vigencia de dicha ley.

Artículo 15

(Reglamentación).- A los convenios que se celebren al amparo del artículo 11 de la ley que se reglamenta les será aplicable, en lo pertinente, la reglamentación vigente de los artículos 32 a 34 del Código Tributario.

Artículo 16

(Multa del artículo 10 de la Ley N° 16.244).- No podrá incluirse en el régimen de facilidades previsto por el artículo 11 de la ley que se reglamenta, la multa aplicada de conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 16.244, de 30 de marzo de 1992.

Artículo 17

(Beneficios del artículo 12 de la Ley).- Sin perjuicio de lo previsto por el inciso final del artículo 12 de la ley que se reglamenta, los beneficios previstos por dicho artículo solo podrán concederse para la cancelación total de los adeudos que posea el contribuyente al momento de efectivizar el pago, no admitiéndose pagos parciales.

Artículo 18

(Régimen).- El sistema establecido por los artículos 13 y 14 de la ley que se reglamenta, será de aplicación con carácter general, no siendo necesario haberse amparado a las facilidades de pago previstas por aquella.

Artículo 19

Los titulares de empresas unipersonales amparados por el Seguro de Enfermedad, abonarán el total de la cuota y adicionales que establezca el Poder Ejecutivo, según lo determinado por el artículo 3° del presente decreto, sin perjuicio de la obligatoriedad de estar al día en el pago de las aportaciones al sistema de Seguridad Social. El mes de control, será el 2° calendario anterior.

Artículo 20

Comuníquese, publíquese, etc.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 126

En Montevideo, el día dos de setiembre de dos mil nueve, a la hora diecisiete y diez minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus Miembros la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Eduardo Bonomi, Francisco Gallinal, Walter Campanella e Isaac Alfie.

Falta con aviso el señor Senador Eduardo Ríos.

Preside la señora Senadora Susana Dalmás, Presidenta de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Gabriela Gazzano y el señor Prosecretario Martín Secco.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3405/2009, que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1. Carpeta N° 1627/2009. Se amplía el régimen previsto por la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, en los casos de aportaciones de seguridad social generadas por entidades de carácter deportivo. Distribuido N° 3397/2009.

2. Carpeta N° 1631/2009. PEREZ SILVA, Domingo Salvador. Pensión Graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes.

3. Carpeta N° 1632/2009. LEMOS GONZALEZ, Blanca Olira. Pensión Graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1. Carpeta N° 1600/2009. Mozos de Cordel. Se prorroga hasta el año 2012 el plazo de los contratos regulados por las Leyes Nos. 18.057 y 18.392. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 3344/2009.

La señora Senadora Susana Dalmás propone un texto sustitutivo al proyecto de ley en consideración.

Se vota con modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Francisco Gallinal. Informe verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Prorrógase hasta el 31 de julio de 2011, el plazo de los contratos referidos en el artículo 4° de la Ley N° 18.057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.392, de 24 de octubre de 2008, quedando incluidos en esta disposición los contratos a que refiere el artículo 2° de este último cuerpo normativo.

2. Carpeta N° 1617/2009. Aportes jubilatorios patronales de empresas que se amparen en regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial.

Se establece un régimen de facilidades de pago. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes.

Se vota el artículo 1°. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se vota el artículo 2°. 4 en 5. Afirmativa.

Se vota el artículo 3°. 3 en 5. Afirmativa.

Se vota el artículo 4°. 3 en 5. Afirmativa.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás. Informe verbal.

3. Carpeta N° 1627/2009. Se amplía el régimen previsto por la Ley N° 17.963, de 19 de mayo de 2006, en los casos de aportaciones de seguridad social generadas por entidades de carácter deportivo. Distribuido N° 3397/2009. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

Se vota el artículo único. 3 en 5. Afirmativa.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Eduardo Bonomi. Informe verbal.

4. Carpeta N° 1631/2009. PEREZ SILVA, Domingo Salvador. Pensión Graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes.

Se vota en bloque. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Walter Campanella. Informe verbal.

5. Carpeta N° 1632/2009. LEMOS GONZALEZ, Blanca Olira. Pensión Graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes.

Se vota en bloque. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich. Informe verbal.

A la hora diecisiete y cincuenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Susana Dalmás Presidenta

Gabriela Gazzano Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Bonomi.

SEÑOR BONOMI.- Señor Presidente: el proyecto de ley surge a partir de las dificultades que están viviendo múltiples instituciones deportivas con respecto a sus obligaciones para con el Banco de Previsión Social y prevé un mecanismo de regularización de deudas que contempla las características que ha tenido el desarrollo de la actividad deportiva en nuestro país.

El deporte no ha encontrado soluciones en lo concerniente a la seguridad social. Los niveles de formalización no han sido satisfactorios y, en consecuencia, el acceso a las prestaciones también ha sido bajo.

El proyecto de ley se inscribe dentro de una política que procura dar una respuesta al tema y el Poder Ejecutivo, al tiempo que remite esta iniciativa a consideración del Parlamento, está emitiendo un decreto según el cual los profesionales del deporte pasarán a aportar sobre la base de sus retribuciones reales, sin perjuicio de que habrá un período de transición con opciones de tributación por fictos, a fin de permitir las adecuaciones contractuales que los involucrados entiendan del caso.

Precisamente, en el día de hoy tenemos a consideración una pensión graciable a conceder al señor Domingo Pérez, y como recordarán los señores Senadores también se les ha otorgado a los señores Eladio Benítez y Alcides Silveira, que han tenido una larga carrera deportiva. El señor Domingo Pérez jugó seis años en Rampla Juniors, siete en el Club Nacional de Fútbol, uno en Racing, uno en Defensor Sporting Club, así como también en River Plate de Argentina y en México, además de participar en dos mundiales, dos eliminatorias y tres campeonatos sudamericanos, en dos de los cuales fue campeón. A pesar de esta trayectoria, cobra una jubilación de $ 966, y ello se debe a la falta de aportes por sueldos que, si se comparan con los comunes, en realidad son altos; pero luego se tienen que votar pensiones graciables. Lo que estoy expresando no figura en el proyecto de ley, pero tiene que ver con el decreto y con lo que estamos considerando.

El proyecto de ley consta de un artículo único por el cual se extiende el régimen de facilidades de pago de las obligaciones con el Banco de Previsión Social, previsto por la Ley Nº 17.963, de 19 de mayo de 2006, para deudas generadas por instituciones deportivas profesionales, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley proyectada. Asimismo, se fija la financiación en un máximo de 120 cuotas y se establece un tope al monto de cada cuota equivalente al 20% de las obligaciones corrientes del mes anterior al de la firma del convenio. De esa manera, se consagra un dispositivo que torna viable el pago de los adeudos e impulsa la efectiva formalización de esta actividad, considerando la particular situación financiera de los clubes deportivos en general. Incluso, abre la posibilidad de que las entidades deportivas no profesionales también puedan acceder al régimen.

Por estas razones, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Extiéndese el régimen de facilidades de pago dispuesto por la Ley Nº 17.963 de 19 de mayo de 2006, para deudas anteriores al mes de promulgación de la presente Ley, generadas por clubes, entidades e instituciones deportivos de carácter profesional, con la única modificación de fijarse en 120 (ciento veinte) el número máximo de cuotas para cancelar los montos referidos por el artículo 1º de la mencionada Ley.

En estos casos, si el valor de la cuota resultante superare el 20% (veinte por ciento) de la suma de las obligaciones corrientes del sujeto pasivo para con el Banco de Previsión Social, correspondientes al mes anterior a la firma del convenio, el interesado podrá solicitar la extensión del número de cuotas a efectos de que el monto de cada una de ellas no supere el referido límite.

Los clubes, entidades e instituciones deportivos de carácter no profesional podrán también solicitar ampararse a la presente Ley mediante petición fundada ante el Banco de Previsión Social, quien recabará la opinión del Ministerio de Turismo y Deporte previo a expedirse al respecto".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- "Señor Presidente: no acompañamos esta iniciativa, no ya por no compartirla, sino porque la consideramos de una arbitrariedad absolutamente inconveniente.

En primer lugar, en una parte de la Exposición de Motivos se dice: 'teniendo presente la situación en que se hallan múltiples instituciones deportivas respecto de sus obligaciones para con el Banco de Previsión Social'. Quiere decir que se alude a instituciones deportivas en general y no a las profesionales. Sin embargo, cuando se establece el régimen de facilidades, se incluye solo a las instituciones profesionales y no a las deportivas en general. Y es más: al final se agrega un inciso que es la antítesis de lo que es una ley -porque es el reino de la discreción-, ya que establece que los demás clubes, que no son profesionales, también pueden solicitar ampararse a la ley. Ahora bien, eso lo va a decidir o no el Banco de Previsión Social en cada caso y con un informe.

Si se dan facilidades, deben ser establecidas para todos los sectores y no considerándolos de a uno, que es lo que establece el último inciso. Por estas razones no acompañamos este proyecto de ley."

(Parte de esta exposición ha sido eliminada en aplicación del artículo 104 del Reglamento del Cuerpo)

"Pensamos que esto tiene un mero afán recaudatorio porque, en el mejor de los casos, como en nuestro país los deportistas aportan unos pocos años, es claro que con ese poco tiempo de aporte no van a tener una jubilación.

Nada más. Muchas gracias."

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda a los señores Senadores y señoras Senadoras que en el fundamento de voto no se puede hacer alusiones personales ni políticas. Al respecto, se revisará la versión taquigráfica.

13) REGIMEN ESPECIAL PARA APORTES JUBILATORIOS PATRONALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establece un régimen de facilidades de pago de aportes jubilatorios patronales para empresas que se amparen en regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial. (Carp. Nº 1617/09 - Rep. Nº 1156/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1617/09

Rep. N° 1156/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Créase un régimen especial de facilidades de pago de obligaciones por aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social. Dicho régimen se aplicará cuando el Poder Ejecutivo establezca regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial para ciertas actividades económicas, en uso de la facultad establecida por el artículo 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.399, de 24 de octubre de 2008.

Artículo 2°.- A efectos de determinar el monto que va a ser objeto de financiación en el presente régimen de facilidades, se aplicará a los aportes patronales del mes de cargo respectivo, la relación que exista entre el monto de los aportes patronales jubilatorios de los trabajadores amparados en el régimen de seguro de paro parcial y los aportes patronales totales de la empresa.

Artículo 3°.- El monto establecido de acuerdo al procedimiento dispuesto en el artículo 2° de la presente ley, podrá ser abonado en tantas cuotas como determine el contribuyente, con un máximo de doce. La primera cuota vencerá a los doce meses de la entrega inicial de acuerdo al calendario que establezca el Banco de Previsión Social (BPS). La entrega inicial del acuerdo deberá realizarse dentro del vencimiento habitual para el pago de las obligaciones corrientes con el BPS e incluir todas las restantes obligaciones del mes de cargo. Las facilidades de pago establecidas de acuerdo al presente régimen no generarán multas, recargos ni intereses, siempre que el contribuyente cumpla ín-tegramente con las obligaciones establecidas en las mismas.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley en un plazo de treinta días siguientes a la fecha de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de agosto de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Comisión de

Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social, por unanimidad de sus miembros, ha aprobado el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre "Aportes jubilatorios patronales de empresas que se amparen en regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial. Se establece un régimen de facilidades de pago".

Este proyecto de ley pretende encuadrarse dentro de todas aquellas medidas que mitiguen los efectos de la coyuntura económica internacional en el desarrollo de las actividades productivas.

Para los sectores en dificultades está prevista la implementación de un seguro de paro parcial por el cual las empresas podrán atenuar sus costos laborales, sin prescindir totalmente de los trabajadores, manteniendo por tanto su capacidad operativa. Además, se prevé que los trabajadores abarcados por este régimen realicen en el período de aplicación del beneficio, actividades de capacitación que mejoren sus posibilidades laborales hacia el futuro.

Como modo de estimular el desarrollo de este mecanismo de cobertura, el presente proyecto de ley contempla la posibilidad de que el Banco de Previsión Social otorgue un régimen de facilidades sin multas, recargos ni intereses respecto a la parte proporcional de la masa salarial correspondiente a los trabajadores amparados.

Por los contenidos y fundamentaciones de esta iniciativa, vuestra asesora recomienda a esta Cámara, la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 6 de agosto de 2009.

José Luis Blasina, Miembro Informante; Pablo Abdala, Daniel Bianchi, Esteban Pérez, Alfredo Asti, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes, acompaña el informe.

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 3 de julio de 2009.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo remite a usted el presente proyecto de ley por el que se establece un régimen de facilidades de pago en relación a los aportes jubilatorios patronales de aquellas empresas que se amparen en regímenes de seguro de paro parcial.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Andrés Masoller, Eduardo Bonomi, Gerardo Gadea.

Ministerio de

Economía y Finanzas

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es propósito del Poder Ejecutivo impulsar todas aquellas medidas que mitiguen los efectos de la coyuntura económica internacional en el desarrollo de las actividades productivas.

Para los sectores en dificultades está prevista la implementación de un seguro de paro parcial por el cual las empresas podrán atenuar sus costos laborales, sin prescindir totalmente de los trabajadores, manteniendo por tanto su capacidad operativa. Además, se prevé que los trabajadores abarcados por este régimen realicen en el período de aplicación del beneficio, actividades de capacitación que mejoren sus posibilidades laborales hacia el futuro.

Como modo de estimular el desarrollo de este mecanismo de cobertura, el presente proyecto de ley contempla la posibilidad de que el Banco de Previsión Social, otorgue un régimen de facilidades, sin multas, recargos ni intereses, respecto a la parte proporcional de la masa salarial correspondiente a los trabajadores amparados.

Andrés Masoller, Eduardo Bonomi, Gerardo Gadea.

Ministerio de

Economía y Finanzas

PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1°.- Créase un régimen especial de facilidades de pago de obligaciones por aportes jubilatorios patronales al Banco de Previsión Social. Dicho régimen se aplicará cuando el Poder Ejecutivo establezca regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial para ciertas actividades económicas, en uso de la facultad establecida en el artículo 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por la Ley N° 18.399, de 24 de octubre de 2008.

ARTICULO 2°.- A efectos de determinar el monto que va a ser objeto de financiación en el presente régimen de facilidades, se aplicará a los aportes patronales del mes de cargo respectivo, la relación que exista entre el monto de los aportes patronales jubilatorios de los trabajadores amparados en el régimen de seguro de paro parcial y los aportes patronales totales de la empresa.

ARTICULO 3°.- El monto establecido de acuerdo al procedimiento dispuesto en el artículo anterior, podrá ser abonado en tantas cuotas como determine el contribuyente, con un máximo de doce. La primera cuota vencerá a los doce meses de la entrega inicial de acuerdo al calendario que establezca el Banco de Previsión Social. La entrega inicial del acuerdo deberá realizarse dentro del vencimiento habitual para el pago de las obligaciones corrientes con el Banco de Previsión Social e incluir todas las restantes obligaciones del mes de cargo. Las facilidades de pago establecidas de acuerdo al presente régimen, no generarán multas, recargos ni intereses, siempre que el contribuyente cumpla íntegramente con las obligaciones establecidas en las mismas.

ARTICULO 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la presente ley en un plazo de 30 (treinta) días siguientes a la fecha de su promulgación.

Andrés Masoller, Eduardo Bonomi, Gerardo Gadea.

DISPOSIONES CITADAS

Ley N° 18.399

SEGURO DE DESEMPLEO ADMINISTRADO POR EL BANCO DE PREVISION SOCIAL

MODIFICACION DEL REGIMEN ESTABLECIDO POR EL DECRETO-LEY N° 15.180

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 2°, 5°, 6°, 7°, 9° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, los que quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 2°. (De la prestación).- La prestación por desempleo consistirá en un subsidio mensual en dinero que se pagará proporcionalmente a los días de desempleo dentro del correspondientes mes del año, a todo trabajador comprendido en el presente decreto-ley, que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral.

El desocupado deberá solicitar la prestación por desempleo en la forma que determine la reglamentación y dentro del plazo de treinta días posteriores al acaecimiento de la causal correspondiente.

Vencido el término en día inhábil, quedará este prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

La falta de presentación en plazo determinará la pérdida del beneficio por el o los meses del año transcurridos en forma completa."

"ARTICULO 5°. (Causales).- Son causales para el otorgamiento del subsidio por desempleo:

A) El despido, salvo que se trate del referido en el literal C) del presente artículo.

B) La suspensión del trabajo, con la misma salvedad.

C) La reducción del total de las jornadas de trabajo en el mes o del total de las horas trabajadas en el día, en un porcentaje de un 25% (veinticinco por ciento) o más del legal o habitual en épocas normales, como consecuencia del despido o suspensión total en un empleo amparado por este decreto-ley, cuando se desempeñare más de uno de estos, o de la disminución de trabajo para un empleador, salvo, en este último caso, que se trate de trabajadores mensuales.

Exceptúanse de esta causal las situaciones en que la eventualidad de la reducción del trabajo resultare de un pacto expreso o de las características de la profesión o empleo."

"ARTICULO 6°. (Término de la prestación).-

6.1) El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un plazo máximo de seis meses en los casos de despido o trabajo reducido, y de cuatro meses en los casos de suspensión total, calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del presente decreto-ley.

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de setenta y dos jornales en los casos de despido o trabajo reducido, y de cuarenta y ocho jornales en los casos de suspensión total, calculados conforme a lo previsto en el artículo 7° de este decreto-ley y no pudiendo excederse mensualmente de los límites allí establecidos.

No obstante, en los casos de trabajo reducido a causa de suspensión total en un empleo amparado por este decreto-ley, cuando se desempeñare más de uno de estos, los términos de la prestación previstos precedentemente serán de cuatro meses y de cuarenta y ocho jornales, respectivamente.

6.2) En los casos de subsidio por causal despido, facúltase al Poder Ejecutivo a extender los términos previstos en los literales A) y B) del artículo 6.1, a un máximo de ocho meses o de noventa jornales, respectivamente, para la eventualidad de que se registre una caída del Producto Bruto Interno desestacionalizado durante dos trimestres consecutivos.

De haberse efectuado la extensión antedicha, se restablecerá el término máximo de seis meses o setenta y dos jornales de subsidio, una vez transcurridos tres meses desde la constatación de dos subas trimestrales consecutivas del Producto Bruto Interno desestacionalizado.

6.3) En los casos de despido de trabajadores que contaren con cincuenta o más años de edad al momento de producirse aquel, los máximos totales resultantes de la aplicación de los artículos 6.1 y 6.2, se extenderán por otros seis meses o setenta y dos jornales, respectivamente, con los límites mensuales indicados por el literal B) del artículo 6.1, en su caso, y los montos previstos por el artículo 7.5.

6.4) Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo, podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido al menos doce meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho."

"ARTICULO 7°. (Monto del subsidio).-

7.1) El monto del subsidio para los trabajadores despedidos:

1) Con remuneración mensual fija o variable, será el equivalente a los porcentajes que se establecen a continuación, del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal:

A) 66% (sesenta y seis por ciento), por el primer mes de subsidio.

B) 57% (cincuenta y siete por ciento), por el segundo.

C) 50% (cincuenta por ciento), por el tercero.

D) 45% (cuarenta y cinco por ciento), por el cuarto.

E) 42% (cuarenta y dos por ciento), por el quinto.

F) 40% (cuarenta por ciento), por el sexto.

2) Con remuneración por día o por hora, será el equivalente a las cantidades de jornales mensuales que se establecen a continuación, el monto de cada cual se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, por ciento cincuenta:

A) Dieciséis jornales, por el primer mes de subsidio.

B) Catorce jornales, por el segundo.

C) Doce jornales, por el tercero.

D) Once jornales, por el cuarto.

E) Diez jornales, por el quinto.

F) Nueve jornales, por el sexto.

7.2) El monto del subsidio para los trabajadores en situación de suspensión total de la actividad:

1) Con remuneración mensual fija o variable, será el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores anteriores a configurarse la causal.

2) Con remuneración por día o por hora, será el equivalente a doce jornales mensuales, el monto de cada cual se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, por ciento cincuenta.

7.3) El monto del subsidio para los trabajadores en situación de suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido -lo que será reglamentado por el Poder Ejecutivo- será la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado conforme al artículo 7.2 y lo efectivamente percibido en el período durante el cual se sirve el subsidio. A estos efectos, en los casos de trabajo reducido por despido o suspensión total en uno de los empleos, las remuneraciones a considerar para el cálculo previsto en el artículo 7.2 comprenderán también las correspondientes a las actividades amparadas por este decreto-ley que se prosigan desempeñando.

7.4) A los efectos de la aplicación de lo previsto en los artículos 7.1 y 7.2, las referencias que allí se efectúan a los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, corresponderán a períodos de trabajo efectivo, si fuere más favorable para el trabajador.

7.5) En los casos a que refieren los artículos 6.2 y 6.3 y durante los períodos suplementarios allí previstos, el monto del subsidio será el establecido por los literales F) de los numerales 1) y 2) del artículo 7.1.

7.6) Los trabajadores que, habiéndose acogido al subsidio por causal despido, reingresaren a la actividad sin haber agotado de modo continuo o discontinuo el término máximo de aquel y fueren despedidos nuevamente, retornando al amparo del subsidio únicamente por el saldo de dicho máximo, reiniciarán la percepción de la prestación por ese saldo a partir del nivel superior de la escala correspondiente (literales A) de los numerales 1) y 2) del artículo 7.1).

Lo dispuesto por el inciso anterior no será de aplicación cuando el nuevo despido proviniere del mismo empleador, en cuyo caso el trabajador reingresará al goce del saldo del subsidio en el nivel que le hubiera correspondido en la escala, de no haberse interrumpido la percepción de aquel.

7.7) El monto del subsidio, resultante de la aplicación de los artículos 7.1, 7.2 y 7.5, no podrá ser inferior a 1 BPC (una Base de Prestaciones y Contribuciones), para relaciones de trabajo de veinticinco jornadas mensuales y ocho horas diarias de labor, debiendo adecuarse proporcionalmente en los casos de menos o menores jornadas.

7.8) El monto del subsidio no podrá superar los siguientes máximos:

1) Para los empleados despedidos, el equivalente a:

A) 11 BPS (once Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el primer mes de subsidio.

B) 9,5 BPC (nueve y media Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el segundo.

C) 8 BPC (ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el tercero.

D) 7 BPC (siete Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el cuarto.

E) 6,5 BPC (seis y media Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el quinto.

F) 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el sexto.

2) Para los empleados en situación de suspensión total de la actividad o trabajo reducido, el equivalente a 8 BPC (ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones) por cada mes de subsidio.

7.9) El valor de la BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) que se tendrá en cuenta para la aplicación de los artículos 7.7 y 7.8, será el que tuviere dicha unidad a la fecha de la causal correspondiente.

A los mínimos y máximos previstos por dichos artículos, se adicionará el suplemento establecido en el artículo 7.10, si correspondiere.

7.10) Si el trabajador fuere casado o viviere en concubinato, o tuviere a su cargo familiares incapaces hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, ascendientes o descendientes menores de veintiún años de edad, percibirá un suplemento del 20% (veinte por ciento) del subsidio que correspondiera conforme a lo establecido precedentemente."

"ARTICULO 9°. (Despido ficto).- Se considerará que se ha producido el despido del empleado suspendido en forma total de su empleo, si al término del período máximo de la prestación no es reintegrado al trabajo, pudiendo reclamar la indemnización que le correspondiere.

El empleado que se encontrare percibiendo el subsidio por más de tres meses en situación de trabajo reducido para un empleador, podrá optar por considerarse despedido y reclamar la indemnización a que tuviere derecho."

"ARTICULO 10. (Desocupación especial).- Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general y por un plazo no mayor a un año, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas, así como a prorrogar, por idénticas razones y plazo, el servicio de las prestaciones previstas en el presente Decreto-Ley siempre que, en este último caso, se documentare la transitoriedad de la falta o reducción de tareas y el compromiso de preservar los puestos de trabajo.

El Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse en estos casos, el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones computables conforme al artículo 7° del presente Decreto-Ley.

El ejercicio de las facultades previstas en el inciso primero del presente artículo, no obsta al derecho del trabajador de reclamar la indemnización por despido una vez completado el período máximo previsto por el artículo 6.1 para las causales de suspensión total o reducción de trabajo a causa de suspensión total en uno de los empleos, sin perjuicio de lo establecido por el inciso segundo del artículo 9° de este Decreto-Ley".

Decreto N° 162/009

TABARE VAZQUEZ - EDUARDO BONOMI - ALVARO GARCIA

VISTO: La Ley N° 18.399 de 24 de octubre de 2008;

RESULTANDO: que, a través de la misma, se introducen modificaciones al sistema del seguro por desempleo administrado por el Banco de Previsión Social, regulado por el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981;

CONSIDERANDO: I) que el Decreto N° 14/982, de 19 de enero de 1982 reglamenta las disposiciones del Decreto-Ley referido precedentemente;

II) que las modificaciones introducidas por la ley citada en el Visto, implican reformas sustanciales en el régimen edictado por el Decreto-Ley N° 15.180 de 20 de agosto de 1981, circunstancia que genera la conveniencia de sustituir las previsiones del Decreto N° 14/982, de 19 de enero de 1982, por un nuevo marco reglamentario del citado Decreto-Ley y de su referida modificativa, actualizado en razón de los cambios operados a nivel orgánico-institucional y normativo;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

DECRETA:

Artículo 1°. (Campo de aplicación).- El régimen de prestaciones por desempleo administrado por el Banco de Previsión Social comprende obligatoriamente a los siguientes trabajadores de la actividad privada amparados por dicho organismo, que presten servicios remunerados a terceros:

a) trabajadores que desarrollen actividades con inclusión "Industria y Comercio";

b) trabajadores rurales, conforme a lo previsto por el Decreto N° 211/001 de 8 de junio de 2001;

c) trabajadores domésticos, conforme a lo previsto por la Ley N° 18.065, de 27 de noviembre de 2006 y el Decreto N° 224/007, de 25 de junio de 2007.

El referido régimen también alcanza a los contratados a término de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 30 a 43 de la Ley N° 17.556, de 18 de setiembre de 2002, con las especificidades allí determinadas, así como a los trabajadores no comprendidos en los literales anteriores, que ya hubieren sido incorporados o se incorporen según lo previsto por el inciso segundo del artículo 1° del Decreto-Ley que se reglamenta, en la oportunidad, forma y condiciones establecidas en cada caso.

Artículo 2°. (De la prestación).- La prestación por desempleo consistirá en un subsidio mensual en dinero que se pagará proporcionalmente, si correspondiere, a los días de desempleo dentro del correspondiente mes del año, a todo trabajador comprendido en las normas legales que se reglamentan, que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral.

Entiéndese por capacidad laboral, a tales efectos, la aptitud psicofísica para el desempeño de la tarea habitual, debiendo apreciarse aquélla únicamente al momento en que se genera el derecho a la prestación.

A los efectos del presente decreto, se entiende por mes del año o mes del calendario, cada una de las doce partes en que se divide el año, tales como enero o febrero.

Artículo 3°. (Causales).- Son causales para el otorgamiento del subsidio por desempleo:

A) El despido, salvo que se trate del referido en el literal C) del presente artículo.

B) La suspensión del trabajo, con la misma salvedad.

C) La reducción del total de las jornadas de trabajo en el mes o del total de las horas trabajadas en el día, en un porcentaje de un 25% (veinticinco por ciento) o más del legal o habitual en épocas normales, como consecuencia del despido o suspensión total en un empleo amparado por las normas legales que se reglamentan y concordantes, cuando se desempeñare más de uno de tales empleos, o de la disminución de trabajo para un empleador, salvo, en este último caso, que se trate de trabajadores mensuales.

Exceptúanse de esta causal las situaciones en que la eventualidad de la reducción del trabajo resultare de un pacto expreso o de las características de la profesión o empleo.

Artículo 4°. (Plazo de solicitud).- El desocupado deberá solicitar la prestación por desempleo ante las oficinas del Banco de Previsión Social, dentro de los 30 (treinta) días corridos posteriores a:

A) el despido o la suspensión total en el trabajo, tanto se trate de los previstos en los literales A) y B) del artículo anterior como de los producidos en un empleo amparado por el Decreto-Ley que se reglamenta, cuando se desempeñare más de uno de tales empleos;

B) la finalización del mes del calendario en que se produjo la reducción del trabajo para un empleador.

Vencido el término en día inhábil, quedará este prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

La falta de presentación en plazo determinará la pérdida del beneficio por el o los meses del año transcurridos en forma completa.

Artículo 5°. (Iniciativa del trabajador).- En caso de que la empresa no entregue la documentación con la información necesaria requerida por el Banco de Previsión Social dentro del término previsto en el artículo 26 de este decreto, el trabajador, en los plazos que resultan del artículo anterior, deberá solicitar el subsidio prestando declaración jurada respecto del incumplimiento del empleador, lo que se hará constar expresamente en el formulario correspondiente.

Artículo 6°. (Período previo de generación).- Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere:

A) para los empleados con remuneración mensual, haber computado 180 (ciento ochenta) días, continuos o no, de permanencia en la planilla de control de trabajo u otro documento equivalente, de una o más empresas;

B) para los remunerados por día o por hora, haber computado 150 (ciento cincuenta) jornales, en iguales condiciones;

C) para los empleados con remuneración variable, haber percibido el equivalente a 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones) mensuales, en iguales condiciones.

En todos los casos, el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal, sin perjuicio de la facultad prevista en el literal A) del inciso tercero del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 2° de la Ley N° 18.399, de 24 de octubre de 2008.

Artículo 7°. (Períodos de inactividad compensada).- Se considerará tiempo efectivamente trabajado a los efectos de la generación del subsidio por desempleo, los lapsos en que el solicitante hubiere percibido el subsidio transitorio por incapacidad parcial, el subsidio por enfermedad previsto por el Decreto-Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975 y modificativas, el subsidio por maternidad establecido por el Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980 y el subsidio previsto por el artículo 3° de la Ley N° 17.215, de 24 de setiembre de 1999.

Artículo 8°. (Servicios no documentados).- En caso de que el trabajador no revistare en la planilla de control de trabajo o instrumento equivalente, o que no documentare los servicios dentro del plazo correspondiente, podrá acreditar, mediante cualquier medio de prueba, la existencia de la relación laboral y de los demás requisitos exigidos.

La prueba será valorada por la Administración en oportunidad de decidir sobre el derecho a la prestación.

Artículo 9°. (Facultades de comprobación).- El Banco de Previsión social podrá disponer la realización de toda clase de investigaciones y contralores tendientes a constatar o verificar los hechos declarados por los empleadores o los solicitantes, u otros que tengan relación con el otorgamiento de las prestaciones.

Artículo 10. (Exclusiones).- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, no tendrán derecho al subsidio por desempleo:

A) Los que perciban jubilación o adelanto prejubilatorio, servidos por cualquier institución pública o privada, o el subsidio especial por inactividad compensada instituido en el Capítulo IV de la Ley N° 18.395, de 24 de octubre de 2008.

B) Los que se encuentren en estado de huelga y por el período del mismo.

C) Los que fueran despedidos o suspendidos por razones disciplinarias.

Para la determinación de esta exclusión, se estará a las pruebas que surjan del expediente administrativo, a los antecedentes del trabajador y a la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

1) dolo o falta grave en el desempeño de la actividad a causa del trabajo o en ocasión del mismo;

2) abandono voluntario de la ocupación sin autorización del empleador o sin mediar causa justificada;

3) embriaguez en horas de trabajo;

4) bajo rendimiento intencional;

5) inasistencias injustificadas;

6) daño o deterioro intencional a bienes propiedad de la empleadora o terceros;

7) negativa injustificada a cumplir órdenes emanadas de la empresa;

8) inobservancia a normas dictadas por la empresa o autoridad competente, tendientes a garantir la seguridad de personas o bienes;

9) llegadas tarde reiteradas e injustificadas;

10) otros hechos de análogas características a las descriptas precedentemente;

D) Los que perciban otros ingresos provenientes de actividades remuneradas al servicio de terceros o por cuenta propia, salvo, en el primer caso, que se trate de los ingresos provenientes del trabajo reducido, conforme a lo previsto por el literal C), del artículo 3° del presente decreto.

En caso de ingresos de otra naturaleza y siempre que los mismos fueren inferiores al monto de la prestación, se abonará la diferencia.

En ningún caso se tomarán en cuenta:

1) las rentas vitalicias por accidente laboral o incapacidad servidas por el Banco de Seguros del Estado;

2) las asignaciones familiares;

3) el hogar constituido;

4) las pensiones alimenticias con destino a menores o incapaces;

5) la vivienda propia que ocupen los beneficiarios;

6) los ingresos complementarios voluntariamente servidos por los empleadores durante el período de desocupación, sea en forma voluntaria o provenientes de laudos o convenios colectivos que establezcan subsidios por desempleos propios;

7) la indemnización por despido;

8) las licencias no gozadas, y el salario vacacional;

9) los feriados pagos;

10) el sueldo anual complementario;

11) la pensión especial reparatoria prevista por la Ley N° 18.033, de 13 de octubre de 2006.

Artículo 11. (Inasistencias: justificación).- Las inasis-tencias por razón de enfermedad que hayan sido certificadas por el Banco de Previsión Social, se considerarán justificadas.

Las demás certificaciones serán apreciadas por la Administración.

Artículo 12. (Término de la prestación).- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo 6.2 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.399, de 24 de octubre de 2008, el subsidio por desempleo se servirá:

1) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un plazo máximo de 6 (seis) meses en los casos de despido o trabajo reducido, y de 4 (cuatro) meses en los casos de suspensión total, calculados de acuerdo a lo establecido en los artículos 13, 15 y 18 del presente decreto, en lo que correspondiere.

2) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de 72 (setenta y dos) jornales en los casos de despido o trabajo reducido, y de 48 (cuarenta y ocho) jornales en los casos de suspensión total, calculados conforme a lo previsto en los artículos 14, 15 y 18 del presente decreto, en lo que correspondiere y no pudiendo excederse mensualmente de los límites allí establecidos.

No obstante, en los casos de trabajo reducido a causa de suspensión total en un empleo amparado por las normas legales que se reglamentan, cuando se desempeñare más de uno de tales empleos, los términos de la prestación previstos precedentemente serán de 4 (cuatro) meses y de 48 (cuarenta y ocho) jornales, respectivamente.

3) En los casos de despido de trabajadores que contaren con 50 (cincuenta) o más años de edad al momento de producirse aquel, los máximos totales resultantes de la aplicación de los numerales precedentes, se extenderán por otros 6 (seis) meses o 72 (setenta y dos) jornales, respectivamente, con los límites mensuales indicados en el numeral 2) de este artículo, en su caso, y los montos previstos por el literal f) de los artículos 13 y 14 del presente decreto.

Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo, podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido al menos 12 (doce) meses, 6 (seis) de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación, y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho.

Artículo 13. (Monto de la prestación para trabajadores mensuales despedidos).- El monto del subsidio para los trabajadores despedidos con remuneración mensual fija o variable, será el equivalente a los porcentajes que se establecen a continuación, del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 (seis) meses inmediatos anteriores a configurarse la causal:

a) 66% (sesenta y seis por ciento), por el primer mes de subsidio.

b) 57% (cincuenta y siete por ciento), por el segundo.

c) 50% (cincuenta por ciento), por el tercero.

d) 45% (cuarenta y cinco por ciento), por el cuarto.

e) 42% (cuarenta y dos por ciento), por el quinto.

f) 40% (cuarenta por ciento), por el sexto.

Artículo 14. (Monto de la prestación para trabajadores jornaleros despedidos).- El monto mensual del subsidio por desempleo para trabajadores despedidos con remuneración por día o por hora, será el equivalente a las cantidades de jornales mensuales que se establecen a continuación; el monto de cada cual se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 (seis) meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, por 150 (ciento cincuenta):

a) 16 (dieciséis) jornales, por el primer mes de subsidio.

b) 14 (catorce) jornales, por el segundo.

c) 12 (doce) jornales, por el tercero.

d) 11 (once) jornales, por el cuarto.

e) 10 (diez) jornales, por el quinto.

f) 9 (nueve) jornales, por el sexto.

Artículo 15. (Monto de la prestación para trabajadores suspendidos en forma total).-

El monto del subsidio para los trabajadores en situación de suspensión total de la actividad:

1) Con remuneración mensual fija o variable, será el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 (seis) meses inmediatos anteriores a configurarse la causal.

2) Con remuneración por día o por hora, será el equivalente a 12 (doce) jornales mensuales, el monto de cada cual se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 (seis) meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, por 150 (ciento cincuenta).

Artículo 16. (Período previo de percepción de retribuciones).- A los efectos de la aplicación de lo previsto en los artículos 13, 14 y 15 del presente decreto, las referencias que allí se efectúan a los 6 (seis) meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, corresponderán a períodos de trabajo efectivo, si fuere más favorable para el trabajador.

Artículo 17. (Monto de la prestación para trabajadores en situación de suspensión parcial o trabajo reducido).- El monto del subsidio para los trabajadores en situación de suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido, será la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado conforme al artículo 15 del presente decreto y lo efectivamente percibido en el período durante el cual se sirve el subsidio, con excepción del sueldo anual complementario y los feriados pagos. A estos efectos, en los casos de trabajo reducido por despido o suspensión total en uno de los empleos, las remuneraciones a considerar para el cálculo previsto en dicho artículo comprenderán también las correspondientes a las actividades amparadas por el Decreto-Ley que se reglamenta, que se prosigan desempeñando.

El subsidio por trabajo reducido para un empleador se servirá por mes del calendario y solo puede ser solicitado una vez vencido el mismo. Si tal reducción abarcara varios meses del calendario, deberá solicitarse el beneficio separadamente por cada uno de dichos meses.

Artículo 18. (Subsidio discontinuo).- En todos los casos en que el subsidio sea discontinuo, se atenderá para fijar su monto, al promedio de retribuciones percibidas por trabajo efectivo en los últimos seis meses inmediatos anteriores a la nueva prestación.

Tratándose de la causal suspensión total, el monto del subsidio se mantendrá durante todo el término de su servicio cuando la prestación sea continua; si fuere discontinua, será de aplicación lo previsto en el inciso anterior, sin perjuicio de mantenerse, como mínimo, el monto de la prestación inicial.

Artículo 19. (Despedidos en forma sucesiva: salvo del período de subsidio).- Los trabajadores que, habiéndose acogido al subsidio por causal despido, reingresaren a la actividad sin haber agotado de modo continuo o discontinuo el término máximo de aquel y fueren despedidos nuevamente, retornando al amparo del subsidio únicamente por el saldo de dicho máximo, reiniciarán la percepción de la prestación por ese saldo a partir del nivel superior de la escala correspondiente (literales a) de los artículos 13 y 14 del presente decreto).

Lo dispuesto por el inciso anterior no será de aplicación cuando el nuevo despido proviniere del mismo empleador, en cuyo caso el trabajador reingresará al goce del saldo del subsidio, en el nivel que le hubiera correspondido en la escala, de no haberse interrumpido la percepción de aquel.

Artículo 20. (Mínimos de la prestación).- El monto del subsidio, resultante de la aplicación de los artículos 13 y 14 del presente decreto y artículo 7.5 del Decreto-Ley que se reglamenta, no podrá ser inferior a 1 BPC (una Base de Prestaciones y Contribuciones), para relaciones de trabajo de veinticinco jornadas mensuales y ocho horas diarias de labor, debiendo adecuarse proporcionalmente en los casos de menos o menores jornadas.

Artículo 21. (Máximos de la prestación).- El monto del subsidio no podrá superar los siguientes máximos:

1) Para los empleados despedidos, el equivalente a:

a) 11 BPC (once Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el primer mes de subsidio.

b) 9,5 BPC (nueve y media Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el segundo.

c) 8 BPC (ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el tercero.

d) 7 BPC (siete Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el cuarto.

e) 6,5 BPC (seis y media Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el quinto.

f) 6 BPC (seis Bases de Prestaciones y Contribuciones), por el sexto.

2) Para los empleados en situación de suspensión total de la actividad o trabajo reducido, el equivalente a 8 BPC (ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones) por cada mes de subsidio.

El valor de la BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) que se tendrá en cuenta para la aplicación de este artículo y del anterior, será el que tuviere dicha unidad a la fecha de la causal correspondiente.

A los mínimos y máximos previstos por ambos artículos, se adicionará el suplemento establecido en el artículo 22 del presente decreto, si correspondiere.

Artículo 22. (Suplemento).- El beneficiario tiene derecho al suplemento del 20% del subsidio, en los siguientes casos:

A) Cuando fuere casado o viviere en unión concubinaria acreditada ante el Banco de Previsión Social;

B) Cuando tuviere a su cargo menores de edad, o personas ciegas, o personas sordomudas que no pueden darse a entender por escrito o por lenguaje de señas, o personas discapacitadas físicas o psíquicamente, siempre que tales personas, en todos los casos, fueren familiares del beneficiario por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive;

C) Cuando tuviere a su cargo descendientes menores de 21 (veintiún) años de edad, o ascendientes.

Se considera que los familiares indicados están a cargo del beneficiario cuando este les proporciona exclusivamente o en su mayor parte los medios de subsistencia.

Sin perjuicio de ello, no se considera a su cargo el familiar que tenga ingresos propios que superen el equivalente a 1 BPC (una Base de Prestaciones y Contribuciones),vigente a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 23. (Remuneraciones computables).- A los fines del Decreto-Ley que se reglamenta, se consideran remuneraciones computables, las que constituyen materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

Artículo 24. (Deducciones).- Las prestaciones por desocupación constituyen materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social y estarán sujetas a las deducciones por retenciones y sanciones legalmente autorizadas.

Asimismo, se descontarán de ellas las sumas que los beneficiarios hubieren percibido indebidamente del Banco de Previsión Social.

Quienes mantuvieren adeudos con el mencionado organismo podrán acceder al subsidio por desempleo, siempre que autorizaren la imputación de las consecuentes prestaciones a la cancelación de dichos adeudos, en las cantidades que fueren necesarias para ello hasta un máximo del 70% (setenta por ciento) del monto líquido del subsidio. Sin perjuicio de ello, los adeudos no detectados a la fecha de solicitud del subsidio, no obstarán al inicio del pago del mismo, reliquidándose el monto de las sucesivas prestaciones una vez determinados aquellos.

Artículo 25. (Cese de la prestación).- Cesará el derecho a percibir el subsidio por desempleo:

A) Cuando el empleado se reintegre a cualquier actividad remunerada, no quedando incluida en esta hipótesis la continuación del desarrollo de actividad en régimen de trabajo reducido, referida en el literal C) del artículo 3° de este decreto.

B) Cuando rechazare sin causa legítima un empleo conveniente.

Se entiende que son causas legítimas para el rechazo de un empleo conveniente, entre otras:

a) que el empleo no esté de acuerdo con las aptitudes físicas, intelectuales o profesionales del desocupado;

b) cuando la ocupación ofrecida, pueda significar una pérdida de aptitud en la profesión u oficio que venía desarrollando;

c) que el trabajo ofertado obligue a radicarse fuera de la localidad en que se domicilia con su familia, siempre que esta se encuentre a su cargo;

d) cuando la remuneración ofrecida por el empleo ofertado, sea manifiestamente inferior a la que se abona en la actividad en que actuaba al momento de producirse la desocupación.

El trabajador tendrá la carga de la prueba y la Administración resolverá tomando en consideración los antecedentes de aquel y la índole de las dificultades, impedimentos o carencias esgrimidas para desestimar la ocupación ofrecida.

C) Cuando se encuentre percibiendo el beneficio por desempleo y, teniendo configurada causal jubilatoria, solicitare la jubilación, o no teniendo causal jubilatoria, solicitare el subsidio especial de inactividad compensada instituido por la Ley N° 18.395, de 24 de octubre de 2008. En tales casos, el cese operará a partir de la fecha del servicio de la pasividad, del prejubilatorio o del mencionado subsidio.

D) Cuando, en las hipótesis de despido, transcurrida la mitad de los períodos resultantes de la aplicación de los numerales 1) y 2) del inciso primero del artículo 12 del presente decreto, según el caso, el trabajador no asistiere, en forma injustificada, a los cursos de capacitación o de reconversión laboral que se implemente en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y/o el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, conforme a lo que establezca la reglamentación a dictarse una vez que este último se encuentre en funcionamiento.

Artículo 26. (Obligaciones del empleador).- Son obligaciones de las empresas cuya actividad esté comprendida en el Decreto-Ley que se reglamenta y sujetas a contralor del Banco de Previsión Social:

a) llenar los formularios entregados por el Banco de Previsión Social, con la información requerida por los mismos, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al despido, suspensión o finalización del mes del calendario en que se produjo la reducción del trabajo para un empleador;

b) suministrar toda la información que requiera el Banco de Previsión Social, ya tenga vinculación directa o indirecta con la relación laboral del trabajador desocupado;

c) exhibir toda la documentación que requiera el Banco de Previsión Social, tendiente a controlar o comprobar los hechos informados, con la declaración presentada ante el mismo;

d) aportar al Banco de Previsión Social, las pruebas de los hechos invocados para despedir, suspender o reducir la actividad del trabajador;

e) comunicar al Banco de Previsión Social el reintegro del trabajador a la actividad remunerada en la empresa, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que ello acaezca;

f) comunicar al Banco de Previsión Social, dentro del quinto día hábil, cuando el empleado no se reintegre al trabajo una vez finalizado el período de suspensión o, sin haber este vencido, fuere convocado por el empleador y no se presentare. Las obligaciones previstas en los literales b), c) y d) deberán cumplirse dentro del plazo que fije el Banco de Previsión So-cial.

Sin perjuicio de las multas que puedan aplicarse, las sumas que la Administración abonare por información inexacta de las empresas, podrán ser repetidas contra estas.

Artículo 27. (Sanciones).- El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que imponen el ordenamiento legal, decretos o resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo o del Banco de Previsión Social, cuyo contralor se atribuya a esta última institución, será sancionado con multas cuyos montos se graduarán según su gravedad, en una suma fijada entre los importes de 1 (uno) a 50 (cincuenta) jornales o días de sueldo de cada trabajador comprendido en el mismo o que pueda estar afectado por aquel, al momento de acaecer dicho incumplimiento.

En caso de reincidencia, se duplicará la escala anterior. Se entiende por reincidencia la comisión de una nueva infracción antes de transcurridos cinco años de la aplicación por la Administración, por resolución firme, de la sanción correspondiente a la infracción anterior.

Las precedentes sanciones se aplicarán sin perjuicio de las penales que puedan corresponder.

Artículo 28. (Obligaciones del trabajador).- Son obligaciones de los solicitantes del subsidio por desempleo o de los desocupados que se encuentran gozando de dicho beneficio, entre otras:

a) procurarse un nuevo empleo dentro del plazo más breve posible;

b) reintegrarse al trabajo al finalizar el período de suspensión total o cuando lo solicite el empleador en cualquier momento;

c) comunicar al Banco de Previsión Social, el ingreso a cualquier actividad remunerada fuera del ámbito de dicha institución, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a que ello acaezca;

d) suministrar toda información o medio de prueba que le solicite la Administración;

e) concurrir en las oportunidades que lo cite el Banco de Previsión Social;

f) comunicar todo cambio de domicilio;

g) declarar bajo juramento todos y cada uno de los ingresos que perciba, cualquiera sea el concepto.

Artículo 29. (Registro de solicitudes por causal suspensión).- El Banco de Previsión Social llevará un registro de solicitudes de subsidio por desempleo por la causal suspensión, de acceso público, en el que constarán los datos de la empresa (denominación, número de empresas y de contribuyente, domicilio y ramo de actividad), oportunidades en que se requiere el subsidio y número de trabajadores cuyo amparo se solicita cada vez.

Dicho registro estará disponible, para su consulta, en la página Web del Instituto.

Artículo 30. (Banco de Previsión Social: reglamentaciones).- En todo lo no previsto por el presente decreto, se aplicarán las disposiciones que dictare el Banco de Previsión Social, para la pertinente implementación de las normas legales que se reglamentan.

Artículo 31. (Derogación).- Derógase el Decreto N° 14/982, de 19 de enero de 1982. Las referencias que se efectúan respecto del mismo en los Decretos N° 211/001, de 8 de junio de 2001, N° 11/003, de 14 de enero de 2003 y N° 224/007, de 25 de junio de 2007, deberán entenderse realizadas a las disposiciones pertinentes del presente.

Artículo 32.- Comuníquese, publíquese, etc.

Decreto-Ley N° 15.180

ACTIVIDAD PRIVADA

SE ESTABLECE UN REGIMEN DE PRESTACIONES PARA CUBRIR LA CONTINGENCIA DEL DESEMPLEO FORZOSO DE EMPLEADOS PRIVADOS

Artículo 1°. (Campo de aplicación).- El régimen de prestaciones que establece la presente ley cubre la contingencia del desempleo forzoso y comprende obligatoriamente a todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a terceros.

Los empleados correspondientes a las actividades no comprendidas en regímenes de prestaciones o subsidios de paro o desocupación vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, se incorporarán al régimen previsto en la misma en la oportunidad, forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 2°. (De la prestación).- La prestación por desempleo consistirá en un subsidio mensual en dinero que se pagará a todo empleado comprendido en la presente ley, que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral. Los desocupados deberán solicitar la prestación por desempleo en la forma que determine la reglamentación y dentro del plazo de treinta días bajo pena de caducidad.

Artículo 3°. (Período previo de generación).- Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere que el empleado haya revistado como mínimo en la planilla de control de trabajo de alguna empresa seis meses previos a configurarse la causal respectiva tratándose de afiliados por mes.

Sin perjuicio de la exigencia precedente, se requerirá para los remunerados por día o por hora haber computado ciento cincuenta jornales; para los empleados con remuneración variable, se exigirá haber percibido un mínimo de seis salarios mínimos nacionales mensuales en el período comprendido.

En todos los casos el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal, facultándose al Poder Ejecutivo para extender este plazo hasta veinticuatro meses para el caso de ocupados en actividades que así lo justifiquen.

Artículo 4°. (Exclusiones).-Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores no tendrán derecho al subsidio por desempleo:

A) Los que perciban o que se acojan a la jubilación;

B) Los que se encuentren en estado de huelga y por el período del mismo;

C) Los que fuesen despedidos o suspendidos por razones disciplinarias de acuerdo a lo que determine la reglamentación;

D) Los que perciban otros ingresos, en la cuantía y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 5°. (Causales).- Son causales para el otorgamiento del subsidio por desempleo:

A) El despido;

B) La suspensión del trabajo;

C) La reducción en el mes de las jornadas de trabajo o

en el día de las horas trabajadas, en un porcentaje de un 25% (veinticinco por ciento) o más del legal o habitual en épocas normales, salvo que la eventualidad del trabajo reducido hubiese sido pactada expresamente o sea característica de la profesión o empleo, o que se trate de empleados mensuales.

Artículo 6°. (Monto del subsidio).- El monto del subsidio por desempleo será:

A) Para los empleados despedidos o en situación de suspensión total de la actividad:

1) Con remuneración mensual fija o variable, el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, no pudiendo ser inferior a la mitad del salario mínimo nacional mensual vigente a la fecha.

2) Con remuneración por día o por hora, el equivalente a doce jornales mensuales, el monto de cada una se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal por ciento cincuenta no pudiendo ser el mismo inferior al 50% (cincuenta por ciento) del salario mínimo nacional que corresponde a los empleados por jornal;

B) Para los empleados en situación de suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido -lo que será reglamentado por el Poder Ejecutivo- la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado conforme al literal anterior y lo efectivamente percibido en el período durante el cual se sirve el subsidio;

C) Si el empleado fuere casado o si tuviera a su cargo familiares incapaces hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, ascendientes o descendientes menores de veintiún años de edad, percibirá un suplemento del 20% (veinte por ciento) del subisdio que correspondiera conforme a lo establecido en los literales anteriores.

Facúltase al Poder Ejecutivo para incrementar los porcentajes establecidos en los literales anteriores en función de las posibilidades financieras del sistema y la situación del mercado de trabajo, no pudiendo acceder en ningún caso del 80% (ochenta por ciento).

En ningún caso las prestaciones a servir podrán superar el equivalente a ocho salarios mínimos nacionales.

Artículo 7°. (Término de la prestación).- El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un término máximo de seis meses y calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6°.

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de setenta y dos jornales, no pudiendo excederse mensualmente de los límites establecidos en el artículo 6°.

En ambos casos el término se computará desde la fecha de iniciación de la prestación por cada período de cotización.

Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido, al menos doce meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho.

Artículo 8°. (Cese de la prestación).- Cesará el derecho a percibir el subsidio por desempleo:

A) Cuando el empleado se reintegre a cualquier actividad remunerada;

B) Cuando rechazare sin una causa legítima un empleo conveniente;

C) Cuando se acoja a la jubilación.

Artículo 9°. (Despido ficto).- Se considerará que se ha producido el despido del empleado suspendido en forma total de su empleo, si al término del período máximo de la prestación, no es reintegrado al trabajo, pudiendo reclamar la indemnización que le correspondiere.

El empleado que se encontrare percibiendo el subsidio por más de tres meses en situación de trabajo reducido podrá optar por considerarse despedido y reclamar la indemnización a que tuviere derecho.

Artículo 10. (Desocupación especial).- Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas.

En cada caso el Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse a los empleados suspendidos, despedidos o en situación de trabajo reducido el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones computables y que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año.

Artículo 11. (Efectos del subsidio).- Son computables a los efectos jubilatorios el período y los montos del subsidio por desempleo como trabajo efectivamente y se deducirán de él los aportes personales que correspondan para todo el sistema de seguridad social los que no se computarán a ningún efecto para una nueva prestación.

Durante el período en que el empleado perciba subsidio por desempleo no se generará derecho a licencia, feriados pagos y sumas para el mejor goce de la licencia.

Artículo 12. (Desocupados que se acojan a la jubilación).- El empleado que perciba subsidio por desempleo, que configure causal de jubilación y se acoja a la pasividad, cesará de percibirlo desde la fecha en que formule la solicitud. La Dirección de las Pasividades correspondiente le servirá un adelanto prejubilatorio a partir de la misma en las condiciones que establezca la reglamentación respectiva.

Artículo 13.- Las empresas están obligadas a llenar los formularios que el empleado necesite para gestionar el cobro del beneficio, dentro de los diez días hábiles de producido el despido o la suspensión así como suministrar la información que requiera la administración o exhibir la documentación que esta estime pertinente.

Sin perjuicio de las multas que puedan aplicarse, las sumas que la administración abonare por información inexacta de las empresas, podrán ser repetidas contra estas.

Artículo 14. (Penalidades).- Las infracciones a todas las leyes, decretos y resoluciones cuyo contralor corresponda a la Dirección de los Seguros por Desempleo (DISEDE), se sancionarán de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente.

El monto de las multas aplicables, se graduará según la gravedad de la infracción, en una cantidad fijada entre los importes de uno a cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador comprendidos en la misma, o que pueda ser afectado por ella. En caso de reincidencia se duplicará la escala anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieren corresponder.

Artículo 15.- Facúltase a la Dirección de los Seguros por Desempleo (DISEDE) a retener de las prestaciones a servir, las sumas que los beneficiarios hubieren percibido indebidamente.

Artículo 16. (Derogaciones).- Derogánse todas las disposiciones vigentes a la fecha de promulgación de esta ley, que establecieron regímenes generales o particulares de subsidio por desempleo, paro, desocupación y demás prestaciones anexas, Bolsas de Trabajo, así como toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

No obstante, facúltase al Poder Ejecutivo para mantener el servicio de las prestaciones en la forma, plazo y condiciones que al efecto establezca. También podrá mantener en funcionamiento y en iguales condiciones las actuales Bolsas de Trabajo, sin perjuicio de la depuración de sus registros.

Artículo 17.- Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todas las prestaciones concedidas a partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 18.- Comuníquese, etc."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley que ha sido aprobado por la Cámara de Representantes y que ahora viene a estudio de esta Cámara. Su fundamento es habilitar o impulsar todas aquellas medidas que puedan mitigar los efectos que la crisis global, generada el año pasado, está teniendo sobre algunos sectores de la economía y la producción nacional. Para ello, el Poder Ejecutivo ha tomado una serie de medidas a fin de que estos sectores puedan continuar trabajando en las mejores condiciones posibles, entre las que se encuentra la implementación de un seguro de paro parcial por parte de la Seguridad Social, para que las empresas no tengan que prescindir totalmente de la plantilla de trabajadores. De esta forma, los trabajadores podrán trabajar en forma parcial y a la vez hacer uso del seguro de paro parcial, utilizando ese tiempo en capacitación, en beneficio de las empresas y de ellos mismos hacia el futuro porque, como hemos visto, hay algunos indicadores que muestran que la crisis estaría llegando a su fin o, por lo menos, que han pasado sus peores efectos.

Entonces, se prevé que el Banco de Previsión Social otorgue a las empresas amparadas en este régimen de seguro de paro parcial, facilidades para el pago de sus obligaciones, sin multas, recargos ni intereses, en forma proporcional a la masa salarial correspondiente a los trabajadores amparados en dicho régimen.

Este proyecto de ley consta de tres artículos. En el artículo 1º se crea el régimen especial de facilidades de pago para los aportes jubilatorios, estableciendo que se aplicará exclusivamente a las empresas que estén en regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial.

En el artículo 2º se hace referencia al monto que va a ser objeto de financiación y se indica que se aplicará a los aportes patronales del mes de cargo respectivo, tomando la relación que existe entre el monto de los aportes patronales jubilatorios de los trabajadores amparados en el régimen de seguro de paro parcial y los aportes patronales totales de la empresa.

A su vez, en el artículo 3º se establece la forma de pago, pudiendo ser abonado en tantas cuotas como determine el contribuyente, con un máximo de doce. También se agregan otras disposiciones que hacen a la instrumentación concreta de esta norma, previéndose, en cierta forma, la negociación entre el contribuyente y el Banco de Previsión Social.

Luego, por supuesto, se establece que el Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de esta ley en un plazo de treinta días siguientes a la fecha de su promulgación.

Por último, quiero decir que este proyecto de ley fue aprobado por mayoría en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, por lo que estamos recomendando al Cuerpo su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Propongo que se suprima la lectura y se vote en bloque todo el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 24. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque todos los artículos.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

14) MOZOS DE CORDEL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012 el plazo de los contratos de los mozos de cordel, regulados por las Leyes Nos. 18.057, de 20 de noviembre de 2006 y 18.392, de 24 de octubre de 2008. (Carp. Nº 1600/09 - Rep. Nº 1155/09)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1600/09

Rep. N° 1155/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO POR LA COMISION

Artículo Unico.- Prorrógase hasta el 31 de julio de 2011, el plazo de los contratos referidos en el artículo 4° de la Ley N° 18.057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.392, de 24 de octubre de 2008, quedando incluidos en esta disposición los contratos a que refiere el artículo 2° de este último cuerpo normativo.

Sala de la Comisión, 2 de setiembre de 2009.

Francisco Gallinal, Miembro Informante; Walter Campanella, Isaac Alfie, Susana Dalmás, Margarita Percovich, Eduardo Bonomi.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2012, el plazo de los contratos referidos en el artículo 4° de la Ley N° 18.057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.392, de 24 de octubre de 2008, quedando incluidos en esta disposición los contratos a que refiere el artículo 2° de este último cuerpo normativo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de agosto de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Comisión de

Legislación del Trabajo

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo aconseja al Pleno, la aprobación de este proyecto de ley que modifica la fecha de finalización de los contratos que regulan la actividad de los Mozos del Cordel de los puertos de Montevideo, Colonia, Nueva Palmira y Carmelo.

El mismo consta de un solo artículo y establece la prórroga de estos contratos establecidos por el artículo 4° de la Ley N° 18.057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.392, de 4 de octubre de 2008, incluyendo en esta disposición los contratos a que refiere el artículo 2° de este último cuerpo normativo, hasta el 31 de diciembre de 2012.

Debido a la importancia que tiene para la Administración y también para los trabajadores esta prórroga, es que aconsejamos al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 3 de agosto de 2009.

Jorge Pozzi, Miembro Informante; Juan José Bentancor, Tabaré Hackenbruch Legnani, Ivonne Passada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto de ley que ponemos a consideración trata sobre la prolongación de los contratos que rigen la actividad de los mozos de cordel de los puertos de Montevideo, Colonia, Carmelo y Nueva Palmira.

La actividad de estos (más de cien trabajadores) está regulada por las Leyes N° 18.057, de 20 de noviembre de 2006 y N° 18.392, de 4 de octubre de 2008, ambas sancionadas en esta Legislatura por la unanimidad de las Cámaras.

La Ley N° 18.057 regula la actividad de los mozos de cordel y la Ley N° 18.392, le da vigencia a los contratos a partir del momento en el que se firmaron.

En la Ley N° 18.057 se establece que a partir de la finalización del tiempo de vigencia de los contratos, se debe llamar a licitación para seguir brindando el servicio que los mozos de cordel prestan en la actualidad.

El proyecto de ley a consideración tiene por objetivo que se disponga la prórroga de los contratos suscriptos entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el caso de los puertos de Carmelo y Nueva Palmira, como por la Administración Nacional de Puertos en el caso de Montevideo y Colonia, con las Uniones de Mozos de Cordel respetivas, en el entendido que se estima conveniente, tanto para los organismos estatales mencionados, como para los trabajadores.

El proceso licitatorio establecido en la Ley N° 18.057, implica una serie de pasos a seguir, que de no concluirse en tiempo y forma, hacen peligrar el servicio que estos trabajadores prestan en coordinación con el Estado, y lo que es peor la caducidad de los primeros contratos se produce en plena temporada turística. Es por esta razón entonces que proponemos este proyecto de ley.

Montevideo, 23 de julio de 2009.

Jorge Pozzi, Representante por Montevideo; Juan José Bentancor, Representante por Montevideo; Gustavo Bernini, Representante por Montevideo; Víctor Semproni, Representante por Canelones; Homero Viera, Representante por Colonia.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2012, el plazo de los contratos referidos en el artículo 4° de la Ley N° 18.057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 18.392, de 4 de octubre de 2008, quedando incluidos en esta disposición los contratos a que refiere el artículo 2° de este último cuerpo normativo.

Montevideo, 23 de julio de 2009.

Jorge Pozzi, Representante por Montevideo; Juan José Bentancor, Representante por Montevideo; Gustavo Bernini, Representante por Montevideo; Víctor Semproni, Representante por Canelones; Homero Viera, Representante por Colonia.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 18.392

CONTRATACION DE TAREAS EN MOZOS DE CORDEL

MODIFICACION DEL ARTICULO 4° DE LA LEY

N° 18.057

Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 4° de la Ley N° 18.057, de 20 de noviembre de 2006, por el siguiente:

"ARTICULO 4°.- Las tareas correspondientes a los mozos de cordel serán contratadas por la autoridad portuaria con empresas o cooperativas que se constituyen exclusivamente y en su totalidad, con las personas que actualmente integran las respectivas Uniones de Mozos de Cordel que no desempeñen ningún cargo público y de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes. Dicha contratación tendrá un plazo de dos años a contar de la firma de los contratos pertinentes".

Artículo 2°.- Los contratos celebrados con anterioridad a la presente ley prorrogarán sus plazos hasta el máximo de dos años desde su suscripción.

Ley N° 18.057

MOZOS DE CORDEL

REGISTRO EN LA ACTIVIDAD FLUVIAL DE PASAJEROS

Artículo 1°.- Créase una tasa que gravará el transporte marítimo y fluvial de pasajeros con una alícuota de hasta un 2% (dos por ciento) la que se aplicará sobre el precio del pasaje común de todo pasajero, por embarque o desembarque en puertos uruguayos hacia o desde puertos argentinos. Estarán obligados al pago de la tasa los pasajeros y se constituyen como agentes de retención las empresas de transporte fluvial de pasajeros que operen en los puertos de que se trate. No será de aplicación este gravamen a pasajeros menores de diez años, diplomáticos, prácticos, funcionarios de sanidad, prefectura, policía, migración y toda otra persona que viaje a bordo prestando servicios a la empresa o por exigencias de disposiciones legales.

Artículo 2°.- Los recursos generados por esta tasa estarán destinados en su totalidad a la autoridad portuaria que tenga asignada la administración del puerto de que se trate, quien deberá brindar por este concepto los siguientes servicios: mozos de cordel, seguridad y vigilancia.

Artículo 3°.- A los efectos de brindar los servicios mencionados, la autoridad portuaria podrá contratar los servicios detallados en el artículo 2° de la presente ley, con empresas privadas (incluyendo cooperativas) o instituciones públicas, todo mediante los mecanismos y disposiciones previstos en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). La contratación se podrá realizar de manera individual para cada servicio o en forma conjunta.

Artículo 4°.- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de dos años a contar de dicha fecha, las tareas correspondientes a los mozos de cordel serán contratadas por la autoridad portuaria con empresas o cooperativas que se constituyan exclusivamente y en su totalidad con las personas que actualmente integran las respectivas Uniones de Mozos de Cordel que no desempeñen ningún cargo público y de acuerdo con las normas y reglamentaciones vigentes.

Artículo 5°.- El valor mensual de los contratos previstos en el artículo anterior será el equivalente a 9 BPC (nueve bases de prestaciones y contribuciones, creadas por la Ley N° 17.856, de 20 de diciembre de 2004), multiplicados por la cantidad de integrantes registrados en las respectivas Uniones de Mozos de Cordel al 31 de diciembre de 2005. Será de responsabilidad y costo de las empresas o instituciones contratadas la fijación de las remuneraciones, las leyes sociales, los aportes a la seguridad social y demás obligaciones que surjan de la relación laboral entre estas y sus trabajadores.

Artículo 6°.- A partir del vencimiento del plazo de dos años previsto en el artículo 4° que antecede, los nuevos contratos se realizarán de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° de la presente ley. Las empresas o cooperativas constituidas en su totalidad por las personas que actualmente integran las respectivas Uniones de Mozos de Cordel y que estuvieren en ese momento prestando servicios tendrán a su favor, en caso de participar en las licitaciones convocadas, una preferencia del 10% (diez por ciento) en la competencia por los precios cotizados.

Artículo 7°.- Los agentes de retención establecidos en el artículo 1° de esta ley deberán verter el dinero recaudado en un plazo máximo de cada quince días, según establezca la reglamentación.

Artículo 8°.- La autoridad portuaria deberá rendir cuentas ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas al menos cada seis meses, a efectos que este adecue la tasa al cobro efectivo de los servicios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- El proyecto de ley que tenemos a consideración no es ninguna novedad para los integrantes del Cuerpo; diría que tampoco lo es para los integrantes de la anterior Legislatura.

Se propone prorrogar la vigencia de la Ley Nº 18.057 hasta el 31 de julio de 2011, y esto comprende a más de cien trabajadores que se desempeñan como mozos de cordel en los puertos de Montevideo, Colonia, Carmelo y Nueva Palmira.

He observado que el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes dispone la prórroga hasta el 2012 y que el proyecto sustitutivo lo hace hasta el 2011. Es un llamado de atención y creo que esta es la penúltima vez que votamos un proyecto de estas características.

Es cuanto tengo para informar, señor Presidente.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

(Hilaridad)

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- No sé por qué causa hilaridad que yo haga oír mi voz enérgica reclamando por estos trabajadores, que bien se merecen esto y mucho más. En realidad, nos hubiera gustado que el señor Senador Vaillant hiciera uso de la palabra para aplaudir calurosamente esta iniciativa. También nos hubiera gustado que se hubiera extendido hasta el año 2012, porque ahora tiene que volver a la Cámara de Representantes; supongo que mañana estará allí.

De todas maneras, me parece un acto de estricta justicia para estos trabajadores, que bien se lo merecen, y como bien expresaba el señor Senador Gallinal, es la penúltima vez que este Cuerpo vota esta iniciativa.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- No pensaba hacer uso de la palabra, porque creo que todos los integrantes, no solo de la Bancada del Frente Amplio, sino también de las otras Bancadas parlamentarias del Senado, conocen mi posición sobre el tema, que fue expresada en todas las ocasiones en que se dio un debate sobre este punto.

Considero que esta es una situación absolutamente incorrecta e injusta que se ha mantenido durante décadas. Que yo conozca, es el único caso en el que se establece una tasa cuyo destino -en lugar de ser para una institución o para ser administrada por el Estado- es un grupo de personas que cumplían tareas de mozos de cordel en las terminales portuarias de pasajeros de Carmelo, Colonia y Montevideo.

En su momento, y teniendo en cuenta esta situación, esta Legislatura resolvió modificar esta norma definitivamente, estableciendo un mecanismo totalmente distinto por el cual la tasa que cobran las empresas que transportan personas en estos puertos, junto con el valor del pasaje, en lugar de ser aportada directamente a estos trabajadores pasaba a ser recaudada y administrada por la Administración Nacional de Puertos.

Como forma de transición -así lo habíamos acordado y de esa manera lo estipuló la ley- se estableció la obligación de que brindaran los servicios de seguridad, de limpieza y de maleteros. La norma también previó que en el caso de contrataciones de empresas privadas esto se llevaría a cabo mediante los procedimientos establecidos en el TOCAF. Para contemplar la situación de quienes hacía más de treinta o cuarenta años tenían este régimen absolutamente incorrecto, transitoriamente y como forma de que pudieran adaptarse a la nueva realidad legislativa, se fijó un plazo de dos años durante el cual la primera contratación que realizara la Administración Nacional de Puertos sería la de una cooperativa formada por estos mismos trabajadores, de acuerdo con valores fijados en la propia ley. Insisto en que se trataba de un período de transición para que en la próxima convocatoria se actuara de acuerdo con las reglas del TOCAF. Luego de aprobada esa ley, en este mismo período, se introdujo una modificación para extender hasta por dos años los contratos respectivos. Fue así que en el Parlamento se votó ese cambio que, en términos reales, llevaba ese plazo hasta 2010. Ahora viene esta nueva solicitud de modificación en función del texto aprobado por la Cámara de Representantes, en el que se pretendía llegara hasta 2012, pero en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social se acordó acortar el plazo al año 2011. Naturalmente, estoy de acuerdo con esto último, pero no -aunque lo voy a votar porque se trata de una decisión de la Bancada- con la modificación en general de lo que oportunamente había aprobado la Cámara de Senadores.

Finalmente, espero que los Senadores que ocupen estas bancas en el próximo período legislativo no tengan que volver a enfrentar la discusión sobre este tema y que en lugar de que esta sea la penúltima vez que se prorroga el plazo, sea definitivamente la última.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: quisiera recordar algunos hechos relativos a todo este proceso que ha sabido de algunas prórrogas, pero también de ciertos notorios incumplimientos por parte de la Administración Nacional de Puertos, en tanto y cuanto después de que a estos trabajadores se les dio la posibilidad de seguir prestando funciones temporalmente con una parte del producido de la tasa, la empresa que tiene el monopolio de los servicios fluviales en el Río de la Plata, Buquebús, no les permitió el ingreso a la terminal portuaria. Por lo tanto, no pudieron trabajar y el Estado uruguayo debió hacerse cargo de los seguros de paro, porque la Administración Nacional de Puertos no supo hacer cumplir la ley, y eso es muy malo. Es muy malo que las leyes no se cumplan y que los organismos públicos que están encargados de ejecutarlas no las hagan cumplir. Eso fue lo que pasó en esta situación y lo sabemos todos porque lo denuncié oportunamente en el Senado. Lamentablemente, insisto, eso se dio así, y entonces hoy estamos ante un acto de estricta justicia. A nuestro entender, estos trabajadores debieron haber sido integrados en forma definitiva a la Administración Nacional de Puertos con un contrato de función pública, como ha pasado con miles de funcionarios que han visto regularizada su situación durante la actual Administración. No ocurrió lo mismo con estos señores porque aquí siempre existió una oposición de la poderosa empresa que monopoliza el transporte fluvial en el Río de la Plata, la que cuenta con el beneplácito de algunas autoridades de este Gobierno; esa es la verdad de la milanesa. En consecuencia, creo que estamos defendiendo a la parte más débil de esta situación y haciendo justicia. Espero que el próximo Parlamento uruguayo se encargue de seguir administrando justicia, como lo estamos haciendo hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Prorrógase hasta el 31 de julio de 2011, el plazo de los contratos referidos en el artículo 4º de la Ley Nº 18.057, de 20 de noviembre de 2006, en la redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 18.392, de 24 de octubre de 2008, quedando incluidos en esta disposición los contratos a que refiere el artículo 2º de este último cuerpo normativo".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: antes de pasar a la consideración del próximo punto del Orden del Día propongo que se consideren como urgentes los proyectos de ley cuyo repartido fue solicitado anteriormente, en el siguiente orden: proyecto de ley sobre fútbol infantil, venia de designación del Embajador ante la Confederación Suiza, Tratado de Extradición con Panamá, Tratado de Extradición con Perú, Convenio Nº 135 de la OIT, salida de tropas para el día 25 de setiembre y ampliación de la pensión graciable para la señora María Tania Siver.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar las urgencias solicitadas.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

16) FUTBOL INFANTIL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia acaba de votarse: "Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional toda actividad de carácter deportivo, recreativo y social relacionada con la práctica del fútbol infantil (Carp. Nº 1605/09 - Rep. Nº 3341/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1605/09

Distr. 3341/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Declárase de interés nacional toda actividad de carácter deportivo, recreativo y/o social que, vinculada al fútbol infantil, sea organizada por ligas, comisiones vecinales, asociaciones o instituciones, cualquiera sea su naturaleza, siempre que involucre a niños, niñas y adolescentes de entre 0 a 13 años de edad.

Artículo 2°.- Tales actividades serán objeto de protección especial por parte del Estado.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de agosto de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Comisión Especial

para el Deporte

INFORME

Señores Representantes:

El fútbol infantil en nuestro país es un hecho social que nunca ha sido valorado como corresponde por nuestra sociedad, por ello, este proyecto de ley que declara esta actividad de interés nacional es un importante paso para que comencemos a mirar este fenómeno como corresponde.

En primer lugar, recordar que miles de niños y cientos de padres dedican muchas horas de su tiempo familiar en esta actividad. Este solo hecho ya nos indica que es una actividad de todo el grupo familiar, los horarios de prácticas y partidos condicionan la comida del fin de semana de todos y los gastos que esta actividad genera también condicionan el presupuesto familiar.

¿Por qué esto? Hay muchas respuestas: el fútbol es una pasión nacional, se proyectan en los niños los deseos de triunfos y reconocimientos de padres y abuelos, y porqué no, la esperanza que ese niño llegue a ser un gran jugador y se transforme en la solución de vida material para toda su familia.

Otro aspecto del fútbol infantil es el fenómeno económico, miles de fuentes de trabajo, jueces, profesores de educación física, cancheros, cantineros, lavaderos, chóferes, etcétera. Los insumos: pelotas, redes, equipos, combustibles, etcétera.

Y ahora algo de lo más importante, esta actividad que mueve a miles de niños y padres, que genera una actividad económica muy importante, tiene según nuestra visión algo todavía más importante, es el aporte social, de educación y formativo de los niños y familias, es algo que no hemos medido y reconocido correctamente.

El club del barrio contiene al niño emocionalmente si lo necesita, es el que le da esa taza de leche caliente que no tiene en la casa, es el que lo cuida mientras los padres no están, es el que lo motiva para los estudios, es el que le cuida su salud con el carnet de aptitud física, etcétera.

Estos elementos de cuidado y formación del niño, claro que pueden transformarse en instrumentos utilizados por personas malintencionadas, pero mientras sea la familia la que está formando esas instituciones esto será más difícil.

En síntesis, el fútbol infantil es desde hace mucho tiempo una de las actividades formativas no formal más profunda e importante que contamos para acompañar a nuestros niños, que tiene nuestro país desde hace décadas. Este Parlamento votando este proyecto de ley pone en la agenda del Estado una tarea pendiente.

Debemos agradecer al Diputado Carlos Maseda por su iniciativa y reconocer a la Organización Nacional del Fútbol Infantil, presidida por el doctor Alfredo Etchandy e integrada por el doctor Carlos Castro, Tesorero y Héctor García, Secretario, quienes les han dado al fútbol infantil bases organizativas, racionales, respetuosas de la idiosincrasia de nuestra gente y transparencia en cada una de las decisiones que ha tomado.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión Especial para el Deporte aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 14 de julio de 2009.

Horacio Yanes, Miembro Informante; Julio César Fernández, Gustavo Guarino, Enrique Pintado, Jorge Pozzi, Víctor Semproni."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: el fútbol infantil en nuestro país está bajo la organización de ONFI, que es una entidad que tiene más de cuarenta años de vida, trabaja por los niños y es más que una escuela de fútbol. Es una federación deportiva o una fábrica de jugadores de fútbol; apunta a una actividad de carácter social y deportivo dentro de todo el territorio nacional y une a más de 60 ligas, más de 598 clubes, 4.500 orientadores técnicos y más de 1.000 árbitros registrados. Se calcula que alrededor de 300.000 personas tienen algo que ver con ONFI en todo el país, por lo que podemos decir que esta actividad se ha extendido a lo largo y ancho de la República. A través del fútbol infantil se ubica en un plano de igualdad y equidad a todas las personas, sin mirar su aspecto económico, racial ni religioso. Es más, esta actividad permite que los niños desarrollen el deporte y alcancen una serie de valores por el solo hecho de entrar a una cancha y jugar al fútbol. Ellos aprenden lo que es la amistad, el compañerismo, la relación social, ganar y perder, el respeto a las normas, el respeto al árbitro, a las reglas de juego y muchas cosas más que se hacen posibles a través de la solidaridad y el objetivo común, que son aspectos que consideramos fundamentales para la vida futura de los niños. También se apuesta a la capacitación de orientadores técnicos y de árbitros. Es así que ONFI ha realizado 76 cursos para orientadores técnicos y más de 65 para árbitros. Se utilizan equipos multidisciplinarios en todo el país, permitiendo que más de 3.000 personas hayan pasado por esos cursos. Se ha apostado a un trabajo de salud para los niños, a través de un programa médico, odontológico y psicológico que se firmó con la Sociedad Uruguaya de Medicina del Deporte, la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte y la Comisión Honoraria de la Salud Bucal Escolar, y por el cual pueden pasar más de 6.000 niños.

Por otro lado, se ha creado un fondo ONFI mediante el aporte de clubes de toda la República, con la muy importante participación del Ministerio de Turismo y Deporte -que hace posible conseguir esa masa de dinero-, así como la presentación de 53 proyectos por parte de ligas y clubes, que están siendo analizados por una Comisión Especial integrada por gente que no pertenece a ONFI. También está haciendo un intenso trabajo contra la droga y la violencia en el deporte, mediante la elaboración de un DVD con la participación del Doctor José Belloso -que es una autoridad en materia de drogas-, de integrantes de la Comisión Honoraria para la Lucha contra la Violencia en el Deporte y con la palabra de uno de los psicólogos que trabaja en ONFI encarando el tema desde la óptica del fútbol infantil. Se apunta a una actividad realmente social y deportiva agregando a algunos de los campeonatos que se realizan una parte cultural con premios más importantes que si se gana deportivamente el campeonato, la que se realiza a través de ejercicios de preguntas y respuestas entre todos los componentes de los clubes que participan de sus rondas finales

Esta actividad nuclea, prácticamente, al 10% de su población y se ha encarado con una visión que va más allá del deporte, llegando a lo social y también a lo cultural. Sin duda, va a ayudar a salir adelante y a beneficiar a todos los uruguayos. Cabe destacar que hay 35 equipos de niñas que están trabajando en todo el país y que también existe un departamento de niñas dentro de la entidad. Se juegan por semana 2.000 partidos de fútbol infantil en toda la República. Para tener una noción comparativa, podemos decir que en divisiones juveniles, es decir, de cuarta hasta séptima categoría, pasando por la Sub-16 -en la Asociación Uruguaya de Fútbol-, se juegan por año 3.100 partidos y en ONFI, fútbol infantil, 2.000 por semana. ¡En ONFI 2.000 por semana contra 3.100 por año en la Asociación Uruguaya de Fútbol!

Por lo expuesto, señor Presidente, indudablemente consideramos que es muy valioso declarar de interés nacional la actividad del fútbol infantil.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 1º.- Declárase de interés nacional toda actividad de carácter deportivo, recreativo y/o social que, vinculada al fútbol infantil, sea organizada por ligas, comisiones vecinales, asociaciones o instituciones, cualquiera sea su naturaleza, siempre que involucre a niños, niñas y adolescentes de entre 0 a 13 años de edad."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 2º.- Tales actividades serán objeto de protección especial por parte del Estado".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

17) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DE LA CONFEDERACION SUIZA AL SEÑOR RICARDO NARIO FAGUNDEZ.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo para designar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Confederación Suiza al señor Ricardo Nario Fagúndez. (Carp. Nº 1610/09 - Rep. Nº 3360/09)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1610/09

Distr. 3360/09

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Montevideo, 10 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al señor Ricardo Nario Fagúndez.

La capacidad y eficiencia que el señor Ricardo Nario Fagúndez ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante el Gobierno de la Confederación Suiza.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernández.

CURRICULUM VITAE

Nombre: Ricardo Nario Fagúndez.

Lugar y fecha de nacimiento: Artigas, 25 de abril de 1951.

Estado civil: Casado, con Laura Dupuy Lasserre, tres hijos.

Rango: Embajador.

Cargo Presupuestal: Ministro Consejero.

Subdirector General de Relaciones Económicas y Negociaciones Internacionales y Subdirector General de Inteligencia, Promoción Comercial e Inversiones.

Título Universitario: Cónsul Universitario, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, Montevideo, 1978.

Carrera Funcional:

- Ingresa al Servicio Exterior de la República, por Concurso de Oposición y Méritos, con el cargo de Secretario de Tercera, marzo de 1982.

- Egresado del Instituto Artigas del Servicio Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Asciende por concursos de oposición y méritos, ostentando actualmente el máximo cargo en la carrera funcional.

Idiomas: Habla fluido inglés y Portugués, Francés y Alemán, nivel intermedio.

Funciones ejercidas en la República:

-2008 - 2009 Subdirector General de Relaciones Económicas y Negociaciones Internacionales y Subdirector General de Inteligencia, Promoción Comercial e Inversiones.

- 2008 - 2009 Negociador Principal por Uruguay en las negociaciones externas del MERCOSUR.

- 2007 - Director de Organismos Económicos Internacionales.

- 2000 - 2002 Director General Adjunto para Asuntos de Integración y MERCOSUR.

- 2000 - 2002 Coordinador Nacional Alterno ante el Grupo Mercado Común del MERCOSUR (GMC) y Coordinador Nacional ante la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM).

- Futuro de las relaciones MERCOSUR - Canadá, IDRC, Ottawa, Canadá, 2001.

- Análisis de las Relaciones bilaterales Uruguay - Brasil post devaluación del real, Instituto Artigas del Servicio Exterior de la República, 2000.

- MERCOSUR, perspectivas del proceso de integración, Escuela Superior de Guerra de Brasil, Río de Janeiro, 1999.

- Relaciones bilaterales Uruguay - Brasil, Escuela Superior de Guerra de Brasil, Río de Janeiro, 1995.

- MERCOSUR y la Integración Europea, Instituto Alemán de Cooperación con América Latina, Berlín, 1994.

- Zona de libre comercio Canadá - EE.UU., Instituto Artigas del Servicio Exterior de la República, 1991.

- ALADI y la perspectiva de la Integración en América Latina, Ottawa University, Canadá, 1989.

- Protocolo de Expansión Comercial Uruguay - Brasil (PEC), ESEDENA (1985).

Actividad Docente:

- 2007 Profesor de la Universidad ORT en la evaluación de las monografías finales de la Carrera de Relaciones Internacionales.

- 2009 Evaluador de proyectos del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay (INAC).

Publicación realizada:

"Zona de Libre Comercio Canadá - EE.UU", Montevideo, 1993, Revista Diplomática, Instituto Artigas del Servicio Exterior, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Becas realizadas:

- 1984 - Tokio, Japón. Promoción de Comercio, organizado por JICA - JETRO.

- 1982 - Buenos Aires, Argentina. Integración y Cooperación en América Latina, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo propone que se conceda la venia para designar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Confederación Suiza al señor Ricardo Nario Fagúndez. Leer el currículum del señor Embajador nominado permite comprender claramente por qué el Poder Ejecutivo hace esta propuesta. Para destacar algunos de sus méritos puedo decir que fue encargado de la representación económica y comercial de los Estados Unidos, que cumplió allí una labor muy importante, que se ha desempeñado en el propio Ministerio como Director de organismos económicos internacionales y que ha participado como negociador principal del Uruguay en las negociaciones externas del MERCOSUR. Como en Suiza están radicados gran parte de los organismos internacionales en materia económica, sin duda, tener un Embajador que pueda ser objeto de consulta en la adopción de decisiones de naturaleza económica internacional es muy importante para el Gobierno.

Por lo tanto, creo plenamente justificado que se otorgue la venia correspondiente para que el señor Ricardo Nario Fagúndez desempeñe el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Confederación Suiza.

Es todo cuanto tenía para informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la Confederación Suiza, al señor Ricardo Nario Fagúndez".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE PANAMA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley que refiere al Tratado de Extradición entre la República Oriental del

Uruguay y la República de Panamá. (Carp. Nº 1408/08 - Rep. Nº 2981/08)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1408/08

Distr. 2981/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en fecha 16 de junio de 2008.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de diciembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de setiembre de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en fecha 16 de junio de 2008.

ANTECEDENTES

Las relaciones en materia de extradición entre los Estados se establecen primordialmente por medio tratados bilaterales, algunos de las postrimerías del siglo pasado o los albores del presente. En ellos, es común la inclusión de listas de delitos respecto de los que es factible solicitar la extradición, técnica superada en los modernos acuerdos. Nuestro país comenzó a renovar la previsión normativa en este sector a partir del nuevo tratado que rige en España, suscrito el 28-2-92, aprobado por Ley N° 16.799, en vigor desde el 19-4-97, al que subsiguió la celebración de otros tratados que respondieron a una misma concepción técnica.

En este proceso y no obstante la singularidad de cada negociación bilateral, la finalidad general perseguida tendió, en lo sustancial, a obtener textos adaptados a la moderna evolución del instituto, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional; y, en lo formal, se procuró dotar a estos nuevos tratados de una adecuada sistematización tendiente a facilitar la interpretación y aplicación de las disposiciones por parte de las autoridades competentes.

Este renovado enfoque implica un avance en relación a los tratados precedentes desde diversos ángulos. Entre otras características, los antiguos, con la pretensión de dotar de mayor certeza a la relación bilateral, por lo general admitían la extradición en relación a delitos contenidos en una lista dada y no de otros. Las nóminas limitadas son inexorablemente superadas por la evolución, habida cuenta de que se tipifican nuevas figuras delictivas y que algunas conductas penalizadas caen en correlativo desuso.

Los nuevos convenios se apartan acertadamente de este mecanismo y adoptan el criterio de la gravedad de la pena. En consecuencia, conductas o modalidades imprevisibles en el momento de la negociación quedarán incorporadas ipso jure, siempre que se cumpla con los demás requisitos exigidos.

Con Bolivia, Brasil y Paraguay, están vigentes: el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR, firmado en la ciudad de Río de Janeiro, el 10 de diciembre de 1998 y el Acuerdo sobre Extradición entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, firmado también, en la ciudad de Río de Janeiro, 10 de diciembre de 1998.

EL TEXTO

El Tratado consta de un Preámbulo y 27 Artículos distribuidos en 8 Capítulos.

En el Preámbulo en virtud de lazos históricos que unen a ambas naciones, se manifiesta el deseo de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer las relaciones bilaterales en materia de cooperación en la prestación de justicia.

El articulado del texto del Tratado, se polariza en dos sectores fundamentales, el derecho material y el procesal.

El primero se organiza en torno a las normas reguladoras de la procedencia, las que prevén la improcedencia y las que contemplan la denegación facultativa. Se regulan, además, los límites a la extradición, que se concretan en el tradicional principio de la especialidad, en las hipótesis de re-extradición y en la previsión relativa a la aplicación de la pena de muerte o de prisión perpetua por el Estado requirente.

En lo atinente al derecho procesal, fueron contempladas de modo pormenorizado las diversas etapas, comprensivas de la solicitud, los documentos que deben acompañarla y sus vías de transmisión, la información complementaria cuando corresponda, el proceso, la extradición simplificada, la extradición en tránsito, la decisión, la entrega, su eventual aplazamiento y la detención preventiva.

PROCEDENCIA DE LA EXTRADICION: jurisdicción, doble incriminación y pena.

El Artículo 1 establece los supuestos por los que se puede solicitar la extradición de las personas que se encuentren en su territorio requeridas por las autoridades judiciales por algún delito o para la ejecución de una pena que consista en privación de libertad.

Conforme al Artículo 2, párrafo 1, se requiere la doble incriminación, sin perjuicio de la diversa denominación de los delitos en el Estado requirente y en el requerido, así como una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

El párrafo 3, contempla la extradición accesoria en el supuesto de delitos diversos y conexos. Deberá respetarse la doble incriminación, aunque podrá procesarse aun por los delitos castigados con una pena menor a la dispuesta en el párrafo 1. De este modo no podrá el extraditado evadir las acciones penales por los delitos menores y podrá ser procesado por todas las conductas por los tribunales del Estado requirente.

Según dispone el Artículo 3 (Capítulo II), la procedencia de la extradición se asienta en la jurisdicción, la doble incriminación y la pena. Sin perjuicio de los dos primeros, a los que ya se hiciera mención, la jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud es un requisito fundamental para justificar legítimamente el pedido, respecto del que existe pacífico consenso en la doctrina y en la práctica y de este modo está recogido en los textos internacionales.

IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICION: los delitos políticos; los delitos militares; la cosa juzgada; indulto, amnistía y gracia; los tribunales de excepción; la prescripción; los menores.

El Capítulo III establece las causales de improcedencia de la extradición, previendo pormenorizadamente las excepciones a la entrega.

Los delitos políticos.

No se concederá la extradición por delitos que el Estado requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza (Artículo 4, párrafo 1). Se aclara que la mera invocación de un fin o motivo político no implicará que los delitos deban necesariamente calificarse como políticos.

El párrafo 2, uno de los sectores cruciales del Acuerdo, circunscribe y delimita el terreno del delito político en tanto fundamento de excepción a la entrega. Se tuvo en cuenta la evolución regional y bilateral en este dominio, habiéndose aprobado una fórmula similar en su filosofía a la acordada en el vigente tratado bilateral con España, tomando en consideración, pese a haber tenido presente los últimos desarrollos europeos -más radicales- el régimen jurídico y la idiosincrasia de las Partes.

Una pormenorizada enumeración de conductas reduce sensiblemente la posibilidad de invocar la excepción del delito o los motivos políticos, identificando las que "en ningún caso" podrán calificarse como delitos políticos. Son ellos la tradicional cláusula belga, que incluye a sus familiares, el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad, así como los actos de naturaleza terrorista, aun en grado de tentativa. En relación a estos se describen posibles conductas "a título ilustrativo" y se enuncia una cláusula residual, conforme a la cual se considerará de naturaleza terrorista "en general", cualquier acto no comprendido en los supuestos que esté dirigido contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas. (Artículo 4, numeral 2, literal vii).

La preocupación de la comunidad internacional por la notoria evolución de la delincuencia transnacional organizada, que entre otras formas de criminalidad adopta modalidades terroristas, ha determinado la singular incidencia de este núcleo de conductas en la evaluación y la consiguiente determinación de las causales de procedencia -o improcedencia- de la extradición. Se tuvo en cuenta, por ende, conforme a la tendencia universal, la filosofía que subyace en el Preámbulo de la Convención Europea para la Supresión del Terrorismo de Estrasburgo (1977) cuando expresa que la extradición es una medida particularmente efectiva para asegurar que quienes perpetren actos de terrorismo no escapen a la persecución y castigo.

Se prevén, además, como causal de improcedencia, los delitos de naturaleza exclusivamente militar (Artículo 5), los delitos fiscales (Artículo 6), y la cosa juzgada (Artículo 7).

Asimismo, conforme a los principios generales, no se concederá la extradición cuando los tribunales que deban juzgar sean ad hoc (Artículo 8), ni en los casos de pena de muerte o prisión perpetua (Artículo 9);

El Capítulo IV establece la denegación facultativa de extradición, incluyendo a la prescripción (Artículo 10); el lugar de comisión (Artículo 11); las actuaciones en curso por los mismos hechos (Artículo 12); la extradición de nacionales (Artículo 13).

El Capítulo V contempla los límites a la extradición.

Se respeta el principio de la especialidad del modo tradicional, exceptuándose los supuestos de permanencia voluntaria de la persona entregada en el territorio del Estado requirente por cierto período, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio. Se prevé el consentimiento del Estado requerido para la extensión de la solicitud, la que deberá efectuarse con las mismas formalidades que si se tratara de un nuevo período (Artículo 14).

La re-extradición (Artículo 15) configura un vínculo trilateral por el cual el Estado requirente se transforma en requerido a posteriori de la entrega de la persona cuya extradición solicitó. El derecho positivo y la práctica procuran que el Estado requerido original no quede exluido de la relación. En efecto, por diversas razones -desde la inexistencia de doble incriminación hasta fundamentos de orden público o la aplicabilidad de penas inadmisibles- pudo el Estado en el que originariamente se encontraba el reclamado no haber consentido en la entrega al actual nuevo Estado requirente. Por ello dispone el Artículo 15 que debe recabarse su consentimiento en debida forma, exceptuándose el supuesto de que la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado al que se entregó, no lo hubiere hecho por su voluntad, en el plazo que se establece.

El Capítulo VI establece "El procedimiento".

Se contemplan los requisitos usuales para la solicitud, los documentos adjuntos y las vías de transmisión (Artículo 16). El pedido deberá transmitirse por vía diplomática y su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado requerido. Se establecen cuáles son las autoridades centrales de las Partes, a fin del diligenciamiento de las solicitudes de extradición. La solicitud y los documentos estarán exentos de legalización o formalidad análoga previsión coherente con al calidad de países integrados de los signatarios, así como con la vía diplomática de transmisión, tradicionalmente exenta del señalado requisito.

Se detallan los documentos que deben adjuntarse, los que varían en función de la calidad del reclamado, según se trate de un condenado, de quien se encuentre en una etapa procesal previa o si el juicio no se hubiere iniciado. En todos los casos se acompañarán los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena a aplicar, así como las disposiciones que establecen la jurisdicción del Estado requirente y una declaración de que la acción ni la pena se encuentran prescriptos.

El Artículo 17 contempla la remisión de información complementaria, cuando los datos o documentos remitidos fueren insuficientes o defectuosos, la que podrá ser suministrada en un plazo de 40 días corridos a partir de la fecha en que el país requirente fue informado de dicha necesidad, plazo que podrá ser extendido mediando circunstancias especiales que justifiquen el incumplimiento. Si dicha información no fuere proporcionada, se tendrá al requirente por desistido de la solicitud, salvo que si por circunstancias especiales debidamente fundadas, la Parte requirente no pudiere cumplir dentro de este plazo, podrá solicitar a la Parte requerida que este sea prorrogado por 20 días.

La decisión, en sentido afirmativo o negativo, deberá ser comunicada sin demora por vía diplomática (Artículo 18). Si fuere denegatoria, total o parcialmente, deberá ser fundada. La concesión de la extradición deberá notificarse al Estado requirente, así como el lugar y fecha de la entrega. Se prevé que la persona será puesta en libertad si no fuere retirada en 30 días, salvo las excepciones que se establecen.

Se prevén circunstancias especiales que justifican la no entrega en el plazo acordado, disponiéndose que en caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que la impida u obstaculice, ello será informado a la otra Parte, pudiéndose acordar una nueva fecha.

El Artículo 19, que regula el aplazamiento de la entrega, contiene una previsión a favor de la cooperación, la que se vería retaceada si un proceso en curso en el Estado requerido, de modo indiscriminado, aun en el supuesto de un delito sensiblemente menos grave que aquel que justifica el pedido, determinara de modo absoluto la imposibilidad de entregar.

El párrafo 1, impone al Estado requerido la obligación de dictaminar acerca de la extradición en todos los casos, aun si el reclamado estuviere sujeto a proceso o cumpliendo una condena. Si la decisión fuere favorable (párrafo 2), el Estado requerido podrá -facultativo- aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso o hasta que se haya cumplido la pena. Como es de recibo, las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil no impedirán la entrega.

El Artículo 20 contempla la "Entrega de bienes" y el 21 estipula los criterios a seguirse en caso de "solicitudes concurrentes".

El Artículo 22 se refiere a la "extradición en tránsito" acordándose que las Partes se prestarán colaboración para facilitar el tránsito por su territorio de las personas extraditadas y las obligaciones emergentes de dicha colaboración.

De acuerdo a la tendencia de los modernos tratados se contempla en el artículo 23 la extradición simplificada o voluntaria, conforme a la cual la extradición se otorga, precisamente, en función de la voluntad de la persona reclamada. En tal supuesto, esta deberá tener asistencia legal y su consentimiento se efectuará ante la autoridad judicial del Estado requerido, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal. Es este un precepto conveniente, en tanto es susceptible de beneficiar tanto al Estado requirente como al requerido y al propio reclamado. En efecto, este último, por diversas razones, familiares, de radicación, sistema carcelario o preferencia personal, puede estar interesado en su traslado.

El Artículo 24 contempla que la Parte requerida se hará cargo de los gastos ocasionados en su territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se solicita y por el mantenimiento en custodia de dicha persona hasta el momento de su entrega. Los de traslado y tránsito de la persona reclamada desde el territorio del Estado requerido, serán a cargo de la Parte requirente.

En materia de detención preventiva, (artículo 25), la solicitud de detención preventiva podrá ser presentada a las Autoridades competentes del Estado requerido por la vía establecida en el artículo 16 de este Tratado. Si a los 60 días de la detención no se hubiera formalizado la solicitud, la persona será liberada. El plazo es razonable, de duración similar a la prevista en la mayoría de los tratados modernos. Sin embargo, la puesta en libertad no será obstáculo para una nueva detención, ni tampoco para la extradición, si la solicitud formal de esta se presentare ulteriormente.

El Artículo 27 establece que el Tratado está sujeto a ratificación y entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por escrito el cumplimiento de sus requisitos respectivos para la entrada en vigor del presente Tratado.

Consideraciones finales.

Pese a que como todo tratado este Acuerdo es producto de fórmulas de transacción, la homogeneidad de antecedentes legislativos y una cultura jurídica común, determinaron que pudiera obtenerse un resultado satisfactorio, tanto en las soluciones de fondo como en su estructura.

Se recogen los modernos desarrollos bilaterales y regionales, habiéndose seguido de cerca los recientes del dominio europeo, impregnados de soluciones que favorecen la agilidad de la cooperación. No obstante, y pese al marco de referencia universal que debió necesariamente tenerse en cuenta, las soluciones incorporadas en todos los sectores se adaptan a las particularidades de los Estados Partes.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Gonzalo Fernández, María Simon, Daisy Tourné.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de setiembre de 2008.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en fecha 16 de junio de 2008.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Danilo Astori, Gonzalo Fernández, María Simon, Daisy Tourné.

TRATADO DE EXTRADICION

ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE PANAMA

La República Oriental del Uruguay y la República de Panamá;

CONSCIENTES de los profundos lazos históricos que unen a ambas naciones;

DESEANDO traducir dichos lazos en instrumentos jurídicos de cooperación en todas las áreas de interés común y, entre ellas, la de cooperación judicial;

Han resuelto acordar un Tratado de Extradición en los siguientes términos:

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

ARTICULO 1

OBLIGACION DE CONCEDER LA EXTRADICION

Las Partes se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y condiciones establecidas en este Tratado, las personas que se encuentren en su territorio requeridas por las autoridades judiciales por algún delito o para la ejecución de una pena que consista en privación de libertad.

ARTICULO 2

DELITOS QUE DAN LUGAR A LA EXTRADICION

1. Darán lugar a extradición los hechos tipificados como delito por las leyes de ambas Partes, cualquiera sea la denominación de dicho delito, que sean punibles con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

2. Si la extradición se solicitare para la ejecución de una sentencia se requerirá, además, que la parte de la pena que aún falta por cumplir no sea inferior a un (1) año.

3. Cuando la solicitud se refiera a varios hechos, distintos y conexos, sancionados penalmente tanto por la ley de la Parte requirente como por la de la Parte requerida, y no concurrieren respecto de uno o algunos de ellos los requisitos de los apartados 1 y 2 del presente artículo, en lo relativo a la duración de la pena, la Parte requerida también podrá conceder la extradición respecto de estos últimos.

CAPITULO II

PROCEDENCIA DE LA EXTRADICION

ARTICULO 3

JURISDICCION, DOBLE INCRIMINACION Y PENA

Para que proceda la extradición es necesario:

a) que el Estado requirente tenga jurisdicción para juzgar acerca de los hechos en los que se funda la solicitud, hayan sido o no cometidos en el territorio de la Parte requirente; y

b) que, en el momento en que se solicita la extradición, los hechos por los cuales se pide cumplan con los requisitos exigidos en el artículo 2 de este Tratado.

CAPITULO III

IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICION

ARTICULO 4

DELITOS POLITICOS

1. No se concederá la extradición por delitos considerados políticos por la Parte requerida o conexos con delitos de esta naturaleza. La sola alegación de un fin o motivo político en la comisión de un delito no lo califica como delito de tal carácter.

2. A los efectos de este Tratado, en ningún caso se considerarán delitos políticos:

a) el atentando contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno o a un miembro de su familia;

b) el genocidio, los crímenes de guerra o los que se cometan contra la paz y la seguridad de la humanidad o cualquier otro delito directamente conexo con ellos;

c) los actos de terrorismo, entendiendo por tales los delitos que impliquen:

i) el atentado contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas que tengan derecho a una protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

ii) la toma de rehenes o el secuestro de personas;

iii) el atentado contra personas o bienes cometido mediante el empleo de bombas, granadas, cohetes, minas, armas de fuego automáticas, cartas o paquetes con explosivos ocultos o dispositivos similares;

iv) los actos de captura ilícita de buques o aeronaves y todos los comprendidos en el ámbito del Convenio para la Represión de la Captura Ilícita de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970;

v) los actos comprendidos en el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos dirigidos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en Montreal, el 23 de septiembre de 1971;

vi) la tentativa de comisión de alguno de los delitos previstos en este artículo o la participación como coautor o cómplice de una persona que comenta o intente cometer dichos delitos;

vii) en general, cualquier acto de violencia no comprendido en los supuestos anteriores y que esté dirigido contra la vida, la integridad corporal o la libertad de las personas.

3. La aplicación del presente artículo no restringirá las obligaciones que las Partes hayan asumido o pudieran asumir en Tratados bilaterales o multilaterales.

ARTICULO 5

DELITOS MILITARES

No se concederá la extradición por delitos exclusivamente militares, si los mismos no resultaren punibles según el derecho penal ordinario de las Partes.

ARTICULO 6

DELITOS FISCALES

En materia de Tasas y Tributos, de Aduana y de Cambios, la extradición se concederá, en las condiciones previstas en este Tratado, tan solo cuando así se acordare expresamente entre las Partes para cada delito o categoría de delitos.

ARTICULO 7

COSA JUZGADA

No se concederá la extradición de la persona reclamada, si hubo sentencia firme en el Estado requerido respecto del hecho o de los hechos delictivos motivadores de la solicitud de extradición.

ARTICULO 8

TRIBUNALES DE EXCEPCION O "AD HOC"

No se concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere sido condenada o vaya a ser juzgada en la Parte requerida por un Tribunal de excepción o "ad hoc".

ARTICULO 9

PENA DE MUERTE O PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD A PERPETUIDAD

1. No procederá la extradición cuando los hechos en los que se funda la solicitud estuvieren castigados en el Estado requirente con pena de muerte o con pena privativa de libertad a perpetuidad.

2. Sin embargo la extradición podrá ser concedida si la Parte requirente otorgara seguridades suficientes, con la conformidad de la Parte requerida, de que la pena a cumplir será la máxima admitida en la ley penal del Estado requerido.

CAPITULO IV

DENEGACION FACULTATIVA DE EXTRADICION

ARTICULO 10

PRESCRIPCION

Acreditado por la Parte requirente que no han prescrito la acción o la pena por los delitos por los cuales se solicita la extradición, de acuerdo con lo previsto en el párrafo 2. d) del artículo 16, la Parte requerida podrá denegar la extradición si la acción o la pena hubieran prescrito según su legislación.

ARTICULO 11

LUGAR DE COMISION

1. Podrá denegarse la extradición si el delito por el cual se solicita se considera por la Parte requerida como cometido, total o parcialmente, dentro de la jurisdicción territorial de dicho Estado.

2. El Estado requerido solo podrá denegar la extradición por razones de jurisdicción, cuando invoque la suya propia para conocer en la causa.

ARTICULO 12

ACTUACIONES EN CURSO POR LOS MISMOS HECHOS

Podrá denegarse la extradición si la persona cuya extradición se solicita esté siendo juzgada en el territorio del Estado requerido a causa del hecho o hechos motivadores de la solicitud.

ARTICULO 13

EXTRADICION DE NACIONALES

1. Podrá denegarse la extradición de los nacionales, conforme al ordenamiento jurídico interno del Estado requerido. Si la solicitud fuere denegada, el Estado requerido deberá juzgar al reclamado y mantener informado al Estado requirente acerca del juicio y remitirle la sentencia una vez que este finalice.

2. La Parte en cuyo territorio se haya impuesto una pena privativa de libertad mediante una sentencia con fuerza de cosa juzgada contra un nacional de la otra que, al huir de su país, se haya sustraído a la ejecución de dicha pena, podrá solicitar a la otra Parte que prosiga su ejecución, si la persona evadida se encuentra en su territorio.

La prosecución de dicha ejecución no estará subordinada al consentimiento de la persona a la que se haya impuesto la pena.

CAPITULO V

LIMITES A LA EXTRADICION

ARTICULO 14

PRINCIPIO DE LA ESPECIALIDAD

1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada, en el territorio del Estado requirente por un delito cometido con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición distinto de aquel por el cual la extradición fue concedida, con excepción de los siguientes supuestos:

a) cuando la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar voluntariamente el territorio del Estado al cual fue entregada, permaneciere en él más de 45 días después de su excarcelación definitiva o regresare a él después de abandonarlo;

b) cuando las autoridades competentes de la Parte requerida consientan en la detención, juicio o condena de dicha persona por otro delito. A este efecto, la Parte requirente deberá solicitar la correspondiente autorización a la Parte requerida que resolverá dicha solicitud tomando en consideración lo establecido en el artículo 2 de este Tratado.

2. La Parte requirente acompañará a su solicitud de ampliación de extradición un testimonio de la declaración judicial prestada, con asistencia letrada, por la persona que ya fue extraditada sobre los hechos objeto de la ampliación. Dicha solicitud será acompañada de los documentos previstos en el párrafo 2 del artículo 16 de este Tratado.

ARTICULO 15

REEXTRADICION A UN TERCER ESTADO

1. Salvo en el caso previsto en el apartado a) del artículo 14 de este Tratado, la persona que fue entregada solo podrá ser reetraditada a un tercer Estado con el consentimiento de la Parte que concedió la extradición.

2. Este consentimiento será recabado con los requisitos dispuestos en el apartado b) del artículo 14 de este Tratado.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO

ARTICULO 16

SOLICITUD

1. La solicitud de extradición se formulará por escrito y se cursará por vía diplomática. La autoridad Central del Estado requerido se encargará de su diligenciamiento.

A tal efecto, la Autoridad Central competente en la República Oriental del Uruguay será el Ministerio de Educación y Cultura. En la República de Panamá, será autoridad Central competente el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. A la solicitud de extradición deberá acompañarse:

a) copia o transcripción de la sentencia condenatoria o de un mandamiento de detención o de cualquier otro documento que tenga la misma fuerza que este último, expedidos en la forma prescrita por la ley de la Parte requirente. En el caso de sentencia condenatoria, se acompañará la certificación de que la misma no se ha cumplido totalmente, indicándose el tiempo que faltare por cumplir;

b) una exposición de los hechos por los cuales se solicite la extradición indicando, con la mayor exactitud, el tiempo y el lugar de su perpetración, su calificación legal y las referencias a las disposiciones legales que les fueran aplicables;

c) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio y residencia del sujeto reclamado y, si fuere posible, su fotografía, huellas dactilares u otros medios que permitan su identificación.

d) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, con expresión de la pena aplicable, de los textos que establecen la competencia de la Parte requirente para conocer del mismo, así como también una declaración de que la acción o la pena no han prescrito conforme a su legislación.

3. La solicitud de extradición, así como los documentos de cualquier naturaleza que la acompañen, en aplicación de las disposiciones del presente Tratado, estarán exentos de legalización o formalidad semejante.

ARTICULO 17

INFORMACION COMPLEMENTARIA

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos, la Parte requerida lo comunicará de inmediato a la Parte requirente, la que deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hubieran observado dentro del plazo de 40 días desde la fecha en que el Estado requirente es informado de la necesidad de subsanar los referidos defectos u omisiones.

2. Si por circunstancias especiales debidamente fundadas la Parte requirente no pudiere cumplir dentro de este plazo, podrá solicitar a la Parte requerida que este sea prorrogado por 20 días.

ARTICULO 18

DECISION Y ENTREGA

1. La Parte requerida comunicará sin demora a la Parte requirente, pro la vía del párrafo 1 del artículo 16, su decisión respecto de la extradición.

2. Toda negativa, total o parcial, respecto de la solicitud de extradición será fundada.

3. Cuando la extradición se conceda, la Parte requirente será informada del lugar y de la fecha de la entrega, así como de la duración de la detención sufrida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Salvo en el supuesto del párrafo siguiente, si la persona reclamada no hubiera sido recibida en el plazo de 30 días, contados a partir de la fecha de la notificación, será puesta en libertad, pudiendo la parte requerida denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor que impida la entrega o la recepción de la persona reclamada, la Parte afectada informará al otro Estado, pudiéndose acordar una nueva fecha para la entrega.

6. Al mismo tiempo de la entrega del reclamado, también se entregarán a la Parte requirente los documentos, dinero y efectos que deban ser puestos igualmente a su disposición.

ARTICULO 19

APLAZAMIENTO DE LA ENTREGA

1. Cuando la persona cuya extradición se solicita está siendo procesada o cumpliendo una condena en el Estado requerido por un delito distinto del que motiva la extradición, la Parte requerida deberá igualmente resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión a la Parte requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, la Parte requerida podrá aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la pena impuesta.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil al que esté sujeta la persona reclamada no podrá impedir o demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de prescripción en las actuaciones judiciales que tienen lugar en el Estado requirente por los hechos que motivan la solicitud de extradición.

ARTICULO 20

ENTREGA DE BIENES

1. Si se concede la extradición, los bienes que se encuentren en el Estado requerido y hayan sido obtenidos como resultado del delito o que puedan servir de prueba, serán entregados al Estado requirente, si este lo solicita. La entrega de dichos bienes estará subordinada a la ley del Estado requerido y a los derechos de los terceros afectados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, dichos bienes serán entregados al Estado requirente, si este lo solicita, aun en el caso de que la extradición no pudiera llevarse a cabo por causa de muerte o fuga de la persona requerida.

3. Cuando la ley del Estado requerido o el derecho de los terceros afectados así lo exijan, los bienes serán devueltos, sin cargo alguno, al Estado requerido.

4. Cuando dichos objetos fueren susceptibles de embargo o comiso en el territorio de la Parte requerida, esta podrá, a efectos de un proceso penal en curso, conservarlos temporalmente o entregarlos bajo condición de su restitución.

ARTICULO 21

SOLICITUDES CONCURRENTES

1. En caso de recibirse solicitudes de extradición de una misma persona por más de un Estado, la Parte requerida determinará a cuál de dichos Estados habrá de concederse la extradición y notificará su decisión al Estado requirente.

2. Cuando las solicitudes se refieren a un mismo delito, la Parte requerida dará preferencia en el siguiente orden:

a) al Estado en cuyo territorio se hubiera cometido el delito;

b) al Estado requirente con el cual exista Tratado;

c) al estado requirente en cuyo territorio tenga residencia habitual la persona reclamada.

3. Cuando las solicitudes se refieren a delitos diferentes, la Parte requerida dará preferencia al Estado requirente que tenga jurisdicción respecto del delito más grave; a igual gravedad, dará preferencia al Estado requirente que solicitó en primer término.

ARTICULO 22

EXTRADICION EN TRANSITO

1. Las Partes se prestarán colaboración para facilitar el tránsito por su territorio de las personas extraditadas.

A estos efectos, la extradición en tránsito por el territorio de una de las Partes se otorgará siempre que no se opongan motivos de orden público, previa presentación, por la vía dispuesta en el artículo 16, de una solicitud acompañada de una copia de la comunicación mediante la cual se informa de su concesión, junto con una copia de la solicitud original de extradición.

Corresponderá a las autoridades del Estado de tránsito la custodia del reclamado.

La Parte requirente reembolsará al Estado de tránsito los gastos que este realice con tal motivo.

2. No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del Estado de tránsito.

ARTICULO 23

EXTRADICION SIMPLIFICADA

La Parte requerida podrá conceder la extradición si la persona reclamada, con asistencia letrada y ante la au-toridad de la Parte requerida, prestare su expresa conformidad en ser entregada a la Parte requirente, después de haber sido informada acerca de sus derechos a un procedimiento formal de extradición y de la protección que este le brinda.

ARTICULO 24

GASTOS

1. La Parte requerida se hará cargo de los gastos ocasionados en su territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se solicita y por el mantenimiento en custodia de dicha persona hasta el momento de su entrega.

2. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona reclamada desde el territorio del Estado requerido, serán a cargo de la Parte requirente.

CAPITULO VII

MEDIDAS CAUTELARES

ARTICULO 25

DETENCION PREVENTIVA

1. En caso de urgencia, las autoridades competentes del Estado requirente podrán solicitar la detención preventiva de la persona reclamada.

2. En la solicitud de detención deberá constar expresamente que esta responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención firme con expresión de la fecha y hechos que lo motiven, tiempo y lugar de su comisión, filiación y demás datos identificatorios de la persona cuya detención se solicita, con ofrecimiento de presentar demanda de extradición.

3. La solicitud de detención preventiva podrá ser presentada a las Autoridades competentes del Estado requerido por la vía establecida en el artículo 16 de este Tratado y se transmitirá por correo, facsímil o cualquier otro medio del que quede constancia escrita.

4. La persona que hubiera sido detenida en virtud de dicha solicitud, será inmediatamente puesta en libertad si al término de los sesenta días a partir de la fecha de su detención la Parte requirente no hubiera presentado en forma ante la Autoridad Central de la Parte requerida una solicitud de extradición conforme a lo dispuesto en el ar-tículo 16 de este Tratado.

5. La puesta en libertad no será obstáculo para una nueva detención, ni tampoco para la extradición, si la solicitud formal de esta se presentare ulteriormente.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 26

RATIFICACION

El presente Tratado está sujeto a ratificación.

ARTICULO 27

ENTRADA EN VIGOR Y TERMINACION

1. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha en que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por escrito el cumplimiento de sus requisitos respectivos para la entrada en vigor del presente Tratado.

2. El presente Tratado se aplicará a las solicitudes que se formulen a partir de su entrada en vigor, aun cuando la comisión del hecho punible correspondiente hubiese tenido lugar antes de esa fecha.

3. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciar el presente Tratado mediante el envío de una notificación escrita a la otra Parte contratante. Dicha denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha en que la otra Parte Contratante haya recibido la notificación.

Hecho en la ciudad de Panamá, a los dieciséis (16) días del mes de junio de dos mil ocho (2008), en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE PANAMA

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el Tratado de extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 16 de junio de 2008.

I. Conceptos preliminares

Como acertadamente lo recuerda el Mensaje del Poder Ejecutivo, el instituto de la extradición se regula a través de Tratados bilaterales o plurilaterales entre las Partes.

En los últimos tiempos, se ha verificado una evolución en la modalidad de celebración de estos acuerdos a nivel internacional, sustituyéndose el modelo antiguo de los Tratados que establecían una lista de los delitos extraditables, por Tratados más flexibles que regulan la extradición de acuerdo al criterio de la gravedad de la pena, lo cual les permite estar a cubierto de la evolución de la naturaleza de los delitos y mantener intacta su vigencia práctica a lo largo de los años.

Nuestro país no ha sido ajeno a este proceso y ha celebrado numerosos Tratados de extradición en los últimos años con estas nuevas características, tanto a nivel regional como en el plano internacional a través de textos bilaterales. En algunos casos, se han aggiornado textos muy antiguos que aún regulaban las relaciones del Uruguay con algunos países, y en otros -como es el Tratado que nos ocupa- se han celebrado nuevos acuerdos allí donde no existían, pero basados también en los criterios de los modelos renovadores recientes.

De esta manera, el Uruguay pretende articular una red cada vez más completa de acuerdos "de última generación" en materia de extradición, lo cual es un propósito más que loable para dar la necesaria independencia y certeza jurídica a un tema que a veces corre el riesgo de verse teñido de ingredientes políticos.

Pese a esta evolución, los Tratados de extradición de nueva generación no son todos idénticos entre sí, ni podrían serlo, pues son el resultado de una negociación entre las Partes. El presente Tratado tiene sin embargo un formato y una redacción prácticamente idénticos al del nuevo Tratado de extradición que se celebrara entre el Uruguay y el Reino de España en el año 1996, y que fuere aprobado por la Ley N° 16.799.

Un sobrevuelo del derecho comparado nos ha permitido advertir cómo los Tratados de extradición firmados por el Uruguay en el pasado reciente mantienen en general una uniformidad conceptual muy valiosa. Nos parece que esto es un elemento positivo habida cuenta de que los principales criterios rectores del instituto de la extradición están incluidos en todos estos textos internacionales.

II. El Tratado de Extradición con Panamá

A) Las disposiciones del Tratado

Al igual que el Tratado de extradición con España, el Tratado con Panamá establece en el Capítulo I los Principios Generales, indicando en sus artículos 1 y 2 la obligación para las Partes de conceder la extradición, así como los delitos que dan lugar a la misma. A tales efectos, estos dos artículos establecen la necesidad de la doble incriminación y de que la pena por esos delitos no sea menor a dos años.

Este plazo de dos años para la pena es el que Uruguay ha pactado en otros Tratados de extradición similares a este, celebrados con otros países o grupos de países, incluido el Tratado con España.

El Capítulo II, artículo 3, del presente Tratado hace referencia a la "Procedencia de la Extradición", mencionando la necesidad de que el Estado tenga jurisdicción para juzgar acerca de los hechos que fundamentan la solicitud para que proceda.

El Capítulo III establece las causas de "Improcedencia de la Extradición". El artículo 4 sobre Delitos Políticos es sin dudas el más importante de capítulo, puesto que consagra el criterio objetivo para la determinación de los delitos políticos. Este punto ya suscitó un debate parlamentario en ocasión de tratarse la aprobación del Tratado de Extradición con España de 1996, que no encontró entonces unanimidad de pareceres entre los Legisladores presentes, debido a que la oposición frenteamplista estaba en contra de la adopción de este criterio, entre otras cosas.

Sin embargo, para este Tratado con Panamá se ratifica in totum el mismo criterio. En efecto, el artículo 4 es idéntico al del Tratado con España.

El mensaje del Poder Ejecutivo es claro además en justificar esa línea conceptual cuando menciona que el párrafo 2 del artículo 4 es "uno de los sectores cruciales del Acuerdo, (que) circunscribe y delimita el terreno del delito político en tanto fundamento de excepción a la entrega". Menciona luego que "la pormenorizada enumeración de conductas reduce sensiblemente la posibilidad de invocar la excepción del delito o de los motivos políticos" lo que consagra claramente como se dijo, la adopción del criterio objetivo para este Tratado.

No entendemos en cambio lo que quiere decir luego el Poder Ejecutivo en su mensaje cuando agrega que para la adopción de este criterio: "se tuvo en cuenta la evolución regional y bilateral en este dominio habiéndose aprobado una fórmula similar en su filosofía a la acordada en el vigente Tratado bilateral con España, tomando en consideración, pese a haber tenido en cuenta los últimos desarrollos europeos -más radicales- el régimen jurídico y la idiosincrasia de las Partes".

La frase que transcribimos en cursiva sugiere una adaptación del Tratado con Panamá respecto del Tratado con España en este punto, pero sin embargo, como se dijo, ambos párrafos son idénticos en ambos Tratados, por lo que la aseveración carece de sentido en este caso.

Volviendo a la utilización del criterio objetivo por este artículo 4, es bueno señalar que compartimos su aplicación en este delicado tema de delimitar los delitos políticos o conexos con políticos. Los criterios subjetivos o mixtos pueden dar lugar a una discrecionalidad no deseable.

El resto del Capítulo se refiere a la improcedencia de extraditar delitos militares (artículo 5); delitos fiscales (en las condiciones mencionadas por el artículo 6); a la excepción de cosa juzgada (artículo 7) y a la imposibilidad de extraditar cuando la persona haya sido condenada por un tribunal ad hoc (artículo 8), o cuando vaya a recaer sobre el requerido pena de muerte o pena privativa de libertad a perpertuidad (artículo 9).

No se hace referencia a la improcedencia de extraditar menores, como lo hacen los Tratados de extradición con Perú o el celebrado en el marco del MERCOSUR.

En conexión con el capítulo anterior corresponde referirse a las normas del Capítulo V, "Límites a la Extradición", establecidas en el artículo 14. Las mismas están referidas al Principio de la Especialidad -que impide juzgar al requerido por un delito diferente a aquel por el que se le requiere- y a la reetradición a un tercer país, para la que se prescribe que necesitará del consentimiento de la Parte que concedió la extradición (artículo 15). En cuanto al Capítulo IV, "De-negación Facultativa de la Extradición", en su artículo 10, el texto difiere por primera vez del texto español, el que agrega un inciso segundo sobre amnistía que no se encuentra en el Tratado con Panamá. El artículo 11 menciona la excepción del lugar de comisión de delito, estableciendo que podrá denegarse la extradición por razones de jurisdicción cuando se invoque la suya propia para conocer en la causa.

El artículo 12 menciona las actuaciones en curso por los mismos hechos en el territorio del requerido como razón para denegar la extradición, lo cual es una variante de la situación prevista en el artículo anterior.

El artículo 13 hace mención a la extradición de los nacionales, la cual es facultativa en este Tratado, y será objeto de un análisis por separado en el punto siguiente B), en la medida en que difiere de lo dispuesto en otros textos similares, en particular de su texto mentor, el Tratado de extradición con España.

El Capítulo VI nos habla del procedimiento y de cómo debe solicitarse la extradición, eliminándose del artículo 16 una disposición que estaba incluida en el Tratado con España referida a que "La Parte requirente podrá designar un representante debidamente autorizado para intervenir ante la autoridad judicial del Estado requerido en el procedimiento de extradición seguido en el mismo".

Los demás artículos del Capítulo VI se refieren a la posibilidad de enviar información complementaria (artículo 17); a la Decisión y Entrega (artículo 18) donde se menciona, entre otras cosas, que si la persona reclamada no hubiera sido recibida en el plazo de 30 días, será puesta en libertad; al Aplazamiento de la Entrega (artículo 19); a la Entrega de Bienes (artículo 20); y a las Solicitudes Concurrentes, a las que haremos también referencia por separado en el punto siguiente C), en la medida en que el punto 2 del artículo 21 que las regula, establece un cierto orden de prelación de las mismas que como veremos no es igual al de otros Tratados de extradición, aunque sí lo es respecto del Tratado con España.

Finalmente se menciona por el Tratado a la Extradición en Tránsito (artículo 22), la Extradición Simplificada (artículo 23) y los Gastos (artículo 24).

El Capítulo VII indica la posibilidad de imponer, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona reclamada. No se hace mención a si esto se computará como parte de la pena, como lo hace por ejemplo el Tratado con Perú.

El Capítulo VIII hace referencia a las Disposiciones Finales: Ratificación, Entrada en Vigor y Terminación del Tratado.

B) La extradición de nacionales.

Como adelantamos más arriba, este punto merece a nuestro juicio un comentario aparte en la medida en que nuestro país no tiene un tratamiento uniforme al respecto en los distintos Tratados de extradición que viene celebrando en los últimos años.

Del estudio comparado de algunos de los Tratados de extradición consultados, se desprende que la extradición de nacionales puede ser facultativa y condicionada o bien al contrario, que el tema de la nacionalidad no sea obstáculo alguno para que la misma proceda. También las soluciones difieren en cuanto a la necesidad de juzgar al individuo requerido en la jurisdicción del requirente, cuando se le sustrae facultativamente de la extradición por su condición de nacional.

En este Tratado con Panamá, la extradición de nacionales es facultativa, en la medida en que puede denegarse "conforme al ordenamiento jurídico interno del Estado requerido", una disposición que presupone la existencia de una norma interna, presente o futura, en ese sentido, y que condiciona la facultad de denegar la extradición de nacionales.

El mismo artículo establece luego la necesidad, para el requerido, de juzgar en su territorio al reclamado cuya extradición es denegada. Pero puede suceder que el requerido no tenga jurisdicción para juzgar al reclamado, aunque sea su nacional, en cuyo caso no tendrá la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, este requisito parece ser planteado como una condición para que proceda la denegación, puesto que se dice que "si la solicitud fuere denegada, el Estado requerido deberá juzgar al reclamado" (...) (artículo 13).

El Acuerdo sobre Extradición del MERCOSUR, tiene una disposición sobre extradición facultativa relativamente similar: "la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario". Aquí la disposición de derecho interno requerida tiene necesariamente que tener rango constitucional para que proceda la denegación de la extradición (artículo 11 de dicho Acuerdo).

También se hace mención en ese artículo a la necesidad de juzgar al reclamado no extraditado:

"en la hipótesis de los párrafos anteriores el Estado Parte que deniegue la extradición deberá juzgar a la persona reclamada y mantener informado al otro Estado parte acerca del juicio así como remitirle copia de la sentencia una vez que aquel finalice".

En el Tratado de extradición con México, en cambio (artículo 9), si bien la extradición de nacionales también es facultativa, el principio adoptado es el contrario, (no se extraditará salvo que algo lo permita, en vez de se extraditará salvo que algo lo impida), por lo que la posibilidad de denegación de la misma aparece como más amplia y discrecional que en los casos anteriores:

"1. Ninguna de las Partes estará obligada a entregar a sus nacionales, pero la Parte Requerida decidirá lo conducente, de conformidad con lo que establezca la autoridad competente para ello.

2. Si la extradición no es concedida en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 de este artículo, la Parte Requerida remitirá al expediente a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando dicha Parte tenga jurisdicción para perseguir el delito."

En el mismo sentido va la redacción dada en el Tratado de extradición con Australia, en su artículo 3.2.

En cambio, en los Tratados con España y con Perú, a diferencia de los anteriores, la extradición de nacionales no podrá ser negada por razón de nacionalidad, por lo cual la nacionalidad no es obstáculo para la extradición:

"No se podrá denegar la extradición, a efectos de ser juzgado en el Estado requierente; por el hecho de que la persona reclamada sea nacional del Estado requerido" (artículo 13 del Tratado con España).

"La nacionalidad de una persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición" (artículo 11 del Tratado con Perú).

La diversidad de soluciones en torno a este tema nos lleva a pensar en la necesidad de establecer al respecto una postura uniforme, en un aspecto de particular sensibilidad como es el de la extradición de nuestros nacionales. De esta forma se solucionarían además problemas prácticos que se pueden derivar de esta multiplicidad de regímenes.

C) Las solicitudes concurrentes

Sin ánimo de extenderme en una visión comparativa del Tratado de extradición con Panamá con otros similares celebrados por nuestro país, debo señalar que al igual que en el punto anterior, llama la atención la diversidad de soluciones que se han plasmado en los diferentes Tratados, en lo que se refiere al orden de prioridad en materia de solicitudes concurrentes de extradición.

El Tratado con Panamá recoge la solución del Tratado con España. Otros textos, como los celebrados con Perú, Francia, Australia, México, o el MERCOSUR, recogen soluciones distintas entre sí, dándole preferencia a las solicitudes según órdenes diferentes en todos los casos.

También creemos que se podría hacer un esfuerzo en buscar criterios comunes en este caso.

Por todo lo expuesto, se recomienda la aprobación del Tratado de Extradición celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la República del Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 16 de junio de 2008.

Sala de la Comisión, 2 de setiembre de 2009.

Sergio Abreu

Miembro Informante."

SEÑOR PRESIDENTE.- El Miembro Informante de este proyecto de ley es el señor Senador Abreu, pero no se encuentra en Sala en este momento.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Los Tratados de Extradición se encuadran en las concepciones que tiene el Poder Ejecutivo acerca de las nuevas modalidades…

Como ha ingresado a Sala el señor Senador Abreu, creo que le corresponde hacer uso de la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: me voy a tomar unos minutos para explicar este tema porque es de especial sensibilidad y considero sumamente importante que el Senado conozca cuál es la evolución y tradición que el país ha tenido en materia de extradición y de qué forma se vienen incorporando nuevos criterios en los Tratados Internacionales. Para abreviar, voy a referirme también al Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú.

Ambos Tratados tienen características especiales, pero también algunas diferencias. Es importante hacer referencia a la evolución que, en materia de Derecho Internacional y de extradición, el Uruguay ha tenido en los últimos tiempos, aun cuando ha variado el juicio en función del criterio objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando existen delitos políticos, para la extradición se establece un criterio que preserva la excesiva discrecionalidad de los distintos Estados para calificar el delito político, de modo que se obligan por un Tratado formal y se reduce la posibilidad de funcionar bajo un criterio de discrecionalidad. Nuestro país no ha sido ajeno a este proceso y en los últimos años ha celebrado numerosos Tratados de Extradición con estas nuevas características, tanto a nivel regional como internacional. En algunos casos, se han "aggiornado" textos muy antiguos que regulaban las relaciones del Uruguay con otros países y, en otros, se han celebrado nuevos acuerdos basados en los nuevos modelos y criterios. De esta manera, nuestro país pretende articular una red de nueva generación en materia de extradición con el fin de dar la necesaria independencia jurídica que a veces corre el riesgo de verse teñida de notorios ingredientes políticos.

Sin embargo, no todos los Tratados son iguales, entre otras cosas, porque son negociados en forma bilateral; algunos países dan ciertas concesiones y otros no. Justamente, estos Tratados con Panamá y Perú presentan algunas diferencias aunque tienen la misma orientación en lo que respecta a la incorporación del criterio objetivo, a diferencia de los Tratados anteriores que se alinean, por ejemplo, con el viejo Tratado con España, donde se negaban otro tipo de mayorías y minorías en el Parlamento, pero ahora se ha encontrado un criterio único para seguir adelante con este tema.

El Tratado con Perú tiene un formato similar al Tratado de Extradición con el Reino de España de 1996 que fuera aprobado, ya que establece los principios generales y la obligación de las partes de conceder la extradición, así como los delitos a que da lugar. A tales efectos, estos dos artículos establecen la necesidad de la doble incriminación y de que la pena por esos delitos no sea menor a dos años, plazo que el Uruguay también ha pactado con otros países.

En el artículo 2º del Tratado -pido disculpas, pero este es un tema de actualidad, porque cuando se plantean estas dificultades después comienzan a hacerse interpretaciones y es importante que el Senado se enfrente a este tipo de legislación y de Tratados Internacionales que hacen a la conducta del país en circunstancias puntuales-, al igual que en el Tratado de Extradición con Chile, se incluye la referencia a que procederá la extradición por los delitos previstos en Tratados multilaterales entre las partes, y esta es una mención que no se encuentra en los Tratados celebrados con España y Panamá, ya que estos hacen referencia a los compromisos asumidos en Tratados multilaterales en el marco de la calificación de un delito como político.

Por su parte, el artículo 3º del Capítulo II, hace referencia a la procedencia de la extradición, mencionando la necesidad de que el Estado tenga jurisdicción para juzgar los hechos que fundamentan la solicitud para que la misma proceda.

En cuanto a la improcedencia de la extradición, considerada en el Capítulo III, se agrega una cláusula referida a los casos en que existe una modificación de la calificación del delito. Esta disposición, por ejemplo, no se encuentra en los Tratados con España y Panamá, aunque sí aparece en el texto del Tratado sobre Extradición del Mercosur.

El artículo 5º relativo a los delitos políticos es, lógicamente, el más importante y el que más debate suscitó cuando se discutió la aprobación del Tratado con España, puesto que consagra el criterio objetivo a que hacía referencia para la determinación de los delitos políticos, lo que no encontró en aquellos tiempos unanimidad en el Parlamento. Sin embargo, para este Tratado con Perú se ratifica el mismo criterio objetivo, con unas pocas diferencias de redacción y adaptación a ciertas preocupaciones de las partes; el artículo 5º de este Tratado es conceptualmente similar en los Tratados con España y Panamá.

El Mensaje del Poder Ejecutivo es claro al justificar esa línea de pensamiento cuando menciona que el párrafo 2) del artículo 4º es "uno de los sectores cruciales del acuerdo, que circunscribe y delimita el terreno del delito político en tanto fundamento de excepción a la entrega". Posteriormente, se menciona que "la pormenorizada enumeración de conductas reduce sensiblemente la posibilidad de invocar la excepción del delito o de los motivos políticos", lo que consagra -es muy importante que insista en este tema- la adopción del criterio objetivo para este Tratado. Esta misma observación, de forma textual, se incluye en el Mensaje del Poder Ejecutivo, en referencia al Tratado con Panamá.

En la Comisión compartimos la aplicación del criterio objetivo -inclusive en ocasión de la comparecencia del señor Canciller- para la delicada tarea de delimitar los delitos políticos o conexos con políticos, de aquellos que son comunes. Entendimos que los criterios subjetivos o mixtos pueden dar lugar a una discrecionalidad no deseable.

El resto del Capítulo III se refiere a la improcedencia de extraditar por delitos militares, a la excepción de cosa juzgada, indulto, gracia y amnistía; a la imposibilidad de extraditar cuando la persona haya sido condenada por un tribunal ad hoc, a la excepción de prescripción y a la no extradición de menores, estableciéndose esto último en el artículo 10.

Respecto de estos puntos, es necesario señalar que, en este Tratado, la excepción de prescripción está incluida en el Capítulo sobre "Improcedencia de la extradición", por lo cual su oposición elimina absolutamente la posibilidad de extraditar. Quiere decir que en el Tratado con Perú, si se invoca la prescripción, no se puede extraditar. En cambio, en los Tratados con España y Panamá esto se encuentra incluido en el Capítulo sobre "Denegación facultativa de la extradición" y, por lo tanto, en ese supuesto la denegación de la extradición es una facultad discrecional de las Partes.

También puede notarse que en el presente Tratado, tanto la cosa juzgada como el indulto, la amnistía y la gracia son causales para que no se conceda la extradición. En cambio, en los Tratados con España y Panamá, lo es únicamente la cosa juzgada. La amnistía está prevista en el Tratado con España, pero solamente como una causal discrecional para denegar la extradición, como sucede con la prescripción. El Tratado con Panamá, por su parte, no menciona la amnistía ni tampoco los demás institutos conexos. El Tratado con Perú no menciona los delitos fiscales, como lo hacen los Tratados con España y Panamá.

Finalmente, se consagra la no concesión de la extradición a menores, que es un aspecto importante que no está considerado en los Tratados con España y Panamá, pero sí en el Tratado de extradición del Mercosur, por ejemplo, donde se prohíbe la extradición de menores en el ámbito de nuestros Tratados del proceso de integración.

En cuanto a la denegación facultativa de la extradición, el Tratado adhiere al criterio de que esta no podrá ser denegada por razón de nacionalidad, al igual que en el Tratado con España y a diferencia del Tratado con Panamá y otros celebrados por Uruguay sobre esta materia. Por su relevancia, esta diferencia de criterios motiva que tratemos este punto por separado.

Con respecto a los límites a la extradición, debemos decir que tratan los casos en que sobre el requerido vaya a caer pena de muerte o pena privativa de libertad a perpetuidad. El Principio de la Especialidad impide juzgar al requerido por un delito diferente a aquel por el cual se lo requiere. El artículo 15 plantea la hipótesis de reextradición a un tercer país, para lo que se prescribe que necesitará del consentimiento de la Parte que concedió la extradición. Debe notarse que, al igual que en el Tratado con Chile y a diferencia de los Tratados con España y Panamá, el tema de la pena de muerte o privativa de libertad está incluido en el Capítulo sobre "Límites a la extradición". En los Tratados antes referidos esto está incluido en el Capítulo sobre "Improcedencia de la extradición".

Si bien el informe está escrito, estoy tratando de resumir porque se trata de un tema de cierta tecnicidad y complejidad y, si no prestamos atención, cuando más adelante se nos presente otro tema de esta índole -el futuro es muy creativo en esta materia- tendremos que saber qué fue lo que aprobamos y cuáles son los criterios que, en materia de extradición, estamos sosteniendo ahora, con la nueva agenda del criterio objetivo. Obviamente, con el criterio objetivo no podemos establecer aspectos subjetivos que nos den cierta discrecionalidad para oponernos, de acuerdo con los Tratados que hemos estado firmando.

Quiero referirme a otro tema importante, que es el de la extradición de nacionales. Del estudio comparado de alguno de los Tratados de Extradición consultados, se desprende que la extradición de nacionales es facultativa o condicionada en algunos textos y que en otros instrumentos, en cambio, que se trate de un nacional no es obstáculo para que proceda la extradición. También las soluciones difieren en cuanto a la necesidad de juzgar al individuo requerido por la jurisdicción del requirente cuando se le sustrae facultativamente de la extradición por su condición de nacional. En los Tratados con España y Perú la extradición de nacionales no podrá ser denegada por razón de nacionalidad, por lo cual la nacionalidad no es obstáculo para la extradición. Concretamente, el Tratado dice que "no se podrá denegar la extradición, a efectos de ser juzgado en el Estado requirente, por el hecho de que la persona reclamada sea nacional del Estado requerido". "La nacionalidad de una persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición". En cambio, en el Tratado con Panamá, la extradición de nacionales es facultativa, en la medida en que puede denegarse "conforme al ordenamiento jurídico interno del Estado requerido".

Por otro lado, el Acuerdo sobre Extradición del Mercosur -para poder comparar con lo que estamos aprobando- tiene una disposición sobre extradición facultativa relativamente similar. Sin embargo -los señores Senadores podrán ver que esto tiene un sello muy característico de nuestras relaciones en el Mercosur y, en particular, de los requisitos que establece Brasil-, "la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario". Es decir que se establece un límite constitucional y, cuando la Constitución dice eso -como se ha invocado varias veces, sobre todo por parte de la República Federativa del Brasil-, dicho obstáculo siempre opera como barrera respecto del incumplimiento de las obligaciones que se asumen a nivel del proceso de integración. Aquí la disposición de Derecho interno requerida necesariamente debe tener rango constitucional para que proceda la denegación de la extradición. En el Tratado de Extradición con México, por ejemplo, si bien la extradición de nacionales también es facultativa, el principio adoptado es el contrario, ya que se dice que no se extraditará salvo que algo lo permita, en vez de establecerse que se extraditará salvo que algo lo impida, porque la posibilidad de denegación parece más amplia y discrecional que en los casos anteriores.

La diversidad de soluciones en torno a este tema nos lleva a pensar en la necesidad de establecer al respecto una postura uniforme en un aspecto de particular sensibilidad, como es el de la extradición de nuestros nacionales. Vuelvo a insistir en que tenemos un criterio diferencial en la extradición de nuestros nacionales y aun cuando estos Tratados sean discutidos en forma bilateral, el criterio que se incorpora para la extradición de nacionales es distinto de acuerdo al Tratado que nosotros estamos firmando.

Por otro lado -y termino, señor Presidente-, se habla de las solicitudes concurrentes. En este sentido, llama la atención la diversidad de soluciones que se han planteado en los diferentes Tratados, en lo que se refiere al orden de prioridad en materia de solicitudes concurrentes de extradición. Aclaro que se habla de solicitud concurrente cuando varios países solicitan la extradición de una determinada persona en nuestro territorio. Los Tratados celebrados con Perú, Francia, Australia, México o el Mercosur recogen soluciones distintas entre sí, dando preferencia a las solicitudes según órdenes diferentes. Por ejemplo, el Tratado de Panamá recoge la solución del Tratado con España.

En ese sentido, formulo moción para que ambos Tratados sean votados porque son muy similares y solamente existen pequeñas diferencias que hemos mencionado en la exposición del Tratado con Perú. Considero que sería importante reflexionar sobre la necesidad de que el país uniformice los criterios negociadores en materia de extradición para intentar crear un patrón único, con el objetivo de imponer aquellos criterios que el Uruguay considere más adecuados en función de su posicionamiento en materia de Derecho Internacional.

La Comisión recibió al señor Canciller y a la Cátedra de Derecho Internacional Privado y aprobó estos Tratados por unanimidad, luego de realizar las distintas reflexiones a que hemos hecho mención. Por lo tanto, proponemos la aprobación de los Tratados con Perú y Panamá en forma separada, aunque los hayamos fundamentado juntos para obviar al Senado lo tedioso de una segunda fundamentación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley referido al Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo único.- Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República de Panamá, suscrito en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en fecha 16 de junio de 2008."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

19) TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PERU

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, en fecha 9 de julio de 2007. (Carp. Nº 1452/2009 - Dist. Nº 3054/2009)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1452/09

Distr. 3054/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, en fecha 9 de julio de 2007.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 25 de febrero de 2008.

Alberto Perdomo Gamarra

Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de febrero de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, en fecha 9 de julio de 2007.

ANTECEDENTES

Las relaciones de extradición entre los Estados se contemplan primordialmente en tratados bilaterales, algunos de las postrimerías del siglo pasado o los albores del presente. En ellos, es común la inclusión de listas de delitos respecto de los que es factible solicitar la extradición, técnica superada en los modernos acuerdos. Nuestro país comenzó a renovar la previsión normativa en este sector a partir del nuevo tratado que rige con España, suscrito el 28-2-96 aprobado por Ley N° 16.799, en vigor desde el 19-4-97, al que subsiguió la celebración de otros tratados que respondieron a una misma concepción técnica.

En este proceso y no obstante la singularidad de cada negociación bilateral, la finalidad general perseguida tendió, en lo sustancial, a obtener textos adaptados a la moderna evolución del instituto, teniendo en cuenta las nuevas modalidades de la criminalidad nacional e internacional; y, en lo formal, se procuró dotar a estos nuevos tratados de una adecuada sistematización tendiente a facilitar la interpretación y aplicación de las disposiciones por parte de las autoridades competentes.

Este renovado enfoque implica un avance en relación a los tratados precedentes desde diversos ángulos. Entre otras características, los antiguos, con la pretensión de dotar de mayor certeza a la relación bilateral, por lo general admitían la extradición en relación a delitos contenidos en una lista dada y no de otros. Las nóminas limitadas son inexorablemente superadas por la evolución, habida cuenta de que se tipifican nuevas figuras delictivas y que algunas conductas penalizadas caen en correlativo desuso.

Los nuevos convenios se apartan acertadamente de este mecanismo y adoptan el criterio de la gravedad de la pena. En consecuencia, conductas o modalidades imprevisibles en el momento de la negociación quedarán incorporadas ipso jure, siempre que se cumplan con los demás requisitos exigidos.

El precitado proceso de actualización solo se materializó con Argentina y con Chile (convenios no ratificados), en tanto rigen antiguos tratados con Bolivia, Brasil y Paraguay.

EL TEXTO

El Tratado consta de un Preámbulo y 29 Artículos distribuidos en 9 Capítulos.

En el Preámbulo se manifiesta el deseo de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer las relaciones bilaterales en materia de cooperación en la prestación de justicia.

El articulado del texto del Tratado, se polariza en dos sectores fundamentales, el derecho material y el procesal. El primero se organiza en torno a las normas reguladoras de la procedencia, las que prevén la improcedencia y las que contemplan la denegación facultativa. Se regulan, además, los límites a la extradición, que se concretan en el tradicional principio de la especialidad, en las hipótesis de re-extradición y en la previsión relativa a la aplicación de la pena de muerte o de prisión perpetua por el Estado requirente.

En lo atinente al derecho procesal, fueron contempladas de modo pormenorizado las diversas etapas, comprensivas de la solicitud, los documentos que deben acompañarla y sus vías de transmisión, la información complementaria cuando corresponda, el proceso, la extradición simplificada, la decisión, la entrega, su eventual aplazamiento y la detención preventiva.

PROCEDENCIA DE LA EXTRADICION: jurisdicción, doble incriminación y pena.

Tres son los supuestos por los que se puede solicitar la extradición: para iniciar el proceso, para responder a un proceso en curso o para la ejecución de una condena (Artículo 1). Los dos primeros tienen especial significación para nuestro país, en virtud de la prohibición constitucional de procesar en rebeldía, principio no necesariamente compartido por los demás Estados.

Conforme al Artículo 2, párrafo 1, se requiere la doble incriminación, sin perjuicio de la diversa denominación de los delitos en el Estado requirente y en el requerido, así como una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a dos años.

El párrafo 3, contempla la extradición accesoria en el supuesto de delitos diversos y conexos. Deberá respetarse la doble incriminación, aunque podrá procesarse aún por los delitos castigados con una pena menor a la dispuesta en el párrafo 1. De este modo no podrá el extraditado evadir las acciones penales por los delitos menores y podrá ser procesado por todas las conductas por los tribunales del Estado requirente.

Según dispone el Artículo 3 (Capítulo II), la procedencia de la extradición se asienta en la jurisdicción, la doble incriminación y la pena. Sin perjuicio de los dos primeros, a los que ya se hiciera mención, la jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud es un requisito fundamental para justificar legítimamente el pedido, respecto del que existe pacífico consenso en la doctrina y en la práctica y de este modo está recogido en los textos internacionales.

IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICION: los delitos políticos; los delitos militares; la cosa juzgada; indulto, amnistía y gracia; los tribunales de excepción; la prescripción; los menores.

El Capítulo III establece las causales de improcedencia de la extradición, previendo pormenorizadamente las excepciones a la entrega.

Los delitos políticos

No se concederá la extradición por delitos que el Estado requerido considere políticos o conexos con delitos de esta naturaleza (Artículo 5, párrafo 1). Se aclara que la mera invocación de un fin o motivo político no implicará que los delitos deban necesariamente calificarse como políticos.

El párrafo 2, uno de los sectores cruciales del Acuerdo, circunscribe y delimita el terreno del delito político en tanto fundamento de excepción a la entrega. Se tuvo en cuenta la evolución regional y bilateral en este dominio, habiéndose aprobado una fórmula similar en su filosofía a la acordada en el vigente tratado bilateral con España, tomando en consideración, pese a haber tenido presente los últimos desarrollos europeos -más radicales- el régimen jurídico y la idiosincrasia de las Partes.

Una pormenorizada enumeración de conductas reduce sensiblemente la posibilidad de invocar la excepción del delito o los motivos políticos, identificando las que "bajo ninguna circunstancia" podrán calificarse como delitos políticos. Son ellos la tradicional cláusula belga, ampliada a texto expreso en el sentido de la interpretación ya dada por la doctrina, que incluye a "otras autoridades nacionales o locales o sus familiares", el genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad, así como los actos de naturaleza terrorista, aun en grado de tentativa. En relación a estos se describen posibles conductas "a título ilustrativo" y se enuncia una cláusula residual, conforme a la cual se considerará de naturaleza terrorista "en general", cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores, atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalías de carácter político, racial o religioso (Artículo 5, numeral 2, literal v).

La preocupación de la comunidad internacional por la notoria evolución de la delincuencia transnacional organizada, que entre otras formas de criminalidad adopta modalidades terroristas, ha determinado la singular incidencia de este núcleo de conductas en la evaluación y la consiguiente determinación de las causales de procedencia -o improcedencia- de la extradición. Se tuvo en cuenta, por ende, conforme a la tendencia universal, la filosofía que subyace en el Preámbulo de la Convención Europea para la Supresión del Terrorismo de Estrasburgo (1977) cuando expresa que la extradición es una medida particularmente efectiva para asegurar que quienes perpetren actos de terrorismo no escapen a la persecución y castigo.

Otras causales

Se prevén, además, como causal de improcedencia, los delitos de naturaleza exclusivamente militar (Artículo 6), la cosa juzgada, el indulto, la amnistía y la gracia (Artículo 7).

Conforme a los principios generales, no se concederá la extradición cuando los tribunales que deban juzgar sean ad hoc (Artículo 8) ni cuando la acción o la pena estuvieren prescriptos conforme a la legislación del Estado requerido (Artículo 9).

Los menores

El Artículo 10 prevé, la no extradición de los menores, inclusión conveniente y oportuna, habida cuenta de que la práctica ni la jurisprudencia son homogéneas en relación a su entrega. Ello se advierte en supuestos de dudosa calificación, tales como las solicitudes provenientes de países en los que el reclamado es mayor en tanto es menor para el Estado requerido -en cuyo caso no habría doble incriminación- así como en los casos en los que se le reclama para aplicarle medidas correctivas.

Dados los matices de las legislaciones penales internas, pareció adecuado regular la situación mediante una norma material, habiéndose fijado la minoridad en 18 años a efectos de la extradición, conforme a la legislación nacional e internacional en vigor.

En los supuestos de no entrega y dada su calidad de instrumento superior de cooperación, se procuró evitar en este, y en otros sectores del Acuerdo el fomento de la impunidad o la indeferencia ante una solicitud de extradición. Con un tratamiento simétrico al dispuesto para la no entrega de los nacionales, el párrafo 2, impone al Estado requerido la obligación de aplicar, conforme a su ley, las mismas medidas correctivas que si las conductas hubieran sido cometidas en su territorio.

DENEGACION FACULTATIVA: la nacionalidad; actuaciones en curso por los mismos hechos. (Artículo 11)

Conforme a la posición generalmente admitida, el Artículo 12 establece que la extradición podrá ser denegada si la persona reclamada está siendo juzgada en el territorio del Estado requerido por las conductas en las que aquella se funda, debiéndose evaluar el caso particular, dado que la solución no es preceptiva.

LOS LIMITES A LA EXTRADICION: pena de muerte o prisión perpetua; el principio de la especialidad; la reestradición.

Dos son los posibles enfoques desde la perspectiva de los Estados que proscriben la pena de muerte o la privativa de libertad a perpetuidad en su derecho interno, ante la solicitud de entrega de un Estado que sí las contempla: denegar la extradición o bien concederla con la garantía de que no se aplicarán dichas penas.

El Artículo 13, párrafo 1, establece como principio general que no se aplicará al extraditado en ningún caso la pena de muerte o la privativa de libertad a perpetuidad. Dado el alcance inequívoco del párrafo 2, al que se hará referencia seguidamente, el primer o puede parecer superfluo.

El párrafo 2 dispone que la extradición solo será admisible si el Estado Parte requirente aplicare la pena máxima admitida en la ley penal del Estado Parte requerido. El alcance real de esta disposición surge de la interpretación armónica y contextual de esta norma y de Artículo 18, numeral 5, que establece que en los supuestos bajo examen se adjuntará a la propia solicitud de extradición una declaración por la cual el Estado requirente se obliga a aplicar la pena mayor admitida por la legislación penal del Estado requerido. Esta obligación constituye una innovación que por primera vez se adoptó, a iniciativa de la delegación uruguaya, en el tratado bilateral con España y cuya propuesta fue aquí reiterada, con el objeto de conculcar cualquier ambivalencia o duplicidad en torno a la comprensión real y al compromiso efectivo del Estado requirente en cada caso concreto.

Se respeta el principio de la especialidad del modo tradicional, exceptuándose los supuestos de permanencia voluntaria de la persona entregada en el territorio del Estado requirente por cierto período, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio. Se prevé el consentimiento del Estado requerido para la extensión de la solicitud, la que deberá efectuarse con las mismas formalidades que si se tratara de un nuevo pedido (Artículo 14).

La re-extradición (Artículo 15) configura un vínculo trilateral por el cual el Estado requirente se transforma en requerido a posteriori de la entrega de la persona cuya extradición solicitó. El derecho positivo y la práctica procuran que el Estado requerido original no quede excluído de la relación. En efecto, por diversas razones -desde la inexistencia de doble incriminación hasta fundamentos de orden público o la aplicabilidad de penas inadmisibles- pudo el Estado en el que originariamente se encontraba el reclamado no haber consentido en la entrega al actual nuevo Estado requirente. Por ello dispone el Artículo 15 que debe recabarse su consentimiento en debida forma, exceptuándose el supuesto de que la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado al que se entregó, no lo hubiere hecho por su voluntad, en el plazo que se establece.

Los Artículos 16 y 17 contemplan el Derecho a la Defensa y el Cómputo de la Pena, respectivamente.

El Capítulo VII establece: El procedimiento.

Se contemplan los requisitos usuales para la solicitud, los documentos adjuntos y las vías de transmisión (Artículo 18). El pedido deberá transmitirse por vía diplomática y su diligenciamiento será regulado por la legislación del Estado requerido.

La solicitud y los documentos estarán exentos de legalización o formalidad análoga (Artículo 19), previsión coherente con la calidad de países integrados de los signatarios, así como con la vía diplomática de transmisión, tradicionalmente exenta del señalado requisito. Deberán acompañarse, no obstante, de una traducción al idioma del Estado requerido (Artículo 20).

Se detallan los documentos que deben adjuntarse, los que varían en función de la calidad del reclamado, según se trate de un condenado, de quien se encuentre en una etapa procesal previa o si el juicio no se hubiere iniciado. En todos los casos se acompañarán los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena a aplicar, así como las disposiciones que establecen la jurisdicción del Estado requirente y una declaración de que la acción ni la pena se encuentran prescriptos.

El Artículo 20 contempla la remisión de información complementaria, cuando los datos o documentos remitidos fueren insuficientes o defectuosos, la que podrá ser suministrada en un plazo de 45 días corridos a partir de la fecha en que el país requirente fue informado de dicha necesidad, plazo que podrá ser extendido mediando circunstancias especiales que justifiquen el incumplimiento. Si dicha información no fuere proporcionada, se tendrá al requirente por desistido de la solicitud.

Como se señalara, cuando el Estado requirente contemple la pena de muerte o de prisión perpetua, deberá adjuntarse a la solicitud una declaración mediante la cual dicho Estado se compromete a no aplicar aquellas penas sino la mayor admitida en el Estado requerido.

La decisión, en sentido afirmativo o negativo, deberá ser comunicada sin demora por vía diplomática (Artículo 21). Si fuere denegatoria, total o parcialmente, deberá ser fundada. La concesión de la extradición deberá notificarse al Estado requirente, así como el lugar y fecha de la entrega. Se prevé que la persona será puesta en libertad si no fuere retirada en 30 días, salvo las excepciones que se establecen.

Se prevén circunstancias especiales que justifican la no entrega en el plazo acordado, disponiéndose que en caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que la impida u obstaculice, ello será informado a la otra Parte, pudiéndose acordar una nueva fecha.

El Artículo 22, que regula el aplazamiento de la entrega, contiene una previsión en favor de la cooperación, la que se vería retaceada si un proceso en curso en el Estado requerido, de modo indiscriminado, aun en el supuesto de un delito sensiblemente menos grave que aquel que justifica el pedido, determinara de modo absoluto la imposibilidad de entregar.

El párrafo 1, impone al Estado requerido la obligación de dictaminar acerca de la extradición en todos los casos, aun si el reclamado estuviere sujeto a proceso o cumpliendo una condena. Si la decisión fuere favorable (párrafo 2), el Estado requerido podrá -facultativo- aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, estará obligado a entregar sin demora si el delito que funda el aplazamiento estuviere sancionado por el Estado requerido con una pena de duración inferior a la establecida para fundar la extradición conforme al artículo 2. Como es de recibo, las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil no impedirán la entrega.

De acuerdo a la tendencia de los modernos tratados se contempla en el artículo 26 la extradición simplificada o voluntaria, conforme a la cual la extradición se otorga, precisamente, en función de la voluntad de la persona reclamada. En tal supuesto, esta deberá tener asistencia legal y su consentimiento se efectuará ante la autoridad judicial del Estado requerido, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal. Es este un precepto conveniente, en tanto es susceptible de beneficiar tanto al Estado requirente como al requerido y al propio reclamado. En efecto, este último, por diversas razones, familiares, de radicación, sistema carcelario o preferencia personal, puede estar interesado en su traslado.

En materia de detención preventiva, esta puede solicitarse por vía diplomática o a través de la INTERPOL (artículo 28). Si a los 45 días de la detención no se hubiera formalizado la solicitud, la persona será liberada. El plazo es razonable, de duración similar a la prevista en la mayoría de los tratados modernos.

El Artículo 29 establece que el Tratado está sujeto a ratificación, y que el canje de instrumentos se efectuará en Lima.

La vigencia es por tiempo indefinido.

Consideraciones finales

Pese a que como todo tratado este Acuerdo es producto de fórmulas de transacción, la homogeneidad de antecedentes legislativos y una cultura jurídica común, determinaron que pudiera obtenerse un resultado satis-factorio, tanto en las soluciones de fondo como en su estructura.

Se recogen los modernos desarrollos bilaterales y re-gionales, habiéndose seguido de cerca los recientes del dominio europeo, impregnados de soluciones que favorecen la agilidad de la cooperación. No obstante, y pese al marco de referencia universal que debió necesariamente tenerse en cuenta, las soluciones incorporadas en todos los sectores se adaptan a las particularidades de los Estados Partes.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Ricardo Bernal, Felipe Michelini.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de febrero de 2008.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, en fecha 9 de julio de 2007.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Ricardo Bernal, Felipe Michelini.

TRATADO DE EXTRADICION

ENTRE

LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PERU

La República Oriental del Uruguay y la República del Perú, denominadas en lo sucesivo Estados Parte;

- Reafirmando el deseo de los Estados Parte de acordar soluciones jurídicas comunes con el objeto de fortalecer las relaciones bilaterales en materia de la cooperación en la prestación de justicia;

- Destacando la importancia de contemplar dichas soluciones en instrumentos jurídicos de cooperación en áreas de interés común como la cooperación jurídica y la extradición;

- Convencidos de la necesidad de simplificar y agilizar la cooperación internacional para posibilitar la armonización y la compatibilización de las normas que regulan el ejercicio de la función jurisdiccional de los Estados Parte;

Resuelven celebrar un Tratado de Extradición en los términos que siguen:

CAPITULO I

Principios generales

Artículo 1

Obligación de conceder la extradición

Los Estados Parte se obligan a entregarse recíprocamente, según las reglas y las condiciones establecidas en el presente Tratado, a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes del otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.

Artículo 2

Delitos que dan lugar a la extradición

1. Darán lugar a la extradición los hechos tipificados como delito por las leyes del Estado requirente y del Estado requerido, cualquiera sea la denominación de los delitos, que sean punibles en ambos Estados con una pena privativa de libertad cuya duración no sea inferior a dos años.

2. Si la extradición fuera requerida para la ejecución de una sentencia se exigirá, además, que la parte de la pena que aún quede por cumplir no sea inferior a seis meses.

3. Si la extradición requerida por uno de los Estados Parte estuviere referida a delitos diversos y conexos, respetando el principio de la doble incriminación para cada uno de ellos, bastará con que uno de los mismos satisfaga las exigencias previstas en este artículo para que pueda concederse la extradición, inclusive con respecto de los otros delitos.

4. Procederá igualmente la extradición respecto de los delitos previstos en Tratados multilaterales en vigor entre el Estado requirente y el Estado requerido.

5. Cualquier tipo que no esté expresamente exceptuado en el Capítulo III del presente Tratado dará lugar a la extradición, siempre que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 3.

CAPITULO II

Procedencia de la extradición

Artículo 3

Jurisdicción, doble incriminación y pena

Para que la extradición sea considerada procedente es necesario:

a) que el Estado requirente tenga jurisdicción para conocer en los hechos que fundan la solicitud, salvo cuando el Estado requerido tenga jurisdicción para entender en la causa;

b) que en el momento en que se solicita la extradición, los hechos que fundamenten el pedido satisfagan las exigencias del artículo 2 del presente Tratado.

CAPITULO III

Improcedencia de la extradición

Artículo 4

Modificación de la calificación del delito

Si la calificación del hecho constitutivo del delito que motivó la extradición fuere modificada posteriormente durante el proceso en el Estado requirente, la acción no podrá proseguir, a no ser que la nueva calificación permita la extradición.

Artículo 5

Delitos políticos

1. No se concederá la extradición por delitos que el Estado requerido considere como políticos o conexos con delitos de esta naturaleza. La mera invocación de un fin o motivo político no implicará que este deba necesariamente calificarse como tal.

2. A los fines del presente Tratado, no serán considerados delitos políticos bajo ninguna circunstancia:

a) El atentado contra la vida o la acción de dar muerte a un Jefe de Estado o de Gobierno, o a otras autoridades nacionales o locales o a sus familiares;

b) El genocidio, los crímenes de guerra o los delitos contra la humanidad en violación de las normas del Derecho Internacional;

c) Los actos de naturaleza terrorista que, a título ilustrativo, impliquen alguna de las siguientes conductas:

i) el atentado contra la vida, la salud física o psíquica o la libertad de personas que tengan derecho a protección internacional, incluidos los agentes diplomáticos;

ii) la toma de rehenes o el secuestro de personas;

iii) el atentado contra personas o bienes mediante el uso de bombas, granadas, proyectiles, minas, armas de fuego, cartas o paquetes que contengan explosivos u otros dispositivos capaces de causar peligro común o conmoción pública;

iv) los actos de captura ilícita de embarcaciones o aeronaves;

v) en general, cualquier acto no comprendido en los supuestos anteriores cometido con el propósito de atemorizar a la población, a clases o sectores de la misma; atentar contra la economía de un país, su patrimonio cultural o ecológico, o cometer represalías de carácter político, racial o religioso;

vi) la tentativa de cualquiera de los delitos previstos en este artículo.

Artículo 6

Delitos militares

No se considerará la extradición por delitos de naturaleza exclusivamente militar.

Artículo 7

Cosa juzgada, indulto, amnistía y gracia

No se concederá la extradición de la persona reclamada en caso de que haya sido juzgada, indultada, beneficiada por la amnistía, o que haya obtenido una gracia por el Estado requerido respecto del hecho o de los hechos en que se fundamenta la solicitud de extradición.

Artículo 8

Tribunales de excepción o "ad hoc"

No se concederá la extradición de la persona reclamada cuando hubiere sido condenada o deba ser juzgada en el Estado requirente por un tribunal de excepción o "ad hoc".

Artículo 9

Prescripción

No se concederá la extradición cuando la acción o la pena estuvieren perscritas conforme a la legislación del Estado requirente o del Estado requerido.

Artículo 10

Menores

No se concederá la extradición cuando la persona reclamada hubiere sido menor de dieciocho años al tiempo de la comisión del hecho o de los hechos por los cuales se la solicita. En tal caso, el Estado requerido le aplicará las medidas correctivas que de acuerdo a su ordenamiento jurídico se aplicarían como si el hecho o los hechos hubieren sido cometidos por un menor en su territorio.

CAPITULO IV

Denegación facultativa de extradición

Artículo 11

Nacionalidad

La nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición.

Artículo 12

Actuaciones en curso por los mismos hechos

Podrá denegarse la extradición si la persona reclamada está siendo juzgada en el territorio del Estado requerido a causa del hecho o los hechos en los que se fundamenta la solicitud.

CAPITULO V

Límites a la extradición

Artículo 13

Pena de muerte o pena privativa de libertad a perpetuidad

1. El Estado requirente no aplicará al extraditado, en ningún caso, la pena de muerte o la pena privativa de libertad a perpetuidad.

2. Cuando los hechos que originen una solicitud de extradición estuviesen sancionados en el Estado requirente con la pena de muerte o con una pena privativa de libertad a perpetuidad, la extradición solo será admisible si el Estado requirente aplicare la pena máxima admitida en la ley penal del Estado requerido.

Artículo 14

Principio de la especialidad

1. La persona entregada no será detenida, juzgada ni condenada en el territorio del Estado requirente por otros delitos cometidos con anterioridad a la fecha de la solicitud de extradición y no contenidos en esta, salvo en los siguientes casos:

a) cuando la persona extraditada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado Parte al que fue entregada, haya permanecido voluntariamente en él por más de cuarenta y cinco días corridos después de su liberación definitiva o regresare a él después de haberlo abandonado;

b) cuando las autoridades competentes del Estado requerido consintieran en la extensión de la extradición a efectos de la detención, enjuiciamiento o condena de la persona reclamada por un delito distinto del que motivó la solicitud.

2. A este efecto, el Estado requirente deberá remitir al Estado requerido una solicitud formal de extensión de la extradición, la que será resuelta por este último. La solicitud deberá estar acompañada de los documentos previstos en el párrafo 4 del artículo 18 de este Tratado y del testimonio de la declaración judicial sobre los hechos que motivaron la solicitud de ampliación, prestada por el extraditado con la debida asistencia jurídica.

Artículo 15

Reextradición a un tercer Estado

La persona entregada solo podrá ser reextraditada a un tercer Estado con el consentimiento del Estado Parte que haya concedido la extradición, salvo el caso previsto en el literal a) del artículo 14 de este Tratado. El consentimiento deberá ser reclamado por medio de los procedimientos establecidos en la parte final del mencionado artículo.

CAPITULO VI

Derecho de defensa y cómputo de la pena

Artículo 16

Derecho de defensa

La persona reclamada gozará en el Estado requerido de todos los derechos y garantías que otorgue la legislación de dicho Estado. Deberá ser asistida por un defensor y, si fuera necesario, recibirá la asistencia de un intérprete o traduc-tor.

Artículo 17

Cómputo de la pena

El período de detención cumplido por la persona extraditada en el Estado requerido en virtud del proceso de extradición, será computado en la pena a ser cumplida en el Estado requirente.

CAPITULO VII

Procedimiento

Artículo 18

Solicitud

1. La solicitud de extradición será transmitida por vía diplomática. Su diligenciamiento será regulado de acuerdo a la legislación del Estado requerido.

2. Cuando se tratare de una persona no condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o copia de la orden de prisión o resolución equivalente, conforme a la legislación del Estado requerido, emanado de la autoridad competente.

3. Cuando se trate de una persona condenada, la solicitud de extradición deberá ser acompañada por el original o la copia de la sentencia condenatoria o un certificado de que la misma no fue totalmente cumplida así como del tiempo que faltó para su cumplimiento.

4. En las hipótesis señaladas en los párrafos 2 y 3, también deberán acompañarse a la solicitud:

i) una descripción de los hechos por los cuales se solicita la extradición, debiéndose indicar el lugar y fecha en que ocurrieron, su calificación legal y la referencia a las disposiciones legales aplicables, prueba de esos hechos e indicios de la participación del reclamado en ellos;

ii) todos los datos conocidos sobre la identidad, nacionalidad, domicilio o residencia de la persona reclamada y, si fuere posible, su fotografía, huellas o impresiones digitales y otros medios que permitan su identificación;

iii) copia o transcripción auténtica de los textos legales que tipifican y sancionan el delito, identificando la pena aplicable, los textos que establezcan la jurisdicción del Estado requirente para conocer de ellos, así como una declaración de que la acción y la pena no se encuentran prescritas, conforme a su legislación.

5. En el caso previsto en el artículo 13, se incluirá una declaración mediante la cual el Estado requirente asume el compromiso de no aplicar la pena de muerte o la pena privativa de libertad o perpetuidad, obligándose a aplicar, como pena máxima, la pena mayor admitida por la legislación penal del Estado requerido.

Artículo 19

Exención de legalización

La solicitud de extradición, así como los documentos que la acompañan, de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado, estarán exentos de legalización o formalidad análoga. En caso de presentarse copias de documentos, estas deberán estar autenticadas por la autoridad competente.

Artículo 20

Información complementaria

1. Si los datos o documentos enviados con la solicitud de extradición fueren insuficientes o defectuosos, el Estado requerido comunicará el hecho sin demora al Estado requirente, por vía diplomática, el cual deberá subsanar las omisiones o deficiencias que se hubieren observado, en un plazo de cuarenta y cinco días corridos, contados desde la fecha en que el Estado requirente haya sido informado acerca de la necesidad de subsanar los referidos defectos u omisiones.

2. Si por circunstancias especiales debidamente fundadas, el Estado requirente no pudiere cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior dentro del plazo señalado, podrá solicitar al Estado requerido la prórroga del referido plazo por veinte días corridos adicionales.

3. Si no se diere cumplimiento a lo señalado en los párrafos precedentes, se tendrá al Estado requirente por desistido de la solicitud.

Artículo 21

Decisión y entrega

1. El Estado requerido comunicará sin demora al Estado requirente, por vía diplomática, su decisión con respecto a la extradición.

2. Cualquier decisión denegatoria total o parcial respecto al pedido de extradición será fundamentada.

3. Cuando se haya otorgado la extradición, el Estado requirente será informado del lugar y la fecha de entrega, así como de la duración de la detención cumplida por la persona reclamada con fines de extradición.

4. Si en el plazo de treinta días corridos contados a partir de la fecha de la notificación el Estado requirente no retirare a la persona reclamada, esta será puesta en libertad, pudiendo el Estado requerido denegar posteriormente la extradición por los mismos hechos.

5. En caso de fuerza mayor o de enfermedad grave debidamente comprobada que impidan u obstaculicen la entrega o la recepción de la persona reclamada, tal cir-cunstancia será informada al otro Estado Parte antes del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior, pudiéndose acordar una nueva fecha para la entrega y recepción.

6. En el momento de la entrega de la persona reclamada, o tan pronto como sea posible, se entregarán al Estado requirente la documentación, bienes y otros objetos que, igualmente, deban ser puestos a su disposición, conforme a lo previsto en el presente Tratado.

7. El Estado requirente podrá enviar al Estado requerido, con la anuencia de este, agentes debidamente autorizados para colaborar en la verificación de la identidad del extraditado y en la conducción de este al territorio del Estado requirente. Estos agentes estarán subordinados, en su actividad, a las autoridades del Estado requerido.

Artículo 22

Aplazamiento de la entrega

1. Cuando la persona cuya extradición se solicita esté sujeta a proceso o cumpliendo una condena en el Estado requerido por un delito diferente del que motiva la extradición, este deberá igualmente resolver sobre la solicitud de extradición y notificar su decisión al Estado requirente.

2. Si la decisión fuere favorable, el Estado requerido podrá aplazar la entrega hasta la conclusión del proceso penal o hasta que se haya cumplido la pena. No obstante, si el Estado requerido sancionare el delito que fundamenta el aplazamiento con una pena cuya duración sea inferior a la establecida en el párrafo 1 del artículo 2 de este Tratado, procederá a la entrega sin demora.

3. Las responsabilidades civiles derivadas del delito o cualquier proceso civil al que se encuentre sujeta la persona reclamada, no podrán impedir o demorar la entrega.

4. El aplazamiento de la entrega suspenderá el cómputo del plazo de la prescripción en las actuaciones judiciales que tuvieren lugar en el Estado requirente, por los hechos que motivan la solicitud de extradición.

Artículo 23

Entrega de los Bienes

1. En el caso en que se conceda la extradición, los bienes que se encuentren en el Estado requerido y que sean producto del delito o que puedan servir de prueba serán entregados al Estado requirente, si este así lo solicitare. La entrega de los referidos bienes estará supeditada a la ley del Estado requerido y a los derechos de los terceros eventualmente afectados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, dichos bienes serán entregados al Estado requirente, si este así lo solicitare, inclusive en el caso de no poder llevar a cabo la extradición como consecuencia de muerte o fuga de la persona reclamada.

3. Cuando dichos bienes fueran susceptibles de embargo o decomiso en el territorio del Estado requerido, este podrá conservarlos temporalmente o entregarlos a efectos de un proceso penal en curso, con la condición de su futura restitución.

4. Cuando la ley del Estado requerido o el derecho de los terceros afectados así lo exijan, los bienes serán devueltos, sin cargo alguno, al Estado requerido.

Artículo 24

Solicitudes concurrentes

1. En el caso de recibirse solicitudes de extradición concurrentes, referentes una misma persona, el Estado requerido determinará a cuál de los Estados concederá la extradición y notificará su decisión a los Estados requirentes.

2. Cuando las solicitudes se refieran a un mismo delito, el Estado requerido deberá dar preferencia en el siguiente orden:

a) al Estado en cuyo territorio se haya cometido el delito;

b) al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual la persona reclamada;

c) al Estado que primero haya presentado la solicitud.

3. Cuando las solicitudes se refieran a delitos diferentes, el Estado requerido, según su legislación, dará preferencia al Estado que tenga jurisdicción respecto al delito (sancionado con pena privativa de libertad de mayor duración). A igual gravedad, se dará preferencia al Estado que haya presentado la solicitud en primer lugar.

Artículo 25

Extradición en tránsito

1. Los Estados Parte cooperarán entre sí con el objeto de facilitar el tránsito por su territorio de las personas extraditadas. A tales efectos, la extradición en tránsito por el territorio del otro Estado Parte se otorgará, siempre que no se opongan motivos de orden público, previa presentación de una solicitud por vía diplomática acompañada por las copias de la solicitud original de extradición y de la comunicación que lo autoriza.

2. A las autoridades del Estado Parte de tránsito les corresponderá la custodia del reclamado. El Estado requirente reembolsará a dicho Estado los gastos en que incurriere en cumplimiento de tal responsabilidad.

3. No será necesario solicitar la extradición en tránsito cuando se utilicen medios de transporte aéreo que no tengan previsto el aterrizaje en el territorio del Estado de tránsito.

4. En caso de aterrizaje imprevisto, el Estado Parte al que deba solicitarse que permita el tránsito, podrá mantener a la persona bajo custodia durante cuarenta y ocho horas, a petición del funcionario que la acompaña, a la espera de recibir la autorización de tránsito, conforme al párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 26

Extradición simplificada o voluntaria

El Estado requerido podrá conceder la extradición si la persona reclamada, con la debida asistencia jurídica y ante la autoridad judicial del Estado requerido, prestare su expresa conformidad para ser entregada al Estado requirente, después de haber sido informada de su derecho a un procedimiento formal de extradición y de la protección que este le brinda. La persona reclamada, en ese caso, solo podrá ser juzgada en el Estado requirente por el delito por el que se solicitó su extradición.

Artículo 27

Gastos

1. El Estado requerido se hará cargo de los gastos ocasionados en su territorio como consecuencia de la detención de la persona cuya extradición se requiere. Los gastos ocasionados por el traslado y el tránsito de la persona reclamada desde el territorio del Estado requerido estarán a cargo del Estado requirente.

2. El Estado requirente se hará cargo de los gastos de traslado al Estado requerido de la persona extraditada que hubiere sido absuelta o sobreseída.

CAPITULO VIII

Detención preventiva con fines de extradición

Artículo 28

Detención preventiva

1. Las autoridades competentes del Estado requirente podrán solicitar la detención preventiva para asegurar el procedimiento de extradición de la persona reclamada, la que será cumplida con la máxima urgencia por el Estado requerido y de acuerdo con su legislación.

2. El pedido de detención preventiva deberá indicar que tal persona responde a un juicio o es objeto de una sentencia condenatoria u orden de detención judicial, y deberá consignar la fecha y los hechos que fundamentan la solicitud, así como el momento y el lugar en que ocurrieron los mismos, además de los datos personales u otros que permitan la identificación de la persona cuya detención se requiere. También deberá constar en el pedido la intención de cursar una solicitud formal de extradición.

3. El pedido de detención preventiva podrá ser presentado por las autoridades competentes del Estado Parte requirente por vía diplomática o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), debiendo ser transmitido por correo, facsímil o cualquier otro medio del que quede constancia escrita.

4. La persona detenida en virtud del referido pedido de detención preventiva será puesta inmediatamente en libertad si, al cabo de cuarenta y cinco días corridos, contados desde la fecha de notificación de su detención al Estado requirente, este no hubiere formalizado la solicitud de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado requerido.

5. Si la persona reclamada fuere puesta en libertad en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Estado requirente solo podrá pedir una nueva detención de la persona reclamada mediante una solicitud formal de extradición.

CAPITULO IV

Disposiciones finales

Artículo 29

Vigencia

1. El presente Tratado está sujeto a ratificación. El canje de los instrumentos tendrá lugar en la ciudad de (Lima).

2. El presente Tratado entrará en vigor diez días después del canje de los Instrumentos de Ratificación y seguirá en vigor mientras no sea denunciado por una de las Partes. Sus efectos cesarán seis meses después de la fecha de notificación de la denuncia por vía diplomática.

3. El presente Tratado podrá ser modificado por mutuo consentimiento de los Estados Parte y las modificaciones acordadas entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento establecido en este artículo.

4. Al entrar en vigor este Tratado terminará el Tratado de Derecho Penal Internacional suscrito en Montevideo el veintitrés de enero de mil ochocientos ochenta y nueve, en lo que al instituto de la extradición refiere, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo siguiente.

5. Las extradiciones solicitadas antes de la entrada en vigor de este Tratado continuarán tramitándose conforme a las disposiciones del Tratado de Derecho Penal Internacional referido en el párrafo anterior.

Suscrito en la ciudad de Lima, el día 9 de julio de dos mil siete, en dos ejemplares originales del mismo tenor, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

TRATADO DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DEL PERU

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el Tratado de extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el día 9 de julio de 2007.

I. Conceptos preliminares

Como acertadamente lo recuerda el Mensaje del Poder Ejecutivo, el instituto de la extradición se regula a través de Tratados bilaterales o plurilaterales entre las Partes.

En los últimos tiempos, se ha verificado una evolución en la modalidad de celebración de estos acuerdos a nivel internacional, sustituyéndose el modelo antiguo de los Tratados que establecían una lista de los delitos extraditables, por Tratados más flexibles que regulan la extradición de acuerdo al criterio de la gravedad de la pena, lo cual les permite estar a cubierto de la evolución de la naturaleza de los delitos y mantener intacta su vigencia práctica a lo largo de los años.

Nuestro país no ha sido ajeno a este proceso y ha celebrado numerosos Tratados de extradición en los últimos años con estas nuevas características, tanto a nivel regional como en el plano internacional a través de textos bilaterales. En algunos casos, se han aggiornado textos muy antiguos que aun regulaban las relaciones del Uruguay con algunos países, y en otros se han celebrado nuevos acuerdos allí donde no existían, pero basados también en los criterios de los modelos renovadores recientes.

De esta manera, el Uruguay pretende articular una red cada vez más completa de acuerdos "de última generación", en materia de extradición, lo cual es un propósito más que loable para dar la necesaria independencia y certeza jurídica a un tema que a veces corre el riesgo de verse teñido de ingredientes políticos.

Pese a esta evolución, los Tratados de extradición de nueva generación no son todos idénticos entre sí, ni podrían serlo, pues son el resultado de una negociación entre las Partes. El presente Tratado tiene sin embargo un formato muy similar al Tratado de extradición que se celebrara entre el Uruguay y el Reino de España en el año 1996, y que fuera aprobado por la Ley N° 16.799.

Por este motivo, también guarda claras semejanzas con el texto del Tratado de extradición con Panamá, que también toma como modelo al anteriormente referido Tratado con España.

Sin embargo este Tratado con Perú mantiene algunas diferencias con ambos, que serán señaladas en el cuerpo del informe.

II. El Tratado de Extradición con Perú

A) Las disposiciones del Tratado

Al igual que el Tratado de extradición con España, el Tratado con Perú establece en el Capítulo I los Principios Generales, indicando en sus Artículos 1 y 2 la obligación para las Partes de conceder la extradición, así como los delitos que dan lugar a la misma. A tales efectos, estos dos artículos establecen la necesidad de la doble incriminación y de que la pena por esos delitos no sea menor a dos años.

Este plazo de dos años para la pena es el que Uruguay ha pactado en otros Tratados de extradición similares a este, celebrados con otros países o grupos de países, incluidos los Tratados con España y Panamá.

En el artículo 2 del presente Tratado, al igual que en el Tratado de extradición con Chile, se incluye la referencia a que procederá la extradición por los delitos previstos en Tratados multilaterales en vigor entre las Partes, una mención que no se encuentra ubicada en este lugar en el Tratado con España y con Panamá, que hacen referencia a los compromisos asumidos en Tratados multilaterales en el marco de la calificación de un delito como político (artículo 4.3 de ambos textos).

El Capítulo II, artículo 3, de este Tratado con Perú hace referencia a la "Procedencia de la Extradición", mencionando la necesidad de que el Estado tenga jurisdicción para juzgar los hechos que fundamentan la solicitud, para que la misma proceda.

En el Capítulo III, sobre "Improcedencia de la Extradición", el artículo 4 agrega una cláusula referida a los casos en que exista una modificación de la calificación del delito. Esta disposición no se encuentra en los Tratados con España y Panamá, aunque sí aparece en el texto del Tratado sobre extradición del MERCOSUR.

El artículo 5, sobre Delitos Políticos, es lógicamente el más importante del Capítulo, y es el que más debate suscitó cuando se discutió la aprobación del Tratado de Extradición con España de 1996, puesto que consagra el criterio objetivo para la determinación de los delitos políticos, lo que no encontró entonces unanimidad de pareceres en el Parlamento.

Para este Tratado con Perú se ratifica sin embargo el mismo criterio. Con solo algunas pequeñas diferencias de redacción y de adaptación a ciertas preocupaciones de las Partes, el artículo 5 de este Tratado es conceptualmente similar al artículo 4 del Tratado con España y Panamá.

El Mensaje del Poder Ejecutivo es claro en justificar esa línea de pensamiento cuando menciona que el párrafo 2 del artículo 4 es "uno de los sectores cruciales del Acuerdo, (que) circunscribe y delimita el terreno del delito político en tanto fundamento de excepción a la entrega".

Menciona luego que "la pormenorizada enumeración de conductas reduce sensiblemente la posibilidad de invocar la excepción del delito o de los motivos políticos", lo que consagra claramente como se dijo, la adopción del criterio objetivo para este Tratado. Esta misma observación, de forma textual, se incluye en el Mensaje del Poder Ejecutivo, en referencia al Tratado con Panamá.

Debemos señalar que compartimos la aplicación del criterio objetivo para esta delicada tarea de delimitar los delitos políticos o conexos con políticos, de los comunes. Los criterios subjetivos o mixtos, pueden dar lugar a una discrecionalidad no deseable.

El resto del Capítulo III se refiere a la improcedencia de extraditar delitos militares (artículo 6); a la excepción de cosa juzgada, indulto, gracia y amnistía (artículo 7); a la imposibilidad de extraditar cuando la persona haya sido condenada por un tribunal ad hoc (artículo 8), a la excepción de prescripción (artículo 9); y a la no extradición de menores (artículo 10).

Respecto de estos puntos, es interesante señalar que, en este Tratado, la excepción de prescripción está incluida en el Capítulo sobre "Improcedencia de la extradición", por lo cual su oposición elimina absolutamente la posibilidad de extraditar. En cambio, en los Tratados con España y Panamá se encuentra incluida en el Capítulo sobre "Denegación facultativa de la Extradición" y por tanto, en ese supuesto, es una facultad discrecional de las Partes denegar la extradición.

También puede notarse que en el presente Tratado tanto la cosa juzgada como el indulto, la amnistía y la gracia son causales para que no se conceda la extradición. En cambio en el Tratado con España y Panamá lo es únicamente la cosa juzgada. La amnistía está prevista en el Tratado con España, pero solamente como una causal discrecional para denegar la extradición, como sucede con la prescripción. El Tratado con Panamá, por su parte, no menciona la amnistía ni los demás institutos conexos.

El presente Tratado con Perú no menciona a los delitos fiscales, como lo hacen los Tratados con España y Panamá en sus respectivos artículos 6.

Finalmente, el artículo 10 de este Tratado consagra la no concesión de la extradición de menores, un aspecto importante que no está considerado en los Tratados antes mencionados con España y Panamá, pero sí en el Tratado de extradición del MERCOSUR, por ejemplo.

En el Capítulo IV sobre "Denegación Facultativa de la Extradición", el Tratado adhiere al criterio de que la misma no podrá ser denegada por razón de nacionalidad, al igual que el Tratado con España y a diferencia del Tratado con Panamá y de otros textos celebrados por Uruguay sobre esta materia. Por su relevancia, esta diferencia de criterios motiva que tratemos este punto por separado más adelante.

El artículo 12 menciona las actuaciones en curso por los mismos hechos en el territorio del Estado requerido como razón para denegar la extradición.

Por otro lado, las normas contenidas en el Capítulo V, "Límites a la Extradición", impiden asimismo que proceda la extradición en ciertos supuestos.

Estos son los casos en que vaya a recaer sobre el requerido pena de muerte o pena privativa de libertad a perpetuidad (artículo 13); el Principio de la Especialidad (artículo 14) que impide juzgar al requerido por un delito diferente a aquel por el que se lo requiere, y al artículo 15, que plantea la hipótesis de reestradición a un tercer país, para la que se prescribe que necesitará del consentimiento de la Parte que concedió la extradición.

Debe notarse que al igual que en el Tratado con Chile y a diferencia de los Tratados con España y Panamá el tema de la pena de muerte o privativa de libertad está incluido en este Capítulo sobre "Límites a la extradición". En los Tratados antes referidos está incluido en el capítulo sobre "Improcedencia de la extradición".

El presente Tratado no prevé a texto expreso la excepción del lugar de comisión de delito, que establece que podrá denegarse la extradición por razones de jurisdicción cuando se invoque la suya propia para conocer en la causa. Sin embargo, como se dijo, menciona a las actuaciones en curso por los mismos hechos en el territorio del requerido como razón para denegar la extradición lo cual es una variante de la situación prevista en el artículo anterior.

El Capítulo VI nos habla del "Derecho de Defensa y Cómputo de la Pena". La novedad acá es la determinación a texto expreso del cómputo de la pena por el período de detención que hubiera sufrido la persona extraditada, que no está previsto expresamente en los Tratados con España y Panamá.

El Capítulo VII menciona el Procedimiento para la extradición: la exención de legalizaciones (artículo 19); la posibilidad de enviar información complementaria (artículo 20); la Decisión y Entrega (artículo 21) donde se menciona, entre otras cosas, que si la persona reclamada no hubiera sido recibida en el plazo de 30 días, será puesta en libertad; el Aplazamiento de la Entrega (artículo 22); la Entrega de Bienes (artículo 23); y las Solicitudes Concurrentes, a las que haremos también referencia por separado, en la medida en que en el punto 2 del artículo 24 que las regula, establece un cierto orden de prelación de las solicitudes concurrentes, que como veremos no es igual al de otros Tratados de extradición, incluidos los Tratados con España y Panamá.

Finalmente se menciona por el Tratado a la Extradición en Tránsito (artículo 25), la Extradición Simplificada (artículo 26) y los Gastos (artículo 27).

El Capítulo VIII indica la posibilidad de imponer, como medida cautelar, la detención preventiva de la persona reclamada.

El Capítulo IX hace referencia a las Disposiciones Finales: Ratificación, Entrada en Vigor y Terminación del Tratado. Se hace mención a que una vez en vigor, se terminará entre las Partes el Tratado de Derecho Penal Internacional suscrito en Montevideo el veintitrés de enero de mil ochocientos ochenta y nueve, en lo que al instituto de la extradición se refiere.

B) La extradición de nacionales

Como adelantamos más arriba, este punto merece a nuestro juicio un comentario aparte en la medida en que nuestro país no tiene un tratamiento uniforme al respecto en los distintos Tratados de extradición que viene celebrando en los últimos años.

Del estudio comparado de algunos de los Tratados de extradición consultados, se desprende que la extradición de nacionales es facultativa o condicionada en algunos textos y que en otros instrumentos en cambio, la condición de nacional no es obstáculo alguno para que la misma proceda. También las soluciones difieren en cuanto a la necesidad de juzgar al individuo requerido en la jurisdicción del requirente, cuando se le sustrae facultativamente de la extradición por su condición de nacional.

En el Tratado con España y con Perú, la extradición de nacionales no podrá ser negada por razón de nacionalidad, por lo cual la nacionalidad no es obstáculo para la extradición:

"No se podrá denegar la extradición, a efectos de ser juzgado en el Estado requirente, por el hecho de que la persona reclamada sea nacional del Estado requerido" (artículo 13 del Tratado con España).

"La nacionalidad de una persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición" (artículo 11 del Tratado con Perú).

En cambio, en el Tratado con Panamá, la extradición de nacionales es facultativa, en la medida en que puede denegarse "conforme al ordenamiento jurídico interno del Estado requerido".

El mismo artículo establece luego la necesidad, para el requerido, de juzgar en su territorio al reclamado cuya extradición es denegada, un supuesto que puede no ser posible si el Estado requerido no tiene jurisdicción para juzgar al reclamado.

El Acuerdo sobre Extradición del MERCOSUR también tiene una disposición sobre extradición facultativa relativamente similar: "la nacionalidad de la persona reclamada no podrá ser invocada para denegar la extradición, salvo que una disposición constitucional establezca lo contrario". Aquí la disposición de derecho interno requerida tiene necesariamente que tener rango constitucional para que proceda la denegación de la extradición (artículo 11 de dicho Acuerdo).

Pero por otra parte, también se hace mención en ese artículo a la necesidad de juzgar al reclamado no extraditado:

"en las hipótesis de los párrafos anteriores el Estado Parte que deniegue la extradición deberá juzgar a la persona reclamada y mantener informado al otro Estado parte acerca del juicio así como remitirle copia de la sentencia una vez que aquel finalice".

En el Tratado de extradición con México, en cambio (Artículo 9), si bien la extradición de nacionales también es facultativa, el principio adoptado es el contrario, (no se extraditará salvo que algo lo permita, en vez de: se extraditará salvo que algo lo impida), por lo que la posibilidad de denegación de la misma aparece como más amplia y discrecional que en los casos anteriores:

"1. Ninguna de las Partes estará obligada a entregar a sus nacionales, pero la Parte requerida decidirá lo conducente, de conformidad con lo que establezca la autoridad competente para ello.

2. Si la extradición no es concedida en virtud de lo dispuesto en el numeral 1 de este Artículo, la Parte Requerida remitirá el expediente a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando dicha Parte tenga jurisdicción para perseguir el delito".

En el mismo sentido va la redacción dada en el Tratado de extradición con Australia, en su artículo 3.2.

La diversidad de soluciones en torno a este tema nos lleva a pensar en la necesidad de establecer al respecto una postura uniforme, en un aspecto de particular sensibilidad como es el de la extradición de nuestros nacionales.

De esta forma se solucionarían además problemas prácticos que se pueden derivar de esta multiplicidad de regímenes.

C) Las solicitudes concurrentes

Sin ánimo de extenderme en una visión comparativa de los Tratados de extradición debo señalar que al igual que en el punto anterior, llama la atención la diversidad de soluciones que se han plasmado en los diferentes Tratados, en lo que se refiere al orden de prioridad en materia de solicitudes concurrentes de extradición.

Los Tratados celebrados con Perú, Francia, Australia, México, o el MERCOSUR, recogen soluciones distintas entre sí, dándole preferencia a las solicitudes según ordenes diferentes. El Tratado con Panamá recoge la solución del Tratado con España.

También creemos que se podría hacer un esfuerzo en buscar criterios comunes en este caso.

Por todo lo expuesto, se recomienda la aprobación del Tratado de Extradición celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, el día 9 de julio de 2007.

Sala de la Comisión, 2 de setiembre de 2009.

Sergio Abreu

Miembro Informante."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Tratado de Extradición entre la República Oriental del Uruguay y la República del Perú, suscrito en la ciudad de Lima, República del Perú, en fecha 9 de julio de 2007."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) CONVENIO Nº 135 RELATIVO A LA PROTECCION Y FACILIDADES QUE DEBEN OTORGARSE A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia ya fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Nº 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores, 1971, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su quincuagésima sexta reunión, cele-brada en Ginebra en el año 1971. (Carp. Nº 1569/2009 - Dist. Nº 3296/2009)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1569/09

Distr. 3296/09

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 29 de junio de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 numerales 5 y 6 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de poner en conocimiento del Poder Legislativo el texto del instrumento internacional del trabajo adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, que se detalla a continuación: Convenio núm. 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores, 1971, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su quin-cuagésima sexta reunión, celebrada en Ginebra en el año 1971.

El convenio N° 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores de la empresa, viene a complementar el Convenio Internacional de Trabajo, N° 98, sobre derecho de sindicación y negociación colectiva, el cual protege a los trabajadores contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

Este convenio trata, en forma particular, de la protección de los representantes de los trabajadores, tanto de los representantes sindicales como de los elegidos directamente por los trabajadores de la empresa.

Sabido es que, los representantes y delegados de los trabajadores en la empresa, son los que se encuentran por lo general más expuestos a los actos de discriminación antisindical.

De allí que el convenio establece que los representantes de los trabajadores, deberán gozar de una protección eficaz que los ponga a resguardo de actos, incluyendo el despido, que puedan perjudicarlos con relación al empleo, sea por la afiliación a una organización o por desarrollar actividades sindicales.

Se prevé también, que los representantes deberán disponer en el ámbito de la empresa de las facilidades apropiadas, a fin de que puedan desempeñar en forma rápida y eficaz sus funciones.

Por todo lo expuesto, se considera la importancia que dicho instrumento normativo tiene, el cual por otra parte vendría a sumarse, en el orden jurídico interno, a la Ley N° 17.940, de 2 de enero de 2005, para la tutela y la promoción integral de la Libertad Sindical en el País.

El convenio contiene un conjunto de disposiciones que permiten, a cada Estado miembro que lo ratifique, instrumentar las medidas y soluciones que más se adecuen al sistema interno de relaciones laborales y a las prácticas nacionales.

Consultado el Grupo Tripartito creado conforme al Convenio Internacional del Trabajo N° 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), el sector gubernamental y el sector trabajador manifestaron su posición favorable a la ratificación del Convenio N° 135, sobre los representantes de los trabajadores, mientras que el sector empleador se manifestó contrario a su ratificación.

Por los motivos expresados precedentemente, es que el Poder Ejecutivo cumple con someter a ese Cuerpo, la norma internacional referida.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi, Pedro Vaz.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- APRUEBASE el Convenio Internacional del Trabajo N° 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores, adoptado en la quincuagésima sexta reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en el año 1971.

Artículo 2°.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Eduardo Bonomi, Pedro Vaz.

QUINCUAGESIMA SEXTA REUNION

(GINEBRA, 2 - 23 DE JUNIO DE 1971)

CONVENIO 135

Convenio relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 2 de junio de 1971 en su quincuagésima sexta reunión;

Teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, que protege a los trabajadores contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo;

Considerando que es deseable adoptar disposiciones complementarias con respecto a los representantes de los trabajadores;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la protección y facilidades concedidas a los representantes de los trabajadores en la empresa, cuestión que constituye el quinto punto del orden del día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,

adopta, con fecha veintitrés de junio de mil novecientos setenta y uno, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971:

Artículo 1

Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes en vigor.

Artículo 2

1. Los representantes de los trabajadores deberán disponer en la empresa de las facilidades apropiadas para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones.

2. A este respecto deberán tenerse en cuenta las características del sistema de relaciones obrero-patronales del país y las necesidades, importancia y posibilidades de la empresa interesada.

3. La concesión de dichas facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz de la empresa interesada.

Artículo 3

A los efectos de este Convenio, la expresión "representantes de los trabajadores" comprende las personas reconocidas como tales en virtud de la legislación o la práctica nacionales, ya se trate:

a) de representantes sindicales, es decir, representantes nombrados o elegidos por los sindicatos o por los afiliados a ellos; o

b) de representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos, y cuyas funciones no se extiendan a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos.

Artículo 4

La legislación nacional, los contratos colectivos, los laudos arbitrales o las decisiones judiciales podrán determinar qué clase o clases de representantes de los trabajadores tendrán derecho a la protección y a las facilidades previstas en el presente Convenio.

Artículo 5

Cuando en una misma empresa exista representantes sindicales y representantes electos, habrán de adoptarse medidas apropiadas, si fuese necesario, para gestionar que la existencia de representantes electos no se utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos interesados o de sus representantes y para fomentar la colaboración en todo asunto pertinente entre los representantes electos y los sindicatos interesados y sus representantes.

Artículo 6

Se podrá dar efecto al presente Convenio mediante la legislación nacional; los contratos colectivos, o en cualquier otra forma compatible con la práctica nacional.

Artículo 7

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 11

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 12

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 13

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 14

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- El Senado tiene a consideración la ratificación del Convenio Nº 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores. Este Convenio fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo en su quincuagésima sexta reunión, celebrada en Ginebra en el año 1971.

Creo que este Convenio moderniza lo relativo a la protección de los trabajadores sindicalizados, especialmente a aquellos que los representan. Se trata de un paso sustancial que se compagina perfectamente con los avances que ha hecho este Gobierno en materia de protección de los derechos laborales.

A efectos de que se sepa con exactitud qué vamos a votar, quiero señalar -tal como se desprende del informe y del Mensaje del Poder Ejecutivo- que este Convenio se suma, en el orden jurídico nacional, a la Ley Nº 17.940 de 2005, que declara que "es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo".

A su vez, como toda la verdad debe ser dicha, deseo agregar que, consultado el Grupo de Trabajo Tripartito, creado como asesor, con relación a los organismos e instancias internacionales y regionales vinculados al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se pronunció en forma dividida, manifestando los representantes Gubernamentales y del Sector Trabajador su posición favorable a la ratificación del Convenio Nº 135, mientras que el Sector Empleador lo hizo en forma contraria.

El Poder Ejecutivo solicita que se apruebe este Convenio que garantiza los derechos de los trabajadores sindicalizados y la Comisión está de acuerdo con ello.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Internacional del Trabajo núm. 135 relativo a la protección y facilidades que deben otorgarse a los representantes de los trabajadores, adoptado en la quincuagésima sexta reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra en el año 1971".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

21) EJERCICIO DE ADIESTRAMIENTO EN REABASTECIMIENTO "TANQUE 2009"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte C-130 (Hércules) de la Fuerza Aérea Argentina, a efectos de participar en el mismo, entre el 21 y 25 de setiembre de 2009. (Carp. Nº 1629/2009 - Dist. Nº 3396/2009)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1629/09

Distr. 3396/09

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 18 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a ese Cuerpo, conforme con lo preceptuado en el numeral 11 del artículo 85 de la Constitución de la República, el adjunto Proyecto de Ley por el cual se autoriza el ingreso al país de una aeronave de transporte C-130 (HERCULES) de la Fuerza Aérea Argentina con capacidad de recarga aérea y su tripulación integrada por 20 (veinte) personas, incluidos los instructores de recarga aérea, en el marco del Convenio de Intercambio firmado el 17 de agosto de 1999, autorizado por la Resolución del Poder Ejecutivo de 24 de agosto de 1999 (número interno 77.701).

Al respecto, cabe destacar que ambas Fuerzas han participado en Ejercicios conjuntos, realizando actividades para entrenamiento de su personal y coordinación de tareas afines.

Para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a nuestra Fuerza Aérea, es necesario contar con personal eficiente y capacitado que debe recibir un entrenamiento adecuado y permanente.

La realización del Ejercicio de Adiestramiento en Reabastecimiento "TANQUE 2009" permite efectuar operaciones de reabastecimiento de combustible en vuelo, con el empleo combinado de aeronaves y tripulaciones de la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya. Al no contar esta última con una aeronave que reúna las características específicas para este tipo de maniobras de recarga en vuelo, resulta indispensable la presencia de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina que cumpla con los requisitos necesarios para efectuarlas.

La aeronave a ingresar a territorio nacional será una aeronave de transporte C-130 (HERCULES) de carácter no bélico, que por su configuración para recarga aérea es utilizada para transporte de personal en funciones auxiliares y de instrucción.

El Ejercicio "TANQUE 2009" se efectuará entre el 21 y el 25 de setiembre de 2009 y las maniobras serán realizadas en el Area Terminal Durazno con una sola entrada y salida al país de la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina.

En consecuencia, el ingreso a territorio nacional de la citada aeronave con capacidades de recarga aérea y de su tripulación e instructores en esa área, posibilitará el mantenimiento de las calificaciones ya adquiridas por los pilotos militares uruguayos así como la formación de otros.

Ello redundará en el mejor desenvolvimiento, de la propia función y en el cumplimiento de los cometidos y metas de la Institución, fortaleciendo además los lazos de cooperación existentes entre la Fuerza Aérea Uruguaya y la Fuerza Aérea Argentina.

Por último, cabe señalar que por las Leyes Nos. 18.178, de 8 de setiembre de 2007 y 18.351 de 15 de setiembre de 2008, se autorizaron actividades de similares características de las que se efectuarán en el Ejercicio "TANQUE 2009".

Por los fundamentos expuestos, se solicita a ese Cuerpo la consideración del adjunto Proyecto de Ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General atentamente.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Dr. José Bayardi, Jorge Bruni, Gonzalo Fernández.

Ministerio de Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Autorízase el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte C-130 (HERCULES) de la Fuerza Aérea Argentina con capacidad de recarga aérea y su tripulación integrada por 20 (veinte) personas, incluidos los instructores de recarga aérea, a los efectos de que participen en la realización del Ejercicio de Adiestramiento en Reabastecimiento denominado "TANQUE 2009", a realizarse entre el 21 y el 25 de setiembre de 2009, en el Area Terminal Durazno.

Dr. José Bayardi, Jorge Bruni, Gonzalo Fernández.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo, amparado en el numeral 11) del artículo 85 de la Constitución de la República, envía este proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte C-130 (Hércules) de la Fuerza Aérea Argentina, con capacidad de recarga aérea y su tripulación integrada por 20 personas, incluidos los instructores de recarga aérea, en el marco del Convenio de Intercambio firmado el 17 de agosto de 1999, autorizado por la Resolución del Poder Ejecutivo de 24 de agosto de 1999.

La realización del Ejercicio de Adiestramiento en Reabastecimiento "TANQUE 2009" permite efectuar operaciones de reabastecimiento de combustible en vuelo, con el empleo combinado de aeronaves y tripulaciones de la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza Aérea Uruguaya. Al no contar nuestro país con una aeronave que reúna las características específicas para este tipo de maniobras de recarga en vuelo, resulta indispensable la presencia de una aeronave de la Fuerza Aérea Argentina que cumpla con los requisitos necesarios para efectuarlas.

Decíamos que ingresará al territorio nacional una aeronave de transporte C- 130 (Hércules) de carácter no bélico, que por su configuración para recarga aérea es utilizada para transporte de personal en funciones auxiliares y de instrucción.

El Ejercicio "TANQUE 2009" se efectuará entre el 21 y el 25 de setiembre de 2009 y las maniobras serán realizadas en el Area Terminal Durazno con una sola entrada y salida al país de la aeronave de la Fuerza Aérea Argentina.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Autorízase el ingreso al territorio nacional de una aeronave de transporte C-130 (HERCULES) de la Fuerza Aérea Argentina con capacidad de recarga aérea y su tripulación integrada por 20 (veinte) personas, incluidos los instructores de recarga aérea, a los efectos de que participen en la realización del Ejercicio de Adiestramiento en Reabastecimiento denominado ‘TANQUE 2009’, a realizarse entre el 21 y el 25 de setiembre de 2009, en el Area Terminal Durazno."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) SEÑORA MARIA TANIA SIVER. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba el aumento del monto de la pensión graciable de la señora Profesora María Tania Siver".

(Antecedentes:)

"Ministerio de Educación y Cultura

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo promueve el aumento del monto de la pensión graciable que ya percibe la Sra. Prof. María Tania Siver. Este proyecto refleja el compromiso ético hacia quien con su talento, se ha destacado en forma relevante en el campo de la música y de nuestra cultura, -prestando altos servicios al país-, y hoy atraviesa una muy difícil condición personal, dado que su quebrantado estado de salud exige cuidados adecuados y tratamientos médicos imprescindibles, a los que con sus actuales ingresos, la Prof. María Tania Siver no puede acceder, ni plantearse una decorosa subsistencia.

Si bien su relevante contribución al desarrollo de la cultura y el arte le fuera reconocida, otorgándole una pensión graciable por la Ley N° 17.200, de fecha 23 de setiembre de 1999, se impone recordar en breve reseña, cuáles han sido los principales aportes que la señora Prof. María Tania Siver ha realizado al país: fue Presidenta Ejecutiva de Juventudes Musicales, realizando una continua labor en el ámbito educativo musical, de carácter honorario. Mediante su esfuerzo permanente y desinteresado, ha contribuido a difundir la realidad artística del Uruguay fuera de fronteras, así como su actividad docente, desarrollada en el campo de la música a lo largo de toda su vida, estuvo orientada fundamentalmente a la promoción de nuevos talentos entre los jóvenes uruguayos.

Esta talentosa, valerosa y tenaz mujer, sufre actualmente una penosísima situación, como se ha señalado anteriormente. Esta ha sido fehacientemente probada mediante distintos procedimientos de investigación y estudio, contándose además en esta instancia, con el invalorable apoyo de los Servicios Técnicos del Ministerio de Desarrollo Social.

El Poder Ejecutivo entiende, en primer lugar, que la prohibición contenida en el artículo 229 de la Constitución de la República no alcanza a este proyecto, pues considera que este artículo como toda norma prohibitiva y de carácter excepcional, -por cuanto limita las potestades del Poder Legislativo- debe ser interpretada en sentido estricto, definiendo en forma precisa su campo de aplicación. Por lo dispuesto en ese artículo, el Poder Legislativo, está impedido de "determinar aumentos de sueldos y pasividades en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias" y en segundo lugar considera que, por los fundamentos que se dirán, no existe impedimento jurídico alguno para que el Poder Legislativo conceda durante ese período pensiones graciables y aumentos al monto de las mismas, dado que la Pensión Graciable, como categoría jurídica, no es una pasividad. Por ende, esta prohibición no la alcanza.

En ese orden de ideas, prestigiosos constitucionalistas como el Prof. Dr. Daniel Hugo Martins y el Prof. Dr. José Korzeniak, coinciden en señalar que la finalidad y el espíritu del artículo 229 citado, son los de no influir en el resultado electoral, evitando actitudes demagógicas de los órganos que encabezan su texto mediante la concesión de aumento de sueldos a los funcionarios públicos o aumento de las pasividades de modo de captar la voluntad de un número importante de electores. Por lo tanto sostienen que el otorgamiento de pensiones graciables, por lo reducido de su número y por la necesidad de ser fundamentadas en razones que ostensiblemente las justifiquen -por tratarse de decisiones de efectos individuales o concretos-, excluye la posibilidad de que sean utilizadas con fines de "clientelismo electoral". Por lo que en resumen, concluyen que el Poder Legislativo puede conceder pensiones graciables en los doce meses anteriores a la elección.

Por ello, coincidiendo con la opinión de estos reconocidos juristas y conforme a la interpretación teleológica, la interpretación literal y la interpretación contextual de esta norma, el Poder Ejecutivo considera que no existe impedimento jurídico alguno para que el Poder Legislativo pueda conceder pensiones graciables en los doce meses anteriores a la elección.

Ahora bien, si a pesar de la clara lógica jurídica de los argumentos sustentados, subsistiera alguna duda en cuanto a si es lícito y legítimo conceder el aumento proyectado, ésta necesariamente debiera aventarse ante el fundamento jurídico primordial, ya antes mencionado y que emana de la esencia misma de la pensión graciable como acto jurídico: No es inconstitucional su aumento en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias, dado que la pensión graciable no es una pasividad.

Es decir, conceptual y jurídicamente, pensión graciable y pasividad no pueden confundirse ni asimilarse, aun cuando la Constitución en su artículo 85 numeral 13 y las leyes vigentes en la materia, utilicen el término pensión para referirse a esta forma de reconocimiento otorgado mediante una suma en dinero -como una recompensa pecuniaria-, a los ciudadanos que se han destacado por sus talentos o sus virtudes y sus méritos o grandes servicios prestados a la República.

Más precisamente: Pensión Graciable y Pasividad, por su naturaleza y por su génesis pertenecen a categorías jurídicas distintas.

En consecuencia, una y otra, como viene de expresarse, son actos jurídicos que por su causa o motivo y sus efectos, integran distintas categorías jurídicas y nacen a la vida jurídica a través de procedimientos diversos, en la órbita de competencia de diferentes órganos del Estado.

Así, otorgar una pensión graciable es competencia del Poder Legislativo, mediante un acto jurídico emanado de él: una Ley.

Ley en sentido formal, acto subjetivo en sentido material o sustantivo, dado que produce efectos jurídicos que afectan solo a una persona determinada, en una situación especial y determinada. Además, el "beneficio personal de carácter económico", otorgado a la persona en reconocimiento a sus talentos y sus virtudes, no le confiere por ello la calidad de pasivo.

A diferencia de la Pensión Graciable, la Pasividad es otorgada por decisión o resolución de un Organo de la Administración e integra la categoría jurídica de acto-condición, que si bien refiere a una persona, tiene por objeto colocarla en una situación jurídica general preexistente. A su vez, considerada la pasividad, como haber pecuniario al que tienen derecho las personas, una vez culminada su vida activa desde el punto de vista laboral o profesional, y en virtud de los servicios prestados o del derecho ganado con ellos y que les fuera trasmitido, sí confiere la calidad de pasivo a las personas que acceden a ella y que se denominan colectivamente "clases pasivas".

A diferencia de las pasividades, la Pensión Graciable se sirve con cargo a Rentas Generales, lo que señala un elemento más y no menor, en la caracterización de una y otra, que muestra claramente que no pueden identificarse ni confundirse.

Por último, y a pesar de lo escueto de los textos normativos, no caben dudas de que se está regulando una asignación personal que por sus características merece un tratamiento diferente y por su especialidad, debe privar sobre toda otra norma general que colida con su naturaleza.

En suma:

Considera el Poder Ejecutivo que lo dispuesto por el artículo 229 de la Constitución no es aplicable a las Pensiones Graciables, dado que no son pasividades como viene de demostrarse.

Por lo tanto, dicho artículo no es aplicable a esta iniciativa por la que se propone un aumento en el monto de la pensión graciable que ya percibe su beneficiaria.

En consecuencia, es lícito, legítimo y laudable que cuando la situación particular de un beneficiario lo amerite, pueda y deba aumentarse el monto de su pensión graciable.

Por lo expuesto, y considerando lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de esta beneficiaria, el aumento se ha establecido en atención a que el monto total de esta pensión graciable nunca excederá la distinción que como tal merece recibir la Sra. Prof. María Tania Siver ni el límite de su mérito. Asimismo, en esta situación tan comprometida como especial, sería impensable considerar que dicho aumento encuentre limitaciones en las posibilidades de quien lo otorgue y en las de quien deba servirlo.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- MODIFICASE el artículo 1° de la Ley N° 17.200, de 23 de setiembre de 1999, el que quedará redactado de la siguiente manera: "Concédase a la Profesora María Tania Siver, titular de la Cédula de Identidad N° 583.315-9, una pensión graciable equivalente a ocho bases de prestaciones y contribuciones".

Artículo Segundo.- PRECISASE que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Andrés Masoller, María Simon."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Estamos hablando de una de las principales promotoras de la música en nuestro país. Este aumento del monto de la pensión graciable que ya percibe la Profesora María Tania Siver refleja, sin duda, el compromiso ético hacia quien, con su talento, se ha destacado en forma relevante en el campo de la música y de nuestra cultura, prestando altos servicios al país. Hoy, lamentablemente, atraviesa una muy difícil situación personal dado que su quebrantado estado de salud exige cuidados adecuados y tratamientos médicos imprescindibles a los que, con sus actuales ingresos, la Profesora María Tania Siver no puede acceder, así como tampoco plantearse una decorosa subsistencia.

Esta talentosa, valerosa y tenaz mujer sufre actualmente una penosísima situación que ha sido fehacientemente probada mediante distintos procedimientos de investigación y estudio, contándose además en esta instancia con el invalorable apoyo de los servicios técnicos del Ministerio de Desarrollo Social.

Podríamos hablar muchísimo acerca de esta queridísima mujer que ha promovido el hecho de que la gran mayoría de los uruguayos que hoy están haciendo carrera en el mundo de la música a nivel internacional, en gran parte lo deban a los vínculos y a las promociones que ella ha generado. La vida, en este momento, la encuentra en una situación muy complicada por lo que, conociendo de antemano la voluntad de este Cuerpo -porque ya habíamos votado la pensión graciable en su momento-, se plantea este aumento que, sumado a elementos de tipo técnico formal, hace que el tema vuelva con otras características al Senado.

Por tanto, se aconseja la aprobación del aumento de esta pensión graciable para que, con la mayor rapidez posible, el asunto pase a la Cámara de Representantes a efectos de que se termine el trámite correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

23) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de Código Procesal Penal, elaborado por la Comisión creada por el artículo 21 de la Ley Nº 17.897, de 14 de setiembre de 2005.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

-El Poder Ejecutivo remite mensaje por el que solicita la venia correspondiente para la designación del señor Coronel (Av.) en situación de retiro don Carlos Mario Schöpf Rica como Conjuez del Supremo Tribunal Militar.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL."

24) DOMINGO SALVADOR PEREZ SILVA. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se concede una prensión graciable al se-

ñor Domingo Salvador Pérez Silva (Carp. Nº 1631/09 - Rep. Nº 1157/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1631/09

Rep. N° 1157/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al señor Domingo Salvador Pérez Silva, cédula de identidad N° 988.014-0, equivalente a 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Artículo 2°.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de agosto de 2009.

Roque Arregui Presidente

José Pedro Montero Secretario.

Comisión de Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social, por unanimidad de miembros presentes, recomienda la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se establece concederle una pensión graciable al señor Domingo Salvador Pérez Silva, equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones.

Domingo Salvador Pérez Silva tuvo una destacada trayectoria futbolística, integrando la Selección Mayor de Uruguay entre los años 1959 y 1967.

El fútbol uruguayo lo cuenta entre aquellos que protagonizaron sus logros más importantes en las décadas del cincuenta y del sesenta.

Con nuestra Selección Mayor fue campeón en la Copa América disputada en Argentina en 1959 y en la Copa América disputada en Uruguay en el año 1967. Asimismo, participó en el inolvidable Séptimo Campeonato Sudamericano Extra de 1959 en Ecuador -cuando Uruguay invicto logró el título de Campeón Sudamericano, con anticipación a la disputa del último partido-, y en los Campeonatos Mundiales de Chile (1962) e Inglaterra (1966), además de haber participado en numerosos partidos internacionales "A".

Asimismo, se entiende que se impone realizar este reconocimiento a la trayectoria deportiva del señor Domingo Salvador Pérez Silva, a través de la pensión graciable, concebida como una recompensa pecuniaria dispensada a quienes han realizado aportes relevantes al país, quien ha estado directamente relacionado con el hecho de haber ocupado un lugar en el podium de campeonatos sudamericanos, mundiales, panamericanos o juegos olímpicos.

Actualmente, este destacado deportista atraviesa una difícil situación económica, por lo que el caso cumple con los extremos requeridos por la normativa vigente que justifican plenamente la presente iniciativa.

Por los motivos expuestos la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, aconseja la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 6 de agosto de 2009.

José Luis Blasina, Miembro Informante; Pablo Abdala, Daniel Bianchi, Esteban Pérez.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 20 de julio de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable al señor Domingo Salvador Pérez Silva.

El proyecto de ley en su artículo 1° incluye el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión.

En su artículo 2°, establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales. Asimismo, a efectos de la tramitación ante el Banco de Previsión Social, se incluye en el texto el número de la cédula de identidad del beneficiario.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Simon, Andrés Masoller.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Domingo Salvador Pérez Silva tuvo una destacada trayectoria futbolística, integrando la Selección Mayor de Uruguay entre los años 1959 y 1967.

El fútbol uruguayo lo cuenta entre aquellos que protagonizaran sus logros más importantes en las décadas del cincuenta y del sesenta.

Con nuestra Selección Mayor fue campeón en la Copa América disputada en Argentina en 1959 y en la Copa América disputada en Uruguay en el año 1967. Asimismo, participó en el inolvidable Séptimo Campeonato Sudamericano Extra de 1959 en Ecuador -cuando Uruguay invicto logró el título de Campeón Sudamericano, con anticipación a la disputa del último partido-, y en los Campeonatos Mundiales de Chile (1962) e Inglaterra (1966), además de haber participado en numerosos partidos internacionales "A".

El Poder Ejecutivo considera que se impone realizar este reconocimiento a la trayectoria deportiva del señor Domingo Salvador Pérez Silva, a través de la pensión graciable, concebida como una recompensa pecuniaria dispensada a quienes han realizado aportes relevantes al país. En ese sentido hace suyo el criterio adoptado y puesto en práctica por la Comisión Permanente para el Tratamiento de Pensiones Graciables, según el cual el cumplimiento de la condición emérita, tratándose de deportistas, está directamente relacionado con el hecho de haber ocupado un lugar en el podium de campeonatos sudamericanos, mundiales, panamericanos o juegos olímpicos.

Actualmente, este destacado deportista atraviesa una difícil situación económica, por lo que el caso cumple con los extremos requeridos por la normativa vigente, que justifican plenamente la presente iniciativa.

Montevideo, 20 de julio de 2009.

María Simon, Andrés Masoller.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al señor Domingo Salvador Pérez Silva, cédula de identidad N° 988.014-0, equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones.

Artículo 2°.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

María Simon, Andrés Masoller.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social hemos examinado un proyecto de ley que viene de la Cámara de Representantes, por el que se concede una prensión graciable al señor Domingo Salvador Pérez Silva, quien tuvo una destacada actuación futbolística -de la que se ha hablado anteriormente en esta Sala al tratarse otro proyecto de ley- integrando la Selección Mayor de Uruguay entre los años 1959 y 1967. El fútbol lo contó entre aquellos que protagonizaron sus logros más importantes en las décadas del cincuenta y del sesenta. Con nuestra Selección Mayor fue campeón en la Copa América disputada en Argentina en 1959 y en la Copa América disputada en Uruguay en 1967; participó en el inolvidable 7º Campeonato Sudamericano Extra de 1959 en Ecuador cuando Uruguay, invicto, logró el título de Campeón Sudamericano con anticipación a la disputa del último partido -¡qué nostalgia!, señor Presidente- y en los campeonatos mundiales de Chile en 1962 y en Inglaterra en 1966, además de haber participado en numerosos partidos internacionales "A".

Actualmente, este destacado deportista de nuestro país atraviesa una difícil situación económica, por lo que el caso cumple con los extremos requeridos por la normativa vigente. La iniciativa fue aprobada por la Comisión Permanente de Pensiones Graciables del Ministerio de Educación y Cultura, por lo que la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad del Senado recomienda su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

25) SEÑORA MARIA TANIA SIVER. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable referida a la señora María Tania Siver.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).- Han sufragado 22 señores Senadores; 22 lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado de la votación es: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"ARTICULO 2º.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

26) BLANCA OLIRA LEMOS GONZALEZ. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se concede una pensión graciable a la señora Blanca Olira Lemos González (Carp. Nº 1632/09 - Rep. Nº 1158/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1632/09

Rep. N° 1158/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable a la señora Blanca Olira Lemos González, cédula de identidad N° 743.770-1, equivalente a 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Artículo 2°.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de agosto de 2009.

Roque Arregui Presidente

José Pedro Montero Secretario.

Comisión de

Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social, por unanimidad de sus miembros recomienda la aprobación del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, por el que se establece concederle una pensión graciable equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones a la señora Blanca Olira Lemos González, viuda del artista plástico Julio Olivera, destacada figura del arte nacional, exponente y representante de la impronta afrodescendiente en la cultura uruguaya.

La pensión graciable en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido concebida como un beneficio personal de carácter económico o recompensa pecuniaria, acordada a aquellas personas que han realizado aportes relevantes a la República, ya porque ha prestado grandes servicios al país, ya porque se han destacado en distintas actividades científicas, artísticas o culturales.

Este beneficio también se hace extensivo, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 16.301, a los descendientes y ascendientes en primer grado de consanguinidad y a los cónyuges supérstites, de quienes hubieran merecido en vida dicha compensación, siempre y cuando se cumplan las condicionantes que la misma ley establece.

La señora Blanca Olira Lemos González ha solicitado se le conceda una pensión graciable en su condición de viuda de don Julio Olivera, destacada figura en el campo del arte, exponente y representante de la impronta afrodescendiente en nuestra cultura.

Julio Olivera, que fuera conocido y reconocido a nivel nacional e internacional por su personalísima concepción estética y su aporte a las artes plásticas y visuales, también incursionó en el campo de la música, de la poesía y del periodismo.

Nacido en el seno de una de las primeras familias negras que habitaran el Conventillo Medio Mundo, familia celosa de sus orígenes y respetuosa de sus tradiciones -las de la más pura africanidad- como él mismo lo recordara en alguno de sus artículos periodísticos, aprendió desde muy pequeño que los candombes, la tradición y costumbres africanas vienen desde muy atrás en el tiempo.

Seguramente esa temprana vivencia y su natural y profunda sensibilidad, hicieron de él un artista singular y un estudioso de la cultura de sus ancestros africanos y la de la colectividad afrodescendiente en el Uruguay, con especial énfasis el candombe, destacándose entre sus trabajos el relacionado a los personajes del candombe y a la comparsa del carnaval montevideano.

Nada mejor para expresarlo que sus palabras escritas décadas atrás, que cobran hoy total vigencia: "(...) la República Oriental del Uruguay como parte de la América Latina, América Mulata, blancos, negros e indios, deberá ver con más atención nuestro aspecto cultural y folclórico, y las generosas contribuciones que el camdombe, la comparsa y sus protagonistas vienen brindando, y brindan a la fiesta del carnaval montevideano, porque como un importante valor cultural afrouruguayo merece no solo el reconocimiento definitivo sino además el tratamiento respetuoso (...)", porque sentía y sostenía además, que "las influencias africanas en el Uruguay están mucho más allá del candombe. Trascienden lo pintoresco y pintoresquista. Es en esencia una herencia cultural que aunque nacida en Africa, se ha convertido en el espíritu de nuestro pueblo".

Actualmente, su viuda, la señora Blanca Olira Lemos González, atraviesa una angustiante y crítica etapa: carece de medios propios suficientes y se encuentra en una situación de notoria necesidad económica, extremos todos que se han probado fehacientemente, lo que justifica plenamente que le sea otorgada dicha pensión, en reconocimiento a la larga y significativa actividad que, en el campo de nuestra cultura y trascendiendo fronteras, desarrollara quien fuera su esposo, don Julio Olivera.

Por los motivos expuestos la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, aconseja la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 6 de agosto de 2009.

Pablo Abdala, Miembro Informante; Daniel Bianchi, José Luis Blasina, Esteban Pérez.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 27 de julio de 2009.

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley, por el que se concede una pensión graciable a la señora Blanca Olira Lemos González, viuda del artista plástico Julio Olivera, destacada figura del arte nacional, exponente y representante de la impronta afrodescendiente en la cultura uruguaya.

El proyecto de ley, en su artículo 1°, incluye el nombre de la beneficiaria así como el monto de la pensión. En su artículo 2°, establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo, a efectos de la tramitación ante el Banco de Previsión Social, se incluye en el texto el número de la cédula de identidad de la beneficiaria.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Simon, Alvaro García.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La pensión graciable en nuestro ordenamiento jurídico, ha sido concebida como un beneficio personal de carácter económico o recompensa pecuniaria, acordada a aquellas personas que han realizado aportes relevantes a la República, ya porque han prestado grandes servicios al país, ya porque se han destacado en distintas actividades científicas, artísticas o culturales.

Este beneficio también se hace extensivo, conforme a lo dispuesto por la Ley N° 16.301, a los descendientes y ascendientes en primer grado de consanguinidad y a los cónyuges supérstites, de quienes hubieran merecido en vida dicha compensación, siempre y cuando se cumplan las condicionantes que la misma ley establece.

La señora Blanca Olira Lemos González ha solicitado se le conceda una pensión graciable en su condición de viuda de don Julio Olivera, destacada figura en el campo del arte, exponente y representante de la impronta afrodescendiente en nuestra cultura.

Julio Olivera, que fuera conocido y reconocido a nivel nacional e internacional por su personalísima concepción estética y su aporte a las artes plásticas y visuales, también incursionó en el campo de la música, de la poesía y del periodismo.

Nacido en el seno de una de las primeras familias negras que habitaran el Conventillo Medio Mundo, familia celosa de sus orígenes y respetuosa de sus tradiciones -las de la más pura africanidad- como él mismo lo recordara en alguno de sus artículos periodísticos, aprendió desde muy pequeño que los candombes, la tradición y costumbres africanas vienen desde muy atrás en el tiempo.

Seguramente esa temprana vivencia y su natural y profunda sensibilidad, hicieron de él un artista singular y un estudioso de la cultura de sus ancestros africanos y la de la colectividad afrodescendiente en el Uruguay, con especial énfasis el candombe, destacándose entre sus trabajos el relacionado a los personajes del candombe y a la comparsa del carnaval montevideano.

Nada mejor para expresarlo que sus palabras escritas décadas atrás, que cobran hoy total vigencia: "(...) la República Oriental del Uruguay como parte de la América Latina, América Mulata, blancos, negros e indios, deberá ver con más atención nuestro aspecto cultural y folclórico, y las generosas contribuciones que el candombe, la comparsa y sus protagonistas vienen brindando, y brindan a la fiesta del carnaval montevideano, porque como un importante valor cultural afrouruguayo merece no sólo el reconocimiento definitivo sino además el tratamiento respetuoso (...)", porque sentía y sostenía además, que "las influencias africanas en el Uruguay están mucho más allá del candombe. Trascienden lo pintoresco y pintoresquista. Es en esencia una herencia cultural que aunque nacida en Africa, se ha convertido en el espíritu de nuestro pueblo".

Actualmente, su viuda, la señora Blanca Olira Lemos González, atraviesa una angustiante y crítica etapa: carece de medios propios suficientes y se encuentra en una situación de notoria necesidad económica, extremos todos que se han probado fehacientemente, lo que justifica plenamente que le sea otorgada dicha pensión, en reconocimiento a la larga y significativa actividad que, en el campo de nuestra cultura y trascendiendo fronteras, desarrollara quien fuera su esposo, don Julio Olivera.

Montevideo, 27 de julio de 2009.

María Simon, Alvaro García.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable a la señora Blanca Olira Lemos González, cédula de identidad N° 743.770-1, equivalente a cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones.

Artículo 2°.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Montevideo, 27 de julio de 2009.

María Simon, Alvaro García.

Ministerio de Educación y Cultura

INFORME

La Comisión Permanente de Pensiones Graciables creada por la Ley N° 17.968 del 29 de mayo de 2006, consideró en su sesión del 25 de mayo del 2009, la: solicitud de pensión graciable a favor de Blanca Lemos.

De acuerdo a los elementos que surgen del expediente N° 2008/5157 la Comisión fijó su posición referida a dicho caso.

Atendiendo a lo que establece la Ley N° 16.301, de 9 de setiembre de 1992 en su Artículo 1°.- Las pensiones graciables a que refiere el artículo 85 numeral 13, de la Constitución de la República, constituyen un beneficio personal de carácter económico que solo se acordará en las condiciones previstas en el artículo siguiente, a quienes carezcan de recursos propios suficientes.

Artículo 2°.- Las Pensiones Graciables y recompensas pecuniarias podrán acordarse únicamente:

A) A personas que hayan prestado grandes servicios a la República.

B) A personas que se hayan destacado en forma relevante en actividades científicas, artísticas o culturales.

C) A los cónyuges supérstites y a los descendientes y a los ascendientes en primer grado de consanguinidad de las personas a que refieren los literales anteriores, siempre que se encuentren en situación de notoria necesidad.

La Comisión en función de lo expuesto y lo dispuesto por la Ley N° 16.301, de 9 de setiembre de 1992, la Comisión Permanente de Pensiones Graciables y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 2 de la Ley N° 17.968, reconoce las condiciones eméritas del señor esposo de la solicitante, el plástico Julio Olivera, figura destacada de la cultura uruguaya, exponente y representante de la impronta afro descendiente en la cultura, además de considerar que la situación de la solicitante encaja en lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley N° 16.031 en lo que hace a la carencia de recursos propios suficientes.

Por tanto resuelve por unanimidad de sus integrantes recomendar al Poder Ejecutivo la promoción de una iniciativa para conceder una pensión graciable a favor de la Sra. Blanca Lemos por estar comprendido en los requisitos definidos por la Ley N° 16.301.

Habiéndose expedido la Comisión Permanente de Pensiones Graciables se dispone elevar el expediente a la Sra. Ministra de Educación y Cultura María Simon para su resolución.

Ariel Ferrari, Susana Díaz, Mary Galiano, Eduardo Aparicio, Nicola Cetraro.

Montevideo, 25 de mayo de 2009.

Contaduría General

de la Nación

Montevideo, 9 de julio de 2009.

REFERENCIA: Ref. 2008/11/001/0000/9/5157 - Ministerio de Educación y Cultura.

CONCEPTO: LEMOS GONZALEZ BLANCA OLIRA - Concesión de pensión graciable.

DICTAMEN: Controladas las presentes actuaciones corresponde informar, que el otorgamiento de la pensión graciable de cuatro bases de prestaciones y contribu-

ciones, implica un costo anual para Rentas Generales de 48 BPC (cuarenta y ocho bases de prestaciones y contribuciones).

DESTINO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.

Cr. Alvaro Onetto

COORDINADOR

Div. Control Presupuestario y Financiero

Cr. Ariel Rodríguez Machado

Contador General de la Nación.

ANTECEDENTES

JULIO OLIVERA Y SU ACTIVIDAD CREADORA

Hablar de OLIVERA no es difícil, porque es hablar de un verdadero pintor expresionista que sabe tejer sutiles tules sobre la materia que trabaja, dándonos además del contenido, la forma que es la expresión del contenido, lo que distingue y singulariza a un pintor de otro.

Es hablar de una riquísima herencia que lo transforma día a día y lo duplica en su personalidad.

Su expresión es un arte puro que se comunica fácilmente porque en su forma vital, es una transmisión de sentimientos humanos.

El mundo que nos entrega en su pintura es abierto, sensorial, gozoso, mostrándonos a un artista que ama su trabajo y en el orden de los valores humanos la permanente incitación al optimismo y a la alegría de vivir y comprender.

La realidad circundante que luego queda prendida en nosotros con esa forma que el artista ha sabido captar y recoger, responde a su mirada inquieta, sensible, que nos descubre su perfil más importante.

OLIVERA insiste en encontrar referencias de la realidad, pues es consciente que el presente está lleno del pasado.

Entre lo perdido y lo recuperado, "transita" estos conceptos con los que nutre cada una de sus pinceladas, formando así el todo de una temática que hace ya varios años despierta un eco extraordinario dentro y fuera de nuestra fronteras.

JULIO OLIVERA es un pintor uruguayo nacido en la ciudad de Montevideo, el 18 de setiembre de 1939. Cuelga sus obras por primera vez en el Salón de Arte Libre Ramón Pereyra (1956), obteniendo en su edición del año 1976 dos primeros premios: pintura y dibujo.

Sus obras son admitidas en los Salones NACIONAL DE ARTES PLASTICAS Y VISUALES y MUNICIPAL DE ARTES PLASTICAS. Coleccionistas de todo el mundo poseen obra suya.

1956 1er. Salón de Artes Plásticas Ramón Pereyra

1957 2° Salón de Artes Plásticas Ramón Pereyra

1958 Club Farrupilha, Livramento, Brasil

1959 Viaje de estudio por Argentina, Paraguay y Brasil

1962 Galería Velásquez. Buenos Aires. Argentina

1963 La Muestra del Boliche

Feria Nacional de Artes Plásticas

Banco de Crédito. (Trinidad - Flores)

1964 La Muestra del Boliche

1965 La Muestra del Boliche

Patio del Candombe. Hall del Club Atenas

1966 La Muestra del Boliche

Centro Democrático de Melo

1967 Muestra del Boliche

Hotel Guarany. Asunción - Paraguay

Feria da Praia. Río de Janeiro - Brasil

Hoteles y Casinos Municipales de Montevideo

NEGROCAN. "Nación del Retiro"

1968 La Muestra del Boliche

Hoteles y Casinos Municipales de Montevideo

NEGROCAN. "Nación del Retiro"

1969 La Muestra del Boliche

Hoteles y Casinos Municipales de Montevideo

NEGROCAN. "Nación del Retiro". Subte Municipal

Alianza Cultural Uruguay - EE.UU. Colectiva

Instituto Cultural Anglo-Uruguayo. Colectiva

Club Uruguay. Colectiva

1970 La Muestra del Boliche

1971 La Muestra del Boliche

Instituto Panamericano de Cultura. Colectiva

1972 La Muestra del Boliche

Club Municipal de Montevideo

Feria Internacional de las Naciones

1973 Galeria Alberdi. Mar del Plata-Argentina

La Muestra del Boliche

CAFAU Centro de Arte y Folklore Afro-Uruguayo

Sala Magí

XXI Salón Municipal de Artes Plásticas

Embajada de los Estados Unidos de Norte América

Feria Internacional de las Naciones

1974 La Muestra del Boliche

Alianza Cultural Uruguay - EE.UU

Intendencia Municipal de Paysandú

Sala de Exposiones José Pedro Varela

Nuestro Taller. Colectiva

ALDOSIVI Club. Mar del Plata

Nuestro Taller. Apuntes de Paysandú

3er. Salón de Artes Plásticas Ramón Pereyra

1975 La Muestra del Boliche

Club Municipal de Montevideo

XXXIX Salón Nacional de Artes Plásticas y Visuales

XXIII Salón Municipal de Artes Plásticas

1976 La Muestra del Boliche

Embajada de los Estados Unidos de Norte América

4° Salón de Artes Plásticas Ramón Pereyra

1977 La Muestra del Boliche

Club Municipal de Montevideo

Instituto Histórico Cultural. Museo Departamental

de San José

Dirección General de Turismo. Asunción - Paraguay

1978 La Muestra del Boliche

Asociación Cristiana de Jóvenes

Centro Internacional, Cerro del Toro. Pirlápolis

1979 La Muestra del Boliche

BID. Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, D.C. EE.UU

1980 La Muestra del Boliche

Museo de Arte Moderno de América Latina,

Organización de Estados Americanos. OEA Washington, DC. EE.UU.

1981 La Muestra del Boliche

East Capitol Gallery. Washington, DC. EE.UU

1982 La Muestra del Boliche

1983 La Muestra del Boliche

Hotel Casino Las Vegas. Santiago - Chile

II Bienal de Primavera. Salto

Arte y Folklore Afro-Uruguayo: Proyección Folklórica

Artículo ilustrado con 1 obra original y 5 serigrafías sobre el tema, realizado para el Almanaque 1984 del Banco de Seguros del Estado.

1984 La Muestra del Boliche

Asociación de Arte y Cultura Latinoamericana Miami. Fla. EE.UU.

Estudio 20.G. Nueva Cork, Maniatan, East Side. EE.UU.

Le Petite Galerie, BURDINES. Miami, Fla. EE.UU.

1985 La Muestra del Boliche

Caribbean Cultural Center. Nueva York. EE.UU.

American Museum of Natural History. Nueva York. EE.UU.

Hotel La Playa, Punta del Este.

1986 La Muestra del Boliche

American Museum of Natural History. Nueva York - EE.UU.

5° Salón de Artes Plásticas Ramón Pereyra

1987 La Muestra del Boliche

Realización de 5 obras referentes a las categorías del Carnaval

Montevideano: Lubolos, Parodistas, Humoristas, Murga y Revista.

Realizado para el Almanaque 1988 del Banco de Seguros del Estado.

1988 La Muestra del Boliche

1989 La Muestra del Boliche

1990 La Muestra del Boliche

1991 La Muestra del Boliche

Primer Encuentro de Culturas Afro-Americanas

Galería del Hotel BAUEN. Buenos Aires. Argentina

1992 La Muestra del Boliche

1993 La Muestra del Boliche

Primera Muestra de la Pinacoteca del Palacio Legislativo

Salón de los Pasos Perdidos

1994 La Muestra del Boliche

CENTRO DAS CONVENÇOES. Salvador - Bahía - Brasil

"La Memoria de los Genes"

Segunda Muestra de la Pinacoteca del Palacio Legislativo

Salón de los Pasos Perdidos

1995 La Muestra del Boliche

1996 La Muestra del Boliche

Encuentro de la Familia Internacional Africana. Centro Nacional de la Cultura. CE.NA.C San José. Costa Rica

1997 La Muestra del Boliche

Cruz Roja Uruguaya. Edificio Sede. Año Internacional del Voluntariado

1998 La Muestra del Boliche

Complejo COMFENALCO - Bolívar. Cartagena de Indias. Colombia

1999 La Muestra del Boliche

Reunión Internacional de la Familia Africana. San José de Barlovento

Venezuela

2000 La Muestra del Boliche

The City Energy Club. Nueva Orleans. EE.UU.

2001 La Muestra del Boliche

Museo Nacional de Historia Natural y Antropología

CARNAVAL en el Atrio. Colectiva. Atrio de la Intendencia Municipal de Montevideo

2002 La Muestra del Boliche

Conferencias e intercambios en Fortaleza - Ceará,

Brasil y Ciudad de Panamá-Panamá

2003 Reunión Internacional de la Familia Africana. Tela,

Atlántida - Honduras

2004 Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI.

Montevideo, Exposición "La Esperanza en Colores" realizada en el marco de la Celebración de "10 YEARS OF FREEDOM" y del Día del Patrimonio de Sudáfrica, auspiciada por la Embajada de Sudáfrica en Uruguay y ALADI

2005 Howard University, Washington, D.C., USA

Observador de la Unidad Temática Municipal por los

Derechos de los Afrodescendientes, presentación del Documento HERENCIA CULTURAL AFRICANA EN LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Salón Rojo. Intendencia Municipal de Montevideo

2006 Integra la Comisión para la Conmemoración del Día

Nacional del Candombe, la Equidad Racial y la Cultura Afro-uruguaya. Integra con su obra la Exposición de Artistas Afro-uruguayos, Palacio Legislativo, 3 de Diciembre 2006.

Expositor en Panel Artistas Afro-uruguayos, Palacio Legislativo, 3 de Diciembre 2006

2007 Integrante del Jurado del Concurso de Llamadas del Interior - Durazno.

Fue miembro del Club de Leones Montevideo - Ansina DISTRITO J 1.

Asesor Pictórico en las Escuelas que participaron en el Concurso Cartel de la Paz de Lions Internacional. "Celebremos la Paz" 2006 - 2007. Tema: Paz sin Fronteras.

Carátulas de Libros y Discos (Algunos Ejemplos)

Libros

Más allá de la Frontera: El misterio religioso africano, Ialorixa Gladis Mabel Mallorca

Toda la poesía negra Ildefonso Pereda Valdes

El candombe Washington GuLarte

Discos

Rumbo al cenit, Luis Di Mateo

Candombe de Comparsas

Candombe: Historia de una raza

El Color del Sonido, Miguel Tallo

Esto es Candombe, Mike Dogliotti

Luna y tamboriles, Lágrima Ríos (2 carátulas más para la misma)

1 carátula para Antonio Cerviño

JULIO OLIVERA fallece el 31 de Marzo de 2007."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Se trata del caso de la viuda de Julio Olivera, para quien en su momento votáramos en este Senado una pensión graciable. De acuerdo con la Ley Nº 16.301 este beneficio también se hace extensivo a los descendientes y ascendientes en primer grado de consanguinidad y a los cónyuges supérstites por lo que, en este caso, correspondería concedérselo a la viuda.

Don Julio Olivera fue un destacado artista afrodescendiente y encontrándose su viuda en una difícil situación económica, el Ministerio de Educación y Cultura, en cumplimiento de la disposición citada, nos envía la solicitud de extensión de la pensión graciable a la señora Blanca Olira Lemos González.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

27) ENERGIA SOLAR

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar. (Carp. Nº 1166/08 - Rep. Nº 1153/09)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1166/08

Rep. N° 1153/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Declárase de interés nacional la investigación, el desarrollo y la formación en el uso de la energía solar térmica.

Artículo 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder las exoneraciones previstas en la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998 (Ley de Promoción de Inversiones), para la fabricación, implementación y utilización efectiva de la misma.

Artículo 3°.- A partir de los seis meses de promulgada esta ley, los permisos de construcción para centros de asistencia de salud, hoteles y clubes deportivos en los que su previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% (veinte por ciento) del consumo energético total, solo serán autorizados cuando incluyan las instalaciones sanitarias y de obras para la incorporación futura de equipamiento para el calentamiento de agua por energía solar térmica, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente ley.

Artículo 4°.- A partir de los dos años de promulgada esta ley, los permisos de construcción de las edificaciones con las características referidas en el artículo anterior, solo serán autorizados cuando incluyan equipamientos completos que permitan cubrir al menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para el calentamiento de agua por energía solar térmica.

Artículo 5°.- Las disposiciones establecidas en los artículos 3° y 4° de la presente ley regirán cuando los permisos refieran a obra nueva o a rehabilitaciones integrales de las respectivas edificaciones.

Artículo 6°.- Todas aquellas construcciones nuevas del sector público cuya previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% (veinte por ciento) del consumo energético total deberán contar, dentro de los cinco años de promulgada esta ley, con al menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para calentamiento de agua mediante energía solar térmica.

Artículo 7°.- A partir de los seis meses de promulgada la presente ley, el Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá exigir, a todos los nuevos emprendimientos industriales o agroindustriales, una evaluación técnica de la viabilidad de instalación de colectores solares con destino al ahorro energético con precalentamiento de agua.

Artículo 8°.- A partir de los tres años de vigencia de la presente ley las piscinas climatizadas nuevas o aquellas existentes que se reconviertan en climatizadas, deberán contar con el equipamiento completo para el calentamiento de agua por energía solar térmica, siempre que no utilicen otras fuentes por energía renovables con ese fin.

Artículo 9°.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería determinará las normativas exigibles y aplicables para el equipamiento, en lo referente a su calidad y eficiencia, a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo, en consulta con los organismos competentes, podrá determinar excepciones a través de la reglamentación, por razones tales como volumen de consumo de agua, área, porte de los equipos, horas de sombra o utilización de otros mecanismos de generación de energía. Podrá asimismo, establecer la ampliación de los plazos y la reducción de los porcentajes para las construcciones o instalaciones descriptas en los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la presente ley.

Artículo 11.- Los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente, tendrán a su cargo la coordinación de un programa tendiente a procurar la facilitación en el uso de la energía solar térmica.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente podrán ser invitadas a participar todas aquellas instituciones u organizaciones que puedan aportar sus conocimientos en esta temática así como las empresas energéticas públicas y privadas del país.

Artículo 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo para la exoneración y devolución total o parcial de los Impuestos al Valor Agregado (IVA), Específico Interno (IMESI) e impuestos aduaneros, a los colectores solares de fabricación nacional e importados no competitivos con la industria nacional, así como los bienes y servicios nacionales e importados no competitivos con al industria nacional, necesarios para su fabricación.

Artículo 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta días contados a partir de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de agosto de 2009.

Roque Arregui Presidente

José Pedro Montero Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

ACTA N° 85

En Montevideo, el día dos de setiembre de dos mil nueve, a la hora dieciséis y quince minutos, se reúne la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señora Senadora Susana Dalmás y los señores Senadores Isaac Alfie, Antonio Gallicchio y Héctor Tajam.

Faltan con aviso los señores Senadores Alberto Couriel, Luis Alberto Heber y Ruperto Long.

Preside el señor Senador Isaac Alfie, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y el Prosecretario señor Gabriel Grenno.

ASUNTOS ENTRADOS:

- El Grupo Gestor del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino remite nota solicitando ser recibido por la Comisión, a fin de manifestar los avances que se han logrado desde la implementación del Plan y las acciones que se están desarrollando y las que se llevarán a cabo en el futuro.

ASUNTOS CONSIDERADOS.

- CARPETA N° 1166/2008. ENERGIA SOLAR TERMICA. Se declara de interés nacional su promoción y desarrollo. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

Hace uso de la palabra la señora Senadora Susana Dalmás quien manifiesta estar de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes y el señor Senador Isaac Alfie, quien se manifiesta en contra de las mismas, sosteniendo que la nueva redacción tiene carencias y que no corresponde la devolución del Impuesto Específico Interno (IMESI).

La Comisión acepta las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Se vota: 3 en 4 Senadores presentes. AFIRMATIVA.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA N° 885/2007. PROMOCION DE LA RADICACION EN EL PAIS DE ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Ruperto Long (Distribuido N° 1830/2007).

Por Secretaría se reparten las notas de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Turismo y Deporte, que habían sido repartidas en su oportunidad, en donde se brinda la opinión de estos Ministerios respecto al proyecto de ley.

La Comisión acuerda incluir este proyecto en el Orden del Día de la próxima sesión que realice.

RESOLUCIONES:

Recibir el próximo miércoles 9, a la hora 16, al Grupo Gestor del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino.

A la hora diecisiete y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Isaac Alfie Presidente

Vladimir De Bellis Martínez Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Como todos recordarán fue aprobado en esta Cámara el proyecto de ley por el cual se declara de interés nacional la investigación, desarrollo y uso de la energía solar. En su trámite por la Cámara de Representantes se introdujo una modificación al artículo 12 que, además de facultar al Poder Ejecutivo a la exoneración y devolución total o parcial de los Impuestos al Valor Agregado, Específico Interno y aduaneros a los colectores solares, extiende la exoneración a los componentes importados y a los bienes y servicios nacionales e importados no competitivos con la industria nacional, necesarios para su fabricación a nivel del país.

El señor Senador Alfie nos señalaba, con razón, que el Impuesto Específico Interno no se aplica a estos componentes y que, por tanto, estaría de más decidir su exoneración y devolución total o parcial de impuestos. Ahora bien, nosotros, por mayoría de la Comisión, ante el hecho de mantener en el proyecto de ley la exoneración de un impuesto -que en realidad hoy no se aplica a estos componentes-, hemos priorizado la aprobación de una ley que ha llevado un largo trámite y que, dada su importancia, debe transformarse rápidamente en una norma que contribuya al incentivo tanto del uso como de la fabricación y desarrollo de los colectores solares. Nuestro país está buscando la independencia energética y el desarrollo de energías alternativas y, dado que esta que se trata en el proyecto de ley es una de las más importantes, valdría la pena hacer todos los esfuerzos para que empiece a operar lo antes posible.

En oportunidad de tratarse la Ley de Agrocombustibles, también mencionábamos exoneraciones de impuestos que sabíamos que en un par de meses serían derogados por la reforma tributaria, pero fueron aprobadas por la cuestión de fondo que ello significaba para el desarrollo del país.

En realidad, esa es la única consideración que queremos realizar en el día de hoy, agregando que la mayoría de la Comisión recomienda al Cuerpo la aprobación de la modificación introducida por la Cámara de Representantes.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: simplemente haré una reflexión sobre el artículo 12.

Este proyecto de ley faculta al Poder Ejecutivo a exonerar y devolver el IVA y los impuestos aduaneros, y también autoriza a que estos no sean abonados cuando se trate de bienes y servicios no competitivos con la industria nacional. Es decir que de alguna manera se está creando un sistema preferencial para determinados productos de terceros países -siempre que no sean competitivos con la industria nacional-, que podría ser objetado desde el punto de vista comercial por parte de los órganos del Mercosur respecto a los aranceles existentes. Esto significa una exoneración adicional a determinados bienes de terceros países, que no estarían pagando el arancel -esa es mi reflexión-, beneficiándose por la incorporación a un proceso productivo.

A pesar de que vamos a acompañar con nuestro voto esta norma, tenemos que ser conscientes de su repercusión y posible observación en el ámbito de nuestro proceso de integración, habida cuenta de que puede alterar el nivel arancelario que tiene consagrado el Uruguay con otros países dentro del Mercosur.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si el Cuerpo acepta las modificaciones realizadas por la Cámara de Representantes al proyecto de ley en discusión.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

28) SOLICITUD DE VENIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA PARA DESIGNAR FISCAL LETRADA NACIONAL DE LO CIVIL DE DECIMOSEXTO TURNO -ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DOMESTICA- A LA DOCTORA CRISTINA LUJAN GARCIA LUENGO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar a la doctora Cristina Luján García Luengo en el cargo de Fiscal Letrado Nacional de lo Civil de Décimosexto Turno - Especializada en Violencia Doméstica. (Carp. Nº 1626/09 - Rep. Nº 1150/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1626/09

Rep. N° 1150/09

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 18 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de solicitar la venia requerida por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para una vez obtenida, proceder a la designación de la Señora Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimosexto Turno - Especializada en Violencia Doméstica - (Escalafón "N" Magistrados) cuyo nombre y mérito se individualiza en el presente texto.

Así, el Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Rafael Ubiría, elevó a consideración del Ministerio de Educación y Cultura -en el marco de la competencia que le asigna el numeral 5° del artículo 7° del Estatuto del Ministerio Público y Fiscal-, el nombre de la Señora Fiscal Letrada Departamental, que a su criterio y en virtud de los argumentos que expone, se encontraría en condiciones de acceder al cargo. (Oficio N° 144/08, de fecha 4 de diciembre de 2008).

La mencionada propuesta del Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, en su calidad de jerarca de la Unidad Ejecutora -Ministerio Público y Fiscal- jerarquizada a su vez al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura (artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.365), debe ajustarse a las disposiciones de rango legal que regulan el ingreso y la carrera administrativa de los miembros del Ministerio Público y Fiscal, artículos 22 y 31 del mencionado Decreto-Ley.

El Poder Ejecutivo -como órgano jerarca máximo en materia administrativa- tiene la responsabilidad de analizar la correspondencia legal de la propuesta sugerida, así como la oportunidad y mérito de la misma. Efectuado el análisis de rigor, se cumple con enviar la solicitud de venia al cuerpo legislativo.

En efecto, la Dra. Cristina Luján García Luengo ingresó al Ministerio Público y Fiscal el día 27 de noviembre de 1991, por Concurso de Oposición y Méritos, en un cargo de Secretario Letrado (Escalafón "A", Grado 13). Por resolución del Poder Ejecutivo de 21 de junio de 1995 es designada -por vía de ascenso- en un cargo de Fiscal Letrado Adjunto (Escalafón "N"). Seguidamente, por Resolución del Poder Ejecutivo N° EC/589 de 6 de noviembre de 1997, es designada en el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Rocha de Primer Turno. Por Resolución del Ministerio de Educación y Cultura de 29 de junio de 2000 es trasladada a la Fiscalía Letrada Departamental de Florida de Segundo Turno. Y finalmente, por Resolución del Ministerio de Educación y Cultura N° 807 de fecha 30 de junio de 2004, es trasladada a la Fiscalía Letrada Departamental de Canelones de Primer Turno, donde actualmente se desempeña.

A lo largo de su dilatada trayectoria funcional, como Fiscal Letrada Departamental, la Dra. García ha evidenciado excelente capacidad y solvencia técnica, lo que aunado a la contracción al trabajo y a la responsabilidad que ha demostrado en el cumplimiento de las tareas técnicas encomendadas, lo hacen plenamente merecedora del ascenso que significa acceder al cargo de Fiscal Letrado Nacional para el que se la propone.

En base a las razones expuestas, es que se solicita al Senado de la República la venía que habilite la designación de Sra. Fiscal Letrada Departamental de Canelones de Primer Turno (Escalafón "N" Magistrados), Dra. Cristina Luján García Luengo, para ocupar el cargo de Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimosexto Turno, Especializada en Violencia Doméstica (Escalafón "N" Magistrados).

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Simon.

DISPOSICION CITADA

Decreto-Ley N° 15.365,

de 30 de diciembre de 1982

Artículo 1°. (Concepto orgánico. Objetivos).- El Ministerio Público y Fiscal constituye un cuerpo técnico-administrativo jerarquizado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, bajo la jefatura directa del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, integrado por la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, Fiscalías Letradas Nacionales, Fiscalía Adjunta de Corte, Fiscalía Letrada Suplente, Fiscalías Letradas Departamentales y Fiscalías Letradas Adjuntas, que tiene como objetivos de defensa de la sociedad, la defensa y representación del Estado en el ámbito que las leyes le asignen y el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a la Justicia cuando le sea requerido.

Fuente: Redacción dada por: Ley N° 16.170, de 28/12/1990, artículo 364.

CAPITULO I - OBJETO Y ORGANIZACION

Artículo 4°. (Estructura orgánica).- El Ministerio Público y Fiscal cumplirá sus objetivos y funciones por medio de la siguiente estructura orgánica jerárquicamente ordenada:

1) Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación.

2) Fiscalías Letradas Nacionales de lo Civil, de lo Penal, de Hacienda y de Aduana.

3) Fiscalía Adjunta de Corte.

4) Fiscalía Letrada Suplente.

5) Fiscalías Letradas Departamentales.

6) Fiscalías Letradas Adjuntas.

Fuente: Numeral 2°) redacción dada por: Decreto

N° 15.648, de 22 de octubre de 1984, artículo 4°.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULAN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL

SECCION II - NOMBRAMIENTO

Artículo 21. (Nombramiento de los Fiscales Letrados Nacionales, Fiscal Adjunto de Corte y Fiscal Letrado Suplente).- Para ser designado Fiscal Letrado Nacional, Fiscal Adjunto de Corte o Fiscal Letrado Suplente, se requiere:

1) Cinco años de actuación en el Ministerio Público o Fiscal.

2) Ciudadanía natural o legal con cinco años de ejercicio.

Artículo 22. (Nombramiento de los Fiscales Letrados Departamentales y Fiscales Letrados Adjuntos).- Para ser designado Fiscal Letrado Departamental y Fiscal Letrado Adjunto, se requiere:

1) Título de abogado.

2) Ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio.

3) Habilitación psíquica, física y moral para el desempeño del cargo.

Es impedimento psíco-físico el que resulta de enfermedades crónicas o permanentes que afecten gravemente la actividad de la personalidad física o psíquica.

Es impedimento moral el generado por el comportamiento socialmente degradante o por las condenaciones de carácter penal.

No puede ser nombrado Fiscal quien esté procesado por delito perseguible mediante acción pública.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULAN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL

SECCION III - REGIMEN ESTATUTARIO

Artículo 31. (Ingreso y carrera del Ministerio Público y Fiscal).- El ingreso al Ministerio Público y Fiscal se hará por el cargo de menor jerarquía.

El régimen normal de ascensos en el Ministerio Público y Fiscal se ajustará a los principios de la carrera administrativa, según el orden establecido en el artículo 4°.

Solo será admisible apartarse de estos principios en casos excepcionales, cuando así lo solicite el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación fundándose en el interés del servicio.

Artículo 32. (Normas que regulan la carrera de los magistrados del Ministerio Público y Fiscal).- El traslado de los Fiscales Letrados Departamentales a las sedes homólogas conceptuadas como de ascenso se hará de acuerdo a pautas de antigüedad calificada, sin perjuicio de dar prevalencia, en todo caso, a la especial aptitud funcional o a la versación científico-jurídica. La calificación de Fiscalía Letrada Departamental de ascenso se hará atendiendo exclusivamente a los principios que establecerá la reglamentación, con la finalidad de adecuar la calidad y cantidad de actividad de cada sede, con la proximidad de su radicación a la capital de la República.

La misma norma regirá, en lo pertinente, el ascenso de los Fiscales Adjuntos a las Fiscalías Letradas Departamentales, la de los Fiscales Letrados Departamentales a la Fiscalía Adjunta de Corte y, sucesivamente, la promoción a los cargos de superior jerarquía de acuerdo al orden establecido en el artículo 4°.

Artículo 33. (Deberes funcionales).- El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, los Fiscales Letrados Nacionales, el Fiscal Adjunto de Corte, el Fiscal Letrado Suplente, los Fiscales Letrados Departamentales y los Fiscales Letrados Adjuntos quedan sujetos a las siguientes obligaciones:

1) Residir en el lugar donde tenga su asiento la Fiscalía correspondiente. En casos especiales de imposibilidad debidamente justificados, el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación podrá conceder a dichos magistrados autorización temporal para residir en otro lugar, comunicándolo al Ministerio de Justicia, estándose a lo que este en definitiva resuelva.

2) Asistir diariamente a su despacho.

3) Cumplir las obligaciones inherentes a su cargo y hacerlas cumplir a sus subordinados.

4) Expedir sus dictámenes dentro de los términos fijados por las disposiciones vigentes.

5) Abstenerse de emitir y hacer públicos juicios o censuras, manifiestos o encubiertos, en sus dictámenes o por cualquier otro medio, sobre gobernantes o jerarcas del servicio, dar a publicidad o facilitar de cualquier modo la difusión de antecedentes e informaciones sobre cuestiones o asuntos de cualquier naturaleza de que conozcan, o en que intervengan o hubieran intervenido en razón de sus funciones; promover gestiones relativas a la organización o funcionamiento del servicio a su cargo o de su situación administrativa o la de sus funcionarios, de otro modo que por escrito y ante el jerarca respectivo.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

ACTA N° 105

En Montevideo, el día dos del mes de setiembre de dos mil nueve, a la hora trece y treinta y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Susana Dalmás y Margarita Percovich y los señores Senadores Walter Campanella y Manuel Núñez.

Falta con aviso el señor Senador Enrique Antía, quien remite nota justificando su inasistencia.

Preside la señora Senadora Margarita Percovich, Vicepresidenta de la Comisión.

Actúa en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora Dinorah Amato y la Prosecretaria, señora Gloria Mederos.

La Comisión tiene a consideración el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Asuntos entrados:

A) CARPETA N° 1624/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo por la causal de ineptitud física, a la Especialista VI Servicios Asistenciales del Centro Departamental de Paysandú, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Programa 07 - Unidad Ejecutora 024 - Escalafón D - Grado 04 - Correlativo 6100). Distribuido N° 3392/2009). Pasa a estudio de la señora Senadora Margarita Percovich.

B) CARPETA N° 1626/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar como Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimosexto Turno Especializada en Violencia Doméstica (Escalafón "N" Magistrados), doctora Cristina Luján García Luengo. Distribuido N° 3399/2009.

2) Asuntos tratados:

A) CARPETA N° 1615/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo por la causal de ineptitud física, a la funcionaria del Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", Unidad Ejecutora 017, "Fiscalía de Gobierno de 1er. y 2do. Turno". Distribuido N° 3376/2009. En consideración. La Comisión adopta resolución: 4 en 4. Afirmativa. Unanimidad. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich.

B) CARPETA N° 1626/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar como Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimosexto Turno Especializada en Violencia Doméstica (Escalafón "N" Magistrados), doctora Cristina Luján García Luengo. Distribuido N° 3399/2009. En consideración. La Comisión adopta resolución: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich.

A la hora trece y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman la señora Vicepresidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Margarita Percovich Vicepresidenta

Dinorah Amato Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: obviamente, se trata de una iniciativa del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, doctor Rafael Ubiría, quien elevó a consideración del Ministerio de Educación y Cultura el nombre de la doctora Cristina Luján García Luengo para ser designada Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Sexto Turno - Especializada en Violencia Doméstica.

Tiene una dilatada trayectoria profesional como Fiscal Letrada Adjunta en distintos departamentos -Rocha, Florida y Canelones-, evidenciando una excelente capacidad y solvencia técnica para hacerse merecedora del ascenso al cargo de Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimosexto Turno, Especializada en Violencia Doméstica, en lo que la doctora ha demostrado su capacitación.

Por lo tanto, la Comisión de Asuntos Administrativos aconseja el apoyo pleno de esta propuesta.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).- "Artículo Único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar como Fiscal Letrada Nacional de lo Civil de Décimosexto Turno Especializada en Violencia Doméstica (Escalafón "N" Magistrados), a la doctora Cristina Luján García Luengo."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

29) SEÑOR DOMINGO SALVADOR PEREZ SILVA. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Domingo Salvador Pérez Silva.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).- Han sufragado 20 señores Senadores; 19 lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado de la votación es: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 2º.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

30) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A UNA FUNCIONARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a considerar el asunto que figura en décimo término del Orden del Día, para lo cual debe pasar a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 11 y 45 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 11 y 49 minutos)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).- El Senado, en sesión secreta, concedió al Poder Ejecutivo la venia solicitada para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

31) SEÑORA BLANCA OLIRA LEMOS GONZALEZ. PENSION GRACIABLE

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder a la señora Blanca Olira Lemos González.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).- Han sufragado 19 señores Senadores; 18 lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado de la votación es: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 2º.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

32) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 11 y 51 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Antía, Antognazza, Bayardi, Bonomi, Couriel, Dalmás, Gallicchio, Gargano, Heber, Hierro López, Moreira, Muguruza, Percovich, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Dr. Ernesto Lorenzo Prosecretario

Sr. Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.