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Nº 290 - TOMO 463 - 1° DE JULIO DE 2009

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

20ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

EL SEÑOR SENADOR DOCTOR CARLOS MOREIRA Primer Vicepresidente

Y EL SEÑOR SENADOR RAFAEL MICHELINI Primer Vicepresidente

ACTUAN LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedidos de informes

- El señor Senador Heber, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con irregularidades constatadas en la Dirección Nacional de Minería y Geología.

- Oportunamente fue tramitado.

- El señor Senador Francisco Gallinal, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional relacionados con:

- el personal militar que se acogió a la Ley Nº 17.949, de 13 de enero de 2006, sobre Personal Militar destituido, desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares, por razones políticas o ideológicas.

- la situación del Hospital Militar.

- los estados contables de los reembolsos percibidos por el país en las misiones de paz y estado general de la flota vehicular de las Fuerzas Armadas en el exterior.

- la proyección de vacantes de la Escuela Militar con respecto a las necesidades del Ejército hasta el año 2030.

- Oportunamente fueron tramitados.

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6, 15 y 22) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Mujica, Fernández Huidobro, Astori, Da Rosa, Saravia, Penadés y Gallinal.

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores Alberto Brause, Saúl Posada, Enrique Pintado, Carlos Baráibar y Carlos Mazzulo, comunicando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo.

7) Interrupción de servicios de ANTEL en el litoral

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senador resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a a la Presidencia de la República, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a ANTEL, a ANCEL, al Congreso de Intendentes y a las Intendencias y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

8) Complejos de MEVIR

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a MEVIR, a la OPP, a Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y a los Municipios y Juntas Departamentales y Autónomas.

9) Juan Gervasio Protasi. Su fallecimiento

- Manifestaciones del señor Senador Arana.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a sus familiares directos, al SODRE y al Ministerio de Educación y Cultura.

10 y 12) Golpe de Estado en Honduras

- Manifestaciones de los señores Senadores Abreu y Gargano.

- Por moción del señor Senador Abreu, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Cancillería de la República.

11) Parque de esculturas del Edificio Libertad y elementos decorativos del Edificio Independencia

- Manifestaciones del señor Senador Sanguinetti.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, a la Dirección del Museo Nacional de Artes Visuales y a la Asociación de Artistas Plásticos.

13 y 19) Instituto Nacional de Carnes

- Por moción del señor Senador Vaillant, el Senado resuelve que se reparta la Carpeta correspondiente y se incluya en el Orden del Día.

- Proyecto de ley por el que se le faculta al Instituto Nacional de Carnes a conceder quitas y a reducir recargas e intereses por mora para facilitar el cobro de multas.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14, 16 y 18) Procesos laborales

- Proyecto de ley por el que se establecen normas para la reforma del proceso laboral.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17 y 20) Declaración sobre el golpe de estado en Honduras

- El Senado, por unanimidad, resuelve emitir una declaración respecto a la situación planteada en la República de Honduras.

21) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, concedió las venias solicitadas para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

23) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 29 de junio de 2009.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 1º de julio, a la hora 9.30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se establecen normas para la reforma del proceso laboral.

Carp. Nº 1403/08 - Rep. Nº 1074/09

2) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 11 de agosto de 2009).

Carp. Nº 1517/09 - Rep. Nº 1075/09

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública. (Plazo constitucional vence el 1º de setiembre de 2009).

Carp. Nº 1530/09 - Rep. Nº 1076/09

3) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. (Plazo constitucional vence el 29 de julio de 2009). (Se incluye en el Orden del Día por disposición reglamentaria).

Carp. Nº 1506/09 - Rep. Nº 1077/09

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Antognazza, Arana, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gamou, Gargano, Heber, Lapaz, Lara Gilene, Long, Lorier, Muguruza, Penadés, Percovich, Pérez Antón, Ramela, Ríos, Sanguinetti, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Alfie, Astori, Fernández Huidobro, Gallinal, Mujica y Topolansky; y, con aviso, el señor Senador Larrañaga.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 40 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el que se deroga el artículo 5º del Decreto-Ley Nº 14.276 de 27 de setiembre de 1974, que dispuso erigir un mausoleo en la Plaza Independencia a los efectos de sepultar en forma definitiva los restos del General Artigas.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se designa "Vicente Foch Puntigliano" la Escuela Nº 105 de Educación Especial, del departamento de Rivera, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes solicitando las venias correspondientes para:

- designar Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de Primer Turno al doctor Juan Bautista Gómez Duarte.

- destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- designar en calidad de Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República ante el Gobierno de la República de Guatemala, a la señora María del Carmen Fros.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- y comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la salida del país de una delegación del Ejército Nacional a efectos de participar en la competencia ‘Fuerzas Comando 2009’, a llevarse a cabo en la ciudad de Goiânia, República Federativa del Brasil, entre el 13 y el 26 de junio de 2009.

- por el que se concede una pensión graciable a la señora Mary Isabel Da Cuña Rodríguez.

- por el que se concede una pensión graciable a la señora Eugenia Marta Pereyra.

- por el que se dictan normas para el archivo de programas de radio y televisión y se crea el Archivo Audiovisual, dependiente del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos (SODRE).

- por el que se aprueba el Acuerdo sobre Cooperación Económica entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, firmado en la ciudad de Lisboa, el 20 de setiembre de 2007.

- por el que se habilita al Inciso 03 ‘Ministerio de Defensa Nacional’ a contraer con el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) un préstamo por un monto total de euros 1:830.000,00 (un millón ochocientos treinta mil euros), con destino a la unidad ejecutora 023 ‘Comando General de la Fuerza Aérea’ para la compra de dos aeronaves CASA C-212 Serie 200, equipadas con sistemas complementarios de búsqueda de alta tecnología.

- por el que se designa "María Josefa Alamo de Suárez" al tramo de la Ruta Nacional Nº 46, comprendido entre el empalme Dogliotti y el acceso a la planta urbana de la ciudad de Los Cerrillos, departamento de Canelones.

- por el que se dictan normas relacionadas con la tripulación de embarcaciones de matrícula nacional.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se prorroga por el término de veinticuatro meses la prohibición de importar determinados bienes muebles usados, dispuesta por el artículo 1º de la Ley Nº 17.887, de 19 de agosto de 2005.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se designa ‘Duvinoso Juan del Puerto Pérez, ´Pindingo´’ el puente sobre el Río San Luis, en el kilómetro 30 de la Ruta Nacional Nº 19 ‘Horacio Arredondo’, en el departamento de Rocha.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

- por el que se aprueba la Convención relativa a la Competencia, Ley Aplicable, Reconocimiento, Ejecución y Cooperación en Materia de Responsabilidad Parental y Medidas para la Protección de los Niños, suscrita en la Decimoctava Sesión de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre de 1996.

- por el que se aprueba el Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Chile, suscrito en la ciudad de Santiago de Chile, el 27 de abril de 2004.

- por el que se aprueba la Convención sobre Municiones de Racimo, firmada en la ciudad de Oslo, Reino de Noruega, el 3 de diciembre de 2008.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se reconoce la validez y la eficacia jurídica del documento electrónico y de la firma electrónica.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se designa ‘Químico Farmacéutico Mario Brum Viana’ el Liceo de la ciudad de Tranqueras, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el se modifican los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 17.730, de 31 de diciembre de 2003, sobre el seguro para el control de la brucelosis.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- Comunica que aprobó los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifican e incorporan disposiciones a la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, y se sustituyen los artículos 138, 173 y 336 del Código Penal, relativos a los medios de comunicación.

- por el que se designa "María Josefa Alamo de Suárez" al tramo de la Ruta Nacional Nº 46, comprendido entre el empalme Dogliotti y el acceso a la planta urbana de la ciudad de Los Cerrillos, departamento de Canelones.

- por el que se regula la distribución del trabajo de peones prácticos y de obreros no especializados en las obras efectuadas por el Estado, por los gobiernos departamentales, los entes autónomos, los servi-cios descentralizados, las personas públicas no estatales o empresas contratadas o subcontratadas por estos.

- por el que se aprueba el Acuerdo que crea el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), suscrito en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el 29 de julio de 2005.

- por el que se interpreta el artículo 268 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, sobre régimen de retiro incentivado de funcionarios de la Corte Electoral que cumplan determinados requisitos.

- por el que se aprueba el Acuerdo de Admisión de Títulos, Certificados y Diplomas para el Ejercicio de la Docencia en la Enseñanza del Español y del Portugués como Lenguas Extranjeras en los Estados Partes, suscrito por los Estados Partes del MERCOSUR, el 20 de junio de 2005.

- por el que se modifica el artículo 414 de la Ley Nº 18.362, de 6 de octubre de 2008, referido a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en Materia Penal con especialización en el crimen organizado.

- por el que se concede una pensión graciable al señor José Erman Michalovicaite.

- por el que se concede una pensión graciable a la señora Nelly Teresa Andrade Francolini.

- por el que se concede una pensión graciable al señor José Pedro Barrán Montaldo.

- por el que se establece el procedimiento aplicable en las causas judiciales originadas en relaciones de consumo comprendidas en la Ley Nº 17.250, de 11 de setiembre de 2000.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

Y remite además:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Nacional Hermes Toledo Antúnez, referidas a la conmemoración, el 30 de octubre del año en curso, del centenario de la firma del Tratado de la Laguna Merín y el Río Yaguarón.

- A LAS COMISIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

- copia de la exposición escrita presentada por el señor Representante Nacional Dante Nogueira, referida a la necesidad de concretar una solución urgente a la infraestructura del puente angosto que se encuentra sobre la Ruta Nacional Nº 7 General Aparicio Saravia.

- A LA COMISION DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS.

El Ministerio de Salud Pública remite nota relativa a la situación laboral actual de los ex trabajadores de la Sede Secundaria del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, en la ciudad de Bella Unión, departamento de Artigas, y sobre las carencias edilicias que afectan los servicios asistenciales en la misma.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Luis A. Heber, relacionado con la transferencia de bienes al Instituto de Colonización por parte del Banco de Seguros del Estado.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR HEBER.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se establecen normas para la reforma del proceso laboral.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva:

- informadas, las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de sus cargos a una funcionaria y un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

- por vencimiento del plazo reglamentario, la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de las versiones taquigráficas de las palabras pronunciadas:

- por el señor Edil Roberto Domínguez, relacionadas con la necesidad de rever la normativa vigente que rige las condiciones exigibles para personas que están construyendo sus propias viviendas.

- A LA COMISION DE VIVIENDA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

- por el señor Edil Walter Urrutia, relacionadas con el archivo de la denuncia referente a la contratación de los servicios de la Empresa Satenil S.A. por parte de la Intendencia Municipal, aconsejado por la Fiscalía Letrada Departamental.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el señor Edil Darwin Correa, manifestando su crítica a la calidad de las viviendas del complejo construido por el Ejecutivo Comunal, en cercanías de Cerro Pelado, en las que se alojarían las familias del Asentamiento del Molino.

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION.

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la versión taquigráfica de las palabras de la señora Edila Dra. Patricia Vásquez Varela, relacionadas con la proyectada reforma de la Constitución.

La Junta Departamental de Artigas remite copia de la versión taquigráfica de las palabras del señor Edil Esc. Alejandro Silvera, durante el tratamiento de la problemática existente en esa ciudad con menores alojados en el local del INAU.

- TENGANSE PRESENTE."

4) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Luis A. Heber, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con irregularidades constatadas en la Dirección Nacional de Minería y Geología."

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 22 de junio de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar el siguiente pedido al Ministerio de Industria, Energía y Minería, para que se sirva informar en lo referente a irregularidades respecto a títulos mineros, supuestamente constatadas en la DINAMIGE y puestas en conocimiento de la población a través de la prensa:

1. Qué funcionarios de la Dirección Nacional de Minería y Geología, individualizados como responsables de vender información o favorecer a especuladores, fueron sometidos a sumario o investigación administrativa.

2. Quiénes fueron individualizados como responsables de comprar dicha información y qué medidas se adoptaron al respecto, indicando en qué Juzgado fueron radicadas las correspondientes denuncias penales.

3. Qué empresas inversoras fueron perjudicadas y en qué monto.

4. Cómo se determinó la pérdida del Estado, si se estudió el patrimonio de los funcionarios involucrados y qué medidas se adoptaron para resarcir al Estado de la pérdida.

5. Nombre de los abogados e ingenieros que están sumariados o investigados y por qué irregularidades.

6. Qué funcionarios omitieron realizar los controles a que alude el informe de la Auditoría General de la Nación.

7. Qué medidas se adoptaron para salvar las observaciones formuladas por la Auditoría.

8. Si anteriormente funcionarios de esa Secretaría habían denunciado los hechos constatados por la Auditoría y en caso afirmativo qué medidas adoptaron las autoridades. Se solicita que de existir los informes se suministre copia autenticada.

9. Si los traslados de los funcionarios: Dra. Silvia Genta, Carlos Valverde y Esc. María Zoccola y el cambio de funciones de la Ing. María Tilve obedecen a que están involucrados en los hechos denunciados por el Sr. Subsecretario.

10. Cuáles son los motivos para que la Dra. Genta y la Ing. Tilve no cumplan las funciones para las que concursaron y fueron contratadas y el funcionario Valverde, Técnico en Agrimensura (Escalafón B), esté cumpliendo funciones administrativas (Escalafón C).

11. Qué determinó que la Esc. Zoccola, Encargada del Registro General de Minería, sea destinada a prestar funciones en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, invocando la Administración la necesidad de dicha Unidad Ejecutora de contar con un Escribano, cuando en la Dirección Nacional de Minería presta funciones una Escribana que pertenece a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

12. Si el traslado de los citados funcionarios no resiente el funcionamiento de las oficinas involucradas, especialmente el Departamento de Agrimensura, en cuanto a que el control de los amojonamientos de las Concesiones para Explotar, los realiza un funcionario administrativo en lugar de un técnico como prevé la normativa vigente.

13. De existir investigaciones o sumarios contra los funcionarios mencionados en los numerales anteriores, se solicita el motivo de los mismos y es intención del Ministerio, reintegrarlos a sus funciones si resultaran inocentes de las acusaciones.

14. Si el Dr. Marcos Cabot, funcionario que integra el padrón de funcionarios de DINAMIGE y que entre los años 2005 a febrero de 2009 cumplió funciones en la Asesoría Jurídica del MIEM no solicitó que se regularizara su situación funcional incorporándolo a la Unidad Ejecutora 001 y si la Administración se pronunció al respecto.

15. Las razones por las que por Resolución de febrero del corriente año se dispuso que el Dr. Marcos Cabot pasare a prestar funciones a DINAPYME en vez de reintegrarlo a su organismo de origen o en su defecto su incorporación a la Unidad Ejecutora solicitada, ya que dicha negativa implícita aparejó un serio perjuicio en su carrera funcional.

16. Si la información que posee la Dirección Nacional de Minería y Geología, respecto a la ubicación de los yacimientos es pública o reservada y qué normativa lo dispone.

Luis Alberto Heber. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dése cuenta de otros pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Francisco Gallinal, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes con destino al Ministerio de Defensa Nacional relacionados con:

- el personal militar que se acogió a la Ley Nº 17.949, de 13 de enero de 2006, sobre Personal Militar destituido, desvinculado, dado de baja, pasado a situación de reforma o similares, por razones políticas o ideológicas.

- la situación del Hospital Militar.

- los estados contables de los reembolsos percibidos por el país en las misiones de paz y estado general de la flota vehicular de las Fuerzas Armadas en el exterior.

- la proyección de vacantes de la Escuela Militar con respecto a las necesidades del Ejército hasta el año 2030."

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS.

(Texto de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 16 de junio de 2009.

Señor Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, remito al Ministerio de Defensa Nacional el siguiente pedido de informes.

1. Número y datos personales del personal militar que se acogió a la Ley N° 17.949, de 13 de enero de 2006.

2. Número y datos de los beneficiarios amparados por la misma Ley.

3. Número y datos de los peticionantes cuyos casos no han sido resueltos a la fecha.

4. Integración y curriculum de los miembros de la Comisión Asesora creada por el literal B) del artículo 2° de la Ley N° 17.949.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Dr. Francisco Gallinal. Senador."

"Montevideo, 16 de junio de 2009.

Señor Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, remito al Ministerio de Defensa Nacional el siguiente pedido de informes:

1°. Número y datos personales del personal técnico y no técnico del Hospital Militar, discriminándose, en el caso de los médicos, por especialidad y remuneración.

2°. Número de camas ocupadas y/o libres de las Unidades de Cuidados Intensivos, Intermedios y Salas comunes.

3°. Estado y número de la flota vehicular, fundamentalmente de las ambulancias.

4°. Intervenciones quirúrgicas realizadas durante los años 2005, 2006, 2007, 2008 y en el año en curso.

5°. Número de consultas en consultorio y/o domicilio realizadas en los años señalados en el ítem anterior.

6°. Intervenciones quirúrgicas programadas para el último semestre del año 2009.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Dr. Francisco Gallinal. Senador."

"Montevideo, 16 de junio de 2009.

Señor Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República remito al Ministerio de Defensa Nacional el siguiente pedido de informes.

1. Estado contable de los reembolsos percibidos por el país en las misiones de paz (si hay atraso o no por parte de la ONU y la o las causas).

2. Estado general de la flota de vehículos y demás equipos propiedad de las Fuerzas Armadas con que cuentan los efectivos en el exterior.

3. Estado de la flota vehicular de los demás rubros de acuerdo a las inspecciones por parte de los equipos COE (Control Owned Equipment).

4. Indicar los rubros en que se han invertido los dineros percibidos como reembolsos por reequi-pamiento.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Dr. Francisco Gallinal. Senador."

"Montevideo, 16 de junio de 2009.

Señor Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, remito al Ministerio de Defensa Nacional el siguiente pedido de informes:

1. Proyección de vacantes de la Escuela Militar con respecto a las necesidades del Ejército hasta el año 2030.

2. Antecedentes de la selección de los postulantes que se han presentado los últimos diez años.

3. Nivel socio-económico-cultural de los ingresos de los últimos diez años.

4. Nivel de rendimiento escolar de los alumnos en los últimos diez años.

5. Causales de baja de alumnos en los últimos diez años.

6. Estudio de antecedentes y porcentajes de los alumnos que provienen del Liceo Militar y que continúan la carrera.

Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.

Dr. Francisco Gallinal. Senador."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR PROSECRETARIO (Dr. Ernesto Lorenzo).- En la sesión ordinaria del 17 de junio de 2009 faltó con aviso el señor Senador Lorier.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 16 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Astori, Michelini y Mujica.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 16 de junio faltó con aviso el señor Senador Michelini.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 17 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Alfie, Couriel y Michelini.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 17 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Gallinal.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 17 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Camy, Gargano, Heber y Michelini.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que, en virtud de la licencia concedida al señor Senador Alfie, y habiendo presentado nota de desistimiento el señor Alberto Brause informando que por esta vez no acepta la convocatoria para integrar el Senado, queda convocado el señor Carlos Ramela.

Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 1º de julio de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia durante el día 1º de julio de 2009 y se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente,

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Héctor Tajam.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Topolansky solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 30 de junio de 2009.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia por motivos particulares el día 1º de julio del corriente.

Sin otro particular,

Lucía Topolansky. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que el señor Saúl Posada ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Carlos Gamou.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 1º de julio de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia para el día 1º de julio de 2009 por razones personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente,

E. Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Queda convocado el señor Eduardo Muguruza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia del 1º al 10 de julio de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 1º de julio de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos de salud desde el día de la fecha hasta el viernes 10 de julio inclusive. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente,

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 18. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Enrique Pintado y Carlos Baráibar han presentado notas de desistimiento, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Milton Antognazza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Da Rosa solicita licencia del 2 al 24 de julio."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 30 de junio de 2009.

Señor

Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE

De mi mayor consideración:

Quien suscribe, Senador Eber Da Rosa Vázquez, viene por la presente a solicitar al Cuerpo, por motivos personales, licencia por los días comprendidos entre el día jueves 2 de julio al viernes 24 de julio del presente año, inclusive. Por lo expuesto, solicito se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente

Dr. Eber Da Rosa Vázquez. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Queda convocado el señor Alberto Perdomo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Saravia solicita licencia del 15 al 24 de los corrientes."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 1º de julio de 2009.

Señor

Presidente del Senado

Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE

Solicito licencia por los días 15 al 24 del corriente. Motiva la presente una invitación cursada por el Instituto Nacional de Carnes, como miembro de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, a conocer el restaurante ‘Gourmet Natural-Parrilla from Uruguay’ en la zona de Algarve, Portugal, actividad a la que concurrirán autoridades del Instituto.

Este restaurante es miembro del ‘Uruguay Natural Club’, Proyecto de Promoción que actualmente lleva adelante el INAC y cuyo objetivo es posicionar las carnes naturales del país en los segmentos de alto poder adquisitivo de los principales mercados del mundo.

Sin otro particular, saludo atentamente,

Jorge Saravia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

7) INTERRUPCION DE SERVICIOS DE ANTEL EN EL LITORAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

Quiero referirme a lo ocurrido el domingo último, 28 de junio, con los teléfonos celulares con servicio de Ancel, que dependen de radiobases ubicadas en el litoral y norte uruguayo, desde Soriano hasta Salto. No se contó con ese servicio durante casi 10 horas, cuando en esa jornada se desarrollaban las elecciones internas de los partidos políticos, también denominadas comicios primarios, por tratarse de la primera etapa del proceso de renovación o confirmación de autoridades partidarias, departamentales y nacionales.

Destaco la importancia de ese día e insisto en que el sistema telefónico celular por GSM de Antel no permitió la comunicación mientras que los que tenían servicio 3G, de última generación celular, sí pudieron conectarse. Sin embargo, ante la lógica inquietud, que no puede convertirse en resignación pero sí en justificado enojo de quienes participábamos activamente de la necesaria puja democrática, la respuesta fue: "Todavía estamos averiguando qué pasó. No tenemos la información precisa, solo que fue una falla grande desde poco antes del mediodía", según palabras del gerente general de Telefonía Móvil de Antel.

También se aseguró que el programa Orión no tenía nada que ver con este caso, sino que se trataba de una falla que afectó a muchas radiobases del litoral y zona norte del Río Negro. El programa informático Orión, desarrollado en Canadá, importado por Antel en febrero de 2009 y puesto en marcha el 28 de ese mes, deparó problemas con caída del sistema y llamadas "libres" o teóricamente "gratis", pero el sistema de "plataforma NAP" deja las comunicaciones grabadas y la computadora "cobra" la llamada.

La mencionada falla técnica de los equipos de la red, no vinculada al sistema de facturación del Ente, se produjo en una serie de equipos distribuidos en una extensa zona, pero aún se estaba tratando de identificar cuáles fueron y cuál fue la razón de que fallaran, si fue un programa del software (los programas informáticos) o de hardware (los equipos electrónicos).

Deseamos que Antel brinde un informe detallado de lo que pasó; y, a nuestro juicio, debemos aspirar a que, ante situaciones de extrema sensibilidad y máxima utilización de equipos y servicios, la empresa pública agote todos los procedimientos de prevención y revisión de los sistemas de comunicación que ofrece. Esta aspiración no es caprichosa ni producto de una situación puntual, sino que refleja el simple y plausible concepto de que los servicios públicos suponen una necesidad subyacente, que el Estado entiende debe cubrir y asegurar con los recursos a su alcance y en todas las oportunidades en que los integrantes de la comunidad lo necesitan o, mejor aún, lo exigen.

Por esa razón, pido que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Industria, Energía y Minería, a ANTEL, a ANCEL, al Congreso de Intendentes y a las Intendencias y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

8) COMPLEJOS DE MEVIR

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Quiero recordar que con la inauguración del cuarto complejo habitacional de Mevir en Pueblo Gallinal, este movimiento lleva entregadas 22.678 soluciones habitacionales desde su creación en 1967, a impulsos de don Alberto Gallinal, quien propuso y logró incorporar instrumentos para poder financiar la vivienda propia a miles de familias del olvidado medio rural con serias dificultades para acceder a un techo decoroso.

En estas oportunidades siempre se observan caras felices y el sentido del deber cumplido de los beneficiarios, quienes alcanzaron su sueño con mucho esfuerzo en miles de horas dedicadas al trabajo por ayuda mutua en complejos que se levantan en todos los rincones del país, dando continuidad a la idea del desaparecido productor y hombre público del departamento de Florida. Así también lo esperan las poblaciones del departamento de Soriano: Villa Soriano, Cardona, Palmitas, Egaña, Risso, Jackson y Cañada Nieto.

Con el paso de las décadas, los uruguayos nos hemos acostumbrado al paisaje con estos complejos de casas blancas ubicados muchas veces en medio de la nada, o sustituyendo caseríos de verdaderas taperas en las que faltaban servicios elementales y sobraban carencias para las familias del interior profundo.

Pero con Mevir no empieza ni termina el problema, ni es suficiente para retener a los pobladores del medio rural, y de poco serviría tener una casa decorosa si al tiempo no hay trabajo ni ingresos para amortizar la compra de la propiedad, aunque esta se haga en cuotas prácticamente al alcance de todos los bolsillos.

Las condiciones del medio rural son mucho más complejas y por lo tanto exigen respuestas desde diversos ángulos, pero la principal es ofrecer oportunidades de trabajo para los jóvenes con dificultades de insertarse en el esquema laboral en un medio que generalmente les cierra las puertas.

No habrá Mevir que pueda retener a la población rural si paralelamente no se crean polos de desarrollo, como se han generado en lugares como Gallinal, con plantaciones de cítricos y forestación, mientras en Piedras Coloradas y Orgoroso se ha llegado al desempleo cero, comprometido ahora por la merma en las exportaciones por la crisis financiera internacional, pero con perspectivas de reactivación tan pronto se recuperen los mercados.

Atendiendo a esta buena nueva, aspiro a que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a Mevir, a la OPP, a Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y a los Municipios y Juntas Departamentales y Autónomas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador Lapaz.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

9) JUAN GERVASIO PROTASI. SU FALLECIMIENTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: en el presente año el Uruguay se vio enlutado por el fallecimiento de figuras de notoria relevancia cultural, cuya resonancia soslayó posiblemente a otras de la consideración pública. Por ello me quiero referir al Maestro Juan Protasi, de destacadísima trayectoria en el ámbito musical, cuyo deceso se produjo el 16 de mayo próximo pasado, a pocos días de cumplir 91 años.

Protasi se formó primero como pianista, con gente de destacada trayectoria, como, por ejemplo, Santiago Baranda Reyes, Nibya Mariño y Guillermo Kolischer. También se especializò en cursos de armonía, de contrapunto y de instrumentación -con Vicente Ascone, entre otros- y, en la dirección orquestal, con figuras trascendentes, tales como Kurt Eichon, Jean Martinon y Enrique Casal Chapí.

Además se perfeccionó en Dusseldorf y en el Teatro Colón de Buenos Aires, particularmente en lo que tiene que ver con el arte lírico.

En 1945 concursa y accede al SODRE como pianista, para desempeñarse poco después como director orquestal y de espectáculos operísticos. En su trayectoria, no sólo frecuentó la literatura musical más conocida por el público uruguayo, sino que contribuyó tempranamente, también, a ensanchar el repertorio más frecuentado, con primeras audiciones para nuestro país, con obras de señalados compositores extranjeros como Shostakovich, Roussel, Chausson y Copland. Asimismo, fue protagonista de estrenos mundiales de trabajos sinfónicos nacionales -como es el caso de Clouzeau Mortet- y de espectáculos líricos, también de autores uruguayos, tales como Alfonso Broqua y Ricardo Storm.

En lo concerniente al repertorio operístico -del que fue incansable cultor- el Maestro Protasi dio a conocer, por primera vez en el Uruguay, obras de compositores de la trascendencia de Monteverdi, Telemann, Pergolesi, Cimarosa, Mozart, Smetana, Britten, Menotti, Wölf-Ferrari y, aunque parezca mentira, de Puccini, quien fue uno de los autores líricos más difundidos y aplaudidos por el público mayoritario de Uruguay.

Además de su tarea docente a nivel de Enseñanza Secundaria y en la Escuela de Opera, tuvo una intensa y muy dilatada actividad musical al frente de orquestas como la del SODRE o las de Porto Alegre en Brasil, la de Bratislava y la de Praga en la entonces Checoslovaquia, en la de Leningrado o la de la Radiodifusión Francesa.

Complementariamente, merece subrayarse su persistente vocación por dar a conocer -dentro y fuera del país- lo más señalado de nuestros creadores musicales. Tal como lo ha recordado con justicia el estudioso Jorge Angel Arteaga, el Maestro Protasi fue un entusiasta promotor de nuevas figuras nacionales y un incansable educador del público local. Basta recordar su valiosísima y prolongada actuación llevada a cabo durante una década, y en forma totalmente honoraria, en la denominada "Antesala Lírica". En efecto, en más de cincuenta salas de Montevideo y del interior del país, se brindaron conciertos y espectáculos, dando la oportunidad de participar a más de doscientos cantantes uruguayos.

Vaya pues, señor Presidente, un especial homenaje al hombre probo y generoso, al docente reconocido por su vocación y su bonhomía, al músico de talento y al ciudadano de ineludible vocación democrática.

Por lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a sus familiares directos, al SODRE y al Ministerio de Educación y Cultura.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Arana.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

10) GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: quiero referirme, en forma clara y enfática, al golpe de Estado perpetrado en la República de Honduras, la patria de Morazán, gestor e impulsor de la integración centroamericana desde los inicios de la vida institucional e independiente de nuestros países.

Creo que es importante, porque debe quedar muy claro para nosotros, el rechazo a una acción militar que ha determinado la destitución ilegal del Presidente de la República y su traslado fuera del país, así como a la violación de las normas internacionales, en particular las que hoy tienen vigencia en el ámbito del SICA -es decir, el Sistema de Interacción Centroamericana-, que consagra las normas y la cláusula democrática para todos los países que lo integran. Las propias disposiciones de la Carta de la OEA, particularmente la cláusula democrática, establecen, inclusive -como aquella lo dispone-, las sanciones respectivas a aquellos países que violan las normas constitucionales y admiten la ruptura institucional y, sobre todo, un quiebre de la democracia.

En tercer lugar, se debe instar a la comunidad internacional, a todos nosotros, al sistema político uruguayo, a pronunciarse en forma clara y categórica contra esta ruptura institucional y golpe de Estado, que significa un precedente regresivo en el avance que ha tenido América Latina en la consolidación de los regímenes democráticos. En particular, se debe instar al propio Gobierno del Uruguay a que exprese enfáticamente su voluntad de no reconocer al nuevo Gobierno de Honduras, porque la única legitimidad que tiene la democracia de ese país es el Presidente electo y destituido, ya que es el verdadero representante de la soberanía popular.

Todo esto se debe encuadrar dentro de lo que significa la ratificación y la confirmación, por parte del Uruguay, de los principios de no intervención, que tienen que ser compatibles y armonizados con todo lo que es el esfuerzo de la comunidad internacional, de la cooperación internacional y de la presión internacional en este sentido para hacer vigentes los principios de Derecho, de la democracia y, en particular, de la libertad, cuya recuperación tanto ha costado a América Latina después de años oscuros de Gobiernos autoritarios.

Es con este espíritu, señor Presidente, que quiero proyectar e instar a nuestro propio Poder Ejecutivo a ejercer, con la máxima firmeza, la condena y el no reconocimiento al Gobierno ilegal de Honduras, que hoy detenta la institucionalidad fracturada de la República Morazánica.

Por lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Cancillería de la República.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Abreu.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) PARQUE DE ESCULTURAS DEL EDIFICIO LIBERTAD Y ELEMENTOS DECORATIVOS DEL EDIFICIO INDEPENDENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: comienzo mi intervención dando mi apoyo a lo expuesto por los señores Senadores que me precedieron en el uso de la palabra, tanto las del señor Senador Arana sobre la figura de Juan Protasi, como las del señor Senador Abreu sobre el tema hondureño.

Me voy a referir a un asunto vinculado con el patrimonio cultural del país -a este respecto, me alegro de que esté en Sala el señor Senador Arana-, relacionado con el Parque de Esculturas del Edificio Libertad y los elementos decorativos del Edificio Independencia de la Casa de Gobierno.

A tales efectos, voy a leer un párrafo de un artículo publicado hace un tiempo en diario La República, firmado por Di Maggio: "Desde la casa del gobierno nacional se establecen las pautas operativas que rigen la administración central. Desde allí se dan señales a la población por el huésped de turno. Es un modelo a seguir, una propuesta a imitar, por lo menos durante cinco años. En todos los rubros. Uno de los más importantes es el cultural. Los visitantes nativos y, en especial, extranjeros, juzgan en función del aspecto inmediato que reciben del edificio al entrar y su entorno. No es lo mismo el espacio opresivo que impuso Manuel Espínola Gómez al Palacio Estévez a la fluidez del diálogo con la naturaleza del Edificio Libertad. Por eso, los detalles importan". Luego, hace toda una referencia a la situación de abandono que hay en el Parque de Esculturas.

Ese es realmente el patrimonio escultórico más importante que tiene el país. Es la única obra de escultura importante de Gonzalo Fonseca, que fue un triunfo conseguir. Hay obras de Germán Cabrera, una muy importante de Manuel Pailós, de Pablo Atchugarry, de Nelson Ramos, de María Freire, de Mario Lorieto, de Octavio Podestá, de Ricardo Pascale, es decir, de todos los escultores contemporáneos importantes.

Desgraciadamente, nunca se repuso la luz de neón que lo unía con la parábola hecha por Fresnedo en homenaje a Luis Batlle, así como ninguna otra luz, y ni siquiera se corta el césped. Esta situación nos preocupa todavía más cuando en estos momentos el Edificio Libertad está en vías de cambio de destino; nos inquieta que todo esto quede en tierra de nadie. Inclusive, ha habido artículos en la prensa, como el de Di Maggio o los de Miguel Carbajal en el diario El País. En síntesis, hay mucha gente preocupada por todo esto. Me parece que no costaría demasiado reponer estos materiales y preservar ese espacio que, vuelvo a decir, es el más importante patrimonio que tiene el país en la materia.

El segundo tema que me preocupa también está vinculado con el patrimonio artístico y tiene que ver con la vieja Casa de Gobierno. En virtud de la propuesta tan discutida acerca del traslado de los restos del Prócer, se ha hablado de quitar "todas las maderas" que adornan la Casa de Gobierno. Si bien no se hizo referencia a nada en especial, las maderas son fundamentalmente una decoración obra del artista Manuel Espínola Gómez, uno de los más importantes del país. Como todas las obras de esta naturaleza, es discutible, aunque no lo es tanto la del Salón Rojo o principal de esa Casa, a diferencia de la sala de fiestas o de reuniones, que nació a partir de esos trabajos, pues cabe acotar que antes no existía sino que fue necesario tirar varias paredes para transformar diversas oficinas en una sala. Precisamente, el artista empleó un estilo muy vanguardista, discutible como todas las obras de esta naturaleza, pero tan respetable como cualquiera obra de un creador de la originalidad y del formidable vigor de Espínola Gómez, a quien seguramente todos conocemos.

En concreto, me preocupa que se hable de "las maderas que hay que sacar" como si se tratara simplemente de un ornamento sin importancia. Reitero: se trata de una obra relevante de un artista muy trascendente.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, a la Dirección del Museo Nacional de Artes Visuales y a la Asociación de Artistas Plásticos, porque creemos que se trata de un tema que debería merecer una preocupación especial.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Sanguinetti.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

12) GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: me voy a referir al golpe de Estado que se ha perpetrado en la República de Honduras el domingo próximo pasado, en horas de la madrugada, cuando el Presidente fue sacado de su casa, en pijama, por gente armada con metralletas, y enviado en un avión a Costa Rica.

A fin de que quede claro ante la opinión pública, quie-ro resaltar que el Gobierno de la República condenó el he-cho el mismo día domingo y actuó en las Naciones Unidas y en la Organización de Estados Americanos promoviendo el aislamiento del régimen golpista que se estaba insta-lando.

Formulo estas expresiones porque se ha pedido que el Poder Ejecutivo actúe, cuando este lo ha hecho, y bien, en defensa de la democracia de América Latina que, en última instancia, significa defender la democracia en todo el mundo.

A este respecto quiero decir que la resolución de las Naciones Unidas consagra una nueva etapa en la vida de esta Organización mundial. Comparto la declaración del Presidente depuesto, y repuesto, espero, el próximo jueves en la titularidad de la Presidencia de la República de Honduras. Creo que se trata de una decisión histórica, porque por primera vez se defiende la democracia y se actúa contra quienes atentan contra ella en cualquier lugar del mundo. Hay que seguir avanzando en este sentido, porque Honduras no es el único lugar del mundo donde ocurren estas cosas.

Asimismo, nos felicitamos de que la Organización de Estados Americanos haya actuado rápidamente y de que su Secretario General, José Miguel Insulza, y el Presidente de México estén dispuestos a acompañar el jueves al Presidente de Honduras para ser restituido en su cargo, pese a la amenaza del régimen golpista en el sentido de meterlo preso cuando llegue a su país. ¡Vamos a ver si se animan! Dependerá de la firmeza de los países de América Latina que esto se perpetre o no.

Desde mi punto de vista, esto reafirma la orientación política del Gobierno que actualmente rige los destinos de la República. En efecto, el Gobierno del Doctor Tabaré Vázquez defendió desde el inicio de su gestión el fortalecimiento y la renovación de la OEA, y ha logrado pasos sustantivos hacia su modernización y hacia la defensa de la democracia en todo el continente, a tal punto que hasta el momento no existía ningún régimen en América Latina que no fuera electo democráticamente. Inclusive, se propuso hacer funcionar la Carta Democrática de la OEA, lo que nunca antes se había hecho, así como el pedido de reintegración de Cuba o la anulación de aquella decisión infame adoptada en Punta del Este por la cual se la expulsó de la Organización por no ser democrática, aunque se acogía a los regímenes de la doctrina de la seguridad nacional.

En síntesis, expreso mi absoluta solidaridad con el sistema democrático de Honduras y con las resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, adelanto que vamos a hacer llegar a la Mesa un texto que esperamos compartan todas las colectividades políticas en el sentido de que el Senado haga suyo este planteo y lo complemente con las opiniones de todos los sectores.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿No hay trámite, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Basta con que se haga público.

SEÑOR PRESIDENTE.- En virtud de que la Presidencia no puede mocionar, luego de haber escuchado la expresión de los partidos políticos en el mismo sentido, iba a sugerir que el Senado emitiera una declaración condenatoria del golpe de Estado perpetrado en la República de Honduras, pero en función de lo planteado, estamos a la espera de la propuesta del señor Senador Gargano.

13) INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: solicito que se reparta la Carpeta Nº 1536 de este año, por la cual se faculta al Instituto Nacional de Carnes a conceder quitas y reducir recargos a intereses por mora para facilitar el cobro de las multas, a efectos de que sea incluida en el Orden del Día de esta sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Vaillant.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

14) PROCESOS LABORALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del primer punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establecen normas para la reforma del proceso laboral. (Carp. Nº 1403/08 - Rep. Nº 1074/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1403/08

Rep. N° 1074/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

PRINCIPIOS

Artículo 1°.- Los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

El Tribunal, de oficio, podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal.

CAPITULO II

COMPETENCIA

Artículo 2°.- Los Tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo.

CAPITULO III

AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVIA

Artículo 3°.- CONCILIACION PREVIA.- Antes de iniciarse juicio en materia laboral, deberá tentarse la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos Individuales de Trabajo o ante la Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según corresponda al domicilio del empleador o al lugar en el que se cumplieron las prestaciones. Cuando en la jurisdicción territorial del Tribunal competente no existan agencias zonales, el reclamante quedará exonerado de tentar la conciliación.

La solicitud de inicio del procedimiento conciliatorio deberá realizarse por escrito presentado por el interesado o por apoderado, asistido de abogado, salvo que la reclamación fuera por sumas inferiores al equivalente de 20 UR (veinte unidades reajustables). En dicha solicitud deberán indicarse con precisión los hechos que fundamentan el reclamo y el detalle y monto de los rubros reclamados.

Artículo 4°. AUDIENCIA Y CONTENIDO DEL ACTA.- La audiencia se convocará para día y hora determinados, con una anticipación no menor de tres días.

En acta resumida deberá señalarse en forma detallada el reclamo, las soluciones propuestas, el resultado final y el domicilio que indiquen las partes.

Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta. Su omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia constituirán presunciones simples contrarias a su interés en el proceso ulterior.

El acuerdo a que se arribe en el procedimiento habilitará su ejecución forzada por los procedimientos propios regulados en el Título V del Libro II del Código General del Proceso.

Artículo 5°. DOMICILIO.- El domicilio fijado por las partes en la audiencia de conciliación administrativa previa, se tendrá como válido para el proceso, siempre que se iniciare dentro del plazo de un año computable desde la fecha del acta respectiva.

Artículo 6°. SOLICITUD DE CONSTANCIA.- Si el trámite administrativo no hubiere culminado dentro de los treinta días contados a partir de la solicitud de audiencia, el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la demanda.

CAPITULO IV

PROCESO LABORAL ORDINARIO

Artículo 7°. AMBITO DE APLICACION.- Con excepción de lo establecido en normas que prevean procedimientos especiales, en materia laboral el proceso se regirá por lo previsto en esta ley.

Artículo 8°. DEMANDA.- La demanda se presentará por escrito en la forma prevista en el artículo 117 del Código General del Proceso. Deberá incluir el valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados, lo que deberá ser controlado por el Tribunal, que dispondrá se subsanen los defectos en el plazo de tres días con apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

Artículo 9°. TRASLADO, CONVOCATORIA A AUDIENCIA UNICA Y CONTESTACION DE LA DEMANDA.- Interpuesta la demanda en forma, el Tribunal decretará el traslado y emplazamiento al demandado; al mismo tiempo convocará a las partes a una audiencia dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda. El demandado contestará por escrito en la forma prevista en el artículo 130 del Código General del Proceso, dentro del término de diez días hábiles perentorios e improrrogables, debiendo oponer al mismo tiempo, si las tuviere, todas las excepciones referidas en el artículo 133 del Código General del Proceso.

Artículo 10. RECONVENCION, CITACION Y NOTICIA DE TERCEROS.- En ningún caso procederá la reconversión, el emplazamiento o la noticia de terceros.

Cuando por las circunstancias previstas en los artículos 3° y 6° de la presente norma, no haya mediado instancia de conciliación previa, el demandado, si entiende que existe un tercero responsable, al contestar la demanda podrá individualizarlo, pudiendo este ser emplazado si así lo considera el actor.

En tal caso, aquel no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y deberá comparecer dentro del término de diez días hábiles, perentorios e improrrogables, por escrito en la misma forma prevista para la contestación de la demanda.

Artículo 11. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES.- De las excepciones opuestas se dará traslado al actor por el plazo de tres días hábiles. Vencido el plazo o contestado el traslado, se dictará resolución, si correspondiere.

Artículo 12. RESOLUCION SOBRE LAS EXCEPCIONES.- Todas las excepciones serán resueltas en la sentencia definitiva, salvo la de incompetencia por razón de territorio o de cuantía. En este caso la sentencia se dictará en plazo de seis días y admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo, que deberá ser interpuesto en plazo de tres días y sustanciarse con un traslado a la contraparte por igual término.

Artículo 13. DILIGENCIAMIENTO DE LA PRUEBA.- Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el escrito de contestación de demanda o de traslado de las excepciones al actor, el Tribunal fijará el objeto del proceso y de la prueba, se pronunciará sobre los medios probatorios y ordenará el diligenciamiento de la que corresponda, instrumentando todo lo que sea necesario para agotar su producción en la audiencia única.

En caso de allanamiento total a la pretensión o cuando no se hubiera contestado la demanda en tiempo, el Tribunal fijará fecha para el dictado de la sentencia definitiva.

Artículo 14. AUDIENCIA UNICA.- Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del Tribunal exista un motivo justificado que habilite la comparecencia por representante. La inasistencia no justificada del actor a la audiencia, determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el Tribunal dictará sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda y estando a la prueba obrante en autos con anterioridad a la audiencia.

Iniciada la audiencia, se cumplirán las siguientes actividades:

1) Las partes ratificarán el contenido de la demanda y de la contestación, y podrán aclarar sus extremos, si a juicio del Tribunal resultaren oscuros o imprecisos.

2) El Tribunal ordenará el pago de los rubros o montos no controvertidos con las condenas accesorias preceptivas y los recargos, reajustes e intereses que correspondan, y tentará la conciliación en los demás. Esta resolución será apelable sin efecto suspensivo y constituirá título de ejecución.

3) El diligenciamiento de toda la prueba pendiente que el Tribunal estime necesaria.

4) Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia, así como la que fija el objeto del proceso y de la prueba y provee sobre los medios probatorios admitirán recursos de reposición y apelación con efecto diferido, los que deberán proponerse y anunciarse, respectivamente, en la propia audiencia.

5) Las partes podrán formular sus alegatos de bien probado en la audiencia o reservarse hacerlo por escrito dentro del plazo que fije el Tribunal, que no podrá exceder de diez días corridos. En tal caso, el término para dictar sentencia definitiva quedará reducido en el mismo número de días dispuestos para alegar por escrito.

Artículo 15. SENTENCIA DEFINITIVA.- El Tribunal podrá dictar sentencia definitiva en la audiencia única o dentro de los veinte días siguientes a la misma, a cuyos efectos fijará fecha, sin necesidad de realizar otra convocatoria.

En los procesos regulados por esta ley, las sentencias que condenen al pago de créditos laborales de cualquier naturaleza deberán establecer el monto líquido de los mismos, incluidas las multas, intereses, actualizaciones y recargos que correspondieren.

Artículo 16. ACTUALIZACION MONETARIA E INTERES LEGAL.- En los procesos regulados por esta ley, el monto líquido del crédito reconocido por sentencia generará un interés del 6% (seis por ciento) anual contado desde la fecha de su exigibilidad, además de la actualización monetaria prevista en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1974 y de los daños y perjuicios establecidos por el artículo 4° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943.

Artículo 17. APELACION Y SEGUNDA INSTANCIA.- El plazo para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia será de cinco días perentorios e improrrogables contados desde la fecha de dictada. Si la sentencia se dictare en audiencia, el recurso deberá ser anunciado en la misma audiencia disponiendo de cinco días perentorios e improrrogables para expresar y fundar por escrito los agravios. Si la sentencia se dictare fuera de audiencia, el recurso será interpuesto por escrito fundado en el que se expresarán los agravios y sus fundamentos.

Si la sentencia fuera de condena, el apelante deberá depositar el 50% (cincuenta por ciento) del monto a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos. En caso de no cumplirse con este requisito, la apelación será rechazada sin más trámite y se tendrá por desistido al apelante.

Del recurso de apelación se dará traslado a la contraparte por el término de cinco días perentorios e improrrogables.

Evacuado el traslado o vencido el término para hacerlo, se elevará el expediente ante el Tribunal que corresponda en un plazo no mayor a los cinco días hábiles.

El superior dictará sentencia dentro de los treinta días contados desde que los autos hayan ingresado al Tribunal; en caso de discordia dicho plazo se extenderá proporcionalmente. Recibidos los autos por el Tribunal, en plazo de cuarenta y ocho horas se señalará la fecha del acuerdo dejándose constancia y serán pasados a estudio simultáneo durante siete días corridos. Finalizado el estudio, se considerará en el acuerdo y acordada sentencia, será dictada en plazo de diez días. En caso de discordia, en el mismo acuerdo se sorteará la integración y reunidos los votos necesarios, se dictará sentencia en el mismo plazo.

Artículo 18. OTROS RECURSOS.- Las resoluciones que resuelvan los incidentes serán apelables con efecto diferido en la forma prevista en el párrafo final de este artículo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 numeral 4) de la presente ley, contra todas las demás providencias que se dicten durante el proceso no se admitirá otro recurso que el de reposición. Este recurso deberá interponerse en audiencia si la resolución se dicta en la misma, o dentro de los tres días si la resolución se dictara fuera de audiencia.

El recurso de reposición interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada fuera de la audiencia se sustanciará con un traslado de tres días.

CAPITULO V

PROCESO DE MENOR CUANTIA

Artículo 19. AMBITO DE APLICACION.- Los asuntos cuyo monto total no supere la suma de $ 81.000 (pesos uruguayos ochenta y un mil), que será actualizada anualmente por la Suprema Corte de Justicia, se sustanciarán en instancia única, por el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Artículo 20. DEMANDA.- La demanda se deducirá por escrito en la forma prevista en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 21. TRASLADO DE LA DEMANDA Y CONVOCATORIA A AUDIENCIA UNICA.- Interpuesta la demanda y dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida, el Tribuna proveerá:

1) Ordenando el traslado y emplazamiento del demandado, previniéndolo que deberá concurrir a la audiencia única munido de toda la prueba que pretenda ofrecer.

2) Convocando a las partes a la audiencia única en un plazo no mayor a los diez días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda.

Examinando los medios probatorios ofrecidos por el actor ordenará el diligenciamiento de los que corresponda, instrumentando todos los mecanismos necesarios para que ello se agote en la audiencia única.

Artículo 22. AUDIENCIA UNICA.- Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del Tribunal exista motivo justificado que habilite la comparecencia por representante.

La inasistencia no justificada del actor a la audiencia, determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el Tribunal dictará sentencia de inmediato teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda.

En la audiencia se cumplirán las siguientes actividades:

1) El demandado contestará la demanda y podrá oponer excepciones. En ningún caso, podrá reconvenir o solicitar el emplazamiento de terceros.

2) De las excepciones se dará traslado al actor quien deberá contestar en la audiencia y todas serán resueltas en la sentencia definitiva.

3) El Tribunal tentará la conciliación y en caso de no prosperar, fijará el objeto del proceso y de la prueba y acorde con ello la recibirá.

4) Oirá los alegatos de ambas partes y dictará sentencia en la misma audiencia o dentro del plazo de seis días a cuyos efectos fijará fecha sin necesidad de realizar otra convocatoria.

Artículo 23. RECURSOS.- Las resoluciones dictadas en el curso del proceso solo admitirán el recurso de reposición.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24. REPRESENTACION JUDICIAL.- Con la sola presentación de la demanda el letrado firmante quedará investido de la representación judicial del trabajador con las más amplias facultades de disposición, salvo la cesión de créditos. En todo momento podrá dejar sin efecto o sustituir esta representación judicial.

Artículo 25. NOTIFICACIONES.- Con excepción del auto que ordena el traslado de la demanda, emplazamiento y la convocatoria a la audiencia única, que será notificado personalmente en el domicilio del demandado, todas las demás providencias se notificarán en la oficina, en los términos del primer párrafo del artículo 86 del Código General del Proceso.

Artículo 26. PLAZOS.- Todos los plazos previstos en la presente ley son perentorios e improrrogables.

Artículo 27. EJECUCION DE SENTENCIA.- La ejecución de sentencia se llevará a cabo en los Juzgados Especializados que hayan conocido en el proceso de conocimiento. En caso de concurso, se estará a lo dispuesto por la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008.

Artículo 28. GRATUIDAD.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, todas las actuaciones administrativas y judiciales serán gratuitas para la parte actora, incluidos impuestos y tasas registrales y catastrales, expedición de testimonios o certificados de partidas y sus legalizaciones.

Artículo 29. MULTA.- La omisión de pago de los créditos laborales generará automáticamente, desde su exigibilidad, un recargo del 10% (diez por ciento) sobre el monto del crédito adeudado.

Artículo 30. INTERPRETACION.- Las normas procesales deberán ser interpretadas conforme a los principios enunciados en el artículo 1° de la presente ley y a los principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad (artículos 72 y 332 de la Constitución).

Artículo 31. INTEGRACION.- Todo lo que no esté previsto en la presente ley se regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral y en el Código General del Proceso en cuanto sea aplicable, se ajuste a lo dispuesto en los artículos 1° y 30 de esta ley y no contradiga los principios del Derecho del Trabajo.

Artículo 32. DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente ley se aplicará a las reclamaciones iniciadas a partir de su entrada en vigencia, aun cuando se hubiesen promovido procesos preliminares con anterioridad.

Sala de la Comisión, en Montevideo a los dieciséis días del año dos mil nueve.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Susana Dalmás, Germán Lezama, Lucía Topolansky.

PROYECTO DE LEY

PROCESOS LABORALES AUTONOMOS

CAPITULO I

PRINCIPIOS

ARTICULO 1°.- Los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

El Tribunal, de oficio, podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal.

CAPITULO II

COMPETENCIA

ARTICULO 2°.- Los tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo.

CAPITULO III

AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVIA

ARTICULO 3°. CONCILIACION PREVIA.- Antes de iniciarse juicio en materia laboral, deberá tentarse la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos Individuales del Trabajo o Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según corresponda al domicilio del empleador o al lugar en el que se cumplieron las prestaciones.

En las ciudades, pueblos o villas en las que no existan Agencias Zonales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el reclamante quedará relevado de tentar la conciliación administrativa. En los procesos de menor cuantía tampoco será necesario cumplir con este requisito.

ARTICULO 4°. CONTENIDO DEL ACTA.- Los rubros reclamados deberán constar en la citación y en el acta labrada en la audiencia de conciliación.

Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta. Su omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia constituirán presunciones simples contrarias a su interés en el proceso.

ARTICULO 5°. DOMICILIO.- El domicilio fijado por las partes en la audiencia de conciliación administrativa previa, se tendrá como válido para el proceso, siempre que se iniciare dentro del plazo de un año computable desde la fecha del acta respectiva.

ARTICULO 6°. SOLICITUD DE CONSTANCIA.- Si el trámite administrativo no hubiere culminado dentro de los treinta días contados a partir de la solicitud de audiencia, el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la demanda.

CAPITULO IV

PROCESO LABORAL ORDINARIO

ARTICULO 7°. AMBITO DE APLICACION.- Con excepción de lo establecido en normas que prevean procedimientos especiales, en materia laboral el proceso se regirá por lo previsto en esta ley.

ARTICULO 8°. DEMANDA.- La demanda se presentará por escrito en la forma prevista en el artículo 117 del Código General del Proceso. Deberá incluir el valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados, lo que deberá ser controlado por el tribunal, que dispondrá se subsanen los defectos en el plazo de tres días con apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

ARTICULO 9°. TRASLADO, CONVOCATORIA A AUDIENCIA UNICA Y CONTESTACION DE LA DEMANDA.- Intepuesta la demanda en forma, el tribunal decretará el traslado y emplazamiento al demandado; al mismo tiempo convocará a las partes a una audiencia dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda. El demandado contestará por escrito en la forma prevista en el artículo 130 del Código General del Proceso, dentro del término de diez días hábiles perentorios e improrrogables, debiendo oponer al mismo tiempo, si las tuviere, todas las excepciones referidas en el artículo 133 del Código General del Proceso.

ARTICULO 10. RECONVENCION, CITACION Y NOTICIA DE TERCEROS.- En ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros.

ARTICULO 11. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES.- De las excepciones opuestas se dará traslado al actor por el plazo de tres días hábiles. Vencido el plazo o contestado el traslado, se dictará resolución, si correspondiere.

ARTICULO 12. RESOLUCION SOBRE LAS EXCEPCIONES.- Todas las excepciones serán resueltas en la sentencia definitiva, salvo la de incompetencia por razón de territorio o de cuantía. En este caso la sentencia se dictará en plazo de seis días y admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo, que deberá ser interpuesto en plazo de tres días y sustanciarse con un traslado a la contraparte por igual término.

ARTICULO 13. DILIGENCIAMIENTO DE LA PRUEBA.- Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el escrito de contestación de demanda o de traslado de las excepciones al actor, el tribunal fijará el objeto del pro-

ceso y de la prueba, se pronunciará sobre los medios pro-batorios y ordenará el diligenciamiento de la que corresponda, instrumentando todo lo que sea necesario para agotar su producción en la audiencia única.

En caso de allanamiento total a la pretensión o cuando no se hubiera contestado la demanda en tiempo, el tribunal fijará la fecha para el dictado de la sentencia definitiva.

ARTICULO 14. AUDIENCIA UNICA.- Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del tribunal exista un motivo justificado que habilite la comparecencia por representante. La inasistencia no justificada del actor a la audiencia, determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el tribunal dictará sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda y estando a la prueba obrante en autos con anterioridad a la audiencia.

Iniciada la audiencia, se cumplirán las siguientes actividades:

1) Las partes ratificarán el contenido de la demanda y de la contestación, y podrán aclarar sus extremos, si a juicio del tribunal resultaren oscuros o imprecisos.

2) El tribunal ordenará el pago de los rubros o montos no controvertidos con las condenas accesorias preceptivas y los recargos, reajustes e intereses que correspondan, y tentará la conciliación en lo demás. Esta resolución será apelable sin efecto suspensivo y constituirá título de ejecución.

3) El diligenciamiento de toda la prueba pendiente que el tribunal estime necesaria.

4) Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia, así como la que fija el objeto del proceso y de la prueba y provee sobre los medios probatorios admitirán recursos de reposición y apelación con efecto diferido, los que deberán proponerse y anunciarse, respectivamente, en la propia audiencia.

5) Las partes podrán formular sus alegatos de bien probado en la audiencia o reservarse hacerlo por escrito dentro del plazo que fije el tribunal, que no podrá exceder de diez días corridos. En tal caso, el término para dictar sentencia definitiva quedará reducido en el mismo número de días dispuestos para alegar por escrito.

ARTICULO 15. SENTENCIA DEFINITIVA.- El tribunal podrá dictar sentencia definitiva en la audiencia única o dentro de los veinte días siguientes a la misma, a cuyos efectos fijará fecha, sin necesidad de realizar otra convocatoria.

En los procesos regulados por esta ley, las sentencias que condenen al pago de créditos laborales de cualquier naturaleza deberán establecer el monto líquido de los mismos, incluidas las multas, intereses, actualizaciones y recargos que correspondieren.

ARTICULO 16. ACTUALIZACION MONETARIA E INTERES LEGAL.- En los procesos regulados por esta ley, el monto líquido del crédito reconocido por sentencia generará un interés del seis por ciento anual contado desde la fecha de su exigibilidad además de la actualización monetaria prevista en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1974 y de los daños y perjuicios establecidos por el artículo 4° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943.

ARTICULO 17. APELACION Y SEGUNDA INSTANCIA.- El plazo para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia será de cinco días perentorios e improrrogables contados desde la fecha de dictada. Si la sentencia se dictare en audiencia, el recurso deberá ser anunciado en la misma audiencia disponiendo de cinco días perentorios e improrrogables para expresar y fundar por escrito los agravios. Si la sentencia se dictare fuera de audiencia, el recurso será interpuesto por escrito fundado en el que se expresarán los agravios y sus fundamentos.

Si la sentencia fuera de condena, el apelante deberá depositar el cincuenta por ciento del monto a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos. En caso de no cumplirse con este requisito, la apelación será rechazada sin más trámite y se tendrá por desistido al apelante.

Del recurso de apelación se dará traslado a la contraparte por el término de cinco días perentorios e improrrogables.

Evacuado el traslado o vencido el término para hacerlo, se elevará el expediente ante el Tribunal que corresponda en un plazo no mayor a los cinco días hábiles.

El superior dictará sentencia dentro de los treinta días contados desde que los autos hayan ingresado al tribunal; en caso de discordia dicho plazo se extenderá proporcionalmente. Recibidos los autos por el Tribunal, en plazo de cuarenta y ocho horas se señalará la fecha del acuerdo dejándose constancia y serán pasados a estudio simultáneo durante siete días corridos. Finalizado el estudio, se considerará en el acuerdo y acordada sentencia, será dictada en plazo de diez días. En caso de discordia, en el mismo acuerdo se sorteará la integración y reunidos los votos necesarios, se dictará sentencia en el mismo plazo.

ARTICULO 18. OTROS RECURSOS.- Las resoluciones que resuelvan los incidentes serán apelables con efecto diferido en la forma prevista en el párrafo final de este artículo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 numeral 4 de la presente ley, contra todas las demás providencias que se dicten durante el proceso no se admitirá otro recurso que el de reposición. Este recurso deberá interponerse en audiencia si la resolución se dicta en la misma, o dentro de los tres días si la resolución se dictara fuera de audiencia.

El recurso de reposición interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada fuera de la audiencia se sustanciará con un traslado de tres días.

CAPITULO V

PROCESO DE MENOR CUANTIA

ARTICULO 19. AMBITO DE APLICACION.- Los asuntos cuyo monto total no supere la suma de $ 81.000, que será actualizada anualmente por la Suprema Corte de Justicia, se sustanciarán en instancia única, por el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

ARTICULO 20. DEMANDA.- La demanda se deducirá por escrito en la forma prevista en el artículo 8° de esta ley.

ARTICULO 21. TRASLADO DE LA DEMANDA Y CONVOCATORIA A AUDIENCIA UNICA.- Interpuesta la demanda y dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida, el tribunal proveerá:

1) Ordenando el traslado y emplazamiento del demandado, previniéndolo que deberá concurrir a la audiencia única munido de toda la prueba que pretenda ofrecer.

2) Convocando a las partes a la audiencia única en un plazo no mayor a los diez días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda.

3) Examinando los medios probatorios ofrecidos por el actor y ordenará el diligenciamiento de la que corresponda, instrumentando todos los mecanismos necesarios para que ello se agote en la audiencia única.

ARTICULO 22. AUDIENCIA UNICA.- Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del Tribunal exista motivo justificado que habilite la comparecencia por representante.

La inasistencia no justificada del actor a la audiencia, determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el Tribunal dictará sentencia de inmediato teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda.

En la audiencia se cumplirán las siguientes actividades:

1) El demandado contestará la demanda y podrá oponer excepciones. En ningún caso, podrá reconvenir o solicitar el emplazamiento de terceros.

2) De las excepciones se dará traslado al actor quien deberá contestar en la audiencia y todas serán resueltas en la sentencia definitiva.

3) El tribunal tentará la conciliación y en caso de no prosperar, fijará el objeto del proceso y de la prueba y acorde con ello la recibirá.

4) Oirá los alegatos de ambas partes y dictará sentencia en la misma audiencia o dentro del plazo de seis días a cuyos efectos fijará fecha sin necesidad de realizar otra convocatoria.

ARTICULO 23. RECURSOS.- Las resoluciones dictadas en el curso del proceso solo admitirán el recurso de reposición.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 24. REPRESENTACION JUDICIAL.- Con la sola presentación de la demanda el letrado firmante quedará investido de la representación judicial del trabajador con las más amplias facultades de disposición, salvo la cesión de créditos. En todo momento podrá dejar sin efecto o sustituir esta representación judicial.

ARTICULO 25. NOTIFICACIONES.- Con excepción del auto que ordena el traslado de la demanda, emplazamiento y la convocatoria a la audiencia única, que será notificado personalmente en el domicilio del demandado, todas las demás providencias se notificarán en la oficina, en los términos del primer párrafo del artículo 86 del Código General del Proceso.

ARTICUO 26. PLAZOS.- Todos los plazos previstos en la presente ley son perentorios e improrrogables.

ARTICULO 27. EJECUCION DE SENTENCIA.- La ejecución de sentencia se llevará a cabo en los Juzgados especializados que hayan conocido en el proceso de conocimiento. En caso de concurso, quiebra, liquidación judicial o concordato del demandado, los acreedores laborales no están obligados a aguardar sus resultas para ejercitar las acciones correspondientes a la ejecución de la sentencia.

La distribución de los dineros que pudieran existir entre todos los acreedores laborales con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada se realizará en el Juzgado laboral que primero haya asumido competencia.

ARTICULO 28. GRATUIDAD.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, todas las actuaciones administrativas y judiciales serán gratuitas para la parte trabajadora, incluidos impuestos y tasas registrales y catastrales, expedición de testimonios o certificados de partidas y sus legalizaciones.

ARTICULO 29. MULTA.- La omisión de pago de los créditos laborales generará automáticamente, desde su exigibilidad, un recargo del 20% sobre el monto del crédito adeudado.

ARTICULO 30. INTERPRETACION.- Las normas procesales deberán ser interpretadas conforme a los principios enunciados en el artículo 1° de la presente ley y a los principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad (artículos 72 y 332 de la Constitución).

ARTICULO 31. INTEGRACION.- Todo lo que no esté previsto en la presente ley se regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral y en el Código General del Proceso en cuanto sea aplicable, se ajuste a lo dispuesto en los artículos 1º y 30 de esa ley y no contradiga los principios del Derecho del Trabajo.

ARTICULO 32. DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente ley se aplicará a las reclamaciones iniciadas a partir de su entrada en vigencia, aun cuando se hubiesen promovido procesos preliminares con anterioridad.

Luis Oliver, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Eduardo Lorier, Margarita Percovich, Jorge Saravia, Mónica Xavier, Mariano Arana, Lucía Toplansky, Víctor Vaillant, Eleuterio Hernández, Milton Antognazza, José Mujica, Alberto Couriel.

PROYECTO DE LEY

PROCESOS LABORALES AUTONOMOS

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

El presente proyecto es el resultado del trabajo de la Comisión de Estudios de Posibles Reformas al Proceso Laboral convocada por la Suprema Corte de Justicia e integrada por representantes del Poder Judicial, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

La Comisión hace suya la idea ya expresada en otros ámbitos: en materia laboral es necesario un nuevo proceso, un proceso verdaderamente autónomo, especial y rápido. Nuestro país es el único país de América Latina y uno de los pocos en el mundo que carece de un proceso laboral autónomo.

La aparición de un proceso laboral diferenciado encuentra su explicación en la particularidad del conflicto que constituye su objeto. La identificación de una clase de conflictos (diferentes de los conflictos de Derecho privado) y el reconocimiento de la autonomía científica del Derecho laboral conducen naturalmente a la especialización de la justicia del trabajo [Plá Rodríguez, Américo, Los conflictos del trabajo. Necesidad de crear para ellos una justicia especializada, Montevideo, 1947 (ponencia aprobada en la 2ª Conferencia Nacional de Abogados, Salto, setiembre de 1947); Barbagelata, Héctor-Hugo: "Las iniciativas sobre justicia del trabajo", rev. Derecho Laboral, t. XVII, p. 201].

El Derecho laboral es una disciplina jurídica autónoma que opera como un ordenamiento compensador o igualador, y que necesita de un proceso judicial igualmente autónomo, adecuado a sus particularidades y por tanto, distinto del proceso común del Derecho Civil. El proceso autónomo de la materia laboral, tiene su razón de ser en la adecuación del mismo a los objetivos, finalidades, principios y normas del Derecho sustantivo. Couture representa este pensamiento en estos términos: "Un nuevo derecho procesal, extraño a todos los principios tradicionales, sin exceptuar uno solo de ellos, ha debido surgir para establecer mediante una nueva desigualdad, la igualdad perdida por la distinta condición que tienen en el orden económico de la vida, los que ponen su trabajo como sustancia del contrato, y los que se sirven de él para la satisfacción de sus intereses" (Estudios de derecho procesal civil, Depalma, Buenos Aires, t. III, p. 288).

La importancia del nuevo proceso es tal, que permite definir una tendencia expansiva, que se concreta en la adopción por parte del proceso común, civil o general, de principios propios del Derecho procesal del trabajo (u originariamente afirmados por este).

Calamandrei (Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, 1962, t. III, p. 362) subraya los lineamientos del nuevo proceso, de los cuales destacamos la finalidad (al servicio de la verdad) y el perfil humano (ajeno al formalismo):

a) La concepción publicística del proceso se manifiesta en que todo el proceso persigue una finalidad de interés público; la función del juez no puede ser la de asistir pasivo al intercambio de los escritos; el juez debe ser un estimulador de las partes, un buscador activo de la verdad, aun cuando las partes no sepan o no quieran descubrirla.

b) La humanidad del nuevo proceso supone el retorno del proceso a la simplicidad y a la naturaleza; reducidos al mínimo los inconvenientes del formalismo, se trata de poner en contacto directo, de modo que puedan rápida y lealmente entenderse, a las personas que toman parte en el 'drama judicial', al juez y a los justiciables, al magistrado y a los defensores.

Distintas normas internacionales relativas a los derechos humanos laborales establecen la necesidad que además de una jurisdicción especializada del trabajo, exista un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos (artículo 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales - 1948).

Por su parte, la Constitución de la República postula en su artículo 57 que el trabajo está bajo la protección especial de la ley y en el artículo 18 establece que la ley es el instrumento idóneo para fijar el orden y las formalidades de los juicios. Es por vía de la ley que debe asegurarse que los procesos cumplen el mandato constitucional, para lo cual es necesario diferenciar la tutela jurisdiccional, teniendo en cuenta las particularidades de la relación que se regula.

II

En el derecho uruguayo, existieron normas procesales aisladas (Ley N° 10.449, de 2 de noviembre de 1943, Ley N° 12.590) y finalmente un proceso laboral especial (Decreto-Ley N° 14.188) que fue derogado por la Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988 (Código General del Proceso), que establece el juicio ordinario para la tramitación de los conflictos individuales de trabajo, sin perjuicio de algunas disposiciones especiales.

Hace ya algún tiempo, el Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República había indicado los inconvenientes más notorios de la carencia de un proceso laboral especial. En este sentido, el trabajo técnico realizado por la Comisión recogió las experiencias favorables del actual sistema pero se alejó del mismo siempre que se detectó una solución mejor a la vigente.

El proyecto de ley se propone instalar un proceso laboral autónomo identificando algunos principios del proceso laboral, reafirmando los enunciados del proceso general, pero reclamando una aplicación especial (y esencialmente efectiva) de principios comunes como la oralidad, la inmediación, la concentración y la celeridad.

Comprende los siguientes:

a) La gratuidad del proceso para el trabajador.

b) La celeridad y sencillez o simplicidad del procedimiento: se plantea la necesidad de atender de manera rápida, sencilla y económica las reclamaciones del trabajador contra su empleador; se considera deseable un proceso más rápido y menos costoso que el civil, y que otorgue garantías para la pronta solución del conflicto. Como señala Couture, "no es posible desconocer que un proceso que dura tanto tiempo constituye una tentación para el litigante malicioso", siendo posible "vencer por fatiga cuando no se puede vencer por derecho" (Proyecto de Código de Procedimiento Civil, Montevideo, 1945).

c) La concentración, en un mismo acto, de todas las diligencias que sea posible realizar, en ininterrumpida continuidad.

d) La publicidad de los procedimientos, que constituye una garantía democrática de las actuaciones judiciales.

e) La inmediación: la relación personal del juez con las partes y con los testigos en el proceso, el conocimiento directo por parte del tribunal, y en consecuencia, el predominio de la oralidad.

Como enseña Barbagelata, lo que verdaderamente caracteriza y define al Derecho procesal del trabajo "es la irrenunciabilidad de los derechos que constituyen el orden público social. De tal irrenunciabilidad, deriva una indisponibilidad procesal, que sitúa al proceso laboral sobre bases totalmente diferentes del proceso civil (...) Toda la cuestión de la prueba, desde a quien incumbe la carga, pasando por los medios y su actualización, hasta la apreciación de la producida, debe ser, pues, reexaminada en función de esa circunstancia" ("Los medios de prueba en el procedimiento laboral", en rev. Derecho Laboral, núm. 119, p. 560).

En consecuencia, el proyecto reitera la disposición relativa a las potestades del tribunal, proveniente del Decreto-Ley N° 14.188. En palabras de Nelson Nicoliello: el Derecho procesal laboral procura obtener la "verdad de la vida".

Asimismo, el proyecto insiste en los efectos o las proyecciones que la disciplina sustantiva del Derecho laboral y sus principios despliegan en el ámbito del proceso.

La finalidad del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales. Es el criterio básico: el proceso no es un fin en sí ni constituye un orden independiente, sino que es un instrumento para el cumplimiento de los fines y principios del Derecho sustantivo (lo que no significa desconocer la autonomía científica del Derecho procesal).

Couture enseña que el Legislador interpreta la ley procesal no solo de acuerdo con los principios del Derecho procesal: interpretar la ley procesal es interpretar todo el Derecho procesal, en su plenitud, a partir de los preceptos básicos de orden constitucional; pero como a su vez el Derecho procesal no es un reino independiente del Derecho todo y las leyes procesales son tan leyes como las leyes no procesales, todo acto de interpretación jurídica constituye una operación de inserción del texto interpretado en el inmenso ámbito del Derecho. La obra del intérprete se caracteriza, pues, por esta unidad de visión del enorme campo al cual el texto interpretado pertenece.

La protección especial del trabajo (que la Constitución encomienda a la ley) mantiene sus consecuencias en todos los planos, incluso el procesal.

III

Desde esta perspectiva, se ha trabajado sobre la necesidad compartida de abreviar los juicios laborales, de eliminar las actitudes procesales dilatorias y de atender a la eficacia y cumplimiento de las sentencias judiciales.

Se han configurado dos procesos laborales autónomos. Uno general u ordinario, sin límite de cuantía y otro de instancia única, para asuntos de menor cuantía. Como se podrá entender, la configuración de estos procesos laborales autónomos implican la especialización tanto procedimental (procesos especiales) como estructural (juzgados y/o tribunales especializados) del sistema.

Ambos procesos han sido adecuados a los principios y normas del Derecho laboral sustantivo, y sus respectivos trámites han sido estructurados para eliminar o al menos atenuar en forma consistente, los efectos contrarios al cumplimiento de las normas procesales y sustanciales aplicables.

El trabajo de la Comisión se presenta dividido en seis capítulos y treinta y dos artículos que básicamente refieren a:

a) los principios que informan ambos procesos,

b) la competencia de los tribunales laborales,

c) la etapa de conciliación previa al juicio,

d) el trámite del proceso laboral ordinario previsto para asuntos sin límite de cuantía y el trámite del proceso laboral para asuntos de menor cuantía de instancia única,

e) las notificaciones a las partes del proceso, la representación judicial y la interpretación e integración de las normas procesales que se incluyen en el mismo articulado.

Además de los aspectos técnicos que se incluye en el proyecto de proceso laboral adjunto, la Comisión entiende necesario mencionar que desde una visión empírica general se torna imprescindible acompañar esta iniciativa con reformas orgánicas que aumenten el número de tribunales y creen juzgados encargados del proceso de menor cuantía. En opinión de la Comisión es también imprescindible la implementación de programas institucionales que sigan incrementando el caudal de capacitación continua de los magistrados actuantes. Asimismo, considera imprescindible que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social garantice la rapidez y eficacia del trámite de la audiencia de conciliación administrativa previa.

Finalmente, la comisión considera necesaria la digitalización del proceso laboral. Sin embargo, no ha abordado la cuestión, dado que la Suprema Corte de Justicia tiene en estudio un programa general en la materia.

DISPOSICIONES CITADAS

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

Artículo 86

Notificación ficta en la oficina.- Si la notificación se retardare tres días hábiles por falta de comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada, sin necesidad de constancia alguna en los autos.

Si el día en que concurriere el interesado la actuación no se hallare disponible, la oficina actuaria expedirá constancia, en formulario al efecto, si aquél lo solicitare.

CAPITULO II

Actos de Proposición.

SECCION I

De la Demanda

Artículo 117.-

Forma y contenido de la demanda.- Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá:

1) La designación del tribunal al que va dirigida.

2) El nombre del actor y los datos de su documento de identidad, su domicilio real, así como el que se constituye a los efectos del juicio.

3) El nombre y domicilio del demandado.

4) La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo dispuesto en el artículo siguiente.

5) El petitorio, formulado con toda precisión.

6) El valor de la causa, que deberá ser determinado precisamente, salvo que ello no fuera posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación.

7) Las firmas del actor o de su apoderado y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

Artículo 133.-

Excepciones previas.- El demandado puede plantear como excepciones previas:

1) La incompetencia del tribunal;

2) La litispendencia;

3) El defecto en el modo de proponer la demanda, la inadecuación del trámite dado a la misma o la indebida acumulación de pretensiones;

4) La incapacidad del actor o de su representante o la falta de personería de este último;

5) La prestación de caución en el caso de procuración oficiosa (artículo 41);

6) El emplazamiento de terceros en los casos en que, según la ley, corresponde su llamamiento al proceso;

7) La prescripción o la caducidad;

8) La cosa juzgada o la transacción;

9) La falta de legitimación o interés, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la deman-da.

El tribunal relevará de oficio la incompetencia absoluta, la litispendencia, la falta de representación, la incapacidad declarada del actor o de su representante, la caducidad, la cosa juzgada y la transacción.

DECRETO-LEY N° 14.500 DE

8 DE MARZO DE 1976

Artículo 1°.- Para liquidar el valor de las obligaciones que se resuelvan en el pago de una suma de dinero, directamente o por equivalente, cuyo cumplimiento fuere objeto de una pretensión deducida en un proceso jurisdiccional o arbitral por una persona privada, física o jurídica, se tendrá en cuenta la variación en el valor de la moneda ocurrida durante el tiempo que mediare entre la fecha de su nacimiento y la de su extinción, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

Si se tratare de obligaciones convencionales sujetas a plazo o condición, el término a que alude el inciso anterior será el que medie entre la fecha de su exigibilidad y la de su extinción.

En los casos que a continuación se expresan y a los solos efectos de esta ley, se tendrá por deducida la pretensión respectiva:

A) En las ejecuciones, cuando se practique el protesto o se solicite judicialmente la intimación de pago o la citación a reconocimiento de firma;

B) En el proceso penal, cuando se solicite el embargo preventivo de los bienes del procesado.

Artículo 2°.- La variación en el valor de la moneda será determinada por la evolución del índice general de los precios del consumo elaborado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. A estos efectos, se confrontarán el índice correspondiente al mes de la fecha de nacimiento o exigibilidad de la obligación, en su caso, con el establecido para el mes anterior de la fecha de extinción de la misma.

El índice general de los precios del consumo será publicado mensualmente en el "Diario Oficial", sin perjuicio de que, a petición de parte o de los órganos jurisdiccionales o arbitrales competentes, se expida constancia del mismo, sin costo alguno.

Si a la fecha de la extinción de la obligación no se hubiere publicado todavía el índice correspondiente al mes anterior la confrontación a que se refiere este artículo se hará con el último que haya sido publicado en la forma prevista en el inciso precedente.

Artículo 3°.- Exceptúanse de lo establecido en los ar-tículos anteriores los siguientes casos:

A) Cuando exista o haya existido convención de las partes estableciendo un índice o procedimiento de liquidación del valor de las obligaciones distinto al previsto en el artículo 2°, en cuya hipótesis se estará a lo pactado;

B) Cuando la ley fije o haya fijado un régimen especial de ajuste del valor de las obligaciones;

C) Cuando se trate de obligaciones de personas públicas, cualquiera fuere la naturaleza de estas.

Artículo 4°.- En los casos en que sean de aplicación los artículos 1°, 2° y 3° de la presente ley, la tasa fijada en el artículo 2.207 del Código Civil, será del 6% (seis por ciento) anual.

Los intereses, a las tasas legales o convencionales que correspondan, comisiones y demás ilíquidos, se calcularán en todo caso sobre el valor de la obligación actualizado conforme a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 5°.- Derógase el inciso primero del artículo 11 de la Ley N° 14.188, de 5 de abril de 1974.

Esta derogación no será aplicable para los procesos en trámite a la fecha de vigencia de esta ley, que se regirán exclusivamente por la disposición citada.

Artículo 6°.- El procedimiento previsto en la presente ley para la liquidación del valor de las obligaciones se aplicará también al saldo pendiente de pago, del precio de venta obtenido en remate judicial a partir de los noventa días de haber quedado ejecutoriado el auto que lo aprueba.

El mejor postor podrá hacer entregas a cuenta del precio en todo tiempo, con entera independencia del estado de los procedimientos y del otorgamiento de la escritura de compra-venta.

Las sumas consignadas por el mejor postor -tanto la seña como las entregas ulteriores que se autorizan en el inciso precedente- deberán ser depositadas en el Banco Hipotecario del Uruguay, sus Sucursales o Agencias, en cuenta especial de valores que se abrirá al efecto, a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos.

Aprobada la liquidación se abonará al actor el monto de su crédito actualizado conforme a esta ley, y el remanente de la venta de los valores, que hará el Banco Hipotecario del Uruguay, corresponderá al demandado.

Artículo 7°.- Toda consignación de importes en procesos jurisdiccionales o arbitrales podrá efectuarse en los valores aludidos en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 6°. Las sumas en consignación hasta la fecha, podrán sustituirse por las especies referidas en esta disposición, debiendo los Jueces autorizarla expresamente.

Artículo 8°.- El procedimiento de liquidación del valor de las obligaciones establecido por la presente ley se aplicará a aquellas que nacieren después de la fecha de su vigencia.

Artículo 9°.- Las partes podrán establecer cualquier clase de estipulación que tenga por finalidad mantener el valor de las obligaciones contraídas.

Artículo 10.- Quedan comprendidas en el artículo anterior las cláusulas en moneda extranjera. A los efectos establecidos por el artículo 874 del Código de Procedimiento Civil y disposiciones complementarias los documentos que contengan obligación de pagar suma de dinero expresada en cualquier especie de moneda extranjera, constituirán título que trae aparejada ejecución en la moneda especificada y se considerará líquida la respectiva cantidad.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972, el Banco Central del Uruguay podrá fijar, tanto para las instituciones o empresas financieras como para los particulares, las diversas tasas de interés, de las comisiones o de cualquier otro cargo que se pueda cobrar o pagar en las distintas operaciones.

Artículo 12.- Comuníquese, etc.

LEY N° 10.449, DE

12 DE NOVIEMBRE DE 1943

Artículo 4°.- Los obreros o empleados actuando por sí o por intermedio de un mandatario, o representados por el Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados, tendrán derecho a reclamar de sus contratistas el pago de salarios establecidos por la ley o fijados por los Consejos de Salarios, sin perjuicio de poder exigir el pago indirecto por intermedio del Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados o del Juez de Paz del domicilio del patrono o del lugar de trabajo.

Constituye título ejecutivo, para el ejercicio de esta acción, la planilla de trabajo que acredite los jornales o sueldos acordados al obrero o empleado, conjuntamente con un certificado del mismo Instituto Nacional del Trabajo y Servicios Anexados que establezca el salario legal o el decretado por los Consejos de Salarios, que corresponde abonar al obrero o empleado.

Por el solo hecho de ser condenado al pago de salarios de acuerdo con este artículo e independientemente de la sanción administrativa que corresponda, el patrono o empresario deberá los daños y perjuicios emergentes del no cumplimiento de su obligación, los que serán fijados por el Juez de la sentencia definitiva, teniendo en cuenta; el número de familiares a cargo del obrero o empleado perjudicado; el tiempo de trabajo durante el cual el trabajador dejó de percibir el salario mínimo correspondiente; y la diferencia entre la tasa de los salarios acordados al trabajador según planilla y la mínima señalada en el certificado, a que se refiere el inciso anterior. En ningún caso, los daños y perjuicios podrán ser avaluados en más del cincuenta por ciento (50%) del monto total de los salarios debidos, según la sentencia.

Si un empresario o patrono paga a un obrero según una convención, por pieza, después que el salario mínimo se haya fijado por hora o por día, sin haberse fijado por pieza, será considerado infractor, a no ser que pruebe que la tasa de salario por él pagada asegura específicamente al obrero el goce del salario mínimo.

Son jueces competentes para entender en los juicios por cobro de salarios, los Jueces de Paz de la sección del comercio o establecimientos del patrono u oficinas y escritorios de propiedad privada o del lugar del trabajo. La sentencia del Juez de Paz será apelable en relación y la segunda instancia causará ejecutoria.

La parte del obrero o empleado gozará de auxiliatoria de pobreza de pleno derecho; pero el patrono condenado al pago de salarios deberá las costas; y aun los costos, si para ello hubiere mérito de acuerdo con el artículo 688 del Código Civil.

Esta acción prescribirá al año del día en que el perjudicado dejó de trabajar, o trabajó por última vez, para el infractor.

LEY N° 18.387,

DE 23 DE OCTUBRE DE 2008

DECLARACION JUDICIAL DEL CONCURSO Y REORGANIZACION EMPRESARIAL

NORMAS

TITULO I

DECLARACION JUDICIAL DE CONCURSO

CAPITULO I

PRESUPUESTOS DEL CONCURSO

Artículo 1°. (Presupuesto objetivo).- La declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia.

Se considera en estado de insolvencia, independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones.

Artículo 2°. (Presupuesto subjetivo).- La declaración judicial de concurso procederá respecto de cualquier deudor, persona física que realice actividad empresaria o persona jurídica civil o comercial.

Se considera actividad empresaria a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios.

Se encuentran excluidos del régimen de esta ley el Estado, los Entes autónomos, los servicios descentralizados, los Gobiernos Departamentales y las entidades de intermediación financiera, en este último caso con excepción de las normas relativas a la calificación del concurso, contenidas en el Título IX.

En el caso de los deudores domiciliados en el extranjero, se aplicará lo dispuesto en el Título XIII de esta ley. Las personas físicas no comprendidas en la presente ley se seguirán regulando por el Título VII del Libro II del Código General del Proceso (Concurso civil) y normas concordantes.

Artículo 3°. (Concurso de la herencia).- Procederá el concurso de la herencia del deudor fallecido, en los siguientes casos:

1) Cuando la herencia hubiera sido aceptada a beneficio de inventario.

2) Cuando, declarado en concurso el deudor, este hubiera fallecido durante la tramitación del mismo. En este caso, el concurso del deudor continuará de pleno derecho como concurso de la herencia, sin retrotraer las actuaciones.

Artículo 4°. (Presunciones relativas de insolvencia).- El estado de insolvencia del deudor se presume en los siguientes casos:

1) Cuando exista un pasivo superior al activo, determinados de acuerdo con normas contables adecuadas.

2) Cuando existan dos o más embargos por demandas ejecutivas o por ejecuciones contra el deudor por un monto superior a la mitad del valor de sus activos susceptibles de ejecución.

3) Cuando existan una o más obligaciones del deudor, que hubieran vencido hace más de tres meses.

4) Cuando el deudor hubiera omitido el pago de sus obligaciones tributarias por más de un año.

5) Cuando exista cierre permanente de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolla su actividad.

6) Cuando el Banco Central del Uruguay hubiera dispuesto la suspensión de una o más cuentas corrientes del deudor o la clausura de las cuentas corrientes del deudor en el sistema bancario.

7) Cuando, en el caso de acuerdo privado de reorganización, el deudor omita presentarse en plazo al Juzgado (artículo 220), no se inscriba el auto de admisión (artículo 223), se rechace, anule o incumpla el acuerdo.

Estas presunciones son relativas, admitiendo en todos los casos prueba en contrario, en los términos de la ley.

*Artículo 5°. (Presunciones absolutas de insolvencia).- El estado de insolvencia del deudor se presume, en forma absoluta, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor solicite su propio concurso.

2) Cuando el deudor hubiera sido declarado en concurso, quiebra o cualquier otra forma de ejecución concursal por Juez competente del país donde el deudor tenga su domicilio principal.

3) Cuando el deudor hubiera realizado actos fraudulentos para la obtención de créditos o para sustraer bienes a la persecución de los acreedores.

4) Cuando exista ocultación o ausencia del deudor o de los administradores, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir con sus obligaciones.

Artículo 6°. (Legitimación para solicitar la declaración de concurso).- Pueden solicitar la declaración judicial de concurso:

1) El propio deudor. En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser realizada por sus órganos con facultades de representación o por apoderado con facultades expresas para la solicitud.

2) Cualquier acreedor, tenga o no su crédito vencido.

3) Cualquiera de los administradores o liquidadores de una persona jurídica, aun cuando carezcan de facultades de representación, y los integrantes del órgano de control interno.

* Reglamentado por Decreto N° 146/2009, de 23 de marzo de 2009.

4) Los socios personalmente responsables de las deudas de las sociedades civiles y comerciales.

5) Los codeudores, fiadores o avalistas del deudor.

6) Las Bolsas de Valores y las instituciones gremiales de empresarios con personería jurídica.

7) En el caso de la herencia, podrá además pedirlo cualquier heredero, legatario o albacea.

Artículo 7°. (Solicitud de concurso por el deudor).- En el caso de solicitud de concurso por parte del deudor, además de cumplir con lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, deberá acompañar los siguientes documentos:

1) Memoria explicativa conteniendo la siguiente información relativa al deudor:

A) Historia económica y jurídica, indicando la actividad o actividades a las que se dedica o se dedicó en el pasado; las oficinas, establecimientos o explotaciones de las que fuera titular; así como las causas del estado en que se encuentra.

B) Si fuera una persona casada, se indicará el nombre del cónyuge, así como el régimen patrimonial del matrimonio.

C) Si fuera una persona jurídica, se indicará el nombre y domicilio de los socios, asociados o accionistas de los que tenga constancia, de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los miembros del órgano de control interno, así como si forma parte de un grupo de empresas, enumerando las entidades que estén integradas en el mismo.

2) Inventario de bienes y derechos de los que sea titular a la fecha de solicitud del concurso, con estimación de su valor, del lugar donde se encuentran los bienes y, en su caso, de los datos de identificación registral. Si alguno de los bienes se encontrara gravado por derechos reales o hubiera sido embargado se indicarán, según los casos, las características del gravamen y de su inscripción registral, si correspondiere, y el Juzgado actuante y las actuaciones en las cuales el embargo hubiera sido trabado.

3) Relación de los acreedores por orden alfabético, indicando su nombre, número de Registro Unico Tributario (RUT) o documento de identidad según corresponda, domicilio, monto y fecha de vencimiento de sus créditos, así como la existencia de garantías personales o reales, sobre bienes del deudor o de terceros. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se indicará la clase de reclamación, el Juzgado, los autos en que se tramita y el estado de los procedimientos.

4) Si el deudor estuviera obligado a llevar contabilidad, acompañará los estados contables que determine la reglamentación y, en su caso, la memoria del órgano de administración y el informe del órgano de control interno, correspondientes a los tres últimos ejercicios, si existieran. Los estados contables deberán ser acompañados de informe firmado por contador público o establecer expresamente la causa por la cual no fue posible obtener dicha firma. Si el deudor hubiera contratado auditoría externa de sus estados contables, acompañará igualmente los informes de auditoría correspondientes a los estados contables presentados. En caso de falta de presentación de cualquiera de estos recaudos, indicará la causa por la cual no puede aportarlos.

5) Si el deudor fuera una persona jurídica, testimonio de los estatutos o del contrato social y de sus modificaciones, así como de la autorización estatal y de la inscripción registral, si correspondiere.

6) En el caso de las personas jurídicas deberá acompañarse también testimonio notarial de la resolución del órgano de administración, aprobando la presentación. La solicitud de declaración judicial de concurso y los documentos mencionados en el presente artículo deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en la solicitud y en los documentos en que falte, indicando la causa.

En caso de omitirse la presentación de alguno de los recaudos establecidos precedentemente, el Juez la rechazará de plano, sin que esta decisión cause estado. La decisión judicial será apelable por el deudor con efecto suspensivo.

*Artículo 8°. (Solicitud de concurso por otros legitimados).- Fuera de los casos de solicitud de la declaración de concurso por el propio deudor (numeral 1) del artículo 6°), los solicitantes, además de cumplir con lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, deberán aportar los elementos de juicio que acrediten la existencia de una presunción de insolvencia.

* Reglamentado por Decreto N° 146/2009, de 23 de marzo de 2009.

No podrá desistirse de la solicitud de declaración de concurso y los solicitantes del concurso serán responsables por los perjuicios causados al deudor por el carácter abusivo o por la falta de fundamento de la solicitud. El Juez podrá exigirles la constitución de contracautela por los perjuicios que su solicitud pudiera causar, estando eximidos de esta obligación los acreedores laborales.

Artículo 9°. (Solicitudes conjuntas).- Dos o más deudores podrán presentar conjuntamente solicitudes de declaración judicial de concurso, adjuntando a la solicitud cada uno de ellos los documentos a que se refiere el artículo 7°. Cuando formen parte de un mismo grupo deberán presentar los estados contables referidos en el numeral 4) del artículo 7° en forma consolidada.

El acreedor podrá promover la declaración judicial de concurso de varios de sus deudores, personas físicas o jurídicas, cuando se configuren respecto de todos los deudores presunciones de insolvencia y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1) Exista confusión entre los patrimonios de los deudores.

2) Cuando formen parte de un mismo grupo.

Artículo 10. (Obligación de solicitar el concurso).- El deudor tendrá la obligación de solicitar su propio concurso dentro de los treinta días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En el caso de las personas jurídicas, la obligación recae en cada uno de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno.

En el caso de las personas físicas o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, se presume absolutamente que dicho conocimiento se produjo en la fecha en que preparó o debió haber preparado estados contables.

Artículo 11. (Clases de concurso).- El concurso será voluntario cuando sea solicitado por el propio deudor, a condición de que no exista una solicitud de concurso previa, promovida por alguno de los restantes legitimados legalmente. El concurso será necesario en los restantes casos.

CAPITULO II

DECLARACION JUDICIAL DE CONCURSO

SECCION 1

JUEZ COMPETENTE

Artículo 12. (Competencia).- Los Juzgados de Concursos conocerán en primera instancia en todos los procedimientos concursales cuya competencia corresponda al departamento de Montevideo. También conocerán en los procedimientos concursales originados fuera del departamento de Montevideo cuyo pasivo sea superior a 35:000.000 UI (treinta y cinco millones de unidades indexadas).

En los demás procedimientos concursales fuera del departamento de Montevideo, serán competentes los Tribunales que determine la legislación procesal vigente.

El Tribunal que entienda en el concurso será también competente en las acciones sociales de responsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades concursadas (artículos 83 y 393 y siguientes de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989).

En el caso de deudores del exterior, se aplicarán las disposiciones del artículo 239.

Artículo 13. (Competencia en caso de solicitudes conjuntas).- En caso de solicitudes conjuntas, las mismas se tramitarán ante la misma sede, en expedientes separados.

Artículo 14. (Domicilio procesal).- Todos los comparecientes en el procedimiento concursal deberán constituir domicilio dentro del radio del Juzgado. De no hacerlo se lo tendrá por constituido en los estrados.

SECCION 2

TRAMITE POSTERIOR A LA SOLICITUD

Artículo 15. (Concurso solicitado por el deudor).- Si el concurso es solicitado por el deudor, directamente o a través de sus representantes, el Juez se expedirá, sin más trámite, dentro de los dos días de presentada la solicitud.

Artículo 16. (Concurso solicitado por otros legitimados).- Si el concurso es solicitado por cualquiera de los restantes legitimados, el Juez procederá de la siguiente forma:

1) Dará traslado al deudor por el plazo que estime razonable, según la importancia y la complejidad del asunto, el cual no podrá exceder de diez días.

2) Si el deudor se allanara a la solicitud o no se opusiera dentro del término legal, el Juez decretará el concurso sin más trámite, en el plazo de dos días.

3) Si el deudor se opusiera a la solicitud, se sustanciará por el procedimiento de los incidentes.

4) El deudor deberá presentar con la oposición todos los documentos y elementos que le permitan probar su derecho.

5) En el caso de un deudor obligado a llevar libros, el mismo deberá presentar igualmente con la oposición sus libros y demás documentos contables. Si los elementos presentados por el deudor no fueran suficientes a juicio del Juez, este podrá decretar una pericia contable, que deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles. El perito será designado por el Juez de la nómina de profesionales inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales.

6) Para el caso de hacerse lugar a la solicitud de concurso, los honorarios del perito serán un crédito de la masa. Para el caso de que no se haga lugar a la solicitud, los honorarios del perito serán de cargo del solicitante.

7) Presentada por el deudor la oposición o presentado el informe del perito, en su caso, el Juez convocará audiencia en un plazo máximo de cinco días.

8) Si el deudor no concurriera a la audiencia u obstaculizara en cualquier forma la indagatoria sobre la situación de insolvencia invocada, se declarará sin más trámite su concurso.

9) Dentro del plazo de cinco días de realizada la audiencia, el Juez decidirá sobre la declaración judicial de concurso.

Artículo 17. (Información relevante a juicio del Tribunal).- En todos los casos, en esta etapa del proceso o en ulteriores instancias, los acreedores podrán presentar o el Juez podrá solicitar informes para la mejor instrucción del proceso a las asociaciones representativas de acreedores. Dichos informes no generarán costos para la masa.

Artículo 18. (Medidas cautelares anteriores a la declaración del concurso).- En cualquier estado de los procedimientos antes de la declaración judicial de concurso, a pedido y bajo la responsabilidad del solicitante, el Juez podrá decretar medidas cautelares, tendientes a proteger la integridad del patrimonio del deudor. Estas medidas podrán consistir en el embargo preventivo de los bienes y derechos del deudor, en la intervención de sus negocios o en alguna otra adecuada a los fines perseguidos.

Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el concurso o desestimada la solicitud.

SECCION 3

SENTENCIA DE DECLARACION DE CONCURSO

Artículo 19. (Contenido de la sentencia).- La sentencia judicial que declare el concurso del deudor deberá contener:

1) Declaración de concurso del deudor.

2) Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, según corresponda.

3) Designación de síndico o interventor, según corresponda.

4) Convocatoria de la Junta de Acreedores a celebrarse dentro del plazo máximo de ciento ochenta días.

5) Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones y pu-blicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial.

En caso de solicitudes conjuntas de concurso (artículo 9°), el Juez designará en todos los procedimientos al mismo síndico o interventor.

Artículo 20. (Inscripción de la sentencia).- El Juzgado comunicará directamente al Registro la inscripción de la sentencia, dentro de las veinticuatro horas de dictada. El Registro la inscribirá de inmediato y el importe de la tasa registral tendrá el carácter de crédito de la masa.

No existiendo recursos suficientes disponibles para cubrir las tasas registrales para la presente inscripción en el Registro, así como de toda otra inscripción registral o solicitud de información del mismo tipo que prevea la presente ley, el Tribunal las ordenará de oficio sin cargo.

Artículo 21. (Publicación del extracto de la sentencia).- La publicación del extracto de la sentencia será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de dictada la misma. La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales lo publicará de inmediato y el costo de la publicación tendrá la calidad de crédito de la masa, las publicaciones del extracto de sentencia de que trata este artículo, así como toda otra publicación en el Diario Oficial de que trate la presente ley, deberá ser por el término de tres días.

En caso de que no existan recursos suficientes para la realización de cualquiera de las publicaciones que se deban realizar durante el concurso, el Tribunal ordenará la publicación sin costo en el Diario Oficial por igual término que en el inciso anterior, oficiando a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales.

Artículo 22. (Recursos contra la sentencia).- La sentencia que declare el concurso será apelable por el deudor o por cualquiera que tenga un interés legítimo, dentro del plazo de seis días de la última publicación. El recurso no tendrá efecto suspensivo.

CAPITULO III

MEDIDAS CAUTELARES POSTERIORES A LA DECLARACION DE CONCURSO

Artículo 23. (Medidas sobre la persona del deudor).- Conjuntamente con la sentencia de concurso o en cualquier momento posterior de los procedimientos, el Juez, actuando de oficio o a instancia de parte, podrá disponer alguna de las siguientes medidas cautelares:

1) Intervención de las comunicaciones del deudor relacionadas con la actividad profesional del giro. Aquellas de carácter privado y personal serán entregadas al titular destinatario.

2) Prohibición al deudor de cambiar de domicilio y/o de salir del país sin la previa autorización del Tribunal. En caso de personas jurídicas esta medida podrá ser dispuesta respecto de todos o de algunos de sus administradores o liquidadores.

Artículo 24. (Embargo preventivo de los bienes y derechos de administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno).- En caso de concurso necesario de las personas jurídicas, siempre que de un examen preliminar del estado patrimonial del deudor resulte que su activo no es suficiente para satisfacer su pasivo, conjuntamente con la sentencia o en cualquier momento posterior, el Juez dispondrá el embargo preventivo de los bienes de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno.

Artículo 25. (Embargo de personas vinculadas anteriormente).- El Juez, de manera fundada, también podrá trabar embargo sobre los bienes de ex administradores, ex liquidadores o ex integrantes del órgano de control interno, siempre que de un examen preliminar de los hechos surja que, durante el plazo de dos años anteriores a la declaración de concurso, conocieron el estado de insolvencia de la persona jurídica deudora.

Estos embargos se conservarán hasta la finalización de los procedimientos concursales, salvo que haya recaído una sentencia judicial sobre la responsabilidad de cualquiera de los sujetos mencionados en el inciso anterior.

TITULO II

SINDICO E INTERVENTOR

CAPITULO I

NOMBRAMIENTO

Artículo 26. (Condiciones subjetivas).- El síndico o el interventor, será designado por el Juez en la sentencia que declare el concurso, de entre aquellos profesionales universitarios o sociedades de profesionales o instituciones gremiales representativas con actuación en materia concursal con personería jurídica inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales que llevará la Suprema Corte de Justicia. Las mismas personas elegibles como síndicos lo serán como interventores.

En los concursos radicados en el interior del país y en los pequeños concursos (Título XII), la designación podrá recaer en profesionales universitarios no inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales, a condición de que sean abogados, contadores públicos o licenciados en administración de empresas con un mínimo de cinco años de ejercicio profesional o egresados de los cursos de especialización para síndicos e interventores concursales.

Artículo 27. (Inscripción en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales).- Cada cuatro años la Suprema Corte de Justicia llamará a interesados para integrar una lista con un mínimo de treinta titulares y treinta suplentes preferenciales, elegibles como síndicos e interventores concursales.

Para ser inscripto en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales se requerirá ser profesional universitario y tener un mínimo de cinco años de ejercicio profesional. La selección se realizará teniendo en cuenta los antecedentes y experiencia de los postulantes, otorgando prioridad a los egresados de los cursos de especialización para síndicos e interventores concursales, dictados por entidades universitarias o instituciones gremiales de profesionales universitarios. Hasta tanto no existan egresados de estos cursos en número suficiente, se dará prioridad a los abogados, contadores públicos o licenciados en administración de empresas.

Podrán también inscribirse sociedades de profesionales, con o sin personería jurídica, a condición de que la mayoría de sus socios cumplan con los requisitos establecidos precedentemente, así como instituciones gremiales representativas en materia concursal con personería jurídica.

Vencido el plazo de cuatro años los síndicos o interventores concursales anteriores podrán participar en la nueva elección.

Las designaciones de síndicos o interventores se mantendrán aun cuando hubiera vencido el plazo de sus inscripciones.

Artículo 28. (Incompatibilidad y prohibiciones).- No podrán ser nombrados síndicos o interventores:

1) Quienes no puedan ser administradores de sociedades comerciales.

2) Quienes hubieran prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con este en los últimos cinco años.

3) Quienes, en el último año, hubieran sido nombrados síndicos o interventores en dos concursos. A estos efectos, los nombramientos efectuados en sociedades pertenecientes al mismo grupo se computarán como uno solo. En el caso de sociedades de profesionales e instituciones gremiales de empresarios con personería jurídica, este número se elevará a diez.

Artículo 29. (Aceptación).- El nombramiento de síndico o de interventor será comunicado al interesado por el medio más rápido.

Dentro de los cinco días siguientes a la comunicación, el nombrado deberá comparecer ante el Juzgado para aceptar el cargo. No podrá rehusar el cargo, salvo que medie causa grave, la cual será apreciada por el Juez con criterio estricto, o que renuncie además a su inscripción en el Registro de Síndicos o Interventores Concursales.

En caso de falta de aceptación el Juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento.

Aceptado el cargo el nombrado solo podrá renunciar por causa grave.

Artículo 30. (Auxiliares).- Cuando la complejidad del concurso así lo exija, el síndico o el interventor podrá solicitar del Juez autorización para nombrar auxiliares. La resolución judicial que conceda la autorización especificará las funciones a desarrollar por dichos auxiliares, así como la retribución que les corresponda, la cual será de cargo del síndico o del interventor, salvo casos de gran complejidad a juicio del Juez.

El nombramiento y la aceptación de los auxiliares serán puestos en conocimiento del Juez del concurso. Hasta que esta comunicación tenga lugar, los auxiliares no podrán comenzar el ejercicio de las funciones encomendadas.

Artículo 31. (Recusación).- El síndico o el interventor podrá ser recusado por cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración del concurso.

Son causa de recusación las circunstancias constitutivas de incompatibilidad o de prohibición, así como las establecidas por la ley procesal para la recusación de los peritos.

El procedimiento de recusación será el establecido en la ley procesal para la recusación de peritos y no tendrá efecto suspensivo.

CAPITULO II

ESTATUTO JURIDICO

Artículo 32. (Ejercicio del cargo).- El síndico o el interventor deberá desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal.

Artículo 33. (Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa).- El síndico y el interventor no podrán adquirir por sí o por persona interpuesta bienes y derechos que integren la masa activa del concurso.

Si lo hicieren, quedarán inhabilitados como síndicos e interventores y deberán reintegrar a la masa, sin contraprestación alguna, el bien o derecho que hubieran adquirido.

*Artículo 34. (Retribución).- Los síndicos e interventores tendrán derecho a ser retribuidos con cargo a la masa.

La reglamentación aprobará el arancel aplicable a la actividad de los síndicos e interventores atendiendo a la cuantía del activo, a la complejidad del concurso, a la duración de sus funciones y al resultado de su gestión.

El Juez, previo informe del síndico o del interventor, fijará la cuantía de la retribución y la forma en que deba ser pagada.

La decisión judicial que fija la retribución del síndico o del interventor podrá ser recurrida por los mismos, así como por las personas legitimadas para solicitar la declaración judicial de concurso, quienes deberán expresar la suma que consideran que corresponde pagar. El recurso tendrá efecto suspensivo respecto del importe por el que exista controversia.

Artículo 35. (Responsabilidad).- El síndico, el interventor y los auxiliares cuyo nombramiento hubiera autorizado el Juez del concurso responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa del concurso por los actos y omisiones contrarios a la ley o por los realizados sin la debida diligencia.

La acción se promoverá, en vía ordinaria, ante el Juez del concurso y prescribirá a los dos años a partir del momento en que, por cualquier causa, el síndico o el interventor hubiera cesado en su cargo.

* Reglamentado por Decreto N° 180/2009, de 23 de abril de 2009.

Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa, tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos del proceso y se le satisfaga hasta el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 36. (Separación).- Cuando concurra justa causa, el Juez, de oficio o a petición de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso, podrá disponer el cese del síndico o del interventor.

Artículo 37. (Nuevo nombramiento).- En los casos de cese del síndico o del interventor el Juez del concurso procederá de inmediato a un nuevo nombramiento.

CAPITULO III

RENDICION DE CUENTAS

Artículo 38. (Rendición de cuentas del síndico).- El síndico rendirá cuentas de su gestión:

1) Cuando lo solicite la Comisión de Acreedores.

2) Al solicitar la suspensión o conclusión del concurso.

3) En caso de cese antes de la conclusión del concurso y si lo solicitara el nuevo síndico o la Comisión de Acreedores. El plazo para la presentación de esta solicitud será de un mes a contar desde la fecha en que el cese se hubiera producido.

Artículo 39. (Rendición de cuentas del interventor).- El interventor deberá rendir cuentas de su gestión cuando lo acuerde el Juez del concurso a solicitud de la Comisión de Acreedores.

Artículo 40. (Aprobación de las cuentas).- Las cuentas presentadas por el síndico o el interventor y la documentación respaldante quedarán de manifiesto en el Juzgado por el plazo de quince días. Durante este plazo el deudor, la Comisión de Acreedores y los demás interesados que hubieran comparecido en el procedimiento podrán formular observaciones.

En caso de que no se formularan observaciones el Juez aprobará las cuentas presentadas, no admitiéndose contra el auto de aprobación recurso alguno.

En caso de que se formularan observaciones la sentencia que recaiga en este procedimiento podrá ser recurrida con efecto suspensivo.

Artículo 41. (Sanción por rechazo de las cuentas).- Si las cuentas no fueran aprobadas, el síndico o el interventor quedará inhabilitado para intervenir como síndico o como interventor en cualquier otro concurso de acreedores durante el período que fije el Juez del concurso, que no podrá ser inferior a cinco ni superior a veinte años.

Esta sanción será aplicada, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad patrimonial y criminal que su actuación pueda haber generado.

CAPITULO IV

REGISTRO DE SINDICOS E INTERVENTORES CONCURSALES

Artículo 42. (Actos y hechos inscribibles en el Registro).- La Suprema Corte de Justicia llevará un Registro de Síndicos e Interventores Concursales en el cual se inscribirá la siguiente información:

1) El nombre y antecedentes personales y profesionales de todos aquellos profesionales universitarios que hubieran sido inscriptos, como titulares o como suplentes, en el Registro.

2) Las designaciones y ceses de síndicos e interventores, indicando la causa de los ceses producidos.

3) Las negativas de aceptación de las designaciones de síndico e interventor, indicando las causas invocadas en la negativa.

4) Las recusaciones promovidas contra síndicos e interventores, indicando los fundamentos y el resultado de las mismas.

5) Las acciones de responsabilidad promovidas contra síndicos e interventores, indicando el fundamento y el resultado de las mismas.

6) El rechazo de las cuentas rendidas por el síndico o el interventor y la sanción impuesta al mismo.

7) Cualquier otro hecho o circunstancia que, a juicio del Juez del concurso pueda incidir en una futura decisión de designación del síndico o del interventor.

Artículo 43. (Comunicación de los datos al Registro).- El Juez del concurso deberá comunicar al Registro, dentro de los tres días siguientes de ocurrido todo hecho o acto registrable del cual haya tenido conocimiento.

TITULO III

EFECTOS DE LA DECLARACION DEL CONCURSO

CAPITULO I

EFECTOS SOBRE EL DEUDOR

Artículo 44. (Continuación de la actividad del deudor).- La declaración judicial de concurso no implica el cese o clausura de la actividad del deudor, salvo que el Juez disponga lo contrario, lo que podrá hacer en cualquier momento durante el concurso, a solicitud del deudor, de los acreedores, del síndico o interventor, o de oficio.

Artículo 45. (Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- La declaración judicial de concurso producirá los siguientes efectos en la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso:

1) Si el concurso fuera necesario, se suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, sustituyéndolo en la administración y disposición de sus bienes por un síndico.

2) Si el concurso fuera voluntario, se suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, con el alcance dispuesto en el numeral 1), solamente cuando el activo no sea suficiente para satisfacer el pasivo. En los demás casos, se limitará la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa y se designará un interventor que coadministrará los bienes conjuntamente con el mismo.

3) En el caso de concurso voluntario, si durante el desarrollo de los procedimientos se pusiera de manifiesto que, en el momento de la declaración judicial, la relación entre activo y pasivo era distinta a la tenida en cuenta para suspender o limitar la legitimación del deudor, el Juez modificará de oficio la medida adoptada, transformando la suspensión en limitación o la limitación en suspensión, según corresponda.

4) En caso de haberse dispuesto la limitación de la legitimación del deudor, en cualquier momento el Juez, previa solicitud fundada de los interventores y vista al deudor, podrá disponer la suspensión de la legitimación del deudor, cualquiera sea la situación patrimonial de este.

5) En todos los casos de conversión de la limitación de la legitimación para disponer y obligar la masa en suspensión o viceversa, el Juez dispondrá las mismas medidas de publicidad acordadas para la sentencia de declaración judicial de concurso.

6) Se exceptúan de la suspensión o limitación de la legitimación del deudor los actos personalísimos o referidos a bienes inembargables, la presentación de propuestas de convenio y la impugnación o interposición de recursos contra la actuación del síndico o del interventor y contra las resoluciones judiciales.

Artículo 46. (Efectos generales de la suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- La suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, dispuesta en la sentencia de declaración judicial de concurso o en cualquier resolución judicial posterior, producirá los siguientes efectos:

1) Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y disposición que realice el deudor respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del concurso, incluida la aceptación o repudiación de herencias, legados y donaciones.

2) Solamente el síndico estará legitimado para realizar actos de administración y disposición sobre los bienes y derechos que forman la masa activa del concurso, en los términos de la presente ley.

3) El síndico sustituirá al deudor en todos los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en curso en que este sea parte, con excepción de aquellos fundados en relaciones de familia que no tengan contenido patrimonial.

4) En los casos de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, los pagos realizados al deudor no tendrán efecto liberatorio para los acreedores, salvo los realizados de buena fe en el período que medie entre la sentencia declaratoria del concurso y la registración y publicación de la misma.

Artículo 47. (Efectos generales de la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso).- La limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, dispuesta en la sentencia de declaración judicial del concurso o en cualquier resolución judicial posterior, producirá los siguientes efectos:

1) El deudor requerirá de la autorización del interventor para contraer, modificar o extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar poderes; o para realizar cualquier acto jurídico relativo a bienes de la masa activa.

2) Se exceptúan del régimen establecido en el numeral 1) las operaciones ordinarias del giro del deudor, las cuales serán realizadas por este bajo el control del interventor. No se considerarán operaciones ordinarias del giro los actos relativos a bienes de uso registrables, la venta o arrendamiento del establecimiento comercial y la emisión de obligaciones negociables.

3) Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y disposición detallados en el numeral 1), que realice el deudor respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del concurso, sin autorización del interventor.

Artículo 48. (Régimen de los órganos de la persona jurídica deudora en caso de suspensión de la legitimación para disponer y obligar la masa del concurso).- La suspensión de la legitimación de las personas jurídicas para disponer y obligar la masa del concurso producirá además los siguientes efectos respecto al funcionamiento de sus órganos sociales:

1) El síndico ejercitará las facultades conferidas por la ley y los estatutos a los administradores o liquidadores, que perderán el derecho a percibir cualquier tipo de remuneración.

2) Se suspende la obligación legal o estatutaria de convocar reuniones o asambleas de socios o accionistas. Si las mismas fueran convocadas, cualquier resolución que estas adopten requerirá, para su validez, que sea ratificada por el síndico.

3) El órgano de control interno quedará suspendido en sus funciones.

Artículo 49. (Régimen de los órganos de la persona jurídica deudora en caso de limitación de la legitimación para disponer y obligar la masa del concurso).- La limitación de la legitimación de las personas jurídicas para disponer y obligar la masa del concurso producirá además los siguientes efectos respecto al funcionamiento de sus órganos sociales:

1) Los órganos de la persona jurídica se mantendrán en funcionamiento, con las limitaciones establecidas en este artículo.

2) La convocatoria de cualquier reunión o asamblea de socios o accionistas, por parte de administradores o liquidadores, requerirá la autorización del interventor.

3) El interventor podrá solicitar al Juez, en forma fundada, la suspensión del órgano de control interno, asumiendo sus funciones.

Artículo 50. (Designación de un administrador o una Comisión de Acreedores por los acreedores).- Sin perjuicio del régimen de suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, en cualquier estado de los procedimientos, en audiencia o mediante acta notarial, acreedores quirografarios con derecho de voto, que representen por lo menos la mayoría de pasivo quirografario con derecho de voto, podrán nominar un administrador del patrimonio y del giro del deudor durante el concurso.

En este caso, el administrador designado por los acreedores sustituirá al síndico o al deudor, según los casos, en la función de conservación o administración del patrimonio y del giro del deudor.

Igual mayoría de acreedores tendrá la facultad de designar una Comisión de Acreedores que controle el desarrollo de los procedimientos y colabore con la búsqueda de soluciones a la situación de insolvencia del deudor.

Artículo 51. (Acciones contra los socios).- La declaración judicial de concurso, tendrá los siguientes efectos respecto de las acciones contra los socios de la sociedad deudora:

1) Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el caso, la promoción de la acción contra los socios personalmente responsables por las obligaciones sociales anteriores a la declaración de concurso, con excepción de aquellas acciones correspondientes a obligaciones laborales y tributarias.

2) Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el caso, la acción para obtener el pago íntegro de las aportaciones comprometidas por los socios o accionistas, así como el cumplimiento de las prestaciones accesorias. En caso de insuficiencia de bienes propios de la sociedad deudora, el síndico podrá reclamar a los socios o accionistas el pago íntegro de los aportes comprometidos y no realizados, aun cuando no estuviera vencido el plazo establecido para el cumplimiento de dicha obligación.

Artículo 52. (Acción social de responsabilidad contra los administradores, integrantes del órgano de control interno y liquidadores).- Corresponderá al síndico o al interventor, según el caso, la representación de la sociedad para la promoción de la acción social de responsabilidad contra los administradores, los integrantes del órgano de control interno y los liquidadores, sin requerir para esto la previa conformidad de la reunión o asamblea de socios o accionistas.

Si el síndico o el interventor fueran omisos, dicha acción podrá ser promovida por los acreedores. Si la sentencia contuviera condena a indemnizar a la sociedad daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa activa, tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos y se le satisfaga el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 53. (Deber de cooperación y de información del deudor).- Están alcanzados por el deber de cooperación e información el deudor y los administradores y liquidadores de la persona jurídica, así como los que hubieran revestido esta calidad en los dos años anteriores a la declaración judicial de concurso. De acuerdo con el mismo, deberán comparecer personalmente ante el Juez del concurso y ante el síndico o el interventor cuantas veces sean requeridos y facilitar toda la cooperación e información necesaria o conveniente para el interés del concurso.

Artículo 54. (Derecho a alimentos).- En caso de limitación de la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, el deudor persona física tendrá derecho a percibir alimentos con cargo a la masa.

En caso de suspensión de dicha legitimación, solamente tendrá derecho de alimentos cuando la masa activa fuera superior a la masa pasiva.

Las personas respecto de las cuales el deudor tuviera obligación de alimentos, solo tendrán derecho a los mismos cuando no pudieran percibirlos en monto suficiente de otra persona obligada a prestarlos.

CAPITULO II

EFECTOS SOBRE LOS ACREEDORES

SECCION 1

ACREEDORES COMPRENDIDOS

Artículo 55. (Composición de la masa pasiva).- Todos los acreedores del deudor, cualquiera sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán comprendidos en la masa pasiva del concurso, siendo representados por el síndico o el interventor y alcanzados por los efectos del concurso, sin más excepciones que las establecidas en la presente ley.

Se otorgará un tratamiento igualitario a todos los acreedores pertenecientes a una misma clase, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas en la ley.

SECCION 2

MORATORIA PROVISIONAL

Artículo 56. (Prohibición de promover nuevos juicios).- Declarado judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a la fecha de la declaración no podrán promover contra el deudor procedimientos judiciales o arbitrales de ningún tipo. Las actuaciones judiciales o arbitrales que se realicen serán nulas.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, los procedimientos que se funden en relaciones de familia siempre que no tengan contenido patrimonial y los procesos de conocimiento referidos en el segundo inciso del artículo 59.

Artículo 57. (Procesos en trámite).- Los procesos judiciales de conocimiento o los procesos arbitrales contra el deudor, que se encuentren en trámite a la fecha de declaración del concurso, continuarán ante la sede que esté conociendo en los mismos, hasta que recaiga sentencia o laudo firme.

Los síndicos o los interventores, en este último caso con autorización del Juez del concurso, podrán allanarse total o parcialmente a la demanda, desistir de los recursos interpuestos o transar el juicio.

En todos los casos, las costas y costos impuestos al deudor tendrán la calidad de créditos concursales, cualquiera sea la fecha de la sentencia que condene al pago de los mismos.

Artículo 58. (Sentencias y laudos firmes).- Las sentencias o laudos firmes, sean estos anteriores o posteriores a la declaración del concurso, que reconozcan al demandante un crédito contra el deudor, anterior este a la declaración del concurso, quedarán firmes y el Juez del concurso reconocerá al crédito el tratamiento concursal que corresponda, cualquiera sea la fecha de la resolución.

La misma solución se aplicará a las sentencias extranjeras o laudos arbitrales contra el deudor, pronunciados en el exterior, una vez que las mismas sean reconocidas en el país, de conformidad con lo dispuesto por la ley procesal.

Artículo 59. (Competencia exclusiva del Juez del concurso en materia de ejecuciones).- El Juez del concurso será el único competente para conocer en los procedimientos de ejecución y para disponer la adopción o el levantamiento de medidas cautelares sobre los bienes y derechos que integran la masa activa.

Los acreedores laborales tendrán la opción de verificar sus créditos dentro del procedimiento concursal, promover un proceso de conocimiento ante la judicatura competente en materia laboral o verificar parte de sus créditos en el proceso concursal y los restantes en sede laboral, sin perjuicio de las acciones de ejecución y las medidas cautelares, que serán en todos los casos competencia del Juez del concurso.

Artículo 60. (Prohibición de nuevas ejecuciones y suspensión de las ejecuciones en curso).- Declarado el concurso, ningún acreedor podrá promover ejecución contra el deudor por créditos anteriores a la declaración.

Las ejecuciones que se encuentren en trámite, así como los embargos que se hubieran trabado, quedarán en suspenso desde el momento de la declaración, procediendo su acumulación al concurso.

Artículo 61. (Situación de los créditos prendarios e hipotecarios).- En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios, la prohibición de promover ejecuciones y la suspensión de las ejecuciones en curso caducarán transcurridos ciento veinte días de la sentencia declaratoria del concurso.

En estos casos la ejecución deberá promoverse o continuará, según los casos, ante el Juez del concurso.

Artículo 62. (Situación de los créditos laborales).- Existiendo recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en la masa activa y siempre que la disposición de los mismos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor, el síndico o el interventor previa autorización judicial dispondrá el pago anticipado de los créditos laborales de cualquier naturaleza que se hubieran devengado y no estuvieran prescriptos.

En este caso, no será necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia laboral previa que lo reconozca.

La solicitud de pago anticipado podrá ser denegada, total o parcialmente, solamente en los casos en que los créditos laborales no surjan de la documentación del empleador o cuando existan dudas razonables sobre el origen o legitimidad de los mismos.

Cuando el crédito laboral hubiera sido verificado en el concurso o hubiera recaído sentencia firme de la judicatura competente reconociendo su existencia, el síndico o el interventor procurarán la obtención de los recursos necesarios para la cancelación de los mismos, pudiendo solicitar autorización al Juez para la venta anticipada de activos del concurso, si fuera necesario, siempre que la disposición de dichos recursos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor.

En caso de que los bienes de la masa activa fuesen insuficientes para la cancelación de los créditos laborales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 183.

SECCION 3

EFECTOS SOBRE LOS CREDITOS

Artículo 63. (Conversión a moneda nacional y reajuste de las obligaciones).- Los créditos expresados en moneda extranjera se convertirán a moneda nacional al tipo de cambio comprador interbancario de la fecha de declaración del concurso, salvo los créditos prendarios e hipotecarios expresados en moneda extranjera, hasta el límite de su respectiva garantía.

A partir de la fecha de declaración de concurso y hasta la fecha de pago, todos los créditos serán ajustados de acuerdo con los criterios establecidos por el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Artículo 64. (Suspensión del devengamiento de los intereses).- Desde la declaración de concurso, se suspenderán el devengamiento de los intereses salvo los créditos prendarios e hipotecarios hasta el límite de su respectiva garantía, y los créditos laborales.

La suspensión del devengamiento de intereses se establece sin perjuicio de lo que resulte pactado en el convenio o acuerdo privado de reorganización entre el deudor y sus acreedores y de la compensación establecida por el artículo 188 en caso de resultar un remanente luego de la liquidación del patrimonio del deudor.

Artículo 65. (Prohibición de compensación).- Declarado el concurso no procederá la compensación legal de los créditos con las deudas del deudor, salvo que estuvieran en situación de ser compensados antes de la declaración del concurso.

Artículo 66. (Suspensión del derecho de retención).- Declarado el concurso no podrá ser invocado el derecho de retención sobre bienes y derechos integrantes de la masa activa.

Artículo 67. (Suspensión de la prescripción y caducidad).- Desde la declaración del concurso quedarán suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones contra el deudor por créditos anteriores a la declaración. También quedarán suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones sociales de responsabilidad contra los administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno.

CAPITULO III

EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS

Artículo 68. (Contratos pendientes de ejecución).- En caso de existir a la fecha de declaración del concurso, contratos de los cuales deriven obligaciones del deudor pendientes de ejecución, se procederá de la forma siguiente:

1) El síndico o el deudor con la autorización del interventor, tendrá la facultad de rescindir unilateralmente el contrato, notificando este hecho a la contraparte, dentro del plazo establecido para que los acreedores presenten la solicitud de reconocimiento de sus créditos.

2) En cualquier momento, dentro de dicho plazo, la contraparte del deudor podrá exigir, según los casos, al síndico o al deudor y al interventor, que manifiesten si resolverán o no el contrato. En este caso, si no ejercieran la facultad de resolución dentro de los cinco días siguientes a la recepción del requerimiento, ya no podrán ejercitarla con posterioridad, salvo que el Juez apruebe un convenio que no implique la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor o disponga la liquidación de la masa activa.

3) El Juez fijará la indemnización de daños y perjuicios que cause la resolución, crédito que tendrá la consideración de concursal.

4) En caso de no optarse por la resolución del contrato cuando el cumplimiento del contrato por parte del deudor implique riesgo manifiesto y grave para la otra parte, esta podrá solicitar al Juez que rescinda el contrato o que garantice suficientemente el cumplimiento del mismo.

5) Serán nulas las estipulaciones contractuales que declaren resuelto el contrato o atribuyan la facultad de resolución a cualquiera de las partes, en caso de insolvencia o de declaración de concurso del deudor.

Artículo 69. (Contratos de trabajo).- Los contratos de trabajo celebrados por el deudor no resultarán rescindidos por efecto de la declaración de concurso.

Artículo 70. (Contratos del personal de alta dirección).- En el caso del personal de alta dirección, el síndico o el interventor, por razones fundadas, podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este crédito concursal.

Se considera personal de alta dirección a los directores, gerentes generales y todo aquel que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del deudor.

El síndico podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este crédito concursal hasta que quede firme la sentencia de calificación.

TITULO IV

FORMACION DE LA MASA ACTIVA

CAPITULO I

COMPOSICION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 71. (Principio de universalidad).- La masa activa del concurso estará integrada por la totalidad del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del procedimiento.

Componen el patrimonio del deudor los bienes y derechos propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación matrimonial, con excepción de aquellos bienes y derechos que tengan el carácter de inembargables.

Artículo 72. (Bienes adquiridos por el cónyuge del deudor).- Se presumirá en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, que los bienes y derechos adquiridos por el cónyuge del deudor, dentro del año anterior a la declaración de concurso, respecto de los cuales no pueda justificar la procedencia del precio, constituyen donación del deudor.

Se tendrá por justificada la procedencia del precio cuando, en el momento de la adquisición, el cónyuge titular de los bienes o derechos recibiera sueldo, ejerciera profesión o tuviera a su disposición dinero, en todos los casos, por importe suficiente.

La presunción no regirá cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente.

Artículo 73. (Cuentas indistintas).- En caso de declaración de concurso del titular de una cuenta indistinta, abierta con un año o menos de antelación a la fecha de dicha declaración, se presume que la totalidad del saldo acreedor de dicha cuenta es propiedad del deudor, salvo prueba en contrario.

CAPITULO II

CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 74. (Conservación de la masa activa).- En caso de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, el síndico deberá conservar los bienes y derechos que integren la masa activa del concurso.

Los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el Tribunal a propuesta del síndico.

Deberá realizar además todos los actos necesarios para entrar en posesión de los libros legales y de los documentos relativos a la masa activa y a la actividad profesional o empresarial del deudor.

Artículo 75. (Administración de la masa activa).- El síndico o el deudor, con la autorización y control del interventor, deberán administrar la masa activa del modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores.

Hasta la resolución judicial que apruebe el convenio o disponga la apertura de la liquidación, la enajenación o el gravamen de bienes de uso o de derechos de cualquier clase, cuyo valor sea superior al 5% (cinco por ciento) del valor total de la masa activa, requerirá la autorización del Juez del concurso.

Artículo 76. (Administración de las cuentas bancarias del deudor).- El síndico y el interventor, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán la facultad de administrar y obtener información sobre las cuentas bancarias del deudor, sin que les sea oponible el secreto profesional de las entidades de intermediación financiera.

Artículo 77. (Inventario de la masa activa).- El síndico o el interventor deberá elaborar el inventario de la masa activa, con valoración de los bienes y derechos de que se compone a la fecha de la declaración del concurso y de presentación del inventario, indicando las variaciones que hubiera experimentado entre ambos momentos.

Deberán recurrir al asesoramiento de expertos independientes para la valoración de los elementos de la masa activa, solicitando previamente la autorización del Juez del concurso.

El inventario será presentado al Juez del concurso, conjuntamente con la nómina de acreedores, y quedará de manifiesto en el Juzgado a disposición de los acreedores.

Artículo 78. (Impugnación del inventario).- Dentro del plazo establecido para la impugnación de la lista de acreedores, cualquier interesado podrá impugnar el inventario, solicitando la inclusión o la exclusión de bienes y derechos, así como la modificación de la valoración de los elementos de la masa activa.

Artículo 79. (Rehabilitación de contratos que hubieran caducado o hubieran sido resueltos).- El síndico o el interventor tendrá la facultad de rehabilitar los contratos de mutuo pagaderos en cuotas de capital o de intereses, las compraventas a crédito de bienes muebles o inmuebles, las promesas de enajenación de inmuebles a plazos, los arrendamientos y los créditos de uso que hubieran caducado por incumplimiento del deudor de la obligación de pagar el precio y/o de realizar los pagos periódicos comprometidos, en los siguientes términos y condiciones:

1) La rehabilitación deberá ser notificada al titular del crédito antes de que finalice el plazo para presentar la solicitud de reconocimiento de créditos, previa consignación de los importes pendientes de pago y de los intereses moratorios.

2) No debe de haber recaído sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada disponiendo la resolución del contrato por incumplimiento.

3) El síndico o el interventor asumirá, por el deudor, la obligación de continuar realizando los pagos períodicos en los plazos de sus sucesivos vencimientos, los que serán créditos contra la masa.

CAPITULO III

REINTEGRACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 80. (Objeto de la reintegración).- En el caso de que, a la fecha de declaración del concurso, el pasivo fuera superior al activo susceptible de ejecución forzada, el síndico ejercitará las acciones revocatorias que correspondan para reintegrar a la masa activa los bienes y derechos que hubieran salido del patrimonio del deudor en las situaciones previstas en los artículos siguientes.

Artículo 81. (Actos revocables de pleno derecho).- Son revocables de pleno derecho los siguientes actos realizados por el deudor:

1) Actos a título gratuito realizados dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, salvo los regalos y liberalidades de costumbre y las donaciones a favor del personal que tengan manifiesto carácter remuneratorio. Se considerarán incluidos los actos en que la contraprestación recibida por el deudor hubiera sido notoriamente inferior al valor del bien transferido.

2) Actos de constitución o de ampliación de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos del deudor, otorgados en los seis meses anteriores a la declaración de concurso, en garantía de obligaciones preexistentes no vencidas o que se hubieran contraído con el mismo acreedor concomitantemente con la extinción de las anteriores.

3) Pagos realizados por el deudor dentro de los seis meses anteriores a la declaración de concurso, por créditos que aún no se hallaran vencidos.

4) Actos de aceptación por el deudor de cualquier clase de requerimiento resolutorio de contratos, dentro de los seis meses anteriores a la declaración de concurso.

Artículo 82. (Actos revocables en fraude de los acreedores o con conocimiento de la insolvencia).- Son revocables los actos y omisiones del deudor en perjuicio de los acreedores, realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso, cuando el deudor hubiera actuado en fraude y perjuicio de los acreedores y la contraparte hubiera conocido o debido conocer que el deudor se hallaba en estado de insolvencia.

Se presume el conocimiento del estado de insolvencia en el caso de personas especialmente relacionadas con el deudor.

En ningún caso la revocación afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe. Corresponderá a la contraparte indemnizar a la masa por el valor de los bienes o derechos objeto de la acción revocatoria, que ya no se encuentren en su patrimonio.

Artículo 83. (Irrevocabilidad de las operaciones ordinarias).- En ningún caso serán objeto de revocación las operaciones ordinarias del giro a que se dedica el deudor.

Artículo 84. (Prescripción).- Las acciones revocatorias a que se refieren los artículos anteriores prescribirán a los dos años de la declaración del concurso.

Artículo 85. (Legitimación activa de los acreedores).- Si el síndico no promoviera la acción revocatoria antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores, el acreedor o los acreedores cuyos créditos representen por lo menos el 5% (cinco por ciento) del pasivo total del deudor podrán promover la acción por cuenta de la masa.

Si la sentencia acogiera la acción promovida, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa activa tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos del proceso y se le satisfaga hasta el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 86. (Legitimación pasiva).- La demanda de revocación deberá dirigirse contra las siguientes personas, según corresponda:

1) El deudor.

2) La contraparte en el acto objeto de revocación o quien se haya beneficiado con dicho acto u omisión, aunque el bien o el derecho no estuviese ya en su patrimonio.

3) La persona que haya adquirido a título gratuito o a título universal el bien o el derecho de quien hubiera sido parte en el acto objeto de revocación o se hubiera beneficiado del mismo.

4) Las demás personas que, actuando de mala fe, hubieran adquirido a cualquier título el bien o el derecho de quien hubiera sido parte en el acto objeto de revocación o se hubiera beneficiado del mismo.

Artículo 87. (Efectos de la sentencia de revocación).- La sentencia que acoja la acción revocatoria tendrá el siguiente contenido:

1) Condenará al demandado a reintegrar a la masa activa los bienes o derechos indebidamente adquiridos, con sus frutos.

2) Si los bienes o derechos no se encontraran en su patrimonio, lo condenará a entregar el valor que hubieran tenido al salir del patrimonio del deudor o en cualquier otro momento posterior, si hubiera sido mayor, más el interés legal.

3) Quedarán sin efecto los derechos reales de garantía que se hubieran constituido, ordenándose la cancelación de las inscripciones registrales correspondientes.

4) En caso de pagos realizados por el deudor o por un tercero, se condenará a quien los haya recibido a reintegrarlos a la masa, con más sus intereses.

5) El crédito que resulte a favor del demandado como consecuencia de la revocación, tendrá el carácter de crédito concursal.

6) Si se hubiera probado que el demandado conocía el estado de insolvencia del deudor en el momento de la realización del acto o de la omisión, perderá el derecho a cobrar su crédito en el concurso.

CAPITULO IV

REDUCCION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 88. (Separación de bienes y derechos).- Los bienes y derechos que, en el momento de declaración del concurso, se encuentren en posesión del deudor pero sean propiedad ajena, se entregarán a sus titulares, previa resolución del Juez del concurso, con informe favorable del síndico o del interventor.

Si el informe fuera desfavorable la solicitud deberá reiterarse dentro del plazo y por el procedimiento establecido para la impugnación del inventario.

Artículo 89. (Bienes no separables).- No serán susceptibles de separación los bienes y derechos de propiedad ajena sobre los que el deudor tenga derecho de uso o de garantía.

Artículo 90. (Imposibilidad de separación).- Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes de la declaración de concurso a un tercero de buena fe, el titular perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la contraprestación, si todavía el adquirente no la hubiera realizado, o solicitar el reconocimiento en el concurso del crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos en el momento de la enajenación o en cualquier otro posterior, si fuera mayor, más el interés legal.

El crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la calidad de crédito concursal.

El perjudicado tendrá diez días, a partir de la resolución judicial que le hubiera reconocido su derecho, para solicitar la verificación de su crédito.

CAPITULO V

DEUDAS DE LA MASA ACTIVA

Artículo 91. (Créditos contra la masa).- Serán créditos contra la masa:

1) Las costas y costos del proceso concursal, excluidos los honorarios profesionales de quienes patrocinen al deudor.

2) Las retribuciones del síndico o del interventor.

3) Los gastos de conservación, administración, valoración y liquidación de la masa activa.

4) Los créditos nacidos después de la declaración de concurso, incluidos los provenientes de la rehabilitación de contratos que hubieran caducado, salvo que la ley los considere créditos concursales.

5) Los pagos por alimentos y entierro del deudor y de las personas frente a las cuales este tenga deber legal.

Artículo 92. (Régimen de los créditos contra la masa).- Los créditos contra la masa se pagarán, a medida que venzan, fuera del procedimiento de concurso.

Su pago se realizará con cargo a los bienes de la masa que no estén gravados con prenda o hipoteca.

TITULO V

FORMACION DE LA MASA PASIVA

CAPITULO I

VERIFICACION DE LOS CREDITOS

SECCION 1

SOLICITUD DE VERIFICACION

Artículo 93. (Comunicación a los acreedores).- Dentro de los quince días siguientes a su designación, el síndico o el interventor notificará por carta u otro medio fehaciente a los acreedores cuya identidad conste en la contabilidad y documentos del deudor, o que resulten conocidos de alguna otra forma, la declaración de concurso, la sede ante la cual se tramita, el nombre del síndico o interventor y la fecha fijada para la Junta de Acreedores. Igual comunicación será remitida a quienes conste que sean codeudores, fiadores o avalistas del deudor.

Esta comunicación se realizará sin perjuicio de la derivada de la publicación de la sentencia de declaración de concurso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21.

Artículo 94. (Plazo para la solicitud de verificación).- Los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de declaración judicial de concurso.

La no finalización de la verificación de los créditos, en ningún caso será causal de suspensión de la Junta de Acreedores.

Artículo 95. (Solicitud de verificación).- Los acreedores deberán presentarse en el Juzgado en escrito dirigido al síndico o al interventor, con el siguiente contenido:

1) Solicitud de verificación de los créditos, indicando la fecha, causa, cuantía, vencimiento y calificación solicitada de los mismos.

2) Documento o documentos originales o medios de prueba que permitan acreditar la existencia de sus créditos.

3) En caso de acreedores domiciliados en el exterior, deberán constituir domicilio en la sede del Juzgado.

La solicitud de verificación de crédito no estará sujeta a ningún honorario, tributo o costo de especie alguna para el acreedor.

Artículo 96. (Emisión de obligaciones negociables).- En caso de emisión de obligaciones negociables, la solicitud de verificación formulada por el fiduciario, si lo hubiere, beneficiará a todos los obligacionistas.

Artículo 97. (Solicitudes de verificación múltiples).- En caso de concursos de deudores solidarios, el acreedor tendrá la carga de solicitar la verificación de la totalidad del crédito en cada uno de los concursos, declarando esta circunstancia en todos los procedimientos.

Artículo 98. (Solicitud del codeudor, fiador o avalista).- La solicitud de verificación formulada por el codeudor, fiador o avalista del deudor beneficia al acreedor.

Artículo 99. (Efectos de la falta de solicitud).- Los acreedores, hubieran sido o no notificados por el síndico o el interventor, que no se hubieran presentado a verificar sus créditos en el plazo establecido, deberán verificar los mismos judicialmente y a su costa, perdiendo el derecho a percibir la participación que les hubiere correspondido con los pagos ya realizados.

Artículo 100. (Excepciones a la necesidad de verificación).- No requerirán verificación los créditos reconocidos por sentencias judiciales o laudos arbitrales. Sin embargo, esta circunstancia no exonerará a su titular de la obligación de denunciar el mismo dentro del mismo plazo establecido legalmente para las solicitudes de verificación, con iguales efectos que los establecidos para el caso de falta de presentación de los créditos a la verificación, respecto al derecho a percibir su participación sobre los pagos ya realizados.

SECCION 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Artículo 101. (Preparación de la lista de acreedores).- Dentro de los treinta días siguientes, a contar de la terminación del plazo para solicitar la verificación de créditos, el síndico o el interventor preparará la lista de acreedores con el siguiente contenido.

1) La nómina de los acreedores que forman la masa pasiva, hayan solicitado o no la verificación de sus créditos, ordenados por orden alfabético, indicando respecto de cada crédito la fecha, causa, cuantía, vencimiento, garantías personales o reales y calificación jurídica, distinguiendo la parte correspondiente al principal y a los intereses.

2) La nómina de acreedores excluidos, indicando las razones de exclusión de cada uno de ellos.

La lista de acreedores quedará de manifiesto en el Juzgado a disposición de los acreedores. El síndico o el interventor comunicará a los acreedores que se hubieran presentado a verificar sus créditos si los mismos fueron verificados y, en caso afirmativo, las condiciones de la verificación.

Artículo 102. (Cómputo de los créditos).- A los efectos de la determinación de la masa pasiva, los créditos se computarán de la siguiente forma:

1) Todos los créditos se expresarán en dinero.

2) Los créditos en moneda extranjera se computarán en moneda nacional, al tipo de cambio comprador interbancario vigente a la fecha de declaración del concurso.

3) Los créditos por prestaciones no dinerarias se computarán por su valor a la fecha de declaración del concurso.

4) Los créditos por prestaciones periódicas, dinerarias o no dinerarias, se computarán por su valor actual a la fecha de declaración del concurso.

Artículo 103. (Créditos condicionales y litigiosos).- Los créditos con condición suspensiva o resolutoria se incluirán en la lista de acreedores haciendo constar expresamente el carácter de créditos condicionales. La posterior inclusión o exclusión del crédito como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento de la condición, no afectará la validez de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Los créditos que no puedan hacerse efectivos contra el deudor concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se considerarán créditos con condición suspensiva.

Los créditos litigiosos se incluirán en la lista como créditos condicionales.

Artículo 104. (Impugnación de la lista).- Dentro del plazo de quince días, contados desde la puesta de manifiesto de la lista de acreedores o de la recepción de comunicación de verificación o rechazo de los créditos, según los casos, cualquier interesado podrá impugnar la inclusión o la exclusión de los créditos, la cuantía de los verificados y la calificación jurídica que se les hubiera atribuido.

La acción se dirigirá contra el síndico o el interventor, en caso de demandarse la inclusión o la modificación de la cuantía o de la calificación de un crédito del impugnante, y se dirigirá contra el titular del crédito impugnado, en los demás casos.

Artículo 105. (Resolución judicial sobre la lista de acreedores y el inventario).- Si no existieran impugnaciones dentro del plazo establecido para la impugnación de la lista de acreedores y el inventario, el Juez aprobará ambos documentos.

En caso de existir impugnaciones, el Juez dictará sentencia aprobando la lista de acreedores y el inventario o introduciendo a los mismos las modificaciones motivadas por las impugnaciones deducidas.

En cualquiera de ambos casos, si existiera déficit patrimonial, el Juez lo declarará expresamente, fijando la diferencia entre el activo y el pasivo a la fecha de declaración del concurso de acreedores.

Artículo 106. (Efectos de la aprobación judicial).- Los créditos contenidos en la lista de acreedores aprobada por el Juez se tendrán por verificados y reconocidos dentro y fuera del concurso.

Si la sentencia judicial fuera recurrida, a solicitud del recurrente, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que resuelva el recurso.

Artículo 107. (Efectos de la sentencia sobre los acuerdos de la Junta de Acreedores).- En ningún caso la resolución de los recursos interpuestos contra la aprobación judicial de la lista de acreedores o el inventario invalidará las decisiones de la Junta de Acreedores, salvo que se cumplan acumulativamente las siguientes condiciones:

1) Que el voto del acreedor excluido, reducido en la cuantía de su crédito o calificado como subordinado, hubiera sido esencial para la adopción del acuerdo.

2) Que dentro del mes siguientes de que la sentencia haya quedado firme, el acreedor comparezca ante el Juez del concurso manifestando su disconformidad con el acuerdo adoptado en la Junta de Acreedores.

CAPITULO II

CLASES DE CREDITOS

Artículo 108. (Clases de créditos).- Los créditos que componen la masa pasiva del deudor se clasificarán en créditos privilegiados, créditos quirografarios o comunes y créditos subordinados.

Por su parte, los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial y créditos con privilegio general.

Artículo 109. (Créditos con privilegio especial).- Son créditos con privilegio especial los garantizados con prenda o hipoteca.

Los créditos con privilegio especial deberán estar inscriptos a la fecha de declaración del concurso en el Registro Público correspondiente, salvo los créditos emergentes de contratos de prenda común que serán considerados privilegiados cuando hayan sido otorgados en documento público o en documento privado con fecha cierta o comprobada.

Artículo 110. (Créditos con privilegio general).- Son créditos con privilegio general, en el orden planteado:

1) Los créditos laborales de cualquier naturaleza, devengados hasta con dos años de anterioridad a la declaración del concurso, siempre y cuando no hubieran sido satisfechos en la forma prevista en el artículo 62, hasta por un monto de 260.000 UI (doscientos sesenta mil unidades indexadas) por trabajador. Tendrán también este privilegio los créditos del Banco de Previsión Social por los aportes personales de los trabajadores, devengados en el mismo plazo.

No gozarán del privilegio previsto en el inciso anterior, los créditos de los directores o administradores, miembros del órgano de control interno y liquidadores de la deudora, los cuales tendrán naturaleza de quirografarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 201.

2) Los créditos por tributos nacionales y municipales, exigibles hasta con dos años de anterioridad a la declaración del concurso.

3) El 50% (cincuenta por ciento) de los créditos quirografarios de que fuera titular el acreedor que promovió la declaración de concurso, hasta el 10% (diez por ciento) de la masa pasiva.

Estos privilegios se establecen sin perjuicio del derecho conferido por la ley a los acreedores a la satisfacción parcial de los créditos no pagados a través del concurso, cuando hubieran ejercitado acciones en interés de la masa.

Artículo 111. (Créditos subordinados).- Son créditos subordinados:

1) Las multas y demás sanciones pecuniarias, de cualquier naturaleza.

2) Los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor.

Artículo 112. (Personas especialmente relacionadas con el deudor).- Se consideran personas especialmente relacionadas con el deudor:

1) En el caso de las personas físicas:

A) El cónyuge o el concubino o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

B) Los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor o de cualquiera de las personas comprendidas en el literal A) que antecede.

C) Los cónyuges o concubinos de los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor.

D) Las personas que hubieran convivido con el deudor en los últimos dos años, salvo que sean titulares de créditos de naturaleza salarial.

2) En el caso de las personas jurídicas:

A) Los socios ilimitadamente responsables y los socios y accionistas limitadamente responsables, que sean titulares de más del 20% (veinte por ciento) del capital social.

B) Los administradores de derecho o de hecho y los liquidadores, así como quienes lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

C) Las sociedades que formen parte de un mismo grupo de sociedades. Se entenderá que existe un grupo de sociedades cuando una sociedad se encuentre sometida al poder de dirección de otra o cuando varias sociedades resulten sometidas al poder de dirección de una misma persona física o jurídica o de varias personas que actúen sistemáticamente en concierto.

3) También tendrán esta consideración los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes originariamente a las personas especialmente relacionadas con el deudor, que hubieran sido adquiridos en los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Artículo 113. (Cancelación de las garantías).- Si el acreedor declarado especialmente relacionado con el deudor no recurriera la resolución judicial aprobatoria de la lista de acreedores, el Juez del concurso dispondrá, cuando corresponda, la cancelación de todas las garantías de dicho crédito inscritas en los Registros Públicos.

Si el acreedor recurriera dicha resolución se estará a lo que resulte del recurso.

Artículo 114. (Créditos del Estado y de los entes públicos).- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos y servicios descentralizados y las personas públicas no estatales y demás entes públicos participarán en el concurso por los créditos que mantengan contra el deudor, pudiendo intervenir en los órganos y procedimientos concursales y votar o consentir las propuestas de convenio o de acuerdo privado de reorganización con cualquiera de los contenidos propuestos por el deudor, cuando la participación en la votación de los mismos corresponda a la naturaleza de su crédito.

Los certificados, comprobantes o cualquier otro documento o constancia de hallarse al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias o paratributarias exigidos por la ley para la celebración de determinados negocios jurídicos o para la registración, eficacia o perfeccionamiento de los mismos, no serán requeridos en caso de concurso ni implicarán un obstáculo para la liquidación de la masa activa.

En ningún caso los Registros exigirán la presentación de estos certificados para registrar la transferencia de los bienes realizada en el marco del procedimiento concursal.

TITULO VI

JUNTA Y COMISION DE ACREEDORES

CAPITULO I

JUNTA DE ACREEDORES

Artículo 115. (Constitución de la Junta de Acreedores).- La Junta de Acreedores se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la sentencia de declaración de concurso, bajo la presidencia del Juez del concurso.

Las Juntas de Acreedores solo podrán prorrogarse con carácter excepcional. La solicitud de prórroga planteada por el deudor, será resuelta por el Tribunal en audiencia, atendiendo el voto mayoritario de los acreedores concursales presentes.

El Actuario del Juzgado del concurso actuará como Secretario de la Junta.

La inasistencia del síndico o del interventor, sin justa causa, será sancionada por el Juez con multa de hasta el 5% (cinco por ciento) del total del pasivo concursal.

La Junta se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de acreedores y el porcentaje de pasivo concurrentes, asista o no el deudor.

Artículo 116. (Prórroga de las sesiones).- En caso de ser imposible agotar el orden del día en la sesión de un solo día, el Presidente podrá acordar la prórroga de las sesiones de la Junta de Acreedores durante uno o más días hábiles consecutivos.

Artículo 117. (Deber de asistencia personal del deudor).- El deudor deberá asistir personalmente a la Junta de Acreedores y permanecer hasta su terminación, salvo dispensa del Juez. En caso de personas jurídicas, el deber de asistencia corresponde a los administradores o liquidadores que tengan poder de representación.

Artículo 118. (Derecho de asistencia).- Todos los acreedores concursales cuyos créditos hubiesen sido verificados tendrán derecho de asistencia a la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. La Junta de Acree-dores podrá revocar esta autorización en cualquier momento.

Artículo 119. (Representación voluntaria de los acreedores).- Los acreedores podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea o no acreedor.

No será válida la representación conferida al deudor o a personas especialmente relacionadas con este, sean o no acreedores.

La facultad del representante de asistir a la Junta de Acreedores comprende la de votar en ella en nombre del representado.

Artículo 120. (Representación legal de pequeños acreedores).- Los pequeños acreedores ordinarios que no asisten a la Junta serán representados legalmente por el síndico o el interventor a los solos efectos de la consideración y votación de la propuesta de convenio presentada por el deudor.

Se consideran pequeños acreedores aquellos que sean titulares de un crédito por importe inferior a 50.000 UI (cincuenta mil unidades indexadas) y los que, aun superando esa cifra, sean titulares de un crédito inferior al cociente de dividir por diez mil el total del pasivo.

En ningún caso tendrán la consideración de pequeños acreedores el Estado, los demás entes públicos, las entidades de intermediación financiera, las compañías de seguros y las sociedades administradoras de fondos de ahorro provisional y de fondos de inversión.

Artículo 121. (Lista de asistentes).- Antes de entrar en el orden del día, el Secretario confeccionará la lista de asistentes, en la que hará constar la identidad de cada uno de estos, así como el importe y la calificación de los créditos de que fuera titular. Si el acreedor asistiera por medio de representante voluntario o fuera representado legalmente por el síndico o el interventor, se consignará esta circunstancia en el acta, con indicación de la identidad del representante.

Artículo 122. (Orden del día).- La Junta de Acreedores considerará necesariamente el siguiente orden del día:

1) Informe del síndico o del interventor.

2) Propuesta de convenio, si se hubiera presentado.

3) Nombramiento de la Comisión de Acreedores.

Artículo 123. (Informe del síndico o del interventor).- El informe del síndico o del interventor tendrá el siguiente contenido:

1) Memoria explicativa de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a que se dedica o hubiera dedicado y de las oficinas, es-tablecimientos y explotaciones de que fuera titular, así como de las causas del estado en que se encuentra.

2) Estado de la contabilidad del deudor, con expresión de las infracciones legales y reglamentarias en que hubiera incurrido.

3) Memoria de la tramitación del concurso de acreedores, con expresión de las principales resoluciones y actuaciones realizadas por el síndico o el interventor.

4) En caso de que, en el momento de la declaración de concurso, el activo fuera inferior al pasivo, el informe contendrá la relación de los bienes y derechos que deban ser objeto de reintegración a la masa activa, con expresión de la causa y de la persona o personas a las que afecte o pueda afectar la revocación. Si ya se hubiesen ejercitado acciones de integración de la masa activa, así se indicará expresamente.

5) La forma más conveniente de proceder a la liquidación de la masa activa, para el caso de que no se apruebe un convenio entre el deudor y sus acreedores ni se logre realizar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento.

6) La tasación a valor de liquidación de la empresa en partes. Dicha tasación deberá ser realizada por el síndico con el asesoramiento de un experto independiente, aprobado por el Tribunal del concurso, a su costo. La tasación deberá expresarse en unidades indexadas.

Artículo 124. (Derecho de información de los acreedores).- El informe del síndico o del interventor a ser considerado en la Junta de Acreedores deberá ser presentado al Juzgado con una anticipación mínima de treinta días a la fecha fijada para la Junta de Acreedores, quedando de manifiesto el mismo, a disposición de los acreedores, los que podrán solicitar, a su costa, copia de estas actuaciones.

Artículo 125. (Adopción de resoluciones).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 144, la adopción de decisiones por la Junta de Acreedores requerirá el voto a favor de acreedores quirografarios que representen una porción del pasivo del deudor con derecho a voto superior a la que vote en contra, siempre que los votos favorables representen, como mínimo, la cuarta parte del pasivo quirografario del deudor, deducida la parte correspondiente a los acreedores sin derecho de voto.

La votación será nominal y pública, en el orden en que los acreedores figuren en la lista aprobada por el Juez.

Las decisiones de la Junta de Acreedores no serán impugnables, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la decisión judicial que las homologue.

Artículo 126. (Acreedores sin derecho de voto).- No tendrán derecho de voto en la Junta de Acreedores:

1) Las personas especialmente relacionadas con el deudor, mencionadas en el artículo 112.

2) Los acreedores quirografarios cuyos créditos se encuentren adecuadamente garantizados con derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de terceros, o en cualquier otra forma.

3) Los acreedores que, después de la declaración judicial de concurso, hubieran adquirido el crédito por actos inter vivos, salvo que la adquisición hubiera tenido lugar a título universal o como consecuencia de ejecución judicial o extrajudicial.

4) Los acreedores en situación de conflicto de intereses.

Artículo 127. (Voto de los acreedores privilegiados).- El acreedor privilegiado que vote en la Junta de Acreedores se entenderá que renuncia a su privilegio general o especial, transformándose en un acreedor quirografario.

Si un mismo acreedor fuera titular de créditos quirografarios y privilegiados, se entenderá que vota exclusivamente por los créditos quirografarios, salvo que, al emitir el voto, manifieste que vota por la totalidad de los créditos.

Artículo 128. (Acta de la Junta de Acreedores).- El Secretario extenderá acta de la Junta, en la que se contendrá una relación de lo acaecido en ella, los votos emitidos por cada acreedor y los acuerdos adoptados. Cualquiera que fuera el número de sesiones se levantará una sola acta.

Los asistentes tendrán derecho a que conste en el acta el sentido de sus intervenciones y que se adjunten a ella los escritos que presenten si no figurasen ya en los autos.

Artículo 129. (Aprobación judicial de las resoluciones de la Junta).- Los acuerdos de la Junta de Acreedores deberán ser homologados por el Juez del concurso.

CAPITULO II

COMISION DE ACREEDORES

Artículo 130. (Comisión de Acreedores).- La Junta de Acreedores podrá nombrar una Comisión de Acreedores, compuesta de tres miembros titulares y tres suplentes preferenciales.

Artículo 131. (Elección de los miembros de la Comisión de Acreedores).- Cada uno de los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores se elegirá mediante votación.

Serán elegidos miembros titulares de la Comisión de Acreedores aquellos tres acreedores que obtengan un voto favorable representativo de mayor proporción del pasivo quirografario.

Serán elegidos miembros suplentes de la Comisión de Acreedores, por su orden, los acreedores que le sigan en la votación.

Cada acreedor votará asignando el importe de su participación en el pasivo quirografario de la masa pasiva a los candidatos, pudiendo optar por adjudicar todo el monto de su crédito a uno solo o distribuirlo entre varios.

Artículo 132. (Oposición a la aprobación judicial de la Comisión de Acreedores).- Cualquier acreedor podrá oponerse a la aprobación judicial de la elección de los miembros de la Comisión de Acreedores alegando infracción a la ley.

Artículo 133. (Aceptación).- Los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores deberán manifestar su aceptación o rechazo dentro de las veinticuatro horas de haber sido designadas. En caso de rechazo de la designación se completará la lista con los acreedores que hubieran seguido en número de votos. En caso de falta de manifestación se presumirá que el acreedor ha aceptado el cargo y asume, a partir de ese momento, los cometidos y responsabilidades inherentes al mismo.

Artículo 134. (Carácter gratuito del cargo).- Los cargos de miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores serán gratuitos.

Los miembros titulares de la Comisión de Acreedores tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos en que incurran por razón del ejercicio del cargo.

Artículo 135. (Vacantes en la Comisión de Acreedores).- Las vacantes que se produzcan entre los miembros titulares de la Comisión de Acreedores serán cubiertas por los suplentes en el orden por el que hubieran sido elegidos.

Agotada la lista de suplentes, las vacantes serán cubiertas por el Juez del concurso.

Artículo 136. (Funcionamiento de la Comisión de Acreedores).- La Comisión de Acreedores tendrá los cometidos que le asigna la presente ley, adoptando sus decisiones por mayoría de sus integrantes.

El régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Acreedores será establecido por la propia Comisión y, si no existiera acuerdo, por el Juez del concurso.

Artículo 137. (Separación de los miembros de la Comisión de Acreedores).- Cuando exista justa causa, el Juez, actuando de oficio o a petición de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso, del síndico o del interventor, podrá separar del cargo a los miembros de la Comisión de Acreedores.

TITULO VII

CONVENIO

CAPITULO I

PROPUESTA DE CONVENIO

Artículo 138. (Presentación de la propuesta).- Con una anticipación no menor de sesenta días a la fecha de reunión de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar al Juez del concurso una o varias propuestas de convenio, acompañadas de un plan de continuación o de liquidación.

El plan de continuación deberá contener un cuadro de financiamiento, en el que se describirán los recursos necesarios para la continuación total o parcial de la actividad profesional o empresarial del deudor durante el período de cumplimiento del convenio, así como sus diferentes orígenes. El plan deberá incluir una fórmula de pago a los acreedores con privilegio especial.

La propuesta deberá estar firmada por el deudor y, en caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores, acompañando testimonio de la resolución social aprobando la presentación de la propuesta. Si faltara la firma de alguno de ellos, se indicará en el documento, con expresión de la causa.

En el caso de que la propuesta implique obligaciones de pago a cargo de cualquiera de los acreedores o de terceros, el documento en el que conste deberá contener, además de la firma o firmas requeridas precedentemente, la de quienes pudieran resultar obligados.

Artículo 139. (Contenido de la propuesta).- La propuesta podrá consistir en quitas y/o esperas, cesión de bienes a los acreedores, constitución de una sociedad con los acreedores quirografarios, capitalización de pasivos, creación de un fideicomiso, reorganización de la sociedad, administración de todo o parte de los bienes en interés de los acreedores o tener cualquier otro contenido lícito, incluso el previsto en el numeral 2) del artículo 174 de la presente ley, o cualquier combinación de las anteriores.

Artículo 140. (Prohibición de propuestas condicionales).- Las propuestas que sometan la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se tendrán por no presentadas.

Se exceptúa de lo dispuesto precedentemente el caso de concurso de sociedades del mismo grupo, en que la propuesta que presente cualquiera de ellas podrá condicionarse a la aprobación judicial del convenio de una o varias sociedades del mismo grupo.

Artículo 141. (Irrevocabilidad e inmodificabilidad de las propuestas).- El deudor no podrá revocar la propuesta o las propuestas de convenio que hubiera presentado.

El deudor solo podrá modificar la propuesta o propuestas de convenio que hubiera presentado si las modificaciones cumplen acumulativamente con los siguientes requisitos:

1) No alteran sustancialmente la propuesta.

2) Compartan condiciones más favorables para todos los acreedores quirografarios o para algunos de ellos.

3) Se introducen con una anticipación mínima de quince días a la fecha fijada para la Junta de Acreedores.

Artículo 142. (Informe especial sobre el plan de continuación o de liquidación).- En el caso de que el deudor hubiera presentado propuesta de convenio, el síndico o el interventor deberá emitir un informe especial sobre la viabilidad del plan de continuación o de liquidación, el cual deberá ser presentado al Juzgado y puesto a disposición de los acreedores con una anticipación mínima de quince días a la fecha prevista para la celebración de la Junta de Acreedores.

En caso de que se hubieran modificado la propuesta o propuestas de convenio, el síndico o el interventor deberá ampliar su informe, el cual deberá ser puesto a disposición de los acreedores con una anticipación mínima de cinco días a la fecha fijada para la celebración de la Junta.

CAPITULO II

CONSIDERACION Y VOTACION DE LA PROPUESTA

Artículo 143. (Consideración de la propuesta).- La propuesta o propuestas de convenio presentadas por el deudor, el plan de continuación o de liquidación y el informe especial que sobre este plan hubiera emitido el síndico o el interventor serán considerados por la Junta de Acreedores.

En el caso de que el deudor hubiere presentado varias propuestas de convenio, las mismas serán consideradas en un mismo acto de votación, siendo aceptadas la que hubiera recibido mayor número de adhesiones. En caso de igualdad de votos entre dos o más propuestas, se procederá a una segunda votación respecto a ellas para definir la que habrá de aceptarse.

Artículo 144. (Mayorías necesarias para la aceptación de la propuesta).- Para que la propuesta de convenio se considere aceptada, será necesario que voten a favor de la misma acreedores que representen, como mínimo, la mayoría del pasivo quirografario del deudor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior:

A) Cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al 50% (cincuenta por ciento) del monto de los créditos quirografarios y/o plazos de pago superiores a diez años, será necesario que voten a favor de la misma, acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario con derecho a voto.

B) Cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro de los créditos quirografarios en plazo no superior a dos años o en el pago inmediato de los créditos quirografarios vencidos con quita inferior al 25% (veinticinco por ciento), será suficiente que voten a favor acreedores que representen una porción del pasivo del deudor con derecho a voto superior a la que vote en contra, siempre que los votos favorables representen, como mínimo, la cuarta parte del pasivo quirografario del deudor, deducido el pasivo sin derecho a voto.

Artículo 145. (Ventajas en favor de acreedores).- Cuando una propuesta contenga ventajas en favor de uno o varios acreedores o de una o varias clases de crédito, además de las mayorías establecidas en el artículo 144, será necesario que voten a favor de la propuesta acreedores que representen una porción del pasivo no beneficiado superior a la correspondiente a aquellos acreedores que hubieran votado en contra.

Artículo 146. (Consentimiento individual de los acreedores).- Cuando la propuesta de convenio suponga nuevas obligaciones para uno o varios acreedores será necesario el consentimiento individual de los afectados, el cual deberá ser presentado antes de que la propuesta sea sometida a votación.

No será necesario el consentimiento individual de los acreedores especialmente relacionados con el deudor cuando la propuesta prevea la conversión de los créditos de que fueran titulares esos acreedores en acciones o en participaciones sociales de la sociedad deudora.

CAPITULO III

CONVENIOS DE CESION DE ACTIVO

Artículo 147. (Cesión total o parcial de activo).- En caso de convenio de cesión total de activo en pago o para pago de los acreedores se considerarán cedidos los bienes y derechos que figuren en el inventario aprobado por el Juez del concurso.

En caso de convenio de cesión parcial de activo la propuesta deberá ir acompañada de la relación de los bienes o derechos objeto de la cesión.

En todos los casos deberán previamente salvaguardarse los derechos de los acreedores privilegiados.

Artículo 148. (Convenio de cesión en pago).- Cuando la propuesta de convenio tenga como objeto la cesión total o parcial del activo en pago a acreedores, será necesario el consentimiento individual de los cesionarios.

Artículo 149. (Convenio de cesión para pago).- Cuando la propuesta de convenio tenga como objeto la cesión total o parcial de activo para pago de los acreedores deberá establecerse el plazo máximo para la enajenación, el cual no podrá ser superior a dos años.

Salvo pacto en contrario, la facultad de enajenar se considerará atribuida al síndico o al interventor.

Artículo 150. (Convenio de asunción del pasivo).- Salvo pacto en contrario, en caso de convenio de cesión total o parcial del activo a un acreedor o a un tercero, con obligación de pagar por cuenta del deudor a los acreedores quirografarios y subordinados la totalidad o parte de los créditos, se considerarán cedidas las acciones de reintegración de la masa activa.

Salvo pacto en contrario, el cesionario no asumirá responsabilidad alguna por los créditos que, en el momento de la presentación de la propuesta de convenio, no hubieran solicitado verificación, cuando la misma sea necesaria.

CAPITULO IV

APROBACION JUDICIAL DEL CONVENIO

SECCION 1

OPOSICION A LA APROBACION DEL CONVENIO

Artículo 151. (Legitimación para la oposición).- Podrán oponerse a la aprobación judicial del convenio:

1) Los acreedores que hayan sido privados ilegítimamente del derecho de voto y los que hayan votado en contra la propuesta de convenio.

2) El síndico o el interventor.

Artículo 152. (Causas de oposición).- Cualquiera de los legitimados previstos en el artículo 151 podrá oponerse a la aprobación judicial del convenio alegando infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta o en el contenido del convenio. Para que un acreedor asistente a la Junta pueda oponerse por infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta será necesario además que haya denunciado la infracción durante la Junta o en el momento en que se hubiera producido.

El acreedor o acreedores que representen, por lo menos, el diez por ciento del pasivo quirografario del deudor y el síndico o el interventor podrán oponerse además a la aprobación judicial del convenio alegando alguna de las siguientes causas:

1) Que el voto o los votos decisivos para la aceptación de la propuesta han sido emitidos por quien no era titular real del crédito o han sido obtenidos mediante maniobras que afecten o puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores quirografarios.

2) Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.

Artículo 153. (Plazo de oposición).- El plazo de oposición será de cinco días a contar desde el siguiente al de la conclusión de la Junta de Acreedores.

Artículo 154. (Aprobación judicial en caso de falta de oposición).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 153 sin que se hubiere formulado oposición, el Juez dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de acreedores.

Artículo 155. (Procedimiento en caso de oposición).- En caso de haberse formulado oposiciones, una vez tramitado el incidente, el Juez dictará sentencia aprobando o no el convenio, sin que en ningún caso pueda modificarlo.

Si el convenio no hubiera sido aprobado por infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta, en la misma sentencia el Juez convocará una nueva Junta para someter a votación la propuesta que hubiera obtenido mayoría en la anterior, la cual habrá de celebrarse dentro del mes siguiente al de la fecha de la sentencia. La convocatoria de la nueva Junta será objeto de la misma publicidad que la sentencia de declaración de concurso.

Artículo 156. (Publicidad de la aprobación judicial del convenio).- La resolución judicial por la que se apruebe el convenio, una vez firme, será objeto de la misma publicidad que la sentencia de declaración de concurso.

SECCION 2

EFECTOS DE LA APROBACION JUDICIAL DEL CONVENIO

Artículo 157. (Vigencia de los efectos).- El convenio producirá sus efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiera aprobado.

Artícuo 158. (Ambito subjetivo del convenio).- El convenio será obligatorio para el deudor y para los acreedores quirografarios y subordinados cuyos créditos fueran anteriores a la declaración judicial de concurso, incluidos los que, por cualquier causa, no hubieran sido verificados.

Artículo 159. (Efecto novatorio sobre los créditos).- Por virtud del convenio, los créditos quirografarios y subordinados quedarán definitivamente extinguidos en la parte en que se hubiera hecho condonación al deudor, salvo que en el propio convenio se disponga lo contrario o que la sentencia de calificación condene a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial.

Los créditos quirografarios y subordinados serán exigibles conforme a lo pactado, salvo que la sentencia de calificación condene a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial.

Artículo 160. (Subsistencia de las garantías personales).- Los acreedores que no hayan votado a favor de la propuesta de convenio, conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y contra los fiadores o avalistas del deudor.

Artículo 161. (Efecto extintivo de la suspensión o de la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- A partir del momento en que alcance firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, cesará la suspensión o la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, salvo que en el propio convenio se disponga lo contrario o que el Juez, en esa misma resolución, hubiera acordado la prórroga de la suspensión o de la limitación, la cual en ningún caso podrá ser superior a tres meses.

Artículo 162. (Convocatoria a la asamblea de socios o accionistas).- Si el deudor fuera una persona jurídica que tuviera suspendida su legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, el síndico, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, convocará a la asamblea de socios o accionistas para el nombramiento de administradores o de liquidadores.

CAPITULO V

ADHESIONES A LA PROPUESTA DE CONVENIO

Artículo 163. (Presentación del convenio).- Antes de la celebración de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar adhesiones a una propuesta de convenio suscrita por acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto. Cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al 50% (cincuenta por ciento) del monto de los créditos quirografarios y/o plazos de pago superiores a diez años, será necesario contar con adhesiones a la misma de acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario con derecho a voto.

En este caso, luego de haber recaído aprobación judicial de la lista de acreedores, el Juez dispondrá la suspensión de la Junta y abrirá plazo de oposición para la aprobación del convenio.

Artículo 164. (Procedimiento de aprobación del convenio).- La resolución judicial que suspenda la junta mandará publicar un extracto de la propuesta de convenio en el Diario Oficial, por el plazo de tres días, convocando a los acreedores concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de veinte días a partir de la última publicación. Esta publicación será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado dentro de las veinticuatro horas de dispuesta por el Juez. El texto íntegro de la propuesta estará, en todo momento, a disposición de los acreedores en la sede del Tribunal.

Podrán oponerse a la aprobación del convenio los acreedores quirografarios y subordinados del deudor, con excepción de aquellos que lo hubieran suscripto, y el síndico o el interventor, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 152.

Transcurrido el plazo legal sin que se hubiera formulado oposición el Juez dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de acreedores.

En caso de mediar oposiciones, las mismas se tramitarán por el procedimiento previsto en el artículo 155 y la decisión que apruebe o rechace el convenio tendrá los efectos previstos en los artículos 157 a 162.

CAPITULO VI

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Artículo 165. (Información sobre cumplimiento del convenio).- Cada seis meses, a contar desde la fecha en que hubiera adquirido firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, el deudor emitirá informe sobre el estado de cumplimiento de ese convenio, que entregará al Juez del concurso y a la Comisión de Acreedores.

Sin perjuicio de esto, el deudor deberá informar del estado de cumplimiento del convenio a la Comisión de Acreedores cada vez que sea requerido por esta.

Artículo 166. (Cumplimiento del convenio).- Una vez cumplido íntegramente el convenio, el deudor presentará al Juez solicitud de conclusión del concurso de acreedores, acompañando los documentos que lo acrediten.

Artículo 167. (Apertura de la liquidación por incumplimiento del convenio).- En caso de incumplimiento del convenio, cualquier acreedor podrá solicitar del Juez del concurso la apertura de la liquidación de la masa activa.

A petición del solicitante, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad de la masa activa. Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el incumplimiento o desestimada la solicitud.

Si el Juez considera acreditado el incumplimiento del convenio, dictará sentencia declarando incumplido el convenio y ordenando la liquidación de la masa activa.

En la misma sentencia el Juez suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso.

TITULO VIII

LIQUIDACION Y PAGO

CAPITULO I

LIQUIDACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 168. (Apertura de la liquidación).- El Juez del concurso ordenará a liquidación de la masa activa en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor así lo pida en la solicitud de declaración judicial de concurso.

2) En caso de falta de presentación o de aceptación de la propuesta de convenio por la Junta de Acreedores.

3) En caso de falta de aprobación judicial del convenio.

4) En caso de incumplimiento del convenio.

5) Cuando, en cualquier estado del procedimiento, así lo soliciten, en la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que representen la mayoría de los créditos quirografarios con derecho a voto.

Artículo 169. (Resolución de liquidación de la masa activa).- La resolución judicial que ordene la liquidación contendrá necesariamente los siguientes pronunciamientos:

1) La suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, con nombramiento del interventor como síndico. Si el deudor ya tuviera suspendida la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, continuará el síndico nombrado.

2) Fecha de la licitación para la adquisición en bloque de la empresa en funcionamiento, que no podrá superar los noventa días de decretada la liquidación, y pliego conteniendo las bases del llamado a licitación para la explotación de la empresa, aprobado por el Tribunal a propuesta del síndico (artículo 172). La fecha de la licitación podrá ser prorrogada en forma excepcional y por una única vez hasta por noventa días.

3) Si el deudor fuera persona jurídica, la resolución contendrá, además, la declaración de disolución de la persona jurídica deudora y el cese de los administradores.

La resolución judicial que orden la liquidación de la masa activa se notificará a los miembros de la Comisión de Acreedores y se inscribirá y publicará en igual forma que la sentencia de declaración del concurso.

Deberá comenzar a ejecutarse inmediatamente aunque no sea firme.

Artículo 170. (Efectos de la apertura de la liquidación).- La apertura de la liquidación de la masa activa producirá el vencimiento anticipado de todos los créditos anteriores a la declaración judicial de concurso.

Será además justa causa para la resolución anticipada de los contratos celebrados por el deudor con obligaciones total o parcialmente pendientes de ejecución. El crédito correspondiente a la indemnización por los daños y perjuicios que cause la resolución, fijado por el Juez, tendrá la consideración de crédito concursal.

Artículo 171. (Venta en bloque de la empresa en funcionamiento).- En todos los casos se procurará en primer lugar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento.

Artículo 172. (Venta en bloque de la empresa).- Se procederá a subastar la empresa en funcionamiento mediante proceso licitatorio en las condiciones que establezca la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo, sobre las siguientes bases:

A) En los pliegos de condiciones se establecerán requisitos mínimos para la aceptación de los postulantes, vinculados a sus antecedentes comerciales, situación patrimonial, garantías de mantenimiento de oferta, ausencia de vínculos especiales con el deudor (ar-tículo 112), cumplimiento de normas laborales y tributarias, y demás aspectos vinculados a la selección de oferentes calificados para la continuidad del giro empresarial.

B) Podrán formularse ofrecimientos por parte de la cooperativa o sociedad comercial de trabajadores de la empresa subastada que se constituya y esté integrada de forma tal que más del 50% (cincuenta por ciento) de la propiedad correspondiera a los trabadores que desarrollaban actividad personal en la misma en el inicio del proceso concursal y que, en caso de adoptar la forma de sociedad anónima o en comandita por acciones, las acciones de los trabajadores sean nominativas no endosables. La misma podrá hacer valer en su oferta los créditos laborales a ser renunciados por sus miembros. El magistrado actuante podrá considerar, a solicitud de parte, como integrante de la oferta, la circunstancia prevista en el inciso tercero del numeral 2) del artículo 174.

El ofrecimiento formulado por esta cooperativa o sociedad comercial tendrá preferencia por sobre los restantes oferentes en caso de igualdad de condiciones propuestas.

C) Se abrirá un período para la formulación de ofertas, las que no serán inferiores al 50% (cincuenta por ciento) del valor de tasación de la empresa (numeral 6) del artículo 123). Se aceptará la mayor oferta al contado, salvo que acreedores que representen el 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario acepten una oferta a crédito superior, siempre que la misma no implique perjuicios en los derechos de los acreedores privilegiados.

La venta la otorgará el Juez del concurso y este hará la tradición (artículo 770 del Código Civil).

Artículo 173. (Efectos de la adjudicación).- La adjudicación será título hábil suficiente para la transmisión de la propiedad de los bienes referida en el artículo 172, en las condiciones establecidas en el artículo 177, y a todos los efectos registrales.

* Reglamentado por Decreto N° 182/2009, de 24 de abril de 2009.

Artículo 174. (Liquidación por partes de la masa activa).- En caso de no lograse la venta en bloque de la empresa en funcionamiento ya sea al contado o a crédito, el síndico presentará a la Comisión de Acreedores un proyecto actualizado de liquidación, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la resolución judicial que declare desierta la liquidación, en el que se determinarán para cada clase de bienes y derechos que integran la masa activa, las reglas particulares conforme a las cuales deberán enajenarse.

Si el proyecto fuera aprobado por la Comisión, la enajenación de los bienes y derechos se ajustará a lo determinado por el síndico. Si no lo fuere o en todo lo no previsto en el proyecto, el síndico procederá a enajenar la masa activa de acuerdo con las siguientes reglas:

1) En caso de existir unidades productivas, las mismas se enajenarán como un todo, salvo que sea más conveniente para la masa la previa división o la realización aislada de los elementos que los componen, en cuyo caso, antes de proceder a su enajenación, deberá emitirse un informe justificativo.

2) En caso de que exista riesgo de que los créditos laborales comprendidos en el numeral 1) del artículo 110 no puedan ser satisfechos en su totalidad, el Juez previa vista al síndico, podrá designar depositaria de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos, a una cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal (artículo 6° de la Ley N° 17.794, de 22 de julio de 2004).

Los créditos laborales privilegiados que pudieren existir en la masa del concurso serán compensados y computados como aporte de los trabajadores a la cooperativa constituida.

El Juez del concurso podrá disponer que el organismo de seguridad social correspondiente vierta la suma de la indemnización por seguro de paro, a los efectos de que sea computada como aporte de los trabajadores.

3) Los bienes inmuebles, muebles y derechos de propiedad intelectual e industrial, se liquidarán de acuerdo con las disposiciones que regulan la vía de apremio.

4) Los valores que tengan oferta pública se negociarán en los mercados formales en que los mismos tengan cotización.

Antes de proceder a la liquidación, las reglas conforme a las cuales debe proceder el síndico a enajenar los bienes y derechos que integran la masa activa serán puestas en conocimiento del Juez del concurso.

Artículo 175. (Liquidación anticipada de la masa activa).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174, en cualquier estado del procedimiento, en la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que representen la mayoría de los créditos quirografarios del deudor con derecho a voto podrán resolver la liquidación de la masa activa del concurso en los términos de los artículos 171 a 174.

El Juez, previa vista al síndico o al interventor y al deudor, dispondrá de inmediato la liquidación en la forma resuelta, transformando al interventor en síndico, si correspondiere.

Artículo 176. (Bienes litigiosos).- La enajenación de los bienes o derechos cuya titularidad o disponibilidad se encuentre en litigio se realizará una vez recaída resolución judicial firme, salvo decisión en contrario de la Comisión de Acreedores.

El Juez del concurso, oída la otra parte del litigio, podrá autorizar también la enajenación de bienes o derechos de imposible, de difícil o de muy costosa conservación o que corran peligro de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente de valor, antes de que recaiga resolución judicial firme.

El producto de la enajenación se consignará a nombre de quien corresponda a las resultas del litigio.

Artículo 177. (Pasivos del deudor vinculados a los activos, al establecimiento o a la explotación).- No será de aplicación al adquirente de los activos del deudor, del establecimiento o de la explotación del deudor, enajenados en el proceso de liquidación de la masa activa, la responsabilidad que la ley pone a cargo de los sucesores o adquirentes por obligaciones comerciales, laborales, municipales, tributarias o de cualquier otra naturaleza.

Artículo 178. (Información sobre la liquidación).- Cada seis meses, a contar desde la fecha de la resolución judicial ordenando la liquidación de la masa activa, el síndico emitirá un informe sobre el estado de la liquidación, que entregará al Juez del concurso y la Comisión de Acreedores.

Sin perjuicio de esto, el síndico deberá informar sobre el estado de la liquidación a la Comisión de Acreedores cada vez que sea requerido por esta.

Artículo 179. (Separación del síndico por prolongación indebida de la liquidación).- Transcurridos dos años desde la fecha de la resolución judicial ordenando la liquidación de la masa activa, sin que esta hubiera finalizado, cualquier interesado podrá solicitar al Juez del concurso la separación del síndico y el nombramiento de uno nuevo.

El Juez, previa audiencia del síndico y de la Comisión de Acreedores, decretará la separación y el nombramiento de nuevo síndico si el informe de la Comisión de Acreedores fuera favorable a la separación y, aunque no lo fuera, si no existiera justa causa para la dilación.

El síndico separado por prolongación indebida de la liquidación perderá el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la masa activa las cantidades que, en concepto de retribución, hubiera percibido desde la resolución judicial de su designación.

Artículo 180. (Solicitud de conclusión o de suspensión del concurso de acreedores).- Una vez que el producto obtenido en la liquidación de toda la masa activa haya sido íntegramente utilizado en el pago de los acreedores, el síndico presentará solicitud de conclusión o de suspensión del concurso.

CAPITULO II

PAGO A LOS ACREEDORES

Artículo 181. (Pago a los acreedores con privilegio especial).- Los créditos con privilegio especial se pagarán con el producido de la enajenación de los bienes gravados.

Artículo 182. (Pago a los restantes acreedores).- En forma independiente del pago a los acreedores con privilegio especial, el síndico pagará con el producido de la realización de los bienes que integran la masa activa, por su orden, a los acreedores con privilegio general, a los acreedores quirografarios y a los acreedores subordinados.

Artículo 183. (Orden de pago a los acreedores con privilegio general).- Si la masa activa que quedara una vez satisfechos los créditos con privilegio especial fuera insuficiente para satisfacer todos los créditos con privilegio general, el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 110, a prorrata dentro de cada número.

Artículo 184. (Pago a los acreedores quirografarios).- Los créditos quirografarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en la parte que no hubieran sido satisfechos con el importe de los bienes gravados.

Salvo autorización del Juez del concurso, oída la Comisión de Acreedores, el pago de los créditos quirografarios se realizará una vez íntegramente satisfechos los créditos privilegiados.

Artículo 185. (Cuotas de los acreedores quirografarios).- El pago de los créditos quirografarios se efectuará en función de la liquidez de que dispongan los síndicos mediante entrega de cuotas a cuenta de, por lo menos, el 5% (cinco por ciento) del monto de los créditos.

Artículo 186. (Reserva en favor de créditos condicionales y litigiosos).- Si existieran créditos condicionales o créditos litigiosos, el síndico reservará las cantidades correspondientes para poder atender al pago en caso de cumplimiento de la condición o cumplir la resolución que recaiga en el litigio.

Artículo 187. (Pago a los acreedores subordinados).- El pago de los créditos subordinados se realizará una vez íntegramente satisfechos los créditos quirografarios.

Si los fondos que quedaran una vez satisfechos los créditos quirografarios fueran insuficientes para satisfacer a todos los créditos subordinados, el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 111, a prorrata dentro de cada número.

Artículo 188. (Remanente de la liquidación).- Si una vez pagados los créditos subordinados quedara un remanente, el síndico lo distribuirá entre los acreedores con privilegio general y quirografarios, a prorrata de sus respectivos créditos, con un monto máximo equivalente a la tasa media de interés del sistema bancario para familias, por plazos mayores a un año, que publique el Banco Central del Uruguay para créditos en unidades indexadas o, en su defecto, al interés legal computado sobre sus respectivos créditos, por el plazo que medió entre la declaración judicial del concurso y el pago de los mismos.

Si todavía quedara un remanente se realizará similar operación con los créditos subordinados, en el orden previsto por la ley.

Artículo 189. (Pago de créditos y vencimientos).- Si el pago de un crédito anterior a la declaración de concurso se efectuara antes de la fecha en que hubiera vencido de no haberse producido la apertura de la liquidación, se hará por su valor actual, realizando el descuento que corresponda.

A solicitud del síndico, el Juez podrá autorizar el pago de créditos del deudor posteriores a la declaración de concurso que todavía no hubieran vencido, fijando el descuento que corresponda.

Artículo 190. (Pago de crédito verificado en dos o más concursos de deudores solidarios).- En el caso de que el crédito hubiera sido verificado en dos o más concursos de deudores solidarios, la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito.

El síndico podrá retener el pago hasta que el acreedor acredite fehacientemente lo percibido hasta la fecha en los concursos de los deudores solidarios. Una vez efectuado el pago, lo pondrán en conocimiento del síndico o del interventor de los demás concursos.

El deudor solidario no podrá reclamar de los codeudores mientras que el acreedor no haya sido íntegramente satisfecho.

Artículo 191. (Derecho del acreedor sobre la cuota del deudor solidario).-El acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del crédito de un fiador o avalista o de un deudor solidario tendrá derecho a que le sea atribuida la cuota que a estos corresponda en el concurso del deudor hasta cubrir el importe total de su crédito.

TITULO IX

CALIFICACION DEL CONCURSO

Artículo 192. (Clases de concursos).- El concurso de acreedores se calificará como culpable o como fortuito.

El concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores, de derecho o de hecho.

En los demás casos se calificará como fortuito.

Artículo 193. (Presunciones absolutas de culpabilidad).- El concurso se calificará como culpable, además, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones con la finalidad de retrasar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución que se hubiera iniciado o fuera de previsible iniciación.

2) Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera dedicado.

3) Cuando, antes de la declaración del concurso de acreedores, hubieran salido indebidamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

4) Cuando no hubiera llevado contabilidad de ninguna clase, estando legalmente obligado a ello, o cuando hubiere llevado doble contabilidad o hubiere cometido falsedad en la contabilidad.

5) Cuando el deudor hubiera cometido falsedad en cualquiera de los documentos adjuntados a la solicitud de declaración judicial de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento.

Artículo 194. (Presunciones relativas de culpabilidad).- Se presume la existencia de culpa grave del deudor, salvo prueba en contrario, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración judicial de concurso.

2) Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de cooperación con los órganos concursales, no les hubiera facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiera asistido a la Junta de Acreedores.

3) Cuando el deudor hubiera incumplido con su obligación de preparar, en tiempo y forma, los estados contables anuales, estando legalmente obligado a ello.

Artículo 195. (Cómplices).- Se consideran cómplices las personas que, con dolo o con culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, en el caso de personas jurídicas deudoras, con los administradores y liquidadores a la realización de cualquier acto que hubiera producido o agravado la insolvencia.

Artículo 196. (Formación del incidente de calificación).- En la misma resolución por la que apruebe el convenio u ordene la liquidación de la masa activa, el Juez del concurso mandará formar el incidente de calificación, que se abrirá con la solicitud de declaración del concurso de acreedores y los documentos adjuntos y con la sentencia que lo hubiera declarado.

No procederá la formación del incidente de calificación cuando concurran acumulativamente las siguientes condiciones:

1)El concurso de acreedores fuera voluntario.

2) El convenio aprobado permita la satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en caso de liquidación, que de lo actuado resulte que el activo del deudor es suficiente para satisfacer su pasivo.

Artículo 197. (Comparecencia de los interesados).- Dentro de los quince días siguientes a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la resolución judicial que ordene la formación del incidente de calificación, cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo podrá comparecer ante el Juez del concurso, denunciando los hechos que considere relevantes para la calificación del concurso como culpable.

Artículo 198. (Informe del síndico o del interventor y dictamen del Ministerio Público).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 197, el síndico o el interventor, dentro de los quince días siguientes, presentará al Juez del concurso un informe documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso de acreedores, con propuesta de resolución.

Si se propusiera que el Juez califique como culpable el concurso, expresará la identidad de las personas a las que debe afectar la calificación, así como la identidad de las personas a las que debe calificarse de cómplices, justificando la causa.

Del informe del síndico o del interventor se dará traslado al Ministerio Público para que emita dictamen en el plazo de cinco días. Si el Ministerio Público no emitiera dictamen, se entenderá conforme con la propuesta de calificación.

Artículo 199. (Tramitación del incidente de calificación).- Si el informe del síndico o del interventor y el dictamen del Ministerio Público coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones.

En otro caso, emplazará al deudor y a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o ser declaradas cómplices, a fin de que, en el plazo de diez días, aleguen cuanto convenga a su derecho.

Artículo 200. (Oposición a la calificación).- Si el deudor o alguno de los comparecientes formulase oposición, el Juez la sustanciará por el procedimiento de los incidentes. De ser varias las oposiciones, se sustanciarán conjuntamente en el mismo procedimiento.

En caso de que ni el deudor ni los demás comparecientes formularan oposición, el Juez dictará sentencia en el plazo de cinco días.

Artículo 201. (Sentencia de calificación).- La sentencia que declare culpable al concurso tendrá el siguiente contenido:

1) La declaración del concurso como culpable, con expresión de la causa o de las causas en que se fundamente la calificación.

2) La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como de las personas declaradas cómplices.

3) La inhabilitación del deudor o de los administradores o liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control interno de la persona jurídica deudora para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período. Las inhabilitaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Actos Personales.

4) La pérdida de cualquier derecho que tuvieran los cómplices como acreedores concursales y la condena a reintegrar los bienes y derechos que pertenecieran a la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de sentencia.

En el caso de que el deudor cuyo concurso hubiera sido calificado como culpable fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá contener, además, la condena a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva.

Las disposiciones sobre calificación del concurso se establecen sin perjuicio de las normas penales que correspondiera aplicar, en caso de que alguno de los involucrados hubiera incurrido en conductas delictivas tipificadas por las referidas normas.

Artículo 202. (Sustitución de los inhabilitados).- En caso de inhabilitación del deudor persona física, el Juez, en resolución posterior, oídos previamente los interesados, nombrará un curador que se encargue de la administración de los bienes del inhabilitado.

En caso de que la inhabilitación de los administradores o de los liquidadores de la persona jurídica deudora impida a la misma formar su voluntad corporativa, el síndico o el interventor convocarán una asamblea de socios o accionistas para el nombramiento de administradores o de liquidadores.

Artículo 203. (Cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial).- Si en el convenio se hubiera acordado una quita al deudor de parte de sus créditos quirografarios, los importes que se obtengan en la ejecución de la condena a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial, se destinarán al pago de la parte condonada.

Si existiera un resto y el convenio contuviera una espera para el pago de los créditos quirografarios, las cantidades a que se refiere el inciso anterior se destinarán al pago anticipado de los últimos plazos.

Artículo 204. (Calificación del concurso en caso de incumplimiento del convenio).- En caso de incumplimiento del convenio el concurso se calificará culpable cuando en ese incumplimiento hubiera existido dolo o culpa del deudor.

TITULO X

SUSPENSION Y CONCLUSION DEL CONCURSO

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 205. (Presupuestos para la suspensión y conclusión del concurso).- Para que el Juez pueda acordar la suspensión o la conclusión del concurso de acreedores será necesario que se den los siguientes presupuestos:

1) Que exista causa legal de suspensión o de conclusión del concurso de acreedores.

2) Que sea improcedente la reintegración de la masa activa o, en caso contrario, que se hubieran ejecutado íntegramente las sentencias firmes de las acciones revocatorias o adquirido firmeza las resoluciones judiciales que las hubieran desestimado.

3) Que fuera improcedente la promoción del incidente de calificación, que el concurso hubiera sido calificado como fortuito o que se hubiera ejecutado íntegramente la sentencia firme de calificación del concurso como culpable.

Artículo 206. (Informe sobre la reintegración de la masa activa).- En el caso de que exista causa de suspensión o de conclusión, el síndico emitirá un informe sobre la existencia de actos del deudor anteriores a la declaración judicial de concurso que sean susceptibles de revocación.

Si el informe fuera favorable al ejercicio de acciones revocatorias, el síndico estará obligado a ejercitarlas en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de emisión del informe.

Si el informe fuera desfavorable, el acreedor o los acreedores cuyos créditos representen, al menos, el 5% (cinco por ciento) del total pasivo podrán ejercitar las acciones revocatorias por cuenta de la masa, solicitando expresamente en la demanda que se notifique al síndico.

CAPITULO II

SUSPENSION DE CONCURSO

Artículo 207. (Causas de suspensión del concurso).- Será causa de suspensión del concurso de acreedores la inexistencia o el agotamiento de la masa activa sin íntegra satisfacción de los acreedores.

Artículo 208. (Procedimiento).- La solicitud de suspensión del concurso por inexistencia o agotamiento de la masa activa será presentada por el síndico cuando del estado de las cuentas de la liquidación surja que se ha producido la causal de suspensión prevista en el artículo 207.

De la solicitud de suspensión y de las cuentas de las cuales surja la configuración de la causal se dará traslado al deudor, a la Comisión de Acreedores y a los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento, con la advertencia de que las cuentas quedarán de manifiesto en el Juzgado por el plazo de quince días.

Dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior, cualquier persona a la que se hubiera dado traslado de la solicitud podrá oponerse a la suspensión del concurso de acreedores o impugnar las cuentas.

En caso de falta de oposición y de impugnación, el Juez dispondrá la suspensión del concurso de acreedores, con aprobación de las cuentas.

En caso de oposición o de impugnación, estas se sustanciarán por el procedimiento de los incidentes.

Artículo 209. (Medidas cautelares en caso de suspensión del concurso).- La resolución judicial de suspensión del concurso de acreedores podrá disponer las medidas cautelares que el Juez considere oportunas.

Artículo 210. (Reapertura del concurso suspendido).- El concurso suspendido será reabierto a solicitud del deudor o de cualquier acreedor concursal cuando dentro del plazo de cinco años a contar desde la firmeza del auto de suspensión, ingresen o aparezcan nuevos bienes o derechos en el patrimonio del deudor.

En este caso, los acreedores posteriores a la suspensión concurrirán con los anteriores.

CAPITULO III

CONCLUSION DEL CONCURSO

Artículo 211. (Causas de conclusión del concurso).- Son causas de conclusión del concurso de acreedores:

1) El íntegro cumplimiento del convenio.

2) La íntegra satisfacción de los acreedores.

3) El transcurso de diez años desde la suspensión del concurso de acreedores, en los términos establecidos en el artículo 213.

Artículo 212. (Conclusión del concurso en caso de cumplimiento del convenio o de íntegra satisfacción de los acreedores).- La solicitud de conclusión del concurso por cumplimiento del convenio o por íntegra satisfacción a los acreedores será presentada por el deudor acompañando la documentación en la cual se sustenta el pedido.

En los casos en que el deudor estuviera separado de la administración de la masa activa, el Juez podrá pedir al síndico la presentación de las cuentas de la liquidación.

El Juez dará traslado de la solicitud al síndico o al interventor, a la Comisión de Acreedores y a los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento.

Dentro del plazo de quince días de haber sido notificados, las personas a las que se hubiera dado traslado de la solicitud podrán oponerse a la conclusión del concurso de acreedores o impugnar las cuentas presentadas.

En caso de falta de oposición o de impugnación, el Juez pronunciará sentencia declarando la conclusión, con aprobación de las cuentas presentadas por el síndico, en su caso.

Artículo 213. (Conclusión del concurso por el transcurso de diez años de la suspensión).- En el caso de que hubieran transcurrido diez años de la suspensión del concurso por inexistencia o agotamiento de la masa activa, sin que se hubiera reabierto el concurso suspendido, el Juez de oficio pronunciará sentencia declarando extinguidos los créditos concursales en la parte que no hubieran sido satisfechos y dando por concluido el procedimiento. Para que opere la extinción deberán concurrir acumulativamente las siguientes circunstancias:

A) Que se trate de un concurso voluntario.

B) Que el mismo hubiera sido calificado como fortuito.

C) Que el deudor hubiera cumplido con su deber de cooperación con el alcance establecido en el artículo 53.

Si el deudor fuera persona jurídica, la sentencia la declarará extinguida, ordenando la cancelación de su personería jurídica.

TITULO XI

ACUERDO PRIVADO DE REORGANIZACION

CAPITULO I

CELEBRACION DEL ACUERDO

Artículo 214. (Oportunidad de suscripción del acuerdo).- Antes de la declaración judicial de concurso el deudor podrá suscribir un acuerdo privado de reorganización con acreedores representativos del 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario con derecho a voto.

Será de aplicación el acuerdo privado de reorganización lo dispuesto en los artículos 140 y 145.

Artículo 215. (Modalidades de acuerdo).- Una vez obtenidas las mayorías exigidas por el artículo 214, el deudor tendrá la opción de seguir el procedimiento puramente privado de instrumentación del acuerdo, requiriendo la actuación de un escribano público, o solicitar su homologación judicial.

CAPITULO II

ACUERDO PURAMENTE PRIVADO

Artículo 216. (Instrumentación).- De optarse por el procedimiento puramente privado, una vez obtenidas las mayorías del artículo 214, el acuerdo privado de reorganización será obligatorio para todos los acreedores quirografarios y subordinados, siempre que se notifique a los acreedores no firmantes la adhesión al acuerdo de las mayorías necesarias, y que estos, dentro del plazo de veinte días, no manifiesten su oposición al deudor.

Artículo 217. (Notificación).- La notificación a los acreedores no firmantes se hará por medio de escribano público y al practicarse se acompañará la siguiente documentación:

1) Los documentos exigidos por el artículo 7° para la solicitud de concurso por parte del deudor.

2) Propuesta de acuerdo privado de reorganización con el contenido previsto en los artículos 138 y 139, suscrita por acreedores representativos del 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto, con indicación del nombre del acreedor firmante, el monto de su crédito quirografario, la fecha de la firma; en el caso de personas jurídicas se indicará además el nombre del representante y el acto o negocio jurídico del cual emana su poder de representación. La firma puesta en representación de cada acreedor implicará declaración expresa del firmante de la existencia de facultades de representación y de la vigencia de su mandato.

Los documentos mencionados en el presente artículo deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de algunos de ellos, se señalará en los documentos en que falte, indicando la causa.

Artículo 218. (Protocolización).- Si vencido el plazo de veinte días los acreedores no firmantes no presentan su oposición al deudor, el acuerdo privado de reorganización se tendrá por aceptado. En tal caso el deudor deberá hacer protocolizar el acuerdo suscrito por la mayoría de acreedores, ante escribano público, con las diligencias de notificación a los acreedores no firmantes. Desde ese momento el acuerdo se tendrá por homologado y el escribano protocolizante podrá expedir a los interesados las copias que se soliciten.

Artículo 219. (Publicación).- Será de cargo del deudor la publicación por tres días de un extracto del acuerdo privado de reorganización en el Diario Oficial, identifican-do al escribano público interviniente e indicando su domicilio.

Artículo 220. (Oposición al acuerdo).- Si dentro del plazo de veinte días, cualquiera de los acreedores no firmantes quisiera oponerse al acuerdo celebrado, deberá notificar su oposición al deudor por cualquier medio fehaciente. Serán causas de oposición:

1) Que el contenido del acuerdo es contrario a la ley.

2) Que las firmas de acreedores por créditos decisivos para formar las mayorías requeridas legalmente no corresponden a los titulares reales del crédito o han sido obtenidas mediante maniobras que afecten o puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores quirografarios.

3) Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.

4) Que existe ocultación o exageración fraudulenta del activo o del pasivo.

En tal caso, el deudor tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Juez competente los antecedentes del caso a los efectos de que resuelva la oposición presentada y dicte la homologación judicial del acuerdo, en los términos establecidos en el Capítulo IV del presente Título, requiriendo la inmediata notificación al acreedor o a los acreedores disidentes, quienes deberán ratificar su oposición en el plazo de seis días.

De no presentarse el deudor al Juzgado en el plazo de diez días, cualquier acreedor podrá solicitar la declaración del concurso al Juez, quien la decretará sin más trámite.

Será competente para entender en la oposición y en la homologación judicial del acuerdo privado de reorganización el mismo Juez competente para declarar el concurso. En el caso de que existiera una solicitud de concurso en trámite el acuerdo privado de reorganización deberá ser presentado en dicho procedimiento.

CAPITULO III

ACUERDO SOMETIDO A HOMOLOGACION JUDICIAL

Artículo 221. (Requisitos).- De optarse por la homologación judicial del acuerdo, el deudor deberá presentarse al Juzgado acompañando la documentación referida en el artículo 217. La solicitud de homologación del acuerdo privado de reorganización, así como todos los documentos presentados deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de algunos de ellos, se señalará en la solicitud y en los documentos en que falte, indicando la causa.

El deudor deberá depositar además, a la orden del Juzgado, fondos suficientes para atender los gastos de inscripción y publicación de la resolución judicial que admita el acuerdo.

Artículo 222. (Auto de admisión).- Presentada la solicitud en debida forma, con los requisitos establecidos en el artículo 221, o en el caso de presentación al Juzgado del acuerdo puramente privado con oposiciones, en las condiciones del inciso segundo del artículo 220, el Juez deberá, en el plazo de dos días, dictar una resolución con el siguiente contenido:

1) Admisión de la propuesta presentada.

2) Suspensión del procedimiento de concurso, en caso de que el mismo hubiera sido solicitado.

3) Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.

4) Publicación íntegra del auto de admisión y de un extracto de la propuesta de acuerdo privado de reorganización en el Diario Oficial, por el plazo de tres días, convocando a los acreedores concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de veinte días a partir de la última publicación.

Artículo 223. (Inscripción del auto de admisión).- La inscripción del auto de admisión del acuerdo será comunicada por el Juzgado al Registro, dentro del plazo de veinticuatro horas de dictado el mismo.

En caso de que no se realice la inscripción pertinente, cualquier acreedor podrá solicitar el concurso al Juez, quien lo decretará sin más trámite.

Artículo 224. (Publicación del auto de admisión y de la propuesta).- La publicación del auto de admisión y de la propuesta de acuerdo privado de reorganización será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de dictado el mismo.

Artículo 225. (Efectos del auto de admisión).- El auto de admisión debidamente inscripto y publicado producirá los siguientes efectos:

1) El deudor requerirá autorización del Juez para contraer, modificar o extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar poderes; o para realizar cualquier acto jurídico relativo a los bienes que integran su patrimonio. En especial requerirá autorización para la realización de actos relativos a bienes registrales, para la venta o arrendamiento del establecimiento comercial y para la emisión de obligaciones negociables. Se encuentran excluidas del requisito de la autorización las operaciones ordinarias del giro del deudor.

2) No podrá declararse el concurso del deudor, excepto a su propia solicitud. Si existieran solicitudes de concurso en trámite, las mismas quedarán en suspenso.

3) No podrán promoverse ejecuciones contra el deudor por créditos anteriores a la presentación de la propuesta de acuerdo. Las ejecuciones que se encuentren en trámite y los embargos trabados sobre los bienes del deudor quedarán en suspenso. La moratoria provisional tendrá un plazo máximo de un año.

4) En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios no podrán promoverse las respectivas ejecuciones por un plazo de ciento veinte días a contar del auto de admisión y las ejecuciones en curso se suspenderán por igual término.

5) El Juez que admitió el acuerdo privado de reorganización será el único competente para conocer en los procedimientos de ejecución y para disponer medidas cautelares sobre los bienes que integran el activo del deudor.

6) El Juez, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, podrá adoptar medidas cautelares sobre los bienes que integran el patrimonio del deudor, en beneficio de toda la masa de acreedores, en caso de considerarlo necesario.

Artículo 226. (Oposición a la aprobación del acuerdo).- Dentro de los veinte días contados desde la última publicación del auto de admisión, podrán oponerse a la aprobación judicial del acuerdo los acreedores quirografarios o subordinados del deudor, con excepción de aquellos que lo hubieran suscripto. Serán causas de oposición las establecidas en el artículo 220.

CAPITULO IV

TRAMITE DE LA OPOSICION Y HOMOLOGACION

Artículo 227. (Homologación judicial en caso de falta de oposición).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 226 sin que se hubiere formulado oposición o, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 220, el acreedor no se presentare a ratificación su oposición, el Juez homologará el acuerdo privado de reorganización el primer día hábil posterior.

Artículo 228. (Procedimiento en caso de oposición).- En caso de oposición o de ratificación de la oposición, según el caso, el Juez designará un interventor, durante el trámite de las oposiciones, el cual tendrá las facultades de control sobre la actividad del deudor que el numeral 1) del artículo 225 confiere al Juez.

Tramitado el incidente, el Juez dictará sentencia homologando o rechazando el acuerdo, sin que en ningún caso pueda modificarlo.

Artículo 229. (Publicidad de la aprobación judicial del convenio).- La resolución judicial por la que se homologue el acuerdo, una vez firme, será objeto de la misma publicidad que el auto de admisión.

Artículo 230. (Efectos del acuerdo homologado).- A partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiera homologado, el acuerdo privado de reorganización producirá los efectos previstos por los artículos 158 a 161 para el convenio.

Artículo 231. (Efectos del rechazo del acuerdo).- En el mismo auto de rechazo del acuerdo privado de reorganización, el Juez declarará el concurso del deudor.

En este caso el concurso se considerará declarado a solicitud del deudor.

CAPITULO V

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Artículo 232. (Vigencia del acuerdo).- El acuerdo producirá sus efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiere aprobado o, en el caso del acuerdo puramente privado, desde el día siguiente a la última publicación.

Artículo 233. (Cumplimiento total del acuerdo).- Una vez cumplidas íntegramente por el deudor las obligaciones emergentes del acuerdo, el deudor solicitará al Juez que así lo declare, acompañando los documentos que lo acrediten. En caso de existir un concurso en trámite, solicitará además la conclusión del concurso de acreedores.

Artículo 234. (Incumplimiento del acuerdo).- En caso de incumplimiento del acuerdo privado de reorganización, cualquier acreedor podrá solicitar al Juez que declare el concurso.

A petición del solicitante, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad de la masa activa.

Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el incumplimiento o desestimada la solicitud.

Artículo 235. (Declaración judicial de incumplimiento del acuerdo).- Si el Juez considera acreditado el incumplimiento del acuerdo, dictará sentencia declarando incumplido el mismo y disponiendo la declaración de concurso.

La declaración de incumplimiento del acuerdo determinará que el deudor pierda la facultad de proponer un convenio en el trámite del concurso, debiendo procederse a la liquidación de la masa activa.

Se suspenderá además la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso.

TITULO XII

PEQUEÑOS CONCURSOS Y ABANDONO DE LA EMPRESA

Artículo 236. (Concepto).- Se consideran pequeños concursos aquellos correspondientes a los deudores que, a la fecha de declaración judicial de concurso, tengan un pasivo no superior a 3:000.000 UI (tres millones de unidades indexadas).

Artículo 237. (Régimen aplicable).- Los pequeños concursos se regirán por las disposiciones comprendidas en la presente ley, con las siguientes excepciones:

1) La Junta de Acreedores será convocada con un plazo máximo de noventa días, dentro del cual el síndico o el interventor deberá realizar la verificación de créditos.

2) Los acreedores serán convocados exclusivamente a través de la publicación de la sentencia que declara el concurso.

3) Los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos en un plazo de quince días a partir de la última publicación de la sentencia.

4) El síndico o el interventor deberá presentar el inventario de la masa activa y la lista de acreedores dentro de los diez días siguientes.

5) El plazo para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores será de cinco días.

6) El deudor podrá presentar una propuesta de convenio hasta cinco días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores.

Artículo 238. (Abandono de la empresa).- Cuando existan exclusivamente acreedores laborales y el deudor no se hubiera presentado a promover su propio concurso, se podrá aplicar a solicitud de los acreedores la disposición del numeral 2) del artículo 174, asignando a la cooperativa de trabajadores u otra modalidad empresarial que estos determinen, en forma provisional, el uso precario de la empresa.

En este caso, el Juez dará ingreso a la solicitud, que deberá contener los elementos necesarios para la admisión de acuerdo con el artículo 7°. Se harán las publicaciones con el llamado a acreedores y se notificará personalmente al deudor. En caso de no presentarse otros acreedores que los laborales u oposición del deudor, la cesión precaria se transformará en definitiva.

Tanto la cesión precaria como la definitiva podrán otorgarse en caso de existir otro u otros acreedores que consientan expresamente esta adjudicación.

La cesión definitiva podrá darse siempre que la cooperativa o la sociedad comercial esté integrada de la forma establecida en el literal b) del artículo 172.

TITULO XIII

REGIMEN INTERNACIONAL DEL CONCURSO

CAPITULO I

COMPETENCIA Y LEY APLICABLE AL CONCURSO CON ELEMENTO EXTRANJERO

Artículo 239. (Competencia internacional para la declaración del concurso).- Los Jueces uruguayos serán competentes para declarar el concurso cuando:

1) El domicilio o el centro efectivo de actividad del deudor se encuentre en territorio nacional.

2) El deudor tenga o haya tenido oficina, establecimiento o explotación en territorio nacional, aun cuando su domicilio o centro efectivo de actividad se encuentre en el exterior.

Artículo 240. (Bienes y derechos comprendidos).- El concurso del deudor comprenderá la totalidad de los bienes y derechos que formen el patrimonio del deudor, se encuentren estos ubicados en el país o en el exterior.

Se encuentra exceptuado el caso en el cual el deudor hubiera sido igualmente declarado en concurso, quiebra o similar en otro Estado, donde tuviera su domicilio, centro efectivo de su actividad, oficina, establecimiento o explotación. En este caso, con relación a los bienes y derechos ubicados en el Estado extranjero donde el concurso, quiebra o similar se hubiera declarado, el concurso local incluirá en su masa activa el remanente de los bienes o derechos resultantes, luego de concluido el procedimiento.

Artículo 241. (Ley aplicable al concurso).- La ley uruguaya será la aplicable a todos los concursos declarados en la República, con excepción de las normas relativas a los efectos de la declaración del concurso sobre los contratos celebrados por el deudor que se regirán por la ley aplicable al contrato.

Artículo 242. (Principio del trato nacional).- No existirá ninguna diferencia en el tratamiento de los acreedores nacionales y extranjeros, salvo los créditos laborales con privilegio general, que tendrán preferencia para cobrarse sobre los bienes ubicados en el territorio nacional.

Cuando se acredite que en el Estado del domicilio del deudor los acreedores uruguayos no son admitidos en igualdad de condiciones con los nacionales, se estará al principio de reciprocidad. No se aplicará el principio de reciprocidad en el caso de los créditos prendarios e hipotecarios.

CAPITULO II

EFICACIA EN EL PAIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRANJERAS EN MATERIA DE CONCURSOS

Artículo 243. (Requisitos para el reconocimiento de la sentencia extranjera).- La sentencia de Juez extranjero declarando el concurso o quiebra de un deudor será reconocida en nuestro país, siempre que:

1) Haya sido dictada por Juez competente.

2) La declaración judicial haya quedado firme.

3) El deudor haya tenido oportunidad de defensa.

4) No sea contraria al orden público internacional.

5) Se cumplan los demás requerimientos contenidos en los artículos 537 a 543 del Código General del Proceso.

Artículo 244. (Medidas cautelares en caso de solicitud de reconocimiento).- Al admitir el trámite de solicitud de reconocimiento, el Juez podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio que el deudor tuviera en territorio uruguayo.

Artículo 245. (Declaración de concurso en el país).- En el caso de declaración por Juez extranjero de concurso o quiebra de un deudor que tenga o haya tenido su domicilio, centro efectivo de actividad, oficina, establecimiento o explotación en la República, cualquiera de los sujetos legitimados podrá solicitar la apertura del concurso en el país.

En este caso, existirá presunción absoluta de la insolvencia del deudor y el concurso tendrá la calidad de necesario.

Artículo 246. (Pluralidad de concursos).- En caso de existir más de un procedimiento de concurso o quiebra del mismo deudor, en nuestro país y en uno o más países del exterior, el Juez del concurso y el síndico o el interventor procurarán actuar en forma coordinada con sus similares del exterior, aplicándose a su respecto las normas que rigen la cooperación internacional.

Los créditos, con excepción de aquellos con privilegio especial, cobrados en el extranjero con posterioridad a la declaración del concurso en el país se imputarán al dividendo a ser percibido en el concurso local.

CAPITULO III

CONVENIOS INTERNACIONALES

Artículo 247. (Prevalencia de los convenios internacionales).- Las disposiciones contenidas en este Título serán de aplicación en defecto y en cuanto no se opongan a las de los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

TITULO XIV

DISPOSICIONES PENALES

Artículo 248. (Fraudes concursales).- El deudor que, fuera de lo establecido en el artículo 253 del Código Penal y en oportunidad de la solicitud del concurso o en cualquier etapa posterior, exagere u oculte su activo o su pasivo, reconozca o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, sustraiga o esconda los libros sociales, acuerde u otorgue a sus acreedores con cargo a la masa activa ventajas particulares en razón de su voto, será castigado con un año de prisión a cinco años de penitenciaría.

En el caso de las personas jurídicas, incurrirán en este delito los socios, directores, administradores, de hecho o de derecho, que hayan aprobado la realización o haya realizado los actos constitutivos del delito.

Artículo 249. (Obligación de denunciar).- El Juez del concurso, los síndicos, los interventores, los auxiliares, los técnicos o los peritos en el ejercicio de sus funciones, que tuvieran conocimiento de hechos o circunstancias que en su opinión configuren alguno de los delitos previstos en el artículo 248 o de cualquier otra figura delictiva, tendrán la obligación de denunciarlo a la justicia penal competente.

TITULO XV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 250. (Incidente concursal).- En todos los casos en que la ley no disponga un procedimiento especial o establezca plazos o soluciones procesales especiales, las oposiciones, impugnaciones y demás controversias que se susciten durante el trámite del concurso serán sustanciadas ante el propio Juez del concurso por el procedimiento de los incidentes establecido en el Código General del Proceso, con las siguientes peculiaridades:

1) Se aplicarán en todos los casos las normas para los incidentes fuera de audiencia.

2) Todos los actos procesales serán notificados en la oficina.

3) El Juez deberá fijar los plazos para las actuaciones procesales, de modo que los mismos no determinen una demora respecto de los restantes plazos establecidos por la ley para las etapas del concurso.

Artículo 251. (Publicidad de los procedimientos).- Todos los procedimientos referidos en la presente ley serán públicos, salvo resolución fundada del Tribunal. Se promoverá la difusión de las resultancias de los procesos concursales a los efectos de informar a todas las personas directa o indirectamente interesadas en los mismos.

Artículo 252. (Régimen de recursos).- Todas las resoluciones judiciales recaídas en el procedimiento concursal y en cualquiera de sus incidentes serán recurribles con reposición, la que deberá ser interpuesta dentro del plazo de seis días de notificada.

Admitirán además recurso de apelación las resoluciones judiciales que se establecen a continuación:

1) Con efecto no suspensivo: la sentencia que declare el concurso (artículo 19), la referente a la recusación del síndico o del interventor (artículo 31), la pronunciada en caso de impugnación del inventario (artículo 78), la recaída sobre la impugnación de la lista de acreedores (artículo 105), la recaída sobre la oposición a la designación de la Comisión de Acreedores (artículo 132), la que declare el incumplimiento del convenio (artículo 167), la que disponga la liquidación de la masa activa (artículo 169) y la que declare el incumplimiento del acuerdo privado de reorganización (artículo 234).

2) Con efecto suspensivo: la sentencia que recaiga en caso de observaciones a las cuentas rendidas por el síndico o el interventor (inciso tercero del artículo 40), la que acoja total o parcialmente la acción revocatoria (artículo 87), la que se pronuncia sobre las oposiciones a la aprobación del convenio (artículo 155), la que resuelva las oposiciones a la calificación del concurso (artículo 200), la que resuelva las oposiciones o impugnaciones a la suspensión del concurso (artículo 208), la que resuelva las oposiciones a la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio o íntegra satisfacción de los acreedores (artículo 211) y la que resuelva las oposiciones al acuerdo privado de reorganización (artículo 228).

Ninguna resolución judicial recaída en el procedimiento judicial o en alguno de sus incidentes admitirá casación, con excepción de la sentencia que hubiera calificado el concurso como culpable (artículo 201).

Artículo 253. (Derecho procesal supletorio).- En lo no previsto por la presente ley para la tramitación procesal del concurso de acreedores se estará a lo establecido por el Código General del Proceso.

Todos los plazos establecidos en la presente ley serán perentorios e improrrogables.

Artículo 254. (Disposiciones tributarias).- En los procedimientos concursales se aplicarán las siguientes disposiciones tributarias:

1) Desde la fecha del auto judicial de declaración de concurso, todos los créditos concursales serán considerados incobrables a efectos de los tributos recaudados por la Dirección General Impositiva. Los ingresos derivados de la cobranza de los referidos créditos concursales estarán gravados, cuando corresponda, por los respectivos tributos a medida que se produzcan los respectivos cobros.

2) El deudor tendrá la facultad de diferir hasta en cinco ejercicios de renta bruta generada por las quitas que obtuviera en el concurso.

3) Estará exonerada de todo tributo, con exclusión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Específico Interno, cuando corresponda, la venta privada o en subasta pública y la cesión de bienes a los acreedores realizadas durante el proceso de liquidación de la masa activa del concurso.

4) No serán aplicables a los síndicos o interventores las normas sobre responsabilidad de los administradores representantes por obligaciones tributarias, salvo que hubieran actuado con dolo.

TITULO XVI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

*Artículo 255. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta días de su promulgación y será aplicable a los concursos promovidos a partir de dicha fecha.

* Redacción dada por Ley N° 18.411, de 14 de noviembre de 2008, artículo 1°.

En el caso de rechazos, anulaciones o rescisiones de concordatos preventivos o moratorias promovidos antes de su vigencia, el Juez dispondrá, de oficio, el concurso del deudor, aplicándose el procedimiento concursal previsto en la presente ley, con la sola excepción de que el concurso se considerará necesario y no será admisible la aprobación de un convenio por la Junta de Acreedores.

Artículo 256. (Derogaciones).- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán derogadas las siguientes disposiciones: el Libro IV, del Concordato Preventivo y de las Quiebras, artículos 1523 a 1781, inclusive, el Título XIX, de las Moratorias, artículos 1764 a 1785, inclusive, antigua numeración, y el numeral 2) del artículo 29, el primer inciso del artículo 69, los artículos 113 y 131, el inciso cuarto del artículo 246, el numeral 2) del artículo 384, el inciso primero del artículo 385 y el artículo 670 del Código de Comercio; los Títulos XVII, XVIII y XIX de la Parte II del Libro IV, artículos 2359 a 2389, inclusive (excepto el primer inciso del artículo 2372), y el numeral 6) del artículo 2086 del Código Civil; los artículos 13 a 41 y 45 a 75, inclusive, de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893; la Ley N° 5.548, de 29 de diciembre de 1916; la Ley N° 7.334, de 23 de diciembre de 1920; la Ley N° 7.566, de 12 de abril de 1923; la Ley N° 8.045, de 11 de noviembre de 1926; el artículo 11 del Decreto-Ley N° 14.188, de 5 de abril de 1974; el numeral 3) del artículo 24 del Decreto-Ley N° 14.827, de 20 de setiembre de 1978; el Decreto-Ley N° 15.119, de 8 de abril de 1981; el artículo 56 del Decreto-Ley N° 15.645, de 17 de octubre de 1984; los artículos 31 y 32 del Decreto-Ley N° 15.646, de 11 de octubre de 1984; los artículos 213 y 214 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986; los artículos 114 y 396 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989; el inciso segundo del artículo 57 de la Ley N° 16.074, de 10 de octubre de 1989; el artículo 264 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994; el inciso segundo del artículo 12 y los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, y toda otra disposición que se oponga a lo dispuesto por la presente ley.

Artículo 257.- Mientras no exista un Tribunal de Apelaciones con competencia en materia concursal, la Suprema Corte de Justicia distribuirá la competencia entre los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de forma tal que a uno de ellos acudan, en segunda instancia, todos los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia en materia concursal, liberándolos de doble número de expedientes provenientes de otras materias.

Artículo 258. (Secretarios Contadores).- Créanse dos cargos de Secretarios Contadores (uno para cada Juzgado Letrado de Concursos) los cuales deberán tener título de contador público. A los efectos, habilítase una partida anual de 549.000 UI (quinientas cuarenta y nueve mil unidades indexadas).

*Artículo 259. (Arancel de honorarios).- En un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo deberá aprobar una reglamentación estableciendo el arancel de honorarios aplicable a los síndicos, interventores, auxiliares, expertos en valoración y rematadores que actúen en los procedimientos concursales.

Artículo 260. (Unidad de Evaluación de Síndicos).- Créase la Unidad de Evaluación de Síndicos, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, integrada por cinco miembros: dos Jueces titulares de los Juzgados de Concursos, uno designado por el Colegio de Abogados del Uruguay, uno por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y uno nombrado por la Suprema Corte de Justicia. Tendrá por cometido dictaminar respecto de la actuación de los síndicos y de los interventores en los procesos concursales en que hubieran participado, a los efectos de lo establecido en el artículo 27 de la presente ley, en las condiciones que establezca la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de su poder de reglamentación.

*Artículo 261.- Sustitúyese el numeral 5) del artículo 159 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente:

"5) Por la decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso".

Artículo 262. (Privilegios marítimos y aeronáuticos).- Declárase que los privilegios previstos por los artículos 1037, 1038 y 1193 del Código de Comercio y por los artículos 52 a 57 inclusive del Código Aeronáutico no resultan de aplicación en caso de concurso.

Artículo 263. (Capacidad del deudor concursado).- Declárase que la norma contenida en el inciso primero del artículo 1280 del Código Civil no resulta de aplicación al deudor concursado.

Artículo 264. (Armonización con el régimen anterior).- Las referencias a la quiebra y/o liquidación judicial, con-tenidas en los artículos 135 y 509 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, y en el artículo 104 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, deben entenderse realizadas a los casos de decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso.

Las referencias a concurso, quiebra y/o concordato contenidas en los artículos 90 y 108 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, y en el numeral 6) del artículo 36 del Decreto-Ley N° 14.412, de 8 de agosto de 1975, deben entenderse realizadas a los casos de concurso.

* Reglamentado por Decreto N° 180/2009, de 23 de abril de 2009.

* Dio nueva redacción a la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, artículo 159 numeral 5).

Todas las demás disposiciones legales contenidas en leyes anteriores, cuando se refieran a situaciones de quiebra y/o de liquidación judicial deben entenderse realizadas a la decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso. Cuando se refieran a situaciones de concurso, concordatos o moratorias deben entenderse realizadas a los casos de concurso.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 158

En Montevideo, el día nueve de junio de dos mil nueve, a la hora catorce y diez minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señoras Senadoras Susana Dalmás y Margarita Percovich y señores Senadores Sergio Abreu, Reinaldo Gargano, Antonio Gallichio, Carlos Moreira y Julio Ma. Sanguinetti.

Faltan con aviso la señora Senadora Lucía Topolansky y el señor Senador Francisco Gallinal.

Concurren, especialmente invitados, los señores Coor-dinador y Miembro de la Comisión redactora del ante-proyecto de ley de Derecho Internacional Privado, doc-tores Didier Opertti y Ronald Herbert, respectivamente.

Preside el señor Senador Reinaldo Gargano, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la Secretaria de Comisión, señora Teresa Paredes y la Prosecretaria, señora Ana Veríssimo.

ASUNTOS ENTRADOS: Por Secretaría se reparten y se da cuenta de los siguientes:

1°) Nota remitida por vía electrónica el 2 de junio ppdo., del Grupo de familiares de asesinados políticos, firmada por la señora Mary Hernández, por la que solicita la aprobación del proyecto de ley por el que se reconoce el derecho a la reparación integral. (Carpeta N° 1507/2009).

2°) Nota remitida por el señor Diputado Edgardo Rodríguez el 3 de junio del corriente año, por la que adjunta una declaración de la Asamblea Nacional de Ex-presas y Ex-presos políticos convocada por Crisol, de fecha 16 de mayo ppdo.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1°) Carpeta N° 1461/2009. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. Se sustituye la Ley N° 10.084, de 4 de diciembre de 1941. (Apéndice del Código Civil). Mensaje y pro-yecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Distribuido N° 3081/2009.

El señor Presidente da la bienvenida a los doctores Didier Opertti y Ronald Herbert y les cede el uso de la palabra.

El doctor Opertti informa del proceso de trabajo de la Comisión integrada por un grupo de especialistas, convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a efectos de la redacción de la norma. Señala que la ley hace una correcta evaluación de la realidad que ha cambiado y que armoniza la legislación interna con la internacional. Expresa que la norma recoge y sistematiza lo que ya existe. Seguidamente analiza los diferentes sectores en que se divide el texto y particulariza en el artículo 13 señalando que es una disposición que innova en cuanto incorpora normas de derecho comercial internacional.

A continuación hace uso de la palabra el doctor Herbert y expresa que la norma no implica innovación importante sino que sistematiza y recoge convenciones y soluciones jurisdiccionales basadas en normas análogas. Analiza los diferentes capítulos y señala que el domicilio, en el Capítulo II, tiene el concepto de localizador de la persona; asimismo, las adaptaciones a nuevos criterios de protección de menores e incapaces. Expresa que la adopción se ha extraído por lo dinámico y especializado del tema. Analiza también lo relativo al derecho de familia en el Capítulo IV, en el que se reconoce la validez de las uniones no matrimoniales; el Capítulo V - Sucesiones, en el que señala que se ha adoptado una solución intermedia. Menciona el artículo 38 que excluye la aplicación de las normas del Capítulo VI - Personas Jurídicas, a las sociedades comerciales. Respecto al Capítulo XI - Jurisdicción Internacional, plantea que está redactado de una forma diferente porque estas disposiciones tienen carácter atributivo y por tanto pueden referirse solamente a Uruguay.

El señor Presidente ofrece la palabra a los señores Senadores quienes manifiestan su satisfacción con las explicaciones aportadas.

El señor Presidente agradece la presencia y los aportes brindados y los señores invitados se retiran de Sala.

El señor Presidente plantea la inconveniencia de introducir modificaciones a un texto sistematizado por la Comisión que estudió el tema durante años. Propone, tomando en cuenta el informe presentado en el día de hoy y el elaborado por la señora Senadora Percovich, votar el proyecto de ley.

Se vota en general: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En particular: Se votan en bloque Artículos 1° a 63: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

A propuesta del señor Presidente, los señores Senadores designan Miembro Informante a la señora Senadora Percovich.

2°) Carpeta N° 1403/2008. PROCESOS LABORALES. Abreviación. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. (Distribuido N° 2968/2008).

El señor Presidente pone a consideración el articulado del proyecto de ley que fuera aprobado en general en la sesión pasada.

Capítulo I, Artículo 1°.- En consideración.

El señor Senador Moreira señala que los procesalistas manifestaron que faltan algunos principios del Código General del Proceso, como el de "lealtad procesal" y que el concepto de oralidad resulta contradictorio.

Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Capítulo II, Artículo 2°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Capítulo III, Artículo 3°.- Se vota: 0 en 7. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 3°. Sustitutivo.- En consideración.

La señora Senadora Percovich expresa que el agregado al texto de la disposición recoge algunas sugerencias realizadas por los señores representantes de la Suprema Corte de Justicia.

El señor Senador Abreu señala que eliminar la conciliación, tanto por el tema de la inexistencia de Agencia Zonal cuanto por el tema de los montos, generará un atolladero en los juicios laborales. Propone que se elimine el párrafo y que la conciliación sea obligatoria en todos los casos.

La Presidencia deja constancia que en el texto sustitutivo se excluye la conciliación solamente para aquellos casos en que no exista Agencia Zonal, por lo que señala que los procesos laborales no serían de gran magnitud lo que motiva la inexistencia de tal agencia. Propone que se vote el texto sustitutivo presentado.

El señor Senador Abreu interroga respecto al inciso segundo en relación a la obligatoriedad del proceso conciliatorio, si se lo exonera de ser escrito.

El señor Senador Gallicchio responde que se refiere a que no tiene que necesariamente ser asistido por abogado.

El señor Senador Sanguinetti propone introducir una coma a continuación del término "abogado".

Artículo 3°. Sustitutivo.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 4°.- Se vota: 0 en 7. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 4°. Sustitutivo.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 5°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 6°.

El señor Senador Abreu expresa que considera muy exiguo el plazo de 30 días y propone que se sustituya por 60 días.

El señor Presidente señala que los plazos han sido abreviados con un criterio sistémico y que si los plazos no se cumplen se da al actor la posibilidad de obtener una constancia con la que inicia la demanda.

Artículo 6°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Capítulo IV, Artículo 7°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 8°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 9°.

El señor Senador Abreu propone eliminar el último párrafo del artículo, señalando que 10 días es un lapso exiguo si se tiene en cuenta que hay que diligenciar la prueba

El señor Senador Moreira propone para el primer párrafo del artículo que los 60 días se computen a partir de la contestación de la demanda y no de la presentación de la misma.

La señora Senadora Percovich interviene y señala que el acortamiento de los plazos es para todos los actores y que implica cambios de conducta.

El señor Presidente expresa que considera que el plazo es ajustado y conveniente por la materia de que se trata y propone pasar a la votación del artículo.

Artículo 9°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 10.

El señor Senador Moreira expresa su desacuerdo y propone eliminar la disposición.

El señor Senador Sanguinetti señala que no está clara la armonización de esta disposición con la del artículo 4° aprobado y propone agregar la frase: "La noticia de terceros solo corresponderá cuando se haya individualizado en la instancia referida en el artículo 4°".

Varios señores Senadores intercambian oponiniones. La señora Senadora Percovich propne agregar: "salvo en el caso de que haya quedado establecido en el Acta de la audiencia de conciliación de responsabilidad de un tercero".

El señor Presidente explicita los argumentos por los que concluye que debiera aprobarse el artículo en su actual redacción.

Los señores Senadores acuerdan pensar la redacción de esta disposición para la próxima sesión.

Los artículos aprobados quedan redactados de la siguiente manera:

"CAPITULO I - PRINCIPIOS

Artículo 1°.- Los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

El tribunal, de oficio, podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal.

CAPITULO II - COMPETENCIA

Artículo 2°.- Los tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos originados en conflictos individuales de trabajo.

CAPITULO III - AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVIA

Artículo 3°. CONCILIACION PREVIA. Antes de iniciarse juicio en materia laboral, deberá tentarse la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos Individuales de Trabajo o ante la Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según corresponda al domicilio del empleador o al lugar en el que se cumplieron las prestaciones.

Cuando en la jurisdicción territorial del tribunal competente no existan agencias zonales, el reclamante quedará exonerado de tentar la conciliación.

La solicitud de inicio del procedimiento conciliatorio deberá realizarse por escrito presentado por el interesado o por apoderado, asistido de abogado, salvo que la reclamación fuera por sumas inferiores al equivalente de 20 UR (veinte unidades reajustables). En dicha solicitud deberán indicarse con precisión los hechos que fundamentan el reclamo y el detalle y monto de los rubros reclamados.

Artículo 4°. AUDIENCIA Y CONTENIDO DEL ACTA.- La audiencia se convocará para día y hora determinados, con una anticipación no menor de tres días.

En acta resumida deberá señalarse en forma detallada el reclamo, las soluciones propuestas, el resultado final y el domicilio que indiquen las partes.

Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta. Su omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia constituirán presunciones simples contraria a su interés en el proceso ulterior.

El acuerdo a que se arribe en el procedimiento habilitará su ejecución forzada por los procedimientos propios regulados en el Título V del Libro II del Código General del Proceso.

Artículo 5°. DOMICILIO.- El domicilio fijado por las partes en la audiencia de conciliación administrativa previa, se tendrá como válido para el proceso, siempre que se iniciare dentro del plazo de un año computable desde la fecha del acta respectiva.

Artículo 6°. SOLICITUD DE CONSTANCIA.- Si el trámite administrativo no hubiere culminado dentro de los treinta días contados a partir de la solicitud de audiencia, el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la demanda.

CAPITULO IV - PROCESO LABORAL ORDINARIO

Artículo 7°. AMBITO DE APLICACION.- Con excepción de lo establecido en normas que prevean procedimientos especiales, en materia laboral el proceso se regirá por lo previsto en esta ley.

Artículo 8°. DEMANDA.- La demanda se presentará por escrito en la forma prevista en el artículo 117 del Código General del Proceso. Deberá incluir el valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados, lo que deberá ser controlado por el tribunal, que dispondrá se subsanen los defectos en el plazo de tres días con apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

Artículo 9°. TRASLADO, CONVOCATORIA A AUDIENCIA UNICA Y CONTESTACION DE LA DEMANDA.- In-terpuesta la demanda en forma, el tribunal decretará el traslado y emplazamiento al demandado; al mismo tiempo convocará a las partes a una audiencia dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda. El demandado contestará por escrito en la forma prevista en el artículo 130 del Código General del Proceso, dentro del término de diez días hábiles perentorios e improrrogables, debiendo oponer al mismo tiempo, si las tuviere, todas las excepciones referidas en el artículo 133 del Código General del Proceso."

RESOLUCION:

El señor Presidente pone a votación la postergación de la aprobación del resto del articulado para la próxima sesión. Se vota: 6 en 7. AFIRMATIVA.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3218/2009.

A la hora dieciséis, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Reinaldo Gargano Presidente

Ana Verissimo p/Teresa Paredes

Secretaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 159

En Montevideo, el día dieciséis de junio de dos mil nueve, a la hora catorce y diez minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señoras Senadoras Susana Dalmás y Lucía Topolansky y señores Senadores Sergio Abreu, Francisco Gallinal, Reinaldo Gargano, Germán Lezama, Carlos Moreira y Julio Ma. Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Rafael Michelini.

Preside el señor Senador Reinaldo Gargano, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora Teresa Paredes y el Prosecretario subrogante señor Gabriel Grenno.

ORDEN DEL DIA:

2°) Carpeta N° 1403/2008. PROCESOS LABORALES. Abreviación. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. (Distribuido N° 2968/2008).

El señor Presidente informa de la respuesta a la consulta realizada al doctor Héctor Zapirain, respecto a la disposición contenida en el artículo 10. Seguidamente propone un texto sustitutivo.

La señora Senadora Dalmás propone correcciones de puntuación.

Luego de un intercambio de opiniones de los señores Senadores Abreu y Lezama, el señor Presidente pone a votación el artículo en su redacción sustitutiva con las modificaciones propuestas.

Artículo 10.- Se vota: 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 10. Sustitutivo.- Se vota con modificaciones: 4 en 6. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 11.

El señor Senador Abreu considera que el plazo otorgado al actor es muy exiguo y propone que sea de seis días.

Artículo 11.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 12.

El señor Senador Abreu propone incluir la prescripción, además de la incompetencia, en las salvedades.

El señor Presidente y el señor Senador Lezama argumentan que la prescripción debe resolverse en la sentencia definitiva y que hace a la esencia misma del litigio.

Artículo 12.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 13.

El señor Senador Abreu propone eliminar la última parte del inciso primero, que expresa: "instrumentando todo lo que sea necesario para agotar su producción en la audiencia única".

Artículo 13.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 14.

El señor Senador Sanguinetti interroga sobre la significación del término "archivo".

El señor Presidente expresa que se presume que el actor está desistiendo y que la disposición incita a comparecer.

Los señores Senadores Abreu y Moreira, señalan que no se aplica el principio de igualdad previsto en la Constitución de la República; también expresan que debería volverse a lo dispuesto por el Código General del Proceso.

El señor Senador Lezama propone sustituir la última frase del inciso primero por la oración "salvo que la prueba obrante en autos a juicio del Tribunal".

Artículo 14.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 15 .

El señor Senador Moreira señala que los magistrados han marcado la dificultad que puede acarrear esta disposición, y que en las reclamaciones colectivas es muy engorroso establecen el monto líquido.

El señor Senador Abreu expresa que no hay una diferencia sustancial, que se acorta el plazo establecido por el Código General del Proceso.

Artículo 15.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 16.

El señor Senador Abreu propone agregar, a continuación de "Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1974" los términos "sin perjuicio"; y , al final del artículo agregar la frase "para el caso solo de los rubros de naturaleza salarial".

Intercambian consideracions varios señores Senadores.

Artículo 16.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 17.

El señor Senador Moreira expresa su desacuerdo con el depósito previsto en el inciso segundo y señala que el plazo es demasiado breve. El señor Senador Abreu señala la posible inconstitucionalidad de la disposición.

Artículo 17.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 18.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el Capítulo V, artículo 19.

El señor Senador Abreu señala que es partidario de la existencia de la segunda instancia y que el Tribunal de primera instancia está compuesto solamente por un Juez.

Artículo 19.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 20.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 21.

El señor Senador Lezama señala problemas de redacción en el inciso tercero. La señora Senadora Topolansky propone eliminar la "y" entre "actor" y "ordenará". La señora Senadora Dalmás manifiesta que en la siguiente línea del inciso debe decir "los que corresponda" y no "la que corresponda".

Artículo 21.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 22.

El señor Senador Abreu propone eliminar los incisos primero y segundo y los numerales 1) y 2).

Artículo 22.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 23.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el Capítulo VI, artículo 24.

Artículo 24.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 25.

El señor Senador Abreu considera innecesaria esta disposición a partir del nuevo procedimiento electrónico de notificaciones.

Artículo 25.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 26.

El señor Senador Sanguinetti solicita se aclare la adjetivación de los plazos como "perentorios e improrrogables".

El señor Presidente responde que los plazos previstos son solamente para recibir la demanda y para dictar sentencia.

Artículo 26.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 27.- Se vota: 0 en 7. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 27. Sustitutivo.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 28.

El señor Senador Abreu propone que se sustituya el término "parte trabajadora" por "parte actora".

Artículo 28.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 29.

La señora Senadora Dalmás expresa que debería modificarse el porcentaje de recargo del 20% al 10%, en congruencia con la ley de pago de créditos laborales aprobada.

Varios señores Senadores intercambian opiniones sobre los conceptos de "créditos laborales" y "exigibilidad".

Artículo 29.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 30.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 31.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 32.- Se vota sin modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Los señores Senadores designan Miembro Informante al señor Senador Reinaldo Gargano.

Los artículos aprobados, quedan redactados de la siguiente manera:

"Artículo 10. RECONVENCION, CITACION Y NOTICIA DE TERCEROS.- En ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros.

Cuando por las circunstancias previstas en los artículos 3° y 6° de la presente norma, no hayan mediado instancia de conciliación previa, el demandado, si entiende que existe un tercero responsable, al contestar la demanda podrá individualizarlo, pudiendo este ser emplazado si así lo considera el actor.

En tal caso, aquel no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y deberá comparecer dentro del término de diez días hábiles, perentorios e improrrogables, por escrito en la misma forma prevista para la contestación de la demanda.

Artículo 11. TRASLADO DE LAS EXCEPCIONES.- De las excepciones opuestas se dará traslado al actor por el plazo de tres días hábiles. Vencido el plazo o contestado el traslado, se dictará resolución, si correspondiere.

Artículo 12. RESOLUCION SOBRE LAS EXCEPCIONES.- Todas las excepciones serán resueltas en la sentencia definitiva, salvo la de incompetencia por razón de territorio o de cuantía. En este caso la sentencia se dictará en plazo de seis días y admitirá recurso de apelación con efecto suspensivo, que deberá ser interpuesto en plazo de tres días y sustanciarse con un traslado a la contraparte por igual término.

Artículo 13. DILIGENCIAMIENTO DE LA PRUEBA.- Dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el escrito de contestación de demanda o de traslado de las excepciones al actor, el Tribunal fijará el objeto del proceso y de la prueba, se pronunciará sobre los medios probatorios y ordenará el diligenciamiento de la que corresponda, instrumentando todo lo que sea necesario para agotar su producción en la audiencia única.

En caso de allanamiento total a la pretensión o cuando no se hubiera contestado la demanda en tiempo, el Tribunal fijará fecha para el dictado de la sentencia definitiva.

Artículo 14. AUDIENCIA UNICA.- Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del Tribunal exista un motivo justificado que habilite la comparecencia por representante. La inasistencia no justificada del actor a la audiencia, determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el Tribunal dictará sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda y estando a la prueba obrante en autos con anterioridad a la audiencia. Iniciada la audiencia, se cumplirán las siguientes actividades:

1) Las partes ratificarán el contenido de la demanda y de la contestación, y podrán aclarar sus extremos, si a juicio del Tribunal resultaren oscuros e imprecisos.

2) El Tribunal ordenará el pago de los rubros o montos no controvertidos con las condenas accesorias preceptivas y los recargos, reajustes e intereses que correspondan, y tentará la conciliación en lo demás. Esta resolución será apelable sin efecto suspensivo y constituirá título de ejecución.

3) El diligenciamiento de toda la prueba pendiente que el Tribunal estime necesaria.

4) Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia, así como la que fija el objeto del proceso y de la prueba y provee sobre los medios probatorios admitirán recursos de reposición y apelación con efecto diferido, los que deberán proponerse y anunciarse, respectivamente, en la propia audiencia.

5) Las partes podrán formular sus alegatos de bien probado en la audiencia o reservarse hacerlo por escrito dentro del plazo que fije el Tribunal, que no podrá exceder de diez días corridos. En tal caso, el término para dictar sentencia definitiva quedará reducido en el mismo número de días dispuestos para alegar por escrito.

Artículo 15. SENTENCIA DEFINITIVA.- El Tribunal podrá dictar sentencia definitiva en la audiencia única o dentro de los veinte días siguientes a la misma, a cuyos efectos fijará fecha sin necesidad de realizar otra convocatoria.

En los procesos regulados por esta ley, las sentencias que condenen al pago de créditos laborales de cualquier naturaleza deberán establecer el monto líquido de los mismos, incluidas las multas, intereses, actualizaciones y recargos que correspondieren.

Artículo 16. ACTUALIZACION MONETARIA E INTERES LEGAL.- En los procesos regulados por esta ley, el monto líquido del crédito reconocido por sentencia generará un interés del 6% (seis por ciento) anual contado desde la fecha de su exigibilidad, además de la actualización monetaria prevista en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1974 y de los daños y perjuicios establecidos por el artículo 4° de la Ley N° 10.449, de 12 de noviembre de 1943.

Artículo 17. APELACION Y SEGUNDA INSTANCIA.- El plazo para interponer el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia será de cinco días perentorios e improrrogables contados desde la fecha de dictada. Si la sentencia se dictare en audiencia, el recurso deberá ser anunciado en la misma audiencia disponiendo de cinco días perentorios e improrrogables para expresar y fundar por escrito los agravios. Si la sentencia se dictare fuera de audiencia, el recurso será interpuesto por escrito fundado en el que se expresarán los agravios y sus fundamentos.

Si la sentencia fuera de condena, el apelante deberá depositar el 50% (cincuenta por ciento) del monto a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos. En caso de no cumplirse con este requisito, la apelación será rechazada sin más trámite y se tendrá por desistido al apelante.

Del recurso de apelación se dará traslado a la contraparte por el término de cinco días perentorios e improrrogables.

Evacuado el traslado o vencido el término para hacerlo, se elevará el expediente ante el Tribunal que corresponda en un plazo no mayor a los cinco días hábiles.

El superior dictará sentencia dentro de los treinta días contados desde que los autos hayan ingresado al Tribunal; en caso de discordia dicho plazo se extenderá proporcionalmente. Recibidos los autos por el Tribunal, en plazo de cuarenta y ocho horas se señalará la fecha del acuerdo dejándose constancia y serán pasados a estudio simultáneo durante siete días corridos. Finalizado el estudio, se considerará en el acuerdo y acordada sentencia, será dictada en plazo de diez días. En caso de discordia, en el mismo acuerdo se sorteará la integración y reunidos los votos necesarios, se dictará sentencia en el mismo plazo.

Artículo 18. OTROS RECURSOS.- Las resoluciones que resuelvan los incidentes serán apelables con efecto diferido en la forma prevista en el párrafo final de este artículo.

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12 y 14 numeral 4) de la presente ley, contra todas las demás providencias que se dicten durante el proceso no se admitirá otro recurso que el de reposición. Este recurso deberá interponerse en audiencia si la resolución se dicta en la misma, o dentro de los tres días si la resolución se dictara fuera de audiencia.

El recurso de reposición interpuesto contra la sentencia interlocutoria dictada fuera de la audiencia se sustanciará con un traslado de tres días.

CAPITULO V - PROCESO DE MENOR CUANTIA

Artículo 19. AMBITO DE APLICACION.- Los asuntos cuyo monto total no supere la suma de $ 81.000 (pesos uruguayos ochenta y un mil), que será actualizada anualmente por la Suprema Corte de Justicia, se sustanciarán en instancia única, por el procedimiento establecido en los artículos siguientes.

Artículo 20. DEMANDA.- La demanda se deducirá por escrito en la forma prevista en el artículo 8° de esta ley.

Artículo 21. TRASLADO DE LA DEMANDA Y CONVOCATORIA A AUDIENCIA UNICA.- Interpuesta la demanda y dentro de las cuarenta y ocho horas de recibida, el Tribunal proveerá:

1) Ordenando el traslado y emplazamiento del demandado, previniéndolo que deberá concurrir a la audiencia única munido de toda la prueba que pretenda ofrecer.

2) Convocando a las partes a la audiencia única en un plazo no mayor a los diez días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda.

Examinando los medios probatorios ofrecidos por el actor ordenará el diligenciamiento de los que corresponda, instrumentando todos los mecanismos necesarios para que ello se agote en la audiencia única.

Artículo 22. AUDIENCIA UNICA.- Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo que a juicio del Tribunal exista motivo justificado que habilite la comparecencia por representante.

La inasistencia no justificada del actor a la audiencia, determinará el archivo de los autos. En caso de inasistencia no justificada del demandado, el Tribunal dictará sentencia de inmediato teniendo por ciertos los hechos afirmados por el actor en la demanda.

En la audiencia se cumplirán las siguientes actividades:

1) El demandado contestará la demanda y podrá oponer excepciones. En ningún caso, podrá reconvenir o solicitar el emplazamiento de terceros.

2) De las excepciones se dará traslado al actor quien deberá contestar en la audiencia y todas serán resueltas en la sentencia definitiva.

3) El Tribunal tentará la conciliación y en caso de no prosperar, fijará el objeto del proceso y de la prueba y acorde con ello la recibirá.

4) Oirá los alegatos de ambas partes y dictará sentencia en la misma audiencia o dentro del plazo de seis días a cuyos efectos fijará fecha sin necesidad de realizar otra convocatoria.

Artículo 23. RECURSOS.- Las resoluciones dictadas en el curso del proceso solo admitirán el recurso de reposición.

CAPITULO VI - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24. REPRESENTACION JUDICIAL.- Con la sola presentación de la demanda el letrado firmante quedará investido de la representación judicial del trabajador con las más amplias facultades de disposición, salvo la cesión de créditos. En todo momento podrá dejar sin efecto o sustituir esta representación judicial.

Artículo 25. NOTIFICACIONES.- Con excepción del auto que ordena el traslado de la demanda, emplazamiento y la convocatoria a la audiencia única, que será notificado personalmente en el domicilio del demandado, todas las demás providencias se notificarán en la oficina, en los términos del primer párrafo del artículo 86 del Código General del Proceso.

Artículo 26. PLAZOS.- Todos los plazos previstos en la presente ley son perentorios e improrrogables.

Artículo 27. EJECUCION DE SENTENCIA.- La ejecución de sentencia se llevará a cabo en los Juzgados Especializados que hayan conocido en el proceso de conocimiento. En caso de concurso, se estará a lo dispuesto por la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008.

Artículo 28. GRATUIDAD.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°, todas las actuaciones administrativas y judiciales serán gratuitas para la parte actora, incluidos impuestos y tasas registrales y catastrales, expedición de testimonios o certificados de partidas y sus legalizaciones.

Artículo 29. MULTA.- La omisión de pago de los créditos laborales generará automáticamente, desde su exigiblilidad, un recargo del 10% (diez por ciento) sobre el monto del crédito adeudado.

Artículo 30. INTERPRETACION.- Las normas procesales deberán ser interpretadas conforme a los principios enunciados en el artículo 1° de la presente ley y a los principios y reglas que integran el bloque de constitucionalidad (ar-tículos 72 y 332 de la Constitución).

Artículo 31. INTEGRACION.- Todo lo que no esté previsto en la presente ley se regirá por lo dispuesto en las disposiciones especiales en materia laboral y en el Código General del Proceso en cuanto sea aplicable, se ajuste a lo dispuesto en los artículos 1° y 30 de esta ley y no contradiga los principios del Derecho del Trabajo.

Artículo 32. DISPOSICION TRANSITORIA.- La presente ley se aplicará a las reclamaciones iniciadas a partir de su entrada en vigencia, aun cuando se hubiesen promovido procesos preliminares con anterioridad."

RESOLUCION:

Volver a sesionar el próximo martes 7 de julio a efectos de considerar el proyecto de ley por el que se reconoce el derecho a la reparación integral a las personas que puedan ser consideradas como víctimas de la actuación ilegítima del Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, Carpeta N° 1507/2009 - Distribuido N° 3193/2009.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3233/2009.

A la hora dieciséis, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Reinaldo Gargano Presidente

Teresa Paredes Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Ha llegado a la Mesa un repartido que el señor Senador Gargano pretende que se distribuya para que sea considerado durante el abordaje de este primer punto del Orden del Día.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Solicito que se distribuya el documento que se hizo llegar a la Comisión de Constitución y Legislación, que incluye un texto con los comentarios sobre el nuevo proceso laboral, del doctor Héctor Hugo Barbagelata. Se trata de elementos que manejó la Comisión, que no fueron incorporados a los repartidos pero que creo deben estar en posesión de cada uno de los señores Senadores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se distribuye el informe al que ha hecho referencia el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se procederá a distribuir el repartido correspondiente.

(Texto del informe:)

"Carp. N° 1403/08

Dist. 3198/08

Montevideo, 30 de mayo de 2009.

Señor Presidente

de la Comisión de Constitución y Legislación

de la Cámara de Senadores

Senador Reinaldo Gargano

Presente.

Señor Presidente:

Tengo el honor de someter a su consideración y a la de la Comisión de su Presidencia, los adjuntos comentarios que me merece la iniciativa de creación de un nuevo procedimiento para los juicios individuales de trabajo, la cual se ha elaborado a partir del anteproyecto de la Comisión de especialistas designada por la Suprema Corte de Justicia.

Me permito destacar, en relación con la referida Comisión, que en ella no solo han participado reconocidos teóricos del Derecho del Trabajo, sino también abogados prácticos y distinguidos jueces de la materia, lo que asegura su adecuación a las formas jurídicas universalmente aceptadas, a la realidad del mundo del trabajo y al funcionamiento de los tribunales de justicia nacionales.

Huelga decir que con la aprobación de este proyecto se corregiría una grave falla de nuestro sistema de protección del trabajo humano y nuestro país se pondría a tono con la normativa vigente en la totalidad de aquellos en que el Derecho Laboral es efectivo.

Sin otro particular, presento mi más atento saludo.

Héctor Hugo Barbagelata.

COMENTARIOS AL PROYECTO DEL NUEVO PROCESO LABORAL

I

SOBRE LA NECESIDAD DE UN PROCESO LABORAL ESPECIALIZADO

Es sabido que en nuestro país transcurre demasiado tiempo desde el momento en que se incoa la demanda laboral, hasta aquel en que se cobran los créditos reconocidos por el fallo definitivo, lo que en muchísimos casos es equivalente a la denegatoria de justicia, afectando no solo a los interesados directos, sino también al prestigio de las leyes y por ende a la sociedad en su conjunto.

En efecto, todo los que por imperio de sus necesidades vitales no disponen de capacidad de espera, -como es el caso de los que viven de su sueldo o jornal-, están en inferioridad de condiciones para hacer valer sus derechos y, como decía el maestro EDUARDO J. COUTURE (en el prólogo de su proyecto de Código de Procedimiento Civil de 1945): "Quien no puede esperar se sabe, de antemano, derrotado". Por eso, los trabajadores se ven forzados a aceptar cualquier arreglo, por poco o nada equitativo que fuere, con tal de disponer de algún dinero en un plazo breve.

A todo lo cual se agrega el hecho de que la morosidad de la justicia no solo les abre a los empleadores poco escrupulosos, la oportunidad de arreglos leoninos, sino que la demora opera también como un salvoconducto que permite atravesar, con mínimo riesgo, los límites impuestos por la normativa laboral.

En el caso de Uruguay, el problema no se agota con la mera puesta en práctica de algunos ajustes de los procedimientos actuales, pues como enseñaba COUTURE: "la doctrina proclama no solo tribunales especializados, sino también procedimientos propios. Por sus modalidades especiales, el conflicto de trabajo exige un apartamiento de todas las características tradicionales del proceso civil". (Proyecto de Código de Procedimiento Civil, edición fuera de comercio), Montevideo, 1945, p. 58). Consciente de lo cual, también explicaba que esta era la razón por la cual su Proyecto de Código no trataba de la materia laboral.

En el mismo sentido, uno de los más distinguidos procesalistas actuales, el profesor italiano ANDREA PROTO PISANI, afirma que "un Legislador que quiera que efectivamente funcione la tutela jurisdiccional de las situaciones materiales implicadas en la relación de trabajo no podrá dejar de considerar que ...es necesario establecer un procedimiento caracterizado por la rapidez y por la utilización de instrumentos técnicos apropiados para hacer perder el interés dilatorio a la contraparte del trabajador" (Studi di diritto processuale del lavoro, 1976).

Todo lo cual ha sido expresamente proclamado en múltiples encuentros académicos y Congresos, a partir del de Montevideo de 1949. Es así que en recientes Leyes de Procedimiento Laboral, como la vigente en Chile desde 15 de febrero de 2008, -hasta el momento con muy buenos resultados-, el procedimiento especial y sumarísimo para esta materia, se fundó en la diversidad entre el Derecho Civil, basado en "los principios de autonomía de la voluntad, libertad contractual,... renunciabilidad de los derechos e igualdad de las partes", respecto del Derecho del Trabajo, cuyo "claro carácter tutelar", determina principios opuestos, puesto que el proceso laboral debe contar con un sistema "que se oriente a dar efectividad al derecho sustancial".

Los argumentos de los procesalistas que en nuestro país, apartándose de las doctrinas de los maestros de esa disciplina y de las enseñanzas del derecho comparado, defienden la existencia de un proceso único, que incluye el laboral, reposan sobre dos supuestos que no resisten el menor análisis:

a) Por un lado, se pretende hacer jugar la idea de que es racional y viable estructurar un sistema procesal que abarque uniformemente todos los posibles contenidos, siendo que en la realidad de la vida, como explica PROTO PISANI: "no existe una forma de tutela jurisdiccional, un único proceso, que sea apto para garantizar adecuadamente cualquier situación de derecho material, independientemente de su contenido (y de los sujetos que son sus titulares)".

b) Asimismo, los teóricos del proceso único pretenden

que no existen principios que sean propios del proceso laboral, eso sostienen, se desentienden precisamente de la prioridad absoluta de lo material sobre lo procesal, olvidando la magnífica lección de COUTURE cuando instaba alegóricamente "a nunca olvidar" el consejo del escultor RODIN a sus discípulos y por tanto, reclamaba a los procesalistas tomar conciencia de "que el relieve viene desde dentro y es el que determina el contorno". Idea que MOZART VICTOR RUSSOMANO, -de extensa y reconocida trayectoria como Juez del Tribunal Supremo del Trabajo de Brasil y eminente tratadista-, expresaba en los siguientes términos: "El Derecho Procesal del Trabajo se debe amoldar al contexto del Derecho del Trabajo, pues, al contrario de lo que ocurre según la ley física de los líquidos, en el mundo jurídico, el continente se debe ajustar a la forma del contenido" (Directo Processual do Trabalho, LTr, San Pablo, 1977).

c) Si no bastaran estas consideraciones examínese, sin perjuicio alguno, el cuadro adjunto, donde se observará que el Uruguay con su CGP es el único exponente en todo el mundo de la doctrina del proceso único. Es cierto que en algunos países, como Italia, Luxemburgo y Grecia, el proceso laboral figura en el CPC pero en todos los casos, como dice T. MITSOU (SIDTS, 9° Congreso Mundial de DTSS, Munich, 1978, Anales, pp. 433-434), bajo el nuevo CPC "los tribunales han admitido, sin excepción... que el procedimiento en materia de trabajo es especial, excepcional, obligatorio y exclusivo, por ser de interés público... esencialmente diferente del procedimiento ordinario". Por lo demás, es sabido que los procesalistas uruguayos se han aplicado a promover en América Latina un CGP análogo al uruguayo, sin haber conseguido una sola adhesión.

d) No se trata de una mera cuestión formal, pues como señala el catedrático peruano MARIO PASCO (PRESIDENTE DE LA ACADEMIA IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL) "el Derecho Procesal del Trabajo debe ser desigualador porque así lo impone la justicia; debe buscar la verdad, porque lo exige la ética, y debe sustentarse en la Justicia Social y la equidad", (en Encuentro Iberoamericano de Justicia del Trabajo, p. 51), y precisamente nuestro CGP no puede adecuarse a esa idea fundamental, pues el Art. 4° proclama de manera incontestable la "igualdad procesal", especificando que "el tribunal deberá mantener la igualdad de las partes en el proceso". Por eso, muy sensatamente, la Comisión que redactó el Anteproyecto a estudio del Senado especifica en el Art. 1 Principios propios del proceso laboral y en el Art. 30 clarifica la cuestión de la interpretación con arreglo a dichos principios y solo acepta la integración de normas del CGP (Art. 31) en cuanto "se ajuste a lo dispuesto en los Arts. 1 y 30 de esta ley y no contradiga los principios del Derecho del Trabajo".

La cuestión que se está abordando posee además trascendencia constitucional, dado que las normas relativas al trabajo, además de integrar el sistema de la Constitución como una categoría genérica (Art. 7), contienen una idea que implica responsabilidades concretas para el Legislador.

En efecto, la Constitución postula que "el trabajo está bajo la protección especial de la ley" (Art. 53), estableciendo a continuación, referencias a algunos de los derechos laborales fundamentales que deben ser resguardados (Arts. 53 y ss.), los cuales, conforme a los Arts. 72 y 332, integran junto con las normas internacionales el bloque de constitucio-nalidad de los derechos humanos laborales, como con todo fundamento establece el Art. 30 del anteproyecto.

En cuanto a la protección judicial de los derechos humanos laborales, cabe destacar que el Art. 8 de la DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, y concordantemente el Art. 2.3 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS y también el Art. 6 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES, reclaman medidas adecuadas para garantizar los derechos y requieren que se disponga de un recurso efectivo "contra actos que violen... (los) derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley", "Por tal recurso, -aclara KAROL VASAK- el interesado debe poder defender sus derechos humanos no solo contra los órganos del Estado, sino también contra los particulares...".

No debe olvidarse a este respecto que según la definición de la Academia de la Lengua, la expresión "efectivo", que califica al recurso a que se tiene derecho, conforme al bloque de constitucionalidad, reclama que este sea "real y verdadero", en oposición a lo quimérico.

Un proceso que se adecue a las particularidades de los conflictos individuales de trabajo, ha sido también clara y terminantemente reclamado por la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales (CIAGS) (Bogotá, 1948) en su Art. 36, donde, bajo el título de Jurisdicción del trabajo, dispone: "En cada Estado debe existir una jurisdicción especial del trabajo y un procedimiento adecuado para la rápida solución de los conflictos".

Respecto de la posible alegación de que un procedimiento especial para los juicios laborales pudiera afectar el principio de igualdad ante la ley que en el Uruguay, y en todos los países democráticos está consagrado en la Constitución, tanto el Tribunal Constitucional de Italia como el de España, "han salido al paso de la objeción", sosteniendo que no se viola tal principio y han explicado por qué: el TC español "ha declarado que el derecho del trabajo es un ordenamiento compensador e igualador, que aspira a introducir, protegiendo de modo cualificado a los trabajadores, un factor de igualación en las relaciones, tradicionalmente desiguales, de empresarios y trabajadores. La obtención de un mayor equilibrio en esas relaciones, -concluye-, es el objeto común de las instituciones sustantivas y procesales del derecho del trabajo..." (cit. por A. MONTOYA MELGAR, en W.AA. El trabajo en la Constitución, 2003, p. 471).

La inexistencia de un proceso laboral que establezca la protección especial de la ley al trabajo, requerida por la Constitución -en forma tal que los medios a disposición sean efectivos y no dudosos, quiméricos o nominales-, supone un incumplimiento del mandato constitucional que obliga a su reparación por el Legislador. O, lo que es lo mismo, un cuerpo normativo como el CGP, que omite otorgar esa protección al trabajo e incluso postula en el Art. 4, la igualdad de las partes en el proceso, es francamente contrario a la Constitución.

Según sostuvo en su momento JUSTINO JIMENEZ DE ARECHAGA, la contradicción con las normas o los principios constitucionales, tanto como la omisión de darles efectividad, está reclamando que el órgano legislativo proceda a corregir esa situación.

II

EXAMEN PARTICULAR DEL PROYECTO

Al abordar el examen particular de este o cualquier otro proyecto que procure instituir realmente un sistema procesal apto para responder a las referidas exigencias constitucionales, se deben tener muy presentes los siguientes extremos:

A) Por cuanto acaba de expresarse no basta con realizar pequeños o grandes ajustes al régimen del CGP, pues hay una cuestión filosófica de por medio. El proceso civil se basa en la ficción de la igualdad de las partes e impone llevar eso a la práctica, mientras que el laboral enfoca la realidad del mundo del trabajo y consecuentemente empieza por reconocer la desigualdad y se empeña en atenuarla.

B) Algunos principios adoptados actualmente en el proceso civil, "en el del trabajo se transfiguran y crecen hasta el punto de que son considerados no solamente fundamentales, sino también prevalecientes en la teoría del proceso laboral". (M.V. Russomano, Decálogo del Proceso Laboral, Madrid, 1986, p. 83;- L. Hernández Rueda, Derecho Procesal del Trabajo, IET, Santo Domingo, 1994, pp. 55-56). Tal el caso de la celeridad y desde luego también en esta materia el de gratuidad: ambos principios deben ser efectivizados en forma infinitamente más enérgica que en otras materias, como procura hacerlo el anteproyecto en examen.

C) En esos términos, hay que entender que si lo que se procura es lograr una justicia pronta y efectiva, hay que disminuir hasta el mínimus todos los plazos y a todos los participantes en el proceso (partes, abogados, jueces y personal de las oficinas administrativas), no se les puede permitir dormir la siesta.

D) Por otra parte, algunas críticas que se formulan al anteproyecto, considerando por ejemplo muy breve el término de cinco días para apelar no tienen presente que por casi cien años, o sea hasta la vigencia del CPG eran solo cinco los días que se tenían para apelar cualquier tipo de asunto (Art. 684 CPC) y que expresamente para la materia laboral se mantuvieron esos cinco días perentorios en el texto específico de 1974 convertido en el Decreto-Ley N° 14.188. (Art. 6° inc. 7). En ese mismo texto, figura sin haber provocado dificultades, la disposición que posterga hasta la sentencia definitiva la resolución de todas las excepciones (Art. 6°.6 del Decreto-Ley N° 14.188). También estaba en dicho texto el término de 10 días perentorios para contestar la demanda (Art. 6°, inc. 1).

E) Es oportuno señalar que el anteproyecto de la referida comisión tripartita, si bien aprovecha la experiencia del citado texto de 1974, no se queda en ese punto, sino que avanza no sólo en las ya citadas cuestiones de principio e interpretación, sino que también amplía la figura del que la doctrina moderna llama "Juez activo" (Arts. 1°, 8°, 13 y concs), pudiendo ordenar en la audiencia única (Art. 14, inc. 2) el pago de los rubros o montos no controvertidos con las condenas accesorias, etc.

F) En cuanto a la eventualidad de que se prescinda de la conciliación previa cuando hay demoras en el trámite administrativo (Art. 6°), es oportuno recordar que siempre existirá esa posibilidad, pues no falta la tentativa de conciliación en el momento que resulta más efectiva, o sea en la "audiencia única" (Art. 14, inc. 2).

G) El condicionamiento de la apelación al previo depósito del 50% (Art. 17) es una medida preventiva de abusos, que ya es corriente en las legislaciones de varios países.

H) Respecto de la instancia única en el proceso para asuntos laborales de menor cuantía (o sea la admisión solo del recurso de reposición en estos casos), el derecho comparado nos enseña que está estableciendo desde hace mucho tiempo en México, así como en diversos procedimientos laborales de las Provincias argentinas (en las que, como se sabe, cada Provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación, tienen procedimientos diferentes), en la legislación brasileña de 2000 y en la reciente Ley N° 20.087 de Chile. Y ciertamente la instancia única es la que se impone en todos los procedimientos laborales abreviados, que en el caso de la citada ley chilena para los juicios laborales de menor cuantía va más allá e implanta el procedimiento monitorio, siempre en busca de "la efectiva vigencia del derecho sustantivo ante el órgano jurisdiccional" (ACADEMIA JUDICIAL, F. TAPIA, y otros, Manual de Juicio de Trabajo, pasin. y esp. p. 50).

I) A propósito de las observaciones sobre inconstitucionalidad, ya ha quedado dicho que las mismas han sido expresamente rechazadas en países con sistemas jurídicos análogos, por cuanto se estima que las leyes, por apego a los principios constituicionales, deben corregir o compensar las desigualdades sociales y laborales de los individuos en la forma apropiada.

J) Cabe decir a modo de colofón de estos comentarios, que la introducción, como se ha propuesto, de un enorme y desproporcionado artículo o inciso en el CGP para preservar su mentada condición de Código unitario, carece de sostén, pues el pretendido proceso único es solamente un mito, pues actualmente, sin contar la materia penal, existen en el Uruguay cincuenta y seis estructuras procesales diferentes, conforme a diferentes leyes (Cfr. Martín Ermida Fernández, Estructuras generales de los procesos en el Derecho positivo uruguayo, ra. Ed., FCU, 2009).

Héctor Hugo Barbagelata

Montevideo, 30 de mayo de 2009.

ANEXO

NORMAS VIGENTES EN DIFERENTES PAISES

SOBRE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL DE LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES DE TRABAJO1

1) Países en que el procedimiento en los conflictos individuales de trabajo está reglamentado en los CODIGOS DE TRABAJO:

Brasil, (CLT, Tít. X, Arts. 763 a 910)2; Chile, (Leyes Nos. 20.022 y 20.023); China, ("Labour Act Cap. X y XI); Cote d’Ivoire (CT, Tít. VIII); Ecuador, (CT); El Salvador, (CT); Etiopía, Labour Proclamation, núm. 377/2003, Parte 9); Francia, (CT, Libro 5, Tít. 1°); Ghana, (Labour Act, 2003, Parte XVIII); Guatemala, (CT); Honduras, (CT); Madagascar, (CT, Tít. VI); Marruecos, (CT Libro VI); Moldavia (CT, 23.VII.1998, Cap. IV); México (LFT); Mongolia, (Labour Law, Cap. 11); Panamá, (CT); República Dominicana, (CT, L.VII, Tít. II); Rusia, (CT); Tajikistan, (CT); Tunisia (CT, Arts. 181 y ss.).

2) Países en que el procedimiento en los conflictos individuales está reglamentado en CODIGOS DE PROCEDIMIENTO LABORAL o Leyes procesales especiales:

Alemania, (Arbeitsgerichtsgesetz, 1953 y modificativas: Arbeitsgerichtbeschleuningungsgesetz de 30.03.2000, Ley de simplificación y aceleración de los procedimientos en los tribunales industriales); Argentina3; Austria, Ley sobre los Tribunales del Trabajo, 1946 y modif.; China, (L N° 9/2003, Código de Procedimiento Laboral); Colombia (Código Procesal del Trabajo); Cuba, (Sistema de Justicia Laboral, L. N° 176/1997); Eslovenia, L. 19.12.2003, Tribunales Sociales y de Trabajo; España, (Ley de Procedimiento Laboral, Texto Refundido/1995); Gran Bretaña (Labour Courts, 1964 y modif..); Paraguay 4; Perú, L. 26.636, modif., por L. 27021, 11.12.1998); Portugal (Código de Procedimiento Laboral, Decreto-Ley N° 480/1999); Venezuela (Ley Orgánica Procesal del Trabajo, 13.08.20025).

1 A lo que puede saberse, este cuadro refleja la situación actual de los países que se citan. Por no haber podido consultar el texto completo no se han tomado en cuenta dispositivos contenidos en normas como el CT de Uzbekistán (1995) y otros, que se refieren vagamente a "Labour disputes" que podrían corresponder sólo a la resolución de conflictos colectivos.

2 La L 9.957 de 2000 agregó para la materia laboral, un procedimiento sumaríssimo.

3) Países en que el procedimiento en los conflictos individuales de trabajo figura en una PARTE ESPECIAL y se puede definir como excepcional, a pesar de estar incluido en los Códigos de Procedimiento Civil: Grecia, (CPC)6 Italia, (CPC, Tít. IV, Cap. II)7; Luxemburgo, (CPC, Libro III: "De las jurisdicciones del trabajo").

4) Países en que NO HAY UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA LA MATERIA LABORAL y se aplican las normas comunes a todos los procesos civiles:

Uruguay, (CGP)

-Nuevamente dejamos en uso de la palabra al Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en primer término, quiero señalar que me siento muy honrado por el hecho de que la Comisión me haya designado Miembro Informante de este proyecto de ley que, sin duda, es una iniciativa de carácter histórico en beneficio de los sectores laborales de nuestro país que han sido postergados durante tantos años.

Creo que este decreto -he estado manejando el concepto durante varias horas- es un texto igualitario, porque intenta dar igualdad a través de un procedimiento por el cual distingue en forma específica, en beneficio de los trabajadores, el proceso de carácter jurídico que se da ante los reclamos laborales. Hasta ahora el proceso laboral ha sido un instrumento a través del cual, en general, se ha demorado el pago de los incumplimientos de que han sido objeto los trabajadores en la relación laboral, porque los reclamos se producen a partir de la constatación de quienes han sido objeto de esa discriminación o no pago adecuado de sus retribuciones. En estos casos, una vez que han terminado las etapas de conciliación, se inician los juicios, que demoran tres, cuatro y hasta cinco años. De manera que, como dice el profesor Eduardo Couture en la Revista de Derecho Laboral, cuando habla de la abreviación de los juicios laborales: "Quien no puede esperar, se sabe de antemano derrotado".

La Comisión escuchó a la Suprema Corte de Justicia, a los integrantes de la Comisión designada por esa Corporación para estudiar el proyecto de ley y a los integrantes de la Cátedra de Derecho Procesal de la Universidad de la República, que en todos los casos defendieron sus puntos de vista y, sobre todo, discutieron intensamente cada uno de los artículos de esta iniciativa.

Creo que esta ley va a cambiar la realidad en beneficio de la justicia, que en este caso va ligada a que los trabajadores puedan reclamar sus derechos y obtener en tiempo y forma el pago de lo que se les adeuda, si la Justicia entiende que se justifica el reclamo que han hecho.

En este sentido, quiero decir que vuestra Comisión ha aprobado, por mayoría, el proyecto de ley sobre abreviación de los procesos laborales que oportunamente fue presentado ante esta Cámara con la firma de varios Legisladores. Cabe señalar, a modo de introducción, que dicho proyecto de ley tiene como origen un texto elaborado por una Comisión interinstitucional convocada por la Suprema Corte de Justicia. La referida Comisión, que elaboró un informe final y un texto de anteproyecto de ley de abreviación del proceso laboral, estuvo integrada por dos delegados designados por la Suprema Corte de Justicia, dos delegados designados por el Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y dos delegados designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. A modo de información, quiero expresar que todos ellos compartieron, en general, las disposiciones del proyecto que estamos considerando. Incluso, uno de los miembros de esta Comisión, delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, compareció ante la Comisión, así como la titular del Tribunal de Apelaciones que estudió este tema por designación directa de la Suprema Corte de Justicia. Es decir que este proyecto viene informado por quienes conocen más en materia de Derecho Laboral en este país. Además, el documento del doctor Héctor Hugo Barbagelata, cuya distribución he solicitado, recoge el punto de vista de quien, a mi juicio, luego de la desaparición del doctor Américo Plá Rodríguez, es la personalidad más importante en materia de conocimiento acerca del Derecho Laboral en nuestro país y quizás también en el mundo.

4 Según el Art. 256 de la Const. de 1992 quedó establecido que el proceso laboral debía ser oral, y basase en los principios de inmediatez, economía y concentración.

5 En Venezuela, las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999, incluyeron la exigencia de la pronta aprobación de una Ley Procesal del Trabajo, lo cual

quedó cumplido por la ley de 2003.

6 V. Supra la opinión de T. MITSU.

7 En Italia nunca dejó de haber un rito especial par la materia de trabajo. En efecto, si bien las normas correspondientes, estaban integradas al CPC de 1942, y en él no

se definía como "especial" al proceso laboral, se le establecían reglas particulares en el Cap. II del Tít. IV. En la reforma de 1973, a pesar de cierta resistencia de algunos procesalistas, las particularidades se acrecentaron, con la intención de asegurar formas apropiadas de dirimir las contiendas de esta clase, así como las de previsión. En suma, como dejó sentado PROTO PISANI: "la existencia de un proceso especial para solución de las controversias individuales de trabajo... es legítima en cuanto una adecuada tutela jurisdiccional de las situaciones implicadas en la relación de trabajo no puede dejar de considerar las particularidades propias de esta relación y la desigualdad económica de las partes en el proceso que inevitablemente se refleja sobre su desarrollo" (Studi di diritto processuale del lavoro, Milán, 1976, p. 105). Sobre las disposiciones que actualmente figuran en el CPC italiano: V. FABRINI, Diritto processuale del lavoro, Milán, 1974; FAZZALARI, Istituzioni di Diritto. Processuale, Padua, 1989 (pp. 153-161); MONTESANO-VACCARELLA, Manuale di diritto processuale del lavoro, Nápoles, 1984; PROTO PISANI, A., op. cit.; TESORIERE, Lineamenti di diritto processuale del lavoro, Padua, 1975; VERDE-OLIVIERI, "Processo del lavoro e della previdenza", inc. Enc. del diritto, XXXVI, Milán, s/d, 1987, p. 198 y ss.; VOCINO-VERDE, Appunti sul processo del lavoro, Nápoles, 1985. AA.W., II processo del lavoro (nella riforma), Milán, 1985.

Debemos subrayar que este proyecto de ley introduce modificaciones sustanciales al régimen procesal laboral hoy imperante en el país que, como recordarán los señores Legisladores, se rige por las disposiciones contenidas en el Código General del Proceso. Creo que algún día -no sé si en esta Legislatura, pero sí en el futuro- vamos a tener que hablar del Código General del Proceso. Recuerdo que en su momento habíamos mencionado las objeciones que había presentado el doctor Almiratti -quien había dejado de ser Ministro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que no fue Ministro de la Suprema Corte de Justicia por un cambio de tiempos que se hizo adecuadamente para que no lo fuera- acerca de los contenidos de las disposiciones del Código General del Proceso. Pero esta es otra materia que seguramente deberán analizar quienes sean electos en la Legislatura próxima.

Creo que existe, en primer término, la necesidad de lograr un proceso laboral especializado, y esta fue la primera conclusión a la que llegó la Comisión. Entre someter estas normas al Código General del Proceso y realizar, desde el punto de vista formal, un proceso laboral especializado, optamos por esta última alternativa, y al hacerlo ya decidimos una parte del contenido del proyecto. En ello -esto puede decirse sin ambages- coincide la mayoría de la doctrina laboralista uruguaya.

Como he citado, el profesor Héctor Hugo Barbagelata, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Profesor Emérito de la Universidad de la República y prestigioso jurista de reconocida trayectoria, tanto dentro como fuera del Uruguay, ha indicado con particular acierto que los juicios laborales en nuestro país tienen una prolongada extensión. Entre el momento en que se inicia la demanda y aquel en que se hace efectivo el cobro de los créditos laborales reclamados, cuando ello es posible y siempre que no haya devenido insolvente el empleador deudor, transcurre demasiado tiempo, lo que constituye una verdadera denegatoria de justicia, cuestión que hace recordar la afirmación del Maestro Eduardo J. Couture -que cité al comienzo de mi exposición- en el sentido de que quien no puede esperar, se sabe de antemano derrotado. Esto se puede leer, como mencionábamos, en un artículo sobre abreviación de los juicios laborales publicado en la Revista de Derecho Laboral en el Tomo correspondiente a enero-marzo de 2006. Ahora bien, la solución a éste y otros problemas que inciden en el régimen vigente no pasa, como sugieren algunos doctrinos y operadores jurídicos, por la realización de ajustes a los procedimientos actuales, pues serían a todas luces insuficientes e ineficaces para erradicar las verdaderas causas de tal situación. Desde hace ya bastante tiempo existe la más firme convicción -cuestión que, por otra parte, se encuentra indisolublemente ligada a la propia razón de ser del Derecho sustancial amparado- de que en materia laboral es imprescindible la existencia de una jurisdicción y un procedimiento.

Si observamos el Derecho Comparado Contemporáneo es posible constatar, sin mayores esfuerzos, que la gran mayoría de los ordenamientos nacionales han consagrado una jurisdicción especializada y cuentan con un procedimiento laboral especial, que se regula por reglas y principios propios. Esa diferenciación encuentra su explicación racional en la particularidad del conflicto que constituye su objeto. Coincidente con esta tendencia, el proyecto impulsado en esta Cámara tiende no sólo a subsanar las deficiencias que presenta el régimen de proceso único consagrado en el Código General del Proceso, sino que, sobre todo, intenta alinear nuestro régimen procesal laboral a la tendencia más moderna y predominante en cuanto a la tutela de derechos sustanciales.

Tal como lo expresa la exposición de motivos del proyecto de ley, el Derecho Laboral es una disciplina jurídica autónoma que opera como un ordenamiento compensador o igualador y que necesita de un proceso judicial igualmente autónomo, adecuado a las particularidades y, por lo tanto, distinto de procesos comunes de Derecho Civil. El proceso autónomo en la materia laboral tiene su razón de ser en su adecuación a sus objetivos, finalidades y principios del Derecho sustantivo, lo que en clave constitucional, ni más ni menos, significa dar cumplimiento al principio protector consagrado a texto expreso en el artículo 53 de la Carta Magna de la República.

El texto aprobado en Comisión y que se eleva a consideración de este Plenario con enmiendas introducidas durante su estudio, en esencia recoge la solución propuesta en el proyecto de ley presentado. A texto expreso, en el artículo 1º se consagra que los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales, lo que se complementa con las reglas de interpretación dispuestas en los artículos 30 y 31. Esta es una consideración que hay que tener siempre presente porque da la latitud necesaria para que se utilice el conjunto de las disposiciones legales existentes en materia procesal, ayudándose de esta manera a la aplicación del texto que vamos a aprobar.

Por otra parte, se reafirma la jurisdicción laboral especializada y se establece un proceso laboral ordinario en el que se ventilará todo asunto originado en un conflicto individual de trabajo, salvo en casos de juicios laborales de menor cuantía, que se sustancian por un procedimiento particular que se regula por las disposiciones del Capítulo V. Lo que tiene que ver con los juicios de menor cuantía también ayuda y en ese sentido ya hemos aprobado algunas disposiciones legales en torno a los conflictos jurídicos en materia de controversias de menor cuantía para acelerar el proceso judicial y hacer justicia, especialmente, con aquellos que tienen mayor necesidad porque manejan menor cantidad de dinero.

A su vez, se mantiene la instancia de conciliación previa, estableciéndose en los artículos 3º, 4º, 5º, y 6º los requisitos que deben ser cumplidos para su tramitación. El proceso laboral ordinario instaurado tendrá una única audiencia, plazos reducidos para contestar la demanda y excepciones. Asimismo, se hace referencia a lo que tiene que ver con convocar a audiencia, alegar, dictar sentencia definitiva e interponer recursos. Se delimita expresamente o ex profeso la reconvención y la citación de terceros, elementos considerados dilatorios, y se establece que las excepciones, salvo la de incompetencia por razón de territorio o de cuantía, serán resueltas en la sentencia definitiva. El tribunal convocará a las partes a la audiencia, dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de la fecha de la presentación de la demanda y todos los plazos son perentorios e improrrogables.

Por otro lado, el proyecto contiene una disposición que tiende a reducir la interposición de apelaciones infundadas y con fines dilatorios, tomando una solución que aparece en los reglamentos laborales de muchos países -y que es innovadora para nuestro ordenamiento jurídico procesal, pero totalmente ajustada al principio protector consagrado por la Constitución de la República- que establece como requisito previo para la interposición del recurso de apelación la obligación del apelante de depositar a la orden del Juzgado y a rubro de autos el 50% del monto de la condena. De no cumplirse este requisito, la apelación será rechazada. Esta es realmente una innovación y, en lo personal, me parece totalmente ajustada. Si, por ejemplo, pasado el término de la audiencia de conciliación correspondiente, el juicio del proceso y la condena, quien ha sido demandado -se parte del supuesto de que el condenado es el demandado- decide apelar, para que se reciba su nuevo alegato deberá poner a disposición del Juzgado -no del demandante- el 50% del monto de la condena. De no cumplir con este requisito, la apelación será rechazada.

En cuanto al proceso de menor cuantía, que también se concentra en una instancia única, no hay mayor innovación por cuanto ya se encuentra previsto en el Código General del Proceso; y el monto establecido es el que rige actualmente, de acuerdo con lo fijado por la Suprema Corte de Justicia. A la vez, se consagra una multa del 10% sobre el monto del crédito laboral adeudado -en el proyecto original nosotros habíamos puesto el 20%, pero en la Comisión se dijo que este porcentaje era excesivo, por lo que aceptamos bajarlo al 10%- que tiende a prevenir y compensar la omisión en el pago de los montos adeudados de naturaleza laboral.

Por último, cabe destacar que mediante la disposición contenida en el artículo 28 del texto propuesto a consideración de este Plenario, se consagra el principio de gratuidad, extendiendo su alcance. Actualmente este principio tiene aplicación solamente con relación a los tributos judiciales, pero con esta disposición se extiende a todas las actuaciones administrativas y judiciales, incluyendo impuestos y tasas registrales y catastrales, expedición de testimonios o certificados de partidas y su legalización.

Creo que con lo dicho está informado en general el proyecto de ley, que constituye uno de los hitos sustanciales que este Gobierno ha realizado en materia laboral. No solo se logró poner en funcionamiento los convenios colectivos, que trajeron seguridad para todos y paz laboral en nuestro país, sino que también se introdujo la idea de que es necesario negociar en materia de relaciones entre patronos y trabajadores. Es sobre esta base que se han aprobado decenas de convenios e, incluso, algunos trajeron como consecuencia la reducción de la jornada laboral y, a pesar de ello, el aumento de las retribuciones que perciben los trabajadores. Este es el caso de los trabajadores de la bebida, que ha sido mencionado muchas veces.

Creo que estos instrumentos que estamos aprobando hoy y los que se aprobarán en el futuro -espero que sea antes de que termine la legislatura- serán el legado de este Gobierno en materia de justicia laboral. Se trata de instrumentos jurídicos que darán la posibilidad a los trabajadores de hacer valer sus derechos en forma eficiente y que contribuirán a la igualdad entre los uruguayos.

Además, espero que no más allá de la próxima semana entre a consideración del Senado de la República otro proyecto de ley sobre el Protocolo en materia de convenios de aplicación de las normas de seguridad social entre todos los países iberoamericanos por el cual los ciudadanos uruguayos que hayan trabajado en otro país podrán reclamar que los años de aportes realizados allí, sean tenidos en cuenta para su jubilación y que los extranjeros que residan en el nuestro, y hayan aportado al Banco de Previsión Social, puedan obtener el reconocimiento en su país de origen obteniendo allí la retribución que corresponda. Son normas que tienden a volver universal, dentro de Iberoamérica, el derecho a la tasa de reemplazo -como se le llama en materia jubilatoria-, a la compensación que se obtiene después de decenas de años de trabajo. Es un avance sustancial para América Latina e Iberoamérica y es otro de los hitos que en esta materia nuestro Gobierno aportará a la legislación, más allá de lo que ha aportado en lo que tiene que ver con la conducción de la política económica y social, lo que ha permitido incrementar el ingreso de los sectores más postergados de nuestro país, tal como ha sido nuestro objetivo.

Muchas gracias.

15) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Gallinal solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 1º de julio de 2009.

Secretario de la

Cámara de Senadores,

Señor Hugo Rodríguez Filippini

Presente.

De mi mayor consideración:

Por este medio solicito licencia por el día 1º de Julio de 2009 por motivos personales.

Sin otro particular, saluda atentamente,

Francisco Gallinal Nieto. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que el señor Carlos Mazzulo ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta vez no acepta la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Romeo Pérez.

16) PROCESOS LABORALES

SEÑOR PRESIDENTE.-Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: tenemos a consideración un proyecto de ley de gran importancia desde el punto de vista del Derecho Laboral, al que nosotros hemos tratado de hacerle aportes en la Comisión habida cuenta de la existencia de varios posicionamientos, de diversas posiciones respecto del mejor instrumento para lograr el objetivo que todos perseguimos: una mayor celeridad y, fundamentalmente, mayores garantías y seguridad jurídica para el trabajador -en el caso del Derecho Laboral por su naturaleza tuitiva- y también para las partes actuantes dentro del marco de la Constitución y la ley.

No podemos ignorar que, de alguna forma, esta discusión desnuda una visión respecto de cómo se interpreta la autonomía del Derecho Procesal o Laboral. En ese sentido, ha habido dos posiciones muy claras: el proyecto presentado por la Comisión Redactora y las visiones de la Suprema Corte de Justicia, del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal -es decir, de la Universidad de la República- y de algunos otros actores importantes de la vida nacional que tienen una perspectiva diferente, como, por ejemplo, la propia Cátedra de Derecho Laboral, sobre la autonomía y la forma de manejar este tema.

Como principio, el tema de la autonomía del Derecho del trabajo como compensador e igualador sigue siendo discutido, tanto en el Derecho Comparado como en el Derecho nacional desde hace mucho tiempo. Al respecto, el Miembro Informante ha traído a colación opiniones del doctor Couture y del profesor Barbagelata, pero en tiempos diferentes, antes de que existieran modificaciones importantes en materia de Derecho Laboral y, sobre todo, modificaciones del Código General del Proceso. Por tanto, algunas aseveraciones del profesor Couture fueron mitigadas y solucionadas desde el punto de vista del Derecho a medida que fueron avanzando las distintas normas en materia de Derecho Laboral. Todos sabemos de qué trata el tema y la discusión que existe. El problema que se planteó refiere a que más allá del proyecto que estamos manejando, incluso de las distintas conclusiones a las que podemos arribar sobre el alcance y los resultados, hay una visión distinta que, de alguna manera, se comparó con un proyecto sustitutivo presentado por la Suprema Corte de Justicia. En él se marca una distancia en la interpretación del Derecho Laboral autónomo, pero no negando esa autonomía sino tratando de hacer compatible la del Derecho Laboral con las normas procesales del Código General del Proceso que no ameritan, desde el punto de vista de la Suprema Corte de Justicia, un desgajamiento -así se dijo en forma textual- de sus normas generales para hacerlas aplicables a cada uno de los Derechos específicos. Todos sabemos que el Derecho Laboral tiene características especiales y que, inclusive, esa naturaleza tuitiva trata de compensar e igualar aquellas desigualdades que se producen en el ámbito de las relaciones laborales. Sin embargo, también es cierto -ese es el argumento más fuerte de la Suprema Corte de Justicia- que en el ámbito del Código General del Proceso esto está contemplado. Incluso, la finalidad de la efectividad de los derechos sustanciales en el ámbito del Derecho Laboral no se encuentra afectada por la vigencia de las normas generales del Código General del Proceso. De alguna manera los caracteres están recogidos y ahí surge la gran discrepancia frente a este proyecto de desgajamiento en materia de proceso laboral, más allá de lo que posteriormente vamos a decir sobre lo que consideramos son resultados distintos a los perseguidos con absoluta buena fe mediante la aprobación de este proyecto de ley. Me refiero a aquellos aspectos que hacen al proceso laboral, sobre todo, en lo que tiene que ver con la celeridad, gratuidad, sencillez, publicidad e inmediatez. En este sentido, en la Comisión hemos recibido el asesoramiento de varias instituciones. Por ejemplo, los representantes del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal expresaban claramente que no se justificaba un sistema laboral autónomo; incluso, se argumentaba que el Código General del Proceso unificó y simplificó el proceso laboral para que fuera instrumentado el Derecho sustantivo de su especialidad de acuerdo con dos normas que hoy están complementadas y que no existían al momento de los comentarios realizados por el profesor Couture. Me refiero al Decreto Ley Nº 14.188 y al Código General del Proceso que, en el artículo 350.5, plantea las condiciones especiales para llevar a cabo los aspectos del proceso laboral como parte de esa autonomía reconocida en el ámbito del Derecho Comparado. No debe confundirse, señor Presidente, la existencia de un Derecho Laboral autónomo con la de un proceso laboral autónomo. Al respecto, el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, por unanimidad, definió este proyecto como técnicamente desacertado y estratégicamente inconveniente. Considero que este es un tema importante, habida cuenta de que no hubo en el ámbito de la Comisión la necesaria flexibilidad para manejarnos debido a las mayorías existentes; no lo digo como un cuestionamiento, sino como un reconocimiento fáctico. Incluso, la propia Suprema Corte de Justicia hace una descripción del tema y su Presidente, el doctor Ruibal Pino, en su comparecencia ante la Comisión manifestó que lo que se cuestionaba era que se intentaba desgajar un proceso especial, como lo es el laboral, del Código General del Proceso, que llevó años instrumentar para tratar de aunar en él todos los procesos de carácter civil que pudieran desarrollarse en el país. Es más, el Ministro Ruibal Pino agregó: "Pero esto no es solo para el Uruguay; nuestro proceso civil también incluye el laboral -y con nuestro proyecto con más razón-", etcétera. Al hablar de "nuestro proyecto" se está refiriendo al presentado por la Suprema Corte de Justicia, que si bien fue incluido en el comparativo para ser considerado, por mayoría la Comisión decidió tratar y votar el de la Comisión Redactora, dejándolo de lado. En su comparecencia seguidamente expresó: "Ahora, mediante la instrumentación de tecnología, estamos tratando de corregir algunos aspectos, inclusive para el proceso laboral, para el cual hemos empezado con la notificación electrónica".

Adicionalmente, el asesor de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Tovagliare, decía: "La Corte tuvo a la vista el proyecto de ley sobre los procesos laborales de la Comisión multisectorial. Luego analizó las críticas y consideraciones que el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal le hizo y, finalmente, elaboró un anteproyecto -que envió a través de un Mensaje al Parlamento-, que pretende crear un proceso laboral abreviado, reduciendo los plazos del proceso laboral existentes. No obstante, tiene diferencias con el proyecto de ley planteado por la Comisión multisectorial". Agrega el doctor Tovagliare: "La primera diferencia es la que anotaba el Doctor Ruibal Pino en el sentido de que, a juicio de la Suprema Corte, coincidiendo con el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, estas modificaciones o abreviaciones al proceso laboral deben realizarse dentro de la sistemática del Código General del Proceso". Esto debe ser así, sin cuestionar, desde su punto de vista doctrinario, la autonomía que el proceso laboral pueda tener, incluso dentro de este enfoque sistémico de carácter procesal.

Pensamos que, coincidiendo con la preocupación de alcanzar una mayor celeridad en los juicios de carácter laboral, habría sido de mayor utilidad el aporte de la Suprema Corte de Justicia, que resume conocimientos teóricos, años de experiencia y, sobre todo, es responsable de la administración de justicia y consciente de las distintas dificultades que existen en el manejo de los delicados y sensibles intereses del proceso laboral. En realidad, señor Presidente, nuestra preocupación comienza a tener mayor profundidad al existir diferencias claras en un tema que afecta, nada más ni nada menos, que al Código General del Proceso. Queda claro que no existió unanimidad sobre esta posición y que, incluso, lejos de haber una opinión coincidente, se dio el forzamiento de un proyecto de ley que no cuenta con el apoyo del Instituto de Derecho Procesal, ni de la Suprema Corte de Justicia, ni de parte de la Cátedra y ni siquiera de muchos de los magistrados del ámbito laboral. Y esto es así porque, sin perjuicio de la preocupación que se ha manifestado, las garantías del trabajador comienzan a tener grandes fragilidades y el objetivo que se quiere perseguir se da a la inversa, porque lo que estamos buscando -que es la mejor protección para el trabajador- a través de este tipo de normas hará que llenemos de juicios y atosiguemos a la administración de justicia, con lo cual se generará una repercusión negativa sobre el principio de celeridad que es uno de los que está ínsito en el concepto de autonomía del Derecho Laboral. ¿Por qué pasa esto, señor Presidente? Porque estamos tratando de encontrar algunas respuestas laterales a dificultades estructurales y de fondo que no están siendo atacadas en la forma debida, entre otras cosas, porque no son responsabilidad de la ley. La falta de celeridad en el proceso -lo podemos decir quienes estamos en la actividad o hemos desarrollado una labor más intensa en el ámbito de los litigios judiciales, incluso en materia laboral- radica en otras causas y no se soluciona acortando plazos, haciéndolos más exiguos, y mucho menos a través de algunos aspectos que terminan vulnerando la propia fortaleza del trabajador en el proceso, en particular en algunas instancias que vamos a comentar seguidamente. Esta falta de celeridad tiene carencias en la norma procesal. Por ejemplo, para la realización de la audiencia, el Código General del Proceso no prevé un plazo máximo de presentación de la demanda; claramente, este elemento podría ser subsanado, pero, insisto, es parte de las lentitudes que reconocemos. Hay demoras internas en el trámite de la oficina que no se solucionan a través de la ley; demoras cuando el expediente pasa a los Tribunales de Apelaciones de Trabajo; demoras en el Juzgado de Primera Instancia para que quede pronto el expediente a ser enviado; demoras en los Tribunales de Apelaciones hasta que llega a estudio de los Ministros, y demoras en las notificaciones, sin perjuicio del avance que se está realizando en materia de notificación electrónica y en la confección de cedulones. Todo esto es parte de una preocupación compartida que no se soluciona simplemente con un proyecto de ley que abrevie determinados plazos y que concentre todo en una audiencia única para mejor garantía de los trabajadores.

Sin dudas esto requiere, entre otras cosas, una mejor capacitación de los funcionarios porque, obviamente, en la especialidad del Derecho Laboral el proyecto de la Suprema Corte de Justicia reconoce la necesidad de más tribunales especializados a fin de dar una mayor respuesta.

Señor Presidente: todas estas modificaciones bien pudieron haber sido realizadas en el marco del artículo 350 del Código General del Proceso. Por ejemplo, podrían establecerse plazos máximos para la primera audiencia y algunos otros instrumentos que no ameritaran modificar o incurrir en este proyecto de ley que, desde nuestro punto de vista, va a tener repercusiones negativas especialmente en los trabajadores.

En lo que tiene que ver con la propia disposición, a nivel de la Comisión realizamos una serie de propuestas de modificación que no tuvieron un resultado positivo, más allá de algunos ajustes que se hicieron a propósito de comentarios que fueron compartidos ante realidades incontestables. De admitirse esta norma, se eliminaría el requisito de conciliación previa dado que el trámite administrativo no culmina dentro de 30 días. Se establece que al pasar los 30 días se eliminaría el trámite de conciliación y, por lo tanto, daría derecho a iniciar la demanda. Actualmente, sólo la fijación de la audiencia demora, en algunas ocasiones, más de 30 días. En consecuencia, si establecemos plazos de esta naturaleza, al abrir las compuertas de una actividad litigiosa más fuerte o más estimulada, vamos a tener cuellos de botella muy difíciles de administrar, sin perjuicio de la voluntad plasmada en la ley, porque el tema burocrático a veces pesa mucho más que la decisión o la buena voluntad del legislador. El plazo para contestar la demanda es de 10 días hábiles, plazo muy corto teniendo en cuenta que se debe agregar toda la prueba con la contestación. Hoy en día es de 30 días corridos, por lo cual no habrá un gran avance en este tema; puedo asegurar que la diferencia es muy exigua. A su vez, el plazo de que dispone el actor para contestar las excepciones también es muy breve, ya que se fija en 3 días hábiles. Por su parte, el plazo para apelar es de 5 días contados a partir de la fecha en que es dictada la sentencia y no desde la notificación. Quiere decir que estamos acortando los plazos y nos olvidamos del gran peso burocrático en la agilización del proceso laboral. Entonces, de alguna manera con esta preocupación -que es compartida- estamos afectando el concepto de seguridad jurídica, no de igualdad de las partes en la concepción global de la Constitución, sino el de igualdad y desigualdad de las partes, típico del proceso laboral.

Por otro lado, hicimos algunas reflexiones sobre el tema de las excepciones, lo cual motivó algún tipo de discrepancias. No entendemos cómo todas las excepciones serán resueltas en la sentencia definitiva. A este respecto, manifestamos nuestra preocupación en cuanto a que si el crédito está prescripto se realice todo un proceso para terminar con una sentencia que acoge la prescripción. De alguna forma, este es un elemento que obliga al Juez a definir las excepciones al final del proceso y, por lo tanto, a no descartar determinadas acciones que pudieran aliviar la carga del trabajo administrativo y judicial. Asimismo, no existe un tratamiento igualitario en materia de ausencia a la comparecencia en la audiencia preliminar para el caso en que una de las partes no asista. Si no comparece el trabajador, se archiva el expediente, pero si quien falta es el demandado, se dicta sentencia teniendo en cuenta todos los hechos afirmados en la demanda. Es cierto que existe determinada asimetría a nivel del Derecho Laboral, pero al establecer conclusiones de esta naturaleza -sobre todo, teniendo en cuenta que hay grandes espacios muy claros de que la conciliación no se realizará, ya sea porque se excepciona a través de algunos de los artículos o porque al vencimiento de determinados plazos se habilita la demanda- dejamos de hablar de un tema de desigualdades administradas para restablecerlas, para referirnos a un ámbito de inseguridad jurídica que puede ser preocupante.

Con respecto a otro tema que se discutió, que es de práctica, la Comisión redactora nos decía que iba a trabajar para presionar sobre el Juez, a fin de que sintiera la necesidad de ser eficiente y acortara sus propios plazos, sabiendo que las normas, sin perjuicio de otorgarle derechos, también lo iban a obligar a tomar decisiones a tiempo. En ese sentido, hubo reflexiones muy profundas de parte de la doctora Mangarelli, Profesora Grado IV de la Cátedra de Derecho Laboral, muy bien fundamentadas -que incluso nos dejara por escrito- y que, desde nuestro punto de vista, no fueron debidamente contestadas por la Comisión redactora. La doctora Mangarelli expresó que el Juez no va a poder liquidar el monto de la condena en la sentencia de primera instancia, como se prevé porque, por lo general, a la liquidación que realiza el actor se oponen varios rubros que son objeto de prueba. Además, muchos juicios refieren a grupos numerosos de trabajadores con variados reclamos. Eso significa que no siempre estamos ante un tema simple, porque el Juez tiene que ajustarse a determinados rubros y muchas veces a varios reclamos. Entonces, más allá de que pueda haberse pensado que de alguna forma los jueces estaban en condiciones de calcular y liquidar todos los rubros con una máquina en la propia audiencia o en una sola instancia, el tema no es de una facilidad absolutamente manejable. Comparto la preocupación; lo que no me parece muy útil es ejercitar un excesivo voluntarismo para tratar de solucionar los problemas.

Otro tema clave, que se ha discutido en el ámbito de la doctrina y fue traído por el Instituto, es el depósito del 50% del monto de la condena para poder apelar. En la apelación hay dos aspectos: por un lado, se establece que no hay apelación para los juicios de menor cuantía -con lo que nosotros no estamos de acuerdo, ni siquiera si lo sostuviera la propia Suprema Corte de Justicia- y, por otro, se fija un depósito previo para la apelación. Sostuvimos la inconstitucionalidad de esta norma y no encontramos una respuesta adecuada, sino absolutamente vaga. Es inconstitucional porque cercena el derecho a apelar, dado que se exige depositar en cinco días la mitad del monto de la condena a la orden del Juzgado; si no se realiza dicho depósito, el recurso de apelación es rechazado. A veces pensamos, señor Presidente, que estamos hablando de empresas o empresarios de grandes recursos, pero nos olvidamos que hay pequeños y medianos empresarios, o incluso en el ámbito rural pequeños y medianos productores, que enfrentan demandas importantes en materia laboral, con cifras realmente relevantes, y de esta manera, luego de dictada la condena, se estaría obligando al condenado a depositar el 50% del monto para poder apelar. Insisto en que no estamos hablando de una gran empresa multinacional que cuenta con importantes recursos, sino que en principio nos referimos a quien se supone es deudor en una relación laboral y es demandado, que puede no estar en condiciones de hacer valer su derecho de apelación, que es la garantía que le da la norma para que pueda ser revisada su sentencia de primera instancia. Por lo tanto, esa pretendida igualdad que se quiere restablecer, desde nuestro punto de vista es una exageración que termina generando una diferencia que afecta el principio de igualdad ya establecido en la Constitución de la República.

Además, hicimos una serie de aportes -que no tuvimos la suerte de que fueran recibidos en la Comisión- en cuanto a que la contestación de la demanda debía ser por escrito y no en audiencia, como se indica en el proyecto, para que quede clara en esa contestación cuáles son los rubros y de qué forma el propio demandado marca con claridad cuáles son sus puntos de vista.

Por otra parte, hicimos una reflexión sobre el propio actor, ya que en este proceso, al trabajador o al que reclama determinado crédito se lo obliga a contestar las excepciones en la audiencia, en forma oral. En el momento en que conoce las excepciones que se le interponen, el actor tiene que contestar, en forma oral e inmediata, cuál es su visión de carácter jurídico. Allí se invierte el proceso, y esto es un elemento que fragiliza la posición del actor, del trabajador, porque lo expone directamente a una audiencia de carácter oral, sin posibilidad de contar con un tiempo adecuado para responder a las excepciones que el demandado interpone.

Otro tema que planteamos fue el relativo a los montos de menor cuantía. Dicho monto se fija en $ 81.000, que consideramos que no es de menor cuantía, sobre todo cuando estamos hablando de empresarios y de gente de muy poca capacidad económica para enfrentarlo. No idealicemos una relación de opresión, porque en el Uruguay, el 60% o 70% del Producto y de la ocupación está en manos de micro, pequeñas y medianas empresas. Se trata de un tema que tiene una fuerza importante, porque de alguna manera todos tienen un dependiente o un trabajador, o quizás son parte de un proyecto compartido, con una relación de dependencia que está en el ámbito del proceso laboral o del Derecho Laboral.

Pensamos que esto podría haberse manejado con mayor efectividad o eficiencia si se hubiera dividido como lo insinuó o proyectó la Suprema Corte de Justicia al referirse a lo que son recursos de menor o mayor cuantía. Además, señor Presidente, no se admite el recurso de apelación para los procesos de menor cuantía. Quiere decir que se comienza a debilitar la garantía de ambas partes en aras de una celeridad que termina afectando la seguridad. Esto no significa que podamos desconocer las características especiales del Derecho Laboral y su naturaleza tuitiva, como tampoco las desigualdades que surgen de su propia esencia. Por consiguiente, con este progreso en materia legislativa, desde nuestro punto de vista estamos creando dificultades más que encontrando soluciones.

Sí se realizó por parte de la Comisión, una debida corrección del proyecto en cuanto a la ejecución de la sentencia, luego de advertirse que contravenía lo dispuesto por la Ley de Concurso aprobada por el Poder Legislativo.

Otro de los temas planteados se vincula con la multa del 20% para los créditos laborales que establece el famoso artículo 29 a partir de su exigibilidad. En ese sentido, recogiendo la preocupación de la doctora Mangarelli, tratamos de buscar una distinción entre el crédito laboral y el salario. Hay muchos créditos, señor Presidente, que son litigiosos o dudosos, y que ya de por sí establecen una multa de un 20%, sin perjuicio de todas las demás multas y recargos que hoy el sistema laboral establece, como el 50% y los ajustes automáticos, o el ajuste de la demanda a partir de su presentación. Todos estos elementos -es decir, el 20% sumado a lo que ya existe en cuanto a ajustes naturales en el ámbito del proceso laboral- crearán una situación muy difícil de manejar, sobre todo para el pequeño y mediano empresario, que terminará viendo afectada hasta su propia vigencia frente al eventual pago de determinados créditos litigiosos y laborales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción del señor Senador Moreira para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Gracias, señor Presidente.

Se decía que si un empleador no cumple con el pago de salarios u otros créditos laborales y se hace un juicio, tendrá que pagar el reajuste titulado por la Ley Nº 14.500 y los intereses; pero además del reajuste de los intereses y el crédito salarial tiene un recargo de hasta un 50% por daños y perjuicios. Esto es obligatorio. Quiere decir que si el Juez condena a pagar créditos de naturaleza salarial, puede fijar hasta un 50% por concepto de daños y perjuicios, además del porcentaje del 20% de la multa, llegando a cifras que parecen responder a una relación muy desigual, aunque no estemos ante el caso de una empresa multinacional o transnacional, de primer nivel, sino en un ámbito laboral de menor dimensión y a veces de mayor fragilidad dentro de la realidad social.

Fíjese, señor Presidente, que si el proyecto de ley es aprobado tal como está redactado, este tema de los juicios de menor cuantía también afectará al trabajador, porque no contará con una segunda instancia para poder reclamar y hacer valer sus derechos.

Vale destacar que hemos manejado todos estos temas comprendiendo la realidad y, además, tratando de ayudar en lo que es un objetivo compartido: lograr una mayor celeridad y el acortamiento de los plazos. Sin embargo, personalmente creo que, en el fondo, lo que aquí hay son discusiones de carácter profesional y -podría decir, también- de carácter corporativo, siendo a veces una tendencia natural de los especialistas del Derecho el querer tener no solo su derecho autónomo, sino también el proceso autónomo. Y si bien no discutimos la cuestión de la autonomía del Derecho Laboral, consideramos que el "desgajar" -término utilizado por los integrantes de la Suprema Corte de Justicia- un procedimiento para llevarlo fuera de un Código que ha sido actualizado -en lo que los especialistas trabajaron durante muchos años-, comienza a ser una desagregación en el ámbito del Derecho que, sin duda, no favorece la armonía ni el trabajo sistémico que debe existir en los aspectos normativos, y en particular en los temas procesales.

Durante el análisis del proyecto de ley escuchamos a varios actores y, ciertamente, notamos una excesiva visión sectorial de un determinado grupo. El Instituto de Derecho Procesal fue muy claro y los profesores se manifestaron en forma unánime, señalando que se representaba a la Universidad de la República, por lo menos en esa especialidad. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, presentó una iniciativa sustitutiva, dado que los Jueces tienen una visión diferente. En definitiva, se fue avanzando en forma mayoritaria sobre un proyecto de ley diferente, que desde nuestro punto de vista acarreará menos beneficios de los que se aspira y de los que podemos compartir para asegurar una buena administración de justicia en la desigualdad natural que existe en el ámbito del Derecho Laboral.

Sin duda se presentarán muchos juicios, y en muchos casos no habrá conciliaciones; a su vez, los Jueces no podrán pronunciarse sobre todas las excepciones de la prescripción desde el inicio y, además, al no existir apelación, se empezará a recorrer -entre otros- un camino de cierta inseguridad jurídica que no le hará bien a las relaciones de carácter laboral.

Todo esto consta en las versiones taquigráficas de las sesiones de la Comisión, pues compartimos las ideas, hicimos comentarios al respecto y fuimos bien asesorados. Cabe agregar que la Comisión trabajó con mucha mayor amplitud que en otras oportunidades; sin embargo, desde nuestro punto de vista, más allá del informe brindado por el doctor Barbagelata -cuya esencia podemos compartir, pero entendiendo que no hace al fundamento de este tema-, vemos que aquí existe una competencia entre grupos especializados y corporativos que tratan de hacer prevalecer un criterio aislado, sin perjuicio de aquellos que intentan contribuir con su aporte sistémico.

Por nuestra parte, nos habría gustado trabajar con el proyecto de la Suprema Corte de Justicia, pero la Comisión decidió tratar solamente el de la Comisión Intersectorial y no permitir los avances realizados por aquel Organismo en función de un trabajo mucho más armónico y, sobre todo, sistémico, habida cuenta de la experiencia en la vida judicial y la formación profesional de sus miembros.

Por estos motivos, señor Presidente, creemos que la iniciativa que está a consideración tendrá más efectos negativos que positivos, a la vez que fragilizará al actor, que tendrá mayores dificultades para manejarse cuando deba recurrir a juicios orales con plazos muy exiguos, cuando simplemente podríamos haber administrado los plazos ya existentes en el Código General del Proceso, que no hacen una gran diferencia, porque en realidad el peso de la lentitud de los juicios laborales -así como de tantos otros- está en el ámbito administrativo y no en los procesos ni en los plazos que se acortan por vía legislativa.

Hechas estas reflexiones en nombre del Partido Nacional -pues en este tema hemos trabajado también con el señor Senador Moreira-, anunciamos nuestro voto negativo al proyecto de ley. Nos habría gustado que una iniciativa de esta naturaleza obtuviera un mayor consenso, de manera de ser más representativa de la voluntad de todos los involucrados en el tema, y no exclusivamente de un grupo de respetados profesionales, sobre todo cuando estos últimos no tuvieron la flexibilidad suficiente como para llegar a un acuerdo con relación a un proyecto que necesita más coincidencias que discrepancias.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Ríos.

SEÑOR RIOS.- Señor Presidente: vamos a solicitar al Cuerpo que acompañe este proyecto de ley por las razones expuestas por el señor Miembro Informante. Por nuestra parte, trataremos de centrar el tema de la instauración de un procedimiento autónomo del Derecho Laboral en lo proactivo y no en lo problemático que pueda ser, estudiando primero si esa rama del Derecho tiene las condiciones necesarias para dicho proceso autónomo; todo esto, partiendo de la base de que en el Uruguay tenemos más de cincuenta trámites procesales diferentes, de acuerdo con las realidades que se den, con independencia de si estas son o no ramas autónomas del Derecho.

Creemos que el Derecho Laboral es un Derecho autónomo porque tiene sus propios principios, establecidos en el trabajo realizado por Américo Plá Rodríguez. Suponemos que nadie pondrá en tela de juicio el principio protector, el principio de la irrenunciabilidad, el principio de la continuidad de las relaciones laborales, el principio de la primacía de la realidad, el principio de la razonabilidad y el principio de la buena fe, máxime si tomamos en cuenta que estamos hablando de un Derecho que tiene una doble acción: individual y colectiva. Lo que aquí se está regulando, exclusivamente, es el Derecho Laboral en forma individual. En lo colectivo, este Derecho se regulará de otra manera; de hecho, países como Brasil, por ejemplo, tienen Tribunales especiales para regularlo -llamados Tribunales Clasistas-, integrados por representantes de los trabajadores, de los empresarios y del Poder Judicial. Pero reiteramos que, en este caso, nos estamos refiriendo exclusivamente al Derecho Laboral en lo individual, que puede ser plurisubjetivo, pero que no deja de ser la sumatoria de derechos individuales.

Indudablemente, no podemos aplicar el mismo proceso que existe para las causas civiles y comerciales, por la necesidad de rapidez y porque también están en juego derechos muy particulares que responden a un derecho autónomo. La experiencia mundial demuestra que el proceso común, civil o comercial, no es hábil para garantizar la eficiencia del derecho del trabajo. Uruguay es el único país de América Latina que confía el proceso laboral al proceso general; los demás países de la región tienen un proceso laboral autónomo para el derecho individual del trabajo, que es al que nos estamos refiriendo. Se trata de un procedimiento propio, que da garantías a las partes pero que toma en cuenta el principio protector. Este no es un procedimiento de igualdad de partes; esta igualdad está en las garantías del debido proceso. Sin embargo, este es un proceso que debe estar regido por el principio protector; de otro modo, no sería un proceso del Derecho Laboral, dado que la existencia de este último es la protección del trabajador, lo que no significa negar las garantías de la contraparte en el desarrollo del proceso.

Indudablemente, la concepción del proceso es la que hemos señalado y no puede haber otra, porque si no esta rama del Derecho no tendría razón de ser.

Algo fundamental, que creo da lugar a que haya un Derecho propio y a que esta desigualdad -y no esta garantía, porque garantía tiene que haber para todas las partes en el proceso, sobre todo para la más débil- sea tratada de manera diferente, es el carácter alimentario que tienen los reclamos laborales. Este carácter alimentario hace que el proceso que lleva a reclamar esos rubros laborales tenga una rapidez y una institucionalización diferente a la del proceso civil o comercial. Es imposible que los procesos laborales duren cuatro años; la burocracia que puede haber es un problema de la burocracia y de otros, pero acá lo que tenemos que hacer es legislar para que los trabajadores, que son los más débiles de la relación, tengan una estructura jurídica que los ayude a recobrar sus derechos lo antes posible, con independencia de los problemas burocráticos, los que deberán solucionarse por otra norma jurídica y no por esta.

Peor mensaje sería no tocar nada, aplicar -en forma conservadora- el Código General del Proceso y dejar al trabajador sin un marco normativo que lo ayude a exigir -en una actitud inteligente y de acuerdo con lo que se aplica en otros países- una reclamación individual que puede ser, o no, de menor cuantía. También debemos tener en cuenta que el reclamo de menor cuantía puede involucrar a actores plurisubjetivos, o sea, los que son más de uno pero que no conforman una reclamación colectiva sino plurisubjetiva. Por ese motivo, no podemos manejar ese límite de $ 81.000 con relación al trabajador individualmente considerado; debemos pensar que, en los hechos, puede haber actores plurisubjetivos que necesitan la misma rapidez en el proceso, ya que esa suma se divide entre todos los que comparezcan. En definitiva, se trata de aplicar el principio de inmediatez, porque es imprescindible.

¿Cuáles son las características que, a nuestro entender, debe tener este proceso? Debe basarse en el principio de rapidez, de igualdad y de justicia. Más que de igualdad, de justicia por cuanto se trata de considerar de manera diferente todo aquello que es distinto. Entonces, en la redacción tiene que aplicarse el principio de justicia -insisto-: tratar de manera diferente lo que es diferente. No se puede tratar por igual las cosas que son distintas.

Asimismo, debe haber un proceso protector que dé garantías y sea la razón de ser de todo esto que estamos hablando. En el trabajo presentado a la Comisión el doctor Barbagelata expresaba claramente: "La inexistencia de un proceso laboral que establezca la protección especial de la ley al trabajo, requerida por la Constitución -en forma tal que los medios a disposición sean efectivos y no dudosos, quiméricos o nominales-, supone un incumplimiento del mandato constitucional que obliga a su reparación por el Legislador. O, lo que es lo mismo, un cuerpo normativo como el CGP, que omite otorgar esa protección al trabajo e incluso postula en el artículo 4º, la igualdad de las partes en el proceso, es francamente contrario a la Constitución."

La Constitución establece la protección del derecho al trabajo, señor Presidente. Con la realidad que tenemos hoy, si no se aprobare este proyecto de ley estaríamos cometiendo una flagrante violación a la Constitución porque no estaríamos defendiendo el derecho del trabajo. En este proyecto de ley proponemos cumplir con el artículo 4º porque estamos definiendo la garantía de las partes en el proceso.

Pensamos que este no es un tema exclusivamente laboralista, sino que tiene mucho que ver con el Derecho Procesal. Anteriormente mencionamos la cantidad de procesos independientes que están siguiendo su curso. El doctor Barbagelata establece el carácter imprescindible del Derecho Laboral y, desde el punto de vista procesal, también lo establece el doctor Couture cuando sostiene que es imprescindible que exista un Derecho del trabajo, en otras palabras, un procedimiento laboral autónomo -y todos conocemos las condiciones por demás sobresalientes que tenía este profesional respecto al Derecho Procesal-, pero también cabe mencionar al profesor Barrios De Angelis -también procesalista- quien en su obra mayor "Teoría del Proceso", dice expresamente que el proceso único es inviable y que tiene que adecuarse al derecho que debe garantizar. Si bien podría citar ejemplos en materia de Derecho de Familia, de arrendamientos y de desalojos, propone uno en materia laboral y plantea que en ese caso no funciona el proceso único. Además, la idea de proceso único es un mito porque, aún dentro del Código General del Proceso, hay decenas de procesos, como decíamos hoy. Hay otras razones que tienen que ver con la influencia de los principios del derecho sustantivo a aplicar y del mecanismo instrumental utilizado para garantizarlo.

A modo de complemento, quiero señalar que la naturaleza del procedimiento no está dada por el procedimiento en sí mismo sino por la litis que queremos solucionar. El procedimiento en sí mismo no es un fin, sino un instrumento para resolver confrontaciones jurídicas que los abogados denominamos litis, y debe estar en función de la problemática; no la problemática en función del procedimiento. En otras palabras, el procedimiento no puede tener una autonomía ajena a la problemática porque, de lo contrario, sería inadecuado y equivaldría a darle la espalda -como hasta ahora- a las realidades cotidianas.

Por su parte, el doctor Ermida en la Comisión habla de algunos conceptos parecidos a los que estamos mencionando y plantea que no es un tema de vanguardismo o de enfrentamiento con el Derecho Procesal, sino que se trata de la complementación de un derecho autónomo, con todas sus herramientas.

Vuelvo a un tema que para mí es muy importante: me refiero al carácter alimentario del reclamo que se hace por la parte actora, es decir, el trabajador. En este caso, los bienes jurídicos tutelados son bienes alimentarios que necesitan un tratamiento diferencial con relación a las controversias comerciales o de otra índole.

Un autor argentino, el doctor Litala, en una revista vinculada a estos temas planteaba, en el año 1949, que no es la litis la que debe adaptarse al proceso, sino que es el proceso el que debe adaptarse a la litis. Este doctor es procesalista, no laboralista. Incluso, Enrique Véscovi, procesalista y civilista por naturaleza, plantea que los diversos procesos se determinan por los principios de derecho material a los cuales sirven.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Carlos Moreira)

-En estos ejemplos podemos ver cómo las nuevas y las viejas corrientes laboralistas establecen un proceso laboral autónomo y cómo los procesalistas reconocen la existencia de un Derecho Laboral autónomo.

Es verdad que en la Comisión ha comparecido una profesora grado IV, quien manifestó que el actual proceso llegaría a cumplir los aspectos de inmediatez que se establecen en la propuesta que venimos a poner en conocimiento de la sede, pero no es menos verdad que reconoce que no es totalmente suficiente y que sería importante tener un proceso de menor cuantía, más allá de que lo que discute es la cuantía y no la existencia del proceso de menor cuantía en toda su estructura. La doctora Mangarelli no contradice el proceso de menor cuantía sino, concretamente, la cuantía, que no es lo mismo. Tenemos procesalistas y laboralistas, actuales y pasados, que marcan la existencia de este Derecho Laboral, es decir, de este proceso independiente, autónomo, tuitivo y protector.

Como decía el Miembro Informante, a uno le da satisfacción informarlo sabiendo que también forma parte de una visión política de la sociedad. Nosotros vemos la sociedad de esta manera; y no podemos imaginarla si no vemos cómo la parte más débil de una relación laboral se encuentra arropada de todos los derechos y teorías jurídicas que existen en el mundo y que tenemos al alcance de nuestro intelecto y formación. Aquí no se está inventando nada. Todos los países de América tienen procesos autónomos, con carácter alimentario; el derecho laboral es autónomo y los procesalistas y laboralistas señalan que necesitamos un proceso que esté de acuerdo y en función del problema del derecho laboral, no del derecho procesal y, menos aún, de la burocracia. Considero que negar un procedimiento porque mañana pueda haber muchos juicios es lo mismo que decir que espero que no haya ningún juicio. Si todos los empleadores cumplieran no habría ningún juicio, solo se presentaría el de algún trabajador irresponsable. Me parece que acá debemos ir a lo sustantivo, que son los avances que se dan.

En la Revista de Técnica Forense, el contemporáneo autor laboralista argentino, Mario Ackerman, que frecuentemente viene por acá, propone una definición bastante interesante que quisiera compartir con el Cuerpo: "El trabajador que busca trabajo no busca trabajo por sí mismo, sino lo que busca es salario y, para ganarlo, pone su capacidad de trabajo, o sea, ofrece trabajo a disposición de un empleador." -insisto en que no tiene una necesidad exclusiva de trabajo, sino de salario- "Si esto es así, creo que no habrá mayor oposición a la necesidad de un proceso laboral autónomo, diferente del civil o común, que aplique sus propias reglas y los principios del Derecho al que sirve". No olvidemos que el Derecho del Trabajo apareció como un conjunto de reglas que reconoce tanto la falta de libertad de quienes fueron contratados, como la resignación de libertad que supone la sumisión a los poderes jerárquicos del empleador. A partir de tales reconocimientos, despliega una serie de reglas y diseña un conjunto de medios técnicos y jurídicos para poner límites, tanto al ejercicio de la posición de supremacía del empleador como a la resignación de la libertad por parte del trabajador. Estimados Senadores: ¿para qué queremos los principios del Derecho del Trabajo si no tenemos un proceso autónomo que permite ejercerlo? ¿Qué validez tiene decir que somos protectores de las partes más débiles en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo si, cuando vamos al procedimiento, las castigamos a cinco años de litigio, sabiendo que hay trabajadores que pueden abusar y también empresarios que muchas veces utilizan el tiempo como un elemento para una transacción futura o como un desestímulo para el trabajador, que no puede esperar por el carácter alimentario de su salario? No generalizamos, pero todos los que ejercemos esto sabemos que pasa. Hay trabajadores que reclaman liquidaciones infladas y empresarios que usan el Derecho como una forma de que el transcurso del tiempo fortalezca su posición jurídica frente a las debilidades del trabajador.

No es una mera ocurrencia de esta fuerza política haber traído este proyecto de ley a estudio del Cuerpo, sino una decisión política adoptada luego de ver claramente cómo se ejerce el mundo del trabajo y se otorgan garantías manteniendo el principio protector. No he escuchado decir en esta Sala que no existan garantías para el empleador en el ejercicio del Derecho, pero sí que puede haber dificultades en el momento de apelar por el depósito del 50%. Aquí no hay falta de garantías y me llena de satisfacción escucharlo, porque es verdad: no hay ausencia de garantías para ninguna de las partes. Creo que eso hace que este procedimiento tenga la validez que debe tener en la vida práctica, que designamos nosotros con los procedimientos y su aplicación. Pero no podemos, por falta de aplicación, olvidar lo principal que es la existencia de un procedimiento autónomo, dinámico y vigente, y serán los otros Poderes quienes estarán acorde a las circunstancias.

Hay algo más que no se ha dicho: si transcurrido un mes de la audiencia administrativa no hay acuerdo, o se establece con más de un mes, el trabajador tiene derecho a ir directamente a la vía judicial y no seguir esperando ese camino de transacción, porque muchas veces la demora puede obedecer a problemas funcionales o burocráticos del Poder Ejecutivo. Puede suceder y, de hecho, sucede. ¿Por qué el trabajador tiene que seguir esperando? Ahí asumimos nuestra cuotaparte y hemos trabajado al respecto. Está bien que el trabajador tenga ese derecho porque, de lo contrario, las audiencias pueden posponerse 60, 90 ó 180 días y hasta que el trabajador no tenga un acta de no acuerdo, no puede recurrir a la vía judicial. Nos parece que eso es desprotegerlo y, además, se viola el principio de libertad. Creemos que esto da la seguridad de treinta días y posteriormente el trabajador tiene la libertad de recurrir a la vía judicial correspondiente.

Quien quiera que efectivamente funcione una justicia del trabajo que sea tuteladora de las situaciones materiales implicadas en la relación laboral, no podrá dejar de considerar que es necesario establecer un proceso caracterizado por la rapidez y por la utilización de instrumentos técnicos apropiados para hacer perder el interés dilatorio a la contraparte del trabajador. Ahí aparece uno de los elementos sustantivos, además de los plazos que no son un problema para los abogados. Todos los aquí presentes hemos trabajado en plazos breves y hemos tenido juicios ejecutivos con seis días de plazo en situaciones mucho más graves. Un plazo de diez días no tiene que ver con el ejercicio de la profesión, sino con el dinamismo para dilucidar el carácter alimentario de la litis. A mi juicio, es sustantivo el carácter alimentario de la litis porque estamos resolviendo montos alimentarios de una de las partes, tenga razón o no. El doble procedimiento es uno de los casos.

El proyecto de ley busca dar un procedimiento especial y sumarísimo para la materia laboral, en base a la diversidad entre el Derecho Civil, basado en la autonomía de la voluntad, la renunciabilidad de los derechos y la igualdad entre las partes, y el Derecho del Trabajo, cuyo claro carácter tutelar determina principios opuestos, ya que el proceso laboral debe contar con un sistema que oriente a dar efectividad en lo sustancial. El trabajador que busca trabajo, en realidad, busca salario y esa es una rápida resolución.

Compartimos -y no vamos a hacer referencia- el capítulo de análisis que ha mencionado el señor Senador Gargano como Miembro Informante, para no aburrir a los estimados colegas. Acá no hay un problema de chauvinismo laboral, sino la asunción de una responsabilidad respecto de un derecho autónomo que no está en cuestión, así como tampoco lo está el que tenga los elementos para contar con un procedimiento propio ni que el Derecho uruguayo rija todas sus confrontaciones sociales mediante un único procedimiento, en tanto y en cuanto tenemos más de cincuenta, de acuerdo con su naturaleza. El doctor Barbagelata dice en su informe que, tomando el carácter alimentario del procedimiento, creemos que es muy buena solución la división y estamos de acuerdo en el monto porque pensamos en la calidad plurisubjetiva. Estamos totalmente tranquilos en cuanto a la garantía de las partes en el proceso. Para nosotros es fundamental ese tema, porque no podría haber un proceso que no tuviera garantías. Tampoco puede haber un proceso laboral que olvide el carácter protector del trabajador. Podrá haber algún señor Senador o algún doctrinólogo que no quiera esto porque no cree en el carácter protector del Derecho del Trabajo; tiene total legitimación y libertad para ello, porque se trata, precisamente, de trabajos doctrinarios llevados al campo jurídico, pero eso no es lo que dice el procedimiento ni lo que han expresado las partes.

Por las razones expuestas por el Miembro Informante y por algunos complementos que hemos hecho, creemos que este es un buen proyecto de ley y manifestamos al Cuerpo que es imprescindible para que el Derecho del Trabajo pueda avanzar y que el trabajador no se sienta solo en ese mundo tan amplio cuando reclama salarios de carácter alimentario, porque los Legisladores sabemos construir normas de protección de los más débiles con relación a estas situaciones.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Carlos Moreira).- Tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti, permitiéndome recordar antes que hoy comienza la feria judicial de julio.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: este tema ha sido abordado y estudiado exhaustivamente por la Comisión de Constitución y Legislación, que llegó a las conclusiones a que arribó luego de recibir suficientes informes y de tener pormenorizados debates.

En principio, diría que, como todo proyecto de ley, nace para resolver un problema que, en este caso, está en la demora que se produce en los procedimientos laborales. Allí no hay un debate entre la justicia o la injusticia, entre partidarios o contrarios de la abreviación del juicio, porque todos somos partidarios de esto último. Si observamos la realidad, como quedó comprobado en más de una ocasión en el seno de la Comisión, veremos que los juicios, según los Juzgados, tienen una extraordinaria diversidad de demoras. En algunos Juzgados de Primera Instancia, los juicios duran un promedio de siete u ocho meses, mientras que en otros insumen un año y medio. Eso nos está diciendo que el tema no está en las leyes, sino básicamente en la Administración. Basta pedir una prueba o un informe al Banco de Previsión Social para saber que allí resultan risibles nuestros debates sobre tres o seis días para contestar algo, cuando de pronto la respuesta demora tres, seis o siete meses. Este es, precisamente, el tema que tenemos por delante, es decir, todos queremos abreviar, pero las demoras se producen fundamentalmente en el terreno de la Administración. Esto no ha sido negado por nadie, sino que lo reconocen los laboralistas, los Jueces, la Suprema Corte de Justicia, en una palabra, todo el mundo. De modo que ahí está el problema principal.

Dicho de otro modo, no hay una necesidad perentoria de salir a hacer una legislación reparadora para una situación de injusticia no contemplada por la ley. No es así. Felizmente, el Uruguay tiene una tradición de legislación social y laboral de muy larga data, que se remonta a principios del siglo XX con normas pioneras. De manera que no estamos aquí ante un debate entre los justicieros y los partidarios de la desigualdad. No, no es así; todos somos partidarios de lo mismo y el país lo ha sido siempre, reconociendo en toda ocasión la necesidad de una legislación laboral específica y de proteger a la parte más débil. Quiere decir que en este caso no hay ninguna innovación extraordinaria ni de principios, sino que se trata de mejorar o de resolver un tema que se da en la vida real, y es que los procesos se demoran.

Desgraciadamente, este es un problema general de la aplicación del Derecho. Cuando ingresé a la Facultad, el gran asunto era una ley de abreviación de los juicios, que ya tiene cincuenta años, pero seguimos hablando de ese tema que se ha ido solucionando, en algunos aspectos mejor, y en otros peor. Quiere decir que ese es el tema y, por tanto, no se puede seguir con falsas oposiciones. Todos somos partidarios de la abreviación y, también, como lo ha sido siempre nuestro Derecho, de que el proceso laboral tenga algunas particularidades. Ese es el punto; nadie discute ese tema, porque todos estamos de acuerdo a ese respecto. De las personas que concurrieron a la Comisión que estudió este tema, ninguna manifestó una opinión diferente en ese sentido.

Los aspectos a tener en cuenta son dos. Uno es de principio general, en virtud del cual hay quienes sostienen doctrinariamente que el proceso laboral tiene que ser absolutamente autónomo y separado, mientras otros consideran que el país, después de haber alcanzado el gran progreso jurídico de un Código General del Proceso, debe establecer en éste las particularidades propias de los juicios laborales, como lo hizo con las de los juicios comerciales, los de la quiebra y de tantos otros procedimientos que tienen peculiaridades. Sin embargo, no hay por qué modificar los principios generales de interpretación, el cuadro jurídico general, porque de hacerlo se generarán más debates doctrinarios que los que se están resolviendo.

Dentro de estas dos corrientes oímos a unos y otros, por lo que veníamos con el espíritu y la mente abiertos a aceptar cualquiera de las dos soluciones si se hacían demostraciones claras. Nos resulta evidente que era mejor la posición de mantener el principio de que el Código General del Proceso es el marco general de regulación de todos los juicios, habida cuenta de que nadie discutía la necesidad -que existe y está resuelta- de que el procedimiento laboral tenga normas particulares. Lo dicho hasta aquí se vincula con el primer debate ocurrido en ese ámbito.

Creo que estamos cometiendo un bienintencionado error, porque con el mejor de los propósitos de abreviar, en este caso no se abreviará nada sino que se establecerá una complicación aun mayor. Me pesa extraordinariamente, sobre todo porque un tema son los debates doctrinarios, otro los Legisladores y uno distinto la administración de Justicia. Ahora bien, en este caso tenemos la particularidad de que todos los que están en la administración de Justicia han dicho que con esto no se resolverá nada. Así lo expresó la Suprema Corte de Justicia, que a tal punto no negaba la necesidad de algunas normas particulares, que elaboró un proyecto sustitutivo que hizo llegar a la Comisión de Constitución y Legislación. Lo hizo con los Jueces Laborales, con quienes habló y nos vertió su opinión. De modo que los Jueces Laborales dicen que esto que estamos haciendo no es lo mejor y que sería más productiva otra norma u otra reforma que ellos mismos proyectan junto con la Suprema Corte de Justicia.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR SANGUINETTI.- Me permito terminar la idea que estoy expresando y luego concedo la interrupción al señor Senador Gargano.

Luego está el tema de los procesalistas. Nadie niega la especificidad del Derecho Laboral, por lo que ese tema no está en debate, ya que tiene larga autonomía y tradición en el país; por cierto, no la estamos creando hoy. El tema es otro: aquí se está negando la especificidad del Derecho Procesal. Parecería que éste no existiera, pese a que es uno de los más antiguos de los Derechos; lo sabemos desde el Derecho Romano. Justamente el proceso es la garantía de todos los otros Derechos sustantivos, porque si no hay un buen procedimiento, todo lo otro es ilusorio.

Por lo tanto, advierto un desconocimiento abierto de lo que significa el Derecho Procesal. Nadie ha negado que el procedimiento en los juicios laborales deba tener alguna especificidad.

Ahora sí concedo con mucho gusto la interrupción que me ha solicitado el señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Carlos Moreira).- Puede interrumpir el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: las aclaraciones que haré serán muy breves.

En primer lugar, puntualizo que no es cierto que todos los laboralistas que comparecieron en el seno de la Comisión de Constitución y Legislación, o que la Suprema Corte de Justicia consultó, opinaron en la forma que lo está haciendo el señor Senador Sanguinetti; muy por el contrario, en la Comisión que designó la Suprema Corte de Justicia, y que es la que informa en gran parte este proyecto de ley, la Ministra del Tribunal de Apelaciones del Trabajo, Rosina Rossi -quien compareció en la Comisión que integramos-, dio su opinión favorable. No obstante, a pesar de haber hecho su designación, la Suprema Corte de Justicia no siguió el criterio de la Ministra. En realidad, creo que me equivoco, y pido disculpas a la señora Senadora Percovich que me recordó este punto; consta en la versión taquigráfica que quien compareció a la Comisión fue un Ministro de la Suprema Corte de Justicia con su asesor, y él aclaró que daba su opinión a título personal y no en nombre de esa Institución. En este sentido, quiero apelar a la memoria de todos los integrantes de la Comisión, porque esto fue dicho en ese ámbito y consta en la versión taquigráfica. De modo que, reitero, no podemos hablar de la opinión de la Suprema Corte de Justicia, sino de la de uno de sus miembros.

Me interesaba aclarar este punto porque, de lo contrario, constaría en la versión taquigráfica algo que a mi juicio es injusto con respecto a la conducta o la opinión de los miembros de los Tribunales Laborales que existen en el país e, incluso, con relación a la Suprema Corte de Justicia, que designó la Comisión que elaboró el proyecto sobre el cual se conformó la iniciativa que proponemos al Senado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Carlos Moreira).- Puede continuar el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: quiero aclarar que no hablé de la unanimidad de los miembros de la Suprema Corte de Justicia o de los Jueces Laborales; sí dije que cuando se invitó a la Suprema Corte de Justicia a la Comisión del Senado, concurrió uno de sus miembros y aclaró que sus opiniones eran personales, más allá de que la intención de la Suprema Corte de Justicia era evidente, puesto que presentó un proyecto sustitutivo. Asimismo, quiero destacar que en ningún momento se dio a conocer la opinión de algún otro miembro de la Suprema Corte de Justicia en el sentido contrario al que mencionamos anteriormente. Por consiguiente, creo que debemos considerar que estamos ante una opinión extraordinariamente oficial, ya que quien concurrió lo hizo en representación del organismo que constituyó la Comisión que se ocupó del tema y que también consultó a Jueces Laborales que, en su mayoría, sostuvieron el mismo punto de vista. No niego lo que ha dicho el señor Senador Gargano en el sentido de que algún miembro de los Tribunales sostiene una opinión diferente, pero se sabe -incluso existen pronunciamientos que constan en otros documentos- que la mayoría de los Jueces Laborales mantenía la misma posición.

Quiero reiterar que, a mi juicio, aquí se está negando el Derecho Procesal, y parecería que ni siquiera existe o no tiene importancia cuando, en realidad, es el eje vertebral en esta materia porque es el que establece las garantías sin las cuales todos los demás derechos se hacen ilusorios.

Aquí se han hecho falsas oposiciones; este no es un debate entre la justicia y la injusticia, o sobre la idea de que el procedimiento laboral no tenga normas específicas. A la inversa; ya sabemos que esas normas las tiene hoy, y también las tendrá mañana; en eso estamos todos de acuerdo. No obstante, por este camino, no vemos que se vaya al fondo del asunto, aunque tampoco creemos que exista una razón de urgencia, que sí existiría en el caso de corregir procedimientos administrativos.

Por otra parte, tal como ha señalado el señor Senador Abreu en su exposición, si bien algunos plazos se acortan, solo se va a lograr una disminución de garantías para las dos partes. Por supuesto, el procedimiento laboral, al igual que el Derecho Laboral, trata de restablecer en el terreno de la Justicia las desigualdades de la situación social y económica, y así debe ser. En nuestro país hace cien años que se sostiene eso y así se ha reflejado en toda su legislación. Nadie discute este punto, pero sí es discutible el hecho de si ese objetivo se va a lograr por esta vía. Creo que si el actor, que generalmente es el trabajador, tiene tres días para contestar una excepción, con ello obviamente no se están aumentando sus garantías, sino disminuyéndolas, y lo mismo sucede cuando se establece una sola instancia en juicios menores a $ 80.000, que son la mayoría. En definitiva, no se están aumentando las garantías del trabajador ni la calidad del juicio.

Por lo tanto, reitero que con buenas intenciones, pero a mi juicio, con errores legislativos, se va a aprobar un proyecto que no va a lograr los efectos buscados, que tiene en contra demasiadas opiniones de peso de especialistas en el proceso, y que va a complicar la propia administración de Justicia. El procedimiento es muy específico y, en ese sentido, recuerdo que en alguna de mis primeras reencarnaciones fui abogado -ya tengo muy olvidada esa vida-, pero como no era especialista en Derecho Procesal, siempre consultaba a quienes tenían esa calidad. Se trata de una materia muy específica y sobra la cual hay gente que sabe mucho. No obstante, parece que aquí los procesalistas no tienen nada que ver en un tema de procedimiento, en un juicio, cuando en realidad no es así porque son quienes deben opinar sobre estos asuntos ya que los conocen más profundamente. El Derecho sustantivo es muy importante, pero si el procedimiento no funciona, simplemente estamos estableciendo un progreso manuscrito.

Por estas razones, en lo personal y como representante del Partido Colorado, voy a votar en contra de este proyecto de ley, porque no creo que nos permita avanzar en materia de justicia ni de legislación.

Nada más, señor Presidente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Dr. Carlos Moreira).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quiero complementar las intervenciones del Miembro Informante y del señor Senador Ríos desde la perspectiva de alguien que no conoce de procedimientos -no soy abogada-, ya que me importa señalar algunos elementos que a mi criterio son de índole conceptual.

En primer lugar, quiero decir que, en principio, todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación compartimos el objetivo de la abreviación de los procedimientos; del mismo modo, estamos totalmente de acuerdo en que hay diferencias en la gestión administrativa y que, tal como decía el señor Senador Sanguinetti, ese es un tema que debe resolverse en forma urgente. En este sentido, creo que a la Suprema Corte de Justicia le cabe una responsabilidad muy importante, porque debe hacer el seguimiento, y ha logrado abreviar muchos de los procesos, aunque las diferencias de conducta entre los distintos Juzgados implican un llamado de atención que, a nuestro juicio, es muy importante. Obviamente, la independencia técnica es un elemento que complica cuando recibimos las denuncias, tanto con respecto al ámbito laboral como con relación a otros temas.

Como alguna vez dijo el señor Senador Sanguinetti, en la Comisión, en este tema estábamos para escuchar opiniones. La Bancada de Gobierno presentó un proyecto de ley en virtud de que la Comisión designada por la Suprema Corte de Justicia había logrado un acuerdo en esa materia. Reitero que escuchamos la opinión de todas las partes con mucha atención. Asimismo, como han señalado los señores Senadores Gargano y Ríos, creo que aquí radica un tema que es de fondo, conceptual, que consiste en definir por qué optamos por un procedimiento. Este aspecto me parece que lo explicita muy bien el Doctor Barbagelata cuando dice que no basta con realizar pequeños o grandes ajustes al régimen del Código General del Proceso. Precisamente, esa es la discusión de fondo: ¿modificamos el Código General del Proceso o elaboramos un proceso laboral autónomo? Hay una cuestión filosófica de por medio. Como alguien que ha trabajado mucho por los derechos de los sujetos más vulnerables, me importa mucho lo que dice el Doctor Barbagelata en cuanto a que el proceso civil se basa en la ficción de la igualdad de las partes e impone llevar eso a la práctica. El debido proceso de defensa del acusado, que es central en nuestro proceso, deja de lado en los procedimientos la vulnerabilidad de algunos de los sujetos. De ahí surge la necesidad de establecer una protección especial para aquellos sujetos más vulnerables en la relación de poder dentro de una negociación. Este es un aspecto que ya hemos discutido con relación a otros temas que tienen que ver con los derechos de familia. Me refiero, por ejemplo, a toda la discusión que dimos en el Parlamento cuando aprobamos las medidas cautelares de protección a las víctimas de la violencia y a la que está teniendo lugar -no en el Senado, pero sí en la Cámara de Representantes- con respecto a la protección de la niñez y la adolescencia violentada en el maltrato y el abuso. Creo que en este período legislativo estamos poniendo un acento muy grande en modificar algunos procedimientos, justamente en esas diferencias de relaciones de poder. También aprobamos la abreviación de las pequeñas causas, y esperamos que en el próximo período legislativo se puedan crear los Juzgados de pequeñas causas. En definitiva, estamos ante un tema central: se trata de ir igualando y de que, en el marco general de discusión de los debidos procesos de protección al acusado, se establezcan algunas medidas para la protección de aquellos sujetos más vulnerables. En este sentido, como expresa el doctor Barbagelata y como también se señaló por parte de la Comisión que redactó el proyecto de ley y por parte del Instituto de Derecho Laboral, todo esto está enmarcado en instrumentos internacionales que el Uruguay ha ratificado en todos los Gobiernos democráticos que ha tenido. Incluso, nuestro país ha hecho aportes muy importantes para la redacción de esos instrumentos. Entonces, hay que traer a la legislación nacional esos compromisos. Naturalmente, habrá que ver cómo se aplican esos procedimientos y en qué medida se logra la abreviación que se busca, porque creo que todos compartimos en la Comisión que este tema tiene mucho que ver con las personalidades de los Jueces y con la administración, la corrección y la coordinación del funcionamiento dentro de los Juzgados, lo que a veces tiene que ver con los propios funcionarios administrativos involucrados. Al mismo tiempo, es necesario que la Suprema Corte de Justicia coordine con otras instituciones del Estado; se ha mencionado, por ejemplo, al Banco de Previsión Social. En definitiva, se trata de trabajar en la protección de los derechos que están involucrados, tanto del que pueda ser un supuesto demandado como del supuesto demandante, y para esto se establece todo un proceso previo de conciliación, que también me parece importante.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Rafael Michelini)

-Por lo tanto, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley, que además se ha mejorado en la larga discusión que tuvimos y a partir de los aportes muy interesantes que recibimos. Me parece que las decisiones que tomamos van más allá de las diferencias profesionales que señalaba el señor Senador Abreu -y que es verdad que existen desde hace muchos años- entre el Instituto de Derecho Laboral y el Instituto de Derecho Procesal, pero que implican que el sistema político tome definiciones conceptuales al respecto.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- La señora Senadora Percovich mencionaba la coincidencia que tuvimos en la Comisión, donde analizamos este proyecto y recibimos a numerosas delegaciones, que nos ilustraron y nos dieron su visión al respecto. En concreto, la coincidencia está en que algunos procesos se tornan muy largos y a veces esa lentitud termina vulnerando derechos de una o de las varias partes que intervienen en un proceso. Pero por nuestra parte discrepamos en cuanto a la forma en que se pretende resolver este problema, tal como se ha señalado a lo largo de esta discusión. También han quedado claramente de manifiesto las distintas visiones que tienen los diferentes especialistas y magistrados que hemos recibido sobre cuál es la mejor forma de resolver esta muchas veces exasperante lentitud de la Justicia uruguaya, que a veces termina en una verdadera denegatoria de justicia. Quienes tenemos alguna experiencia en la práctica de litigar, también constatamos que en muchas oportunidades esto se debe no tanto a que los plazos sean excesivamente largos, sino a que hay una burocracia administrativa que, en definitiva, termina dando por tierra con las previsiones de la propia ley. Y esto sucede no solo en el Poder Judicial, sino que lamentablemente ocurre en todo el Estado uruguayo. Incluso, de esto hemos oído quejarse a muchos integrantes del Partido de Gobierno cuando hablan de una burocracia que, a veces, termina frustrando las buenas intenciones de los administradores. Quienes hemos sido gobernantes lo sabemos muy bien, y también conocemos esta situación como ciudadanos. Entonces, intentar solucionar este problema estructural y mental del que adolece gran parte de la burocracia uruguaya no es tarea fácil y no se resuelve simplemente dictando leyes. Por mi parte espero que esta ley pueda servir y ser un camino, pero creo que contiene disposiciones que son claramente inconvenientes. En este aspecto coincide la Suprema Corte de Justicia, que -aunque concurrió uno solo de sus miembros- puso a consideración de la Comisión un anteproyecto que era bien diferente a éste. En efecto, esa iniciativa no creaba un proceso laboral autónomo, sino que establecía especialidades y particularidades pero manteniendo la sistemática del Código General del Proceso, porque una cosa es sostener la absoluta pertinencia de un Derecho Laboral sustantivo autónomo y otra bien diferente es creer que también debe existir un Derecho Procesal Laboral autónomo. Personalmente creo que debe haber particularidades, por cierto, por la naturaleza alimentaria de las prestaciones del trabajo y por la desigualdad que se da, a veces -no siempre-, entre las dos partes de la relación, porque quienes hemos vivido mucho tiempo en este país sabemos que, frecuentemente, en las microempresas y en las pequeñas empresas esa desigualdad no es tal. Muchas veces hay muy buenos empresarios que tienen pequeñísimas empresas y que cumplen con toda la legislación; por eso me molesta la mirada desconfiada que en el fondo está en estas disposiciones y de la que parece desprenderse que el empresario tiene una tendencia natural a violar los derechos de los trabajadores. A mí y a todos los que vivimos en este país nos consta que hay miles y miles de pequeños empresarios que cumplen con sus obligaciones, a veces mucho más que los grandes, porque tienen un contacto directo personal afectivo con sus propios trabajadores y, frecuentemente, no se nota la diferencia entre el patrón y sus empleados. Yo, por lo menos, vengo de un departamento donde eso es así, desde el medio rural al urbano. Conozco muchos pequeños emprendimientos en los que existe el respeto mutuo y hay una relación mucho más amistosa que laboral. Entonces, plantear un enfoque tan científico puede hacernos abstraer de una realidad que existe en el Uruguay.

Por otro lado, creo que este proyecto contiene algunas normas que violan el principio de igualdad de las partes en el proceso y ante la ley. Me refiero, por ejemplo, a la diferencia de trato que se establece para la incomparecencia no justificada del actor y del demandado a la audiencia, porque en un caso se establece el simple archivo del expediente y en el otro se dan por absolutamente ciertos los hechos alegados en la demanda, estándose a la prueba, etcétera, que es como no decir nada.

Quiero destacar que nosotros, en la Comisión, intentamos cambiar alguna de estas cosas, pero no se nos tuvo en cuenta, a pesar de la flexibilidad que alegaba el señor Presidente. Ni siquiera se nos prestó atención en lo que tiene que ver con esa norma cuya letra es absolutamente contradictoria. Reitero que en la Comisión no hubo mucha flexibilidad y que el trato desigual viola principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico.

Otro aspecto importante es el relativo al notorio trato desigual en lo que hace, por ejemplo, a la apelación, ya que se dispone que el demandado deberá depositar el 50% del monto de la sentencia para poder apelar. En definitiva, esto es una denegatoria de justicia, porque si esa persona no posee el dinero y le asiste razón -puede recaer una sentencia de segunda o tercera instancia, considerando que tenemos hasta tres instancias; inclusive, se puede llegar hasta la casación en los procesos laborales-, se le estaría negando la posibilidad de hacer valer su derecho. Creo que es absolutamente injusto y, realmente, no entiendo cuál es la razón de todo esto. De esta forma se parte de la base de que los empresarios son todos chicaneros y de que no apelan porque tengan razón, sino porque quieren alargar el proceso. Además, se pierde de vista que se prevén reajustes y multas para el caso en que esto suceda.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Puede interrumpir el señor Senador Ríos.

SEÑOR RÍOS.- Siempre escucho con mucha atención al señor Senador Moreira y mucho más en este tema, pero quiero aclarar que estamos siguiendo un camino que no es el que establece la ley ni quienes argumentamos a favor de ella. En lo que tiene que ver con el empresario cumplidor, quiero destacar que desearíamos que no hubiera necesidad de ley alguna de protección al trabajador o de procedimiento laboral que lo sancionara. Sin embargo, aquí estamos partiendo de la base de la existencia de una litis, aunque el señor Senador Moreira haga referencia a los empresarios cumplidores, quienes no se verán agraviados absolutamente en nada. A su vez, aquellos que deban presentarse en un juicio contarán con todas sus garantías, por lo que no entiendo qué tienen que ver los empresarios cumplidores con todo este tema.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Las expresiones del señor Senador Ríos me recuerdan a un Juez prejuzgando porque se demuestra que alguien es cumplidor cuando recae la sentencia definitiva. Hasta que ello no suceda, hay una controversia, porque de eso se trata la litis. En realidad, es necesario comprobar quién cumple y quién incumple, y por eso se dan luego los fallos judiciales. Reitero que el señor Senador Ríos parece un Juez prejuzgando. Entonces, aquí estamos partiendo de la base de lo que ya mencioné, porque se tiene una mirada desconfiada y se concluye que el empleador siempre incumple o chicanea.

SEÑOR RAMELA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Puede interrumpir el señor Senador Ramela.

SEÑOR RAMELA.- En realidad, iba a decir exactamente lo mismo que ha expresado el señor Senador Moreira en el sentido de que aquí se hace una simplificación peligrosa porque se supone que todo empresario que es citado a una litis es incumplidor y que todo trabajador que reclama tiene razón. Lamentablemente, quienes vivimos de la práctica judicial sabemos que esto no es así. Además, los términos jurídicos demuestran muy claramente que esta posición supone un prejuzgamiento.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR RÍOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Puede interrumpir el señor Senador Ríos.

SEÑOR RÍOS.- Quiero aclarar que si eso fue lo que se entendió de mis palabras, me equivoqué. No afirmo que cuando un empresario va a una litis haya una presunción de culpa. Estoy diciendo que esta ley para nada condiciona al buen empleador que trabaja, por ejemplo, en Colonia, junto a sus trabajadores, ya que seguramente no será citado. Esos empresarios cumplidores no estarán sujetos a esta ley, la que se aplicará en situaciones de conflicto. Está claro que la presunción de culpabilidad no surge de esta norma en ningún momento. Creo que no se puede afirmar que esta ley tendrá como consecuencia que mañana cierren los tambos y se generen conflictos. Hay que poner las cosas en su lugar y no adjudicar a la ley más elementos de los que establece. Ahora bien, si queremos oponernos y decir que estamos conceptualmente en contra de un proceso autónomo por determinadas razones, habrá que respetarlo, pero por lo menos para este legislador, no está bien adjudicar a la ley aspectos que no menciona.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Quienes somos abogados y tenemos cierta experiencia en esto, hemos visto infinidad de veces que empresarios cumplidores son objeto de demandas judiciales y de reclamaciones de muchos rubros, que finalmente terminan siendo injustificadas porque no se pueden comprobar en los procesos. De modo que se da todo tipo de situaciones y eso hay que preverlo. Está claro que se presentan demandas debidamente justificadas y otras infundadas porque hay de todo en la tierra del Señor. Sin embargo, aquí tenemos que aprobar una ley que resuelva todos estos aspectos del mejor modo y que evite estar votando leyes para luego modificarlas rápidamente, algo que hemos estado haciendo y que señalo frecuentemente. Con esta ley sucederá algo parecido a lo que ocurrió con la ley de tercerizaciones o con la ley de ordenamiento territorial, respecto a las cuales dijimos en su momento que se cometía un error y, efectivamente, luego de cierto tiempo debieron ser modificadas. En lo personal, creo que eso no es de buena técnica legislativa.

Hay otro aspecto que se mencionó hoy aquí -y que no comparto en absoluto-, por el que se establece que cuando hay terceros que pueden ser objeto de la demanda por los rubros que se reclaman, estos deben ser individualizados en la conciliación administrativa. Sin embargo, en el texto final de la ley, en la instancia de la audiencia, se excluye a la parte actora la posibilidad de reconvenir, dar noticia o emplazar a terceras personas. Esto quiere decir que cuando hay una demanda que se ha direccionado contra alguien que no es el responsable, este último no tiene la posibilidad de decir que el responsable es otro. Esta persona no puede hacer absolutamente nada y el juicio debe continuar hasta el final, incluso contra quien no tiene que ser demandado. Si esto sucede, quizás el perjudicado sea el propio trabajador, que terminará perdiendo el juicio porque el Juez podrá establecer que esa persona no tiene absolutamente nada que ver. Debemos tomar en cuenta que en la realidad económica de hoy, en la que el fenómeno de las tercerizaciones tiene una enorme difusión, todo esto podría conducirnos a resultados no deseados, no sólo para el patrón, sino también para el trabajador, que muchas veces no sabe ni para quién trabaja. Me refiero a esas grandes organizaciones que subcontratan ciertas áreas. Entonces, ¿por qué se establece que en la conciliación administrativa hay que individualizar a un tercero cuando luego se niega la posibilidad de emplazarlo o darle noticia? Esta es otra norma absolutamente contradictoria porque si en la conciliación administrativa se establece que, por ejemplo, el señor Presidente, Rafael Michelini, es quien debe esta demanda pero en realidad no lo es, se termina haciendo todo un proceso contra alguien que no es responsable. Esto no tiene ningún sentido y la disposición es absolutamente absurda. La verdad es que creo que esta disposición no es una garantía para nadie.

En síntesis, quiero decir que este proyecto de ley contiene errores sustanciales y que, por lo menos, nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia de que quienes estuvimos en la Comisión -me refiero a los señores Senadores Abreu, Sanguinetti y quien habla- dimos cuenta de eso. Lo mismo sucedió con la doctora Mangarelli y con los representantes del Instituto de Derecho Procesal de la UDELAR. Nadie puede pensar que este es un tema ideológico porque es de naturaleza jurídica. Lamentablemente, es una mala norma que ni siquiera servirá para los trabajadores. Me parece que debimos haber trabajado sobre la base del proyecto de la Suprema Corte de Justicia, que era notablemente superior al que consideramos en el día de hoy.

Por estas razones y todas las que expusiera el señor Senador Abreu, haciendo un análisis exegético artículo por artículo, vamos a votar en contra de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Miembro Informante; le recuerdo que le corresponden cinco minutos.

SEÑOR GARGANO.- Ante todo, quisiera dejar sentado -creo que lo han admitido todos los señores Senadores que intervinieron en nombre de la oposición, y aunque me parece que no lo oí muy claramente del señor Senador Moreira, sé que lo comparte- que, como decía el señor Senador Abreu, se trata de un procedimiento tuitivo. Traducido al lenguaje poético, como decía Antonio Machado, esto significa defender al más débil. Precisamente, el diccionario de la Real Academia Española establece que tuitivo quiere decir: "Que guarda, ampara y defiende". ¿A quién? Al más débil en la relación entre el trabajador y el patrón. El Derecho Laboral está hecho para eso, es decir, para amparar al más débil y, por eso, el señor Senador Abreu mencionó la palabra "tuitivo" en tres ocasiones.

Como hay mucha gente que no lee el diccionario de la Real Academia Española, a veces hay que traerlo para que quede constancia en la versión taquigráfica y la gente se entere de lo que determinado término quiere decir.

Por otro lado, quiero afirmar que el señor Senador Moreira acaba de decir algo que es inexacto. En el artículo 10, del Capítulo IV del proyecto original que se presentó en la Comisión, en materia de reconvención, citación y noticia de terceros, se decía: "En ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros". En la discusión que tuvimos en la Comisión se modificó este texto agregando lo siguiente: "Cuando por las circunstancias previstas en los artículos 3º y 6º de la presente norma, no haya mediado instancia de conciliación previa, el demandado, si entiende que existe un tercero responsable, al contestar la demanda podrá individualizarlo, pudiendo éste ser emplazado si así lo considera el actor.

En tal caso, aquél no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y deberá comparecer dentro del término de diez días hábiles, perentorios e improrrogables, por escrito en la misma forma prevista para la contestación de la demanda." Esto quiere decir que la objeción se recogió y se incluyó, de modo que lo que dijo el señor Senador Moreira es absolutamente inexacto. Es decir que si no lo pudo hacer en la audiencia previa y al contestar la demanda individualizó a un tercero, se recoge la posibilidad de que el actor esté amparado y actúe contra un tercero.

En definitiva, no entiendo nada; solo entiendo lo que dice esta ley.

17) DECLARACION SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- La Presidencia informa que acaba de repartirse una declaración firmada por los integrantes del Partido Colorado y del Partido Nacional sobre el tema Honduras, a fin de que los señores Legisladores tomen conocimiento.

18) PROCESOS LABORALES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Continuamos con la consideración del tema de procesos laborales.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Debo decir que en cuanto a la definición de la palabra "tuitivo" estamos de acuerdo, pero esta norma me parece mucho más intuitiva que tuitiva.

El artículo 10 empieza diciendo: "En ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros". Este es un principio general. El texto continúa de la siguiente manera: "Cuando por las circunstancias previstas en los artículos 3º y 6º de la presente norma, no haya mediado instancia de conciliación previa"; es decir que refiere a una instancia de conciliación. Cuando sí existe esa instancia, vale lo del principio, o sea que en ningún caso procede la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros. Insisto en que si medió una conciliación previa, aunque se haya denunciado, lo que vale es la primera frase del artículo. ¿Qué quiere decir "en ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros"?

A esto se agrega la frase que comienza: "Cuando por las circunstancias previstas en los artículos 3º y 6º de la presente norma, no haya mediado instancia de conciliación previa"; esto es algo totalmente absurdo. Es obvio que no hubo ninguna oportunidad de decir que había un tercero, pero sigue sentado el principio general de que en ningún caso procederá la reconvención, el emplazamiento o la noticia de terceros. Esto lo dice la norma y me exime de mayores comentarios, por lo que sigo sosteniendo lo que ya dije. Lo que sucede es que salvaron una contradicción que era muy manifiesta y que hicimos saber de mil maneras posibles. En definitiva, el principio general asentado en la primera frase de este artículo sigue plenamente vigente. En todo caso, el señor Senador Gargano puede recurrir a su diccionario y verá lo que quiere decir "en ningún caso".

SEÑOR RAMELA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAMELA.- Lamentablemente no participé de la Comisión, pero he notado que hubo un trabajo muy interesante y se han recibido opiniones muy valiosas respecto de este tema. Creo que también ha quedado muy claro, a través de las palabras de los señores Senadores, que no hay una discrepancia en el fondo o en la intención de este tema en cuanto a tratar de acortar los plazos procesales y a pretender que los trabajadores, como parte eventualmente más débil -lo son en general, pero no siempre-, tengan todas las garantías y un proceso acorde a la necesidad de su derecho que muchas veces tiene una naturaleza de tipo alimentaria.

Debo decir que no soy como el doctor Sanguinetti que en una segunda o tercera encarnación fue abogado; soy abogado en esta vida y ejerzo plenamente mi profesión. Quienes vivimos del Derecho sabemos que los plazos constituyen una tremenda injusticia en todo nuestro Derecho, y es una situación que se da en todas las disciplinas que podamos imaginar. A modo de ejemplo, en Uruguay hay personas presas que están cuatro o cinco años sin sentencia ni acusación fiscal, y en los asuntos de familia hay esperas de uno o dos años para fijar pensión. Es decir que este no es un tema exclusivo del Derecho Laboral, más allá de que por la situación del trabajador tiene una importancia especial. Puedo señalar que en mi estudio tengo un récord difícil de igualar: me refiero a un juicio que empezó mi abuelo, lo siguió mi padre y recién lo terminé yo 29 años después. En este momento, intervengo en un proceso que se inició en el año 2000 y todavía no ha concluido la audiencia preliminar. Con esto quiero decir que se trata de un tema muy real.

Me parece que hay una excelente intención de todas las partes, pero también entiendo que con voluntarismo las cosas no se arreglan. Participo más de la teoría de que acortando siete u ocho días por acá y cinco por allá, se consigue poca cosa; si los juicios en materia laboral están durando dos años, durarán un año y ocho meses. El tema está en el funcionamiento del Poder Judicial, en sus recursos, en su estructura y en el cumplimiento de las normas que en definitiva no se cumplen.

No me parece lo esencial ahora entrar en un análisis del articulado, porque ha habido muy buenos comentarios previos y análisis puntuales de algunas normas. Creo que no debemos perder garantías, porque el Derecho las necesita, y al sacarlas no siempre se beneficia al actor, en este caso el trabajador. Además, va en contra de la esencia de un Estado de Derecho quitar garantías procesales.

Lo que quiero marcar significativamente para cerrar mi exposición es que como abogado sé -toda la vida lo hemos escuchado- que siempre hay dos bibliotecas y que nada es blanco o negro. Obviamente todos se pueden sentir asistidos por la razón en el debate que se da hoy en este ámbito. De todos modos, creo que la Bancada oficialista debería considerar -no porque pueda ser convencida por la oposición ya que eso, según mi corta experiencia en este ámbito, ocurre muy poco o nunca- que, en materia de Derecho Procesal, la opinión de quienes conocen en la materia, saben y son realmente expertos, no puede ser desechada. Claramente, en estas materias más que en ninguna -y esto no significa negar la representación de este Parlamento, de este Senado ni la jerarquía de quienes lo integran- existen órganos e institutos especializados cuya opinión tiene un peso considerable y, entonces, creo que no hace bien la Bancada oficialista al no tenerla en cuenta.

Como ha existido algún contrapunto a propósito de quién apoya o no apoya esta iniciativa, voy a permitirme leer parte de la exposición del doctor Abal Oliú, prestigiosísimo abogado integrante del Instituto de Derecho Procesal quien, además, es muy conocido por su participación permanente en todo foro académico o docente que se organice. Tal como consta en el repartido que tengo en mi poder, expresó: "En ese sentido, nosotros," -se está refiriendo a los integrantes del Instituto de Derecho Procesal- "los Magistrados laborales reunidos en su totalidad," -o sea que estamos hablando de todos los Jueces laborales- "yo diría que por lo menos la mitad de los docentes de Derecho Laboral sustancial de la Facultad de Derecho y, además, los miembros de la Suprema Corte de Justicia en pleno, creemos que el proyecto de ley que ésta ha presentado" -es decir, la Suprema Corte de Justicia; va de suyo que aunque haya concurrido un solo integrante, el proyecto que trajo no lo elaboró en su casa sino que fue aprobado por el órgano correspondiente- "recoge lo esencial de lo que el Parlamento persigue en esta instancia y mejora en mucho -insisto en esto-" -son palabras textuales del doctor Abal Oliú- "una iniciativa que, de aprobarse en la forma propuesta originalmente, puede ser un verdadero fracaso para lo que se pretende lograr".

Creo que hay pocos casos en los que los Magistrados laborales en su totalidad, el Instituto de Derecho Procesal y la Suprema Corte de Justicia digan a un Parlamento -más allá de que este es totalmente soberano- que se está equivocando y, sin embargo, este haga oídos sordos y ni siquiera se tome más tiempo para analizar una iniciativa de esta naturaleza. No quiero hablar de cómo podría calificarse esa actitud, pero creo que los Legisladores oficialistas deben tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia no es el mapa de los partidos de la oposición; que menos lo son los Magistrados laborales y que tampoco lo son los miembros del Instituto de Derecho Procesal. Considero que en este pronunciamiento hay una categoría técnica, profesional y académica, que debería llevar a la Bancada oficialista, más allá de poder aplicar como tantas veces su mayoría, a tener en cuenta lo que piensan los especialistas en la materia, que para algo existen y son convocados.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: simplemente quisiera hacer una aclaración.

Creo que el Instituto del Derecho Laboral y los Magistrados que en materia laboral desarrollaron este proyecto -inclusive los que nombró la Suprema Corte de Justicia- estuvieron de acuerdo con él. Sinceramente, no sé de dónde se extrae que todos los Magistrados de Derecho Laboral están en contra de esta iniciativa. Hemos demostrado que la especialista que trabajó en este tema, la Ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Laboral, doctora Rossi, que fue quien informó a la Suprema Corte de Justicia, está de acuerdo con este proyecto de ley. Por lo tanto, me parece que se trata de una construcción en el aire, hecha para demostrar no sé qué.

Quiero citar la opinión de los especialistas que estuvieron presentes en la Comisión, entre ellos el doctor Héctor Zapirain, quien fue el inspirador de la construcción del informe que elaboramos y de lo que expusimos en la Comisión. Se trata de una elaboración cuidadosamente hecha que, efectivamente, está a favor de los trabajadores, acortando los plazos y modificando la situación actual para beneficiar a los más débiles. Eso está claro. Se dice que no; lo veremos. Nosotros vamos a apoyar el proyecto de ley porque creemos que es bueno, y sabemos que hay otros que no creen en esto, dicho esto con todo respeto por la ilustración de los procesalistas. En algún momento -ya lo señalé en mi exposición inicial-, vamos a hablar sobre el Código General del Proceso, porque cuando se aprobó recibí el asesoramiento de un Ministro del Tribunal de lo Contencioso Amdinistrativo y que no fue Ministro de la Suprema Corte de Justitica porque en la Asamblea General se dictaminó que los 60 días no comenzaban a contarse desde el día en que cesaba el anterior sino al día siguiente. También me viene a la memoria la noche en que se paró el reloj de Sala; son de esas cosas formidables que se hicieron en las Legislaturas anteriores. Lo cierto es que por ese motivo a esta persona le fue impedido ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia. Algunos señores Senadores se sonríen, pero la verdad es que se hicieron cosas terribles.

Aclaro que no estoy contestando ninguna alusión ni voy a contestar ninguna que pueda hacerse porque, a mi juicio, está más que demostrado que el proyecto de ley es bueno, sirve y va a ayudar a los más débiles. Ese es el quid de la cuestión. Ya veremos todo lo que se trabaje por otro lado y cómo cambiar algo de aquel Código General del Proceso que instrumentó algunas cosas que en general defiendo porque respeto mucho el trabajo de los abogados. Advierto que también trabajé dieciocho años del otro lado de la baranda y tengo aprobado el 40% de la carrera de abogado, lo que no quiere decir que sepa mucho; de todos modos, el sonido de la guitarra lo sigo. Indudablemente, dieciocho años detrás de la baranda dan un poco de tiempo para conocer quién es quién y qué dice cada quien.

Muchas gracias.

SEÑOR RAMELA.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAMELA.- Señor Presidente: deseo aclarar que la fuente de mi información es el distribuido Nº 3183/2009, de 26 de mayo de 2009. Por lo tanto, al señor Senador que dice que no sabe de dónde salen estas construcciones, le explico que estoy leyendo textualmente las palabras del doctor Abal Oliú, quien creo merece el respeto de este Senado.

Por otro lado, deseo señalar que en las pocas veces en que he ocupado esta banca y he hecho uso de la palabra, siempre ha surgido algún señor Senador -casi siempre el mismo- que interpreta que cuando uno adopta una posición y opina con respeto, tratando de marcar su postura, lo hace, en otra oportunidad, porque estaba a favor de Pinochet o, ahora, porque de alguna manera está en contra de que se proteja a los trabajadores. Esa esencia totalitaria del Senador que acaba de hablar, propia de personas que no merecen estar sentadas en este Recinto…

(Manifestaciones en Sala)

-A mí también me puso el pueblo en carácter de suplente y no tengo por qué aceptar que cada vez que hablo se sostenga que quiero perjudicar a Tal o reivindicar a Cual. Al señor Senador Gargano lo puso el pueblo en este Senado, y a los que opinamos en contra, también. Él no tiene por qué quitarnos autoridad y legitimidad de opinar y de decir lo que pensamos, atribuyéndonos siempre intenciones contrarias a lo que supuestamente él quiere defender. Por más que haya algunos que levanten la voz y se molesten, saben muy bien que quien se ha equivocado más de una vez ha sido el señor Senador Gargano.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- No he tenido oportunidad de intercambiar ninguna opinión con el Senador preopinante en esta Sala, salvo cuando en otra oportunidad en la que también ocupó la banca -no recuerdo cuando fue-, sin que yo hubiera dicho nada, me atacó directamente y habló de la misma forma en que lo hizo ahora: insultándome y dejando de lado el buen método para las relaciones entre las personas, especialmente, entre los Legisladores. Lo que escuchamos es el insulto pero no el argumento. Eso ocurre una, dos y tres veces; parece que tiene algo especial contra mí, cuando no lo conozco, nunca tuve relación con él, nunca discutí con él, jamás hablé de nada con él ni tuve contacto de ningún tipo en mis tres años al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aclaro que tampoco lo tuve en la etapa anterior cuando también fui Legislador.

En definitiva, señor Presidente, tomo las palabras como de quien vienen y creo que se califican por sí solas. He respetado a todos los señores Senadores y a todas las señoras Senadoras y no he insultado a nadie. Sin embargo, este señor ha venido a insultarme y no a argumentar. No sé por qué ha hecho esa tarea, pero lo ha hecho mal.

Aquí no se debe venir a insultar, sino a argumentar y demostrar que se tiene razón. Lo que he hecho es aportar argumentos; puedo estar equivocado y, por supuesto, otros pueden tener razón, pero lo decidió la mayoría de la gente. Esta ley, entonces, va a salir adelante pese a los insultos y a los agravios de los que se nos hace objeto para que reaccionemos insultando. No lo vamos a hacer porque eso sería ponernos a la altura de quien hace este tipo de acosos en este Recinto. Además, no entramos en provocaciones; no voy a entrar en provocaciones. Lo que se quiere es provocar para que esto no salga y, pese a las provocaciones, va a salir. Los que recurren a esa metodología se van a tener que guardar los insultos y los agravios porque ese tipo de cosas aquí no pesan. A mí no me pesan.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- La Presidencia pide disculpas, pero al no haber más anotados para referirse al proyecto de ley a consideración, no tiene más remedio que dar por concluido este incidente porque, de otra manera, habrá réplicas una y otra vez, lo que puede dar lugar a que esta sesión llegue incluso hasta las doce de la noche.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-15 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

Ha llegado a la Mesa una moción del señor Senador Ríos para que se suprima la lectura del proyecto de ley y se vote en bloque.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1º al 32.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: voy a ser sumamente breve. Me parece muy importante inscribir este proyecto de ley que acabamos de aprobar dentro de un conjunto de normas que tienen que ver con la legislación laboral y que se han ido aprobando en el proceso de Gobierno actual, que van en defensa de los trabajadores y que tienden a destruir el proceso de flexibilización y desregulación laboral implementados en su debido momento. Esto, sin ninguna duda, significó el pasaje de miles de millones de dólares de un bolsillo a otro a raíz de esos procesos implementados en su debido momento.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

-Quiero decir, señor Presidente, que me parece realmente impactante la frase del maestro Eduardo Couture: "Quien no puede esperar, se sabe de antemano derrotado". Por eso, los trabajadores se ven forzados a aceptar cualquier arreglo por poco o nada equitativo que fuere, con tal de disponer de algún dinero en un breve plazo. Esta frase dicha por un maestro, realmente resume la experiencia acumulada de miles y miles de trabajadores que han pasado por estas circunstancias. No podemos descartar que algunos hayan aprovechado incorrectamente las leyes elaboradas, pero la experiencia acumulada de la clase obrera uruguaya revela que esta es la realidad y por suerte hemos tenido y tenemos maestros de la talla de Couture que se han puesto, diría, del lado de los más infelices, como así lo quiso Artigas.

Gracias, señor Presidente.

19) INSTITUTO NACIONAL DE CARNES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se considera en forma urgente la Carpeta Nº 1536/2009, Distribuido 3215/2009, por la cual se faculta al Instituto Nacional de Carnes a conceder quitas y a reducir recargas e intereses por mora para facilitar el cobro de multas.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuyo tratamiento urgente fue votado: "Proyecto de ley por el que se faculta al Instituto Nacional de Carnes a conceder quitas y a reducir recargas e intereses por mora para facilitar el cobro de multas. Carp. Nº 1536/09 - Dist. Nº 3215/09".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1536/09

Distr. N° 3215/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Autorízase al Instituto Nacional de Carnes a conceder quitas de multas aplicadas hasta la fecha de vigencia de esta ley de conformidad con lo establecido en el numeral 7) del literal A) del artículo 3° y en el artículo 28 del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984, y a reducir los correspondientes recargos e intereses de mora aplicables, por pago contado o de conformidad al régimen de facilidades a que se refiere el artículo 3° de la presente ley.

Artículo 2°.- En caso de pago contado, las quitas de multas y la reducción de recargos e intereses por mora calculados a la fecha de su efectivo pago no podrán exceder el 50% (cincuenta por ciento) de sus respectivos montos.

Artículo 3°.- En caso de facilidades de pago, las quitas de multas y la reducción de recargos e intereses por mora calculados a la fecha de celebración del respectivo convenio no podrán exceder el 30% (treinta por ciento) de sus respectivos montos.

El monto resultante podrá ser pagadero hasta en treinta y seis cuotas calculadas en UR (unidades reajustables), con un interés anual del 6% (seis por ciento) hasta la extinción total de la obligación.

El otorgamiento de las facilidades de pago no obstará el mantenimiento de las medidas adoptadas en el juicio ejecutivo promovido por el Instituto Nacional de Carnes contra el deudor a fin de asegurar el cobro de la multa objeto del régimen de facilidades previsto en esta ley.

Artículo 4°.- Los convenios de pago suscritos al amparo del régimen de facilidades previsto en el artículo anterior, caducarán por falta de pago de dos cuotas sucesivas.

En el caso referido en el inciso precedente, se hará exigible la totalidad del saldo impago mediante el inicio o la continuación de los procedimientos de ejecución previstos en el artículo 21 del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984.

Artículo 5°.- A los efectos de acceder a los beneficios previstos en esta ley, los deudores de multas deberán presentar su solicitud ante el Instituto Nacional de Carnes dentro de los ciento veinte días posteriores a la fecha de la reglamentación y ajustarse a las condiciones previstas en la misma.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará el régimen de la presente ley, dentro de los treinta días de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 2 de junio de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario.

Comisión de Hacienda

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes ha considerado y aprobado el proyecto de ley por el cual se autoriza al Instituto Nacional de Carnes a conceder quitas y a reducir recargos e intereses de mora a efectos de facilitar el cobro de multas.

El Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984, en su artículo 3° establece las competencias del INAC, entre las que se encuentra la determinación, imposición y ejecución de sanciones por violación de las normas legales o reglamentarias en materia de faena y comercialización interna y externa.

El problema que nos ocupa y que afecta a gran número de situaciones, en su mayoría pequeñas carnicerías del interior del país, es que con el paso del tiempo y sin haberse podido pagar la multa, esta, conjuntamente con los recargos, se transforma en importes incobrables.

De un total de 9.529 multas aplicadas en el período 1984-2008, 2.122 no han sido pagadas, lo que representa el 22% del total.

Estas situaciones originan embargos genéricos, por lo que no hay remate de bienes, pero traban futuras operaciones y se vuelven muy difíciles de sanear, aun en deudores que demuestran voluntad de pago.

El INAC no puede realizar quitas por sí, sin marco legal habilitante, por lo que se propone en este proyecto de ley habilitar al organismo a realizar quitas y reducir recargos para aquellos deudores que con voluntad de pago, convengan con este.

Es así que el proyecto en consideración habilita al INAC a otorgar quitas de hasta en un 50% sobre multas y recargos, si el deudor paga al contado, y de hasta un 30% en caso de pactarse convenios. En este último caso, se pueden otorgar convenios hasta en 36 meses en Unidades Reajustables, con el interés del 6% anual. El proyecto prevé que el convenio caiga por falta de pago de dos cuotas sucesivas, haciéndose exigible entonces la totalidad del saldo impago.

Se establece que los deudores deben presentar ante el INAC su solicitud para acogerse a los beneficios de esta ley en un plazo de 120 días con posterioridad a la reglamentación que realizará el Poder Ejecutivo.

Finalmente, se concede al Poder Ejecutivo un plazo de 30 días para la reglamentación de la presente norma.

Dada la intención de este proyecto que busca por un lado posibilitar que el Estado cobre importes que parecen incobrables y por otro que otorga al deudor con voluntad de pago la posibilidad de extinguir sus obligaciones en situación más benévola, aconsejamos al Cuerpo la aprobación del mismo.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2009.

Silvana Charlone, Miembro Informante; Alfredo Asti, Oscar Groba, Gonzalo Mujica, Mary Pacheco, Pablo Pérez González, Philippe Sauval.

ANTECEDENTES

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 23 de marzo de 2009.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Sr. José Mujica

El Poder Ejecutivo tiene el honor de enviar a ese Alto Cuerpo, el presente proyecto de ley destinado a facilitar el cobro de multas por parte del Instituto Nacional de Carnes.

En ese sentido cabe destacar que ese Instituto fue creado con el cometido de proponer, asesorar y ejecutar la política nacional de carnes determinada por el Poder Ejecutivo, poseyendo entre sus cometidos, la determinación, imposición y ejecución de las sanciones por violaciones a las normas legales y reglamentarias, en lo que tiene que ver con la materia de faena y comercialización interna y externa de carne y sus subproductos.

Según datos aportados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el régimen sancionatorio se aplica a un amplio espectro de empresas que integran los distintos eslabones de la Cadena Cárnica, así como a un importante número de personas, que sin estar constituidas como empresas del sector cárnico infringen las normas sujetas al contralor del Instituto, destacando que la mayoría de las sanciones que aplica el Instituto en el marco de dicho régimen sancionatorio está constituido por multas.

Habiéndose efectuado un relevamiento respecto del efectivo cumplimiento de las multas, se ha constatado que aproximadamente un 25% del número total de multas aplicadas desde 1984, se mantiene pendiente de pago.

Si bien en los últimos años se aprecia un mejor cumplimiento de las multas, existen períodos que se corresponden a los años en los que repercutió con mayor intensidad la crisis del año 2002, en que el porcentaje de incumplimientos ha sido sustancialmente mayor que el promedio (las multas aplicadas en el período 2002/2004 presentan un 46% de morosidad).

Debe tenerse en cuenta asimismo que el Instituto efectúa en todos los casos intensas gestiones extra judiciales, intentando el cobro de multas, y promoviendo las respectivas sanciones judiciales cuando dichas gestiones no arrojan resultados favorables. Es así que la gran mayoría de los deudores de multas pendientes de pagos, se encuentra sujetos a embargos genéricos.

Es preocupación de esta Administración dado el alto porcentaje de morosidad, otorgarles entonces a esos infractores una posibilidad de pago que redundaría en beneficio para ambas partes.

Por estos motivos, se entiende conveniente autorizar al Instituto Nacional de Carnes, a conceder quitas de multas y a reducir recargo e intereses por mora aplicables, por pago contado o de conformidad a un régimen de facilidades de pago.

A estos efectos se adjunta el presente proyecto de ley.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Ernesto Agazzi, Ricardo Bernal, Gonzalo Fernández, José Bayardi, Marina Arismendi, Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Héctor Lescano, Jorge Bruni, Daniel Martínez, María Simon, Alvaro García, Carlos Colacce.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Autorízase al Instituto Nacional de Carnes a conceder quitas de multas aplicadas hasta la fecha de vigencia de esta ley de conformidad a los Arts. 3°, literal A), numeral 7 y Art. 28 del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984, y a reducir los correspondientes recargos e intereses de mora aplicables, por pago contado o de conformidad al régimen de facilidades a que se refiere el Art. 3° de la presente ley.

Artículo 2°.- En caso de pago contado, las quitas de multas y la reducción de recargos e intereses por mora calculados a la fecha de su efectivo pago, no podrán exce-der el 50% (cincuenta por ciento) de sus respectivos montos.

Artículo 3°.- En caso de facilidades de pago, las quitas de multas y la reducción de recargos e intereses por mora calculados a la fecha de celebración del respectivo convenio, no podrán exceder el 30% (treinta por ciento) de sus respectivos montos.

El monto resultante podrá ser pagadero hasta en 36 (treinta y seis) cuotas calculadas en UR (Unidades Reajustables), con un interés anual de 6% (seis por ciento) hasta la extinción total de la obligación.

El otorgamiento de las facilidades de pago no obstará el mantenimiento de las medidas adoptadas en el juicio ejecutivo promovido por el Instituto contra el deudor a fin de asegurar el cobro de la multa objeto del régimen facilidades previstos en esta ley.

Artículo 4°.- Los convenios de pago suscritos al amparo del régimen de facilidades previsto en el artículo anterior, caducarán por falta de pago de dos cuotas sucesivas.

En el caso referido en el inciso precedente, se hará exigible la totalidad del saldo impago, mediante el inicio o la continuación de los procedimientos de ejecución previstos en el Art. 21 del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984.

Artículo 5°.- A los efectos de acceder a los beneficios previstos en esta ley, los deudores de multas deberán presentar su solicitud ante el Instituto Nacional de Carnes, dentro de los 120 (ciento veinte) días posteriores a la fecha de la reglamentación y ajustarse a las condiciones previstas en la misma.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo reglamentará el régimen de la presente ley, dentro de los 30 (treinta) días de su promulgación.

Artículo 7°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Ernesto Agazzi, Ricardo Bernal, Gonzalo Fernández, José Bayardi, Marina Arismendi, Víctor Rossi, María Julia Muñoz, Héctor Lescano, Jorge Bruni, Daniel Martínez, María Simon, Alvaro García, Carlos Colacce.

DISPOSICION CITADA

DECRETO LEY N° 15.605,

DE 27 DE JULIO DE 1984

Artículo 3°.- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto Nacional de Carnes ejercerá en la materia de su competencia, todos los cometidos conducentes a ellos, y especialmente:

El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente:

A) En la comercialización:

1) La orientación de las actividades comerciales a través de la compilación y difusión de datos y estudios de mercados, procurando la ampliación de los mercados exteriores y la coordinación de las políticas de flete y almacenaje.

2) El registro, autorización previa y contralor de los negocios de exportación, procurando la optimización de los valores de realización y salvaguardia de la imagen nacional en los mercados compradores, debiendo el Instituto fijar los precios de orientación.

Podrá actuar como gestor directo en negocios de exportación, en los casos en que su intervención responda a exigencias de los mercados compradores u obedezca a otras razones de interés general.

3) La fijación de normas de calidad y especificaciones técnicas a fin de orientar las exportaciones hacia niveles de calidad comercial aceptable; la organización y cumplimiento del control oficial de calidad comercial de las exportaciones del sector, y el establecimiento de regímenes específicos de certificación de calidad que soliciten en cada caso los exportadores.

La autorización previa y la constancia de control oficial de calidad comercial serán requisitos indispensables para habilitar la exportación.

4) La habilitación, registro y control de los medios de transporte.

5) La habilitación, registro y control de carnicerías y locales de venta al consumidor.

6) La instrumentación y control de movimientos procedencia y destino de los productos.

7) La determinación, imposición y ejecución de las sanciones por violación a las normas legales y reglamentarias en materia de faena y comercialización interna y externa.

8) La aprobación de sistemas de tipificación y normalización de productos.

9) La adopción de las previsiones necesarias para asegurar la satisfacción de las necesidades del consumo en períodos de baja oferta, como así también cuando fuere necesario para mantener el abasto, realizar faenas utilizando la o las plantas que mejores condiciones le ofreciese.

B) En la industrialización:

1) El registro y control de faenas e industrialización de productos.

2) La orientación y vigilancia en materia de ingeniería civil, industrial, de construcción y de procesos, y la autorización previa y preceptiva de los proyectos de construcción, ampliación, reconstrucción y modificación de establecimientos.

3) La sistematización de controles en materia tecnológica.

4) La vigilancia del funcionamiento de las empresas del sector realizando su análisis económico-financiero y de costos a nivel individual y global.

C) En general:

1) Asesorar al Poder Ejecutivo y a todo otro órgano de gobierno previa y preceptivamente en todos los aspectos relacionados con la materia de su competencia.

2) Cumplir tareas de investigación y asesoramiento a las empresas del sector en los aspectos comercial, económico-financiero, tecnológico y además de interés general que propendan a una mayor eficiencia y capacitación de la actividad privada.

3) Ejercer todos los actos civiles y comerciales convenientes para la prosecución de sus objetivos.

4) Cumplir los demás cometidos que le asigne el Poder Ejecutivo.

Artículo 21.- Serán competentes para entender en la ejecución judicial de las multas que aplique el Instituto Nacional de Carnes, en todos los casos los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil de Montevideo.

La ejecución se deducirá con testimonio de la resolución correspondiente la que tendrá carácter de título ejecutivo y se tramitará en lo pertinente de acuerdo al procedimiento establecido en los numerales 2°, 3° y 4° del artículo 32 de la Ley N° 10.940, de 19 de setiembre de 1947 y concordantes siendo la aplicación el recargo previsto por el artículo 45 de la Ley N° 12.802, de 30 de noviembre de 1960 cuyo producto se destinará al Organismo.

Artículo 28.- El Organismo que se crea será el sucesor universal de los cometidos y atribuciones de la entidad pública no estatal "Instituto Nacional de Carnes (INAC)" a que refieren los Decretos 601/967 de 8 de setiembre de 1967; 464/968 de 24 de julio de 1968; 609/698 de 8 de octubre de 1968; 172/973 de 1° de marzo de 1973; 202/973 de 20 de marzo de 1973; 730/973 de 7 de setiembre de 1973 y sus concordantes y de la "Comisión Administradora de Abasto (CADA)" a que refieren los Decretos 105/969, de 21 de febrero de 1969; 545/969, de 3 de noviembre de 1969; 848/971, de 16 de diciembre de 1971; 884/973, de 18 de octubre de 1973 y sus concordantes, y le quedarán afectados de pleno derecho sus recursos, bienes, personal, derechos y obligación, quedando de pleno derecho suprimidas dichas entidades.

Fuente: Inciso 2°) derogado por: Ley N° 16.170, de

28/12/1990 artículo 684."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: voy a ser muy breve porque es un proyecto de ley muy sencillo que viene con media sanción de la Cámara de Representantes.

En el día de ayer los señores Senadores de la Comisión de Hacienda nos pusimos de acuerdo en aprobar este proyecto de ley y pedir que en la sesión de hoy se tratara en forma urgente, porque existen algunos acuerdos de convenios entre INAC y los particulares que fueron sancionados para poder corregir esta situación.

Mediante este proyecto el Poder Ejecutivo pretende facilitar el cobro de multas por parte de INAC. Recuerden que esta Institución fue creada por la Ley Nº 15.605 en la cual se establecen, entre otros cometidos, la determinación, imposición y ejecución de sanciones por violación de las normas legales o reglamentarias en materia de faena y comercialización interna y externa de carnes y sus subproductos.

Es de destacar que la mayoría de las sanciones aplicadas por INAC son multas y que, en un relevamiento realizado respecto al cumplimiento del pago de las mismas, se ha dejado constancia de que el 22% del total de las multas aplicadas desde 1984 se mantiene pendiente de pago. Sin perjuicio de ello, se constatan períodos en los que, en mayor intensidad, han sido otros los incumplimientos. Existen muchos embargos genéricos por parte de INAC a consecuencia de los fracasos en las negociaciones extrajudiciales que se lleva a cabo con los deudores. Es importante el grado de morosidad, por lo tanto, lo que más le interesa a INAC es otorgar una posibilidad de pago que redunde en un beneficio para ambas partes.

El articulado de este proyecto de ley está compuesto por seis artículos. A través del artículo 1º se autoriza a INAC a conceder quitas de multas aplicadas y a reducir los recargos e intereses de mora.

En el artículo 2º se establecen límites a las quitas y reducciones establecidas en el artículo anterior, cuando éstas son calculadas a la fecha de su pago efectivo, lo cual no podrá exceder el 50%.

El artículo 3º indica que cuando se otorguen esas facilidades de pago, y fueran calculadas a la fecha de celebración del referido convenio, no podrán exceder el 30%. El monto restante podría pagarse en cuotas expresadas en UR y con un interés anual del 6%. El inciso tercero establece que esta facilidad no obstará el mantenimiento de las medidas adoptadas en el juicio ejecutivo promovido por INAC.

Por su parte, en el artículo 4º se fija un plazo de caducidad ante el incumplimiento de la obligación de pago, en dos cuotas consecutivas, por parte del deudor, lo cual hace exigible el total del saldo.

En el artículo 5º se regula la formalidad que debe cumplir el deudor a fin de obtener los beneficios correspondientes y, por último, el artículo 6º establece que el Poder Ejecutivo reglamentará el plazo de esta ley dentro de los treinta días de su promulgación.

De acuerdo a lo que acabo de informar, la Comisión recomienda al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR GAMOU.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1º al 6º del proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

20) DECLARACION SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Han llegado a la Mesa dos declaraciones sobre la situación de Honduras: una de ellas llegó a la hora 10 y 41 minutos, firmada por las señoras y señores Senadores del Frente Amplio y la otra, a la hora 12 y 23 minutos, firmada por los señores Senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado.

La Mesa, luego de una rápida lectura, advierte que existe una diferencia mínima entre ambas declaraciones, ya que la del Partido Nacional incorpora dos conceptos, uno de los cuales, al menos, no se encuentra en la del Frente Amplio. Me refiero al del marco de la vigencia del Derecho Internacional y al del principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: en realidad, hay más diferencias entre ambas declaraciones. Concretamente, en la declaración presentada por los integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado se elimina el párrafo que figura en la del Frente Amplio y que dice: "Llama asimismo a respaldar la unánime declaración de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos como base para proseguir eliminando las agresiones a las libertades democráticas en todo el mundo". Realmente, creemos que este es un elemento importante.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: consideramos que nos estamos complicando innecesariamente. La declaración debe expresar la profunda preocupación ante la grave crisis derivada del quiebre institucional en la República de Honduras, producida por un Golpe de Estado que desconoce la voluntad popular, y hacer un llamamiento a las fuerzas políticas y a todos los organismos internacionales competentes -en este caso, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos- para que, respetando el principio de no intervención, realicen todos los esfuerzos necesarios a fin de generar el ámbito de diálogo indispensable para lograr en forma rápida y pacífica el reestablecimiento de un Gobierno democrático representativo en esa hermana nación.

Tratando de resumir una suerte de proyecto, primero hablamos del Golpe de Estado, del quiebre institucional y hacemos un llamamiento a todos los organismos internacionales, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas -es decir, al sistema interamericano, pero no tenemos por qué nombrar a cada uno de los organismos-, al respeto de la no intervención, y pedimos que se restablezca en forma inmediata y pacífica -esto último es lo que queremos- la estabilidad institucional en Honduras.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que en el planteo que hace el Frente Amplio hay algo que puede fácilmente motivar la adhesión del Partido Nacional. En definitiva, en la declaración de este último se hace énfasis en el principio de no intervención, con el que estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, creemos muy importante que los organismos internacionales se hayan pronunciado y que quede claro que no solo respaldan al Presidente Zelaya, sino que se oponen al Golpe de Estado y piden la inmediata restitución de su cargo. Esto es lo que se expresa en la declaración del Frente Amplio, entonces, no entiendo por qué no se acepta.

Por mi parte, no tengo inconveniente en suscribir el principio de no intervención e insertarlo en cualquier lugar de la declaración, pero siempre que se entienda que lo que hacen Naciones Unidas y la OEA cuando emiten su declaración no es intervenir en los asuntos internos, sino expresar su opinión sobre lo ocurrido. De otro modo, se podría entender que no se incluye lo referido a ambos organismos internacionales por creerse que eso es intervención en los asuntos internos de Honduras, cuando en realidad no es así. Entonces, reitero que podemos incluir perfectamente el principio de no intervención en nuestra pequeña declaración, que no hace más que fortalecer organismos como Naciones Unidas y la OEA, además de dar al gobierno de Zelaya la posibilidad de terminar su mandato. Sin duda, esto no es poca cosa en la América de hoy.

En definitiva, nos mantendremos en la posición señalada, accediendo sí a incorporar a nuestra declaración la referencia al principio de no intervención.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: no tenemos inconveniente en establecer el respaldo a la declaración de Naciones Unidas y de la OEA. Sin embargo, hacemos hincapié en la necesidad de que, en el contexto general de la declaración, quede claro que ella se realiza en el marco de la plena vigencia del Derecho Internacional y del principio de la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Esta es, para nosotros, la cuestión fundamental.

SEÑOR VAILLANT.- De acuerdo, señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Entonces, reiteramos que no tenemos inconveniente en incluir en la declaración que suscribimos también la emitida por Naciones Unidas y la OEA.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: por mi parte, se me ocurre que en el último párrafo del proyecto elaborado por la Bancada oficialista, podría decirse que se llama asimismo a respaldar, en el ámbito del principio de la no intervención, la declaración de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. Pero ¡cuidado! Una cosa es la declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas y otra, distinta, es el conjunto de resoluciones que está tomando la OEA, que incluye sanciones específicas al Gobierno usurpador de Honduras. Esto último no constituye una declaración. Entonces, es muy importante respaldar también las sanciones porque, en el ámbito de la no intervención, constituyen el único instrumento que va a tomar en cuenta el Gobierno ilegítimo de dicho país.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: con el mismo espíritu del señor Senador Abreu y teniendo en cuenta lo expresado, se me ocurre que la declaración planteada por la Bancada del Frente Amplio podría comenzar diciendo: "El Senado de la República Oriental del Uruguay, en el marco del respeto al derecho de no intervención, expresa su profunda preocupación ante la grave crisis derivada del Golpe de Estado en la República de Honduras", y luego conti-nuaría tal como está. De esta manera, quedaría absolutamente claro que es en el marco del principio de no intervención.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, la declaración diría: "El Senado de la República Oriental del Uruguay, en el marco del respeto al derecho de no intervención, expresa su profunda preocupación ante la grave crisis derivada del Golpe de Estado en la República de Honduras y llama a todas las fuerzas políticas y sociales a generar el ámbito adecuado capaz de restablecer la institucionalidad democrática de la nación hermana y el inmediato retorno del Presidente electo, Manuel Zelaya, así como las garantías de libertad y convivencia pacífica para su población dentro del Estado de Derecho. Llama asimismo a respaldar la unánime declaración de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos como base para proseguir eliminando las agresiones a las libertades democráticas en todo el mundo."

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

21) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar los asuntos que figuran en segundo y tercer término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 12 y 58 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 13 y 6 minutos)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).- El Senado, en sesión secreta, aprobó las solicitudes de venia de destitución elevadas por el Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

22) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Desde cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Penadés solicita licencia desde el 3 al 13 de julio del año en curso".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 1º de julio de 2009.

Señor Presidente del Senado,

D. Rodolfo Nin Novoa.

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. para solicitarle licencia, por razones personales, desde el 3 al 13 de julio del año en curso, inclusive.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente.

Gustavo C. Penadés. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda convocado el señor Ambrosio Rodríguez.

23) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 13 y 6 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Antía, Antognazza, Arana, Da Rosa, Dalmás, Gargano, Heber, Lapaz, Lorier, Moreira, Muguruza, Percovich, Pérez Antón, Ramela, Ríos, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Dr. Ernesto Lorenzo Prosecretario

Sr. Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.