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Nº 298 - TOMO 465 - 18 DE AGOSTO DE 2009

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

28ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR VICTOR VAILLANT Presidente ad hoc

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS SEÑORES PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- El señor Presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa, presenta con exposición de motivos un proyecto de resolución por el cual se exceptúa la aplicación del artículo 5º del Reglamento de Calificaciones y Concursos de la Cámara de Senadores, de fecha 27 de diciembre de 2007, durante el próximo receso parlamentario, y se autoriza una prórroga del inicio del próximo período de calificaciones de los funcionarios del Senado.

- A la Comisión de Asuntos Administrativos.

5) Pedido de informes

- El señor Senador Ruperto Long, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con el Proyecto de Abogacía del Estado.

- Oportunamente fue tramitado.

6) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7, 12, 15 y 22) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por las señoras Senadoras Xavier y Percovich, y los señores Senadores Lara Gilene, Michelini, Sanguinetti, Vaillant, Astori, Mujica y Ríos.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Hyara Rodríguez y los señores Jorge Romero, Felipe Michelini, Ricardo Alcorta, Edgardo Carvalho, Washington Abdala, Didier Opertti, Enrique Pintado, Carlos Baráibar, Héctor Tajam, Hugo Rodríguez Filippini, Elías Yafalián, José Korzeniak, León Lev, Gonzalo Gaggero y Luir Oliver.

8) Día de las PYME

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a DINAPYME, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

9) Ausentismo docente en enseñanza secundaria

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a ANEP y sus servicios desconcentrados, a las gremiales de la enseñanza, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

10) Incumplimiento en el pago de las Misiones de Paz

- Manifestaciones del señor Senador Penadés.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, al Ministerio de Defensa Nacional, a los señores Comandantes en Jefe del Ejército Nacional, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya, y a la Presidencia de la República.

11) Situación energética

- Manifestaciones del señor Senador Campanella.

13 y 21) Régimen de trabajo

- Por moción del señor Senador Vaillant, el Senado resuelve considerar en primer lugar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día, y que se distribuyan, se declaren urgentes y se consideren en esta sesión la Carpeta Nº 1595/09, Convención Interamericana para el cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, y el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional para participar en un desfile cívico militar a realizarse en Brasil.

14 y 17) Negociación colectiva

- Proyecto de ley por el que se crea este sistema para el sector privado.

- En consideración. Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

16, 18 y 25) Exoneración de tributos a los vehículos de transporte escolar

- Por moción del señor Senador Heber, el Senado resuelve que se distribuya la Carpeta Nº 1620/09.

- Proyecto de ley por el que se les concede una exoneración tributaria.

- En consideración. Aprobado. Vuelve a la Cámara de Representantes.

19) Instituto Nacional de Carnes

- Proyecto de ley por el que se sustituye el numeral 2) del literal A) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.605.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20 y 23) Mercado de valores

- Proyecto de ley por el que se dictan normas para su regulación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

24) Convención interamericana para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Autorización para la salida del país de una delegación del Ejército Nacional

- Proyecto de ley por el que se concede esta autorización.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

27) Ejercicio Combinado Río II

- Proyecto de ley por el que se modifica la fecha de realización y la denominación del Ejercicio Combinado Río I, aprobado por la Ley Nº 18.425.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

28) "Agosto Alvarez: el Héroe de Aguas Dulces"

- Proyecto de ley por el que se designa con ese nombre la Escuela Nº 65 del departamento de Rocha.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

29) "Tacuabé"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela Habilitada Nº 97 de la ciudad de Maldonado.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

30) "Maestro Julio Castro"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela Nº 44 de Pueblo Egaña, departamento de Soriano.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

31) "Doctor Bolívar Ledesma"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela al Aire Libre Nº 34, del departamento de Treinta y Tres.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

32) "Químico Farmacéutico Mario Brum Viana"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre el Liceo de Tranqueras, departamento de Rivera

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

33) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar Miembro Integrante Militar de la Suprema Corte de Justicia, e integrantes del Supremo Tribunal Militar

- Concedidas

34) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de agosto de 2009.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 18 de agosto, a la hora 9.30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se sustituye el numeral 2) del literal A) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, de creación del Instituto Nacional de Carnes.

Carp. Nº 1598/09 - Rep. Nº 1119/09

2) por el que se dictan normas para la regulación del mercado de valores.

Carp. Nº 1397/08 - Rep. Nº 1120/09 - Anexos I y II

3) por el que se crea el sistema de negociación colectiva para el sector privado.

Carp. Nº 1591/09 - Rep. Nº 1121/09 - Anexo I

4) por el que se modifica la fecha de realización y la denominación del Ejercicio Combinado Río I, aprobado por la Ley Nº 18.425, de 28 de noviembre de 2008

Carp. Nº 1580/09 - Rep. Nº 1117/09

5) por el que se designa "Agosto Alvarez: el Héroe de Aguas Dulces" la Escuela N° 65 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1270/08 - Rep. Nº 1125/09

6) por el que se designa "Tacuabé" la Escuela Habilitada N° 97 de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1175/08 - Rep. Nº 1123/09

7) por el que se designa "Maestro Julio Castro" la Escuela Nº 44 de Pueblo Egaña, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1147/08 - Rep. Nº 1122/09

8) por el que se designa "Doctor Bolívar Ledesma" la Escuela al Aire Libre Nº 34, del departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1244/08 - Rep. Nº 1124/09

9) por el que se designa "Químico Farmacéutico Mario Brum Viana" el Liceo de Tranqueras, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1562/09 - Rep. Nº 1126/09

10) Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con solicitudes de venia del Poder Ejecutivo a fin de:

- designar como Miembro Integrante Militar de la Suprema Corte de Justicia, al señor Coronel en situación de retiro don Eduardo Aranco Gil.

Carp. Nº 1538/09 - Rep. Nº 1114/09

- designar como Conjuez del Supremo Tribunal Militar, al señor Coronel (EV) en situación de retiro don Eduardo Aguirre Pacheco.

Carp. Nº 1539/09 - Rep. Nº 1115/09

- renovar la designación como Ministros del Supremo Tribunal Militar, por la Fuerza Aérea Uruguaya y por la Armada Nacional, a los señores Brigadier General (Av) en situación de retiro don Julio César Loureiro y Capitán de Navío (CG) en situación de retiro don Alfredo Gericke, respectivamente y para designar como Ministro del Supremo Tribunal Militar, por el Ejército Nacional al señor Coronel en situación de retiro don Walter Aníbal Mesa Martínez.

Carp. Nº 1540/09 - Rep. Nº 1116/09

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Arana, Bonomi, Campanella, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Guarino, Heber, Hierro López, Lapaz, Larrañaga, Long, Lorier, Moreira, Muguruza, Núñez, Penadés, Percovich, Ríos, Saravia, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Astori, Fernández Huidobro, Lara Gilene, Michelini, Mujica, Sanguinetti y Xavier, y el señor Senador Ríos a partir de la hora 13:00.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 39 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el cual se autoriza la salida del país de efectivos del Ejército Nacional, a efectos de participar en el Desfile Cívico-Militar conmemorativo de un nuevo Aniversario de la Independencia de la República Federativa del Brasil, a llevarse a cabo en la ciudad de Yaguarón, el día 7 de setiembre de 2009.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- por el cual se establecen las reglas a las que el personal contratado por las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de la República en el exterior deberá ajustarse, para acceder a la protección de nuestro sistema de seguridad social.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite mensaje por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba la Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2008.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

- por el que se establece un régimen de facilidades de pago de aportes jubilatorios patronales, para empresas que se amparen en regímenes especiales de subsidio por desempleo parcial.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se eleva a la categoría de villa el actual pueblo Baltasar Brum, del departamento de Artigas.

- A LA COMISION DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

- por el que se autoriza a las instituciones de intermediación financiera a emitir Notas de Crédito Hipotecarias para incentivar el otorgamiento de préstamos de vivienda.

- por el que se exonera de gravámenes la importación de unidades destinadas al transporte escolar.

- por el que se dispone que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas realice anualmente un sorteo especial de lotería a beneficio del Hospital Pasteur.

- por el que se establece un régimen de aportación gradual para las empresas que inician actividades.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- y comunica que aprobó los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa ‘República Popular China’ la Escuela Nº 124 de contexto socio-cultural crítico, del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Nery González Bermúdez.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Alcides Vicente Silveira Montero.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa ‘Agosto Alvarez: el Héroe de Aguas Dulces’ la Escuela N° 65 del departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Tacuabé’ la Escuela Habilitada N° 97 de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Maestro Julio Castro’ la Escuela Nº 44 de Pueblo Egaña, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Doctor Bolívar Ledesma’ la Escuela al Aire Libre Nº 34, del departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Químico Farmacéutico Mario Brum Viana’ el Liceo de Tranqueras, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se sustituye el numeral 2) del literal A) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, de creación del Instituto Nacional de Carnes.

- por el que se dictan normas para la regulación del mercado de valores.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado el proyecto de ley por el cual se crea el sistema de negociación colectiva para el sector privado.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Tacuarembó remite copia de la versión taquigráfica de las expresiones del Sr. Edil Jorge Ferreira sobre Venezuela.

- TENGASE PRESENTE."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa, presenta con exposición de motivos un proyecto de resolución por el cual se exceptúa la aplicación del artículo 5º del Reglamento de Calificaciones y Concursos de la Cámara de Senadores, de fecha 27 de diciembre de 2007, durante el próximo receso parlamentario, y se autoriza una prórroga del inicio del próximo período de calificaciones de los funcionarios del Senado.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

En el Presupuesto votado por esta Cámara de fecha 8 de febrero de 2006, en su artículo 53 se propuso realizar un proyecto de Normas de Calificaciones y Concursos. Dicho Reglamento fue votado por unanimidad el día 6 de junio de 2006 y fue posteriormente modificado el 27 de diciembre de 2007, también por unanimidad.

Desde la aprobación del citado Reglamento a la fecha, se llevaron a cabo dos procesos calificatorios y 31 concursos internos permitiendo el desarrollo de la carrera administrativa de los funcionarios del Senado.

A dicho Reglamento, se le sumó la Resolución de la Presidencia N° 417/08, de fecha 30 de diciembre de 2008, acto que contiene las Bases Generales para los concursos de ingreso a la Cámara de Senadores, complementándose con las resoluciones correspondientes de la Secretaría de la Cámara de Senadores. A la fecha se han llevado a cabo 7 concursos de ingreso.

Dado estos procesos que se vienen llevando adelante y la circunstancia de encontrarnos ante un año en el que el receso parlamentario comienza el 15 de setiembre, se hace imprescindible plantear dos excepciones a la normativa vigente:

a) La primera es referida a lo establecido por el artículo 5°, que expresa:

"Durante el receso parlamentario no se realizarán evaluaciones, calificaciones, ni pruebas de capacidad de concursos".

Este artículo lo debemos interpretar contextualmente con el inciso 1° del artículo 34 de la misma norma que dice: "producida una vacante, la Secretaría del Senado llamará a concurso en un plazo no mayor a 180 días". Atendiendo a esta realidad y al principio de la buena administración entendemos pertinente excepcionar dicho artículo por este año de manera de poder llevar adelante concursos de ascenso durante el receso parlamentario, que se extiende hasta el 15 de febrero de 2010;

b) El segundo punto es la conveniencia de establecer una prórroga al plazo para la realización de las calificaciones previstas por las normas, que en estricto derecho, se deberían de llevar a cabo en marzo de 2010.

Considerando que se producirá el cambio de Legislatura el 15 de febrero de 2010 ingresando nuevas autoridades, así como la incorporación de nuevos funcionarios que significarán importantes movimientos en la pirámide funcionarial, todo lo cual determinará complicaciones a la hora de integrar las Juntas de Calificaciones y tener que designar a los evaluadores primarios, se entiende conveniente autorizar una prórroga al inicio del período de calificaciones previsto por la actual normativa.

Rodolfo Nin Novoa Presidente.

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°.- Excepciónese la aplicación del artículo 5° del Reglamento de Calificaciones y Concursos de fecha 27 de diciembre de 2007 durante el receso parlamentario comprendido entre el 15 de setiembre de 2009 y el 15 de febrero de 2010.

Artículo 2°.- Autorízase la prórroga del inicio del próximo período de calificación de los funcionarios de la Cámara de Senadores, el que deberá llevarse a cabo cuando lo determine la nueva Administración dentro de los primeros 180 días de instalada la XLVII Legislatura.

Rodolfo Nin Novoa

Presidente."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruperto Long, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con el Proyecto de Abogacía del Estado.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, agosto 14 de 2009.

Sr. Presidente Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme elevar a Ud. la presente solicitud de Pedido de Informes de acuerdo a lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Solicítese a la Sra. Ministra de Educación y Cultura, Ing. María Simon, la información relativa al Proyecto de Abogacía del Estado que se indica, acompañando en caso de considerarlo oportuno la documentación acreditante relativa a los extremos que se establecen en los numerales siguientes:

1. ¿Cuál es la etapa de ejecución en que se encuentra el proyecto?

a. Sírvase especificar las etapas por las que ha pasado y cuál es la proyección a futuro.

b. Sírvase enviar el cronograma de las diferentes etapas, la evaluación de las cumplidas y las perspectivas de las pendientes.

2. ¿Cuál es el monto total que se ha previsto destinar al proyecto?

3. ¿Qué monto de dinero señalado en el numeral anterior, ya ha sido invertido?

4. ¿En qué se han invertido, específicamente, los montos señalados en el numeral anterior?

5. ¿Cuántos viajes al exterior se han realizado en el marco del proyecto?

6. ¿Quiénes han sido las personas que han viajado al exterior en el marco de este proyecto? ¿Cuáles fueron las actividades desarrolladas en esas visitas? ¿Por cuánto tiempo han sido las visitas y a qué países?

7. ¿Cuál es el resultado de las visitas señaladas?

a. Sírvase adjuntar los informes posteriores a los viajes que hayan sido presentados por las personas que efectuaron esos viajes.

8. ¿Cuál ha sido la respuesta de los diferentes organismos del Estado en relación con el proyecto?

9. ¿Han recibido apoyos del exterior para el desarrollo de este proyecto?

a. En caso afirmativo, sírvase señalar:

i. De qué países.

ii. Cuál ha sido el apoyo.

iii. Cuál es la relación actual con los mismos en este marco.

10. ¿Se han recibido becarios o pasantes nacionales o extranjeros para trabajar y/o colaborar en el proyecto?

a. En caso afirmativo, sírvase señalar:

i. Quiénes.

ii. Provenientes de qué países.

iii. Cuál ha sido o es su función.

iv. Cuáles han sido los productos entregados.

v. Cuál ha sido la evaluación de sus actividades.

b. Sírvase acompañar la documentación correspondiente a las indicaciones probatorias de los extremos señalados en el literal anterior.

11. ¿Han pasado en comisión funcionarios para dedicarse a la instrumentación de este proyecto?

a. En caso afirmativo, sírvase indicar:

i. Quiénes.

ii. De qué organismo provienen.

iii. Si han percibido remuneraciones extra salario para tal función y en caso afirmativo, a cuánto asciende esta.

12. ¿Cuál ha sido la participación de la Universidad de la República?

a. Sírvase indicar:

i. Quiénes han sido los profesionales que han participado o participan del proyecto.

ii. Cuál es su carga horaria.

iii. Cuál es su remuneración y de cargo de quién.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Ing. Ruperto E. Long. Senador."

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias:

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- A la sesión ordinaria del 12 de agosto, faltó con aviso el señor Senador Aguirrezabala y sin aviso el señor Senador Sanguinetti.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 11 de agosto, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Sanguinetti.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 11 de agosto, faltaron con aviso los señores Senadores Lorier y Sanguinetti.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 11 de agosto, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Rosadilla.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 12 de agosto, faltaron con aviso los señores Senadores Lapaz y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 12 de agosto, faltaron con aviso la señora Senadora Dalmás y los señores Senadores Couriel y Michelini.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 12 de agosto, faltaron con aviso los señores Senadores Astori, Couriel, Gargano, Larrañaga, Michelini y Sanguinetti.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero informar que en la Barra se encuentran presentes alumnos, alumnas y docentes de 5º año del Liceo Francés, a quienes les damos una cordial bienvenida.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia los días 18 y 19 de agosto del corriente."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de agosto de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia los días 18 y 19 de agosto del corriente, por razones de agenda.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente,

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-11 en 12. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que el señor Jorge Romero ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Walter Campanella.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita licencia los días 18 y 19 del corriente."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de agosto de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

Por la presente, solicito a Ud., de acuerdo a la Ley Nº 17.827, licencia por motivos personales, los días 18 y 19 de los corrientes.

Sin otro particular, saluda a Ud. atte.

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que los señores Felipe Michelini, Ricardo Alcorta y Edgardo Carvalho han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Antonio Gallicchio.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanguinetti solicita licencia desde el día 18 de agosto hasta el 15 de setiembre inclusive."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 18 de agosto de 2009.

Señor

Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Al amparo del literal D del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside se me otorgue licencia desde el día martes 18 de agosto hasta el día martes 15 de setiembre inclusive, a fin de participar en próximos días en las actividades organizadas por CICYP en la ciudad de Buenos Aires, luego del Ciclo de Conferencias ENINDER 2009 en la ciudad de Villa María en la Provincia de Córdoba y posteriormente asistir a la Sesión de Clausura de la I Semana Iberoamericana Ciudad de Santander invitado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de dicha ciudad.

Saludo a usted atentamente,

Julio María Sanguinetti. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 13. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Washington Abdala y Didier Opertti han presentado notas de desistimiento, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Luis Hierro López.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Vaillant solicita licencia del 26 de agosto al 4 de setiembre."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de agosto de 2009

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente, me dirijo a usted a efectos de solicitar al Cuerpo, se me otorgue licencia por motivos personales, durante los días 26 de agosto al 4 de setiembre inclusive del presente año.

Asimismo, solicito también se curse convocatoria al suplente correspondiente.

Saluda al señor Presidente con su especial consideración,

Víctor Vaillant. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 14. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 18 de agosto de 2009

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día de la fecha. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Enrique Pintado y Carlos Baráibar han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Milton Antognazza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia los días 18 y 19 de agosto."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 18 de agosto de 2009

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo, en base a la Ley 17.827 Literal D Inciso 2, se me otorgue licencia por los días 18 y 19 de agosto de 2009; y se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente.

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

8) DIA DE LAS PYME

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

Se conmemoró el pasado jueves 13 en nuestro país el Día de las PYMES -pequeñas y medianas empresas-, que aunque no siempre se visualice, son un motor importantísimo de la economía nacional y, fundamentalmente, en lo que respecta a la generación de empleo.

Según datos de la División Empresas del Observatorio PYME del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en base al Instituto Nacional de Estadística, en 2008 existían 117.996 empresas, de las cuales 117.415 eran PYMES; solo 581 eran grandes empresas.

En efecto, 100.771 -85,4%- eran microempresas; 13.598 -11.5%- pequeñas empresas; 3.046 -2,6%- medianas empresas; y tan solo 581 -0,5%- grandes empresas.

En cuanto a puestos de trabajo, las microempresas emplean al 27,1% del total de la mano de obra ocupada, las pequeñas empresas el 21,0%, las medianas el 20,2% y las grandes empresas el 31,7%, cifras que hablan claramente de la relevancia de las pymes.

Muchas veces de carácter familiar, las pymes son nervio central de la economía de las ciudades del país, en la medida en que generan empleo y actividad económica. El problema es que, aunque forman la mayor parte de las empresas, su mortalidad en los primeros años de vida sigue siendo alta. Así, muchas veces se invierte tiempo y dinero en llevar adelante una idea empresarial pero no se cuenta con el asesoramiento y la capacitación suficiente como para hacerlo. En otros casos, la limitante es el acceso al crédito para poner en funcionamiento el emprendimiento o realizar mejoras.

Ambas cosas, aunque fundamentalmente la primera, cuentan con mayor accesibilidad en la capital del país, donde diferentes organismos y empresas ofrecen capacitación y asesoramiento para la creación o incubación de empresas.

Sin embargo, en las ciudades del interior eso no es tan común y los nuevos empresarios y emprendedores tienen dificultades para contar con ese tipo de apoyos.

Aunque se han creado algunos instrumentos para cambiar esta situación que preocupa a las cámaras empresariales y demás involucrados en el sector, lo cierto es que se requiere una mayor fluidez y disponibilidad de instrumentos de acompañamiento y apoyo, lo cual queda ampliamente justificado por la importancia de la actividad microempresarial.

9) AUSENTISMO DOCENTE EN ENSEÑANZA SECUNDARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Los estudiantes de Educación Secundaria pierden una de cada cinco clases a causa del ausentismo docente. La cifra impacta por sí sola y de inmediato surge la interrogante acerca de los motivos que la generan y el interés por promover una medida que permita revertir esa situación.

Si bien quienes faltan a clase son los docentes, las explicaciones para su ausentismo están lejos de ser una omisión, ya que existen catorce motivos preestablecidos por los cuales justificar sus faltas a clase.

Asimismo, dichas ausencias están tan plenamente justificadas que no significan descuentos en su salario y ni siquiera inciden negativamente en el cobro de las partidas previstas por "presentismo".

Si en cualquier empresa o institución el ausentismo de los trabajadores representa una pérdida económica y de productividad, además de influir negativamente en la organización, en el caso de una institución educativa el problema se agudiza por las consecuencias en la formación de los estudiantes. Evidentemente, los docentes tienen derecho a faltar por enfermedad o por razones de capacitación, pero sus inasistencias, sean justificadas o no, descomponen el normal funcionamiento del centro.

Sin duda las medidas para revertir el ausentismo, si es que existe voluntad de combatirlo, son fáciles de imaginar. Sin embargo, en la medida en que suponen recortar privilegios profundamente enraizados, cuesta avizorar una actitud firme en ese sentido. Sin radicalismos, no parece difícil comenzar -al menos- con el diseño de un sistema de recompensa por "presentismo" y agilizar los mecanismos de control de las ausencias de los profesores. Aunque el problema sea crónico, siempre se puede hacer algo para revertir la situación; solo se necesita estar dispuesto a enfrentar la pérdida de privilegios, a sabiendas de que se está actuando en beneficio del sistema educativo y de la formación de los estudiantes.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, a DINAPYME, a ANEP y sus servicios desconcentrados, a las gremiales de la enseñanza, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

10) INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS MISIONES DE PAZ

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: en el día de hoy quiero anunciar al Senado que en los próximos días presentaremos un proyecto de comunicación para ser elevado al Poder Ejecutivo, en el que transmitimos la preocupación que desde hace algún tiempo tenemos y se nos viene planteando por parte de Oficiales y personal de las Fuerzas Armadas de nuestro país, quienes se están viendo enfrentados al incumplimiento o el no pago de las Misiones de Paz por parte de las Naciones Unidas. Cuando digo "incumplimiento" no me refiero a no pago "in eternum", sino al retraso y al atraso que las Naciones Unidas tienen para ponerse al día con los compromisos asumidos con el Uruguay. Esto trae un fuerte perjuicio a nuestro país, ya que ese dinero no se puede pagar a los Oficiales y al personal que ha cumplido misiones de paz. Los retrasos y atrasos de hasta seis meses en el pago de sus compromisos por parte de las Naciones Unidas ocasionan un perjuicio a gente que es la que más necesita del pago de sus salarios, debido a que la baja remuneración que reciben en nuestro país hace que ese dinero se convierta en fundamental para el mantenimiento de sus familias y para cumplir compromisos ya contraídos.

Por esa razón, señor Presidente, hemos pensado en la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, a través del Banco de la República Oriental del Uruguay, estudie la posibilidad de adelantar ese dinero al Ministerio de Defensa Nacional, para que este haga efectivo el pago de los salarios que las Naciones Unidas, por causa de sus atrasos, no logran efectivizar. Ese recurso -que no es nuevo, ya que en algunas oportunidades el Ministerio de Defensa Nacional ha utilizado el sistema para la compra de material para las tres Fuerzas: la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército-, a mi juicio podría resultar inteligente y permitiría que el Uruguay se pusiera al día con nuestros compatriotas, es decir, con el personal subalterno y los Oficiales de las Fuerzas Armadas que hoy están padeciendo fuertemente esta situación en sus bolsillos.

Esto no implicaría un perjuicio o un endeudamiento para el Uruguay, porque simplemente se trataría de un adelanto que a la postre pagarían las Naciones Unidas, al hacer efectivo el pago de sus adeudos a nuestro Gobierno, y nosotros estaríamos solucionando un perjuicio muy duro que realmente se le está ocasionando a gente que, repito, en virtud de sus magros ingresos, opta por participar en las misiones de paz, entre otras cosas para poder acrecentar en algo sus finanzas y así asumir compromisos, que generalmente tienen relación con la compra de vivienda o de algún otro elemento indispensable para sus vidas y las de sus familias. Creemos, señor Presidente, que esto no ocasionaría ningún perjuicio al Banco de la República y sí facilitaría la implementación de un sistema por el cual rápidamente el personal y los Oficiales a quienes se les adeudan esos salarios pudieran contar con ese dinero.

En consecuencia, vamos a presentar un proyecto de comunicación para que la Comisión de Defensa Nacional, y posteriormente el Senado, hagan suyo este requerimiento y así se pueda solucionar el padecimiento de muchos compatriotas nuestros que últimamente han participado en misiones de paz.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea remitida al Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay, al Ministerio de Defensa Nacional, a los señores Comandantes en Jefe de las tres Fuerzas -Ejército Nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya-, y a la Presidencia de la República.

Es cuanto quería manifestar, muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Penadés.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

11) SITUACION ENERGETICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Campanella.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: quiero compartir con los queridos compañeros del Cuerpo buenas y malas informaciones. Buenas, con referencia al tema que nos ha preocupado, nos preocupa y nos seguirá preocupando hasta tanto no nos ocupemos de él, que es el problema energético. La buena noticia es que ayer el Uruguay, los uruguayos, gastamos US$ 713.052 en energía eléctrica. Decimos que esto es una buena noticia porque el día 7 de julio se gastaron US$ 3:000.000; el día 14, US$ 2:000.000; el 28, casi US$ 3:000.000; el 5 de agosto, US$ 2:500.000; y ayer, repito, se gastaron US$ 713.052, correspondientes en su totalidad a la generación térmica. Esto se debe -y esta es la mala noticia- a la dependencia pavorosa que Uruguay tiene con respecto a la energía hidroeléctrica. Ayer los aportes de Salto Grande fueron de 10.100 metros cúbicos por segundo, cifra que es superior al promedio histórico del mes julio; esto significa que la generación hidráulica de energía de Salto Grande alcanzó el 70%, mientras que el 5% correspondió a Palmar. Este 75%, obviamente, está libre de la necesidad de importación y nos lleva a tener este costo de energía en el día de ayer. De todos modos, nos desespera el hecho de saber que cuando llueve estamos bien, pero cuando no llueve, no se trata de que no exista energía, sino de que existe pero es muy cara, tal como demuestran las cifras que mencioné de US$ 3:000.000 diarios, así como las correspondientes al año pasado, cuando el gasto en combustible e importación fue de US$ 925:000.000. No hay que olvidar que el año pasado el barril de petróleo costaba US$ 145.

Por otro lado, me interesa que se incluya en la versión taquigráfica un artículo del profesor Pedro Linares, de la Universidad Pontificia Comillas y miembro de la Cátedra de Desarrollo Sostenible. En ese artículo se muestra en forma muy clara el efecto rebote de la eficiencia energética, tema del que hablábamos en la sesión del día 5 de este mes, cuando se trató el proyecto de ley de eficiencia energética. En esa oportunidad afirmamos que no es lo mismo eficiencia que ahorro. Esto queda absolutamente claro -y así queremos destacarlo- porque el día jueves, en un diario capitalino, encontramos que un apreciado señor Senador que está en esta Sala llegó a pedir un diccionario de la Real Academia Española para precisar los conceptos. En lo personal, espero que al señor Senador le haya sido posible conseguir ese diccionario pero, sin dudas, eso deja en claro que existen ciertas dudas sobre los términos "ahorro" y "eficiencia", por lo cual, con todo respeto, queremos puntualizar que no es lo mismo eficiencia que ahorro y que muchas veces la eficiencia no determina que haya ahorro sino que, por el contrario, puede implicar más gasto.

Nada más, muchas gracias.

(Texto del artículo del profesor Pedro Linares:)

"El efecto rebote de la eficiencia energética

Siempre que se discute sobre políticas de eficiencia energética, como en el pasado debate de GTPES, hay un tema recurrente: el efecto rebote y su repercusión.

En este artículo pretendo aclarar estos dos aspectos: ¿qué es el efecto rebote? y ¿por qué y cuándo es importante tenerlo en cuenta?

El efecto rebote es aquel por el cual, ante una mejora en la eficiencia energética, el consumo energético global no disminuye proporcionalmente a esta mejora, al contrario de lo que cabría esperar, sino que incluso podría aumentar. Por decirlo así, el efecto rebote mide de alguna forma la diferencia entre el ahorro energético y eficiencia energética.

El ahorro mide las reducciones en términos absolutos, mientras que la eficiencia lo hace en términos relativos. Y el efecto rebote nos dice que estos dos conceptos no están necesariamente relacionados. Esto es muy importante, porque si bien desde el punto de vista del medio ambiente y del consumo de recursos lo que nos importa es el ahorro, las políticas para conseguirlo generalmente van por la vía de la eficiencia.

Hay tres razones para el efecto rebote, y son las que se suelen usar para clasificar sus tres tipos:

- Directo, o efecto precio: cuando mejoramos la eficiencia energética de un proceso o producto, lo que estamos haciendo es implícitamente bajar el coste de su uso, su precio efectivo. Por ejemplo, cuando nos compramos un coche que consume menos, nos cuesta menos la gasolina necesaria para hacer un determinado viaje. Y como todos sabemos, en general, cuando baja el precio de algo, consumimos más de él. Siguiendo con el ejemplo, en este caso al costarnos menos la gasolina para hacer un viaje, podemos pensar en hacer más viajes. Así que una bajada en el precio efectivo de la energía puede suponer un aumento de su consumo. Esto ya lo propuso Jevons en 1865, y de hecho se conoce como la paradoja de Jevons.

- Indirecto, o efecto renta: si baja el precio efectivo del uso de la energía (por la mejora en eficiencia), y no consumimos más energía (porque nuestro consumo es muy inelástico), lo que pasa es que nos estamos gastando menos dinero de nuestro presupuesto, y por tanto tenemos más dinero disponible para otras cosas. Y estas otras cosas generalmente gastarán también energía. De nuevo, la mejora de eficiencia puede resultar en un aumento del consumo energético. Volviendo al ejemplo anterior: si con mi coche más eficiente me gasto menos en gasolina para hacer los mismos viajes que antes, al llegar a final de mes tendré más dinero disponible, y parte de este dinero quizá me lo gaste en hacer un viajecito en avión (que también gasta energía) que no hubiera hecho si no hubiera tenido este dinero.

De hecho, este efecto indirecto se puede producir incluso ante un aumento en el precio de la energía: si sube el precio de la energía, bajaremos su consumo. Dependiendo de la elasticidad, puede ser que al final estemos gastando menos en energía que antes, y que por tanto también tengamos más renta disponible para gastar en otras cosas, incluyendo energía. Aquí la clave es si el aumento del precio de la energía es generalizado, o solo para unos productos y no para otros. Si es generalizado, este efecto no se produce. Pero si no, lo que estaremos haciendo será desplazar nuestro consumo energético de unos combustibles a otros, o de unos sectores a otros, sin reducir el consumo total.

- Macroeconómico: cuando cambian los precios efectivos de la energía, también cambian los precios relativos de los factores productivos de la economía, y cambia por tanto la utilización de estos factores (favoreciendo por ejemplo los sectores más intensivos en el uso de la energía). Según las circunstancias, también puede resultar en un mayor uso de la energía en una economía.

Así pues, como vemos hay razones objetivas para esperar un efecto rebote ante acciones que mejoren la eficiencia energética. Sin embargo, lo importante no es tanto la existencia teórica del efecto rebote, sino su validez práctica. Como hemos visto, el efecto rebote depende de cuánto baje el precio, de la elasticidad del consumo ante los cambios de precio y de renta, de la posible sustitución entre combustibles, o de las relaciones productivas en la economía. Así que, aunque en teoría siempre se podría esperar un cierto efecto rebote, en la práctica hay situaciones donde sí es significativo y otras donde no.

De hecho, las estimaciones realizadas por muchos investigadores apuntan a valores muy variables. M. Grubb y otros autores consideran que el efecto rebote directo está habitualmente entre un 5 y un 15% para el sector energético, y por tanto en la práctica se puede considerar despreciable. En cambio, otros autores han estimado el rebote para sectores específicos, como el transporte, y han encontrado valores de hasta el 60% para Alemania, o del 25% en EEUU (lo que también nos indica las posibles diferencias entre países a este respecto).

A nivel macroeconómico también se han hecho estimaciones, y así Barker y otros han estimado un efecto rebote macroeconómico del 19%. Es decir, que a veces el rebote no es despreciable, y puede hacer casi inútil una mejora de la eficiencia. Si resulta que esa mejora ha tenido un determinado coste, uno se puede plantear si no se está tirando el dinero.

Por tanto, como vemos, el conocer cómo funciona el efecto rebote y cuál es su magnitud es importante por dos cosas. Primero, para entender que no todas las mejoras en eficiencia energética se traducen en un ahorro de energía; segundo, para entender también que importa mucho el modo de promover la eficiencia. Porque lo que queremos es ahorrar energía, y no tirar nuestro dinero.

A este respecto, me gustaría a modo de ejemplo comparar dos posibles modos de reducir el consumo de combustible en el transporte privado: uno, dar incentivos para la compra de coches más eficientes; otro, dejar que suba el precio del combustible. En el primer caso, si subsidiamos la compra de un coche que consuma menos (por ejemplo bajando el impuesto de matriculación) seguramente conseguiremos que la gente compre este coche más eficiente. Al usuario no le ha costado más esta mejora de eficiencia, y ahora se encuentra con que usar el coche le cuesta menos que antes. Puede ser que siga usando el coche igual que antes, pero también puede ser que, ahora que le sale más barato, lo use más (tal como se ve en Alemania, y como es fácil observar si uno pregunta a su alrededor). Si subimos el precio del combustible, por un lado estamos desincentivando el uso del coche (como también se ha podido ver en estos últimos tiempos), y por otro estamos dando señales a comprar coches más eficientes. E, incluso si compramos un coche más eficiente, como el precio del combustible ha subido, no nos resulta más barato que antes usar el coche, así que no hay razones para que lo usemos más.

¿Qué política resultará en un mayor ahorro en el uso del combustible? Evidentemente, la segunda. Y, ¿cuál costará menos al bolsillo del usuario? Aunque parezca que la primera, esto no es así necesariamente: como hemos visto, el bajar el precio efectivo del combustible hace que se consuma más, y al final posiblemente el gasto sea similar (aunque también será mayor el grado de disfrute, y eso también hay que tenerlo en cuenta); pero además, el subsidio para la compra de coches más eficientes lo pagamos todos, via impuestos, con lo cual también hay que sumárselo al coste de la política. Es decir, que posiblemente las dos políticas nos cuesten parecido (en términos económicos, no en términos de bienestar), pero una resultará en un ahorro efectivo de combustible mayor que otra.

¿Qué conclusión práctica podemos sacar de todo esto? Si de verdad queremos reducir nuestro consumo energético (por razones medioambientales, o de seguridad energética, o de agotamiento de recursos), lo más efectivo es actuar directamente sobre el consumo en términos absolutos. Si esto es complicado (que lo es) y tenemos que actuar a través de la eficiencia energética, debemos ser conscientes de que puede haber un efecto rebote, especialmente en algunos sectores, y por tanto debemos usar las políticas que lo mitiguen lo más posible, que las hay.

Pedro Linares. Profesor de la Universidad Pontificia Comillas y miembro de la Cátedra BP de Desarrollo Sostenible".

12) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo, en virtud de la licencia concedida al señor Senador Mujica, que el señor Héctor Tajam ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Eduardo Muguruza, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

13) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde ingresar al Orden del Día.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: quiero solicitar que se altere el Orden del Día y se considere en primer lugar el proyecto de ley de negociación colectiva, que en este momento figura en tercer término.

A su vez, quiero solicitar que se distribuya la Carpeta Nº 1595/09, que contiene el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, y el proyecto de ley por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional para participar en un desfile cívico militar a realizarse en Brasil. En resumen, estoy solicitando que se hagan los repartidos correspondientes y, posteriormente, se realice el tratamiento urgente de estos asuntos, cuando el señor Presidente lo estime conveniente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Vaillant en el sentido de alterar el Orden del Día y pasar a considerar en primer término el proyecto de ley de negociación colectiva y, a su vez, realizar la distribución de dos proyectos de ley.

(Se vota:)

-17 en 21. Afirmativa.

Se procederá a hacer la distribución de los dos proyectos de ley antes mencionados.

14) NEGOCIACION COLECTIVA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que se resolvió tratar en primer término: "Proyecto de ley por el que se crea el sistema de negociación colectiva para el sector privado (Carp. Nº 1591/09 - Rep. Nº 1121/09 - Anexo I )".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1591/09

Rep. N° 1121/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

I

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE NEGOCIACION COLECTIVA

Artículo 1°. (Principios y derechos).- El sistema de negociación colectiva estará inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás derechos fundamentales internacional-mente reconocidos.

Artículo 2°. (Derecho de negociación colectiva).- En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas.

Artículo 3°. (Promoción y garantía).- El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores.

Artículo 4°. (Deber de negociar de buena fe).- En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar su-ficientemente las posiciones que asuman en la negocia-ción.

Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan.

Artículo 5°. (Colaboración y consulta).- La colaboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la compresión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida.

Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular:

A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo.

B) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como:

i) La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses.

ii) La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales.

iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social.

Artículo 6°. (Formación para la negociación).- Las partes en la negociación colectiva podrán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten.

El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.

La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.

II

CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO

Artículo 7°. (Creación del Consejo Superior Tripartito).- Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno.

Artículo 8°. (Integración).- El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de empleadores y seis delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte.

Artículo 9°. (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o preceptivamente a propuesta de cualquiera de las partes.

Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima del 50% (cincuenta por ciento) de sus miembros, que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segunda convocatoria dentro de las 48 horas para la que se requerirá el 50% (cincuenta por ciento) de los integrantes del Consejo.

Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Artículo 10. (Competencias).- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito:

A) Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación.

B) Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadores en cada ámbito.

C) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita.

D) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita.

E) Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales.

III

NEGOCIACION COLETIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Artículo 11. (Consejos de Salarios).- La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas pro-ductivas podrá realizarse a través de la convocatoria de

los Consejos de Salarios creados por la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación colectiva bi-partita.

Artículo 12. (Competencia).- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

"ARTICULO 5°.- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4° de la Ley N° 17.940, de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publicadas por parte del Poder Ejecutivo.

En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio o, preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo dentro de los quince días de presentada la petición.

No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector".

Artículo 13. (Designación de delegados).- Sustitúyese el artículo 6° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

"ARTICULO 6°.- El Consejo Superior Tripartito efectuará la clasificación por grupos de actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes.

El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente.

El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad.

En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que este proponga".

IV

NEGOCIACION COLECTIVA BIPARTITA

Artículo 14. (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones representativas de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior.

Artículo 15. (Niveles y articulación).- Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo.

Artículo 16. (Efectos del convenio colectivo).- Los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores de nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 17. (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.

El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus claúsulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario.

V

PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS

Artículo 18.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo.

Artículo 19. (Procedimientos autónomos).- Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior.

Artículo 20. (Mediación y conciliación voluntaria).- Los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y si así lo estimaren conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (artículo 20 de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943).

Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida la solicitud con los antecedentes correspondientes, este deberá ser citado de inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes involucradas.

Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará cuenta a la Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes.

Artículo 21.- Durante la vigencia de los convenios que se celebren; las partes se obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo. Esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito.

Queda excluida de su alcance la adhesión a medidas sindicales de carácter nacional convocadas por las Organizaciones Sindicales.

Para resolver las controversias en la interpretación del convenio deberán establecerse en el mismo procedimientos que procuren agotar todas las instancias de negociación directa entre las partes, y luego con la intervención de la autoridad ministerial competente, para evitar el conflicto y las acciones y efectos generados por este.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, a falta de un procedimiento fijado por las partes, puede dar lugar a la declaración de la rescisión del convenio, la que deberá promoverse ante la justicia laboral.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2009.

Eduardo Ríos (Miembro Informante); Susana Dalmás, Margarita Percovich, Víctor Vaillant, Francisco Gallinal (con discrepancias); Julio Lara Gilene (con discrepancias); Isaac Alfie (con salvedades).

PROYECTO DE LEY APROBADO POR

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

I

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE NEGOCIACION COLECTIVA

Artículo 1°. (Principios y derechos).- El sistema de negociación colectiva estará inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrolan en el presente capítulo y demás derechos fundamentales internacional-mente reconocidos.

Artículo 2°. (Derecho de negociación colectiva).- En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas.

Artículo 3°. (Promoción y garantía).- El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores.

Artículo 4°. (Deber de negociar de buena fe).- En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación.

Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan.

Artículo 5°. (Colaboración y consulta).- La colaboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la compresión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida.

Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular:

A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo.

B) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como:

i) La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses.

ii) La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales.

iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social.

Artículo 6°. (Formación para la negociación).- Las partes en la negociación colectiva podrán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten.

El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.

La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.

II

CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO

Artículo 7°. (Creación del Consejo Superior Tripartito).- Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno.

Artículo 8°. (Integración).- El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de empleadores y seis delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte.

Artículo 9°. (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o preceptivamente a propuesta de cualquiera de las partes.

Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima de 50% (cincuenta por ciento) de sus miembros, que contemplen la representación tripartida del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segunda convocatoria dentro de las 48 horas para la que se requerirá el 50% (cincuenta por ciento) de los integrantes del Consejo.

Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Artículo 10. (Competencias).- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito:

A) Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación.

B) Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito.

C) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita.

D) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita.

E) Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales.

III

NEGOCIACION COLECTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Artículo 11. (Consejos de Salarios).- La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios creados por la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación colectiva bipartita.

Artículo 12. (Competencia).- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

"ARTICULO 5°.- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4° de la Ley N° 17.940, de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publicadas por parte del Poder Ejecutivo.

En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio o, preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo dentro de los quince días de presentada la petición.

No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector".

Artículo 13. (Designación de delegados).- Sustitúyese el artículo 6° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

"ARTICULO 6°.- El Consejo Superior Tripartito efectuará la clasificación por grupos de actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes.

El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente.

El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad.

En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que este proponga".

IV

NEGOCIACION COLECTIVA BIPARTITA

Artículo 14. (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones representativas de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior.

Artículo 15. (Niveles y articulación).- Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo.

Artículo 16. (Efectos del convenio colectivo).- Los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 17. (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.

El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario.

V

PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS

Artículo 18.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo.

Artículo 19. (Procedimientos autónomos).- Los emplea-dores o sus organizaciones y las organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior.

Artículo 20. (Mediación y conciliación voluntaria).- Los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y si así lo estimaren conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (artículo 20 de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943).

Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida la solicitud con los antecedentes correspondientes, este deberá ser citado de inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes involucradas.

Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará cuenta a la Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 23 de julio de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

Montevideo, 15, de octubre de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo un Proyecto de Ley en los términos que se detallan a continuación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley sobre sistema nacional de negociación colectiva, cumple con compromisos internacionales asumidos por nuestro país al significar un instrumento de promoción de la negociación colectiva en todos sus niveles.

El sistema propuesto se ajusta al documento oportunamente presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en enero de 2007, sobre la base de tres "pisos" o niveles: el salario mínimo nacional, la negociación por rama de actividad y la negociación en el nivel de la empresa.

Las relaciones colectivas de trabajo, tal como tradicionalmente se las entiende, conforman una tríada compuesta por la organización sindical, la negociación colectiva y el conflicto. En nuestro caso, durante el transcurso histórico, el sistema fue asentándose en una serie de tradiciones, valores y estilos que lo diferenciaron fuertemente de otros sistemas latinoamericanos, en particular, en lo referente a un marcado abstencionismo legislativo, y una consiguiente y persistente afirmación de la autonomía colectiva.

Un "modelo" así configurado fue motivo de profusas investigaciones y estudios en medio de un contexto continental signado por un decidido intervencionismo estatal, que a menudo modulaba y mediatizaba las relaciones colectivas de trabajo al albur de las pretensiones del actor gubernamental.

Sin embargo, la consolidada visión nacional sobre la necesidad de preservar estos espacios de autonomía había mostrado algunas deficiencias y debilidades, ya anotadas por una misión de la Organización Internacional del Trabajo que realizó un estudio en la segunda mitad del decenio de 1980. En esa oportunidad, una caracterizada representación técnica de ese organismo, integrada por Arturo Bronstein, Efrén Córdova y Oscar Ermida Uriarte, habían señalado que era necesario introducir ciertos ajustes al "modelo", básicamente, estableciendo algunos procedimientos para la negociación colectiva y acordando mecanismos de protección a la actividad sindical que cumplieran con el designio del art. 1° del Convenio Internacional núm. 98.

El Gobierno ha compartido ese punto de vista y, en ese orden, remite ahora el proyecto de ley sobre negociación colectiva.

En síntesis, se trata en este proyecto de activar una normativa que ponga en manos de los actores de las relaciones laborales una serie de procedimientos para posibilitar la negociación en los diversos niveles en un marco de seguridad jurídica, procediendo de paso a ajustar y actualizar la Ley N° 10.449 sobre Consejos de Salarios, que constituyó hasta el momento el único sostén institucional de la negociación colectiva en su faz salarial. A su vez, en el capítulo final, y coherente con la idea general que preside al proyecto en su conjunto, se establecen procedimientos en materia de prevención y solución de conflictos, dando preeminencia a los acordados y adoptados en forma bipartita.

El proyecto se abre con un capítulo de principios y derechos fundamentales de la negociación colectiva. Se trata de un cuerpo normativo que fija los aspectos fundamentales y que determina el sentido general y el valor que representa la negociación en un sistema pluralista y democrático. Como no podra ser de otra manera, el artículo primero, siguiendo la matriz constitucional del Art. 72, deja abierta la enumeración de los derechos que se consagran a texto expreso, a otros derechos fundamentales que internacionalmente se encuentren reconocidos. Hay en este punto una referencia ineludible a los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos laborales, que de acuerdo a su formulación doctrinal y jurisprudencial se denomina "bloque de constitucionalidad".

Los artículos 2° y 3°, sobre derecho a la negociación colectiva y deber del Estado de promoción y garantía, tienen su fuente de inspiración en los Convenios Internacionales del Trabajo N° 98 (artículo 4°) y 154 (artículo 2°), ratificados por Uruguay en 1953 y 1989 respectivamente. Se trata de dos normas nodales, en razón del reconocimiento de la negociación como un derecho fundamental, por un lado, y por establecer la correlativa obligación del Estado en la promoción y garantía de ese derecho. Además de las normas provenientes de la OIT que vienen de mencionarse, la negociación colectiva de las condiciones de trabajo está también consagrada en instrumentos tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (XXII), la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (artículo 7°), la Carta de la Organización de los Estados Americanos (artículo 45) y la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR (artículo 10).

El artículo 4° reproduce parcialmente la Recomendación N° 163 de la OIT sobre negociación colectiva, con ajustes inevitables a efectos de darle un giro prescriptivo como para hacer de ella una norma jurídica operativa y eficaz. En su inciso segundo, y para sellar la buena fe en las relaciones colectivas, se establece el intercambio de consultas entre los actores, con un cierre final que explicita la obligación de reserva imprescindible para dar seguridad en el manejo responsable y maduro de esos intercambios.

El Art. 5°, sobre comunicación y consulta entre los actores, tiene también su origen en normas internacionales del trabajo.

En concreto, las normas de la OIT proporcionan algunos principios de interés para un sistema como el que se consagra en el presente proyecto. En particular, la Recomendación núm. 113 sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional) refuerza los principios y derechos referidos a la información, la consulta y la participación, por lo cual se ha optado por transcribir una de sus disposiciones, con los ajustes necesarios para adaptarla a las condiciones nacionales, razón por la cual se sustituye el término "cooperación" por "comunicación", siguiendo en lo demás prácticamente el orden normativo internacional referido.

El artículo 6°, sobre formación para la negociación, sigue también las Recomendaciones internacionales, en este caso, la núm. 163 de la OIT. Se trata de una formulación que atiende a las particularidades que presenta la negociación colectiva en el actual contexto productivo, que comprende una serie variopinta de temas que requieren un conocimiento y ductilidad de parte de los actores que antes no era menester. La disposición comienza y termina con una apelación a la autonomía sectorial, pero en su inciso segundo establece la obligación de las autoridades públicas de prestar colaboración en la formación de los negociadores. Se trata de una norma destinada a constituirse en un instrumento fundamental, en tanto muchas veces el fracaso de una negociación, y hasta el conflicto, se explican por la incomprensión de las partes acerca de ciertos datos o percepciones de la realidad que mediante una formación adecuada puede superarse.

El Capítulo II del proyecto aborda el primero de los niveles de negociación, que es el del Consejo Superior Tripartito. En este caso, se da sustento legal a un órgano que ha sido sustancial para el andamiaje de las últimas convocatorias a los Consejos de Salarios, caso en que alcanzó un margen de acuerdos casi total para la conformación de los grupos de actividad, un acuerdo posteriormente recogido por decreto del Poder Ejecutivo. La rica experiencia participativa y de diálogo social en materia laboral que el Consejo Superior Tripartito ha significado, da razones suficientes para consagrarlo como "órgano de coordinación y gobernanza" de las relaciones laborales, según se dice en el artículo 7°.

Nótese que el término "gobernanza", inédito hasta el momento en el derecho positivo nacional, refuerza la filiación del proyecto a las elaboraciones y aportes venidos de la Organización Internacional del Trabajo, órgano en el cual "gobernanza" compone parte del discurso sobre la dirección fundamental de las políticas laborales.

En su desarrollo, el capítulo recoge en líneas generales lo que ha sido el funcionamiento del Consejo Superior Tripartito en su formulación reciente, dando rango legal a muchas de las prácticas y regulaciones que el propio órgano se ha dado. El artículo 8° mantiene su integración tripartita no paritaria, y el artículo 9° establece el quórum necesario en dos convocatorias, prescribiendo en su inciso final la modalidad de adopción de decisiones.

El artículo 10 prevé las competencias del Consejo. En este punto, se establecen algunas innovaciones que resulta de interés reseñar, y que van en la dirección del carácter de la gobernanza de las relaciones laborales que ostenta el Consejo. Básicamente, deben señalarse tres cuestiones que revelan la importancia que se asigna al Consejo. En primer lugar, en el literal b) se prescribe que deberá efectuar la clasificación de actividades a los efectos de la negociación tripartita, lo que se traduce en que asume como propia una tarea que hasta el momento era meramente consultiva. En segundo término, por el literal d) se le otorga una potestad amplia, en la medida que podrá "considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita", con lo cual el Consejo, situado en la cabeza del sistema, deberá tener una mirada omnicomprensiva del fenómeno de la negociación colectiva en todas sus dimensiones.

Por último, y en una nueva consideración hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales que este proyecto comporta, el literal a) permite que el Consejo se expida "en forma previa", sobre el "establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se de-termine para los sectores de actividad que no puedan fi-jarlo por procedimientos de negociación colectiva". La redacción remite a disposiciones del Convenio Internacional N° 131 de la OTI, sobre política de salarios mínimos, imponiendo la obligación del Poder Ejecutivo de cumplir con mecanismos de consulta previa para el caso de la fijación del salario mínimo nacional. El proyecto supera así la observación de que era objeto nuestro país por parte de los órganos de contralor de la OIT (Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y Comisión de Normas de la Conferencia Internacional del Trabajo), que reiteradamente habían manifestado que no se cumplía con lo dispuesto por el Convenio 131 en razón que las autoridades públicas no consultaban a las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores para el caso del establecimiento, aplicación y modificación de los salarios mínimos.

En cuanto al nivel por grupo o sector de actividad, se mantienen dos instrumentos: los Consejos de Salarios y la negociación colectiva bipartita.

Se introducen las siguientes modificaciones a la Ley N° 10.449 de 12 de noviembre de 1943.

Primero, se establece la convocatoria preceptiva de los Consejos, cuando así sea solicitado por las organizaciones representativas de las partes. Segundo, los delegados de los actores sociales se designan en consulta con las respectivas organizaciones más representativas, recogiendo así el modelo de las convocatorias de 1985 y de 2005. Tercero, la competencia de los Consejos de Salarios se ajusta a lo previsto en el artículo 83 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, abarcando las condiciones de trabajo, ampliando así los posibles contenidos de la negociación, asumiendo también la experiencia de las diversas convocatorias. Cabe recordar que estos órganos tripartitos también tienen competencia en materia de reglamentación de la licencia sindical, en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 17.940.

Las decisiones de los Consejos de Salarios tendrán efecto una vez que sean publicadas por parte del Poder Ejecutivo.

En la negociación bipartita, el Capítulo IV prevé la negociación en el nivel de la empresa y en el de sector de actividad. El principio es la libertad sindical y la autonomía colectiva, de conformidad con el convenio internacional N° 154 sobre la negociación colectiva (1981) y la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Sobre los sujetos del convenio colectivo, el concepto de la organización más representativa se ajusta a los criterios de la OIT. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa del nivel superior. Se modifica, así, el artículo 1° de la Ley N° 13.556, de 26 de octubre de 1966.

Asimismo, el artículo 16 otorga eficacia general y aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo al convenio colectivo de rama de actividad celebrado por las organizaciones más representativas, una vez que sea registrado y publicado por parte del Poder Ejecutivo.

El artículo 17 regula la vigencia de los convenios colectivos, basándose en la autonomía de las partes. El convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que en dicho instrumento se hubiese acordado lo contrario.

El Capítulo V (artículos 18 a 24) del presente proyecto de ley viene a complementar el sistema de negociación regulado en los capítulos anteriores, instituyendo un régimen de prevención y solución de conflictos colectivos de trabajo basado en la autonomía colectiva.

La solución contenida por el texto proyectado se encuentra en consonancia con la previsión emanada del Convenio N° 154 (sobre fomento de la negociación colectiva, 1981), en cuanto concibe los mecanismos de solución de conflictos dentro del marco de la promoción y fomento de la negociación colectiva (reza el Art. 2, literal "e" del citado convenio: "los órganos y procedimientos de solución de los conflictos colectivos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva".)

A su vez, siguiendo las directivas emanadas de la Recomendación N° 92 (sobre conciliación y arbitraje voluntario, 1951), prevé que las partes, sin perjuicio de la competencia que en materia de conciliación y mediación se atribuye al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberán en ejercicio de la autonomía colectiva establecer procedimientos autónomos de prevención y solución de conflictos; así como la posibilidad de que empleadores y sus organizaciones y las organizaciones sindicales recurran a la mediación y conciliación voluntaria.

Por último, recogiendo la solución ya dada por el Decreto 165/006 de 30 de mayo de 2006, se contempla las situaciones de ocupación parcial o total de los lugares de trabajo, y las facultades que se otorgan para los casos en que proceda la desocupación de los locales ocupados.

El artículo 18 reafirma las competencias que, en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo, posee el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Se establece (artículo 19) que los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores, podrán acordar mecanismos de prevención y solución de conflictos. Además de tener como guía la recomendación y el convenio antes referido, se recoge la práctica reflejada en muchos de los acuerdos arribados en el ámbito de los Consejos de Salarios, que contienen cláusulas relativas a la prevención y solución de conflictos colectivos.

Los procedimientos que pueden establecer las partes van desde la comunicación de información y consulta a instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario.

Se establece, a su vez, que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con la finalidad de fomentar y promover dichos procedimientos.

La disposición contenida en el artículo 20 otorga a las partes la facultad de recurrir a los mecanismos de mediación y conciliación voluntaria ante la DINATRA o del Consejo de Salarios respectivo, ante los cuales se seguirá una instancia con un plazo prudencial de extensión.

El artículo 21 reitera (con modificaciones) el texto del artículo 4° del Decreto N° 165/006 de 30/V/2006, referido a la ocupación de los lugares de trabajo.

Igual ocurre con la redacción dada al artículo 22 en la cual se toma íntegramente y sin modificación alguna, el texto del artículo 5° de dicho decreto. Esta disposición establece que, durante la ocupación de los lugares de trabajo, no se suspende las instancias de negociación, conciliación o mediación que se lleven adelante o que se constituyan con posterioridad a la adopción de esa medida por los trabajadores.

Lo mismo acontece con la disposición contenida en el artículo 23, que recoge el artículo 6° del decreto citado, agregando la expresión "interés general". Aquí se regula las facultades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio competente en el ramo de actividad de que se trate, para proceder a intimar y solicitar la desocupación inmediata, mediante la fuerza pública, de la empresa, establecimiento o institución ocupada.

Finalmente, el artículo 24, reproduce el texto del artículo 8° del ya citado decreto y se refiere al procedimiento de notificación de la intimación administrativa previa a la desocupación de los locales ocupados.

Saludamos a este Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi.

PROYECTO DE LEY

I

PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE NEGOCIACION COLECTIVA

Artículo 1°. (Principios y derechos).- El sistema de negociación colectiva estará inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás derechos fundamentales internacional-mente reconocidos.

Artículo 2°. (Derecho de negociación colectiva).- En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas.

Artículo 3°. (Promoción y garantía).- El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores.

Artículo 4°. (Deber de negociar de buena fe).- En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación.

Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva. Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva.

Artículo 5°. (Comunicación y consulta).- La comunicación y consultas entre las partes deberá tener como objetivo general el fomento de la compresión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida.

Tal comunicación y consultas deberán tener como objetivo en particular:

a) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo;

b) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como:

i) la preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses;

ii) la creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales; y

iii) la elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social.

Artículo 6°. (Formación para la negociación).- Las partes en la negociación colectiva podrán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten.

El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.

La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.

II

CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO

Artículo 7°. (Creación del Consejo Superior Tripartito).- Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno.

Artículo 8°. (Integración).- El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de empleadores, y seis delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte.

Artículo 9°. (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o a propuesta de cualquiera de las partes, en cuyo caso será preceptiva.

Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima del cincuenta por ciento de sus miembros, que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segunda convocatoria dentro de las 48 horas para la que se requerirá el cincuenta por ciento de los integrantes del Consejo.

Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Artículo 10. (Competencias).- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito:

a) Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación.

b) Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito.

c) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita;

d) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita;

e) Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales.

III

NEGOCIACION COLECTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Artículo 11. (Consejos de Salarios).- La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios creados por Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación colectiva bipartita.

Artículo 12. (Competencia).- Modifícase el artículo 5° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:

"Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4° de la Ley N° 17.940, de 2 de enero de 2006. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registrados y publicados por parte del Poder Ejecutivo.

En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de Oficio o, preceptivamente, sin mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo dentro de los quince días de presentada la petición.

No será necesaria la convocatoria de Consejos de Sala-rios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector".

Artículo 13. (Designación de delegados).- Modifícase el artículo 6° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, el que quedará redactado de acuerdo al siguiente texto:

"El Consejo Superior Tripartito efectuará la clasificación por grupos de actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes.

El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente.

El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad.

En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que este proponga".

IV

NEGOCIACION COLECTIVA BIPARTITA

Artículo 14. (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos, un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior.

Artículo 15. (Niveles y articulación).- Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento, o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo.

Artículo 16. (Efectos del convenio colectivo).- Los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 17. (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.

El convenio colectivo cuyo término estuviere vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus claúsulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que en dicho instrumento se hubiese acordado lo contrario.

V

PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS

Artículo 18.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo.

Artículo 19. (Procedimientos autónomos).- Los emplea-dores o sus organizaciones y las organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior.

Artículo 20. (Mediación y conciliación voluntaria).- Los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y si así lo estimaren conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (artículo 20 de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943).

Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida la solicitud con los antecedentes correspondientes, este deberá ser citado de inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes involucradas.

Si transcurrido un plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará cuenta a la Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes.

Artículo 21. (Ocupación de los lugares de trabajo).- La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo deberá realizarse en forma pacífica:

a) Inmediatamente de producida la ocupación se deberá dejar constancia documentada del estado de los bienes muebles e inmuebles.

b) La organización sindical más representativa de los trabajadores ocupantes, deberá adoptar las medidas que considere apropiadas para prevenir daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la empresa o de terceros, así como aquellas destinadas a prevenir o corregir de forma inmediata, en caso de producirse, los actos de violencia.

c) Deberán adoptarse medidas tendientes a preservar bienes perecederos o a mantener en funcionamiento los procesos que no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo la viabilidad de la explotación o la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa.

d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal precedente, los ocupantes no podrán asumir el giro o funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país.

Artículo 22. (Mantenimiento de las instancias de negociación y mediación).- La ocupación parcial o total de los lugares de trabajo no suspende ni interrumpe las instancias de negociación, conciliación o mediación en curso, o que se constituyan con posterioridad de producirse dicha medida sindical.

Artículo 23. (Facultades).- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio competente en el respectivo ramo de actividad, actuando conjuntamente, tendrán la facultad de intimar con un plazo perentorio de 24 horas; bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública, la desocupación inmediata de la empresa o institución ocupada.

Transcurrido el plazo previsto, sin que se haya producido la desocupación, se solicitará al Ministerio del Interior el desalojo de los ocupantes.

Procede esta facultad cuando, fracasados los mecanismos autónomos y heterónomos de solución de conflictos, la continuación de la ocupación pusiere en grave riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población, o afectare seriamente el orden público o el interés general.

Artículo 24. (Notificaciones).- La notificación de la intimación administrativa se realizará en la persona de la organización representativa de los trabajadores y por cedulón genérico fijado en la puerta del establecimiento ocupado. En todo caso, deberá ser notificado el respectivo Consejo de Salarios en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Montevideo, 15 de octubre de 2007.

Eduardo Bonomi.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 10.449

CONSEJO DE SALARIOS

SE INSTITUYE EL REGIMEN, CON EXISTENCIA DE CAJAS DE COMPENSACION, Y SE ARTICULAN NORMAS CONEXAS

Del salario mínimo

Artículo 1°.- El salario mínimo es aquel que se considera necesario, en relación a las condiciones económicas que imperan en un lugar, para asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente, a fin de proveer a la satisfacción de sus necesidades físicas, intelectuales y morales.

Artículo 2°.- Los salarios mínimos serán pagados en moneda nacional, con exclusión de toda otra especie y con eliminación absoluta de todo sistema de trueque, salvo lo dispuesto en el artículo 18.

Artículo 3°.- Todo patrono o empresario que utilice subcontratistas o intermediarios permanecerá, no obstante, obligado subsidiariamente al pago de los salarios mínimos fijados.

Todo trabajador a destajo debe percibir una remuneración que permita a un obrero de condiciones normales, alcanzar el salario mínimo en una jornada de ocho horas diarias o en cuarenta y ocho horas de labor semanal.

Artículo 4°.- Los obreros o empleados actuando por sí o por intermedio de un mandatario, o representados por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados, tendrán derecho a reclamar de sus contratistas el pago de salarios establecidos por la ley o fijados por los Consejos de Salarios, sin perjuicio de poder exigir el pago indirecto por intermedio del Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados o del Juez de Paz del domicilio del patrono o del lugar de trabajo.

Constituye título ejecutivo, para el ejercicio de esta acción, la planilla de trabajo que acredite los jornales o sueldos acordados al obrero o empleado, conjuntamente con un certificado del mismo Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados que establezca el salario legal o el decretado por los Consejos de Salarios, que corresponde abonar al obrero o empleado.

Por el solo hecho de ser condenado al pago de salarios de acuerdo con este artículo e independientemente de la sanción administrativa que corresponda, el patrono o empresario deberá los daños y perjuicios emergentes del no cumplimiento de su obligación, los que serán fijados por el Juez de la sentencia definitiva, teniendo en cuenta: el número de familiares a cargo del obrero o empleado perjudicado; el tiempo de trabajo durante el cual el trabajador dejó de percibir el salario mínimo correspondiente; y la diferencia entre la tasa de los salarios acordados al trabajador según planilla y la mínima señalada en el certificado, a que se refiere el inciso anterior. En ningún caso, los daños y perjuicios podrán ser evaluados en más del cincuenta por ciento (50% ) del monto total de los salarios debidos, según la sentencia.

Si un empresario o patrono paga a un obrero según una convención, por pieza, después que el salario mínimo se haya fijado por hora o por día, sin haberse fijado por pieza, será considerado infractor, a no ser que pruebe que la tasa de salario por él pagada asegura específicamente al obrero el goce del salario mínimo.

Son jueces competentes para entender en los juicios por cobro de salarios, los Jueces de Paz de la sección del comercio o establecimientos del patrono u oficinas y escritorios de propiedad privada o del lugar del trabajo. La sentencia del Juez de Paz será apelable en relación y la segunda instancia causará ejecutoria.

La parte del obrero o empleado gozará de auxiliatoria de pobreza de pleno derecho; pero el patrono condenado al pago de salarios deberá las costas; y aun los costos, si para ello hubiere mérito de acuerdo con el artículo 688 del Código Civil.

Esta acción prescribirá al año del día en que el perjudicado dejó de trabajar, o trabajó por última vez, para el infactor.

De los Consejos de Salarios

Artículo 5°.- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios que deben percibir los trabajadores, empleados u obreros del comercio, la industria, oficinas y escritorios de propiedad privada y los servicios públicos no atendidos por el Estado.

En cualquier época el Poder Ejecutivo podrá provocar de oficio o a petición de parte, por intermedio del Ministro competente, la constitución de Consejos de Salarios.

El derecho de petición a que se refiere el inciso anterior podrá ser ejercido por la tercera parte de los obreros de una industria o comercio registrados en las planillas de trabajo, los patronos y los sindicatos patronales o las agrupaciones obreras con personería jurídica o reconocidas por el Poder Ejecutivo.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo clasificará en grupos las actividades enumeradas en el artículo anterior. Para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, dos por los patronos y dos por los obreros, e igual número de suplentes.

El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente.

El Poder Ejecutivo determinará las medidas tendientes a la constitución e instalación de los Consejos y reglamentará los procedimientos para la elección de los delegados en la siguiente forma:

El Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados preparará una lista de todos los patronos, empleados y obreros pertenecientes a la industria o comercio o grupos indicados, debiendo los empresarios o patronos proporcionar los datos que se le soliciten por dicho organismo.

Sobre ese registro de patronos, empleados y obreros, que debe llevarse rigurosamente al día, se efectuarán las elecciones de delegados. El Poder Ejecutivo determinará con anticipación de veinte días la fecha de la elección de representantes obreros y patronales.

Artículo 7°.- Las elecciones se realizará bajo el siguiente régimen:

1°. Justificación de identidad.

2°. Voto secreto.

3°. Decisión válida de los electores que representen la mayoría simple de votantes.

4°. Tribunal de elecciones compuesto de cuatro funcionarios designados por la Corte Electoral, bajo la presidencia del Director o Subdirector o funcionario del Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados, sin perjuicio de que cada lista patronal u obrera puede hacerse representar ante ese Tribunal por un delegado fiscalizador.

5°. Apelación por vicio grave del acto eleccionario, ante la Corte Electoral, que resolverá inapelablemente en el término de diez días.

Artículo 8°.- Cuando una de las partes no concurra a la elección de su representante, este será designado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. En caso de que ambas partes no concurrieren al acto eleccionario, el Poder Ejecutivo procederá, asimismo, a la designación directa.

Cuando no haya en el grupo de que se trate más de un patrono, a este le corresponderá integrar el Consejo o nombrar su representante.

Artículo 9°.- Cada Consejo de Salarios, una vez constituido y dentro del plazo que en cada caso se fijará, hará la clasificación por profesiones y categorías de los trabajadores que integran el grupo respectivo, la que será tomada como base para la fijación de los salarios mínimos.

Artículo 10.- Cuando se resuelva la creación de un Consejo de Salarios, el Poder Ejecutivo dictará un decreto determinando:

1°. La profesión o profesiones similares sometidas a la jurisdicción del Consejo y que integren el grupo.

2°. La circunscripción territorial sobre la cual ha de establecerse esa jurisdicción.

Artículo 11.- Los Consejos de Salarios, cuando lo juzguen conveniente, podrán constituir dentro de su respectiva jurisdicción, Subconsejos especiales o de peritos, para practicar el estudio o investigación de un problema cualquiera, pero en carácter únicamente informativo.

Artículo 12.- Queda prohibida la representación de los trabajadores, por trabajadores que desempeñen cargos de dirección en un establecimiento comercial o industrial. Los delegados patronales u obreros deberán tener por lo menos veintitrés años de edad y ser ciudadanos naturales o legales, con un mínimo de actividad continuada en los últimos cinco años en los trabajos propios del comercio, industria, etc., del grupo correspondiente.

Podrá ser delegado obrero aun el despedido dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la convocatoria a elecciones cuando no haya sido por causa grave y reúna las condiciones del inciso anterior.

La actividad continuada mínima no será necesaria en el caso de que el Consejo de Salarios se constituya para empresas o actividades industriales o comerciales nuevas iniciadas dentro de los últimos cinco años.

Artículo 13.- Los Consejos de Salarios podrán decretar inspecciones de contabilidad, visitar y examinar los establecimientos comerciales e industriales y citar a declarar patronos, empleados y obreros.

Las inspecciones de contabilidad deberán concretarse a lo relacionado en los salarios y producido de la industria de que se trate y los Contadores, expertos o personal que por mandato del Consejo de Salarios las realicen, solo podrán comunicar su resultado al propio Consejo debiendo guardar absoluta reserva respecto de terceros. El incumplimiento de esta obligación se considerará falta grave, sin perjuicio de la responsabilidad civil del transgresor.

La inspección no podrá extenderse más allá de las operaciones del año anterior a aquel en que se realice, salvo decisión unánime del consejo, que podrá ampliar el tér-mino.

Artículo 14.- Las decisiones de los Consejos de Salarios se adoptarán por simple mayoría, pero no podrá efectuarse ninguna votación sobre salarios, sin inclusión de esta en el "Orden del Día" y sin previa citación por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación. No obstante, sin haberse cumplido dichos requisitos podrá procederse a una votación de salarios cuando así se resuelva por unanimidad. Para que la votación sea válida se requiere, además, que estén representados por delegados presentes los tres sectores.

En los casos en que la ausencia a tres sesiones de uno o varios delegados haga imposible tomar decisiones válidas, cualquier miembro tendrá facultad de reclamar al Ministerio de Industrias y Trabajo la integración del Consejo por suplentes, y en su caso, por el procedimiento establecido.

Artículo 15.- Los Consejos fijarán el salario mínimo aplicable a cada categoría de trabajo sometida a sus jurisdicciones, por hora o por jornada, o por semana, o por mes, o por pieza, según sea necesario o lo consideren conveniente.

El Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, podrá observar un salario acordado, cuando a su juicio no llene las exigencias de un mínimo racional por demasiado bajo. En tal caso, si el Consejo observado no rectifica convenientemente su resolución, el Poder Ejecutivo podrá establecer el mínimo.

Los Consejos adoptarán las precauciones que juzguen necesarias para el cumplimiento de la ley.

El Consejo de Salarios, de acuerdo con el decreto de constitución, podrá tener funciones limitadas a la estructuración de las categorías y a la fijación para un grupo de actividades, de un salario mínimo general que tienda a la nivelación del mismo dentro del grupo.

Artículo 16.- Los Consejos podrán tener presente, en la graduación de los salarios, las situaciones especiales derivadas de la edad o de las aptitudes físicas o mentales restringidas de alguno o algunos de los empleados u obreros del establecimiento industrial o comercial. En estos casos, justificarán, en forma breve y sumaria, la diferencia de situaciones.

El Consejo de Salarios podrá establecer el porcentaje máximo de obreros o empleados en estas condiciones para cada establecimiento o grupo de ellos.

El Consejo también podrá reglamentar el aprendizaje de los menores de dieciocho años, teniendo en cuenta las disposiciones del Código del Niño.

Artículo 17.- Los Consejos que se crean por esta ley fijarán salarios de la industria y el comercio, teniendo especialmente en cuenta, para aumentarlos, los siguientes elementos:

I) Las condiciones económicas del lugar o del país.

II) El poder adquisitivo de la moneda.

III) La capacidad o calificación del trabajador.

IV) La peligrosidad, para su salud, de la explotación industrial, o comercial.

V) El rendimiento de la empresa o grupo de empresas.

Artículo 18.- Los Consejos de Salarios establecerán las deducciones que los patronos podrán hacer sobre los sueldos y salarios por concepto de viviendas y alimentación, así como por los provechos que puedan resultar de la naturaleza del empleo, como ser: comisiones, habilitaciones, propinas, etc.

Artículo 19.- Las decisiones de los Consejos de Salarios serán apelables ante el Poder Ejecutivo, salvo aquellas adoptadas por unanimidad de sus componentes, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2° del artículo 15.

Las tarifas de salarios mínimos entrarán en vigencia en la fecha que señale el Consejo de Salarios y serán publicadas en el "Diario Oficial" y en otros diarios o periódicos, a juicio del Poder Ejecutivo.

Salvo resolución en contrario del Consejo, la tarifa entrará en vigencia a los treinta días de su publicación.

Las empresas quedan obligadas a poner en sitios visibles las tarifas que han de regir en su establecimiento o industria.

Artículo 20.- Los Consejos de Salarios tendrán, además de la función de fijar salarios, la de participar, de acuerdo con la reglamentación que se dictará, en la aplicación de la ley y la de actuar como organismo de conciliación en los conflictos que se originen entre patronos y obreros del grupo para que fueron constituidos.

A ese efecto durarán un año en sus funciones, pero sus miembros podrán ser reelectos.

De las asignaciones familiares

Artículo 21.- Declárase obligatorio el régimen de Cajas de Compensación para pago de asignaciones familiares a todo empleado, obrero o peón, por cada hijo legítimo o natural legalmente reconocido o declarado judicialmente.

Cada Caja estará administrada por un Consejo honorario renovable cada dos años, compuesto, en partes iguales, por representantes de los patronos y de los obreros, en la forma que establezca el Poder Ejecutivo, y por un representante del mismo Poder. Los delegados patronales y obreros han de ser ciudadanos naturales o legales, y reunir las demás calidades establecidas en el artículo 12.

Artículo 22.- El beneficiario directo de la asignación es el hijo a cargo del empleado, obrero o peón, hasta la edad de catorce años, haciéndose extensiva hasta los dieciséis en casos de estudios secundarios o preparatorio o aprendizajes de oficios en escuelas especiales. El administrador de la asignación es el empleado, obrero o peón.

Las asignaciones familiares se servirán hasta completar doscientos pesos, con el sueldo que perciba el jefe de familia.

En el caso de empleo de ambos cónyuges se computarán sus sueldos, a los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 23.- Cuando uno de los hijos fuera sostén del hogar será el atributario de la asignación, considerándose a sus hermanos como si fueran hijos suyos. Asimismo, será atributario el empleado u obrero de uno u otro sexo, casado o viudo, que llenando las condiciones legales, tenga totalmente a su cargo, con carácter permanente y en forma debidamente comprobada, uno o más menores huérfanos o abandonados, considerándose a esos menores como si fueran hijos suyos.

Artículo 24.- Las empresas o firmas que organicen particular o colectivamente sus propias Cajas, en condiciones financieras iguales o superiores a las fijadas por la ley, quedarán exoneradas de afiliarse a las Cajas oficiales.

Artículo 25.- Las Cajas tendrán como recurso una contribución patronal, mensual y variable, no menor de uno y medio por ciento (1 ½%) ni obligatoriamente mayor del tres y medio por ciento (3 ½%) de la remuneración de los trabajadores.

El porcentaje de la contribución patronal será fijado cada tres meses.

La Caja podrá realizar la siguiente operación, totalizando por una parte:

A) Las sumas necesarias para cubrir las asignaciones servidas por la Caja.

B) Los gastos de administración, que no serán superiores al tres por ciento (3%) de las entradas brutas.

C) Un fondo de reserva con el cinco por ciento (5%) de las asignaciones servidas.

Por otra parte, se totalizarán los sueldos pagados por todos los empleadores, pertenecientes a la Caja.

El cociente de esas dos cantidades representa el porcentaje que queda fijado para el trimestre y se aplica al monto de salarios declarados por cada adherente, a fin de determinar su contribución.

Para el establecimiento de las asignaciones se aplicará el sistema de repartición hasta un máximo de seis pesos por cada hijo.

Artículo 26.- Dentro del término de ocho meses, a partir de la promulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo dictará las providencias necesarias para que se constituyan los Consejos de las Cajas de Compensación. Durante ese plazo los patronos contribuirán a la constitución de un fondo inicial de dichas Cajas con una aportación hasta de tres por ciento (3%) del monto de las remuneraciones que paguen, porcentaje que será fijado, percibido y depositado en la forma y lugar que determine el Poder Ejecutivo. Transcurrido dicho plazo, el mismo Poder pondrá de inmediato en vigencia el servicio de las asignaciones familiares.

Artículo 27.- Todos los empleadores deberán enviar una vez al año al Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados las planillas completas de sus obreros y empleados, con indicación detallada del número de casados o solteros atributarios de esta ley, sus nombres, cantidad de hijos, estado civil de los mismos y edades respectivas. La citada planilla deberá indicar los despidos de obreros y empleados y sus causas. En el caso de que se modifique, en el establecimiento, la proporción de obreros casados del último año, el Poder Ejecutivo podrá fijar, entre los dos extremos de la contribución patronal formulada en el artículo 25, un porcentaje estable o el máximo, cualquiera sea el número de hijos de los obreros o empleados casados. Dentro de los dos meses de la promulgación de esta ley las planillas a que se refiere este artículo se harán con retroactividad de seis meses.

Artículo 28.- El recurso de apelación, que será fundado, se interpondrá por intermedio del Ministerio de Industrias y Trabajo dentro de las horas hábiles de los diez días siguientes a la notificación o la fecha de su publicación en el "Diario Oficial" por las asociaciones o sindicatos patronales o de trabajadores que tengan personería jurídica o personería reconocida por el Poder Ejecutivo, o por un cuarto del número de patronos, obreros o empleados que hubiere votado en la elección de delegados obreros o patronales.

Artículo 29.- La apelación no tendrá efecto suspensivo, pero el Poder Ejecutivo deberá resolver dentro de los treinta días siguientes a la interposición del recurso. Transcurrido dicho términos sin que el Poder Ejecutivo hubiera adoptado resolución, quedará firme la del Consejo de Salarios.

Quedará igualmente firme si la referida resolución del Poder Ejecutivo no se publicara en los diez días siguientes a la fecha en que fue dictada. La resolución del Poder Ejecutivo entrará en vigencia en la fecha que él mismo determine, dentro de los treinta días de publicada.

Artículo 30.- El Poder Ejecutivo podrá homologar las tarifas de salarios declarándolas obligatorias para una industria o rama de la industria o del comercio en toda la República o en parte de esta. La resolución firme del Consejo de Salarios y la homologación de la tarifa respectiva por el Poder Ejecutivo hará improcedente la convocatoria antes de transcurrido un año, de un nuevo Consejo, para entender en una cuestión análoga relacionada con el salario fijado para una industria o rama de la misma, sin perjuicio de las sanciones establecidas por el artículo 4° para el caso de incumplimiento del salario mínimo decretado.

De los recursos, infracciones y penalidades

Artículo 31.- Las infracciones a la presente ley, a sus reglamentos o a las tarifas de salarios mínimos, así como la mora en la paga de las asignaciones equivalentes a dos meses de remuneración o de cuarenta días de jornales, serán castigadas por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados con multa de cincuenta pesos ($ 50.00) a quinientos pesos ($ 500.00) cada infracción, atendida su importancia y gravedad, y apelable ante el Poder Ejecutivo cuando exceda de cien pesos ($ 100.00).

Artículo 32.- Los Inspectores de Trabajo y los miembros de los Consejos tienen derecho a hacerse presentar por todo patrono o contratista los recibos o documentos donde consten los pagos.

Artículo 33.- Si alguna persona se niega a facilitar a esos funcionarios o a los miembros del Consejo los medios que solicitan para el cumplimiento de su misión, si los contrarían u obstaculizan en el ejercicio de sus derechos, esa persona será castigada por cada contravención con una multa de cincuenta pesos ($ 50.00) a cien pesos ($ 100.00) y el que presente a la Inspección documentos que falseen la verdad o dé informaciones inexactas, será pasible de una multa de cien pesos ($ 100.00). Las reincidencias duplicarán la pena. Estas multas serán aplicadas por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados o por los Consejos de Salarios, en su caso, y serán inapelables.

Las multas aplicadas por los Consejos de Salarios se harán efectivas por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados.

Artículo 34.- Para la ejecución de las multas se seguirá el procedimiento establecido por la Ley de 29 de mayo de 1916, debiendo determinar el Poder Ejecutivo la forma en que el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados se hará presentar en los juicios.

Artículo 35.- La acción de ilegalidad, prevista en los artículos 271 y siguientes de la Constitución, podrá deducirse contra las resoluciones del Poder Ejecutivo que impongan sanciones de acuerdo con esta ley. Mientras no se organice el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se entablará ante los Jueces Letrados de 1ª Instancia en campaña, y ante los Jueces Letrados de Hacienda y de lo Contencioso Administrativo en la Capital. La acción se dirigirá a obtener la revocación de la resolución impugnada o la reparación civil pertinente, o a ambos fines, a opción del interesado. Se interpondrá dentro del término perentorio de veinte días de notificada aquella resolución y se seguirá, en su tramitación, el procedimiento de los juicios ordinarios de menor cuantía. El Juez de la causa podrá resolver, en cualquier momento, la suspensión de la resolución recurrida cuando su cumplimiento pueda producir perjuicios irreparables.

Contra las sentencias de primera instancia habrá recursos de apelación libre para ante el Tribunal de Apelaciones, cuyo fallo hará cosa juzgada.

Artículo 36.- Quedan subsistentes las disposiciones de la Ley N° 9.910, de 5 de enero de 1940, y sus concordantes sobre trabajo manual a domicilio, en cuanto no se opongan a la presente ley.

Quedan igualmente subsistentes las disposiciones de la Ley N° 9.675, de 4 de agosto de 1937 en cuanto no se opongan a la presente, que establece competencia privativa en materia de salarios y sus categorías.

Las leyes de salarios que fijen plazo de duración para tarifas quedarán en vigor hasta cumplirse dichos plazos y prórrogas en las condiciones establecidas en las mismas.

Artículo 37.- El ejercicio de miembro del Consejo de Salarios es obligatorio.

Artículo 38.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley.

Artículo 39.- Comuníquese, etc.

Ley N° 16.002

SE APRUEBAN PARA LOS INCISOS 02 AL 13 LAS MODIFICACIONES AL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS PARA EL PERIODO 1988 - 1989

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Artículo 83.- Dispónese que los decretos del Poder Ejecutivo que homologuen los acuerdos elaborados en el seno de los Consejos de Salarios, instituidos por Decreto 178/985, de 10 de mayo de 1985, tendrán vigencia en todo el territorio nacional, a partir de su publicación completa o de un extracto de los mismos que contengan las principales normas de carácter laboral, en el Diario Oficial o en su defecto en dos diarios de la capital.

Ley N° 17.940

LIBERTAD SINDICAL

NORMAS PARA SU PROTECCION

Artículo 1°. (Nulidad de los actos discriminatorios).- Declárase que, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución de la República, con el artículo 1° del Convenio Internacional del Trabajo N° 98 (sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley N° 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los literales a) y b) del artículo 9° de la Declaración sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo.

En especial, es absolutamente nula cualquier acción u omisión que tenga por objeto:

A) Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato.

B) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales, fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Las garantías prescritas en la presente disposición, también alcanzan a los trabajadores que efectúen actuaciones tendientes a la constitución de organizaciones sindicales, dentro o fuera de los lugares de trabajo.

Artículo 2°. (Procedimiento).-

1) (Proceso general). La pretensión de reinstalación o de reposición del trabajador despedido o discriminado se tramitará por el proceso extraordinario (artículos 346 y 347 del Código General del Proceso). El Tribunal dispondrá, si correspondiere, el cese inmediato de los actos discriminatorios cuando a juicio de dicho tribunal los hechos sean notorios.

2) (Proceso de tutela especial). La tutela especial procederá en caso de actos discriminatorios contra:

A) Los miembros (titulares y suplentes) de los órganos de dirección de una organización sindical de cualquier nivel.

B) Los delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos o tripartitos.

C) Los representantes de los trabajadores en la negociación colectiva.

D) Los trabajadores que hubieran realizado actividades conducentes a constituir un sindicato o la sección de un sindicato ya existente, hasta un año después de la constitución de la organización sindical.

E) Los trabajadores a los que se conceda tutela especial mediante negociación colectiva.

En estos casos, se aplicará el procedimiento y los plazos establecidos para la acción de amparo (artículos 4° a 10 de la Ley N° 16.011, de 19 de diciembre de 1988), con independencia de la existencia de otros medios jurídicos de protección.

El trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales.

Corresponderá al empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada.

Artículo 3°. (Disposiciones comunes a ambos procedimientos):

A) En todo caso que la sentencia a recaer constate la violación a cualquiera de las garantías prescritas en el artículo 1° de la presente ley, se dispondrá la efectiva reisntalación o reposición del trabajador despedido o discriminado, generándose en consecuencia a favor de este el derecho a percibir la totalidad de los jornales que le hubiere correspondido cobrar durante el período que insuma el proceso de reinstalación y hasta que esta se efectivice.

B) En los procedimientos a que refiere el artículo 2° de la presente ley, la legitimación activa corresponderá al trabajador actuando conjuntamente con su organización sindical.

C) El proceso se ajustará a los principios de celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

D) Serán competentes los tribunales que, en su respectiva jurisdicción, entiendan en materia laboral.

E) El Tribunal dispondrá de las facultades previstas en los numerales 3° y 5° del artículo 350 del Código General del Proceso.

F) Las sanciones o conminaciones pecuniarias previstas en el artículo 374 del Código General del Proceso, serán independientes del derecho a obtener el resarcimiento del daño y su producido beneficiará a la parte actora.

G) La parte demandante estará exonerada del pago de tributos y costas.

Artículo 4°. (Licencia sindical).- Se reconoce el derecho a gozar de tiempo libre remunerado para el ejercicio de la actividad sindical. El ejercicio de este derecho será reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su caso, mediante convenio colectivo.

Artículo 5°. (Sanciones administrativas).- El producido de la multa que aplique la Inspección General del Trabajo, por la infracción a las disposiciones de la presente ley, deberá destinarse a la implementación de la ley y a programas a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, orientados a la erradicación del trabajo infantil, a la no discriminación en el empleo, a la formación profesional asociada a la generación de trabajo y al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo.

Artículo 6°. (Retención de la cuota sindical).- Los trabajadores afiliados a una organización sindical tendrán derecho a que se retenga su cuota sindical sobre los salarios que el empleador abone, debiendo manifestar su consentimiento por escrito en forma previa.

El monto a descontar será fijado por el sindicato y comunicado, fehacientemente, a la empresa o institución, la que verterá a la organización los montos resultantes en un plazo perentorio a partir del efectivo pago del mes en curso.

Artículo 7°. (Orden de retención).- Agrégase al artículo 1° de la Ley N° 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el siguiente inciso:

"La cuota sindical se ubicará, en el orden de prioridades, inmediatamente después de las retenciones solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto".

Artículo 8°. (Facilidades para el ejercicio de la actividad sindical).- Los representantes de los trabajadores, que actúen en nombre de un sindicato, tendrán derecho a colocar avisos sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados de acuerdo con la dirección de la misma y a los que los trabajadores tengan fácil acceso.

La dirección de la empresa permitirá a los representantes de los trabajadores que actúen en nombre de un sindicato, que distribuyan boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa. Los avisos y documentos a que se hace referencia deberán relacionarse con las actividades sindicales normales, y su colocación y distribución no deberán perjudicar el normal funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales.

Artículo 9°. (Tripartismo).- Cométese al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la instrumentación de mecanismos tripartitos con fines de consulta, contralor y seguimiento de la aplicación de la presente ley.

Artículo 10. (Reglamentación).- Las disposiciones que anteceden no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación, sin perjuicio de lo cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dispondrá de un plazo de sesenta días a tales efectos.

Artículo 11. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecu-tivo.

CONVENIO N° 98 DE LA OIT

SOBRE EL DERECHO DE SINDICACION Y DE NEGOCIACION COLECTIVA

Artículo 1

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto:

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato;

b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.

Artículo 2

1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración.

2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.

Artículo 3

Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en los artículos precedentes.

Artículo 4

Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo.

Artículo 5

1. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía.

2. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del trabajo, la ratificación de este Convenio por un Miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes, que concedan a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía las garantías prescritas en este Convenio.

Artículo 6

El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto.

Artículo 7

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar:

a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas sin modificaciones;

b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;

c) los territorios respecto de los cuales es i1naplicable el Convenio y los motivos por los cuales es inaplicable;

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 11, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 10

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este Convenio puede ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 11, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 11

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 12

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 13

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 14

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia General una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el Orden del Día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 15

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 11, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 16

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

Hecho en Ginebra, Suiza, el 8 de junio 1949.

CONVENIO N° 131 DE LA OIT

RELATIVO A LA FIJACION DE SALARIOS MINIMOS, CON ESPECIAL REFERENCIA A LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO

Artículo 1

1. Todo Estado Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que ratifique este Convenio se obliga a establecer un sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación del sistema.

2. La autoridad competente de cada país determinará los grupos de asalariados a los que se deba aplicar el sistema, de acuerdo con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas o después de haberlas consultado exhaustivamente, siempre que dichas organizaciones existan.

3. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio, en la primera memoria anual sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, enumerará los grupos de asalariados que no hubieran sido incluidos con arreglo al presente artículo, y explicará los motivos de dicha exclusión. En las subsiguientes memorias, dicho Miembro indicará el estado de su legislación y práctica respecto de los grupos excluidos y la medida en que aplica o se propone aplicar el Convenio a dichos grupos.

Artículo 2

1. Los salarios mínimos tendrán fuerza de ley, no podrán reducirse y la persona o personas que no los apliquen estarán sujetas a sanciones apropiadas de carácter penal o de otra naturaleza.

2. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, se respetará plenamente la libertad de negociación colectiva.

Artículo 3

Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos deberían incluirse, en la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales, los siguientes:

a) las necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales;

b) los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo.

Artículo 4

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio establecerá y mantendrá mecanismos adaptados a sus condiciones y necesidades nacionales, que hagan posible fijar y ajustar de tiempo en tiempo los salarios mínimos de los grupos de asalariados comprendidos en el sistema protegidos de conformidad con el artículo 1 del Convenio.

2. Deberá disponerse que para el establecimiento, aplicación y modificación de dichos mecanismos se consulte exhaustivamente con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, o, cuando dichas organizaciones no existan, con los representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados.

3. Si fuere apropiado a la naturaleza de los mecanismos para la fijación de salarios mínimos, se dispondrá también que participen directamente en su aplicación:

a) en pie de igualdad, los representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, o, si no existiesen dichas organizaciones, los representantes de los empleadores y de los trabajadores interesados;

b) las personas de reconocida competencia para representar los intereses generales del país y que hayan sido nombradas previa consulta exhaustiva con las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores interesadas, cuando tales organizaciones existan y cuando tales consultas estén de acuerdo con la legislación o la práctica nacionales.

Artículo 5

Deberán adoptarse medidas apropiadas, tales como inspección adecuada, complementada por otras medidas necesarias, para asegurar la aplicación efectiva de todas las disposiciones relativas a salarios mínimos.

Artículo 6

No se considerará que el presente Convenio revisa ningún otro convenio existente.

Artículo 7

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 8

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 9

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 10

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 11

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 12

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio y considerará la conveniencia de incluir en el Orden del Día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 13

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 14

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

CONVENIO N° 154 DE LA OIT

SOBRE EL FOMENTO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA

Parte I. Campo de Aplicación y Definiciones

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica.

2. La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía.

3. En lo que se refiere a la administración pública, la legislación, o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio.

Artículo 2

A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o

b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o

c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez.

Artículo 3

1. Cuando la ley o la práctica nacionales reconozcan la existencia de representantes de trabajadores que respondan a la definición del apartado b) del artículo 3 del Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971, la ley o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto la expresión negociación colectiva se extiende igualmente, a los fines del presente Convenio, a las negociaciones con dichos representantes.

2. Cuando en virtud del párrafo 1 de este artículo la expresión negociación colectiva incluya igualmente las negociaciones con los representantes de los trabajadores a que se refiere dicho párrafo, deberán adoptarse, si fuese necesario, medidas apropiadas para garantizar que la existencia de estos representantes no se utilice en menoscabo de la posición de las organizaciones de trabajadores interesadas.

Parte II. Métodos de Aplicación

Artículo 4

En la medida en que no se apliquen por medio de contratos colectivos, por laudos arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional, las disposiciones del presente Convenio deberán ser aplicadas por medio de la legislación nacional.

Parte III. Fomento de la Negociación Colectiva

Artículo 5

1. Se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para fomentar la negociación colectiva.

2. Las medidas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo deberán tener por objeto que:

a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a que se aplique el presente Convenio;

b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas las materias a que se refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 del presente Convenio;

c) sea fomentado el establecimiento de reglas de procedimiento convenidas entre las organizaciones de los empleadores y las organizaciones de los trabajadores;

d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la inexistencia de reglas que rijan su desarrollo o la insuficiencia o el carácter impropio de tales reglas;

e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva.

Artículo 6

Las disposiciones del presente Convenio no obstaculizarán el funcionamiento de sistemas de relaciones de trabajo en los que la negociación colectiva tenga lugar en el marco de mecanismos o de instituciones de conciliación o de arbitraje, o de ambos a la vez, en los que participen voluntariamente las partes en la negociación colectiva.

Artículo 7

Las medidas adoptadas por las autoridades públicas para estimular y fomentar el desarrollo de la negociación colectiva deberán ser objeto de consultas previas y, cuando sea posible, de acuerdos entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Artículo 8

Las medidas previstas con objeto de fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas o aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación colectiva.

Parte IV. Disposiciones Finales

Artículo 9

El presente Convenio no revisa ningún convenio ni ninguna recomendación internacional de trabajo existentes.

Artículo 10

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 11

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Directo General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 12

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 13

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 14

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 15

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el Orden del Día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 16

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 12, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 17

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

RECOMENDACION N° 113 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 1 de junio 1960 en su cuadragésima cuarta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la consulta y a la colaboración entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores en las ramas de actividad económica y en el ámbito nacional, cuestión que constituye el quinto punto del Orden del Día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación,

Adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos sesenta, la siguiente Recomendación, que podrá ser citada como la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960:

1.

1) Se deberían adoptar medidas apropiadas a las condiciones nacionales para promover de manera efectiva la consulta y la colaboración, en las ramas de actividad económica y en el ámbito nacional, entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, para la realización de los objetivos previstos en los párrafos 4 y 5 y para otras cuestiones de interés común que pudieran ser determinadas por las partes.

2) Tales medidas deberían aplicarse sin hacer discriminación de ninguna clase contra estas organizaciones, ni entre ellas, por motivos tales como raza, sexo, religión, opinión política o ascendencia nacional de sus miembros.

2. Tal consulta y tal colaboración no deberían vulnerar ni la libertad sindical ni los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, incluidos sus derechos de negociación colectiva.

3. De conformidad con la costumbre o la práctica nacionales, deberían establecerse o facilitarse tal consulta y tal colaboración:

a) por medidas voluntarias adoptadas por las organizaciones de empleadores y de trabajadores;

b) por medidas adoptadas por las autoridades públicas que sirvan de estímulo a estas organizaciones;

c) por la legislación; o

d) combinando cualesquiera de estos métodos.

4. Tal consulta y tal colaboración deberían tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida.

5. Tal consulta y tal colaboración deberían tener como objetivo, en particular:

a) permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo;

b) lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como:

i) la preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses;

ii) la creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales; y

iii) la elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social. Cross references.

RECOMENDACION SOBRE LA NEGOCIACION COLECTIVA, 1981 (NUM. 163)

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1981 en su sexagésima séptima reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al fomento de la negociación colectiva, cuestión que constituye el cuarto punto del Orden del Día de la reunión, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendación que complete el Convenio sobre la negociación colectiva, 1981, adopta, con fecha 19 de junio de mil novecientos ochenta y uno, la presente Recomendación sobre la negociación colectiva, 1981:

I. METODOS DE APLICACION

1. Las disposiciones de la presente Recomendación podrán aplicarse por medio de la legislación nacional, contratos colectivos o laudos arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica nacional.

II. MEDIOS PARA FOMENTAR LA NEGOCIACION COLECTIVA

2. Siempre que resulte necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para facilitar el establecimiento y expansión, con carácter voluntario, de organizaciones libres, independientes y representativas de empleadores y de trabajadores.

3. En la medida en que resulte apropiado y necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que:

a) las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores sean reconocidas a los efectos de la negociación colectiva;

b) en los países en que las autoridades competentes apliquen procedimientos de reconocimiento a efectos de determinar las organizaciones a las que ha de atribuirse el derecho de negociación colectiva, dicha determinación se base en criterios objetivos y previamente definidos, respecto del carácter representativo de esas organizaciones, establecidos en consulta con las organizaciones representativas de los empleadores y de los trabajadores.

4. 1) En caso necesario, se deberán adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que la negociación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, y en particular a nivel del establecimiento, de la empresa, de la rama de actividad, de la industria y a nivel regional o nacional.

2) En los países en que la negociación colectiva se desarrolle en varios niveles, las partes negociadoras deberán velar por que exista coordinación entre ellos.

5. 1) Las partes en la negociación colectiva deberán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

2) A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas deberían poder prestar asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten.

3) El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación deberían ser establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.

4) Esta formación debería impartirse sin perjuicio del derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.

6. Las partes en la negociación colectiva deberían conferir a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones.

7. 1) En caso necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que las partes dispongan de las informaciones necesarias para poder negociar con conocimiento de causa.

2) Con este objeto:

a) a petición de las organizaciones de trabajadores, los empleadores -públicos y privados- deberían proporcionar las informaciones acerca de la situación económica y social de la unidad de negociación y de la empresa en su conjunto que sean necesarias para negociar con conocimiento de causa; si la divulgación de ciertas de esas informaciones pudiese perjudicar a la empresa, su comunicación debería estar sujeta al compromiso de mantener su carácter confidencial en la medida en que esto sea necesario; las informaciones que puedan proporcionarse deberían ser determinadas por acuerdo entre las partes en la negociación colectiva;

b) las autoridades públicas deberían proporcionar las informaciones necesarias sobre la situación económica y social global del país y de la rama de actividad en cuestión, en la medida en que la difusión de tales informaciones no resulte perjudicial para los intereses nacionales.

8. En caso necesario, se deberían adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que los procedimientos de solución de los conflictos del trabajo ayuden a las partes a encontrar por sí mismas una solución al conflicto que las oponga. Independientemente de que se trate de conflictos sobrevenidos durante la conclusión de los acuerdos, de conflictos respecto a la interpretación o de la aplicación de los acuerdos, o de los conflictos a que se refiere la Recomendación sobre el examen de las reclamaciones, 1967.

III. DISPOSICION FINAL

9. La presente Recomendación no revisa ninguna recomendación internacional del trabajo existente.

DECLARACION AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE

CAPITULO PRIMERO

DERECHOS

Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona

Artículo I

Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

Derecho de igualdad ante la Ley

Artículo II

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna.

Derecho de libertad religiosa y de culto

Artículo III

Toda persona tiene derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado.

Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión

Artículo IV

Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio.

Derecho a la protección a la honra, la reputación personal y la vida privada y familiar

Artículo V

Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar.

Derecho a la constitución y a la protección de la familia

Artículo VI

Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella.

Derecho de protección a la maternidad y a la infancia

Artículo VII

Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.

Derecho de residencia y tránsito

Artículo VIII

Toda persona tiene el derecho de fijar su residencia en el territorio del Estado de que es nacional, de transitar por él libremente y no abandonarlo sino por su voluntad.

Derecho a la inviolabilidad del domicilio

Artículo IX

Toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio.

Derecho a la inviolabilidad y circulación de la correspondencia

Artículo X

Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad y circulación de su correspondencia.

Derecho a la preservación de la salud y al bienestar

Artículo XI

Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

Derecho a la educación

Artículo XII

Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.

Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos.

Derecho a los beneficios de la cultura

Artículo XIII

Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los descubrimientos científicos.

Tiene asimismo derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de los inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.

Derecho al trabajo y a una justa retribución

Artículo XIV

Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo.

Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.

Derecho al descanso y a su aprovechamiento

Artículo XV

Toda persona tiene derecho a descanso, a honesta recreación y a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico.

Derecho a la seguridad social

Artículo XVI

Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

Derecho de reconocimiento de la personalidad jurídica y de los derechos civiles

Artículo XVII

Toda persona tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a gozar de los derechos civiles fundamentales.

Derecho de justicia

Artículo XVIII

Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en principio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.

Derecho de nacionalidad

Artículo XIX

Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela.

Derecho de sufragio y de participación en el gobierno

Artículo XX

Toda personal, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres.

Derecho de reunión

Artículo XXI

Toda persona tiene el derecho de reunirse pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole.

Derecho de asociación

Artículo XXII

Toda persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden.

Derecho a la propiedad

Artículo XXIII

Toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa, que contribuya a mantener la dignidad de la persona y del hogar.

Derecho de petición

Artículo XXIV

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquier autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.

Derecho de protección contra la detención arbitraria

Artículo XXV

Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes.

Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil.

Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho tam-bién a un tratamiento humano durante la privación de su libertad.

Derecho a proceso regular

Artículo XXVI

Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es culpable.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas.

Derecho de asilo

Artículo XXVII

Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales.

Alcance de los derechos del hombre

Artículo XXVIII

Los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general y del desenvolvimiento democrático.

CAPITULO SEGUNDO

Deberes

Deberes ante la sociedad

Artículo XXIX

Toda persona tiene el deber de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad.

Deberes para con los hijos y los padres

Artículo XXX

Toda persona tiene el deber de asistir, alimentar, educar y amparar a sus hijos menores de edad, y los hijos tienen el deber de honrar siempre a sus padres y el de asistirlos, alimentarlos y ampararlos cuando estos lo necesiten.

Deberes de instrucción

Artículo XXXI

Toda persona tiene el deber de adquirir a lo menos la instrucción primaria.

Deber de sufragio

Artículo XXXII

Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello.

Deber de obedicencia a la ley

Artículo XXXIII

Toda persona tiene el deber de obedecer a la Ley y demás mandamientos legítimos de las autoridades de su país y de aquél en que se encuentre.

Deber de servir a la comunidad y a la nación

Artículo XXXIV

Toda persona hábil tiene el deber de prestar los servicios civiles y militares que la Patria requiera para su defensa y conservación, y en caso de calamidad pública, los servicios de que sea capaz.

Asimismo tiene el deber de desempeñar los cargos de elección popular que le correspondan en el Estado de que sea nacional.

Deberes de asistencia y seguridad sociales

Artículo XXXV

Toda persona tiene el deber de cooperar con el Estado y con la comunidad en la asistencia y seguridad sociales de acuerdo con sus posibilidades y con las circunstancias.

Deber de pagar impuestos

Artículo XXVI

Toda persona tiene el deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos.

Deber de trabajo

Artículo XXXVII

Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad.

Deber de abstenerse de actividades políticas en país extranjero

Artículo XXXVIII

Toda persona tiene el deber de no intervenir en las actividades políticas que, de conformidad con la Ley, sean privativas de los ciudadanos del Estado en que sea extranjero.

CARTA INTERNACIONAL AMERICANA DE GARANTIAS SOCIALES O DECLARACION DE LOS DERECHOS SOCIALES DEL TRABAJADOR

Proclamada por: IX Conferencia Internacional Americana de Río de Janeiro

Fecha de adopción: 1947

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°.- La presente Carta de Garantías Sociales tiene por objeto declarar los principios fundamentales que deben amparar a los trabajadores de toda clase y constituye el mínimum de derechos de que ellos deben gozar en los Estados Americanos, sin perjuicio de que las leyes de cada uno puedan ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables.

Esta Carta de Garantías Sociales protege por igual a hombres y mujeres.

Se reconoce que la superación de tales derechos y el mejoramiento progresivo de los niveles de vida de la comunidad en general, dependen en extensa medida del desarrollo de las actividades económicas, del incremento de la productividad y de la cooperación de los trabajadores y los empresarios, expresada en la armonía de sus relaciones y en el respeto y cumplimiento recíproco de sus derechos y deberes.

Artículo 2°.- Considérense como básicos en el derecho social de los países americanos los siguientes principios:

a) El trabajo es una función social, goza de la protección especial del Estado y no debe considerarse como artículo de comercio.

b) Todo trabajador debe tener la posibilidad de una existencia digna y el derecho a condiciones justas en el desarrollo de su actividad.

c) Tanto el trabajo intelectual como el técnico y el manual deben gozar de las garantías que consagre la legislación del trabajo, con las distinciones que provengan de las modalidades en su aplicación.

d) A trabajo igual debe corresponder igual remuneración, cualquiera que sea el sexo, raza, credo o nacionalidad del trabajador.

e) Los derechos consagrados a favor de los trabajadores no son renunciables y las leyes que los reconocen obligan y benefician a todos los habitantes del territorio, sean nacionales o extranjeros.

Artículo 3°.- Todo trabajador tiene derecho a seguir su vocación y dedicarse a la actividad que le acomode. Tiene igualmente la libertad de cambiar de empleo.

Artículo 4°.- Todo trabajador tiene derecho a recibir educación profesional y técnica para perfeccionar sus aptitudes y conocimientos, obtener de su trabajo mayores ingresos y contribuir de modo eficiente al desarrollo de la producción. A tal efecto, el Estado organizará la enseñanza de los adultos y el aprendizaje de los jóvenes, de tal modo que permita asegurar la enseñanza efectiva de un oficio o trabajo determinado, al par que provea su formación cultural, moral y cívica.

Artículo 5°.- Los trabajadores tienen derecho a participar en la equitativa distribución del bienestar nacional, obteniendo a precios razonables los objetos alimenticios, vestidos y habitaciones indispensables. Para alcanzar estas finalidades, el Estado debe aceptar la creación y funcionamiento de granjas y restaurantes populares y de cooperativas de consumo y crédito y organizar instituciones destinadas al fomento y financiamiento de aquellas granjas y establecimientos, así como a la distribución de casas baratas, cómodas e higiénicas para obreros, empleados y campesinos.

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

Artículo 6°.- La Ley regulará el contrato individual de trabajo, a efecto de garantizar los derechos de los trabajadores.

CONTRATOS Y CONVENCIONES COLECTIVOS DE TRABAJO

Artículo 7°.- La Ley reconocerá y reglamentará los contratos y convenciones colectivos de trabajo. Regirán en las empresas que hubieran estado representadas en su celebración no solamente para los trabajadores afiliados a la organización profesional que los suscribió, sino para los demás trabajadores que formen o lleguen a formar parte de esas empresas. La Ley fijará el procedimiento para extender los contratos y convenciones colectivos a toda la actividad para la cual se concertaron y para ampliar su ámbito de validez territorial.

SALARIO

Artículo 8°.- Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con intervención del Estado y de los trabajadores y empleadores, suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar en el orden material, moral y cultural, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa a los trabajadores y a los sistemas de remuneración de las empresas.

Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectivo.

Artículo 9°.- Los trabajadores tiene derecho a una prima anual, graduada según el número de días trabajados en el año.

Artículo 10.- El salario y las prestaciones sociales en la cuantía que determine la Ley, son inembargables, excepto cuando se trate de las prestaciones alimenticias a que fue condenado el trabajador.

El salario debe pagarse en efectivo, en moneda legal. El valor del salario y de las prestaciones sociales, constituyen un crédito privilegiado en casos de quiebra o concurso civil del empleador.

Artículo 11.- Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas en que prestan sus servicios, sobre bases de equidad, en la forma y cuantía y según las circunstancias que determine la Ley.

JORNADA DE TRABAJO, DESCANSOS Y VACACIONES

Artículo 12.- La jornada ordinaria de trabajo efectivo no debe exceder de 8 horas diarias o de 48 semanales. La duración máxima de la jornada en labores agrícolas, ganaderas o forestales, no excederá de 9 horas diarias o de 54 semanales. Los límites diarios podrán ampliarse hasta una hora cada uno, siempre que la jornada de uno o varios días de la semana tenga una extensión inferior a las indicadas, sin perjuicio de lo dispuesto sobre descanso semanal. La jornada nocturna y la que se cumpla en las tareas peligrosas o insalubres, será inferior a la diurna.

La limitación de la jornada no se aplicará en los casos de fuerza mayor.

Las horas suplementarias no excederán de un máximo diario y semanal. En los trabajos que por su propia naturaleza son peligrosos o insalubres, no se podrá exceder el límite de la jornada con horas suplementarias.

La legislación de cada país determinará la extensión de las pausas que habrán de interrumpir la jornada cuando atendiendo a razones biológicas, el ritmo de las tareas así lo exija y las que deberán mediar entre dos jornadas.

Los trabajadores no podrán exceder el límite de la jornada prestando servicios al mismo u otro empleador.

El trabajo nocturno y el que se efectúe en horas suplementarias dará derecho a una remuneración extraordinaria.

Artículo 13.- Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal remunerado en la forma que fije la Ley de cada país.

Los trabajadores que no gocen del descanso en los días indicados en el párrafo anterior, tendrán derecho a una remuneración especial por los servicios que presten en esos días y a un descanso compensatorio.

Artículo 14.- Los trabajadores tendrán igualmente derecho a descanso remunerado en los días feriados civiles y religiosos que señale la Ley, con las excepciones que la propia Ley determine en consideración a las mismas razones que justifican el trabajo en los días de descanso hebdomadario. Los que no gocen del descanso en estos días, tienen derecho a una remuneración especial.

Artículo 15.- Todo trabajador que acredite una prestación mínima de servicios durante un lapso dado, tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas, en días hábiles, cuya extensión se graduará en proporción al número de años de servicios. Las vacaciones no podrán compensarse en dinero y a la obligación del empleador de darlas, corresponderá la del trabajador de tomarlas.

TRABAJO DE MENORES

Artículo 16.- Los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad, sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la legislación nacional, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. Las autoridades encargadas de vigilar el trabajo de estos menores podrán autorizar su ocupación cuando lo consideren indispensable para la subsistencia de los mismos, o de sus padres o hermanos y siempre que ello no impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria.

La jornada de los menores de 16 años no podrá ser mayor de 6 horas diarias o de 36 semanales, en cualquier clase de trabajo.

Artículo 17.- Es prohibido el trabajo nocturno y en las labores insalubres o peligrosas a los menores de 18 años; las excepciones referentes al descanso hebdomadario contenidas en la legislación de cada país, no podrán aplicarse a estos trabajadores.

TRABAJO DE LA MUJER

Artículo 18.- Es prohibido, en general, a las mujeres el trabajo nocturno en establecimientos industriales públicos o privados y en labores peligrosas o insalubres, salvo el caso en que solo sean empleados los miembros de una misma familia, el de fuerza mayor que lo haga necesario, el de las mujeres que desempeñan empleos de dirección o responsabilidad que normalmente no requieran un tra-

bajo manual y en otros casos expresamente previstos por la Ley.

Se entiende por establecimientos industriales y por labores peligrosas o insalubres, los que definan la Ley o las convenciones internacionales de trabajo.

Las excepciones referentes al descanso hebdomadario contenidas en las legislaciones de cada país, no podrán aplicarse a las mujeres.

ESTABILIDAD

Artículo 19.- La Ley garantizará la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto, el trabajador tendrá derecho a una indemnización.

CONTRATO DE APRENDIZAJE

Artículo 20.- Las Leyes regularán el contrato de aprendizaje, a efecto de asegurar al aprendiz la enseñanza de un oficio o profesión, un tratamiento digno, una retribución equitativa y los beneficios de la previsión y seguridad sociales.

TRABAJO A DOMICILIO

Artículo 21.- El trabajo a domicilio está sujeto a la legislación social. El trabajador a domicilio tiene derecho a un salario mínimo oficialmente señalado, al pago de una indemnización por el tiempo que pierda con motivo del retardo del empleador en ordenar o recibir el trabajo o por la suspensión arbitraria o injustificada en la dación del mismo. Se reconocerá al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, habida consideración a las peculiaridades de su labor.

TRABAJO DOMESTICO

Artículo 22.- Los trabajadores domésticos tienen derecho a que la Ley les asegure protección en materia de salario, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, indemnización por despido y en general por prestaciones sociales cuya extensión y naturaleza serán determinadas de acuerdo con las condiciones y peculiaridades de su trabajo. A quienes presten servicios de carácter doméstico en empresas industriales, comerciales, sociales y demás equiparables, serán considerados como trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a estos.

TRABAJO DE LA MARINA MERCANTE Y DE LA AERONAUTICA

Artículo 23.- La Ley regulará el contrato de los trabajadores de la Marina Mercante y de la Aeronáutica, habida cuenta de sus modalidades particulares.

EMPLEADOS PUBLICOS

Artículo 24.- Los empleados públicos tienen derecho a ser amparados en la carrera administrativa, de modo que se les garantice, mientras cumplan sus deberes, la permanencia en el empleo, el derecho al ascenso y los beneficios de la seguridad social. El empleado tiene también derecho a ser amparado por una jurisdicción especial contencioso-administrativa y en caso de sanción, el de defensa dentro del procedimiento respectivo.

TRABAJADORES INTELECTUALES

Artículo 25.- Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad deberán ser objeto de una legislación protectora.

DERECHOS DE ASOCIACION

Artículo 26.- Los trabajadores y empleadores sin distinción de sexo, raza, credo o ideas políticas, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos, que, a su vez, puedan federarse entre sí. Estas organizaciones tienen derecho a gozar de personería jurídica y a ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus derechos. Su suspensión o disolución no puede imponerse sino en virtud de procedimiento judicial adecuado.

Las condiciones de fondo y de forma que se exijan para la constitución y funcionamiento de las organizaciones profesionales y sindicales no deben coartar la libertad de asociación.

La formación, funcionamiento y disolución de federaciones y confederaciones estarán sujetos a las mismas formalidades prescritas para los sindicatos.

Los miembros de las directivas sindicales, en el número que fije la respectiva ley, y durante el período de su elección y mandato, no podrán ser despedidos, trasladados de empleo, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa causa, calificada previamente por la autoridad competente.

DERECHO DE HUELGA

Artículo 27.- Los trabajadores tienen derecho a la huelga. La Ley regula este derecho en cuanto a sus condiciones y ejercicio.

PREVISION Y SEGURIDAD SOCIALES

Artículo 28.- Es deber del Estado proveer en beneficio de los trabajadores medidas de previsión y seguridad sociales.

Artículo 29.- Los Estados deben estimular y proveer la existencia de centros recreativos y de bienestar que puedan ser aprovechados libremente por los trabajadores.

Artículo 30.- El Estado, mediante normas adecuadas, debe asegurar la higiene, seguridad y moralidad en los lugares de trabajo.

Artículo 31.- Los trabajadores, inclusive los trabajadores agrícolas, los trabajadores a domicilio, los trabajadores domésticos, los empleados públicos, los aprendices aunque no reciban salario y los trabajadores independientes, cuando su afiliación fuere posible, tienen derecho a un sistema de seguro social obligatorio orientado hacia la realización de los objetivos siguientes:

a) Organizar la prevención de los riesgos cuya realización prive al trabajador de su capacidad de ganancia y de sus medios de subsistencia.

b) Restablecer lo más rápida y completamente posible la capacidad de ganancia perdida o reducida como consecuencia de enfermedad o accidente.

c) Procurar los medios de subsistencia en caso de cesación o interrupción de la actividad profesional como consecuencia de enfermedad o accidente, maternidad, invalidez temporal o permanente, cesantía, vejez o muerte prematura del jefe de la familia.

El seguro social obligatorio deberá tender a la protección de los miembros de la familia del trabajador y establecer prestaciones adicionales para los asegurados de familia numerosa.

Artículo 32.- En los países donde aún no exista un sistema de seguro o previsión social, o en los que existiendo este, no cubra la totalidad de los riesgos profesionales y sociales, estarán a cargo de los empleadores prestaciones adecuadas de previsión y asistencia.

Artículo 33.- La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado no inferior a seis semanas antes y seis semanadas después del alumbramiento, conservación del empleo, atención médica para ella y el hijo y subsidio de lactancia.

Las leyes establecerán la obligación de los empleadores de instalar y mantener salas-cunas y guarderías infantiles para los hijos de los trabajadores.

Artículo 34.- Los trabajadores independientes tienen derecho a la cooperación del Estado con el objeto de incorporarse a las instituciones de protección social que se organicen para reconocerles prestaciones iguales a las de los trabajadores asalariados. Igual derecho compete a las personas que ejerzan profesiones liberales y que no se hallen en una relación de dependencia frente a terceros.

INSPECCION DEL TRABAJO

Artículo 35.- Los trabajadores tienen derecho a que el Estado mantenga un servicio de inspección técnica encargado de velar por el fiel cumplimiento de las normas legales o de trabajo, asistencia, previsión y seguridad sociales, comprobar sus resultados y sugerir las reformas procedentes.

JURISDICCION DEL TRABAJO

Artículo 36.- En cada Estado debe existir una jurisdicción especial de trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos.

CONCILIACION Y ARBITRAJE

Artículo 37.- Es deber del Estado promover la conciliación y el arbitraje como medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

TRABAJO RURAL

Artículo 38.- Los trabajadores rurales o campesinos tienen derecho a que se les garantice el mejoramiento de su actual nivel de vida, se les proporcionen adecuadas condiciones de higiene y se les organice, tanto a ellos como a sus familias, una asistencia social eficaz.

El Estado realizará una acción planificada y sistemática encaminada a racionalizar la explotación agropecuaria, a organizar y distribuir el crédito, a mejorar las condiciones de vida del medio rural y a la progresiva emancipación económica y social de la población campesina.

La Ley determinará las condiciones técnicas y las demás acordes con el interés nacional de cada Estado, mediante las cuales hará efectivo y eficaz el ejercicio del derecho que el Estado reconoce a las asociaciones de campesinos y a los individuos aptos para el trabajo agrícola y pecuario y que carezcan de tierras o no las posean en cantidad suficiente, a ser dotadas de ellas y de los medios necesarios para hacerlas producir.

Artículo 39.- En los países en donde exista el problema de la población aborigen se adoptarán las medidas necesarias para prestar al indio protección y asistencia, amparándole la vida, la libertad y la propiedad, defendiéndolo del exterminio, resguardándolo de la opresión y la explotación, protegiéndolo de la miseria y suministrándole adecuada educación.

El Estado ejercerá su tutela para preservar, mantener y desarrollar el patrimonio de los indios o de sus tribus, y promoverá la explotación de las riquezas naturales, industriales extractivas o cualesquiera otras fuentes de rendimiento, procedentes de dicho patrimonio o relacionadas con este, en el sentido de asegurar, cuando sea oportuna, la emancipación económica de las agrupaciones autóctonas.

Deben crearse instituciones o servicios para la protección de los indios, y en particular para hacer respetar sus tierras, legalizar su posesión por los mismos y evitar la invación de tales tierras por parte de extraños.

DECLARACION SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR

Los Jefes de Estado de los Estados Partes del Mercado Común del Sur

Han convenido lo siguiente:

Considerando que los Estados Partes del MERCOSUR reconocen, en los términos del Tratado de Asunción (1991), que la ampliación de las actuales dimensiones de sus mercados nacionales, mediante la integración, constituye condición fundamental para acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social;

Considerando que los Estados Partes declaran, en el mismo Tratado, la disposición de promover la modernización de sus economías para ampliar la oferta de bienes y servicios disponibles y, consecuentemente, mejorar las condiciones de vida de sus habitantes;

Considerando que los Estados Partes, además de Miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificaron los principales convenios que garantizan los derechos esenciales de los trabajadores, y adoptan en gran medida las recomendaciones orientadas para la promoción del empleo de calidad, de las condiciones saludables de trabajo, del diálogo social y del bienestar de los trabajadores;

Considerando además que los Estados Partes apoyaron la "Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo" (1998), la cual reafirma el compromiso de los Miembros de respetar, promover y poner en práctica los derechos y obligaciones expresados en los convenios reconocidos como fundamentales dentro y fuera de la Organización;

Considerando que los Estados Partes están comprometidos con las declaraciones, pactos, protocolos y otros tratados que integran el patrimonio jurídico de la Humanidad, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre (1948), la Carta Interamericana de Garantías Sociales (1948), la Carta de la Organización de los Estados Americanos - OEA (1948), la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988);

Considerando que diferentes foros internacionales, entre ellos la Cumbre de Copenhague (1995), han enfatizado la necesidad de instituir mecanismos de seguimiento y evaluación de los componentes sociales de la mundialización de la economía, con el fin de asegurar la armonía entre progreso económico y bienestar social;

Considerando que la adhesión de los Estados Partes a los principios de la democracia política y del Estado de Derecho y del respeto irrestricto a los derechos civiles y políticos de la persona humana constituye base irrenunciable del proyecto de integración;

Considerando que la integración involucra aspectos y efectos sociales cuyo reconocimiento implica la necesidad de prever, analizar y solucionar los diferentes problemas generados, en este ámbito, por esa misma integración;

Considerando que los Ministros de Trabajo del MERCOSUR han manifestado, en sus reuniones, que la integración regional no puede restringirse a la esfera comercial y económica, sino debe alcanzar la temática social, tanto en lo que se refiere a la adecuación de los marcos regulatorios laborales a las nuevas realidades configuradas por esa misma integración y por el proceso de globalización de la economía, como el reconocimiento de un nivel mínimo de derechos de los trabajadores en el ámbito del MERCOSUR, correspondiente a los convenios fundamentales de la OIT;

Considerando la decisión de los Estados Partes de consolidar en un instrumento común los progresos ya logrados en la dimensión social del proceso de integración y sostener los avances futuros y constantes en el campo social, sobre todo mediante la ratificación y cumplimiento de los principales convenios de la OIT;

ADOPTAN LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS Y DERECHOS EN EL AREA DEL TRABAJO, QUE PASAN A CONSTITUIR LA DECLARACION SOCIOLABORAL DEL MERCOSUR SIN PERJUICIO DE OTROS QUE LA PRACTICA NACIONAL O INTERNACIONAL DE LOS ESTADOS PARTES HAYA INSTAURADO O VAYA A INSTAURAR:

DERECHOS INDIVIDUALES

No discriminación

Artículo 1°.- Todo trabajador tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y ocupación, sin distinción o exclusión en razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Los Estados Partes se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación. En particular se comprometen a realizar acciones destinadas a eliminar la discriminación respecto de los grupos en situación de desventaja en el mercado de trabajo.

Promoción de la igualdad

Artículo 2°.- Las personas con discapacidades físicas o mentales serán tratadas en forma digna y no discriminatoria, favoreciéndose su inserción social y laboral.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas efectivas, especialmente en lo que se refiere a la educación, formación, readaptación y orientación profesional, a la adecuación de los ambientes de trabajo y al acceso a los bienes y servicios colectivos, a fin de asegurar que las personas discapacitadas tengan la posibilidad de desempeñarse en una actividad productiva.

Artículo 3°.- Los Estados Partes se comprometen a garantizar, a través de la normativa y prácticas laborales, la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

Trabajadores migrantes y fronterizos

Artículo 4°.- Todo trabajador migrante, independientemente de su nacionalidad, tiene derecho a ayuda, información, protección e igualdad de derechos y condiciones de trabajo reconocidos a los nacionales del país en el que estuviere ejerciendo sus actividades, de conformidad con las reglamentaciones profesionales de cada país.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas tendientes al establecimiento de normas y procedimientos comunes relativos a la circulación de los trabajadores en las zonas de frontera y a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de mejorar las oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo y de vida de estos trabajadores.

Eliminación del trabajo forzoso

Artículo 5°.- Toda persona tiene derecho al trabajo libre y a ejercer cualquier oficio o profesión conforme a las disposiciones nacionales vigentes.

Los Estados Partes se comprometen a eliminar toda forma de trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de, una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente.

Además se comprometen a adoptar medidas para garantizar la abolición de toda utilización de la mano de obra que propicie, autorice o tolere el trabajo forzoso u obligatorio.

Especialmente suprímese toda forma de trabajo forzoso u obligatorio del que pueda hacerse uso:

a) como medio de coerción o de educación política o como castigo por no tener o expresar el trabajador determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido;

b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico;

c) como medida de disciplina en el trabajo;

d) como castigo por haber participado en huelgas;

e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.

Trabajo infantil y de menores

Artículo 6°.- La edad mínima de admisión al trabajo será aquella establecida conforme a las legislaciones nacionales de los Estados Partes, no pudiendo ser inferior a aquella en que cesa la escolaridad obligatoria.

Los Estados Partes se comprometen a adoptar políticas y acciones que conduzcan a la abolición del trabajo infantil y a la elevación progresiva de la edad mínima para ingresar al mercado de trabajo.

El trabajo de los menores será objeto de protección especial por los Estados Partes, especialmente en lo que concierne a la edad mínima para el ingreso al mercado de trabajo y a otras medidas que posibiliten su pleno desarrollo físico, intelectual, profesional y moral.

La jornada de trabajo para esos menores, limitada conforme a las legislaciones nacionales, no admitirá su extensión mediante la realización de horas extras ni en horarios nocturnos.

El trabajo de los menores no deberá realizarse en un ambiente insalubre, peligroso o inmoral, que pueda afectar el pleno desarrollo de sus facultades físicas, mentales y morales.

La edad de admisión a un trabajo con alguna de las características antes señaladas no podrá ser inferior a los 18 años.

Derechos de los empleadores

Artículo 7°.- El empleador tiene el derecho de organizar y dirigir económicamente y técnicamente la empresa, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales.

DERECHOS COLECTIVOS

Libertad de asociación

Artículo 8°.- Todos los empleadores y trabajadores tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen conveniente, así como de afiliarse a esas organizaciones, de conformidad con las legislaciones nacionales vigentes.

Los Estados Partes se comprometen a asegurar, mediante dispositivos legales, el derecho a la libre asociación, absteniéndose de cualquier injerencia en la creación y gestión de las organizaciones constituidas, además de reconocer su legitimidad en la representación y la defensa de los intereses de sus miembros.

Libertad sindical

Artículo 9°.- Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical con relación a su empleo.

Se deberá garantizar:

a) la libertad de afiliación, de no afiliación y de desafiliación, sin que ello comprometa el ingreso a un empleo o su continuidad en el mismo;

b) evitar despidos o perjuicios que tengan como causa su afiliación sindical o su participación en actividades sindicales;

c) el derecho a ser representados sindicalmente, conforme a la legislación, acuerdos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en los Estados Partes.

Negociación colectiva

Artículo 10.- Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones o representaciones de trabajadores tienen derecho a negociar y celebrar convenciones y acuerdos colectivos para reglamentar las condiciones de trabajo, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales.

Huelga

Artículo 11.- Todos los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado el ejercicio del derecho de huelga, conforme a las disposiciones nacionales vigentes. Los mecanismos de prevención o solución de conflictos o la regulación de este derecho no podrán impedir su ejercicio o desvirtuar su finalidad.

Promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de autocomposición de conflictos

Artículo 12.- Los Estados Partes se comprometen a propiciar y desarrollar formas preventivas y alternativas de autocomposición de los conflictos individuales y colectivos de trabajo, fomentando la utilización de procedimientos independientes e imparciales de solución de controversias.

Diálogo social

Artículo 13.- Los Estados Partes se comprometen a fomentar el diálogo social en los ámbitos nacional y regional, instituyendo mecanismos efectivos de consulta permanente entre representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores, a fin de garantizar, mediante el consenso social, condiciones favorables al crecimiento económico sostenible y con justicia social de la región y la mejora de las condiciones de vida de sus pueblos.

OTROS DERECHOS

Fomento del empleo

Artículo 14.- Los Estados Partes se comprometen a promover el crecimiento económico, la ampliación de los mercados interno y regional y la puesta en práctica de políticas activas referentes al fomento y creación del empleo, a fin de elevar el nivel de vida y corregir los desequilibrios sociales y regionales.

Protección de los desempleados

Artículo 15.- Los Estados Partes se comprometen a instituir, mantener y mejorar mecanismos de protección contra el desempleo, compatibles con las legislaciones y las condiciones internas de cada país, a fin de garantizar la subsistencia de los trabajadores afectados por la desocupación involuntaria y al mismo tiempo facilitar el acceso a servicios de reubicación y a programas de recalificación profesional que faciliten su retorno a una actividad productiva.

Formación profesional y desarrollo de recursos humanos

Artículo 16.- Todo trabajador tiene derecho a la orientación, a la formación y a la capacitación profesional.

Los Estados Partes se comprometen a instituir, con las entidades involucradas que voluntariamente así lo deseen, servicios y programas de formación y orientación profesional continua y permanente, de manera de permitir a los trabajadores obtener las calificaciones exigidas para el desempeño de una actividad productiva, perfeccionar y reciclar los conocimientos y habilidades, considerando fundamentalmente las modificaciones resultantes del progreso técnico.

Los Estados Partes se obligan además a adoptar medidas destinadas a promover la articulación entre los programas y servicios de orientación y formación profesional, por un lado, y los servicios públicos de empleo y de protección de los desempleados, por otro, con el objetivo de mejorar las condiciones de inserción laboral de los trabajadores.

Los Estados Partes se comprometen a garantizar la efectiva información sobre los mercados laborales y su difusión tanto a nivel nacional como regional.

Salud y seguridad en el trabajo

Artículo 17.- Todo trabajador tiene el derecho a ejercer sus actividades en un ambiente de trabajo sano y seguro, que preserve su salud física y mental y estimule su desarrollo y desempeño profesional.

Los Estados Partes se comprometen a formular, aplicar y actualizar, en forma permanente y en cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, políticas y programas en materia de salud y seguridad de los trabajadores y del medio ambiente del trabajo, con el fin de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, promoviendo condiciones ambientales propicias para el desarrollo de las actividades de los trabajadores.

Inspección del trabajo

Artículo 18.- Todo trabajador tiene derecho a una protección adecuada en lo que se refiere a las condiciones y al ambiente de trabajo.

Los Estados Partes se comprometen a instituir y a mantener servicios de inspección del trabajo, con el cometido de controlar en todo su territorio el cumplimiento de las disposiciones normativas que se refieren a la protección de los trabajadores y a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Seguridad social

Artículo 19.- Los trabajadores del MERCOSUR tienen derecho a la seguridad social, en los niveles y condiciones previstos en las respectivas legislaciones nacionales.

Los Estados Partes se comprometen a garantizar una red mínima de amparo social que proteja a sus habitantes ante la contingencia de riesgos sociales, enfermedades, vejez, invalidez y muerte, buscando coordinar las políticas en el área social, de forma de suprimir eventuales discriminaciones derivadas del origen nacional de los beneficiarios.

APLICACION Y SEGUIMIENTO

Artículo 20.- Los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos fundamentales inscritos en esta Declaración y a promover su aplicación de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales y las convenciones y acuerdos colectivos. Con tal finalidad, recomiendan instituir, como parte integrante de esta Declaración, una Comisión Sociolaboral, órgano tripartito, auxiliar del Grupo Mercado Común, que tendrá carácter promocional y no sancionatorio, dotado de instancias nacionales y regional, con el objetivo de fomentar y acompañar la aplicación del instrumento. La Comisión Sociolaboral Regional se manifestará por consenso de los tres sectores, y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:

a) examinar, comentar y canalizar las memorias preparadas por los Estados Partes, resultantes de los compromisos de esta Declaración;

b) formular planes, programas de acción y recomendaciones tendientes a fomentar la aplicación y el cumplimiento de la Declaración;

c) examinar observaciones y consultas sobre dificultades e incorrecciones en la aplicación y cumpli-miento de las disposiciones contenidas en la Declaración;

d) examinar dudas sobre la aplicación de la Declaración y proponer aclaraciones;

e) elaborar análisis e informes sobre la aplicación y el cumplimiento de la Declaración; examinar y presentar las propuestas de modificación del texto de la Declaración y darles el curso pertinente.

Las formas y mecanismos de canalización de los asuntos citados precedentemente serán definidos por el reglamento interno de la Comisión Sociolaboral Regional.

Artículo 21.- La Comisión Sociolaboral Regional deberá sesionar por lo menos una vez al año para analizar las memorias ofrecidas por los Estados Partes y preparar informe a ser elevado al Grupo Mercado Común.

Artículo 22.- La Comisión Sociolaboral Regional redactará, por consenso y en el plazo de seis meses, a contar de la fecha de su institución, su propio reglamento interno y el de las comisiones nacionales, debiendo someterlos al Grupo Mercado Común para su aprobación.

Artículo 23.- Los Estados Partes deberán elaborar, por intermedio de sus Ministerios de Trabajo y en consulta a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, memorias anuales, conteniendo:

a) el informe de los cambios ocurridos en la legislación o en la práctica nacional relacionados con la implementación de los enunciados de esta Declaración; y

b) el informe de los avances realizados en la promoción de esta Declaración y de las dificultades enfrentadas en su aplicación.

Artículo 24.- Los Estados Partes acuerdan que esta Declaración, teniendo en cuenta su carácter dinámico y el avance del proceso de integración subregional, será objeto de revisión, transcurridos dos años de su adopción, con base en la experiencia acumulada en el curso de su aplicación o en las propuestas e insumos formulados por la Comisión Sociolaboral o por otros organismos.

Artículo 25.- Los Estados Partes subrayan que esta Declaración y su mecanismo de seguimiento no podrán invocarse ni utilizarse para otros fines que no estén en ellos previstos, vedada, en particular, su aplicación a cuestiones comerciales, económicas y financieras.

Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, a los diez días de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, en las versiones española y portuguesa, de igual tenor.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 124

En Montevideo, el día doce de agosto de dos mil nueve, a la hora diecisiete y diez minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus Miembros la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Víctor Vaillant, Francisco Gallinal, Julio Lara Gilene, Isaac Alfil y Eduardo Ríos.

Preside la señora Senadora Susana Dalmás, Presidenta de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Gabriela Gazzano y el señor Prosecretario Martín Secco.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3352/2009, que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1. Carpeta N° 1599/2009. Ex-trabajadores de Fibratex. Normas relativas al subsidio por desempleo. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 3343/2009.

2. Carpeta N° 1600/2009. Mozos de Cordel. Se prorroga hasta el año 2012 el plazo de los contratos regulados por las Leyes Nos. 18.057 y 18.392. Proyecto de Ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 3344/2009.

3. Solicitud de audiencia de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga con el fin de brindar la posición del gremio respecto al proyecto a estudio sobre Negociación Colectiva.

4. Solicitud de audiencia de la Cámara Uruguaya de Turismo con el fin de tratar temas de interés del sector.

ASUNTO CONSIDERADO:

1. Carpeta N° 1591/2009. Negociación Colectiva. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 3317/2009.

El señor Senador Francisco Gallinal propone antes de considerar el proyecto, un artículo aditivo al mismo. La Comisión acuerda incluirlo como Capítulo VI, artículo 21.

Se vota el artículo 1°. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se vota el artículo 2°. 5 en 6. Afirmativa.

Se vota el artículo 3°. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se vota el artículo 4°. 6 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 5°. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se vota el artículo 6°. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se vota el artículo 7°. 6 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 8°. 4 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 9°. 4 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 10. 4 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 11. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se vota el artículo 12. 5 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 13. 4 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 14. 4 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 15. 4 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 16. 6 en 7. Afirmativa.

Se vota el artículo 17. 4 en 7. Afirmativa.

Se vota en bloque el Capítulo V, artículos 18, 19 y 20. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se vota el artículo 21. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La señora Senadora Susana Dalmás propone como Miembro Informante al señor Senador Eduardo Ríos. Se vota. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD. Informe Verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO POR LA COMISION:

I - PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE NEGOCIACION COLECTIVA.

Artículo 1°. (Principios y derechos).- El sistema de negociación colectiva estará inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y demás derechos fundamentales internacionalmente reconocidos.

Artículo 2°. (Derecho de negociación colectiva).- En ejercicio de su autonomía colectiva los empleadores u organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo y empleo, y regular sus relaciones recíprocas.

Artículo 3°. (Promoción y garantía).- El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre empleadores y trabajadores.

Artículo 4°. (Deber de negociar de buena fe).- En toda negociación colectiva las partes conferirán a sus negociadores respectivos el mandato necesario para conducir y concluir las negociaciones a reserva de cualquier disposición relativa a consultas en el seno de sus respectivas organizaciones. En cualquier caso, deberán fundar suficientemente las posiciones que asuman en la negociación.

Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación colectiva.

Tratándose de información confidencial, la comunicación lleva implícita la obligación de reserva, cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan.

Artículo 5°. (Colaboración y consulta).- La colaboración y consultas entre las partes deberán tener como objetivo general el fomento de la comprensión mutua y de las buenas relaciones entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como entre las propias organizaciones, a fin de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida.

Tal colaboración y consultas deberán tener como objetivo, en particular:

A) Permitir el examen conjunto, por parte de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de cuestiones de interés mutuo, a fin de llegar, en la mayor medida posible, a soluciones aceptadas de común acuerdo.

B) Lograr que las autoridades públicas competentes recaben en forma adecuada las opiniones, el asesoramiento y la asistencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores respecto de cuestiones tales como:

i) La preparación y aplicación de la legislación relativa a sus intereses.

ii) La creación y funcionamiento de organismos nacionales, tales como los que se ocupan de organización del empleo, formación y readaptación profesionales, protección de los trabajadores, seguridad e higiene en el trabajo, productividad, seguridad y bienestar sociales.

iii) La elaboración y aplicación de planes de desarrollo económico y social.

Artículo 6°. (Formación para la negociación).- Las partes en la negociación colectiva podrán adoptar medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

A petición de las organizaciones interesadas, las autoridades públicas prestarán asistencia respecto de tal formación a las organizaciones de empleadores y de trabajadores que lo soliciten.

El contenido y la supervisión de los programas de dicha formación podrán ser establecidos por la organización apropiada de empleadores o de trabajadores interesada.

La formación a impartirse no obstará el derecho de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de designar a sus propios representantes a los fines de la negociación colectiva.

II - CONSEJO SUPERIOR TRIPARTITO.

Artículo 7°. (Creación del Consejo Superior Tripartito).- Créase el Consejo Superior Tripartito como órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, el que reglamentará su funcionamiento interno.

Artículo 8°. (Integración).- El Consejo Superior Tripartito estará integrado por nueve delegados del Poder Ejecutivo, seis delegados de las organizaciones más representativas de empleadores y seis delegados de las organizaciones más representativas de trabajadores, más un igual número de suplentes o alternos de cada parte.

Artículo 9°. (Funcionamiento).- El Consejo Superior Tripartito podrá ser convocado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de oficio o preceptivamente a propuesta de cualquiera de las partes.

Para celebrar las sesiones se requerirá la asistencia mínima del 50% (cincuenta por ciento) de sus miembros, que contemplen la representación tripartita del órgano. En caso de no reunirse el quórum referido, se efectuará una segunda convocatoria dentro de las 48 horas para la que se requerirá el 50% (cincuenta por ciento) de los integrantes del Consejo.

Para adoptar resolución el Consejo requerirá el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Artículo 10. (Competencias).- Serán competencias del Consejo Superior Tripartito:

A) Expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional y del que se determine para los sectores de actividad que no puedan fijarlo por procedimientos de negociación colectiva. A tales efectos, el Poder Ejecutivo deberá someter estas materias a consulta del Consejo con suficiente antelación.

B) Efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito.

C) Asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos dictados contra resoluciones referidas a diferencias ocasionadas por la ubicación de empresas en los grupos de actividad para la negociación tripartita.

D) Considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita.

E) Estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales.

III - NEGOCIACION COLECTIVA POR SECTOR DE ACTIVIDAD.

Artículo 11. (Consejos de Salarios).- La negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios creados por la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, o por negociación colectiva bipartita.

Artículo 12. (Competencia).- Sustitúyese el artículo 5° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

"ARTICULO 5°.- Créanse los Consejos de Salarios que tendrán por cometido fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada, sin perjuicio de la competencia asignada por el artículo 4° de la Ley N° 17.940, de 2 de enero de 2006. El Consejo de Salarios podrá asimismo establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo. Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en el respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publicadas por parte del Poder Ejecutivo.

En cualquier época, el Poder Ejecutivo podrá convocar los Consejos de Salarios de oficio o, preceptivamente, si mediare solicitud de organizaciones representativas del sector de actividad correspondiente, en cuyo caso deberá convocarlo dentro de los quince días de presentada la petición.

No será necesaria la convocatoria de Consejos de Salarios en aquellas actividades o sectores en que esté vigente un convenio colectivo que hubiera sido debidamente concertado por las organizaciones de empleadores y trabajadores más representativas de la actividad o sector".

Artículo 13. (Designación de delegados).- Sustitúyese el artículo 6° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943, por el siguiente:

"ARTICULO 6°:- El Consejo Superior Tripartito efectuará la clasificación por grupos de actividad, y para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido por siete miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, dos por los patronos y dos por los trabajadores, e igual número de suplentes.

El primero de los tres delegados designados por el Poder Ejecutivo actuará como Presidente.

El Poder Ejecutivo designará los delegados de los trabajadores y empleadores en consulta con las organizaciones más representativas de los respectivos grupos de actividad.

En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripatito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que este proponga".

IV - NEGOCIACION COLECTIVA BIPARTITA

Artículo 14. (Sujetos).- Son sujetos legitimados para negociar y celebrar convenios colectivos un empleador, un grupo de empleadores, una organización o varias organizaciones representativas de empleadores, por una parte, y una o varias organizaciones representativas de los trabajadores, por otra. Cuando exista más de una organización que se atribuya la legitimidad para negociar y no medie acuerdo entre ellas, la legitimación para negociar se reconoce a la organización más representativa, en atención a los criterios de antigüedad, continuidad, independencia y número de afiliados de la organización. En la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior.

Artículo 15. (Niveles y articulación).- Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo.

Artículo 16. (Efectos del convenio colectivo).- Los convenios colectivos no podrán ser modificados por contrato individual o acuerdos plurisubjetivos en perjuicio de los trabajadores. El convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Artículo 17. (Vigencia).- La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.

El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario.

V - PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS.

Artículo 18.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá competencias en materia de mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos de trabajo.

Artículo 19. (Procedimientos autónomos).- Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones sindicales podrán establecer, a través de la autonomía colectiva, mecanismos de prevención y solución de conflictos, incluidos procedimientos de información y consulta así como instancias de negociación, conciliación previa y arbitraje voluntario.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la Dirección Nacional de Trabajo, brindará asesoramiento y asistencia técnica a las partes, con el objeto de fomentar y promover los procedimientos mencionados en el inciso anterior.

Artículo 20. (Mediación y conciliación voluntaria).- Los empleadores y sus organizaciones y las organizaciones de trabajadores podrán recurrir, en cualquier momento y si así lo estimaren conveniente, a la mediación o conciliación de la Dirección Nacional de Trabajo o del Consejo de Salarios con jurisdicción en la actividad a la cual pertenece la empresa (artículo 20 de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943).

Cuando las partes opten por someter el diferendo al Consejo de Salarios competente, recibida la solicitud con los antecedentes correspondientes, este deberá ser citado de inmediato a fin de tentar la conciliación entre las partes involucradas.

Si transcurrido el plazo prudencial se entendiere, a juicio de la mayoría de los delegados en el Consejo de Salarios, que no es posible arribar a un acuerdo conciliatorio, se dará cuenta a la Dirección Nacional de Trabajo a los efectos pertinentes.

VI.

Artículo 21.- Durante la vigencia de los convenios que se celebren, las partes se obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo. Esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito.

Queda excluida de su alcance la adhesión a medidas sindicales de carácter nacional convocadas por las Organizaciones Sindicales.

Para resolver las controversias en la interpretación del convenio deberán establecerse en el mismo procedimientos que procuren agotar todas las instancias de negociación directa entre las partes, y luego con la intervención de la autoridad ministerial competente, para evitar el conflicto y las acciones y efectos generados por este.

El incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo, a falta de un procedimiento fijado por las partes, puede dar lugar a la declaración de la rescisión del convenio, la que deberá promoverse ante la justicia laboral.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Susana Dalmás Presidenta

Gabriela Gazzano Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: para nosotros es muy importante y nos resulta de sumo agrado informar este proyecto de ley, porque marca un hito en las relaciones laborales colectivas de trabajo.

Antes de ingresar en el análisis jurídico y político puntual, queremos marcar algunos elementos sustantivos que inspiraron a nuestra fuerza política para la creación de este proyecto de ley.

Por esta iniciativa se intenta implementar un rol político diferente del Estado, que es considerado imprescindible para equilibrar las diferencias existentes entre el capital y el trabajo, de modo que se canalicen por el diálogo y no por la confrontación.

Este proyecto de ley también apunta a dar certeza, en un régimen completo de relaciones laborales, a los inversores nacionales e internacionales, porque trasmite confianza al marco existente. Como si fuera poco, esta iniciativa figuraba en el programa de Gobierno de nuestra fuerza política y, por tanto, era un compromiso llevarla adelante.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha trabajado muy bien este proyecto de ley en su totalidad y no fue permeable a los diferentes "lobbies" existentes en estos días respecto a la vigencia del proyecto de ley, hecho que nos ha sorprendido desagradablemente en tanto y en cuanto las gremiales empresariales fueron recibidas en su seno, en donde tuvieron la oportunidad de hacer referencia a los acuerdos o desacuerdos que tuvieran.

Para nosotros es importante que este proyecto de ley sea informado y haya sido estudiado en un contexto nacional, dada la particularidad de que el Uruguay era uno de los pocos países del mundo que no tenía una ley de negociación colectiva. Por lo tanto, esta iniciativa ingresa en la categoría de leyes dinámicas, que son aquellas que debemos ir observando en el futuro para ver cómo las adaptamos -si fuera necesario- y las corregimos para que tengan vigencia en el tiempo. La última ley que establecía algún tipo de negociación colectiva fue la de Consejos de Salarios de 1943.

Como aspecto preliminar, quiero contextualizar la sanción de esta iniciativa y hacer especial referencia a los cambios que en estos últimos cuatro años transformaron las relaciones de trabajo en el Uruguay. Esta práctica se debe a que la instauración de una ley de negociación colectiva no es para nada una medida aislada de la política laboral del Gobierno, sino que quizás es la culminación de la etapa más importante de la aprobación de una batería de leyes y de medidas que tienen por objeto terminar para siempre con la flexibilización del Derecho Laboral y recobrar, en el Derecho del Trabajo, su fundamental protagonismo protector.

Es entonces en el marco de la mayor tasa de actividad laboral en el Uruguay, de los menores índices de desempleo, de la mayor cantidad de afiliados a la seguridad social, de la discusión tripartita mediante la convocatoria a los Consejo de Salarios, de la regularización de la subcontratación laboral, del cese de la expropiación salarial con un nuevo plazo de prescripción de los créditos laborales y de la protección legal de la actividad sindical, que este proyecto de ley ingresa a la discusión parlamentaria para ser incorporado al Derecho Positivo nacional, que podríamos denominar como la "madre" de las normas que regulan las relaciones de trabajo. Esto es así, porque no puede haber negociación colectiva si no existe formalidad en las relaciones de trabajo, protección de la libertad sindical y tripartismo en la conducción de los aspectos fundamentales de las relaciones de trabajo. Por ello es que quiero situar las circunstancias y realidades que rodean la sanción de esta norma.

En lo que hace a los conceptos de negociación colectiva, tenemos que decir que hay varios, pero queremos reseñar brevemente los aspectos básicos en la materia que, de alguna manera, informan e inspiran el proyecto de ley que estamos considerando.

Como sostiene el prestigioso laboralista francés Javillier, la negociación colectiva es uno de los elementos centrales de la dinámica del Derecho del trabajo y del sistema de relaciones profesionales. Es ahí donde empresarios y trabajadores, representados por sus respectivas organizaciones, elaboran normas destinadas a regir sus relaciones y a dirimir sus conflictos. Es por ello, como lo señala la más moderna doctrina francesa, que mediante el sistema colectivo se configura una autonomía normativa de los actores sociales a partir de las relaciones laborales.

Es así que con la sanción de esta norma estamos dando un paso importante para regular la negociación colectiva en toda su amplitud porque, en definitiva, no se puede reducir a un mero convenio colectivo, sino que constituye un fenómeno mucho más amplio, puesto que no solo abarca la negociación laboral sino también un verdadero diálogo social.

Quiero calibrar correctamente la dimensión del tema que nos proponemos abordar, justamente para resaltar la trascendencia que tiene, porque estamos ante la consagración legal de la autonomía colectiva, que es el motor de las relaciones laborales modernas.

Como señala el catedrático peruano Villavicencio Ríos, la autonomía colectiva es el elenco de facultades que disponen las organizaciones de trabajadores y empresarios para regular conjuntamente sus intereses, ya sean contrapuestos o coincidentes. Esa concepción para regular las relaciones laborales requiere también una profunda concepción democrática del funcionamiento de la sociedad, porque es parte de la consideración de una sociedad pluralista, en la que, a la par de reconocerse la existencia o importancia de grupos intermedios entre el individuo y el Estado, se admite que tales grupos poseen las facultades necesarias para determinar, conjunta y autónomamente, sus propios intereses como forma de profundizar el Estado social y democrático de derecho. Este tipo de relaciones de trabajo transfiere el monopolio jurídico del Estado hacia las organizaciones intermedias, para que puedan autorregularse de forma civilizada. Es por ello que el Estado comparte el poder normativo con los actores sociales -empresarios y trabajadores- para mantener, justamente, el equilibrio y el desarrollo de las relaciones de trabajo. Este tipo de normas rompe la excluyente concepción neoliberal e integra la voz de trabajadores y empresarios a la definición, no solo de las condiciones de trabajo, sino también de la ejecución misma de una política económica y social. Por tanto, la negociación colectiva se transforma en la vida maestra del ordenamiento jurídico laboral del país, además de ser el canal principal de expresión de la libertad sindical.

Nuevamente tenemos que citar al catedrático peruano Villavicencio Ríos, porque creo que así la democracia deja de ser una cuestión meramente formal o representativa para tener un papel activo y directo, donde las partes puedan autorregularse.

Entonces, es en el contexto señalado y con las concepciones expuestas que ingresa a consideración del Cuerpo el proyecto de ley que crea un sistema de negociación colectiva.

En lo que hace a los aspectos generales del proyecto de ley, debemos manifestar que esta iniciativa cumple cabalmente con los compromisos internacionales asumidos por el país ante los organismos del Derecho Internacional del Trabajo, como instrumento indispensable para la negociación colectiva en todos sus niveles.

Las relaciones colectivas de trabajo, como tradicionalmente se las entiende, conforman una tríada compuesta por las organizaciones, la negociación colectiva y el conflicto. En el Uruguay, tradicionalmente y al influjo de los viejos anarcos que debutaron en las primeras experiencias sindicales del país a fines del siglo XIX, se forjó una particularidad con respecto al resto de los países latinoamericanos, que es el abstencionismo legislativo y la persistente afirmación de la autonomía colectiva, apartándose de los modelos de América Latina signados por el decidido intervencionismo estatal que modulan y regulan las negociaciones colectivas de trabajo.

Con enorme satisfacción -por cuestiones personales- vamos a citar al doctor Bismark Font, que argumentaba a favor del abstencionismo como medida protectora ante la intromisión del Estado en las relaciones colectivas. Sustentó esa posición doctrinaria en el año 1986; creemos que este fue uno de los elementos que abrió las puertas al neoliberalismo, que arrasó con las conquistas obreras que se destacaron en la vida nacional en la primera mitad del siglo XX.

Pero es evidente que aquel fuerte impulso que logró la avanzada legislación uruguaya hasta fines de la década de los cincuenta, no resistió los embates permanentes del neoliberalismo, sumado además a la década y media del autoritarismo cívico militar. Y, justamente, es en ese sentido que en el año 1989 el reconocido compatriota, profesor Ermida Uriarte, en su informe como consultor de la OIT, hacía referencia a la necesidad de introducir ajustes al modelo vigente, estableciendo procedimientos y mecanismos para garantizar y proteger la negociación colectiva, cumpliendo además con lo establecido por el Convenio Nº 98 de la OIT. Es así que, ante un alto grado de reglamentación del trabajo en el plano individual, existe un abstencionismo normativo estatal en materia de derecho colectivo. Fue precisamente la ausencia de ese marco normativo lo que devaluó el Sistema de Negociación Colectiva en Uruguay durante muchos años.

Es por ello que, en definitiva, concluimos que el abstencionismo legal en la negociación colectiva hoy ya no es un criterio que proteja el equilibrio de las relaciones en el mundo del trabajo. Y esa es, justamente, la concepción que practican los países desarrollados.

Quiero hacer una breve referencia a la doctrina laboralista española, porque leyendo documentos del profesor Palomeque López advierto que este manifiesta la intervención promocional y alimentadora del sistema de relaciones colectivas por parte del Estado. No desaparece la participación estatal como la pretenden los viejos y nuevos ideólogos del liberalismo sino, por el contrario, transforma el sentido de su curso y mantiene la ecuanimidad que debe regir su estado permanente. En definitiva, como lo afirma el jurista mexicano Carlos de Buen, el mayor o menor grado del intervencionismo estatal no es sino el reflejo de un determinado sistema de gobierno. Y para dejarlo claro, señor Presidente, este proyecto deja bien patente que el Estado no deberá ser indiferente respecto de la suerte de las relaciones en el mundo del trabajo en el Uruguay porque, además, la presencia de una clara legislación laboral es, justamente, lo que genera las certezas en la vida de las economías. En la década de los noventa estuvimos bajo una considerable improvisación de las relaciones laborales, que desde el año 2005 nos hemos propuesto combatir de manera frontal, ya que hacerlo, además de dar certezas, genera equilibrios. El mundo de las relaciones interpersonales es totalmente desequilibrado y es mediante el Derecho que debe buscarse el equilibrio que no existía hasta el presente. Cuando el equilibrio es natural, el Derecho sobra, pero cuando este no existe debemos dotar al sistema de instrumentos jurídicos que garanticen, por sobre todas las cosas, la justicia social.

Es por ello que, retomando el pensamiento del doctor Villavicencio Ríos, afirmo que el derecho a negociar es un derecho de base constitucional y que no debe excluir la intervención legislativa, sin perjuicio de que siempre debe preservarse la autotutela en la selección de los sujetos negociadores y la fuerza vinculante de los acuerdos alcanzados. Y esta autotutela implica, sin dudas, entregar a las organizaciones sindicales y empresariales las "parcelas de poder" suficientes para regular sus relaciones, sin perjuicio de la reserva que la Constitución de la República le asigna al Legislador para entender en los aspectos sustantivos. Es por ello que los actores del derecho laboral y el Estado concurren con una competencia compartida, porque por un lado se reconoce la autonomía colectiva y, por otro, la competencia estatal en las normas de interés público.

En este sentido, quiero agregar que esta norma que nos proponemos sancionar no es aislada. Ya existen disposiciones jurídicas sobre la negociación colectiva, sin perjuicio de creerlas insuficientes para la realidad del siglo XXI. En definitiva, en el Uruguay ha existido negociación colectiva, organización sindical y empresarial, pero bastó con que algunos Gobiernos dejaran de convocar a los Consejos de Salarios para que aquel sistema se desmoronara, cayendo así en la más desgraciada desregulación de las relaciones de trabajo.

Por eso, tal como lo afirma el doctor Zapiraín, es necesario incorporar a la legislación los aspectos que garanticen la participación, el diálogo social y la negociación, como instrumentos que canalizan el conflicto y permiten el ejercicio de la democracia en su más amplio sentido. Porque como lo señala el profesor Casalás, una legislación sobre negociación colectiva tiene por objeto reconocer y facilitar el juego equilibrado de los poderes que se encuentran presentes en el Derecho del Trabajo. De igual forma se expresaba el doctor Ricardo Mantero hijo, cuando mencionaba que la negociación colectiva no es solamente una regulación del contrato que determina las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino que es mucho más que eso: es una forma reconocida, inmanente, que forma parte del estado social de derecho.

En esa línea, no quiero dejar de mencionar al maestro Plá Rodríguez, que decía que la negociación colectiva no sustituía al contrato individual de trabajo, sino que establecía las condiciones a las que este debía ajustarse, justamente porque se establecen prohibiciones de celebrar contratos de trabajo que no alcancen, por lo menos, las disposiciones de lo resuelto en el ejercicio de la autonomía colectiva. Y es por ello que Plá Rodríguez, con su inconfundible claridad, sostenía que el Estado moderno no puede limitarse a la concepción individualista de los fines primarios del Estado, sino que, por el contrario, debe crear las condiciones que permitan asegurar el mayor bienestar y desarrollo de la economía de una nación.

Creo firmemente, entonces, que este proyecto de ley recoge la inquietud de ajustar las relaciones colectivas del trabajo a la realidad actual, precisamente para garantizar su pleno desarrollo como forma indiscutible de democratización de las relaciones del trabajo. Como muy bien lo señala Ermida Uriarte, la negociación colectiva no es solamente un medio de solución de conflictos colectivos; es, además, un mecanismo de creación de fuentes de derecho laboral y un verdadero instrumento colectivo y democratizante del gobierno de las relaciones laborales.

Como muy bien lo señalaba el profesor Rosenbaum en las Jornadas Laborales del año 2005, hay que vivificar el concepto de que el derecho a negociar colectivamente es un derecho fundamental, aceptado y ratificado por la Organización Internacional del Trabajo, ya que forma parte de sus principios fundamentales, al concebirse que la negociación colectiva es un mecanismo adecuado para un desarrollo normal y equilibrado de las relaciones laborales. Y para asegurar ese derecho fundamental es necesario adoptar una regulación cuyo principal objetivo sea la promoción de una negociación colectiva que sirva como soporte para instaurar un verdadero diálogo social.

Esta iniciativa legal, que cuenta ya con media sanción, pretende activar normativamente una disposición legal y, como se señala en la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo pone en manos de los actores de las relaciones laborales una serie de procedimientos que posibilitan la negociación en los diversos niveles que componen el mundo de las relaciones de trabajo, en un marco de seguridad jurídica, ajustando la vieja Ley de los Consejos de Salarios, que sin dudas constituyó hasta el momento el único sostén de la negociación colectiva en la faz salarial.

Creo, señor Presidente, que efectivamente la regulación legal de la Negociación Colectiva constituye un avance sustancial en las relaciones del trabajo, y es una norma que se incorpora al ordenamiento jurídico uruguayo, sumándose a un elenco de reglas que significaron en estos últimos cuatro años una verdadera transformación en el mundo laboral, en protección de las desigualdades que en él existen.

Este proyecto de ley tiene seis Capítulos. El Capítulo I refiere a los aspectos generales; el II alude al Consejo Superior Tripartito; el III, a la Negociación Colectiva por sector de actividad. Allí se plasma una nueva redacción de la Ley de Consejo de Salarios de 1943. El Capítulo IV hace referencia a la Negociación Bipartita y, por último, se incluye una cláusula de cumplimiento de esa negociación.

En la Comisión, este proyecto de ley fue votado en general por los Senadores del Partido Nacional, que luego votaron catorce artículos de la norma. Si fuere necesario, a la hora de analizar el articulado, estaremos a lo que las partes decidan.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: esta es la segunda oportunidad en que en el transcurso de esta Legislatura tenemos a estudio del Senado un proyecto de ley que refiere al instrumento de la negociación colectiva. La primera fue cuando se aprobó un proyecto de ley -con discrepancias pero con el voto conforme de nuestro Partido- de negociación colectiva destinado exclusivamente al ámbito público; y en el día de hoy estamos considerando una iniciativa que tiene como propósito normatizar y establecer un marco jurídico que regule un instrumento de estas características circunscripto al ámbito privado.

En términos generales, vamos a reiterar y ratificar nuestra opinión favorable a todo lo que signifique incorporar la negociación colectiva a los ámbitos de relacionamiento de carácter laboral. Incluso podríamos ir mucho más lejos y decir que todo lo que signifique incorporar la negociación a la vida del país, a su sistema político, a sus actores sociales y a las relaciones entre todos quienes habitamos este territorio, en todos los casos debe ser compartido, impulsado y alentado porque ¿qué mejor que el diálogo, el intercambio de opiniones y la discrepancia para la búsqueda de entendimientos que ayuden a generarle al país en su conjunto y a sus distintos protagonistas, certeza, certidumbre, seguridad, protección de los acuerdos que se puedan alcanzar y, en definitiva, desarrollo y prosperidad? Si algo tenemos claro quienes pertenecemos a esta Bancada del Partido Nacional es que, en la medida en que se vayan tejiendo entendimientos de estas características, fortaleceremos las posibilidades de desarrollo del país, sobre todo en momentos en que enfrenta dificultades, de orden económico de importante dimensión.

En consecuencia, señor Presidente, al analizar esta iniciativa queremos empezar por ratificar, en todos sus términos, nuestro más amplio respaldo a un instrumento de este tipo, que -justo es decirlo- tiene una larga historia en la vida del país. La negociación colectiva en materia laboral existe desde hace muchas décadas y tuvo manifestaciones específicas, como la Ley de Consejo de Salarios, ya en la década de los cuarenta. Quiere decir que hace prácticamente setenta años que no solamente tenemos ámbitos de diálogo y acuerdos de esta índole, sino también el instrumento Consejo de Salarios -que es una especie dentro del género "negociación colectiva"-, que es bueno traerlo a colación porque este proyecto de ley modifica la Ley que lo creó.

O sea que esto no es nuevo. Ahora bien, lo que sí significa una innovación -por lo menos para este ámbito de relacionamiento en el área laboral- es la creación de una ley que regule la negociación colectiva, segunda idea con la que estamos de acuerdo, y creemos haber interpretado la opinión de la ciudadanía en general, fundamentalmente de los principales protagonistas del quehacer laboral y empresarial, y más concretamente la del PIT-CNT, la de las Cámaras Empresariales, la de pequeños emprendedores, titulares de micro y medianas empresas. En todos lados hemos recibido opiniones favorables a que el país, a través del Parlamento, establezca un marco normativo que regule la negociación colectiva. Era necesario legislar en este sentido, porque actualmente opera por la sola voluntad de las partes y está librada -lo que no está mal- a lo que ellas entiendan conveniente acordar. Además, esa negociación está complementada por los distintos derechos que consagra la Constitución de la República, pero carece de un marco normativo que regule cómo deben implementarse y llevarse adelante negociaciones de estas características.

El Partido Nacional, que vanamente en la Cámara de Representantes intentó abrir el proyecto de ley y facilitar el acceso de los distintos actores a las Comisiones -como se hace tradicionalmente con todos los temas que aquí se estudian-, logró que en el Senado esa posibilidad tuviera, por lo menos, algunas instancias de discusión. Lo que lamentablemente no se pudo lograr en la Cámara de Representantes, en alguna medida se avanzó en la Cámara de Senadores al recogerse la propuesta que formulamos desde el Partido Nacional en el sentido de convocar a las distintas delegaciones para que trajeran a consideración de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social su opinión respecto de este proyecto de ley. Si bien recibimos la opinión de las Cámaras Empresariales, no logramos mayorías para que también estuviera presente el PIT-CNT. Para nosotros era importante que la central única de trabajadores compareciera ante la Comisión expresando su opinión respecto a un proyecto de ley que le incumbe y compromete tan severamente. No pudimos lograr esto porque la mayoría del oficialismo adoptó una actitud y una decisión manifiesta de sacar adelante el proyecto de ley lo antes posible. Probablemente por esa razón se limitaron las posibilidades de actuación de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, lo que no es la primera vez que sucede en el transcurso de esta Legislatura.

En más de una oportunidad se ha aplicado a rajatabla la mayoría y ello, en algunos casos, ha significado un impedimento para la negociación, mientras que en otros se ha ido mucho más lejos, a tal punto que se ha convertido en una traba para la discusión, llegándose incluso a aprobar algunos proyectos de ley que tenían una importancia significativa -no se trataba de cualquier iniciativa-, sin pasar por la Comisión correspondiente. Se me puede decir que es el uso legítimo de las mayorías, y lo es. Nunca discutimos la legitimidad de la mayoría que el oficialismo tiene en el Parlamento Nacional; lo que sí hemos dicho es que eso es una limitante enorme para la correcta expresión del sentir de un país que está representado en el Parlamento por todos sus Legisladores y no solo por los que componen la mayoría, y ha ido en contra de la calidad de la producción legislativa. A esta altura de los acontecimientos, este hecho nos parece absolutamente innegable y fuera de discusión, a tal punto que se han llegado a aprobar leyes cuando ya estaba pronta -al momento en que se estaba logrando la mayoría en el Parlamento- una segunda iniciativa para modificar la que estaba en vías de consagrarse, de manera de evitar el pasaje de una Cámara a la otra, lo que obviamente termina perjudicando profundamente la calidad de la legislación que finalmente resulta aprobada.

En este proyecto de ley se da una peculiaridad que queremos resaltar, porque así lo sentimos y lo vemos. Hemos advertido, por lo menos desde el domingo 28 de junio hasta hoy, un cambio en la actitud de la fuerza política que actualmente ostenta el Gobierno, lo que a nuestro juicio obedece al resultado electoral de aquella jornada y a la preocupación manifiesta de si van a continuar o no en ese ejercicio en el transcurso de los próximos años. Esto ha traído dos consecuencias: la primera se observa en la urgencia que existe para aprobar algunas leyes, con el propósito de ver si con medidas populares, simpáticas, y en algunos casos hasta clientelistas, se conquistan mayores voluntades de cara al próximo proceso electoral; la segunda también surge como consecuencia de esa misma preocupación, ya que si acaso no se lograran las mayorías en las próximas elecciones de octubre y noviembre, por lo menos le queda marcada la cancha al nuevo Gobierno con la regulación de distintos ámbitos de capital importancia en la vida del país, como es el caso del tema que hoy estamos discutiendo.

Esta es la realidad que nosotros advertimos y que es preocupante, porque legislar de esa manera no ayuda a la calidad de las normas que van surgiendo del Parlamento.

Este proyecto de ley llegó al Parlamento como iniciativa del Poder Ejecutivo hace ya largo tiempo, y allí estuvo, como tantos otros, esperando los acuerdos internos dentro de la Bancada de Gobierno o incluso dentro del propio Gobierno -en el camino, felizmente, perdió el capítulo que refería a las ocupaciones de los lugares de trabajo-, hasta que un buen día se decidió apretar el acelerador y empezar a aprobar algunas leyes, entre las que estaba ésta, aunque todos sabemos que hay otras que también están en la agenda de la Bancada de Gobierno y que la intención es aprobarlas contra viento y marea en el correr de las próximas semanas. Esto no ayuda a la calidad de la legislación, así como tampoco favorece al tema que se pretende regular ahora, y a medida que ingresemos en el análisis del proyecto de ley veremos que hay puntos que consideramos positivos -ya hemos señalado la necesidad imperiosa que el país tiene de establecer un marco normativo que regule las relaciones laborales en lo que tiene que ver con la negociación-, pero hay otros aspectos que entendemos que no solo no ayudan a la negociación sino que, por el contrario, pueden convertirse en limitantes importantes para que este gran instrumento efectivamente cumpla el rol que debe desarrollar en toda sociedad.

Estamos de acuerdo con los principios, el fundamento y la filosofía que inspiran la negociación colectiva; por ese motivo, acompañamos prácticamente en todos sus términos el Capítulo I del proyecto de ley. Sin embargo, comenzamos a tener diferencias de fondo a partir del Capítulo II, cuando al regular la creación de los Consejos y de los ámbitos de negociación, no solamente se establece el carácter tripartito de los mismos -estando integrados por representantes de empleadores, de trabajadores y del Poder Ejecutivo- sino que, además, se otorga una notoria mayoría al Poder Ejecutivo -de nueve representantes contra seis de cada parte-, lo que inexorablemente lo convierte en árbitro de todas y cada una de las decisiones que se vayan a tomar en el ámbito de la negociación colectiva. Eso le quita al instrumento un valor intrínseco, cual es el de la bilateralidad, el de la autonomía de la voluntad de las partes y el de facilitarle a cada uno de los actores la posibilidad de desenvolverse libremente, de pelear y de defender sus intereses, no solo en beneficio de quienes representan sino, además, en aras del bien común, reservando al Gobierno -como se debería- la participación en una instancia ulterior y simultánea. Ulterior, en tanto se habilita alguna intervención cuando las diferencias son de tal magnitud que se hace imposible acordar; y, simultánea, porque no estamos aquí estableciendo que el Poder Ejecutivo deba permanecer prescindente o que le resulten ajenas las negociaciones en la materia, ya que tiene la capacidad de gobernar y de legislar a través del Parlamento para ir estableciendo instrumentos que busquen ese bien común, que defiendan los intereses de la sociedad en su conjunto y, principalmente -como a nuestro juicio debe ocurrir en todo momento y en todo tiempo-, que defiendan al trabajador, el trabajo, el salario y su poder adquisitivo, y la inversión, entendida como forma de generar mayores fuentes de trabajo, desarrollo económico, rentabilidad y progreso para el país. En consecuencia, filosóficamente discrepamos con este carácter tripartito, no porque consideremos que el Estado deba ser prescindente o tenga que actuar aislado de la realidad, sino porque entendemos que, a través del Gobierno, debe tener una actitud proactiva, como responsable principal de encauzar el relacionamiento, de marcar el rumbo y de legislar a través de las instituciones correspondientes. Entonces, dado que se trata de una negociación colectiva de carácter bilateral -a la que, además, se hace referencia en varios proyectos de ley-otorgar al Estado estas potestades significa negar una característica que está implícita -o debería estarlo- en la naturaleza del sistema que estamos intentando normatizar.

Tampoco puede pasar inadvertido -tal como señalé al principio- el hecho de que está finalizando una Administración, lo que se aprecia aún más en esta circunstancia, en que se está legislando, en parte, porque falta poco para que termine este Período. No se sabe quién va a tener la responsabilidad de conducir los destinos del país los próximos cinco años; no lo sabe el Gobierno ni la oposición, no lo sabe nadie. Veremos qué dicen las urnas en octubre y en noviembre, pero eso justamente nos debería obligar a que normas de estas características, cuya aplicación más importante va a surgir a partir del próximo Gobierno, logren la más amplia base conceptual, de manera de ayudar y facilitar, en lugar de entorpecer, lo que en definitiva muchos tememos que pueda suceder.

Además, hay otro error conceptual en el tema tripartito de los Consejos, que consiste en creer que la ideología del Gobierno de turno debe ser la que pese en el momento de resolver diferencias de esta naturaleza. Tal como se ha expresado, parecería que el Gobierno -en su composición actual- se reserva esa mayoría para laudar a favor del PIT-CNT. Creemos que no debe existir esa condición de juez, pero sería bueno que en caso de tener que recurrir a esa última instancia, ella fuera utilizada con el propósito de atender los objetivos principales y los intereses de mayor dimensión que importan a un país, y no para volcarse a favor de una u otra parte.

Por los motivos expuestos, no somos partidarios del carácter tripartito que se otorga a ese Consejo, y entendemos que al Gobierno le compete cumplir la función a la que hemos hecho referencia.

También hemos marcado, señor Presidente, nuestras discrepancias en cuanto al Capítulo referido a la Negociación Colectiva por Sector de Actividad; y las hemos marcado, básicamente, en dos aspectos, de los que no quiero dejar de señalar uno -aunque quizás no sea el más importante- porque fue la razón por la que junto con el señor Senador Lara Gilene no acompañamos en Comisión el artículo 12, que modifica el artículo 5º de la Ley de Consejo de Salarios. Precisamente, la nueva redacción de este artículo 5º determina que el Consejo podrá establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados, cuando a nuestro juicio la diferencia entre el Consejo de Salarios y el Convenio Colectivo radica en que al primero se le reserva todo aquello que tiene que ver con materia salarial y categoría laboral, en tanto las condiciones de trabajo son propias del relacionamiento que existe en un convenio colectivo de carácter bilateral.

De todas maneras, nos preocupa mucho más el artículo 13, que modifica el artículo 6º de la Ley de Consejo de Salarios, que establece la clasificación por grupos de actividad y determina que para cada uno de ellos funcionará un Consejo de Salarios constituido en este caso por siete miembros. Su inciso final expresa: "En los sectores donde no existiere una organización suficientemente representativa, el Poder Ejecutivo designará los delegados que le sean propuestos por las organizaciones que integren el Consejo Superior Tripartito o en su caso adoptará los mecanismos de elección que este proponga", o sea, el Consejo Superior Tripartito. En buen romance, esto quiere decir que se obliga a la sindicalización de estos grupos de actividad, pero en caso de que no se sindicalicen no se autoriza a los trabajadores de cada empresa a juntarse y designar a sus delegados para que vayan a negociar. En definitiva, se los obliga a estar representados por quienes ellos no eligieron: el Consejo Superior Tripartito. ¿Se eligen representantes en función de los mecanismos que decidan los trabajadores? No; tienen que ser los integrantes del Consejo Superior Tripartito. Nos parece que esta norma atenta contra la representatividad y contra la democracia que debe existir en cada ámbito. Si los trabajadores quieren, por sí y ante sí, por voto secreto o por voto cantado -mediante el mecanismo que sea-, elegir a sus representantes, deben tener derecho a hacerlo y no se les puede imponer un Consejo que probablemente no los represente o no sientan que lo hace.

En síntesis, entendemos que este proceder no es bueno para ningún tema ni para ningún proyecto de ley, y en consecuencia, tampoco lo es para este.

También hemos tenido nuestras discrepancias con tres de los cuatro artículos que conforman el Capítulo de Negociación Colectiva Bipartita, que son los artículos 14, 15 y 17. La diferencia más importante que nos separa en este Capítulo es el artículo 15, que dice: "Las partes podrán negociar por rama o sector de actividad, empresa, establecimiento o cualquier otro nivel que estimen oportuno. La negociación en los niveles inferiores no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo". No creemos conveniente que se imponga que en los niveles inferiores existan mínimos, de la misma manera que no compartimos lo que establece el artículo 12 respecto a competencias que se daban a los Consejos de Salarios en cuanto a la reglamentación de las condiciones de trabajo. Creemos que aquí le está faltando algo al proyecto de ley, que es realismo, realidad. El Derecho en general, pero sobre todo el Derecho Laboral, cuanto más bañado de realidad esté, más efectivo será. Inclusive, en las definiciones que se toman en los procesos laborales, la realidad como tal tiene un peso que quienes han trabajado en esos ámbitos conocen. Ellos saben la significación que se da a la realidad en la Justicia Laboral.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador Moreira ha presentado una moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

La Presidencia aprovecha la oportunidad para dar la bienvenida a los estudiantes que están en las Barras, participantes del Programa "Visita tu Parlamento", impulsado por la Cámara de Representantes. Se trata de las Escuelas Rurales Nos. 20, 29 y 93, de San José, de los Hogares del INAU, Club de Niños: "Caminos", "Nuevo Tiempo", "Martiriné", "Mi pequeño pony", "Cantares", "Frutillitas", también de San José, y Club de Niños de Libertad.

Muchas gracias por visitarnos.

Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- De más está decir que nos sumamos a la bienvenida que dio la Presidencia.

Como decía, el Derecho Laboral debe tener siempre un baño de realidad lo más profundo posible. Y como señalé, estas normas conspiran contra esa realidad, porque cuando se trata de establecer las condiciones vinculadas al trabajo o de especificar más concretamente las categorías salariales o los niveles de percepción, por ejemplo, la situación de una empresa que tiene muchos empleados no es la misma que la de otra que tiene pocos, o solo uno o dos trabajadores. Asimismo, no son iguales las condiciones de una empresa que desarrolla una actividad de carácter permanente y estable, a la de otra que está atada a períodos zafrales; no es igual la situación de una empresa que invierte y se desarrolla en el interior del país, a la de otra que lo hace en la capital; tampoco es lo mismo estar instalado en una zona del interior del país o en otra. Por eso consideramos que una ley tiene que captar esas diferencias y otorgar la posibilidad de que las mismas, como producto de la negociación, sean trasladadas al convenio, al acuerdo, o al consejo salarial correspondiente.

Lamentablemente, en esta iniciativa se limita la distinción de esa diversidad tan rica. Hoy en día las micro y medianas empresas son las que generan un porcentaje enorme de las fuentes laborales que existen en el país, pero esa peculiaridad no se ha recogido en este proyecto de ley. Por eso, mucho tememos que termine conspirando contra su efectividad.

Respecto a ese Capítulo debemos señalar las profundas discrepancias que tenemos con el artículo 17, que es el que se ha hecho más conocido en el transcurso de estas últimas semanas, porque es el que se define como la ultraactividad de los convenios colectivos.

El artículo 17 establece lo siguiente: "La vigencia de los convenios colectivos será establecida por las partes de común acuerdo, quienes también podrán determinar su prórroga expresa o tácita y el procedimiento de denuncia.

El convenio colectivo cuyo término estuviese vencido, mantendrá la plena vigencia de todas sus cláusulas hasta que un nuevo acuerdo lo sustituya, salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario".

En cuanto a la autonomía de la voluntad, lo lógico es que si, tal como establece el primer inciso, la vigencia de los convenios "será establecida por las partes de común acuerdo" y las partes deciden que el período de vigencia es por determinado lapso, a su vencimiento debería quedar sin efecto y reiniciarse, antes o después de ese vencimiento, una nueva negociación para fijar los términos del acuerdo futuro. Eso es lo lógico. Eso es lo que ayuda a la celebración de los convenios y ninguno de nosotros puede ignorar que cuando se va a celebrar un acuerdo uno de los elementos que más pesa es la coyuntura económica por la que se atraviesa. Desgraciadamente, no sólo nuestro país sino la región, no se han caracterizado por la estabilidad en materia económica; debido a que tanto sus vaivenes como los del mundo muchas veces sacuden a su economía, es de toda lógica que se establezcan plazos para los acuerdos y los beneficios a otorgar, y si los resultados fueron como se esperaban o aun mejores, existe la posibilidad de optimizar dichos acuerdos; de lo contrario, obviamente, no prosperarán.

Este tema ya lo discutimos en alguna oportunidad, incluso cuando analizamos otra ley de carácter laboral, en cuya oportunidad compareció el señor Subsecretario, en nombre del señor Ministro, y nos dijo que cuando el trabajador se ve en la disyuntiva de optar entre salario y empleo, generalmente termina optando por el empleo. Esa es su primera defensa.

Por todas estas razones, decimos que este artículo es incoherente y carece de toda lógica. Es verdad que la frase final del segundo inciso indica "salvo que las partes hubiesen acordado lo contrario", lo que significa que en el convenio se puede establecer la posibilidad de que caiga a su vencimiento. Pero si no se lograra un acuerdo sobre ese tema, se aplica el inciso tal como está, con esa negatividad a la que hemos hecho referencia, que se amortigua en alguna medida por un aspecto que vamos a destacar a continuación, y es el que tiene que ver con la cláusula de paz.

A instancias de una decisión adoptada por la Bancada de Senadores del Partido Nacional, promovimos en Comisión, a efectos de mejorar el proyecto, la aprobación de una cláusula de paz, y logramos lo que hasta ahora no habíamos conseguido, o sea, la modificación del proyecto de ley. Esto no se logró en la Cámara de Representantes en su primera discusión y tampoco parecía haber la más mínima disposición en el Senado, pues se nos respondió negativamente a la propuesta de modificar alguno de los aspectos que criticamos y con los que mantenemos discrepancias. En nuestra opinión, no es un buen proyecto con relación a estos temas cuyas debilidades hemos marcado, pero consideramos que una cláusula de paz ayuda a un mejor entendimiento y es una motivación para celebrar convenios, en tanto da certidumbre a la relación laboral y genera paz, es decir, evita conflictividad. Por supuesto, más allá de que esta se produzca, las distintas partes tratan de huir a la crisis, al enfrentamiento, al paro, a la huelga, al "lock out" patronal, pues todos somos conscientes del daño que se produce a la sociedad y a los propios involucrados. Buena parte de las normas de Derecho Comparado en materia de negociación colectiva contienen cláusulas de paz que han dado resultados muy positivos.

La cláusula de paz que propusimos se introdujo como un Capítulo dentro del proyecto de ley y se aprobó en Comisión -me parece importante destacarlo- con el voto conforme de todos sus integrantes, o sea, cuatro representantes del Frente Amplio, dos del Partido Nacional y uno del Partido Colorado. Se trata de una cláusula de paz que tiene distintos aspectos que queremos poner de manifiesto, y si bien no tengo el texto aquí conmigo -agradecería a Secretaría que me lo hiciera llegar porque no figura en el Repartido de que disponemos-, puedo decir que se divide en tres grandes capítulos. El primero de ellos, que será el artículo 21 del proyecto de ley dice: "Durante la vigencia de los convenios que se celebren, las partes se obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo. Esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito.

Queda excluida de su alcance la adhesión a medidas sindicales de carácter nacional convocadas por las Organizaciones Sindicales".

Esto último nos parece de toda lógica, pues más allá de que la cláusula de paz impide en toda circunstancia la aplicación de medidas o acciones de fuerza, si en el día de mañana existiera una convocatoria nacional a un paro o a medidas sindicales, no se puede obligar a la no participación en esas medidas invocando la cláusula de paz.

En la Comisión discutimos el alcance de la frase final del inciso primero y, por nuestra parte, propusimos la redacción: "Esta cláusula es de aplicación a todos los temas que integraron la negociación", a lo que habíamos agregado: "y que hayan sido recogidos en el convenio suscrito". La palabra "recogidos" fue sustituida por el vocablo "acordados", que en el contexto de la cláusula también nos pareció que se adecuaba al objetivo perseguido. La idea es que se aplique a todos los temas que integraron la negociación y que formen parte del convenio correspondiente. Más aún, nosotros pusimos un ejemplo que, según surge de la versión taquigráfica, recibió -por lo menos en la interpretación de quien habla- el consentimiento de los demás integrantes de la Comisión. Si bien aquí la casuística es demasiado grande y a veces los ejemplos no son el mejor camino, creo que en este caso sirvió para poner de manifiesto hacia dónde estábamos apuntando. Concretamente, pusimos como ejemplo la posibilidad de que, en la celebración de un acuerdo, las partes estuvieran discutiendo la implementación de una prima por presentismo y una prima por eficiencia. Supongamos que en determinado momento se ponen de acuerdo en incluir la prima por eficiencia, e incluso van un poco más allá de lo que se había pactado en una primera instancia, y resuelven mejorar en un 25% el monto inicialmente previsto, pero como contrapartida descartan la prima por presentismo. Esos temas integraron la negociación y, por consecuencia, están protegidos. Tanto la prima por presentismo, que no se otorgó -o que se acordó negativamente, por decirlo de alguna manera-, como la prima por eficiencia, que sí se concedió, forman parte del convenio.

Pero voy a aportar otro ejemplo que me parece mucho más claro todavía, colocándonos en situaciones extremas: supongamos que se otorga la prima por eficiencia y que, por lo tanto, se asume que, salvo que se incumpla con ese pago, no se puede promover ninguna acción solamente por ese tema. Creo que va de suyo que esto tiene que ser así sin que sea necesaria ninguna cláusula de paz. Si se acordó específicamente sobre un punto, en la medida en que no se incumpla ese convenio, no se pueden promover acciones en relación a ese tema. No tiene sentido incluir una cláusula de paz para decir eso.

Vayamos ahora al otro extremo. Supongamos que se acordaron diversos tópicos y que, como hay un acuerdo, se pretende que no se puede promover ninguna acción sobre ningún tema, de los incluidos y los no incluidos. Es muy claro que esto tampoco corresponde, porque significaría coartar el derecho de huelga que está establecido específicamente en la Constitución de la República. No se puede decir que como las partes se pusieron de acuerdo sobre un punto, o un conjunto de puntos, no pueden promover ningún tipo de medida respecto a cualquier otro tema. Esto implicaría, insisto, coartar derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. De allí el alcance que le dimos a la norma y por eso establecimos esta redacción para la primera parte de esta cláusula.

La segunda parte también está destinada a prevenir soluciones a conflictos -no se limita a ser una cláusula de paz en los términos en que hemos hablado-, porque muchas veces las diferencias surgen en la interpretación de los convenios y de los acuerdos. Por este motivo, establecemos un procedimiento para que se agoten todas las etapas de negociación directa entre las partes, y si ese camino fuera infructuoso, se le daría intervención a la autoridad competente, es decir, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en sus distintas representaciones, ya porque ingrese el propio señor Ministro en la negociación o porque lo haga a través de la DINATRA o cualquiera de las reparticiones que tienen competencia en esta materia.

Finalmente, establecemos una norma en donde se prevé la sanción al incumplimiento de la cláusula de paz, lo que también era ineludible, porque no tiene sentido crear un mecanismo de este tipo si no hay, a su vez, un procedimiento que sancione su incumplimiento. Concretamente, establecemos la posibilidad de declarar la rescisión del convenio, la que deberá promoverse ante la Justicia laboral. Esto coincide, en gran medida, con un conjunto de reflexiones muy inteligentes y conceptuosas que pudimos leer en un trabajo desarrollado por el doctor Slinger, donde dice expresamente, con respecto a este tema: "obviamente, el incumplimiento de la obligación de paz la debe realizar la Justicia, y más específicamente la Justicia laboral". De manera que aquí establecemos un mecanismo para resolver la gravedad del incumplimiento de la cláusula de paz y la posible rescisión del convenio, que una u otra de las partes puede promover.

Creemos, también -por eso habíamos hecho referencia a este tema cuando hablamos de la ultraactividad de los convenios y de que nos parecía negativo el inciso segundo del artículo 17-, que en buena medida esa cláusula de paz amortigua la ultraactividad, porque rige precisamente para aquellos temas que hayan integrado la negociación y que hayan sido acordados en el convenio suscrito. Esto ayuda, entonces, a proteger la paz y prevenir la conflictividad una vez vencida la vigencia.

Por lo tanto, señor Presidente, en función de estos fundamentos y de los que puedan expresar nuestros compañeros del Partido Nacional, vamos a votar en general este proyecto de ley y a habilitar la discusión particular, bajo la seguridad de que se va a incluir este Capítulo final referido a la cláusula de paz. Aclaro que nos hemos reservado, por supuesto, no solamente el derecho de votar negativamente aquellos artículos con los que tenemos discrepancias muy profundas, sino también el derecho lógico de aspirar a consagrar las mayorías que nos permitan, en el día de mañana, mejorar el proyecto, sustituyendo aquellos aspectos que consideramos perjudiciales para las relaciones laborales.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: vamos a ahorrarle al Cuerpo una cantidad de conceptos, intentando no reiterar algunos de los ya vertidos. Esto no quiere decir, por supuesto, que no los compartamos, sino simplemente que no vale la pena reiterarlos.

En primer lugar, el Partido Colorado quiere dejar clara su posición a favor de que exista una ley de negociación colectiva. De hecho, lo ha demostrado desde el año 1995, cuando intentó llevar adelante una y no logró los acuerdos respectivos. Ahora bien, el hecho de que se quiera una ley de negociación colectiva no significa que estemos de acuerdo con cualquier norma sobre la materia. La posición del Partido Colorado es que exista una ley de negociación colectiva moderna, esto es, que respete los cambios absolutamente enormes que ha habido en el ámbito laboral y en el mundo en general desde un tiempo a esta parte, en especial a partir de principios de los años ochenta. Estos cambios no sólo se reflejaron en los mercados, sino también en las posiciones de la OIT y de la Jurisprudencia, que fueron variando a lo largo del tiempo. Una de las modificaciones más importantes de la Jurisprudencia tiene que ver con la ultraactividad, que era un valor asumido hasta hace no más de 15 ó 17 años y que hoy es todo lo contrario.

Mi Partido no va a votar en general este proyecto, y en la discusión particular votará algunas disposiciones. Y va a votar en contra de este proyecto de ley en general porque, más allá de que el voto a favor solo habilita la discusión, nos parece que a veces confunde las señales.

La ley de Consejo de Salarios de 1943 fue aprobada en una época en que el auge del fascismo había impregnado a la humanidad, al planeta Tierra, de la teoría de que las corporaciones negocian y tienen que estar presentes en todos lados; pero cuando se la observa, se comprueba que fue extremadamente moderada para su época, seguramente de las más moderadas de la legislación comparada. Sin embargo, este proyecto que estamos considerando ahora, 66 años después, hace mucho más rígido algo que en aquel momento no lo fue tanto. Justamente, el mundo caminó hacia algo mucho más flexible, porque todos los sistemas deben tener su válvula de escape. Cuando estudiábamos física sabíamos que si había algo muy rígido, tenía que haber algo muy blando, porque de lo contrario el choque producía el quiebre. Los sistemas precisan de algo similar. Si hacemos muy rígido esto -que es lo que estamos haciendo-, ya sabemos cuál es la válvula de escape: el empleo. Indefectiblemente, cuando se hacen las correcciones de largo plazo y se miran bien las estadísticas o se aíslan determinados factores, la evidencia empírica es concluyente. Claramente este proyecto no es a favor del trabajo o de los trabajadores; en todo caso, algunos podrían decir que es a favor de los jefes de los sindicatos, para darles poder, cosa que es bastante clara.

Desde nuestro punto de vista, esta iniciativa tiene algunos aspectos positivos, como la existencia de ciertas definiciones, principios y derechos, promoción y garantías, formación de los negociadores o colaboración y consulta, pero son meramente declarativos y, además, muchos de ellos ya están incluidos en otras leyes. Sin embargo, algunos de los aspectos resaltables de esta ley nos hacen dudar de su efectividad o, mejor dicho, nos hacen tener cierto temor acerca de sus consecuencias.

El artículo 15 se podría definir como: "¡A eliminar la competencia se ha dicho!" Ese es el resumen de esta disposición, y queda claro al decir que se puede negociar por rama o sector de actividad y que en los niveles inferiores no se podrá disminuir los mínimos adoptados, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo. ¿Quiénes son los que usualmente negocian? ¿Quiénes son los que negocian de verdad? Los que pueden. Y, ¿quiénes pueden? Las empresas grandes con sus sindicatos. Esos son los que tienen recursos; los chicos no los tienen. La empresa chica no tiene forma de sustituir al empleado, porque uno de ellos significa un porcentaje enorme de su plantilla laboral; por su parte, el titular no puede perder días o semanas en una negociación. Por lo tanto, es tradicional -no sólo en el Uruguay, sino en el mundo- que las empresas grandes utilicen este mecanismo para eliminar competencia. Porque, además, el único que podría competir con ellos sería alguien que viniera de abajo y creciera -esa es la naturaleza de las cosas-, alguien que viniera peleando para mejorar. La conclusión es bien fácil: "Le pongo una piedra bien grande y vamos a ver qué pasa". Entonces, generalmente, los grandes tienen un mecanismo de protección asegurada en el mercado.

Además, en el Uruguay, donde las diferencias por regiones siguen siendo importantes -basta ver que el ingreso promedio de los hogares de Montevideo es 60% superior al de los hogares del interior-, con diferentes costos de nivel de vida y necesidades, poner el mismo nivel de ingresos es seguir condenando a una parte del país a que le sea muy difícil ponerse a rueda. En definitiva, los perjudicados son las PYME -y cuanto más pequeñas, más aún- y sus trabajadores, que todos sabemos que son la mayoría. Esto traba -no digo impide, porque siempre alguno tiene la habilidad de lograrlo- la competencia y el desarrollo.

El otro punto tiene que ver con el Consejo Superior Tripartito, sobre el cual habría que definir algunos conceptos bastante vagos. El artículo 10 establece ciertas competencias al Consejo, en el que el Poder Ejecutivo tiene la enorme mayoría -nueve miembros-, por lo que podrá definir. Concretamente, dice que deberá expedirse en forma previa al establecimiento, aplicación y modificación del salario mínimo nacional; efectuar la clasificación de los grupos de negociación tripartita por rama de actividad o cadenas productivas, designando, en su caso, las organizaciones negociadoras en cada ámbito; asesorar preceptivamente al Poder Ejecutivo en caso de recursos administrativos; considerar y pronunciarse sobre cuestiones relacionadas con los niveles de negociación tripartita y bipartita; y estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales.

Lo cierto es que este Consejo Superior Tripartito, en el fondo, es un órgano más del Estado; este es quien tiene la mayoría y, en definitiva, quien decide. Pensamos que los burócratas -nueve- conocen todo tan bien, que van a poder determinar dónde comienzan y terminan las cosas, pero existen aspectos que sin duda no acompasan la realidad. Y como bien decía el señor Senador Gallinal, lo peor que puede suceder es, justamente, que la realidad no responda, ya que las mejores normas son las que se establecen en función de ella. No podemos pensar que los burócratas de turno conocen correctamente cómo funciona todo, porque los aquí presentes sabemos -todos fuimos Gobierno en algún momento- que con suerte conocemos la décima parte de cómo funcionan los mercados, los sectores y de cómo se manejan las relaciones dentro de las empresas. Podremos conocer números macro y alguno podrá estar al tanto, en forma particular, de algún otro detalle, pero no creo que sea el caso de los nueve integrantes del Consejo Superior Tripartito.

En cuanto al deber de negociar de buena fe, en la teoría está muy bien, pero en la práctica la comunicación lleva implícita la obligación de la reserva de la información confidencial. Ahora bien, en el artículo 4º -que es la disposición que regula este tema- no se define qué es información confidencial. ¿Lo definirá este "politburó" supremo que se llama Consejo Superior Tripartito?

Por su parte, una información que se baja, se da y luego va a una asamblea, de confidencial no tiene nada. Tengamos en cuenta que la ley dice: "cuyo desconocimiento hará incurrir en responsabilidad a quienes incumplan"; pero no dice a qué tipo de responsabilidad se refiere. En Comisión se nos dijo que las responsabilidades son todas, pero lo cierto es que en general las leyes especifican y, de hecho, tanto en este Período como en anteriores he visto poner el énfasis en determinadas responsabilidades, ya sean laborales, civiles o penales. Tal vez lo adecuado sea remitirse al artículo 10 de la Ley Nº 18.381, referida a la información, ya que la vaguedad hace que la interpretación pueda ser variada y requiramos de mucho tiempo hasta que surja determinada jurisprudencia que encarrile y determine los límites. Es por ello que tampoco vamos a votar este artículo 4º.

En cuanto a la famosa cláusula de ultraactividad, como bien se dijo, si las partes acuerdan lo contrario, ella no vale. En general es al revés como debe utilizarse esta cláusula, porque si se acepta que aquello es válido, ¿por qué no aceptar que es al revés, es decir, que no vale la ultraactividad salvo que las partes pacten lo contrario? Eso es lo normal. Cuando se hace un acuerdo por uno, dos o tres años, las dos partes ven determinadas condiciones económicas objetivas, con la subjetividad que cada uno puede manejar en función de la información que tiene. Pasado ese tiempo, mantener determinadas condiciones -más allá de las normas generales- puede implicar una enorme inflexibilidad y problemas con el empleo. Por lo tanto, para evitar la fricción, es mucho más fácil decir que esto cae directamente, salvo que las partes quieran ponerse de acuerdo en lo contrario.

El alcance de la cláusula de paz, creo que fue claramente explicado por el señor Senador Gallinal. En mi opinión, lo que se entiende por la cláusula de paz es que lo convenido debe ser afirmativo o negativo, porque existen asuntos que se dejan de lado o que implícitamente se conviene dejar de lado por un período dentro de la negociación. Este es el alcance y es un buen alcance. En algunos casos se puede decir que determinado punto no se convino y no integra la fórmula. También pueden surgir otras cosas, y no se puede impedir que sean motivo de negociaciones, paro de actividades o cualquier otra medida que entiendan conveniente los trabajadores, porque como bien se señaló, eso sí sería cercenar el derecho de huelga establecido por la Constitución.

Según entendí en Comisión, el alcance es bastante claro: hay puntos que se convienen y temas que implícitamente se conviene dejar de lado; eso es todo, y hasta ahí se llegó. Hay una cláusula de paz, y si surge un tema nuevo, se verá. Con ese alcance, naturalmente, vamos a votar la cláusula de paz.

Por último, el Partido Colorado entiende que una ley con tanto poder para el Estado y en la que no hay ninguna salvaguarda de bienes y del derecho de propiedad, y en la que en ningún artículo se establece la imposibilidad de hacer, en el fondo, cualquier cosa, termina beneficiando a las grandes empresas y perjudicando a las pequeñas; termina beneficiando al que tiene una embajada atrás para invertir, frente a aquel que no la tiene.

Por lo expuesto, señor Presidente, vamos a votar en contra en términos generales este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: comenzamos haciendo nuestras las palabras del señor Senador Gallinal, quien con mucho detalle expresó la posición de nuestro Partido sobre el tema que hoy nos ocupa. En lo personal me interesa hacer algún agregado y algún subrayado que me parece importante dejar claro en la mañana de hoy.

Destacamos la importancia de este proyecto de ley, pues consideramos esencial que el tema sea regulado.

Pensamos que el concepto que está detrás de esta normativa es por demás importante, y si bien no compartimos el alcance de muchos de los artículos y muchos conceptos generales del proyecto de ley, lo votaremos en general a los efectos de honrar el compromiso asumido en la Comisión y de tratar de obtener alguna mejora de su texto.

En primer lugar, queremos decir que, a nuestro juicio, este no es el momento para debatir un tema de tanta importancia. En general, todas las personas que hemos consultado, incluso expertos laborales, coinciden en que en materia laboral este es uno de los proyectos de ley que tocan temas de los más importantes que se han tratado, no solo en los últimos años, sino en mucho tiempo. Estamos en el tramo final de este Gobierno y en plena campaña electoral, pero pese a ello asumimos el compromiso de lograr los espacios suficientes. Por ello nos hemos interesado en ver cómo fue tratado el tema en la Cámara de Representantes y cómo ha sido considerado en el Senado. Nos han informado que en el otro Cuerpo su tratamiento en la Comisión fue mínimo, más allá de las negociaciones que tuvieron lugar en su seno y en ámbitos de la fuerza de Gobierno. En el Senado, nuestro Partido solicitó diversas comparecencias que no fueron materializadas porque, según se dijo, no había tiempo y los plazos se agotaban. Nos parece, pues, que ese no es el mejor espíritu que debe reinar para tratar un asunto tan importante; se debió haber planteado el tema mucho antes en el tiempo o dejarlo para el próximo Período legislativo.

A nuestro juicio, tampoco se ha agotado la posibilidad de lograr acuerdos entre las partes esenciales, es decir, los empresarios y los trabajadores. Si bien la palabra final debe corresponder a quienes representamos al conjunto de la sociedad en el Parlamento Nacional, por supuesto que hubiera sido más que importante lograr avances en consensos o acuerdos entre los actores sociales.

La prueba de que este proyecto de ley no se ha procesado de la manera adecuada es el escaso tiempo invertido por este Parlamento en su discusión y en recibir delegaciones para tratar de mejorarlo. Aun así, y siendo un momento complejo, se han logrado cambios sustanciales y avances importantes, si comparamos el proyecto de ley original presentado por el Poder Ejecutivo y el que está a consideración en este momento. Por lo tanto, si se le hubiera dedicado el tiempo suficiente y se hubiera tratado en el momento adecuado, es indudable que estaríamos ante un proyecto de ley mucho mejor, sobre un tema en el que todos coincidimos que es esencial.

Hay aspectos que no compartimos -que ya se mencionaron-, por lo que no votaremos los artículos 8º, 12, 13, 14, 15 y 17. No obstante, consideramos muy valioso el esfuerzo de nuestros compañeros, particularmente del señor Senador Gallinal, en lo que tiene que ver con el alcance dado al artículo 21, que él explicó detalladamente. Desde mi punto de vista, no hay otra forma de interpretarlo; además, no voy a reiterarlo pues considero que está suficientemente claro y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Sin duda, en el futuro se planteará aquí un tema de debate, porque todo lo que tiene que ver con conflictos y cláusula de paz es delicado. Ha quedado muy claro el espíritu de este artículo por parte de quienes lo propusieron; con ese espíritu fue aceptado en la Comisión y seguramente ocurrirá lo propio en el Plenario.

Hay aspectos que, a nuestro juicio, deberían estar pero no figuran. Dado que el espíritu de este proyecto de ley es establecer una regulación, nos parece que sería importante que se pusieran en práctica con todos los componentes esenciales en la relación entre trabajadores y empresarios. Por ejemplo, no se aborda el derecho de huelga consagrado por el artículo 57 de la Constitución, donde se establece que será reglamentado por ley. Creemos que incluir su regulación hubiera sido una excelente oportunidad para el bien de todas las partes.

Lo mismo podríamos decir del propio concepto de "sindicato", para evitar problemas y malos entendidos, dado que estamos buscando aclarar y establecer bases sólidas. Insisto en que sería muy importante su aplicación a todas las partes esenciales de este proceso, no solo en lo que hace a la negociación colectiva, sino también a las propias características y definiciones básicas de los sindicatos y del derecho de huelga.

Finalmente, queremos señalar que nos preocupan muchas de las disposiciones incluidas en el proyecto de ley, como ya expresaran algunos señores Senadores preopinantes y particularmente detalladas por el señor Senador Alfie, porque van a terminar perjudicando a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Sin duda, las grandes empresas y las multinacionales estarán en mejores condiciones de manejarse, pero varias de las disposiciones del proyecto de ley van a causar dificultades, no solo al grueso del entramado económico, sino también del entramado social, porque donde existe la mayor cantidad de empleo en nuestro país es, reitero, en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Insisto en que, por todas estas razones y los énfasis que hemos marcado, haciendo nuestras las palabras que al comienzo expresara el señor Senador Gallinal en representación de nuestro Partido, votaremos este proyecto de ley en la forma que hemos indicado anteriormente. Reitero que no lo haremos con satisfacción por la manera en que se han procesado su tratamiento y su culminación, y porque nos quedan muchas expectativas truncas, como seguramente les ocurrirá a muchos de los actores. De modo que, repito, no votaremos con satisfacción este proyecto de ley, porque esperábamos mucho más de su proceso de elaboración, ya que está vinculado a un tema muy importante, como lo es la negociación colectiva.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Bonomi.

SEÑOR BONOMI.- Señor Presidente: haré una serie de precisiones sobre el desarrollo de la discusión previa de este proyecto de ley, antes de su ingreso al Senado, que no tuvo lugar en este Período, sino que comenzó en 1995. En ese entonces, con un Gobierno colorado y un Ministro de Trabajo y Seguridad Social nacionalista, comenzó un proceso de discusión con los empresarios y los trabajadores que duró por lo menos dos años. En ese debate se llegó a una suerte de acuerdo con dos puntos de diferencia: el deber de informar y la obligación de negociar. En virtud de ello, el tema no fue tratado en el Parlamento. De todas maneras, desde ese momento sabemos cuáles han sido los puntos de discordia, los acuerdos, y cuándo se sustituyó la discusión -que acá se reclama sobre la base de la realidad- por un debate doctrinario que dan, más que los Presidentes de las Cámaras y los dirigentes sindicales, los asesores laborales. En consecuencia, se discute sobre doctrina y no sobre lo que está ocurriendo o puede suceder en el país.

De todas maneras, desde mucho antes, las relaciones laborales en el Uruguay descansan sobre dos aspectos: la fijación del Salario Mínimo Nacional por decreto y la negociación tripartita por rama de actividad, con el esquema de los Consejos de Salarios instituidos en la Ley de 1943. Apenas se da la discusión -y por empresa- sobre la negociación colectiva bipartita, para tratar temas que no se discuten en los Consejos de Salarios.

Nosotros entendíamos -y seguimos creyendo lo mismo- que si seguíamos por el camino de fijar por decreto solo el Salario Mínimo Nacional y discutir por rama de actividad con el esquema de los Consejos de Salarios, estos colapsarían. Por lo tanto, pensamos que había que ir hacia un elemento más, que es el que incorpora este proyecto de ley. Me refiero a la negociación bipartita por empresa, donde se discute lo que no se puede analizar en los Consejos de Salarios porque estos, como tales, solo pueden fijar el salario mínimo por categoría y el aumento de salarios. Como sabemos, en los Consejos de Salarios no se pueden discutir planes de producción, de productividad, planes de salud y seguridad en el trabajo, o planes de capacitación, que hoy es imprescindible incorporar a una discusión más amplia a la hora de construir un proyecto nacional de desarrollo. Si no se abarcan esas dimensiones, no se va a poder avanzar mucho más.

Antes de comenzar a discutir el tema a principios del año 2007 -luego de la aprobación de las leyes de Fuero Sindical y de Tercerización-, hubo una amplia discusión entre trabajadores y empresarios, cuyo resultado no conformó a ninguna de las partes. Discutieron sobre la base de que si no está todo acordado, no hay nada acordado; avanzaron y llegaron a un 95% de acuerdo, pero como quedaba un 5% sin consensuar, todo lo demás cayó. Se redactó un proyecto sobre la base de los acuerdos y se hizo alguna interpretación de los desacuerdos, pero no dejó conforme a ninguna de las partes. Me refiero a que no quedaron sustancialmente conformes porque, en gran medida, algunos aspectos eran compartidos y otros no.

En oportunidad de la aprobación de la Ley de Tercerización, se manejó un borrador de un proyecto de ley de negociación colectiva, que sería entregado a trabajadores y empresarios a efectos de que discutieran, intercambiaran, elaboraran, aportaran y sugirieran ideas. En discrepancia con la ley aprobada, los empresarios se retiraron de la negociación sobre legislación o normativa laboral. No quisieron discutir más, aunque en todo lo demás siguieron participando. Se planteó que era un error y que existía un borrador que podía ser modificado. La respuesta final fue que el Gobierno tenía derecho a cumplir los compromisos que había establecido y que los empresarios no querían entorpecer ese cumplimiento; por lo tanto, se retiraban y dejaban al Gobierno con las manos libres para elaborar su iniciativa. Respondimos que así no discutiríamos y que el borrador que entregábamos a trabajadores y empresarios sería enviado también al Parlamento para que la discusión se diera en ese ámbito. Así quedaron las cosas. Pero surgieron algunos temas en los que había diferencias, como el de las ocupaciones -que figuraba en el proyecto, pues este no hacía más que repetir lo que se estipulaba en el decreto-, la obligatoriedad de negociar, el deber de informar y el voto del Gobierno sobre las condiciones de trabajo. Estos eran los temas centrales en los que se planteaban diferencias.

Nosotros mantuvimos reuniones con el Presidente de la OIE, Organización Internacional de Empleadores -la contraparte empresarial en la OIT-, señor Funes de Rioja, el Vicepresidente de la Cámara de Comercio y el Presidente de la Asociación Rural. En efecto, el señor Funes de Rioja decía que había leído el proyecto de ley y que, salvo el tema de las ocupaciones, todo lo demás era de recibo de la OIE. Aun cuestionando las ocupaciones, al introducirlas en un proyecto de ley se corría el riesgo de darles el tratamiento de una realidad de Derecho, cuando en la OIT se las estaba tratando como una cuestión de hecho y no de Derecho. Por lo tanto, no se las quería incorporar en un proyecto de ley. Esto ocurrió a principios del año pasado. En el mes de junio, las Cámaras empresariales se reunieron con el señor Presidente, doctor Tabaré Vázquez, y le pidieron nuevamente que eliminara lo relativo a las ocupaciones, aspecto sobre el que ya habíamos adelantado que no habría problema. Eso se efectivizó en junio del año pasado y fue anunciado en la Asamblea anual de la OIT, en conferencia de prensa en nuestro país, y en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, donde estaba a estudio el proyecto de ley. No obstante, hasta hace uno o dos meses se siguió diciendo que el tema de las ocupaciones formaba parte de la iniciativa, cuando desde hace catorce o quince meses no la integra porque fue retirado.

Asimismo, se hizo referencia a la obligatoriedad de negociar. La iniciativa hace referencia a la obligación de negociar de buena fe, que forma parte de la fórmula tradicional de la OIT y figura en todos sus convenios. Por lo tanto, el término "obligatoriedad" está referido a la buena fe y no a negociar. De todas formas, se continuó con el planteo.

En cuanto al deber de informar, en toda negociación se avanza si hay información, no total sino sobre el tema que se está negociando. En el año 2002, cuando sin necesidad de ley ni de formalidad en la negociación las empresas de transporte discutieron el salario con sus trabajadores y les dieron a conocer la crisis en la que se encontraban, los trabajadores acordaron rebajar sus salarios. Hoy, los empresarios del transporte afirman que el transporte colectivo de pasajeros se salvó por la actitud de los trabajadores en esa discusión. Ellos no hubieran aceptado reducir sus salarios si no hubieran recibido información sobre la empresa. Por lo tanto, es evidente que, sobre todo en situaciones críticas, existe la necesidad de tener información sobre aquello que se está negociando.

Acerca del voto del Gobierno en un tema como el de las condiciones de trabajo, advierto que hay un error más que profundo que se produce en esa discusión entre los empresarios. Al día de hoy, sin esta norma, el Gobierno puede votar lo relativo a las condiciones de trabajo, según la Rendición de Cuentas de 1988, firmada por el doctor Julio María Sanguinetti durante su primera Presidencia, y los señores Ricardo Zerbino, Antonio Marchesano, Luis Barrios Tassano, el Teniente General Hugo Medina, Adela Reta, Alejandro Atchugarry, Jorge Presno, Hugo Fernández Faingold, Raúl Ugarte, Pedro Bonino y José Villar.

Dicha ley, en su artículo 83, dice lo siguiente: "Dispónese que los decretos del Poder Ejecutivo que homologuen los acuerdos elaborados en el seno de los Consejos de Salarios, instituidos por decreto 178/985, de 10 de mayo de 1985, tendrán vigencia en todo el territorio nacional, a partir de su publicación completa o de un extracto de los mismos que contenga las principales normas de carácter laboral, en el Diario Oficial o en su defecto en dos diarios de la capital". Con esto se establece la posibilidad de que el Consejo de Salarios vote las principales normas de carácter laboral, que también tienen que ver con las condiciones de trabajo. Este proyecto de ley, en cambio, limita el acuerdo si lo suscriben los trabajadores y los empresarios sin que vote el Gobierno. Por lo tanto, en esta iniciativa sí se establece lo que aquí se está pidiendo y lo que los empresarios están solicitando.

Si anteriormente el Gobierno hubiera querido votar, lo podría haber hecho, porque existía normativa que lo habilitaba. Repito que aquí se establece una normativa que impide que el Gobierno vote en lo que tiene que ver con condiciones laborales; sí lo puede hacer en el caso de aumento de salarios y de fijación del salario mínimo por categoría. En definitiva, el equívoco que se ha llevado adelante durante todo este tiempo se redefine con este proyecto de ley. Si esta iniciativa no existiera, el Gobierno podría votar, más allá de que por costumbre no lo haya hecho.

Con respecto a lo que se ha dicho en cuanto a que la integración de los grupos de los Consejos de Salarios será establecida por un Consejo Superior Tripartito, debo aclarar que por la ley de 1943 se fija por elecciones secretas de los trabajadores de cada rama de trabajo. Es más, que el Gobierno lo establezca a través de la propuesta de las partes, se debe a que lo determinó un decreto del Doctor Sanguinetti de 1985. En la ley de 1943 había que hacerlo por elecciones directas y secretas, y para ello se elaboraba una planilla con los trabajadores de cada rama, quienes tenían que ir a votar. Creo que cuando el Doctor Sanguinetti establece en 1985 la posibilidad de que sea el Gobierno el que haga la designación, a propuesta de los trabajadores y de los empresarios, tiene en cuenta, justamente, que el país y el mundo habían cambiado y que no eran lo mismo las empresas de 1943 que las de 1985. Si ahora se les diera voto directo y secreto, no tanto a los trabajadores, sino a los empresarios de pequeñas y medianas empresas, quizá el resultado en cuanto a los representantes de los negociadores con el sector empresarial podría tener ciertas complicaciones. Nosotros seguimos esa lógica y en el año 2005 reiteramos el decreto del Doctor Sanguinetti. Sin embargo, en la ley establecemos que a propuesta de los trabajadores y los empresarios, la clasificación la haga un Consejo Superior Tripartito que siga los porcentajes de los Consejos de Salarios, que son los únicos Consejos tripartitos en que el Gobierno no tiene mayorías, porque a pesar de que tiene nueve representantes, nueve ante doce no es mayoría. En el caso del Banco de Previsión Social, por ejemplo, hay tripartismo, pero el Gobierno puede votar y resolver; en cambio, en los Consejos de Salarios y en el Consejo Superior Tripartito, el Gobierno no puede resolver solo, pues necesita un socio que lo acompañe. Entonces, ¿qué sucede cuando el Gobierno designa a sus representantes y no tiene mayorías? En ese caso, el carácter y la orientación de las resoluciones quedan sujetos al libre juego de la democracia.

Este proyecto de ley no se presenta para que lo utilice este Gobierno porque, aunque se apruebe ahora, todos los convenios laborales que están aprobados vencen el año que viene. Por tanto, habrá que ver cómo se integra el Gobierno con las elecciones de octubre, lo cual queda librado a la democracia. ¿Qué problema hay con que esto quede librado a la democracia? ¿Qué problema puede haber? Es lo que corresponde.

Por otra parte, se dice que un convenio tiene que caer cuando vence. En ese caso, ¿qué pasa con la estabilidad de los trabajadores, así como con la estabilidad de las condiciones laborales y salariales? ¿Hay un convenio y todo se modifica? No; se mantiene hasta que se apruebe un nuevo convenio. Esto es lo que se hace habitualmente.

En cuanto a las cláusulas de paz, quiero decir que se han firmado una cantidad muy importante, tanto en este Período como en Períodos anteriores. En general puede haber pequeñas excepciones -en cuanto al número- y refieren a lo acordado. Lo que se acuerda no se rediscute. Se pueden poner ejemplos diferentes acerca de por qué tiene que ser así. Si un empresario quiere discutir determinadas condiciones de trabajo porque puede contribuir al desarrollo de la empresa y no se aprueban, pero en el marco del plazo del convenio se produce una alteración de la realidad del país que obliga a rediscutir ese sistema de trabajo, tiene derecho a plantearlo si no había nada acordado. Aun en esos casos, no solo para el presentismo, cuando hay que modificar condiciones de trabajo porque la realidad así lo impone, debe tener la libertad de hacerlo.

Ahora bien, hemos observado que cuando la realidad impone a los trabajadores una dificultad en el funcionamiento de la empresa que puede llevar a la pérdida de puestos de trabajo, estos están dispuestos a negociar, aunque hubieran acordado lo contrario. Las cláusulas de paz están basadas en lo que se acordó y no en lo que se trató, porque muchas veces la salida del conflicto y de la negociación consiste en firmar lo que se acordó y dejar pendiente lo que no se acordó. Por ende, si después en una cláusula se establece que por tres años no se puede tratar lo que no se acordó, se estará dificultando la firma del convenio que permite salir de determinada situación. Si ahí se establece que no se puede seguir negociando lo otro, se estará dificultando la firma de un convenio si no hay acuerdo total. Me parece, por lo tanto, que lo que refiere a las cláusulas de paz está muy claro.

Lo que voy a manifestar ahora puede ser interpretativo, porque en relación a los fundamentos de la Ley de 1943, ahora se puede tener una opinión diferente. Uno de ellos es operar sobre la redistribución del ingreso a través de los Consejos de Salarios. Por tanto, si la negociación sin ley, sin proyecto, sin normativa, de todas maneras se lleva a cabo, ¿quién la hace? Como se dijo aquí, la hacen los que tienen fuerza, mientras que los otros -los que no tienen fuerza- no negocian. En definitiva, la redistribución se produce pura y exclusivamente en el caso de los que tienen fuerza, es decir, de las grandes empresas, de modo que los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas no participan de esa redistribución. Quienes creemos que la negociación, los Consejos de Salarios y la Negociación Colectiva tienen que formar parte de los criterios que llevan a la redistribución para que esta opere, no solamente desde arriba sino a través de la negociación, también entendemos que hay que involucrar, por lo tanto, al conjunto de los trabajadores.

¿Qué modifica esta ley con respecto a lo que pasaba antes? Nada, porque los Consejos de Salarios comprenden a los trabajadores de la pequeña y mediana empresa, y muchas veces lo hacen con resoluciones diferenciales.

En lo que tiene que ver con la negociación bipartita, reitero: la única manera de pensar el país en forma colectiva es introduciendo esta dimensión de la negociación de modo de poder discutir planes de desarrollo. Esto hoy no se hace, porque en los Consejos de Salarios no se puede discutir, dado que existen empresas de gran porte y de pequeño porte, y si queremos discutir en profundidad cómo avanzar productivamente, hay que hacerlo en la empresa. Eso se logra en forma bipartita, y allí el Gobierno no vota. Hay empresarios y Cámaras -como las cuatro de la construcción- que no quieren discutir por empresa, sino por sector. Aquí cabe la posibilidad de discutir por sector, ya que si discuten por empresa se termina haciendo una negociación en cada obra y eso paraliza. Pero son los propios empresarios los que deciden si quieren discutir por empresa y hay que dejar en libertad de elección la forma de negociación para llegar a un común acuerdo. Por su parte, los trabajadores de la construcción también quieren discutir por sector. No hay ningún problema, pero esta dimensión que permita discutir planes de producción, de salud y de seguridad en el trabajo, y de capacitación, es imprescindible si hoy queremos pensar un Uruguay distinto y un desarrollo productivo del país. Otra vez aquí vamos a traer el ejemplo de lo que ocurre en la construcción, que discute en forma bipartita todos los temas, se llega a un acuerdo, luego se va al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a inscribirlo y se incorpora al Consejo de Salarios para que adquiera dimensión nacional y abarque a todas las empresas de la construcción. Esto lo piden las cuatro Cámaras de la Construcción, que discuten acerca de la capacitación porque entienden que si no hay capacitación no se puede seguir desarrollando el sector y encarando obras que hoy obligan a la contratación de empresas y de trabajadores extranjeros. Por lo tanto, reitero, ambas partes plantean la necesidad de planes de capacitación, así como de salud y de seguridad en el trabajo, o de combate a la droga y al alcohol en la obra. Esto no refiere al salario, sino a las condiciones de trabajo, pero de todos modos lo acuerdan las partes y luego le piden al Gobierno que homologue el acuerdo. Esa es la razón de la participación del acuerdo a los Consejos de Salarios, y no la de ser un ámbito para que el Gobierno vote.

Cuando se discuten estos temas no hay que hacerlo sobre la base de la doctrina, porque si bien todos interpretamos la realidad a través de lo que pensamos, una cosa es poner a la doctrina en el centro de la discusión, y otra es tomar como punto de partida la necesidad de mejorar y transformar la realidad, aunque se escape la doctrina. Aquí, las discusiones que hemos tenido han sido exactamente al revés: la realidad pasaba por el costado, se discutía la doctrina y por eso no se avanzaba. Ese es el motivo por el que se trata de deformar lo que dice la ley, aun sabiendo que ese no era el espíritu de la norma. También por eso se hacen las campañas que se hacen.

Este proyecto de ley va a permitir dar un gran salto adelante en esta materia que, si bien es mejorable, también es imprescindible. Si hubiéramos discutido con los trabajadores y empresarios, todos juntos -y no por la prensa- desde el 2007 en adelante, hoy seguramente tendríamos un producto mejor. Pero tampoco se trata de que porque falten pocos meses vamos a dejar la iniciativa por el camino, porque es peor una ley que no se aplica -y, por tanto, no se llama a la negociación y se opera de otra forma- que tener esta norma que, a pesar de lo que se dice, va a dar mucho más flexibilidad a la negociación que la que existe actualmente.

Por lo expuesto, considero que esta es una ley que va a contribuir al desarrollo social y productivo del país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: como Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social durante este año, me gustaría dejar constancia de nuestra posición política respecto de este tema, suscribiendo desde ya, no solo el informe presentado por el señor Senador Ríos, sino además las intervenciones de nuestros compañeros, fundamentalmente del señor Senador Bonomi, ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social de este Gobierno, que ha vivido gran parte de estas realidades.

El proyecto de ley que estamos discutiendo y que ojalá se convierta en ley definitiva -así va a ser-, aporta sustancialmente a lo que nosotros concebimos como estabilidad nacional: la estabilidad necesaria en el país para lograr la felicidad de los uruguayos. Esta iniciativa es un aporte más para el crecimiento y el desarrollo del Uruguay. Cuando hablamos de estabilidad nacional, nos referimos a la estabilidad económica, a la estabilidad política y a la estabilidad social y, por tanto, esta ley aporta a ese concepto global. Creo que esta es la expresión de la acción del Estado, que ha recuperado su rol en cuanto a la promoción del diálogo y a la procura de acuerdos en búsqueda del equilibrio de las relaciones laborales. No ignoramos que hay otros sectores de la sociedad, así como otros sectores políticos que difieren de nosotros, pero en este caso la porción de la acción que el Estado debe ejercer se está recuperando una vez más, por intermedio de esta ley.

Ya se ha hablado aquí -y teníamos información a ese respecto- de todo el proceso de diálogos y de discusiones que tuvo este proyecto de ley antes de ser enviado al Parlamento, pero también decimos -y celebramos que haya sido así- que, finalmente, un Gobierno debe tomar decisiones. Más allá de la discusión previa y del nivel de acuerdos a que se haya arribado, es necesario que en determinado momento se llegue a una decisión y que la misma se lleve adelante cuando se tiene la convicción -como sucedió en este caso, tal como largamente se ha expuesto en Sala- de la necesidad de legislar en la materia.

Aquí se han hecho algunas afirmaciones que en parte han sido contestadas, pero me gustaría resaltar que este proyecto de ley no describe preceptivamente todos los contenidos de los convenios colectivos. Se han destacado ciertas omisiones de esta iniciativa cuando, en realidad, se está abriendo el camino a cualquier tipo de contenido sobre el que ambas partes lleguen a un acuerdo. Por ejemplo, se habilita la definición sobre instrumentos concretos -incluso se promueve el acuerdo bipartito- para la prevención de conflictos y su manejo adecuado.

En lo que tiene que ver con la ultraactividad, tengo una visión totalmente diferente de lo que aquí se ha expuesto por parte de quienes están en desacuerdo con este proyecto de ley. Creo que constituye una garantía mínima para los trabajadores a partir de la culminación del convenio, pero también lo es para los empresarios, ya que mantiene un nivel de estabilidad de los términos anteriores, con la característica de que, si hay una situación excepcional se la puede plantear y considerar por las partes en cualquier momento. Por tanto, no veo con dramatismo el hecho de que rijan las condiciones anteriores que, además, fueron acordadas y no impuestas.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA DALMAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pude interrumpir el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Creo que acá se da un caso claro -tal como expresaba el señor Senador Bonomi- de diferencia entre la realidad y la teoría. En nuestro país estaba arraigada la teoría de la actividad a ultranza de los convenios colectivos, pero acá no se da, ya que las partes pueden negociar antes del vencimiento o, en su caso, comunicar al Consejo Superior Tripartito que tendrá quince días para citar a las partes. En definitiva, intentamos profesionalizar las relaciones y recomenzar las negociaciones antes del vencimiento de los convenios.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- En cuanto al artículo 21 -la historia de su inclusión en este proyecto de ley ya ha sido mencionada-, debemos decir que estamos de acuerdo con la inserción de esta cláusula de paz, no como una forma de consensuar, sino en su esencia. Creemos que es un aporte más a la relación civilizada entre las partes en los temas laborales. En lo personal puedo decir que en la vida sindical he firmado muchas cláusulas de paz con diverso contenido, pero esencialmente con el que aquí se menciona. De todas formas, me llama la atención la confusión que existe acerca de los temas sobre los que tiene aplicación esta llamada cláusula de paz -en realidad, creo que es una cláusula de prevención de conflictos-, porque tanto la redacción como la realidad son clarísimas. Se ha dicho que en esa cláusula de paz están incluidos los temas de acuerdos positivos y negativos, y debo aclarar que en un convenio solo figuran las cláusulas acordadas; sobre las no acordadas se podrá convenir algo, pero el convenio se firma incluyendo las que fueron pactadas, algunas planteadas por el sindicato y otras por los empresarios. En muchos casos las que figuran en el convenio y fueron planteadas por los empresarios no son del total agrado del sindicato, pero este cede en aras del acuerdo. En consecuencia, me parece que lo acordado es todo positivo. Por supuesto, pueden quedar fuera del convenio iniciativas de ambas partes, pero no se puede decir que se trata de acuerdos negativos, porque me parece una descripción absolutamente inexacta.

Por lo tanto, todo convenio que se firma -reitero que he firmado varios y he visto firmar otros tantos- contiene cláusulas, y esos son los temas sobre los que no se puede tomar ninguna acción de fuerza. Esto es algo muy claro, y creo que, a veces, la falta de contacto directo con los mecanismos que estamos regulando y el no haber ex-perimentado de cerca estas situaciones, ya sea del lado empresarial o del sindical, hacen que se generen confusiones sobre algo que está absolutamente claro en la redacción.

Por otro lado, se ha mencionado en reiteradas ocasiones que esto perjudicaría a las micro, pequeñas y medianas empresas, y ello supone una visión bastante negativa del futuro del país. A nosotros nos gusta pensar en un Uruguay creciente -pero entendámonos: siempre que hagamos las cosas bien-, con enormes potencialidades que surgen en forma permanente y que seguramente serán muchas más. En ese marco tienen un papel fundamental en el país las micro, pequeñas y medianas empresas, de las cuales una enorme mayoría funciona de una manera absolutamente profesional y moderna. Tengo contacto directo con pequeños empresarios de distintos rubros que van a los Consejos de Salarios y argumentan a favor de lo diferencial del tratamiento de sus pequeñas empresas y del grupo al que pertenecen, obteniendo una respuesta adecuada que les ha permitido seguir trabajando de forma normal. Me parece que es una manera de subestimar el decir que las micro, pequeñas y medianas empresas no van a poder manejarse en este marco normativo; por el contrario, creo que ellas constituyen un aporte de renovación, de innovación y de inteligencia sobre el manejo de los diversos emprendimientos empresariales, y eso es algo a lo que nosotros apostamos. Esto también implica una activa participación en las relaciones laborales y en los convenios colectivos que a todos -grandes y pequeños- aportan la tranquilidad necesaria para seguir en planes de desarrollo y, como decía el señor Senador Bonomi, para la futura planificación del desarrollo empresarial.

En consecuencia, sobre estas bases, apoyamos fervorosamente este proyecto de ley.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Xavier solicita licencia por los días 1º y 2 de setiembre."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 18 de Agosto de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Usted se me conceda licencia por los días 1º y 2 de Setiembre, por razones personales.

Sin otro particular lo saluda atentamente.

Dra. Mónica Xavier. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que la señora Hyara Rodríguez y los señores Hugo Rodríguez Filippini, Elías Yafalián y José Korzeniak han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Manuel Núñez.

Asimismo, se comunica al Cuerpo que en virtud de la licencia concedida al señor Senador Vaillant por el período del 26 de agosto al 4 de setiembre de 2009, queda convocado el señor Eduardo Bonomi.

16) EXONERACION DE TRIBUTOS A LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una moción llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Heber formula moción para que se reparta el proyecto de ley sobre vehículos escolares, correspondiente a la Carpeta Nº 1620/09."

-Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

17) NEGOCIACION COLECTIVA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se retoma la consideración del proyecto de ley por el que se crea el sistema de negociación colectiva para el sector privado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley sustitutivo por el que se crea el sistema de negociación colectiva para el sector privado.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- En los últimos días hemos escuchado varias versiones sobre lo que la ley dice y no dice. Hemos oído con asombro que algunos representantes empresariales afirman que no se regula la actividad sindical ni la forma en que son electos los sindicatos. Estimo que la ley es sabia, porque ha dejado esto librado a la autonomía de las partes, a su leal saber y entender, porque de regular la actividad sindical, habría que hacer lo propio con la actividad empresarial y con la forma en que se nombra a los dirigentes empresariales; es más, habría que saber a quiénes representan, porque a veces invocan representaciones inexistentes.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑOR RIOS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos, que se vote por Capítulos y que se desglosen las disposiciones que se entienda conveniente.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Solicito que se desglosen, para votarlos negativamente, todo el Capítulo II, así como los artículos 12, 13, 14, 15 y 17.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Además del Capítulo II, cuyo desglose ha sido solicitado por el señor Senador Gallinal, quiero pedir que se desglosen los artículos 2º, 4º, 13, 14, 15 y 17.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el conjunto de mociones que se han presentado, en el sentido de suprimir la lectura, votar por capítulos y desglosar los artículos antes mencionados.

(Se vota:)

-27 en 27. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 1º, 3º, 5º y 6º del

Capítulo I.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º, que ha sido desglosado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 27. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 27. Afirmativa.

En consideración el Capítulo II, que incluye los artículos 7º, 8º, 9º y 10.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos mencionados.

(Se vota:)

-15 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 11, correspondiente al Capítulo III.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 25. Afirmativa.

Pasamos al Capítulo IV, del que han sido desglosados los artículos 14, 15 y 17.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración los artículos 14, 15 y 17.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota:)

-16 en 26. Afirmativa.

En consideración los artículos 18, 19, 20 y 21 del

Capítulo V.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se vota:)

-25 en 26. Afirmativa.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Si no estoy equivocado, el artículo 21 corresponde al Capítulo VI.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene razón, señor Senador.

Entonces, corresponde votar aparte el Capítulo VI, que contiene el artículo 21.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que vuelve a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) EXONERACION DE TRIBUTOS A LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Teniendo en cuenta que ya se repartió la Carpeta Nº 1620/09, sobre una exoneración tributaria a los vehículos escolares, solicito que se declare de urgente consideración y se trate de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue vota-da: "Proyecto de ley por el que se concede una exonera-

ción tributaria a los vehículos de transporte escolar. (Carp. Nº 1620/09)"

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Agrégase al artículo 4° del Título 11 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

"En el caso de vehículos adquiridos o importados para ser utilizados en el transporte escolar por las empresas cuya actividad consiste en el transporte escolar de pasajeros, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo. A tales efectos, se requerirá que las empresas estén autorizadas por las correspondientes Intendencias Municipales y que el vehículo cumpla con las condiciones que disponga el Poder Ejecutivo'.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de agosto de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: como Presidente de la Comisión de Hacienda puedo decir que este proyecto de ley ha sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes y responde a un Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, lo que hace que sea constitucional; de lo contrario, no podríamos votar una exoneración.

En este caso, estamos hablando de una exoneración a los vehículos de transporte escolar de los impuestos que genera el Título 11 del Texto Ordenado 1996. Se establece que "el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo". Continúa expresando el artículo: "A tales efectos, se requerirá que las empresas estén autorizadas por las correspondientes Intendencias Municipales y que el vehículo cumpla con las condiciones que disponga el Poder Ejecutivo".

Considero que se trata de un proyecto de ley sencillo que aporta un beneficio a mucha gente trabajadora que vive de esta actividad.

En consecuencia, aconsejo al Cuerpo que se vote este proyecto de ley de artículo único.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD

En discusión particular.

Léase el artículo único

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Agrégase al artículo 4º del Título 11 del Texto Ordenado 1996, el siguiente inciso:

‘En el caso de vehículos adquiridos o importados para ser utilizados en el transporte escolar por las empresas cuya actividad consiste en el transporte escolar de pasajeros, el impuesto deberá abonarse en ocasión de la primera transferencia que se realice durante el transcurso de los cinco años contados desde la adquisición o importación del vehículo. A tales efectos, se requerirá que las empresas estén autorizadas por las correspondientes Intendencias Municipales y que el vehículo cumpla con las condiciones que disponga el Poder Ejecutivo’. "

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: sería bueno que se aclarara de qué impuesto se está exonerando; concretamente, se trata del IMESI a la importación. También sería bueno incluir otro aspecto en el proyecto, que es el siguiente. Aquí se dice que el impuesto se abonará en la primera enajenación, dentro de los primeros cinco años, o sea que una vez transcurrido ese período, el IMESI no se abona. Pero el problema es la base imponible; la ley debe determinar no solo la tasa, sino también la base imponible del impuesto. Aquí no se establece sobre qué se va a pagar el IMESI, es decir, si es sobre el valor de venta -en este caso, de reventa-, sobre el valor original o sobre un valor ficto de acuerdo con la patente. Esto no se aclara, pero es imprescindible que en el texto se establezca la base de tributación, dado que así son los impuestos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Según entiende la Mesa, el señor Senador Alfie está formulando una moción que, concretamente, habría que redactar para someterla a consideración del Cuerpo.

SEÑOR ALFIE.- A tales efectos, solicito que se me concedan algunos minutos.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Formulo moción en el sentido de que se postergue la consideración del tema y se pase a tratar el siguiente punto del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 23. Afirmativa.

19) INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en primer lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se sustituye el numeral 2) del literal A) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, de creación del Instituto Nacional de Carnes. (Carp. Nº 1598/09 - Rep. Nº 1119/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1598/09

Rep. N° 1119/09

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 5 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El proyecto de artículo adjunto soluciona una imprecisión cometida en ocasión de dictarse la ley orgánica del Instituto Nacional de Carnes (Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984), en lo relacionado con la prestación pecuniaria aplicable a las carnes y subproductos destinados al mercado interno.

El objetivo de la norma que se propone es recomponer, en igualdad de condiciones para todos los operadores del sector, la globalidad de la materia sobre la que debe recaer la prestación, comprendiendo carnes y subproductos que originalmente no fueron contemplados en forma expresa probablemente por razones históricas, dado que el Instituto que por dicha ley se creaba estaba llamado a suceder dos organismos independientes (el ex-INAC y la ex-CADA), que disponían de recursos previstos en función de su limitada actividad.

Puede señalarse, para dar un ejemplo, que la equívoca referencia al término "reses" incluída en el texto original, ha dado lugar a dudas interpretativas con respecto a qué especies comprendía tal mención, siendo evidente que en consideración a los objetivos institucionales definidos por el artículo 2° del Decreto-Ley, la prestación debe alcanzar, por elementales razones de equidad, a todos los tipos de carnes comprendidas en la actualidad del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Jorge Bruni, Gonzalo Fernández, Alvaro García, José Bayardi, María Simon, Víctor Rossi, Carlos Colacce, Marina Arismendi, Héctor Lescano, Andrés Berterreche, Daisy Tourné, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Sustitúyese el numeral 2) del literal A) del Art. 17 del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:

"2) El 0,7% (cero coma siete por ciento) del precio de venta de carnes de las especies comprendidas en la presente ley, sus menudencias y subproductos, provenientes de plantas de faena que se destinen al mercado interno".

Jorge Bruni, Gonzalo Fernández, Alvaro García, José Bayardi, María Simon, Víctor Rossi, Carlos Cola-cce, Marina Arismendi, Héctor Lescano, Andrés Berterreche, Daisy Tourné, Eduardo Bonomi, María Julia Muñoz.

DISPOSICION CITADA

Decreto-Ley N° 15.605

de 27 de julio de 1984

IV. RECURSOS

Artículo 17.- Serán recursos del Instituto Nacional de Carnes:

A) Los actualmente asignados al Instituto Nacional de Carnes y a la Comisión Administradora del Abasto a saber:

1) El 0,6% (cero coma seis por ciento) del precio FOB neto de las exportaciones de carne de las especies comprendidas en la presente ley, sus menudencias, subproductos y productos elaborados en base a carnes y subproductos que el Banco de la República Oriental del Uruguay acreditará en una cuenta a disposición del Organismo que se crea.

2) El 0,7% (cero coma siete por ciento) del precio de venta de carne y menudencias de las reses faenadas por las plantas de faena autorizadas que se destinen al mercado interno.

B) El importe de las tarifas que establezca por la prestación o utilización de sus servicios.

C) El importe de las multas y recargos que aplique de conformidad a las normas pertinentes.

D) Los frutos y rentas de sus bienes.

E) Las herencias, legados y donaciones que reciba.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA N° 121

En Montevideo, a los once días del mes de agosto de dos mil nueve, a la hora dieciséis se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros, Isaac Alfie, Milton Antognazza, Eber Da Rosa, Antonio Gallicchio, Eduardo Muguruza y Jorge Saravia.

Asiste el señor Presidente del Senado, Alberto Couriel.

Concurren por haber sido especialmente invitados, por el Banco Central del Uruguay, el doctor Daniel Artecona y el economista Adolfo Sarmiento.

Preside el señor Senador Luis A. Heber, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Dinorah Amato, Secretaria de la Comisión y los señores Jorge Fernández y José Sambucetti, Prosecretarios.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3347/2009 que forma parte de la presente Acta.

Asuntos entrados:

1) INSTITUTO NACIONAL DE CARNES. Se sustituye el numeral 2) del literal a) del artículo 17 del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984. Carpeta N° 1598/2009.

Asuntos Considerados:

1) INSTITUTO NACIONAL DE CARNES. Se sustituye el numeral 2) del literal A) del artículo 17 del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984. Carpeta N° 1598/2009.

A solicitud del señor Jorge Saravia, la Comisión resuelve considerar el citado proyecto.

En consideración:

Se vota: 5 en 6. Afirmativa. Se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia quien lo hará en forma verbal.

2) MERCADO DE VALORES. Se dictan normas para su regulación. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Carpeta N° 1397/2008. Distribuido N° 3199/2009.

Ingresan a Sala los representantes del Banco Central del Uruguay.

En consideración.

Artículo 40.- Se vota su reconsideración. 5 en 7. Afirmativa.

Se pasa a considerar un artículo con una redacción alternativa presentada por el señor Senador Sergio Abreu.

Artículo 40.- Se vota con modificaciones. 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 42.- Se vota su reconsideración. 5 en 6. Afirmativa.

Artículo 42.- Se vota con modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 119.- Se vota con modificaciones. 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Banco Central del Uruguay presentará para el momento que el Pleno considere el proyecto de ley a estudio, una redacción alternativa al numeral 3 del citado artículo.

Artículo 120.- Se vota con modificaciones. 5 en 6. Afirmativa.

Artículo 121.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 122.- Se vota sin modificaciones: 3 en 5. Afirmativa.

Artículo 123.- Se vota con modificaciones. 5 en 6. Afirmativa.

Artículo 124.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 125.- Se vota sin modificaciones. 5 en 6. Afirmativa.

Artículo 126.- Se vota con modificaciones. 5 en 6. Afirmativa.

Artículo 127.- Se vota con modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar un artículo aditivo presentado por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 127 bis.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 128.- Se vota sin modificaciones. 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 129.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 130.- Se vota sin modificaciones. 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 131.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 132.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 133.- Se vota sin modificaciones. 5 en 6. Afirmativa.

Artículo 134.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 135.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar un artículo aditivo presentado por el señor Senador Alberto Couriel.

Artículo 135 bis.- Se vota sin modificaciones. 4 en 6. Afirmativa.

Artículo 136.- Se vota sin modificaciones. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Comisión aprueba un proyecto de ley sustitutivo cuyo texto se adjunta al presente documento como Anexo I.

Se propone como Miembro Informante al señor Senador Danilo Astori, se deja constancia de que se harán las consultas del caso.

A la hora diecisiete y quince minutos se levanta la sesión.

Luego de finalizada la sesión de la Comisión, se comunica que el Miembro Informante será el señor Alberto Couriel, ante la imposibilidad de que lo sea el señor Senador Danilo Astori.

Para constancia se labra la presente Acta que firman el señor Presidnete y la señora Secretaria de la Comisión.

Luis A. Heber

Presidente

Dinorah Amato

Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: este proyecto de ley, que viene aprobado por la Comisión de Hacienda del Senado y que fuera remitido originalmente por el Poder Ejecutivo a propuesta del Instituto Nacional de Carnes, amplía la base imponible de la prestación del 0,7% prevista por el numeral 2) del literal A) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984. Esa prestación grava la venta de carne y menudencias de las reses faenadas por las plantas autorizadas que se destinen al mercado interno. La utilización del término "reses" ha determinado que la venta de carne y menudencias de aves con destino al mercado interno no haya sido alcanzada por la referida prestación de 0,7%, siendo evidente que en consideración de los objetivos institucionales definidos por el artículo 2º del mencionado Decreto-Ley, aquella debe alcanzar, por elementales razones de equidad, a todos los tipos de carnes comprendidas en el ámbito de actuación del Instituto, entre los cuales se encuentra la carne de ave. Teniendo en cuenta tal situación, el INAC debe financiar las distintas actividades que desarrolla en relación a la promoción, regulación y control de la actividad de producción y comercialización de la carne de ave con recursos provenientes de sectores de la cadena cárnica vinculados a otros tipos de carne, lo que genera una situación inconveniente e inequidad. El objetivo de la norma es recomponer, en igualdad de condiciones para todos los operadores del sector, la globalidad de la materia sobre la que debe recaer la prestación.

El proyecto de ley, como consecuencia, no crea un nuevo tributo, sino que simplemente se limita a ampliar la base imponible de una prestación ya existente, otorgando un tratamiento igualitario a todos los operadores del sector alcanzados por la actuación del Instituto, además de posibilitar, a través del aumento de los escasos recursos disponibles, la optimización de esas actuaciones, en función del cumplimiento de los objetivos institucionales. Esta solución ha sido discutida con la mayoría de los operadores del sector de carne de ave y cuenta con su aprobación. Está dentro de las políticas de carne que lleva adelante el INAC la sustitución en el mercado interno de la carne bovina por la de ave y la de cerdo, a efectos de poder exportar un mayor volumen de carne bovina. Para ello, el Instituto está pensando en la promoción en el mercado interno de carnes alternativas, lo que ha sido concertado con las gremiales de productores de aves.

Por los motivos expuestos, la Comisión de Hacienda recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 1º) Sustitúyese el numeral 2) del literal A) del Art. 17 del decreto-ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, que quedará redactado de la siguiente forma:

‘2) El 0,7% (cero coma siete por ciento) del precio de venta de carnes de las especies comprendidas en la presente ley, sus menudencias y subproductos, provenientes de plantas de faena que se destinen al mercado interno’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

20) MERCADO DE VALORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se dictan normas para la regulación del mercado de valores. (Carp. Nº 1397/08 - Rep. Nº 1120/09 - Anexos I y II)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1397/08

Rep. N° 1120/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

TITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1°. (Ambito de aplicación).- El mercado de valores, todos los agentes que en él participan, las bolsas de valores y demás mercados de negociación de valores de oferta pública, los valores y los emisores de valores de oferta pública, quedarán sometidos a las disposiciones de la presente ley, a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay para su ejecución.

Artículo 2°. (Definiciones y alcance).- Se entiende por oferta pública de valores la comunicación dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de este, a efectos de adquirir, vender o canjear dichos valores. La invitación a la compra de valores realizada a los clientes de una institución de manera generalizada constituye oferta pública aunque no se realice publicidad al respecto.

Las emisiones privadas quedan excluidas de las disposiciones del presente Título. En las emisiones privadas de valores se deberá dejar expresa constancia de su carácter privado, solo podrán colocarse en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas, y no se podrán cotizar en Bolsa ni hacer publicidad de su colocación. Quien realice emisiones privadas será responsable de aclarar expresamente que dichas emisiones no han sido registradas por la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 3°. (Registro de Valores).- Solo podrá hacerse oferta pública de valores cuando estos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro de Valores que a esos efectos llevará la Superintendencia de Servicios Financieros.

No requerirán inscripción en el Registro de Valores el Gobierno Central, el Banco Central del Uruguay, los Gobiernos Departamentales y los valores por ellos emitidos.

Artículo 4°. (Inscripción en el Registro de Valores).- La solicitud de inscripción de valores de oferta pública en el Registro de Valores deberá ser presentada por la entidad emisora.

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá prever requisitos diferenciales en atención al tipo de valor, de oferta, de inversor al cual va dirigida y de emisor de que se trate, asegurando por parte del emisor la debida información respecto de la característica de la emisión y del régimen al cual se encuentra sujeta.

El prospecto autorizado será el que rija la emisión y el único que podrá inscribirse en los mercados de negociación de valores de oferta pública.

Artículo 5°. (Divulgación de información).- Los emisores de valores de oferta pública divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna, toda información esencial respecto de sí mismos, de los valores ofrecidos y de la oferta.

La reglamentación del Poder Ejecutivo y las normas generales e instrucciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, establecerán el contenido de la información y los requisitos para su divulgación, con la finalidad de que los potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados a los efectos de su decisión.

Artículo 6°. (Información reservada y confidencial).- Se considerará información privilegiada la información, de un emisor o de los valores que emita, obtenida en razón del cargo o posición, inclusive la transmitida por un cliente en relación a sus propias órdenes pendientes, que no se ha hecho pública y que de hacerse pública podría influir sensiblemente sobre la cotización de los valores emitidos o sus derivados, así como la que se tiene de las operaciones de transmisión de la titularidad a realizar por un inversionista en el mercado de valores a fin de obtener ventajas con la negociación de valores.

Los agentes intervinientes en el mercado de valores que revelen o confíen información privilegiada antes de que la misma se divulgue al mercado, recomienden la realización de las operaciones con valores sobre los que tienen información privilegiada o hagan uso indebido y se valgan en beneficio propio o de terceros de la información privilegiada serán pasibles de las sanciones a que refiere el artículo 118 de la presente ley, sin perjuicio de las acciones por daño a que ello diere lugar.

Serán pasibles de iguales sanciones y su conducta dará derecho a accionar civilmente por daños y perjuicios, los agentes intervinientes en el mercado de valores que divulguen información falsa o tendenciosa sobre valores o emisiones con la finalidad de beneficiarse de ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación penal.

TITULO II

REGULACION DEL MERCADO DE VALORES

Artículo 7°. (Fines).- Corresponde al Banco Central del Uruguay velar por la transparencia, la competitividad y el funcionamiento ordenado del mercado de valores, por la adecuada información a los inversionistas y por la reducción del riesgo sistémico.

Artículo 8°. (Regulación y fiscalización).- A los fines previstos por la presente ley, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, en el ámbito de su competencia, dictará las normas a las cuales deberán ajustarse los mercados de valores y las personas físicas o jurídicas que en ellos intervengan con las características que se establecen en la presente ley para la regulación y supervisión de cada tipo de entidad.

Artículo 9°. (Atribuciones).- Para el ejercicio de las competencias previstas en la presente ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dictar normas tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente.

2. Dictar normas que establezcan los códigos de conducta a los cuales deben someterse los agentes participantes del mercado de valores.

3. Llevar el registro de entidades y valores autorizados para oferta pública.

4. Establecer reglas de carácter general conforme a las cuales se precise si una oferta es pública o no, de acuerdo con los términos del artículo 2° de la presente ley.

5. Reglamentar las operaciones de toma de control de sociedades abiertas a efectos de preservar la transparencia del mercado y la protección de los inversores. A tales efectos, podrá fijar las condiciones en las cuales se vuelve obligatoria la oferta pública de adquisición de acciones.

6. Requerir a las personas mencionadas en el artículo 8° de la presente ley, que brinden información con la periodicidad y bajo las formas que la Superintendencia juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos. Para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el secreto profesional.

7. Requerir de las personas físicas y jurídicas no incluidas en el artículo 8° de la presente ley que brinden información bajo las formas que la Superintendencia juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos, en ocasión de la realización de investigaciones e inspecciones vinculadas a asuntos del mercado de valores. Para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el secreto profesional.

8. Aprobar la creación de instituciones privadas que constituyan nuevos mercados de negociación de valores de oferta pública y sus requisitos de funcionamiento.

9. Dictar normas que establezcan el capital mínimo y la relación de activos a patrimonio para las personas físicas y jurídicas intervinientes en la oferta pública de valores.

10. Dictar las normas contables y de valoración de activos aplicables a los agentes sometidos a su vigilancia.

11. Dictar las normas para la gestión de riesgos dirigidas a los agentes sometidos a su vigilancia.

12. Aplicar a todas las personas que infrinjan las normas, las sanciones previstas en el artículo 118 de la presente ley, con excepción de aquellas que constituyen competencia atribuida al Directorio del Banco Central del Uruguay.

13. Participar en organismos internacionales en la materia de su competencia y celebrar convenios con dichos organismos, así como con entidades reguladoras de mercados de valores en otros países.

14. Intercambiar información relevante con los organismos indicados en el numeral anterior para la investigación de infracciones o delitos cometidos en los mercados de valores. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento. Para este efecto solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a) la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar o sancionar los hechos constitutivos de las infracciones o delitos.

b) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para el Banco Central del Uruguay y sus funcionarios.

Los convenios y memorandos de entendimiento que la Superintendencia celebre en ejercicio de la competencia establecida en los precedentes numerales 13) y 14) deberán ser aprobados por el Directorio del Banco Central del Uruguay para poder entrar en vigor.

TITULO III

COMISION DE PROMOCION DEL MERCADO DE VALORES

Artículo 10. (Creación, cometido y funciones).- Créase la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, que tendrá como cometido la promoción del desarrollo del mercado de valores.

La Comisión de Promoción del Mercado de Valores, para el cumplimiento de su cometido tendrá las funciones siguientes:

1. Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias relativas a la promoción y el desarrollo del mercado de valores. En la consecución de esta función podrá asesorar al Poder Ejecutivo en relación a proyectos regulatorios.

2. Promover y realizar estudios e investigaciones sobre el mercado de valores promoviendo iniciativas ante el Poder Ejecutivo y los demás agentes intervinientes en el mismo para impulsar su funcionamiento y desarrollo.

3. Promover y proponer políticas y acciones públicas en la materia de su competencia.

Artículo 11. (Organización).- La Comisión de Promoción del Mercado de Valores estará integrada por un representante designado por el Poder Ejecutivo, dos representantes de las bolsas de valores y demás instituciones existentes que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, un representante de los emisores de oferta pública y dos representantes de las administradoras de fondos de ahorro provisional. El Poder Ejecutivo elegirá a los dos representantes de las bolsas de valores y demás instituciones mencionadas de negociación de valores de oferta pública, el representante de los emisores así como los representantes de las administradoras de fondos de ahorro provisional que integrarán la Comisión de entre una lista que cada una de las citadas instituciones y grupos de agentes del mercado presentará a estos efectos. Dicha Comisión estará presidida por el representante del Poder Ejecutivo.

Artículo 12. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y oportunidad de propuesta y elección de los representantes mencionados en el artículo anterior así como la forma de funcionamiento de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores.

TITULO IV

VALORES

CAPITULO I

DEFINICION

Artículo 13. (Definición).- Se entenderá por valores, a los efectos de la presente ley, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes. Se incluyen en este concepto las acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión.

CAPITULO II

DE LOS VALORES ESCRITURALES

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 14. (Valores escriturales).- Se entenderá por valores escriturales aquellos que sean emitidos en serie y representados exclusivamente mediante anotaciones en cuenta que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo.

Las anotaciones en cuenta se efectuarán por la entidad registrante en un Registro de Valores Escriturales que podrá ser llevado por medios electrónicos u otros, en las condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 15. (Creación).- Para emitir valores escriturales el emisor deberá otorgar un documento de emisión e inscribir los valores en el Registro de Valores Escriturales que a tales efectos establecerá la entidad registrante.

A partir de dicha inscripción se realizarán en las cuentas de sus respectivos titulares las anotaciones de los valores comprendidos en la emisión.

Artículo 16. (Derechos sobre valores escriturales).- La constitución, modificación, transmisión, y extinción de cualesquiera clases de derechos sobre valores escriturales solo tendrá lugar mediante la registración en la cuenta del titular en el Registro de Valores Escriturales que llevará la entidad registrante.

Artículo 17. (Normas y principios sobre títulos valores).- Los principios y normas que rigen los títulos valores se aplicarán a los valores escriturales en todo lo no previsto por las normas contenidas en esta ley.

Artículo 18. (Relaciones de consumo).- Las relaciones de los inversores con los intermediarios, bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y las entidades registrantes, en su caso, son relaciones de consumo reguladas por la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 19. (Obligatoriedad. Convertibilidad).- Los valores de oferta pública deberán representarse mediante anotaciones en cuenta.

Los valores de oferta privada podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta o títulos. No se podrán efectuar emisiones que revistan el carácter de escriturales y físicas simultáneamente.

La forma de representación adoptada tendrá el carácter de irreversible en cada emisión y se aplicará a la totalidad de los valores que la integran.

Artículo 20. (Fungibilidad).- Los valores escriturales de una misma emisión, emitidos por una misma entidad, que tengan características idénticas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, podrán operar como fungibles, sin perjuicio de su identificación, especificación o desglose, cuando ello sea necesario o conveniente para el ejercicio de derechos sobre los mismos.

SECCION II

DOCUMENTO DE EMISION

Artículo 21. (Contenido y forma).- El emisor deberá hacer constar en el documento de emisión entre otros, la entidad registrante, y las características y condiciones de los valores a emitir que establezca la reglamentación, sin perjuicio de las enunciaciones que exijan leyes especiales aplicables a determinados valores.

El documento de emisión se deberá otorgar en escritura pública o documento privado cuyas firmas serán certificadas por escribano público y se protocolizará.

La reglamentación establecerá las condiciones de registración de los respectivos documentos de emisión.

Artículo 22. (Publicidad).- Los titulares de valores escriturales y demás interesados así como el público en general tienen derecho a obtener de cualquiera de las entidades habilitadas referidas en el artículo 24 de la presente ley, la exhibición de los documentos de emisión registrados.

El emisor, la entidad registrante y la Superintendencia de Servicios Financieros cuando corresponda, deberán tener en todo momento los documentos de emisión registrados para su exhibición a disposición de cualquier interesado o del público en general.

SECCION III

REGISTRO DE VALORES ESCRITURALES

Artículo 23. (Entidad registrante).- La entidad registrante es aquella que llevará las anotaciones en cuenta de los valores escriturales. Los códigos que utilizarán las anotaciones en cuenta serán aquellos reconocidos internacionalmente.

Artículo 24. (Entidades habilitadas).- El registro de los valores escriturales será atribuido a una única entidad por emisión.

Podrán ser entidades habilitadas aquellas que cumplan con las condiciones que establezca la reglamentación.

El Registro de Valores Escriturales de valores emitidos por el Estado y regidos por ley nacional estará a cargo del Banco Central del Uruguay.

Artículo 25. (Efectos).- Todos los actos que afecten, constituyan, reconozcan, modifiquen, declaren o extingan, el dominio, usufructo y demás derechos reales o personales sobre valores escriturales se realizarán mediante registración en la cuenta del titular en el Registro de Valores Escriturales correspondiente, aun cuando la inscripción se haya realizado mediante código.

Tales actos surtirán efectos entre las partes y serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el Registro correspondiente.

Artículo 26. (Principios).- La organización y funcionamiento de los Registros de Valores Escriturales, sistemas de identificación y control de los valores escriturales, así como las relaciones y comunicaciones de las entidades registrantes con los emisores, bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, intermediarios de valores e inversores se regirán por los principios de protección del interés de los inversores, y de la confidencialidad de las inversiones.

En especial se deberán tener en cuenta los principios de prioridad de la inscripción y de tracto sucesivo.

Artículo 27. (Identificación).- Las entidades registrantes llevarán los registros de las cuentas correspondientes a cada emisión.

Los intermediarios de valores efectuarán las anotaciones en el Registro de las entidades registrantes a nombre propio, cuando se trate de valores propios o por cuenta y orden de los inversionistas, conforme a lo indicado en el artículo siguiente.

Artículo 28. (Intermediarios de valores. Registro).- Los intermediarios de valores deberán llevar un registro completo, claro y preciso de los valores por ellos inscriptos en los Registros de las entidades registrantes por cuenta y orden de los titulares reales mediante códigos de forma tal que permita la individualización plena y completa de estos y de sus sucesores en su caso.

Dichos registros deberán cumplir los mismos principios y requisitos establecidos por las leyes, decretos y normas de la Superintendencia de Servicios Financieros para los Registros llevados por las entidades registrantes.

Artículo 29. (Rectificación de inscripciones).- Las entidades registrantes únicamente podrán rectificar las inscripciones inexactas en virtud de resolución judicial o en caso de errores puramente materiales que resulten del propio registro o de la mera confrontación con el documento por el cual se practicó la inscripción.

Artículo 30. (Responsabilidad).- Las entidades registrantes, incluidos los intermediarios de valores según corresponda, serán responsables frente a quienes resulten perjudicados por la omisión de realizar las correspondientes inscripciones, las inexactitudes, errores, y retrasos, salvo que la omisión o la inscripción inexacta o errónea hubiere sido causada por una conducta dolosa o culposa del perjudicado.

La inobservancia de las normas de organización y funcionamiento de los registros y de los sistemas de identificación y control de los valores dará lugar a la responsabilidad civil de las entidades registrantes y/o de los intermediarios de valores, según corresponda, frente a quienes resulten perjudicados.

Todo ello sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que también fueren aplicables.

Artículo 31. (Fiscalización).- Corresponderá a la Super-intendencia de Servicios Financieros la fiscalización del cumplimiento por las entidades registrantes e intermediarios de valores de todas sus obligaciones, y en especial de las relacionadas con el cumplimiento y mantenimiento de los estándares técnicos y de organización de los registros.

Artículo 32. (Contrapartida).- La suma de los montos de todos los titulares inscriptos en el Registro de Valores Escriturales por cada emisión, deberá ser en todo momento la contrapartida exacta del valor total del monto circulante de la misma.

El sistema de registraciones adoptado por las entidades registrantes deberá ser llevado de manera de garantizar a los inversores el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior.

En protección de los titulares y demás interesados los emisores, las entidades registrantes e intermediarios de valores deberán contar con adecuados sistemas de registración de los valores que operen como fungibles.

Artículo 33. (Competencia de las entidades registran-tes).- Las entidades registrantes, además de practicar las inscripciones de la emisión de la titularidad de los valores y de los actos que los afecten, podrán brindar los servicios de administración de dichos valores, entendiendo por ello el cobro de dividendos, intereses o amortizaciones, según corresponda y el pago a sus titulares.

SECCION IV

TITULARIDAD, TRANSMISION, DERECHOS

Artículo 34. (Titularidad).- Se presumirá titular legítimo a quien figure en el Registro de Valores Escriturales y, tratándose de inscripción realizada por intermediarios de valores por cuenta y orden de terceros, a quien figure como titular en el registro del respectivo intermediario, salvo prueba en contrario.

Artículo 35. (Exoneración de responsabilidad).- La entidad emisora que cumpla de buena fe la prestación a favor del titular inscripto, no incurre en responsabilidad si resulta que este no es el titular real del valor.

Artículo 36. (Transmisión. Efectos. Excepciones).- La transmisión de los valores escriturales tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción en el Registro de Valores Escriturales de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La transmisión surtirá efectos entre las partes y frente a terceros desde el momento que se haya practicado la inscripción en la cuenta respectiva del Registro de Valores Escriturales.

El emisor solo podrá oponer, frente al titular de buena fe de los valores escriturales, las excepciones que hubiere podido esgrimir en el caso de que los valores hubiesen estado representados por medio de títulos y aquellas que derivan del documento de emisión.

Artículo 37. (Copropiedad).- Los cotitulares de derechos sobre valores escriturales, deberán designar un representante común para ejercer los derechos inherentes a los mismos. En su defecto, cualquier cotitular podrá solicitar la designación judicial de representante común a cuyos efectos se aplicará el procedimiento previsto por los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

Artículo 38. (Terceros. Efectos).- Las transmisiones de los valores escriturales a título oneroso o gratuito de dación en pago, permuta, fideicomiso, por ejecución forzada y cualquier otro título o modo, no surtirán efecto entre partes ni frente a terceros, hasta que se proceda a su inscripción en el Registro de Valores Escriturales.

A tales efectos el o los nuevos titulares deberán presentar ante el Registro de Valores Escriturales el documento público o privado que acredite su derecho como nuevo titular.

Artículo 39. (Transmisión por causa de muerte).- En caso de transmisión por causa de muerte, la entidad registrante anotará a los sucesores quienes deberán acreditar su calidad de tales por medio de testimonio de la declaratoria de herederos.

Artículo 40. (Derechos reales. Otros).- La constitución, modificación y extinción de derechos personales, gravámenes, prendas u otros derechos reales, prohibición de innovar, anotación de la litis, embargos u otras medidas cautelares, sobre valores escriturales, tendrá lugar mediante inscripción en la cuenta del titular en el correspondiente Registro de Valores Escriturales.

A tales efectos, los intermediarios de valores tendrán la obligación de informar a la entidad registrante lo que corresponda para su efectivización.

La inscripción de prendas, prohibición de innovar, anotación de la litis, embargos u otras medidas cautelares sobre valores escriturales producirán la oponibilidad frente a terceros del gravamen o medida inscripta y su consecuente prioridad frente a inscripciones ulteriores.

En ningún caso corresponderá la inscripción de las prendas en el Registro de Prendas sin Desplazamiento al que se refiere el artículo 4° de la Ley N° 17.228, de 7 de enero de 2000, con las modificaciones introducidas por el artículo 301 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Las entidades registrantes deberán informar a los respectivos inversores, a las bolsas de valores, a otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y a los intermediarios de valores que intervengan en su comercialización los actos registrados al amparo del inciso primero del presente artículo.

SECCION V

CERTIFICADO DE LEGITIMACION

Artículo 41. (Prueba, legitimación e inmovilización).- La legitimación para el ejercicio de los derechos emergentes de los valores escriturales podrá acreditarse mediante certificados que serán expedidos a tales efectos por la entidad registrante y, además, por los respectivos intermediarios de valores en el caso de valores inscriptos por estos.

Los certificados de legitimación no conferirán más derechos que los relativos a la legitimación y no serán negociables. Serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto los mismos.

El plazo, el contenido y otras condiciones de emisión de los valores, serán fijados por la reglamentación.

Solo tienen legitimación para solicitar la expedición de certificados, los titulares de derechos sobre los valores escriturales o sus representantes legales, voluntarios o estatutarios.

Las entidades registrantes y los intermediarios de valores en su caso podrán expedir más de un certificado de legitimación para los mismos valores y para ejercer los mismos derechos solo en caso de pérdida, destrucción o sustracción probada por los procedimientos que fije la reglamentación.

Los valores respecto de los cuales se haya expedido certificados de legitimación quedarán inmovilizados por el plazo de su vigencia.

Las entidades registrantes y los intermediarios de valores no podrán practicar inscripciones hasta que el titular no haya restituido los certificados expedidos a su favor, salvo que se trate de transmisiones que deriven de ejecuciones forzadas o que el certificado haya quedado privado de valor.

Artículo 42. (Devolución).- El usufructuario, acreedor prendario o titular de gravámenes u otros derechos, sin perjuicio de que pueda solicitar y obtener la expedición de uno nuevo, deberá restituir el certificado de legitimación que tenga expedido a su favor, dentro del día hábil siguiente en que le sea notificada la transmisión de valores. Vencido dicho plazo los referidos certificados caducarán.

Artículo 43. (Cadudicad).- Los certificados de legitimación caducarán:

1. Por el vencimiento del plazo de su vigencia o por el referido en las causales establecidas en la respectiva reglamentación.

2. Por la transmisión de valores operada por la ejecución forzada y

3. Por la modificación de titularidad ordenada por sentencia judicial ejecutoriada.

SECCION VI

DE LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS

Artículo 44. (Medios electrónicos. Otros).- Las entidades registrantes y los intermediarios de valores podrán utilizar, para organizar los registros, archivos y demás documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones así como para recibir y enviar información de todos los sujetos participantes en el mercado de valores, medios electrónicos y magnéticos sin perjuicio de otros, que autorice el Banco Central del Uruguay.

Artículo 45. (Sistemas de seguridad).- Las entidades registrantes y los intermediarios de valores deberán contar con sistemas de seguridad adecuados para prevenir y cubrir los riesgos operativos que de ellos dependan, así como implementar planes de contingencia para la inmediata recuperación de su capacidad operativa en caso de verse afectados por causas que les sean o no imputables.

Artículo 46. (Condiciones).- Las entidades registrantes y los intermediarios de valores deberán organizar sus registros con un sistema tecnológico, informático, electrónico o de cualquier naturaleza que reúna las condiciones de seguridad, disponibilidad, auditabilidad e integridad, a cuyos efectos deberán contar con los elementos mínimos que fije la reglamentación.

Artículo 47. (Prueba).- Todo registro relativo a valores escriturales en medio electrónico proveniente de emisiones públicas o privadas de oferta pública o privada, constituye documentación auténtica y como tal será válida y admisible como medio de prueba haciendo plena fe a todos los efectos, siempre que esté debidamente autenticada, de acuerdo con los artículos 129 y 130 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1998 y el artículo 697 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 48. (Firmas).- Se considerará debidamente autenticado todo documento en medio electrónico relacionado con valores escriturales de emisores públicos o privados, de oferta pública o privada, cuyo contenido esté validado por una o más firmas electrónicas o digitales mediante códigos u otras técnicas seguras, de acuerdo con el estado de la tecnología informática, según lo establecido en el artículo 695 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 y artículo 25 de la Ley N° 17.243, del 29 de junio de 2000.

Artículo 49. (Firma digital).- Es de aplicación a todo registro electrónico de valores escriturales de emisores públicos o privados, de oferta pública o privada lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000.

SECCION VII

OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 50. (Derecho de voto).- El derecho de voto que acuerdan a sus titulares determinados valores será ejercido directamente por estos o por las personas que designen a tales efectos, mediante documento escrito con firma notarialmente certificada.

Artículo 51. (Comprobantes. Constancias).- La entidad que lleve el Registro de los Valores Escriturales debe otorgar al suscriptor de dichos valores, comprobantes de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que se inscriba en ella. Asimismo, el titular tendrá derecho a que se le entregue constancia del saldo, del estado de la cuenta y detalle total o parcial de los movimientos efectuados en la misma.

Los intermediarios deben entregar a los inversores copia del documento de emisión y comprobantes de todas las operaciones que por su cuenta realicen con valores escriturales.

A los efectos de la presente ley, constancia y comprobante son expresiones equivalentes.

Artículo 52. (Título suficiente. Título ejecutivo).- En todo caso de incumplimiento, las constancias que emita la entidad registrante será título suficiente para reclamar los derechos que cada una de ellas acrediten. Tendrán el carácter de título ejecutivo para reclamar el pago de toda cantidad líquida y exigible que corresponda a cualquier título así como para ejecutar toda clase de garantías otorgadas. En el caso de que se trate de un titular inscripto en el Registro que lleva el intermediario, el título se conformará con la constancia expedida por este a nombre del titular más la que la entidad registrante expida a nombre del intermediario en relación a la inversión que el mismo realizara por cuenta y orden de su cliente.

Las acciones para reclamar la propiedad del valor escritural se tramitarán por el procedimiento de entrega de la cosa establecido en el artículo 364 del Código General del Proceso.

Artículo 53. (Insolvencia).- Los valores escriturales integran el patrimonio de sus titulares legítimos.

Las entidades registrantes deberán contar con adecuados sistemas de identificación y separación de los valores de los diferentes inversores o titulares entre sí, incluso en los casos que aquellos valores operen como fungibles.

Igual obligación tendrán los intermediarios de valores quienes, además, deberán contar con adecuados sistemas de separación respecto de los valores de su propiedad.

Las sumas entregadas por los inversores destinadas a la adquisición de valores escriturales, continuarán en el patrimonio de los inversores hasta que se efectúe la inscripción en la entidad registrante, de acuerdo con las instrucciones impartidas por los inversores.

Artículo 54. (Secreto profesional).- Las entidades registrantes y los intermediarios de valores, están comprendidos en la obligación de secreto profesional, en los términos del artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, el que no será oponible al Banco Central del Uruguay.

Artículo 55. (Secreto profesional. Dependiente).- Toda persona que participe en cualquier concepto en la dirección, gestión, control o auditoría de la entidad registrante del emisor o de los intermediarios de valores intervinientes así como toda persona empleada o contratada por cualquiera de esos sujetos de derecho y que tenga conocimiento en el marco de su actividad profesional de informaciones relacionadas con los valores escriturales y sus titulares, también está obligado a guardar secreto profesional en los términos previstos en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, el cual no será oponible al Banco Central del Uruguay.

SECCION VIII

RESPONSABILIDAD - SANCIONES

Artículo 56. (Responsabilidad. Sanciones).- Sin perjuicio del régimen de responsabilidad y sanciones regulado por esta ley y por las normas aplicables dictadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, los emisores, las entidades registrantes, las bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los intermediarios de valores, serán responsables por el funcionamiento seguro, continuo y confiable de la operativa con valores escriturales que cada uno realice y, en especial, por la conservación e inviolabilidad del Registro de Valores Escriturales bajo su responsabilidad.

Cada uno de los agentes mencionados en el inciso precedente serán responsables de todo y cualquier perjuicio que se irrogue a los inversores por las deficiencias que les sean atribuibles en el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior.

CAPITULO IIII

DE LOS VALORES FISICOS

Artículo 57. (Valores físicos).- Se entenderá por valores físicos aquellos valores donde los derechos que otorgan están asentados en un documento que tiene materialidad física.

Artículo 58. (De la custodia de valores físicos).- Los intermediarios de valores podrán custodiar valores físicos de sus clientes. En todos los casos, se deberá entregar al cliente constancia de la constitución de la custodia, identificando el valor y el cliente.

Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo II del presente Título.

CAPITULO IV

DE LAS ENTIDADES DE CUSTODIA, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES

Artículo 59. (Autorización).- Las entidades cuyo objeto sea prestar servicios de custodia, liquidación y compensación de valores requerirán autorización, para operar y estarán sujetas al control del Banco Central del Uruguay, quien determinará los requisitos para su funcionamiento.

Artículo 60. (Funciones).- Las entidades de custodia, compensación y liquidación de valores podrán:

1. Recibir depósitos de valores físicos y encargarse de su conservación y custodia hasta la restitución a quien corresponda. A todos los efectos, los valores físicos que custodien se consideran fungibles.

2. Llevar a nombre de los emisores los registros de acciones, obligaciones, negociables y otros valores y los libros de accionistas, y efectuar el registro de transferencias, así como la liquidación y compensación de los valores depositados que se negocien en bolsa y en el mercado extrabursátil.

3. Administrar los cobros y pagos de intereses, dividendos y reajustes y amortizaciones de los valores que se encuentre custodiando.

4. Extender las certificaciones que le fueren solicitadas.

En los casos que las leyes o reglamentos exijan títulos, bastará el certificado conferido por el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores.

Artículo 61. (Prohibiciones).- A las entidades de custodia, compensación y liquidación de valores les está prohibido:

1. Ejercer derecho alguno sobre los valores registrados en él, o disponer de tales valores.

2. Efectuar transferencias encomendadas por personas no habilitadas a actuar en su ámbito, con las excepciones que determine el Banco Central del Uruguay.

3. Salvo los casos establecidos en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, proporcionar información sobre los datos que aparezcan en sus Registros. Exclúyese de esta prohibición la información que requiriesen los emisores de valores respecto de valores por ellos emitidos, los intermediarios de valores respecto de los valores por ellos entregados y al Banco Central del Uruguay.

Artículo 62. (Normas para la compensación y liquidación).- El Banco Central del Uruguay dictará las normas por las cuales deben regirse los procesos de compensación y liquidación de los valores depositados, pudiendo prever la existencia de la compensación multilateral a efectos de que los procesos de liquidación se realicen sobre una base neta.

TITULO V

OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y TITULOS DE DEUDA

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 63. (Entidades comprendidas).- Las sociedades comerciales, nacionales o extranjeras, las cooperativas, los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y las personas públicas no estatales con actividad industrial o comercial, podrán emitir obligaciones negociables conforme a las disposiciones de la presente ley. Todo título de deuda, cualquiera sea su denominación, que por su naturaleza sea asimilable a una obligación negociable, se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Las emisiones de los entes autónomos y los servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, así como las personas públicas no estatales deberán contar con autorización del Poder Ejecutivo con informe previo del Banco Central del Uruguay.

CAPITULO II

TIPOS DE OBLIGACONES NEGOCIABLES

Artículo 64. (Clases de obligaciones).- Podrán emitirse diversas clases de obligaciones negociables con derechos diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos.

La emisión podrá dividirse en series. No podrán emitirse nuevas series de la misma clase, mientras las anteriores no estén totalmente suscritas o no se hubiere cancelado el saldo no colocado.

Artículo 65. (Obligaciones convertibles).- Las sociedades por acciones podrán emitir obligaciones negociables convertibles en acciones de la sociedad emisora, de acuerdo con las condiciones establecidas en el título valor o en el contrato de emisión, y con las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III

EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Artículo 66. (Documento de emisión).- El documento de emisión deberá contener:

a) La denominación del título.

b) Lugar y fecha de su emisión así como la de su vencimiento.

c) El nombre y el domicilio del emisor, así como el lugar de pago, si no fuera el mismo que el domicilio.

d) El número de serie y de orden de cada título, así como el valor nominal que representa.

e) El monto y la moneda de la emisión.

f) El plazo.

g) La naturaleza de la garantía, si la hubiere.

h) Las condiciones y la oportunidad en que se efectuará la conversión en acciones, si la hubiere.

i) Las condiciones de amortización.

j) El interés y la forma de reajuste o actualización del valor del capital, si correspondiere.

k) Las mayorías necesarias para la modificación de términos y condiciones, deberá representar por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del monto total circulante de la emisión.

Artículo 67. (Normas supletorias).- A las obligaciones negociables se les aplicarán, supletoriamente, las disposiciones sobre acciones y títulos valores en lo que corresponda.

Artículo 68. (Efecto jurídico de la adquisición de obligaciones negociables).- La adquisición de obligaciones negociables, importará la aceptación y la ratificación de todas las estipulaciones, las normas y las condiciones de la emisión, y del contrato del fiduciario, si lo hubiere.

CAPITULO IV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CONVERTIBLES EN ACCIONES

Artículo 69. (Derechos de preferencia).- Los accionistas que tengan los derechos de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, podrán ejercerlos en la suscripción de obligaciones negociables convertibles.

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 326 a 330 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Artículo 70. (Aumento de capital).- La resolución sobre la emisión de obligaciones negociables convertibles debe incluir, asimismo, la decisión de aumentar el capital social en la cantidad necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión.

Artículo 71. (Cambio de calidad jurídica).- El tenedor que ejerza la opción de conversión será considerado accionista desde que la sociedad sea notificada de su decisión. Esta deberá entregar las acciones que le correspondan o certificados provisorios de las mismas dentro de los treinta días de verificada la opción.

Artículo 72. (Derecho de acrecer).- Cuando la sociedad celebre un convenio de colocación en firme de obligaciones negociables convertibles en acciones con un agente intermediario, para su posterior distribución entre el público, la asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de acrecer, y reducir a no menos de quince días el plazo para ejercer la preferencia.

CAPITULO V

REPRESENTANTES

Artículo 73. (Designación de representantes de los titulares de los valores).- El emisor deberá, cuando se trate de una colocación de oferta pública, celebrar con una institución de intermediación financiera, con intermediarios de valores, u otras entidades especializadas autorizadas a tales efectos por la Superintendencia de Servicios Financieros, un convenio por el que estas tomen a su cargo la representación de los titulares de los valores durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 456, 457 y 464 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

El contrato otorgado en la designación de este representante deberá contener disposiciones que permitan a una mayoría especial de titulares de obligaciones negociables o de valores que establezcan derechos de crédito que representen más del 75% (setenta y cinco por ciento) del total de la emisión, salvo que el contrato estableciera un porcentaje mayor, la sustitución de la institución que los representa o la modificación de las condiciones de emisión que impliquen el otorgamiento de quitas, esperas, modificaciones de las fechas de pago del capital o intereses, modificación de la moneda de pago y otras que el contrato establezca. Las resoluciones de dicha mayoría especial serán oponibles a la totalidad de tenedores de las obligaciones negociables o de valores de la misma serie.

Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio del derecho de cada titular de los valores de ejercer individualmente acciones para el cobro de lo adeudado.

Artículo 74. (Asamblea de obligacionistas).- Las asambleas de obligacionistas se regirán en cuanto a su constitución, funcionamiento y mayorías para adoptar resoluciones por lo estipulado en los términos y condiciones de las obligaciones negociables y, en caso de inexistencia de precisiones, por las disposiciones que rigen las asambleas extraordinarias de accionistas.

CAPITULO VI

GARANTIAS

Artículo 75. (Garantías admitidas).- Pueden emitirse obligaciones negociables con cualquier tipo de garantía real o personal, cumpliendo con los requisitos formales que para cada tipo exija la ley y con las estipulaciones contenidas en este Capítulo.

Las garantías se otorgarán antes de la fecha de emisión de las obligaciones, o simultáneamente con dicha emisión.

Las garantías podrán constituirse válidamente a favor de los futuros titulares con la firma del emisor y con la del otorgante si fuere un tercero.

Para su inscripción en los registros públicos correspondientes, las garantías reales solamente individualizarán al emisor y a las obligaciones negociables a ser garantizadas, con indicación de su monto, fecha de vencimiento y demás condiciones que indique la reglamentación, sin necesidad de identificar a los titulares.

En los casos de oferta pública y previo a la inscripción de la emisión, se deberá depositar en la Superintendencia de los Servicios Financieros o ante quien esta determine, copia auténtica del documento constitutivo de la garantía, en el que conste fehacientemente su inscripción en el registro público correspondiente, si fuere el caso. Tratándose de oferta privada, lo anterior podrá cumplirse ante cualquier entidad financiera de plaza. Los depositarios solo entregarán el referido documento para su cancelación al Juzgado competente en caso de acción judicial.

Si la garantía consistiera en prenda con desplazamiento, la entrega de la cosa prendada se hará al representante de los titulares de los valores o a un depositario designado por el emisor, quien actuará en representación de los titulares y será responsable ante estos conforme a derecho.

Artículo 76. (Transferencia y cancelación de garantías).- Los derechos emergentes de las garantías, sean reales o personales, se transferirán de pleno derecho para la sola transmisión de la obligación negociable o de los cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna.

Para los títulos de oferta pública, en la cancelación de garantías, cuando no concurra un representante de los titulares de los valores o no se obtuviere la conformidad unánime de los titulares, la sociedad emisora deberá acreditar ante la Superintendencia de Servicios Financieros el pago o el rescate total de las obligaciones negociables, o la consignación de los importes ante el mismo Banco, sin requerirse previa oblación. La Superintendencia de Servicios Financieros emitirá una constancia de cancelación de la emisión para su presentación ante el depositario para la restitución de la cosa.

La consignación de los importes de las obligaciones por oferta privada deberá realizarse judicialmente.

Artículo 77. (Acción ejecutiva).- Los títulos representativos de las obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, los intereses y cualquier otra suma que pudiese ser exigible al emisor de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión, así como para ejecutar las garantías otorgadas.

Artículo 78. (Prohibición a la sociedad emisora).- La sociedad emisora no podrá distribuir utilidades si se encontrare en mora en el pago de intereses o amortizaciones de las obligaciones negociables que hubiera emitido o en el pago de cualquier otra suma que fuese debida a los titulares de tales valores, de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión.

Artículo 79. (Caducidad del plazo por disolución de la sociedad).- Cuando la sociedad emisora de obligaciones se disuelva antes de que venza el plazo convenido para su pago, aquellas serán exigibles desde el día en que se haya resuelto o declarado la disolución.

TITULO VI

GOBIERNO CORPORATIVO

Artículo 80. (Gobierno corporativo).- Las bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los emisores de valores de oferta pública deberán adoptar las prácticas de gobierno corporativo establecidas en la presente ley y su reglamentación de forma de asegurar procesos adecuados de supervisión y control de la gestión de su dirección y el trato justo e igualitario de los accionistas, en caso de haberlos.

En relación a los emisores, la reglamentación establecerá como mínimo su obligación de:

1. Divulgar en forma completa, puntual y exacta los resultados financieros y demás información relevante para los inversores.

2. Adoptar las normas de contabilidad y auditoría conforme a los estándares internacionales.

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá adoptar normas para requerir la incorporación de compromisos de práctica de gobierno corporativo por parte de los emisores en sus prospectos, así como establecer una calificación de estas prácticas.

Artículo 81. (Estructura del Directorio, Comité de Auditoría y de Vigilancia).- Las bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los emisores de valores de oferta pública que tengan un patrimonio mayor al que determine la Superintendencia de Servicios Financieros a tales efectos, deberán adecuar el funcionamiento de su directiva a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 82. (Obligación de lealtad de directores).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, los directores de entidades que realicen oferta pública de valores deberán hacer prevalecer el interés social por sobre cualquier otro interés personal o de un tercero, incluso el del accionista controlante, absteniéndose de procurar cualquier beneficio personal a cargo de la sociedad que no sea la propia retribución.

En el cumplimiento de sus funciones no podrán:

1. Presentar a los accionistas o público en general informaciones falsas u ocultar información que estén obligados a divulgar conforme a la ley o la reglamentación aplicable.

2. Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio o de personas relacionadas, los bienes, servicios o créditos de la sociedad.

3. Usar en beneficio propio o de personas relacionadas, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo con perjuicio para la sociedad.

4. Usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para personas relacionadas, en perjuicio de la sociedad.

5. Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los empleados de la sociedad.

A los efectos de esta ley, las personas físicas o jurídicas beneficiarias reales de parte del patrimonio social bajo cuya dirección o instrucciones suelan actuar los directores de una sociedad tendrán las mismas responsabilidades de los directores en cuanto sea aplicable.

La reglamentación de esta ley podrá extender algunas o todas las disposiciones establecidas en este artículo, así como en el artículo siguiente, a los accionistas controlantes de la entidad que realice oferta pública de valores.

Artículo 83. (Contratación de directores con la sociedad).- Los administradores y directores de entidades que realicen oferta pública de valores no podrán celebrar contratos con la sociedad que se relacionen con la actividad propia del giro si los mismos no son aprobados previamente por el directorio, quien deberá solicitar a dichos efectos la opinión del comité de auditoría y vigilancia de existencia preceptiva en toda entidad que realice oferta pública de valores. Si el director que pretenda celebrar contrato con la sociedad en tales circunstancias fuera miembro del comité de auditoría y vigilancia, deberá abstenerse de dar opinión en casos que lo involucren.

Los contratos que no se relacionen con la actividad propia del giro, deberán ser aprobados previamente por la asamblea de accionistas o contar con el consentimiento igual o superior al 60% (sesenta por ciento) del capital social de la sociedad.

Artículo 84. (Retribución de directores).- Cualquier tipo de retribución a los directores de entidades que realicen oferta pública de valores requerirá un consentimiento igual o superior al 60% (sesenta por ciento) del capital social de la sociedad representado en la asamblea de accionistas.

Artículo 85. (Obligación de información de la participación en el capital).- Los directores de entidades que realicen oferta pública de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros y a las bolsas de valores donde coticen sus valores, las participaciones de capital que mantienen en la sociedad.

Igual obligación tendrán las personas físicas o jurídicas que, directamente o por intermedio de otros sujetos de derecho, sean titulares de más de 10% (diez por ciento) del capital con derecho a voto.

Las entidades que realicen oferta pública deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros y a las bolsas de valores donde coticen sus valores, el porcentaje de capital que los directores y demás personas comprendidas en lo previsto en el presente artículo mantienen en la sociedad.

Artículo 86. (Información complementaria de memoria).- La memoria anual de las entidades que realicen oferta pública de valores deberá contener, además de la información que surge del artículo 92 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, información relativa a la adopción de prácticas de gobierno corporativo, los mecanismos de retribución de los directores y toda información relevante que pueda afectar la transparencia de la emisión conforme a lo que establezca la reglamentación.

TITULO VII

MERCADOS E INTERMEDIARIOS

CAPITULO I

BOLSAS DE VALORES Y OTRAS INSTITUCIONES QUE CONSTITUYAN MERCADOS DE NEGOCIACION DE VALORES DE OFERTA PUBLICA

Artículo 87. (Definición).- Las bolsas de valores y demás instituciones que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores mediante mecanismos de subasta pública, y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan de acuerdo con la ley y la reglamentación que dicte la Superintendencia de Servicios Financieros.

Podrán realizar otras actividades conexas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del mercado de valores, las que serán previamente autorizadas por la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 88. (Regulación y fiscalización).- Las bolsas de valores y demás instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública están sujetos a la regulación y fiscalización de la Superintendencia de Servicios Financieros.

En el ámbito de sus competencias, las bolsas de valores y demás instituciones que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública deberán reglamentar su actividad, vigilando el estricto cumplimiento de dichos reglamentos, de manera de asegurar la existencia de un mercado competitivo, ordenado y transparente, sin perjuicio de las facultades de regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 89. (Requisitos).- Las bolsas de valores deberán:

1. Adoptar preceptivamente la forma jurídica de sociedad anónima por acciones normativas. Las bolsas de valores que a la fecha de la promulgación de esta ley no tengan dicha forma jurídica podrán conservar la forma jurídica adoptada con anticipación a la presente ley.

2. Incluir en su nombre la expresión "bolsa de valores".

3. Tener por objeto exclusivo el indicado en el artículo 87 de la presente ley, pudiendo efectuar las demás actividades conexas que la Superintendencia de Servicios Financieros les autorice o exija de acuerdo con sus facultades.

4. Tener el capital mínimo y constituir las garantías que determine la Superintendencia de Servicios Financieros.

5. Cumplir con los demás requisitos que contemplen sus estatutos y reglamentos internos, autorizados por la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 90. (Autorización previa).- Las bolsas de valores requerirán para funcionar autorización previa de la Superintendencia de Servicios Financieros, acreditando haber cumplido los requisitos indicados en este artículo y en el precedente y aquellos que la Superintendencia de Servicios Financieros establezca mediante normas de carácter general.

Deberá acreditar, como mínimo, a satisfacción de la Superintendencia de Servicios Financieros que:

1. Se encuentra organizada y tiene la capacidad necesaria para realizar las funciones de una bolsa de valores.

2. Ha adoptado la reglamentación interna exigida por esta ley.

3. Tiene la capacidad necesaria para cumplir y hacer cumplir a sus miembros, las disposiciones de sus estatutos y reglamentación interna.

4. Cuenta con los medios necesarios y con los procedimientos adecuados que permitan la mejor ejecución de las órdenes de los inversores.

Artículo 91. (Desarrollo del objeto).- Para el desarrollo de su objeto, las bolsas de valores, como mínimo deberán:

1. Establecer instalaciones y sistemas que permitan el encuentro ordenado de las ofertas de compra y venta de valores y la ejecución de las transacciones correspondientes.

2. Proporcionar y mantener a disposición del público información sobre los valores cotizados y transados en bolsa, sus emisores, intermediarios y las operaciones bursátiles.

3. Velar por el estricto cumplimiento por parte de sus miembros de los más elevados principios éticos y de todas las disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables.

4. Informar y certificar las cotizaciones y transacciones de bolsa y proporcionar diariamente amplia información sobre dichas cotizaciones y transacciones.

Artículo 92. (Normativa interna).- En la reglamentación de sus propias actividades las bolsas de valores deberán incluir normas tendientes a promover principios justos y equitativos en las transacciones de bolsa estableciendo los derechos y obligaciones de los operadores en relación a las operaciones que realizan y, en especial, normas que establezcan la prioridad, paridad y precedencia de las órdenes, de modo de garantizar mercados justos y ordenados, para que el inversor pueda obtener la más conveniente ejecución de sus instrucciones.

Asimismo, las normas deberán contener obligaciones de los operadores con sus clientes, incluyendo aquellas derivadas de las recomendaciones de inversiones que hagan estos y los mecanismos para diferenciar las transaciones realizadas por los intermediarios de valores por cuenta propia de las realizadas por cuenta de terceros.

Se deberá propender a la protección de los inversores contra fraudes y otras prácticas ilegítimas.

Toda la normativa interna que adopten las bolsas de valores deberá ser previamente aprobada por la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 93. (Operadores de bolsa).- Las bolsas de valores podrán admitir que participen en su ámbito inversores especializados autorizados expresamente por la Superintendencia de Servicios Financieros.

El hecho que un inversor especializado sea operador de una bolsa de valores no lo convierte en intermediario de valores. Sin perjuicio de lo expresado, a los efectos de operar en una bolsa de valores, deberá cumplir las normas generales e instrucciones particulares que dicte la bolsa respectiva y la Superintendencia de Servicios Financieros.

CAPITULO II

INTERMEDIARIOS DE VALORES

Artículo 94. (Concepto y tipo de intermediarios).- Se consideran intermediarios de valores aquellas personas físicas o jurídicas que realizan en forma profesional y habitual operaciones de intermediación entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública o privada.

Los intermediarios de valores que actúan como miembros de una bolsa de valores u otra institución que constituya un mercado de negociación de valores de oferta pú-blica se denominan corredores de bolsa y aquellos que operan fuera de dichos mercados se denominan agentes de valores.

Artículo 95. (Regulación y fiscalización).- Los intermediarios de valores, tanto en su actividad en la oferta pública como privada de valores, están sujetos a la regulación y fiscalización de la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 96. (Autorización).- Los intermediarios de valores requerirán autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros para actuar. Los requisitos que fije la Superintendencia de Servicios Financieros podrán ser diferenciados, en función de que el intermediario actúe únicamente por cuenta de terceros o por cuenta propia y de terceros, que sean corredores de bolsa, agentes de valores u otras circunstancias que estime apropiadas.

Al considerar la solicitud de autorización se tendrán en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia.

Las bolsas de valores podrán establecer requisitos adicionales para aquellos intermediarios que actúen en su ámbito.

Artículo 97. (Requisitos de inscripción).- Para ser autorizados e inscriptos en el Registro de Intermediarios de Valores que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros, deberán acreditar, a satisfacción de esta Institución, los siguientes requisitos:

1. Fijar domicilio comercial para desarrollar las actividades de intermediación.

2. Incluir en su nombre la expresión "corredor de bolsa" o "agente de valores" respectivamente.

3. Ser sociedad anónima con acciones nominativas. En el caso de personas físicas que a la fecha de la sanción de la presente ley actúen como intermediarios de valores en forma de empresas unipersonales, deberán adecuarse a esta disposición en el plazo de un año.

4. Tener el capital mínimo y constituir las garantías que determine la Superintendencia de Servicios Financieros.

5. Mantener una estructura de administración, organización y controles internos adecuados.

6. Acreditar ante la Superintendencia de Servicios Financieros respecto de los miembros de su Directorio, integrantes de la Comisión Fiscal si la hubiere y su personal superior, capacidad legal, ausencia de inhibiciones legales, no haber sido condenados por delitos vinculados al sistema financiero, no haber sido declarados en quiebra, y cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación.

Artículo 98. (Objeto).- Los intermediarios de valores, con excepción de las instituciones de intermediación financiera, tendrán como objeto exclusivo la actividad referida en el artículo 94 de la presente ley.

Artículo 99. (Transmisión y emisión de acciones y certificados provisorios).- La emisión y la transmisión de las acciones o de certificados provisorios de acciones de los intermediarios de valores, deberán ser autorizadas por la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 100. (Requisitos de funcionamiento).- Los intermediarios de valores deberán cumplir, en todo momento, con los requisitos patrimoniales y de garantía, organización interna y de conducta, estándares de aptitud, rectitud comercial y profesional, deberes de información y exigencias prudenciales y otros requisitos que establezca la Superintendencia de Servicios Financieros.

Dichos requisitos podrán ser diferenciados, en función de que el intermediario actúe solo por cuenta propia o por cuenta propia y de terceros, que sean corredores de bolsa, agentes de valores o asesor de inversión u otras circunstancias que estime apropiadas.

Artículo 101. (Garantía).- Los intermediarios de valores deberán constituir una garantía en forma previa a su autorización como tales, para asegurar el correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones, en beneficio de los acreedores que tengan o llegaren a tener en razón de su actividad de intermediación.

La Superintendencia de Servicios Financieros establecerá el monto y forma de constitución de la garantía inicial y su mantenimiento, considerando, entre otros, el volumen y naturaleza de las operaciones del intermediario, si además de actuar por cuenta de terceros actúan o no por cuenta propia u otras circunstancias semejantes.

La garantía deberá mantenerse hasta el año posterior a la pérdida de la calidad de intermediario de valores, o hasta que se resuelvan por sentencia ejecutoriada las acciones judiciales que se hayan entablado en su contra, dentro de dicho plazo.

Artículo 102. (Responsabilidad y prueba).- Los intermediarios de valores deben verificar la identidad y capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio y la autenticidad de los valores que negocien.

Los intermediarios de valores quedan obligados a pagar el precio de la compra o a hacer la entrega de los valores vendidos según las condiciones pactadas, así como del debido registro de la transacción.

Los comprobantes, las minutas o las constancias que entreguen a sus clientes y las que se dieren recíprocamente hacen prueba en contra del intermediario de valores que las emite.

Artículo 103. (Valores de terceros).- Los intermediarios de valores que custodien valores por cuenta de terceros, pero a nombre propio, deberán anotar separadamente en su contabilidad estos valores, e inscribir en un Registro es-pecial, con la individualización completa de la o las personas por cuenta de quien lo mantiene, conforme a las instrucciones que dicte la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 104. (Inaplicabilidades).- No serán aplicables a los intermediarios de valores las disposiciones de la Ley N° 16.497, de 15 de junio de 1994, ni los artículos 89 a 113 inclusive del Código de Comercio.

Artículo 105. (Cancelación de la inscripción).- El retiro de la autorización y la cancelación de la inscripción de un intermediario de valores opera a su solicitud o de oficio, al solicitarse la liquidación judicial de la empresa o sancionarse con cancelación de actividades.

De tratarse de solicitud por parte del intermediario, previo a adoptar decisión, será necesario poner en conocimiento del público, por los medios que la Superintendencia de Servicios Financieros estime pertinentes, que se ha iniciado el proceso de cancelación.

CAPITULO III

DE LA INTERVENCION Y LA LIQUIDACION ADMINISTRATIVA DE LAS BOLSAS DE VALORES, OTRAS INSTITUCIONES QUE CONSTITUYAN MERCADOS DE VALORES DE OFERTA PUBLICA Y DE LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES

Artículo 106. (Requisitos para la intervención).- El Directorio del Banco Central del Uruguay, podrá adoptar medidas preventivas, que pueden llegar a la intervención o la inmediata suspensión de actividades de las bolsas de valores y demás instituciones que constituyan mercados de valores de oferta pública, y de los intermediarios de valores, con excepción de las instituciones de intermediación financiera que se rigen al respecto por las disposiciones del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus leyes modificativas, cuando entienda que se encuentran en situación de riesgo los intereses de terceros. Para las actuaciones de esta índole podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, si ello fuera necesario.

La intervención podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las autoridades. Cuando esta vaya acompañada de la sustitución total de autoridades, implicará la caducidad de todas las comisiones o mandatos otorgados por ellas y la suspensión, durante veinte días hábiles, de todo tipo de plazo que pueda correrle a la empresa intervenida.

En la intervención, el Banco Central del Uruguay dispondrá de plenos poderes de gestión.

Facúltase al Banco Central del Uruguay a tomar otras medidas, tales como la restricción en las actividades de las instituciones referidas en el inciso primero, un monitoreo más estricto de su capital o la solicitud de requisitos adicionales de capital, seguros o garantías, de forma de minimizar el riesgo sistémico.

También podrán instruirlas a reducir su exposición al riesgo o incrementar sus márgenes en caso de que mantengan o controlen grandes posiciones en uno o más activos financieros.

En todos los casos, el Banco Central del Uruguay adoptará las medidas necesarias para asegurar que los activos de terceros sean debidamente cautelados.

Artículo 107. (Cese de la intervención).- En caso que se haya subsanado la situación que diera origen a la intervención, el Banco Central del Uruguay está facultado a reincorporarla a sus titulares, pudiendo exigir las cautelas y garantías que estime necesarias.

Artículo 108. (Liquidación).- El Banco Central del Uruguay será liquidador, en sede administrativa, de las entidades indicadas en el artículo 106 de la presente ley que se encuentren en situación de insolvencia, pudiendo facultar a un tercero para que practique dicha liquidación.

La disolución de las sociedades y empresas y el consiguiente estado de liquidación serán dispuestos por el Banco Central del Uruguay.

El Banco Central del Uruguay dispondrá de los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de la liquidada. Las resoluciones del Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador serán recurribles en la forma prevista en el artículo 14 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

En lo no previsto por esta ley, será de aplicación lo que dispongan las normas que rigen la liquidación administrativa de las instituciones de intermediación financiera y subsidiariamente las normas generales que rigen en materia de concursos de sociedades anónimas o de los comerciantes, según corresponda.

Artículo 109. (De los valores y fondos de terceros).- El dinero y los valores que los intermediarios de valores adquieran o mantengan en custodia por cuenta de los clientes, no podrán ser embargados por deudas del intermediario ni podrán ser objeto de otras medidas preventivas o de ejecución que pudieran promoverse para asegurar el cobro de tales deudas. En caso de liquidación por insolvencia del intermediario de valores, el dinero y los valores que este hubiese adquirido o tuviese en custodia por cuenta de sus clientes no integrarán la masa activa de la liquidación.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará, asimismo, al dinero y los valores de clientes que las Bolsas de Valores, u otras instituciones que constituyan mercados de valores de oferta pública pudiesen mantener en custodia por cuenta de los intermediarios y que no podrán verse afectados por medida cautelar o de ejecución alguna que pudiese promoverse por deudas de la institución custodiante ni formarán parte de la masa activa de su liquidación, para el caso de que esta fuera declarada.

Artículo 110. (Liquidación de obligaciones en cajas de valores y en sistemas de compensación y liquidación de valores).- La suspensión de actividades o la liquidación por insolvencia de los intermediarios de valores no impedirá el estricto cumplimiento de las obligaciones por ellos asumidas en el ámbito de una caja de valores o en los sistemas de compensación y liquidación de valores. Tales obligaciones serán liquidadas en las formas previstas reglamentariamente, pudiendo a tal efecto ser realizados los bienes que el intermediario hubiese afectado en garantía, con independencia de la medida de suspensión o liquidación que hubiese sido dispuesta y sin necesidad de recurrir a procedimiento judicial alguno. Si de la imputación del producido de dichos bienes a las referidas obligaciones surgiere un remanente a favor del intermediario, el mismo integrará la masa activa de la liquidación, debiendo ser puesto por el administrador del respectivo sistema a disposición del liquidador.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 111. (Confidencialidad).- Los intermediarios de valores no podrán dar a conocer informaciones sobre operaciones realizadas por cuenta de clientes, ni las posiciones en valores de los mismos u otras informaciones confidenciales que reciben de sus clientes o sobre sus clientes, obligación esta que no es oponible al Banco Central del Uruguay.

Artículo 112. (Denominación).- El uso de las denominaciones "bolsa de valores", "corredor de bolsa", "agentes de valores", "intermediario de valores" u otras semejantes que determine la Superintendencia de Servicios Financieros queda reservado exclusivamente para aquellas personas autorizadas a actuar como tales por dicha Institución.

TITULO VIII

OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES

Artículo 113. (Designación de auditores externos).- Las entidades que realicen oferta pública de valores, las administradoras de fondos de ahorro previsional y de fondos de inversión, las empresas aseguradoras, las entidades de intermediación financiera y toda otra entidad supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros deberán designar auditores externos, de entre los inscriptos en el registro de auditores externos que, para este fin, lleva dicha Superintendencia. Dichos auditores deberán aplicar las normas internacionales de auditoría.

En el caso de las entidades que realicen oferta pública de valores, será competencia de la asamblea de accionistas designar a los auditores externos, la que tendrá facultades para revocar la designación en cualquier momento.

Cuando por el tipo social no exista la asamblea de accionistas, a efectos de la designación y revocación de los auditores externos, será preciso contar con el consentimiento mayoritario de los socios. En todos los casos de revocación del auditor externo el emisor deberá dar cuenta a la Superintendencia de Servicios Financieros de las razones que lo motivaron.

Artículo 114. (Actividad de auditores externos en entidades supervisadas).- La Superintendencia de Servicios Financieros podrá reglamentar y controlar la actividad de los auditores externos cuando ejerzan sus funciones en las entidades referidas en el artículo anterior.

Artículo 115. (Designación de calificadoras de riesgo).- Las entidades que realicen oferta pública de valores, las administradoras de fondos de inversión, las entidades de intermediación financiera y toda otra entidad supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros que este considere conveniente incluir mediante la reglamentación en esta norma deberán designar calificadoras de riesgo, de entre las inscriptas en el registro de calificadoras de riesgo que, para este fin, lleva dicha Superintendencia.

En el caso de las entidades que realicen oferta pública de valores, será competencia de la asamblea de accionistas designar a las calificadoras de riesgo, la que tendrá facultades para revocar la designación en cualquier momento. Cuando por el tipo social no exista la asamblea de accionistas, a efectos de la designación y revocación de la designación de las calificadoras de riesgo, será preciso contar con el consentimiento mayoritario de los socios. En todos los casos de revocación de la calificadora de riesgos el emisor deberá dar cuenta a la Superintendencia de Servicios Financieros de las razones que lo motivaron.

Artículo 116. (Actividad de calificadoras de riesgo en entidades supervisadas).- La Superintendencia de Servicios Financieros, podrá reglamentar y controlar la actividad de las entidades calificadoras de riesgo cuando califiquen entidades o valores registrados en dicha Superintendencia.

Artículo 117. (Asesores de inversión y otros participantes del mercado).- Se consideran asesores de inversión las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, aconsejan a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior y que no se encuentren alcanzados por otra figura supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros.

Con el propósito de salvaguardar la transparencia del mercado y la adecuada información a los inversores, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá reglamentar y supervisar la actividad de los asesores de inversión y otros participantes del mercado de valores.

Si los asesores de inversión custodian valores de terceros deberán cumplir con los mismos requisitos generales que los agentes de valores.

TITULO IX

REGIMEN SANCIONATORIO

CAPITULO I

Artículo 118. (Facultades sancionatorias del Banco Central del Uruguay).- El Banco Central del Uruguay, respecto a las personas físicas o jurídicas intervinientes en la oferta pública o privada de valores, incluyendo a los emisores de oferta pública, las bolsas de valores y demás instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, los intermediarios de valores, los asesores de inversión, las instituciones registrantes, custodios, calificadores, auditores externos, representantes de titulares de valores de oferta pública, agentes de pago y todo otro agente interviniente, que infrinja las leyes y decretos que regulen dicha materia o las normas generales o instrucciones particulares dictadas por el mismo, podrá aplicar las siguientes sanciones, en lo pertinente, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiere:

1. Observación.

2. Apercibimiento.

3. Multa de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica establecida por el funcionamiento de los bancos.

4. Suspensión o cancelación de la cotización de los valores.

5. Suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta pública.

6. Suspensión o cancelación de actividades.

Lo estipulado en el numeral 6 anterior no será aplicable a los emisores de valores de oferta pública ni a las instituciones de intermediación financiera.

Solo podrán aplicarse acumulativamente a una misma persona y por un mismo caso, la multa y la suspensión o cancelación de actividades.

Las sanciones previstas en los numerales 1 y 2 del presente artículo serán aplicadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, quien también aplicará las multas cuando el monto de las mismas no supere el 10% (diez por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica de los bancos. Las restantes sanciones serán aplicadas por el Directorio de la Institución.

Las sanciones antedichas podrán recaer, además, en los miembros del Directorio, síndicos, integrantes de la Comisión Fiscal, la Comisión de Auditoría o personal gerencial de la entidad que hubiese tenido participación en la infracción o hubiese incurrido en omisiones en el cumplimiento de sus funciones con vinculación causal en relación a la infracción imputada a la entidad. Si la entidad fuere pasible de las sanciones indicadas en los numerales 4, 5 y 6 y las personas antedichas hubieren tenido participación, los antecedentes respectivos serán puestos en conocimiento de todos los servicios del Banco Central del Uruguay.

Las sanciones dispuestas por el Banco Central del Uruguay deberán ser publicadas. Para ello, la Superintendencia de Servicios Financieros definirá los medios de publicidad que estime pertinentes.

CAPITULO II

INTERMEDIARIOS DE VALORES

Artículo 119. (Causales graves).- Son causales de las sanciones de suspensión o cancelación de actividades de los agentes intervinientes en el mercado de valores, entre otras, las siguientes:

1. Dejar de cumplir con los requisitos de inscripción o funcionamiento.

2. Incurrir en graves violaciones a las obligaciones que impone esta ley, sus normas modificativas o complementarias u otras disposiciones que los rijan.

3. Tomar parte en forma culpable o dolosa en transacciones no compatibles con las sanas prácticas de los mercados de valores.

4. Realizar o participar en actos o efectuar operaciones ficticias o que tengan por objeto o efecto afectar la libre formación de precios del mercado de valores, manipular la liquidez de un valor, aparentar ofertas o demandas de valores, manipular o fijar artificialmente precios o cotizaciones, ofertas o demandas, obstaculizar la libre concurrencia, así como divulgar por cualquier medio, directa o indirectamente, información falsa, tendenciosa o privilegiada.

5. Dejar de cumplir, por razones que le son imputables, obligaciones originadas en transacciones de valores en que haya tomado parte.

6. Utilizar dineros o valores de sus comitentes para cumplir operaciones pendientes o propias, o de otros comitentes.

7. Salvo en el caso de las instituciones de intermediación financiera registradas en la Superintendencia de Servicios Financieros, realizar actividades de intermediación financiera.

8. Garantizar rendimientos.

9. Obstruir las actuaciones de inspección y fiscalización de la Superintendencia de Servicios Financieros.

Artículo 120. (Debido proceso).- Las sanciones a recaer en aplicación de lo dispuesto en la presente ley, se determinarán para las distintas actividades, en función de la gravedad de la falta.

El procedimiento para la aplicación de sanciones deberá observar necesariamente y en todos los casos, las garantías del debido proceso, dándose vista de las respectivas actuaciones y posibilitándose un pleno ejercicio del derecho de defensa con articulación de descargos por parte del o de los afectados por la medida.

TITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 121. (Jurisdicción).- En la emisión de valores, en la que se deje expresa constancia de su oferta internacional, sean o no objeto de oferta pública, la entidad emisora podrá establecer libremente la ley y jurisdicción aplicables a aquellos cumpliendo con lo establecido en la presente ley para su registro, si correspondiere.

Ello no obstará al derecho de los titulares de los valores a elegir en todo caso la jurisdicción del domicilio del emisor.

Practicada la elección de jurisdicción, en uno u otro sentido, a través de la comparecencia ante los tribunales correspondientes, no podrá ser luego modificada.

Artículo 122. (Inversión en valores).- Las empresas comprendidas en los artículos 1° y 2° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, que realicen actividades de intermediación financiera, podrán efectuar inversiones en valores de oferta pública.

La Superintendencia de Servicios Financieros, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley citado, limitará y controlará dichas inversiones en las condiciones que determine la reglamentación.

Artículo 123. (Inversión en valores de oferta pública por otros Institutos).- Las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones y los Fondos Complementarios, creados por el Decreto-Ley N° 15.611, de 10 de agosto de 1984, podrán invertir parte de sus fondos en valores objeto de la oferta pública y emitidos por empresas radicadas en el país, en las condiciones y límites que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Artículo 124. (Aumento obligatorio).- Modifícase el artículo 288 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 288 - (Aumento obligatorio).- Una vez aprobado el balance general de la sociedad, cuando el capital social represente menos del 50% (cincuenta por ciento) del capital integrado más las reservas y los ajustes al patrimonio (revaluaciones del activo) la sociedad deberá capitalizar esas reservas y los montos resultantes de los referidos ajustes o revaluaciones hasta alcanzar por lo menos aquel porcentaje.

El aumento del capital social resultante será dispuesto por el órgano de administración dentro de los treinta días de aprobado el balance y no requerirá conformidad administrativa. La resolución del órgano de administración disponiendo el aumento se comunicará al Registro Público de Comercio y se publicará".

Artículo 125. (Obligación de reserva).- Modifícase el artículo 419 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 59 de la Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 419 - (Obligación de reserva).- El órgano estatal de control guardará reserva sobre todos los actos que intervenga y cuya publicación no sea determinada por la ley. No obstante, suministrará información de la documentación que posea en el marco de su actuación, a los titulares de un interés directo, personal y legítimo, así como a todos los Organismos del Estado, los cuales deberán guardar la debida confidencialidad. También podrá proporcionarla de oficio.

En todos los casos los requerimientos se efectuarán por escrito y en forma fundada. De la resolución favorable se remitirá copia a la sociedad involucrada.

La obligación de guardar reserva se extenderá a los funcionarios del órgano estatal de control, bajo pena de destitución y sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

El juez competente, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá liberar de la obligación de reserva".

Artículo 126. (Caracterización de las acciones).- Modifí-case el artículo 304 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 304. (Caracterización de las acciones).- Las acciones, podrán ser al portador o nominativas y en este último caso, endosables o no. Todas estas especies podrán ser escriturales, representándose mediante anotaciones en cuenta."

Artículo 127.- Las competencias atribuidas por esta ley a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay no obstan al ejercicio por parte del Directorio de esa Institución del poder de avocación, revocación de oficio y modificación que le atribuye el inciso tercero del artículo 36 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 9° de la Ley N° 18.401, de 24 de octubre de 2008.

TITULO XI

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS DE PROMOCION AL MERCADO DE VALORES

Artículo 128. (Tasas).- Agrégase el siguiente inciso al artículo 26 del Título 7 del Texto Ordenado 1996:

"Rentas y resultados por tenencia de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 años, 3%".

Artículo 129. (Exoneración).- Agrégase el siguiente texto al primer inciso del literal C del artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996:

"Asimismo estarán exentos los dividendos pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, en tanto las acciones que dan lugar al pago o crédito de los mismos coticen en bolsa de valores".

Artículo 130. (Tasas).- Agrégase el siguiente inciso al artículo 14 del Título 8, del Texto Ordenado 1996:

"Rentas y resultados por tenencia de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 años, 3%".

Artículo 131. (Exoneración).- Agrégase el siguiente texto al primer inciso del literal C) del artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996:

"Asimismo estarán exentos los dividendos pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, en tanto las acciones que dan lugar al pago a crédito de los mismos coticen en bolsa de valores."

Artículo 132. (Exoneración).- Sustitúyese el literal A) del numeral 2, del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"A) Intereses de valores públicos y privados, de depósitos bancarios y warrants."

Artículo 133. (Exoneración).- Agrégase el siguiente inciso al literal E) del numeral 2 del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996:

"Quedan exonerados de este impuesto las operaciones de descuentos de documentos realizadas a través de la Bolsa de Valores por los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA)".

Artículo 134. (Exoneración).- Sustitúyese el literal I del numeral 2 del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"I) Las comisiones derivadas por la intervención en la compraventa de valores públicos y privados".

Artículo 135. (Abatimiento).- Agrégase como inciso segundo al artículo 47 del Título 14, del Texto Ordenado 1996, lo siguiente:

"El abatimiento se aplicará también para las sociedades que coticen en bolsa".

Artículo 136.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a los warrants, el mismo tratamiento que el correspondiente a las obligaciones y debentures, en lo relativo a los Impuestos a las Rentas de las Actividades Económicas, a la Renta de las Personas Físicas, a las Rentas de los No Residentes, al Valor Agregado y al Patrimonio. Dicha facultad podrá ejercerse siempre que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública y que dichos papeles tengan cotización bursátil.

Artículo 137. (Derogaciones).- Derógase la Ley N° 16.749, de 30 de mayo de 1996, los artículos 303 y 334 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el último inciso del artículo 6° de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996 y las demás normas que se opongan a la presente ley.

Sala de la Comisión, a 11 de agosto de 2009.

Alberto Couriel, Miembro Informante; Sergio Abreu, con salvedades; Isaac Alfie, con salvedades; Danilo Astori, Eber Da Rosa, con salvedades, Antonio Gallichio, Luis A. Heber, con salve-dades, Eduardo Muguruza, Jorge Saravia.

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 17 de noviembre de 2008.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, el Proyecto de Ley referente a la modificación de la Ley N° 16.749, de 30 de mayo de 1996 de Mercado de Valores.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Alvaro García.

Ministerio de

Economía y Finanzas

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley de Mercado de Valores N° 16.749, de 30 de mayo de 1996 estableció el marco para el funcionamiento del mercado de valores, definiendo por primera vez la existencia de un regulador por encima de las entidades y agentes participantes en el. Se dio cumplimiento en tal instancia con buena parte de los compromisos asumidos por el país en el MERCOSUR, establecidos en el Protocolo de Colonia del año 1994.

Los poderes otorgados al regulador en esta ley fueron limitados en comparación con los que poseen los reguladores de otros segmentos del sistema financiero, como las entidades de intermediación financiera, las aseguradoras y las administradoras de fondos de pensión. Dichos poderes también son limitados si se los compara con aquellos otorgados a los reguladores del mercado de valores en otras jurisdicciones.

En el transcurso de los más de diez años de vigencia de esa ley, se han producido hechos en el mercado de valores local y, más en general, en el conjunto del sistema financiero y, también en los mercados internacionales.

Tales cambios aconsejan una revisión sustantiva del enfoque legal para el mercado de valores. En 1996 y ahora, el objetivo sigue siendo "velar por la transparencia, competitividad y eficiencia del mercado y la adecuada protección de sus inversores". Para que tal objetivo se plasme en la realidad se deben establecer bases legales de la regulación mejor delimitadas.

1. EPISODIOS QUE ILUSTRAN LA NECESIDAD DE CAMBIO EN EL ENFOQUE Y ALCANCE DE LA REGULACION.

Como resultado del nuevo marco para la emisión de obligaciones negociables que la Ley N° 16.749 estableció, se produjo una gran expansión en la colocación de estos instrumentos en el mercado en los primeros años. Así en 1996 se emitieron 20 series por el equivalente de US$ 121 millones y al año siguiente 30 series por US$ 211 millones.

Estos aparentemente auspiciosos comienzos se frustraron más adelante a consecuencia de las características de este boom y de episodios puntuales que llevaron a una pérdida de confianza en estos instrumentos y que se comentan en lo que sigue.

1.1. La crisis en los mercados han dejado sus enseñanzas.

En todo el mundo, y Uruguay no ha sido ajeno a ello, se han producido acontecimientos que tuvieron en común deficiencias en el gobierno, corporativo de las empresas y en la actuación de los auxiliares del regulador y del mercado. Estas deficiencias pueden y deben ser acotadas introduciendo normas que permitan mitigar los riesgos más notorios en estas materias y este ha sido el camino seguido en el ámbito internacional. Es importante señalar que en los foros internacionales donde estos temas y sus soluciones se discuten permanentemente, es muy clara la voz de los representantes de los fondos de pensiones -que manejan el ahorro que en forma obligatoria deben hacer los traba-jadores- a favor del fortalecimiento de la regulación para proteger las inversiones de estos fondos, tal como su deber de fiduciarios les impone. Nótese que son precisamente los fondos de pensiones los inversores ins-titucionales que más han contribuido y más peso tienen en el desarrollo de los mercados mundiales de valores y en cada mercado local.

1.2. Problemas en los fondos de inversión.

La pérdida de confianza en estas formas de ahorro sufrió un fuerte golpe en 2002 como consecuencia de la crisis ban-caria en que la desconfianza se extendió a todas las instituciones vinculadas y la industria de fondos desapareció.

Sin embargo, en el período previo también existieron en este mercado problemas de información privilegiada, inversiones en valores de interés para el grupo económico accionista de la administradora de fondos pero no necesariamente compatible con el perfil de riesgo previsto para cada fondo, deficiencias en la evaluación de los portafolios y tratamiento poco transparente de las inversiones en default que debilitaron la confianza e hicieron aconsejable ajustes en la regulación para facilitar la prevención de ocurrencia de situaciones análogas.

1.3. Pérdida de confianza en los mercados financieros locales y actuación de los intermediarios de valores.

El riesgo de las inversiones en valores locales creció en dimensiones que los inversores no estaban dispuestos a tolerar y, en consecuencia, en cuanto al mercado de valores específicamente, la pérdida de confianza generalizada llevó a los clientes (salvo las AFAP que por ley no pueden invertir los fondos bajo administración en el exterior) y a los propios intermediarios a buscar inversiones en el exterior, es decir, a operar en el mercado global en detrimento del mercado local.

También quedaron al descubierto los vacíos de control debidos a las escasas potestades que la ley da al regulador en el ámbito de la actuación global de los agentes, en materia inspectiva y sancionatoria, y de procesos de esclarecimiento y sanción.

1.4. Profesionalización de los agentes y creación de mercados.

1.4.1. En cuanto a los emisores, nuestro mercado cuenta con algunos que han tenido permanencia y persistencia desde la primera época y que son un ejemplo a seguir en lo que hace a su profesionalismo, seriedad, creatividad y acatamiento a las normas de divulgación de información. También es importante mencionar que se han incorporado al mercado emisores de importancia por el porte de sus empresas y su prestigio que mucho pueden hacer por recuperar la confianza en el instrumento Obligaciones Negociables para los inversores.

No obstante, si miramos el conjunto de empresas uruguayas en general, sabemos que existe en muchos casos renuencia a someterse a los procesos de divulgación de información y evaluación que supone transformarse en emisor de bonos corporativos. Existe también renuencia a abrir el capital de las empresas, en muchos casos familiares, al ahorro público. Existe mucho desconocimiento de las posibilidades y ventajas que la diversificación de las fuentes de financiamiento podría brindar a las empresas. El accionar de los agentes especializados del mercado puede ir creando conciencia en nuestras empresas de las ventajas que para ellas puede representar el acceso al mercado de valores y generando instrumentos que permitan la salida al mercado de aquellas de menor porte. La estandarización de procedimientos y el trabajo conjunto quizás puede contribuir a reducir los costos involucrados y a elevar la calificación de riesgo de los instrumentos resultantes.

Estos procesos se acelerarían en la medida que hubiera una apuesta de las empresas públicas en emisiones de O.N. y acciones porque ello tendría un efecto dinamizador importante que contribuiría a su vez a convocar la atención y demanda de los inversores a focalizarse en instrumentos locales.

1.4.2. En cuanto a los intermediarios, las bolsas y otros agentes del mercado: Los desafíos y dificultades a que se enfrentan de cara al desarrollo de este mercado amerita un repensarse a sí mismos de los distintos agentes, y a las formas de organización que hoy se tienen, para evaluar si ellas son las más adecuadas para enfrentar dichos desafíos. Hay formas más eficientes de operar, nuevas figuras de agentes -como existen en otros mercados- con requisitos específicos para cada uno de ellos, nuevas formas de encarar el gobierno corporativo de los mercados formales, que contribuyan a generar formas más eficaces de actuación que garanticen a todas las partes la transparencia y la eficiencia y que les permitan manejar su negocio con una visión estratégica de incorporación de servicios más sofisticados y contribuir a la generación de mercados hoy inexistentes.

En otras plazas, se observa que las oportunidades se aprovechan más eficientemente con el trabajo conjunto de distintos tipos de agentes que se especializan en distintas partes de un negocio y acuerdan con otros la provisión de servicios para los cuales no tienen ventaja o experiencia acumulada. Se logra así estructurar productos que terminan por ser muy rentables para los intervinientes, buenas opciones de inversión para los clientes, a la vez que resultan de costo soportable para los emisores.

2. CAMBIOS EN EL ENFOQUE DE LA REGULACION DEL MERCADO.

Como ya se señaló, el desarrollo futuro del mercado debe asentarse en algunos principios de regulación básicos orientados a que los valores de oferta pública se transen en un mercado cada vez más transparente, competitivo y eficiente y donde el interés de los inversores esté debidamente protegido. Tales principios están asentados en la literatura producida por las organizaciones internacionales de reguladores, pero no son más que un conjunto de principios que se entiende han funcionado eficazmente en diversas plazas y que admiten adaptaciones locales varias. En la medida que el signo de los tiempos es la globalización estos principios se van desarrollando en aspectos que tratan de solucionar los problemas generados por los mercados globales y la supervisión de agentes de diversas plazas y también, de grupos económicos que actúan en distintos segmentos de mercado en cada plaza y en todas ellas.

2.1. Los principios internacionales y su implementación a nivel local.

El país ha tenido el beneficio de contar con evaluaciones realizadas por organizaciones internacionales respecto al grado de adecuación del sistema de regulación y supervisión del sector financiero a las normas más aceptadas en el ámbito internacional. Este proyecto procura contemplar el cumplimiento de los principios de la Organización Internacional de reguladores del mercado de Valores (IOSCO) y a los resultados del informe sobre la observancia de los códigos y normas (ROSC) en materia de gobierno corporativo ya que son las pertinentes para dar contexto a los cambios regulatorios del mercado de valores.

2.2. Comparación con marcos regulatorios de otras jurisdicciones.

Las propuestas conceptuales que se planea recoger en un nuevo marco regulatorio han sido informadas también por el análisis de legislación comparada, en especial la latinoamericana y española. Específicamente se consultó el marco legal de los siguientes países: Chile, México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina y España.

3. PROPUESTA DE CAMBIOS EN EL MARCO LEGAL DE LA REGULACION DE AGENTES, INSTRUMENTOS Y MERCADOS.

3.1. Comisión de Promoción del Mercado de Valores

Como su nombre lo dice, se propone la creación de este organismo para el fomento y el desarrollo del mercado de valores, integrada por representantes del Estado, de las bolsas, de los inversores institucionales y del Banco Central. La poca profundidad del mercado de valores uruguayo tiene raíces en insuficiencias institucionales y estructurales, en la ausencia de una estrategia de promoción, y otros muchos factores entre los que se destacan la escala pequeña de empresas y proyectos, el protagonismo excesivo del sector público, la escasa sofisticación de los agentes, los problemas de gobierno corporativo y demás cuestiones que este proyecto de ley se propone subsanar, pero que requieren constante seguimiento y aportes de nuevas soluciones, tarea fundamental que se encarga a la Comisión de Promoción del Mercado de Valores.

3.2. Los valores escriturales y los sistemas de compensación, liquidación y custodia.

La creciente utilización de valores representados por anotaciones en cuenta, los llamados valores escriturales, es la respuesta a la globalización de los mercados de la cual el país ha podido beneficiarse con colocaciones de valores soberanos en plazas internacionales. Esta forma de representación de los valores permite las operaciones transfronterizas, evita muchos riesgos inherentes al manejo de valores físicos y reduce los costos de transacción. La ley actual contiene algunas previsiones relacionadas con los valores escriturales pero se han identificado vacíos, en particular en lo que hace a algunas especificaciones relacionadas con el aseguramiento de la propiedad de dichos valores por los inversores en distintas circunstancias. El apuntalamiento de la certeza y confiabilidad de las transacciones en valores escriturales permitirán al inversor local evaluar positivamente la relativa ventaja de adquirirlos en sustitución de la tradicional adhesión a la forma física de representación que está sujeta a un conjunto de riesgos importantes -falsificación, pérdida, robo, costos de traslado, seguro- y que ya prácticamente no tiene cabida en el mundo moderno.

Se propone también una mejor regulación de las entidades registrantes de valores escriturales, es decir las instituciones encargadas de llevar el registro de las anotaciones en cuenta de cada tipo de valor y de las entidades que centralizan la compensación, liquidación y custodia de los valores en general, cuyo cambio, mejoramiento y desarrollo futuro puede ser otra fuente de aumento de eficiencia en el mercado que acompañe la sofisticación de las operativas, pero cuya delicada labor requiere de una vigilancia y reglamentación estrictas. Los cambios al marco regulatorio tomados en conjunto pueden traducirse en rebajas de costos de transacción y aumentos en la seguridad y finalidad de las operaciones de la cual todos los participantes del mercado se beneficiarán.

3.3. Los emisores y su gobierno corporativo.

Las enseñanzas recogidas desde la aprobación de la ley vigente de mercado de valores aconsejan introducir un conjunto mínimo de reglas obligatorias para los emisores de oferta pública de determinado porte, vinculadas a su gobierno corporativo y sus controles internos -que deben ser independientes-, la divulgación de información y el cuidado de los intereses de los accionistas minoritarios.

Asimismo resulta conveniente que la nueva ley habilite sanciones pecuniarias que la ley actual no contiene y que son necesarias para que el regulador pueda hacer efectiva, pero con la debida gradualidad, la disciplina de mercado, sobre todo en materia de difusión oportuna de datos y hechos relevantes.

3.4. Los auxiliares del mercado y del regulador

En materia de auditores externos, la experiencia recogida aconseja darle potestades al regulador para que establezca los principios y prácticas exigibles, las incompatibilidades y otras obligaciones a estas personas u organizaciones cuando trabajan al servicio de entidades que operan en los mercados cuya regulación y supervisión compete al propio regulador. Ello sin perjuicio de los cuerpos normativos que desarrollen con alcance más generales otros organismos del Estado y los colegios profesionales.

Asimismo se introduce la obligación para ciertos actores de designar calificadoras de riesgo.

3.5. Bolsas de Valores e Intermediarios de Valores

Dada la experiencia recogida y el análisis de la legislación comparada, se propone un enfoque diferente al actual, que es el de regular y supervisar las actuaciones en la oferta pública de valores.

La propuesta es que el regulador ejerza sus potestades en relación a los agentes profesionales intervinientes en el mercado, ya sea que estos actúen en la oferta pública o en la oferta privada de valores de oferta pública. El regulador debe actuar para asegurar los mecanismos por los cuales las conductas incorrectas sean prontamente identificadas y sancionadas y tampoco debe interponerse en la definición de requisitos mínimos que los agentes intermediarios deben cumplir para ser autorizados a operar, tales como capitales mínimos y otras garantías, a efectos de que puedan responder adecuadamente ante clientes y otras partes interesadas. Los intermediarios de valores realizan operativas de creciente complejidad y, en el futuro, si se logra el desarrollo de instrumentos de mercado hoy inexistentes en la plaza local pero comunes en el ámbito internacional como los derivados, esta sofisticación seguirá acrecentándose. No todos los intermediarios realizan operativas similares y resulta importante diferenciarlos y que el regulador pueda adecuar su accionar en forma diferencial a cada tipo de agente.

Por ello, debe contar el regulador con las potestades necesarias para poder definir tipos de operativas diferenciales y exigir requisitos también diferenciales para cada una de ellas y retener para sí la autorización final para operar de cada agente, de acuerdo al objeto exclusivo de cada uno, y la posibilidad de revocación de la misma. Estos nuevos conceptos de regulación buscan apoyar la profesiona-lización y sofisticación de los agentes más dinámicos, adecuando los requerimientos mínimos para funcionar a los riesgos implícitos en cada tipo de negocio, evitando que aquéllos intermediarios con operativa más tradicional deban incurrir en costos para cubrir riesgos que no asumirán.

Finalmente, la naturaleza jurídica y el gobierno corporativo de las bolsas debe adecuarse a las funciones inherentes a tales organizaciones en el ámbito de las transacciones y la liquidación, compensación y custodia, e independizarse de las labores gremiales de sus miembros para que efectivamente puedan abocarse a desempeñar un rol eficaz de vigilancia y aplicación de las reglas que se hayan autoimpuesto.

3.6. Otros agentes participantes del mercado de valores.

Las potestades del regulador deben incluir la posibilidad de regular y supervisar otros agentes, inexistentes o intrascendentes en la actual situación de desarrollo del mercado, pero cuya conducta en el futuro pueda representar un riesgo relevante. Tales potestades deberían poder ejercerse solo en la medida que la actuación de tales agentes en el mercado suponga un riesgo para el inversor que deba ser mitigado.

3.7. Cuestiones jurídicas en materia societaria y tributaria.

Se proponen modificaciones a las normas societarias de la Ley N° 16.060 en materia de aumento obligatorio de capital, obligación de reserva y caracterización de las acciones. Asimismo, se introducen soluciones tributarias a fin de evitar tratamientos tributarios discriminatorios y fomentar el desarrollo del mercado de valores.

PROYECTO DE LEY

LEY DE MERCADO DE VALORES

TITULO I

Ambito de Aplicación

ARTICULO 1°. (Ambito de aplicación).- El mercado de valores, todos los agentes que en él participan, las bolsas de valores y demás mercados de negociación de valores de oferta pública, los valores y los emisores de valores de oferta pública, quedarán sometidos a las disposiciones de la presente ley, a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

ARTICULO 2°. (Definiciones y alcance).- Se entiende por oferta pública de valores la comunicación dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de este, a efectos de adquirir, vender o canjear dichos valores. La invitación a la compra de valores realizada a los clientes de una institución de manera generalizada constituye oferta pública aunque no se realice publicidad al respecto.

Las emisiones privadas quedan excluidas de las disposiciones del presente Título. En las emisiones privadas de valores se deberá dejar expresa constancia de su carácter privado, solo podrán colocarse en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas, y no se podrán cotizar en Bolsa ni hacer publicidad de su colocación. Quien realice emisiones privadas será responsable de aclarar expresamente que dichas emisiones no han sido registradas por el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 3°. (Registro de Valores).- Solo podrá hacerse oferta pública de valores cuando estos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro de Valores que a esos efectos llevará el Banco Central del Uruguay.

No requerirán inscripción en el Registro de Valores el Gobierno Central, el Banco Central del Uruguay, los Gobiernos Departamentales y los valores por ellos emitidos.

ARTICULO 4°. (Inscripción en el Registro de Valores).- La solicitud de inscripción de valores de oferta pública en el Registro de Valores deberá ser presentada por la entidad emisora.

El Banco Central del Uruguay podrá prever requisitos diferenciales en atención al tipo de valor, de oferta, de inversor al cual va dirigida y de emisor de que se trate, asegurando por parte del emisor la debida información respecto de la característica de la emisión y del régimen al cual se encuentra sujeta.

El prospecto autorizado será el que rija la emisión y el único que podrá inscribirse en los mercados de negociación de valores de oferta pública.

ARTICULO 5°. (Divulgación de información).- Los emisores de valores de oferta pública divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna, toda información esencial respecto de sí mismos, de los valores ofrecidos y de la oferta.

La reglamentación del Poder Ejecutivo y las normas generales e instrucciones del Banco Central del Uruguay, establecerán el contenido de la información y los requisitos para su divulgación, con la finalidad de que los potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados a los efectos de su decisión.

ARTICULO 6°. (Información reservada y confidencial).- Se considerará información privilegiada la información, de un emisor o los valores que emita, obtenida en razón del cargo o posición, inclusive la transmitida por un cliente en relación a sus propias órdenes pendientes, que no se ha hecho pública y que de hacerse pública podría influir sensiblemente sobre la cotización de los valores emitidos o sus derivados, así como la que se tiene de las operaciones de transmisión de la titularidad a realizar por un inversionista en el mercado de valores a fin de obtener ventajas con la negociación de valores.

Los agentes intervinientes en el mercado de valores que revelen o confíen información privilegiada antes de que la misma se divulgue al mercado, recomienden la realización de las operaciones con valores sobre los que tiene información privilegiada o hagan uso indebido y se valgan en beneficio propio o de terceros de la información privilegiada serán pasibles de las sanciones a que refiere el artículo 119 de la presente ley, sin perjuicio de las acciones por daño a que ello diere lugar.

Serán pasibles de iguales sanciones y su conducta dará derecho a accionar civilmente por daños y perjuicios, los agentes intervinientes en el mercado de valores que divulguen información falsa o tendenciosa sobre valores o emisiones con la finalidad de beneficiarse de ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación penal.

TITULO II

Regulación del mercado de valores

ARTICULO 7°. (Fines).- Corresponde al Banco Central del Uruguay velar por la transparencia, la competitividad y el funcionamiento ordenado del mercado de valores, por la adecuada información a los inversionistas y por la reducción del riesgo sistémico.

ARTICULO 8°. (Regulación y fiscalización).- A los fines previstos por la presente ley, el Banco Central del Uruguay, en el ámbito de su competencia, dictará las normas a las cuales deberán ajustarse los mercados de valores y las personas físicas o jurídicas que en ellos intervengan con las características que se establecen en la presente ley para la regulación y supervisión de cada tipo de entidad.

ARTICULO 9°. (Atribuciones).- Para el ejercicio de las competencias previstas en la presente ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dictar normas tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente.

2. Dictar normas que establezcan los códigos de conducta a los cuales deben someterse los agentes participantes del mercado de valores.

3. Llevar el registro de entidades y valores autorizados para oferta pública.

4. Establecer reglas de carácter general conforme a las cuales se precise si una oferta es pública o no, de acuerdo a los términos del artículo 2 de la presente ley.

5. Requerir a las personas mencionadas en el artículo 8 de la presente ley, que brinden información con la periodicidad y bajo las formas que el Banco juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos. Para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el secreto profesional.

6. Aprobar la creación de instituciones privadas que constituyan nuevos mercados de negociación de valores de oferta pública y sus requisitos de funcionamiento.

7. Dictar normas que establezcan el capital mínimo y la relación de activos a patrimonio para las personas físicas y jurídicas intervinientes en la oferta pública de valores.

8. Dictar las normas contables y de valoración de activos aplicables a los agentes sometidos a su vigilancia.

9. Dictar las normas para la gestión de riesgos dirigidas a los agentes sometidos a su vigilancia.

10. Aplicar las sanciones previstas en el artículo 119 de la presente ley.

11. Participar en organismos internacionales en la materia de su competencia y celebrar convenios con dichos organismos, así como con entidades reguladoras de mercados de valores en otros países.

12. Intercambiar información relevante con los organismos indicados en el numeral anterior para la investigación de infracciones o delitos cometidos en los mercados de valores. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento. Para este efecto solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a. la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar o sancionar los hechos constitutivos de las infracciones o delitos;

b. respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para el Banco Central del Uruguay y sus funcionarios.

TITULO III

Comisión de Promoción del Mercado de Valores

ARTICULO 10. (Creación y objetivos).- Créase la Comisión de Promoción de Mercado de Valores, que tendrá como objetivos:

1. Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias relativas a la promoción y el desarrollo del mercado de valores;

2. Estudiar el mercado de valores promoviendo iniciativas ante el Poder Ejecutivo y los demás agentes intervinientes en el mercado de valores para impulsar el funcionamiento del mismo.

ARTICULO 11. (Organización).- La Comisión de Promoción del Mercado de Valores estará integrada por un representante designado por el Poder Ejecutivo, dos representantes de las Bolsas de Valores y demás instituciones existentes que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y dos representantes de la Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. El Poder Ejecutivo elegirá a los dos representantes de las Bolsas de Valores y de las instituciones mencionadas, así como los representantes de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional que integrarán la Comisión de entre una lista de al menos tres candidatos que cada uno de ambos grupos de agentes de mercado presentará a estos efectos. Dicha Comisión estará presidida por el representante del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 12. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la forma de funcionamiento y funciones de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores.

TITULO IV

Valores

CAPITULO I

Definición

ARTICULO 13. (Definición).- Se entenderá por valores, a los efectos de la presente ley, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes. Se incluyen en este concepto las acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión.

CAPITULO II

De los Valores Escriturales

Sección I

Disposiciones generales

ARTICULO 14. (Valores Escriturales).- Se entenderá por valores escriturales aquellos que sean emitidos en serie y representados exclusivamente mediante anotaciones en cuenta que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo.

Las anotaciones en cuenta se efectuarán por la Entidad Registrante en un Registro de Valores Escriturales que podrá ser llevado por medios electrónicos u otros, en las condiciones que establezca la reglamentación.

ARTICULO 15. (Creación).- Para emitir valores escri-turales el emisor deberá otorgar un documento de emisión e inscribir los valores en el Registro de Valores Escriturales que a tales efectos establecerá la Entidad Registrante.

A partir de dicha inscripción se realizarán en las cuentas de sus respectivos titulares las anotaciones de los valores comprendidos en la emisión.

ARTICULO 16. (Derechos sobre Valores Escriturales).- La constitución, modificación, transmisión, y extinción de cualesquiera clases de derechos sobre valores escriturales solo tendrá lugar mediante la registración en la cuenta del titular en el Registro de Valores Escriturales que llevará la Entidad Registrante.

ARTICULO 17. (Normas y principios sobre Títulos Valores).- Los principios y normas que rigen los títulos valores se aplicarán a los valores escriturales en todo lo no previsto por las normas contenidas en esta ley.

ARTICULO 18. (Relaciones de Consumo).- Las relaciones de los inversores con los emisores, intermediarios, Bolsas de Valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y las Entidades Registrantes, en su caso, son relaciones de consumo reguladas por la Ley N° 17.250, de Relaciones de Consumo de 11 de agosto de 2000.

ARTICULO 19. (Obligatoriedad. Convertibilidad).- Los valores de oferta pública deberán representarse mediante anotaciones en cuenta.

Los valores de oferta privada podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta o títulos. No se podrán efectuar emisiones mixtas.

La forma de representación adoptada tendrá el carácter de irreversible en cada emisión y se aplicará a la totalidad de los valores que la integran.

ARTICULO 20. (Fungibilidad).- Los valores escriturales de una misma emisión, emitidos por una misma entidad, que tengan características idénticas de acuerdo a lo que establezca la reglamentación, podrán operar como fungibles, sin perjuicio de su identificación, especificación o desglose, cuando ello sea necesario o conveniente para el ejercicio de derechos sobre los mismos.

Sección II

Documentos de emisión

ARTICULO 21. (Contenido y Forma).- El emisor deberá hacer constar en el documento de emisión entre otros, la Entidad Registrante, y las características y condiciones de los valores a emitir que establezca la reglamentación, sin perjuicio de las enunciaciones que exijan leyes especiales aplicables a determinados valores.

El documento de emisión se deberá otorgar en escritura pública o documento privado cuyas firmas serán certificadas por escribano público y se protocolizará.

La Reglamentación establecerá las condiciones de registración de los respectivos documentos de emisión.

ARTICULO 22. (Publicidad).- Los titulares de valores escriturales y demás interesados así como el público en general tienen derecho a obtener de cualquiera de las entidades habilitadas referidas en el artículo 24, la exhibición de los documentos de emisión registrados.

El emisor, la Entidad Registrante y el Banco Central del Uruguay cuando corresponda, deberán tener en todo momento los documentos de emisión registrados para su exhibición a disposición de cualquier interesado y/o del público en general.

Sección III

Registro de Valores Escriturales

ARTICULO 23. (Entidad Registrante).- La Entidad Registrante es aquella que llevará las anotaciones en cuenta de los valores escriturales. Los códigos que utilizarán las anotaciones en cuenta serán aquellos reconocidos internacionalmente.

ARTICULO 24. (Entidades habilitadas).- La registración de los Valores Escriturales será atribuida a una única entidad por emisión.

Podrán ser Entidades habilitadas aquéllas que cumplan con las condiciones que establezca la reglamentación.

El Registro de Valores Escriturales de valores emitidos por el Estado estará a cargo del Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 25. (Efectos).- Todos los actos que afecten, constituyan, reconozcan, modifiquen, declaren o extingan, el dominio, usufructo y demás derechos reales o personales sobre valores escriturales se realizarán mediante registración en la cuenta del titular en el Registro de Valores Escriturales correspondiente, aún cuando la inscripción se haya realizado mediante Código.

Tales actos surtirán efectos entre las partes y serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el Registro correspondiente.

ARTICULO 26. (Principios).- La organización y funcionamiento de los Registros de Valores Escriturales, sistemas de identificación y control de los valores escriturales, así como las relaciones y comunicaciones de las Entidades Registrantes con los Emisores, Bolsas de Valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, intermediarios de valores e Inversores se regirán por los principios de protección del interés de los inversores, y de la confidencialidad de las inversiones.

En especial se deberán tener en cuenta los principios de prioridad de la inscripción y de tracto sucesivo.

ARTICULO 27. (Identificación).- Las Entidades Regis-trantes llevarán los registros de las cuentas correspondientes a cada emisión.

Los Intermediarios de valores efectuarán las anotaciones en el Registro de las Entidades Registrantes a nombre propio, cuando se trate de valores propios o por cuenta y orden de los inversionistas, conforme a lo indicado en el artículo siguiente.

ARTICULO 28. (Intermediarios de valores - Registro).- Los Intermediarios de valores deberán llevar un registro completo, claro y preciso de los valores por ellos inscriptos en los Registros de las Entidades Registrantes por cuenta y orden de los titulares reales mediante Códigos de forma tal que permita la individualización plena y completa de estos y de sus sucesores en su caso.

Dichos registros deberán cumplir los mismos principios y requisitos establecidos por las leyes, decretos y normas del Banco Central del Uruguay para los Registros llevados por las Entidades Registrantes.

ARTICULO 29. (Rectificación de inscripciones).- Las Entidades Registrantes únicamente podrán rectificar las inscripciones inexactas en virtud de resolución judicial o en caso de errores puramente materiales que resulten del propio Registro o de la mera confrontación con el documento por el cual se practicó la inscripción.

ARTICULO 30. (Responsabilidad).- Las Entidades Registrantes, incluidos los Intermediarios de valores según corresponda, serán responsables frente a quienes resulten perjudicados por la omisión de realizar las correspondientes inscripciones, las inexactitudes, errores, y retrasos, salvo que la omisión o la inscripción inexacta o errónea hubiere sido causada por una conducta dolosa o culposa del perjudicado.

La inobservancia de las normas de organización y funcionamiento de los registros y de los sistemas de identificación y control de los valores darán lugar a la responsabilidad civil de las Entidades Registrantes y/o de los Intermediarios de valores, según corresponda, frente a quienes resulten perjudicados.

Todo ello sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que también fueren aplicables.

ARTICULO 31. (Fiscalización).- Corresponderá al Banco Central del Uruguay la fiscalización del cumplimiento por las Entidades Registrantes e Intermediarios de valores de todas sus obligaciones, y en especial de las relacionadas con el cumplimiento y mantenimiento de los estándares técnicos y de organización de los registros.

ARTICULO 32. (Contrapartida).- La suma de los montos de todos los titulares-inscriptos en el Registro de Valores Escriturales por cada emisión, deberá ser en todo momento la contrapartida exacta del valor total del monto circulante de la misma.

El sistema de registraciones adoptado por las Entidades Registrantes deberá ser llevado de manera de garantizar a los inversores el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior.

En protección de los titulares y demás interesados los Emisores, las Entidades Registrantes e Intermediarios de valores deberán contar con adecuados sistemas de registración de los valores que operen como fungibles.

ARTICULO 33. (Competencia de las Entidades Registrantes).- Las Entidades Registrantes, además de practicar las inscripciones de la emisión, de la titularidad de los valores y de los actos que los afecten, podrán brindar los servicios de administración de dichos valores, entendiendo por ello el cobro de dividendos, intereses o amortizaciones, según corresponda, y el pago a sus titulares.

Sección IV

Titularidad, Transmisión, Derechos

ARTICULO 34. (Titularidad).- Se presumirá titular legítimo a quien figure en el Registro de Valores Escriturales y, tratándose de inscripción realizada por Intermediarios de Valores por cuenta y orden de terceros, a quien figure como titular en el registro del respectivo Intermediario, salvo prueba en contrario.

ARTICULO 35. (Exoneración de responsabilidad).- La entidad emisora que cumpla de buena fe y sin culpa grave o leve, la prestación a favor del titular inscripto, no incurre en responsabilidad si resulta que este no es el titular real del valor.

ARTICULO 36. (Transmisión - Efectos - Excepciones).- La transmisión de los valores escriturales tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción en el Registro de Valores Escriturales de la transmisión a favor del adquiriente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La transmisión surtirá efectos entre las partes y frente a terceros desde el momento que se haya practicado la inscripción en la cuenta respectiva del Registro de Valores Escriturales.

El Emisor solo podrá oponer, frente al titular de buena fe de los valores escriturales, las excepciones que hubiere podido esgrimir en el caso de que los valores hubiesen estado representados por medio de títulos y aquellas que derivan del documento de emisión.

ARTICULO 37. (Copropiedad).- Los cotitulares de derechos sobre valores escriturales, deberán designar un representante común para ejercer los derechos inherentes a los mismos. En su defecto, cualquier cotitular podrá solicitar la designación judicial de representante común a cuyos efectos se aplicará el procedimiento previsto por los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

ARTICULO 38. (Terceros - Efectos).- Las transmisiones de los valores escriturales a título oneroso o gratuito de dación en pago, permuta, fideicomiso, por ejecución forzada y/o cualquier otro título y/o modo, no surtirá efecto entre partes ni frente a terceros, hasta que se proceda a su inscripción en el Registro de Valores Escriturales.

A tales efectos el o los nuevos titulares deberán presentar ante el Registro de Valores Escriturales el documento público o privado otorgado en legal forma que acredite su derecho como nuevo titular.

ARTICULO 39. (Transmisión por causa de muerte).- En caso de transmisión por causa de muerte, la Entidad Registrante anotará a los sucesores quienes deberán acreditar su calidad de tales por medio de testimonio de la declaratoria de herederos.

ARTICULO 40. (Derechos Reales - Otros).- La constitución, modificación y extinción de derechos personales, gravámenes, prendas u otros derechos reales, prohibición de innovar, anotación de la litis, embargos u otras medidas cautelares, sobre valores escriturales, tendrá lugar mediante inscripción en la cuenta del titular en el correspondiente Registro de Valores Escriturales.

A tales efectos, los Intermediarios de valores tendrán la obligación de informar a la Entidad Registrante lo que corresponda para su efectivización.

La inscripción de prendas, prohibición de innovar, anotación de la litis, embargos u otras medidas cautelares sobre valores escriturales producirán la inmovilidad de los mismos.

En ningún caso corresponderá la inscripción de las prendas en el Registro de Prendas sin Desplazamiento al que se refiere el artículo 4° de la Ley N° 17.228, de 7 de enero de 2000.

Las Entidades Registrantes deberán informar a los respectivos inversores, a las Bolsas de Valores, a otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y a los intermediarios de valores que intervengan en su comercialización los actos registrados al amparo del inciso primero del presente artículo.

Sección V

Certificado de legitimación

ARTICULO 41. (Prueba, legitimación e inmovilización).- La legitimación para el ejercicio de los derechos emergentes de los Valores Escriturales podrá acreditarse mediante certificados que serán expedidos a tales efectos por la Entidad Registrante y, además, por los respectivos Intermediarios de valores en el caso de valores inscriptos por estos.

Los certificados de legitimación no conferirán más derechos que los relativos a la legitimación y no serán negociables. Serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto los mismos.

El plazo, el contenido y otras condiciones de emisión de los valores, serán fijados por la reglamentación.

Solo tienen legitimación para solicitar la expedición de certificados, los titulares de derechos sobre los Valores Escriturales o sus representantes legales, voluntarios o estatutarios.

Las Entidades Registrantes y los Intermediarios de valores en su caso podrán expedir más de un certificado de legitimación para los mismos valores y para ejercer los mismos derechos solo en caso de pérdida, destrucción o sustracción probada por los procedimientos que fije la reglamentación.

Los valores respecto de los cuales se hayan expedido certificados de legitimación quedarán inmovilizados.

Las Entidades Registrantes y los Intermediarios de valores no podrán practicar inscripciones hasta que el titular no hayan restituido los certificados expedidos a su favor, salvo que se trate de transmisiones que deriven de ejecuciones forzadas o que el certificado haya quedado privado de valor.

ARTICULO 42. (Devolución).- Sin perjuicio de que pueda solicitar y obtener la expedición de uno nuevo, el usufructuario, acreedor prendario o titular de gravámenes u otros derechos, deberá restituir el certificado de legitimación que tenga expedido a su favor, dentro del día hábil siguiente en que le sea notificada la transmisión de valores. Vencido dicho plazo los referidos certificados caducarán.

ARTICULO 43. (Caducidad).- Los certificados de legitimación caducarán:

1) Por el vencimiento del plazo de su vigencia o por el referido en las causales establecidas en la respectiva reglamentación.

2) Por la transmisión de valores operada por la ejecución forzada y

3) Por la modificación de titularidad ordenada por sentencia judicial ejecutoriada.

Sección VI

De los medios de almacenamiento y transmisión de datos

ARTICULO 44. (Medios electrónicos - Otros).- Las Entidades Registrantes y los Intermediarios de valores podrán utilizar, para organizar los registros, archivos y demás documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como para recibir y enviar información de todos los sujetos participantes en el Mercado de Valores, medios electrónicos y magnéticos sin perjuicio de otros, que autorice el Banco Central.

ARTICULO 45. (Sistemas de Seguridad).- Las Entidades Registrantes y los Intermediarios de valores deberán contar con sistemas de seguridad adecuados para prevenir y cubrir los riesgos operativos que de ellos dependan, así como implementar planes de contingencia para la inmediata recuperación de su capacidad operativa en caso de verse afectados por causas que le sean o no imputables.

ARTICULO 46. (Condiciones).- Las Entidades Registrantes y los Intermediarios de valores deberán organizar sus registros con un sistema tecnológico, informático, electrónico o de cualquier naturaleza que reúnan las condiciones de seguridad, disponibilidad, auditabilidad e integridad, a cuyos efectos deberán contar con los elementos mínimos que fije la reglamentación.

ARTICULO 47. (Prueba).- Toda registración relativa a valores escriturales en medio electrónico proveniente de emisiones públicas o privadas de oferta pública o privada, constituye documentación auténtica y como tal será válida y admisible como medio de prueba haciendo plena fe a todos los efectos, siempre que esté debidamente autenticada, de acuerdo a los artículos 129 y 130 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1998 y el artículo 697 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 48. (Firmas).- Se considerará debidamente autenticado todo documento en medio electrónico relacionado con valores escriturales de emisores públicos o privados, de oferta pública o privada, cuyo contenido esté validado por una o más firmas electrónicas o digitales mediante Códigos u otras técnicas seguras, de acuerdo al estado de la tecnología informática, según lo establecido en el artículo 695 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 y artículo 25 de la Ley N° 17.243, del 29 de junio de 2000.

ARTICULO 49. (Firma digital).- Son de aplicación a toda registración electrónica de valores escriturales de emisores públicos o privados, de oferta pública o privada lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley N° 17.243.

Sección VII

Otras disposiciones

ARTICULO 50. (Derecho de voto).- El derecho de voto que acuerdan a sus titulares determinados valores será ejercido directamente por estos o por las personas que designen a tales efectos mediante documento escrito con firma notarialmente certificada.

ARTICULO 51. (Comprobantes - constancias).- La entidad que lleve el Registro de los Valores Escriturales debe otorgar al suscriptor de dichos valores, comprobantes de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que se inscriba en ella. Asimismo, el titular tendrá derecho a que se le entregue constancia del saldo, del estado de la cuenta y detalle total o parcial de los movimientos efectuados en la misma.

Los intermediarios deben entregar a los inversores copia del documento de emisión y comprobantes de todas las operaciones que por su cuenta realicen con valores escriturales.

A los efectos de la presente Ley, constancia y comprobante son expresiones equivalentes.

ARTICULO 52. (Título suficiente - Título Ejecutivo).- En todo caso de incumplimiento, las constancias que emitan los emisores, intermediarios de valores y/o la Entidad Registrante serán título suficiente para reclamar los derechos que cada una de ellas acrediten. Tendrán el carácter de título ejecutivo para reclamar el pago de toda cantidad líquida y exigible que corresponda a cualquier título así como para ejecutar toda clase de garantías otorgadas.

Las acciones para reclamar la propiedad del valor escritural se tramitarán por el procedimiento de entrega de la cosa establecido en el artículo 364 del Código General del Proceso.

ARTICULO 53. (Insolvencia).- Los valores escriturales integran el patrimonio de sus titulares legítimos.

Las Entidades Registrantes deberán contar con adecuados sistemas de identificación y separación de los valores de los diferentes inversores o titulares entre sí, incluso en los casos que aquellos valores operen como fungibles.

Igual obligación tendrán los Intermediarios de valores quienes, además, deberán contar con adecuados sistemas de separación respecto de los valores de su propiedad.

Las sumas entregadas por los inversores destinadas a la adquisición de valores escriturales, continuarán en el patrimonio de los inversores hasta que se efectúe la inscripción en la Entidad Registrante, de acuerdo a las instrucciones impartidas por los inversores.

ARTICULO 54. (Secreto Profesional).- Todas las Entidades Registrantes, están comprendidas en la obligación de secreto profesional, en los términos del artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

ARTICULO 55. (Secreto Profesional. Dependiente).- Toda persona que participe en cualquier concepto en la dirección o gestión de la Entidad Registrante así como toda persona empleada por esta, por el emisor o por el o los Intermediarios de valores intervinientes y que tenga conocimiento en el marco de su actividad profesional de informaciones relacionadas con los valores escriturales y sus titulares, también está obligado a guardar secreto profesional en los términos previstos en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Sección VIII

Responsabilidad - Sanciones

ARTICULO 56. (Responsabilidad - Sanciones).- Sin perjuicio del régimen de responsabilidad y sanciones regulado por esta ley y por las normas aplicables dictadas por el Banco Central del Uruguay, los emisores, las Entidades Registrantes, las Bolsas de Valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los Intermediarios de valores, serán responsables por el funcionamiento seguro, continuo y confiable de la operativa con valores escriturales que cada uno realice y, en especial, por la conservación e inviolabilidad del Registro de Valores Escriturales bajo su responsabilidad.

Cada uno de los agentes mencionados en el inciso precedente serán responsables de todo y cualquier perjuicio que se irrogue a los inversores por las deficiencias que le sean atribuibles en el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior.

CAPITULO III

De los Valores Físicos

ARTICULO 57. (Valores Físicos).- Se entenderá por valores físicos aquellos valores donde los derechos que otorgan están asentados en un documento que tiene materialidad física.

ARTICULO 58. (De la custodia de valores físicos).- Los intermediarios de valores podrán custodiar valores físicos de sus clientes. En todos los casos, se deberá entregar al cliente constancia de la constitución de la custodia, identificando el valor y el cliente.

Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo II del presente Título.

CAPITULO IV

De las entidades de custodia, compensación y liquidación de valores

ARTICULO 59. (Autorización).- Las entidades cuyo objeto sea prestar servicios de custodia, liquidación y compensación de valores requerirán autorización para operar y estarán sujetas al control del Banco Central del Uruguay, quien determinará los requisitos para su funcionamiento.

ARTICULO 60. (Funciones).- Las entidades de custodia, compensación y liquidación de valores podrán:

1. Recibir depósitos de valores físicos y encargarse de su conservación y custodia hasta la restitución a quien corresponda. A todos los efectos, los valores físicos que custodien se consideran fungibles.

2. Llevar a nombre de los emisores los registros de acciones, obligaciones negociables y otros valores y los libros de accionistas, y efectuar el registro de transferencias, así como la liquidación y compensación de los valores depositados que se negocien en bolsa y en el mercado extrabursátil.

3. Administrar los cobros y pagos de intereses, dividendos y reajustes y amortizaciones de los valores que se encuentre custodiando.

4. Extender las certificaciones que le fueren solicitadas.

En los casos que las leyes o reglamentos exijan títulos, bastará el certificado conferido por el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores.

ARTICULO 61. (Prohibiciones).- A las entidades de custodia, compensación y liquidación de valores les está prohibido:

1. Ejercer derecho alguno sobre los valores registrados en él, o disponer de tales valores.

2. Efectuar transferencias encomendadas por personas no habilitadas a actuar en su ámbito, con las excepciones que determine el Banco Central del Uruguay.

3. Salvo los casos establecidos en el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, proporcionar información sobre los datos que aparezcan en sus Registros. Exclúyese de esta prohibición a los emisores de valores respecto de valores por ellos emitidos, a los Intermediarios de valores que efectuaron la entrega de los valores y al Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 62. (Normas para la compensación y liquidación).- El Banco Central del Uruguay dictará las normas por las cuales deben regirse los procesos de compensación y liquidación de los valores depositados, pudiendo prever la existencia de la compensación multilateral a efectos que los procesos de liquidación se realicen sobre una base neta.

TITULO V

Obligaciones Negociables y Títulos de Deuda

CAPITULO I

Ambito de Aplicación

ARTICULO 63. (Entidades comprendidas).- Las sociedades comerciales, nacionales o extranjeras, y las cooperativas, podrán emitir obligaciones negociables conforme a las disposiciones de la presente Ley. Todo título de deuda, cualquiera sea su denominación, que por su naturaleza sea asimilable a una obligación negociable, se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Las emisiones que supongan endeudamiento de los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, así como las personas públicas no estatales deberán contar con autorización del Poder Ejecutivo con informe previo del Banco Central del Uruguay.

CAPITULO II

Tipos de Obligaciones Negociables

ARTICULO 64. (Clases de obligaciones).- Podrán emitirse diversas clases de obligaciones negociables con derechos diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos.

La emisión podrá dividirse en series. No podrán emitirse nuevas series de la misma clase, mientras las anteriores no estén totalmente suscritas o no se hubiere cancelado el saldo no colocado.

ARTICULO 65. (Obligaciones convertibles).- Las sociedades por acciones podrán emitir obligaciones negociables convertibles en acciones de la sociedad emisora, de acuerdo con las condiciones establecidas en el título valor o en el contrato de emisión, y con las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III

Emisión de Obligaciones Negociables

ARTICULO 66. (Documento de emisión).- El documento de emisión deberá contener:

a. La denominación del título.

b. Lugar y fecha de su emisión así como la de su vencimiento.

c. El nombre y el domicilio del emisor, así como el lugar de pago, si no fuera el mismo que el domicilio.

d. El número de serie y de orden de cada título, así como el valor nominal que representa.

e. El monto y la moneda de la emisión.

f. El plazo.

g. La naturaleza de la garantía, si la hubiere.

h. Las condiciones y la oportunidad en que se efectuará la conversión en acciones, si la hubiere.

i. Las condiciones de amortización.

j. El interés y la forma de reajuste o actualización del valor del capital, si correspondiere.

k. Las mayorías necesarias para la modificación de términos y condiciones, que no podrá ser menor del 75% del monto total circulante de la emisión.

ARTICULO 67. (Normas supletorias).- A las obligaciones negociables se les aplicarán, supletoriamente, las disposiciones sobre acciones y títulos valores en lo compatible.

ARTICULO 68. (Efecto jurídico de la adquisición de obligaciones negociables).- La adquisición de obligaciones negociables, importará la aceptación y la ratificación de todas las estipulaciones, las normas y las condiciones de la emisión, y del contrato del fiduciario, si lo hubiere.

CAPITULO IV

Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones

ARTICULO 69. (Derechos de preferencia).- Los accionistas que tengan los derechos de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, podrán ejercerlos en la suscripción de obligaciones negociables convertibles.

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 326 a 330 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

ARTICULO 70. (Aumento de capital).- La resolución sobre la emisión de obligaciones negociables convertibles debe incluir, asimismo, la decisión de aumentar el capital social en la cantidad necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión.

ARTICULO 71. (Cambio de calidad jurídica).- El tenedor que ejerza la opción de conversión será considerado accionista desde que la sociedad sea notificada de su decisión. Esta deberá entregar las acciones que le correspondan o certificados provisorios de las mismas dentro de los treinta días de verificada la opción.

ARTICULO 72. (Derecho de acrecer).- Cuando la sociedad celebre un convenio de colocación en firme de obligaciones negociables convertibles en acciones con un agente intermediario, para su posterior distribución entre el público, la asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de acrecer, y reducir a no menos de quince días el plazo para ejercer la preferencia.

CAPITULO V

Representantes

ARTICULO 73. (Designación de representantes de los titulares de los valores).- El emisor deberá, cuanto se trate de una colocación de oferta pública, celebrar con una institución de intermediación financiera, con intermediarios de valores, u otras entidades especializadas autorizadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay, un convenio por el que estas tomen a su cargo la representación de los titulares de los valores durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 456, 457 y 464 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

El contrato otorgado en la designación de este representante deberá contener disposiciones que permitan a una mayoría especial de titulares de obligaciones negociables o de valores que establezcan derechos de crédito que representen más del 75% (setenta y cinco por ciento) del total de la emisión, salvo que el contrato estableciera un porcentaje mayor, la sustitución de la institución que los representa o la modificación de las condiciones de emisión que implique el otorgamiento de quitas, esperas, modificaciones de las fechas de pago del capital o intereses, modificación de la moneda de pago y otras que el contrato establezca. Las resoluciones de dicha mayoría especial serán oponibles a la totalidad de tenedores de las obligaciones negociables o de valores de la misma serie.

Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio del derecho de cada titular de los valores de ejercer individualmente acciones para el cobro de lo adeudado.

ARTICULO 74. (Asamblea de Obligacionistas).- Las asambleas de obligacionistas se regirán en cuanto a su constitución, funcionamiento y mayorías para adoptar resoluciones por lo estipulado en los términos y condiciones de las obligaciones negociables y, en caso de inexistencia de precisiones, por las disposiciones que rigen las asambleas extraordinarias de accionistas.

CAPITULO VI

Garantías

ARTICULO 75. (Garantías admitidas).- Puede emitirse obligaciones negociables con cualquier tipo de garantía real o personal, cumpliendo con los requisitos formales que para cada tipo exija la ley y con las estipulaciones contenidas en este Capítulo.

Las garantías se otorgarán antes de la fecha de emisión de las obligaciones, o simultáneamente con dicha emisión.

En ausencia del representante de los titulares de los valores, las garantías podrán constituirse válidamente a favor de los futuros titulares con la firma del emisor y con la del otorgante si fuere un tercero.

Para su inscripción en los Registros Públicos correspondientes, las garantías reales solamente individualizarán al emisor y a las obligaciones negociables a ser garantizadas, con indicación de su monto, fecha de vencimiento y demás condiciones que indique la reglamentación, sin necesidad de identificar a los titulares.

En los casos de oferta pública y previo a la inscripción de la emisión, se deberá depositar en el Banco Central del Uruguay o ante quien este determine, copia auténtica del documento constitutivo de la garantía, en el que conste fehacientemente su inscripción en el Registro Público correspondiente, si fuere el caso. Tratándose de oferta privada, lo anterior podrá cumplirse ante cualquier entidad financiera de plaza. Los depositarios solo entregarán el referido documento para su cancelación al Juzgado competente en caso de acción judicial.

No será de aplicación lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley N° 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en la redacción dada por el artículo 200 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Si la garantía consistiera en prenda con desplazamiento, la entrega de la cosa prendada se hará al representante de los titulares de los valores o a un depositario designado por el emisor, quien actuará en representación de los titulares y será responsable ante estos conforme a derecho.

ARTICULO 76. (Transferencia y cancelación de garantías).- Los derechos emergentes de las garantías, sean reales o personales, se transferirán de pleno derecho por la sola transmisión de la obligación negociable o de los cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna.

Para los títulos de oferta pública, en la cancelación de garantías, cuando no concurra un representante de los titulares de los valores o no se obtuviere la conformidad unánime de los titulares, la sociedad emisora deberá acreditar ante el Banco Central del Uruguay el pago o el rescate total de las obligaciones negociables, o la consignación de los importes ante el mismo Banco, sin requerirse previa oblación. El Banco Central del Uruguay emitirá una constancia de cancelación de la emisión para su presentación ante el depositario para la restitución de la cosa.

La consignación de los importes de las obligaciones por oferta privada deberá realizarse judicialmente.

ARTICULO 77. (Acción ejecutiva).- Los títulos representativos de las obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital y los intereses, así como para ejecutar las garantías otorgadas.

ARTICULO 78. (Prohibición a la sociedad emisora).- La sociedad emisora no podrá distribuir utilidades si se encontrare en mora en el pago de intereses o amortizaciones de las obligaciones negociables que hubiera emitido.

ARTICULO 79. (Caducidad del plazo por disolución de la sociedad).- Cuando la sociedad emisora de obligaciones se disuelva antes de que venza el plazo convenido para su pago, aquellas serán exigibles desde el día en que se haya resuelto o producido la disolución.

TITULO VI

Prácticas de Gobierno Corporativo

ARTICULO 80. (Adopción de prácticas de gobierno corporativo).- Las Bolsas de Valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los emisores de valores de oferta pública deberán adoptar las prácticas de gobierno corporativo establecidas en la presente Ley y su reglamentación de forma de asegurar procesos adecuados de supervisión y control de la gestión de su dirección y el trato justo e igualitario de los accionistas, en caso de haberlos.

En relación a los emisores, la reglamentación establecerá como mínimo su obligación de:

1. Divulgar en forma completa, puntual y exacta los resultados financieros y demás información relevante para los inversores.

2. Adoptar las normas de contabilidad y auditoría conforme a los estándares internacionales.

El Banco Central del Uruguay podrá adoptar normas para requerir la incorporación de compromisos de práctica de gobierno corporativo por parte de los emisores en sus prospectos, así como establecer una calificación de estas prácticas.

ARTICULO 81. (Estructura del Directorio, Comité de Auditoría y de Vigilancia).- Las Bolsas de Valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los emisores de valores de oferta pública que tengan un patrimonio mayor al que determine el Banco Central del Uruguay a tales efectos, deberán adecuar el funcionamiento de su directiva a lo que establezca la reglamentación.

ARTICULO 82. (Obligación de lealtad de directores).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley N° 16.060, los directores de entidades que realicen oferta pública de valores deberán hacer prevalecer el interés social por sobre cualquier otro interés personal o de un tercero, incluso el del accionista controlante, absteniéndose de procurar cualquier beneficio personal a cargo de la sociedad que no sea la propia retribución.

En el cumplimiento de sus funciones no podrán:

1. Presentar a los accionistas o público en general informaciones falsas u ocultar información que estén obligados a divulgar conformea a la ley o la reglamentación aplicable;

2. Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio o de personas relacionadas, los bienes, servicios o créditos de la sociedad;

3. Usar en beneficio propio o de personas relacionadas, las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo con perjuicio para la sociedad;

4. Usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para personas relacionadas, en perjuicio de la sociedad;

5. Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los empleados de la sociedad.

A los efectos de esta ley, las personas físicas o jurídicas beneficiarias reales de parte del patrimonio social bajo cuya dirección o instrucciones suelan actuar los directores de una sociedad tendrán las mismas responsabilidades de los directores en cuanto sea aplicable.

La reglamentación de esta ley podrá extender algunas o todas las disposiciones establecidas en este artículo, así como en el artículo siguiente, a los accionistas controlantes de la entidad que realice oferta pública de valores.

ARTICULO 83. (Contratación de directores con la sociedad).- Los administradores y directores de entidades que realicen oferta pública de valores no podrán celebrar contratos con la sociedad que se relacionen con la actividad propia del giro si los mismos no son aprobados previamente por el directorio, quien deberá solicitar a dichos efectos la opinión del comité de auditoría y vigilancia. Si el director que pretenda celebrar contrato con la sociedad en tales circunstancias fuera miembro del comité de auditoría y vigilancia, deberá abstenerse de dar opinión en casos que lo involucren.

Los contratos que no se relacionen con la actividad propia del giro, deberán ser aprobados previamente por la asamblea de accionistas o contar con el consentimiento igual o superior al 60% del capital social de la sociedad.

ARTICULO 84. (Retribución de Directores).- Cualquier tipo de retribución a los directores de entidades que realicen oferta pública de valores requerirá un consentimiento igual o superior al 60% del capital social de la sociedad representado en la Asamblea de Accionistas.

ARTICULO 85. (Obligación de información de la participación en el capital).- Los directores de entidades que realicen oferta pública de valores deberán informar al Banco Central del Uruguay y a las Bolsas de Valores donde coticen sus valores, las participaciones de capital que mantienen en la sociedad.

Igual obligación tendrán las personas físicas o jurídicas que, directamente o por intermedio de otros sujetos de derecho, sean titulares de más de 10% del capital con derecho a voto.

Las entidades que realicen oferta pública deberán informar al Banco Central del Uruguay y a las Bolsas de Valores donde coticen sus valores, el porcentaje de capital que los directores y demás personas comprendidas en lo previsto en el presente artículo mantienen en la sociedad.

ARTICULO 86. (Información complementaria de memoria).- La memoria anual de las entidades que realicen oferta pública de valores deberá contener, además de la información que surge del artículo 92 de la Ley N° 16.060, información relativa a la adopción de prácticas de gobierno corporativo, los mecanismos de retribución de los directores y toda información relevante que pueda afectar la transparencia de la emisión conforme a lo que establezca la reglamentación.

TITULO VII

Mercados e intermediarios

CAPITULO I

Bolsas de Valores y otras instituciones que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública

ARTICULO 87. (Definición).- Las bolsas de valores y demás instituciones que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores mediante mecanismos de subasta pública y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan de acuerdo con la ley y la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay.

Podrán realizar otras actividades conexas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del mercado de valores, las que serán previamente autorizadas por el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 88. (Regulación y Fiscalización).- Las bolsas de valores y demás instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública están sujetos a la regulación y fiscalización del Banco Central del Uruguay.

En el ámbito de sus competencias, las bolsas de valores y demás instituciones que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública deberán reglamentar su actividad, vigilando el estricto cumplimiento de dichos reglamentos, de manera de asegurar la existencia de un mercado competitivo, ordenado y transparente, sin perjuicio de las facultades de regulación del Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 89. (Requisitos).- Las Bolsas de Valores deberán:

1. Adoptar preceptivamente la forma jurídica de sociedad anónima por acciones nominativas. Las Bolsas de Valores que a la fecha de la promulgación de esta ley no tengan dicha forma jurídica podrán conservar la forma jurídica adoptada con anticipación a la presente ley.

2. Incluir en su nombre la expresión "bolsa de valores".

3. Tener por objeto exclusivo el indicado en el artículo 87, pudiendo efectuar las demás actividades que el Banco Central del Uruguay les autorice o exija de acuerdo a sus facultades.

4. Tener el capital mínimo y constituir las garantías que determine el Banco Central del Uruguay.

5. Cumplir con los demás requisitos que contemplen sus estatutos y reglamentos internos, autorizados por el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 90. (Autorización previa).- Las bolsas de valores requerirán para funcionar autorización previa del Banco Central del Uruguay, acreditando haber cumplido los requisitos indicados en este artículo y en el precedente y aquellos que el Banco Central del Uruguay establezca mediante normas de carácter general.

Deberá acreditar, como mínimo, a satisfacción del Banco Central del Uruguay que:

1. Se encuentra organizada y tiene la capacidad necesaria para realizar las funciones de una bolsa de valores;

2. Ha adoptado la reglamentación interna exigida por esta ley;

3. Tiene la capacidad necesaria para cumplir y hacer cumplir a sus miembros, las disposiciones de sus estatutos y reglamentación interna;

4. Cuenta con los medios necesarios y con los procedimientos adecuados que permitan la mejor ejecución de las órdenes de los inversores.

ARTICULO 91. (Desarrollo del objeto).- Para el desarrollo de su objeto, las Bolsas de Valores, como mínimo, deberán:

1. Establecer instalaciones y sistemas que permitan el encuentro ordenado de las ofertas de compra y venta de valores y la ejecución de las transacciones correspondientes;

2. Proporcionar y mantener a disposición del público información sobre los valores cotizados y transados en bolsa, sus emisores, intermediarios y las operaciones bursátiles;

3. Velar por el estricto cumplimiento por parte de sus miembros de los más elevados principios éticos y de todas las disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables;

4. Informar y certificar las cotizaciones y transacciones de bolsa y proporcionar diariamente amplia información sobre dichas cotizaciones y transacciones.

ARTICULO 92. (Normativa interna).- En la reglamentación de sus propias actividades las bolsas de valores deberán incluir normas tendientes a promover principios justos y equitativos en las transacciones de bolsa estableciendo los derechos y obligaciones de los operadores en relación a las operaciones que realicen y, en especial, normas que establezcan la prioridad, paridad y precedencia de las órdenes, de modo de garantizar mercados justos y ordenados, para que el inversor pueda obtener la más conveniente ejecución de sus instrucciones.

Asimismo, las normas deberán contener obligaciones de los operadores con sus clientes, incluyendo aquellas derivadas de las recomendaciones de inversiones que hagan estos y los mecanismos para diferenciar las transacciones realizadas por los Intermediarios de Valores por cuenta propia de las realizadas por cuenta de terceros.

Se deberá propender a la protección de los inversores contra fraudes y otras prácticas ilegítimas.

Toda la normativa interna que adopten las bolsas de valores deberá ser previamente aprobada por el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 93. (Operadores de Bolsa).- Las bolsas de valores podrán admitir que participen en su ámbito inversores especializados autorizados expresamente por el Banco Central del Uruguay.

El hecho que un inversor especializado sea operador de una bolsa de valores no lo convierte en intermediario de valores. Sin perjuicio de lo expresado, a los efectos de operar en una bolsa de valores, deberá cumplir las normas generales e instrucciones particulares que dicte la bolsa respectiva y el Banco Central del Uruguay.

CAPITULO II

Intermediarios de Valores

ARTICULO 94. (Concepto y tipo de Intermediarios).- Se consideran Intermediarios de Valores aquellas personas físicas o jurídicas que realizan en forma profesional y habitual operaciones de intermediación entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública o privada.

Los Intermediarios de Valores que actúan como miembros de una Bolsa de Valores u otra institución que constituya un mercado de negociación de valores de oferta pública se denominan Corredores de Bolsa y aquellos que operan fuera de dichos mercados se denominan Agentes de Valores.

ARTICULO 95. (Regulación y fiscalización).- Los intermediarios de valores, tanto en su actividad en la oferta pública como privada de valores, están sujetos a la regulación y fiscalización del Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 96. (Autorización).- Los intermediarios de valores requerirán habilitación del Banco Central del Uruguay para actuar. Los requisitos que fije el Banco Central del Uruguay podrán ser diferenciados, en función de que el intermediario actúe solo por cuenta de terceros o por cuenta propia y de terceros, que sean corredores de bolsa, agentes de valores o asesores de inversión u otras circunstancias que estime apropiadas.

Al considerar la solicitud de habilitación se tendrán en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia.

Las Bolsas de Valores podrán establecer requisitos adicionales para aquellos Intermediarios que actúen en su ámbito.

ARTICULO 97. (Requisitos de inscripción).- Para ser inscriptos en el Registro de Intermediarios de Valores que lleva el Banco Central del Uruguay, deberán acreditar, a satisfacción de esta Institución, los siguientes requisitos:

1. Poseer oficina instalada para desarrollar las actividades de intermediación;

2. Incluir en su nombre la expresión corredor de bolsa, agente de valores o asesor de inversión respectivamente;

3. Ser sociedad anónima con acciones nominativas. En el caso de personas físicas que a la fecha de la sanción de la presente ley actúen como intermediarios de valores en forma de empresas unipersonales, podrán continuar haciéndolo mediante esa forma jurídica pero deberán actuar en forma exclusiva en la intermediación de valores. En el caso que esas personas físicas realicen otras actividades profesionales, comerciales o industriales deberán adoptar otras formas jurídicas;

4. Tener el capital mínimo y constituir las garantías que determine el Banco Central del Uruguay;

5. Mantener una estructura de administración, organización y controles internos adecuados;

6. Acreditar ante el Banco Central respecto de los miembros de su Directorio, integrantes de la Comisión Fiscal si la hubiere y su personal superior, capacidad legal, ausencia de inhibiciones legales, no haber sido condenados por delitos vinculados, al sistema financiero, no haber sido declarados en quiebra, y cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación.

ARTICULO 98. (Objeto).- Los Intermediarios de Valores, con excepción de las instituciones de intermediación financiera, tendrán como objeto exclusivo el desarrollo de actividades de intermediación de valores.

ARTICULO 99. (Transmisión y emisión de acciones y certificados provisorios).- La emisión y la transmisión de las acciones o de certificados provisorios de acciones de los Intermediarios de Valores, deberán ser autorizadas por el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 100. (Requisitos de funcionamiento).- Los Intermediarios de Valores deberán cumplir, en todo momento, con los requisitos patrimoniales y de garantía, organización interna y de conducta, estándares de aptitud, rectitud comercial y profesional, deberes de información y exigencias prudenciales y otros requisitos que establezca el Banco Central del Uruguay.

Dichos requisitos podrán ser diferenciados, en función de que el intermediario actúe solo por cuenta propia o por cuenta propia o de terceros, que sean corredores de bolsa, agentes de valores o asesor de inversión u otras circunstancias que estime apropiadas.

ARTICULO 101. (Garantía).- Los intermediarios de valores deberán constituir una garantía en forma previa al desempeño de sus cargos, para asegurar el correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones, en beneficio de los acreedores que tengan o llegaren a tener en razón de su actividad de intermediación.

El Banco Central del Uruguay establecerá el monto y forma de constitución de la garantía inicial y su mantenimiento, considerando, entre otros, el volumen y naturaleza de las operaciones del intermediario, si además de actuar por cuenta de terceros actúan o no por cuenta propia u otras circunstancias semejantes.

La garantía deberá mantenerse hasta el año posterior a la pérdida de la calidad de intermediario de valores, o hasta que se resuelvan por sentencia ejecutoriada las acciones judiciales que se hayan entablado en su contra, dentro de dicho plazo.

ARTICULO 102. (Responsabilidad y prueba).- Los Intermediarios de valores deben verificar la identidad y capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio y la autenticidad de los valores que negocien.

Los intermediarios de valores quedan obligados a pagar el precio de la compra o a hacer la entrega de los valores vendidos según las condiciones pactadas, así como de la debida registración en la transacción.

Los comprobantes, las minutas o las constancias que entreguen a sus clientes y las que se dieren recíprocamente hacen prueba en contra del intermediario de valores que las emite.

ARTICULO 103. (Valores de terceros).- Los inter-mediarios de valores que custodien valores por cuenta de terceros, pero a nombre propio, deberán anotar separa-damente en su contabilidad estos valores, e inscribir en

un Registro especial, con la individualización completa de la o las personas por cuenta de quien los mantiene, conforme a las instrucciones que dicte el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 104. (Inaplicabilidades).- No serán aplicables a los intermediarios de valores las disposiciones de la Ley N° 16.497, de 15 de junio de 1994 ni los artículos 89 a 113 inclusive del Código de Comercio.

ARTICULO 105. (Cancelación de la inscripción).- La cancelación de la inscripción de un intermediario de valores opera a su solicitud o de oficio, al solicitarse la liquidación judicial de la empresa o sancionarse con cancelación de actividades.

De tratarse de solicitud por parte del intermediario, previo a adoptar decisión, será necesario poner en conocimiento del público, por los medios que el Banco Central del Uruguay estime pertinentes, que se ha iniciado el proceso de cancelación.

CAPITULO III

De la intervención y la Liquidación Administrativa de las Bolsas de Valores, otras Instituciones que constituyen mercados de valores de oferta pública y de los Intermediarios de Valores

ARTICULO 106. (Requisitos para la intervención).- El Banco Central del Uruguay, podrá adoptar medidas preventivas, que pueden llegar a la intervención o la inmediata suspensión de actividades de las bolsas de valores y demás instituciones que constituyen mercados de valores de oferta pública, y de los intermediarios de valores, con excepción de las instituciones de intermediación financiera, cuando entienda que se encuentran en situación de riesgo los intereses de terceros. Para las actuaciones de esta índole podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, si ello fuera necesario.

La intervención podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las autoridades. Cuando esta vaya acompañada de la sustitución total de autoridades, implicará la caducidad de todas las comisiones o mandatos otorgados por ellas y la suspensión, durante veinte días hábiles, de todo tipo de plazo que pueda correrle a la empresa intervenida.

En la intervención, el Banco Central del Uruguay dispondrá de plenos poderes de gestión.

Facúltase al Banco Central del Uruguay a tomar otras medidas, tales como la restricción en las actividades de las instituciones referidas en el inciso primero, un monitoreo más estricto de su capital o la solicitud de requisitos adicionales de capital, seguros o garantías, de forma de minimizar el riesgo sistémico.

También podrá instruirlas a reducir su exposición al riesgo o incrementar sus márgenes en caso de que mantengan o controlen grandes posiciones en uno o más activos financieros.

En todos los casos, el Banco Central del Uruguay adoptará las medidas necesarias para asegurar que los activos de terceros sean debidamente cautelados.

ARTICULO 107. (Cese de la intervención).- En caso que la entidad intervenida haya recuperado su solvencia, o subsanado la situación que diera origen a la intervención, el Banco Central del Uruguay está facultado a reincorporarla a sus titulares, pudiendo exigir las cautelas y garantías que estime necesarias.

ARTICULO 108. (Liquidación).- El Banco Central del Uruguay será liquidador, en sede administrativa, de las entidades indicadas en el artículo 106 que se encuentren en situación de insolvencia, pudiendo facultar a un tercero para que practique dicha liquidación.

La disolución de las sociedades y empresas y el consiguiente estado de liquidación serán dispuestos por el Banco Central del Uruguay.

El Banco Central del Uruguay dispondrá de los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de la liquidada. Las resoluciones del Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador serán recurribles en la forma prevista en el artículo 14 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

En lo no previsto por esta ley, será de aplicación lo que dispongan las normas que rigen la liquidación administrativa de las instituciones de intermediación financiera y subsidiariamente las normas generales que rigen en materia de liquidación judicial de sociedades anónimas y de los comerciantes, según corresponda.

ARTICULO 109. (Presunción de insolvencia fraudulenta).- Para los efectos previstos en la ley penal, se presumirá fraudulenta la insolvencia de un intermediario de valores, que se produzca como consecuencia de las pérdidas sufridas en operaciones ejecutadas por cuenta propia siempre que tales pérdidas le impidan cumplir las que ejecutare por cuenta de sus comitentes.

ARTICULO 110. (De los valores y bienes de terceros).- El dinero y los valores adquiridos por un intermediario de valores por cuenta de los clientes, así como aquellos que mantiene en custodia de los mismos, serán inembargables y no podrán ser objeto de otras medidas preventivas o de ejecución como consecuencia de obligaciones del intermediario. En caso de liquidación del intermediario de valores, el dinero y los valores adquiridos por cuenta de los clientes así como aquellos que mantiene en custodia de los mismos no integrarán la masa patrimonial sometida al proceso de liquidación.

El presente artículo se aplicará, asimismo, al dinero y valores que las bolsas de valores y otras instituciones que constituyan mercados de valores de oferta pública mantengan por cuenta de los intermediarios de valores.

ARTICULO 111. (Cajas y sistemas de compensación, liquidación y custodia de valores).- La suspensión de actividades o liquidación por insolvencia de los intermediarios de valores no afecta las obligaciones asumidas en el ámbito de una caja de valores o en los sistemas de compensación y liquidación financiera, que serán liquidadas en las formas previstas reglamentariamente.

En caso que en los sistemas utilizados en el mercado de valores existan garantías u otros mecanismos de cobertura, los mismos serán utilizados en la liquidación de las obligaciones asumidas por el intermediario de valores en el ámbito de las cajas de valores o los sistemas de compensación, liquidación y custodia de valores del cual forme parte.

CAPITULO IV

Disposiciones Generales y Transitorias

ARTICULO 112. (Confidencialidad).- Los Intermediarios de Valores no podrán dar a conocer informaciones sobre operaciones realizadas por cuenta de clientes, ni las posiciones en valores de los mismos u otras informaciones confidenciales que reciben de sus clientes o sobre sus clientes, obligación esta que no es oponible al Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 113. (Denominación).- El uso de las denominaciones "bolsa de valores", "corredor de bolsa", "agente de valores", "intermediario de valores" u otras semejantes que determine el Banco Central del Uruguay queda reservado exclusivamente para aquellas personas autorizadas a actuar como tales por dicha Institución.

TITULO VIII

Otros Participantes del mercado de valores

ARTICULO 114. (Designación de auditores externos).- Las entidades que realicen oferta pública de valores, las administradoras de Fondos de Ahorro Provisional y de fondos de inversión, las empresas aseguradoras, las entidades de intermediación financiera y toda otra entidad supervisada por el Banco Central del Uruguay deberán designar auditores externos, de entre los inscriptos en el registro de auditores externos que, para este fin, lleva dicho Banco. Dichos auditores deberán aplicar las normas internacionales de auditoría.

En el caso de las entidades que realicen oferta pública de valores, será competencia de la asamblea de accionistas designar a los auditores externos, la que tendrá facultades para revocar la designación en cualquier momento.

Cuando por el tipo social no corresponda la asamblea de accionistas, a efectos de la designación y revocación de los auditores externos, será preciso contar con el consentimiento de los dueños de capital. En todos los casos de revocación del Auditor Externo el emisor deberá dar cuenta al Banco Central del Uruguay de las razones que lo motivaron.

ARTICULO 115. (Actividad de auditores externos en entidades supervisadas).- El Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y controlar la actividad de los auditores externos cuando ejerzan sus funciones en las entidades referidas en el artículo anterior.

ARTICULO 116. (Designación de Calificadoras de Riesgo).- Las entidades que realicen oferta pública de valores, las administradoras de fondos de inversión, las entidades de intermediación financiera y toda otra entidad supervisada por el Banco Central del Uruguay que este considere conveniente incluir mediante la reglamentación en esta norma deberán designar calificadoras de riesgo, de entre las inscriptas en el registro de calificadoras de riesgo que, para este fin, lleva dicho Banco.

En el caso de las entidades que realicen oferta pública de valores, será competencia de la asamblea de accionistas designar a las calificadoras de riesgo, la que tendrá facultades para revocar la designación en cualquier momento. Cuando por el tipo social no corresponda la asamblea de accionistas, a efectos de la designación y revocación de la designación de las calificadoras de riesgo, será preciso contar con el consentimiento de los dueños de capital. En todos los casos de revocación de la Calificadora de Riesgos el emisor deberá dar cuenta al Banco Central del Uruguay de las razones que lo motivaron.

ARTICULO 117. (Actividad de calificadoras de riego en entidades supervisadas).- El Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y controlar la actividad de las entidades calificadoras de riesgo cuando califiquen entidades o valores registrados en el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 118. (Asesores de inversión y otros participantes del mercado).- Se consideran asesores de inversión las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, aconsejan a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, y/o canalizan las órdenes que reciban de sus clientes hacia otros intermediarios radicados en el país o en el exterior y que no se encuentren alcanzados por otra figura supervisada por el Banco Central del Uruguay.

Con el propósito de salvaguardar la transparencia del mercado y la adecuada información a los inversores, el Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y supervisar la actividad de los asesores de inversión y otros participantes del mercado de valores.

Si los asesores de inversión custodian valores de terceros deberán cumplir con los mismos requisitos generales que los agentes de valores.

TITULO IX

Régimen Sancionatorio

ARTICULO 119. (Facultades sancionatorias del Banco Central del Uruguay).- El Banco Central del Uruguay, respecto a las personas físicas o jurídicas intervinientes en la oferta pública o privada de valores, incluyendo a los emisores de oferta pública, las bolsas de valores y demás instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, los intermediarios de valores, los asesores de inversión, las instituciones registrantes, custodios, calificadores, auditores externos, representantes de titulares de valores de oferta pública, agentes de pago y todo otro agente interviniente, que infrinja las leyes y decretos que regulen dicha materia o las normas generales o instrucciones particulares dictadas por el mismo, podrá aplicar las siguientes sanciones, en lo pertinente, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiere:

1. Observación.

2. Apercibimiento.

3. Multa de hasta el 50% de la responsabilidad patrimonial básica establecida para el funcionamiento de los bancos.

4. Suspensión o cancelación de la cotización de los valores.

5. Suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta pública.

6. Suspensión o cancelación de actividades.

Lo estipulado en el numeral 6 anterior no será aplicable a los emisores de valores de oferta pública ni a las instituciones de intermediación financiera.

Solo podrán aplicarse acumulativamente a una misma persona y por un mismo caso, la multa y la suspensión o cancelación de actividades.

Las sanciones antedichas podrán recaer, además, en los miembros del Directorio, síndicos, integrantes de la Comisión Fiscal, la Comisión de Auditoría o personal superior de la entidad que tuvieron participación en la infracción. Si la entidad fuere pasible de las sanciones indicadas en los numerales 4, 5 y 6, y las personas antedichas hubieren tenido participación, los antecedentes respectivos serán puestos en conocimiento de todos los Servicios al Banco Central del Uruguay.

Las sanciones dispuestas por el Banco Central del Uruguay deberán ser publicadas. Para ello, el Banco Central del Uruguay definirá los medios de publicidad que estime pertinentes.

ARTICULO 120. (Causales graves).- Son causales de las sanciones de suspensión o cancelación de actividades de los agentes intervinientes en el mercado de valores, entre otras, las siguientes:

1. Dejar de cumplir con los requisitos de inscripción o funcionamiento;

2. Incurrir en graves violaciones a las obligaciones que impone esta ley, sus normas modificativas o complementarias u otras disposiciones que los rijan;

3. Tomar parte en forma culpable o dolosa en trasacciones no compatibles con las sanas prácticas de los mercados de valores;

4. Realizar o participar en actos o efectuar operaciones ficticias o que tengan por objeto o efecto afectar la libre formación de precios del mercado de valores, manipular la liquidez de un valor; aparentar ofertas o demandas de valores, manipular o fijar artificialmente precios o cotizaciones, ofertas o demandas, obstaculizar la libre concurrencia, así como divulgar por cualquier medio, directa o indirectamente, información falsa, tendenciosa o privilegiada;

5. Dejar de cumplir, por razones que le son imputables, obligaciones originadas en transacciones de valores en que haya tomado parte;

6. Utilizar dineros o valores de sus comitentes para cumplir operaciones pendientes o propias, o de otros comitentes;

7. Salvo en caso de las instituciones de intermediación financiera registradas en el Banco Central del Uruguay, realizar actividades de intermediación financiera o garantizar rendimientos;

8. Obstruir las actuaciones de inspección y fiscalización del Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 121. (Debido proceso).- Las sanciones a recaer en aplicación de lo dispuesto en la presente ley, se determinarán para las distintas actividades, en función de la gravedad de la falta.

El procedimiento para la aplicación de sanciones deberá observar necesariamente y en todos los casos, las garantías del debido proceso, dándose vista de las respectivas actuaciones y posibilitándose un pleno ejercicio del derecho de defensa con articulación de descargos por parte del o de los afectados por la medida.

TITULO X

Disposiciones generales

ARTICULO 122. (Jurisdicción).- En la emisión de valores, en la que se deje expresa constancia de su oferta internacional, sean o no objeto de oferta pública, la entidad emisora podrá establecer libremente la ley y jurisdicción aplicables a aquellos cumpliendo con lo establecido en la presente ley para su registro, si correspondiere.

Ello no obstará al derecho de los titulares de los valores a elegir en todo caso la jurisdicción del domicilio del emisor.

Practicada la elección de jurisdicción, en uno u otro sentido, a través de la comparecencia ante los tribunales correspondientes, no podrá ser luego modificada.

ARTICULO 123. (Inversión en valores).- Las empresas comprendidas en los artículos 1° y 2° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, que realicen actividades de intermediación financiera, podrán efectuar inversiones en valores de oferta pública.

El Banco Central del Uruguay, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley citado, limitará y controlará dichas inversiones en las condiciones que determine la reglamentación.

ARTICULO 124. (Inversión en valores de oferta pública por otros Institutos).- Las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones y los Fondos Complementarios, creados por el Decreto-Ley N° 15.611, de 10 de agosto de 1984, podrán invertir parte de sus fondos en valores objeto de la oferta pública y emitidos por empresas radicadas en el país, en las condiciones y límites que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 125. (Aumento obligatorio).- Modifíquese el artículo 288 de la Ley N° 16.060, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 288 - (Aumento obligatorio).- Una vez aprobado el balance general de la sociedad, cuando el capital social represente menos del 50% (cincuenta por ciento) del capital integrado más las reservas y los ajustes al patrimonio (revaluaciones del activo) la sociedad deberá capitalizar esas reservas y los montos resultantes de los referidos ajustes o revaluaciones hasta alcanzar por lo menos aquel porcentaje.

El aumento del capital social resultante será dispuesto por el órgano de administración dentro de los treinta días de aprobado el balance y no requerirá conformidad administrativa. La resolución del órgano de administración disponiendo el aumento se comunicará al registro Público de Comercio y se publicará".

ARTICULO 126. (Obligación de reserva).- Modifíquese el artículo 419 de la Ley N° 16.060, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 419 - (Obligación de reserva).- El órgano estatal de control guardará reserva sobre todos los actos que intervenga y cuya publicación no sea determinada por la ley. No obstante, suministrará información de la documentación que posea en el marco de su actuación, a los titulares de un interés directo, personal y legítimo, así como a todos los Organismos del Estado, los cuales deberán guardar la debida confidencialidad. También podrá proporcionarla de oficio.

En todos los casos los requerimientos se efectuarán por escrito y en forma fundada. De la resolución favorable se remitirá copia a la sociedad involucrada.

La obligación de guardar reserva se extenderá a los funcionarios del órgano estatal de control, bajo pena de destitución y sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

El juez competente, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá liberar de la obligación de reserva".

ARTICULO 127. (Caracterización de las acciones).- Modifícase el artículo 304 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"Artículo 304. (Caracterización de las acciones).- Las acciones, podrán ser al portador o nominativas y en este último caso, endosables o no. También podrán ser escriturales, representándose mediante anotaciones en cuenta".

TITULO XI

Disposiciones tributarias de promoción al mercado de valores

ARTICULO 128. (Tasas).- Agrégase el siguiente inciso al artículo 26 del Título 7 del Texto Ordenado 1996:

"Rentas y resultados por tenencia de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 años, 3%".

ARTICULO 129. (Exoneración).- Agrégase el siguiente texto al primer inciso del literal C) del artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado de 1996:

"Asimismo estarán exentos los dividendos pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a la Renta de la Actividades Económicas, y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, en tanto las acciones que dan lugar al pago o crédito de los mismos coticen en bolsa de valores".

ARTICULO 130. (Tasas).- Agrégase el siguiente inciso al artículo 14 del Título 8, del Texto Ordenado de 1996:

"Rentas y resultados por tenencia de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 años, 3%".

ARTICULO 131. (Exoneración).- Agrégase el siguiente texto al primer inciso del literal C) del artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado de 1996:

"Asimismo estarán exentos los dividendos pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, en tanto las acciones que dan lugar al pago a crédito de los mismos coticen en bolsa de valores".

ARTICULO 132. (Exoneración).- Sustitúyese el literal A) del numeral 2 del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado de 1996, por el siguiente:

"A) Intereses de valores públicos y privados, de depósitos bancarios y warrants".

ARTICULO 133. (Exoneración).- Agrégase el siguiente inciso al literal E) del numeral 2 del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado de 1996:

"Quedan exonerados de este impuesto las operaciones de descuentos de documentos realizadas a través de la Bolsa de Valores por los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA)".

ARTICULO 134. (Exoneración).- Sustitúyese el literal I del numeral 2 del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado de 1996, por el siguiente:

"I) Las comisiones derivadas por la intervención en la compraventa de valores públicos y privados".

ARTICULO 135. (Abatimiento).- Agrégase como inciso segundo al artículo 47 del Título 14, del Texto Ordenado de 1996, lo siguiente:

"El abatimiento se aplicará también para las sociedades que coticen en bolsa".

ARTICULO 136. (Derogaciones).- Derógase la Ley N° 16.749, de 30 de mayo de 1996, los artículos 303 y 334 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el último inciso del artículo 6 de la Ley N° 16.774, de 27 de setiembre de 1996 y las demás normas que se opongan a la presente ley.

Alvaro García.

"Carp. N° 1397/08

Rep. N° 1120/09

Anexo I

CODIGO DE COMERCIO

TITULO III

DE LOS AGENTES AUXILIARES DEL COMERCIO

CAPITULO I

DE LOS CORREDORES

89. Para ser corredores se requiere un año de domicilio y veintiuno de edad.

No pueden ser corredores:

Los que no pueden ser comerciantes (arts. 27 y 29).

Las mujeres.

Los que habiendo sido corredores hubiesen sido destituidos del cargo.

90. Todo corredor está obligado a matricularse en el Juzgado L. de Comercio de la Capital o en el Juzgado Ordinario de su domicilio.

La petición para la matrícula contendrá:

La constancia de tener la edad requerida.

La de hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ser corredor.

La de haber ejercido el comercio por sí o en alguna casa de corredor o de comerciante por mayor en calidad de socio gerente, o cuando menos de tenedor de libros, con buen desempeño y honradez.

91. Antes de entrar al ejercicio de sus funciones prestarán ante el Juez L. de Comercio, o ante el Alcalde Ordinario de su domicilio, juramento de llenar fielmente los deberes que les están impuestos.

92. Los corredores deben llevar un asiento exacto y metódico de todas las operaciones en que intervinieren, tomando nota de cada una, inmediatamente después de concluida, en un cuaderno manual foliado.

Expresarán en cada artículo los nombres y domicilios de los contratantes, las calidades, cantidad y precio de los efectos que fuesen objeto de la negociación, los plazos y condiciones de pago, todas las circunstancias ocurrentes que puedan contribuir al mayor esclarecimiento del negocio.

Los artículos se pondrán por orden riguroso de fechas en numeración progresiva, desde uno en adelante, que concluirá al fin de cada año.

93. En las negociaciones de letras anotarán las fechas, términos, vencimientos, plazas sobre las que estén giradas, los nombres del girador, endosantes y pagador, y las estipulaciones relativas al cambio, si algunas se hicieren (artículo 904).

En los seguros se expresarán con referencia a la póliza (art. 1.327) los nombres del asegurado y asegurador, el objeto asegurado, su valor, según el convenio arreglado entre las partes, el lugar donde se carga y descarga y la descripción del buque en que se hace el transporte, que comprenderá su nombre, matrícula, pabellón, porte, y nombre del capitán.

94. Diariamente se trasladarán todos los artículos del cuaderno manual a un registro, copiándolos literalmente, sin enmiendas, abreviaturas, ni interposiciones, guardando la misma numeración que lleven en el manual.

El registro tendrá las mismas formalidades que se prescriben en el art. 65, para los libros de los comerciantes, so pena de una multa que será determinada por los reglamentos.

El referido registro podrá mandarse exhibir en juicio, a instancia de la parte interesada, para las investigaciones necesarias, y aun de oficio por orden de los Jueces que conocen de las causas de comercio.

95. Ningún corredor podrá dar certificado, sino de lo que conste de su registro, y con referencia a él.

Solo en virtud de mandato de autoridad competente, podrá atestiguar lo que vio u oyó relativamente a los negocios de su oficio.

96. El corredor que diere certificación contra lo que constare de sus libros, será destituido, e incurrirá en las penas del delito de falsedad.

97. Los corredores deben asegurarse, ante todas las cosas, de la identidad de las personas, entre quienes se tratan los negocios en que intervienen, y de su capacidad legal para celebrarlos.

Si a sabiendas intervinieren en un contrato hecho por personas que según la ley no podría hacerlo, responderán de los perjuicios que se sigan por efecto directo e inmediato de la incapacidad del contratante.

98. Los corredores no responden, ni pueden constituirse responsables de la solvencia de los contrayentes.

Serán sin embargo, garantes en las negociaciones de letras y valores endosables de la entrega material del título al tomador, y de la del valor al cedente, y responsables de la autenticidad de la firma del último cedente a menos que se haya expresamente estipulado en el contrato que los interesados verifiquen las entregas directamente.

99. Los corredores propondrán los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de hacer supuestos falsos que puedan inducir en error a los contratantes.

Si por este medio indujeren a un comerciante a consentir en un contrato perjudicial, serán responsables del daño que le hayan causado.

100. Se tendrán por supuestos falsos, haber propuesto un objeto comercial bajo distinta calidad que la que se le atribuye por el uso general del comercio, y dar una noticia falsa sobre el precio que tenga corrientemente en la plaza la cosa sobre que versa la negociación.

101. Guardarán secreto riguroso de todo lo que concierna a las negociaciones que se les encargan, bajo la más estrecha responsabilidad de los perjuicios que se siguieren por no hacerlo así.

102. En las ventas hechas con su intervención, tienen obligación de asistir a la entrega de los efectos vendidos, si los interesados o alguno de ellos lo exigiere.

Están igualmente obligados, a no ser que los contratantes expresamente los exoneren de esta obligación, a conservar las muestras de todas las mercancías que se vendan con su intervención, hasta el momento de la entrega, tomando las precauciones necesarias para que pueda probarse la identidad.

103. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión de un contrato, deben los corredores entregar a cada uno de los contratantes, una minuta del asiento hecho en su registro, sobre el negocio concluido.

Esta minuta será referente al registro, y no al cuaderno manual.

Si el corredor no la entrega dentro de las veinticuatro horas, perderá el derecho que hubiese adquirido a su comisión, y quedará sometido a la indemnización de daños y perjuicios.

104. En los negocios, en que por convenio de las partes, o por disposición de la ley haya de extenderse contrata escrita, tiene el corredor la obligación de hallarse presente, al firmarla todos los contratantes, y certificar al pie que se hizo con su intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad.

105. En caso de muerte o destitución de un corredor, es de cargo del Juez L. de Comercio en la Capital y fuera de ella de los Alcaldes Ordinarios respectivamente recoger los registros del corredor muerto o destituido y archivarlos en su Juzgado.

106. Es prohibido a los corredores:

Toda especie de negociación y tráfico, directo ni indirecto en nombre propio ni bajo el ajeno, contraer sociedad de ninguna clase ni denominación y tener parte en los buques mercantes o en sus cargamentos, so pena de perdimiento de oficio y de nulidad de contrato.

Encargarse de hacer cobranzas y pagos por cuenta ajena, so pena de perdimiento de oficio.

Adquirir para sí, o para persona de su familia inmediata, las cosas cuya venta les haya sido encargada, ni las que se dieren a vender a otro corredor, aun cuando protesten que compran unas u otras para su consumo particular, so pena de suspensión o perdimiento de oficio a arbitrio del Juez competente, según la gravedad del caso.

107. No se compromete en la disposición del artículo precedente, la adquisición de títulos de la deuda pública ni de acciones de sociedades anónimas, de las cuales, sin embargo, no podrán ser directores, administradores o gerentes, bajo cualquier título que sea.

108. Toda garantía, aval o fianza dada por un corredor sobre el contrato o negociación hecha con su intervención, ya conste en el mismo contrato o se verifique por separado, es nula, y no producirá efecto ninguno en juicio.

109. Está asimismo prohibido a los corredores:

Intervenir en contratos ilícitos o reprobados por derecho, sea por la calidad de los contrayentes, por la naturaleza de la cosa sobre que versa el contrato, o por la de los pactos o condiciones con que se celebren.

Proponer letras o valores de otra especie, y mercaderías procedentes de personas no conocidas en la plaza, si no presentaren a lo menos un comerciante que abone la identidad de la persona.

Intervenir en contrato de venta de efectos, o negociación de letras pertenecientes a persona que haya suspendido sus pagos.

110. El corredor cuyos libros fuesen hallados sin las formalidades especificadas en el artículo 94, o con falta de declaración de alguna de las circunstancias mencionadas en los artículos 92 y 93, quedará obligado a la indemnización de perjuicios y suspenso por tiempo de tres a seis meses.

En caso de reincidencia será destituido.

111. El corredor que en el ejercicio de sus funciones usare de dolo o fraude, será destituido de oficio y quedará sometido a la respectiva acción criminal.

A la misma pena e inmdenización quedarán sujetos, según las circunstancias y al arbitrio del Juez competente, los corredores que contravinieren a las disposiciones del presente capítulo y no tuvieren pena específica señalada.

112. El Tribunal Superior de Apelaciones organizará a propuesta del Juez L. de Comercio, un arancel de los derechos que a los corredores competan sobre los contratos en que intervengan.

Todo derecho de corretaje, no mediando estipulación en contrario, será pagado proporcionalmente por las partes.

113. El corredor que quebrare, será suspendido de sus funciones y podrá enseguida ser destituido por el Juez competente (artículo 1.641).

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

CAPITULO II

Proceso Extraordinario

Artículo 346.- Procedimiento.- El proceso extraordinario se regirá por lo establecido en el ordinario en cuanto fuere pertinente y con las siguientes modificaciones:

1) El trámite se concentrará en una sola audiencia de conciliación, fijación de los puntos en debate, prueba, alegatos y sentencia.

2) Solo se admitirá la reconvención sobre la misma causa y objeto que los propuestos en la demanda.

3) Luego de la contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención, el tribunal dispondrá el diligenciamiento de la prueba solicitada por las partes y que no pueda ser recibida en la audiencia, de modo tal que a la fecha de aquella, esa prueba se halle diligenciada.

4) El tribunal se pronunciará en una única sentencia sobre todas las excepciones y defensas; solo si entre ellas se encuentra la de incompetencia y se declarare incompetente, omitirá pronunciarse sobre las otras.

5) En la segunda instancia no se admitirá otra prueba que la que el tribunal entienda oportuna para mejor proveer, la documental sobre hechos supervinientes o la de ese mismo género que se declare, bajo juramento, no conocida hasta ese momento, conforme con lo dispuesto por el artículo 253.2, numeral 2° o la de fecha auténtica posterior a la de la audiencia de primera instancia.

Artículo 347.- Recursos.- Contra la sentencia definitiva dictada en proceso extraoredinario, caben los recursos previstos en las Secciones II, IV, V, VI y VII, Capítulo VII, Título VI del Libro I, conforme con lo que disponen las reglas generales y propias de cada una de ellos.

No obstante, en aquellos procesos en que se sentencia "rebus sic stantibus", como en el de alimentos o cuestiones relativas a menores, cuando se alegare el cambio de la situación ya resuelta, corresponderá, en sustitución de los recursos ordinarios, el proceso extraordinario posterior, para decidir la cuestión definida conforme con las nuevas circunstancias que la configuran.

SECCION III

Otros Procesos Monitorios

Artículo 364.- Entrega de la cosa.

364.1 Es el proceso en el que se demanda la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley, el testamento, el contrato, el acto administrativo o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria y procede imponerla, siempre que el actor justifique la obligación de entregar y, en su caso, el cumplimiento por su parte de la obligación correspectiva, mediante documento público o privado reconocido o dado por reconocido ante tribunal competente o con firmas certificadas por escribano público, salvo la excepción del artículo 352.2.

TEXTO ORDENADO 1996

TITULO 7

IMPUESTO A LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS

(IRPF)

SECCION III

NORMAS GENERALES APLICABLES A LAS RENTAS DE LA CATEGORIA I

Artículo 26.- Tasas.- Las alícuotas del impuesto de este Capítulo se aplicarán en forma proporcional, de acuerdo al siguiente detalle:

CONCEPTO ALICUOTA

Intereses correspondientes a depósitos en moneda

nacional y en unidades indexadas, a más de un año,

en instituciones de intermediación financiera ...............3%

Intereses de obligaciones y otros títulos de deuda,

emitidos a plazos mayores a tres años, mediante

suscripción pública y cotización bursátil ......................3%

Intereses correspondientes a los depósitos, a un año

o menos, constituidos en moneda nacional sin

claúsula de reajuste .......................................................5%

Dividendos o utilidades pagados o acreditados por

contribuyentes del IRAE ...............................................7%

Rendimientos derivados de derechos de autor sobre

obras literarias, artísticas o científicas .......................7%

Restantes rentas ...........................................................12%

Nota: Los dos últimos apartados fueron sustituidos por Ley N° 18.341 de 30 de agosto de 2008, art. 4°.

Fuente: Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, artículo 8°

Ley N° 18.341, de 30 de agosto de 2008, artículo 4°.

Artículo 27.- Están exonerados de este impuesto:

A) Los intereses de los títulos de Deuda Pública.

B) Los resultados obtenidos en los Fondos de Ahorro Previsional.

C) Los dividendos y utilidades distribuidos, derivados de la tenencia de participaciones de capital, con excepción de los pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas correspondientes a rentas gravadas por dicho tributo, devengados en ejercicios iniciados a partir de la vigencia de esta ley. Se incluye en el concepto de dividendos y utilidades gravados a aquellos que sean distribuidos por los contribuyentes del IRAE que hayan sido beneficiarios de dividendos y utilidades distribuidos por otro contribuyente del tributo, a condición de que en la sociedad que realizó la primera distribución, los mismos se hayan originado en rentas gravadas por el IRAE.

Estarán exentas las utilidades distribuidas por las sociedades personales cuyos ingresos no superen el límite que fije el Poder Ejecutivo, quien queda facultado a considerar el número de dependientes, la naturaleza de la actividad desarrollada u otros criterios objetivos.

Nota: inciso 1° del literal C) fue sustituido por Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, art. 321.

Asimismo estarán exentas las utilidades distribuidas por los sujetos prestadores de servicios personales fuera de la relación de dependencia que hayan quedado incluidos en el IRAE en aplicación de la opción o por la inclusión preceptiva del artículo 5° del Título 4. Esta exoneración alcanza exclusivamente a las utilidades derivadas de la prestación de servicios personales.

D) Los incrementos patrimoniales originados en rescates en el patrimonio de entidades contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, del Impuesto a las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión y en entidades exoneradas de dichos tributos en virtud de normas constitucionales.

E) Las rentas originadas en la enajenación de acciones y demás participaciones en el capital de entidades contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y de entidades exoneradas de dicho tributo en virtud de normas constitucionales y sus leyes interpretativas, cuando ese capital esté expresado en títulos al portador.

F) Las donaciones efectuadas a organismos públicos.

Quedarán asimismo exoneradas las donaciones recibidas.

G) Las rentas producidas por la diferencia de cambio originada en la tenencia de moneda extranjera, o en depósitos y créditos en dicha moneda salvo cuando esos créditos correspondan a cuentas a cobrar por rendimientos del capital, rendimientos del trabajo, o saldos de precio por transmisiones patrimoniales de bienes distintos a los mencionados en el presente literal y en el literal H).

H) Las rentas producidas por el reajuste originado en la tenencia de valores reajustables, depósitos o créditos sometidos a cláusulas de reajuste, con las mismas excepciones a que refiere el literal anterior.

I) Los incrementos patrimoniales derivados de las transmisiones patrimoniales cuando el monto de las mismas consideradas individualmente no supere las 30.000 U.I. (treinta mil unidades indexadas) y siempre que la suma de las operaciones que no exceda dicho monto, sea inferior en el año a las 90.000 U.I. (noventa mil unidades indexadas). Si no existiera precio se tomará el valor en plaza para determinar dicha comparación.

J) Las rentas derivadas de arrendamientos de inmuebles cuando la totalidad de las mismas no superen las cuarenta Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) anuales, siempre que el titular autorice expresamente el levantamiento del secreto bancario a que refiere el artículo 25 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982. Esta exoneración no operará cuando el titular genere, además, otros rendimientos de capital que superen las 3 BPC anuales.

K) Las rentas derivadas de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología y bioinformática, y las obtenidas por la actividad de producción de soportes lógicos y de los servicios vinculados a los mismos, que determine el Poder Ejecutivo, siempre que los bienes y servicios originados en las antedichas actividades sean aprovechados íntegramente en el exterior.

L) Los incrementos patrimoniales derivados de la enajenación, promesa de enajenación o cesión de promesa de enajenación de inmuebles que constituyan la vivienda permanente del enajenante, siempre que se cumplan conjuntamente las siguientes condiciones:

1. Que el monto de la operación no supere 1.200.000 U.I. (un millón doscientas mil unidades indexadas).

2. Que al menos el 50% (cincuenta por ciento) del producido se destine a la adquisición de una nueva vivienda permanente del contribuyente.

3. Que entre la enajenación o promesa de enajenación o cesión de promesa de enajenación del inmueble y la adquisición o promesa de adquisición de la nueva vivienda, no medie un lapso superior a doce meses.

4. Que el valor de adquisición de la nueva vivienda no sea superior a 1.800.000 U.I. (un millón ochocientas mil unidades indexadas).

Los mecanismos de retención del impuesto para enajenaciones, promesas de enajenación o cesiones de promesa de enajenación de inmuebles que establezca el Poder Ejecutivo serán aplicables a las operaciones a que refiere este literal. En tal hipótesis el contribuyente podrá solicitar un crédito por el impuesto abonado en exceso, aun cuando las condiciones referidas en los numerales precedentes se cumplan en ejercicios diferentes.

M) Los premios de los juegos de azar y de carreras de caballos, los que mantendrán su tributación específica para cada caso.

Fuente: Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, artículo 8°.

Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, Art. 321.

TITULO 8

IMPUESTO A LAS RENTAS DE LOS NO RESIDENTES

(IRNR)

Artículo 14. Tasa.- Las alícuotas del impuesto se aplicarán en forma proporcional de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO TASA

Intereses correspondientes a depósitos en moneda

nacional y en unidades indexadas, a más de un año

en instituciones de intermediación financiera ..................3%

Intereses de obligaciones y otros títulos de deuda,

emitidos a plazos mayores a tres años, mediante

suscripción pública y cotización bursátil ..................................3%

Intereses correspondientes a los depósitos, a un año o

menos, constituidos en moneda nacional sin claúsula de

reajuste ...........................................................................5%

Dividendos o utilidades pagados o acreditados por

contribuyentes del IRAE ................................................7%

Restantes rentas ...........................................................12%

Fuente: Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, artículo 9°.

Artículo 15.- Rentas exentas.- Están exonerados de este impuesto:

A) Los intereses de los títulos de Deuda Pública.

B) Los intereses de los préstamos otorgados a contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas cuyos activos afectados a la obtención de rentas no gravadas por ese tributo superen el 90% (noventa por ciento) del total de sus activos valuados según normas fiscales. A tales efectos se considerará la composición de activos del ejercicio anterior.

C) Los dividendos y utilidades distribuidos, derivados de la tenencia de participaciones de capital, con excepción de los pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas correspondientes a rentas gravadas por dicho tributo, devengadas en ejercicios iniciados a partir de la vigencia de esta ley. Se incluye en el concepto de dividendos y utilidades gravados a aquellos que sean distribuidos por los contribuyentes del IRAE que hayan sido beneficiarios de dividendos y utilidades distribuidos por otro contribuyente del tributo, a condición de que en la sociedad que realizó la primera distribución, los mismos se hayan originado en rentas gravadas por el IRAE.

Estarán exentas las utilidades distribuidas por las sociedades personales cuyos ingresos no superen el límite que fije el Poder Ejecutivo, quien queda facultado a considerar el número de dependientes, la naturaleza de la actividad desarrollada u otros criterios objetivos.

Nota: Este literal fue sustituido por Ley N° 18.172, de 31.08.007, art. 321.

D) Los incrementos patrimoniales originados en rescates en el patrimonio de entidades contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, del Impuesto a las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión y en entidades exoneradas de dichos tributos en virtud de normas constitucionales.

E) Las rentas originadas en la enajenación de acciones, y demás participaciones en el capital de entidades contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, y de entidades exoneradas de dicho tributo por normas constitucionales y sus leyes interpretativas, cuando ese capital esté expresado en títulos al portador.

F) Las rentas producidas por la diferencia de cambio originada en la tenencia de moneda extranjera o en depósitos y créditos en dicha moneda salvo cuando esos créditos correspondan a cuentas a cobrar por rendimientos del capital, rendimientos del trabajo, saldos de precio por transmisiones patrimoniales de bienes distintos a los mencionados en el presente literal y en el literal G).

G) Las rentas producidas por el reajuste originado en la tenencia de valores reajustables, depósitos o créditos sometidos a cláusulas de reajuste, con las mismas excepciones a que refiere el literal anterior.

H) Las donaciones a entes públicos.

I) Los incrementos patrimoniales derivados de las trasmisiones patrimoniales cuando el precio de las mismas consideradas individualmente no supere las 30.000 U.I. (treinta mil unidades indexadas) y siempre que la suma de las operaciones que no exceda dicho monto, sea inferior en el año a las 90.000 U. I. (noventa mil unidades indexadas). Si no existiera precio se tomará el valor en plaza para determinar dicha comparación.

J) Las correspondientes a compañías de navegación marítima o aérea. En caso de compañías extranjeras la exoneración regirá siempre que en el país de su nacionalidad las compañías uruguayas de igual objeto, gozaren de la misma franquicia. Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar a las compañías extranjeras de transporte terrestre, a condición de reciprocidad.

K) Las rentas correspondientes a fletes para el transporte marítimo o aéreo de bienes al exterior de la República, estarán exentas en todos los casos.

L) Las provenientes de actividades desarrolladas en el exterior, y en los recintos aduaneros, recintos aduaneros portuarios, depósitos aduaneros y zonas francas, por entidades no residentes, con mercaderías de origen extranjero manifestadas en tránsito o depositadas en dichos exclaves, cuando tales mercaderías no tengan origen en territorio aduanero nacional, ni estén destinadas al mismo. La exoneración será asimismo aplicable cuando las citadas mercaderías tengan por destino el territorio aduanero nacional, siempre que tales operaciones no superen en el ejercicio el 5% (cinco por ciento) del monto total de las enajenaciones de mercaderías en tránsito o depositadas en los exclaves, que se realicen en dicho período. En tal caso será de aplicación al importador el régimen de precios de transferencia.

M) Las obtenidas por los organismos oficiales de países extranjeros a condición de reciprocidad.

N) Las que obtengan los organismos internacionales a los que se halle afiliado el Uruguay, y los intereses y reajustes correspondientes a préstamos otorgados por instituciones financieras estatales del exterior para la financiación a largo plazo de proyectos productivos.

O) Los premios de los juegos de azar y de carreras de caballos, los que mantendrán su tributación específica para cada caso.

P) Las rentas pagadas o acreditadas por la fundación creada por el "Institut Pasteur" de París de conformidad con la Ley N° 17.792, de 14 de julio de 2004, correspondientes a servicios prestados desde el exterior y a adquisiciones de bienes inmateriales producidos en el exterior.

Fuente: Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, artículo 9°.

Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, Art. 321.

TITULO 10

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

(IVA)

Artículo 19.- Exoneraciones.- Exonéranse:

1) Las enajenaciones de:

A) Moneda extranjera, metales preciosos, amonedados o en lingotes, títulos y cédulas, públicos y privados y valores mobiliarios de análoga naturaleza.

B) Bienes inmuebles, con excepción de las comprendidas en el literal I) del artículo 18 de este Texto Ordenado. Las enajenaciones de terrenos sin mejoras estarán exoneradas en todos los casos.

Estarán asimismo exoneradas las enajenaciones de bienes inmuebles realizadas por el Banco Hipotecario del Uruguay, y las realizadas por la Agencia Nacional de Vivienda por sí o a través de los fideicomisos que se constituyan a tales efectos siempre que dicha Agencia sea el agente fiduciario.

Nota: Este inciso fue agregado por Ley N° 18.341, de 30.08.008 art. 20.

C) Cesiones de créditos.

D) Máquinas agrícolas y sus accesorios. Esta exoneración tendrá vigencia cuando la otorgue el Poder Ejecutivo.

Establécese un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza e importaciones de bienes y servicios destinados a la fabricación de los bienes mencionados en el presente literal.

E) Combustibles derivados del petróleo, excepto fueloil y gasoil, entendiéndose por combustibles los bienes cuyo destino natural es la combustión.

F) Leche pasterizada y ultrapasterizada, vitaminizada, descremada y en polvo, excepto la saborizada y la larga vida envasada en multilaminado de cartón, aluminio y polietileno.

G) Bienes a emplearse en la producción agropecuaria y materias primas para su elaboración. El Poder Ejecutivo determinará la nómina de artículos y materias primas comprendidas en este literal y podrá establecer para los bienes allí mencionados, un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza e importaciones cuando no exista producción nacional suficiente, de bienes y servicios destinados a su elaboración, una vez verificado el destino de los mismos, así como las formalidades que considere pertinente.

H) Diarios, periódicos, revistas, libros y folletos de cualquier naturaleza, con excepción de los porno-gráficos. Estará asimismo exento el material educativo. El Poder Ejecutivo determinará la nómina de los artículos comprendidos dentro del material educativo.

Establécese un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza e importaciones, de bienes y servicios destinados a la fabricación de los bienes mencionados en el presente literal.

I) Suministro de agua para el consumo familiar básico, dentro de los límites que establezca el Poder Ejecutivo.

J) Carne ovina y sus menudencias. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo.

K) Pescado. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo.

L) Leña. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo.

M) Frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural.

Esta exoneración no regirá cuando para estos productos corresponda una tasa mayor que cero en los hechos imponibles referidos en el inciso primero del artículo 1° del Título 9 de este Texto Ordenado.

Lo dispuesto en el presente literal queda suspendido hasta el 1° de julio de 2015.

N) Carne de ave. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo.

Ñ) Carne de cerdo. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo.

O) Se faculta al Poder Ejecutivo a incluir, dentro de los límites que este establezca, el suministro de agua que tenga por destino el riego en explotaciones agropecuarias.

Nota: Este literal fue agregado por Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, art. 316.

P) Se faculta al Poder Ejecutivo a incluir el suministro de agua de los centros educativos dependientes de la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y los centros hospitalarios públicos, según lo establezca la reglamentación.

Nota: Este literal fue agregado por Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, art. 323.

Q) Obras de carácter musical y cinematográfico, en formato de disco compacto (CD), disco de video digital (DVD) u otros soportes digitales y en celuloide. Establécese un régimen de devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las compras en plaza e importaciones de bienes y servicios destinados a la producción de los bienes enunciados en el presente literal.

Nota: Este literal Q) fue agregado por Ley N° 18.341 de 30 de agosto de 2008 art. 21.

2) Las siguientes prestaciones de servicios:

A) Intereses de valores públicos y privados y de depósitos bancarios.

B) Las retribuciones que perciban los agentes de papel sellado y timbres y agentes y corredores de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.

C) Arrendamientos de inmuebles.

D) Seguros y reaseguros que cubran contra los riesgos de incendio y climáticos a los siguientes bienes:

i) Los cultivos agrícolas, hortícolas, frutícolas y forestales ubicados dentro del territorio nacional.

ii) Las estructuras de protección para los cultivos mencionados.

iii) Todas las especies de la producción animal desarrollada en nuestro país.

E) Las operaciones bancarias efectuadas por los Bancos, Casas Bancarias y por las Cooperativas de Ahorro y Crédito comprendidas en el artículo 28 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con excepción del Banco de Seguros del Estado.

No quedan comprendidos en la presente exoneración los intereses de préstamos que se concedan a las personas físicas que no sean contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA).

Quedan exonerados los intereses de préstamos concedidos por el Banco Hipotecario del Uruguay destinados a la vivienda y los intereses de préstamos que otros sujetos otorguen con el mismo destino en moneda nacional, en unidades indexadas (UI) o en unidades reajustables (UR). Quedan derogadas las restantes exoneraciones de intereses de préstamos destinados a vivienda, salvo las correspondientes a los préstamos otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, así como a sus respectivas novaciones.

Los intereses de créditos y financiaciones otorgados mediante órdenes de compra, así como los intereses de créditos y financiaciones otorgados mediante tarjetas de crédito y similares, estarán gravados en todos los casos.

F) Las realizadas por empresas registradas ante las autoridades competentes para la modalidad de aplicación de productos químicos, siembra y fertilización destinados a la agricultura.

G) Suministro de frío mediante la utililización de cámaras frigoríficas u otros procedimientos técnicos similares, a frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural.

H) Las retribuciones personales obtenidas fuera de la relación de dependencia, cuando las mismas se originen en actividades culturales desarrolladas por artistas residentes en el país.

I) Las comisiones derivadas por la intervención en la compraventa de valores públicos.

J) Las de arrendamiento de maquinaria agrícola y otros servicios relacionados con la utilización de la misma, realizados por cooperativas de productores, asociaciones y agremiaciones de productores, a sus asociados.

K) Los juegos de azar existentes a la fecha de promulgación de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, asentados en billetes, boletos y demás documentos relativos a juegos y apuestas, con excepción del ‘5 de Oro’ y del ‘5 de Oro Junior’.

En el caso de los juegos que se encuentren gravados, el monto imponible estará constituido por el precio de la apuesta. Atendiendo a la naturaleza del juego el Poder Ejecutivo podrá establecer regímenes especiales de liquidación, en los que el monto imponible se determine mediante la diferencia entre el monto de las apuestas y el monto de los premios, siempre que por su aplicación no se genere una disminución en el monto total de la recaudación del conjunto de los juegos de azar.

Lo dispuesto en el presente literal es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 17.453, de 28 de febrero de 2002, en relación a la quiniela, quiniela instantánea, tómbola y ‘5 de Oro’ en sus distintas modalidades.

L) Los servicios prestados por hoteles fuera de alta temporada, relacionados con hospedaje. Esta exoneración regirá cuando así lo disponga el Poder Ejecutivo, quien queda facultado además, para fijar la forma, plazo, zonas geográficas y condiciones en que operará.

M) Seguros relativos a los riesgos de muerte, vejez, invalidez, enfermedades y lesiones personales. Esta exoneración regirá cuando lo disponga el Poder Ejecutivo.

Las empresas aseguradoras que realicen operaciones incluidas en la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, quedarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado (IVA), sobre las primas que cobren por el seguro de invalidez y fallecimiento contratado según el artículo 57 de la ley citada.

Interprétase que la exoneración a que refiere el inciso anterior, comprende a las primas destinadas a fi-nanciar la adquisición de la renta vitalicia provisional establecida en los artículos 54 a 56 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

N) Servicios de construcción sobre bienes inmuebles no destinados a actividades que generen al prestatario ingresos gravados por el IVA, ni rentas gravadas por el IRAE, y en tanto las retribuciones del personal del prestador tributen el Aporte Unificado de la Construcción.

Se entenderá por servicios de construcción a los efectos de este literal, los arrendamientos de obra y de servicios en los que los únicos materiales aportados por el prestador son aquellos considerados prestaciones accesorias, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.

Ñ) Los servicios de campos de recría, pastoreos, aparcerías, medianerías y actividades análogas, cuando lo establezca el Poder Ejecutivo.

Nota: Este literal fue agregado por Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, Art. 319.

Nota: La Ley N° 18.341, de 30 de agosto de 2008 art. 22, dispuso en el artículo 22 lo siguiente:

Artículo 22.- Facúltase al Poder Ejecutivo a agregar al numeral 2) del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, los siguientes literales:

"O) Arrendamiento de discos compactos (CD) o discos de video digital (DVD) que contengan obras de carácter musical y cinematográfico.

P) La distribución de películas cinematográficas para la exhibición en salas de cine".

3) Las importaciones de:

A) Petróleo crudo.

B) Bienes cuya enajenación se exonera por el presente artículo.

C) Vehículos de transporte colectivo de personas por calles, caminos o carreteras nacionales destinados a la prestación de servicios regulares (líneas), de carácter departamental, nacional o internacional.

Fuente: Ley N° 14.100, de 29 de diciembre de 1972, artículo 87.

Decreto-Ley N° 14.189, de 30 de abril de 1974, artículos 511, 512 y 513.

Decreto-Ley N° 14.252, de 22 de agosto de 1974, artículos 314 (Texto parcial) y 365.

Decreto-Ley N° 14.948, de 7 de noviembre de 1979, artículo 28 (Texto parcial).

Decreto-Ley N° 15.294, de 23 de junio de 1982, artículos 12 y 13.

Decreto-Ley Especial N° 7, de 23 de diciembre de 1983, artículos 84 y 88.

Decreto-Ley N° 15.584, de 27 de junio de 1984, artículo 3°.

Decreto-Ley N° 15.646, de 11 de octubre de 1984, artículo 12.

Ley N° 15.767, de 13 de setiembre de 1985, artículos 59 y 70.

Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, artículo 663.

Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986, artículos 159 y 181.

Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, artículos 429, 430 y 432.

Ley N° 15.927, de 22 de diciembre de 1987, artículo 1°.

Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, artículos 98 y 99.

Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, artículo 630.

Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991, artículos 455 y 467.

Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, artículos 4, 11, 12 y 13.

Ley N° 16.736, de 5 de enero 1996, artículos 649, 658, 661 y 662.

(Texto integrado).

Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001, artículos 552 y 589.

Ley N° 17.453, de 28 de febrero de 2002, artículo 15. (D. Of. 1°.03.002).

Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, artículo 27. (D. Of. 18.01.007).

Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, arts. 316, 319 y 323 (D. Of. 07.09.007).

Ley N° 18.341, de 30 de agosto de 2008, artículos 20, 21 y 22 (D. Of.: 04.09.008).

Nota: Este artículo fue sustituido por Ley N° 18.083, de 27.12.006, Art. 27 Nuevo sistema Tributario. (D. Of.: 18.01.007). Vigencia: 01.07.007.

TITULO 14

IMPUESTO AL PATRIMONIO

(PAT)

Artículo 47. (Abatimiento).- Los sujetos pasivos de los literales B) y C) del artículo 1° del Título 14 de este Texto Ordenado, abatirán el impuesto del ejercicio en el monto generado en el mismo ejercicio por concepto del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA), en caso de haber optado por tributar este último impuesto.

El límite máximo del abatimiento ascenderá al 50% (cincuenta por ciento) del Impuesto al Patrimonio generado en el ejercicio. El Poder Ejecutivo podrá disminuir dicho porcentaje.

Los impuestos adicionales establecidos en los artículos 8° y 9° del Título 9 de este Texto Ordenado, no serán tenidos en cuenta para el abatimiento previsto en los artículos precedentes.

El monto de los pagos del IMEBA a ser aplicado al abatimiento del impuesto de este Título, se determinará conforme a las cantidades retenidas a los sujetos pasivos, que establezca la Dirección General Impositiva en función de las declaraciones de los agentes de retención, o los medios de prueba legalmente admitidos para acreditar la extinción de las obligaciones que pueda aportar el contribuyente.

Fuente: Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, artículo 666.

Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, artículo 49.

Nota: Este artículo fue sustituido por Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, art. 49. Nuevo Sistema Tributario. Ejercicios iniciados a partir del 01.07.007 para los sujetos mencionados en el art. 3, del Título 4, TO 96, en la redacción dada por esta ley.

DECRETO-LEY N° 15.322,

de 17 de setiembre de 1982

CAPITULO I - ACTIVIDADES Y EMPRESAS COMPRENDIDAS

Artículo 1°.- Toda persona pública no estatal o privada que realice intermediación financiera quedará sujeta a las disposiciones de esta ley, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares, que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

A los efectos de esta ley, se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos valores, dinero o metales preciosos.

Artículo 2°.- Las instituciones estatales que por la índole de sus operaciones queden comprendidas en esta ley, estarán igualmente sujetas a sus disposiciones, a los reglamentos y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay.

Para la aprobación o modificación de las cartas orgánicas y demás normas que rijan la actividad de las instituciones financieras del Estado, se oirá previamente al Banco Central del Uruguay.

CAPITULO VI - SECRETO PROFESIONAL

Artículo 27.- Las empresas comprendidas en los artículos 1° y 2° de esta ley no podrán facilitar noticia alguna sobre los fondos o valores que tengan en cuenta corriente, depósito o cualquier otro tipo de concepto, pertenecientes a persona física o jurídica determinada. Tampoco podrán dar a conocer informaciones confidenciales que reciban de sus clientes o sobre sus clientes. Las operaciones e informaciones referidas se encuentran amparadas por el secreto profesional, y solo pueden, ser reveladas por autorización expresa y por escrito del interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal o de la Justicia competente si estuviera en juego una obligación alimentaria y en todos los casos, sujeto a las responsabilidades más estrictas por los perjuicios emergentes de la falta de fundamento de la solicitud.

No se admitirá otra excepción que las establecidas en esta ley.

Quienes incumplieren el deber establecido en este artículo, serán sancionados con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

DECRETO-LEY N° 15.611,

de 10 de agosto de 1984

Artículo 1°.- Autorízase la constitución de "Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de la Previsión Social", con autonomía financiera, a nivel gremial o profesional y también para afiliados activos o pasivos del sistema de Seguridad Social, las que ajustarán su funcionamiento a las normas de la presente ley.

Quedan excluidas las sociedades de carácter comercial y las constituidas exclusivamente con aportes patronales.

Artículo 2°.- Dichas Sociedades tendrán como objeto principal el establecimiento de regímenes de previsión individual complementarios del sistema de seguridad social, de adscripción voluntaria, para la cobertura de las contingencias relativas a la incapacidad, total o parcial, la vejez o muerte. Podrán tener objetivos, complementarios, tales como la cobertura de las demás contingencias enumeradas en el artículo 4° del Acto Institucional N° 9 de 23 de octubre de 1979, el mantenimiento de hogares estudiantiles para los hijos de los afiliados y hogares de vacaciones para los socios y familiares.

Artículo 3°.- Estas Sociedades Administradoras para alcanzar sus objetivos podrán constituir fondos basados tanto en el sistema de capitalización como de reparto.

Artículo 4°.- Las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social, podrán organizarse mediante cualquiera de las formas reconocidas por el derecho privado. Cuando se instituya una Asociación Civil, será requisito esencial para su constitución, la obtención de personería jurídica acordada por la autoridad competente.

En todos los casos será exigencia previa para dicha constitución, la aprobación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de un estudio técnico, presentado por la peticionante, sobre la factibilidad actuarial del régimen de previsión complementaria que propone y el cumplimiento de los demás requisitos que al efecto establezca la reglamentación.

Estarán exoneradas de pleno derecho de tributos nacionales y de aportes de la Seguridad Social a su cargo.

Artículo 5°.- El patrimonio de estas Sociedades Administradoras podrá integrarse con:

A) La aprobación de sus asociados.

B) Los intereses devengados por las colocaciones efectuadas así como las rentas que provengan de sus bienes o valores.

C) Las contribuciones de origen público o privado y las donaciones o legados que puedan hacerse a su favor.

Artículo 6°.- Cada Sociedad estará gobernada por una Asamblea General Representativa de sus asociados y un Consejo Directivo.

El estatuto social establecerá las formas de elección del Consejo Directivo y sus cometidos, la oportunidad en que será convocada Asamblea General Representativa y sus atribuciones, así como la posibilidad de someter a plebiscito determinadas resoluciones.

Artículo 7°.- El Consejo Directivo tendrá no menos de cinco miembros y será de carácter honorario.

Artículo 8°.- Para que la Asamblea General pueda sesionar validamente, se necesitará un quórum del cin-cuenta por ciento de los asociados en la primera convocatoria.

Artículo 9°.- Serán obligaciones de los asociados efectuar los ahorros o aportes en forma sistemática dentro del régimen elegido, conforme a la reglamentación que se establezca. En los períodos en que permanezcan inactivos el Consejo Directivo podrá suspender esta obligación.

Autorízase a los organismos del Estado y a las entidades privadas a retener de las retribuciones que deban abonar, las sumas que los asociados se comprometan a aportar a las sociedades a que se afilien.

Artículo 10.- El monto de lo ahorrado para cada asociado, tratándose de fondos administrados bajo régimen de capitalización, será personal e intransferible, salvo fallecimiento del titular.

No obstante, siempre que no se trate de entidades gremiales o profesionales, el pasaje de una a otra sociedad determinará el correspondiente ajuste y traspaso de fondos.

Artículo 11.- Los Fondos de estas Sociedades solo podrán invertirse en instrumentos financieros ofrecidos por el Sector Público y en depósitos en banco del Estado.

Podrán invertirse, asimismo, en bienes inmuebles pero sólo en un porcentaje que no exceda del veinticinco por ciento del total de dichos fondos.

Artículo 12.- Los gastos de administración de estas Sociedades no podrán superar el ocho por ciento del total anual de fondos recaudados.

Artículo 13.- Estas Sociedades podrán asociarse entre ellas, cuando sus estatutos así lo autoricen, requiriéndose el voto conforme de dos tercios de presentes de sus respectivas Asambleas Generales y la autorización del Poder Ejecutivo en acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 14.- El Ministerio de Trabajo y Seguridad fiscalizará el financiamiento de estas Sociedades de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.

Sin perjuicio de ello, corresponderá a la Inspección General de Hacienda y al Banco Central del Uruguay ejercer la fiscalización de estas Sociedades en el ámbito de sus específicas competencias.

Artículo 15.- La liquidación de las Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social será, en todos los casos, de cargo del Poder Ejecutivo.

Artículo 16.- Créase el Registro de "Sociedades Administradoras de Fondos Complementarios de Previsión Social" que estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 17.- Las entidades existentes a la fecha de vigencia de la presente ley, deberán ajustarse orgánica y funcionalmente a las exigencias y controles previstos por

el régimen que se instituye, dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de la reglamentación, salvo en lo referente a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 11. En este último caso se mantendrán las colocaciones ya realizadas, debiéndose efectuar las futuras solo en las modalidades dispuestas por el inciso primero del citado artículo 11, hasta que se llegue a la proporción establecida.

El no cumplimiento de la obligación prevista en esta norma determinará automáticamente la liquidación de la entidad.

Artículo 18.- La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los ciento veinte días contados a partir de su publicación.

Artículo 19.- Comuníquese, etc.

LEY N° 16.002,

de 25 de noviembre de 1988

CAPITULO IX - ORGANISMOS DEL ARTICULO 220 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

INCISO 16 - PODER JUDICIAL

Artículo 129.- La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos en cuanto a la existencia del original transmitido.

Artículo 130.- El que voluntariamente transmitiere a distancia entre dependencias oficiales un texto del que resulte un documento infiel, incuirrá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda.

LEY N° 16.060,

de 4 de setiembre de 1989

SOCIEDADES COMERCIALES

APRUEBANSE LAS NORMAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

SECCION IX

De la administración y representación

Artículo 83. (Diligencia y responsabilidad de los administradores y representantes).- Los administradores y los representantes de la sociedad deberán obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que falten a sus obligaciones serán solidariamente responsables frente a la sociedad y los socios, por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión.

El Juez determinará la parte contributiva de cada responsable en la reparación del daño.

SECCION X

De la documentación y contabilidad

Artículo 92. (Memoria).- Los administradores de las sociedades deberán rendir cuentas sobre los negocios sociales y el estado de la sociedad, presentando una memoria explicativa del balance general (estado de situación patrimonial y de resultados), informando a los socios sobre todos los puntos que se estimen de interés.

Especialmente se establecerá:

1) Las razones de variaciones significativas operadas en las partidas del activo y del pasivo.

2) Una adecuada explicación de los gastos y ganancias extraordinarias y su origen y de los ajustes por ganancias y gastos de ejercicios anteriores, cuando sean significativos.

3) Las razones por las cuales se proponga la constitución de reservas, explicadas clara y circuns-tanciadamente.

4) Explicación u orientación sobre la perspectiva de las futuras operaciones.

5) Las relacionadas con las sociedades vinculadas, controladas o controlantes y las variaciones operadas en las respectivas participaciones y en los créditos y deudas.

6) Las causas, detalladamente expuestas, por las que se proponga el pago de dividendos o la distribución de ganancias en otra forma que en efectivo.

SUB SECCION III

Del capital

Artículo 288. (Aumento obligatorio).- Una vez aprobado el balance general de la sociedad, cuando el capital social represente menos del 50% (cincuenta por ciento) del capital integrado más las reservas, la sociedad deberá capitalizar esas reservas hasta alcanzar por lo menos aquel porcentaje.

El aumento del capital social resultante será dispuesto por el órgano de administración dentro de los treinta días de aprobado el balance y no requerirá conformidad administrativa. La resolución del órgano de administración disponiendo el aumento se comunicará al Registro Público de Comercio y se publicará.

Por el aumento resultante la sociedad deberá emitir nuevas acciones.

SUB SECCION IV

De las acciones

Artículo 303. (Acciones escriturales).- El contrato social podrá establecer o autorizar que algunas o todas las acciones, o una o más series o clases de ellas, no se representen en títulos negociables. Estas acciones se anotarán en el Libro Registro de Acciones Escriturales a nombre de sus titulares.

La propiedad de las acciones escriturales se probará por su registro en el libro que se establece en el inciso anterior.

La sociedad deberá extender a su titular, cada vez que lo solicite, un certificado con la individualización completa de la acción o acciones de su propiedad, a la fecha de la solicitud. Igual obligación procederá respecto del acreedor prendario o del usufructuario.

La sociedad responderá por las pérdidas o daños causados a los interesados por errores e irregularidades en las anotaciones de estas acciones.

Artículo 304. (Acciones nominativas y al portador).- Las acciones podrán ser al portador o nominativas y en este último caso, endosables o no.

CAPITULO II - DE LAS SOCIEDADES EN PARTICULAR

SECCION V - DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

SUB SECCION V - DE LOS ACCIONISTAS

Artículo 326. (Derechos de preferencia).- Las acciones ordinarias, así como las preferidas y de goce, otorgarán a sus titulares derecho preferente a la suscripción o adquisición de nuevas acciones de la misma clase y el derecho de acrecer, en proporción a las que posean. Igual derecho corresponderá a los suscriptores de acciones.

Cuando con la conformidad de las distintas clases de acciones, adoptada en las asambleas especiales (artículo 349), no se mantenga la proporcionalidad entre ellas, sus titulares se considerarán integrantes de una sola clase para el ejercicio del derecho de preferencia.

Asimismo deberá respetarse la proporción de cada accionista en la capitalización de reservas, reajustes de valores del activo y otros fondos especiales, inscriptos en el balance, en el pago de dividendos con acciones y en procedimientos similares por los que deban entregarse acciones liberadas.

Los que tengan derecho de preferencia de acuerdo a los incisos anteriores, también lo tendrán para la suscripción de debentures convertibles en acciones y partes beneficiarias convertibles en acciones, emitidos para ser enajenados onerosamente. No habrá derecho de preferencia en la conversión en acciones.

Los derechos que reconoce este artículo no podrán ser suprimidos o condicionados, salvo lo dispuesto en el artículo 330.

Artículo 327. (Transferencia a terceros).- Los que tengan derecho de preferencia podrán cederlo a terceros o a otros que también tengan tal derecho.

Artículo 328. (Ejercicio del derecho de preferencia).- En los casos que proceda el ejercicio de cualquiera de los derechos establecidos en el artículo 326, la sociedad hará el ofrecimiento de las acciones, mediante avisos por tres días en el Diario Oficial y en otro diario.

Quienes tengan derecho de preferencia, lo ejercerán dentro de los treinta días siguientes al de la última publicación, si el contrato social no estableciera un plazo mayor. El derecho de acrecer se ejercerá en los treinta días subsiguientes. Vencidos ambos plazos, las acciones no suscriptas podrán ofrecerse a terceros o al público.

Artículo 329. (Acción judicial de quien tenga derecho de preferencia).- Todos los que tengan derecho de preferencia, a quienes la sociedad les prive de esos derechos, podrá exigir judicialmente que esta cancele las suscripciones que les hubieran correspondido. Tratándose de enajenación o entrega de acciones ya cumplidas, no podrán procederse a la cancelación prevista; pero los perjuidicados tendrán derecho a que la sociedad y el administrador o los directores culpables, solidariamente, les indemnicen los daños causados. En ningún caso, la indemnización será inferior al triple del precio por el cual se emitan las acciones que hayan podido suscribir o adquirir conforme al artículo 326. En ambos casos, serán de cuenta de la sociedad o de quienes respondan solidariamente, los gastos y honorarios que se devenguen por el trámite judicial.

Las acciones del inciso anterior deberán ser promovidas en el término de seis meses a partir del vencimiento del plazo de suscripción o del momento en que puedan adquirirse las acciones. Podrán ser iniciadas por el perjudicado, el administrador de la sociedad o cualquiera de los directores o síndicos.

Artículo 330. (Limitaciones o suspensiones al derecho de preferencia. Condiciones).- Por asamblea extraordinaria se podrá resolver en casos particulares y cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción o adquisición de nuevas acciones, cuando su consideración se incluya en el orden del día y se trate de acciones a integrarse con aportes en especies o que se den en pago de obligaciones preexistentes, así como de un aporte de dinero que por su importancia sea absolutamente necesario para el desarrollo de los negocios sociales o el saneamiento de la sociedad.

Los accionistas disidentes con derecho de preferencia, podrán receder.

SUB SECCION VI

De los libros sociales

Artículo 334. (Libro de Registro de Acciones Escriturales).- Si el estatuto prevé acciones escriturales (artículo 303) deberá llevarse un Libro de Registro de las mismas, realizándose iguales anotaciones, en lo pertinente, a lo dispuesto en el artículo anterior.

CAPITULO II - DE LAS SOCIEDADES EN PARTICULAR

SECCION V - DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

SUB SECCION XI - DEL CONTROL DE LAS SOCIEDADES ANONIMAS

2. DE LA FISCALIZACION ESTATAL

Artículo 419. (Obligación de reserva).- El órgano estatal de control guardará reserva sobre todos los actos que intervenga y cuya publicación no sea determinada por la ley. No obstante suministrará informaciones sobre el domicilio y sede de las sociedades, disposiciones estatutarias vigentes, constitución de sus directorios y los estados contables, a los titulares de un interés directo, personal y legítimo.

También podrán suministrar la referida información a otros órganos u organismos nacionales con responsabilidades y competencias de supervisión y contralor sobre la actividad de la sociedad en cuestión, cuando dicha información sea solicitada como parte de un procedimiento administrativo desarrollado en ejecución de las referidas competencias.

En todos los casos los requerimientos se efectuarán por escrito y en forma fundada. De la resolución favorable se remitirá copia a la sociedad involucrada.

La obligación de guardar reserva se extenderá a los funcionarios del órgano estatal de control, bajo pena de destitución y sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

El Juez competente, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá liberar de la obligación a que refieren los incisos anteriores.

Fuente: Redacción dada por Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000 artículo 59.

SUB SECCION XIII

De los debentures u obligaciones negociables

3°.- De los fiduciarios

Artículo 456. (Prohibiciones).- No podrán ser fiduciarios, el administrador o los directores, el síndico o los integrantes de la comisión fiscal, los empleados de la sociedad emisora ni los que no puedan ser administradores, directores o integrantes del órgano fiscalizador de las sociedades anónimas. Tampoco podrán serlo los accionistas que posean más del 20% (veinte por ciento) del capital social, ni una sociedad vinculada, controlada o controlante.

Artículo 457. (Funciones).- Los fiduciarios tendrán a su cargo:

1) La gestión de las suscripciones.

2) El control de las integraciones, cuando corresponda.

3) La representación legal de los debenturistas.

4) La defensa conjunta de los derechos e intereses de los obligacionistas durante la vigencia del empréstito y hasta su cancelación total de acuerdo con las disposiciones de esta Sección.

Artículo 464. (Responsabilidad de los fiduciarios).- Los fiduciarios responderán frente a los tenedores de obligaciones y a la sociedad en los casos de dolo o culpa grave en el desempeño de su cargo.

LEY N° 16.497,

15 de junio de 1994

Artículo 1°.- Se consideran representantes de firmas extranjeras a las empresas físicas o jurídicas domiciliadas en el país que, en forma habitual y autónoma, presten servicios consistentes en preparar, promover, facilitar o perfeccionar la transferencia de bienes o servicios que ofrezcan las firmas extranjeras percibiendo una comisión o porcentaje a cargo del comitente.

Artículo 2°.- Los representantes de firmas extranjeras deberán ser inscriptos en el Registro Nacional de Representantes de Firmas Extranjeras que llevará el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 3°.- Para inscribirse en el Registro Nacional de Representantes de firmas Extranjeras se requiere:

1) Tener matrícula vigente de comerciante.

2) Estar debidamente inscriptos ante el Banco de Previsión Social y la Dirección General Impositiva.

3) Acreditar honradez y costumbres morales en la misma forma que para los procuradores establece el numeral 4°) del artículo 151 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985.

4) No haber sido declarado fallido o concursado, salvo el caso de rehabilitación y obtención de carta de pago.

Artículo 4°.- Aquellos que a la fecha de entrada de vigencia de la presente Ley se encontraren en las condiciones del artículo 1° podrán obtener su matriculación justificando mediante certificado notarial los extremos exigidos por la Ley.

Cualquier representante de firmas extranjeras o las asociaciones civiles debidamente mandadas por los mismos podrán oponerse en vía administrativa a la matriculación de todo aquel que no cumpla con los requisitos referidos en el artículo 3° de la presente Ley así como someter a la autoridad registral que no se ha cumplido con alguno de los extremos legales o reglamentarios, como también solicitar la cancelación de su inscripción.

Artículo 5°.- También la actividad de representantes de firmas extranjeras podrá realizarse a través de sociedades comerciales.

En tales casos los representantes legales de la sociedad deberán llenar las condiciones a que refieren los numerales 3) y 4) del artículo 3°.

Artículo 6°.- Cuando las compras o contrataciones de servicios en el exterior sean cursadas por medio de representantes de firmas extranjeras, solo podrán hacerse a través de los debidamente matriculados.

Artículo 7°.- En cada negocio en que intervenga un representante de firma extranjera se establecerá el nombre del representante de que se trate y su número de registro.

Artículo 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del plazo de noventa días a contar de la fecha de su entrada en vigencia.

La inscripción de quienes a dicha fecha se hallen ejerciendo como representantes de firmas extranjeras deberá hacerse efectiva dentro del plazo que determine la reglamentación, el que no podrá exceder de noventa días a contar de la fecha del Decreto respectivo.

LEY N° 16.696

de 30 de marzo de 1995

CAPITULO VIII - NORMAS DE SUPERVISION UNIFICADA

Artículo 36. (Organización y funcionamiento de la supervisión).- Habrá una Superintendencia de Servicios Financieros, que estará a cargo de un Superintendente con adecuada formación profesional y universitaria, prestigio e idoneidad técnica, que actuará por un período de ocho años en sus funciones, y cuya designación y cese serán dispuestos por el Directorio del Banco, con cuatro votos conformes.

Dicha Superintendencia dependerá directamente del Directorio del Banco y actuará con desconcentración y con autonomía técnica y operativa.

No obstante, el Directorio del Banco podrá avocar en cualquier momento el dictado de normas generales relativas al sistema financiero a que refiere el literal A) del artículo 38 y la aprobación de los planes de recomposición patrimonial o adecuación que presenten las empresas supervisadas a que refiere el literal G) del artículo 38, así como podrá revocar de oficio y modificar los actos administrativos que dicte la Superintendencia en el ejercicio de la competencia que le atribuyen dichos literales.

La Superintendencia establecerá la organización funcional de sus servicios, y tendrá iniciativa ante el Directorio para la designación de su personal, previamente seleccionado, así como para disponer su destino interno, conforme a las normas presupuestales y al Estatuto del funcionario del Banco.

Asimismo, podrá delegar atribuciones en funcionarios de su directa dependencia mediante resolución fundada, pudiendo avocar en cualquier momento los asuntos que fueron objeto de delegación.

Fuente: Redacción dada por: Ley N° 18.401, de 24 de octubre de 2008, artículo 9.

LEY N° 16.736,

de 5 de enero de 1996

SECCION VIII - NORMAS DE DESREGULACION Y REFORMA ADMINISTARTIVA

CAPITULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 695.- Los trámites y actuaciones que conforman el procedimiento administrativo así como los actos administrativos podrán realizarse por medios informáticos.

Su validez jurídica y valor probatorio serán idénticos a los de las actuaciones administrativas que se tramiten por medios convencionales.

La firma autógrafa podrá ser sustituida por contraseñas o signos informáticos adecuados.

Artículo 697.- La documentación emergente de la transmisión por medios informáticos o telemáticos constituirá de por sí documentación auténtica y hará plena fe, a todos sus efectos, en cuanto a la existencia del original transmitido.

El que voluntariamente transmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere o destruya un documento almacenado en soporte magnético, o su respaldo, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda.

LEY N° 16.749,

de 30 de mayo de 1996

MERCADO DE VALORES

SE APRUEBA EL MISMO, EN LO REFERENTE A LA OFERTA PUBLICA DE VALORES Y SUS RESPECTIVOS MERCADOS

TITULO I

MERCADO DE VALORES

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 1°.- La oferta pública de valores y sus respectivos mercados, bolsas e intermediarios, así como emisores de instrumentos de oferta pública, quedarán sometidos a las disposiciones de la presente Ley, a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

Las emisiones que realicen, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados industriales y comerciales, así como la Corporación Nacional para el Desarrollo, se ajustarán a la presente Ley, no siendo esta aplicable a los valores emitidos por el Estado y los Gobiernos Departamentales.

CAPITULO II

OFERTA PUBLICA DE VALORES

Artículo 2°. (Definiciones y alcance).- Se entiende por oferta pública de valores la invitación dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de éste, a efectos de adquirir dichos valores.

Las emisiones privadas quedan excluidas de las disposiciones del presente Título. Se considerarán tales las emisiones de valores en las que se deje expresa constancia de su carácter privado, se coloquen en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas, sea o no a través de intermediarios de valores, y no se coticen en Bolsa ni se haga publicidad para su colocación. Quien realice emisiones privadas será responsable de aclarar expresamente que dichas emisiones no han sido registradas por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 3°. (Registro de Valores).- Solo podrá hacerse oferta pública de valores cuando estos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro de Valores que a esos efectos llevará el Banco Central del Uruguay.

Artículo 4°. (Inscripción en el Registro de Valores).- La solicitud de inscripción de valores de oferta pública en el Registro de Valores podrá ser presentada por la entidad emisora o por una Bolsa de Valores.

En caso de presentación de valores por la entidad emisora, corresponderá al Banco Central del Uruguay decidir en cuanto a su inscripción. El trámite para autorizar la inscripción de los valores no podrá exceder los treinta días corridos contados desde la fecha en que la solicitud fuera presentada. El plazo podrá suspenderse si fuera necesario demandar información adicional, reanudándose cuando se haya presentado la misma.

Vencido dicho plazo sin que haya mediado pronunciamiento del Banco Central del Uruguay el valor se considerará inscripto en el Registro de Valores y autorizado por la oferta pública.

La inscripción podrá igualmente ser presentada por una Bolas de Valores, la que deberá haberla autorizado previamente, de acuerdo con las disposiciones contenidas en sus propios reglamentos. En estos casos, el plazo con que cuenta el Banco Central del Uruguay para decidir será de diez días corridos, vencido el cual sin que este se hubiera pronunciado, procederá la incorporación del valor al Registro mencionado.

Sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo, tanto las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para los valores presentados directamente por la emisora para su inscripción, como los reglamentos que dicten las Bolsas para los valores presentados, ante las suyas, podrán prever requisitos diferenciales en atención al tipo de valor, de oferta, de inversor al cual va dirigida y de emisor de que se trate, asegurando por parte del emisor la debida información respecto de la característica de la emisión y del régimen al cual se encuentra sujeta.

Será responsabilidad de la Bolsa de Valores respectiva que el valor inscripto cumpla con los requerimientos establecidos en los reglamentos de la propia Bolsa de Valores autorizados por el Banco Central del Uruguay.

Artículo 5°. (Divulgación de información).- Los emisores de valores objeto de oferta pública divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna, toda información esencial respecto de sí mismos, de los valores ofrecidos y de la oferta.

La reglamentación del Poder Ejecutivo, las normas generales e instrucciones del Banco Central del Uruguay, establecerán el contenido de la información y los requisitos para su divulgación, con la finalidad de que los potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados a los efectos de su decisión.

Artículo 6°. (Información reservada y confidencial).- Los emisores o intermediarios que hagan uso de información reservada o privilegiada, obtenida en razón de su cargo o posición, e ignorada por el mercado, para obtener ventajas con la negociación de valores, serán pasibles de las sanciones a que se refiere el Artículo 25 de la presente Ley, sin perjuicio de las acciones por daño a que ello diere lugar.

Serán pasibles de iguales sanciones y darán derecho a accionar civilmente por daños y perjuicios, los emisores o intermediarios que divulguen información falsa o tendenciosa sobre valores o emisiones con la finalidad de beneficiarse de ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación penal.

CAPITULO III

VALORES

Artículo 7°. (Definición).- Se entenderán por valores, a los efectos de la presente Ley, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes. Se incluyen en este concepto las acciones, obligaciones negociables, futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y en general, todo derecho de crédito o inversión.

Los valores de oferta pública, así como los valores de oferta privada emitidos en serie, podrán representarse por medio de títulos o registrarse mediante anotaciones en cuenta, denominándose en este caso valores escriturales.

Los valores escriturales podrán operar como fungibles de acuerdo con las condiciones que la reglamentación determine o las que faculte pactar a los interesados.

Artículo 8°. (Valores escriturales).- La representación de valores por medio de anotaciones en cuenta requerirá el otorgamiento de un documento de emisión en el que constarán las características, los términos y las condiciones que corresponderán a los valores. El documento de emisión o copia certificada del mismo deberá depositarse ante la entidad que lleve el registro de valores escriturales, en las formas y condiciones que establezca la reglamentación.

La entidad que lleve el registro de valores escriturales debe otorgar al suscriptor de dichos valores comprobantes de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que se inscriba en ella. Asimismo, el titular tendrá derecho a que se le entregue constancia del saldo y el estado de su cuenta.

Artículo 9°. (Titularidad y registro de valores escriturales).- Se presumirá titular legítimo aquel que resulte de los asientos del registro contable.

El registro de valores escriturales será atribuido a una única entidad por emisión. Esta podrá ser, a vía de ejemplo, una entidad de intermediación financiera, una Bolsa o una Caja de Valores, sin perjuicio del registro que el emisor pueda llevar por imposición legal reglamentaria.

Artículo 10. (Transmisión de valores escriturales).- La transmisión de los valores escriturales tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción en el registro de valores escriturales de la transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La transmisión será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la inscripción.

La entidad emisora solo podrá oponer, frente al adquirente de buena fe de valores escriturales, las excepciones que hubiere podido esgrimir en el caso de que los valores estuvieren representados por medio de títulos y aquellas que derivan del documento de emisión.

Artículo 11.- Las constancias que emite el registro, sea de la omisión, sea del saldo en cuenta, constituirán título suficiente para reclamar el cobro ejecutivo del precio o la propiedad del valor, respectivamente, en casos de incumplimiento.

Artículo 12. (Derechos reales).- La constitución de derechos reales u otra clase de gravámenes sobre valores escriturales deberá inscribirse en la cuenta correspondiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el derecho real será oponible a terceros desde el momento de su inscripción en el registro correspondiente.

CAPITULO IV

BOLSA DE VALORES

Artículo 13. (Definición).- Las Bolsas de Valores son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores mediante mecanismos de subasta pública, y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan de acuerdo con la Ley. Las Bolsas de Valores deberán adoptar preceptivamente la forma jurídica de asociación civil o de sociedad anónima por acciones nominativas.

Artículo 14. (Autorización y registro).- Las Bolsas de Valores requerirán autorización del Banco Central del Uruguay para funcionar, debiendo registrarse ante el mismo, acreditando haber cumplido con los requisitos exigidos legal y reglamentariamente.

La autorización referida en el inciso anterior no será exigida a la Bolsa de Valores de Montevideo y a la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay, bastando el registro en estos casos.

Artículo 15. (Autorregulación de las Bolsas).- Las Bolsas de Valores deberán dictar las normas necesarias para regular las operaciones bursátiles en todos sus aspectos y la actividad de los Corredores de Bolsa, estableciendo la información que los mismos deben brindar, y vigilando el estricto cumplimiento de las citadas normas, de manera de asegurar la existencia de un mercado competitivo, ordenado y transparente.

La autorregulación señalada es sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de reglamentar la presente Ley y del Banco Central del Uruguay de controlar el funcionamiento de las Bolsas de Valores y de impartir las normas generales e instrucciones particulares que estime necesarias para cumplir con los objetivos establecidos en el inciso anterior.

CAPITULO V

INTERMEDIARIOS DE VALORES

Artículo 16. (Concepto).- Se consideran intermediarios de valores aquellos personas físicas o jurídicas que realizan en forma profesional y habitual operaciones de corretaje, de comisión u otras tendientes a poner en contacto a oferentes y demandantes de valores objeto de oferta pública.

Artículo 17. (Corredores de Bolsa y su régimen jurídico).- Los intermediarios que actúan como miembros de una Bolsa de Valores se denominan Corredores de Bolsa. Para ser Corredor de Bolsa se requerirá cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación de la respectiva Bolsa de Valores.

Artículo 18. (Responsabilidad y prueba).- Los intermediarios de valores deben verificar la identidad y la capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio y la autenticidad de los valores que negocien.

Los intermediarios de valores quedan personalmente obligados a pagar el precio de la compra o hacer la entrega de los valores vendidos según las condiciones pactadas.

Los comprobantes, las minutas o las constancias que entreguen a sus clientes y las que se dieren recíprocamente, en los casos en que dos o más intermediarios concurran a la celebración de un negocio por encargo de diversas personas, hacen prueba en contra del intermediario de valores que las emite.

Artículo 19. (Inaplicabilidad de la Ley N° 16.497, de 15 de junio de 1994, y de los Artículos 89 a 113 del Código de Comercio).- No serán aplicables a los intermediarios que integren alguna Bolsa de Valores las disposiciones de la Ley N° 16.497, de 15 de junio de 1994, y del Capítulo I (de los Corredores, Artículos 89 a 113 inclusive) del Título III del Libro Primero del Código de Comercio.

CAPITULO VI

REGULACION DEL MERCADO DE VALORES

Artículo 20. (Fines).- Corresponde al Banco Central del Uruguay velar por la transparencia, la competitividad y la autorregulación de los mercados de valores de oferta pública, así como por la adecuada información a los inversionistas.

Artículo 21. (Limitación de emisiones).- El Banco Central del Uruguay, en ejercicio de sus funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede limitar, con carácter temporario, la oferta pública de nuevas emisiones de valores. La reglamentación del Poder Ejecutivo establecerá los límites de esta facultad.

La limitación no podrá exceder tres días hábiles. El Poder Ejecutivo, por resolución fundada en el interés general y oída la opinión de las Bolsas de Valores, podrá autorizar la extensión de este plazo hasta diez días hábiles.

Artículo 22. (Regulación y fiscalización).- A los fines previstos por la presente Ley, el Banco Central del Uruguay, en el ámbito de su competencia, dictará las normas a las cuales deberán ajustarse los mercados y las personas físicas o jurídicas que intervengan en la oferta pública de valores y fiscalizará su cumplimiento.

Asimismo, el Banco Central del Uruguay podrá reglamentar y fiscalizar la actividad de las entidades que se dediquen a calificar riesgos.

Artículo 23. (Atribuciones).- Para el ejercicio de las competencias previstas en la presente Ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las siguientes atribuciones:

A) Dictar normas tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente.

B) Llevar el registro de valores autorizaos para oferta pública.

C) Requerir a las personas mencionadas en el Artículo 22 de la presente Ley, que brinden información con la periodicidad y bajo las formas que el Banco juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos; para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el secreto profesional.

D) Aplicar las sanciones previstas en el Artículo 25 de la presente Ley.

E) Participar en organismos internacionales en la materia de su competencia y celebrar convenios con dichos organismos, así como con entidades reguladoras de mercados de valores en otros países, con sujeción a las normas legales aplicables.

CAPITULO VIII

REGIMEN SANCIONATORIO

Artículo 24. (Autorregulación disciplinaria de las Bolsas de Valores).- Las Bolsas de Valores establecerán el régimen disciplinario a adoptar con sus Corredores y con los emisores que coticen en ellas. Podrán ser aplicables las siguientes medidas, que deberán fundarse en todos los casos:

A) Observación.

B) Apercibimiento.

C) Suspensión de los Corredores de Bolsa.

D) Eliminación del registro de los Corredores de Bolsa.

E) Suspensión de la autorización para cotizar.

F) Cancelación de la autorización para cotizar.

Una vez aplicada la medida correspondiente, la respectiva Bolsa dará cuenta al Banco Central del Uruguay de sus razones y fundamentos, solicitando la suspensión o la cancelación del registro del valor, cuando correspondiere.

Artículo 25. (Facultades sancionatorias del Banco Central del Uruguay).- En casos de transgresiones a las normas que no fueren pasibles de sanción bajo lo dispuesto en el Artículo 24 de la presente Ley, o que siéndolo no hubieren dado lugar a su aplicación, o cuya sanción se estime insuficiente por la gravedad de la falta, el Banco Central del Uruguay podrá imponer las sanciones que se establecen a continuación.

A cualquiera de las personas físicas o jurídicas intervi-nientes en la oferta pública de valores (emisores, bolsas, intermediarios, instituciones registrantes, custodios y calificadores):

1) Observación.

2) Apercibimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, el Banco Central del Uruguay podrá imponer:

A) A los emisores:

1) Suspensión o cancelación de la cotización de los valores.

2) Suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta pública.

B) A las bolsas, intermediarios, instituciones registrantes, custodios y calificadores:

1) Multa de hasta UR 60.000 (sesenta mil unidades reajustables).

2) Suspensión o cancelación de sus actividades.

Solo podrá aplicarse acumulativamente a una misma persona y por un mismo caso, las sanciones previstas en el literal B) precedente.

No será aplicable lo dispuesto en el Artículo 20 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, sin perjuicio de las facultades del Banco Central del Uruguay a solicitar, en lo pertinente, medidas judiciales.

Artículo 26. (Debido proceso).- Las sanciones a recaer en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 24 y 25 de la presente Ley, se determinarán para las distintas actividades, en función de la gravedad de la falta.

El procedimiento para la aplicación de sanciones deberá observar necesariamente y en todos los casos, las garantías del debido proceso, dándose vista de las respectivas actuaciones y posibilitándose un pleno ejercicio del derecho de defensa con articulación de descargos por parte del o de los afectados por la medida.

TITULO II

OBLIGACIONES NEGOCIABLES

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

Artículo 27. (Entidades comprendidas).- Las sociedades comerciales, nacionales o extranjeras, y las cooperativas podrán emitir obligaciones negociables conforme a las disposiciones de la presente Ley.

Previa autorización del Poder Ejecutivo, con informe del Banco Central del Uruguay, también podrán hacerlo, para financiar proyectos de inversión, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, así como las personas públicas no estatales. Asimismo, quedan comprendidas en esta autorización las asociaciones civiles, mediante resolución de su asamblea social, en las condiciones que determine el Banco Central del Uruguay.

Artículo 28. (Obligaciones negociables y debentures).- Deróganse los Artículos 435 a 446; 448 a 455; 458 a 463 y 465 a 473 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

CAPITULO II

TIPOS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Artículo 29. (Clases de obligaciones).- Podrán emitirse diversas clases de obligaciones negociables con derechos diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos.

La emisión podrá dividirse en series. No podrán emitirse nuevas series de la misma clase, mientras las anteriores no estén totalmente suscritas o no se hubiere cancelado el saldo no colocado.

Artículo 30. (Forma de las obligaciones).- Las obligaciones negociables podrán ser representadas en títulos al portador o nominativos, endosables o no. Los cupones podrán ser al portador, y deberán contener la numeración del título al cual pertenecen. También se podrán emitir obligaciones negociables escriturales, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título I de la presente Ley.

Artículo 31. (Obligaciones convertibles).- Las sociedades por acciones podrán emitir obligaciones negociables convertibles en acciones de la emisora, de acuerdo con las condiciones establecidas en el título valor o en el contrato de emisión, y con las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III

EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

Artículo 32. (Títulos).- Los títulos, si los hubiere, o las condiciones de la emisión deben contener:

A) La denominación del título.

B) Lugar y fecha de su emisión así como la de su vencimiento.

C) El nombre y el domicilio del emisor, así como el lugar de pago, si no fuera el mismo que el domicilio.

D) El número de serie y de orden de cada título, así como el valor nominal que representa.

E) El monto y la moneda de la emisión.

F) El plazo.

G) La naturaleza de la garantía, si la hubiere.

H) Las condiciones y la oportunidad en que se efectuará la conversión en acciones, si la hubiere.

I) Las condiciones de amortización.

J) El interés y la forma de reajuste o actualización del valor del capital, si correspondiere.

K) En los casos que correspondiere, la firma del emisor o su representante.

Cuando se trate de obligaciones escriturales, los datos indicados precedentemente, así como el nombre del suscriptor, deberán transcribirse en los comprobantes de apertura y constancias de saldo.

Artículo 33. (Certificados globales).- Los emisores podrán emitir certificados globales de sus obligaciones negociables, cumpliendo con los requisitos del artículo anterior, para su inscripción en regímenes de depósito colectivo.

Estos certificados se considerarán definitivos, negociables y divisibles.

Artículo 34. (Efecto jurídico de la adquisición de obligaciones negociables).- La adquisición de obligaciones negociables importará la aceptación y la ratificación de todas las estipulaciones, las normas y las condiciones de la emisión, y del contrato del fiduciario, si lo hubiere.

CAPITULO IV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CONVERTIBLES EN ACCIONES

Artículo 35. (Derecho de preferencia).- Los accionistas que tengan los derechos de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones, podrán ejercerlos en la suscripción de las obligaciones negociables convertibles.

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los Artículos 326 a 330 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Artículo 36. (Aumento de capital).- La resolución sobre la emisión de obligaciones negociables convertibles debe incluir, asimismo, la decisión de aumentar el capital social en la cantidad necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión.

Artículo 37. (Cambio de calidad jurídica).- El tenedor que ejerza la opción de conversión será considerado accionista desde que la sociedad sea notificada de su decisión. Esta deberá entregar las acciones que le correspondan o certificados provisorios de las mismas dentro de los treinta días de verificada la opción.

Artículo 38. (Derecho de acrecer).- Cuando la sociedad celebre un convenio de colocación en firme de obligaciones negociables convertibles en acciones con un agente intermediario, para su posterior distribución entre el público, la asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de acrecer, y reducir a no menos de quince días el plazo para ejercer la preferencia.

CAPITULO V

REPRESENTANTES

Artículo 39. (Fiduciario).- La emisora podrá, en cualquier momento, celebrar con una institución financiera o con una Bolsa de Valores u otras entidades especializadas autorizadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay, un convenio por el que estas tomen a su cargo la representación de los tenedores durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por los Artículos 456, 457 y 464 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

En los casos en que no se hubiere designado fiduciario, los obligacionistas podrán requerir la información a que refiere el Artículo 5° de la presente Ley, al síndico de la sociedad. Si la entidad emisora careciera de síndico, las funciones de información serán ejercidas por el órgano o persona que determine la reglamentación o la Bolsa de Valores que haya autorizado la emisión.

CAPITULO VI

GARANTIAS

Artículo 40. (Garantías admitidas).- Pueden emitirse obligaciones negociables con cualquier tipo de garantía real o personal, cumpliendo con los requisitos formales que para cada tipo exija la Ley y con las estipulaciones contenidas en este Capítulo.

Las garantías se otorgarán antes de la fecha de emisión de las obligaciones, o simultáneamente con dicha emisión.

En ausencia de fiduciario, las garantías podrán constituirse válidamente en favor de los futuros tenedores con la firma del emisor y con la del otorgante si fuere un tercero.

Para su inscripción en los Registros Públicos correspondientes, las garantías reales solamente individualizarán al emisor y a las obligaciones negociables a ser garantizadas, con indicación de su monto, fecha de vencimiento y demás condiciones que indique la reglamentación, sin necesidad de identificar a los tenedores.

En los casos de oferta pública y previo a la inscripción de la emisión, se deberá depositar en el Banco Central del Uruguay o ante quien este determine, copia auténtica del documento constitutivo de la garantía, en el que conste fehacientemente su inscripción en el Registro Público correspondiente, si fuere el caso. Tratándose de oferta privada, lo anterior podrá cumplirse ante cualquier entidad financiera de plaza. Los depositarios solo entregarán el referido documento para su cancelación al Juzgado competente en caso de acción judicial.

No será de aplicación lo dispuesto por el Artículo 7° de la Ley N° 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en la redacción dada por el Artículo 200 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Si la garantía consistiera en prenda con desplazamiento, la entrega de la cosa prendada se hará al fiduciario o a un depositario designado por el emisor, quien actuará en representación de los tenedores y será responsable ante estos conforme a derecho.

Artículo 41. (Normas supletorias).- A las obligaciones o debentures se les aplicarán, supletoriamente, las disposiciones sobre acciones y títulos valores en lo compatible.

Artículo 42. (Transferencias y cancelación de garantías).- Los derechos emergentes de las garantías, sean reales o personales, se transferirán de pleno derecho por la sola transmisión de la obligación negociable o de los cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna.

En la cancelación de garantías, cuando no concurra un fiduciario o no se obtuviere la conformidad unánime de los tenedores, la emisora deberá acreditar ante el Banco Central del Uruguay el pago o el rescate total de las obligaciones negociables, o la consignación de los importes ante el mismo Banco, sin requerirse previa oblación. El Banco Central del Uruguay emitirá una constancia de cancelación de la emisión para su presentación ante el Registro correspondiente para que proceda a la cancelación de las garantías o ante el depositario o para la restitución de la cosa.

La consignación de los importes de las obligaciones por oferta privada deberá realizarse judicialmente.

Artículo 43. (Acción ejecutiva).- Los títulos representativos de las obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital y los intereses, así como para ejecutar las garantías otorgadas.

Artículo 44. (Prohibición a la emisora).- La emisora no podrá distribuir utilidades si se encontrare en mora en el pago de intereses o amortizaciones de las obligaciones negociables que hubiera emitido.

TITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 45. (Cajas de valores).- Las entidades cuya actividad exclusiva es la de prestar servicios de liquidación, compensación, depósito y custodia de valores objeto de oferta pública, requerirán autorización del Banco Central del Uruguay, en la forma que determine la reglamentación.

Artículo 46.- En la emisión de valores, en la que se deje expresa constancia de su oferta internacional, sean o no objeto de oferta pública, la entidad emisora podrá establecer libremente la Ley y jurisdicción aplicables a aquellos, cumpliendo con lo establecido en la presente Ley para su registro, si correspondiere.

Ello no obstará al derecho de los tenedores a elegir en todo caso la jurisdicción del domicilio del emisor.

Practicada la elección de jurisdicción, en uno u otro sentido, a través de la comparecencia ante los tribunales correspondientes, no podrá ser luego modificada.

Artículo 47. (Inversión en valores).- Las empresas comprendidas en los Artículos 1° y 2° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, que realicen actividades de intermediación financiera, podrán efectuar inversiones en obligaciones negociables objeto de oferta pública.

El Banco Central del Uruguay, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley citado, limitará y controlará dichas inversiones en las condiciones que determine la reglamentación.

Artículo 48.- Las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones y los Fondos Complementarios, creados por el Decreto-Ley N° 15.611, de 10 de agosto de 1984, podrán invertir parte de sus fondos en valores, objeto de la oferta pública y límites que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Artículo 49. (Caducidad del plazo por disolución de la sociedad).- Cuando la sociedad emisora de obligaciones se disuelva antes de que venza el plazo convenido para su pago aquellas serán exigibles desde el día en que se haya resuelto o producido la disolución.

Artículo 50. (Prenda sin desplazamiento).- Los valores podrán ser garantizados con cualquier tipo de prenda sin desplazamiento de las previstas en nuestro ordenamiento jurídico, sin ser aplicables las limitaciones que se refieren a la calidad del acreedor, naturaleza u objeto de la obligación garantizada.

Artículo 51. (Prohibición de recibir obligaciones en garantía).- En ningún caso la sociedad podrá recibir sus obligaciones en garantía.

Artículo 52. (Derogación).- Deróganse los Artículos 121 y 122 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, el Artículo 26 del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, el inciso primero del Artículo 297 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, y las demás normas que se opongan a la presente Ley.

Artículo 53. (Regularización).- Las personas y las entidades mencionadas en los Artículos 13 y 16 de la presente Ley, que estén en funcionamiento a la fecha de su promulgación, dispondrán de un plazo de ciento ochenta días contados a partir de dicha fecha, para adecuarse a estas normas.

LEY N° 16.774,

de 27 de setiembre de 1996

FONDOS DE INVERSION

SE REGULARAN LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS QUE ADMINISTRARAN ESTE TIPO DE AHORRO

TITULO II

FUNCIONAMIENTO

CAPITULO I

SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSION

Artículo 6°. (Capital accionario de las sociedades administradoras).- Estas sociedades deberán:

A) Declarar ante el Banco Central del Uruguay a quién pertenecen sus acciones, a los efectos de que el mismo lleve un registro actualizado de los propietarios.

B) Solicitar al Banco Central del Uruguay autorización para transferir sus acciones, precisando la identidad del nuevo titular. Al considerar tal solicitud, la resolución del Banco tendrá por fundamento razones de legalidad.

El Banco Central del Uruguay podrá declarar nulas las emisiones o transferencias que no cumplan con los requisitos estipulados en el presente artículo.

Tanto el registro en el Banco Central del Uruguay como las actuaciones referidas tendrán carácter reservado.

LEY N° 17.228,

de 7 de enero de 2000

CAPITULO I - NORMAS GENERALES

Artículo 4°.- Los contratos de prendas sin desplazamiento se inscribirán en el Registo Nacional de Prendas sin Desplazamiento, excepto los siguientes:

A) Vehículos automotores, en el Registro Nacional de Automotores.

B) Los establecimientos comerciales e industriales, en el Registro Nacional de Comercio.

C) Derechos de propiedad industrial, en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

D) A efectos de la inscripción de prendas sin desplazamiento sobre establecimientos industriales o comerciales deberá individualizarse la denominación o nombre comercial del mismo si lo tuviere, domicilio, giro principal, número de inscripción en el Banco de Previsión Social, en la Dirección General Impositiva o en la institución que corresponda y todo otro elemento que contribuya a su identificación precisa.

Notas: Literal d) derogado/s por: Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 artículo 301.

LEY N° 17.243,

de 29 de junio de 2000

CAPITULO VIII - MEJORA DE LA ADMINISTRACION

SECCION 3ª - SISTEMA INFORMATICO DEL ESTADO

Artículo 25.- Autorízase en todo caso la firma electrónica y la firma digital, las que tendrán idéntica validez y eficacia a la firma autógrafa, siempre que estén debidamente autenticadas por claves u otros procedimientos seguros, de acuerdo a la tecnología informática.

La prestación de servicios de certificación no estará sujeta a autorización previa y se realizará en régimen de libre competencia, sin que ello implique sustituir o modificar las normas que regulan las funciones que corresponde realizar a las personas facultadas para dar fe pública o intervenir en documentos públicos.

LEY N° 17.250,

de 11 de agosto de 2000

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES Y CONCEPTOS

Artículo 1°.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular las relaciones de consumo, incluidas las situaciones contempladas en el inciso segundo del artículo 4°.

En todo lo no previsto, en la presente ley, será de aplicación lo dispuesto en el Código Civil.

Artículo 2°.- Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.

No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios con el fin de integrarlos en procesos de producción, transformación o comercialización.

Artículo 3°.- Proveedor es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública, y en este último caso estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo.

Artículo 4°.- Relación de consumo es el vínculo que se establece entre el proveedor que, a título oneroso, provee un producto o presta un servicio y quien lo adquiere o utiliza como destinatario final.

La provisión de productos y la prestación de servicios que se efectúan a título gratuito, cuando ellas se realizan en función de una eventual relación de consumo, se equiparan a las relaciones de consumo.

Artículo 5°.- Producto es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble. Servicio es cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo, con excepción de las que resultan de las relaciones laborales.

CAPITULO II

DERECHOS BASICOS DEL CONSUMIDOR

Artículo 6°.- Son derechos básicos de consumidores:

A) La protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos causados por las prácticas en el suministro de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos.

B) La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate.

C) La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas.

D) La protección contra la publicidad engañosa, los métodos coercitivos o desleales en el suministro de productos y servicios y las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, cada uno de ellos dentro de los términos dispuestos en la presente ley.

E) La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas.

F) La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales.

G) El acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños mediante procedimientos ágiles y eficaces, en los términos previstos en los capítulos respectivos de la presente ley.

CAPITULO III

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD

Artículo 7°.- Todos los productos y servicios cuya utilización pueda suponer un riesgo de aquellos considerados normales y previsibles por su naturaleza, utilización o finalidad, para la salud o seguridad de los consumidores o usuarios, deberán comercializarse observando las normas o las formas establecidas o razonables.

Artículo 8°.- Los proveedores de productos y servicios peligrosos o nocivos para la salud o seguridad deberán informar en forma clara y visible sobre su peligrosidad o nocividad, sin perjuicio de otras medidas que puedan tomarse en cada caso concreto.

Artículo 9°.- La autoridad administrativa competente podrá prohibir la colocación de productos en el mercado, excepcionalmente y en forma fundada, cuando estos presenten un grave riesgo para la salud o seguridad del consumidor por su alto grado de nocividad o peligrosidad.

Artículo 10.- Tratándose de productos industriales, el fabricante deberá proporcionar la información a que re-fieren los artículos precedentes, y esta deberá acompa-

ñar siempre al producto, incluso en su comercialización final.

Artículo 11.- Los proveedores de productos y servicios que, posteriormente a la introducción de los mismos en el mercado, tomen conocimiento de su nocividad o peligrosidad, deberán comunicar inmediatamente tal circunstancia a las autoridades competentes y a los consumidores. En este último caso, la comunicación se cumplirá mediante anuncios publicitarios.

CAPITULO IV

DE LA OFERTA EN GENERAL

Artículo 12.- La oferta dirigida a consumidores determinados o indeterminados, transmitida por cualquier medio de comunicación y que contenga información suficientemente precisa con relación a los productos o servicios ofrecidos, vincula a quien la emite y a aquel que la utiliza de manera expresa por el tiempo que se realice. Este plazo se extenderá en los siguientes casos:

1) Cuando dicha oferta se difunda únicamente en día inhábil, en cuyo caso la misma vincula a los sujetos referidos en esta cláusula hasta el primer día hábil posterior al de su realización.

2) Cuando el oferente establezca un plazo mayor.

En todos los casos, la oferta podrá especificar sus modalidades, condiciones o limitaciones.

Durante el plazo de vigencia de la oferta, incluso si este es más extenso que el previsto en la presente Ley, la oferta será revocable. La revocación será eficaz una vez que haya sido difundida por medios similares a los empleados para hacerla conocer, y siempre que esto ocurra antes que la aceptación haya llegado al oferente. En los casos en los que el oferente asuma el compromiso de no revocar la oferta, la misma no será revocable.

La aceptación de la oferta debe ser tempestiva. La aceptación tardía es ineficaz, salvo la facultad del proponente de otorgarle eficacia.

Artículo 13.- Toda información referente a una relación de consumo deberá expresarse en idioma español sin perjuicio que además puedan usarse otros idiomas.

Cuando en la oferta se dieran dos o más informaciones contradictorias, prevalecerá la más favorable al consumidor.

Artículo 14.- Toda información, aún la proporcionada en avisos publicitarios, difundida por cualquier forma o medio de comunicación, obliga al oferente que ordenó su difusión y a todo aquel que la utilice, e integra el contrato que se celebre con el consumidor.

Artículo 15.- El proveedor deberá informar, en todas las ofertas, y previamente a la formalización del contrato respectivo:

A) El precio, incluidos los impuestos.

B) En las ofertas de crédito o de financiación de productos o servicios, el precio de contado efectivo según corresponda, el monto del crédito otorgado o el total financiado en su caso, y la cantidad de pagos y su periodicidad. Las empresas de intermediación financiera, administradores de créditos o similares, también deberán informar la tasa de interés efectiva anual.

C) Las formas de actualización de la prestación, los intereses y todo otro adicional por mora, los gastos extras adicionales, si los hubiere y el lugar de pago.

El precio difundido en los mensajes publicitarios deberá indicarse según lo establecido en el presente artículo. La información consignada se brindará conforme a lo que establezca la reglamentación.

Artículo 16.- La oferta de productos o servicios que se realice fuera del local empresarial, por medio postal, telefónico, televisivo, informático o similar da derecho al consumidor que la aceptó a rescindir o resolver, ipsojure, el contrato. El consumidor podrá ejercer tal derecho dentro de los cinco días hábiles contados desde la formalización del contrato o de la entrega del producto, a su sola opción, sin responsabilidad alguna de su parte. La opción por la rescisión o resolución deberá ser comunicada al proveedor por cualquier medio fehaciente.

Cuando la oferta de servicios se realice en locales acondicionados con la finalidad de ofertar, el consumidor podrá rescindir o resolver el contrato en los términos dispuestos en el inciso primero del presente artículo.

Si el consumidor ejerciere el derecho a resolver o rescindir el contrato deberá proceder a la devolución del producto al proveedor, sin uso, en el mismo estado en que fue recibido, salvo lo concerniente a la comprobación del mismo. Por su parte, el proveedor deberá restituir inmediatamente al consumidor todo lo que este hubiere pagado. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que este exija la actualización de las sumas a restituir. Cada parte deberá hacerse cargo de los costos de la restitución de la prestación recibida. En los casos en los que el consumidor rescinda o resuelva el contrato de conformidad a las previsiones precedentes, quedarán sin efecto las formas de pago diferido de las prestaciones emergentes de dicho contrato que este hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares. Bastará a tal efecto que el consumidor comunique a las emisoras de las referidas tarjetas su ejercicio de la opción de resolución o rescisión del contrato.

En el caso de servicios parcialmente prestados, el consumidor pagará solamente aquella parte que haya sido ejecutada y si el servicio fue pagado anticipadamente el proveedor devolverá inmediatamente el monto correspondiente a la parte no ejecutada. La demora en la restitución de los importes pagados por el consumidor, dará lugar a que este exija la actualización de las sumas a restituir. Se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el párrafo final del inciso anterior del presente artículo.

En todos los casos el proveedor deberá informar el domicilio de su establecimiento o el suyo propio siendo insuficiente indicar solamente el casillero postal o similar.

CAPITULO V

DE LA OFERTA DE LOS PRODUCTOS

Artículo 17.- La oferta de productos debe brindar información clara y fácilmente legible sobre sus características, naturaleza, cantidad, calidad -en los términos y oportunidades que corresponda-, composición, garantía, origen del producto, el precio de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, los datos necesarios para la correcta conservación y utilización del producto y, según corresponda, el plazo de validez y los riesgos que presente para la salud y seguridad de los consumidores.

La información consignada en este artículo se brindará conforme lo establezca la reglamentación respectiva. En lo que respecta al etiquetado-rotulado de productos, así como en relación a la necesidad de acompañar manuales de los productos y el contenido de estos, se estará a lo que disponga la reglamentación.

Artículo 18.- Los fabricantes e importadores deberán asegurar la oferta de componentes y repuestos mientras subsista la fabricación o importación del producto.

Artículo 19.- La oferta de productos defectuosos, usados o reconstituidos deberá indicar tal circunstancia en forma clara y visible.

CAPITULO VI

DE LA OFERTA DE SERVICIOS

Artículo 20.- En la oferta de servicios el proveedor deberá informar los rubros que se indican en el presente artículo, salvo que por la naturaleza del servicio no corresponda la referencia a alguno de ellos. La información deberá ser clara y veraz y, cuando se brinde por escrito, será proporcionada con caracteres fácilmente legibles.

A) Nombre y domicilio del proveedor del servicio.

B) La descripción del servicio a prestar.

C) Una descripción de los materiales, implementos, tecnología a emplear y el plazo o plazos del cumplimiento de la prestación.

D) El precio, incluidos los impuestos, su composición cuando corresponda, y la forma de pago. Será aplicable en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 15 de la presente ley.

E) Los riesgos que el servicio pueda ocasionar para la salud o seguridad, cuando se diera esta circunstancia.

F) El alcance y duración de la garantía, cuando esta se otorgue.

G) Solamente podrá informarse la calidad de conformidad a lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.

La reglamentación podrá prever situaciones en que, junto con la oferta deba brindarse un presupuesto al consumidor, estableciendo su contenido y eficacia.

Artículo 21.- La oferta de servicios financieros deberá contener las especificaciones que, según los servicios que se trate, pueda disponer la reglamentación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 precedente.

CAPITULO VII

PRACTICAS ABUSIVAS EN LA OFERTA

Artículo 22.- Son consideradas prácticas abusivas, entre otras:

A) Negar la provisión de productos o servicios al consumidor, mientras exista disponibilidad de lo ofrecido según los usos y costumbres y la posibilidad de cumplir el servicio, excepto cuando se haya limitado la oferta y lo haya informado previamente al consumidor, sin perjuicio de la revocación que deberá ser difundida por los mismos medios empleados para hacerla conocer.

B) Hacer circular información que desprestigie al consumidor, a causa de las acciones realizadas por este, en ejercicio de sus derechos.

C) Fijar el plazo, o los plazos para el cumplimiento de las obligaciones de manera manifiestamente despropor-cionada en perjuicio del consumidor.

D) Enviar o entregar al consumidor, cualquier producto o proveer cualquier servicio, que no haya sido previamente solicitado. Los servicios prestados o los productos remitidos o entregados al consumidor, en esta hipótesis, no conllevan obligación de pago ni de devolución, equiparándose por lo tanto a las muestras gratis. Se aplicará, en lo que corresponda, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 16 de la presente ley.

E) Hacer aparecer al consumidor como proponente de la adquisición de bienes o servicios, cuando ello no corresponda.

CAPITULO VIII

GARANTIA CONTRACTUAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Artículo 23.- El proveedor de productos y servicios que ofrece garantía, deberá ofrecerla por escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos. Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar al consumidor sobre el alcance de sus aspectos más significativos.

Deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Identificación de quien ofrece la garantía.

B) Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio.

C) Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.

D) Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del producto o servicio cubiertas por la misma.

E) Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla.

F) Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.

G) Costos a cargo del consumidor, si los hubiere.

H) Lugar y fecha de entrega del producto o de la finalización de la prestación del servicio al consumidor.

El certificado de garantía debe ser completado por el proveedor y entregado junto con el producto o al finalizar la prestación del servicio.

Si el certificado es entregado por el comerciante y se identificó en el mismo al fabricante o importador que ofrece la garantía son estos últimos quienes resultan obligados por el contrato accesorio de garantía.

CAPITULO IX

PUBLICIDAD

Artículo 24.- Toda publicidad debe ser transmitida y divulgada de forma tal que el consumidor la identifique como tal.

Queda prohibida cualquier publicidad engañosa.

Se entenderá por publicidad engañosa cualquier modalidad de información o comunicación contenida en mensajes publicitarios que sea entera o parcialmente falsa, o de cualquier otro modo, incluso por omisión de datos esenciales, sea capaz de inducir a error al consumidor respecto a la naturaleza, cantidad, origen, precio, respecto de los productos y servicios.

Artículo 25.- La publicidad comparativa será permitida siempre que se base en la objetividad de la comparación y no se funde en datos subjetivos, de carácter psicológico o emocional, y que la comparación sea pasible de comprobación.

Artículo 26.- La carga de la prueba de la veracidad y exactitud material de los datos de hecho contenidos en la información o comunicación publicitaria, corresponde al anunciante.

Artículo 27.- La reglamentación podrá establecer un plazo durante el cual el proveedor de productos y servicios debe mantener en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario.

CAPITULO X

CONTRATO DE ADHESION

Artículo 28.- Contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas o condiciones han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de productos o servicios sin que el consumidor haya podido discutir, negociar o modificar sustancialmente su contenido.

En los contratos escritos, la inclusión de cláusulas adicionales a las preestablecidas no cambia por sí misma la naturaleza del contrato de adhesión.

Artículo 29.- Los contratos de adhesión serán redactados en idioma español, en términos claros y con caracteres fácilmente legibles, de modo tal que faciliten la comprensión del consumidor.

CAPITULO XI

CLAUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESION

Artículo 30.- Es abusiva por su contenido o por su forma toda cláusula que determine claros e injustificados desequilibrios entre los derechos y obligaciones de los contratantes en perjuicio de los consumidores, así como toda aquella que viole la obligación de actuar de buena fe. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no referirá al producto o servicio ni al precio o contraprestación del contrato, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible.

Artículo 31.- Son consideradas claúsulas abusivas sin perjuicio de otras, las siguientes:

A) Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios, salvo que una norma de derecho lo habilite o por cualquier otra causa justificada.

B) Las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor.

C) Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar los términos del contrato.

D) La cláusula resolutoria pactada exclusivamente en favor del proveedor. La inclusión de la misma deja a salvo la opción por el cumplimiento del contrato.

E) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.

F) Las cláusulas que impongan representantes al consumidor.

G) Las cláusulas que impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente de cargo del proveedor.

H) Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato.

La inclusión de cláusulas abusivas da derecho al consumidor a exigir la nulidad de las mismas y en tal caso el Juez integrará el contrato. Si, hecho esto, el Juez apreciara que con el contenido integrado del contrato este carecería de causa, podrá declarar la nulidad del mismo.

CAPITULO XII

INCUMPLIMIENTO

Artículo 32.- La violación por parte del proveedor de la obligación de actuar de buena fe o la transgresión del deber de informar en la etapa precontractual, de perfeccionamiento o de ejecución del contrato, da derecho al consumidor a optar por la reparación, la resolución o el cumplimiento del contrato, en todos los casos, más los daños y perjuicios que correspondan.

Artículo 33.- El incumplimiento del proveedor, de cualquier obligación a su cargo, salvo que mediare causa extraña no imputable, faculta al consumidor, a su libre elección, a:

A) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación siempre que ello fuera posible.

B) Aceptar otro producto o servicio o la reparación por equivalente.

C) Resolver el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, monetariamente actualizado o rescindir el mismo, según corresponda.

En cualquiera de las opciones el consumidor tendrá derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios compensatorios o moratorios, según corresponda.

CAPITULO XIII

RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Artículo 34.- Si el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio resulta un daño al consumidor, será responsable el proveedor de conformidad con el régimen dispuesto en el Código Civil.

El comerciante o distribuidor solo responderá cuando el importador y fabricante no pudieran ser identificados. De la misma forma serán responsables si el daño se produce como consecuencia de una inadecuada conservación del producto o cuando altere sus condiciones originales.

Artículo 35.- La responsabilidad de los profesionales liberales será objetiva o subjetiva según la naturaleza de la prestación asumida.

Artículo 36.- El proveedor no responde sino de los daños y perjuicios que sean consecuencia inmediata y directa del hecho ilícito e incluyen el daño patrimonial y extrapatrimonial.

CAPITULO XIV

PRESCRIPCION Y CADUCIDAD

Artículo 37.-

1) El derecho a reclamar por vicios aparentes, o de fácil constatación, salvo aceptación expresa de los mismos, caducan en:

A) Treinta días a partir de la provisión del servicio o del producto no duradero.

B) Noventa días cuando se trata de prestaciones de productos o servicios duraderos.

El plazo comienza a computarse a partir de la entrega efectiva del producto o de la finalización de la prestación del servicio.

Dicho plazo se interrumpe si el consumidor efectúa una reclamación debidamente comprobada ante el proveedor y hasta tanto este deniegue la misma en forma inequívoca.

2) En caso de vicios ocultos, estos deberán evidenciarse en un plazo de seis meses y caducarán a los tres meses del momento en que se pongan de manifiesto. Ello sin perjuicio de las previsiones legales específicas para ciertos bienes y servicios.

Artículo 38.- La acción para reclamar la reparación de los daños personales prescribirá en un plazo de cuatro años a partir de la fecha en que el demandante tuvo o debería haber tenido conocimiento del daño, del vicio o defecto, y de la identidad del productor o fabricante. Tal derecho se extinguirá transcurrido un plazo de diez años a partir de la fecha en que el proveedor colocó el producto en el mercado o finalizó la prestación del servicio causante del daño.

Artículo 39.- La prescripción consagrada en los artículos anteriores se interrumpe con la presentación de la demanda, o con la citación a juicio de conciliación siempre que éste sea seguido de demanda dentro del plazo de treinta días de celebrado el mismo.

CAPITULO XV

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

Artículo 40.- El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Comercio, será la autoridad nacional de fiscalización del cumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.

Artículo 41.- La Dirección General de Comercio, además, asesorará al Ministerio de Economía y Finanzas en la formulación y aplicación de las políticas en materia de defensa del consumidor.

Artículo 42.- Compete a la Dirección del Area de Defensa del Consumidor.

A) Informar y asesorar a los consumidores sobre sus derechos.

B) Controlar la aplicación de las disposiciones de protección al consumidor establecidas en esta norma, pudiendo a tal efecto exigir el acceso, realizar inspecciones y requerir la información que necesitare en los locales, almacenes, depósitos, fábricas, comercios o cualquier dependencia o establecimiento de los proveedores, sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales atribuidas a otros órganos y entes públicos.

C) Asesorar al Director General de Comercio para coordinar con otros órganos o entidades públicas estatales y no estatales la acción a desarrollar en defensa del consumidor.

D) Podrá fomentar, formar o integrar además, comisiones asesoras compuestas por representantes de las diversas actividades industriales y comerciales, cooperativas de consumo y asociaciones de consumidores, o por representantes de organismos o entes públicos, las que serán responsables de las informaciones que aporten, y podrán proponer medidas correctivas referentes a la defensa del consumidor.

E) Fomentar la constitución de asociaciones de consumidores cuya finalidad exclusiva sea la defensa del consumidor. La Dirección del Area Defensa del Consumidor llevará un registro de estas asociaciones, las que deberán constituirse como asociaciones civiles.

F) Citar a los proveedores a solicitud del o de los consumidores afectados, a una audiencia administrativa que tendrá por finalidad tentar el acuerdo entre las partes. Sin perjuicio de ello, en general, podrá auspiciar mecanismos de conciliación y mediación para la solución de los conflictos que se planteen entre los particulares en relación a los temas de su competencia. La incomparecencia del citado a una audiencia administrativa se tendrá como presunción simple en su contra. Asimismo, la falta de comparecencia en tiempo y forma, que no sea debidamente justificada, será sancionada con una multa que no podrá exceder el equivalente a UR 50 (cincuenta unidades reajustables), la que deberá graduarse en función de los antecedentes y de la capacidad económica del proveedor. El Area Defensa del Consumidor quedará facultada a poner en conocimiento de los consumidores en general, por los medios que estime pertinentes, aquellos casos de incomparecencia injustificada del citado a, al menos, dos audiencias administrativas, a las que hubiere sido convocado en los dos últimos años. Asimismo, el Are Defensa del Consumidor podrá dar a publicidad aquellos casos en que se hubieren aplicado sanciones administrativas por incumplimiento de las previsiones de esta ley.

G) Podrá para el cumplimiento de sus cometidos, solicitar información, asistencia y asesoramiento a cualquier persona pública o privada, nacional o extranjera.

H) Dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus cometidos.

Fuente: Literal F) redacción dada por: Ley N° 18.046, de 24/10/2006, artículo 137.

Artículo 43.- Se consideran infracciones en materia de defensa del consumidor, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente ley. Para el cumplimiento de las tareas inspectivas, podrá requerirse el concurso de la fuerza pública, si se entendiera pertinente.

Artículo 44.- Las infracciones en materia de defensa del consumidor, serán sancionadas por la Dirección General de Comercio, en subsidio de los órganos o entidades públicas estatales y no estatales que tengan asignada, por normas constitucionales o legales, competencia de control en materia vinculada a la defensa del consumidor.

Artículo 45.- La Dirección General de Comercio podrá delegar en la Dirección del Area Defensa del Consumidor la potestad sancionatoria en esta materia.

Artículo 46.- Las infracciones se calificarán como leves, graves y muy graves, atendiendo a los siguientes criterios: el riesgo para la salud del consumidor, la posición en el mercado del infractor, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad de la alteración social producida, la generalización de la infracción y la reincidencia.

Artículo 47.- Comprobada la existencia de una infracción a las obligaciones impuestas por la presente ley, sin perjuicio de las acciones por responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar, el infractor será pasible de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente según resulte de las circunstancias del caso:

1) Apercibimiento, cuando el infractor carezca de antecedentes en la comisión de infracciones de la misma naturaleza y esta sea calificada como leve.

2) Multa cuyo monto inferior no será menor de 20 UR (veinte unidades reajustables) y hasta un monto de 4.000 UR (cuatro mil unidades reajustables).

3) Decomiso de las mercaderías y productos objeto de la infracción, cuando estos puedan entrañar riesgo claro para la salud o seguridad del consumidor.

4) En caso de reiteración de infracciones graves o de infracción muy grave se podrá ordenar la clausura temporal del establecimiento comercial o industria hasta por noventa días.

5) Suspensión de hasta un año en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado.

Las sanciones referidas en los numerales 3), 4) y 5) del presente artículo se propondrán fundadamente por la Dirección General de Comercio y se resolverán por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Artículo 48.- Cuando se constaten infracciones graves a las disposiciones establecidas en la presente ley, la Dirección del Area de Defensa del Consumidor, podrá colocar en el frente e interior del establecimiento, carteles que indiquen claramente el carácter de infractor a la ley de Defensa del Consumidor por un plazo de hasta veinte días a partir de la fecha de constatación de la infracción.

Artículo 49.- En caso de reincidencia en infracciones similares, probada intencionalidad en la infracción o circunstancias que configuren un riesgo para la salud o seguridad de los consumidores, el órgano competente de control, podrá disponer la publicación en los diarios de circulación nacional de la resolución sancionatoria a costa del infractor.

Artículo 50.- Para la imposición de las sanciones establecidas en la presente ley, se seguirá el siguiente procedimiento; comprobada la infracción por los funcionarios del servicio inspectivo respectivo, se labrará acta circunstanciada, en forma detallada, que será leída a la persona que se encuentra a cargo del establecimiento, quien la firmará y recibirá copia textual de la misma.

El infractor dispondrá de un plazo de diez días hábiles para efectuar sus descargos por escrito y ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de quince días, prorrogables cuando haya causa justificada. Vencido el plazo de diez días hábiles sin efectuar descargos o diligenciada la prueba en su caso, se dictará resolución.

Artículo 51.- Cuando se compruebe la realización de publicidad engañosa o ilícita, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la presente ley, el órgano competente podrá solicitar judicialmente, en forma fundada, la suspensión de la publicidad de que se trate, así como también ordenar la realización de contra publicidad con la misma frecuencia que la publicidad infractora, cuyo gasto deberá pagar el infractor.

En ambos casos la resolución deberá estar precedida del procedimiento previsto en el artículo 50 de la presente ley para la defensa del anunciante.

Artículo 52.- Declárase que las normas relativas a las relaciones de consumo publicadas en el Diario Oficial N° 25.368, de fecha 30 de setiembre de 1999 y titulada como "Ley N° 17.189", carece de toda validez jurídica y debe reputarse inexistente.

LEY N° 17.613,

de 27 de diciembre de 2002

SECCION I NORMAS SOBRE INTERMEDIACION FINANCIERA

CAPITULO II POTESTADES DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY COMO LIQUIDADOR DE SOCIEDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA

Artículo 14.- La disolución de las sociedades y el consiguiente estado de liquidación serán declarados por el Banco Central del Uruguay, en los casos en que proceda conforme a la legislación vigente en materia de sociedades de intermediación financiera y la demás aplicable a las sociedades anónimas.

La liquidación se regirá por las disposiciones de la presente ley, y subsidiariamente y en lo pertinente por las normas de liquidación de sociedades anónimas.

Compete al Banco Central del Uruguay, como liquidador, la verificación de créditos, la definición de masa solvente e insolvente, la conversión de obligaciones en moneda nacional o extranjera o en unidades reajustables u otros procedimientos de actualización monetaria, la determinación del orden de preferencia en los pagos, el prorrateo de los fondos y demás competencias que sean necesarias para el logro de sus fines.

Los actos del Banco Central del Uruguay previstos en el inciso precedente y sus antecedentes se pondrán de manifiesto por el término de diez días hábiles, lo que se hará saber por edictos publicados por el Diario Oficial y en dos diarios de circulación nacional. Vencido el término de diez días, se considerarán notificados a todos los interesados, a los efectos del inciso primero del artículo 317 de la Constitución de la República.

Dentro del término de diez días previsto en la disposición constitucional recién citada, deberá deducirse cualquier reclamación contra esos actos, incluso las que deriven de la invocación de nulidad o anulabilidad de actos anteriores de la sociedad en liquidación.

DECRETO N° 614/992,

de 11 de diciembre 1992

Artículo 1°.- Todas las personas públicas estatales o no estatales y las personas privadas, que realicen intermediación financiera, quedarán sujetas a las disposiciones del Decreto-Ley N° 15.322, con las modificaciones introducidas en el mismo por la Ley N° 16.072, a este decreto reglamentario, a las normas generales e instrucciones particulares que dicte el Banco Central del Uruguay para su ejecución.

Se considera intermediación financiera la realización habitual y profesional de operaciones de intermediación o mediación entre la oferta y la demanda de títulos, valores, dinero o materiales preciosos.

Nota: Reglamentario/a de: Decreto-Ley N° 15.322 de 17 de setiembre de 1982.

Decreto N° 65/998

de 10 de marzo de 1998

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°.- La sustanciación de actuaciones en la Administración Pública, así como los actos administrativos que se dicten en las mismas, podrán realizarse por medios informáticos.

Cuando dichos trámites o actos, revestidos de carácter oficial, hayan sido redactados o extendidos por funcionarios competentes, según las formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones, constituirán instrumentos públicos y como tales se tendrán como auténticos y harán plena fe, salvo desconocimiento o tacha de falsedad.

En tal sentido, constituirán instrumentos públicos, aquellos creados por medios informáticos que aseguren su inalterabilidad.

Cuando la sustanciación de las actuaciones administrativas se realicen por medios informáticos, las firmas autógrafas que la misma requiera podrán ser sustituidas por contraseñas o signos informáticos adecuados.

Artículo 2°.- Se entiende por expediente electrónico, la serie ordenada de documentos públicos registrados por vía informática, tendientes a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado.

Artículo 3°.- El expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional.

La documentación emergente de la trasmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá de por sí, documentación auténtica y hará plena fe a todos sus efectos, en cuanto a la existencia del original trasmitido (art. 129 de la Ley N° 16.002, de fecha 25 de noviembre de 1988).

Las formalidades relativas a la intervención notarial de certificación de firmas en actos, actas y contratos de la Administración, se seguirá regulando por las normas vigentes en la materia.

CAPITULO II - NORMAS SOBRE PROCEDIMIENTO

Artículo 4°.- Todas las normas sobre procedimiento administrativo serán de aplicación a los expedientes tramitados en forma electrónica, en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza del medio empleado.

Artículo 5°.- Toda petición o recurso administrativo que se presente ante la Administración podrá realizarse por medio de documentos electrónicos. A tales efectos los mismos deberán ajustarse a los formatos o parámetros técnicos que oportunamente fije el Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en lo referente a componentes específicos y a la validez del documento electrónico, de la Comisión Nacional de Informática, en lo referente a aspectos informáticos y del Grupo Técnico Asesor, en lo que respecta a las telecomunicaciones e integración de diferentes organismos de la Administración Pública.

En caso de incumplimiento de dichas especificaciones, tales documentos se tendrán por no recibidos.

No obstante lo expresado precedentemente, se respetará el principio del informalismo a favor del administrado, tanto para las peticiones como para los recursos administrativos.

Artículo 6°.- Los administrados podrán presentar sus peticiones y recursos administrativos por medio de documentos electrónicos, mediante la utilización de los programas de ordenador que satisfagan el estándar establecido por la Comisión Nacional de Informática. (*)

Artículo 7°.- Toda vez que se presente un documento mediante transferencia electrónica, la Administración deberá expedir una constancia de su recepción. La constancia de recibo de un documento electrónico será prueba suficiente de su presentación.

Su contenido será la fecha, lugar y firma digital del receptor.

Para las hipótesis previstas en este artículo así como en el anterior, serán de aplicación en lo pertinente, las disposiciones contenidas en los artículos 157 a 159 del Decreto N° 500/991 de fecha 27 de setiembre de 1991.

Artículo 8°.- La Administración admitirá la presentación de documentos registrados en papel para su utilización en un expediente electrónico. En tales casos podrá optar entre la digitalización de dichos documentos para su incorporación al expediente electrónico, o la formación de una pieza separada, o una combinación de ambas, fijado como meta deseable la digitalización total de los documentos.

En caso de proceder a la digitalización del documento registrado en papel, se certificará la copia mediante la forma digital del funcionario encargado del proceso, así como la fecha y lugar de recepción.

Artículo 9°.- Autorízase la reproducción y almacenamiento por medios informáticos de los expedientes y demás documentos registrados sobre papel, existentes en todos los organismos públicos.

Artículo 10.- Podrán reproducirse sobre papel los expedientes electrónicos, cuando sea del caso su sustanciación por ese medio, ya sea dentro o fuera de la repartición administrativa de que se trate, o para proceder a su archivo sobre papel. El funcionario responsable de dicha reproducción, certificará su autenticidad.

Artículo 11.- Tratándose de expedientes totalmente digitalizados, el expediente original en papel, deberá radicarse en un archivo centralizado. En caso de la tramitación de un expediente parcialmente digitalizado, la pieza separada que contenga los documentos registrados en papel, se radicará en un archivo a determinar por la repartición respectiva. En ambos casos, el lugar dispuesto propenderá a facilitar la consulta, sin obstaculizar el trámite del expediente.

Artículo 12.- Los plazos para la sustanciación de los expedientes electrónicos, se computarán a partir del día siguiente de su recepción efectiva por el funcionario designado.

Se entiende por recepción efectiva, la fecha de ingreso del documento al subsistema de información al cual tiene acceso el funcionario designado a tales efectos.

Artículo 13.- Los sistemas de información de expedientes electrónicos deberán prever y controlar las demoras en cada etapa del trámite. A su vez, deberán permitir al jerarca modificar el trámite para sortear los obstáculos detectados, minimizando demoras.

Artículo 14.- Los órganos administrativos que utilicen expedientes electrónicos, adoptarán procedimientos y tecnologías de respaldo o duplicación, a fin de asegurar su inalterabilidad y seguridad, los que serán definidos por la Oficina Nacional del Servicio Civil, con el asesoramiento de la Comisión Nacional de Informática o eventualmente del Grupo Técnico Asesor, cuando involucre a más de un organismo.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil, de la Comisión Nacional de Informática y del Grupo Técnico Asesor, en su respectivas competencias, determinará periódicamente, en consideración a la evolución de la tecnología disponible, los medios técnicos de almacenamiento, reproducción y trasmisión telemática de documentos que, por su naturaleza o por la eficacia de los procedimientos de control aplicables, ofrezcan protección adecuada contra la pérdida o adulteración de la información almacenada, reproducida y/o trasmitida.

Artículo 16.- Los documentos que hayan sido digitalizados en su totalidad, a través de los medios técnicos incluidos en el artículo anterior, podrán ser destruidos si ello conviene a las necesidades de cada organismo. Los originales de valor histórico, cultural o de otro valor intrínseco, no podrán ser destruidos, por lo que luego de almacenados serán enviados para su guarda a la repartición pública que corresponda, en aplicación de las normas vigentes sobre conservación del patrimonio histórico y cultural del Estado.

Artículo 17.- Las copias o reproducciones de documentos anteriormente referidos, tendrán la misma validez del documento original a todos los fines para los que este fuese empleado, sustituyéndolo con idéntico valor legal, siempre que estuviesen debidamente autenticados.

CAPITULO III - FIRMA ELECTRONICA Y DIGITAL

Artículo 18.- Se entiende por firma electrónica, el resultado de obtener por medio de mecanismos o dispositivos un patrón que se asocie biunívocamene a un individuo y a su voluntad de firmar.

Artículo 19.- Se entiende por forma digital, un patrón creado mediante criptografía, debiendo utilizarse sistemas criptográficos "de clave pública" o "asimétricos", o los que determine la evolución de la tecnología.

Artículo 20.- A efectos de dotar de seguridad y certeza la gestión del sistema que se reglamenta, será responsabilidad de cada organismo que dirija un proyecto que utilice la tecnología de "claves públicas" y "claves privadas", determinar y documentar en forma de administración de las mismas.

Artículo 21.- La divulgación de la clave o contraseña personal de cualquier funcionario autorizado a documentar su actuación mediante firmas o contraseñas informáticas, constituirá falta gravísima, aún cuando la clave o contraseña no llegase a ser utilizada.

Artículo 22.- Todo documento electrónico autenticado mediante firma digital se considerará como de la auditoría del usuario al que se haya asignado la clave privada correspondiente, salvo que medie prueba de la falsificación del documento electrónico o de la divulgación de la clave por terceros.

Quedan expresamente exceptuados de lo dispuesto anteriormente, la firma del Presidente de la República y de los Ministros de Estado en los decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo, debiendo estamparse la firma en forma ológrafa (Arts. 168 numeral 25 y 181 ordinal 7° de la Constitución de la República).

Artículo 23.- Cuando los documentos electrónicos que a continuación se detallan, sean registrados electrónicamente, deberán identificarse mediante la firma electrónica o la firma digital de su autor:

a) los recursos administrativos, así como toda petición que se formule a la Administración;

b) los actos administrativos definitivos;

c) los actos administrativos de certificación o destinados a hacer fe pública;

d) los dictámenes o asesoramientos previos a una resolución definitiva.

Artículo 24.- Los actos administrativos de mero trámite, no requerirán la firma electrónica del o los funcionarios intervinientes, pero deberán identificarse mediante una clave simple.

CAPITULO IV - PENALIDADES

Artículo 25.- El que voluntariamente trasmitiere un texto del que resulte un documento infiel, adultere o destruya un documento almacenado en soporte magnético, o su respaldo, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda (Art. 697 de la Ley N° 16.736, de fecha 5 de enero de 1996).

Artículo 26.- El que voluntariamente trasmitiere a distancia entre dependencias oficiales un texto del que resulte un documento infiel, incurrirá en los delitos previstos por los artículos 236 a 239 del Código Penal, según corresponda (Art. 130 de la Ley N° 16.002, de fecha 25 de noviembre de 1988).

Reglamentario/a de: Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996 artículos 694, 695, 696 y 697.

DECRETO N° 244/000,

de 23 de agosto de 2000

Artículo 1°.- A los efectos de esta reglamentación y conforme a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, es consumidor quien adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo. Cuando el consumidor formule denuncia o solicite audiencia basada en el incumplimiento de la Ley mencionada o sus normas reglamentarias y que refiera a una relación de consumo ya perfeccionada, deberá probar dicha relación mediante la factura o, cuando esta no sea requerida por las normas vigentes, por los medios de prueba generalmente aceptados por el ordenamiento jurídico.

Artículo 2°.- Los proveedores que ofrezcan directamente al público productos o servicios deberán exhibir los precios en forma clara y visible. Cuando los precios se exhiban mediante listas, ellas deben exponerse en los lugares de acceso a la vista del público o en los lugares de venta o atención al mismo.

Las variaciones de precios, cualquiera sea el motivo que las origine tales como lugar, tiempo, tamaño y horario deberán hacerse conocer en todos los listados. Se deberá informar además todo gasto adicional que sea de cargo del consumidor.

Artículo 3°.- El proveedor deberá informar el precio de contado con los impuestos incluidos. Cuando aquél acepte el pago de los productos o servicios mediante tarjeta de crédito, cupones de pago o similares deberá informar al consumidor si hay algún cargo adicional con respecto al precio de contado.

Artículo 4°.- Cuando el proveedor ofrezca planes de financiación, deberá indicar en forma visible, además del precio de contado efectivo, lo siguiente:

a) la entrega inicial;

b) el número de cuotas y el monto de cada una de ellas referidas a una unidad de tiempo;

c) el precio total financiado;

d) los intereses y todo otro adicional por mora;

e) toda otra suma que sea de cargo del consumidor;

f) lugar de pago.

En la publicidad de productos o servicios, si se menciona el precio, deberá explicitarse si es de contado o financiado y en este último caso se deberá cumplir con lo consignado en el presente artículo.

Artículo 5°.- Cuando la financiación no sea otorgada por el oferente del producto o servicio, se deberá informar claramente, tanto en la exhibición como en la publicidad, el nombre de la entidad que la otorga.

Artículo 6°.- La oferta de servicios realizada en locales acondicionados con la finalidad de ofertar a que refiere el artículo 16, inciso 2) de la Ley que se reglamenta es aquella que resulta de una convocatoria realizada al consumidor por el proveedor, cuando el objeto de dicha convocatoria sea distinto al de la contratación que se celebre o cuando la contratación se realice como resultado de la utilización de prácticas de comercialización compulsivas o coercitivas.

A los efectos del citado artículo, la devolución del producto, sin uso y en el mismo estado en que fue recibido, deberá realizarse en forma simultánea con la restitución de lo pagado.

Si el precio hubiere sido pagado mediante tarjeta de crédito o similar, la comunicación establecida en el inciso 3) in fine del citado artículo deberá realizarse por medio fehaciente y acreditarse ante la emisora de la tarjeta.

En el caso de servicios parcialmente prestados, la cancelación de la forma de pago diferido de las prestaciones emergentes del contrato que el consumidor hubiera instrumentado a través de tarjetas de crédito o similares procederá una vez que el consumidor haya pagado la porción del servicio utilizado.

Artículo 7°.- Cuando el proveedor de productos agregue un manual de instrucciones de instalación y uso, necesario para su correcto funcionamiento, este deberá estar escrito en idioma español sin perjuicio de que además puedan emplearse otros idiomas.

Artículo 8°.- En el caso de servicios, cuando el consumidor así lo exija previo al perfeccionamiento del contrato, el proveedor deberá entregar un presupuesto que contenga como mínimo las siguientes especificaciones: sus datos identificatorios, la descripción del trabajo a realizar, de los materiales a emplear, el precio de estos y de la mano de obra, con los impuestos includos, el tiempo en que se realizará el trabajo y el plazo de validez del presupuesto.

Si el proveedor no ha establecido un plazo de validez del presupuesto, este regirá por diez días corridos desde su entrega al consumidor.

El consumidor no responderá por cualquier cargo o incremento no previsto en el presupuesto.

Artículo 9°.- Toda tarea, empleo de material o costo adicional que se evidencie como necesario durante la prestación del servicio y que por su naturaleza o características no pudo ser incluido en el presupuesto original, deberá ser aceptado por el consumidor antes de su realización o utilización.

Queda exceptuado de esta obligación el prestador del servicio que por la naturaleza del mismo no pueda interrumpirse sin afectar su calidad o sin causar daño para los intereses del consumidor, cuando hubiese informado acerca de tal posibilidad.

Artículo 10.- Créase el Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores que funcionará en la Dirección del Area Defensa del Consumidor. Las asociaciones ya constituidas como asociaciones civiles cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor deberán inscribirse en este Registro.

A los efectos de la inscripción deberán presentar la solicitud en formulario que proporcionará dicha Dirección y la siguiente información:

a) copia autenticada del estatuto aprobado e inscripto y certificado de vigencia expedido por el Ministerio de Educación y Cultura;

b) certificado notarial que acredite la composición del órgano directivo en funciones y el número de asociados, conforme a los libros que lleve la asociación;

c) copia autenticada del libro de asambleas;

d) estado de situación patrimonial y estado de resultados, confeccionados de acuerdo a normas contables generalmente aceptadas, correspondiente al cierre del último ejercicio económico de la asociación y aprobado por la asamblea conforme a las disposiciones estatutarias.

La permanencia en el Registro estará sujeta a la actualización anual de la información exigida por este artículo, ante la Dirección mencionada.

Artículo 11.- A los efectos de la celebración de la audiencia administrativa prevista en el literal F) del artículo 42 de la Ley que se reglamenta, el solicitante se presentará ante la Dirección del Area de Defensa del Consumidor, proporcionando la siguiente información: su identificación, la del proveedor en forma completa y la determinación clara y precisa del objeto de la citación. La cédula citatoria contendrá, además de los datos proporcionados por el solicitante, lugar, día y hora de realización de la audiencia y el apercibimiento de que la incomparecencia del citado se tendrá como presunción simple en su contra en el eventual proceso ulterior.

Artículo 12.- La audiencia se convocará para día y hora determinados y con una antelación no menor a tres días. Sin perjuicio de las normas vigentes sobre representación, en el caso de que el citante la hubiere otorgado a una asociación de consumidores, esta deberá estar registrada y cumplir con lo dispuesto en el artículo 10 del presente Decreto. Se admitirá la concurrencia voluntaria de las partes a fin de documentar el acuerdo transaccional al que haya arribado fuera de audiencia.

Artículo 13.- La audiencia será presidida por un funcionario de la Dirección citada quien, cuando comparezcan ambas partes, labrará un acta que deberá contener: las pretensiones del citante y del citado y el resultado final.

El acta será firmada por ambas partes y el funcionario actuante, expidiéndose testimonios. La incomparecencia del citante o del citado habilitará al concurrente a solicitar testimonio de su comparecencia a los efectos pertinentes.

El funcionario actuante podrá suspender la audiencia a solicitud de ambas partes y fijarla dentro de un plazo razonable, a su criterio. Este funcionario deberá guardar reserva respecto de todas las cuestiones relativas a la audiencia administrativa que se regula en el presente decreto.

Artículo 14.- La Dirección del Area de Defensa del Consumidor podrá coordinar con la Dirección General Impositiva u otra unidad ejecutora del Ministerio de Economía y Finanzas, la recepción de las solicitudes de audiencia administrativa formuladas en el interior de la República y su celebración en los locales departamentales correspondientes.

Artículo 15.- Las infracciones a la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, serán sancionadas por el órgano con competencia en la materia, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 50 de dicha norma y comunicando a la Dirección del Area de Defensa del Consumidor que ha asumido competencia de control.

Artículo 16.- Denunciada ante la Dirección del Area de Defensa del Consumidor una infracción a las disposiciones de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000, que refiera a materia cuyo control esté atribuido expresamente a otro órgano o Ente público, aquélla le remitirá la denuncia en un plazo de setenta y dos horas de recibida.

Artículo 17.- El incumplimiento de las obligaciones previstas en este Decreto será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 18.- Exhórtase al Banco Central del Uruguay a regular las especificaciones de la oferta de servicios financieros, según lo dispone el artículo 21 de la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 19.- El proveedor de productos y servicios debe mantener en su poder, para la información de los legítimos interesados, los datos fácticos, técnicos y científicos que den sustento al mensaje publicitario que emita, durante el plazo de noventa días contados desde el último mensaje difundido.

Artículo 20. (Transitorio).- Los proveedores tendrán un plazo de noventa días para ajustar la documentación exigida por los artículos 7° y 8° a las disposiciones del presente decreto, los que se contarán a partir de su publicación.

Artículo 21.- Comuníquese, publíquese, etc.

Reglamentario/a de: Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

DECRETO N° 382/003,

de 17 de setiembre de 2003

Artículo 1°.- El presente decreto reglamenta el uso de la firma digital y el reconocimiento de su eficacia jurídica.

Artículo 2°. Definiciones.- A los efectos de este Decreto, se establecen las siguientes definiciones:

a) Firma Digital es el resultado de aplicar a un documento un procedimiento matemático que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose esta bajo su absoluto control. La firma digital debe ser susceptible de verificación por terceras partes, de manera tal que dicha verificación permita, simultáneamente, identificar al firmante y detectar cualquier alteración del documento digital posterior a su firma.

b) Prestador de servicios de certificación es una tercera parte que expide certificados digitales, pudiendo prestar además, otros servicios relacionados con la firma digital.

c) Certificado Digital es un documento digital firmado digitalmente por un Prestador de servicios de certificación, que vincula la identidad del titular del mismo con una clave pública y su correspondiente clave privada.

d) Clave Privada es la clave generada por un proceso matemático, que contiene datos únicos que el firmante utiliza para crear la firma digital. Su conocimiento y control es exclusivo del firmante. Si el firmante decidiera compartirla, se imputará como suyo todo aquello que fuera realizado mediante el uso de la misma.

e) Clave Pública es aquella clave generada por el mismo proceso matemático que genera la clave privada. Contiene datos únicos que permiten verificar la firma digital del firmante. Su conocimiento es público.

f) Lista de Certificados Revocados de un prestador de servicios de certificación es un archivo firmado digitalmente por este, en el que constan los números de serie y fecha de revocación de todos los certificados revocados del Prestador de servicios de certificación.

g) Firmante o Signatario, es la persona física que cuenta con un Certificado Digital que utiliza para firmar digitalmente.

h) Período de Validez, es el período de vigencia del Certificado Digital.

Artículo 3°.- Validez y eficacia de la firma digital.- La firma digital tendrá idéntica validez y eficacia a la firma autógrafa, siempre que esté debidamente autenticada por claves u otros procedimientos seguros de acuerdo a la tecnología informática que:

1. garanticen que la firma digital se corresponde con el certificado digital emitido por un prestador de servicios de certificación de firma digital, que lo asocia con la identificación del signatario;

2. aseguren que la firma digital se corresponde con el documento respectivo y que el mismo no fue alterado ni pueda ser repudiado; y

3. garanticen que la firma digital ha sido creada usando medios que el signatario mantiene bajo su exclusivo control y durante la vigencia del certificado digital. (*)

Artículo 4°.- Valor probatorio de la firma digital.- La firma digital tendrá respecto al documento respectivo, idéntico valor probatorio al que tiene la firma manuscrita con respecto al documento consignado en papel, siempre que la misma haya sido creada mediante mecanismos de clave pública y privada u otros procedimientos acordes a la evolución de estándares tecnológicos internacionalmente reconocidos como fiables que cumplan con las exigencias establecidas en el artículo precedente.

Artículo 5°.- Requisitos del Certificado Digital.- El Certificado Digital del firmante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Contar como mínimo con la siguiente información del titular del certificado:

a. Nombre completo tal como aparece en el documento de identidad.

b. Número, tipo y país emisor del documento de identidad.

c. La clave pública asociada a la clave privada.

2. Número de serie.

3. Identificación del prestador de servicios de certificación.

4. Período de validez.

5. Firma Digital del prestador de servicios de certificación.

6. Debe estar vigente.

7. No debe estar revocado a la fecha de la firma.

8. Haber sido creado de acuerdo a las políticas del prestador de servicios de certificación que cumplan con lo establecido en el artículo 6.

Artículo 6°.- Requisitos de emisión del Certificado Digital.- Los requisitos para la emisión de Certificados Digitales serán los siguientes:

a) Presencia física del solicitante del certificado con documento de identidad vigente y válido en la República Oriental del Uruguay.

b) Un contrato en soporte papel, con fecha de emisión, en el que se consigna la información exacta trasladada de la documentación presentada firmado en forma manuscrita en el que deberá constar:

i) Responsabilidad del Solicitante respecto de la clave Privada cuya clave pública correspondiente se consigna en el certificado y todos los usos que a la misma se le dieran.

ii) Declaración del solicitante de su total conocimiento y aceptación de la Declaración de Prácticas de Certificación y/o Política de Certificación correspondientes al certificado solicitado.

iii) Responsabilidades del solicitante y del prestador de servicios de certificación respecto a la solicitud de revocación de un certificado, consignando plazos de responsabilidad.

c) Generar la clave privada cuya clave pública correspondiente se consignará en el certificado.

Artículo 7°.- Cese de actividades del prestador de servicios de certificación.- Si el prestador de servicios de certificación cesara sus actividades está obligado a comunicar dicha situación a través del Diario Oficial y cualquier otro medio que considere pertinente, a mantener o derivar el servicio de recepción de solicitudes de revocación y a actualizar y publicar la Lista de Certificados Revocados hasta que haya vencido el último de los certificados emitidos.

Artículo 8°.- Actualización y publicación de la Lista de Certificados Revocados.- El prestador de servicios de certificación deberá actualizar y publicar la Lista de Certificados Revocados al menos cada 24 horas.

Artículo 9°.- Equivalencia de certificados.- Los certificados que expidan los prestadores de servicios de certificación establecidos en otros Estados, de acuerdo con su respectiva legislación, se considerarán equivalentes a los expedidos por los establecidos en la República, siempre que los mismos hayan sido emitidos con garantías de confiabilidad similares a las exigidas por este decreto, y que exista reciprocidad del país de origen con respecto de los certificados emitidos en el Uruguay.

Artículo 10.- Comuníquese, publíquese, etc.

Reglamentario/a de:

Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000 artículo 25.

Ley N° 16.736, de 05 de enero de 1996 artículos 694, 695, 696 y 697.

Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988 artículo 129.

DECRETO N° 16/004,

de 21 de enero de 2004

Artículo 1°.- Las empresas minoristas que giren en los ramos de almacén, minimercado, autoservicio, supermercados y similares, ubicadas en ciudades costeras y balnearios de los departamentos de Canelones, Colonia, Maldonado y Rocha, deberán exhibir en los lugares de acceso al local comercial, la lista de precios de los productos que ofrezcan, integrantes de una canasta de artículos que el Area Defensa del Consumidor determinará en su oportunidad.

Los comercios alcanzados por el presente Decreto contarán con el listado de artículos a publicar así como sus modificaciones o ampliaciones en sitio web "www.mef.gub.uy". El referido listado, así como las modificaciones o ampliaciones al mismo serán anunciados en un periódico de circulación nacional.

Aquellas empresas que cuenten con más de cincuenta dependientes, deberán remitir al Area Defensa del Consumidor cada quince días, copia de la lista mencionada en el primer inciso.

Lo anteriormente expresado, es sin perjuicio de dar cumplimiento además, a todo lo relativo en materia de información de precios, dispuesto por la normativa vi-gente.

Artículo 2°.- En todos los casos la exhibición de precios, deberá hacerse en lugar visible y en forma clara, mediante leyendas impresas en letra de buen tamaño, contando con una descripción que permita la clara identificación de los productos.

Artículo 3°.- Las infracciones al presente Decreto serán sancionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

Artículo 4°.- El presente Decreto tendrá vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y hasta el 30 de abril de 2004.

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Reglamentario/a de: Ley N° 17.250, de 11/08/2000 artículos 15 y 42."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley de no fácil comprensión; es un proyecto de ley pesado, denso y en algunos casos muy técnico y muy especializado. Por ello, la tarea de la Comisión se desarrolló a lo largo de más de diez sesiones, en las que se contó con la participación directa de asesores del Banco Central, que son los principales redactores del proyecto de ley, y se analizó cada artículo con ellos. Este procedimiento dio a los integrantes de la Comisión no sólo la posibilidad de participar, sino también de hacer todas las preguntas necesarias; y, a su vez, los sectores de la oposición tuvieron la chance de analizar, rever y modificar todo lo que fuese necesario.

El análisis de todo lo que tiene que ver con el mercado de valores se da en un momento muy especial, no solo para el Uruguay, sino también en el campo internacional. No hay duda de que en estos momentos estamos viviendo una etapa de globalización financiera, en el sentido de que no hay autonomía, no hay independencia y cualquier medida que se tome en el mundo desarrollado sobre tasas de interés o problemas cambiarios repercute necesariamente en todos los centros financieros internacionales y en cada uno de los países. Esto deriva de los avances tecnológicos, sobre todo en materia de informática, y de la liberalización financiera que se dio especialmente en la década del noventa, con mucha participación de los organismos financieros internacionales, lo que dio lugar, además, a que las transacciones superaran los requerimientos del comercio y las inversiones directas. Es muy alta la cantidad de transacciones que se realizan -estamos hablando de alrededor de US$ 2:000.000 diarios-, lo cual marca una enorme volatilidad del mercado financiero. El 90% de esas operaciones se hacen en menos de una semana y, para que se tenga una idea, ocurre que una persona puede tener un depósito en Europa por la mañana, traerlo a América Latina en la tarde y llevarlo a Tokio por la noche. En definitiva, se trata de la misma plata que va multiplicándose y va funcionando en distintos mercados. Por otra parte, este fenómeno de la globalización financiera es un hecho real; en otros campos, cuando se habla de globalización, muchas veces el contenido es más ideológico que real, pero en materia financiera el efecto de medidas de esta naturaleza, especialmente en el mundo desarrollado, sin duda repercute en los movimientos de capitales y en las cotizaciones cambiarias de una manera muy importante.

Esto se enmarca, a su vez, en una situación excepcional que se ha venido dando desde setiembre u octubre del año pasado. Me refiero a la crisis financiera, que se inició por una burbuja en el mercado inmobiliario. Como se recordará, el señor Senador Lorier hizo referencia en múltiples oportunidades a la existencia de una burbuja y a la posibilidad de una crisis financiera, que se concretó luego en la caída de los grandes bancos de inversión, de empresas aseguradoras y de muchos bancos financieros. Esto todavía sigue ocurriendo, especialmente en los Estados Unidos. En los hechos, uno de los elementos centrales explicativos de esta crisis es la falta de regulación; diría que las innovaciones superaron los controles. Y la falta de regulación en materia de instituciones y de productos venía también de una concepción del Consenso de Washington de la década del noventa y del neoliberalismo, que apuntaba a la necesidad de desregular y liberalizar. Estos son elementos que se están reviendo en el mundo y que llevan hoy día a modificaciones sustantivas en los países desarrollados y especialmente en los grandes centros financieros, que empiezan a regular esos mercados. Este es uno de los motivos centrales por los cuales este proyecto de ley está arriba de la mesa. La idea es generar un marco regulatorio adecuado para el caso de Uruguay, a los efectos de que la crisis financiera no nos afecte como al mundo desarrollado.

Si se quisiera tener una idea de las características del mercado de valores en el Uruguay, podría decirse que, básicamente, aquí se realizan operaciones de títulos públicos: emisiones del Gobierno, del Banco Central, etcétera. En los hechos, la operativa en materia de acciones es extremadamente limitada y débil. Hubo un momento en que se emitieron muchas obligaciones negociables, especialmente de instituciones privadas, pero el mercado de valores sufrió la caída de Granja Moro, que significó una pérdida de confianza muy importante. Y no hay mercado de valores que pueda funcionar con fluidez si no existe la confianza necesaria para que los ahorristas inviertan en empresas privadas. De manera que este elemento de confianza también es uno de los objetivos por los que en este proyecto se avanza en materia de regulación -que comenzó en la ley de 1996- para intentar generar más confianza en los inversionistas a los efectos de dinamizar el mercado de valores.

Un segundo elemento de diagnóstico muestra que las empresas uruguayas son más bien renuentes a someterse a procesos de divulgación de información y de evaluación que supongan transformaciones en emisores de bonos corporativos, así como a abrir su capital al ahorro público. Por lo tanto, todo esto tiene que ver con una falta de confianza del ahorrista y de renuencia de los empresarios privados nacionales, sobre todo pequeñas empresas, que no tienen la fuerza o no se animan a abrir sus mercados y a brindar la información correspondiente.

A criterio del Banco Central, la etapa regulatoria instaurada en la ley de 1996 no fue suficiente. Hay vacíos de control debido a las escasas potestades que la ley le dio al regulador en el ámbito de los agentes, en materia inspectiva, sancionatoria, de esclarecimiento y de control. De manera que, desde este punto de vista, fundamentalmente se busca mejorar los niveles de regulación. Quiero aclarar que regular significa fiscalizar y sancionar cuando se han llevado adelante acciones que requieren penalización.

Otro elemento de diagnóstico que vale la pena resaltar es que el regulador tiene potestades insuficientes -en este caso, el Banco Central del Uruguay-, lo que se expresa en el impedimento de control prudencial, aspecto que debilita la transparencia, el buen funcionamiento y la protección del inversor minorista, que es el que tiene que estar más informado puesto que generalmente no es el inversor sofisticado del mercado de valores. Asimismo, dificulta la sanción de infracciones y no permite la obtención de información en investigaciones sobre infracciones. Por lo tanto, el proyecto de ley da facilidades para que el regulador pueda tener mayor información. También el sistema tiene insuficientes potestades para el intercambio de información ante delitos en el mercado de valores -lo que marca la necesidad de modificaciones en esta materia-; deficiencias en la autorregulación en el segmento que atiende al inversor minorista; ausencia de reglas de idoneidad para intermediarios; debilidad en la supervisión del cumplimiento de normas que regulan la negociación y la conducta profesional de los intermediarios de valores; falta de aplicación de procedimientos disciplinarios; incapacidad para imponer sanciones y para suspender la participación en el mercado de un intermediario. Acá está uno de los elementos centrales en donde hay diferencias, sobre todo con la Bolsa Electrónica de Valores, que entendía que era imprescindible que hubiera más autorregulación. Nosotros entendemos que, dadas las características del mercado uruguayo y, sobre todo, la crisis financiera internacional y las nuevas acciones que se están dando en el mundo desarrollado, la regulación es un elemento importante e indispensable.

En el planteo del Banco Central del Uruguay aparecen elementos de diagnóstico que tienen que ver con experiencias locales e internacionales. Entre las locales se destaca que la ambigüedad de las potestades dadas al regulador y a las Bolsas no contribuye a la cooperación; que las dificultades de supervisión de las Bolsas respecto de sus miembros no asegura el cumplimiento de las normas de conducta -esta es la crítica a la autorregulación-; y que la intervención en subsidio por parte del regulador cuando la Bolsa no ha actuado, se traduce en dificultad o inoportunidad en las sanciones, porque lo hace después que las Bolsas no actuaron. A su vez, las experiencias internacionales están marcando que en mercados de mayor dimensión, la autorregulación con asiento en las Bolsas ha sido sustituida por la regulación con asiento en entidades independientes de las Bolsas. Insisto en que esto es lo que se está haciendo en el plano internacional en este momento, yendo de la autorregulación a la regulación. Además, los problemas internacionales recientes se generaron en instituciones y en productos financieros insuficientemente regulados. Es muy claro, además, que algunas de las innovaciones y de los nuevos productos en el plano internacional se llevaron a cabo por fuera, por el costado de los ámbitos de regulación correspondiente.

¿Cuáles son las principales modificaciones del proyecto de ley a estudio? Insisto en que el elemento central es el marco regulatorio; es decir, trata de regular, fiscalizar y sancionar.

En segundo lugar, debe haber un ámbito institucional con comisión de promoción, con participación del sector privado -como vamos a ver posteriormente- y con estímulos tributarios para tratar de que el mercado de valores pueda tener cierto grado de dinamización.

En tercer término, es necesario reglamentar elementos vinculados a los valores escriturales, que no son valores físicos y que tienen que ver también con los avances tecnológicos. Se trata de dar mayor transparencia para que los ahorristas tengan la mayor información posible y que existan normas y controles sobre emisores de oferta pública.

En cuanto a los objetivos centrales del proyecto, se busca la captación de ahorros y la canalización y financiamiento de inversiones, con un marco regulatorio para un mercado más transparente, más competitivo, más eficiente y, sobre todo, con protección para los inversores porque, de lo contrario, faltará la confianza necesaria e indispensable para llevar adelante la dinamización del mercado.

La presentación realizada por el Banco Central también nos mostraba que los objetivos del proyecto eran, básicamente -algo ya adelantado-, propiciar un funcionamiento transparente y eficiente del mercado de valores, una adecuada información y protección al inversionista, la recuperación de la confianza -prerrequisito para el desarrollo del mercado- y la promoción del mercado de valores, incluyendo beneficios tributarios. Estoy reiterando lo que expresé porque en este momento tengo frente a mí la presentación del Banco Central.

En lo que tiene que ver con las razones en el cambio del marco legal se menciona que este debe acompañar los cambios en las formas de operar los instrumentos del mercado. El enfoque regulatorio debe ser consistente con los objetivos: protección de inversionistas no sofisticados -o sea, los minoristas-, eficiencia y menores costos, así como una adecuada combinación entre regulación eficiente e instrumentos de promoción del mercado.

Según la presentación del Banco Central, los principales aspectos incorporados en el proyecto de ley tienen que ver con normas sobre derechos de propiedad de valores representados por anotaciones en cuenta, los llamados valores escriturales; normas sobre obligaciones de emisores de oferta pública; regulación de auditores externos de las firmas emisoras y de los demás agentes del mercado; normas adecuadas de contabilidad para promover mayor transparencia informativa; regulación de entidades registrantes; incentivo al uso de valores escriturales para mayor seguridad de los inversionistas y menores costos.

Como ustedes ven, se utiliza un lenguaje muy técnico y especializado, por lo que estoy tratando de hacer el mayor esfuerzo posible para su mejor comprensión.

En esta presentación también aparece un nuevo enfoque regulatorio centrado en las potestades del regulador estatal para regular, supervisar y sancionar a los agentes del mercado, a los intermediarios de valores; en los requerimientos de capital para los que participan; en la adecuación de sanciones; y en la autorregulación. Aclaro que esta regulación es después de la fiscalización y de la regulación de los aspectos operativos del mercado. También se mencionan potestades para intercambiar información con reguladores extranjeros en el caso de delitos del mercado de valores, uso de información privilegiada, manipulación del mercado, inducción a actuar en base a información engañosa y potestades para requerir información de entidades no reguladas y para sancionar.

En esencia, la autorregulación cede terreno ante potestades de control y punición del ente rector, cuyo ejercicio será independiente y en ningún caso condicionado a los organismos de autorregulación. Como dijimos, esta se mantiene para la parte estrictamente operativa. También importa señalar que las bolsas de valores y los intermediarios requerirán habilitación o autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central.

Con respecto a las características de la regulación y la promoción, también tomo del informe del Banco Central la idea de la necesidad de un nuevo enfoque basado en la regulación prudencial de acuerdo a riesgos, a la eliminación de conflictos de intereses entre entidades de supervisión y supervisadas -lo que se podía dar con la autorregulación-, a sanciones adecuadas y oportunas, a menor riesgo sistémico, a mayor eficiencia, a mayor potestad y menores costos del inversionista y a mayor protección de los intermediarios. Y expresa con claridad que una regulación eficaz es la base de la confianza de los inversores y del desarrollo del mercado. Por lo tanto, la regulación y la supervisión estarán a cargo del Banco Central a través de la Superintendencia de los Servicios Financieros y la promoción del mercado se realizará a través de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, integrada por el Ministerio de Economía y Finanzas, por las Bolsas de valores y por las Administradoras de fondos. Quiero destacar otra característica y es que las acciones de promoción requieren de la coordinación de instituciones públicas y privadas.

La verdad, señor Presidente, es que hemos notado que hubo una activa participación en el proyecto de ley de las Bolsas de Valores, sobre todo, en lo que tiene que ver con la norma sobre promoción, con la Comisión correspondiente y también con los estímulos fiscales, con los estímulos tributarios tendientes a que el mercado de valores pueda dinamizarse.

También hay participación de las AFAP; en realidad, estas instituciones son activos participantes ya que son los principales compradores en el mercado de valores y se les da participación en la Comisión de Promoción que ya he mencionado. Además, no debemos olvidar que en el orden internacional son los fondos de pensiones los más importantes interventores, compradores de Títulos correspondientes.

También quiero destacar que en la presentación que hizo la Bolsa de Valores se puso mucho énfasis en el temor de que se regulara algo que todavía no existe; por lo tanto, lo que más importaba era que se dinamizara, que se promoviera la Bolsa de Valores. Desde ese punto de vista, importa destacar que ellos plantean la necesidad -la posibilidad, la búsqueda- de que en las futuras inversiones que se hagan en logística, en infraestructura y en energía, el mercado de valores pueda tener cierta participación con algún tipo de Títulos. Ellos planteaban que hoy en día, por ejemplo, las empresas públicas emiten obligaciones negociables; ese es el caso de UTE, que ha hecho una emisión de US$ 80:000.000. Pero también planteaban que muchas empresas que se rigen por el Derecho Privado puedan tener, dentro de ciertos límites, la posibilidad de participación de ahorristas.

Por otro lado, señor Presidente -y este aspecto no es menor-, hay una promoción con exoneraciones y reducciones de tasas a solicitud e iniciativa de la Bolsa de Valores, que fue acordada con el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas exoneraciones y reducciones tienen que ver con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, con el Impuesto a la Renta de los No Residentes, con el Impuesto al Valor Agregado y con el Impuesto al Patrimonio. Pero sobre todo se están dando estas exoneraciones cuando hay Títulos de suscripción pública y cuando hay Títulos que cotizan en Bolsa. Por lo tanto, desde este punto de vista, se está buscando dar elementos que permitan al mercado de valores tener una participación mayor en el financiamiento de las inversiones, de la que tienen en la actualidad. Tengo en mi poder el detalle de las exenciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y, en realidad, se le da similares tasas como si se tratara de intereses de obligaciones o de otros Títulos de plazos superiores a tres años. Tengo también ciertas exoneraciones al Impuesto a la Renta, a contribuyentes del IRAE y de enajenación de bienes agrícolas; tengo exoneraciones de IVA a intereses de los depósitos bancarios, pero se agregan a los "warrants"; tengo exoneraciones de IVA por descuentos de documentos a través de la Bolsa de Valores; tengo exoneración de compraventa de valores públicos que también se agrega a la compra de valores privados; tengo un tratamiento similar a los "warrants" de obligaciones y "debentures" cuando hay suscripción pública y cotización bursátil, tanto para el IRAE, para el IRPF, para el Impuesto a la Renta de los No Residentes, para el IVA y para el Impuesto al Patrimonio; tengo abatimiento de Impuestos al Patrimonio y tengo exoneraciones hasta por cinco ejercicios fiscales de Impuesto al Patrimonio y de sociedades que emitan para cotizar en Bolsa, que voy a presentar como un aditivo.

En esencia, señor Presidente, el contenido del proyecto de ley, en su Titulo I marca un ámbito de aplicación y de principales definiciones; en el Titulo II, la regulación del mercado de valores y las atribuciones al Banco Central. Desde este punto de vista, tal vez, una mirada rápida al artículo 9º por lo menos le va a dar la pauta de las características de estas atribuciones, ya que dice: "Para el ejercicio de las competencias previstas en la presente Ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las siguientes atribuciones: 1. Dictar normas tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente.

2. Dictar normas que establezcan los códigos de conducta a los cuales deben someterse los agentes participantes del mercado de valores.

3. Llevar el registro de entidades y valores autorizados para oferta pública.

4. Establecer reglas de carácter general, conforme a las cuales se precise si una oferta es pública o no. […]

5. Reglamentar las operaciones de toma de control de sociedades abiertas a efectos de preservar la transparencia del mercado y la protección de los inversores.[…]

6.- Requerir a las personas mencionadas en el artículo 8º de la presente ley, que brinden información con la periodicidad y bajo las formas que la Superintendencia juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos"[…]. Así, sucesivamente, se plantean las características principales de estas atribuciones.

En el Título III se crea la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, que tendrá a su cargo una conjunción de asesoramientos, entre los que se incluyen especialmente, a solicitud de la Bolsa de Valores, tareas de regulación. Para que se tenga una mejor idea sobre esto, daré lectura al artículo 10 de este Título, que dice lo siguiente: "Créase la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, que tendrá como cometido la promoción del desarrollo del mercado de valores.

La Comisión de Promoción del Mercado de Valores para el cumplimiento de su cometido tendrá las funciones siguientes: 1. Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias relativas a la promoción y el desarrollo del mercado de valores. En la consecución de esta función podrá asesorar al Poder Ejecutivo en relación a proyectos regulatorios. 2. Promover y realizar estudios e investigaciones sobre el mercado de valores promoviendo iniciativas ante el Poder Ejecutivo y los demás agentes intervinientes en el mismo para impulsar su funcionamiento y desarrollo. 3. Promover y proponer políticas y acciones públicas en la materia de su competencia."

"La Comisión de Promoción del Mercado de Valores estará integrada por un representante designado por el Poder Ejecutivo, dos representantes de las bolsas de valores y demás instituciones existentes que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, un representante de los emisores de oferta pública y dos representantes de las administradoras de fondos de ahorro previsional". Esto es lo que planteábamos como coordinación institucional entre lo público y lo privado.

El Título IV hace referencia a valores y valores escriturales; el Título V a obligaciones negociables, el Título VI a prácticas de gobierno corporativo. Aquí lo que importa es la supervisión y control de las instituciones que emiten títulos de oferta pública, que deberán dar la más transparente información sobre sus resultados para atender a los ahorristas y accionistas. El Título VII trata sobre mercados e intermediarios, y también el proyecto habla sobre el régimen sancionatorio, sobre las disposiciones tributarias de promoción al mercado de valores, tal como ya mencioné.

Culmino mis palabras, dejando constancia de que presentaré a la Mesa dos o tres artículos sustitutivos y un aditivo que fundamentaré posteriormente.

Nada más. Muchas gracias.

21) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: solicito que se declare urgente el proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, hecha en la ciudad de Managua, Nicaragua, el nueve de junio de mil novecientos noventa y tres -Carpeta Nº 1595/09-, así como el que autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional para participar de un desfile cívico militar a realizarse en Brasil. Ambos han sido distribuidos, y pretendemos que sean considerados una vez que el Cuerpo haya culminado el tratamiento del punto que está en discusión en este momento.

Asimismo, formulo moción para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión hasta agotar el Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Vaillant.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

22) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia el día 18 a partir de la hora 13, y el día 19 de agosto del corriente año."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 18 de agosto de 2009.

Señor Rodolfo Nin Novoa

Presidente del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito a Usted ponga a consideración del Cuerpo una solicitud de licencia por motivos de índole particular por los días 18 a partir de la hora 13, y 19 de agosto del corriente año.

Asimismo, solicito se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Dr. Eduardo J. Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que los señores León Lev, Gonzalo Gaggero y Luis Oliver han presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Gustavo Guarino.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Percovich solicita licencia los días 26 al 28 de agosto inclusive."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 18 de agosto de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Sr. Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Solicito tenga a bien concederme licencia los días 26 al 28 de agosto inclusive. El motivo de la solicitud es que estaré participando del Seminario ‘Combatiendo la violencia contra niños, niñas’, organizado por la Unión Interparlamentaria, que se llevará a cabo en San José de Costa Rica.

Sin otro particular, le saluda con su más alta estima

Margarita Percovich. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

23) MERCADO DE VALORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa la discusión del Proyecto de Ley por el que se regula el Mercado de Valores.

Tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: antes de hacer referencia al tema en consideración, quisiera saber si llegó a la Mesa una redacción sustitutiva del proyecto de ley sobre Vehículos Escolares.

SEÑOR PRESIDENTE.- Sí, señor Senador, esa redacción ha llegado a la Mesa, pero como aún resta considerar un extenso Orden del Día, la Presidencia lo pondrá a consideración oportunamente.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: agradezco la aclaración.

Con respecto al proyecto de ley por el que se regula el mercado de valores nos asalta una duda existencial. Lamentablemente, no existe un mercado de valores ágil y pujante, ni hay costumbre de las empresas nacionales de cotizar en Bolsa. A medida que se estudió este proyecto de ley en Comisión, se nos generó la duda si la regulación de algo que no existe ayudaría a que este se activara. Creemos que no es así sino que, por el contrario, para nosotros es primordial incentivar la existencia de ese mercado y no generar esa desconfianza por ser mal utilizado -cuando en realidad no lo es- como si fuera un mercado de capitales en el Uruguay.

Se ha dicho y reiterado que más del 90% de los papeles que cotizan en Bolsa son del Estado. No hay costumbre empresarial ni mercado para hacerlo. Entonces, me da la sensación de que la regulación que se establece por el proyecto de ley sería para la Bolsa de San Pablo, la de Buenos Aires, la de Nueva York o alguna del Primer mundo. Me parece que no ayuda a crear capitales ni a que la gente utilice la Bolsa como forma de obtener capital que no sea del mundo financiero bancario. Creo que no tener mercado de valores es un enorme problema del Uruguay y después de haber estudiado más de 130 artículos, nos queda la duda si esa excesiva regulación lo generará. Hemos estudiado el tema y hecho consultas al respecto con nuestros asesores y, por lo que nos han dicho, esto no responde al tema de fondo. Las medidas implementadas estarían bien si existiera el mercado de valores. Nos parecería correcto que el Banco Central del Uruguay y la Superintendencia de Servicios Financieros ejercieran esos controles si existiera un mercado pujante, en el que la gente, con sus pocos o muchos ahorros, participara en la compra y en la obtención del capital necesario. Es distinto cuando este aparece como socio y no simplemente como un capital que procura una renta financiera, en que se asume el compromiso mediante la compra de acciones, pero hay un tema de análisis, de credibilidad y de proyección que nos parece más legítimo y esencial para el aporte de capital que precisan muchas empresas, públicas y privadas, a los efectos de desarrollar su inversión.

La Comisión recibió al Presidente de la Bolsa de Valores, quien señaló la necesidad de recrear -si bien hizo un cuestionamiento a esta hiperregulación bancocentralista- lo que sucedía en otros países que no tenían mercado de valores -lo que nos planteó algunas interrogantes-, el que nace a partir de que las empresas del Estado empiezan a generar ese tipo de sociedad mediante la cotización de parte de sus acciones en la Bolsa. Me pareció interesante su propuesta, porque dijo muy convencido que era necesaria una transformación de las empresas, en este caso las públicas, para que fueran accionarias y que su participación en la Bolsa se produjera como parte del incentivo público para generar el mercado de valores.

Reitero que así lo expresó el Presidente de la Bolsa de Valores en el seno de la Comisión. Como consta en la versión taquigráfica correspondiente, insistí en la posibilidad de instrumentar algún tipo de participación de empresas públicas en la Bolsa de Valores, tanto de las que eran por acciones como de las que, no siéndolo, también tuvieran participación por acciones. Sin embargo, en la Comisión se nos dijo que no había voluntad política en ese sentido y que por este proyecto de ley se pretendía regular la Bolsa de Valores, pero no asociar a las empresas públicas y que, por tanto, ese tema no estaba en discusión.

De todo el proyecto, me pareció que estos artículos en los que se establecían obligaciones negociables que podían transformarse en acciones de la empresa emisora eran un camino para buscar una participación y rehabilitar o motivar al mercado de valores que, a nuestro juicio, no existe en el país, por más intentos políticos que se hagan en el tema. Seguimos manejando papeles del Estado. A estos papeles del Estado, de las empresas públicas, el Gobierno, o por lo menos sus Legisladores, no se opusieron; no se dijo que no se estaba de acuerdo con que esto se tratara, porque no estábamos ante una iniciativa por la que, por vía indirecta y por lo menos en esta instancia, se buscara la privatización de los capitales de las empresas públicas. Mi sorpresa, señor Presidente, fue que al mismo tiempo vimos al candidato único a la Presidencia por el Frente Amplio hacer una visita a la Bolsa de Valores y decir públicamente que esa era una de las funciones que se podía incentivar, es decir que las empresas públicas pudieran cotizar en la Bolsa su paquete accionario. Naturalmente, todos sabemos que debemos transformar las empresas públicas en sociedades anónimas para que su paquete accionario pueda cotizar en Bolsa.

Esto generó, señor Presidente, reacciones de diversa índole, mucho más duras o negativas de parte de gente que participa de la fuerza política de izquierda que de nosotros. Entonces, pensamos: ¡Qué raro! Sucede que hace poco tiempo, estudiando esta iniciativa en la Comisión de Hacienda, hicimos una invitación para estudiar la posibilidad de que las empresas públicas cotizaran en Bolsa, pero tajantemente se nos dijo que no. Sin embargo, a las pocas semanas, vimos al candidato único a la Presidencia por parte de esa fuerza política hacer la invitación que nosotros habíamos sugerido en Comisión. A todo esto, sin picardía -si bien los distintos sindicatos que actúan dentro de las empresas públicas levantaron su voz en contra-, pregunté a los miembros de la Comisión si había voluntad o interés de parte de esa fuerza política en el sentido de presentar una propuesta alternativa. Después nos enteramos que el candidato único del Frente Amplio no hacía su propuesta para las empresas públicas -así lo leímos en su oportunidad- sino para aquellas empresas o sociedades por acciones que son subsidiarias de muchas de las empresas públicas y que actúan en el Derecho Privado. Principio tienen las cosas, señor Presidente, por lo que consultamos en la Comisión si iba a venir una propuesta de esa índole, ya que se había aclarado que no se trataba de las empresas mayores como ANCAP, UTE, ANTEL u OSE y que las sugerencias no se dirigían en ese sentido, sino que el mercado de valores podía ser establecido por otra clase de empresas como las que actúan con las empresas públicas y que se regulan por el Derecho Privado. Me refiero, por ejemplo, a DUCSA, ANCEL, etcétera, es decir, a las empresas que todos sabemos actúan como subsidiarias de las empresas mayores, de los Entes Autónomos y de las empresas industriales y comerciales del Estado. Frente a esto preguntamos si se iba a presentar un artículo que posibilitara que estas empresas, quizás menores porque abarcan un radio o un área subsidiaria de las mayores, pudieran cotizar en Bolsa, o alguna disposición apoyando la propuesta del candidato único de la fuerza política del Frente Amplio. No; tampoco. Se nos contestó que no iba a incluirse ninguna propuesta en ese sentido en este proyecto de ley.

Por otro lado, también en Comisión, se nos interrogó acerca de si el Partido Nacional iba a plantear algo al respecto. No, señor Presidente; el Partido Nacional no salió públicamente a hacer ninguna clase de planteos. Es más, creemos que ya hemos tenido experiencia más que suficiente como para no insistir más en la propiedad de las empresas; no hay que discutir tanto lo relativo a la propiedad, sino que se debe hablar de la gestión y de la libertad que las empresas públicas deben tener para competir mejor a la hora de la inevitable desmonopolización que tiene que darse en el país, para que en la competencia podamos tener mejores servicios y más baratos. Quiere decir que no fuimos nosotros los que hicimos el planteo. Esto, que es una discusión de carácter puramente político y que no hace al proyecto de ley, también tiene incidencia en esta iniciativa, porque ni siquiera va a haber un intento de parte de esta fuerza política en el sentido de regular lo que no existe en este proyecto de ley. No están mal las normas de regulación y las hemos acompañado en su totalidad a nivel de la Comisión. Conceptualmente queremos discutir o por lo menos obtener una respuesta; regulando lo que no existe no va a nacer nada. Distinta es la situación cuando los Estados regulan al advertir que hay una actividad muy pujante, que adquiere mucho interés y que existe. Al existir, es mejor que esté regulada por el Estado y fiscalizada por el Banco Central, tal como se propone en la iniciativa. No obstante, no existe.

Las sugerencias del Presidente de la Bolsa de Valores, tomadas por el candidato único del Frente Amplio, en el sentido de que las empresas públicas sean los motores para reactivar el mercado de valores, no tuvieron andamiento dentro de su fuerza política. Nosotros estábamos abiertos a escuchar esa propuesta escrita que pudiera venir, pero ello no ocurrió; no vino porque los Legisladores del Frente Amplio no acompañaron la propuesta que su candidato hizo en forma pública.

Por todo esto, terminamos con un proyecto hiperregu-lador de 137 artículos que, a nuestro juicio, no es reactivador del mercado de valores. Si existiera el mercado de valores, votaríamos la iniciativa, pues nos parece bien que el Banco Central regule algo que quizás se nos podría ir de las manos teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros países, donde sí existe el mercado de valores. Inclusive, Estados Unidos ha aprobado una serie de normas de carácter financiero de regulación mucho más severa; es cierto, pero allí el mercado de valores existe.

Entonces, lamentablemente señor Presidente, más allá de que este es un buen instrumento, para nosotros no existe un objetivo concreto donde se puedan aplicar estas herramientas y ellas deben tenerlo. Repito que no existe el objetivo porque no hay mercado de valores.

La única idea interesante la expresó el señor Presidente de la Bolsa de Valores, la recogió el candidato único a la Presidencia de la República de la fuerza que gobierna, pero no fue acompañada por sus compañeros de Bancada que integran la Comisión. Por lo tanto, entendemos que no tiene sentido este proyecto de ley sobre el mercado de valores porque, a nuestro juicio, busca regular algo que no existe. Insisto en que más allá de que entendemos que esta es una buena herramienta, puede ser de aplicación en otros países pero no en el nuestro. Por ello, no vamos a acompañar en general este proyecto de ley, esperando que esta hiperregulación no genere lo peor, es decir, impedir que nazca lo que todos queremos: oferta financiera distinta a la bancaria a efectos de poder ayudar a las empresas privadas y públicas de nuestro país, para hacerse de capital, desarrollarse e invertir en el área que corresponda.

Es cuanto tenía que manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: al igual que en el caso de la ley de negociación colectiva, voy a tratar de ser breve y concreto.

Es evidente que el mercado de valores en sí es algo muy importante en las sociedades modernas. De hecho, la verdadera libertad y movilidad social está posibilitada por el mercado de valores, donde pueden valer las ideas y los talentos, obteniéndose el financiamiento a una idea. Este fue uno de los grandes cambios que se dio en la sociedad en determinado momento.

Por lo tanto, tener un mercado de valores fluido y profundo, no es algo menor para las sociedades. De hecho, la historia de países en estas latitudes, a principios del siglo pasado, mostró mercados de valores bastante desarrollados para su época -incluso en el Uruguay- que luego fueron desapareciendo. Casualmente, el país era bastante dinámico y se encontraba entre los primeros diez o quince del mundo en ingresos per cápita. Sin duda, no podemos desconocer la importancia de tener normas regulatorias modernas para que exista el mercado de valores y se desarrolle de manera adecuada, con el fin de que las personas que inviertan tengan una razonable protección y conozcan de la mejor manera posible el riesgo de las inversiones que están tomando.

En cuanto a los conceptos de este proyecto de ley, podemos coincidir en determinados aspectos, diría, laterales y centrales, en temas de redacción y en una cierta necesidad de una adecuación de las normas; sin embargo, no coincidimos en algo puntual: en que más allá de que nos queda toda la sensación de que esta iniciativa está regulando lo que no existe -como se nos dijo en Comisión-, seguramente está impidiendo que nazca algo por poco que sea.

Analicemos la situación actual. Para que una empresa realmente pueda hacer una oferta pública, de acuerdo a la regulación actual, con menos de US$ 7:000.000 o US$ 8:000.000 de monto mínimo, no le sería rentable hacerlo por los costos fijos involucrados que se transforman en costos de tasas de interés. Es lo mismo emitir cien que dos millones; hay costos fijos mínimos y en cien pesan mucho más que en dos millones. Esa cifra que se determina para hacer una oferta pública -que en el fondo es lo que queremos para desarrollar el mercado- hoy ya resulta un número muy alto, pero con esta ley crece mucho más. Entonces, desde nuestro punto de vista, la regulación debe tener determinado nivel de exigencia y fortaleza cuando se pone en riesgo algo bastante grande. Cuando se están poniendo en riesgo cosas menores -no me refiero a que sean menores desde el punto de vista de quien las hace, sino desde el lado cuantitativo en términos sociales-, deberíamos permitirlo, cosa que esta ley no admite porque hace tabla rasa para todo el mundo. Por tanto, incrementa el costo que, necesariamente, se traduce en una menor posibilidad de ofertas públicas y, en definitiva, retrasa el desarrollo del mercado de valores e impide que determinados emprendimientos de capitales menores, puedan ir a un mercado abierto. Todos sabemos cómo terminan esos emprendimientos: en un mercado cerrado, con un financiamiento conseguido a través de determinado fondo de inversión y con costos mucho más altos que llevan a que solo determinadas inversiones de mayor rentabilidad sean las que los soporten y los lleven a cabo.

Por ese motivo, adelanto que no acompañaremos en general este proyecto de ley.

Es más, para no aburrir al Cuerpo, ni siquiera vamos a pedir el desglose de ciertos artículos, pese a que en algunos hay cambios de redacción sugeridos por nosotros que fueron aceptados, que no digo que mejoren la redacción, pero sí que la dejan más entendible. Como dije, y más allá de que el señor Senador Couriel me adelantó que se corregiría determinada asimetría tributaria que se generaba y que a nosotros nos creaba alguna duda, en términos generales no queremos poner trabas a algo que ya viene en un gran paquete integrado -nos guste o no, estemos de acuerdo o no-, que además es tedioso de leer artículo por artículo. Por las razones que ya he expresado, vamos a votar negativamente, no sin reconocer que otro hubiere sido el caso si se le hubiera puesto un determinado umbral a estas normas, porque son normas bien razonables y modernas, más allá de que podamos discrepar con algunas de ellas -como lo hemos hecho en Comisión-, no en la sustancia ni en el concepto final.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR COURIEL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR COURIEL.- Señor Presidente: voy a proponer que se vote en bloque el proyecto de ley y que se desglosen los artículos 126, 128 y 130, así como el 90 y el 118, que tiene algunas modificaciones que también han sido propuestas por el señor Senador Alfie. Además, propongo un aditivo en el que se faculta al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente del Impuesto al Patrimonio a las sociedades que realicen suscripciones públicas de acciones en bolsa.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿Sería un artículo nuevo?

SEÑOR COURIEL.- Así es, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿En qué lugar iría ese artículo, señor Senador?

SEÑOR COURIEL.- El aditivo sería el artículo 137, y el actual artículo 137 pasaría a ser el 138.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley, desglosando los artículos 90, 118, 126, 128 y 130.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 90.

Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Aquí, simplemente se introduce una modificación en la redacción y, en lugar de decir: "Las Bolsas de Valores requerirán", ahora se expresa: "Cada Bolsa de Valores requerirá".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 90 con la modificación leída por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 118.

Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Aquí se introduce una modificación en el punto 3. La idea fue del señor Senador Alfie y se trajo una redacción nueva propuesta por el Banco Central que diría lo siguiente: "Multas cuyo límite máximo será:

a) para los bancos: el 50% (cincuenta por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica establecida para su funcionamiento;

b) para los demás intervinientes en el mercado de valores a los que se exija capital mínimo regulatorio: el mayor importe entre el 50% (cincuenta por ciento) del capital mínimo requerido al infractor de acuerdo a la naturaleza de su actividad y el 10% (diez por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica establecida para el funcionamiento de los bancos;

c) para los agentes intervinientes en el mercado que no posean requisito de capital mínimo regulatorio: el 10% (diez por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica establecida para el funcionamiento de los bancos".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 118 con la modificación leída por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 126.

Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Aquí mantenemos la redacción que venía en el proyecto original del Poder Ejecutivo, que dice lo siguiente: "Artículo 126. (Caracterización de las acciones).- Modifícase el artículo 304 de la Ley Nº 16.060 de 4 de setiembre de 1989, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

‘Artículo 304- (Caracterización de las acciones)- Las acciones, podrán ser al portador o nominativas y en este último caso, endosables o no. También podrán ser escriturales, representándose mediante anotaciones en cuenta’."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 126 con la modificación leída por el señor Senador Couriel.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

En consideración el artículo 128.

Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Esta redacción también surge a partir de una propuesta realizada por el señor Senador Alfie, tanto respecto de este artículo 128, como del artículo 130. El artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Artículo 128. (Tasas).- Agrégase el siguiente inciso al artículo 26 del Título 7 del Texto Ordenado 1996:

‘Rentas de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 años, 3%’."

Es decir que se está eliminando la expresión "y resultados por tenencia". En el artículo 130, la modificación sería exactamente la misma.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores están de acuerdo, se votarían en forma conjunta los artículos 128 y 130, ya que se introduce la misma modificación en ambos.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.

(Se votan:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo aditivo que propone el señor Senador Couriel, que de aprobarse llevaría el número 137.

Tiene la palabra el señor Senador Couriel.

SEÑOR COURIEL.- Este es un artículo aditivo por el que se exonera total o parcialmente del impuesto al patrimonio. Dice lo siguiente: "Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

‘Artículo 41 Bis.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente del Impuesto al Patrimonio, el patrimonio de las sociedades que realicen suscripciones públicas de acciones en Bolsa. Dicha exoneración podrá otorgarse hasta por cinco ejercicios fiscales.

En caso de ejercerse la facultad a que refiere el inciso anterior, y durante el período en que se aplique la exoneración, la tenencia de tales acciones se considerará activo gravado a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación del patrimonio gravado’."

En esencia, esto significa que las sociedades que realicen suscripciones públicas serán exoneradas hasta por cinco ejercicios fiscales del Impuesto al Patrimonio, y a las que tienen acciones también se los está mejorando de alguna manera, porque pueden utilizar todo el pasivo para atender un patrimonio menor y, por tanto, disminuir el Impuesto al Patrimonio.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo aditivo, que quedaría como artículo 137.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"TITULO I

AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 1º. (Ambito de aplicación).- El mercado de valores, todos los agentes que en él participan, las bolsas de valores y demás mercados de negociación de valores de oferta pública, los valores y los emisores de valores de oferta pública, quedarán sometidos a las disposiciones de la presente ley, a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo y a las normas generales e instrucciones particulares que dicte la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay para su ejecución.

ARTICULO 2º. (Definiciones y alcance).- Se entiende por oferta pública de valores la comunicación dirigida al público en general o a ciertos sectores o a grupos específicos de este, a efectos de adquirir, vender o canjear dichos valores. La invitación a la compra de valores realizada a los clientes de una institución de manera generalizada constituye oferta pública aunque no se realice publicidad al respecto.

Las emisiones privadas quedan excluidas de las disposiciones del presente Título. En las emisiones privadas de valores se deberá dejar expresa constancia de su carácter privado, solo podrán colocarse en forma directa a personas físicas o jurídicas determinadas y no se podrán cotizar en Bolsa ni hacer publicidad de su colocación. Quien realice emisiones privadas será responsable de aclarar expresamente que dichas emisiones no han sido registradas por la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 3º. (Registro de Valores).- Solo podrá hacerse oferta pública de valores cuando estos y su emisor hayan sido inscriptos en el Registro de Valores que a esos efectos llevará la Superintendencia de Servicios Financieros.

No requerirán inscripción en el Registro de Valores el Gobierno Central, el Banco Central del Uruguay, los Gobiernos Departamentales y los valores por ellos emitidos.

ARTICULO 4º. (Inscripción en el Registro de Valores).- La solicitud de inscripción de valores de oferta pública en el Registro de Valores deberá ser presentada por la entidad emisora.

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá prever requisitos diferenciales en atención al tipo de valor, de oferta, de inversor al cual va dirigida y de emisor de que se trate, asegurando por parte del emisor la debida información respecto de la característica de la emisión y del régimen al cual se encuentra sujeta.

El prospecto autorizado será el que rija la emisión y el único que podrá inscribirse en los mercados de negociación de valores de oferta pública.

ARTICULO 5º. (Divulgación de información).- Los emisores de valores de oferta pública divulgarán en forma veraz, suficiente y oportuna, toda información esencial respecto de sí mismos, de los valores ofrecidos y de la oferta.

La reglamentación del Poder Ejecutivo y las normas generales e instrucciones de la Superintendencia de Servicios Financieros, establecerán el contenido de la información y los requisitos para su divulgación, con la finalidad que los potenciales inversores dispongan de los elementos adecuados a los efectos de su decisión.

ARTICULO 6º. (Información reservada y confidencial).- Se considerará información privilegiada la información de un emisor o de los valores que emita obtenida en razón del cargo o posición, inclusive la transmitida por un cliente en relación a sus propias órdenes pendientes, que no se ha hecho pública y que de hacerse pública podría influir sensiblemente sobre la cotización de los valores emitidos o sus derivados, así como la que se tiene de las operaciones de transmisión de la titularidad a realizar por un inversionista en el mercado de valores a fin de obtener ventajas con la negociación de valores.

Los agentes intervinientes en el mercado de valores que revelen o confíen información privilegiada antes que la misma se divulgue al mercado, recomienden la realización de las operaciones con valores sobre los que tiene información privilegiada o hagan uso indebido y se valgan en beneficio propio o de terceros de la información privilegiada serán pasibles de las sanciones a que refiere el artículo 118 de la presente ley, sin perjuicio de las acciones por daño a que ello diere lugar.

Serán pasibles de iguales sanciones y su conducta dará derecho a accionar civilmente por daños y perjuicios, los agentes intervinientes en el mercado de valores que divulguen información falsa o tendenciosa sobre valores o emisiones con la finalidad de beneficiarse de ello, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación penal.

TITULO II

REGULACION DEL MERCADO DE VALORES

ARTICULO 7º. (Fines).- Corresponde al Banco Central del Uruguay velar por la transparencia, la competitividad y el funcionamiento ordenado del mercado de valores, por la adecuada información a los inversionistas y por la reducción del riesgo sistémico.

ARTICULO 8º. (Regulación y fiscalización).- A los fines previstos por la presente ley, la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay, en el ámbito de su competencia, dictará las normas a las cuales deberán ajustarse los mercados de valores y las personas físicas o jurídicas que en ellos intervengan con las características que se establecen en la presente ley para la regulación y supervisión de cada tipo de entidad.

ARTICULO 9º. (Atribuciones).- Para el ejercicio de las competencias previstas en la presente ley, el Banco Central del Uruguay tendrá las siguientes atribuciones:

1. Dictar normas tendientes a fomentar y preservar un mercado de valores competitivo, ordenado y transparente.

2. Dictar normas que establezcan los códigos de conducta a los cuales deben someterse los agentes participantes del mercado de valores.

3. Llevar el registro de entidades y valores autorizados para oferta pública.

4. Establecer reglas de carácter general conforme a las cuales se precise si una oferta es pública o no, de acuerdo con los términos del artículo 2º de la presente ley.

5. Reglamentar las operaciones de toma de control de sociedades abiertas a efectos de preservar la transparencia del mercado y la protección de los inversores. A tales efectos, podrá fijar las condiciones en las cuales se vuelve obligatoria la oferta pública de adquisición de acciones.

6. Requerir a las personas mencionadas en el artículo 8º de la presente ley que brinden información con la periodicidad y bajo las formas que la Superintendencia juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos. Para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el secreto profesional.

7. Requerir de las personas físicas y jurídicas no incluidas en el artículo 8º de la presente ley que brinden información bajo las formas que la Superintendencia juzgue necesarias, así como la exhibición de registros y documentos, en ocasión de la realización de investigaciones e inspecciones vinculadas a asuntos del mercado de valores. Para el ejercicio de tales cometidos no le será oponible el secreto profesional.

8. Aprobar la creación de instituciones privadas que constituyan nuevos mercados de negociación de valores de oferta pública y sus requisitos de funcionamiento.

9. Dictar normas que establezcan el capital mínimo y la relación de activos a patrimonio para las personas físicas y jurídicas intervinientes en la oferta pública de valores.

10. Dictar las normas contables y de valoración de activos aplicables a los agentes sometidos a su vigilancia.

11. Dictar las normas para la gestión de riesgos dirigidas a los agentes sometidos a su vigilancia.

12. Aplicar a todas las personas que infrinjan las normas las sanciones previstas en el artículo 118 de la presente ley, con excepción de aquellas que constituyen competencia atribuida al Directorio del Banco Central del Uruguay.

13. Participar en organismos internacionales en la materia de su competencia y celebrar convenios con dichos organismos, así como con entidades reguladoras de mercados de valores en otros países.

14. Intercambiar información relevante con los organismos indicados en el numeral anterior para la investigación de infracciones o delitos cometidos en los mercados de valores. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento. Para este efecto solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a) la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar o sancionar los hechos constitutivos de las infracciones o delitos;

b) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para el Banco Central del Uruguay y sus funcionarios.

Los convenios y memorandos de entendimiento que la Superintendencia celebre en ejercicio de la competencia establecida en los precedentes numerales 13 y 14 deberán ser aprobados por el Directorio del Banco Central del Uruguay para poder entrar en vigor.

TITULO III

COMISION DE PROMOCION DEL MERCADO DE VALORES

ARTICULO 10. (Creación, cometido y funciones).- Créase la Comisión de Promoción del Mercado de Valores, que tendrá como cometido la promoción del desarrollo del mercado de valores.

La Comisión de Promoción del Mercado de Valores, para el cumplimiento de su cometido tendrá las funciones siguientes:

1. Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias relativas a la promoción y el desarrollo del mercado de valores. En la consecución de esta función podrá asesorar al Poder Ejecutivo en relación a proyectos regulatorios.

2. Promover y realizar estudios e investigaciones sobre el mercado de valores promoviendo iniciativas ante el Poder Ejecutivo y los demás agentes intervinientes en el mismo para impulsar su funcionamiento y desarrollo.

3. Promover y proponer políticas y acciones públicas en la materia de su competencia.

ARTICULO 11. (Organización).- La Comisión de Promoción del Mercado de Valores estará integrada por un representante designado por el Poder Ejecutivo, dos representantes de las bolsas de valores y demás instituciones existentes que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, un representante de los emisores de oferta pública y dos representantes de las administradoras de fondos de ahorro previsional. El Poder Ejecutivo elegirá a los dos representantes de las bolsas de valores y demás instituciones mencionadas de negociación de valores de oferta pública, al representante de los emisores así como a los representantes de las administradoras de fondos de ahorro previsional que integrarán la Comisión de entre una lista que cada una de las citadas instituciones y grupos de agentes del mercado presentará a estos efectos. Dicha Comisión estará presidida por el representante del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 12. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la forma y oportunidad de propuesta y elección de los representantes mencionados en el artículo anterior así como la forma de funcionamiento de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores.

TITULO IV

VALORES

CAPITULO I

DEFINICION

ARTICULO 13. (Definición).- Se entenderá por valores, a los efectos de la presente ley, los bienes o derechos transferibles, incorporados o no a un documento que cumplan con los requisitos que establezcan las normas vigentes. Se incluyen en este concepto las acciones, obligaciones negociables, mercado de futuros, opciones, cuotas de fondos de inversión, títulos valores y, en general, todo derecho de crédito o inversión.

CAPITULO II

DE LOS VALORES ESCRITURALES

SECCION I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 14. (Valores escriturales).- Se entenderá por valores escriturales aquellos que sean emitidos en serie y representados exclusivamente mediante anotaciones en cuenta que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley y en la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo.

Las anotaciones en cuenta se efectuarán por la entidad registrante en un Registro de Valores Escriturales que podrá ser llevado por medios electrónicos u otros, en las condiciones que establezca la reglamentación.

ARTICULO 15. (Creación).- Para emitir valores escriturales el emisor deberá otorgar un documento de emisión e inscribir los valores en el Registro de Valores Escriturales que a tales efectos establecerá la entidad registrante.

A partir de dicha inscripción se realizarán en las cuentas de sus respectivos titulares las anotaciones de los valores comprendidos en la emisión.

ARTICULO 16. (Derechos sobre valores escriturales).- La constitución, modificación, transmisión y extinción de cualesquiera clases de derechos sobre valores escriturales solo tendrá lugar mediante la registración en la cuenta del titular en el Registro de Valores Escriturales que llevará la entidad registrante.

ARTICULO 17. (Normas y principios sobre títulos valores).- Los principios y normas que rigen los títulos valores se aplicarán a los valores escriturales en todo lo no previsto por las normas contenidas en esta ley.

ARTICULO 18. (Relaciones de consumo).- Las relaciones de los inversores con los intermediarios, bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y las entidades registrantes, en su caso, son relaciones de consumo reguladas por la Ley N° 17.250, de 11 de agosto de 2000.

ARTICULO 19. (Obligatoriedad. Convertibilidad).- Los valores de oferta pública deberán representarse mediante anotaciones en cuenta.

Los valores de oferta privada podrán representarse por medio de anotaciones en cuenta o títulos. No se podrán efectuar emisiones que revistan el carácter de escriturales y físicas simultáneamente.

La forma de representación adoptada tendrá el carácter de irreversible en cada emisión y se aplicará a la totalidad de los valores que la integran.

ARTICULO 20. (Fungibilidad).- Los valores escriturales de una misma emisión, emitidos por una misma entidad, que tengan características idénticas de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, podrán operar como fungibles, sin perjuicio de su identificación, especificación o desglose, cuando ello sea necesario o conveniente para el ejercicio de derechos sobre los mismos.

SECCION II

DOCUMENTO DE EMISION

ARTICULO 21. (Contenido y forma).- El emisor deberá hacer constar en el documento de emisión entre otros, la entidad registrante y las características y condiciones de los valores a emitir que establezca la reglamentación, sin perjuicio de las enunciaciones que exijan leyes especiales aplicables a determinados valores.

El documento de emisión se deberá otorgar en escritura pública o documento privado cuyas firmas serán certificadas por escribano público y se protocolizará.

La reglamentación establecerá las condiciones de registración de los respectivos documentos de emisión.

ARTICULO 22. (Publicidad).- Los titulares de valores escriturales y demás interesados así como el público en general tienen derecho a obtener de cualquiera de las entidades habilitadas referidas en el artículo 24 de la presente ley, la exhibición de los documentos de emisión registrados.

El emisor, la entidad registrante y la Superintendencia de Servicios Financieros cuando corresponda, deberán tener en todo momento los documentos de emisión registrados para su exhibición a disposición de cualquier interesado o del público en general.

SECCION III

REGISTRO DE VALORES ESCRITURALES

ARTICULO 23. (Entidad registrante).- La entidad registrante es aquella que llevará las anotaciones en cuenta de los valores escriturales. Los códigos que utilizarán las anotaciones en cuenta serán aquellos reconocidos internacionalmente.

ARTICULO 24. (Entidades habilitadas).- El registro de los valores escriturales será atribuido a una única entidad por emisión.

Podrán ser entidades habilitadas aquellas que cumplan con las condiciones que establezca la reglamentación.

El Registro de Valores Escriturales de valores emitidos por el Estado y regidos por ley nacional estará a cargo del Banco Central del Uruguay.

ARTÍCULO 25. (Efectos).- Todos los actos que afecten, constituyan, reconozcan, modifiquen, declaren o extingan el dominio, el usufructo y demás derechos reales o personales sobre valores escriturales se realizarán mediante registración en la cuenta del titular en el Registro de Valores Escriturales correspondiente, aun cuando la inscripción se haya realizado mediante código.

Tales actos surtirán efectos entre las partes y serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el Registro correspondiente.

ARTICULO 26. (Principios).- La organización y funcionamiento de los Registros de Valores Escriturales, sistemas de identificación y control de los valores escriturales, así como las relaciones y comunicaciones de las entidades registrantes con los emisores, bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, intermediarios de valores e inversores se regirán por los principios de protección del interés de los inversores y de la confidencialidad de las inversiones.

En especial se deberán tener en cuenta los principios de prioridad de la inscripción y de tracto sucesivo.

ARTICULO 27. (Identificación).- Las entidades registrantes llevarán los registros de las cuentas correspondientes a cada emisión.

Los intermediarios de valores efectuarán las anotaciones en el registro de las entidades registrantes a nombre propio, cuando se trate de valores propios o por cuenta y orden de los inversionistas, conforme a lo indicado en el artículo siguiente.

ARTICULO 28. (Intermediarios de valores. Registro).- Los intermediarios de valores deberán llevar un registro completo, claro y preciso de los valores por ellos inscriptos en los registros de las entidades registrantes por cuenta y orden de los titulares reales mediante códigos de forma tal que permita la individualización plena y completa de estos y de sus sucesores en su caso.

Dichos registros deberán cumplir los mismos principios y requisitos establecidos por las leyes, decretos y normas de la Superintendencia de Servicios Financieros para los registros llevados por las entidades registrantes.

ARTICULO 29. (Rectificación de inscripciones).- Las entidades registrantes únicamente podrán rectificar las inscripciones inexactas en virtud de resolución judicial o en caso de errores puramente materiales que resulten del propio registro o de la mera confrontación con el documento por el cual se practicó la inscripción.

ARTICULO 30. (Responsabilidad).- Las entidades registrantes, incluidos los intermediarios de valores según corresponda, serán responsables frente a quienes resulten perjudicados por la omisión de realizar las correspondientes inscripciones, las inexactitudes, errores y retrasos, salvo que la omisión o la inscripción inexacta o errónea hubiere sido causada por una conducta dolosa o culposa del perjudicado.

La inobservancia de las normas de organización y funcionamiento de los registros y de los sistemas de identificación y control de los valores dará lugar a la responsabilidad civil de las entidades registrantes y/o de los intermediarios de valores, según corresponda, frente a quienes resulten perjudicados.

Todo ello sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que también fueren aplicables.

ARTICULO 31. (Fiscalización).- Corresponderá a la Superintendencia de Servicios Financieros la fiscalización del cumplimiento por las entidades registrantes e intermediarios de valores de todas sus obligaciones y, en especial, de las relacionadas con el cumplimiento y mantenimiento de los estándares técnicos y de organización de los registros.

ARTICULO 32. (Contrapartida).- La suma de los montos de todos los titulares inscriptos en el Registro de Valores Escriturales por cada emisión, deberá ser en todo momento la contrapartida exacta del valor total del monto circulante de la misma.

El sistema de registraciones adoptado por las entidades registrantes deberá ser llevado de manera de garantizar a los inversores el cumplimento de lo establecido en el inciso anterior.

En protección de los titulares y demás interesados los emisores, las entidades registrantes e intermediarios de valores deberán contar con adecuados sistemas de registración de los valores que operen como fungibles.

ARTICULO 33. (Competencia de las entidades registrantes).- Las entidades registrantes, además de practicar las inscripciones de la emisión, de la titularidad de los valores y de los actos que los afecten, podrán brindar los servicios de administración de dichos valores, entendiendo por ello el cobro de dividendos, intereses o amortizaciones, según corresponda, y el pago a sus titulares.

SECCION IV

TITULARIDAD, TRANSMISION, DERECHOS

ARTICULO 34. (Titularidad).- Se presumirá titular legítimo a quien figure en el Registro de Valores Escriturales y, tratándose de inscripción realizada por intermediarios de valores por cuenta y orden de terceros, a quien figure como titular en el registro del respectivo intermediario, salvo prueba en contrario.

ARTICULO 35. (Exoneración de responsabilidad).- La entidad emisora que cumpla de buena fe la prestación a favor del titular inscripto no incurre en responsabilidad si resulta que este no es el titular real del valor.

ARTICULO 36. (Transmisión. Efectos. Excepciones).- La transmisión de los valores escriturales tendrá lugar por transferencia contable. La inscripción en el Registro de Valores Escriturales de la transmisión a favor del adquiriente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos.

La transmisión surtirá efectos entre las partes y frente a terceros desde el momento que se haya practicado la inscripción en la cuenta respectiva del Registro de Valores Escriturales.

El emisor solo podrá oponer, frente al titular de buena fe de los valores escriturales, las excepciones que hubiere podido esgrimir en el caso que los valores hubiesen estado representados por medio de títulos y aquellas que derivan del documento de emisión.

ARTICULO 37. (Copropiedad).- Los cotitulares de derechos sobre valores escriturales deberán designar un representante común para ejercer los derechos inherentes a los mismos. En su defecto, cualquier cotitular podrá solicitar la designación judicial de representante común a cuyos efectos se aplicará el procedimiento previsto por los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso.

ARTICULO 38. (Terceros. Efectos).- Las transmisiones de los valores escriturales a título oneroso o gratuito de dación en pago, permuta, fideicomiso, por ejecución forzada y cualquier otro título o modo, no surtirán efecto entre partes ni frente a terceros, hasta que se proceda a su inscripción en el Registro de Valores Escriturales.

A tales efectos el o los nuevos titulares deberán presentar ante el Registro de Valores Escriturales el documento público o privado que acredite su derecho como nuevo titular.

ARTICULO 39. (Transmisión por causa de muerte).- En caso de transmisión por causa de muerte, la entidad registrante anotará a los sucesores quienes deberán acreditar su calidad de tales por medio de testimonio de la declaratoria de herederos.

ARTICULO 40. (Derechos reales. Otros).- La constitución, modificación y extinción de derechos personales, gravámenes, prendas u otros derechos reales, prohibición de innovar, anotación de la litis, embargos u otras medidas cautelares sobre valores escriturales, tendrá lugar mediante inscripción en la cuenta del titular en el correspondiente Registro de Valores Escriturales.

A tales efectos, los intermediarios de valores tendrán la obligación de informar a la entidad registrante lo que corresponda para su efectivización.

La inscripción de prendas, prohibición de innovar, anotación de la litis, embargos u otras medidas cautelares sobre valores escriturales producirán la oponibilidad frente a terceros del gravamen o medida inscripta y su consecuente prioridad frente a inscripciones ulteriores.

En ningún caso corresponderá la inscripción de las prendas en el Registro de Prendas sin Desplazamiento al que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº 17.228, de 7 de enero de 2000, con las modificaciones introducidas por el artículo 301 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Las entidades registrantes deberán informar a los respectivos inversores, a las bolsas de valores, a otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y a los intermediarios de valores que intervengan en su comercialización los actos registrados al amparo del inciso primero del presente artículo.

SECCION V

CERTIFICADO DE LEGITIMACION

ARTICULO 41. (Prueba, legitimación e inmovilización).- La legitimación para el ejercicio de los derechos emergentes de los valores escriturales podrá acreditarse mediante certificados que serán expedidos a tales efectos por la entidad registrante y, además, por los respectivos intermediarios de valores en el caso de valores inscriptos por estos.

Los certificados de legitimación no conferirán más derechos que los relativos a la legitimación y no serán negociables. Serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto los mismos.

El plazo, el contenido y otras condiciones de emisión de los valores, serán fijados por la reglamentación.

Solo tienen legitimación para solicitar la expedición de certificados los titulares de derechos sobre los valores escriturales o sus representantes legales, voluntarios o estatutarios.

Las entidades registrantes y los intermediarios de valores, en su caso, podrán expedir más de un certificado de legitimación para los mismos valores y para ejercer los mismos derechos solo en caso de pérdida, destrucción o sustracción probada por los procedimientos que fije la reglamentación.

Los valores respecto de los cuales se hayan expedido certificados de legitimación quedarán inmovilizados por el plazo de su vigencia.

Las entidades registrantes y los intermediarios de valores no podrán practicar inscripciones hasta que el titular no haya restituido los certificados expedidos a su favor, salvo que se trate de transmisiones que deriven de ejecuciones forzadas o que el certificado haya quedado privado de valor.

ARTICULO 42. (Devolución).- El usufructuario, acreedor prendario o titular de gravámenes u otros derechos, sin perjuicio de que pueda solicitar y obtener la expedición de uno nuevo, deberá restituir el certificado de legitimación que tenga expedido a su favor, dentro del día hábil siguiente en que le sea notificada la transmisión de valores. Vencido dicho plazo los referidos certificados caducarán.

ARTICULO 43. (Caducidad).- Los certificados de legitimación caducarán:

1. Por el vencimiento del plazo de su vigencia o por el referido en las causales establecidas en la respectiva reglamentación.

2. Por la transmisión de valores operada por la ejecución forzada y

3. Por la modificación de titularidad ordenada por sentencia judicial ejecutoriada.

SECCION VI

DE LOS MEDIOS DE ALMACENAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS

ARTICULO 44. (Medios electrónicos. Otros).- Las entidades registrantes y los intermediarios de valores podrán utilizar, para organizar los registros, archivos y demás documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones así como para recibir y enviar información de todos los sujetos participantes en el mercado de valores, medios electrónicos y magnéticos sin perjuicio de otros que autorice el Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 45. (Sistemas de seguridad).- Las entida-des registrantes y los intermediarios de valores debe-

rán contar con sistemas de seguridad adecuados para prevenir y cubrir los riesgos operativos que de ellos depen-dan, así como implementar planes de contingencia para la inmediata recuperación de su capacidad operativa en ca-

so de verse afectados por causas que les sean o no imputables.

ARTICULO 46. (Condiciones).- Las entidades regis-trantes y los intermediarios de valores deberán organizar sus registros con un sistema tecnológico, informático, electrónico o de cualquier naturaleza que reúna las condiciones de seguridad, disponibilidad, auditabilidad e integridad, a cuyos efectos deberán contar con los elementos mínimos que fije la reglamentación.

ARTICULO 47. (Prueba).- Todo registro relativo a valores escriturales en medio electrónico proveniente de emisiones públicas o privadas de oferta pública o privada, constituye documentación auténtica y como tal será válida y admisible como medio de prueba haciendo plena fe a todos los efectos, siempre que esté debidamente autenticada, de acuerdo con los artículos 129 y 130 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1998 y el artículo 697 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 48. (Firmas).- Se considerará debidamente autenticado todo documento en medio electrónico relacionado con valores escriturales de emisores públicos o privados, de oferta pública o privada, cuyo contenido esté validado por una o más firmas electrónicas o digitales mediante códigos u otras técnicas seguras, de acuerdo con el estado de la tecnología informática, según lo establecido en el artículo 695 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996 y en el artículo 25 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

ARTICULO 49. (Firma digital).- Es de aplicación a todo registro electrónico de valores escriturales de emisores públicos o privados, de oferta pública o privada lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000.

SECCION VII

OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 50. (Derecho de voto).- El derecho de voto que acuerdan a sus titulares determinados valores será ejercido directamente por estos o por las personas que designen a tales efectos, mediante documento escrito con firma notarialmente certificada.

ARTICULO 51. (Comprobantes. Constancias).- La entidad que lleve el Registro de los Valores Escriturales debe otorgar al suscriptor de dichos valores comprobantes de la apertura de su cuenta y de todo movimiento que se inscriba en ella. Asimismo, el titular tendrá derecho a que se le entregue constancia del saldo, del estado de la cuenta y detalle total o parcial de los movimientos efectuados en la misma.

Los intermediarios deben entregar a los inversores copia del documento de emisión y comprobantes de todas las operaciones que por su cuenta realicen con valores escriturales.

A los efectos de la presente ley, constancia y comprobante son expresiones equivalentes.

ARTICULO 52. (Título suficiente. Título ejecutivo).- En todo caso de incumplimiento, las constancias que emita la entidad registrante serán título suficiente para reclamar los derechos que cada una de ellas acrediten. Tendrán el carácter de título ejecutivo para reclamar el pago de toda cantidad líquida y exigible que corresponda a cualquier título así como para ejecutar toda clase de garantías otorgadas. En el caso que se trate de un titular inscripto en el registro que lleva el intermediario, el título se conformará con la constancia expedida por este a nombre del titular más la que la entidad registrante expida a nombre del intermediario en relación a la inversión que el mismo realizara por cuenta y orden de su cliente.

Las acciones para reclamar la propiedad del valor escritural se tramitarán por el procedimiento de entrega de la cosa establecido en el artículo 364 del Código General del Proceso.

ARTICULO 53. (Insolvencia).- Los valores escriturales integran el patrimonio de sus titulares legítimos.

Las entidades registrantes deberán contar con adecuados sistemas de identificación y separación de los valores de los diferentes inversores o titulares entre sí, incluso en los casos que aquellos valores operen como fungibles.

Igual obligación tendrán los intermediarios de valores quienes, además, deberán contar con adecuados sistemas de separación respecto de los valores de su propiedad.

Las sumas entregadas por los inversores destinadas a la adquisición de valores escriturales continuarán en el patrimonio de los inversores hasta que se efectúe la inscripción en la entidad registrante, de acuerdo con las instrucciones impartidas por los inversores.

ARTICULO 54. (Secreto profesional).- Las entidades registrantes y los intermediarios de valores están comprendidos en la obligación de secreto profesional, en los términos del artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, el que no será oponible al Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 55. (Secreto profesional. Dependiente).- Toda persona que participe en cualquier concepto en la dirección, gestión, control o auditoría de la entidad registrante del emisor o de los intermediarios de valores intervinientes así como toda persona empleada o contratada por cualquiera de esos sujetos de derecho y que tenga conocimiento en el marco de su actividad profesional de informaciones relacionadas con los valores escriturales y sus titulares, también está obligada a guardar secreto profesional en los términos previstos en el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, el cual no será oponible al Banco Central del Uruguay.

SECCION VIII

RESPONSABILIDAD - SANCIONES

ARTICULO 56. (Responsabilidad. Sanciones).- Sin perjuicio del régimen de responsabilidad y sanciones regulado por esta ley y por las normas aplicables dictadas por la Superintendencia de Servicios Financieros los emisores, las entidades registrantes, las bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los intermediarios de valores, serán responsables por el funcionamiento seguro, continuo y confiable de la operativa con valores escriturales que cada uno realice y, en especial, por la conservación e inviolabilidad del Registro de Valores Escriturales bajo su responsabilidad.

Cada uno de los agentes mencionados en el inciso precedente será responsable de todo y cualquier perjuicio que se irrogue a los inversores por las deficiencias que les sean atribuibles en el cumplimiento de lo establecido en el inciso anterior.

CAPITULO III

DE LOS VALORES FISICOS

ARTICULO 57. (Valores físicos).- Se entenderá por valores físicos aquellos valores donde los derechos que otorgan están asentados en un documento que tiene materialidad física.

ARTICULO 58. (De la custodia de valores físicos).- Los intermediarios de valores podrán custodiar valores físicos de sus clientes. En todos los casos, se deberá entregar al cliente constancia de la constitución de la custodia, identificando el valor y el cliente.

Rige, en lo pertinente, lo dispuesto en el Capítulo II del presente Título.

CAPITULO IV

DE LAS ENTIDADES DE CUSTODIA, COMPENSACION Y LIQUIDACION DE VALORES

ARTICULO 59. (Autorización).- Las entidades cuyo objeto sea prestar servicios de custodia, liquidación y compensación de valores requerirán autorización para operar y estarán sujetas al control del Banco Central del Uruguay, quien determinará los requisitos para su funcionamiento.

ARTICULO 60. (Funciones).- Las entidades de custodia, compensación y liquidación de valores podrán:

1. Recibir depósitos de valores físicos y encargarse de su conservación y custodia hasta la restitución a quien corresponda. A todos los efectos, los valores físicos que custodien se consideran fungibles.

2. Llevar a nombre de los emisores los registros de acciones, obligaciones negociables y otros valores y los libros de accionistas y efectuar el registro de transferencias, así como la liquidación y compensación de los valores depositados que se negocien en bolsa y en el mercado extrabursátil.

3. Administrar los cobros y pagos de intereses, dividendos y reajustes y amortizaciones de los valores que se encuentren custodiando.

4. Extender las certificaciones que les fueren solicitadas. En los casos que las leyes o reglamentos exijan títulos, bastará el certificado conferido por el depósito centralizado de compensación y liquidación de valores.

ARTICULO 61. (Prohibiciones).- A las entidades de custodia, compensación y liquidación de valores les está prohibido:

1. Ejercer derecho alguno sobre los valores registrados en él, o disponer de tales valores.

2. Efectuar transferencias encomendadas por personas no habilitadas a actuar en su ámbito, con las excepciones que determine el Banco Central del Uruguay.

3. Salvo los casos establecidos en el artículo 25 del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, proporcionar información sobre los datos que aparezcan en sus registros. Exclúyese de esta prohibición la información que requiriesen los emisores de valores respecto de valores por ellos emitidos, los intermediarios de valores respecto de los valores por ellos entregados y al Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 62. (Normas para la compensación y liquidación).- El Banco Central del Uruguay dictará las normas por las cuales deben regirse los procesos de compensación y liquidación de los valores depositados, pudiendo prever la existencia de la compensación multilateral a efectos que los procesos de liquidación se realicen sobre una base neta.

TITULO V

OBLIGACIONES NEGOCIABLES Y TITULOS DE DEUDA

CAPITULO I

AMBITO DE APLICACION

ARTICULO 63. (Entidades comprendidas).- Las sociedades comerciales, nacionales o extranjeras, las cooperativas, los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado y las personas públicas no estatales con actividad industrial o comercial podrán emitir obligaciones negociables conforme a las disposiciones de la presente ley. Todo título de deuda, cualquiera sea su denominación, que por su naturaleza sea asimilable a una obligación negociable, se regirá por las disposiciones de la presente ley.

Las emisiones de los entes autónomos y los servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, así como las personas públicas no estatales deberán contar con autorización del Poder Ejecutivo con informe previo del Banco Central del Uruguay.

CAPITULO II

TIPOS DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

ARTICULO 64. (Clases de obligaciones).- Podrán emitirse diversas clases de obligaciones negociables con derechos diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos.

La emisión podrá dividirse en series. No podrán emitirse nuevas series de la misma clase mientras las anteriores no estén totalmente suscritas o no se hubiere cancelado el saldo no colocado.

ARTICULO 65. (Obligaciones convertibles).- Las sociedades por acciones podrán emitir obligaciones negociables convertibles en acciones de la sociedad emisora, de acuerdo con las condiciones establecidas en el título valor o en el contrato de emisión y con las disposiciones legales vigentes.

CAPITULO III

EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

ARTICULO 66. (Documento de emisión).- El documento de emisión deberá contener:

a) La denominación del título.

b) Lugar y fecha de su emisión así como la de su vencimiento.

c) El nombre y el domicilio del emisor, así como el lugar de pago, si no fuera el mismo que el domicilio.

d) El número de serie y de orden de cada título, así como el valor nominal que representa.

e) El monto y la moneda de la emisión.

f) El plazo.

g) La naturaleza de la garantía, si la hubiere.

h) Las condiciones y la oportunidad en que se efectuará la conversión en acciones, si la hubiere.

i) Las condiciones de amortización.

j) El interés y la forma de reajuste o actualización del valor del capital, si correspondiere.

k) Las mayorías necesarias para la modificación de términos y condiciones deberán representar por lo menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del monto total circulante de la emisión.

ARTICULO 67. (Normas supletorias).- A las obligaciones negociables se les aplicarán, supletoriamente, las disposiciones sobre acciones y títulos valores en lo que corresponda.

ARTICULO 68. (Efecto jurídico de la adquisición de obligaciones negociables).- La adquisición de obligaciones negociables importará la aceptación y la ratificación de todas las estipulaciones, las normas y las condiciones de la emisión y del contrato del fiduciario, si lo hubiere.

CAPITULO IV

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CONVERTIBLES EN ACCIONES

ARTICULO 69. (Derechos de preferencia).- Los accionistas que tengan los derechos de preferencia y de acrecer en la suscripción de nuevas acciones podrán ejercerlos en la suscripción de obligaciones negociables convertibles.

Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 326 a 330 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

ARTICULO 70. (Aumento de capital).- La resolución sobre la emisión de obligaciones negociables convertibles debe incluir, asimismo, la decisión de aumentar el capital social en la cantidad necesaria para atender las eventuales solicitudes de conversión.

ARTICULO 71. (Cambio de calidad jurídica).- El tenedor que ejerza la opción de conversión será considerado accionista desde que la sociedad sea notificada de su decisión. Esta deberá entregar las acciones que le correspondan o certificados provisorios de las mismas dentro de los treinta días de verificada la opción.

ARTICULO 72. (Derecho de acrecer).- Cuando la sociedad celebre un convenio de colocación en firme de obligaciones negociables convertibles en acciones con un agente intermediario, para su posterior distribución entre el público, la asamblea extraordinaria de accionistas puede suprimir el derecho de acrecer y reducir a no menos de quince días el plazo para ejercer la preferencia.

CAPITULO V

REPRESENTANTES

ARTICULO 73. (Designación de representantes de los titulares de los valores).- El emisor deberá, cuando se trate de una colocación de oferta pública, celebrar con una institución de intermediación financiera, con intermediarios de valores u otras entidades especializadas autorizadas a tales efectos por la Superintendencia de Servicios Financieros, un convenio por el que estas tomen a su cargo la representación de los titulares de los valores durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total.

Será de aplicación, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 456, 457 y 464 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

El contrato otorgado en la designación de este representante deberá contener disposiciones que permitan a una mayoría especial de titulares de obligaciones negociables o de valores que establezcan derechos de crédito que representen más del 75% (setenta y cinco por ciento) del total de la emisión, salvo que el contrato estableciera un porcentaje mayor, la sustitución de la institución que los representa o la modificación de las condiciones de emisión que impliquen el otorgamiento de quitas, esperas, modificaciones de las fechas de pago del capital o intereses, modificación de la moneda de pago y otras que el contrato establezca. Las resoluciones de dicha mayoría especial serán oponibles a la totalidad de tenedores de las obligaciones negociables o de valores de la misma serie.

Lo establecido en el inciso precedente es sin perjuicio del derecho de cada titular de los valores de ejercer individualmente acciones para el cobro de lo adeudado.

ARTICULO 74. (Asamblea de obligacionistas).- Las asambleas de obligacionistas se regirán en cuanto a su constitución, funcionamiento y mayorías para adoptar resoluciones por lo estipulado en los términos y condiciones de las obligaciones negociables y, en caso de inexistencia de precisiones, por las disposiciones que rigen las asambleas extraordinarias de accionistas.

CAPITULO VI

GARANTIAS

ARTICULO 75. (Garantías admitidas).- Pueden emitirse obligaciones negociables con cualquier tipo de garantía real o personal, cumpliendo con los requisitos formales que para cada tipo exija la ley y con las estipulaciones contenidas en este Capítulo.

Las garantías se otorgarán antes de la fecha de emisión de las obligaciones, o simultáneamente con dicha emisión.

Las garantías podrán constituirse válidamente en favor de los futuros titulares con la firma del emisor y con la del otorgante si fuere un tercero.

Para su inscripción en los registros públicos correspondientes, las garantías reales solamente individualizarán al emisor y a las obligaciones negociables a ser garantizadas, con indicación de su monto, fecha de vencimiento y demás condiciones que indique la reglamentación, sin necesidad de identificar a los titulares.

En los casos de oferta pública y previo a la inscripción de la emisión, se deberá depositar en la Superintendencia de los Servicios Financieros o ante quien esta determine, copia auténtica del documento constitutivo de la garantía, en el que conste fehacientemente su inscripción en el registro público correspondiente, si fuere el caso. Tratándose de oferta privada, lo anterior podrá cumplirse ante cualquier entidad financiera de plaza. Los depositarios solo entregarán el referido documento para su cancelación al Juzgado competente en caso de acción judicial.

Si la garantía consistiera en prenda con desplazamiento, la entrega de la cosa prendada se hará al representante de los titulares de los valores o a un depositario designado por el emisor, quien actuará en representación de los titulares y será responsable ante estos conforme a derecho.

ARTICULO 76. (Transferencia y cancelación de garantías).- Los derechos emergentes de las garantías, sean reales o personales, se transferirán de pleno derecho por la sola transmisión de la obligación negociable o de los cupones correspondientes, no siendo necesario realizar inscripción alguna.

Para los títulos de oferta pública, en la cancelación de garantías, cuando no concurra un representante de los titulares de los valores o no se obtuviere la conformidad unánime de los titulares, la sociedad emisora deberá acreditar ante la Superintendencia de Servicios Financieros el pago o el rescate total de las obligaciones negociables o la consignación de los importes ante el mismo Banco, sin requerirse previa oblación. La Superintendencia de Servicios Financieros emitirá una constancia de cancelación de la emisión para su presentación ante el depositario para la restitución de la cosa.

La consignación de los importes de las obligaciones por oferta privada deberá realizarse judicialmente.

ARTICULO 77. (Acción ejecutiva).- Los títulos representativos de las obligaciones negociables otorgan acción ejecutiva a sus tenedores para reclamar el capital, los intereses y cualquier otra suma que pudiese ser exigible al emisor de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión, así como para ejecutar las garantías otorgadas.

ARTICULO 78. (Prohibición a la sociedad emisora).- La sociedad emisora no podrá distribuir utilidades si se encontrare en mora en el pago de intereses o amortizaciones de las obligaciones negociables que hubiera emitido o en el pago de cualquier otra suma que fuese debida a los titulares de tales valores, de acuerdo con los términos y condiciones de la emisión.

ARTICULO 79. (Caducidad del plazo por disolución de la sociedad).- Cuando la sociedad emisora de obligaciones se disuelva antes de que venza el plazo convenido para su pago, aquellas serán exigibles desde el día en que se haya resuelto o declarado la disolución.

TITULO VI

GOBIERNO CORPORATIVO

ARTICULO 80. (Gobierno corporativo).- Las bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los emisores de valores de oferta pública deberán adoptar las prácticas de gobierno corporativo establecidas en la presente ley y su reglamentación de forma de asegurar procesos adecuados de supervisión y control de la gestión de su dirección y el trato justo e igualitario de los accionistas, en caso de haberlos.

En relación a los emisores, la reglamentación establecerá como mínimo su obligación de:

1. Divulgar en forma completa, puntual y exacta los resultados financieros y demás información relevante para los inversores.

2. Adoptar las normas de contabilidad y auditoría conforme a los estándares internacionales.

La Superintendencia de Servicios Financieros podrá adoptar normas para requerir la incorporación de compromisos de práctica de gobierno corporativo por parte de los emisores en sus prospectos, así como establecer una calificación de estas prácticas.

ARTICULO 81. (Estructura del Directorio, Comité de Auditoría y de Vigilancia).- Las bolsas de valores, otras instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública y los emisores de valores de oferta pública que tengan un patrimonio ma-

yor al que determine la Superintendencia de Servicios

Financieros a tales efectos, deberán adecuar el fun-cionamiento de su directiva a lo que establezca la reglamentación.

ARTICULO 82. (Obligación de lealtad de directores).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, los directores de entidades que realicen oferta pública de valores deberán hacer prevalecer el interés social por sobre cualquier otro interés personal o de un tercero, incluso el del accionista controlante, absteniéndose de procurar cualquier beneficio personal a cargo de la sociedad que no sea la propia retribución.

En el cumplimiento de sus funciones no podrán:

1. Presentar a los accionistas o público en general informaciones falsas u ocultar información que estén obligados a divulgar conforme a la ley o la reglamentación aplicable.

2. Tomar en préstamo dinero o bienes de la sociedad o usar en provecho propio o de personas relacionadas, los bienes, servicios o créditos de la sociedad.

3. Usar en beneficio propio o de personas relacionadas las oportunidades comerciales de que tuvieren conocimiento en razón de su cargo con perjuicio para la sociedad.

4. Usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para personas relacionadas, en perjuicio de la sociedad.

5. Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de los empleados de la sociedad.

A los efectos de esta ley, las personas físicas o jurídicas beneficiarias reales de parte del patrimonio social bajo cuya dirección o instrucciones suelan actuar los directores de una sociedad tendrán las mismas responsabilidades de los directores en cuanto sea aplicable.

La reglamentación de esta ley podrá extender algunas o todas las disposiciones establecidas en este artículo, así como en el artículo siguiente, a los accionistas controlantes de la entidad que realice oferta pública de valores.

ARTICULO 83. (Contratación de directores con la sociedad).- Los administradores y directores de entidades que realicen oferta pública de valores no podrán celebrar contratos con la sociedad que se relacionen con la actividad propia del giro si los mismos no son aprobados previamente por el directorio, quien deberá solicitar a dichos efectos la opinión del comité de auditoría y vigilancia de existencia preceptiva en toda entidad que realice oferta pública de valores. Si el director que pretenda celebrar contrato con la sociedad en tales circunstancias fuera miembro del comité de auditoría y vigilancia, deberá abstenerse de dar opinión en casos que lo involucren.

Los contratos que no se relacionen con la actividad propia del giro deberán ser aprobados previamente por la asamblea de accionistas o contar con el consentimiento igual o superior al 60% (sesenta por ciento) del capital social de la sociedad.

ARTICULO 84. (Retribución de directores).- Cualquier tipo de retribución a los directores de entidades que realicen oferta pública de valores requerirá un consentimiento igual o superior al 60% (sesenta por ciento) del capital social de la sociedad representado en la asamblea de accionistas.

ARTICULO 85. (Obligación de información de la participación en el capital).- Los directores de entidades que realicen oferta pública de valores deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros y a las bolsas de valores donde coticen sus valores, las participaciones de capital que mantienen en la sociedad.

Igual obligación tendrán las personas físicas o jurídicas que, directamente o por intermedio de otros sujetos de derecho, sean titulares de más de 10% (diez por ciento) del capital con derecho a voto.

Las entidades que realicen oferta pública deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros y a las bolsas de valores donde coticen sus valores, el porcentaje de capital que los directores y demás personas comprendidas en lo previsto en el presente artículo mantienen en la sociedad.

ARTICULO 86. (Información complementaria de memoria).- La memoria anual de las entidades que realicen oferta pública de valores deberá contener, además de la información que surge del artículo 92 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, información relativa a la adopción de prácticas de gobierno corporativo, los mecanismos de retribución de los directores y toda información relevante que pueda afectar la transparencia de la emisión conforme a lo que establezca la reglamentación.

TITULO VII

MERCADOS E INTERMEDIARIOS

CAPITULO I

BOLSAS DE VALORES Y OTRAS INSTITUCIONES QUE CONSTITUYAN MERCADOS DE NEGOCIACION DE VALORES DE OFERTA PUBLICA

ARTICULO 87. (Definición).- Las bolsas de valores y demás instituciones que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública son entidades que tienen por objeto proveer a sus miembros los medios necesarios para que puedan realizar eficazmente las transacciones de valores mediante mecanismos de subasta pública y para que puedan efectuar las demás actividades de intermediación de valores que procedan de acuerdo con la ley y con la reglamentación que dicte la Superintendencia de Servicios Financieros.

Podrán realizar otras actividades conexas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del mercado de valores, las que serán previamente autorizadas por la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 88. (Regulación y fiscalización).- Las bolsas de valores y demás instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública están sujetas a la regulación y fiscalización de la Superintendencia de Servicios Financieros.

En el ámbito de sus competencias, las bolsas de valores y demás instituciones que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública deberán reglamentar su actividad, vigilando el estricto cumplimiento de dichos reglamentos, de manera de asegurar la existencia de un mercado competitivo, ordenado y transparente, sin perjuicio de las facultades de regulación de la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 89. (Requisitos).- Las bolsas de valores deberán:

1. Adoptar preceptivamente la forma jurídica de sociedad anónima por acciones nominativas. Las bolsas de valores que a la fecha de la promulgación de esta ley no tengan dicha forma jurídica podrán conservar la forma jurídica adoptada con anticipación a la presente ley.

2. Incluir en su nombre la expresión "bolsa de valores".

3. Tener por objeto exclusivo el indicado en el artículo 87 de la presente ley, pudiendo efectuar las demás actividades conexas que la Superintendencia de Servicios Financieros les autorice o exija de acuerdo con sus facultades.

4. Tener el capital mínimo y constituir las garantías que determine la Superintendencia de Servicios Financieros.

5. Cumplir con los demás requisitos que contemplen sus estatutos y reglamentos internos, autorizados por la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 90. (Autorización previa).- Cada bolsa de valores requerirá para funcionar autorización previa de la Superintendencia de Servicios Financieros, acreditando haber cumplido los requisitos indicados en este artículo y en el precedente y aquellos que la Superintendencia de Servicios Financieros establezca mediante normas de carácter general.

Deberá acreditar, como mínimo, a satisfacción de la Superintendencia de Servicios Financieros que:

1. Se encuentra organizada y tiene la capacidad necesaria para realizar las funciones de una bolsa de valores.

2. Ha adoptado la reglamentación interna exigida por esta ley.

3. Tiene la capacidad necesaria para cumplir y hacer cumplir a sus miembros, las disposiciones de sus estatutos y reglamentación interna.

4. Cuenta con los medios necesarios y con los procedimientos adecuados que permitan la mejor ejecución de las órdenes de los inversores.

ARTICULO 91. (Desarrollo del objeto).- Para el desarrollo de su objeto las bolsas de valores, como mínimo, deberán:

1. Establecer instalaciones y sistemas que permitan el encuentro ordenado de las ofertas de compra y venta de valores y la ejecución de las transacciones correspondientes.

2. Proporcionar y mantener a disposición del público información sobre los valores cotizados y transados en bolsa, sus emisores, intermediarios y las operaciones bursátiles.

3. Velar por el estricto cumplimiento por parte de sus miembros de los más elevados principios éticos y de todas las disposiciones legales y reglamentarias que les sean aplicables.

4. Informar y certificar las cotizaciones y transacciones de bolsa y proporcionar diariamente amplia información sobre dichas cotizaciones y transacciones.

ARTICULO 92. (Normativa interna).- En la reglamentación de sus propias actividades las bolsas de valores deberán incluir normas tendientes a promover principios justos y equitativos en las transacciones de bolsa estableciendo los derechos y obligaciones de los operadores en relación a las operaciones que realizan y, en especial, normas que establezcan la prioridad, paridad y precedencia de las órdenes, de modo de garantizar mercados justos y ordenados, para que el inversor pueda obtener la más conveniente ejecución de sus instrucciones.

Asimismo, las normas deberán contener obligaciones de los operadores con sus clientes, incluyendo aquellas derivadas de las recomendaciones de inversiones que hagan estos y los mecanismos para diferenciar las transacciones realizadas por los intermediarios de valores por cuenta propia de las realizadas por cuenta de terceros.

Se deberá propender a la protección de los inversores contra fraudes y otras prácticas ilegítimas.

Toda la normativa interna que adopten las bolsas de valores deberá ser previamente aprobada por la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 93. (Operadores de bolsa).- Las bolsas de valores podrán admitir que participen en su ámbito inversores especializados autorizados expresamente por la Superintendencia de Servicios Financieros.

El hecho que un inversor especializado sea operador de una bolsa de valores no lo convierte en intermediario de valores. Sin perjuicio de lo expresado, a los efectos de operar en una bolsa de valores, deberá cumplir las normas generales e instrucciones particulares que dicte la bolsa respectiva y la Superintendencia de Servicios Financieros.

CAPITULO II

INTERMEDIARIOS DE VALORES

ARTICULO 94. (Concepto y tipo de intermediarios).- Se consideran intermediarios de valores aquellas personas físicas o jurídicas que realizan en forma profesional y habitual operaciones de intermediación entre oferentes y demandantes de valores de oferta pública o privada.

Los intermediarios de valores que actúan como miembros de una bolsa de valores u otra institución que constituya un mercado de negociación de valores de oferta pública se denominan corredores de bolsa y aquellos que operan fuera de dichos mercados se denominan agentes de valores.

ARTICULO 95. (Regulación y fiscalización).- Los intermediarios de valores, tanto en su actividad en la oferta pública como privada de valores, están sujetos a la regulación y fiscalización de la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 96. (Autorización).- Los intermediarios de valores requerirán autorización de la Superintendencia de Servicios Financieros para actuar. Los requisitos que fije la Superintendencia de Servicios Financieros podrán ser diferenciados, en función de que el intermediario actúe únicamente por cuenta de terceros o por cuenta propia y de terceros, que sean corredores de bolsa, agentes de valores u otras circunstancias que estime apropiadas.

Al considerar la solicitud de autorización se tendrán en cuenta razones de legalidad, oportunidad y conveniencia.

Las bolsas de valores podrán establecer requisitos adicionales para aquellos intermediarios que actúen en su ámbito.

ARTICULO 97. (Requisitos de inscripción).- Para ser autorizados e inscriptos en el Registro de Intermediarios de Valores que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros, deberán acreditar, a satisfacción de esta Institución, los siguientes requisitos:

1. Fijar domicilio comercial para desarrollar las actividades de intermediación.

2. Incluir en su nombre la expresión "corredor de bolsa" o "agente de valores" respectivamente.

3. Ser sociedad anónima con acciones nominativas. En el caso de personas físicas que a la fecha de la sanción de la presente ley actúen como intermediarios de valores en forma de empresas unipersonales, deberán adecuarse a esta disposición en el plazo de un año.

4. Tener el capital mínimo y constituir las garantías que determine la Superintendencia de Servicios Financieros.

5. Mantener una estructura de administración, organización y controles internos adecuados.

6. Acreditar ante la Superintendencia de Servicios Financieros respecto de los miembros de su Directorio, integrantes de la Comisión Fiscal si la hubiere y su personal superior, capacidad legal, ausencia de inhibiciones lega-les, no haber sido condenados por delitos vinculados al sistema financiero, no haber sido declarados en quiebra y cumplir con los demás requisitos que establezca la reglamentación.

ARTICULO 98. (Objeto).- Los intermediarios de valores, con excepción de las instituciones de intermediación financiera, tendrán como objeto exclusivo la actividad referida en el artículo 94 de la presente ley.

ARTICULO 99. (Transmisión y emisión de acciones y certificados provisorios).- La emisión y la transmisión de las acciones o de certificados provisorios de acciones de los intermediarios de valores deberán ser autorizadas por la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 100. (Requisitos de funcionamiento).- Los intermediarios de valores deberán cumplir, en todo momento, con los requisitos patrimoniales y de garantía, organización interna y de conducta, estándares de aptitud, rectitud comercial y profesional, deberes de información y exigencias prudenciales y otros requisitos que establezca la Superintendencia de Servicios Financieros.

Dichos requisitos podrán ser diferenciados, en función de que el intermediario actúe solo por cuenta propia o por cuenta propia y de terceros, que sean corredores de bolsa, agentes de valores o asesor de inversión u otras circunstancias que estime apropiadas.

ARTICULO 101. (Garantía).- Los intermediarios de valores deberán constituir una garantía en forma previa a su autorización como tales para asegurar el correcto y cabal cumplimiento de sus obligaciones, en beneficio de los acreedores que tengan o llegaren a tener en razón de su actividad de intermediación.

La Superintendencia de Servicios Financieros establecerá el monto y forma de constitución de la garantía inicial y su mantenimiento, considerando, entre otros, el volumen y naturaleza de las operaciones del intermediario, si además de actuar por cuenta de terceros actúan o no por cuenta propia u otras circunstancias semejantes.

La garantía deberá mantenerse hasta el año posterior a la pérdida de la calidad de intermediario de valores, o hasta que se resuelvan por sentencia ejecutoriada las acciones judiciales que se hayan entablado en su contra, dentro de dicho plazo.

ARTICULO 102. (Responsabilidad y prueba).- Los intermediarios de valores deben verificar la identidad y capacidad legal de las personas que contraten por su intermedio y la autenticidad de los valores que negocien.

Los intermediarios de valores quedan obligados a pagar el precio de la compra o a hacer la entrega de los valores vendidos según las condiciones pactadas, así como del debido registro de la transacción.

Los comprobantes, las minutas o las constancias que entreguen a sus clientes y las que se dieren recíprocamente hacen prueba en contra del intermediario de valores que las emite.

ARTICULO 103. (Valores de terceros).- Los intermediarios de valores que custodien valores por cuenta de terceros, pero a nombre propio, deberán anotar separadamente en su contabilidad estos valores e inscribir en un registro especial, con la individualización completa de la o las personas por cuenta de quien los mantiene, conforme a las instrucciones que dicte la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 104. (Inaplicabilidades).- No serán aplicables a los intermediarios de valores las disposiciones de la Ley Nº 16.497, de 15 de junio de 1994, ni los artículos 89 a 113 inclusive del Código de Comercio.

ARTICULO 105. (Cancelación de la inscripción).- El retiro de la autorización y la cancelación de la inscripción de un intermediario de valores opera a su solicitud o de oficio, al solicitarse la liquidación judicial de la empresa o sancionarse con cancelación de actividades.

De tratarse de solicitud por parte del intermediario, previo a adoptar decisión, será necesario poner en conocimiento del público, por los medios que la Superintendencia de Servicios Financieros estime pertinentes, que se ha iniciado el proceso de cancelación.

CAPITULO III

DE LA INTERVENCION Y LA LIQUIDACION ADMINISTRATIVA DE LAS BOLSAS DE VALORES, OTRAS INSTITUCIONES QUE CONSTITUYAN MERCADOS DE VALORES DE OFERTA PUBLICA Y DE LOS INTERMEDIARIOS DE VALORES

ARTICULO 106. (Requisitos para la intervención).- El Directorio del Banco Central del Uruguay podrá adoptar medidas preventivas, que pueden llegar a la intervención o la inmediata suspensión de actividades de las bolsas de valores y demás instituciones que constituyan mercados de valores de oferta pública y de los intermediarios de valores, con excepción de las instituciones de intermediación financiera que se rigen al respecto por las disposiciones del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982 y sus leyes modificativas, cuando entienda que se encuentran en situación de riesgo los intereses de terceros. Para las actuaciones de esta índole podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública, si ello fuera necesario.

La intervención podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las autoridades. Cuando esta vaya acompañada de la sustitución total de autoridades implicará la caducidad de todas las comisiones o mandatos otorgados por ellas y la suspensión durante veinte días hábiles, de todo tipo de plazo que pueda correrle a la empresa intervenida.

En la intervención, el Banco Central del Uruguay dispondrá de plenos poderes de gestión.

Facúltase al Banco Central del Uruguay a tomar otras medidas, tales como la restricción en las actividades de las instituciones referidas en el inciso primero, un monitoreo más estricto de su capital o la solicitud de requisitos adicionales de capital, seguros o garantías, de forma de minimizar el riesgo sistémico.

También podrá instruirlas a reducir su exposición al riesgo o incrementar sus márgenes en caso de que mantengan o controlen grandes posiciones en uno o más activos financieros.

En todos los casos, el Banco Central del Uruguay adoptará las medidas necesarias para asegurar que los activos de terceros sean debidamente cautelados.

ARTICULO 107. (Cese de la intervención).- En caso que se haya subsanado la situación que diera origen a la intervención, el Banco Central del Uruguay está facultado a reincorporarla a sus titulares, pudiendo exigir las cautelas y garantías que estime necesarias.

ARTICULO 108. (Liquidación).- El Banco Central del Uruguay será liquidador, en sede administrativa, de las entidades indicadas en el artículo 106 de la presente ley que se encuentren en situación de insolvencia, pudiendo facultar a un tercero para que practique dicha liquidación.

La disolución de las sociedades y empresas y el consiguiente estado de liquidación serán dispuestos por el Banco Central del Uruguay.

El Banco Central del Uruguay dispondrá de los más amplios poderes de administración y disposición, sin limitaciones de especie alguna sobre los bienes, acciones, derechos y obligaciones de la liquidada. Las resoluciones del Banco Central del Uruguay en su carácter de liquidador serán recurribles en la forma prevista en el artículo 14 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

En lo no previsto por esta ley, será de aplicación lo que dispongan las normas que rigen la liquidación administrativa de las instituciones de intermediación financiera y subsidiariamente las normas generales que rigen en materia de concursos de sociedades anónimas o de los comerciantes, según corresponda.

ARTICULO 109. (De los valores y fondos de terceros).- El dinero y los valores que los intermediarios de valores adquieran o mantengan en custodia por cuenta de los clientes no podrán ser embargados por deudas del inter-mediario ni podrán ser objeto de otras medidas preventi-

vas o de ejecución que pudieran promoverse para asegurar el cobro de tales deudas. En caso de liquidación por insolvencia del intermediario de valores, el dinero y los valores que este hubiese adquirido o tuviese en custodia por cuenta de sus clientes no integrarán la masa activa de la liquidación.

Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará, asimismo, al dinero y a los valores de clientes que las bolsas de valores u otras instituciones que constituyan mercados de valores de oferta pública pudiesen mantener en custodia por cuenta de los intermediarios y que no podrán verse afectados por medida cautelar o de ejecución alguna que pudiese promoverse por deudas de la institución custodiante ni formarán parte de la masa activa de su liquidación, para el caso de que esta fuera declarada.

ARTICULO 110. (Liquidación de obligaciones en cajas de valores y en sistemas de compensación y liquidación de valores).- La suspensión de actividades o la liquidación por insolvencia de los intermediarios de valores no impedirá el estricto cumplimiento de las obligaciones por ellos asumidas en el ámbito de una caja de valores o en los sistemas de compensación y liquidación de valores. Tales obligaciones serán liquidadas en las formas previstas reglamentariamente, pudiendo a tal efecto ser realizados los bienes que el intermediario hubiese afectado en garantía, con independencia de la medida de suspensión o liquidación que hubiese sido dispuesta y sin necesidad de recurrir a procedimiento judicial alguno. Si de la imputación del producido de dichos bienes a las referidas obligaciones surgiere un remanente a favor del intermediario, el mismo integrará la masa activa de la liquidación, debiendo ser puesto por el administrador del respectivo sistema a disposición del liquidador.

CAPITULO IV

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 111. (Confidencialidad).- Los intermediarios de valores no podrán dar a conocer informaciones sobre operaciones realizadas por cuenta de clientes ni las posiciones en valores de los mismos u otras informaciones confidenciales que reciben de sus clientes o sobre sus clientes, obligación esta que no es oponible al Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 112. (Denominación).- El uso de las denominaciones "bolsa de valores", "corredor de bolsa", "agente de valores", "intermediario de valores" u otras semejantes que determine la Superintendencia de Servicios Financieros queda reservado exclusivamente para aquellas personas autorizadas a actuar como tales por dicha Institución.

TITULO VIII

OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES

ARTICULO 113. (Designación de auditores externos).- Las entidades que realicen oferta pública de valores, las administradoras de fondos de ahorro previsional y de fondos de inversión, las empresas aseguradoras, las entidades de intermediación financiera y toda otra entidad supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros deberán designar auditores externos, de entre los inscriptos en el registro de auditores externos que, para este fin, lleva dicha Superintendencia. Dichos auditores deberán aplicar las normas internacionales de auditoría.

En el caso de las entidades que realicen oferta pública de valores, será competencia de la asamblea de accionistas designar a los auditores externos, la que tendrá facultades para revocar la designación en cualquier momento.

Cuando por el tipo social no exista la asamblea de accionistas, a efectos de la designación y revocación de los auditores externos, será preciso contar con el consentimiento mayoritario de los socios. En todos los casos de revocación del auditor externo el emisor deberá dar cuenta a la Superintendencia de Servicios Financieros de las razones que lo motivaron.

ARTICULO 114. (Actividad de auditores externos en entidades supervisadas).- La Superintendencia de Servicios Financieros podrá reglamentar y controlar la actividad de los auditores externos cuando ejerzan sus funciones en las entidades referidas en el artículo anterior.

ARTICULO 115. (Designación de calificadoras de riesgo).- Las entidades que realicen oferta pública de valores, las administradoras de fondos de inversión, las entidades de intermediación financiera y toda otra entidad supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros que esta considere conveniente incluir mediante la reglamentación en esta norma deberán designar calificadoras de riesgo, de entre las inscriptas en el registro de calificadoras de riesgo que, para este fin, lleva dicha Superintendencia.

En el caso de las entidades que realicen oferta pública de valores, será competencia de la asamblea de accionistas designar a las calificadoras de riesgo, la que tendrá facultades para revocar la designación en cualquier momento. Cuando por el tipo social no exista la asamblea de accionistas, a efectos de la designación y revocación de la designación de las calificadoras de riesgo, será preciso contar con el consentimiento mayoritario de los socios. En todos los casos de revocación de la calificadora de riesgos el emisor deberá dar cuenta a la Superintendencia de Servicios Financieros de las razones que lo motivaron.

ARTICULO 116. (Actividad de calificadoras de riesgo en entidades supervisadas).- La Superintendencia de Servicios Financieros podrá reglamentar y controlar la actividad de las entidades calificadoras de riesgo cuando califiquen entidades o valores registrados en dicha Superintendencia.

ARTICULO 117. (Asesores de inversión y otros participantes del mercado).- Se consideran asesores de inversión las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, aconsejan a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior y que no se encuentren alcanzados por otra figura supervisada por la Superintendencia de Servicios Financieros.

Con el propósito de salvaguardar la transparencia del mercado y la adecuada información a los inversores, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá reglamentar y supervisar la actividad de los asesores de inversión y otros participantes del mercado de valores.

Si los asesores de inversión custodian valores de terceros deberán cumplir con los mismos requisitos generales que los agentes de valores.

TITULO IX

REGIMEN SANCIONATORIO

CAPITULO I

ARTICULO 118. (Facultades sancionatorias del Banco Central del Uruguay).- El Banco Central del Uruguay, respecto a las personas físicas o jurídicas intervinientes en la oferta pública o privada de valores, incluyendo a los emisores de oferta pública, las bolsas de valores y demás instituciones privadas que constituyan mercados de negociación de valores de oferta pública, los intermediarios de valores, los asesores de inversión, las instituciones registrantes, custodios, calificadores, auditores externos, representantes de titulares de valores de oferta pública, agentes de pago y todo otro agente interviniente, que infrinja las leyes y decretos que regulen dicha materia o las normas generales o instrucciones particulares dictadas por el mismo, podrá aplicar las siguientes sanciones, en lo pertinente, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiere:

1. Observación.

2. Apercibimiento.

3. Multas cuyo límite máximo será:

a) para los bancos: el 50% (cincuenta por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica establecida para su funcionamiento;

b) para los demás intervinientes en el mercado de valores a los que se exija capital mínimo regulatorio: el mayor importe entre el 50% (cincuenta por ciento) del capital mínimo requerido al infractor de acuerdo con la naturaleza de su actividad y el 10% (diez por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica establecida para el funcionamiento de los bancos;

c) para los agentes intervinientes en el mercado que no posean requisito de capital mínimo regulatorio: el 10% (diez por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica establecida para el funcionamiento de los bancos.

4. Suspensión o cancelación de la cotización de los valores.

5. Suspensión o cancelación de la habilitación para realizar oferta pública.

6. Suspensión o cancelación de actividades.

Lo estipulado en el numeral 6 anterior no será aplicable a los emisores de valores de oferta pública ni a las instituciones de intermediación financiera.

Solo podrán aplicarse acumulativamente a una misma persona y por un mismo caso la multa y la suspensión o cancelación de actividades.

Las sanciones previstas en los numerales 1 y 2 del presente artículo serán aplicadas por la Superintendencia de Servicios Financieros, quien también aplicará las multas cuando el monto de las mismas no supere el 10% (diez por ciento) de la responsabilidad patrimonial básica de los bancos. Las restantes sanciones serán aplicadas por el Directorio de la Institución.

Las sanciones antedichas podrán recaer, además, en los miembros del Directorio, síndicos, integrantes de la Comisión Fiscal, la Comisión de Auditoría o personal gerencial de la entidad que hubiese tenido participación en la infracción o hubiese incurrido en omisiones en el cumplimiento de sus funciones con vinculación causal en relación a la infracción imputada a la entidad. Si la entidad fuere pasible de las sanciones indicadas en los numerales 4, 5 y 6, y las personas antedichas hubieren tenido participación, los antecedentes respectivos serán puestos en conocimiento de todos los servicios del Banco Central del Uruguay.

Las sanciones dispuestas por el Banco Central del Uruguay deberán ser publicadas. Para ello, la Superintendencia de Servicios Financieros definirá los medios de publicidad que estime pertinentes.

CAPITULO II

INTERMEDIARIOS DE VALORES

ARTICULO 119. (Causales graves).- Son causales de las sanciones de suspensión o cancelación de actividades de los agentes intervinientes en el mercado de valores, entre otras, las siguientes:

1. Dejar de cumplir con los requisitos de inscripción o funcionamiento.

2. Incurrir en graves violaciones a las obligaciones que impone esta ley, sus normas modificativas o complementarias u otras disposiciones que los rijan.

3. Tomar parte en forma culpable o dolosa en transacciones no compatibles con las sanas prácticas de los mercados de valores.

4. Realizar o participar en actos o efectuar operaciones ficticias o que tengan por objeto o efecto afectar la libre formación de precios del mercado de valores, manipular la liquidez de un valor, aparentar ofertas o demandas de valores, manipular o fijar artificialmente precios o cotizaciones, ofertas o demandas, obstaculizar la libre concurrencia, así como divulgar por cualquier medio, directa o indirectamente, información falsa, tendenciosa o privilegiada.

5. Dejar de cumplir, por razones que le son imputables, obligaciones originadas en transacciones de valores en que hayan tomado parte.

6. Utilizar dineros o valores de sus comitentes para cumplir operaciones pendientes o propias, o de otros comitentes.

7. Salvo en el caso de las instituciones de intermediación financiera registradas en la Superintendencia de Servicios Fi-nancieros, realizar actividades de intermediación financiera.

8. Garantizar rendimientos.

9. Obstruir las actuaciones de inspección y fiscalización de la Superintendencia de Servicios Financieros.

ARTICULO 120. (Debido proceso).- Las sanciones a recaer en aplicación de lo dispuesto en la presente ley se determinarán para las distintas actividades, en función de la gravedad de la falta.

El procedimiento para la aplicación de sanciones deberá observar necesariamente y en todos los casos, las garantías del debido proceso, dándose vista de las respectivas actuaciones y posibilitándose un pleno ejercicio del derecho de defensa con articulación de descargos por parte del o de los afectados por la medida.

TITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 121. (Jurisdicción).- En la emisión de valores en la que se deje expresa constancia de su oferta internacional, sean o no objeto de oferta pública, la entidad emisora podrá establecer libremente la ley y jurisdicción aplicables a aquellos cumpliendo con lo establecido en la presente ley para su registro, si correspondiere.

Ello no obstará al derecho de los titulares de los valores a elegir en todo caso la jurisdicción del domicilio del emisor.

Practicada la elección de jurisdicción, en uno u otro sentido, a través de la comparecencia ante los tribunales correspondientes, no podrá ser luego modificada.

ARTICULO 122. (Inversión en valores).- Las empresas comprendidas en los artículos 1º y 2º del Decreto-Ley Nº 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 16.327, de 11 de noviembre de 1992, que realicen actividades de intermediación financiera, podrán efectuar inversiones en valores de oferta pública.

La Superintendencia de Servicios Financieros, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto-Ley citado, limitará y controlará dichas inversiones en las condiciones que determine la reglamentación.

ARTICULO 123. (Inversión en valores de oferta pública por otros Institutos).- Las Cajas Paraestatales de Jubilaciones y Pensiones y los Fondos Complementarios, creados por el Decreto-Ley Nº 15.611, de 10 de agosto de 1984, podrán invertir parte de sus fondos en valores objeto de la oferta pública y emitidos por empresas radicadas en el país, en las condiciones y límites que establezca la reglamentación del Poder Ejecutivo.

ARTICULO 124. (Aumento obligatorio).- Modifícase el artículo 288 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 288. (Aumento obligatorio).- Una vez aprobado el balance general de la sociedad, cuando el capital social represente menos del 50% (cincuenta por ciento) del capital integrado más las reservas y los ajustes al patrimonio (revaluaciones del activo) la sociedad deberá capitalizar esas reservas y los montos resultantes de los referidos ajustes o revaluaciones hasta alcanzar por lo menos aquel porcentaje.

El aumento del capital social resultante será dispuesto por el órgano de administración dentro de los treinta días de aprobado el balance y no requerirá conformidad administrativa. La resolución del órgano de administración disponiendo el aumento se comunicará al Registro Público de Comercio y se publicará".

ARTICULO 125. (Obligación de reserva).- Modifícase el artículo 419 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo 59 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 419. (Obligación de reserva).- El órgano estatal de control guardará reserva sobre todos los actos que intervenga y cuya publicación no sea determinada por la ley. No obstante, suministrará información de la documentación que posea en el marco de su actuación, a los titulares de un interés directo, personal y legítimo, así como a todos los organismos del Estado, los cuales deberán guardar la debida confidencialidad. También podrá proporcionarla de oficio.

En todos los casos los requerimientos se efectuarán por escrito y en forma fundada. De la resolución favorable se remitirá copia a la sociedad involucrada.

La obligación de guardar reserva se extenderá a los funcionarios del órgano estatal de control, bajo pena de destitución y sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

El juez competente, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá liberar de la obligación de reserva".

ARTICULO 126. (Caracterización de las acciones).- Modifícase el artículo 304 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el cual quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 304. (Caracterización de las acciones).- Las acciones podrán ser al portador o nominativas y en este último caso, endosables o no. También podrán ser escriturales, representándose mediante anotaciones en cuenta".

ARTICULO 127.- Las competencias atribuidas por esta ley a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central del Uruguay no obstan al ejercicio por parte del Directorio de esa Institución del poder de avocación, revocación de oficio y modificación que le atribuye el inciso tercero del artículo 36 de la Ley Nº 16.696, de 30 de marzo de 1995, en la redacción dada por el artículo 9º de la Ley Nº 18.401, de 24 de octubre de 2008.

TITULO XI

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS DE PROMOCION AL MERCADO DE VALORES

ARTICULO 128. (Tasas).- Agrégase el siguiente inciso al artículo 26 del Título 7 del Texto Ordenado 1996:

"Rentas de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 años, 3%".

ARTÍCULO 129. (Exoneración).- Agrégase el siguiente texto al primer inciso del literal C) del artículo 27 del Título 7 del Texto Ordenado 1996:

"Asimismo estarán exentos los dividendos pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, en tanto las acciones que dan lugar al pago o crédito de los mismos coticen en bolsa de valores".

ARTICULO 130. (Tasas).- Agrégase el siguiente inciso al artículo 14 del Título 8, del Texto Ordenado 1996:

"Rentas de certificados de participación emitidos por fideicomisos financieros mediante suscripción pública y cotización bursátil a plazos de más de 3 años, 3%".

ARTICULO 131. (Exoneración).- Agrégase el siguiente texto al primer inciso del literal C) del artículo 15 del Título 8 del Texto Ordenado 1996:

"Asimismo estarán exentos los dividendos pagados o acreditados por los contribuyentes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, en tanto las acciones que dan lugar al pago a crédito de los mismos coticen en bolsa de valores".

ARTICULO 132. (Exoneración).- Sustitúyese el literal A) del numeral 2) del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"A) Intereses de valores públicos y privados, de depósitos bancarios y warrants".

ARTICULO 133. (Exoneración).- Agrégase el siguiente inciso al literal E) del numeral 2) del artículo 19 del Titulo 10 del Texto Ordenado 1996:

"Quedan exonerados de este impuesto las operaciones de descuentos de documentos realizadas a través de la Bolsa de Valores por los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA)".

ARTICULO 134. (Exoneración).- Sustitúyese el literal I) del numeral 2) del artículo 19 del Título 10 del Texto Ordenado 1996, por el siguiente:

"I) Las comisiones derivadas por la intervención en la compraventa de valores públicos y privados".

ARTICULO 135. (Abatimiento).- Agrégase como inciso segundo al artículo 47 del Título 14 del Texto Ordenado 1996, lo siguiente:

"El abatimiento se aplicará también para las sociedades que coticen en bolsa".

ARTICULO 136.- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar a los warrants el mismo tratamiento que el correspondiente a las obligaciones y debentures, en lo relativo a los Impuestos a las Rentas de las Actividades Económicas, a la Renta de las Personas Físicas, a las Rentas de los No Residentes, al Valor Agregado y al Patrimonio. Dicha facultad podrá ejercerse siempre que su emisión se haya efectuado mediante suscripción pública y que dichos papeles tengan cotización bursátil.

ARTICULO 137.- Agrégase al Título 14 del Texto Ordenado 1996, el siguiente artículo:

"ARTICULO 41 bis.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar total o parcialmente del Impuesto al Patrimonio el patrimonio de las sociedades que realicen suscripciones públicas de acciones en bolsa. Dicha exoneración podrá otorgarse hasta por cinco ejercicios fiscales.

En caso de ejercerse la facultad a que refiere el inciso anterior y durante el período que se aplique la exoneración, la tenencia de tales acciones se considerará activo gravado a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación del patrimonio gravado".

ARTICULO 138. (Derogaciones).- Derógase la Ley Nº 16.749, de 30 de mayo de 1996, los artículos 303 y 334 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, el último inciso del artículo 6º de la Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996 y las demás normas que se opongan a la presente ley".

24) CONVENCION INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, hecha en la ciudad de Managua, Nicaragua, el nueve de junio de mil no-vecientos noventa y tres. (Carp. Nº 1595/2009 - Dist. Nº 3320/2009)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1595/09

Distr. 3320/09

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 20 de julio de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se aprueba la Convención Interamericana para el cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, hecha en la ciudad de Managua, Nicaragua, el nueve de junio de mil novecientos noventa y tres.

I. Referencia general.

El presente es el primer tratado sobre esta materia que se somete a la aprobación parlamentaria. A nivel mundial, este tipo de convenciones rige desde hace décadas, en relaciones multilateral y bilaterales. Constituirse en Parte de acuerdos de esta naturaleza, permite completar el vasto escenario de cooperación penal que la República siempre ha impulsado, ámbito que se configura, además, con la extradición y la cooperación penal internacional, sea esta general o referida a delitos específicos.

El traslado de condenados implica no otra cosa que el cumplimiento de sentencias penales en el extranjero. Se trata de la ejecución penal de sentencia de un Estado distinto de aquél cuyo juez la pronunció. Ello es habitual en el ámbito civil y comercial, respecto del cual la República es Parte de numerosos tratados bilaterales y regionales que la contemplan.

La sentencia penal, por sus características, tiene sesgos de complejidad en lo que hace a su cumplimiento extraterritorial, de los que carece la ejecución de las sentencias en las otras citadas materias. La primera fundamental distinción es que esa ejecución requiere la presencia física del condenado, para hacer efectivo el cumplimiento del fallo. Ello no sucede en las otras áreas del derecho, en las que, por abundar tan solo en un ejemplo, una medida cautelar -coo-peración judicial de positiva intensidad- puede solicitarse y concederse en el extranjero sin que se produzca el traslado de persona alguna.

Esta singularidad determina que este traslado no se conceda de modo arbitrario. Las modalidades y condiciones se prevén en cada caso, siendo las contenidas en el tratado que se somete a consideración las usuales en el derecho comparado.

II. El texto aprobado.

II.1. El Preámbulo, ubica la Convención en el marco de "uno de los propósitos esenciales de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 2, literal e) de la Carta de la OEA, ... procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos", finalidad con la cual la República coincide plenamente.

Destaca, además, que la cooperación confluye en la mejor administración de justicia, mediante la rehabilitación social de la persona sentenciada, para cuya finalidad es conveniente que se le pueda dar la oportunidad de cumplir su condena en el país del cual es nacional.

II.2. Sector dispositivo.

El artículo I establece las definiciones habituales. Ellas no requieren más comentario que señalar la ventaja de contar con definiciones autárquicas -las contempladas en el propio tratado- que resuelven eventuales problemas interpretativos a la hora de la aplicación de sus normas.

El artículo II prevé el marco de principios generales que constituyen la médula de la Convención, cuando establece que "a) las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual sea nacional; y b) los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con respecto a la transferencia de personas sentenciadas".

Se describe en esta disposición el alcance y la finalidad de la Convención, que puede resumirse en la posibilidad de que las personas estén facultadas para cumplir las sentencias dictadas en país extranjero en el Estado de su nacionalidad, para lo cual se comprometen a prestar la más amplia cooperación.

Ello no sucede en cualquier caso, sino que se establecen, en el artículo III, condiciones taxativas para que ese tratado proceda. Debe existir sentencia firme y definitiva; la persona sentenciada debe otorgar expresamente su consentimiento al traslado, previo informe de las consecuencias legales pertinentes; debe existir doble incriminación, vale decir, el hecho por el que la persona ha sido condenada debe configurar también delito en el Estado receptor, con independencia del nomen juris de ese delito; la persona sentenciada debe ser nacional del Estado receptor; el tiempo de la condena por cumplir al momento de hacerse la solicitud debe ser, al menos, de seis meses. Y, finalmente, no procederá el traslado cuando la condena a cumplirse sea pena de muerte o si la aplicación de la sentencia es contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.

La Convención establece que los Estado Parte informarán acerca de sus disposiciones a cualquier persona sentenciada que estuviere comprendida dentro de lo dispuesto por ella, así como del trámite de su traslado, si lo hubiera solicitado (artículo IV).

El artículo V establece, fundamentalmente, un procedimiento pormenorizado referido al trámite internacional del traslado, así como a su diligenciamiento interno.

En efecto, el trámite podrá ser promovido por el Estado sentenciador o por el Estado receptor. Es condición esencial que en ambos casos la persona sentenciada haya expresado su consentimiento o, en su caso, formulado la petición.

La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades Centrales o, en su defecto, por la vía diplomática o consular. A tales efectos, se procurará crear mecanismos de cooperación entre la Autoridad Central y las demás autoridades que deban intervenir en el traslado de la persona sentenciada.

En cuanto a su contenido, la solicitud incluirá la información que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo III.

Asimismo, y de conformidad con su derecho interno, cada Estado Parte se compromete a informar a las autoridades que considere necesario, el contenido de la Convención.

En relación al consentimiento otorgado, se establece la posibilidad de que esa expresión de voluntad positiva pueda verificarse de modo fehaciente, cuando se dispone en el numeral 5 del artículo que se comenta, que "antes de efectuarse el traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado receptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por éste, que la persona sentenciada haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales...".

El numeral 6 identifica, a modo de ejemplo, algunas consideraciones que podrán tomarse en cuenta antes de decidir el traslado. Se podrá evaluar, entre otros, la posibilidad de contribuir a la rehabilitación social del condenado, la gravedad del delito, sus antecedentes penales, el estado de su salud, así como lo relativo a los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el Estado receptor.

Como parte de la tramitación, el Estado sentenciador se obliga a suministrar al Estado receptor copia autenticada de la sentencia, incluyendo información sobre el tiempo ya cumplido por la persona sentenciada y el que pueda computársele por motivos tales como trabajo, buena conducta o prisión preventiva. El Estado receptor podrá solicitar cualquier información adicional que considere pertinente.

La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al Estado receptor se efectuará en el lugar convenido por las Autoridades Centrales, siendo de cargo del Estado receptor la custodia de la persona sentenciada desde el momento en que le fuere entregada.

En cuanto a los gastos, estarán a cargo del Estado sentenciador los relativos al traslado hasta la entrega al Estado receptor. Este último será responsable de todos los ocasionados por el traslado de la persona sentenciada desde el momento en que esta quede bajo su custodia.

Como en los demás ámbitos de la cooperación interestatal, se contempla la denegatoria de la solicitud, en cuyo caso el Estado Parte que así lo resuelva comunicará su decisión de inmediato al Estado solicitante, explicando el motivo de su negativa, con la aclaración de que así se hará cuando el suministro de este fundamento "sea posible y conveniente" (artículo VI).

El artículo VII regula los derechos de la persona sentenciada trasladada, así como las formas de cumplimiento de la sentencia.

De conformidad con el principio general del derecho penal conocido como non bis in idem, por el cual no corresponde más de un enjuiciamiento por un mismo delito, cumplido ese traslado, la persona no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el Estado sentenciador.

Se prevé acertadamente la ley aplicable al cumplimiento de esa cooperación que, como en otros escenarios de la asistencia, se realizará conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas. Ello, con excepción de lo dispuesto en el artículo VIII, relativo a la revisión de la sentencia y efectos en el estado receptor, respecto de los cuales el Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales, conservando la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona sentenciada. Queda a cargo del Estado receptor, al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, la adopción inmediata de las medidas correspondientes.

En lo que hace específicamente a la duración de la condena, se dispone que ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo que prolongue la duración de la condena más allá de la fecha en que concluiría según los términos de la sentencia del tribunal del Estado sentenciador.

Es de particular interés señalar que las autoridades del Estado sentenciador tendrán la facultad de controlar el cumplimiento de la sentencia dictada por sus tribunales, en virtud de que podrán solicitar, por medio de las Autoridades Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada trasladada al Estado receptor, conforme a la presente Convención.

El artículo IX incluye casos especiales, implícitamente, en el ámbito de aplicación de la Convención, incorporando a las personas sujetas a vigilancia u otras medidas, de acuerdo con las leyes de uno de los Estados Partes relacionadas con infractores menores de edad. Para estos traslados deberá obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.

Asimismo, la Convención podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente hubiera declarado inimputable, si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado receptor. Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas, teniendo presente que para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo.

El artículo X contempla el tránsito de la persona sentenciada, cuando esta tuviera que atravesar el territorio de un tercer Estado Parte de la Convención. En este supuesto, ese Estado deberá ser notificado mediante la remisión de la resolución que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia este se realizará. Se prevé que el Estado Parte de tránsito pueda rehusarse a otorgar su consentimiento al paso de la persona sentenciada por su territorio. Tal notificación no será necesaria cuando se haga uso de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado Parte que se sobrevuele.

El artículo XI establece que se notificará a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos la designación de la Autoridad Central encargada de realizar las funciones establecidas en la Convención, al firmar, ratificar o adherir a la presente Convención. La nómina respectiva será distribuida por la Secretaría General a los Estados Partes.

A efectos de favorecer la cooperación, en cláusula contemplada también en otros tratados, el artículo XII dispone que ninguna norma de la Convención se intepretará en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las Partes.

En cuanto a las eventuales reservas, el artículo XVI dispone que ellas podrán formularse -de modo armónico con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 y al derecho consuetudinario sobre la materia- siempre que sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y refieran a una o más disposiciones específicas. Es factible realizarlas al momento de aprobar, firmar, ratificar o adherir a la Convención.

En suma, de conformidad con su contenido específico y con su finalidad, armónicos con el nivel de cooperación en este escenario a nivel mundial, que contempla el derecho humano a cumplir la condena en el país de la nacionalidad -por lo general inciden las razones de cercanía familiar- y teniendo en cuenta el amplio ámbito especial de aplicación de la Convención, por tratarse de un instrumento jurídico aprobado en el marco de la Organización de los Estados Americanos, el Poder Ejecutivo considera de fundamental importancia la aprobación parlamentaria de la Convención que se viene de reseñar.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernández, Jorge Bruni, María Simon.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 20 de julio de 2009.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase la Convención Interamericana para el cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, hecha en la ciudad de Managua, Nicaragua, el nueve de junio de mil novecientos noventa y tres.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Gonzalo Fernández, Jorge Bruni, María Simon.

DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL

Organización de los Estados Americanos, Washington D.C.

Tratados Multilaterales

CONVENCION INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO

LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

CONSIDERANDO que uno de los propósitos esenciales de la Organización de los Estados Americanos, de conformidad con el Artículo 2, literal e) de la Carta de la OEA, es "procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos";

ANIMADOS POR EL DESEO de cooperar para asegurar una mejor administración de justicia mediante la rehabilitación social de la persona sentenciada;

PERSUADIDOS de que para el cumplimiento de estos objetivos es conveniente que a la persona sentenciada se le puede dar la oportunidad de cumplir su condena en el país del cual es nacional; y

CONVENCIDOS de que la manera de obtener estos resultados es mediante el traslado de la persona sentenciada,

RESUELVEN adoptar la siguiente Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero:

ARTICULO I - DEFINICIONES

Para los fines de la presente Convención:

1. Estado sentenciador: significa el Estado Parte desde el cual la persona sentenciada deba ser trasladada.

2. Estado receptor: significa el Estado Parte al cual la persona deba ser trasladada.

3. Sentencia: significa la decisión judicial definitiva en la que se impone a una persona, como pena por la comisión de un delito, la privación de libertad o restricción de la misma, en un régimen de libertad vigilada, condena de ejecución condicional u otras formas de supervisión sin detención. Se entiende que una sentencia es definitiva cuando no esté pendiente recurso legal ordinario contra ella en el Estado sentenciador, y que el término previsto para dicho recurso haya vencido.

4. Persona sentenciada: significa la persona que en el territorio de uno de los Estados Partes, vaya a cumplir o esté cumpliendo una sentencia.

ARTICULO II - PRINCIPIOS GENERALES

De conformidad con las disposiciones de la presente Convención:

a. las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual sea nacional; y

b. los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con respecto a la transferencia de personas sentenciadas.

ARTICULO III - CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA CONVENCION

La presente Convención se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones:

1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida en el Artículo I, ordinal 3, de la presente Convención.

2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informada previamente de las consecuencias legales del mismo.

3. Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure también delito en el Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en cuenta las diferencias de denominación o las que no afecten la naturaleza del delito.

4. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor.

5. Que la condena a cumplirse no sea pena de muerte.

6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de por lo menos seis meses.

7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.

ARTICULO IV - SUMINISTRO DE INFORMACION

1. Cada Estado Parte informará del contenido de esta Convención a cualquier persona sentenciada que estuviere comprendida dentro de lo dispuesto por ella.

2. Los Estados Partes mantendrán informada a la persona sentenciada del trámite de su traslado.

ARTICULO V - PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO

El traslado de la persona sentenciada, de un Estado a otro, se sujetará al procedimiento siguiente:

1. El trámite podrá ser promovido por el Estado sentenciador o por el Estado receptor. En ambos casos se requiere que la persona sentenciada haya expresado su consentimiento o, en su caso, formulado la petición.

2. La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades Centrales indicadas conforme al Artículo XI de la presente Convención o, en su defecto, por la vía diplomática o consular. De conformidad con su derecho interno, cada Estado Parte informará a las autoridades que considere necesario, del contenido de la presente Convención. Asimismo, procurará crear mecanismos de cooperación entre la autoridad central y las demás autoridades que deban intervenir en el traslado de la persona sentenciada.

3. Si la sentencia hubiere sido dictada por un estado o provincia con jurisdicción penal independientes del gobierno federal, se requerirá para la aplicación de este procedimiento de traslado la aprobación de las autoridades del respectivo estado o Provincia.

4. En la solicitud de traslado se deberá suministrar la información pertinente que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Artículo III.

5. Antes de efectuarse el traslado, el Estado sentenciador permitirá al Estado receptor verificar, si lo desea y mediante un funcionario designado por este, que la persona sentenciada haya dado su consentimiento con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.

6. Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada, los Estados Partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la gravedad del delito; en su caso, sus antecedentes penales; su estado de salud; y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el Estado receptor.

7. El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor copia autenticada de la sentencia, incluyendo información sobre el tiempo ya cumplido por la persona sentenciada y el que pueda computársele por motivos tales como: trabajo, buena conducta o prisión preventiva. El Estado receptor podrá solicitar cualquier información adicional que considere pertinente.

8. La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las autoridades centrales. El Estado receptor será responsable de la custodia de la persona sentenciada desde el momento en que le fuere entregada.

9. Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona sentenciada hasta la entrega para su custodia al Estado receptor serán por cuenta del Estado sentenciador.

10. El Estado receptor será responsable de todos los gastos ocasionados por el traslado de la persona sentenciada desde el momento en que esta quede bajo su custodia.

ARTICULO VI - NEGATIVA AL TRASLADO

Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de una persona sentenciada, comunicará su decisión de inmediato al Estado solicitante explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente.

ARTICULO VII - DERECHOS DE LA PERSONA SENTENCIADA TRASLADADA Y FORMAS DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA

1. La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la presente Convención no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el Estado sentenciador.

2. Salvo lo dispuesto en el Artículo VIII de la presente Convención, la condena de una persona sentenciada trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas.

Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal que prolongue la duración de la sentencia más allá de la fecha en que concluiría según los términos de la sentencia del tribunal del Estado sentenciador.

3. Las autoridades del Estado sentenciador podrán solicitar, por medio de las Autoridades Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada trasladada al Estado receptor conforme a la presente Convención.

ARTICULO VIII - REVISION DE LA SENTENCIA Y EFECTOS EN EL ESTADO RECEPTOR

El Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales. Asimismo, conservará la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona sentenciada. El Estado receptor, al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas correspondientes.

ARTICULO IX - APLICACION DE LA CONVENCION EN CASOS ESPECIALES

La presente Convención también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las leyes de uno de los Estados Partes relacionados con infractores menores de edad. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.

Si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado receptor, la presente Convención podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente hubiera declarado inimputable. Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo.

ARTICULO X - TRANSITO

Si la persona sentenciada, al ser trasladada, tuviera que atravesar el territorio de un tercer Estado Parte en esta Convención, éste deberá ser notificado mediante envío de la resolución que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En tales casos, el Estado Parte de tránsito podrá o no otorgar su consen-timiento al paso de la persona sentenciada por su territorio.

No será necesaria la notificación cuando se haga uso de los medios de transporte aéreo y no se haya previsto ningún aterrizaje regular en el territorio del Estado Parte que se vaya a sobrevolar.

ARTICULO XI - AUTORIDAD CENTRAL

Los Estados Partes al firmar, ratificar o adherir a la presente Convención, notificarán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la designación de la Autoridad Central encargada de realizar las funciones previstas en esta Convención. La Secretaría General distribuirá entre los Estados Partes de esta Convención una lista que contenga las designaciones que haya recibido.

ARTICULO XII - ALCANCE DE LA CONVENCION

Nada de lo estipulado en la presente Convención se interpretará en sentido restrictivo de otros tratados bilaterales o multilaterales u otros acuerdos suscritos entre las Partes.

CLAUSULAS FINALES

ARTICULO XIII

La presente Convención está abierta a la firma de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO XIV

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO XV

La presente Convención quedará abierta a la adhesión de cualquier otro Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos.

ARTICULO XVI

Los Estados podrán formular reservas a la presente Convención al momento de aprobarla, firmarlas, ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y propósito de la Convención y versen sobre una o más disposiciones específicas.

ARTICULO XVII

La presente Convención entrará en vigor para los Estados ratificantes el trigésimo día de la fecha en que se haya depositado el segundo instrumento de ratificación.

Para cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella después de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.

ARTICULO XVIII

La presente Convención regirá indefinidamente, pero cualquiera de los Estados Partes podrá denunciarla en cualquier momento. La denuncia será comunicada a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. Transcurrido un año contado a partir de la fecha de la denuncia, la Convención cesará en sus efectos para el Estado denunciante.

No obstante, sus disposiciones continuarán en vigor para el Estado denunciante en lo atinente a las personas condenadas que hubieran sido transferidas, hasta el término de las respectivas condenas, al amparo de dichas disposiciones.

Las solicitudes de traslado que se encuentren en trámite al momento de la denuncia de la presente Convención, serán completadas hasta su total ejecución, a menos que las Partes acuerden lo contrario.

ARTICULO XIX

El instrumento original de la presente Convención, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la que enviará copia auténticada de su texto, para su registro y publicación, a la Secretaría de las Naciones Unidas, de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos notificará a los Estados Miembros de dicha Organización, y a los Estados que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de instrumentos de ratificación, adhesión y denuncia, así como las reservas que hubiese.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Convenio, que se llamará "Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero".

HECHO EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA, el nueve de junio de mil novecientos noventa y tres.

Comisión de Asuntos Internacionales

"CONVENCION INTERAMERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha remitido a este Cuerpo un Proyecto de Ley solicitando la aprobación de la "Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero", celebrada en Managua, Nicaragua el día 9 de junio de 1993 (en adelante "la Convención").

La Convención no fue firmada por el Uruguay por lo cual la aprobación que se solicita servirá para que nuestro país solicite formar parte de la misma a través del procedimiento de la adhesión, previsto en la misma Convención en su artículo XV.

La Convención se inscribe en el marco más amplio de la cooperación penal entre los Estados. Al tener como singularidad la necesidad del traslado del condenado, se hacía necesaria una regulación específica al respecto, que es justamente la que establece esta Convención.

Propósito de la Convención

Está establecido en el Artículo II de la misma y consiste en permitir que, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención, las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de otro Estado Parte, puedan ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual es nacional.

A tales fines, los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con respecto a la transferencia de personas sentenciadas.

Condiciones para la aplicación de la Convención

De acuerdo al Artículo III, la Convención se aplicará únicamente bajo las siguientes condiciones, taxativamente enumeradas en el texto del mismo:

1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida en el Artículo I, ordinal tercero, de la presente Convención.

2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informada previamente de las consecuencias legales del mismo.

3. Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure también delito en el Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en cuenta las diferencias de denominación o las que no afecten la naturaleza del delito.

4. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor.

5. Que la condena a cumplirse no sea pena de muerte.

6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de por lo menos seis meses.

7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor.

Procedimiento para el traslado del sentenciado

Los Artículos IV a VI de la Convención se refieren al procedimiento de traslado del sentenciado y a la necesaria información acerca de la Convención que deben tener las personas comprendidas dentro de lo dispuesto por ella.

Al respecto, se señala que el traslado puede ser promovido por el Estado sentenciador, o por el Estado receptor, con el consentimiento de la persona involucrada, el que debe comprobarse de manera fehaciente (numerales 2 y 5 del Artículo V de la Convención).

La solicitud de traslado se gestionará por intermedio de las Autoridades Centrales indicadas conforme al Artículo XI de la Convención o, en su defecto, por la vía diplomática o consular. De conformidad con su derecho interno, cada Estado Parte informará a las autoridades que considere necesario, del contenido de la presente Convención.

Al tomar la decisión relativa al traslado de una persona sentenciada, los Estados Partes podrán considerar, entre otros factores, la posibilidad de contribuir a su rehabilitación social; la gravedad del delito; en su caso, sus antecedentes penales; su estado de salud; y los vínculos familiares, sociales o de otra índole que tuviere en el Estado sentenciador y en el Estado receptor (numeral 6 del artículo V).

El Estado sentenciador suministrará al Estado receptor copia autenticada de la sentencia, incluyendo información sobre el tiempo ya cumplido por la persona sentenciada y el que pueda computársele por motivos tales como: trabajo, buena conducta o prisión preventiva. El Estado receptor podrá solicitar cualquier información adicional que considere pertinente (numeral 7 del artículo V).

La entrega de la persona sentenciada por el Estado sentenciador al Estado receptor se efectuará en el lugar en que convengan las autoridades centrales. El Estado receptor será responsable de la custodia de la persona sentenciada desde el momento en que le fuere entregada (numeral 8 del artículo V).

Todos los gastos relacionados con el traslado de la persona sentenciada hasta la entrega para su custodia al Estado receptor serán por cuenta del Estado sentenciador (numeral 9 del artículo V).

El Estado receptor será responsable de todos los gastos ocasionados por el traslado de la persona sentenciada desde el momento en que esta quede bajo su custodia (numeral 10 del artículo V).

Un Estado puede negarse al traslado del sentenciado. Cuando un Estado Parte no apruebe el traslado de una persona sentenciada, comunicará su decisión de inmediato al Estado solicitante explicando el motivo de su negativa, cuando esto sea posible y conveniente. (Artículo VI).

Derechos de la persona sentenciada

A efectos de garantizar los derechos de la persona sentenciada se establece en la Convención que la persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la presente Convención no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el Estado sentenciador (Artículo VII.1).

Por otro lado ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal que prolongue la duración de la condena más allá de la fecha en que concluiría según los términos de la sentencia del tribunal del Estado sentenciador (Artículo VII.2 in fine).

Forma de cumplimiento de la sentencia

Salvo lo dispuesto en el Artículo VIII de la presente Convención (referido a la posibilidad de revisar la sentencia, que se menciona luego), la condena de una persona sentenciada trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas. Esto nos parece de gran importancia para asegurar una cooperación basada en principios de equidad en el trato de los reclusos (Artículo VII.2).

Las autoridades del Estado sentenciador podrán soli-citar, por medio de las Autoridades Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada trasladada al Estado receptor conforme a la presente Convención (Artículo VII.3).

Para el cumplimiento del traslado, si la persona sentenciada tuviera que atravesar el territorio de un tercer Estado Parte en esta Convención, este deberá ser notificado mediante envío de la resolución que concedió el traslado por el Estado bajo cuya custodia se efectuará el mismo. En tales casos, el Estado Parte de tránsito podrá o no otorgar su consentimiento al paso de la persona sentenciada por su territorio (Artículo X).

Revisión de la sentencia y efectos en el Estado receptor

Como se adelantó más arriba, el Estado sentenciador mantiene en cambio su jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus tribunales (Artículo VIII). El Estado receptor al recibir notificación de cualquier decisión al respecto, deberá adoptar de inmediato las medidas correspondientes.

Aplicación en casos especiales

La Convención hace referencia a dos situaciones especiales que pueden ser reguladas por la misma. Establece que la presente Convención también podrá aplicarse a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de acuerdo con las leyes de uno de los Estados Partes relacionadas con infractores menores de edad. Para el traslado de los mismos se deberá obtener el consentimiento de quien esté legalmente facultado para otorgarlo.

También establece que, si así lo acordaren las Partes y a efectos de su tratamiento en el Estado Receptor, la presente Convención podrá aplicarse a personas a las cuales la autoridad competente hubiera declarado inimputables.

Las Partes acordarán, de conformidad con su derecho interno, el tipo de tratamiento a dar a las personas trasladadas. Para el traslado deberá obtenerse el consentimiento de quien legalmente esté facultado para otorgarlo (Artículo IX).

Autoridad Central

El artículo XI hace referencia a la Autoridad Central encargada de realizar las funciones previstas en esta Convención. En tal sentido determina que los Estados Partes al firmar, ratificar o adherir a la presente Convención, notificarán a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la designación de dicha Autoridad Central. La Secretaría General distribuirá entre los Estados Partes de esta Convención una lista que contenga las designaciones que haya recibido.

Cláusulas finales: las reservas

La Convención, en sus cláusulas finales, permite la realización de reservas a la misma siempre y cuando no sean incompatibles con el objeto y fin del tratado y versen sobre una o más disposiciones específicas (Artículo XVI).

Algunos países como Brasil o Estados Unidos de América han hecho reservas. Brasil ha establecido una reserva en el artículo VII en los siguientes términos:

El Gobierno brasileño formula una reserva con relación a lo dispuesto en el inciso 2 del Artículo VII, en lo que se refiere al texto siguiente: "inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas".

Los EE.UU. por su parte han hecho la siguiente reserva, de tipo formal:

Con respecto al artículo V, párrafo 7, los Estados Unidos de América exigirán que, cuando uno de sus nacionales sean devuelto a los Estados Unidos, el Estado sentenciador proporcione a los Estados Unidos los documentos enumerados en ese párrafo en idioma inglés y en el idioma del Estado sentenciador. En circunstancias similares, Estados Unidos se compromete a proporcionar una traducción de esos documentos al idioma del Estado solicitante.

Cláusulas finales: la adhesión

La Convención en su Artículo XV permite la adhesión de cualquier otro Estado. Como se dijo al comienzo el Uruguay se vincularía ahora al tratado mediante ese mecanismo.

Por considerar que la presente Convención es positiva para el desarrollo de la cooperación internacional en materia penal y cumple asimismo con una finalidad humanitaria que amerita su inclusión dentro de nuestro sistema normativo, se recomienda la aprobación de la misma por el Senado.

Sala de la Comisión, 12 de agosto de 2009.

Sergio Abreu

Miembro Informante."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo nos envía este proyecto de ley solicitando la aprobación de la Convención Interamericana para el Cumplimiento de Condenas Penales en el Extranjero, que fue celebrada en la ciudad de Managua, Nicaragua, en junio de 1993, o sea que ya tiene dieciséis años. No fue firmada por el Uruguay, por lo cual la aprobación que se solicita servirá para que nuestro país pueda formar parte de ella mediante el procedimiento de adhesión previsto en su artículo XV.

Cabe señalar que el Mensaje enviado por el Poder Ejecutivo cuenta con un preámbulo y contiene el texto de la Convención, con sus 19 artículos; de ellos, haré una breve referencia sobre los más significativos. En el preámbulo se destaca que la cooperación confluye en la mejor administración de justicia, mediante la rehabilitación social de la persona sentenciada, para cuya finalidad es conveniente -así lo dice textualmente el preámbulo- que se le pueda dar la oportunidad de cumplir su condena en el país del cual es nacional. Además, se tiene el convencimiento de que la manera de obtener estos resultados es mediante el traslado de la persona sentenciada.

A continuación, voy a hacer una breve reseña de los artículos fundamentales de esta Convención. En particular, el artículo II prevé el marco de principios generales que constituyen la médula de la Convención, cuando establece que: "a. las sentencias impuestas en uno de los Estados Partes, a nacionales de otro Estado Parte, podrán ser cumplidas por la persona sentenciada en el Estado del cual sea nacional; y b. los Estados Partes se comprometen a brindarse la más amplia cooperación con respecto a la transferencia de personas sentenciadas".

En el artículo III se habla de las condiciones taxativas para dar cumplimiento a la aplicación de esta Convención. Así se señalan, por ejemplo, entre las condiciones que figuran para aplicarla, las siguientes: "1. Que exista sentencia firme y definitiva como ha sido definida en el Artículo I, ordinal 3, de la presente Convención. 2. Que la persona sentenciada otorgue expresamente su consentimiento al traslado, habiendo sido informada previamente de las consecuencias legales del mismo. 3. Que el hecho por el que la persona haya sido condenada configure también delito en el Estado receptor. A tal efecto, no se tendrán en cuenta las diferencias de denominación o las que no afecten la naturaleza del delito. 4. Que la persona sentenciada sea nacional del Estado receptor. 5. Que la condena a cumplirse no sea pena de muerte. 6. Que el tiempo de la condena por cumplirse al momento de hacerse la solicitud sea de por lo menos seis meses. 7. Que la aplicación de la sentencia no sea contraria al ordenamiento jurídico interno del Estado receptor".

Por su parte, en el artículo V se describe una serie de procedimientos para el traslado de la persona sentenciada.

El artículo VII hace referencia a los derechos de la persona sentenciada trasladada y a las formas de cumplimiento de la sentencia. Allí se señala: "1. La persona sentenciada que fuera trasladada conforme a lo previsto en la presente Convención no podrá ser detenida, enjuiciada o condenada nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito que motivó la sentencia impuesta por el Estado sentenciador. 2. Salvo lo dispuesto en el artículo VIII de la presente Convención," -que establece que el Estado sentenciador conservará su plena jurisdicción para la revisión de las sentencias dictadas por sus Tribunales, y que conservará asimismo la facultad de conceder indulto, amnistía o gracia a la persona sentenciada- "la condena de una persona sentenciada trasladada se cumplirá conforme a las leyes y procedimientos del Estado receptor, inclusive la aplicación de cualesquiera disposiciones relativas a la reducción de períodos de encarcelamiento o de cumplimiento alternativo de las condenas. Ninguna sentencia será ejecutada por el Estado receptor de modo tal que prolongue la duración de la condena más allá de la fecha en que concluiría según los términos de la sentencia del tribunal del Estado sentenciador. 3. Las autoridades del Estado sentenciador podrán solicitar, por medio de las Autoridades Centrales, informes sobre la situación en que se halle el cumplimiento de la condena de cualquier persona sentenciada trasladada al Estado receptor conforme a la presente Convención".

En lo que tiene que ver con la aplicación de la Convención en casos especiales, se hace referencia a dos situaciones específicas que pueden ser reguladas por ella. Así, el artículo IX establece: "La presente Convención también podrá aplicarse a personas sujetas a vig