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Nº 296 - TOMO 464 - 11 DE AGOSTO DE 2009

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

26ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR SENADOR ECONOMISTA ALBERTO COURIEL Presidente en ejercicio

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA SEÑORA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Ruperto Long, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la situación del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología.

- Oportunamente fue tramitado.

- El señor Senador Alberto Heber, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo próximo pasado, referida a la insuficiencia financiera del Fondo Nacional de Salud, correspondiente al Ejercicio 2008.

- con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la situación de los colonos en lo referente a la adquisición de predios en el departamento de Florida.

- con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), relacionado con el aumento tarifario sobre el contribuyente.

- Oportunamente fueron tramitados.

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Ríos, Fernández Huidobro y Astori.

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores León Lev, Gonzalo Gaggero, Luis Oliver, Héctor Tajam, Saúl Posada, Carlos Gamou, Juan José Domínguez, Enrique Pintado y Carlos Baráibar, comunicando que por esta vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo.

7) Arquitectura vanguardista en el Uruguay

- Manifestaciones del señor Senador Arana.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, en particular al Ministerio de Educación y Cultura, al Congreso de Intendentes, a la Universidad de la República y, especialmente, a la Facultad de Arquitectura, así como a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

8) Juana de Ibarbourou. Reconocimiento a su vida y obra

- Manifestaciones del señor Senador Long.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Educación y Cultura, a AGADU y a la Academia Nacional de Letras.

9) Muerte súbita de niños menores de un año

- Proyecto de ley por el cual se establecen normas para su estudio y prevención.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10 y 19) Prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

- Proyecto de ley por el que se restablece la vigencia del artículo 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y del artículo 125 de la Ley 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Empleados del Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL

- Proyecto de ley por el que se interpreta la Ley Nº 16.621, de 10 de noviembre de 1994, sobre la calidad de funcionarios públicos de los trabajadores del Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Convención Relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños

- Proyecto de ley por el que se solicita la aprobación de esta Convención, suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile

- Proyecto de ley por el que se solicita la aprobación de este Convenio suscrito en la ciudad de Santiago de Chile, el 27 de abril de 2004.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Convenio Internacional del Trabajo Nº 102 sobre la Seguridad Social (norma mínima)

- Proyecto de ley por el que se solicita la aprobación de este Convenio, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima quinta reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1952.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 Relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III)

- Proyecto de ley por el que se solicita la aprobación de la ratificación de este Protocolo, firmado por nuestra República en Ginebra, Suiza, el 13 de marzo de 2006.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Industria aeronáutica

- Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 228 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el cual la administración e implementación del Plan Nacional Industrial Aeronáutico, estará a cargo del Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", Ejecutora 002, Dirección Nacional de Industria.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para designar en calidad de Representante Permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con Sede en Ginebra, a la licenciada Laura Dupuy Lasserre

- Concedida. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al señor Néstor Julio Moreira Morán

- Concedida. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 7 de agosto de 2009.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 11 de agosto, a la hora 9.30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el cual se establecen normas para el estudio y la prevención de la muerte súbita de niños menores de un año de edad.

Carp. Nº 1533/09 - Rep. Nº 1105/09

2) por el que se interpreta la Ley Nº 16.621, de 10 de noviembre de 1994, sobre la calidad de funcionarios públicos de los trabajadores del Parque de Vacaciones de UTE - ANTEL.

Carp. Nº 1458/09 - Rep. Nº 1113/09

3) por el que se aprueba la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

Carp. Nº 1559/09 - Rep. Nº 1108/09

4) por el que se aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile, el 27 de abril de 2004.

Carp. Nº 1557/09 - Rep. Nº 1109/09

5) por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 102, sobre la Seguridad Social (norma mínima), adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima quinta reunión celebrada en Ginebra, en junio de 1952.

Carp. Nº 1525/09 - Rep. Nº 1110/09

6) por el cual se aprueba la ratificación del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), suscrito en la ciudad de Ginebra, el 13 de marzo de 2006.

Carp. Nº 1482/09 - Rep. Nº 1111/09

7) por el que se modifica el artículo 228 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el cual la administración e implementación del Plan Nacional Industrial Aeronáutico, estará a cargo del Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ejecutora 002, Dirección Nacional de Industria.

Carp. Nº 1570/09 - Rep. Nº 1112/09

8) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con solicitudes de acuerdo del Poder Ejecutivo a fin de designar:

- en calidad de Representante Permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, a la licenciada Laura Dupuy Laserre.

Carp. Nº 1583/09 - Rep. Nº 1106/09

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al señor Julio Moreira Morán.

Carp. Nº 1582/09 - Rep. Nº 1107/09

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Aguirrezabala, Alfie, Antognazza, Arana, Bonomi, Cid, Da Rosa, Dalmás, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Guarino, Heber, Lapaz, Lara, Larrañaga, Long, Lorier, Moreira, Muguruza, Penadés, Percovich, Rosadilla, Sanguinetti, Saravia, Semproni, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, el Presidente del Cuerpo, señor Nin Novoa, la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Amaro, Astori, Fernández Huidobro, Michelini, Mujica y Ríos; y, con aviso, el señor Senador Antía.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 39 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, sobre Cooperación en materia de Cuarentena y Sanidad Animal, suscrito en Montevideo, el 12 de mayo de 2008.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se sustituye el numeral 2) del literal A) del artículo 17 del Decreto-Ley Nº 15.605, de 27 de julio de 1984, por el que crea el Instituto Nacional de Carnes y se establecen sus cometidos.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

El Poder Ejecutivo remite mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR y la República Islámica de Pakistán, suscrito en la ciudad de Córdoba, República Argentina, el 20 de julio de 2006.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se declara de interés nacional toda actividad de carácter deportivo, recreativo y/o social relacionada con la práctica del fútbol infantil.

- A LA COMISION ESPECIAL DE DEPORTE.

- por el que se interpreta el inciso tercero del artículo 6º de la Ley Nº 18.439, de 22 de diciembre de 2008, relativo al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, celebrado entre los Gobiernos de la República Oriental del Uruguay y de la República de la India, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 11 de febrero de 2008.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se designa "Maestra Ofelia de Horta Campodónico" la Escuela Nº 286, de la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se crea el Colegio Médico del Uruguay.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

- por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2012, el plazo de los contratos de los mozos de cordel, regulados por las Leyes Nos. 18.057, de 20 de noviembre de 2006, y 18.392, de 24 de octubre de 2008.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- por el que se complementan las normas de la Ley Nº 18.391, de 24 de octubre de 2008, sobre el subsidio por desempleo de los ex trabajadores de la empresa Fibratex S.A. que se desempeñan o se hayan desempeñado en la empresa Niralan S.A.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- Remite aprobado en nueva forma el proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la investigación, el desarrollo y la formación en el uso de la energía solar térmica y se fomenta la utilización efectiva de la misma.

- A LA COMISION DE INDUSTRIA, ENERGIA, COMERCIO, TURISMO Y SERVICIOS.

- Comunica que aprobó el proyecto de ley por el que se designa "Poeta Lalo Mendoza" la Escuela Nº 132, del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

- Remite copia de la exposición escrita de la señora Representante Nacional Paola Pamparatto, relativa a la situación de afiliados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

La Comisión de Salud Pública eleva informado el proyecto de ley por el cual se establecen normas para el estudio y la prevención de la muerte súbita de niños menores de un año de edad.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile, el 27 de abril de 2004.

- por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 102, sobre la Seguridad Social (norma mínima), adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su Trigésima Quinta Reunión celebrada en Ginebra en junio de 1952.

- por el que se aprueba la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

- por el cual se aprueba la ratificación del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), suscrito en la ciudad de Ginebra, el 13 de marzo de 2006.

- y las solicitudes de acuerdo del Poder Ejecutivo a fin de designar:

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al señor Julio Moreira Morán.

- en calidad de Representante Permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, a la licenciada Laura Dupuy Laserre.

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informado un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 228 de la Ley Nº 18.362, de fecha 6 de octubre de 2008, por el cual la administración e implementación del Plan Nacional Industrial Aeronáutico, estará a cargo del Inciso 08 ‘Ministerio de Industria, Energía y Minería’, Ejecutora 002 Dirección Nacional de Industria.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva in-formado un proyecto de ley por el que se interpreta la Ley Nº 16.621, de 10 de noviembre de 1994, sobre la calidad de funcionarios públicos de los trabajadores del Parque de Vacaciones de UTE - ANTEL.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Artigas remite copia de la versión taquigráfica de las expresiones vertidas en Sala sobre el tema invernáculos orgánicos.

- TENGASE PRESENTE."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruperto Long, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Educación y Cultura, relacionado con la situación del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 4 de agosto de 2009.

Sr. Presidente

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi consideración:

Cúmpleme elevar a Ud. la presente solicitud de Pedido de Informes de acuerdo a lo establecido por el artículo 118 de la Constitución de la República.

Solicítese a la Sra. Ministra de Educación y Cultura, Ing. María Simon, la información relativa al Museo Nacional de Historia Natural y Antropología que se indica, acompañando en caso de considerarlo oportuno la documentación acreditante relativa a los extremos que se establecen en los numerales siguientes:

1. ¿Cuál es la importancia que tiene el acervo museístico de Historia Nacional del Museo Nacional de Historia Natural y Antropología del MEC? ¿En cuánto se estima el volumen de sus ejemplares científicos y de su biblioteca?

2. ¿En qué fecha se resolvió no renovar el contrato de alquiler del local donde se encuentra ubicado el Museo Nacional de Historia Natural y Antropología, sito en la calle 25 de Mayo N° 582?

3. ¿Cuál es el motivo por el que se tomó esta decisión?

4. ¿En qué fecha se informó a la Dirección del Museo? ¿De qué forma? ¿Cuál fue su respuesta?

5. La decisión de nueva modificación de la ubicación del Museo, ¿se efectuó en acuerdo con su Dirección?

6. ¿Cuáles fueron los criterios museológicos que se tomaron en cuenta para la determinación del plan de mudanzas? ¿Cuál es la opinión de los museólogos y curadores que trabajan en el Museo?

7. ¿Se ha establecido la fecha para la concreción de la mudanza?

8. ¿En cuánto tiempo se estimó que puede efectuarse la operativa del embalaje por un lado y de la mudanza por otro?

9. Al momento de la determinación del plan de mudanza, ¿qué medidas de seguridad se previeron adoptar a los efectos de resguardar la integridad de las colecciones?

10. En la medida que se ha previsto un plan de mudanza, es dable entender que se ha identificado y concretado una nueva sede para la ubicación del Museo.

a. En caso afirmativo, ¿en qué fecha se identificó y determinó el nuevo local para albergar el acervo del Museo?

b. ¿Cuál es la ubicación del inmueble seleccionado?

c. ¿A quién pertenece la propiedad del mismo?

d. En caso de que no fuere una propiedad del Estado, ¿a cuánto asciende su alquiler?

e. ¿Se encuentra actualmente disponible?

f. El nuevo local, ¿requiere de acondicionamientos arquitectónicos o de mantenimiento edilicio para albergar con seguridad el referido acervo?

i. En caso afirmativo, ¿cuánto tiempo demandarán dichas obras y que costo tienen?

11. En la medida que se ha previsto un plan de mudanza, es dable entender que se ha identificado y concretado una nueva sede para la ubicación del Museo.

a. En caso negativo, ¿cuáles son las razones para establecer una mudanza e iniciar las actividades tendientes a la misma si aún no se ha ubicado un nuevo lugar donde colocar el importantísimo acervo con que cuenta el Museo?

12. ¿Cuál es el precio que se paga por el alquiler de la actual sede del Museo?

13. ¿El pago de los alquileres se encuentra al día?

14. ¿Cuál es la situación del proceso judicial iniciado por los arrendadores del inmueble que ocupa la sede del Museo?

15. ¿Cuánto es el estimado en gastos para el traslado de las colecciones?

16. ¿Quiénes efectuarán el traslado?

17. ¿En qué situación se encuentra en este momento la ejecución de los diferentes proyectos en curso, a saber:

a. Digitalización de la Colección de Anfibios.

b. Digitalización del Herbario.

c. Café científico.

d. Explorando en el Museo.

e. Munhina Digital.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Ruperto E. Long. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otros pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Alberto Heber, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Economía y Finanzas, relacionado con la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo próximo pasado, referida a la insuficiencia financiera del Fondo Nacional de Salud, correspondiente al Ejercicio 2008.

- con destino al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por su intermedio al Instituto Nacional de Colonización, relacionado con la situación de los colonos en lo referente a la adquisición de predios en el departamento de Florida.

- con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), relacionado con el aumento tarifario sobre el contribuyente."

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS.

(Texto de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 4 de agosto de 2009.

Señor Rodolfo Nin Novoa

Presidente de la

Cámara de Senadores.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar al Ministerio de Economía y Finanzas el siguiente Pedido de Informe, relacionado con la Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 19 de mayo próximo pasado, referida a insuficiencia financiera del Fondo Nacional de Salud correspondiente al Ejercicio 2008.

El artículo 60 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007, prevé en su inciso final que la insuficiencia financiera de los recursos del FONASA, debidamente justificada, puede ser atendida con cargo a Rentas Generales, previa autorización del Poder Ejecutivo.

En la mencionada Resolución del Poder Ejecutivo se hace mención a un informe de "revisión limitada" de ingresos y gastos realizados en el Ejercicio 2008, con cargo al Fondo Nacional de Salud (FONASA), suscrita por la Gerencia de Finanzas del Banco de Previsión Social, que nos interesaría conocer, ya que en base a la misma es que el Poder Ejecutivo adopta resolución en cuanto a que Rentas Generales se haga cargo de la suma de $ 1.019:733.633, suma aproximada a los US$ 45:000.000 (cuarenta y cinco millones de dólares).

Luis Alberto Heber. Senador."

"Montevideo, 4 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Con fecha 12 de diciembre de 2008 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, se solicitó cursar un pedido de informes al Instituto Nacional de Colonización, a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el que fuera reiterado con fecha 25 de mayo del corriente, referente a la decisión del Instituto de ejercer el derecho de preferencia previsto en el artículo 35 de la Ley N° 11.029, de 12/01/948, con la redacción dada por el artículo 15 de la Ley N° 18.187 de 02/11/07 para adquirir el campo integrado por el Padrón N° 11.939, de la 7ª Sección Catastral del departamento de Florida, que consta de 4.708 ha. 3.054 m.c., en iguales condiciones y plazos que los establecidos por el vendedor en su ofrecimiento de fecha 20/08/08 presentado al INC el 22/08/08 por un valor total de USD 16:992.676,00 (dólares americanos dieciséis millones novecientos noventa y dos mil seiscientos setenta y seis con 00/00).

Con fecha 10 de julio de 2009 el Instituto contesta el Pedido de Informes manifestando que 'con respecto a las interrogantes planteadas en los literales d), e) y f) el Ins-tituto aún se encuentra en la etapa de estudio del posible fraccionamiento, así como las condiciones que se exigirán a quienes se les adjudique, además de aquellas condiciones previstas legalmente (artículos 59, 60 y 61 de la Ley N° 11.029, de 12/1/48)'.

En virtud de lo expuesto, solicitamos que una vez que el Instituto tenga en su poder la información solicitada nos la comunique en forma urgente.

Los numerales mencionados corresponden a los siguientes puntos que se transcriben: 'c) cuántos colonos piensan instalarse en el mismo; d) cuántas hectáreas se les piensa conceder y a los efectos de desarrollar qué tipo de actividad; y e) cuáles son las condiciones que se le exigirán a los colonos para asignarle predios en este campo.

Luis Alberto Heber. Senador."

"Montevideo, 7 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar el siguiente pedido de informes a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

De las cifras de 2008 se desprende que la recaudación sin impuestos fue aproximadamente 983 millones de dólares.

El crecimiento esperado de energía facturada por el Ente, para 2009, y basado en los escenarios para el PBI según Deloitte y CINVE arroja guarismos del 0,79% y del 0,27% con una media de 0,53%.

A partir del 1° de agosto UTE subió cerca de un 10% su tarifa, lo que a partir del dato de facturación del 2008 y de un crecimiento medio anual esperado del 0,53% representa aproximadamente ingresos medios adicionales para el resto del año 2009 de:

- 41 millones de dólares para el período agosto-diciembre 2009.

- 8.1 millones de dólares a transferir a DGI (impuesto IVA).

Atento a que el Partido Nacional no integra los Entes Autónomos, no es posible saber si el Ente no podría haber evitado este pesado aumento tarifario sobre el contribuyente. En tal sentido se solicita se informe sobre las siguientes aristas y sus contenidos:

1. Cobrabilidad.

a. Evolución de las pérdidas no técnicas, es decir robos, de barrios denominados carenciados desde el 1° de marzo de 2005 a la fecha, indicando claramente las acciones tomadas, los resultados obtenidos e indicando claramente los departamentos y barrios donde se producen;

b. Evolución del resto de las pérdidas no técnicas, es decir robos, de otros clientes desde el 1° de marzo de 2005 a la fecha, indicando las acciones tomadas, los resultados obtenidos e indicando claramente los departamentos y barrios donde se producen.

2. Gastos acumulados a la fecha, asociados a la central 'Punta del Tigres', saber:

a. 6 turbinas.

b. Montaje completo civil-electro-mecánico de la central.

c. Costos de conectividad a las redes de transmisión.

d. Costos de conectividad a las redes de gas natural.

e. Costos de conectividad para abastecimiento vía derivados de petróleo.

f. Costos finales de perforaciones para agua en la zona.

g. Costos de repuestos por fallas prematuras en las unidades.

h. Costos de mantenimiento imputados por fuera de la garantía.

i. Costos por cambios en el software de control por fuera de la garantía.

j. Sobre costos de generación, desde la puesta en funcionamiento a la fecha, incurridos por el sistema durante las horas en que fueron convocadas las unidades y no fueron despachadas por fallas declaradas.

3. Gastos acumulados a la fecha asociados a la central Batlle:

a. sobrecostos de generación desde el 1° de marzo de 2005 a la fecha incurridos por el sistema durante las horas en que fueron convocadas las unidades y no fueron despachadas por fallas declaradas;

b. Sobrecostos de generación desde el 1° de marzo de 2005 a la fecha incurridos por el sistema durante las horas en que fueron convocadas las unidades y estando en buenas condiciones operativas no fueron despachadas por conflictos gremiales declarados por AUTE en su conjunto o por los trabajadores de la central.

4. Funcionarios y estructura

a. aumento del Rubro '0' en 2009 respecto al 1° de marzo de 2005, indicando cantidad de nuevos funcionarios y aumento del Rubro '0' en pesos uruguayos.

b. monto total por concepto de 'Productividades' cobrados por los funcionarios en el año 2008 y lo estimado para el año 2009.

c. detalle de la cantidad de Gerencias, Subgerencias y cargos en general con sus respectivos organigramas funcionales.

d. montos para consultora del proyecto 'Reestructura', anunciado e iniciado en un año preelectoral.

5. Balances de CONEX (Consultoría externa), en particular:

a. Convenio UTE-CADAFE (Venezuela), indicando pagos de CADAFE, gastos totales de UTE asociados al proyecto y estado de situación a la fecha;

b. Apoyo de UTE a Cuba, indicando gastos incurridos en el personal de UTE, gastos de transporte de maquinarias y gastos de viajes del personal operativo y dirección.

6. Interconexión con Brasil:

a. Montos erogados a la fecha por la Conversora de Frecuencia en Melo.

b. Montos planificados para 2010-2012 por licitación Conversora.

c. Montos planificados 2009-2012 para línea de 500 kv San Carlos - Conversora.

d. Monto del canon anual y años para el pago de UTE a Brasil por las líneas en su territorio asociadas a la interconexión.

7. Motores e instalación en Central Batlle:

a. montos en motores erogados a la fecha.

b. montos en motores planeados para 2010-2012.

c. montos en instalaciones asociadas y monto del seguro en caso de existir.

Luis Alberto Heber. Senador."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión ordinaria del 5 de agosto, faltó con aviso el señor Senador Penadés.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legisla-ción del 4 de agosto, faltó con aviso el señor Senador Gallinal.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 4 de agosto, faltaron con aviso los señores Senadores Lorier y Penadés.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 5 de agosto, faltó con aviso el señor Senador Michelini.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 5 de agosto, faltaron con aviso los señores Senadores Heber, Larrañaga y Michelini.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que, con motivo de la licencia concedida al señor Senador Mujica a partir del día 8 y hasta el 11 de agosto inclusive, ingresó como suplente el señor Senador Muguruza. Asimismo, se informa que en virtud de que quien habla ocupa la Presidencia del Senado desde el día 8 hasta el día de hoy inclusive, el señor Senador Rosadilla pasó a ocupar la banca correspondiente.

Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 10 de agosto de 2009.

Señor

Rodolfo Nin Novoa

Presidente del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito a Usted ponga a consideración del Cuerpo una solicitud de licencia por motivos de índole particular por el día 11 de agosto del corriente año.

Asimismo, solicito se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Dr. Eduardo J. Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que los señores Senadores León Lev, Gonzalo Gaggero y Luis Oliver han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Gustavo Guarino.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Topolansky solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 10 de agosto de 2009.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi consideración:

Por la presente, solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia el día 11 del corriente, por motivos particulares.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente

Lucía Topolansky. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Héctor Tajam, Saúl Posada, Carlos Gamou y Juan José Domínguez han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Víctor Semproni.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia hasta el día 20 de agosto."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 10 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia por enfermedad hasta el día 20 de agosto según certificado que se adjunta.

Sin otro particular, le saluda atentamente

E. Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

Queda convocado el señor Eduardo Bonomi.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 11 de agosto de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día de la fecha. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 17. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Enrique Pintado y Carlos Baráibar han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Milton Antognazza.

7) ARQUITECTURA VANGUARDISTA EN EL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

(Esta exposición se ha eliminado en su totalidad por disposición de la Presidencia, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 170 del Reglamento del Cuerpo)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia entiende que hubo alusiones políticas que de ninguna manera corresponden a la hora previa, por lo que va a revisar la versión taquigráfica y la va a modificar en lo que sea necesario.

SEÑOR SANGUINETTI.- Es una colección de agravios y ni siquiera debería tramitarse.

SEÑOR PRESIDENTE.- El señor Senador tiene toda la razón.

Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador, pero con la aclaración de que la versión taquigráfica de su exposición será corregida debido a que hubo alusiones políticas que no corresponden.

(Se vota:)

-11 en 17. Afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde conceder el uso de la palabra al señor Senador Penadés, pero no se encuentra en Sala. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: en la tarde de ayer, y en el mismo recinto donde ochenta años atrás obtuvo la distinción de "Juana de América", en el Salón de los Pasos Perdidos de esta Casa se llevó a cabo un homenaje a Juana de Ibarbourou. Por cierto, el año 1929 fue testigo de relevantes sucesos, algunos de los cuales signaron nuestra realidad local y otros constituyeron un verdadero cimbronazo de alcance internacional, como el crac de la Bolsa de Nueva York, que provocó una profunda crisis económica a nivel general.

Asimismo, ese año registró algunos acontecimientos significativos en nuestra propia realidad uruguaya. Basta recordar, por ejemplo, que fue en 1929 que se inauguró el SODRE y que se produjo el fallecimiento de la gran figura nacional, don José Batlle y Ordóñez, así como también la muerte del formidable artista uruguayo Rafael Barradas, poco después de su retorno al país.

Seguramente, menos recordada pero con no poca trascendencia ulterior en el ámbito específico de la arquitectura y de la planificación territorial, encontramos a una de las más talentosas y polémicas personalidades que se constituyó a escala mundial en un verdadero parteaguas de la sensibilidad cultural y de la búsqueda de nuevas formas de configurar los espacios de uso colectivo en beneficio de los más amplios sectores poblacionales. Me refiero al arquitecto Charles Édouard Jeanneret, universalmente conocido como "Le Corbusier", invitado a conocer Buenos Aires, donde dictó diez conferencias que fueron reunidas en el libro editado en 1930 bajo el título Precisiones acerca del estado actual de la arquitectura y el urbanismo. Gracias a esa invitación se logró que el maestro suizo-francés se trasladara a Montevideo y dictara dos recordadas conferencias en el Paraninfo de la Universidad ante un público entusiasta que contó, en especial, con enfervorizados estudiantes y jóvenes egresados, a juzgar por los registros testimoniales del momento. Ese viaje incluyó un traslado a Paraguay y -hecho a destacar- su primera incursión en Brasil, visitando San Pablo y Río de Janeiro, donde estableció perdurables vinculaciones con algunos de los más destacados realizadores brasileños que, años después, habrían de alcanzar una estatura que trascendió largamente los límites de su país. Obviamente, me refiero a gente como Lucio Costa u Oscar Niemeyer. Por cierto, "Le Corbusier" ya era conocido a través de sus proyectos y realizaciones -divulgadas a través de publicaciones especializadas-, dentro y fuera de Francia, que alcanzaron dilatada resonancia internacional. No solo aludo a algunas de las viviendas que se constituyeron en verdaderos hitos de la historia de la arquitectura moderna, sino también a importantes proyectos como la sede del Ejército de Salvación en París o el Ministerio de la Industria Ligera en Moscú y, muy en particular, su excelente diseño presentado en 1927 al concurso para la realización del Palacio de la Sociedad de Naciones a construirse en Ginebra y que desgraciadamente fue desechado. Más allá de sus proyectos y realizaciones, "Le Corbusier" fue un crítico apasionado y un polemista provocativo y temible, tajante enemigo de la tradición académica y apasionado impulsor de una imprescindible renovación acorde con las arrolladoras transformaciones de la revolución maquinista e industrial, como a él le gustaba llamarles. Eso lo llevó a sostener audaces propuestas como la formulación, en 1922, de la ciudad ideal para tres millones de habitantes, reelaborada tres años después y expuesta en el pabellón diseñado por él en la célebre y emblemática Exposición de las Artes Decorativas realizada en París, en 1925. Sobre todo me importa señalar, señor Presidente, la opinión que una figura como "Le Corbusier", tan poco proclive al matiz y al fácil elogio, consignó respecto al espíritu que conoció y valoró en nuestra capital, contrastándolo con lo que él percibió en la ciudad de Buenos Aires. En el referido libro de su autoría, dice al respecto: "Durante mis viajes desde Madrid hasta Moscú, desde Berlín hasta Sudamérica, no he visto ningún grupo de dirigentes en materia arquitectónica como el de la Facultad de Montevideo. El equipo de arquitectos de aquí tiene espíritu, posee realmente dinamismo, educación en la libertad y juventud realizadora". Complementariamente, abunda en elogiosos conceptos para los arquitectos uruguayos como Leopoldo Carlos Agorio, Juan A. Scasso, Rodolfo Amargós y Mauricio Cravotto, de prestigiosa actuación académica y profesional dentro y fuera del ámbito nacional. Todavía, siete años después insiste "Le Corbusier" en que los arquitectos están a la vanguardia en Montevideo, mientras que a dos pasos de allí, en Buenos Aires, hasta estos últimos años, la arquitectura estaba sumida en la seguridad de cajas fuertes de los estilos.

Vayan estas expresiones como homenaje a los arquitectos uruguayos actuantes en el país en las décadas del veinte, treinta y cuarenta, que fueron capaces de conjugar una alta responsabilidad técnica con una singular capacidad creadora que brindó al país notables realizaciones en distintas ciudades uruguayas que hoy son objeto de reconocimiento y admiración a escala internacional.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, en particular al Ministerio de Educación y Cultura, al Congreso de Intendentes, a la Universidad de la República y, especialmente, a la Facultad de Arquitectura, así como a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

8) JUANA DE IBARBOUROU. RECONOCIMIENTO A SU VIDA Y OBRA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: no podemos dejar pasar el día de hoy sin recordar que hace exactamente 80 años -como mencionara al comienzo de su intervención el señor Senador Arana-, a unos metros de aquí, en el Salón de los Pasos Perdidos, se realizó el acto en el cual se proclamó a nuestra poetisa Juana de Ibarbourou, "Juana de América". Fue absolutamente singular a lo largo de la historia cultural uruguaya, el hecho de que una mujer -en aquella época, con los derechos mucho más cercenados que en la actuali-

dad-, y en particular una poetisa, fuera reconocida por todo el mundo cultural, ya no solo uruguayo sino de América Latina y de todos los países de habla hispana. Juana de Ibarbourou había publicado su primera obra, Lenguas de Diamante, diez años antes de esa fecha, y en muy poco tiempo logró un reconocimiento muy amplio en el campo nacional e internacional. Esto no suele suceder con frecuencia, porque a los países les cuesta comprender cuando tienen verdaderos talentos en el ámbito artístico en su propio tiempo y mucho más en el campo de la poesía. De manera que este fue, sin duda, un hecho muy especial que creo que ubica al Uruguay de su tiempo en un plano de mucha generosidad, reconocimiento y visión para detectar los valores culturales en el momento mismo en que iban apareciendo.

En ese acto, Juana de Ibarbourou estuvo acompañada por una gran cantidad de figuras de las más importantes del mundo de habla hispana. En particular, Zorrilla de San Martín y Alfonso Reyes -escritor mexicano que, en ese momento, era Embajador en la República Argentina- eran quienes la secundaban, pero también estaban presentes muchas otras personalidades de la época del mundo cultural, político y académico en general.

Creemos que ese hecho singular en la vida de Juana de Ibarbourou, que la proyectó hasta hoy en día como "Juana de América" -tal como la conocieron las diversas generaciones que han ido tomando conocimiento de su obra artís-tica-, debe ser destacado, porque además sucedió precisamente en nuestro Palacio de las Leyes, aquí, en el Palacio Legislativo.

Juana de Ibarbourou logró el reconocimiento de las figuras más importantes de su época, como Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Pablo Neruda y Federico García Lorca. Todos ellos pasaron a visitarla, incluso, por su casa en Montevideo.

Finalmente, quisiera recordar un par de actitudes que la relacionan con nuestro campo, con el mundo de la actividad política. Juana de Ibarbourou no tuvo una actividad política muy pronunciada, pero sí tomó partido en varias ocasiones y, en particular, en todo lo que tuvo que ver con la causa republicana de España. Incluso, encabezó cartas de apoyo a los republicanos -muchos de los cuales estaban viviendo en aquella época en nuestro país, en Argentina o en la región- que le valieron, a su vez, enfrentamientos con el gobierno de España. Pero nada de esto la hizo callar, sino que siguió manifestando su posición reiteradamente.

Quiero hacer una referencia más directa, en el sentido de que si bien, como decía, no tuvo militancia política, nunca ocultó sus simpatías hacia nuestro Partido. Incluso, siempre hacía referencia a que era ahijada de Aparicio Saravia, cosa que la documentación no solo no avala, sino que más bien desmiente, porque ella tenía sus padrinos de bautismo. Creo que esto, de alguna forma, define su relación muy personal, de admiración, como melense en particular, con lo que fue este caudillo.

Para terminar, quiero decir que es muy importante seguir recordando a Juana de Ibarbourou en este tiempo, porque es una de las cumbres de la literatura y de la cultura uruguayas. En este sentido, es muy destacable el trabajo que se realizó recientemente y que ayer se presentó aquí, en el Palacio Legislativo, encabezado por Jorge Arbeleche. También es muy importante el libro de Diego Fischer sobre su vida, que apareciera el año pasado, así como la obra de teatro que se está presentando actualmente, que él escribió junto con Alvaro Ahunchaín. En definitiva, creo que hay que destacar todo lo que signifique mantener viva su obra y aprender acerca de ella, porque también para las nuevas generaciones es muy importante comprobar lo que es po-sible lograr en nuestro país, muchas veces con sufrimiento -a pesar de que, como señalamos, tuvo su reconocimiento-, porque en su vida personal esta gran artista tuvo innumerables problemas y dificultades, que sobrellevó lo mejor que pudo.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio de Educación y Cultura, a AGADU y a la Academia Nacional de Letras.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

9) MUERTE SUBITA DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa en el Orden del Día, con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el cual se establecen normas para el estudio y la prevención de la muerte súbita de niños menores de un año de edad. (Carp. Nº 1533/09 - Rep. Nº 1105/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1533/09

Rep. N° 1105/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- A todo menor de un año de vida fallecido con el diagnóstico primario de muerte súbita e inesperada del lactante, se le realizará autopsia por un equipo integrado por médico forense y patólogo.

Artículo 2°.- A los efectos señalados en el artículo 1° de la presente ley, créase el Programa Muerte Inesperada del Lactante, que estará integrado por técnicos del Ministerio de Salud Pública y del Poder Judicial.

La reglamentación establecerá la sede donde se radicará el Programa.

Artículo 3°.- El Programa Muerte Inesperada del Lactante contará con un Comité de Muerte Súbita del Lactante que estará integrado por un médico pediatra, un médico patólogo y un médico forense designados de común acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y el Poder Judicial.

Artículo 4°.- Serán cometidos del Comité de Muerte Súbita del Lactante:

A) Supervisar la realización de las autopsias y demás acciones de diagnóstico y prevención que se lleven a cabo en relación a la muerte súbita del lactante y elaborar los protocolos de actuación.

B) Diseñar y proponer medidas de prevención de la muerte súbita del lactante, las que serán parte de campañas de difusión pública.

C) Elaborar un informe anual sobre las muertes ocurridas y sus causas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de junio de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Comisión de Salud Pública

y Asistencia Social

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social tiene el honor de elevar a consideración del Plenario de esta Cámara, el proyecto de ley referido al estudio y la prevención de la muerte súbita del lactante.

Se entiende por muerte súbita del lactante o muerte súbita inexplicada del lactante, a la muerte repentina e inesperada de un niño menor de un año de edad, que permanece inexplicada luego de una profunda investigación que incluye la autopsia, la investigación de la escena de la muerte y la evaluación de la historia clínica.

Las cifras que se manejan en nuestro país rondan las 0,2 a 0,8 muertes de esta naturaleza por cada mil nacidos vivos al año, por lo cual debe ser un motivo de preocupación de las autoridades sanitarias.

Se han identificado algunos factores de riesgo sociales, maternos y perinatales. También concurren factores ambientales y hábitos de crianza, como la posición del niño al dormir y otros como el fumar en la habitación del niño.

Sin embargo, en un estudio realizado por la doctora Carmen Gutiérrez y colaboradores y publicado en la Revista Chilena de Pediatría en el año 2003, de los 115 casos de muertes inesperadas del lactante acaecidas entre el 1° de octubre de 1998 y 31 de marzo de 2000, 65,2% fallecieron por causas explicables; 14,8% tenían patología que no explicaba completamente su fallecimiento y solo en el 20% de los casos no hubo hallazgos positivos en la autopsia.

Es entonces necesario que se aúnen esfuerzos entre los distintos actores involucrados, el Poder Judicial, dado que siempre son muertes sin asistencia, y las autoridades sanitarias, puesto que el 80% de estas muertes son eventualmente prevenibles.

Se crea entonces, mediante este proyecto de ley, un Programa de Muerte Inesperada del Lactante, integrada por el Ministerio de Salud Pública y el Poder Judicial, y se dispone que en todos los casos de muerte súbita de niños menores de un año se realice autopsia a cargo de un médico forense y un médico patólogo, con el fin de mejorar el conocimiento de las causas de fallecimiento, contar con información fidedigna para su eventual prevención y disminuir sustantivamente los casos en los que no es posible encontrar una causa aparente del mismo.

Por los motivos expuestos, esta Asesora sugiere a la Cámara aprobar el presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2009.

Alvaro Vega Llanes, Miembro Informante; Miguel Asqueta Sóñora, Luis José Gallo Imperiale, Dardo Angel Sánchez Cal.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

ACTA N° 144

En Montevideo, el día cuatro de agosto del año dos mil nueve, a la hora diecisiete y quince minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier y los señores Senadores Isaac Alfie, Enrique Antía, Eber Da Rosa, Alberto Cid y Víctor Vaillant.

Preside el señor Senador Enrique Antía, Presidente de la Comisión.

Asiste el señor Director del Area Gestión Legislativa César González

Concurre especialmente invitado el señor Director General de la Salud doctor Jorge Basso Garrido.

Actúan en Secretaría las señoras Susana Rodríguez y María José Morador, Secretaria y Prosecretaría de la Comisión, respectivamente.

ASUNTO ENTRADO.

Solicitud de audiencia remitida por la Comisión Interinstitucional para el estudio de la Muerte Inesperada del Lactante (Programa MIL), relacionada con el proyecto de ley por el que se establecen normas para el estudio y prevención de la Muerte Súbita del Lactante.

ASUNTOS TRATADOS.

Carpeta N° 1487/2009. ENFERMEDADES NEONATALES. Se crea la Comisión Nacional de Pesquisa y se establecen sus cometidos. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 3135/2009.

El señor Director de la Salud informa que el Ministerio ya está llevando a cabo la pesquisa de enfermedades neonatales entre las que se incluye la detección temprana de la hipoacusia.

La Comisión resuelve posponer su consideración.

Carpeta N° 1533/2009. MUERTE SUBITA DE NIÑOS MENORES DE UN AÑO. Normas para su estudio y prevención. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 3223/2009.

El señor Director de la Salud realiza una exposición sobre estadísticas y de la necesidad de legislar sobre el tema.

En consideración. Se vota en bloque: Artículos 1° a 4°: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El señor Senador Vaillant solicita se rectifique la votación. Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Cid, quien lo hará en forma verbal.

Carpeta N° 1577/2009. ENFERMERIA. Se regula el ejercicio de la profesión. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 3276/2009.

El señor Director de la Salud solicita informar sobre el proyecto de ley en una próxima sesión a coordinar. Así se resuelve por unanimidad de presentes.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3324/2009 y forma parte integrante de la presente Acta.

TEMA TRATADO.

Federico Camargo Bonilla. Situación asistencial.

El señor Senador Vaillant informa que se comunicó con la madre del niño y realizará contactos con el señor Presidente del Banco de Previsión Social a efectos de buscar una solución al respecto.

RESOLUCION:

Informar a la Comisión Interinstitucional que el proyecto de ley motivo de la solicitud de audiencia ha sido aprobado por esta Asesora en el día de la fecha.

A la hora dieciocho y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Enrique Antía

Presidente

Susana Rodríguez

Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero señalar que me parece que este proyecto de ley está muy bien titulado, porque efectivamente se trata de normas para el estudio y la prevención. Queda claro que esta iniciativa no solamente tiene una finalidad académica, sino también de proyección, porque apunta a prevenir este hecho tan infrecuente pero tan traumático socialmente y para las familias que padecen esta situación. Concretamente, el proyecto refiere a la muerte súbita de niños menores de un año, considerada como una anormalidad y no como figura en muchos certificados de defunción donde se establece, cuando no hay una causa reconocible, "muerte natural". Como decía algún pediatra distinguido, no hay nada menos natural que la muerte de un niño y menos aún de esa edad.

La muerte inesperada del lactante -que en el Programa, en forma abreviada, se llama MIL- no es, como decíamos, una patología extremadamente frecuente, pero sí es socialmente impactante. Se calcula que su incidencia oscila entre 0,2 y 0,8 cada mil nacimientos. Una distinguida profesional de nuestro medio, la doctora Carmen Gutiérrez, estudió durante dos años las causas de muerte y evaluó que en ese período se habían producido 115 fallecimientos. Quiere decir que no es demasiado frecuente, pero volvemos a recalcar la proyección social que tiene porque, además, es una patología que puede reiterarse en los siguientes nacimientos que se produzcan en la misma familia. Por lo tanto, existe una obligación social de dar continencia a esa familia tremendamente traumatizada. De los 115 fallecimientos ocurridos en dos años, el 65% tenía causas explicables, pero en un 15% de los casos había una patología que no explicaba la muerte y en otro 20%, con los métodos tradicionales, no hubo hallazgos. Cuando hablo de métodos tradicionales me refiero a la autopsia común que realiza el médico forense a solicitud del Juez, quien toma parte cuando hay una muerte inesperada del lactante y encomienda al Instituto Técnico Forense que realice la evaluación de la causa de su muerte.

En este caso, el médico forense simplemente se dedica a la inspección y al reconocimiento del cuerpo, y muchas veces las causas de la muerte obedecen a otras patologías que exigirían distintas modalidades diagnósticas. Justamente, es hacia allí a donde apunta el proyecto de ley que estamos considerando. En definitiva, casi en el 35% de los casos no hay una causa clara que explique el fallecimiento de esos niños.

De acuerdo con la versión taquigráfica que entregaron los propulsores de esta iniciativa -doctora Carmen Gutiérrez, doctor Guido Berro, Profesor Grado V actuando en representación del Poder Judicial, y la Presidenta de la Sociedad de Pediatría del Uruguay, doctora Ivonne Rubio-, en 2007 constituyó la segunda causa de muerte y en los certificados figuraba como elemento relevante: "Signos y síntomas no identificados".

¿Cuáles son las causas de la muerte inesperada del lactante? Podríamos resumirlas en tres: determinadas situaciones sociales, ya que esta patología tiene mayor incidencia en los estratos socioeconómicos deprimidos; causas maternas y, por último, causas perinatales, como las relativas a la posición al dormir. Un hecho que está claramente establecido y que reconoce causalidad importante en esta materia es el fumar dentro de la casa donde está el lactante. Seguramente, en esas causas la infección respiratoria, las infecciones generalizadas y las cardiopatías congénitas sean enfermedades asociadas a esta patología.

¿Qué se pretende con este proyecto? Generar una política de salud. ¿Sustentada en qué elemento? Fundamentalmente, en un diagnóstico de certeza de las causas que llevaron a esa patología. Tengamos en cuenta que generar una política de salud significa profundizar en el diagnóstico a efectos de conocer la realidad de las causas, porque en esta temática existe -y por eso hablábamos de la proyección social- un componente social muy importante, que es dar claridad a la familia, a esos padres tremendamente afectados por la muerte de un lactante a la que no le encuentran explicación. Sin dudas, este proyecto tiene un contenido de alto valor social.

Como señalé anteriormente, el profesor Guido Berro concurrió en representación del Poder Judicial, en tanto la Suprema Corte de Justicia declaró de su interés esta iniciativa, lo que constituye un hecho relevante.

Por otra parte, señor Presidente, se prevé la creación de un programa que, a través del seguimiento de estas muertes inesperadas de lactantes, permita dar mayor claridad a sus causas y, a la vez, como señalamos anteriormente, generar una política de salud.

Hay un hecho que consideramos importante que el Cuerpo conozca y tiene relación con el modo en que se procesa este tema. Cuando se da la muerte inesperada de un lactante en su domicilio, en principio existe sospecha de violencia doméstica. A este respecto, cabe recordar que ha habido situaciones claras de procesamiento. Cuando a raíz del Informe Kennedy se estableció en Inglaterra la necesidad de que en todas las muertes inesperadas de lactantes actuara un médico forense con formación, comenzaron a producirse muchos procesamientos de madres que habían abusado físicamente de sus hijos. En nuestro país ocurre algo similar, porque actúa el médico forense por mandato del Juez pero, tal como lo explicaba el doctor Guido Berro, el Instituto Técnico Forense está más abocado al análisis de los elementos tóxicos que puedan haber provocado la muerte, que a avanzar en estudios genéticos, metabólicos o en otros tan elementales como los de sangre, una electrolitemia o un ionograma. Ahora establecemos por ley la realización de una autopsia en todos estos casos, pero debe quedar claro que no se hace referencia a la autopsia común que hoy en día realiza el forense, sino que se prevé también la participación de un médico especializado en la investigación de patologías que puedan haber causado el fallecimiento. A nuestro juicio, se trata de un elemento importante, ya que desde el punto de vista científico tendremos un conocimiento mucho más acabado de las causas que puedan haber provocado la muerte del niño. Del mismo modo, tiene una connotación a nivel de la Justicia, en tanto profundizar en las causas de la muerte servirá para que los Jueces despejen dudas. Reitero que no se tratará de una autopsia común, sino que la que se realizará dará mucha más validación al estudio pormenorizado de ese fallecimiento.

No podemos olvidar que hay muchas circunstancias -como también ocurre, a veces, en los casos de fallecimiento de adultos- en las que simplemente se realiza un reconocimiento. ¿Qué quiere decir? Que simplemente se lleva adelante una inspección, sin examinar el interior del cuerpo a través de la autopsia. Podríamos decir que el reconocimiento es una visualización externa que, de acuerdo con el criterio del forense, permite determinar más o menos acertadamente si hay alguna causa sospechosa para esa muerte. Al igual que quienes están detrás de este programa, entendemos que el reconocimiento no permite validar prácticamente nada, más allá de que externamente no se advierta nada que indique traumatismo o lesión en el recién nacido.

Señor Presidente: si este proyecto de ley se aprobara, el Uruguay se colocaría a la delantera de lo que viene haciéndose a nivel mundial -así lo ratifican sus impulsores- porque la actuación del forense junto con un médico especializado da la posibilidad de profundizar en el estudio de las causas que provocaron la muerte de ese lactante y ello constituirá una experiencia muy importante y abarcativa de esta patología.

Quiero destacar que a nivel de la Cámara de Representantes este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad, tanto en Comisión como en el Plenario. Del mismo modo, en la Comisión de Salud Pública del Senado recibió el voto conforme de los siete miembros presentes. En función de la argumentación que hemos dado, recomendamos al Cuerpo que ratifique la voluntad de dar a este programa la posibilidad de implementarse. Corresponde tener en cuenta, además, que la Facultad de Medicina, la Universidad de la República, la Suprema Corte de Justicia y las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública tienen un notable interés en que este programa avance y pueda ser implementado en el país. Además, se trata de un proyecto de ley sencillo, con una proyección social importante, que dará participación a todos aquellos interesados en la materia.

Por lo tanto, estamos proponiendo al Cuerpo que apruebe este proyecto de ley, que contiene cuatro artículos. En realidad, el más importante es el artículo 1º, en el que se establece la realización de la autopsia correspondiente por parte de un equipo integrado por médico forense y patólogo. Por su parte, el artículo 2º crea el Programa Muerte Inesperada del Lactante -Programa MIL-, que contará con un Comité de Muerte Súbita del Lactante que registrará lo actuado y permitirá que esas constataciones sean informadas a los jueces que toman parte en el asunto.

Es cuanto quería informar, señor Presidente.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: el informe realizado por el compañero Cid ha sido muy completo, pero me gustaría destacar un aspecto en particular. Cuando recibimos en la Comisión a los integrantes del Ministerio, vimos que la creación por ley de diferentes programas daba un marco mucho más rígido a las políticas en materia de salud. Sin duda, definir estas políticas dentro de un marco legal no permite el grado de flexibilidad que deben tener las direcciones administrativas, basándose en realidades epidemiológicas y en fundamentos de mayor o menor incidencia de problemáticas en nuestra población. Este es un tema sumamente importante, porque la muerte en domicilio, que es donde normalmente ocurre la muerte súbita, constituye el cincuenta por ciento de las muertes de niños menores de un año en Montevideo. Esto representa un problema grave para Salud Pública, que debemos estudiar -como bien decía el señor Senador Cid- para poder prevenir, en la medida de lo posible.

Asimismo, se ha hecho hincapié en que sería importante que no se generara un programa diferente, sino un área específica dentro del preexistente programa del niño. A ver si se entiende: cuando percibimos la realidad de un tema, en el Parlamento podemos tomar una resolución política, que se constituye en una llamada "minuta de aspiración" o la elaboración de un marco legal. En este caso, estamos haciendo un marco legal, pero sería importante -no lo quisimos modificar para que quedara más claro, destacándolo en oportunidad del debate en Sala- que se constituyera en parte integrante del programa de la niñez que ya existe, de manera que este marco legal no genere, a partir de su promulgación, un nuevo programa, dado que en el Ministerio estos son muy numerosos.

Queríamos dejar esta constancia para que se tenga en cuenta al momento de reglamentar la ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Creo que este proyecto de ley ha sido suficientemente informado, por lo que, si no hay inconvenientes, sugiero que se suprima la lectura de sus artículos y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se va a votar en bloque el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

10) PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Deseo solicitar que se reparta la Carpeta Nº 1585/09, que se encuentra a estudio de la Comisión Especial para el Lavado de Activos y Crimen Organizado, a los efectos de que se declare urgente y se considere en esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por la señora Senadora.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Repártase la Carpeta correspondiente.

11) EMPLEADOS DEL PARQUE DE VACACIONES DE UTE-ANTEL

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se interpreta la Ley Nº 16.621, de 10 de noviembre de 1994, sobre la calidad de funcionarios públicos de los trabajadores del Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL. (Carp. Nº 1458/09 - Rep. Nº 1113/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1458/09

Rep. N° 1113/09

CAMARA DE SENADORES

PROYECTO DE LEY INTERPREATIVO DE LA LEY N° 16.621 SOBRE EL PARQUE DE VACACIONES DE UTE-ANTEL

Artículo Unico.- Declárase con carácter de interpretación auténtica que las disposiciones contenidas en la Ley N° 16.621 de 10 de noviembre de 1994, comprenden exclusivamente a quienes revestían la calidad de empleados del Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL, al momento de dictarse la disposición reseñada.

Nin Novoa, Arana, Couriel, Gallicchio, Topolansky, Saravia, Xavier, Nuñez, Dalmás, Mujica, Ríos, Lorier, Muguruza, Bentancor, Vaillant, Cid.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Del análisis literal del único artículo de la Ley N° 16.621, de 10 de noviembre de 1994, surge que la misma tiene por objeto declarar que los empleados del Parque de Vacaciones UTE-ANTEL, tienen la calidad de funcionarios públicos y que a todos los efectos se les reconocerá como antigüedad en la Administración Pública su fecha de ingreso a dicha institución.

Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, el verbo "declarar" tiene el alcance de "reconocer uno su estado o calidad", de lo que puede inferirse que la intención del Legislador fue la de reconocer a los empleados del Parque de Vacaciones, entendiéndose por tales a los que revestían tal calidad (ya fueren presupuestados o contratados) en oportunidad de dictarse la norma.

Esta interpretación es concordante con las manifestaciones vertidas por los Legisladores en la discusión parlamentaria correspondiente, de las cuales se desprende que la finalidad perseguida por el Legislador fue la de regularizar una multiplicidad de situaciones de hecho que se habían configurado hasta ese momento, confiriendo certeza jurídica al vínculo difuso que unía a quienes se desempeñaban como "empleados" del Parque de Vacaciones para Funcionarios de UTE y ANTEL.

Con respecto a estos funcionarios y en cumplimiento del mandato legal, el Directorio de UTE dictó la R 95-1366 de 24.05.95, incorporándolos a la plantilla presupuestal dependiente de la Gerencia de División Recursos Humanos. De lo cual se desprende que dichos funcionarios pasaron a depender, en todo lo relativo al vínculo funcional, del Directorio de UTE.

Sin perjuicio de lo expuesto, quienes se atengan estrictamente al tenor literal de la norma referida pueden concluir en la pertinencia de extender la aplicación de la disposición señalada a situaciones configuradas con posterioridad al dictado de la misma, consolidando vínculos laborales entre la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas y el personal contratado para prestar servicios en el Parque mencionado aunque no en relación de dependencia con UTE.

Esta hipótesis cobra relevancia en tanto, en la actualidad, el Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL, desarrolla sus actividades a través de la figura jurídica "Fundación" al amparo de lo establecido en la Ley N° 17.163, de fecha 1° de setiembre de 1999.

La Fundación Parque de Vacaciones para funcionarios de UTE y ANTEL, inició sus actividades con fecha 4 de diciembre de 2006, inscribiéndose en la Dirección General Impositiva con la identificación: "Fundación Parque de Vacaciones para funcionarios de UTE y ANTEL" con el número de RUC 215472170016, rigiendo su actuación por normas de derecho privado.

La modalidad asociativa por la cual se optó (Fundación) determina la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley N° 17.163, de 1/9/1999, que en su artículo primero indica que "las fundaciones son personas jurídicas reconocidas como tales por la autoridad competente que se constituyen mediante el aporte de bienes, derechos o recursos realizado por una o más personas físicas o jurídicas y que persiguen un objeto de interés general, sin propósito de lucro".

No obstante, para el cabal cumplimiento del objeto social, es indispensable que la Fundación se vincule contractualmente con UTE en forma permanente, resultando frecuentes las hipótesis en las cuales UTE contrate a la Fundación y viceversa.

La Fundación aludida puede establecer vínculos laborales con trabajadores que se desempeñarán físicamente en las instalaciones del Parque de Vacaciones pero que no tendrán relación contractual alguna con UTE.

De allí la importancia de promover la interpretación auténtica de la Ley N° 16.621, de 10 de noviembre de 1994, de modo de aventar situaciones equívocas, originadas en una errónea interpretación de la normativa señalada.

DISPOSICION CITADA

Ley N° 16.621 de

10 de noviembre de 1994

Artículo Unico.- Declárase que los empleados del Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL tienen la calidad de funcionarios públicos.

El organismo competente adoptará las medidas necesarias para que los empleados del Parque de Vacaciones se incorporen presupuestalmente a UTE.

A todos los efectos, se les reconocerá como antigüedad en la Administración Pública la fecha de ingreso al Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 123

En Montevideo, el día cinco de agosto de dos mil nueve, a la hora diecisiete y cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus Miembros los señores Senadores Víctor Vaillant, Francisco Gallinal, Walter Campanella, Isaac Alfil y Eduardo Ríos y la señora Senadora Margarita Percovich.

Preside la señora Senadora Susana Dalmás, Presidenta de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Gabriela Gazzano y el señor Prosecretario Martín Secco.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuyas copias dactilografiadas lucen en los Distribuidos Nos. 3329, 3330, 3331 y 3332/2009, que forman parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1. Carpeta N° 1458/2009. Empleados del Parque de Vacaciones de UTE - ANTEL. Se interpreta la Ley N° 16.621, de 10 de noviembre de 1994. Distribuido N° 3304/2009.

2. Carpeta N° 1589/2009. BENITEZ AMUEDO, ELADIO. Pensión Graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 3322/2009.

3. Carpeta N° 1590/2009. SOSA GASTELLU, ECILDA. Pensión Graciable. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 3323/2009.

4. Carpeta N° 1591/2009. Negociación Colectiva. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 3317/2009.

5. Nota del "Sindicato de Toma Consumos Mercerizados de OSE", solicitando una entrevista con la comisión.

6. Nota de la Cámara Nacional de la Alimentación, integrada por diversas gremiales empresariales tales como la Cámara Uruguaya de Fabricantes de Pastas, el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay, Unión de Vendedores de Carnes, Asociación de Kioscos, Salones y Sub Agentes de Quiniela del Uruguay y la Confederación de Confiterías, Bombonerías y Afines solicitando ser recibidos por al comisión para brindar su opinión respecto al Proyecto de Ley de Negociación Colectiva.

7. Nota de la Cámara de la Construcción del Uruguay, solicitando ser recibidos por la comisión a efectos de brindar su opinión respecto al Proyecto de Ley de Negociación Colectiva.

8. Nota de la Cámara Mercantil de Productos del País, solicitando una audiencia con la comisión, para dar su opinión sobre el Proyecto de Ley de Negociación Colectiva.

9. Nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay, Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario relativa a la Preparación del Informe Inicial de la República Oriental del Uruguay a la Organización de Naciones Unidas. Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores Migratorios y de sus familiares.

10. Nota de la Cámara Uruguaya de Turismo, solicitando una entrevista con la comisión para tratar temas de interés del sector.

11. Nota de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, solicitando una audiencia con la comisión para referirse al proyecto de ley de Negociación Colectiva.

12. Nota de la Cámara de Industrias del Uruguay solicitando una entrevista a la comisión para intercambiar opiniones sobre el proyecto de ley de Negociación Colectiva.

13. Nota de la Liga de la Construcción del Uruguay, solicitando una audiencia con la comisión para tratar el proyecto de Negociación Colectiva.

14. Nota de la Cámara de la Industria Frigorífica solicitando una entrevista con la comisión en referencia al proyecto de Negociación Colectiva.

15. Nota de la Asociación Nacional de Broadcasters del Uruguay, (ANDEBU), solicitando una entrevista con la comisión en referencia al proyecto de Negociación Colectiva.

16. Nota de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), solicitando una entrevista con la comisión para referirse al proyecto de ley de Negociación Colectiva.

17. Nota del Consejo Directivo de CAMBADU, solicitando una reunión con la comisión a fin de tratar el proyecto de Negociación Colectiva.

18. Nota del señor Antonio Di Tommaso, pasante de la Dirección Nacional de Aduanas, solicitando una entrevista personal.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1. Se reciben invitados por esta Asesora a los representantes de la Cámara Mercantil de Productos del País, concurren: su Presidente Christian Boiz, su Contador General Gonzalo Gonzáles y su Asesor Dr. Roberto Falchetti.

2. Se reciben invitados por esta Comisión a los representantes de la Cámara Nacional de Comercio, su Presidente el Dr. Alfonso Varela, al señor Contador Ernesto Carrau y al Gerente Jurídico Dr. Juan Mailhos.

3. Se recibe a los representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay, su Presidente el Ing. Agr. Diego Palestra, al Presidente de la Comisión de las Relaciones Socio Laborales Capitán Dimitiros Linas y al Asesor Laboral Dr. Gonzalo Irrazabal.

4. Carpeta N° 1458/2009. Empleados del Parque de Vacaciones de UTE - ANTEL. Se interpreta la Ley N° 16.621, de 10 de noviembre de 1994. Distribuido N° 3304/2009.

Se vota el artículo único del proyecto de ley. 4 en 5. Afirmativa.

El señor Senador Campanella deja constancia que no acompaña en esta oportunidad el proyecto por no conocerlo en profundidad, que lo estudiará y que seguramente lo acompañe con su voto en el Pleno.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás. Informe Verbal.

RESOLUCION:

Se resuelve considerar en la próxima sesión de la Comisión el proyecto ingresado en el día de la fecha sobre Negociación Colectiva, y de ser necesario realizar una sesión extraordinaria de esta Asesora, para recibir audiencias relacionadas con el tema.

A la hora diecinueve y veinticinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Susana Dalmás

Presidenta

Gabriela Gazzano

Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Se trata de un proyecto de ley que contiene un solo artículo, que viene a aclarar una situación jurídica generada por el artículo único de la Ley Nº 16.621, aprobada en noviembre de 1994, que declaraba que los empleados del Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL tenían la calidad de funcionarios públicos y a todos los efectos se les reconocía como antigüedad en la Administración Pública su fecha de ingreso a dicha Institución.

Si analizamos las manifestaciones vertidas por los señores Legisladores en ocasión de discutirse este tema en el Parlamento, vemos que la finalidad por ellos perseguida fue la de regularizar una multiplicidad de situaciones que se habían configurado de hecho, a partir de diversos tipos de contrataciones en el Parque de Vacaciones, y conferir certeza jurídica a esa diversidad de vínculos laborales existentes. Fue por eso que en su momento, luego de aprobada la Ley, UTE resolvió incorporarlos a la plantilla presupuestal correspondiente. Sin embargo, a partir del año 2006 este Parque de Vacaciones se constituye jurídicamente y a todos sus efectos en una fundación, que se maneja dentro del ámbito del Derecho Privado y contrata con UTE en diversas situaciones. Por supuesto, el personal se contrata en la órbita del Derecho Privado, por lo que para evitar cualquier confusión al respecto se está proponiendo declarar con carácter de interpretación auténtica que la disposición contenida en la Ley Nº 16.621, de 1994, comprenda exclusivamente a quienes revestían la calidad de empleados del Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL al momento de aprobarse esa norma. Esto quiere decir que las contrataciones que actualmente se realizan por parte de la Fundación del Parque de Vacaciones son de carácter privado.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, por unanimidad, recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: parecería que lo que busca este artículo único es limitar. En su oportunidad, la mencionada ley fue debatida en la Cámara de Representantes y, si mal no recuerdo, aproximadamente 400 funcionarios que trabajaban en el Parque de Vacaciones fueron presupuestados en UTE y en ANTEL, proceso que no sé cómo se instrumentó. Entonces, me parece que este proyecto de ley pretende limitar, en tanto comprende exclusivamente a los funcionarios que ya estaban en aquel momento.

SEÑORA DALMAS.- Así es, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- La pregunta que quiero formular a la Miembro Informante es si el proyecto de ley surge porque existe la voluntad de que la gente que está siendo contratada por la fundación adquiera la presupuestación en esos Organismos del Estado. ¿Por qué surge la iniciativa? Está claro que el proyecto de ley presupuestó a aquellos funcionarios -si mal no recuerdo eran cerca de 400- que prestaban funciones en el Parque de Vacaciones. Entonces, reitero ¿por qué se propone ahora el proyecto de ley? ¿Existe la intención o se ha planteado la reivindicación de que los funcionarios contratados pasen a ser presupuestados y por eso se aclara en el texto?

Formulo esta pregunta porque, si bien no estuve de acuerdo con el proyecto de ley en su momento, si ahora se plantea limitar el ingreso de nuevos funcionarios, me parece correcto y lo acompañaría, ya que sería coherente de mi parte. No creo que sea conveniente que sigan ingresando funcionarios a la Administración Pública cuando cumplen funciones que esencialmente no tienen esa naturaleza.

Me están pidiendo una interrupción varios señores Senadores pero, como la Miembro Informante es la señora Senadora Dalmás, pediría al señor Presidente que, a solicitud suya, le dé la palabra para que responda a mis interrogantes.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑOR PERCOVICH.- Señor Presidente: justamente, ese es el espíritu del proyecto de ley. Al establecerse una fundación con la que UTE actualmente conviene para el manejo del Parque de Vacaciones, obviamente se ha presionado, por parte de los nuevos contratados, para ingresar en la planilla de la empresa. Por lo tanto, lo que quiere el Directorio de UTE es, justamente, dejar claro que la resolución tomada en 1995 respecto a los 400 funcionarios se remite, específicamente, a éstos -que, además, se han ido yendo de ese lugar-, pero no a los nuevos contratados por esta fundación, reafirmando así la interpretación que se hizo en su momento. De eso trata este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Declárase con carácter de interpretación auténtica que las disposiciones contenidas en la Ley Nº 16.621 de 10 de noviembre de 1994, comprenden exclusivamente a quienes revestían la calidad de empleados del Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL al momento de dictarse la disposición reseñada".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

12) CONVENCION RELATIVA A LA COMPETENCIA, LEY APLICABLE, RECONOCIMIENTO, EJECUCION Y COOPERACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS NIÑOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996 (Carp. Nº 1559/09 - Rep. Nº 1108/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1559/09

Rep. N° 1108/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de junio de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 22 de junio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 2 de marzo de 1999 y reiterado el 25 de abril de 2000, que se adjunta, por el cual se solicitó la aprobación parlamentaria de la "Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños", suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

Al mantenerse vigentes los fundamentos que en su oportunidad dieron mérito al envío de aquel Mensaje, el Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación del mismo.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 22 de junio de 2005.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de abril de 2000.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con el Artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el Mensaje de fecha 2 de marzo de 1999 que se adjunta, por el cual se solicita la aprobación parlamentaria de la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Decimotercera Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

Al continuar en vigencia para los intereses y el prestigio internacional de la República los fundamentos que en su oportunidad ameritaron su envío, al Poder Ejecutivo se permite solicitar a ese Cuerpo la pronta aprobación de la misma.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBAÑEZ, Presidente de la República; Didier Opertti, Antonio Mercader.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de abril de 2000.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Demicotercera Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

Didier Opertti, Antonio Mercader.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 2 de marzo de 1999.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República a efectos de someter a su consideración para la correspondiente aprobación legislativa, la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas Para la Protección de los Niños; suscrita en el ámbito de la Decimotercera Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, que ha tenido lugar en la ciudad de La Haya, el día 19 de octubre de 1996.

La importancia de esta Convención radica en que en líneas generales, la misma contribuye a fortalecer la protección de los niños en las situaciones de carácter internacional, evitando conflictos entre sus sistemas jurídicos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas para la protección de los más pequeños. Asimismo pone en marcha todo el sistema de la cooperación internacional, a la vez que vela por los intereses más preciados de la niñez.

La Convención está integrada por 5 capítulos, delimitándose de la siguiente manera:

CAPITULO I. ALCANCE DE LA CONVENCION

Los objetivos de la Convención están catalogados en su artículo 1°, y ellos son los siguientes: determinar los Estados cuyas autoridades tengan competencia para tomar medidas tendientes a la protección de la persona o bienes del niño, determinar qué legislación habrán de aplicar dichas autoridades en el ejercicio de su competencia; determinar la ley aplicable a la responsabilidad de los padres, asegurar el reconocimiento y ejecución de dichas medidas de protección en todos los Estados Contratantes; establecer entre las autoridades de los Estados Contratantes la cooperación necesaria para lograr los objetivos de la presente Convención.

Asimismo, el presente documento aclara, que para los fines de la presente Convención, el término "responsabilidad parental" incluye la autoridad parental, o cualquier relación análoga de autoridad que determine los derechos, facultades y responsabilidades de los padres, tutores u otros representantes legales en relación a la persona o bienes del niño; disponiendo que la misma se aplica a los niños a partir de su nacimiento hasta que hayan alcanzado la edad de 18 años.

Por su parte el artículo 3° establece que las medidas previstas en el artículo 1° pueden referirse especialmente entre otras a: la atribución, el ejercicio y el retiro total o parcial de la responsabilidad parental así como la delegación de esta, el derecho de custodia, incluyendo el derecho que tiene por objeto los cuidados de la persona del niño y en particular el de decidir sobre su lugar de residencia así como el derecho de visita, incluyendo el derecho de llevar al niño por un período limitado de un lugar a otro de su residencia habitual; la administración, la conservación o la disposición de los bienes del niño. Y en el artículo 4° se determina qué situaciones se excluyen del campo de aplicación de la Convención, indicándose a vía de ejemplo, la emancipación, el establecimiento y la discusión de la filiación, las obligaciones alimenticias, etc.

CAPITULO II. COMPETENCIA

Las autoridades, tanto judiciales como administrativas del Estado Contratante de la residencia habitual del niño son competentes para adoptar medidas tendientes a la protección de su persona o bienes; y a reserva de lo estipulado en el artículo 7°, en caso de cambio de residencia habitual del niño en otro Estado Contratante, son competentes las autoridades del Estado de la nueva residencia habitual.

Asimismo se establece el ámbito de competencia de los niños refugiados; el de los trasladados internacionalmente como consecuencia de disturbios reinantes en sus países; y de los niños cuya residencia habitual no se puede determinar.

Y el artículo 7° determina la competencia en caso de traslado o de retención ilícita del niño, y en su numeral 2° se determina cuándo se considera ilícito un traslado.

Los artículos 8°, 9° y 10 establecen una casuística especial a los efectos de la determinación de la correspondiente competencia. A su vez se destaca el artículo 11 que dice así: "en todos los casos de urgencia, las Autoridades de cualquier Estado contratante en cuyo territorio se encuentra el niño o los bienes que le pertenecen tienen competencia para tomar las necesarias medidas de protección; los numerales 2 y 3 del mencionado artículo determinan bajo qué condiciones se efectivizarán estas medidas.

CAPITULO III. LEY APLICABLE

En el artículo 15 se señala que: "En ejercicio de las competencias que se le atribuyen en las disposiciones del Capítulo II, las autoridades de los Estados Contratantes aplicarán su propia ley. Sin embargo en la medida que se requiere la protección de la persona o de los bienes del niño, excepcionalmente podrán aplicar o tomar en consideración la ley de otro Estado con el cual la situación posee un vínculo sustancial. En caso de cambio de residencia habitual del niño para otro Estado Contratante, la ley de ese otro Estado rige, a partir de la fecha de cambio, las condiciones de aplicación de las medidas tomadas en el Estado de la anterior residencia habitual".

En los artículos 16, 17 y 18 se determina la ley aplicable relacionada con la responsabilidad parental. La aplicación de la ley designada por las disposiciones de este Capítulo solamente podrán desestimarse si su aplicación es manifiestamente contraria al interés público, teniendo en cuenta los mejores intereses del niño -Artículo 22-.

CAPITULO IV. RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE LA LEY

El Capítulo está compuesto por los artículos 23 a 28 inclusive, destacándose el artículo 23, que en su numeral 1°, reza así: "las medidas tomadas por las Autoridades de un Estado Contratante serán reconocidas de pleno derecho en todos los demás Estados Contratantes". Sin embargo en su numeral 2° se detallan las causas por las cuales podrá negarse tal reconocimiento.

CAPITULO V. COOPERACION

Los límites de la cooperación están determinados en los artículos 29 a 39 inclusive de la Convención.

En su artículo 29 numeral 11, se detalla que la Autoridad Central será la encargada de cumplir las obligaciones impuestas en esta Convención, la que será designada por cada uno de los Estados Contratantes. Asimismo se establece en su artículo 30 que las Autoridades Centrales deben cooperar entre sí y promover la cooperación entre las autoridades competentes en sus Estados para lograr los objetivos de la Convención, y tomarán las medidas necesarias para suministrar información sobre legislación referente a la legislación y servicios disponibles en sus Estados en materia de protección al niño.

En el artículo 31 se establece que la Autoridad Central de un Estado Contratante ya sea directamente o a través de autoridades públicas u otros organismos, tomarán las medidas necesarias para: facilitar las comunicaciones y ofrecer la asistencia prevista en los artículos 8° y 9° de la Convención; facilitar, por mediación, conciliación, o medios similares soluciones acordadas para la protección de la persona o bienes del niño; y ayudar a localizar al niño cuando este se encuentre en el territorio del Estado requerido y tenga necesidad de protección.

Es importante destacar lo dispuesto en el artículo 36, que señala que: "en caso de que el niño esté expuesto a un grave peligro, las autoridades competentes del Estado Contratante donde se han tomado o están en vía de consideración medidas para la protección del niño, si se les informa del cambio de residencia, o de la presencia del niño en otro Estado, informarán a las autoridades de dicho otro Estado acerca del peligro presente y de las medidas tomadas o en vías de consideración".

Sin perjuicio de la conclusión de esta Convención todos los Estados Contratantes podrán concluir acuerdos con uno o más Estados Contrantantes con el fin de favorecer la aplicación de este Capítulo en sus mutuas relaciones.

CAPITULO VI. DISPOSICIONES GENERALES

Están determinadas en los artículos 40 a 56 inclusive destacándose los siguientes:

- la información personal obtenida o transmitida conforme a la Convención se empleará solamente para los fines por los que fuera obtenida o transmitida.

- las autoridades a quienes se transmite la información asegurarán su carácter confidencial, de acuerdo con la ley de su Estado.

- todos los documentos transmitidos o enviados en aplicación de la Convención están exentos de legalización u otra formalidad análoga.

- las designaciones mencionadas en los artículos 29 y 44 (relacionadas con la Autoridad Central y Autoridad de cada Estado Contratante), son comunicadas a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado.

Es de vital importancia resaltar que esta Convención no afectará la aplicación de la Convención del 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Niños, en las relaciones entre las Partes de ambas Convenciones. Sin embargo nada impide que las disposiciones de esta Convención se invoquen a fin de obtener el retorno del niño que hubiera sido ilícitamente trasladado o retenido, o para organizar los derechos de visita.

En las relaciones entre los Estados Contratantes, la presente Convención sustituye a la Convención de 5 de octubre de 1961 referente a la competencia de las autoridades y a la ley aplicable en materia de protección de menores y a la Convención que regula la tutela de menores, firmada en La Haya el 12 de junio de 1902, sin perjuicio del reconocimiento de las medidas adoptadas de acuerdo a la Convención del 5 de octubre antes mencionada.

CAPITULO VII. CLAUSULAS FINALES

Este capítulo contiene las cláusulas finales de estilo.

En virtud de lo expuesto, el Poder Ejecutivo se permite resaltar la importancia que reviste la entrada en vigor de la Convención objeto del presente, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JULIO MARIA SANGUINETTI, Presidente de la República; Yamandú Fau, Didier Opertti.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 2 de marzo de 1999.

Artículo Unico.- Apruébase la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en el ámbito de la Decimotercera Sesión de la Conferencia de La Haya, sobre Derecho Internacional Privado, celebrada en la ciudad de La Haya, Países Bajos, el 19 de octubre de 1996.

Yamandú Fau, Didier Opertti.

34. Convenio1 de La Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños

(hecho el 19 de octubre de 1996)2

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Considerando que conviene mejorar la protección de los niños en las situaciones de carácter internacional,

Deseando evitar conflictos entre sus sistemas jurídicos en materia de competencia, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de medidas de protección de los niños,

Recordando la importancia de la cooperación internacional para la protección de los niños,

Confirmando que el interés superior del niño merece una consideración primordial,

Constatando la necesidad de revisar el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en materia de Protección de Menores,

Deseando establecer disposiciones comunes a tal fin, teniendo en cuenta el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989,

Han acordado las disposiciones siguientes:

CAPITULO I - AMBITO DE APLICACION DEL CONVENIO

Artículo 1

1. El presente Convenio tiene por objeto:

a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar las medidas de protección de la persona o de los bienes del niño;

b) determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejercicio de su competencia;

c) determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental;

d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en todos los Estados contratantes;

e) establecer entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación necesaria para conseguir los objetivos del Convenio.

2. A los fines del Convenio, la expresión "responsabilidad parental" comprende la autoridad parental o cualquier otra relación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los bienes del niño.

Artículo 2

El Convenio se aplica a los niños a partir de su nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 años.

Artículo 3

Las medidas previstas en el artículo primero pueden referirse en particular a:

a) la atribución, ejercicio y privación3 total o parcial de la responsabilidad parental, así como su delegación;

b) el derecho de guarda, incluyendo el derecho relativo al cuidado de la persona del niño y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia, así como el derecho de visita, incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un período limitado de tiempo a un lugar distinto del de su residencia habitual;

c) la tutela, la curatela y otras instituciones análogas;

d) la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo;

e) la colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, o su protección legal mediante kafala o mediante una institución análoga;

f) la supervisión por las autoridades públicas del cuidado dispensado al niño por toda persona que lo tenga a su cargo;

1 Se utiliza el término "Convenio" como sinónimo de "Convención".

2 Entrada en vigor el 1° de enero de 2002.

3 También en algunos Estados se utilizan los términos "retirada" o "retiro" como equivalentes al término "privación".

g) la administración, conservación o disposición de los bienes del niño.

Artículo 4

Están excluidos del ámbito del Convenio:

a) el establecimiento y la impugnación de la filiación;

b) la decisión sobre la adopción y las medidas que la preparan, así como la anulación y la revocación de la adopción;

c) el nombre y apellidos del niño;

d) la emancipación;

e) las obligaciones alimenticias;

f) los trust4 y las sucesiones;

g) la seguridad social;

h) las medidas públicas de carácter general en materia de educación y salud;

i) las medidas adoptadas como consecuencia de infracciones penales cometidas por los niños;

j) las decisiones sobre el derecho de asilo y en materia de inmigración.

CAPITULO II - COMPETENCIA

Artículo 5

1. Las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado Contratante de la residencia habitual del niño son competentes para adoptar las medidas para la protección de su persona o de sus bienes.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, en caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado Contratante, son competentes las autoridades del Estado de la nueva residencia habitual.

Artículo 6

1. Para los niños refugiados y aquellos niños que, como consecuencia de desórdenes en sus respectivos países, están internacionalmente desplazados, las autoridades del Estado Contratante en cuyo territorio se encuentran como consecuencia del desplazamiento ejercen la competencia prevista en el apartado primero del artículo 5.

2. La disposición del apartado precedente se aplica también a los niños cuya residencia habitual no pueda determinarse.

Artículo 7

1. En caso de desplazamiento o retención5 ilícitos del niño, las autoridades del Estado Contratante en el que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su desplazamiento o su retención conservan la competencia hasta el momento en que el niño adquiera una residencia habitual en otro Estado y:

a) toda persona, institución u otro organismo que tenga la guarda acceda al desplazamiento o a la retención; o

b) el niño resida en este otro Estado por un período de al menos un año desde que la persona, institución o cualquier otro organismo que tenga la guarda conozca o debiera haber conocido el lugar en que se encuentra el niño, sin que se encuentre todavía pendiente petición alguna de retorno presentada en este plazo, y el niño se hubiera integrado en su nuevo medio.

2. El desplazamiento o la retención del niño se considera ilícito:

a) cuando se haya producido con infracción de un derecho de guarda, atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención; y

b) este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del desplazamiento o de la retención, o lo hubiera sido si no se hubieran producido tales acontecimientos.

El derecho de guarda a que se refiere la letra a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado.

4 En algunos países de Hispanoamérica conocida esta figura como "fideicomiso".

5 El término "retención" es sustituido en algunos Estados por "no retorno".

3. Mientras las autoridades mencionadas en el apartado primero conserven su competencia, las autoridades del Estado Contratante al que el niño ha sido desplazado o donde se encuentra retenido solamente pueden tomar las medidas urgentes necesarias para la protección de la persona o los bienes del niño, de acuerdo con el artículo 11.

Artículo 8

1. Excepcionalmente, si la autoridad del Estado contratante competente según los artículos 5 ó 6, considera que la autoridad de otro Estado contratante está en mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, puede:

- solicitara a esta autoridad, directamente o con la colaboración de la Autoridad Central de este Estado, que acepte la competencia para adoptar las medidas de protección que estime necesarias, o

- suspender la decisión sobre el caso e invitar a las partes a presentar la demanda ante la autoridad de este otro Estado.

2. Los Estados Contratantes cuya autoridad puede ser requerida en las condiciones previstas en el apartado precedente son:

a) un Estado del que el niño posea la nacionalidad;

b) un Estado en que estén situados bienes del niño;

c) un Estado en el que se esté conociendo de una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres del niño o de anulación de su matrimonio;

d) un Estado con el que el niño mantenga algún vínculo estrecho.

3. Las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones.

4. La autoridad requerida en las condiciones previstas en el apartado primero puede aceptar la competencia, en lugar de la autoridad competente según los artículos 5 ó 6, si considera que ello responde al interés superior del niño.

Artículo 9

1. Si las autoridades de los Estados contratantes mencionadas en el artículo 8, apartado 2, consideran que están en mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, pueden ya sea:

- solicitar a la autoridad competente del Estado Contratante de la residencia habitual del niño, directamente o con la cooperación de la Autoridad Central de este Estado, que les permita ejercer su competencia para adoptar las medidas de protección que estimen necesarias, o ya sea,

- invitar a las partes a presentar dicha petición ante las autoridades del Estado Contratante de la residencia habitual del niño.

2. Las autoridades interesadas pueden proceder a un intercambio de opiniones.

3. La autoridad de origen de la solicitud solo puede ejercer su competencia en lugar de la autoridad del Estado Contratante de la residencia habitual del niño si esta autoridad ha aceptado la petición.

Artículo 10

1. Sin perjuicio de los artículos 5 a 9, las autoridades de un Estado Contratante, en el ejercicio de su competencia para conocer de una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres de un niño con residencia habitual en otro Estado Contratante o en anulación de su matrimonio, pueden adoptar, si la ley de su Estado lo permite, medidas de protección de la persona o de los bienes del niño, si:

a) uno de los padres reside habitualmente en dicho Estado en el momento de iniciarse el procedimiento y uno de ellos tiene la responsabilidad parental respecto al niño, y

b) la competencia de estas autoridades para adoptar tales medidas ha sido aceptada por los padres, así como por cualquier otra persona que tenga la responsabilidad parental respecto al niño, si esta competencia responde al interés superior del niño.

2. La competencia prevista en el apartado primero para adoptar medidas de protección del niño cesa cuando la decisión aceptando o desestimando la demanda de divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio sea firme o el procedimiento finaliza por otro motivo.

Artículo 11

1. En caso de urgencia, son competentes para adoptar las medidas de protección necesarias las autoridades de cualquier Estado Contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan.

2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto de un niño que tuviera su residencia habitual en un Estado Contratante dejan de tener efecto desde que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 adopten las medidas exigidas por la situación.

3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no Contratante dejan de tener efecto en todo Estado Contratante desde que las medidas exigidas por la situación y adoptadas por las autoridades de otro Estado se reconocen en dicho Estado Contratante.

Artículo 12

1. Sin perjuicio del artículo 7, son competentes para adoptar medidas de protección de la persona o bienes del niño, con carácter provisional y eficacia territorial restringida a este Estado, las autoridades del Estado Contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan, siempre que tales medidas no sean incompatibles con las ya adoptadas por las autoridades competentes según los artículos 5 a 10.

2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado precedente respecto a un niño que tenga su residencia en un Estado Contratante dejan de surtir efecto desde el momento en que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 se hayan pronunciado sobre las medidas que pueda exigir la situación.

3. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado primero respecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no Contratante dejan de surtir efecto en el Estado Contratante en que han sido adoptadas desde el momento en que se reconocen las medidas exigidas por la situación, adoptadas por las autoridades de otro Estado.

Artículo 13

1. Las autoridades de un Estado Contratante que sean competentes para adoptar medidas de protección de la persona o de los bienes del niño según los artículos 5 a 10, deben abstenerse de ejercer su competencia si, en el momento de iniciarse el procedimiento, se hubieran solicitado las medidas correspondientes a las autoridades de otro Estado Contratante que fueran competentes en virtud de los artículos 5 a 10 en el momento de la petición y estuvieran todavía en proceso de examen.

2. La disposición del apartado precedente no se aplica si las autoridades ante las que se presentó inicialmente la petición de medidas han declinado su competencia.

Artículo 14

Las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 5 a 10 continúan en vigor en sus propios términos, incluso cuando un cambio de las circunstancias ha hecho desaparecer la base sobre la que se fundaba la competencia, en tanto que las autoridades competentes en virtud del Convenio no las hayan modificado, reemplazado o dejado sin efecto.

CAPITULO III - LEY APLICABLE

Artículo 15

1. En el ejercicio de la competencia atribuida por las disposiciones del Capítulo II, las autoridades de los Estados Contratantes aplican su propia ley.

2. No obstante, en la medida en que la protección de la persona o de los bienes del niño lo requiera, pueden excepcionalmente aplicar o tomar en consideración la ley de otro Estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho.

3. En caso de cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado Contratante, la ley de este otro Estado rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el Estado de la anterior residencia habitual a partir del momento en que se produce la modificación.

Artículo 16

1. La atribución o la extinción de pleno derecho de la responsabilidad parental, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño.

2. La atribución o la extinción de la responsabilidad parental en virtud de un acuerdo o de un acto unilateral, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño en el momento en que deviene eficaz el acuerdo o el acto unilateral.

3. La responsabilidad parental existente según la ley del Estado de la residencia habitual del niño subsiste después del cambio de esta residencia habitual a otro Estado.

4. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, la atribución de pleno derecho de la responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya investida de tal responsabilidad se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.

Artículo 17

El ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual.

Artículo 18

Podrá privarse de la responsabilidad parental a que se refiere el artículo 16 o modificarse las condiciones de su ejercicio mediante medidas adoptadas en aplicación del Convenio.

Artículo 19

1. No puede impugnarse la validez de un acto celebrado entre un tercero y una persona que tendría la condición de representante legal según la ley del Estado en que se ha celebrado el acto, ni declararse la responsabilidad del tercero, por el único motivo de que dicha persona no tuviera la condición de representante legal en virtud de la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo, salvo que el tercero supiera o debiera haber sabido que la responsabilidad parental se regía por esta ley.

2. El apartado precedente solo se aplica en los casos en que el acto se ha celebrado entre personas presentes en el territorio de un mismo Estado.

Artículo 20

Las disposiciones del presente Capítulo se aplicarán incluso si designan la ley de un Estado no contratante.

Artículo 21

1. A efectos del presente capítulo, se entenderá por "ley" el Derecho vigente en un Estado, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes.

2. No obstante, si la ley aplicable en virtud del artículo 16 fuera la de un Estado no contratante y las normas de conflicto de dicho Estado remitieran a la ley de otro Estado no contratante se aplicaría su propia ley, la ley aplicable será la de este último Estado. Si este otro Estado no Contratante no aplicara su propia ley, se aplicará la ley designada por el artículo 16.

Artículo 22

La aplicación de la ley designada por las disposiciones del presente Capítulo solo puede excluirse si es manifiestamente contraria al orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

CAPITULO IV - RECONOCIMIENTO Y EJECUCION

Artículo 23

1. Las medidas adoptadas por las autoridades de un Estado Contratante se reconocerán de pleno derecho en los demás Estados Contratantes.

2. No obstante, el reconocimiento podrá denegarse:

a) si la medida se ha adoptado por una autoridad cuya competencia no estuviera fundada en uno de los criterios previstos en el Capítulo II;

b) si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, en el que el niño no ha tenido la posibilidad de ser oído, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado requerido;

c) a petición de toda persona que sostenga que la medida atenta contra su responsabilidad parental, si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado sin que dicha persona haya tenido la posibilidad de ser oída;

d) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido, teniendo en cuenta el interés superior del niño;

e) si la medida es incompatible con una medida adoptada posteriormente en el Estado no Contratante de la residencia habitual del niño, cuando esta última medida reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado requerido;

f) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el Art. 33.

Artículo 24

Sin perjuicio del artículo 23, apartado primero, toda persona interesada puede solicitar a las autoridades competentes de un Estado Contratante que decidan acerca del reconocimiento o no reconocimiento de una medida adoptada en otro Estado Contratante. El procedimiento se rige por la ley del Estado requerido.

Artículo 25

La autoridad del Estado requerido está vinculada por las constataciones de hecho sobre las que la autoridad del Estado que ha adoptado la medida haya fundado su competencia.

Artículo 26

1. Si las medidas adoptadas en un Estado Contratante y ejecutorias en el mismo comportan actos de ejecución en otro Estado Contratante, serán declaradas ejecutorias o registradas a los fines de ejecución en este otro Estado, a petición de toda parte interesada, según el procedimiento previsto por la ley de este Estado.

2. Cada Estado Contratante aplicará un procedimiento simple y rápido a la declaración de exequátur o al registro.

3. La declaración de exequátur o el registro no pueden denegarse más que por uno de los motivos previstos en el artículo 23, apartado 2.

Artículo 27

Sin perjuicio de la revisión necesaria en aplicación de los artículos precedentes, la autoridad del Estado requerido no procederá a revisión alguna en cuanto al fondo de la medida adoptada.

Artículo 28

Las medidas adoptadas en un Estado Contratante, declaradas ejecutorias o registradas a los fines de ejecución en otro Estado Contratante, se ejecutarán como si hubiesen sido tomadas por las autoridades de este otro Estado. La ejecución se realizará conforme a la ley del Estado requerido en la medida prevista por dicha ley, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

CAPITULO V - COOPERACION

Artículo 29

1. Todo Estado Contratante designará una Autoridad Central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.

2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor varios sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autoridad Central y especificar la extensión territorial o personal de sus atribuciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente dentro de ese Estado.

Artículo 30

1. Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre ellas y promover la colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados para alcanzar los objetivos del Convenio.

2. Dichas autoridades adoptarán, en el marco de la aplicación del Convenio, las disposiciones apropiadas para proporcionar informaciones sobre su legislación, así como sobre los servicios disponibles en sus respectivos Estados en materia de protección del niño.

Artículo 31

La Autoridad Central de un Estado Contratante tomará, ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos, todas las medidas apropiadas para:

a) facilitar las comunicaciones y ofrecer la asistencia previstas en los artículos 8 y 9 y en el presente Capítulo;

b) facilitar por la mediación, la conciliación o cualquier otro procedimiento análogo, acuerdos amistosos pa-ra la protección de la persona o de los bienes del niño, en las situaciones a las que se aplica el Conve-nio;

c) ayudar, a petición de una autoridad competente de otro Estado Contratante, a localizar al niño cuando parezca que este se encuentra en el territorio del Estado requerido y necesita protección.

Artículo 32

A petición motivada de la Autoridad Central o de otra autoridad competente de un Estado contratante con el que el niño tenga un vínculo estrecho, la Autoridad Central del Estado contrante en que el niño tenga su residencia habitual y en el que este se encuentre, puede, sea directamente, sea con el concurso de autoridades públicas o de otros organismos;

a) proporcionar un informe sobre la situación del niño;

b) solicitar a la autoridad competente de su Estado que examine la oportunidad de adoptar medidas para la protección de la persona o de los bienes del niño.

Artículo 33

1. Cuando la autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 prevea la colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento o su protección legal por kafala o por una institución análoga, y esta colocación o este acogimiento haya de tener lugar en otro Estado contratante, consultará previamente a la Autoridad Central o a otra autoridad competente de este último Estado. A este efecto le transmitirá un informe sobre el niño y los motivos de su proposición sobre la colocación o el acogimiento.

2. El Estado requirente solo puede adoptar la decisión sobre la colocación o el acogimiento si la Autoridad Central u otra autoridad competente del Estado requerido ha aprobado esta colocación o este acogimiento, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 34

1. Cuando se prevé una medida de protección, las autoridades competentes en virtud del Convenio pueden, si la situación del niño lo exige, solicitar que toda autoridad de otro Estado contratante les transmita las informaciones útiles que pueda tener para la protección del niño.

2. Todo Estado contratante podrá declarar que las solicitudes previstas en el apartado primero solo podrán realizarse a través de su Autoridad Central.

Artículo 35

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante pueden pedir a las autoridades de otro Estado contratante que les presten su asistencia para la puesta en práctica de las medidas de protección adoptadas en aplicación del Convenio, en particular para asegurar el ejercicio efectivo de un derecho de visita, así como el derecho a mantener contactos directos regulares.

2. Las autoridades de un Estado contratante en el que el niño no tenga su residencia habitual pueden, a petición de un progenitor que resida en este Estado y desee obtener o conservar un derecho de visita, recabar informaciones o pruebas y pronunciarse sobre la aptitud de este progenitor para ejercer el derecho de visita y sobre las condiciones en las que podría ejercerlo. La autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 deberá, antes de pronunciarse, admitir y tomar en consideración estas informaciones, pruebas o conclusiones.

3. Una autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 puede suspender el procedimiento hasta que se resuelva sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2, particu-larmente cuando se le haya presentado una solicitud para modificar o suprimir el derecho de visita concedido por las autoridades del Estado de la antigua residencia habitual.

4. Las disposiciones de este artículo no impiden que una autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 tome medidas provisionales hasta que se resuelva sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2.

Artículo 36

En caso de que el niño esté expuesto a un grave peligro, las autoridades competentes del Estado contratante en el que se hayan adoptado o estén en vías de adoptarse medidas de protección de este niño, avisarán, si son informadas del cambio de residencia o de la presencia del niño en otro Estado, a las autoridades de este Estado acerca del peligro y de las medidas adoptadas o en curso de examen.

Artículo 37

Una autoridad no puede solicitar o transmitir informaciones en aplicación de este Capítulo si considera que tal solicitud o transmisión podría poner en peligro la persona o los bienes del niño o constituir una amenaza grave para la libertad o la vida de un miembro de su familia.

Artículo 38

1. Sin perjuicio de la posibilidad de reclamar los gastos razonables correspondientes a los servicios prestados, las Autoridades Centrales y las demás autoridades públicas de los Estados contratantes soportarán sus gastos derivados de la aplicación de las disposiciones del presente Capítulo.

2. Todo Estado contratante puede concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes sobre el reparto de gastos.

Artículo 39

Todo Estado contratante podrá concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes para mejorar la aplicación del presente Capítulo en sus relaciones recíprocas. Los Estados que hayan concluido tales acuerdos transmitirán una copia al depositario del Convenio.

CAPITULO VI - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 40

1. Las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño o del Estado contratante en que se ha adoptado una medida de protección podrán expedir un certificado al titular de la responsabilidad parental o a toda otra persona a quien se haya confiado la protección de la persona o de los bienes del niño, a petición suya, indicando su condición y los poderes que le han sido atribuidos.

2. La condición y los poderes indicados por el certificado se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario.

3. Cada Estado contratante designará las autoridades competentes para expedir el certificado.

Artículo 41

Los datos personales que se hubieran obtenido o transmitido conforme al Convenio, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.

Artículo 42

Las autoridades a las que se transmitan informaciones, garantizarán su confidencialidad conforme a la ley de su Estado.

Artículo 43

Los documentos transmitidos o expedidos en aplicación del Convenio estarán exentos de legalización o cualquier otra formalidad análoga.

Artículo 44

Todo Estado contratante podrá designar las autoridades a las que deben dirigirse las solicitudes previstas en los artículos 8, 9 y 33.

Artículo 45

1. Las designaciones a que se refieren los artículos 29 y 44 se comunicarán a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

2. La declaración a que se refiere el artículo 34, apartado 2, se hará al depositario del Convenio.

Artículo 46

Un Estado contratante en el que se aplican sistemas jurídicos o conjuntos de normas diferentes en materia de protección del niño y de sus bienes no está obligado a aplicar las normas del Convenio a los conflictos únicamente relacionados con estos diferentes sistemas o conjuntos de reglas.

Artículo 47

En relación a un Estado en el que dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas relativas a las cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales diferentes:

1. Cualquier referencia a la residencia habitual en este Estado se interpretará como una referencia a la residencia habitual en una unidad territorial.

2. Cualquier referencia a la presencia del niño en este Estado se interpretará como una referencia a la presencia del niño en una unidad territorial.

3. Cualquier referencia a la situación de los bienes del niño en este Estado se interpretará como una referencia a la situación de los bienes del niño en una unidad territorial.

4. Cualquier referencia al Estado del que el niño posee la nacionalidad se interpretará como una referencia a la unidad territorial designada por la ley de este Estado o, en ausencia de reglas pertinentes, a la unidad territorial con la que el niño presente el vínculo más estrecho.

5. Cualquier referencia al Estado en el que se presenta a una autoridad una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres del niño o en anulación de su matrimonio, se interpretará como una referencia a la unidad territorial en la que se presenta dicha demanda a una autoridad.

6. Cualquier referencia al Estado con el que el niño presenta un vínculo estrecho se interpretará como una referencia a la unidad territorial con la que el niño presenta este vínculo.

7. Cualquier referencia al Estado al que el niño ha sido trasladado o retenido se interpretará como una referencia a la unidad territorial a la que el niño ha sido desplazado o retenido.

8. Cualquier referencia a los organismos o autoridades de este Estado, diferentes de las Autoridades Centrales, se interpretará como una referencia a los organismos o autoridades habilitados para actuar en la unidad territorial afectada.

9. Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado en que la medida ha sido adoptada se interpretará como una referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que dicha medida ha sido adoptada.

10. Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad del Estado requerido se interpretará como una referencia a la ley, el procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que se invoca el reconocimiento o la ejecución.

Artículo 48

Para determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, en el caso de que un Estado comprenda dos o más unidades territoriales, cada una de las cuales posea su propio sistema jurídico o un conjunto de reglas relativas a las cuestiones reguladas por el presente Convenio, se aplican las reglas siguientes:

a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen la unidad territorial cuya ley deberá ser aplicada, se aplicará dicha ley;

b) en defecto de tales normas, se aplicará la ley de la unidad territorial determinada según las disposiciones del artículo 47.

Artículo 49

A los fines de determinar la ley aplicable en virtud del Capítulo III, cuando un Estado tenga, para las cuestiones reguladas por el presente Convenio, dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de reglas aplicables a categorías diferentes de personas, se aplicarán las reglas siguientes:

a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifique cuál de estas leyes es aplicable, se aplicará esta ley;

b) a falta de tales normas, se aplicará la ley del sistema o del conjunto de reglas con el que el niño presente el vínculo más estrecho.

Artículo 50

El presente Convenio no afecta al Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en las relaciones entre las Partes en ambos Convenios. Nada impide, sin embargo, que se invoquen disposiciones del presente Convenio para obtener el retorno de un niño que ha sido ilícitamente desplazado o retenido, o para organizar el derecho de visita.

Artículo 51

En las relaciones entre los Estados contratantes, el presente Convenio sustituye al Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en materia de Protección de Menores y al Convenio para Regular la Tutela de los Menores, firmado en La Haya, el 12 de junio de 1902, sin perjuicio del reconocimiento de las medidas adoptadas según el Convenio de 5 de octubre de 1961 antes citado.

Artículo 52

1. El Convenio no derogará los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.

2. El Convenio no afectará a la posibilidad para uno o varios Estados contratantes de concluir acuerdos que contengan disposiciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio, respecto a niños que tengan su residencia habitual en uno de los Estados Parte en tales acuerdos.

3. Los acuerdos a concluir por uno o varios Estados contratantes sobre materias reguladas por el presente Convenio, no afectarán a la aplicación de las disposiciones del presente Convenio en las relaciones de estos Estados con los demás Estados contratantes.

4. Los apartados precedentes se aplicarán igualmente a las leyes uniformes basadas en la existencia entre los Estados afectados de vínculos especiales, particularmente de naturaleza regional.

Artículo 53

1. El Convenio se aplicará tan solo a las medidas adoptadas en un Estado después de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado.

2. El Convenio se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de las medidas adoptadas después de su entrada en vigor en las relaciones entre el Estado en que se han adoptado las medidas y el Estado requerido.

Artículo 54

1. Toda comunicación a la Autoridad Central o a cualquier otra autoridad de un Estado contratante se dirigirá en la lengua original y acompañada de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de este Estado o, cuando esta traducción sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés.

2. No obstante, un Estado contratante podrá oponerse a la utilización sea del francés, sea del inglés, haciendo la reserva prevista en el artículo 60.

Artículo 55

1. Cualquier Estado contratante podrá, conforme al artículo 60:

a) reservarse la competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los bienes de un niño situados en su territorio;

b) reservarse el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería incompatible con una medida adoptada por sus autoridades en relación a dichos bienes.

2. La reserva podrá restringirse a determinadas categorías de bienes.

Artículo 56

El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión Especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio.

CAPITULO VII - CLASULAS FINALES

Artículo 57

1. El Convenio está abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimoctava Sesión.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 58

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del artículo 61, apartado 1.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

3. La adhesión solo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 63, apartado b). Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio.

Artículo 59

1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.

Artículo 60

1. Cualquier Estado contratante podrá, a más tardar en el momento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en el momento de una declaración hecha en virtud del artículo 59, hacer una o ambas reservas previstas en los artículos 54, apartado 2 y 55. Ninguna otra reserva será admitida.

2. Cualquier Estado podrá, en cualquier momento, retirar una reserva que hubiera hecho. Este retiro se notificará al depositario.

3. La reserva dejará de surtir efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación mencionada en el apartado precedente.

Artículo 61

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto por el artículo 57.

2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:

a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;

b) para cada Estado que se adhiera, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la expiración del plazo de seis meses previsto en el artículo 58, apartado 3;

c) para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del Convenio de conformidad con el artículo 59, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.

Artículo 62

1. Cualquier Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a ciertas unidades territoriales a las que se aplique el Convenio.

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, este tendrá efecto cuando transcurra dicho período.

Artículo 63

El depositario notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado así como a los Estados que se hayan adherido de conformidad con las disposiciones del artículo 58;

a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 57;

b) las adhesiones y las objeciones a las adhesiones a que se refiere el artículo 58;

c) la fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con las disposiciones del artículo 61;

d) las declaraciones a que se refieren los artículos 34, apartado 2, y 59;

e) los acuerdos a que se refiere el artículo 39;

f) las reservas a que se refieren los artículos 54, apartado 2, 55 y el retiro de las reservas previsto en el artículo 60, apartado 2;

g) las denuncias a que se refiere el artículo 62.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 19 de octubre de 1996, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su Decimoctava Sesión.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

CONVENCION RELATIVA A LA COMPETENCIA, LEY APLICABLE, RECONOCIMIENTO, EJECUCION Y COOPERACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS NIÑOS, SUSCRITA EN LA DECIMOCTAVA SESION DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

INFORME

1- Mediante sendos Mensajes del Poder Ejecutivo de fechas 2 de marzo de 1999 y 25 de abril de 2000 se remitió al Poder Legislativo los respectivos Proyectos de Ley para la aprobación de la Convención de referencia, los que fueran reiterados por Mensaje del 22 de junio de 2005, a la fecha bajo consideración.

2- La Cámara de Representantes ha prestado su aprobación a la mencionada Convención.

3- A juicio del suscrito corresponde disponer la aprobación del Proyecto de Ley atendiendo, entre otras, las siguientes razones:

a) La Convención de 1996 se inscribe dentro de un proceso de desarrollo y codicación progresiva del Derecho Internacional Privado, particularmente en este caso en el Derecho de Familia, abordado tanto por la Conferencia de La Haya como por el sistema regional a cargo de la Organización de los Estados Americanos, con una intensa participación del Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la OEA, con sede en Uruguay.

b) En dicho sentido es oportuno indicar que Uruguay ha prestado su ratificación a las Convenciones de La Haya sobre Secuestro y Restitución de Menores (1980), así como a la de Cooperación en Materia de Adopción Internacional de Menores (1993). También ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre Obtención de Alimentos en el Extranjero (N. York, 1956).

c) En el ámbito de Naciones Unidas resulta fundamental la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por Uruguay y en vigor en más de ciento cincuenta Estados.

d) En el ámbito interamericano Uruguay ha ratificado las Convenciones Interamericanas sobre Obli-gaciones Alimentarias (1989), sobre Restitución Internacional de Menores (1989), sobre Tráfico Internacional de Menores (1994) y sobre Conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores (1984) -esta de muy reciente ratificación por Uruguay-.

e) En el ámbito bilateral, Uruguay ha celebrado Convenios sobre Alimentos con Perú (1985) y España (1988), así como sobre Protección Internacional de Menores con Argentina (1981), y de Restitución de Menores con Chile (1981) y Perú (1985).

f) En cuanto al contenido de la Convención bajo examen el informe (1981) oportunamente proveído por el Poder Ejecutivo con su Mensaje de fecha 2 de marzo de 1999 ilustra suficientemente sobre los temas centrales de la Convención (Alcance, Competencia, Ley aplicable, Reconocimiento y Ejecución y Cooperación), al que me remito a fin de evitar innecesarias repeticiones.

4- Es importante destacar la utilidad de este tipo de instrumento internacional el que en una comunidad de creciente nivel de globalización, la dispersión familiar acrece y requiere de reglas de protección al menor que en la medida de lo posible alivien la situación crítica que deriva en muchos casos de dicha evolución.

5- Con la ratificación de la Convención bajo consideración nuestro país renueva su compromiso real con el progreso del Derecho Internacional en este caso en el ámbito del Derecho de Familia.

Sala de la Comisión, 5 de agosto de 2009.

Julio María Sanguinetti, Miembro Informante; Mariano Arana, Sergio Abreu, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA N° 113

En Montevideo, el día cinco de agosto de dos mil nueve, a la hora dieciocho y diez minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Mariano Arana, Sergio Abreu, Milton Antongnazza, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga y Rafael Michelini.

Al inicio de la reunión preside el señor Senador Mariano Arana, Vicepresidente de la Comisión y, al arribo del señor Senador Julio María Sanguinetti, asume la Presidencia de la misma.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión, y el señor Jorge Fernández Rossi, Prosecretario.

Concurren especialmente invitados el señor Julio Moreira Morán y la licenciada Laura Dupuy Lasserre, acompañados por el Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores Embajador Carlos Ernesto Orlando Bonet; y, la señora Ursula Kulke, experta en normas de la Organización Internacional del Trabajo, acompañada por el Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, doctor Nelson Loustaunau, el Presidente del Banco de Previsión Social, señor Ernesto Murro, el Director de la Dirección Nacional de Seguridad Social, señor Alvaro Baz y la Asesora señora Ivonne Pandiani.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en los Distribuidos Nos. 3335/2009, 3336/2009, y 3337/2009, que forman parte de este documento.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA N° 1594/2009. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADOPTADO EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, EL 13 DE DICIEMBRE DE 2006. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N° 3319/2009).

Se adjudica su estudio al señor Senador Mariano Arana.

- CARPETA N° 1595/2009. CONVENCION INTERA-MERICANA PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONDENAS PENALES EN EL EXTRANJERO, HECHA EN LA CIUDAD DE MANAGUA, NICARAGUA, EL 9 DE JUNIO DE 1993. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N° 3320/2009).

Se adjudica su estudio al señor Senador Sergio Abreu.

- Por Secretaría se informa a los señores Senadores acerca de la firma del Acta Constitutiva del Grupo de Amistad Interparlamentario con la República Argentina, cuya invitación fuera repartida a los señores Miembros de la Comisión con anterioridad.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

- CARPETA N° 1582/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Em-bajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al señor Julio Moreira Morán (Distribuido

N° 3302/2009).

- CARPETA N° 1583/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar como Representante Permanente de la República ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra a la licenciada Laura Dupuy Lasserre (Distribuido N° 3301/2009).

El señor Julio Moreira Morán y la licenciada Laura Dupuy Lasserre, informan sobre los lineamientos de trabajo que desarrollarán en los destinos a los que fueron propuestos.

Una vez retirados de Sala los invitados, se consideran y aprueban los proyectos de resolución por 6 votos en 6 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designan miembros informantes al señor Sergio Abreu para informar sobre el señor Julio Moreira Morán y al señor Reinaldo Gargano, para hacerlo sobre la licenciada Laura Dupuy Lasserre, quienes lo harán en forma verbal.

- CARPETA N° 1525/2009. CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO N° 102, SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL (NORMA MINIMA), ADOPTADO POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU TRIGESIMAQUINTA REUNION, CELEBRADA EN GINEBRA EN JUNIO DE 1952. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N° 3229/2009).

La señora Ursula Kulke expone sobre el Convenio y la importancia de su ratificación e intercambia opiniones con los señores Senadores.

Solicita se reparta documentación por ella aportada, lo que es realizado en el acto por la Secretaria de la Comisión.

Una vez retirados de Sala los invitados, la Comisión considera y aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Reinaldo Gargano, quien lo hará en forma escrita.

- CARPETA N° 1482/2009. PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949, RELATIVO A LA APROBACION DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL (PROTOCOLO III). Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu, quien lo hará en forma escrita.

- CARPETA N° 1557/2009. CONVENIO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido N° 3267/2009).

Por Secretaría se informa que el señor Senador Antonio Gallicchio, en oportunidad de suplir al Senador Rafael Michelini, realizó un informe escrito que fue repartido a los señores Senadores.

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini, quien lo hará en forma escrita.

- CARPETA N° 1559/2009. CONVENCION RELATIVA A LA COMPETENCIA, LEY APLICABLE, RECONOCIMIENTO, EJECUCION Y COOPERACION EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS NIÑOS, SUSCRITA EN LA DECIMOCTAVA SESION DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes (Distribuido N° 3264/2009).

Por Secretaría se informa que el señor Senador Didier Opertti, en oportunidad de suplir al señor Senador Julio María Sanguinetti, realizó un informe escrito que fue repartido a los señores Senadores.

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Julio María Sanguinetti, quien lo hará en forma escrita.

- CARPETA N° 1387/2008. TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, SU REGLAMENTO Y LA RESOLUCION DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA SUPLEMENTARIA AL TRATADO DE SINGAPUR SOBRE EL DERECHO DE MARCAS Y A SU REGLAMENTO. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N° 2938/2009).

El señor Senador Sergio Abreu solicita se curse una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores adjuntando un proyecto de redacción de un artículo conteniendo una reserva al Tratado, remitido por la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, a efectos de conocer la opinión que le merece la misma y sobre su procedencia.

La Comisión acuerda remitir dicha nota al Ministerio de Relaciones Exteriores.

A la hora diecinueve y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman los señores Presidente y Secretario de Comisión.

Julio María Sanguinetti

Presidente

Vladimir De Bellis Martínez

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado estudió este tema y resolvió aprobar la Convención de La Haya sobre Derecho Internacional Privado que refiere al estatuto del menor.

Como se sabe, en un mundo globalizado y mucho más internalizado, existen, no obstante, debates sobre la legislación aplicable y la competencia jurisdiccional en estos casos que refieren a la situación de los menores. En virtud de ello, en 1999 y 2000, el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley para la aprobación de una Convención -la que estamos considerando ahora- que regula este tipo de situaciones, las aclara y las define. En realidad, a través de un informe escrito que hizo el doctor Didier Opertti -notorio especialista en la materia- se aconseja aprobar este Convenio en acuerdo, además, con todo lo que es la tradición jurídica de nuestro país, que ya ha tendido a adoptar medidas y criterios como los que aquí se establecen. La enumeración de los mismos figura en el informe escrito y diría que es ociosa su lectura, ya que se trata de normas congruentes, con naturaleza de código, y lo que corresponde técnicamente es aprobarlas en bloque, porque estas convenciones se aprueban o no.

La Convencion contiene medidas tendientes a la protección y a la garantía de los derechos de los niños en situaciones de debate sobre la tenencia y responsabilidad parental y a establecer competencias judiciales que indiquen la ley aplicable en caso de disputa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

13) CONVENIO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile, el 27 de abril de 2004. (Carp. Nº 1557/09 - Rep. Nº 1109/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1557/09

Rep. N° 1109/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile, el 27 de abril de 2004.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de junio de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Montevideo, 17 de setiembre de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de remitir a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168, numeral 20 y 85, numeral 7, de la Constitución de la República, por el que se aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, suscrito el día veintisiete de abril de dos mil cuatro en la ciudad de Santiago de Chile.

El Convenio consta de un preámbulo y 18 artículos.

La solicitud de aprobación se fundamenta en la importancia de la materia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- El referido Acuerdo contiene un nuevo sistema de relaciones bilaterales aeronáuticas, del que no existen antecedentes en nuestro país.

En efecto, se trata de un nuevo tipo de convenio que sigue la tendencia liberalizadora liderada por Chile en la región, y que fue adoptada hace ya varios años por vía de Ley y que comienzan a aparecer cada vez con mayor frecuencia en todo el mundo como forma de potenciar el comercio internacional y el turismo.

Básicamente, las innovaciones de este Convenio respecto a los modelos que nuestro país ha celebrado con otros Estados son:

a) además de prever las clásicas cinco primeras libertades del aire, comprende así mismo de la 6ta. A la 9na. lo que incluye como innovación más importante la posibilidad de realizar vuelos de cabotaje para las líneas aéreas uruguayas dentro de Chile y viceversa.

b) la libertad de rutas, de frecuencias y de tipo de aeronaves es total, apartándose del modelo tradicional de predeterminación de capacidad y cuadro de rutas a ser operados por las aerolíneas de cada bandera, facilitando así las operaciones de las aerolíneas y en particular su adecuación a las condiciones de la demanda.

c) se prevén cláusulas en materia de la supervisión de la seguridad operacional, de acuerdo a las nuevas normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo cual es de alta conveniencia a efectos de asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales.

d) se establecen cláusulas para preservar la sana competencia entre las aerolíneas de cada parte, de modo de evitar prácticas discriminatorias.

2- Considerando nuestro ordenamiento jurídico nacional, en términos generales no existen observaciones a formular al referido Acuerdo, debiendo tenerse presente que:

a) en el artículo 2°, se prevé el otorgamiento de derechos de tráfico de cabotaje, tanto autónomo como subsecuente de los vuelos provenientes desde el país de origen de la aerolínea, que las Partes se conceden recíprocamente. Para acceder a ello, en forma concordante con el Convenio de Chicago del año 1944 sobre Aviación Civil Internacional (Art. 7°), es necesario modificar el Art. 113 del Código Aeronáutica Uruguayo, que establece la reserva de las operaciones de cabotaje a las empresas nacionales, lo cual se produciría automáticamente por la ratificación legislativa del acuerdo.

b) en el artículo 8°. Numeral 3 se prevé la libertad de contratación o autoprestación de los servicios de asistencia en tierra a aeronaves. Esto es aceptable para el Aeropuerto Internacional de Carrasco en base al Decreto 280/002, del 22 de julio de 2002, pero no es viable para el Aeropuerto de Laguna del Sauce, ya que estos servicios están comprendidos dentro del objeto de la licitación oportunamente adjudicada. En cuanto a los demás aeropuertos del país, no existen normas que establezcan ni la libertad, ni la exclusividad. Razón por la cual en el acuerdo firmado se debieron realizar las salvedades pertinentes que fueron aceptadas por la parte chilena.

c) el artículo 8°. Numeral 6 establece la libertad absoluta de acuerdos empresariales, pero conforme al Código Aeronáutico Uruguayo, Art. 120, es necesaria la aprobación de la autoridad aeronáutica.

d) en materia de tarifas se propone un sistema de libertad tarifaria que según alguna interpretación podría coincidir con la interpretación dada hasta la fecha del artículo 51 de la Constitución en cuanto a que las tarifas de los servicios públicos deben ser homolgados por el Estado. Sin embargo las nuevas tendencias doctrinarias indican que jurídicamente es sostenible que para los servicios internacionales no es de aplicación esta norma y que las tarifas de los mismos se rigen por los correspondientes tratados internacionales.

3- Desde el punto de vista de la oportunidad y conveniencia, la aprobación del Acuerdo firmado sería muy conveniente para las líneas aéreas de bandera uruguaya, porque les permitiría acceder a la realización de vuelos de cabotaje dentro de Chile y servicios de transporte aéreo entre Chile y el exterior, generando así el acceso a un mercado hasta la fecha inalcanzable para las empresas uruguayas.

Se debe recordar que Chile posee cinco rutas internas, cuyo volumen de pasajeros es superior al volumen de pasajeros del denominado Puente Aéreo entre Montevideo y Buenos Aires.

Y, si bien las aerolíneas chilenas podrían acceder al mismo beneficio dentro del territorio uruguayo, el desnivel del potencial de rutas a favor de Uruguay es de tal magnitud que ello no debería ser considerado como un obstáculo.

La República de Chile posee acuerdos bilaterales de cielos abiertos en tercera y cuarta libertad con más de 25 Estados del continente americano. Pero dentro de ellos, entre 12 y 15 acuerdos incluyen los cielos abiertos de 5tas. y 6tas. libertades. Tiene así mismo 7ma. libertad en la modalidad de carga con tres países y un protocolo reciente que prevé el cabotaje y 7ma. libertad para pasajeros.

En el mismo sentido ha celebrado acuerdos bilaterales sobre servicios de transporte aéreo con 5 países del APEC, que es un Acuerdo de Cooperación Económica de la Región Asia Pacífico. En tres de esos casos se incluye la 7ma. libertad y en dos de ellos el cabotaje.

4- En virtud de lo expuesto, el Acuerdo firmado abre, a las empresas de bandera uruguaya, importantes oportunidades de acceso al creciente y sólido mercado chileno, generando así nuevas oportunidades comerciales. Ya sea en el sector de cabotaje dentro de Chile, o bien por el establecimiento de rutas que unan puntos de Chile con otras ciudades en otros países.

En virtud de las consideraciones precedentes, se solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Víctor Rossi, José Bayardi, Gonzalo Fernández.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Montevideo, 17 de setiembre de 2008.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile el 27 de abril de 2004.

Danilo Astori, Víctor Ro-ssi, José Bayardi, Gonzalo Fernández.

CONVENIO DE TRANSPORTE AEREO

ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Y

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, en adelante denominados las "Partes Contratantes",

Deseando promover un sistema de transporte aéreo basado en la competencia entre líneas aéreas en el mercado, con un mínimo de interferencia y reglamentación gubernamental;

Deseando facilitar la expansión del transporte aéreo;

Deseando hacer posible que las líneas aéreas ofrezcan a los usuarios y embarcadores una variedad de opciones de servicios a las tarifas más bajas, que no sean discriminatorias ni que representen un abuso de una posición dominante, y deseando estimular a las líneas aéreas a establecer e implementar individualmente tarifas innovadoras y competitivas;

Deseando garantizar el grado más elevado de seguridad en el transporte aéreo y reafirmando su honda preocupación con respecto a actos o amenazas contra la seguridad de las aeronaves, que ponen en peligro la seguridad de personas o de la propiedad, que afectan adversamente las operaciones del transporte aéreo y socavan la confianza del público en la seguridad de la aviación civil;

Siendo Partes de la Convención sobre Aviación Civil Internacional abierta a la firma de Chicago, el siete de diciembre de 1944;

Han convenido lo siguiente:

ARTICULO 1

Definiciones

Para los efectos del presente Convenio, a menos que se disponga de otro modo, el término:

(a) "Autoridades Aeronáuticas" significa en el caso de Chile, la Junta de Aeronáutica Civil o su organismo u organismos sucesores; y en el caso de la República Oriental del Uruguay, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica o su organismo u organismos sucesores;

(b) "Convenio" significa el presente Convenio, y cualesquiera enmienda al mismo;

(c) "Transporte Aéreo" significa cualquier operación realizada por aeronaves en el transporte público de tráfico de pasajeros, carga y correo, separadamente o en combinación, mediante remuneración o arriendo;

(d) "Convención" significa la Convención sobre Aviación Civil Internacional, abierta a la firma en Chicago, el 7 de diciembre de 1944, e incluye:

i) Cualquier enmienda que haya entrado en vigor en virtud del Artículo 94 a) de la Convención y haya sido ratificada por ambas Partes Contratantes, y

ii) Cualquier Anexo, o enmienda al mismo, adoptada en virtud del artículo 90 de la Convención, en la medida en que tal Anexo o enmienda se encuentre en vigor, para ambas Partes;

(e) "Línea aérea designada" significa una o más líneas aéreas designadas y autorizadas de conformidad con el Artículo 3 de este Convenio;

(f) "Tarifas" significa los precios que deben ser pagados por el transporte de pasajeros, equipaje y de carga, y las condiciones bajo las cuales estos precios se aplican, incluyendo los precios y comisiones de las agencias y de otros servicios auxiliares, con exclusión de los precios y condiciones para el transporte de correo;

(g) "Transporte aéreo internacional" significa el transporte que pasa por el espacio aéreo sobre el territorio de más de un Estado;

(h) "Escala para fines no comerciales" significa el aterrizaje para cualquier propósito que no sea embarcar o desembarcar pasajeros, equipaje, carga o correo en el transporte aéreo;

(i) "Territorio" tiene el significado que se le asigna en el Artículo 2 de la Convención;

(j) "Cargos al usuario" significa los cargos hechos a las líneas aéreas por los bienes, instalaciones y servicios de aeropuertos, dispositivos de navegación aérea o de seguridad aérea;

(k) "Código Compartido" significa un acuerdo comercial entre las líneas aéreas designadas de ambas Partes Contratantes y/o, con líneas aéreas de terceros países mediante el cual operen conjuntamente una ruta específica, en la que cada una de las líneas aéreas involucradas tenga derechos de tráfico. Implica la utilización de una aeronave en la cual ambas líneas aéreas puedan transportar pasajeros, carga y correo, utilizando cada una su propio código.

ARTICULO 2

Concesión de Derechos

1. Cada Parte Contratante concede a la otra Parte Contratante los siguientes derechos para la prestación de servicios aéreos por las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante:

a) el derecho de volar a través de su territorio sin aterrizar;

b) el derecho de hacer escalas en su territorio para fines no comerciales; y

c) el derecho de prestar servicios regulares y no regulares, combinados de pasajeros y carga, o exclusivos de carga, entre puntos del territorio de la contraparte, entre ambos territorios, y entre el territorio de la contraparte y cualquier tercer país, directamente o a través de su propio territorio, pudiendo dichos servicios no comprender ningún punto del territorio de la Parte que designa la línea aérea; sin limitaciones en cuanto a rutas, frecuencias y material de vuelo, que podrá ser propio, arrendado o fletado.

2. Las líneas aéreas designadas de una Parte Contratante tendrán el derecho de utilizar todas las aerovías, aeropuertos y otras facilidades en el territorio de la otra Parte Contratante, sobre bases no discriminatorias.

3. Cada línea aérea designada, en cualquiera o en todos sus vuelos, podrá a su elección:

a. Efectuar vuelos en cualquier dirección o en ambas.

b. Combinar diferentes números de vuelo en la operación de una sola aeronave.

c. Servir en las rutas un punto o puntos anteriores, intermedios o más allá del territorio de las Partes, en cualquier combinación u orden.

d. Omitir escalas en cualquier punto o puntos.

e. Transferir el tráfico desde cualquiera de sus aeronaves a cualquier otra de sus aeronaves en cualquier punto de las rutas.

f. Servir puntos anteriores a cualquier punto en su territorio, con o sin cambio de aeronave o número de vuelo, y poder ofrecer y anunciar dichos servicios al público como servicios directos.

ARTICULO 3

Designación y Autorización

1. Cada Parte Contratante tendrá el derecho a designar tantas líneas aéreas como desee para realizar transporte aéreo en virtud del presente Convenio, y de retirar o cambiar tales designaciones. Dichas designaciones se transmitirán por escrito entre ambas autoridades aeronáuticas y por vía diplomática, a la otra Parte Contratante, y especificarán el tipo de transporte aéreo que la línea aérea está autorizada a efectuar de conformidad con lo establecido en el Artícu-lo 2.

2. Al recibo de dicha designación, y de las solicitudes de la o las líneas aéreas designadas, las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante deberán otorgar las autorizaciones y permisos apropiados con los retrasos mínimos de procedimiento, de conformidad con el párrafo 1 de este Artículo, sujetas a las disposiciones de los párrafos 3 y 4 de este artículo.

3. Las autoridades aeronáuticas de una Parte Contratante pueden exigir a una línea aérea designada de la otra Parte Contratante que 1le demuestre que está calificada para cumplir con las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos normal y razonablemente aplicados por dichas autoridades en la operación de servicios aéreos comerciales.

4. Cada Parte Contratante tendrá el derecho de negarse a aceptar la designación referida en el párrafo 2 de este Artículo, o de imponer a una línea aérea designada las condiciones que estime necesarias para el ejercicio de los derechos especificados en el artículo 2 de este Convenio, en cualquier caso en que:

(a) dicha Parte Contratante no esté convencida que el control efectivo de dicha aerolínea se encuentra en manos de nacionales de la Parte Contratante que la designó;

(b) la línea aérea no esté constituida ni tenga su oficina principal de negocios en el territorio de dicha Parte; y

(d) la Parte que reciba la designación determine que la propiedad sustancial de la línea aérea se encuentra en manos de sus nacionales.

5. Cuando una línea aérea haya sido así designada y autorizada, podrá iniciar la operación de los servicios acordados para los cuales haya sido designada, ateniéndose a las disposiciones de este Convenio y con un mínimo de demora administrativa.

ARTICULO 4

Revocación, suspensión o limitación de la Autorización

1. Cada Parte Contratante se reserva el derecho de revocar, suspender o limitar las autorizaciones de operación o los permisos técnicos de una línea aérea designada por la otra Parte Contratante, en caso que:

a) el control efectivo de dicha línea aérea no esté en poder de nacionales de la otra Parte Contratante;

b) la línea aérea no esté constituida ni tenga su oficina principal de negocios en el territorio de la otra Parte Contratante;

c) la Parte que reciba la designación determine que la propiedad sustancial de la línea aérea se encuentra en manos de sus nacionales;

d) dicha línea aérea no haya cumplido con las leyes y los reglamentos a que se hace referencia en el Artículo 5 (Aplicación de las leyes) del presente Convenio;

e) la línea aérea deje de operar conforme a las condiciones establecidas según este Convenio.

2. Salvo que la revocación, suspensión o imposición inmediata de las condiciones mencionadas en el párrafo 1 de este Artículo fuese indispensable para evitar nuevas violacio-nes de las leyes y reglamentos, el mencionado derecho se ejercerá solo previa consulta con la otra Parte Contratante.

3. Este Artículo no limita el derecho de cualquiera de las Partes Contratantes a detener, limitar o condicionar el transporte aéreo, de acuerdo con las disposiciones de los Artículos 6 (Reconocimiento de los Certificados y Licencias) y 7 (Seguridad en la Aviación).

ARTICULO 5

Aplicación de las Leyes

1. Las leyes y reglamentos que regulen, sobre el territorio de cada Parte Contratante la entrada, permanencia y salida del país de las aeronaves dedicadas a la navegación aérea internacional, y las que regulen los trámites relativos a la migración, a las aduanas y a las medidas sanitarias, se aplicarán también en dicho territorio a las operaciones de la empresa designada por la otra Parte Contratante, aplicación que no podrá ser discriminatoria con respecto a terceros países.

2. Las leyes y reglamentos de una Parte Contratante relacionados con la provisión de información estadística, serán cumplidos por las líneas aéreas de la otra Parte Contratante.

ARTICULO 6

Reconocimiento de los Certificados y Licencias

1. Para los fines de realizar operaciones de transporte aéreo en virtud del presente Convenio, cada Parte Contratante aceptará como válidos los certificados de aeronavegabilidad y de competencia y las licencias expedidas o convalidadas por la otra Parte Contratante y que aún estén en vigor, a condición de que los requisitos para tales certificados o licencias sean, por lo menos, iguales a las normas mínimas que pudieran ser establecidas en virtud de la Convención. No obstante, cada Parte Contratante se reserva el derecho de negarse a aceptar como válidos para los fines de volar sobre su territorio, los certificados de competencia y las licencias otorgadas o convalidadas a sus propios nacionales por la otra Parte Contratante.

2. Cada Parte Contratante podrá solicitar la celebración de consultas sobre las normas de seguridad aplicadas por la otra Parte Contratante en lo relativo a instalaciones aeronáuticas, tripulaciones aéreas, aeronaves y a la operación de las líneas aéreas designadas. Si después de celebrarse tales consultas, una de las Partes Contratantes comprueba que la otra Parte Contratante no mantiene ni aplica eficazmente normas y requisitos de seguridad en estos campos, que sean por lo menos iguales a las normas mínimas que puedan ser establecidas en virtud de la Convención, se notificará a la otra Parte Contratante sobre el resultado de tales comprobaciones y las medidas que se estiman necesarias para cumplir con dichas normas mínimas; y la otra Parte Contratante tomará las medidas correctivas apropiadas. Cada Parte Contratante se reserva el derecho a rechazar, revocar o limitar la autorización de operación o el permiso técnico de una línea o líneas aéreas designadas por la otra Parte Contratante, en caso de que la otra Parte Contratante no tome tales medidas apropiadas dentro de un plazo razonable.

ARTICULO 7

Seguridad

1. Conforme a sus derechos y obligaciones derivados del Derecho Internacional, las Partes Contratantes ratifican que su obligación de proteger, en su relación mutua, la seguridad de la aviación civil contra actos de interferencia ilícita, constituye parte integrante del presente Convenio.

2. Las Partes Contratantes se prestarán, a requerimiento de una de ellas, la ayuda que sea necesaria para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves y otros actos ilícitos contra la seguridad de los pasajeros, tripulación, aeronaves, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación.

3. Sin que signifique una limitación a sus derechos y obligaciones generales derivados del Derecho Internacional, ambas Partes Contratantes actuarán de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre las Infracciones y ciertos otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, firmado en Tokio el 14 de setiembre de 1963; el Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmando en La Haya el 16 de diciembre de 1970, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmando en Montreal el 23 de setiembre de 1971 y el Protocolo para la Represión de los Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988, siempre y cuando ambas Partes Contratantes sean Partes en estos Convenios.

4. Las Partes Contratantes actuarán, en sus relaciones mutuas, de conformidad con las disposiciones sobre seguridad de la aviación establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional y que se denominan Anexos a la Convención sobre Aviación Civil Internacional, en la medida que tales normas sobre seguridad le sean aplicables a las Partes Contratantes. Estas exigirán que los explotadores de aeronaves de su matrícula, o los explotadores que tengan la oficina principal o residencia permanente en su territorio, y los explotadores de aeropuertos situados en su territorio actúen de conformidad con dichas normas sobre seguridad de la aviación.

5. Cada Parte Contratante conviene en que se puede exigir a sus operadores de aeronaves que cumplan las disposiciones sobre seguridad exigidas por la otra Parte Contratante para la entrada, salida y permanencia en el territorio de esa otra Parte Contratante y en adoptar las medidas adecuadas para proteger a las aeronaves e inspeccionar a los pasajeros, a la tripulación y sus efectos personales, así como la carga y el suministro de a bordo de las aeronaves, antes y durante el embarque o la estiba. Cada una de las Partes Contratantes dará también acogida favorable a toda solicitud de la otra Parte Contratante para que adopte medidas especiales de seguridad, con el fin de afrontar una amenaza determinada.

6. Cuando se produzca un incidente o amenaza de incidente de apoderamiento ilícito de aeronaves civiles u otros actos ilícitos contra la seguridad de los pasajeros, tripulación, aeronaves, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea, las Partes Contratantes se asistirán mutuamente facilitando las comunicaciones y otras medidas apropiadas destinadas a poner término, en forma rápida y segura, a dicho incidente o amenaza.

7. Cuando una de las Partes Contratantes tenga motivos razonables para creer que la otra Parte Contratante no se ajusta a las disposiciones sobre seguridad de la aviación estipuladas en el presente Artículo, las autoridades aeronáuticas de esa Parte Contratante podrán solicitar consultas inmediatas con las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante. El hecho de no llegar a un acuerdo satisfactorio dentro de los 15 días siguientes a la fecha de dicha solicitud, será causa para rechazar, revocar, limitar o imponer condiciones a la autorización de operaciones o al permiso técnico de una línea o líneas aéreas de la otra Parte Contratante. En caso de emergencia, una Parte Contratante podrá adoptar medidas provisionales antes que haya transcurrido el plazo de 15 días.

ARTICULO 8

Oportunidades Comerciales

1. Las líneas aéreas de cualquiera de las Partes Contratantes podrán establecer oficinas en el territorio de la otra Parte Contratante para la promoción y venta de transporte aéreo.

2. Las líneas aéreas designadas de cualquiera de las Partes Contratantes, de conformidad con las leyes y reglamentos de la otra Parte Contratante relativos al ingreso, residencia y empleo, podrán enviar al territorio de la otra Parte Contratante y mantener en él, personal administrativo, técnico operacional, de ventas y otro personal especializado, para la prestación de servicios de transporte aéreo, de conformidad con la legislación nacional.

3. Cada línea aérea designada podrá encargarse de sus propios servicios de tierra en el territorio de la otra Parte Contratante ("servicios autónomos") o, si lo prefiere, efectuar una selección entre agentes competidores para llevar a cabo estos servicios. Estos derechos estarán sujetos solamente a restricciones físicas derivadas de consideraciones relativas a la seguridad aeroportuaria. En los casos en que tales consideraciones impidan los servicios autónomos, se ofrecerán servicios de tierra a todas las líneas aéreas sobre una base de igualdad; los cargos estarán basados en los costos de los servicios prestados y dichos servicios serán comparables en clase y calidad a los servicios autónomos, si la prestación de estos fuere posible.

Se excluye de las previsiones anteriores al Aeropuerto de Laguna del Sauce (Punta del Este - República Oriental del Uruguay), mientras esté vigente la actual concesión del mismo.

4. Cada línea aérea designada de cualquiera de las Partes Contratantes podrá dedicarse a la venta de transporte aéreo en el territorio de la otra Parte Contratante directamente y, si lo desea, a través de sus agentes. Cada línea aérea designada podrá vender este transporte, y cualquier persona estará en libertad de adquirirlo, en la moneda de dicho territorio o en monedas de libre conversión, de conformidad con las disposiciones cambiarias vigentes de cada Parte Contratante.

5. Cada Parte Contratante otorga a las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante el derecho a remitir a sus oficinas principales los ingresos obtenidos en el territorio de la primera Parte Contratante, una vez descontados los gastos. La conversión y remesa se permitirá con prontitud y sin restricciones o gravámenes fiscales, el tipo de cambio vigente aplicable a las transacciones y remesas en ese momento.

6. Las líneas áreas designadas de ambas Partes Contratantes podrán operar servicios, utilizando las modalidades de código compartido, bloque de espacio y otras fórmulas de operación conjunta: I) con líneas aéreas de cualquiera de las Partes Contratantes y II) con líneas aéreas de un tercer país, siempre y cuando dicho tercer país autorice o permita acuerdos equivalentes entre las líneas aéreas de la otra Parte y otras líneas aéreas en los servicios hacia y desde dicho tercer país.

Todas las líneas aéreas que concierten estos acuerdos deben contar con los derechos de tráfico correspondientes y cumplir con los requisitos que normalmente se apliquen a dichos acuerdos.

ARTICULO 9

Derechos Aduaneros

1. Las aeronaves operadas en servicios internacionales por las líneas aéreas designadas de cualesquiera de las Partes Contratantes, así como su equipo regular, piezas de repuesto, abastecimientos de combustibles, lubricantes y provisiones de la aeronave (incluyendo comida, bebidas y tabacos), a bordo de tales aeronaves, estarán exentas de todos los derechos de aduana, honorarios de inspección y otros derechos o impuestos al llegar al territorio de la otra Parte Contratante, siempre que ese equipo y suministros permanezcan a bordo de la aeronave hasta el momento en que sean reexportados.

2. También estarán exentos de dichos derechos e impuestos, con excepción de los cargos correspondientes al servicio prestado:

a) los suministros de la aeronave embarcados en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, dentro de los límites fijados por las autoridades competentes de dicha Parte Contratante y para su consumo a bordo de la aeronave afectada a los servicios convenidos de la otra Parte Contratante;

b) los repuestos, ingresados al territorio de cualquiera de las Partes Contratantes, para la mantención o reparación de la aeronave utilizada por la línea o líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, en los servicios convenidos;

c) los combustibles y lubricantes, destinados al abastecimiento de la aeronave operada por la o las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante en los servicios convenidos, aun cuando estos suministros se deban utilizar en el trayecto efectuado sobre el territorio de la otra Parte Contratante en el cual se hayan embarcado.

Podrán exigirse que queden sometidos a vigilancia o control aduanero los elementos mencionados en los subpárrafos a), b) y c) precedentes.

3. El equipo habitual de las aeronaves, así como los materiales y suministros que se encuentren a bordo de las aeronaves de cualquiera de las Partes Contratantes, podrá ser descargado en el territorio de la otra Parte Contratante solo con la aprobación de las autoridades aduaneras de dicha otra Parte Contratante. En tal caso, podrán mantenerse bajo la vigilancia de dichas autoridades hasta el momento en que sean reexportados o se disponga de ellos de otra manera, de acuerdo con los reglamentos aduaneros.

ARTICULO 10

Cargos al Usuario

1. Los cargos al usuario que impongan los organismos competentes a las líneas aéreas de la otra Parte Contratante serán justos, razonables y no discriminatorios.

2. Cada Parte Contratante estimulará la celebración de consultas entre los organismos competentes de su territorio y las líneas aéreas que utilicen los servicios y las instalaciones, y alentará a los organismos competentes y a las líneas aéreas a intercambiar la información que sea necesaria para permitir un examen minucioso que determine si los cargos son razonables.

ARTICULO 11

Competencia entre líneas aéreas

1. Cada una de las Partes Contratantes dará una oportunidad justa y equitativa a las líneas aéreas designadas de ambas Partes Contratantes, para competir en el transporte aéreo a que se refiere el presente Convenio.

2. La capacidad de transporte ofrecida por las líneas aéreas designadas será determinada por cada una de ellas, sobre la base de las demandas del mercado.

3. Ninguna de las Partes Contratantes limitará unilateralmente el volumen de tráfico, la frecuencia o regularidad del servicio, o el tipo o los tipos de aeronaves explotadas por las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante, salvo cuando sea necesario por razones aduaneras, técnicas, operacionales o ambientales, de acuerdo a condiciones uniformes compatibles con el Artículo 15 de la Convención.

4. Cada una de las Partes Contratantes adoptará todas las medidas apropiadas dentro de su jurisdicción para eliminar cualquier forma de discriminación o prácticas de competencia desleal que tengan un efecto adverso sobre la posición competitiva de las líneas aéreas de la otra Parte Contratante.

5. Cada Parte Contratante minimizará los trámites administrativos de los requisitos y procedimientos de presentación que deban cumplir las líneas aéreas designadas de la otra Parte Contratante y asegurará que tales requisitos y procedimientos se aplicarán sobre bases no discriminatorias.

ARTICULO 12

Tarifas

1. Cada líneas aérea designada fijará sus tarifas para el transporte aéreo, basadas en consideraciones comerciales de mercado. La intervención de las Partes Contratantes se limitará a:

a) impedir prácticas o tarifas discriminatorias;

b) proteger a los consumidores respecto a tarifas excesivamente altas o restrictivas que se originen del abuso de una posición dominante; y

c) proteger a las líneas aéreas respecto a tarifas artificialmente bajas derivadas de un apoyo o subsidio gubernamental directo o indirecto.

2. Ninguna de las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes podrá actuar unilateralmente a fin de impedir la introducción de cualquier tarifa que se proponga cobrar o que cobre una línea aérea designada de cualquiera de las Partes Contratantes, salvo lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 de este Artículo.

3. Las autoridades aeronáuticas de cada Parte Contratante podrán requerir que se notifiquen o se registren ante sus autoridades aeronáuticas las tarifas, desde o hacia su territorio, que se propongan cobrar las líneas aéreas de la otra Parte Contratante. Podrá exigirse que tal notificación o registro se haga en un plazo no superior a 60 días antes de la fecha propuesta para su entrada en vigencia.

4. Si cualquiera de las autoridades aeronáuticas de las Partes Contratantes considera que una tarifa propuesta o en aplicación es incompatible con las consideraciones estipuladas en el párrafo 1 del presente Artículo, ellas deberán notificar a las autoridades aeronáuticas de la otra Parte Contratante las razones de su disconformidad, tan pronto como sea posible. Las autoridades aeronáuticas de ambas Partes Contratantes harán entonces los mayores esfuerzos para resolver la cuestión entre ellas. Cada Parte Contratante podrá solicitar consultas. Estas consultas se celebrarán en un plazo no superior a 30 días desde la recepción de la solicitud y las Partes Contratantes cooperarán a fin de disponer de la información necesaria para llegar a una resolución razonada de la cuestión. Si las Partes Contratantes logran un acuerdo sobre una tarifa respecto de la cual se presentó una notificación de disconformidad, cada Parte Contratante realizará los mayores esfuerzos para llevarlo a la práctica. Si terminadas las consultas no hay acuerdo mutuo, tal tarifa, continuará en vigor.

5. Las tarifas de los servicios de transporte aéreo de cabotaje se regirán por el derecho interno de cada una de las Partes Contratantes.

ARTICULO 13

Consultas y Enmiendas

1. Cualquiera de las Partes Contratantes podrá, en cualquier momento, solicitar la celebración de consultas relativas al presente Convenio. Tales consultas comenzarán a la mayor brevedad posible, pero no después de 45 días de la fecha en que la otra Parte Contratante reciba la solicitud, a menos que se acuerde de otro modo.

2. Cualquier modificación al presente Convenio entrará en vigor en la fecha de Intercambio de Notas en que se señale que todos los procedimientos internos necesarios se han completado por ambas Partes Contratantes.

ARTICULO 14

Solución de Controversias

1. Si surgiera alguna discrepancia entre las Partes Contratantes en relación con la interpretación o aplicación del presente Convenio, las Partes Contratantes en primer lugar tratarán de solucionarla mediante negociación entre ellas. Si las Partes Contratantes no llegaran a un arreglo mediante negociación, podrán acordar someter la discrepancia a la decisión de un tribunal arbitral.

2. El arbitraje deberá llevarse a efecto por un tribunal compuesto por tres árbitros que se constituirá de la siguiente manera:

a) Dentro de los 30 días después de recibida la solicitud de arbitraje, cada Parte Contratante designará un árbitro. Dentro de los 60 días después que estos dos árbitros hayan sido nombrados, designarán mediante acuerdo un tercer árbitro, que actuará como Presidente del Tribunal arbitral;

b) Si cualquiera de las Partes Contratantes no designa un árbitro o si el tercer árbitro no se nombra de acuerdo al subpárrafo a) de este párrafo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá requerir al Presidente del Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional que designe al árbitro o árbitros necesarios, dentro de 30 días. Si el Presidente del Consejo tiene la misma nacionalidad de una de las Partes Contratantes, hará el nombramiento el más antiguo Vice Presidente que no esté inhabilitado por la misma causa.

3. Las Partes Contratantes se comprometen a acatar cualquier decisión adoptada según el párrafo 2 de este Artículo.

4. Si cualquiera de las Partes Contratantes o las líneas aéreas de cualquiera de ellas dejaren de acatar la decisión de conformidad al párrafo 2 de este Artículo, la otra Parte Contratante podrá, mientras no se acate, limitar, impedir o revocar cualquier derecho o privilegio que haya sido otorgado en virtud de este Convenio a la Parte Contratante que no cumpla.

5. Los gastos del Tribunal Arbitral serán asumidos en montos iguales por las Partes.

ARTICULO 15

Terminación

1. En cualquier momento, cualquiera de las Partes Contratantes podrá comunicar por escrito a la otra Parte Contratante su decisión de dar por terminado el presente Convenio a través de los canales diplomáticos. Dicha comunicación se enviará simultáneamente a la Organización de Aviación Civil Internacional. El presente Convenio finalizará doce meses después de la fecha en que la otra Parte Contratan-te haya recibido la notificación, a menos que la comunicación se retire por mutuo acuerdo antes de expirar dicho plazo.

2. Si la Parte Contratante no acusa recibo de la notificación de terminación, se entenderá que ella ha sido recibida catorce (14) días después de la fecha en que la OACI acuse recibo de dicha notificación.

ARTICULO 16

Acuerdo Multilateral

Si entra en vigor un acuerdo multilateral aceptado por ambas Partes Contratantes, con respecto a cualquier asunto a que se refiere el presente Convenio, este se modificará conforme a las disposiciones del acuerdo multilateral.

ARTICULO 17

Registro en la OACI

El presente Convenio y todas sus enmiendas se registrarán en la Organización de Aviación Civil Internacional.

ARTICULO 18

Entrada en vigor

Este Convenio entrará en vigor sesenta (60) días después de la fecha de la última nota en que una de las Partes comunique a la otra, por la vía diplomática, el término de los trámites jurídicos internos correspondientes.

En fe de lo cual los abajo firmantes, estando debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado este Convenio.

HECHO en la ciudad de Santiago, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil cuatro, en dos ejemplares del mismo tenor e igualmente auténticos.

ASESORIA DE

POLITICA COMERCIAL

Montevideo, 9 de setiembre de 2008.

I) Viene a consideración de esta Asesoría, en carácter de refrenda, el Mensaje y Proyecto de Ley mediante el cual se aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile suscrito el día veintisiete de abril de dos mil cuatro en la ciudad de Santiago de Chile.

El referido Acuerdo contiene un nuevo sistema de relaciones bilaterales aeronáuticas, del que no existen antecedentes en nuestro país.

Las características son las siguientes:

a) además de las 5 primeras libertades del aire, comprende la 6° y la 9°, lo que incluye como innovación más importante la posibilidad de realizar vuelos de cabotaje para las líneas aéreas uruguayas dentro de Chile y viceversa.

b) La libertad de rutas, de frecuencias y de tipo de aeronaves es total.

c) Se prevén cláusulas en materia de la supervisión de la seguridad operacional, de acuerdo a nuevas normas y recomendaciones de la OACI.

d) Se establecen cláusulas para preservar la sana competencia entre aerolíneas de cada parte.

II) La presente refrenda ya contiene las firmas de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Transporte y Obras Públicas, quien seguramente con la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (téngase en cuenta que el Convenio fue suscrito en abril de 2004), llevaron adelante esta negociación, siendo que la materia en la actualidad no integra las áreas de negociación cubiertas por esta asesoría.

III) Sin perjuicio de ello, corresponde informar que en servicios aéreos no aplica en términos generales el trato de nación mas favorecida.

Con lo informado, se eleva a la Dirección General de Secretaría.

Ministerio de Economía y Finanzas

Asesoría de Política Comercial

MARIO GANDELMAN

ASESOR

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

CONVENIO DE TRANSPORTE AEREO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CHILE

INFORME

Al Senado:

El presente proyecto de ley propone aprobar un convenio de transporte aéreo con la República de Chile.

El convenio consta de un preámbulo y dieciocho artículos.

El referido acuerdo contiene un nuevo sistema de relaciones bilaterales aeronáuticas.

Se adecua a las nuevas tendencias internacionales, adoptadas cada vez con mayor frecuencia, en todo el mundo, como forma de potenciar el comercio internacional y el turismo.

El artículo 2, que cita la "Concesión de Derechos" entre las partes, señala que además de aceptar las primeras cinco libertadas ya clásicas del aire, agrega que este convenio comprende asimismo, las que se conocen como "desde la sexta hasta la novena libertad aérea".

Especialmente la innovación más importante, que es la posibilidad de realizar vuelos de cabotaje dentro de cada país, por líneas aéreas del otro país contraparte.

Y también la posibilidad de realizar transporte aéreo entre la contraparte y terceros países.

Libertad de rutas, frecuencias y tipo de aeronaves, facilitando las operaciones de las aerolíneas, adecuándose a las condiciones de la demanda.

Vale la pena citar textualmente el artículo 2.1.c.

"El derecho de prestar servicios regulares y no regulares, combinados de pasajeros y carga, o exclusivos de carga, entre puntos del territorio de la contraparte, entre ambos territorios, y entre el territorio de la contraparte y cualquier tercer país, directamente o a través de su propio territorio, pudiendo dichos servicios no comprender ningún punto del territorio de la parte que designa la línea aérea; sin limitaciones en cuanto a rutas, frecuencias, y material de vuelo, que podrá ser propio, arrendado o fletado."

También se prevén cláusulas en materia de supervisión de la seguridad operacional, de acuerdo a las nuevas normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo cual asegura el cumplimiento de los estándares internacionales.

Y se establecen cláusulas sobre la competencia, de modo de evitar prácticas discriminatorias.

No existen observaciones en términos generales, referente al ordenamiento jurídico de nuestro país.

Resulta interesante mencionar que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, recibió al Señor Director de Transporte Aéreo Comercial de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, ratificando las bondades de este Convenio, que permitirá de manera bilateral el desarrollo de la actividad aeronáutica.

Por lo tanto, se estima muy conveniente para los intereses de nuestro país, la aprobación de este Convenio, ya que permitirá acceder a la realización de vuelos de cabotaje dentro de Chile, y servicios de transporte aéreo entre Chile y el exterior, generando nuevas oportunidades comerciales para compañías instaladas en Uruguay.

Sala de la Comisión, 5 de agosto de 2009.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Mariano Arana, Sergio Abreu, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Julio María Sanguinetti.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gallicchio.

SEÑOR GALLICCHIO.- Señor Presidente: el presente proyecto de ley propone aprobar un convenio de transporte aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el de la República de Chile, que consta de un preámbulo y dieciocho artículos. El referido acuerdo contiene un nuevo sistema de relaciones bilaterales aeronáuticas que se adecua a las nuevas tendencias internacionales y que se está adoptando cada vez con mayor frecuencia en todo el mundo, como forma de potenciar el comercio internacional y el turismo.

El artículo 2 del Convenio, que refiere a la "Concesión de Derechos" entre las partes, señala que además de aceptar las primeras cinco libertades ya clásicas del aire, se agregarán las comprendidas desde la sexta hasta la novena. En tal sentido, la innovación más importante consiste en establecer la posibilidad de realizar vuelos de cabotaje dentro de cada país por líneas aéreas de la contraparte, así como permitir el transporte aéreo entre la contraparte y terceros países. También se establece la libertad de rutas, frecuencias y tipos de aeronaves, facilitando las operaciones de las aerolíneas y adecuándose a las condiciones de la demanda. Vale la pena citar textualmente el literal c) del inciso 1 del artículo 2 que establece: "el derecho de prestar servicios regulares y no regulares, combinados de pasajeros y cargas, o exclusivos de carga, entre puntos del territorio de la contraparte, entre ambos territorios, y entre el territorio, de la contraparte y cualquier tercer país, directamente o a través de su propio territorio, pudiendo dichos servicios no comprender ningún punto del territorio de la Parte que designa la línea aérea; sin limitaciones en cuanto a rutas, frecuencias, y material de vuelo, que podrá ser propio, arrendado o fletado".

También se prevén cláusulas en materia de supervisión de la seguridad operacional, de acuerdo a las nuevas normas y recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, lo cual asegura el cumplimiento de los estándares internacionales. Asimismo, se establecen cláusulas sobre la competencia, de modo de evitar prácticas discriminatorias.

Por otro lado, no existen observaciones, en términos generales, referidas al ordenamiento jurídico de nuestro país. Resulta interesante mencionar que la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes recibió al señor Director de Transporte Aéreo Comercial de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, ratificando las bondades de este convenio que permitirá, de manera bilateral, el desarrollo de la actividad aeronáutica.

Por lo tanto, se estima muy conveniente la aprobación de este Convenio para los intereses del país porque permitiría acceder a la realización de vuelos de cabotaje dentro de Chile y servicios de transporte aéreo entre Chile y el exterior, generando nuevas oportunidades comerciales para compañías instaladas en el Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Apruébase el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile, el 27 de abril de 2004."

SEÑOR PRESIDENTE.-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

14) CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 102 SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL (NORMA MINIMA)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo Nº 102, sobre la Seguridad Social (norma mínima), adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima quinta reunión celebrada en Ginebra, en junio de 1952 (Carp. Nº 1525/09 - Rep. Nº 1110/09)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1525/09

Rep. N° 1110/09

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 25 de mayo de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 numerales 5 y 6 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y el artículo 168 inciso 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley por el que propicia la ratificación del Convenio núm. 102 sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima quinta reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1952.

Nuestro país, a pesar de no haber ratificado el Convenio Internacional del Trabajo núm. 102, ha ratificado un conjunto numeroso de Convenios Internacionales sobre seguridad social, tanto de aquellos que pertenecen a la primera generación (CIT núm. 3 sobre maternidad; CIT núm. 24 y 25 sobre seguros de enfermedad; núm. 12, 17, 18, 19 y 42 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; núm. 88 y 96 sobre empleo; CIT núm. 103 sobre la protección de la maternidad), como de aquellos pertenecientes a la tercera generación como el CIT núm. 121 sobre las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; el CIT núm. 128 sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes; el CIT núm. 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad.

Los instrumentos jurídicos antes mencionados constituyen, en alguna medida, desarrollos de una norma de rango superior, artículo 67 de la Constitución de la República.

I. Características generales del Convenio Internacional del Trabajo núm. 102.

El Convenio Internacional del Trabajo núm. 102 se ha caracterizado como un instrumento flexible que permite ratificar como mínimo tres de las nueve ramas a que refiere. Precisamente el convenio en estudio se ocupa de regular los contenidos mínimos de: 1) asistencia médica; 2) prestaciones monetarias de enfermedad; 3) prestaciones de desempleo; 4) prestaciones de vejez; 5) prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional; 6) prestaciones familiares; 7) prestaciones de maternidad; 8) prestaciones de invalidez; y 9) prestaciones de sobrevivientes.

A partir de la introducción realizada y vistos los contenidos del CIT núm. 102, procederemos a analizar los efectos que tendría su ratificación en nuestro ordenamiento jurídico.

II. Relación entre las disposiciones del Convenio Internacional del Trabajo núm. 102 y la legislación nacional

Nuestro país ha sido, en América Latina, pionero en la implantación de programas de seguridad social para atender diferentes contingencia sociales; no obstante, limitándonos a cotejar las disposiciones previstas en el citado Convenio Internacional con la normativa nacional vigente, podemos expresar que nuestro país cumple con los mínimos previstos en el Convenio Internacional del Trabajo núm. 102.

III. Otros contenidos relevantes del Convenio Internacional del Trabajo núm. 102

Por otra parte, el mencionado Convenio núm. 102 contiene una serie de criterios o principios tales como el de responsabilidad general del Estado, la participación de los asegurados en la gestión del sistema, la financiación colectiva, el derecho de apelación de los beneficiarios, la revalorización de las prestaciones de largo plazo, la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, así como una serie de condiciones para establecer la suspensión de las prestaciones.

En el caso de nuestro país, debe señalarse que el artículo 67 de la Constitución de la República, establece que la financiación del sistema se realizará con contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley, así como, para el caso de resultar necesario, la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado. La misma norma dispone un criterio de indexación y oportunidad en que se deben practicar los ajustes o revaluaciones de las prestaciones de largo plazo.

La participación de los asegurados ha estado presente desde los orígenes, y también ha sido recogido en la Constitución de la República (literal M) de las Disposiciones Transitorias y Especiales, Ley N° 16.241 y modificativas.

El derecho de apelación o impugnación de los actos dictados por el Banco de Previsión Social también se encuentra garantizado por la Constitución de la República (Art. 317; Decreto-Ley N° 15.524; Ley N° 15.869 y modificativas).

La igualdad de trato entre nacionales y extranjeros es recogida en nuestro ordenamiento jurídico por un conjunto de disposiciones de rango constitucional (Art. 8, 72 y 332 de la Constitución de la República), asimismo el Convenio sobre igualdad de trato (seguridad social), 1962 (núm. 118), ha sido ratificado por Decreto-Ley N° 15.363, y más recientemente el artículo 18 de la Ley N° 18.250 sobre migración ratifica el mismo principio.

En consecuencia, luego de realizar el análisis del Convenio Internacional del Trabajo N° 102 y del marco jurídico interno en cada una de las ramas o contingencias sociales, en líneas generales podemos concluir que nuestro país cumple ampliamente con el citado convenio.

Por tanto, su ratificación no implicará, en términos generales, la necesidad de ajustes o modificaciones de los programas que integran nuestro sistema de seguridad social.

En otro orden, podemos afirmar que la seguridad social se ha convertido en un derecho humano básico, y resulta conveniente fortalecer el alcance de los instrumentos que lo reconocen, como lo es el Convenio N° 102.

En consecuencia, por todas las razones expresadas, se sugiere someter el Convenio Internacional del Trabajo N° 102 sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, a la Asamblea General a los efectos de su ratificación, en forma íntegra (lit. b) del numeral 5 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo).

Consultado el Grupo de Trabajo de composición tripartita creado con la finalidad de brindar asesoramiento en relación con los organismos e instancias internacionales y regionales vinculados a esta Secretaría de Estado, el mismo se pronunció en forma dividida, manifestando los representantes Gubernamentales y del Sector Trabajador su posición favorable a la ratificación integral del Convenio, mientras que la representación del Sector Empleador lo hizo en forma contraria.

Por los motivos expuestos precedentemente es que el Poder Ejecutivo cumple con someter a ese Cuerpo la norma internacional referida, solicitando la aprobación del Convenio Internacional del Trabajo N° 102 sobre la seguridad social (norma mínima), 1952.

El Poder Ejecutivo saluda a ese alto Cuerpo con las expresiones de su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernánedez, Eduardo Bonomi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- APRUEBASE el Convenio Internacional del Trabajo N° 102 sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima quinta reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1952.

Artículo 2°.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Gonzalo Fernánedez, Eduardo Bonomi.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

CONVENIO (NUM. 102) RELATIVO A LA NORMA MINIMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo;

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 4 de junio de 1952 en su trigésima quinta reunión;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la norma mínima de seguridad social, cuestión que constituye el quinto punto del Orden del Día, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional;

adopta, con fecha veintiocho de junio de mil novecientos cincuenta y dos, el siguiente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952:

PARTE I . DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

1. A los efectos del presente Convenio:

a) el término "prescrito" significa determinado por la legislación nacional o en virtud de la misma;

b) el término "residencia", significa la residencia habitual en el territorio del Miembro, y el término "residente" designa a la persona que reside habitualmente en el territorio del Miembro;

c) el término "la cónyuge" designa a la cónyuge que está a cargo de su marido;

d) el término "viuda" designa a la cónyuge que estaba a cargo de su marido en el momento de su fallecimiento;

e) el término "hijo" designa a un hijo en la edad de asistencia obligatoria a la escuela o al que tiene menos de quince años, según pueda ser prescrito;

f) la expresión "período de calificación" significa un período de cotización, un período de empleo, un período de residencia o cualquier combinación de los mismos, según pueda ser prescrito.

2. A los efectos de los artículos 10, 34 y 49, el término "prestaciones" significa sea prestaciones directas en forma de asistencia o prestaciones indirectas consistentes en un reembolso de los gastos hechos por la persona interesada.

Artículo 2

Todo Miembro para el cual esté en vigor este Convenio deberá:

a) aplicar:

i) la parte I;

ii) tres, por lo menos, de las Partes II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, que comprendan, por lo menos, una de las Partes IV, V, VI, IX y X;

iii) las disposiciones correspondientes de las Partes XI, XII y XIII;

iv) la Parte XIV; y

b) especificar en la ratificación cuáles son, de las Partes II a X, aquellas respecto de las cuales acepta las obligaciones del Convenio.

Artículo 3

1. Todo Miembro cuya economía y cuyos recursos médicos estén insuficientemente desarrollados podrá acogerse, mediante una declaración anexa a su ratificación -si las autoridades competentes lo desean, y durante todo el tiempo que lo consideren necesario-, a las excepciones temporales que figuran en los artículos siguientes: 9 d); 12 (2); 15 d); 18 (2); 21 c); 27 d); 33 b); 34 (3); 41 d); 48 c); 55 d), y 61 d).

2. Todo Miembro que haya formulado una declaración de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo deberá incluir, en la memoria anual sobre la aplicación del Convenio que habrá de presentar, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, una declaración con respecto a cada una de las excepciones a que se haya acogido, en la cual exponga:

a) las razones por las cuales continúa acogiéndose a dicha excepción; o

b) que renuncia, a partir de una fecha determinada, a acogerse a dicha excepción.

Artículo 4

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá notificar ulteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo que acepta las obligaciones del Convenio respecto de una o varias de las Partes II a X que no hubiera especificado ya en su ratificación.

2. Las obligaciones previstas en el párrafo 1 del presente artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus efectos desde la fecha de su notificación.

Artículo 5

Cuando, a los efectos del cumplimiento de cualquiera de las Partes II a X de este Convenio que hubieren sido mencionadas en su ratificación, un Miembro esté obligado a proteger a categorías prescritas de personas que en total constituyan por lo menos un porcentaje determinado de asalariados o de residentes, dicho Miembro deberá cerciorarse de que el porcentaje correspondiente ha sido alcanzado, antes de comprometerse a cumplir dicha parte.

Artículo 6

A los efectos del cumplimiento de las Partes II, III, IV, V, VIII (en lo que se relaciona con la asistencia médica), IX o X de este Convenio, todo Miembro podrá tener en cuenta la protección resultante de aquellos seguros que en virtud de la legislación nacional no sean obligatorios para las personas protegidas, cuando dichos seguros:

a) estén controlados por las autoridades públicas o administrados conjuntamente por los empleadores y los trabajadores, de conformidad con normas prescritas;

b) cubran una parte apreciable de las personas cuyas ganancias no excedan de las de un trabajador calificado del sexo masculino;

c) cumplan, conjuntamente con las demás formas de protección, cuando fuere apropiado, las disposiciones correspondientes del Convenio.

PARTE II. ASISTENCIA MEDICA

Artículo 7

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión, cuando su estado lo requiera, de asistencia médica, de carácter preventivo o curativo, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 8

La contingencia cubierta deberá comprender todo estado mórbido, cualquiera que fuere su causa, el embarazo, el parto y sus consecuencias.

Artículo 9

Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados, así como a las cónyuges y a los hijos de los miembros de esas categorías;

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes, así como a los cónyuges y a los hijos de los miembros de esas categorías;

c) sea a categorías prescritas de residentes que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los residentes;

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas, así como a los cónyuges y a los hijos de los asalariados de esas categorías.

Artículo 10

1. Las prestaciones deberán comprender, por lo menos:

a) en caso de estado mórbido:

i) la asistencia médica general, comprendidas las visitas a domicilio;

ii) la asistencia por especialistas, prestada en hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los hospitales;

iii) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales calificados; y

iv) la hospitalización, cuando fuere necesaria; y

b) en caso de embarazo, parto y sus consecuencias:

i) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y

ii) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

2. El beneficiario o su sostén de familia podrá ser obligado a participar en los gastos de asistencia médica recibida por él mismo en caso de estado mórbido; la participación del beneficiario o del sostén de familia deberá reglamentarse de manera tal que no entrañe un gravamen excesivo.

3. La asistencia médica prestada de conformidad con este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.

4. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan las prestaciones deberán estimular a las personas protegidas, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, para que utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades públicas.

Artículo 11

Las prestaciones mencionadas en el artículo 10 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos, o a los miembros de las familias cuyo sostén hayan cumplido dicho período.

Artículo 12

1. Las prestaciones mencionadas en el artículo 10, deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia cubierta, si bien, en caso de estado mórbido, la duración de las prestaciones podrá limitarse a veintiséis semanas en cada caso; ahora bien, las prestaciones no podrán suspenderse mientras continúe pagándose una prestación monetaria de enfermedad, y deberán adoptarse disposiciones que permitan la extensión del límite antes mencionado, cuando se trate de enfermedades determinadas por la legislación nacional para los que se reconoce la necesidad de una asistencia prolongada.

2. Cuando se formule una declaración en virtud del artículo 3, la duración de las prestaciones podrá limitarse a trece semanas en cada caso.

PARTE III. PRESTACIONES MONETARIAS DE ENFERMEDAD

Artículo 13

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar la concesión de prestaciones monetarias de enfermedad a las personas protegidas, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 14

La contingencia cubierta deberá comprender la incapacidad para trabajar, resultante de un estado mórbido, que entrañe la suspensión de ganancias según la defina la legislación nacional.

Artículo 15

Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados;

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes;

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67;

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas.

Artículo 16

1. Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías de la población económicamente activa, la prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66.

2. Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, la prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 67.

Artículo 17

La prestación mencionada en el artículo 16 deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos.

Artículo 18

1. La prestación mencionada en el artículo 16 deberá concederse durante todo el transcurso de la contingencia, a reserva de que su duración podrá limitarse a veintiséis semanas en cada caso de enfermedad, con la posibilidad de no pagarse la prestación por lo tres primeros días de suspensión de ganancias.

2. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la duración de la prestación podrá limitarse:

a) sea a un período tal que el número total de días por los cuales se conceda la prestación en el transcurso de un año no sea inferior a diez veces el promedio de personas protegidas durante dicho año;

b) o bien a trece semanas por cada caso de enfermedad, con la posibilidad de no pagarse la prestación por los tres primeros días de suspensión de ganancias.

PARTE IV. PRESTACIONES DE DESEMPLEO

Artículo 19

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de desempleo, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 20

La contingencia cubierta deberá comprender la suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional, ocasionada por la imposibilidad de obtener un empleo conveniente en el caso de una persona protegida que sea apta para trabajar y esté disponible para el trabajo.

Artículo 21

Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados;

b) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67;

c) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas.

Artículo 22

1. Cuando la protección comprenda a categorías de asalariados, dicha prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66.

2. Cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, la prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 67.

Artículo 23

La prestación mencionada en el artículo 22 deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos.

Artículo 24

1. La prestación mencionada en el artículo 22 deberá concederse durante todo el transcurso de la contingencia, pero su duración podrá limitarse:

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados, a trece semanas en el transcurso de un período de doce meses;

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, a veintiséis semanas en el transcurso de un período de doce meses.

2. Cuando la legislación nacional establezca que la duración de la prestación variará de conformidad con el período de cotización o de conformidad con las prestaciones recibidas anteriormente en el transcurso de un período prescrito, o con ambos factores a la vez, las disposiciones del apartado a) de párrafo 1 se considerarán cumplidas si el promedio de duración de la prestación comprende, por lo menos, trece semanas en el transcurso de un período de doce meses.

3. La prestación podrá no ser pagada por un período de espera fijado en los siete primeros días en cada caso de suspensión de ganancias, contando como parte del mismo caso de suspensión de ganancias los días de desempleo antes y después de un empleo temporal que no exceda de una duración prescrita.

4. Cuando se trate de trabajadores de temporada, de duración de la prestación y el período de espera podrán adaptarse a las condiciones de empleo.

PARTE V. PRESTACIONES DE VEJEZ

Artículo 25

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de vejez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 26

1. La contingencia cubierta será la supervivencia más allá de una edad prescrita.

2. La edad prescrita no deberá exceder de sesenta y cinco años. Sin embargo, la autoridad competente podrá fijar una edad más elevada, teniendo en cuenta la capacidad de trabajo de las personas de edad avanzada en el país de que se trate.

3. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito.

Artículo 27

Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados;

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes;

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67;

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración, en virtud del artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas.

Artículo 28

La prestación consistirá en un pago periódico, calculado en la forma siguiente:

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66;

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67.

Artículo 29

1. La prestación mencionada en el artículo 28 deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos:

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación que podrá consistir en treinta años de cotización o de empleo, o en veinte años de residencia;

b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se hayan pagado, durante el período activo de su vida, cotizaciones cuyo promedio anual alcance una cifra prescrita.

2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1 esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos:

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, de conformidad con reglas prescritas, un período de calificación de quince años de cotización o de empleo; o

b) cuando en principio estén protegidas todas las personas económicamente activas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de calificación prescrito de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, durante el período activo de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones prescrito a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al indicado en el cuadro anexo a dicha parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las personas que hayan cumplido, de conformidad con reglas prescritas, diez años de cotización o de empleo, o cinco años de residencia.

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional del porcentaje indicado en el cuadro anexo a la parte XI cuando el período de calificación correspondiente a la prestación del porcentaje reducido sea superior a diez años de cotización o de empleo, pero inferior a treinta años de cotización o de empleo. Cuando dicho período de calificación sea superior a quince años, se concederá una pensión reducida, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo.

5. Cuando la concesión de la prestación mencionada en los párrafos 1, 3 o 4 del presente artículo esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, en las condiciones prescritas, a las personas protegidas que, por el solo hecho de la edad avanzada a que hubieren llegado cuando las disposiciones que permitan aplicar esta parte del Convenio se haya puesto en vigor, no hayan podido cumplir las condiciones prescritas de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo, a menos que, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 1, 3 ó 4 de este artículo, se conceda una prestación a tales personas a una edad más elevada que la normal.

Artículo 30

Las prestaciones mencionadas en los artículos 28 y 29 deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia.

PARTE VI. PRESTACIONES EN CASO DE

ACCIDENTE DEL TRABAJO, Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL

Artículo 31

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 32

Las contingencias cubiertas deberán comprender las siguientes, cuando sean ocasionadas por un accidente del trabajo o una enfermedad profesional prescritos:

a) estado mórbido;

b) incapacidad para trabajar que resulte de un estado mórbido y entrañe la suspensión de ganancias, según la defina la legislación nacional;

c) pérdida total de la capacidad para ganar o pérdida parcial que exceda de un grado prescrito, cuando sea probable que dicha pérdida total o parcial sea permanente, o disminución correspondiente de las facultades físicas; y

d) pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho a las prestaciones puede quedar condicionado a la presunción, conforme a la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir a sus propias necesidades.

Artículo 33

Las personas protegidas deberán comprender:

a) categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados, y, para las prestaciones a que da derecho la muerte del sostén de familia, también a las cónyuges y a los hijos de los asalariados de esas categorías; o

b) cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas, y, para las prestaciones a que da derecho la muerte del sostén de familia, también a las cónyuges y a los hijos de los asalariados de esas categorías.

Artículo 34

1. Con respecto al estado mórbido, las prestaciones deberán comprender la asistencia médica, tal como se especifica en los párrafos 2 y 3 de este artículo.

2. La asistencia médica comprenderá:

a) la asistencia médica general y la ofrecida por especialistas, a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, comprendidas las visitas a domicilio;

b) la asistencia odontológica;

c) la asistencia por enfermeras, a domicilio, en un hospital o en cualquier otra institución médica;

d) el mantenimiento en un hospital, centro de convalecencia, sanatorio u otra institución médica;

e) el suministro de material odontológico, farmacéutico y cualquier otro material médico o quirúrgico, comprendidos los aparatos de prótesis y su conservación, así como los anteojos; y

f) la asistencia suministrada por miembros de otras profesiones reconocidas legalmente como conexas con la profesión médica, bajo la vigilancia de un médico o dentista.

3. Cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, la asistencia médica deberá comprender, por lo menos;

a) la asistencia médica general, comprendidas las visitas a domicilio;

b) la asistencia por especialistas, ofrecida en hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas, y la asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los hospitales;

c) el suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales calificados; y

d) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

4. La asistencia médica prestada de conformidad con los párrafos precedentes tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.

Artículo 35

1. Los departamentos gubernamentales o las instituciones que concedan la asistencia médica deberán cooperar, cuando fuere oportuno, con los servicios generales de reeducación profesional, a fin de readaptar para un trabajo apropiado a las personas de capacidad reducida.

2. La legislación nacional podrá autorizar a dichos departamentos o instituciones para que tomen medidas destinadas a la reeducación profesional de las personas de capacidad reducida.

Artículo 36

1. Con respecto a la incapacidad para trabajar o a la pérdida total de capacidad para ganar, cuando es probable que sea permanente, a la disminución correspondiente de las facultades físicas o a la muerte del sostén de familia, la prestación deberá consistir en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66.

2. En caso de pérdida parcial de la capacidad para ganar, cuando es probable que sea permanente, o en caso de una disminución correspondiente de las facultades físicas, la prestación, cuando deba ser pagada, consistirá en un pago periódico que represente una proporción conveniente de la prestación prevista en caso de pérdida total de la capacidad para ganar o de una disminución correspondiente de las facultades físicas.

3. Los pagos periódicos podrán substituirse por un capital pagado de una sola vez:

a) cuando el grado de incapacidad sea mínimo; o

b) cuando se garantice a las autoridades competentes el empleo razonable de dicho capital.

Artículo 37

Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas protegidas que estuvieran empleadas como asalariados en el territorio del Miembro en el momento del accidente o en el momento en que se contrajo la enfermedad; y si se trata de pagos periódicos resultantes del fallecimiento del sostén de familia, a la viuda y a los hijos de aquel.

Artículo 38

Las prestaciones mencionadas en los artículos 34 y 36 deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo, con respecto a la incapacidad para trabajar, la prestación podrá no pagarse por los tres primeros días en cada caso de suspensión de ganancias.

PARTE VII. PRESTACIONES FAMILIARES

Artículo 39

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones familiares de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 40

La contingencia cubierta será la de tener hijos a cargo en las condiciones que se prescriban.

Artículo 41

Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados;

b) sea a categorías prescritas de la población económicamente activa que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes;

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos;

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas.

Artículo 42

Las prestaciones deberán comprender:

a) sea un pago periódico concedido a toda persona protegida que haya cumplido el período de calificación prescrito;

b) sea el suministro a los hijos, o para los hijos, de alimentos, vestido, vivienda y el disfrute de vacaciones o de asistencia doméstica;

c) o bien una combinación de las prestaciones mencionadas en a) y b).

Artículo 43

Las prestaciones mencionadas en el artículo 42 deberán garantizarse, por lo menos, a las personas protegidas que hayan cumplido, durante un período prescrito, un período de calificación que podrá consistir en tres meses de cotización o de empleo, o en un año de residencia, según se prescriba.

Artículo 44

El valor total de las prestaciones concedidas, de conformidad con el artículo 42, a las personas protegidas, deberá ser tal que represente:

a) el 3 por ciento del salario de un trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino, determinado de conformidad con las disposiciones del artículo 66, multiplicado por el número total de hijos de todas las personas protegidas; o

b) el 1,5 por ciento del salario susodicho, multiplicado por el número total de hijos de todos los residentes.

Artículo 45

Cuando las prestaciones consistan en un pago periódico, deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia.

PARTE VIII. PRESTACIONES DE MATERNIDAD

Artículo 46

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de maternidad, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 47

La contingencia cubierta deberá comprender el embarazo, el parto y sus consecuencias, y la suspensión de ganancias resultantes de los mismos, según la defina la legislación nacional.

Artículo 48

Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de asalariados, categorías que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados, y, en lo que concierne a las prestaciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de los hombres comprendidos en esas mismas categorías;

b) sea a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de la población económicamente activa, categorías que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes, y, en lo que concierne a las prestaciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de los asalariados comprendidos en esas mismas categorías;

c) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a todas las mujeres que pertenezcan a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas, y en lo que concierne a las prestaciones médicas de maternidad, también a las cónyuges de los hombres comprendidos en esas mismas categorías.

Artículo 49

1. En lo que respecta al embarazo, al parto y sus consecuencias, las prestaciones médicas de maternidad deberán comprender la asistencia médica mencionada en los párrafos 2 y 3 de este artículo.

2. La asistencia médica deberá comprender, por lo menos:

a) la asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o por una comadrona diplomada; y

b) la hospitalización, cuando fuere necesaria.

3. La asistencia médica mencionada en el párrafo 2 de este artículo tendrá por objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la mujer protegida, así como su aptitud para el trabajo y para hacer frente a sus necesidades personales.

4. Las instituciones o los departamentos gubernamentales que concedan las prestaciones médicas de maternidad deberán, por cuantos medios puedan ser considerados apropiados, estimular a las mujeres protegidas para que utilicen los servicios generales de salud puestos a su disposición por las autoridades públicas o por otros organismos reconocidos por las autoridades públicas.

Artículo 50

Con respecto a la suspensión de ganancias resultante del embarazo, del parto y sus consecuencias, la prestación consistirá en un pago periódico calculado de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o las del artículo 66. El monto del pago periódico podrá variar en el transcurso de la contingencia, a condición de que el monto medio esté de conformidad con las disposiciones susodichas.

Artículo 51

Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos, a las mujeres pertenecientes a las categorías protegidas que hayan cumplido el período de calificación que se considere necesario para evitar abusos; las prestaciones mencionadas en el artículo 49 deberán también garantizarse a las cónyuges de los trabajadores de las categorías protegidas, cuando estos hayan cumplido el período de calificación previsto.

Artículo 52

Las prestaciones mencionadas en los artículos 49 y 50 deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia; sin embargo, los pagos periódicos podrán limitarse a doce semanas, a menos que la legislación nacional imponga o autorice un período más largo de abstención del trabajo, en cuyo caso los pagos no podrán limitarse a un período de menor duración.

PARTE IX. PRESTACIONES DE INVALIDEZ

Artículo 53

Todo Miembro para el cual está en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de invalidez, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 54

La contingencia cubierta deberá comprender la ineptitud para ejercer una actividad profesional, en un grado prescrito, cuando sea probable que esta ineptitud será permanente o cuando la misma subsista después de cesar las prestaciones monetarias de enfermedad.

Artículo 55

Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados;

b) sea a categorías prescritas de la población activa que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes;

c) sea a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos de conformidad con las disposiciones del artículo 67;

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a categorías prescritas de asalariados que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas.

Artículo 56

La prestación deberá consistir en un pago periódico calculado en la forma siguiente:

a) cuando la protección comprenda a categorías de asalariados o a categorías de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66;

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de un límite prescrito, de conformidad con las disposiciones del artículo 67.

Artículo 57

1. La prestación mencionada en el artículo 56 deberá garantizarse, en la contingencia cubierta, por lo menos:

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, según reglas prescritas, un período de calificación que podrá ser de quince años de cotización o de empleo o de diez años de residencia; o

b) cuando en principio todas las personas económicamente activas estén protegidas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de tres años de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado, en el transcurso del período activo de su vida, cotizaciones cuyo promedio anual alcance un valor prescrito.

2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1 esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos:

a) a las personas protegidas que hayan cumplido, antes de la contingencia, según reglas prescritas, un período de cinco años de cotización o de empleo; o

b) cuando en principio todas las personas económicamente activas estén protegidas, a las personas protegidas que hayan cumplido un período de tres años de cotización y en nombre de las cuales se haya pagado en el transcurso del período activo de su vida la mitad del promedio anual de cotizaciones prescritas a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al indicado en el cuadro anexo a esta parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las personas protegidas que hayan cumplido, de conformidad con reglas prescritas, cinco años de cotización, empleo o residencia.

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje indicado en el cuadro anexo a la parte XI cuando el período de calificación correspondiente a la prestación del porcentaje reducido sea superior a cinco años de cotización o de empleo, pero inferior a quince años de cotización o de empleo. Deberá concederse una prestación re-ducida, de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo.

Artículo 58

Las prestaciones previstas en los artículos 56 y 57 deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia o hasta que sean substituidas por una prestación de vejez.

PARTE X. PRESTACIONES DE SOBREVIVIENTES

Artículo 59

Todo Miembro para el cual esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones de sobrevivientes, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

Artículo 60

1. La contingencia cubierta deberá comprender la pérdida de medios de existencia sufrida por la viuda o los hijos como consecuencia de la muerte del sostén de familia; en el caso de la viuda, el derecho a la prestación podrá quedar condicionado a la presunción, según la legislación nacional, de que es incapaz de subvenir a sus propias necesidades.

2. La legislación nacional podrá suspender la prestación si la persona que habría tenido derecho a ella ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas, o podrá reducir las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito, y las prestaciones no contributivas, cuando las ganancias del beneficiario, o sus demás recursos, o ambos conjuntamente, excedan de un valor prescrito.

Artículo 61

Las personas protegidas deberán comprender:

a) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que pertenezcan a categorías prescritas de asalariados, categorías que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados;

b) sea a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que pertenezcan a categorías prescritas de la población económicamente activa, categorías que en total constituyan, por lo menos, el 20 por ciento de todos los residentes;

c) sea, cuando sean residentes, a todas las viudas y a todos los hijos que hayan perdido su sostén de familia y cuyos recursos durante la contingencia cubierta no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67;

d) o bien, cuando se haya formulado una declaración en virtud del artículo 3, a las cónyuges y a los hijos del sostén de familia que pertenezcan a categorías prescritas de asalariados, categorías que en total constituyan, por lo menos, el 50 por ciento de todos los asalariados que trabajen en empresas industriales en las que estén empleadas, como mínimo, veinte personas.

Artículo 62

La prestación deberá consistir en un pago periódico, calculado en la forma siguiente:

a) cuando la protección comprenda categorías de asalariados o categorías de la población económicamente activa, de conformidad con las disposiciones del artículo 65 o con las del artículo 66; o

b) cuando la protección comprenda a todos los residentes cuyos recursos durante la contingencia no excedan de límites prescritos, de conformidad con las disposiciones del artículo 67.

Artículo 63

1. La prestación mencionada en el artículo 62 deberá garantizarse en la contingencia cubierta, por lo menos:

a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según reglas prescritas, un período de calificación que podrá consistir en quince años de cotización o de empleo o en diez años de residencia; o

b) cuando en principio las cónyuges y los hijos de todas las personas económicamente activas estén protegidos, a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido un período de tres años de cotización, a condición de que se hayan pagado en nombre de ese sostén de familia, en el transcurso del período activo de su vida, cotizaciones cuyo promedio anual alcance un valor prescrito.

2. Cuando la concesión de la prestación mencionada en el párrafo 1, esté condicionada al cumplimiento de un período mínimo de cotización o de empleo, deberá garantizarse una prestación reducida, por lo menos:

a) a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido, según reglas prescritas, un período de cinco años de cotización o de empleo; o

b) cuando en principio las cónyuges y los hijos de todas las personas económicamente activas estén protegidos, a las personas protegidas cuyo sostén de familia haya cumplido un período de tres años de cotización, a condición de que se haya pagado en nombre de ese sostén de familia, en el transcurso del período activo de su vida, la mitad del promedio anual de cotizaciones prescrito a que se refiere el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.

3. Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se considerarán cumplidas cuando se garantice una prestación calculada de conformidad con la parte XI, pero según un porcentaje inferior en diez unidades al que se indica en el cuadro anexo a esa parte para el beneficiario tipo, por lo menos a las personas cuyo sostén de familia haya cumplido, de conformidad con las reglas prescritas, cinco años de cotización, empleo o residencia.

4. Podrá efectuarse una reducción proporcional en el porcentaje indicado en el cuadro anexo a la parte XI cuando el período de calificación correspondiente a la prestación del porcentaje reducido sea superior a cinco años de cotización o de empleo, pero inferior a quince años de cotización o de empleo. Deberá concederse una prestación re-ducida de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo.

5. Para que una viuda sin hijos, a la que se presuma incapaz de subvenir a sus propias necesidades, tenga derecho a una prestación de sobreviviente, podrá prescribirse una duración mínima del matrimonio.

Artículo 64

Las prestaciones mencionadas en los artículos 62 y 63 deberán concederse durante todo el transcurso de la contingencia.

PARTE XI. CALCULO DE LOS PAGOS PERIODICOS

Artículo 65

1. Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique este artículo, la cuantía de la prestación, aumentada con el importe de las asignaciones familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal que, para el beneficiario tipo a que se refiere el cuadro anexo a la presente parte, sea por lo menos igual, para la contingencia en cuestión, al porcentaje indicado en dicho cuadro, en relación con el total de la ganancia anterior del beneficiario o de su sostén de familia y del importe de las asignaciones familiares pagadas a una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que el beneficiario tipo.

2. Las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia se calcularán de conformidad con las reglas prescritas, y, cuando las personas protegidas o su sostén de familia estén repartidos en categorías según sus ganancias, la ganancia anterior podrá calcularse de conformidad con las ganancias de base de las categorías a que hayan pertenecido.

3. Podrá prescribirse un máximo para el monto de la prestación o para la ganancia que se tenga en cuenta en el cálculo de la prestación, a reserva de que este máximo se fije de suerte que las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo queden satisfechas cuando la ganancia anterior del beneficiario o de su sostén de familia sea inferior o igual al salario de un trabajador calificado de sexo masculino.

4. La ganancia anterior del beneficiario o de su sostén de familia, el salario del trabajador calificado del sexo masculino, la prestación y las asignaciones familiares se calcularán sobre el mismo tiempo básico.

5. Para los demás beneficiarios, la prestación será fijada de tal manera que esté en relación razonable con la del beneficiario tipo.

6. Para la aplicación del presente artículo se considerará como trabajador calificado del sexo masculino:

a) sea a un ajustador o un tornero en una industria mecánica que no sea la industria de máquinas eléctricas;

b) sea a un trabajador ordinario calificado definido de conformidad con las disposiciones del párrafo siguiente;

c) sea a una persona cuya ganancia sea igual o superior a las ganancias del 75 por ciento de todas las personas protegidas, determinándose estas ganancias sobre una base anual o sobre la base de un período más corto, según se prescriba;

d) o bien a una persona cuya ganancia sea igual al 125 por ciento del promedio de las ganancias de todas las personas protegidas.

7. El trabajador ordinario calificado, a los efectos del apartado b) del párrafo precedente, será uno de la categoría que ocupe el mayor número de personas protegidas del sexo masculino para la contingencia considerada, o de sostenes de familia de personas protegidas, en el grupo que ocupe el mayor número de estas personas protegidas o de sus sostenes de familia; a este efecto, se utilizará la clasificación internacional tipo, por industrias, de todas las ramas de actividad económica, adoptada por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en su 7ª reunión, el 27 de agosto de 1948, la cual se reproduce como anexo al presente Convenio, teniendo en cuenta toda modificación que pudiera haberse introducido.

8. Cuando las prestaciones varíen de una región a otra, el obrero calificado del sexo masculino podrá ser elegido dentro de cada una de las regiones, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 6 y 7 del presente artículo.

9. El salario del trabajador calificado del sexo masculino se determinará de acuerdo con el salario de un número normal de horas de trabajo fijado por contratos colectivos, por la legislación nacional o en virtud de ella, y, si fuera necesario, por la costumbre, incluyendo los subsidios de carestía de vida, si los hubiere; cuando los salarios así determinados difieran de una región a otra y no se aplique el párrafo 8 del presente artículo, deberá tomarse el promedio del salario.

10. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (a excepción de los que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y para la muerte del sostén de familia serán revisados, a consecuencia de variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles, del costo de la vida.

Artículo 66

1. Con respecto a cualquier pago periódico al que el presente artículo se aplique, la cuantía de la prestación, incrementada con el importe de las asignaciones familiares pagadas durante la contingencia, deberá ser tal que para el beneficiario tipo, a que se refiere el cuadro anexo a la presente parte, sea por lo menos igual, para la contingencia en cuestión, al porcentaje indicado en dicho cuadro del total del salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino, y del importe de las asignaciones familiares pagadas a una persona protegida que tenga las mismas cargas de familia que el beneficiario tipo.

2. El salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino, la prestación y las asignaciones familiares serán calculados sobre el mismo tiempo básico.

3. Para los demás beneficiarios, la prestación se fijará de tal manera que esté en relación razonable con la del beneficiario tipo.

4. Para la aplicación del presente artículo se considerará como trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino:

a) un trabajador ordinario no calificado de una industria mecánica que no sea la industria de máquinas eléctricas; o

b) un trabajador ordinario no calificado definido de conformidad con las disposiciones del párrafo siguiente.

5. El trabajador ordinario no calificado, a los efectos del apartado b) del párrafo precedente, será uno de la categoría que ocupe el mayor número de personas protegidas del sexo masculino para la contingencia considerada, o de sostenes de familia, de personas protegidas, en la rama que ocupe el mayor número de personas protegidas o de sus sostenes de familia; a este efecto, se utilizará la clasificación internacional tipo, por industrias, de todas las ramas de actividad económica, adoptada por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, en su 7ª reunión, el 27 de agosto de 1948, y que se reproduce como anexo al presente Convenio, teniendo en cuenta cualquier modificación que pudiera haberse introducido.

6. Cuando las prestaciones varíen de una región a otra, el trabajador ordinario no calificado adulto del sexo masculino podrá ser elegido, dentro de cada una de las regiones, de conformidad con las disposiciones de los párrafos 4 y 5 del presente artículo.

7. El salario del trabajador ordinario no calificado adulto del sexto masculino se determinará de acuerdo con el salario por un número normal de horas de trabajo fijado por contratos colectivos, por la legislación nacional o en virtud de ella, y, si fuera necesario, por la costumbre, incluyendo los subsidios de carestía de vida, si los hubiere; cuando los salarios así determinados difieran de una región a otra y no se aplique el párrafo 6 del presente artículo, deberá tomarse el promedio del salario.

8. Los montos de los pagos periódicos en curso atribuidos para la vejez, para los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales (a excepción de los que cubran la incapacidad de trabajo), para la invalidez y para la muerte del sostén de familia serán revisados, a consecuencia de variaciones sensibles del nivel general de ganancias que resulten de variaciones, también sensibles, del costo de la vida.

Artículo 67

Con respecto a cualquier pago periódico al que se aplique el presente artículo:

a) el monto de la prestación deberá determinarse de acuerdo con una escala prescrita o según una escala fijada por las autoridades públicas competentes, de conformidad con reglas prescritas;

b) el monto de la prestación no podrá reducirse sino en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables prescritas o fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas;

c) el total de la prestación y de los demás recursos de la familia, previa deducción de las sumas apreciables a que se refiere el apartado b) anterior, deberá ser suficiente para asegurar a la familia condiciones de vida sanas y convenientes, y no deberá ser inferior al monto de la prestación calculada de conformidad con las disposiciones del artículo 66;

d) las disposiciones del apartado c) se considerarán cumplidas si el monto total de las prestaciones pagadas, para la parte en cuestión, excede, por lo menos, del 30 por ciento del monto total de las prestaciones que se obtendrían aplicando las disposiciones del artículo 66 y las disposiciones del :

i) apartado b) del artículo 15, para la parte III;

ii) apartado b) del artículo 27, para la parte V;

iii) apartado b) del artículo 55, para la parte IX;

iv) apartado b) del artículo 61, para la parte X.

PARTE XII. IGUALDAD DE TRATO A LOS RESIDENTES NO NACIONALES

Artículo 68

1. Los residentes no nacionales deberán tener los mismos derechos que los residentes nacionales. Sin embargo, podrán prescribirse disposiciones especiales para los no nacionales y para los nacionales nacidos fuera del territorio del Miembro, en lo que respecta a las prestaciones o partes de prestaciones financiadas exclusivamente o de manera preponderante con fondos públicos, y en lo que respecta a los regímenes transitorios.

2. En los sistemas de seguridad social contributivos cuya protección comprenda a los asalariados, las personas protegidas que sean nacionales de otro Miembro que haya aceptado las obligaciones de la parte correspondiente del Convenio deberán tener, con respecto de dicha parte, los mismos derechos que los nacionales del Miembro interesado. Sin embargo, la aplicación de este párrafo podrá estar condicionada a la existencia de un acuerdo bilateral o multilateral que prevea la reciprocidad.

PARTE XIII. DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 69

Una prestación a la cual tendría derecho una persona protegida, si se aplicara cualquiera de las partes III a X del presente Convenio, podrá ser suspendida, en la medida que pueda ser prescrita:

a) tanto tiempo como el interesado no se encuentre en el territorio del Miembro;

b) tanto tiempo como el interesado esté mantenido con cargo a fondos públicos o a costa de una institución o de un servicio de seguridad social; sin embargo, si la prestación excede del costo de esa manutención, la diferencia deberá concederse a las personas que estén a cargo del beneficiario;

c) tanto tiempo como el interesado reciba otra prestación, en dinero, de seguridad social, con excepción de una prestación familiar, y durante todo período en el transcurso del cual esté indemnizado por la misma contingencia por un tercero, a condición de que la parte de la prestación suspendida no sobrepase la otra prestación o la indemnización procedente de un tercero;

d) cuando el interesado haya intentado fraudulentamente obtener una prestación;

e) cuando la contingencia haya sido provocada por un crimen o delito cometido por el interesado;

f) cuando la contingencia haya sido provocada por una falta intencionada del interesado;

g) en los casos apropiados, cuando el interesado no utilice los servicios médicos o los servicios de readaptación puestos a su disposición, o no observe las reglas prescritas para comprobar la existencia de la contingencia o la conducta de los beneficiarios de las prestaciones;

h) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el interesado deje de utilizar los servicios del empleo disponibles;

i) en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, cuando el interesado haya perdido su empleo como consecuencia directa de una suspensión de trabajo debida a un conflicto profesional o haya abandonado su empleo voluntariamente sin motivo justificado; y

j) en lo que se refiere a las prestaciones de sobrevivientes, tanto tiempo como la viuda viva en concubinato.

Artículo 70

1. Todo solicitante deberá tener derecho a apelar, en caso de que se le niegue la prestación o en caso de queja sobre su calidad o cantidad.

2. Cuando, al aplicar el presente Convenio, la administración de la asistencia médica esté confiada a un departamento gubernamental responsable ante un parlamento, el derecho de apelación previsto en el párrafo 1 del presente artículo podrá substituirse por el derecho a hacer examinar por la autoridad competente cualquier reclamación referente a la denegación de asistencia médica o a la calidad de la asistencia médica recibida.

3. Cuando las reclamaciones se lleven ante tribunales especialmente establecidos para tratar de los litigios sobre seguridad social y en ellos estén representadas las personas protegidas, podrá negarse el derecho de apelación.

Artículo 71

1. El costo de las prestaciones concedidas en aplicación del presente Convenio y los gastos de administración de estas prestaciones deberán ser financiados colectivamente, por medio de cotizaciones o de impuestos, o por ambos medios a la vez, en forma que evite que las personas de recursos económicos modestos tengan que soportar una carga demasiado onerosa y que tenga en cuenta la situación económica del Miembro y la de las categorías de personas protegidas.

2. El total de cotizaciones de seguro a cargo de los asalariados protegidos no deberá exceder del 50 por ciento del total de recursos destinados a la protección de los asalariados y de las cónyuges y de los hijos de estos. Para determinar si se cumple esta condición, todas las prestaciones suministradas por el Miembro, en aplicación del presente Convenio, podrán ser consideradas en conjunto, a excepción de las prestaciones familiares y en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, si estas últimas dependen de una rama especial.

3. El Miembro deberá asumir la responsabilidad general en lo que se refiere al servicio de prestaciones concedidas en aplicación del presente Convenio y adoptar, cuando fuere oportuno, todas las medidas necesarias para alcanzar dicho fin; deberá garantizar, cuando fuere oportuno, que los estudios y cálculos actuariales necesarios relativos al equilibrio se establezcan periódicamente y, en todo caso, previamente a cualquier modificación de las prestaciones, de la tasa de las cotizaciones del seguro o de los impuestos destinados a cubrir las contingencias en cuestión.

Artículo 72

1. Cuando la administración no esté confiada a una institución reglamentada por las autoridades públicas o a un departamento gubernamental responsable ante un parlamento, representantes de las personas protegidas deberán participar en la administración o estar asociados a ella, con carácter consultivo, en las condiciones prescritas; la legislación nacional podrá prever asimismo la participación de representantes de los empleadores y de las autoridades públicas.

2. El Miembro, deberá asumir la responsabilidad general de la buena administración de las instituciones y servicios que contribuyan a la aplicación del presente Convenio.

PARTE XIV. DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 73

Este Convenio no se aplicará:

a) a las contingencias sobrevenidas antes de la entrada en vigor de la parte correspondiente del Convenio para el Miembro interesado;

b) a las prestaciones concedidas por contingencias que hayan sobrevenido después de la entrada en vigor de la parte correspondiente del Convenio para el Miembro interesado, en la medida en que los derechos a dichas prestaciones provengan de períodos anteriores a la fecha de dicha entrada en vigor.

Artículo 74

No deberá considerarse que este Convenio revisa ninguno de los convenios existentes.

Artículo 75

Cuando un convenio adoptado posteriormente por la Conferencia, relativo a cualesquier materia o materias tratados por el presente Convenio así lo disponga, las disposiciones de este que se especifiquen en el nuevo convenio cesarán de aplicarse a todo Miembro que lo hubiere ratificado, a partir de la fecha de entrada en vigor para el Miembro interesado.

Artículo 76

1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se obliga a incluir en la memoria anual que habrá de presentar sobre la aplicación del Convenio, conforme al artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo:

a) información completa sobre la legislación que dé efecto a las disposiciones del Convenio; y

b) pruebas de haber observado las condiciones estadísticas especificadas en:

i) los artículos 9 a), b), c) o d); 15 a), b) o d); 21 a) o c); 27 a), b) o d); 33 a), o b); 41 a), b) o d); 48 a), b) o c); 55 a), b) o d); 61 a), b) o d), en cuanto al número de personas protegidas;

ii) los artículos 44, 65, 66 o 67, en cuanto a la cuantía de las prestaciones;

iii) el párrafo 2 del artículo 18, en cuanto a la duración de las prestaciones monetarias de enfermedad;

iv) el párrafo 2 del artículo 24, en cuanto a la duración de las prestaciones de desempleo; y

v) el párrafo 2 del artículo 71, en cuanto a la proporción de los recursos que provengan de las co-tizaciones del seguro de los asalariados protegidos.

Hasta donde sea posible, estas pruebas deberán suministrarse de conformidad, en cuanto a su presentación, a las sugestiones formuladas por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, con objeto de dar mayor uniformidad a este respecto.

2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio informará al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, a intervalos apropiados, conforme lo decida el Consejo de Administración, sobre el estado de su legislación y su aplicación en lo que concierne a cada una de las partes II a X, que no hayan sido especificadas ya en la ratificación del Miembro en cuestión o en una notificación hecha posteriormente, en virtud del artículo 4.

Artículo 77

1. Este Convenio no se aplica a la gente de mar ni a los pescadores de alta mar; las disposiciones para la protección de la gente de mar y de los pescadores de alta mar fueron adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en el Convenio sobre la seguridad social de la gente de mar, 1946, y en el Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 1946.

2. Un Miembro podrá excluir a la gente de mar y a los pescadores de alta mar del número de asalariados, de personas de la población económicamente activa o de residentes, considerado en el cálculo del porcentaje de asalariados o residentes protegidos, en aplicación de cualquiera de las partes II a X cubiertas por la ratificación.

PARTE XV. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 78

Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.

Artículo 79

1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General.

2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el Director General.

3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su ratificación.

Artículo 80

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar:

a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes sean aplicadas sin modificaciones;

b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes sean aplicadas con modificaciones, junto con los detalles de dichas modificaciones;

c) los territorios respecto de los cuales es inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales es inaplicable;

d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido de su situación.

2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de la ratificación y producirán sus mismos efectos.

3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a cualquier reserva formulada en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.

4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 82, todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados.

Artículo 81

1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con los párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar si las disposiciones del Convenio, o de cualquiera de las partes aceptadas en la declaración, serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración indique que las disposiciones del Convenio o de cualquiera de sus partes serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas modificaciones.

2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior.

3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 82, el Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la que modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior, y en la que indiquen la situación en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.

Artículo 82

1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciar el Convenio, o una o varias de las partes II a X, a la expiración de un período de diez años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar el Convenio o cualquiera de las partes II a X a la expiración de cada período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.

Artículo 83

1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organización.

2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente Convenio.

Artículo 84

El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos precedentes.

Artículo 85

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el Orden del Día de la Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.

Artículo 86

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 82, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la ratificación por los Miembros.

2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.

Artículo 87

Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.

ANEXO

CLASIFICACION INTERNACIONAL TIPO, POR INDUSTRIA, DE TODAS LAS RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

LISTA DE DIVISIONES Y GRUPOS PRINCIPALES

División 0 - Agricultura, silvicultura, caza y pesca:

01. Agricultura y ganadería.

02. Silvicultura, tala y corta.

03. Caza, caza mediante trampas y repoblación.

04. Pesca.

División 1 - Explotación de minas y canteras:

11. Extracción de carbón.

12. Extracción de minerales metálicos.

13. Petróleo crudo y gas natural.

14. Extracción de piedra, arcilla y arena.

19. Extracción de minerales no metálicos y explotación de

canteras clasificadas en otra parte.

División 2.3 - Industrias manufactureras:

20. Industrias manufactureras de productos alimenticios (exceptuando industrias de bebidas).

21. Industrias de bebidas.

22. Industria del tabaco.

23. Fabricación de textiles.

24. Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos confeccionados con productos textiles.

25. Industrias de la madera y del corcho, exceptuando la fabricación de muebles.

26. Fabricación de muebles y accesorios.

27. Fabricación de papel y de productos de papel.

28. Imprentas, editoriales e industrias conexas.

29. Industria del cuero y productos de cuero, exceptuando el calzado.

30. Fabricación de productos de caucho.

31. Fabricación de substancias y productos químicos.

32. Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón.

33. Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando los derivados del petróleo y del carbón.

34. Industrias metálicas básicas.

35. Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinaria y equipo de transporte.

36. Construcción de maquinaria, exceptuando maquinaria eléctrica.

37. Construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y artículos eléctricos.

38. Construcción de material de transporte.

39. Industrias manufactureras diversas.

División 4 - Construcción:

40. Construcción.

División 5 - Electricidad, gas, agua y servicios sanitarios:

51. Electricidad, gas y vapor.

52. Abastecimiento de agua y servicios sanitarios.

División 6 - Comercio:

61. Comercio al por mayor y al por menor.

62. Bancos y otros establecimientos financieros.

63. Seguros.

64. Bienes inmuebles.

División 7 - Transportes, almacenaje y comunicaciones:

71. Transportes.

72. Depósito y almacenaje.

73. Comunicaciones.

División 8 - Servicios:

81. Servicios gubernamentales.

82. Servicios prestados al público y a las empresas comerciales.

83. Servicios de esparcimiento.

84. Servicios personales.

División 9 - Actividades no bien especificadas:

90. Actividades no bien especificadas.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO N° 102, SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL (NORMA MINIMA), ADOPTADO POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU TRIGESIMA QUINTA REUNION, CELEBRADA EN GINEBRA EN JUNIO DE 1952

INFORME:

Al Senado:

El Poder Ejecutivo, con fecha 25 de mayo de 2009, de conformidad con el artículo 168, numeral 20 de la Constitución de la República y el artículo 19 numerales 5 y 6 de la Constitución de la OIT, envía el Proyecto de Ley por el cual solicita la ratificación del CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO N° 102, SOBRE LA SEGURIDAD SOCIAL (NORMA MINIMA), ADOPTADO POR LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, EN SU TRIGESIMA QUINTA REUNION, CELEBRADA EN GINEBRA EN JUNIO DE 1952.

Nuestro país ha aprobado a lo largo de los años una importante serie de CIT que atañen a la Seguridad Social.

En el área de la Seguridad Social las normas denominadas de primera generación tenían base en el concepto de Seguro Social y por tanto solo abarcaba a ciertas categorías de trabajadores.

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial el concepto de Seguridad se amplió, en particular en base a la Declaración de Filadelfia de 1944, y es en ese entorno que en 1952 se aprueba en CIT 102.

Con posterioridad se desarrolla una importante serie de CIT que profundizan el concepto de Seguridad Social, más abarcativo de las dierentes situaciones que se viven en el ámbito del trabajo.

Nuestro país se encuentra en una situación muy particular ya que si bien no ha ratificado el CIT 102 sí ha ratificado un importante conjunto de CIT sobre seguridad social, tanto aquellos de primera generación (CIT N° 3 sobre maternidad; CIT Nos. 24 y 25 sobre seguros de enfermedad; CIT Nos. 12, 17, 18, 19 y 42 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; CIT Nos. 88 y 96 sobre empleo; CIT N° 103 sobre protección de la maternidad), así como aquellos pertenecientes a la denominada tercera generación (convenios surgidos después del CIT 102 y que ofrecen una mayor protección) como el CIT 121 sobre prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; el SCIT N° 130 sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad.

El conjunto de instrumentos jurídicos mencionados constituyen en alguna medida normas de rango superior al artículo 67 de la Constitución de la República.

Podemos además señalar que el CIT N° 102 es un instrumento flexible ya que permite ratificar como mínimo tres (3) de las nuevas ramas a que refiere: asistencia médica; prestaciones monetarias de enfermedad; prestaciones de desempleo; prestaciones de vejez; prestaciones en caso de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional; prestaciones familiares; prestaciones de maternidad; prestaciones de invalidez y prestaciones de sobrevivientes.

En mi opinión, nuestro país ha sido líder en el desarrollo de políticas de seguridad social en América Latina y limitándonos a cotejar las disposiciones del CIT N° 102 con nuestros instrumentos jurídicos nacionales y los CIT ya ratificados podemos señalar sin equívoco alguno que cumplimos con los mínimos previstos en CIT N° 102.

Finalmente, el mencionado CIT contiene criterios principales sobre la responsabilidad general del estado, la participación de los asegurados en la gestión del sistema de financiación colectiva, el derecho de apelación de los beneficiarios, a la revalorización de las prestaciones de largo plazo, la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros, así como una serie de condiciones para establecer la suspensión de las prestaciones.

La Constitución de la República en su Artículo 67 como ya mencionamos establece todos esos criterios.

En consecuencia podemos asegurar que nuestro país ya cumple con el citado CIT y planteamos a la Comisión la ratificación del mismo.

Dos puntualizaciones finales: el Senado de la República y en su oportunidad la Cámara de Representantes deberán ratificarlo en forma íntegra (lit. b) del numeral 5 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y, que consultado el Grupo de Trabajo tripartito creado como asesor en relación con los organismos e instancias internacionales y regionales vinculados al MTSS, el mismo se pronunció en forma dividida, manifestando los representantes Gubernamentales y del Sector Trabajador su posición favorable a la ratificación, mientras que el Sector Empleador lo hizo en forma contraria.

Sala de la Comisión, 5 de agosto de 2009.

Reinaldo Gargano (Miembro Informante; Mariano Arana, Sergio Abreu, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Julio María Sanguinetti."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, por unanimidad, resolvió elevar este informe al Pleno del Senado, recomendando la aprobación de este Convenio Nº 102 del año 1952. Dicho Convenio es de primera generación y representa la base sobre la cual se han edificado una serie de convenios que nuestro país ha ratificado sobre seguros de protección social, invalidez, enfermedad y retiro. Quiere decir que paradójicamente el Uruguay tiene aprobado un conjunto de convenios internacionales provenientes de la Organización Internacional del Trabajo que van mucho más adelante de lo que establece el propio Convenio inicial, que no fue ratificado ni aprobado.

La Comisión recibió a una delegada de la Organización Internacional del Trabajo, que concurrió acompañada de representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Banco de Previsión Social y, en ese momento, quedó claro que estamos dando organización a la estructura de convenios que hemos ratificado en nuestro país aunque, desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas, tiene sobre todo un carácter simbólico. Si ya hemos aprobado lo que está más adelante, diríamos que hoy estamos reconociendo que en el ordenamiento, antes que nada, tendríamos que haber ratificado este Convenio. Han pasado 57 años desde que se dictó el Convenio y hemos aprobado varias resoluciones de la OIT que permiten a los países miembros ratificar e incorporar a sus legislaciones nacionales disposiciones que protegen a los trabajadores de distintas situaciones de carácter social.

De modo que la Comisión entiende conveniente cerrar esta paradójica situación en la que hemos aprobado lo más trascendente sin haber hecho lo propio con lo inicial y recomienda al Cuerpo su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"ARTICULO 1º.-APRUEBASE el Convenio Internacional del Trabajo núm. 102 sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo, en su trigésima quinta reunión, celebrada en Ginebra en junio de 1952."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA APROBACION DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL (PROTOCOLO III)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la ratificación del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), suscrito en la ciudad de Ginebra, el 13 de marzo de 2006 (Carp. Nº 1482/09 - Rep. Nº 1111/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1482/09

Rep. N° 1111/09

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Montevideo, 23 de marzo de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba la ratificación del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), firmado por nuestra República en Ginebra, Suiza, el 13 de marzo de 2006.

I) ANTECEDENTES PARA ELABORACION DEL III PROTOCOLO.

Desde el siglo XIX, los emblemas de la cruz roja y de la media luna roja se han utilizado como símbolos universales de asistencia a favor de las víctimas de los conflictos armados. Tras aprobarse el "cristal rojo" como emblema nacional, acaba de abrirse un nuevo capítulo de su larga historia.

En el primer Convenio de Ginebra, aprobado el 22 de agosto de 1864, se estableció el emblema de la cruz roja. Desde el comienzo, ha sido un signo visible de la condición de neutralidad y de la protección que confiere el derecho internacional humanitario a los servicios sanitarios de las fuerzas armadas y a los voluntarios miembros de las sociedades de socorro, en favor del personal militar herido. En ese entonces, parecía que la aprobación de un signo distintivo único era condición sine qua non de protección. No obstante, a finales del siglo XIX, algunos Estados y sociedades de socorro usaban la media luna roja y el león y el sol rojos. Habida cuenta de este hecho consumado, el Convenio de Ginebra del 27 de julio de 1929 para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña procuró el reconocimiento internacional respecto de estos dos signos distintivos. Después, los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 refrendaron el uso de los tres emblemas.

En el Comentario del artículo 38 del I Convenio de Ginebra de 1949, se observa claramente que la finalidad de estos emblemas es dar a entender una sola cosa, pero que reviste una importancia suma: "el respeto debido a la persona que sufre y está indefensa, a la cual se ha de ayudar, sea amiga o enemiga sin distinción de nacionalidad, raza, religión, clase social u opción". A pesar de esta aseveración, en determinados contextos, se considera a veces que los emblemas tienen una connotación religiosa o política. En este punto de vista estriban las dos mayores dificultades que ha de afrontar el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En primer lugar, se pone en tela de juicio la noción según la cual la neutralidad y la imparcialidad sirven de base para las actividades de todos los componentes del Movimiento. A causa de ello, no se respetan debidamente los emblemas, lo que menoscaba la protección de quienes los ostentan. En segundo lugar, esto ha inducido a que algunos Estados y sociedades de socorro se nieguen a adoptar cualquiera de los emblemas actuales, aduciendo que ninguno es propio para su labor. Cualquier rechazo de esa índole es un escollo para que el Movimiento logre la verdadera universalidad, ya que en sus Estatutos se estipula el uso de uno de estos símbolos como condición necesaria para reconocer una Sociedad Nacional como miembro de pleno derecho en el Movimiento.

A fin de superar ambos problemas, los Estados Partes en los Convenios de Ginebra, aprobaron un III Protocolo adicional a los Convenios en una Conferencia Diplomática que tuvo lugar en Ginebra, del 5 al 8 de diciembre de 2005. Mediante este instrumento se reconoce un emblema adicional, compuesto de un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco, colocado sobre uno de sus vértices y que, por lo general, se denomina el cristal rojo. La forma y el nombre de esta emblema adicional fueron el resultado de un largo proceso de selección, cuya finalidad era llegar a un resultado desprovisto de cualquier connotación política, religiosa o de otra índole, y que por lo tanto podía emplearse en todo el mundo. La finalidad del cristal rojo no es sustituir a la cruz roja ni a la media luna roja, sino ofrecer una alternativa.

Las personas e instituciones autorizadas para ostentar el cristal rojo son las mismas que las facultadas para usar los emblemas reconocidos en los Convenios de Ginebra de 1949, de las cuales, en particular, los servicios sanitarios de las fuerzas armadas de los Estados, los hospitales civiles con autorización explícita y los distintos componentes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, o sea: el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las Sociedades Nacionales y su Federación Internacional. Los emblemas reconocidos tienen un significado equivalente y deben beneficiarse del mismo trato y protección en el ordenamiento jurídico de cada Estado.

Se pueden emplear los emblemas de dos maneras distintas: como instrumento de protección, un emblema es el signo visible de la protección que confieren los Convenios de Ginebra; como instrumento indicativo, el emblema indica el vínculo de una persona o un bien con el Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En el Protocolo adicional III se dispone que el cristal rojo, como tal, ha de servir de instrumento de protección. No obstante, cuando sirva de instrumento indicativo, se podrá incorporar al cristal rojo uno de los emblemas reconocidos en los Convenios de Ginebra, una combinación de estos emblemas o cualquier otro emblema que haya venido utilizando efectivamente un Estado Parte en el Protocolo Adicional III y respecto del cual se haya hecho una comunicación a los demás Estados Partes y al CICR, antes de la aprobación del Protocolo. Cabe destacar aquí que en el Protocolo Adicional III no solo se autoriza la sustitución permanente de la cruz roja o de la media luna roja por el cristal rojo, como se mencionó anteriormente, sino de manera provisional y en circunstancias excepcionales, de reforzar la protección de los servicios sanitarios de las fuerzas armadas o facilitar la labor de las Sociedades Nacionales.

El Protocolo Adicional III se redactó de tal modo que se evita cualquier proliferación de otros emblemas en el futuro.

El Protocolo Adicional III se refiere al "cristal rojo" (emblema adicional) como "el emblema del Protocolo III". Sin embargo, en el párrafo 14 del Acta final de la Conferencia Diplomática para la aprobación del Protocolo III, se estipula sobre el particular: "A pesar de que el Protocolo III se refiere a dicho signo distintivo adicional como el "emblema del Tercer Protocolo", el CICR y la FICR informaron a la Conferencia que la designación "cristal rojo", ha adquirido notoriedad y será presentada formalmente en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja".

III) CONVENIENCIA DE LA RATIFICACION DEL PROTOCOLO III.

La entrada en vigor de este Protocolo y, por lo tanto, del emblema adicional del cristal rojo, se considera un signo concreto del predominio de los principios humanitarios sobre cualquier otra consideración por la que se rige la misión del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La posibilidad de emplear el cristal rojo facilitará el reconocimiento y la admisión en el Movimiento a las Sociedades Nacionales que no desean emplear los emblemas de la cruz roja o de la media luna roja. De este modo se consolida la universalidad del Movimiento.

Mediante el Protocolo se procura nueva flexibilidad para que las Sociedades Nacionales puedan incluir para su identificación una combinación de emblemas reconocidos por los Convenios de Ginebra dentro del cristal rojo.

De conformidad con el derecho internacional, el cristal rojo ofrece idéntica protección a la que otorgan la cruz roja y la media luna roja cuando lo ostenta el personal, los establecimientos y los medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas, el personal de las Sociedades Nacionales, el personal, los vehículos y las instalaciones del CICR y de la Federación Internacional. (En el derecho vigente -el Protocolo I adicional, de 1977- también se permite el uso del emblema por ciertos establecimientos sanitarios civiles).

En circunstancias excepcionales, está permitido que el CICR y la Federación Internacional empleen el cristal rojo, si consideran que es necesario para desempeñar su cometido, pero no cambiarán sus emblemas o nombres actuales.

Ha de realizarse una ingente labor a largo plazo a fin de que el cristal rojo goce también, a nivel mundial, del reconocimiento y el respeto que se confieren a la cruz roja y a la media luna roja. Esto facilitará a los trabajadores humanitarios el acceso a las víctimas de los conflictos y de otras crisis, en particular donde puede ser una ventaja el uso de un emblema desprovisto de cualquier connotación de índole política, religiosa y cultural que pueda percibirse.

Nuestro País es Parte de los Convenios de 1949 y de los Protocolos I y II de 1977. Restándole ratificar el Protocolo III.

TEXTO

El Protocolo (III) consta de un Preámbulo, 17 Artículos y un Anexo en el que se detalla gráficamente el emblema "Cristal Rojo".

En el Preámbulo se hace referencia a los artículos 26, 38, 42 y 44 (del I Convenio de Ginebra) y, cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 (en particular, los artículos 18 y 38 del Protocolo Adicional I y el artículo 12 del Protocolo Adicional II), los que, a fin de mejor proveer se transcriben.

Convenio I de Ginebra del 12 de agosto de 1949

Artículo 26 - Personal de las sociedades de socorro

Se equipara el personal mencionado en el artículo 24 al personal de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de las demás sociedades de socorro voluntarias, debidamente reconocidas y autorizadas por su Gobierno, que desempeñe las mismas tareas que el personal mencionado en el citado artículo, a reserva de que el personal de tales sociedades esté sometido a las leyes y a los reglamentos militares.

Cada Alta Parte Contratante notificará a la otra, sea en tiempo de paz sea ya al comienzo o en el transcurso de las hostilidades pero, en todo caso, antes de emplearlas realmente, los nombres de las sociedades que, bajo su responsabilidad, haya autorizado para prestar su colaboración al servicio sanitario oficial de sus fuerzas armadas.

Artículo 38 - Signo del Convenio

En homenaje a Suiza, el signo heráldico de la cruz roja sobre fondo blanco, formado por interversión de los colores federales, se mantiene como emblema y signo distintivo del Servicio Sanitario de los ejércitos.

Sin embargo, para los países que, en vez de la cruz roja, ya utilizan como distintivo la media luna roja o el león y sol rojos sobre fondo blanco, se admiten también estos emblemas, en el sentido del presente Convenio.

Artículo 42 - Señalamiento de las unidades y de los establecimientos

La bandera distintiva del Convenio no podrá ser izada más que sobre las unidades y los establecimientos sanitarios con derecho a ser respetados, y solamente con el consentimiento de la autoridad militar.

Tanto en las unidades móviles como en los establecimientos fijos, podrá aparecer acompañada por la bandera nacional de la Parte en conflicto de la que dependa la unidad o el establecimiento.

Sin embargo, las unidades sanitarias caídas en poder del enemigo no izarán más que la bandera del Convenio.

Las Partes en conflicto tomarán, si las exigencias militares lo permiten, las oportunas medidas para hacer claramente visibles, a las fuerzas enemigas terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas distintivos que señalen a las unidades y a los establecimientos sanitarios, a fin de evitar toda posibilidad de acción hostil.

Artículo 44 - Limitación del empleo del signo y excepciones

El emblema de la cruz roja sobre fondo blanco y los términos "cruz roja" o "cruz de Ginebra" no podrán emplearse, excepto en los casos previstos en los siguientes párrafos del presente artículo, sea en tiempo de paz sea en tiempo de guerra, más que para designar o para proteger a las unidades y los establecimientos sanitarios, al personal y el material protegidos por el presente Convenio y por los demás Convenios Internacionales en los que se reglamentan cuestiones similares. Dígase lo mismo por lo que atañe a los emblemas a que se refiere el artículo 38, párrafo segundo, para los países que los emplean. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y las demás sociedades a que se refiere el artículo 26 no tendrán derecho al uso del signo distintivo que confiere la protección del Convenio más que en el ámbito de las disposiciones de este párrafo.

Además, las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), podrán, en tiempo de paz, de conformidad con la legislación nacional, hacer uso del nombre y del emblema de la cruz roja para sus otras actividades que se avengan con los principios formulados por las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Cuando estas actividades prosigan en tiempo de guerra, las condiciones del empleo del emblema deberán ser tales que éste no pueda considerarse como tendente a conferir la protección del Convenio; el emblema habrá de tener dimensiones relativamente pequeñas, y no podrá ponerse en brazales o en techumbres.

Los organismos internacionales de la Cruz Roja y su personal debidamente autorizado pueden utilizar, en cualquier tiempo, el signo de la cruz roja sobre fondo blanco.

Excepcionalmente, según la legislación nacional y con la autorización expresa de una de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (Media Luna Roja, León y Sol Rojos), se podrá hacer uso del emblema del Convenio en tiempo de paz, para señalar los vehículos utilizados, como ambulancias, y para marcar la ubicación de los puestos de socorro exclusivamente reservados para la asistencia gratuita a heridos o a enfermos.

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977

Artículo 18 - Identificación

1. Cada Parte en conflicto procurará asegurar que tanto el personal sanitario y religioso como las unidades y los medios de transporte sanitarios puedan ser identificados.

2. Cada Parte en conflicto procurará también adoptar y aplicar métodos y procedimientos que permitan identificar las unidades y los medios de transporte sanitarios que utilicen el signo distintivo y señales distintivas.

3. En territorio ocupado y en zonas en las que se desarrollan o es probable que se desarrollen combates, el personal sanitario civil y el personal religioso civil se darán a conocer, por regla general, por medio del signo distintivo y de una tarjeta de identidad que certifique su condición.

4. Las unidades y los medios de transporte sanitarios serán señalados, con el consentimiento de la autoridad competente, mediante el signo distintivo. Los buques y embarcaciones a que se refiere el artículo 22 del presente Protocolo serán señalados de acuerdo con las disposiciones del II Convenio.

5. Además del signo distintivo y de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo III del Anexo I del presente Protocolo, una Parte en conflicto podrá autorizar el uso de señales distintivas para identificar las unidades y los medios de transporte sanitarios. A título excepcional, en los casos particulares previstos en el Capítulo III del Anexo, los medios de transporte sanitarios podrán utilizar las señales distintivas sin exhibir el signo distintivo.

6. La ejecución de las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se regirá por los Capítulos I a III del Anexo I del presente Protocolo. Las señales destinadas, conforme el Capítulo III de dicho Anexo, para el uso exclusivo de las unidades y de los medios de transporte sanitarios, solo se utilizarán, salvo lo previsto en este Capítulo, para la identificación de las unidades y de los medios de transporte sanitarios allí especificados.

7. Este artículo no autoriza a dar al signo distintivo, en tiempo de paz, un uso más amplio que el estipulado en el artículo 44 del I Convenio.

8. Las disposiciones de los Convenios y del presente Protocolo relativas al control del uso del signo distintivo y a la prevención y represión de su uso abusivo son aplicables a las señales distintivas.

Artículo 38 - Emblemas reconocidos

1. Queda prohibido hacer uso indebido del signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos o de otros emblemas, signos o señales establecidos en los Convenios o en el presente Protocolo. Queda prohibido también abusar deliberadamente, en un conflicto armado, de otros emblemas, signos o señales protectores internacionalmente reconocidos, incluidos la bandera de parlamento y el emblema protector de los bienes culturales.

2. Queda prohibido hacer uso del emblema distintivo de las Naciones Unidas, salvo en los casos en que esa Organización lo autorice.

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)

Artículo 12. Signo distintivo

Bajo la dirección de la autoridad competente de que se trate, el signo distintivo de la cruz roja, de la media luna roja o del león y sol rojos sobre fondo blanco será ostentado tanto por el personal sanitario y religioso como por las unidades y los medios de transporte sanitarios. Dicho signo deberá respetarse en toda circunstancia. No deberá ser utilizado indebidamente.

Asimismo se señala que el objeto de este Protocolo es "potenciar su valor (el de los emblemas) protector y de carácter universal", a la vez que "que el presente Protocolo no menoscaba el derecho reconocido de las Altas Partes Contratantes a continuar el uso de los emblemas que emplean de conformidad con las respectivas obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de Ginebra y cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales".

El Artículo 1 dispone el respeto y ámbito de aplicación del presente Protocolo el que se aplicará en las mismas situaciones que las establecidas en los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 ("Convenios de Ginebra") y, cuando sea aplicable, de sus dos Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 ("Protocolos adicionales de 1977").

El Artículo 2 establece los Signos distintivos.

El Artículo 3 contempla el Uso indicativo del emblema del tercer Protocolo y sus modalidades.

Artículo 4 indica que el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, podrán emplear, en circunstancias excepcionales y para facilitar su labor, el signo distintivo mencionado en el artículo 2 del presente Protocolo.

El Artículo 5 contempla el uso de ciertos distintivos por Misiones efectuadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

El Artículo 6 se refiere a la Prevención y Represión de empleos abusivos.

El Artículo 7 dispone que las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en el respectivo país, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, las disposiciones del presente Protocolo.

Los Artículos 8, 9, 10 y 11 se refieren a la Firma, Ratificación, Adhesión y Entrada en Vigor del Protocolo.

El Artículo 12 contempla cuáles son las relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo entre los Estados sean o no Parte de todos o de algunos de los Convenios y Protocolos pertinentes.

Los Artículos 13, 14, 15, 16 y 17 contemplan las enmiendas, denuncias, notificaciones, registro y texto auténtico, respectivamente, del presente Protocolo.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de Protocolos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Gonzalo Fernández, María Simon, José Bayardi, Daisy Tourné.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Montevideo, 23 de marzo de 2009.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase la ratificación del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), firmado por nuestra República en Ginebra, Suiza, el 13 de marzo de 2006.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Gonzalo Fernández, María Simon, José Bayardi, Daisy Tourné.

PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A LA APROBACION DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL

(PROTOCOLO III)

Ginebra, 8 de diciembre de 2005.

Preámbulo

Las Altas Partes Contratantes,

(PP1) Reafirmando las disposiciones de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 (en particular los artículos 26, 38, 42 y 44 del I Convenio de Ginebra) y, cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 (en particular, los artículos 18 y 38 del Protocolo Adicional I y el artículo 12 del Protocolo Adicional II), por lo que respecta al uso de los signos distintivos;

(PP2) Deseando completar las disposiciones arriba mencionadas, a fin de potenciar su valor protector y carácter universal;

(PP3) Observando que el presente Protocolo no menoscaba el derecho reconocido de las Altas Partes Contratantes a continuar el uso de los emblemas que emplean de conformidad con las respectivas obligaciones contraídas en virtud de los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales;

(PP4) Recordando que la obligación de respetar la vida de las personas y los bienes protegidos por los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales dimana de la protección que se les otorga en el derecho internacional y no depende del uso de los emblemas, los signos o las señales distintivos;

(PP5) Poniendo de relieve que se supone que los signos distintivos no tienen connotación alguna de índole religiosa, étnica, racial, regional o política;

(PP6) Poniendo énfasis en la importancia de asegurar el pleno respeto de las obligaciones relativas a los signos distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, sus Protocolos adicionales;

(PP7) Recordando que en el artículo 44 del I Convenio de Ginebra se hace la distinción entre el uso protector y el uso indicativo de los signos distintivos;

(PP8) Recordando además que las Sociedades Nacionales que emprenden actividades en el territorio de otro Estado deben cerciorarse de que los emblemas que tienen la intención de utilizar en el marco de dichas actividades pueden emplearse en el país donde se realice la actividad y en el país o los países de tránsito,

(PP9) Reconociendo las dificultades que pueden tener ciertos Estados y Sociedades Nacionales con el uso de los signos distintivos existentes,

(PP10) Observando la determinación del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de mantener sus denominaciones y emblemas actuales;

Convienen en lo siguiente:

Artículo I - Respeto y ámbito de aplicación del presente Protocolo

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y hacer respetar el presente Protocolo en todas las circunstancias.

2. El presente Protocolo, en el que se reafirman y completan las disposiciones de los cuatro Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 ("Convenios de Ginebra") y, cuando sea aplicable, de sus dos Protocolos adicionales del 8 de junio de 1977 ("Protocolos adicionales de 1977") relativos a los signos distintivos, a saber la cruz roja, la media luna roja y el león y sol rojos, se aplicará en las mismas situaciones que esas disposiciones.

Artículo 2 - Signos distintivos

1. En el presente Protocolo se reconoce un signo distintivo adicional, además de los signos distintivos de los Convenios de Ginebra, y para los mismos usos. Todos los signos distintivos tienen el mismo estatus.

2. Este signo distintivo adicional, conformado por un marco rojo cuadrado sobre fondo blanco, colocado sobre uno de sus vértices, se avendrá con la ilustración que figura en el Anexo al presente Protocolo. En el presente Protocolo se denomina este signo distintivo como el "emblema del tercer Protocolo".

3. Las condiciones para el empleo y el respeto del emblema del tercer Protocolo son idénticas a las que son estipuladas para los signos distintivos en los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, en los Protocolos adicionales de 1977.

4. Los servicios sanitarios y el personal religioso de las fuerzas armadas de las Altas Partes Contratantes pueden emplear temporalmente cualquier signo distintivo mencionado en el párrafo 1 del presente artículo, sin perjuicio de sus emblemas usuales, si este empleo puede potenciar su protección.

Artículo 3 - Uso indicativo del emblema del tercer Protocolo

1. Las Sociedades Nacionales de aquellas Altas Partes Contratantes que decidan emplear el emblema del tercer Protocolo, empleando el emblema de conformidad con la respectiva legislación nacional, podrán incorporar al mismo, con fines indicativos:

a) uno de los signos distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra o una combinación de esos emblemas, o

b) otro emblema que una Alta Parte Contratante haya empleado efectivamente y que haya sido objeto de una comunicación a las otras Altas Partes Contratantes y al Comité Internacional de la Cruz Roja a través del depositario antes de la aprobación del presente Protocolo.

La incorporación deberá avenirse con la ilustración contenida en el Anexo al presente Protocolo.

2. La Sociedad Nacional que decida incorporar al emblema del tercer Protocolo otro emblema, de conformidad con el primer párrafo del presente artículo, podrá emplear, de conformidad con la respectiva legislación nacional, la denominación de ese emblema y ostentarlo en el territorio nacional.

3. Excepcionalmente, de conformidad con la respectiva legislación nacional y para facilitar su labor, las Sociedades Nacionales podrán hacer uso provisionalmente del signo distintivo mencionado en el artículo 2 del presente Protocolo.

4. El presente artículo no afecta al estatus jurídico de los signos distintivos reconocidos en los Convenios de Ginebra y en el presente Protocolo ni tampoco el status jurídico de cualquier signo particular cuando se incorpore con fines indicativos, de conformidad con el primer párrafo del presente artículo.

Artículo 4 - El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como su personal debidamente autorizado, podrán emplear, en circunstancias excepcionales y para facilitar su labor, el signo distintivo mencionado en el artículo 2 del presente Protocolo.

Artículo 5 - Misiones efectuadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas

Los servicios sanitarios y el personal religioso que participan en operaciones auspiciadas por las Naciones Unidas podrán emplear, con el consentimiento de los Estados participantes, uno de los signos distintivos mencionados en los artículos 1 y 2.

Artículo 6 - Prevención y represión de empleos abusivos

1. Las disposiciones de los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, de los Protocolos adicionales de 1977 que rigen la prevención y la represión de los empleos abusivos de los signos distintivos se aplicarán de manera idéntica al emblema del tercer Protocolo. En particular, las Altas Partes Contratantes tomarán las medidas necesarias para prevenir y reprimir, en todas las circunstancias, todo empleo abusivo de los signos distintivos mencionados en los artículos 1 y 2 y de sus denominaciones, incluidos el uso pérfido y el empleo de cualquier signo o denominación que constituya una imitación de los mismos.

2. No obstante el párrafo primero del presente artículo, las Altas Partes Contratantes podrá permitir a anteriores usuarios del emblema del tercer Protocolo -o de todo signo que constituya una imitación de este- a que prosigan tal uso, debiendo entenderse que tal uso no se considerará, en tiempo de guerra, como tendente a conferir la protección de los Convenios de Ginebra y, cuando sea aplicable, de los Protocolos adicionales de 1977 y debiendo entenderse que los derechos a tal uso hayan sido adquiridos antes de la aprobación del presente Protocolo.

Artículo 7 - Difusión

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a difundir lo más ampliamente posible en el respectivo país, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado, las disposiciones del presente Protocolo, y en particular a incorporar su enseñanza en los respectivos programas de instrucción militar y a alentar su enseñanza entre la población civil, para que los miembros de las fuerzas armadas y la población civil conozcan este instrumento.

Artículo 8 - Firma

El presente Protocolo quedará abierto a la firma de las Partes en los Convenios de Ginebra el mismo día de su aprobación y seguirá abierto durante un período de doce meses.

Artículo 9 - Ratificación

El presente Protocolo será ratificado lo antes posible. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Consejo Federal Suizo, depositario de los Convenios de Ginebra y de los Protocolos adicionales de 1977.

Artículo 10 - Adhesión

El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de toda Parte en los Convenios de Ginebra no signataria de este Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del depositario.

Artículo 11 - Entrada en vigor

1. El presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que se hayan depositado dos instrumentos de ratificación o de adhesión.

2. Para cada Parte en los Convenios de Ginebra que lo ratifique o que se adhiera a él ulteriormente, el presente Protocolo entrará en vigor seis meses después de que dicha Parte haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 12 - Relaciones convencionales a partir de la entrada en vigor del presente Protocolo

1. Cuando las Partes en los convenios de Ginebra sean también Partes en el presente Protocolo, los Convenios se aplicarán tal como quedan completados por este.

2. Si una de las Partes en conflicto no está obligada por el presente Protocolo, las Partes en el presente Protocolo seguirán, no obstante, obligadas por él en sus relaciones recíprocas. También quedarán obligadas por el presente Protocolo en sus relaciones con dicha Parte si esta acepta y aplica sus disposiciones.

Artículo 13 - Enmiendas

1. Toda Alta Parte Contratante, podrá proponer una o varias enmiendas al presente Protocolo. El texto de cualquier enmienda propuesta se comunicará al depositario, el cual, tras celebrar consultas con todas las Altas Partes Contratantes, con el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, decidirá si conviene convocar una conferencia para examinar la enmienda propuesta.

2. El depositario invitará a esa conferencia a las Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios de Ginebra, sean o no signatarias del presente Protocolo.

Artículo 14 - Denuncia

1. En el caso de que una Alta Parte Contratante denuncie el presente Protocolo, la denuncia solo surtirá efecto un año después de haberse recibido el instrumento de de-nuncia. No obstante, si al expirar ese año la Parte de-nunciante se halla en una situación de conflicto armado o de ocupación, los efectos de la denuncia quedarán sus-pendidos hasta el final del conflicto armado o de la ocupación.

2. La denuncia se notificará por escrito al depositario. Este último la comunicará a todas las Altas Partes Contratantes.

3. La denuncia solo surtirá efecto respecto de la Parte denunciante.

4. Ninguna denuncia presentada de conformidad con el párrafo 1 afectará a las obligaciones ya contraídas como consecuencia del conflicto armado o de la ocupación en virtud del presente Protocolo por tal Parte denunciante, en relación con cualquier acto cometido antes de que dicha denuncia resulte efectiva.

Artículo 15 - Notificaciones

El depositario informará a las Partes Contratantes y a las Partes en los Convenios de Ginebra, sean o no signatarias del presente Protocolo, sobre:

a) las firmas que consten en el presente Protocolo y el depósito de los instrumentos de ratificación y de adhesión, de conformidad con los artículos 8, 9 y 10;

b) la fecha en que el presente Protocolo entre en vigor, de conformidad con el artículo 11 en un plazo de 10 días a partir de esa fecha;

c) las comunicaciones notificadas de conformidad con el artículo 13;

d) las denuncias notificadas de conformidad con el artículo 14.

Artículo 16 - Registro

1. Una vez haya entrado en vigor el presente Protocolo, el depositario lo transmitirá a la Secretaría de las Naciones Unidas con objeto de que se proceda a su registro y publicación, de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

2. El depositario informará actualmente a la Secretaría de las Naciones Unidas de todas las ratificaciones, adhesiones y denuncias que reciba en relación con el presente Protocolo.

Artículo 17 - Textos auténticos

El original del presente Protocolo, cuyos textos árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del depositario, el cual enviará copias certificadas conformes a todas las Partes en los Convenios de Ginebra.

ACTA FINAL DE LA CONFERENCIA DIPLOMATICA SOBRE LA ADOPCION DEL TERCER PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949, RELATIVO A LA APROBACION DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL (PROTOCOLO III)

1. La Conferencia Diplomática convocada por el Consejo Federal Suizo, en su calidad de depositario de las Convenciones de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos Adicionales de 1977, con miras a adoptar el Tercer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), se celebró en Ginebra, Suiza, del 5 al 8 de diciembre de 2005.

2. Las delegaciones de 144 Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra participaron en la Conferencia. La lista de las Altas Partes Contratantes que participaron se adjunta en el Anexo I.

3. La lista de observadores presentes en la Conferencia se adjunta en el Anexo 2.

4. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), y la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja participaron en los trabajos de la Conferencia como expertos.

5. La Conferencia tuvo a la vista un proyecto del Protocolo III preparado por el CICR en consultación con la FICR, luego de discusiones en el marco de un grupo de trabajo formado por la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja conforme al mandato que le fue asignado por la Resolución 3 de la 27ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las consultaciones subsiguientes, y puesto en circulación el 12 de octubre de 2000 por el depositario.

6. Bajo el punto 1 del orden del día, el Secretario General de la Conferencia, el Embajador Didier Pfirter (Suiza) abrió la Conferencia el 5 de diciembre de 2005.

7. Bajo el punto 2 del orden del día, la Consejera Federal Michelini Calmy-Rey, Jefa del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, y el Sr. Jacob Kellenberger, Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, pronunciaron declaraciones de apertura.

8. Bajo el punto 3 del orden del día, la Conferencia procedió luego a la elección de su Presidente, el Embajador Blaise Godet, Representante Permanente de Suiza ante la Oficina de las Naciones Unidas.

9. Bajo el punto 4 del orden del día, la Conferencia adoptó sus reglas de procedimiento basándose en el proyecto de reglamento trasmitido el 30 de mayo de 2005 por el depositario a las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra de 1949.

10. Bajo el punto 5 del orden del día, la Conferencia aprobó el proyecto de orden del día presentado por el depositario (Anexo 3).

11. Bajo el punto 6 del orden del día la Conferencia eligió a los representantes de las siguientes Altas Partes Contratantes como Vicepresidentes: Afganistán, Austria, Chile, República Popular China, República Democrática del Congo, Croacia, Ecuador, Ghana, Honduras, República de Corea, Libia, Mauritania, México, Nepal, Noruega, Federación de Rusia, Pakistán, Eslovaquia, España, Tanzania, Timor-Leste, Uganda, Estados Unidos de América.

12. Bajo los puntos 7 y 8 del orden del día, la Conferencia constituyó los siguientes órganos, de conformidad con sus reglas de procedimiento:

Comité Plenario: El Presidente de la Conferencia,los Vicepresidentes de la Con-ferencia, los Presidentes del Comité de Redacción y del Comité de Verificación y el Secretario General.

Comité de Redacción: Sudáfrica (presidencia), Brasil,

Costa Rica, Etiopía, Reino Hachemita de Jordania, Japón, Nueva Zelandia, Nigeria, Pakistán, Rumania, Senegal, Eslovenia, República Arabe Siria, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Estados Unidos de América.

Comité de Verificación: Chile (presidencia), Australia, Canadá, República del Congo, Guatemala, República de Corea, Madagascar, República Arabe Siria, Ucrania.

13. Bajo el punto 9 del orden del día, la Conferencia mantuvo un debate general durante el cual hicieron declaraciones representantes de 57 Altas Partes Contratantes, algunos de los cuales hablaron en nombre de grupos de Estados. La Conferencia escuchó igualmente declaraciones de observadores y de participantes invitados en calidad de expertos.

14. La Conferencia escuchó declaraciones del CICR y de la FICR relativas a la denominación del signo distintivo adicional. A pesar de que el Protocolo III se refiere a dicho signo distintivo adicional como el "emblema del Tercer Protocolo", el CICR y la FICR informaron a la Conferencia que la designación "cristal rojo", ha adquirido notoriedad y será presentada formalmente en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

15. El Presidente informó a la Conferencia que, a continuación de las Discusiones Informales de los días 12 y 13 de setiembre de 2005 entre las Altas Partes Contratantes, Suiza, como país depositario de las Convenciones de Ginebra, dirigió consultas intensivas. Estas últimas llevaron a la firma de un Memorando de entendimiento (MA; Memorando of Understanding (MoU) y de un Acuerdo de disposiciones operativas (Agreement on Operational Arrangements (AoA) entre el Magen David Adom de Israel (MDA) y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (MLRP) el 28 de noviembre de 2005 en Ginebra, concluidos en un esfuerzo por facilitar la adopción del Protocolo III y para preparar el terreno para la admisión de ambas sociedades al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

16. La Conferencia fue además informada que Suiza acepta supervisar la instrumentación del MA (MoU) y del AoA, cooperando estrechamente con el CICR y con la FICR y en conformidad con sus mandatos, así que también presentar un informe ante la próxima Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

17. El Presidente del Comité de Verificación presentó su informe: El Comité recomendó aceptar las credenciales del 144 delegaciones, acordándoles así el derecho de participar a la votación. La Conferencia aprobó el informe del Comité, clausurando así el debate bajo el punto 9 del orden del día.

18. En conformidad con el punto 10 del orden del día, la Conferencia procedió a la adopción del Protocolo III. Previamente las delegaciones de Pakistán y de Yemen habían propuesto trece enmiendas, que gozaban del apoyo de los estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). Por petición del Pakistán, se celebró una votación nominal sobre dichas enmiendas al Protocolo III en su totalidad con los resultados siguientes:

Votos emitidos: 107

Votos a favor de las enmiendas: 35

Votos en contra de las enmiendas: 72

Abstenciones: 29

Requerida una mayoría de 2/3 para aceptar las

enmiendas en conformidad con el Art. 37 párr. 2

de las reglas de procedimiento 72

19. Las delegaciones de India, Chile, Colombia, la Federación de Rusia, Brasil y Venezuela presentaron explicaciones de voto.

20. No habiendo obtenido la mayoría necesaria de dos tercios, las enmiendas, en conformidad con el artículo 37 pár. 2 de las reglas de procedimiento, fueron desestimadas por la Conferencia.

21. Por petición de la República Arabe Siria, el Protocolo III fue sometido a una votación nominal con los siguientes resultados

Votos emitidos: 125

Votos a favor de la adopción del Protocolo III: 98

Votos en contra de la adopción del Protocolo III: 27

Abstenciones: 10

Requerida una mayoría de 2/3 para aceptar el

Protocolo III en conformidad con el Art. 37 párr. 1

de las reglas de procedimiento 84

22. Presentaron explicaciones de voto las delegaciones de la República Popular China, el Reino Hachemita de Jordania, la República Democrática del Congo, Líbano, Singapur, la Federación de Rusia, Kenia, Turquía, la Santa Sede, Pakistán, la República Arabe de Egipto e Israel.

23. Habiendo así obtenido la mayoría de dos tercios necesaria, en conformidad con el Art. 37 párr. 1 de las reglas de procedimiento, la Conferencia adoptó el 8 de diciembre de 2005 el Tercer Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional; los ejemplares certificados auténticos del mismo en los idiomas inglés, francés y español, están adjuntos a esta Acta Final (Anexo 4)1.

24. Sobre propuesta de su Presidente, la Conferencia dio el mandato al depositario de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos Adicionales de establecer el Acta Final de la Conferencia. A continuación, el Presidente dio por clausurada la Conferencia, el 8 de diciembre de 2005.

25. El Protocolo III fue abierto a la firma y sujeto a la ratificación del mismo día, en conformidad con lo dispuesto en su artículo 8. Permanecerá abierto a la firma y sujeto a la ratificación en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza, en Berna, hasta el 7 de diciembre de 2006, con lo cual quedará abierto a la adhesión en conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.

26. Después de su entrada en vigor, el Protocolo III será transmitido por el depositario al Secretario General de las Naciones Unidas para su registro y publicación.

27. Esta Acta Final ha sido establecida por el depositario de los Convenios de Ginebra de 1949 y de sus Protocolos Adicionales, en conformidad con el mandato que le fue dado por la Conferencia el 8 de diciembre de 2005.

HECHO en Berna el 31 de enero de 2006 en los idiomas árabe, chino, inglés, francés, ruso y español, debiéndose depositar en los archivos de la Confederación Suiza el original y los documentos que lo acompañan.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROTOCOLO ADICIONAL A LOS ACUERDOS DE GINEBRA

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha sometido a este Cuerpo un Proyecto de Ley solicitando la aprobación del Protocolo Adicional a los Acuerdos de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III).

La razón para la adopción de este Protocolo ha sido la de agregar un emblema adicional, llamado "del cristal rojo" o "emblema del tercer Protocolo", como signo concreto del predominio de los principios humanitarios sobre cualquier otra consideración por la que se rige la misión del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La posibilidad de emplear el emblema del cristal rojo facilitará el reconocimiento y la admisión en el Movimiento a las sociedades nacionales que no desean emplear los emblemas de la cruz roja o la media luna roja, consolidándose así la universalidad del Movimiento.

La necesidad de contar con este emblema se debe, en primer lugar, a la circunstancia no deseada de que en determinados contextos se considera que a veces la cruz o la media luna tienen una connotación religiosa o política, lo que basta para cuestionar la imparcialidad de las actividades llevadas a cabo bajo esos distintivos, lo que menoscaba la integridad de quienes los ostentan.

En segundo lugar, esto ha inducido a que algunos Estados y sociedades nacionales de socorro se nieguen a adoptar cualquiera de los emblemas actuales dificultando la universalidad del Movimiento.

A fin de superar estos problemas es que se adopta el emblema del Tercer Protocolo, desprovisto de connotaciones religiosas, políticas o de otra índole.

El nuevo emblema ofrecerá la misma protección que el derecho internacional otorga a la cruz roja y la media luna roja, cuando sea exhibido por el personal, establecimientos, medios de transporte sanitarios de las fuerzas armadas, personal de las Sociedades Nacionales, integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Federación Internacional.

Estos últimos podrán utilizar el emblema nuevo si lo consideran necesario en algún caso, pero no se ven obligados a cambiar sus emblemas o nombres actuales. La finalidad del cristal rojo no es sustituir a la cruz roja o a la media luna roja sino ofrecer una alternativa. Por lo demás el Protocolo está redactado de forma tal de evitar la proliferación de emblemas en el futuro.

Por todo lo expuesto y por considerarlo de interés para la República, se recomienda la aprobación del Protocolo Adicional a los Acuerdos de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III).

Sala de la Comisión, 5 de agosto de 2009.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Mariano Arana, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Julio María Sanguinetti."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: mediante este proyecto de ley se ratifica el Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, en particular el relativo a los derechos internacionales humanitarios de 1949. Se trata de incorporar un emblema adicional, llamado "del cristal rojo", al tradicional emblema de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que fuera parte de la Organización Internacional desde 1864, época en la que fuera fundada por Henri Dunant -famoso filántropo suizo-, en respuesta a la denominada Batalla de Solferino, que despertó su inquietud por los 40.000 heridos que morían sin ningún tipo de asistencia, involucrando a los ejércitos austríaco, francés y piamontés. Posteriormente, la Cruz Roja Internacional, cuyo emblema es la inversión de los colores de la bandera suiza, de alguna forma fue cuestionada por tener una referencia de carácter religioso. En 1929, después de la guerra turco-rusa, se trató de modificar este emblema, colocando la Media Luna Roja, como si fuera una suerte de competencia religiosa entre los distintos emblemas. Persia, en una guerra posterior, quiso incorporar el león rojo a los efectos de identificarse con otro tipo de interpretación, ajena a lo religioso, e Irán, heredero persa de esos territorios, incorporó posteriormente la Media Luna Roja.

Esto está vinculado a la tradición de la Cruz Roja Internacional. A veces no concebimos la verdadera dimensión de su importancia, de los principios de universalidad y unidad y de lo que ha significado como contribución al Derecho humanitario internacional. En este caso, se trata de avanzar para que el emblema del "cristal rojo" represente de manera interpretativa a todos aquellos que tienen una forma diferente de ver el tema. Tan es así, que durante algún tiempo, incluso, Israel quería incorporar su Estrella de David en función de que sentía cierta discriminación en el manejo sectario de los aspectos religiosos que hoy, de alguna forma, están siendo interpretados para que sean incorporados en un sentido homogéneo y globalizante.

En el Uruguay, la Cruz Roja nace en 1897, en ocasión de las guerras civiles, bajo el impulso de Aurelia Ramos; tres años después, se instala en el país y en la ciudad de Carmelo hay una iniciativa muy importante que guarda ciertas reminiscencias por la relevancia de esta Organización.

En este sentido, de alguna forma, el proyecto de ley se incorpora para dar un sentido universal, no sectario, al tema con una interpretación de carácter puntual. Debemos reconocer que la Cruz Roja ha prestado servicios muy importantes en nuestro país. En 1994, en ocasión de la extradición de los etarras, la autorización judicial para proceder a la extradición puso como condición que estas personas fueran acompañadas por un médico de la Cruz Roja que, con su emblema, fue parte de las garantías de los derechos humanos que el Uruguay establecía en aplicación de las leyes, amparado en los principios de esta Organización que sigue teniendo tanta vigencia.

Por ese motivo, la Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado, por unanimidad, la conveniencia de aprobar el "cristal rojo" como emblema alternativo, no sustitutivo, para que cada país pueda utilizarlo sin ningún tipo de condicionamiento o presión sobre los ya utilizados y aconseja aprobar el Protocolo Adicional a los Convenios de 1949, a efectos de entrar en sintonía con las nuevas expresiones y visiones de la universalidad del principio de acción de la Cruz Roja Internacional.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Apruébase la ratificación del Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la Aprobación de un Signo Distintivo Adicional (Protocolo III), firmado por nuestra República en Ginebra, Suiza, el 13 de marzo de 2006."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

16) INDUSTRIA AERONAUTICA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 228 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el cual la administración e implementación del Plan Nacional Industrial Aeronáutico, estará a cargo del Inciso 08 ‘Ministerio de Industria, Energía y Minería, Ejecutora 002, Dirección Nacional de Industria’. (Carp. Nº 1570/09 - Rep. Nº 1112/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1570/09

Rep. N° 1112/09

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 6 de julio de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración el presente Proyecto de Ley modificativo del Artículo 228 de la Ley N° 18.362, de fecha 6 de octubre de 2008.

Mediante los artículos 226, 227, 228, de la Ley N° 18.362, del 6 de octubre de 2008, se declaró de interés nacional la promoción y el desarrollo de la industria aeronáutica con el objetivo de procurar inversiones, expandir las exportaciones, implementar un marco de educación politécnica, incentivar la utilización de mano de obra nacional de alta calificación, coadyuvando con la integración económica regional e internacional, para la cual el Poder Ejecutivo implementará un Plan Nacional Industrial Aeronáutico.

Dicho Plan comprende una serie de actividades, como ser fabricación de aeronaves civiles en general, reparación, mantenimiento, armado, ensamblado, almacenamiento, acondicionamiento y transformación de equipos o partes de dichas aeronaves, nuevas o ya existentes, que implicará un trabajo de capacitación y supervisión importante para el Estado Uruguayo y la industria aeronáutica. El actual Artículo 228 de la Ley mencionada establece que: "La Administración, supervisión y control del Plan Nacional Industrial Aeronáutico estará a cargo del Inciso 08 'Ministerio de Industria, Energía y Minería', Unidad Ejecutora 002 'Dirección Nacional de Industria', la que coordinará sus actividades con los demás organismos competentes".

En materia de aviación en general, la Seguridad es un tema prioritario y de principios, con parámetros estrictos sobre procedimientos, estandarizados a nivel universal que responden no solo a los principios plasmados en la Convención de Chicago de 1944, sino también a los Anexos específicos y técnicos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo del cual Uruguay es parte.

En las recomendaciones de dicho organismo se determina que el "control" y "supervisión" de la Seguridad debe estar bajo la responsabilidad de una Autoridad específicamente determinada.

Por otra parte, desde hace unos años, Uruguay apareció en una lista no deseada de Países que no cumplirían con las normas internacionales de Seguridad Operacional, existiendo una gradualidad de calificación efectuada por la Federal Aviation Administration (FAA) que iban de la 1 a la 3, encontrándose nuestro país en la 3, calificación que se modificó pasando a ser 2, lo que implica que es un País que debe estandarizar sus reglamentos jurídicos y técnicos, entre otras cosas.

Dentro de las observaciones que se efectúan, se encuentra la necesidad de que una sola Autoridad sea la responsable del control y supervisión de la Seguridad Operacional. Para lo cual se ha venido trabajando durante todo el año 2008 en coordinación con la OACI y la FAA, habiéndose arribado a un consenso sobre un proyecto de ley que salvaría las observaciones legales, que brindarán el marco apropiado para adaptar las observaciones técnicas. En este proyecto claramente debió acordarse y establecer quién era la Autoridad responsable de la Seguridad Operacional que comprende la supervisión y el control de todo aquello que tenga relación directa o indirectamente con la Aviación Civil. Es por ello que se entendió necesario modificar el actual Artículo 228 mencionado, en el entendido de que la administración e implementación de dicho Plan corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Minería, sin perjuicio de que la responsabilidad en Seguridad Operacional compete a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, en concordancia con las exigencias internacionales en la materia.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Víctor Rossi, Daisy Tourné, Carlos Colacce, Pedro Vaz, José Bayardi, Marina Arismendi, Héctor Lescano, María Simon, María Julia Muñoz, Daniel Martínez, Alvaro García, Ernesto Agazzi.

Ministerio de Transporte

y Obras Públicas

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Modifícase al Artículo 228 de la Ley N° 18.362, de fecha 6 de octubre de 2008, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 228. La administración e implementación del Plan Nacional Industrial Aeronáutico estará a cargo del Inciso 08 Ministerio de Industria, Energía y Minería, Unidad Ejecutora 002 Dirección Nacional de Industria, que coordinará sus actividades con los demás organismos competentes, sin perjuicio de la responsabilidad en Seguridad Operacional que le compete a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica".

Víctor Rossi, Daisy Tourné, Carlos Colacce, Pedro Vaz, José Bayardi, Marina Arismendi, Héctor Lescano, María Simon, María Julia Muñoz, Daniel Martínez, Alvaro García, Ernesto Agazzi.

DISPOSICION CITADA

Ley N° 18.362,

de 6 de octubre de 2008

Artículo 226.- Decláranse de interés nacional la promoción y el desarrollo de la industria aeronáutica con el objetivo de procurar inversiones, expandir las exportaciones, implementar un marco de educación politécnica, incentivar la utilización de mano de obra nacional de alta calificación, coadyuvando con la integración económica regional e internacional, para lo cual el Poder Ejecutivo implementará un Plan Nacional Industrial Aeronáutico.

A estos efectos, la industria aeronáutica comprenderá las siguientes actividades:

1) Fabricación de aeronaves civiles en general.

2) Reparación, mantenimiento, armado, ensamblado, almacenamiento, acondicionamiento y transformación de equipos o partes de dichas aeronaves, nuevas o ya existentes.

3) Implementación de todos los servicios logísticos derivados.

Artículo 227.- Se declaran aplicables a las actividades industriales aeronáuticas los regímenes de promoción y fomento industrial previstos en el Decreto-Ley N° 14.178, de 28 de marzo de 1974, en la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998, y en la Ley N° 18.184, de 27 de octubre de 2007.

Artículo 228.- La administración, supervisión y control del Plan Nacional Industrial Aeronáutico estará a cargo del Inciso 08 "Ministerio de Industria, Energía y Minería", Unidad Ejecutora 002 "Dirección Nacional de Industrias", la que coordinará sus actividades con los demás organismos competentes.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

ACTA N° 83

En Montevideo, el día cinco de agosto de dos mil nueve, a la hora quince y doce minutos, se reúne la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señora Senadora Susana Dalmás y señores Senadores Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Ruperto Long y Eduardo Muguruza.

Falta con aviso el señor Senador Rafael Michelini.

Concurre especialmente invitado el señor Ministro de Industria, Energía y Minería, ingeniero Daniel Martínez, acompañado por el señor Presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), ingeniero Miguel Brechner.

Preside el señor Senador Isaac Alfie, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y el Prosecretario señor Gabriel Grenno.

Abierto el acto se procede a tomar la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido N° 3327/2009, que forma parte del presente documento.

- Los invitados brindan la opinión del Poder Ejecutivo sobre el denominado "triple play" y la revocación del permiso de una empresa mexicana para operar dicho servicio y responden las inquietudes formuladas por los señores Senadores.

A la hora dieciséis y cinco minutos se retiran de Sala los invitados y se suspende la toma de la versión taquigráfica.

ASUNTOS ENTRADOS:

- La Asociación de Industrias Textiles del Uruguay solicita ser recibida por la Comisión, a fin de intercambiar opiniones sobre la situación por la que atraviesa la Industria Textil.

- El Grupo Gestor del Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino solicita ser recibido por la Comisión, a fin de manifestar los avances que se han logrado desde la implementación del Plan y las acciones que se están desarrollando y las que se llevarán a cabo en el futuro.

ASUNTO CONSIDERADO:

- CARPETA N° 1570/2009. PLAN NACIONAL INDUSTRIAL AERONAUTICO - Administración, supervisión y control. Se modifica el artículo 228 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N° 3278/2009).

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 5 en 5 Senadores presentes. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Isaac Alfie, quien lo hará en forma verbal.

RESOLUCIONES:

La Comisión resuelve conceder audiencias para la próxima sesión según el siguiente cronograma: a la hora dieciséis, una delegación de la Asociación de Productores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo; a la hora dieciséis y veinte minutos, una delegación de la Asociación de Industrias Textiles del Uruguay; y a la hora dieciséis y cuarenta minutos, una delegación del Secretariado Uruguayo de la Lana.

A la hora dieciséis y quince minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Isaac Alfie

Presidente

Vladimir De Bellis Martínez

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en este caso se propone una modificación muy sencilla al artículo 228 de la Ley Nº 18.362, de fecha 6 de octubre de 2008, que consiste en lo siguiente. Luego de la coma que sigue a la expresión "organismos competentes" se agrega: "sin perjuicio de la responsabilidad en Seguridad Operacional que le compete a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica". Parece obvio que la responsabilidad operacional continúa siendo competencia de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica y no del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero con esto se quiere salvar ciertas dudas de interpretación que había con respecto a la implementación y administración del Plan Nacional Industrial Aeronáutico, que a partir de la última Rendición de Cuentas pasó a estar a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Por lo tanto, la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios aprobó por unanimidad esta modificación que, en definitiva, aclara las responsabilidades del sector público y recomienda al Cuerpo votarla afirmativamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1. Modifícase el artículo 228 de la Ley 18.362 de fecha 6 de octubre de 2008 el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘Artículo 228. La administración e implementación del Plan Nacional Industrial Aeronáutico estará a cargo del Inciso 08 Ministerio de Industria, Energía y Minería, Unidad Ejecutora 002 Dirección Nacional de Industria, que coordinará sus actividades con los demás organismos competentes, sin perjuicio de la responsabilidad en Seguridad Operacional que le compete a la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR EN CALIDAD DE REPRESENTANTE PERMANENTE ANTE LAS OFICINAS DE LAS NACIONES UNIDAS Y ORGANISMOS ESPECIALIZADOS CON SEDE EN GINEBRA, A LA LICENCIADA LAURA DUPUY LASSERRE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con solicitudes de acuerdo del Poder Ejecutivo a fin de designar:

- en calidad de Representante Permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, a la licenciada Laura Dupuy Lasserre. (Carp. Nº 1583/09 - Rep. Nº 1106/09)

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al señor Julio Moreira Morán. (Carp. Nº 1582/09 - Rep. Nº 1107/09)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1583/09

Rep. N° 1106/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para designar como Representante Permanente de la República ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, a la licenciada Laura Dupuy Lasserre.

Sala de la Comisión, 5 de agosto de 2009.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Sergio Abreu, Mariano Arana, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Julio María Sanguinetti.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 13 de julio de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Representante Permanente de la República, a la Licenciada Laura Dupuy Lasserre.

La capacidad y eficiencia que la Licenciada Laura Dupuy Lasserre ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Representante Permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernández.

CURRICULUM VITAE

Nombre: Laura Dupuy Lasserre.

Lugar y fecha de nacimiento: Montevideo, 18 de setiembre de 1967.

Estado civil: casada, un hijo.

Título universitario: Licenciada en Relaciones Internacionales - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay - UDELAR - (1990).

Otros estudios terciarios: tres años de la carrera de abogacía - FDCS - UDELAR (1986-1988).

Idiomas:

- español, lengua materna.

- francés fluido (Lycée Français de Montevideo 1971- 1982; Alliance Française - "Diplome de Hautes Etudes Françaises option Traduction e Interprétariat " 1984).

- inglés fluido (Alianza Cultural Uruguay - Estados Unidos 1976-1986 - Diploma de cursos avanzados "Language, Literature and American Civilization" 1986 y "Communicating in Business" y "Business Management" 1990).

- portugués (Instituto uruguayo - brasileño de cultura - curso intensivo 1991 - 1992, en el IASE).

Profesión: diplomática de la República Oriental del Uruguay.

Ingreso al Servicio Exterior por concurso de oposición y mérito de noviembre de 1990, en la categoría de aspirante a partir del 7 de enero de 1991. Cursos del Instituto Artigas del Servicio Exterior -IASE-1991-1993-. Ascensos en cada categoría por concursos de oposición y méritos.

Funciones ejercidas en la República:

- Cargo actual (desde octubre del 2008): Directora de Derechos Humanos y Derecho Humanitario.

- 9 julio 2007 - 1 octubre 2008: Directora de la Regional América -relaciones bilaterales con los 34 países del Hemisferio, incluyendo temas fronterizos-

- 2000 - 2001 - Director General de Integración y MERCOSUR:

- Coordinadora Nacional Alterna de la Comisión de Comercio del MERCOSUR (CCM).

- Delegada ante el Grupo Mercado Común (GMC) - seguimiento de los órganos subsidiarios-.

- Delegada en comercio de servicios en el MERCOSUR (incluyendo MERCOSUR - UE) y en el proceso ALCA.

- 2001: miembro de la Representación Permanente del Uruguay ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

- 1992 - 1994 - Dirección de Medio Ambiente:

- integra por el MRREE la Comisión Técnica Asesora de Protección del Medio Ambiente (COTAMA).

- nexo con el PNUMA para organizar la Primera reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación (Piriápolis, noviembre/diciembre 1992).

- delegada en el Consejo de Administración del PNUMA (Nairobi, Kenya, 1993 y 1994), en reuniones de diversidad biológica (Ginebra, octubre 1993 y Nairobi, junio de 1994) y de productos químicos (Ginebra, enero de 1993).

- organiza la primera sesión de la Reunión Especia- lizada de Medio Ambiente del MERCOSUR (REMA) en Montevideo, noviembre de 1993.

- 1993 - 1994: delegada por el MRREE en el Subgrupo de Trabajo N° 11 "Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social" del MERCOSUR.

- 1991: 2° semestre - Instituto Artigas del Servicio Exterior, y 1er. semestre - Dirección Regional Europa ("Zona IV") - encargada del establecimiento de relaciones diplomáticas con Islandia y preparación de la visita de la Presidencia al Uruguay.

Funciones ejercidas en el exterior:

- 2002 - 2007: Representante Alterna ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Washington, D.C. - EE.UU.

Entre otros temas, responsable del seguimiento de asuntos jurídicos y políticos, incluyendo peticiones y casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de temas que hacen al desarrollo integral, así como de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el tema de la delincuencia organizada transnacional.

- 1995 - 2000: delegada de Uruguay ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza -

Entre otros temas, responsable del seguimiento de temas de derechos humanos y de medio ambiente, en UN, y de comercio y medio ambiente y obstáculos técnicos al comercio en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Co-coordinadora por el GRULAC, junto a la UE, de las negociaciones de la resolución sobre derechos del niño de la Comisión de Derechos Humanos de UN.- (1997 a 1999).

Negociadora de:

- Protocolo facultativo a la Convención sobre derechos del niño sobre participación en conflictos armados (aprobado en enero de 2000),

- Protocolo facultativo a la Convención sobre derechos del niño sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía,

- Convenio Internacional del Trabajo N° 182 sobre peores formas de trabajo infantil (OIT - 1998-1999) - representante de A. L. y C.

- Protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

- Protocolo al Convenio de Basilea sobre la responsabilidad e indemnización por daños causados por movimientos transfronterizos de desechos peligrosos (aprobado en Basilea en diciembre de 1999).

Panelista:

- "el Convenio de Basilea y la perspectiva de los países en desarrollo", exposición para empresarios organizada por la Secretaría del Convenio, en Palexpo, Ginebra, 1999.

- "el desarrollo progresivo del Derecho Internacional Ambiental", en seminario sobre medio ambiente y desarrollo organizado por el Centro de Estudiantes de Relaciones Internacionales (CERRI) en la IMM, Montevideo, setiembre de 1993.

- Derecho Internacional Ambiental, en clases de Derecho Internacional Público en carrera de abogacía - 1993 - y de RR.II. - 1994 - (UDELAR, Montevideo).

Beca usufructuada: curso sobre integración regional ofrecido por la Comisión de las Comunidades Europeas a estudiantes de academias diplomáticas del Cono Sur, en el ISEN, academia diplomática de la República Argentina, Buenos Aires, agosto de 1991.

Trabajos previos: Lycée Français de Montevideo (Administración Central), 1988 - 1990."

"Carp. N° 1582/09

Rep. N° 1107/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al señor Néstor Julio Moreira Morán.

Sala de la Comisión, 5 de agosto de 2009.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Mariano Arana, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Julio María Sanguinetti.

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Montevideo, 13 de julio de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al señor Néstor Julio Moreira Morán.

La capacidad y eficiencia que el señor Néstor Julio Moreira Morán ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el curriculum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Oriental del Uruguay ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernández.

CURRICULUM VITAE

Nombre: Néstor Julio Moreira Morán.

Fecha Nacimiento: Montevideo, 29 julio 1945.

Nacionalidad: Uruguayo.

Estado Civil: Casado con Ana María Medina Novoa.

Hijos: Matías.

Educación

- Doctor en Diplomacia - "Universidad de la República Oriental del Uruguay" - Montevideo, 1978.

- Certificat d’Etudes Politiques - "Institut d’ Etudes Politiques" - Paris, 1980 - 1981.

Idiomas

- Español, Francés, Inglés e Italiano.

Carrera Diplomática

- 29 Marzo 2001 - Ministro Consejero por Concurso de Oposición y Méritos.

- 31 Marzo 1986 - Consejero.

- 29 Octubre 1979 - Primer Secretario.

- 31 Marzo 1978 - Segundo Secretario.

- 19 Diciembre 1975 - Ingreso a la carrera como Tercer Secretario por Concurso de oposición y méritos.

Actuación en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Sub-Director General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sub-Director de la Dirección Regional Europa.

Sub-Director de Protocolo y Ceremonial de Estado.

Jefe de la Secretaría del Subsecretario de Relaciones Exteriores (Vice-Ministro de Relaciones Exteriores).

Jefe del Departamento de Relaciones Económicas Bilaterales de la Dirección para Asuntos Económicos Internacionales.

Encargado del Sector Europa en el Departamento de Relaciones Económicas Bilaterales.

Encargado del Sector OEA en la Dirección de Organismos Internacionales.

Ingresa a prestar funciones como Tercer Secretario en la Dirección de Asuntos Consulares.

En el extranjero:

2007-2002 Embajador en Suecia.

2007-2003 Embajador en Finlandia residente en Estocolmo.

2007-2006 Embajador en Dinamarca, Estonia, Letonia y Noruega residente en Estocolomo.

1998-1993 Ministro Consejero de la Embajada del Uruguay en Francia.

1990-1989 Jefe de Gabinete del Secretario General del Sistema Económico Latinoamericano, (SELA), Caracas, Venezuela.

1989-1986 Consejero de la Embajada del Uruguay en México y Jefe de la Sección Consular.

1989-1986 Representante Alterno del Uruguay ante el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina, (OPANAL). México.

1983-1978 Secretario de Embajada del Uruguay en Francia.

1979-1978 Delegado Permanente del Uruguay ante UNESCO. Cónsul de Uruguay en París y Jefe de la Sección Consular de la Embajada en Francia.

Delegaciones y Misiones al exterior.

- Delegado Permanente Alterno del Uruguay a la UNASUR. 2008-2009.

- Plenipotenciario del Uruguay a la Conferencia de Países Signatarios de la Convención sobre Municiones de Racimo. Oslo-Diciembre 2008.

- Coordinador Nacional Alterno del Uruguay al Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR. 2008-2009.

- Jefe de la Delegación uruguaya a la Conferencia Diplomática de Dublín sobre las Municiones de Racimo. Dublín, Mayo-2008.

- Delegado del SELA al "45 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas", New York-1990.

- Delegado del Uruguaya a la "XXI Asamblea de CEPAL", México - 1986.

- Delegado del Uruguay a la "Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Río", Oaxaca, Mexico - 1988.

- Delegado del Uruguay al "Encuentro Técnico previo a la Primera Conferencia de Presidentes del Grupo de los Ocho-Grupo de Río", Acapulco, México - 1987.

- Delegado del Uruguay a la "XX Conferencia General de UNESCO", París - 1978.

- Otras.

Montevideo, Mayo 2009."

Se pasa a considerar, en primer término, el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de Representante Permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, a la licenciada Laura Dupuy Laserre.

Léase.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales, por unanimidad, recomienda al pleno del Senado aprobar la venia para designar como representante permanente ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, a la Licenciada Laura Dupuy Laserre.

Como surge de los datos que acompañan esta solicitud, la Licenciada Dupuy Laserre tiene una trayectoria ejemplar -diría- dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ingresó a la función diplomática por concurso y se ha desempeñado como funcionaria en los organismos internacionales, con brillante comportamiento en su carácter de Secretaria durante varios años. A los efectos de que el Cuerpo lo tenga presente, agrego que, en oportunidad de tratarse las leyes iniciales de política medioambiental en nuestro país, ella fue consultada en forma permanente por las Comisiones de Medio Ambiente del Senado, por encontrarse en el organismo internacional con sede en Ginebra que se ocupaba del tema del medio ambiente.

Verdaderamente creemos que su presencia reforzará nuestra representación en Ginebra, donde funcionan decenas de organismos internacionales a los que se debe prestar atención en forma continua, de manera tal que nuestro país esté informado acerca del desarrollo de actividades en diversas áreas, que van desde los Derechos Humanos hasta la Organización Mundial del Comercio.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para designar como Representante Permanente de la República ante las Oficinas de las Naciones Unidas y Organismos Especializados con sede en Ginebra, a la licenciada Laura Dupuy Lassere."

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 24. Afirmativa.

Se hará la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo.

18) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, AL SEÑOR NESTOR JULIO MOREIRA MORAN

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionado con la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo a fin de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al señor Néstor Julio Moreira Morán.

Léase.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: como es de estilo, la Comisión recibió al señor Néstor Julio Moreira Morán para que nos brinde su informe y algunos detalles sobre la forma en que encarará diplomáticamente su destino como jefe de misión y entendió que, efectivamente, está en condiciones de ser representante del Uruguay ante el Reino Unido, no solo por sus antecedentes, sino también por la manera en que afrontó anteriores responsabilidades.

Se trata de un destino muy importante, bilateral, cuya responsabilidad se adjudica a un funcionario de carrera, reconocido, con una extensa experiencia y conocedor de la Cancillería en todos sus aspectos, tanto en lo que tiene que ver con los vínculos administrativos como con los aspectos bilaterales y multilaterales.

El señor Moreira Morán fue Embajador en Suecia, Embajador en Finlandia residente en Estocolmo, Jefe de Gabinete del Secretario General del Sistema Económico Latinoamericano, SELA -una de las primeras organizaciones, después de la ALADI, que se crearon en el ámbito de América Latina, con expresión y proyección latinoamericana- y también representante en México. Ahora, de manera muy acertada, el Poder Ejecutivo lo propone para ser representante de Uruguay como jefe de misión en el Reino Unido.

Por lo expuesto, señor Presidente, señalamos que la Comisión no solo ha aprobado por unanimidad la propuesta del Poder Ejecutivo, sino que también hace un reconocimiento al esfuerzo por impulsar y promover a los funcionarios de carrera que, en el ámbito de la Cancillería, tienen una extensa experiencia y, además, aportan tanto profesionalidad como continuidad a la proyección de la política exterior del país.

Reitero que, por unanimidad, la Comisión aconseja aprobar la solicitud del Poder Ejecutivo para designar al señor Moreira Morán como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, al señor Néstor Julio Moreira Morán".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Se hará la comunicación correspondiente al Poder Ejecutivo.

19) PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: dado que ha sido repartida la Carpeta Nº 1585/09 sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, solicito que se declare urgente y se trate de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar el proyecto de ley cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley sobre Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. (Carpeta Nº 1585/2009)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1585/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión Especial

Lavado de activos y

Crimen organizado

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Establécese la vigencia del artículo 67 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y del artículo 125 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008.

Montevideo, a 10 de agosto de 2009.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Milton Antognazza, Jorge Saravia.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 20 de julio de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley que modifica la redacción del artículo 14 de la Ley N° 18.494 de 5 de junio de 2009.

En el proceso de elaboración de la Ley N° 18.494, en el artículo 14, se dispuso por error la derogación del artículo 67 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y del artículo 125 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006 en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley N° 18.362 de 6 de octubre de 2008, cuando solo correspondía derogar el artículo 21 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004. Asimismo se incluyeron en el citado artículo 14, derogaciones a artículos de otras normas a las que la misma ley en sus artículos 1° y 2° había otorgado nueva redacción.

Este proyecto pretende subsanar los errores padecidos, y al mismo tiempo eliminar las dudas que pudieran plantearse respecto a disposiciones que no resultan derogadas, sino modificadas en su redacción.

Saluda al Señor Presidente con su mayor considera-ción.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Marina Arismendi, Pedro Vaz, Jorge Bruni, Víctor Rossi, Héctor Lescano, Ernesto Agazzi, José Bayardi, Daniel Martínez, María Julia Muñoz, Carlos Colacce, María Simon, Julio Miguel Baráibar, Alvaro García.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Derógase el artículo 21 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004".

Marina Arismendi, Pedro Vaz, Jorge Bruni, Víctor Rossi, Héctor Lescano, Ernesto Agazzi, José Bayardi, Daniel Martínez, María Julia Muñoz, Carlos Colacce, María Simon, Julio Miguel Baráibar, Alvaro García.

DISPOSICION CITADA

Ley N° 18.494,

de 5 de junio de 2009

CONTROL Y PREVENCION DE LAVADOS DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Artículo 14. (Derogaciones).- Deróganse los artículos 21 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, 8° de la Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, 67 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los incisos cuarto y quinto del artículo 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 67 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 125 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008.

CAMARA DE SENADORES

Comisión Especial

Lavado de activos y

Crimen organizado

ACTA N° 14

En Montevideo, a los cinco días del mes de agosto del año dos mil nueve, a la hora catorce y treinta minutos, se reúne la Comisión Especial sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, la señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Milton Antognazza y Jorge Saravia.

Faltan con aviso los señores Senadores Isaac Alfie y Carlos Moreira.

Preside su titular, la señora Senadora Margarita Percovich.

Actúan en Secretaría la Secretaria de Comisión señora Lydia El Helou y el Prosecretario, señor José Sambucetti.

Abierto el acto, por Secretaría se da cuenta del siguiente asunto entrado:

Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el artículo 14 de la Ley N° 18.494, de 5 de junio de 2009, referente a la prevención y el control del lavado de acti-vos y el financiamiento del terrorismo. (Carpeta N° 1585/2009, Distribuido N° 3318/2009).

Inmediatamente, se pasa a su consideración.

La Comisión aprueba el proyecto de ley y resuelve acordar una redacción sustitutiva para su artículo único a fin de remitirlo al Pleno. Se vota 3 en 3. Afirmativa. Unanimidad de presentes.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich. (Informe verbal).

A la hora catorce y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la Secretaria de la Comisión.

Margarita Percovich

Presidenta

Lydia El Helou

Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley tiene que ver con una modificación a la Ley que aprobáramos este año, dado que por error se establecieron algunas derogaciones en el último artículo. En su visita a la Comisión, los doctores Cairoli y Díaz nos hicieron notar que se derogaban artículos muy importantes, relacionados con el fin de los bienes decomisados en este tipo de operaciones e, incluso, con la creación del Fondo Nacional de Drogas, al que aquellos van destinados en su gran mayoría. Con esta modificación, se lograría restablecer la vigencia de los artículos que fueron derogados por error y quedaría firme la derogación de los que, efectivamente, debían serlo.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Restablécese la vigencia del artículo 67 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley Nº 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y del artículo 125 de la Ley 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 11 y 7 minutos, presidiendo el señor Senador Couriel y estando presentes los señores Senadores Abreu, Aguirrezabala, Antognazza, Arana, Bonomi, Cid, Da Rosa, Dalmás, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Guarino, Heber, Lapaz, Lara Gilene, Lorier, Moreira, Muguruza, Percovich, Rosadilla, Sanguinetti, Saravia, Semproni, Vaillant y Xavier.)

ECONOMISTA ALBERTO COURIEL Presidente en Ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.