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Nº 289 - TOMO 463 - 17 DE JUNIO DE 2009

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

19ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA SEÑORA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 27) Asuntos entrados

4) Proyecto presentado

- El señor Senador Francisco Gallinal presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 34 del Código Penal.

- Pasa a la Comisión de Constitución y Legislación.

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Mujica, Lara Gilene, Astori, Arana, Ríos y Alfie.

- Notas de desistimiento. Las formulan los señores Héctor Tajam, Carlos Gamou, Saúl Posada, Jorge Romero, Carlos Baráibar, Enrique Pintado, Enrique Rubio, José Bayardi, León Lev y Gonzalo Gaggero comunicando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria para integrar el Cuer-po.

7) Reducción de requisitos para dar clase de educación física en las escuelas

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Administración Nacional de Educación Pública y sus servicios Desconcentrados, a las gremiales de la enseñanza, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

8) Deserción en el Ciclo Básico

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Administración Nacional de Educación Pública y sus servicios desconcentrados, a las gremiales de la enseñanza, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

9) Conciliación de cursos y especializaciones entre la UTU y la Universidad de la República

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Administración Nacional de Educación Pública y sus servicios desconcentrados, a las gremiales de la enseñanza, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

10) Asociación Nacional de Afiliados (ANDA)

- Manifestaciones del señor Senador Lezama.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social, así como también al Banco de Previsión Social.

11) 245º Aniversario del Natalicio de José Artigas

- Manifestaciones del señor Senador Gargano.

12) Incorporación de Cuba a la OEA

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de la República de Cuba en el Uruguay y a la Embajada de Uruguay en Cuba.

13) Política Energética en Uruguay

- Manifestaciones del señor Senador Campanella.

14, 21 y 23) Adquisición de aviones destinados a la Fuerza Aérea

- Por moción del señor Senador Saravia, el Senado resuelve repartir y declarar urgente la consideración del proyecto por el cual se habilita al Ministerio de Defensa Nacional a contraer un préstamo con el Banco de la República para la compra de dos aeronaves CASA C-212 Serie 200.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Estado de Qatar, al doctor José Luis Remedi

- Concedida. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

16) Solicitud de Acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Bergamino

- Concedida. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Solicitudes de Acuerdo del Poder Ejecutivo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia, al doctor Hugo Cayrús

- Concedida. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar Fiscales Letrados adjuntos al doctor Francisco Ruggiero Navarra y a las doctoras Elisa Giselle Guper Silver, Fátima Paseyro Ocampo y Patricia María Marquisá Horgales

- Concedidas. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19 y 24) Negociación colectiva del sector público

- Por moción del señor Senador Vaillant el Senado resuelve repartir la Carpeta Nº 1053 de 2008 y declarar urgente la consideración del proyecto por el que se regulan las relaciones laborales en el sector público.

- Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20 y 22) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para conferir Ascensos al Grado de Coronel del Ejército Nacional a varios señores Tenientes Coroneles

- Concedidas. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

25) Ley General de Derecho Internacional Privado

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Solicitudes de Venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a dos funcionarios públicos

- La Cámara de Senadores, actuando en sesión secreta, ha concedido las venias solicitadas para destituir de sus cargos a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura y a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

28) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 15 de junio de 2009.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo miércoles 17 de junio, a la hora 9.30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con las solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de designar:

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Estado de Qatar, al doctor José Luis Remedi.

Carp. Nº 1528/09 - Rep. Nº 1070/09

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante al Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Bergamino.

Carp. Nº 1537/09 - Rep. Nº 1071/09

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia, al doctor Hugo Cayrús.

Carp. Nº 1527/09 - Rep. Nº 1069/09

2) Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a efectos de designar al doctor Francisco Ruggiero Navarra y las doctoras Elisa Giselle Guper Silver, Fátima Paseyro Ocampo y Patricia María Marquisá Horgales, como Fiscales Letrados Adjuntos.

Carp. Nº 1541/09 - Rep. Nº 1072/09

3) Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional a varios señores Tenientes Coroneles.

Carp. Nº 1509/09 - Rep. Nº 1066/09

4) Discusión general y particular del proyecto de ley por el que se aprueba la Ley General de Derecho Internacional Privado.

Carp. Nº 1461/09 - Rep. Nº 1068/09

5) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura (Plazo constitucional vence el 11 de agosto de 2009).

Carp. Nº 1516/09 - Rep. Nº 1073/09

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública - Centro Departamental de Treinta y Tres. (Plazo constitucional vence el 30 de junio de 2009). (Se incluye en el Orden del Día por disposición reglamentaria).

Carp. Nº 1478/09 - Rep. Nº 1052/09

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Antognazza, Bentancor, Campanella, Camy, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Lezama, Long, Michelini, Moreira, Muguruza, Oliver, Penadés, Rosadilla, Sanguinetti, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Arana, Astori, Fernández Huidobro, Lara Gilene, Larrañaga, Mujica, Percovich y Ríos; y, con aviso, el señor Senador Lorier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 40 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompañan los siguientes proyectos de ley:

- por el cual se prorroga por un plazo de veinticuatro meses la prohibición de importación de determi-

nados bienes muebles usados, dispuesta por la Ley Nº 17.887, de 19 de agosto de 2005.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Nery González Bermúdez.

- por el que se concede una pensión graciable al señor Alcides Vicente Silveira Montero.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite los siguientes Mensajes:

- por el que solicita la venia correspondiente para la renovación de los señores Coroneles en situación de retiro, don Alfredo Ramírez y don Juan Evia, y la designación del señor Coronel en situación de retiro don Roberto Severino Molina Umpiérrez, como Conjueces del Supremo Tribunal Militar.

- por el que solicita la venia correspondiente para designar a los señores Capitanes de Navío en situación de retiro don Juan A. Robatto y don César R. Schiaffino, como Conjueces del Supremo Tribunal Militar.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- por el que solicita la venia correspondiente para destituir de su cargo a una funcionaria de la Presidencia de la República.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

- Y comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se modifica la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, y el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, sobre prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

- por el que se declara la ciudad de Sarandí Grande, 10ª Sección del departamento de Florida como ‘Capital Nacional del Raid Hípico’.

- por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela relativo a la Nueva Televisión del Sur, suscrito en Montevideo, el 2 de marzo de 2005.

- por el que se designa ‘Puerto Sauce’ la Escuela Nº 39 de la ciudad de Juan L. Lacaze, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se establece el 28 de mayo de cada año como ‘Día del Trabajador de la Industria Frigorífica’.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley

- por el que se habilita al Inciso 03 ‘Ministerio de Defensa Nacional’ a contraer un préstamo con el Banco de la República Oriental del Uruguay, con destino a la unidad ejecutora 023 ‘Comando General de la Fuerza Aérea’, para la compra de dos aeronaves equipadas con sistemas complementarios de búsqueda de alta tecnología.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- por el que se dictan normas para la regulación y supervisión de los sistemas de compensación y liquidación de pagos y valores.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- por el que se designa ‘Hospital de Ojos José Martí’ el primer centro de referencia oftalmológica del país, ubicado en el predio del Hospital Gustavo Saint Bois.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación entre el Gobierno de la República Socialista de Vietnam y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, suscrito en la ciudad de Hanói, el 19 de noviembre de 2007.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- comunica que aprobó el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica, firmado en la ciudad de Lisboa, el 20 de setiembre de 2007.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

- y remite copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora Representante Nacional Paola Pamparatto relacionadas con la falta de una ambulancia en la ciudad de San Antonio, departamento de Salto.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informadas las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional a varios Tenientes Coroneles.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado el proyecto de ley por el que se aprueba la Ley General de Derecho Internacional Privado.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informadas las solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo a fin de designar:

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia al doctor Hugo Cayrús.

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Estado de Qatar al doctor José Luis Remedi.

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Bergamino.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las siguientes solicitudes de venia del Poder Ejecutivo:

- para designar como Fiscales Letrados Adjuntos a las doctoras Elisa Giselle Guper Silver, Fátima Paseyro Ocampo y Patricia María Marquisá Horgales y al doctor Francisco Ruggiero Navarra.

- para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

- para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Paysandú remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas:

- por el señor Edil Juan Villagra, exposición titulada ‘Necesidades de ambulancia y médicos residentes para el interior departamental’.

- por la señora Edila Patricia Vásquez, relacionada con la residencia médica en el interior.

- TENGASE PRESENTE."

4) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Francisco Gallinal presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 34 del Código Penal, modificando en términos relativos la edad de imputabilidad penal.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"Montevideo, 9 de junio de 2009.-

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por el presente proyecto de ley se pretende darle nuevo estado parlamentario a un antiguo proyecto presentado por el ex Senador Esc. Dardo Ortiz el 29 de julio de 1987. Posteriormente, se registran como antecedentes legislativos sendos proyectos de ley presentados por el ex Senador Esc. Pedro W. Cersósimo del mismo año, así como proyectos de los ex Representantes Nacionales Pablo Millor y Ruben Díaz, en 1987 y 2004 respectivamente así como el recientemente presentado ante la Cámara de Representantes en diciembre 2008, por los Diputados de Unidad Nacional.

Es notorio el incremento de la delincuencia juvenil en nuestro país, que se viene produciendo desde años anteriores con persistencia que no puede atribuirse únicamente a factores coyunturales y por tanto de esperada transitoriedad.

Esta delincuencia comprende especialmente las formas más violentas de los delitos contra las personas y la propiedad lo cual nos enfrenta con un grave problema y de alarmante generalidad.

Uno de los elementos que obstan a la justa y debida represión es la imputabilidad penal, que nuestro Código Penal (Art.34) establece en los 18 años de edad, realidad que este proyecto se propone modificar en términos relativos a los efectos de permitir que la justicia penal ordinaria alcance a quienes no obstante su temprana edad manifiesta un estado de madurez intelectual y social compatible en la imputación jurídica de sus actos criminales.

Es indudable que en la época en que se aprobó el Código Penal, hace 75 años, un joven de 18 años apenas había salido de la adolescencia. La sociedad que lo rodeaba, los ambientes que frecuentaba, los espectáculos que veía no eran como la actualidad propicios a considerar la violencia y el delito como ingredientes ineludibles de la vida, no existía en el país televisión, ni Internet con su preferencia actual por la exhibición pormenorizada de espectáculos en los que se muestra toda la gama de delitos, rodeando al que los ejecuta, la mas de las veces, de una aureola de popularidad, atrayentes para muchos jóvenes.

No se necesita mayor desarrollo para convenir en que, durante los últimos años se ha producido un brusco y acelerado cambio en el comportamiento social y en las actitudes individuales de los jóvenes, sin distinción de grupos o categorías, aunque cada unos de ellos pueda exhibir su propio cambio como particularidad distintiva. Determinados valores parecen haber entrado en crisis definitiva, sustituidos por otros caracteres irreversibles. La intensa liberalización y cambios y en las costumbres han permitido al joven de hoy acceder muy tempranamente a experiencias y modos de vida otrora reservados a los adultos, apresurando su estado de discernimiento estimulado por la convivencia con los mayores.

La propuesta que formula el proyecto que antecede procura recoger esa realidad, sin romper bruscamente con el sistema vigente.

En síntesis establece lo siguiente: baja la imputabilidad penal a los 16 años; pero eso no significa que quien supere los 16 años caiga automáticamente en la jurisdicción penal ordinaria, sino que sólo se le hará penalmente responsable cuando el Juez de Menores llegue a la conclusión que el delito ha sido cometido con conciencia y voluntad, con lo cual se evita la posibilidad de castigar lo que pudiera ser una transgresión casual.

La rebaja en la edad no implicará, por otra parte, colocar a nuestro sistema penal en una vanguardia novedosa, desde que límites a la imputabilidad inferiores a los 18 años rigen desde hace años en muchos países inclusive de América, llegándose a fijar hasta los 12 años.

Por otra parte, aún sin mediar las circunstancias derivadas del auge de la delincuencia juvenil, la disminución de la edad a partir de la cual se es imputable, correspondería por la conveniencia y adecuar las disposiciones legales a las realidades de la actualidad.

Así ha procedido el Legislador cuando, por ejemplo en el Decreto - Ley Nº 14.530, de 29 de marzo de 1975 modificó el artículo 106 del Código Civil estableciendo en 21 años la edad necesaria para que hombres y mujeres puedan contraer matrimonio sin el consentimiento previo de los padres.

Hasta que se aprobó dicha modificación, las edades requeridas eran de 25 años en el varón y de 23 en la mujer. Sin duda el Legislador comprobó, a la luz de una realidad evidente, que los jóvenes de 21 años tenían la madurez y responsabilidad que en la época de sanción del Código Civil sólo eran presumibles a los 23 y 25 años.

En el mismo sentido la ley Nº 16.719, de 11 de octubre de 1995 fijó la mayoría de edad a los 18 años.

Dr. Francisco Gallinal Nieto. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º - Modificase el artículo 34 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente manera:

"No es imputable el que ejecuta el hecho antes de haber cumplido los dieciséis años. Tampoco lo es el mayor de dieciséis y menor de dieciocho, a no ser que hubiera actuado con discernimiento. El Juez de Menores será quien determinará si el hecho fue ejecutado con discernimiento y, para el caso afirmativo remitir de oficio el expediente al Juez en lo Penal que correspondiere".

Artículo 2º- En concordancia con lo dispuesto en el artículo anterior, todas las referencias a menores de dieciocho años infractores de la ley penal, contenidas en el Código Penal y en el Código de la Niñez y Adolescencia, (Ley 17.823, de 7 de septiembre de 2004) deberán ajustarse en su interpretación y aplicación a la modificación que establece dicha norma.

Dr. Francisco Gallinal Nieto. Senador."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión ordinaria del 9 de junio de 2009 no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 1º de junio faltó con aviso el señor Senador Heber, y a la del 8 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Heber y Long y la señora Senadora Percovich.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 1º de junio faltó con aviso el señor Senador Penadés y a la del 8 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Moreira y Penadés.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 2 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Da Rosa, y a la del 9 de junio faltó con aviso el señor Senador Alfie.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 2 de junio faltó con aviso el señor Senador Rosadilla, y a la de 9 de junio faltaron con aviso el señor Senador Gallinal y la señora Senadora Topolansky.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 2 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Antía y Da Rosa y a la del 9 de junio faltó con aviso el señor Senador Alfie.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 2 de junio faltó con aviso el señor Senador Penadés.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 3 de junio faltó con aviso el señor Senador Antía.

A la sesión de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del 3 de junio faltó con aviso el señor Senador Moreira y a la del 10 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Moreira y Mujica.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 3 de junio faltó con aviso el señor Senador Alfie, y a la del 10 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Couriel y Heber.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 3 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Gallinal y a la del 10 de junio faltó con aviso el señor Senador Gallinal.

A la sesión de la Comisión de Medio Ambiente del 3 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Cid y Moreira.

A la sesión de la de la Comisión de Educación y Cultura del 9 de junio faltó con aviso el señor Senador Long.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 10 de junio faltaron con aviso los señores Senadores Camy y Heber.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 16 de junio de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia el día miércoles 17 de junio de 2009 y se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente.

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 13. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Héctor Tajam, Carlos Gamou y Saúl Posada han presentado notas de desistimiento, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Luis Rosadilla.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 16 de junio de 2009.

Presidente de la

Cámara de Senadores

Sr. Rodolfo Nin Novoa

Presente

Quien suscribe Senador de la República Sr. Julio Lara Gilene solicita licencia el día 17 de junio por motivos personales.

Saluda atentamente,

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-11 en 13. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que el señor Jorge Romero ha presentado nota de desistimiento, informando que por esta única vez no acepta la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Walter Campanella.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de junio de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos de salud por el día de la fecha. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que los señores Carlos Baráibar y Enrique Pintado han presentado notas de desistimiento, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Milton Antognazza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Arana solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 12 de junio de 2009.

Señor Presidente del Senado

Rodolfo Nin Novoa

Presente

Señor Presidente:

Solicito se me conceda licencia por motivos personales, para la sesión del día 17 de junio.

Atentamente,

Arq. Mariano Arana. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que los señores Enrique Rubio y José Bayardi han presentado notas de desistimiento, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan José Bentancor.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia por el día de la fecha."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de junio de 2009.

Señor

Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito a Usted ponga en consideración del Cuerpo una solicitud de licencia para el día 17 de junio del corriente año por motivos de salud.

Asimismo, solicito se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Dr. Eduardo Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-11 en 12. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores León Lev y Gonzalo Gaggero han presentado notas de desistimiento, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria para integrar el Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Luis Oliver.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Alfie solicita licencia del 1º al 15 de julio del corriente año."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 9 de junio de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito hacer uso de licencia reglamentaria por el período comprendido entre el 1º al 15 inclusive de julio del presente año.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Isaac Alfie. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 14. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

7) REDUCCION DE REQUISITOS PARA DAR CLASE DE EDUCACION FISICA EN LAS ESCUELAS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: diversos acontecimientos y declaraciones de jerarcas de la enseñanza sugieren algunas interrogantes sobre el funcionamiento y el futuro de tan importante sector de la vida nacional, vital en todo proyecto individual, familiar y de país.

El Consejo de Educación Primaria reducirá los requisitos para dar clases de Educación Física en las escuelas. Lo hace para alcanzar la cobertura del 100% de las escuelas urbanas del país, para lo cual contratará a 88 entrenadores o "recreadores". El 8,8% de los cargos en las escuelas públicas están vacantes, y en el medio rural se ha capacitado a 700 maestros -restan otros 300- en Educación Física para que impartan las clases.

La Ley Nº 18.213 estableció la obligatoriedad de la Educación Física en escuelas públicas y privadas desde este año. Se sabía que no habría profesores en número suficiente, por lo que, en marzo, el Consejo hizo un llamado a estudiantes de Profesorado de Educación Física, con hasta tres materias pendientes para recibirse, a los efectos de cubrir vacantes y ahora contratará a entrenadores deportivos o recreadores con experiencia en instituciones educativas.

Pregunto: ¿cualquier deportista o entrenador de fútbol puede ser ahora docente en una escuela pública? Mejorar la calidad de la educación requiere educadores calificados, no leyes que masifican cosas con las que luego no se puede cumplir.

8) DESERCION EN EL CICLO BASICO

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Según el Instituto Nacional de Estadística, en Uruguay hay 270.851 adolescentes -13 a 17 años-, y el 39,8% de ellos son pobres. Algo más de la mitad de los jóvenes -53,3 %- no llega siquiera a comenzar cuarto año, debido principalmente a los altos niveles de deserción registrados durante el Ciclo Básico. Asimismo, un 17% del total de jóvenes abandona los estudios a lo largo del Segundo Ciclo. Solamente el 36,2% de los jóvenes completa la educación secundaria; es decir que de cada 100 niños que ingresan a la escuela, solo 36 terminan el liceo.

El abandono educativo entre adolescentes que presenta Uruguay es de los más altos en América Latina. Adicionalmente, es posible afirmar que mientras la renuncia escolar está más relacionada con el trabajo en el caso de los varones, en el de las mujeres se asocia, además, a la formación temprana de la pareja.

La universalización del Ciclo Básico es cada vez más necesaria y, al mismo tiempo, más insuficiente. La transformación del mundo del trabajo, del conocimiento y de la educación implica disminuir la deserción en el Ciclo Básico, ya sea para pasar al Bachillerato o continuar carreras técnicas.

Pregunto: ¿se está haciendo lo suficiente en ese terreno, más allá de convenios con organismos internacionales que pueden quedar en buenas intenciones?

9) CONCILIACION DE CURSOS Y ESPECIALIZACIONES ENTRE LA UTU Y LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- En el acto inaugural de los cursos de Tecnólogo Informático en Paysandú, el Rector de la Universidad de la República, doctor Rodrigo Arocena, destacó la importancia de la capacitación técnica en ciertas áreas vitales para la dinámica de la economía nacional, sin pasar necesariamente por las carreras tradicionales que dicta la Universidad, en su enorme mayoría centralizadas en Montevideo.

En sus reflexiones incluyó una autocrítica, refiriéndose a "errores del pasado", como aquel "que viene de lejos en la historia, y es la subvaloración de la técnica, y ello tuvo mucho que ver con la visión de una Universidad que relegaba, menospreciaba la formación técnica y tenía una relación distinta con la UTU".

Sin embargo, más allá de buenos deseos, los pasos que se han dado en esta materia son tímidos e incompletos. Faltan análisis y coordinación, que deben incluir las necesidades de empresas y del campo de trabajo individual, reformulando la capacitación que posibilite la integración a una realidad que dista de lo que se imparte en los cursos.

Pregunto: ¿han percibido las autoridades que falta todavía una visión integral de la educación que permita conciliar capacitación, cursos y especializaciones entre la escuela técnica y la Universidad?

Me permito reiterar que es tiempo de cobrar la matrícula a los estudiantes de familias pudientes y también considerar que aquel que quiera formarse en determinada disciplina, sólo pueda acceder si califica para ello y, si está en condiciones de pagar, que lo haga. No corresponde seguir aceptando a todo aquel que ingrese para ver qué pasa, sólo porque vive en Montevideo y tiene una posición acomodada que le permite concurrir de vez en cuando, cuantos años quiera, a la Universidad, en tanto el estudiante del interior debe hacer uno y mil sacrificios para poder trasladarse a estudiar y, no pocas veces, ya egresado, radicarse en Montevideo por falta de campo laboral en su ciudad natal.

Por encima de los discursos, se impone la evaluación y reestructura del sistema educativo técnico, dejando de lado tabúes y conceptos ideologizados, para adaptarlos a las necesidades del país.

Por tratarse de temas educativos de gran relevancia, deseo que la versión taquigráfica de mis palabras y las interrogantes que contienen sea enviada a Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Administración Nacional de Educación Pública y sus servicios desconcentrados, a las gremiales de la enseñanza, a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

10) ASOCIACION NACIONAL DE AFILIADOS (ANDA)

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Lezama.

SEÑOR LEZAMA.- Gracias, señor Presidente.

En esta oportunidad, me quiero referir a las asociaciones civiles sin fines de lucro y, dentro de esta categoría jurídica, a las que realizan actividades económicas, muy especialmente a la Asociación Nacional de Afiliados, ANDA. Desde hace 75 años esta Asociación brinda servicios a sus socios -que hoy ya son más de cien mil- y a sus respectivas familias. Créditos, garantía de alquileres, asistencia odontológica y asistencia médica de primer nivel son las competencias estatutarias que son cumplidas a satisfacción de los usuarios. Asimismo, la Institución ha logrado un equilibrio económico y es buena cumplidora de sus obligaciones con comerciantes, propietarios y proveedores en general.

Si todo marcha bien, ¿por qué en el día de hoy me ocupo de esta entidad en la que trabajé durante más de cincuenta años, ingresando como meritorio y retirándome para jubilarme del cargo máximo administrativo, de Director General? Por lo siguiente. ANDA es dirigida por un Consejo Administrativo rentado, electo cada cinco años por sus socios. ¿Es esta una democracia perfecta? No, todo lo contrario. Desde su fundación ha tenido problemas.

Voy a explicar esta situación que, desde afuera, es muy difícil de entender. En sus estatutos se establece que los funcionarios pueden ser socios con todos sus derechos por lo que, en realidad, son ellos quienes mantienen un estrecho vínculo con los socios que no son funcionarios y determinan quiénes ocuparán los cargos en el Consejo Administrativo que dirigirá la Institución. Esta fortaleza de los funcionarios se convierte en debilidad una vez que asumen los consejeros electos. El socio común, poco informado de la política interna, ignora que después de la elección entra en juego un mecanismo autoritario por parte de quienes dirigen legítimamente la Institución en lo formal y jurídico. El personal es objeto de mecanismos de prebendas y/o castigos para lograr que se conviertan en dóciles instrumentos del grupo dirigente. La Presidencia tiene enormes poderes y facultades y, por lo tanto, es muy difícil organizar una posible resistencia interna o presentar una lista electoral diferente a la oficial.

En la historia de ANDA el fundador y primer Presidente, Bernabé Comes, obtuvo el cargo durante más de 20 años. Finalmente, se pudo organizar una resistencia interna que se trasmitió a los socios, desplazándolo de su elección repetitiva. Ocupa el cargo, entonces, Félix Luzardo que mediante los mismos mecanismos se enquistó en el poder durante 35 años. Durante la dictadura despidió a todos los funcionarios que se adhirieron al paro general del año 1973. Cuando volvió la democracia, los funcionarios despedidos se organizaron y establecieron una lucha interna con el apoyo de gran parte del personal y se interrumpió este segundo ciclo. En ambas oportunidades también influyó el interés del Parlamento, que formara Comisiones preinvestigadoras, teniendo esto difusión pública. Así comenzó una nueva época en la que se modificaron los estatutos, limitando la reelección, aprobando un reglamento interno para el personal dando todas las garantías a los funcionarios, determinando que a todos los cargos se accedería por concurso y respetando todos los derechos sindicales.

El tiempo ha pasado y me llega nuevamente la noticia de que se están utilizando los mismos mecanismos de dominación. Miles de socios han firmado -según la Dirección, espontáneamente- solicitudes de reforma del estatuto para que se extienda la reelección y ya se está gestionando otra. Algunos funcionarios que pretenden oponerse, organizando otra lista electoral, lo pagan muy caro, ya que han obtenido como respuesta la afectación de su carrera funcional y hasta despidos. Lamentablemente, el sindicato de los trabajadores que se fundó para luchar contra las arbitrariedades de los que estaban instalados en el poder es ahora funcional a la actual dirigencia y los pocos que intentan marcar las diferencias, son libremente despedidos -sin que su sindicato los defienda- o, inclusive, expulsados de su propio gremio.

Hay un detalle que vale la pena marcar: en los últimos 15 años los Consejos Administrativos electos estuvieron integrados exclusivamente por funcionarios socios. Algunos dirigentes del sindicato piden licencia de sus cargos administrativos por cinco años, se presentan en la lista oficial y, cuando cesan en su responsabilidad política, vuelven a su cargo, también a su sindicato, o son designados asesores en cargos de confianza con suculentos sueldos y pocas obligaciones. ¿Cómo cortar estos abusos? Por supuesto que en gran medida depende de los propios socios pero, como ignoran la problemática, es imprescindible tratar de dar trascendencia a esta situación irregular.

Cabe indicar que también el Estado, el Gobierno, tiene su parte de responsabilidad y es hora de ejercerla. Por ley, ANDA tiene la facultad de hacer descontar las obligaciones contraídas con ella, de sueldos, jubilaciones y pensiones y, como contrapartida, la Ley Nº 9.299, de 3 de marzo de 1934, dio al Banco de Previsión Social la facultad de designar un interventor para controlar su funcionamiento. También le corresponde el control al Ministerio de Educación y Cultura, que ha aceptado las sucesivas reformas del estatuto en el ejercicio de su competencia y otorgamiento de la personería jurídica. A su vez, en lo laboral le concierne al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la tarea de control.

Por otra parte, ignoro qué papel está jugando ANDA dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, pero ha invertido más de US$ 1:500.000 en un nuevo edificio para su clínica médica de asistencia primaria, en pleno centro de la capital -Colonia y Arenal Grande-, cuando su masa social está desperdigada por todo el país. Como si esto fuera poco, sorprende que se hayan recogido una cantidad de firmas en todas las sucursales del interior para designar al nuevo edificio con el nombre de su reiterado Presidente.

Por todo lo expuesto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Trabajo y Seguridad Social, así como también al Banco de Previsión Social.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

11) 245º ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE JOSE ARTIGAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: pasado mañana se cumplirá un nuevo aniversario del natalicio de José Artigas. Como sabrán los señores Senadores, habíamos propuesto que el Poder Legislativo realizara, en el último año de la Legislatura, un homenaje especial al Jefe de los Orientales pero, por distintos motivos, esto no fue posible. Por ello, en el día de hoy voy a ocupar unos minutos de esta media hora previa recordando algunos hechos, para rendir homenaje a un nuevo aniversario, el 245º, del natalicio de Artigas.

En primer lugar, voy a leer un texto de la obra "Artigas, la causa de los pueblos" de Tabaré Melogno, que se titula "La cuestión es sólo entre la libertad y el despotismo…". Dice lo siguiente: "El Gobierno de Buenos Aires había designado a Artigas para el cargo de Teniente Gobernador del Departamento de Yapeyú, por resolución del 15 de noviembre de 1811. En tal carácter acató respetuosamente las providencias del Gobierno, y sometió a este sus planes y proyectos. Pero esta subordinación no significaba, en modo alguno, declinar su competencia de Jefe de los Orientales. Ello se evidenció claramente en su conducta al frente del campamento del Ayuí, donde se habían establecido por fin los orientales, y en sus relaciones con el Paraguay, a cuyo gobierno invitó para adoptar medidas militares tendientes a frenar los avances de los portugueses y ocupar los pueblos de las Misiones. El Caudillo mantuvo intensa correspondencia con las autoridades paraguayas y se intercambiaron misiones de ayuda, pero el gobierno bonaerense no vio con buenos ojos esos contactos. Al instalarse el primer ‘Triunvirato’ se hizo notoria la tendencia que cifraba en la preeminencia de Buenos Aires el eje de todo el esquema institucional y político. Imbuidos de la mentalidad liberal, los porteños procuraron instalar las libertades civiles en todo el territorio. Pero nunca abandonaron el concepto de autoridad, que suponía un poder central omnipotente como condición básica para la existencia del Estado.

En toda expresión de autonomismo veían un ataque a la integridad nacional.

Alejado el peligro portugués, gracias a la influencia británica, Buenos Aires consideró llegado el momento de reasumir la plena dirección de las operaciones. Manuel de Sarratea, militar improvisado" -Dorrego le preguntó dónde había conseguido las charreteras, en qué batalla, y aclaro que después mandaron matar a Dorrego, entre otros, el propio Sarratea-, "fue designado General en Jefe del ejército del norte que, roto el armisticio, habría de operar en la Banda Oriental, relegando a Artigas a un segundo plano, luego de haber prodigado sus esfuerzos en la defensa de la causa, en las más apuradas circunstancias.

El 13 de junio de 1812, Sarratea, desde el Salto chico occidental, puso en conocimiento de Artigas su designación y jerarquía. La respuesta del Jefe de los Orientales fue muy clara: informaba del reconocimiento practicado por las fuerzas de su mando, y devolvía ‘esos despachos con que el Gobierno representativo de la Patria quiso honrarme en diferentes tiempos y maneras…’." Sarratea tomó esto como un agravio, y como un agravio aún mayor tomó la escena de cuando fue a visitarlo.

Más adelante, el escritor señala: "Sarratea fue a visitarlo a ese campamento y habiéndolo convidado el Coronel Artigas a comer con las personas que lo acompañaban, hizo poner por mesa un cuero tendido en el suelo, sirviéndose sobre él por todo [manjar] un asado [con cuero] que era lo único que allí se comía y lo que se come siempre en nuestros ejércitos: [pero esta sencillez] y frugalidad y llaneza, no fue bien recibida por Sarratea ni por las personas de su séquito: es más, lo atribuyeron a insolencia, burla y menosprecio" hacia el Gobierno porteño.

A continuación, quisiera leer dos textos muy breves para proseguir este recordatorio. Uno de ellos es el mensaje de convocatoria al Congreso de Abril, llamado "Oración inaugural del Congreso de Abril" que todos debemos tener presente en todas sus partes: "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Vosotros estáis en el pleno goce de vuestros derechos: ved ahí el fruto de mis ansias y desvelos, y ved ahí también todo el premio de mi afán.

Ahora en vosotros está el conservarlo. Yo tengo la satisfacción honrosa de presentaros de nuevo mis sacrificios y desvelos, si gustáis hacerlo estable".

A su vez, la Instrucción Nº 18 decía: "Art. 18º El Despotismo Militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los Pueblos".

Para terminar, voy a dar lectura a algo que poca gente conoce, pero que personalmente tuve el honor de recibir de manos del Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en el Uruguay. Me refiero a una carta, fechada el 29 de julio de 1819, que el General José Gervasio Artigas envió al General Simón Bolívar, que demuestra su capacidad y resistencia en el combate frente a los invasores. Cuando mucha gente había desertado y muchos de los que después fueron héroes habían salido del combate, Artigas se mantenía en Arerunguá, lugar que él llamaba "el centro de sus recursos", y desde allí escribió a Bolívar lo siguiente: "Excelentísimo señor general y presidente de la República Caracas, Don Simón Bolívar.

Unidos íntimamente por vínculos de naturaleza y de intereses recíprocos, luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos. La variedad en los acontecimientos de la revolución y la inmensa distancia que nos separa, me ha privado de la dulce satisfacción de impartirle tan feliz anuncio. Hoy lo demanda la oportunidad y la importancia de que los corsarios de esta república tengan la mejor acogida bajo su protección. Ellos cruzan los mares y hostilizan fuertemente a los buques españoles y portugueses, nuestros invasores. Ruego a vuestra excelencia que ellos y sus presas tengan el mayor asilo en los puertos y entre la escuadra de su mando; que su pabellón sea respetado como el signo de la grandeza oriental por su libertad patria. Por ella se ha enarbolado y no dudo que vuestra excelencia afianzará esta gloria en la protección deseada. Por mi parte, oferto igual correspondencia al pabellón de esa república, si las circunstancias de los tiempos permiten que sea afianzado en nuestros puertos. No puedo ser más expresivo en mis deseos que ofertando a vuestra excelencia la mayor cordialidad por la mejor armonía y la unión más estrecha. Firmarla es obra de sostén por intereses recíprocos. Por mi parte, nada será increpable, y espero que vuestra excelencia corresponderá escrupulosamente a esta indicación de mi deseo.

Tengo el mayor honor en saludar a vuestra excelencia por primera vez y ofertarle mis más afectuosas consideraciones.

Cuartel General, 29 de julio de 1819, José Artigas".

Esto demuestra también que Artigas consideraba la integración no solo un tema económico sino también político e, inclusive, la practicaba en el plano de la defensa.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Señor Senador: ¿no va a solicitar ningún trámite?

SEÑOR GARGANO.- No, señor Presidente.

12) INCORPORACION DE CUBA A LA OEA

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Voy a distraer por breve tiempo la atención del Senado para hacer referencia a la Resolución de la Asamblea General de la OEA, respecto de la incorporación, nuevamente, del Gobierno de Cuba al sistema interamericano.

Señor Presidente: esta Resolución fue aprobada por unanimidad y propuesta por una serie de países que integran, de alguna manera, un grupo de Gobiernos con afinidad y amistad especial con la República de Cuba. Esta unanimidad significó rectificar una situación histórica. Para que quede claro jurídicamente, diré que el Estado de Cuba nunca dejó de pertenecer a la OEA, sino que en aquella oportunidad se resolvió la suspensión del Gobierno para participar en el sistema interamericano. Esta Asamblea General, como órgano supremo, ha rectificado el camino y ha sido objeto de un diálogo muy importante entre todos los Estados. Obviamente, quienes conocemos algo de diplomacia sabemos que el Gobierno de Cuba no estuvo ajeno a ninguna consulta sobre este tema y los principios y resoluciones tomados por la Asamblea General de la OEA abren un camino auspicioso para un mejor funcionamiento del sistema interamericano, para la incorporación del Gobierno de Cuba y, particularmente, para un replanteo del diálogo interamericano en el que los Estados Unidos han sido importantes desde 1964.

Aquí hay algunos aspectos que quisiera resaltar. El sistema interamericano toma un camino distinto en respuesta, entre otras cosas, a la propia actitud del Gobierno de los Estados Unidos. Este ha reconocido errores históricos realmente inaceptables desde el punto de vista del Derecho Internacional, sobre todo teniendo en cuenta que el embargo y el bloqueo que ha realizado sobre Cuba durante los últimos años ha sido una flagrante y consistente violación del Derecho Internacional, sin ningún derecho ni razón para actuar sobre un Gobierno y, fundamentalmente, sobre un pueblo.

Además, me parece importante mencionar, por un lado, que todos los Estados están de acuerdo con el fundamento por el que se levanta la suspensión al Gobierno de Cuba para participar del sistema interamericano y, por otro, la última Resolución, que se refiere a cuáles son los pasos a llevar a cabo en el futuro. Se habla de que los propósitos y principios establecidos por la OEA -contenidos en la Carta de Organización y en sus demás instrumentos fundamentales relacionados con la seguridad, la democracia, la autodeterminación, la no intervención, los derechos humanos y el desarrollo- terminan, entre otras cosas, en esta Resolución que se tomó por parte de la Asamblea General.

Finalmente, señalo que la participación de la República de Cuba en la OEA será el resultado de un proceso de diálogo iniciado a solicitud de dicho Gobierno y de conformidad con las prácticas, los propósitos y los principios de la OEA. De manera que, señor Presidente, queremos hacer mención a este paso que es cualitativo para la relación hemisférica y que, obviamente, esperamos que se concrete en dos aspectos: en primer lugar, en el levantamiento del bloqueo y del embargo a Cuba por parte de los Estados Unidos y, en segundo término, en el inicio del diálogo a iniciativa del Gobierno de Cuba a los efectos de incorporarse al sistema interamericano que no solo tiene sus beneficios desde el punto de vista de la participación política, sino que también implica la habilitación para participar como miembro del BID, ya que todos sabemos que no es posible utilizar sus préstamos si no se integra el sistema interamericano.

Con estas reflexiones he querido compartir con los señores Senadores una visión optimista de la forma en que se podrá encarar la relación en el ámbito hemisférico.

Finalmente, voy a solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de la República de Cuba en el Uruguay y a la Embajada de Uruguay en Cuba.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Abreu.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) POLITICA ENERGETICA EN URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Campanella.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: voy a tratar de ser muy breve. Como todos los compañeros del Senado saben, desde hace muchos años nos estamos dedicando al tema energético y en octubre del año pasado editamos un libro sobre la aplicación de una política de Estado en materia energética.

Cada vez estamos más convencidos de que lo que en ese libro escribimos y la propuesta que contiene, constituye la única alternativa para que el Uruguay pueda salir de su estado de dependencia y estancamiento en materia de energía. Asimismo, cada vez son más los técnicos que -por suerte- se incorporan a nuestro equipo de trabajo de forma absolutamente honoraria y solo con la intención de hacer lo mejor para el Uruguay que todos queremos.

La situación se mantiene incambiada, pero estamos absolutamente convencidos de que nuestra propuesta finalmente va a ser aplicada. Quizás algún día se recordará que hubo un loco que durante muchos años, cuando integraba el Senado, habló sobre este tema.

Lo importante es que, con serenidad, se informe a nuestros compañeros y se deje constancia de lo que estamos haciendo. Por otra parte, queremos agradecer a la UTU de Paso de los Toros por su invitación para dar una charla en una clase cuyo profesor está tomando nuestra propuesta como materia de trabajo sobre el tema energético.

Queremos, además, mencionar que el escenario de hoy sigue siendo muy preocupante, ya que el único aporte hidráulico que tenemos es el de Salto Grande que cubre apenas un 12% de la demanda, puesto que desde Río Negro no se está aportando nada. A través de la importación ya no estamos recibiendo energía desde la Argentina, y desde Brasil únicamente recibimos el 31% vía Garabí. Pensamos que en diez meses quedará pronta esa interconexión pero, mientras tanto, debemos seguir pagando peaje en Argentina y esperando que se haga la interconexión vía San Carlos-Presidente Médici.

La demanda sigue aumentando y ya hoy se ubica en los 27.500 megavatios. La Central Batlle, una de cuyas plantas costaba US$ 81 hoy tiene un costo de US$ 97, o sea que estamos en casi US$ 100 debido al aumento del precio del petróleo en un 18%. Si tomamos en cuenta que el 57% del escenario de hoy se concentra en las centrales térmicas y que el precio del petróleo se sigue disparando -nuevamente estamos superando los US$ 4:000.000 diarios-, veremos que la única opción que tenemos es la de seguir esperando.

Simplemente quería dejar constancia de estos datos técnicos claros acerca de la realidad, que nada tienen que ver con partidos o sectores políticos.

Es cuanto quería decir y no voy a solicitar ningún trámite sobre este punto.

14) ADQUISICION DE AVIONES DESTINADOS A LA FUERZA AEREA

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Antes de que se comience a considerar el Orden del Día quiero solicitar que se reparta un proyecto de ley enviado por la Cámara de Representantes, a fin de autorizar al Ministerio de Defensa Nacional para recibir un crédito del Banco de la República a los efectos de comprar dos aviones CASA suecos. Posteriormente hablaremos más al respecto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Saravia.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

15) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE QATAR, AL DOCTOR JOSE LUIS REMEDI

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del Orden del Día: "Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales relacionados con las solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de designar:

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Estado de Qatar, al doctor José Luis Remedi.

Carp. Nº 1528/09 - Rep. Nº 1070/09

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante al Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Bergamino.

Carp. Nº 1537/09 - Rep. Nº 1071/09

- en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia, al doctor Hugo Cayrús.

Carp. Nº 1527/09 - Rep. Nº 1069/09"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1528/09

Rep. N° 1070/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Estado de Qatar, al doctor José Luis Remedi.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2009.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Mariano Arana, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Reinaldo Gargano, Julio María Sanguinetti.

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Montevideo, 5 de mayo de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al Doctor José Luis Remedi.

La capacidad y eficiencia que el Doctor José Luis Remedi ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el curriculum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Estado de Qatar.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito ante expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernández.

José Luis Remedi Zunini

Datos Personales

Lugar y fecha de nacimiento: 13/12/1949 - Salto, Uruguay.

Estado Civil: Casado.

Hijos: Tres.

Cargos ocupados y funciones desempeñadas

- 2009 Director Regional para Asia y Africa, Ministerio de Relaciones Exteriores.

- 2008-2009 Director General de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación, Ministerio de Relaciones Exteriores.

- 2004 Promovido al cargo de Ministro del Servicio Exterior.

- 2002-2007 Embajador de la República en la República Islámica de Irán.

- 2001 Director de Asuntos Multilaterales.

- 2000 Sub Director General Adjunto de Asuntos Políticos.

- 2000 Director de Medio Ambiente.

- 1994-2000 Embajador de la República en la República Checa.

- 1994 Se le concede venia para designarlo Embajador de la República.

- 1993-1994 Director de Información y Prensa.

- 1992-1993 Sub-Director de la Dirección General para Asuntos Culturales.

- 1991-1992 Sub-Director de la Dirección General para Asuntos Políticos.

- 1991 Promovido al cargo de Ministro Consejero del Servicio Exterior.

- 1987 Pasa a prestar funciones de su cargo en la Embajada de la República en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

- 1986 Designado Sub-Director de la Dirección de Organismos Políticos Internacionales.

- 1985 Designado Jefe del Departamento de Organismos Internacionales y Medio Ambiente.

- 1981 Promovido a Consejero del Servicio Exterior.

- 1978 Promovido a Primer Secretario del Servicio Exterior.

- 1977 Pasa a prestar funciones de su cargo en la Misión Permanente de la República ante las Naciones Unidas, en Nueva York.

- 1975 Promovido a Segundo Secretario del Servicio Exterior.

- 1974 Designado Tercer Secretario del Servicio Exterior de la República el 22 de octubre de 1974 y pasa a prestar funciones en el Departamento de Asuntos Diplomáticos de la Dirección de Asuntos Políticos.

Educación

1973- Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Doctorado en Diplomacia.

Idiomas: Inglés

Conocimientos de francés, italiano y portugués.

Conferencias y Reuniones Internacionales

- Presidente de la VIII Conferencia Sudamericana de Migraciones, Montevideo, setiembre de 2008.

- Designado en Misión Oficial de Uruguay al Foro sobre Migración y Desarrollo, Manila 2008.

- Designado en Misión Oficial a las Reuniones de Coordinación del Mecanismo de Cooperación y Coordinación entre la Unión Europea y América Latina-Caribe, Bruselas, enero y febrero de 2002.

- Designado en Misión Oficial al 44 Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, diciembre de 2001.

- Designado en Misión Oficial a las Reuniones de Coordinación del Mecanismo de Cooperación y Coordinación entre la Unión Europea y América Latina-Caribe, Bruselas octubre y diciembre de 2001.

- Designado en Misión Oficial a la Segunda Parte de la 6ta. Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, Bonn, julio 2001.

- Designado en Misión Oficial a la Reunión Especializada sobre Drogas, Prevención de Uso Indebido y Rehabilitación de Droga-dependientes del MERCOSUR, Paraguay, Junio 2000.

- Designado Plenipotenciario para la firma del Convenio sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes en la Conferencia de Estocolmo, mayo 2000.

- Designado en Misión Oficial a la 6ta. Conferencia de las Partes de la Convención de la ONU sobre Cambio Climático, La Haya, octubre 2000.

- Designado en Misión Especial a la República de Georgia por la situación de rehenes compatriotas que integran la UNOMIG, febrero de 1998.

- Delegado de la República a las reuniones anuales de la Organización Internacional del Azúcar, Londres 1986-1990.

- Integrante de la Delegación de la República al período de sesiones del Comité de Derechos Humanos, 1982.

- Delegado a la Comisión sobre Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNCOPUOS), 1981 y 1982; y Delegado a la Sub-Comisión Científico y Técnica de la UNCOPUOS, 1982.

- Delegado al Comité Asesor del Comité Preparatorio de UNISPACE, y Delegado al Comité Preparatorio de UNISPACE 82, 1982.

- Designado oficial de enlace entre el gobierno de la República y la Secretaría General de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas Sobre Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (UNISPACE II), 1981.

- Delegado a la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Kampuchea (1981).

- Delegado al Comité de Alto Nivel encargado de examinar la Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, 1981.

- Delegado al 3er. Período de Sesiones del Comité Intergubernamental de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, 1981.

- Delegado de la República a la 1ª Sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables, 1980.

- Integrante de las Delegaciones de la República a los Períodos de Sesiones de la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Celebradas en Nueva York entre 1977-1992.

- Delegado de la República a la Tercera Reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo, 1978.

- Delegado de la República a la Conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de la ONUDI como Organismo Especializado, 1978.

- Delegado Alterno de la República a Sesiones Extraordinarias y de Emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las Cuestiones de Namibia (1978), Invasión soviética a Afganistán (1980), Palestina (1980) Territorios Arabes Ocupados (1982) y Desarme (1978 y 1982).

- Delegado a los Comités Preparatorios de los Períodos Extraordinarios de Sesiones de la Asamblea General dedicados al Desarme y Delegado a la Co-misión de Desarme de las Naciones Unidas, en los años 1978-1982.

- Delegado de la República a la Sexta Reunión de Estados Parte de la Convención Internacional sobre todas las formas de Discriminación Racial, enero 1978.

- Delegado Alterno de Uruguay a la Asamblea General de las Naciones Unidas en los años 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982.

Montevideo, mayo de 2009.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA N° 108

En Montevideo, el día diez de junio de dos mil nueve, a la hora dieciocho y tres minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Mariano Arana, Sergio Abreu, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Reinaldo Gargano y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Carlos Camy y Luis Alberto Heber.

Preside el señor Senador Julio María Sanguinetti, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y el señor Jorge Fernández Rossi, Prosecretario.

Concurren especialmente invitados los doctores Hugo Cayrús y José Luis Remedi y el señor Ariel Bergamino, acompañados por el Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajador Carlos Orlando.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido N° 3230/2009, que forma parte de este documento.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA N° 1522/2009 - Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley, por el que se aprueba el Protocolo 1997 al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques de 1973, enmendado por el Protocolo de 1978, añadiendo al mismo el Anexo VI, titulado "Reglas para prevenir la contaminación atmosférica ocasionada por buques", suscripto en Londres, el 26 de setiembre de 1997, en el ámbito de la Organización Marítima Internacional (Distribuido N° 3228/2009).

Se adjudica su estudio al señor Senador Mariano Arana.

- CARPETA N° 1525/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo, al que acompaña un proyecto de ley, por el que se aprueba el Convenio Internacional del Trabajo N° 102, sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952, adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra, en junio de 1952. (Distribuido N° 3229/2009).

Se adjudica su estudio al señor Senador Reinaldo Gargano.

- CARPETA N° 1527/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno de la República de Colombia, al doctor Hugo Cayrús (Distribuido N° 3202/2009).

- CARPETA N° 1528/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno del Estado de Qatar, al doctor José Luis Remedi (Distribuido N° 3201/2009).

- CARPETA N° 1537/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Pleniotencario de la República, ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Bergamino (Distribuido N° 3210/2009).

- El Embajador de la República de Turquía remite nota solicitando la creación del Grupo de Amistad Interpar-lamentario de Amistad entre Turquía y Uruguay.

- La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes remite nota comunicando que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 4° del Reglamento de los Grupos de Amistad Interparlamen-tarios, designó Miembro de dicha Asesora en el Grupo de Amistad con Italia, al señor Representante Nacional Washington Abdala.

- La Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes remite notas comunicando que resolvió acompañar la constitución del Grupo de Amistad con la República del Líbano y proponiendo la constitución de los Grupos de Amistad Interparlamentarios con la República de Alemania y la República de la India.

- La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial remite nota adjuntando un proyecto de redacción de un artículo conteniendo la reserva al Tratado de Marcas de Singapur.

El Congreso Nacional de Ediles remite fax solicitando audiencia a fin de intercambiar opiniones sobre políticas de frontera.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA N° 1527/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia, al doctor Hugo Cayrús (Distribuido N° 3202/2009).

- CARPETA N° 1528/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno del Estado de Qatar, al doctor José Luis Remedi (Distribuido N° 3201/2009).

- CARPETA N° 1537/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República, ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Pergamino (Distribuido N° 3210/2009).

Los invitados informan sobre los lineamientos de trabajo que desarrollarán en los destinos a los que fueron propuestos.

Una vez retirados de Sala los invitados, se consideran y aprueban los proyectos de resolución por 7 votos en 7 señores Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designan miembros informantes a los señores Senadores Sergio Abreu para informar sobre los doctores Hugo Cayrús y José Luis Remedi; y, Reinaldo Gargano para que informe sobre el señor Ariel Bergamino, quienes lo harán en forma verbal.

RESOLUCIONES:

- La Comisión resuelve constituir los Grupos de Amistad Interparlamentaria con la República de Turquía, la República de Alemania y la República de la India. A esos efectos se encomienda a la Secretaría de la Comisión que realice las comunicaciones pertinentes.

- Solicitar al Congreso de Ediles que proponga una fecha para fijar la audiencia solicitada.

A la hora diecinueve y diez minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman los señores Presidente y Secretario de Comisión.

Julio María Sanguinetti Presidente

Vladimir De Bellis Martínez Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

No estando presente en Sala el Miembro Informante, señor Senador Abreu, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo ha nombrado al doctor José Luis Remedi, que ha si-do Embajador durante muchos años y nos ha representado en esa calidad en Irán, como Embajador ante el Estado de Qatar, que es una nueva relación establecida a partir de una visita del señor Presidente de la República. La Comisión aprobó por unanimidad esta designación del Poder Ejecutivo y recomienda al Cuerpo aprobar la venia correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Estado de Qatar, al doctor José Luis Remedi."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: hemos votado afirmativamente esta venia y quiero destacar que tenemos muy buena opinión sobre la carrera diplomática de quien ha sido designado como Embajador de nuestro país ante el Estado de Qatar. Asimismo, queremos destacar especialmente la labor que en un corto tiempo ha cumplido el Embajador que cesa en el cumplimiento de sus funciones, el doctor Juan Andrés Pacheco. A nuestro juicio, es importante resaltar especialmente el desempeño del doctor Pacheco porque lo conocemos personalmente, tenemos una elevada opinión de sus condiciones personales y porque sabemos que ha desarrollado una excelente carrera diplomática al servicio del país. Sin dudas, el doctor Pacheco ha desempeñado su cargo en una etapa fundamental en el Estado de Qatar y sobre este punto quiero ser absolutamente sincero ya que, en aplicación de las excepciones a las que puede recurrir el Poder Ejecutivo a través de la Cancillería, aspirábamos a que se le prorrogara el mandato. Decimos esto porque hace muy pocos meses que este Embajador se está desempeñando en Qatar y tuvo la responsabilidad de abrir la Embajada, de instalar la representación diplomática y de iniciar las relaciones, no solo diplomáticas sino especialmente las de carácter comercial con esa Nación y esa región. Nosotros entendemos que sería beneficioso para los intereses del país que este mandato se prorrogara por un año más, lo que le permitiría redondear una muy buena gestión. Esto en modo alguno significa que tengamos objeciones sobre la persona del Embajador Remedi; tan así es, que hemos votado afirmativamente su venia de designación. No obstante, queríamos dejar en claro estas opiniones porque consideramos que son de estricta justicia.

16) SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, AL SEÑOR ARIEL BERGAMINO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo a efectos de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Bergamino.

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1537/09

Rep. N° 1071/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Bergamino.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2009.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Sergio Abreu, Mariano Arana, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Julio María Sanguinetti.

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Montevideo, 4 de junio de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al señor Ariel Bergamino.

La capacidad y eficiencia que el señor Ariel Bergamino ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el curriculum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernández.

ARIEL BERGAMINO

CURRICULUM VITAE

I. Datos personales

Fecha de nacimiento: 27 de marzo, 1955.

Nacionalidad: uruguayo.

Documento Identidad: 1.956.155-4.

Pasaporte: B 021 219

Estado civil: casado con Elsa Román Trilles.

Hijos: Leandro (26) y Joaquín (24).

Domicilio particular: Eduardo Acevedo 1182.

Montevideo/Uruguay.

Teléfono: (5982) 419 32 42

E-mail: elarlejo@adinet.com.uy

Dirección institucional: Presidencia de la República.

Edificio Libertad.

Montevideo/Uruguay.

Teléfono: (5982) 150 - 3907.

E-mail: abergamino@presidencia.gub.uy

Celular: 099 161 843

II. Formación

Primaria y Secundaria: Escuela Pública N° 7 y Liceo Público N° 1, Rocha.

Programa de intercambio estudiantil AFS (1972/1973) Pelma Memorial High School, New York, USA.

Facultad de Medicina (UdelaR), 1975.

Facultad de Humanidades y Ciencias (UdelaR), Licenciatura en Ciencias Históricas, 1985-1990.

III. Idiomas

Inglés: nivel de Pre Profesorado por el Instituto Cultural Anglo Uruguayo (1963-1974).

Sueco: nivel básico por el Vuxemgymnasium, Estocolmo, Suecia (1979-1984).

IV. Actividad laboral

Investigador en el Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura (UdelaR), 1985-1990.

Investigador/coordinador en el Area de Políticas Sociales del Instituto de Investigación y Desarrollo, IDES (1984-1990 y 1995-2005).

V. Actividad institucional

Subdirector del Departamento de Descentralización de la Intendencia Municipal de Montevideo (1990).

Secretario/Asesor del Intendente Municipal de Montevideo (1990-1995).

Director de la Dirección de Relaciones Públicas y Cooperación de la Intendencia Municipal de Montevideo (interinato, 1992-93).

Asesor de la Presidencia de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo (2002).

Asesor del Presidente de la República (2005 a la fecha).

En cumplimiento de estas funciones ha participado en congresos y seminarios nacionales e internacionales, publicado artículos en periódicos y revistas especializadas, y realizado misiones oficiales a diversos países."

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo ha propuesto al señor Ariel Bergamino como Embajador ante la República de Cuba.

Los señores Senadores y señoras Senadoras tienen el repartido con los antecedentes del señor Bergamino en el plano de la actividad laboral e institucional y su versación en materia de idiomas, así como un detalle de los cargos en los que se ha desempeñado y de su formación como licenciado en Ciencias Históricas. Quiero subrayar, sin embargo, lo que ha sido su trayectoria en materia político institucional. El señor Bergamino se integró desde muy joven a la lucha política en defensa de las instituciones y por esa razón estuvo preso en Santa Clara de Olimar, un pueblo que usted debe recordar muy bien; allí hay un cuartel que desempeñó un papel fundamental en aquel tiempo y tenemos muchos recuerdos registrados de lo que sufrió mucha gente. Finalmente fue liberado y tuvo que marchar al exilio, desde donde también combatió a la dictadura en forma intensa, junto al resto de los compatriotas que vivían radicados, en este caso, en Suecia. Regresó al país con la recuperación de-mocrática y realizó una intensa actividad a nivel municipal y del Poder Ejecutivo desde el comienzo del Gobierno del Frente Amplio. Hoy va a cumplir esta Misión en Cuba y entendemos que esta alta responsabilidad que se le adjudica está en consonancia con sus méritos en el desempeño de su labor en favor de las instituciones democráticas del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Cuba, al señor Ariel Bergamino".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se dará cuenta al Poder Ejecutivo.

17)SOLICITUD DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, AL DOCTOR HUGO CAYRUS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo a efectos de designar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia al doctor Hugo Cayrús.

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1527/09

Rep. N° 1069/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia, al doctor Hugo Cayrús.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2009.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Mariano Arana, Milton Antognazza, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Reinaldo Gargano, Julio María Sanguinetti.

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Montevideo, 25 de mayo de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al doctor Hugo Cayrús.

La capacidad y eficiencia que el Doctor Hugo Cayrús ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículo vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernández.

CURRICULUM VITAE

Hugo Cayrús

Lugar y fecha de nacimiento: Uruguay, 26 de noviembre de 1962.

Estado civil: casado, cuatro hijos.

Título universitario

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Facultad de Derecho, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay).

Otros estudios

- Curso de Política Comercial de la OMC (Ginebra, Suiza, 1996).

- Curso sobre Procedimientos de Solución de Diferencias de la OMC (Centro de Asesoría Legal en Asuntos de OMC, ACWL, Ginebra, 2002-2003).

- Curso Especializado sobre las Normas y Procedimientos de Solución de Diferencias de la OMC (OMC, Ginebra, 2004).

Idiomas

Español, inglés, francés, conocimientos de chino.

Experiencia profesional

Diplomático de carrera.

2007-hasta el presente- Ministro y Segundo de Misión de la Embajada de Uruguay en Washington D.C., EE.UU. Desempeña, asimismo, funciones como Jefe del Departamento Económico y Comercial de dicha Embajada.

2005-2006 - Director de Integración (en la Dirección General para Asuntos de Integración y MERCOSUR) del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, participando en diversas negociaciones comerciales externas del MERCOSUR.

- Coordinador de la Unidad de Reclamos y Controversias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

- Representante legal de Uruguay en diversas controversias planteadas por Uruguay en el ámbito del procedimiento de solución de controversias del MERCOSUR: Tabaco (Brasil); Neumáticos Remoldeados (Argentina); Cortes de Vías de Acceso a los Puentes Internacionales Gral. San Martín y Gral. Artigas (Argentina).

2003-2004 - Subdirector General para Asuntos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

- Coordinador de la Unidad de Reclamos y Controversias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

- 2003: Ascenso a Ministro Consejero por concurso de oposición y méritos.

1998-2003 - Consejero y posteriormente Ministro Consejero de la Delegación Permanente del Uruguay ante la Oficina de las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Organismos Internacionales con sede en Ginebra. Delegado ante los siguientes órganos de la OMC: Consejo General, Comité de Negociaciones Comerciales, Organo de solución de Diferencias, Consejo del Comercio de Servicios y órganos subsidiarios, Comité de Agricultura, Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Consejo del Comercio de Mercancías, Comité de Acceso de Mercados, Organo de Examen de las Políticas Comerciales, Adhesiones a la OMC.

- Presidente del Grupo de Trabajo sobre Normas del AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) de la OMC (2001).

- En los años 2000 y 2001 preside las reuniones plurilaterales sobre comercio de servicios en el Grupo de Trabajo sobre el proceso de adhesión de la República Popular China a la OMC.

- Integrante de la Delegación de Uruguay a la Segunda Conferencia Ministerial (Ginebra, 1998) y Quinta Conferencia Ministerial (Cancún, 2003) de la OMC.

- 1999: Ascenso a Consejero por concurso de oposición y méritos.

1995-1998 - Desempeña funciones en la Dirección de Organismos Económicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, siendo responsable de los temas relativos a la OMC.

- 1996: Ascenso a Primer Secretario por concurso de oposición y méritos.

- Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Comité Nacional de la Combre Mundial de la Alimentación (1996), el Comité Nacional del Codex Alimentarius y la Comisión Sectorial del Arroz.

- Delegado uruguayo en diversos grupos de trabajo del MERCOSUR: Grupo Ad Hoc de Servicios, Subgrupo de Trabajo N° 4 de Asuntos Financieros y Grupo Ad Hoc MERCOSUR-OMC.

1990-1995 - Secretario del Servicio Exterior y Encargado de la Sección Consular de la Embajada del Uruguay en Beijing, República Popular China.

- 1992: Ascenso a Segundo Secretario del Servicio Exterior.

1987-1989 - Desempeña funciones en la Dirección Regional Europa, Dirección de Tratados y Límites, Dirección General para Asuntos Culturales y en la Secretaría del Sr. Subsecretario de Relaciones Exteriores del Uruguay.

1987 - Ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay por concurso de oposición y méritos.

Otras actividades relacionadas

- Expositor en diversas conferencias y seminarios nacionales e internacionales.

- En los años 2006 y 2007 dicta un curso sobre GATT/OMC en la Universidad de Montevideo, Uruguay.

Publicaciones

- "Uruguay y los servicios: un aporte para una estrategia nacional". Revista "Política Exterior del Presente" N° 2/Noviembre 2005 (Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay).

- "Uruguay y las negociaciones de la OMC sobre comercio de servicios" Revista "Política Exterior del Presente" N° 1/Enero 2005 (Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior del Uruguay).

- "El AGCS y su relevancia para los países en desarrollo (Conferencia sobre "El Acuerdo de la OMC sobre Comercio de Servicios (AGCS) desde una perspectiva de política de desarrollo", GTZ-Haus Berlin, Alemania, 17 de febrero de 2003, Revista N° 122).

- "Las negociaciones comerciales multilaterales en la OMC y su importancia para los países en desarrollo". Revista Informativa de la Asociación Boliviana de Economía Política de la Globalización" (Bolivia, setiembre de 2002).

- "Evolución histórica del GATT y creación de la Organización Mundial del Comercio". Hugo Cayrús Maurín - Federico Perazza. Revista Diplomacia N° 13/1997. Instituto Artigas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Montevideo, Uruguay."

SEÑOR PRESIDENTE.- El Miembro Informante es el señor Senador Abreu, que en este momento no está presente en Sala.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: en este caso se trata de una solicitud de venia para designar a un funcionario de carrera, ingresado por concurso en el año 1987. El doctor Cayrús es un abogado que se ha especializado, sobre todo, en los temas comerciales y económicos y en la solución de controversias. Fue segundo en la Embajada de Estados Unidos, donde dirigió todo un desarrollo de la actividad económico comercial con mucha eficacia, y antes había estado en Ginebra, acreditado ante la OMC. De modo que estamos hablando de un funcionario no sólo correcto, sino muy capaz y con una alta especialización, y es importante que vaya a Colombia, un país tan relevante hoy en la vida política y económica de América Latina, porque marca un punto de equilibrio muy importante. Se trata de un país cuya economía está creciendo y con el cual, indudablemente, podemos desarrollar relaciones de enorme trascendencia.

Por todos estos motivos, la Comisión aconseja, por unanimidad, conceder esta venia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República de Colombia, al doctor Hugo Cayrús".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se dará cuenta al Poder Ejecutivo.

18) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR FISCALES LETRADOS ADJUNTOS AL DOCTOR FRANCISCO RUGGIERO NAVARRA Y A LAS DOCTORAS ELISA GISELLE GUPER SILVER, FATIMA PASEYRO OCAMPO Y PATRICIA MARIA MARQUISA HORGALES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a efectos de designar al doctor Francisco Ruggiero Navarra y las doctoras Elisa Giselle Guper Silver, Fátima Paseyro Ocampo y Patricia María Marquisá Horgales, como Fiscales Letrados Adjuntos. (Carp. Nº 1541/09 - Rep. Nº 1072/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1541/09

Rep. N° 1072/09

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 1 de junio de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de solicitar la venia requerida por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para una vez obtenida, proceder a la designación de cuatro (4) cargos de Fiscales Letrados Adjuntos (Escalafón "N" Magistrados) cuyos nombres y méritos se indivi-dualizan en el presente texto.

Así, el Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Rafael Ubiría, elevó a consideración del Ministerio de Educación y Cultura -en el marco de la competencia que le asigna el numeral 5° del artículo 7° del Estatuto del Ministerio Público y Fiscal-, los nombres de los Señores Secretarios Letrados, que a su criterio y en virtud de los argumentos que expone, se encontrarían en condiciones de acceder al cargo. (Oficio N° 129/08 de fecha 18 de noviembre de 2008, oficio ampliatorio N° 15/09 de fecha 18 de febrero de 2009 y nota ampliatoria N° 1564/09 de fecha 28 de abril de 2009).

La mencionada propuesta del Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, en su calidad de jerarca de la Unidad Ejecutora -Ministerio Público y Fiscal- jerarquizada a su vez al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura (artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.365), debe ajustarse a las disposiciones de rango legal que regulan el ingreso y la carrera administrativa de los miembros del Ministerio Público y Fiscal (artículos 22 y 31 del mencionado Decreto-Ley).

El Poder Ejecutivo -como órgano jerarca máximo en materia administrativa- tiene la responsabilidad de analizar la correspondencia legal de la propuesta sugerida, así como la oportunidad y mérito de la misma. Efectuado el análisis de rigor, se cumple con enviar la solicitud de venia al Cuerpo legislativo.

En efecto, el Dr. Francisco RUGGIERO NAVARRA ingresó al Ministerio Público y Fiscal, redistribuido de la Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, por Resolución de ese Ministerio de fecha 16 de febrero de 1995, en un cargo de Asesor I - Abogado (Escalafón "A", Grado 13), en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Décimo Segundo Turno.

Por Resolución N° A/69/998 de fecha 18 de junio de 1998, es trasladado a las Fiscalías Letradas de Aduana de Primer y Segundo Turno.

Con fecha 5 de marzo de 1999, es trasladado a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Cuarto Turno, y el 3 de febrero de 2005, a la similar de Décimo Segundo Turno, donde actualmente se desempeña.

La Dra. Elisa Giselle GUPER SILVER ingresó al Mi-nisterio Público y Fiscal por Concurso Abierto de Méritos y Pruebas de Aptitud, en un cargo de Asesor I - Abogado, hoy Secretario Letrado (Escalafón "A", Grado 13), en las Fiscalías Letradas Departamentales de Maldonado de Primero, Segundo y Tercer Turno, el 17 de julio de 1996.

Con fecha 24 de diciembre de 1999 es trasladada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Tercer Turno, en donde se desempeña hasta el 13 de octubre de 2000, fecha en la que es trasladada a la similar de Noveno Turno. Seguidamente, el 23 de julio de 2002 es trasladada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Tercer Turno, hasta el 1° de noviembre de 2002 en que pasa a cumplir funciones a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Primer Turno, donde se desempeña a la fecha.

Por su parte, la Dra. Fátima PASEYRO OCAMPO ingresó al Ministerio Público y Fiscal el 5 de marzo de 1998, por Concurso de Oposición y Méritos, en un cargo de Asesor I - Abogado (Escalafón "A", Grado 13), en las Fiscalías Letradas Departamentales de Florida de Primero y Segundo Turno.

Con fecha 1° de marzo de 1999 es asignada al despacho de la Fiscalía Letrada Departamental de Canelones.

El 6 de agosto de 2001 es trasladada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Octavo Turno hasta el 1° de febrero de 2002, fecha en la que es trasladada a la sede homónima de Cuarto Turno.

Posteriormente, por Resolución N° A/189/02 de 24 de octubre de 2002 es trasladada -como Secretario Letrado (Escalafón "A", Grado 13) -a la Sede Civil de Séptimo Turno y finalmente, el 5 de noviembre de 2007 es asignada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Quinto Turno (especializada en Violencia Doméstica), donde actualmente se desempeña.

Por último, la Dra. Patricia María MARQUISA HORGALES ingresó al Ministerio Público y Fiscal por Concurso para Aspirantes a ingresar a cargos de Secretarios Letrados y Asesor I - Abogados (Escalafón "A", Grado 13) en la citada Unidad Ejecutora, obteniendo el primer lugar en el orden de prelación.

Por Resolución de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación N° 134 (D) de 28 de octubre de 1999, es asignada -en calidad de consultor contratado- para cumplir idénticas tareas y cometidos a los que desarrollan los Secretarios Letrados y Asesores, en el área Penal de dicha Unidad Ejecutora.

Con fecha 1° de abril de 2001 es regularizada desde el punto de vista presupuestal en el cargo de Secretario Letrado (Escalafón "A", Profesional, Grado 13).

Surge del Oficio N° 129/08 que los Señores Secretarios Letrados propuestos han evidenciado a lo largo de las distintas trayectorias en las sedes en las que han debido desempeñarse, excelente capacidad y solvencia técnica en el cumplimiento de sus cometidos, lo que aunado a la contracción al trabajo y a la responsabilidad funcional demostrada en el ejercicio de las tareas técnicas encomendadas, los habilitan al ascenso que significa acceder al cargo de Fiscal Letrado Adjunto (Escalafón "N") para los cuales han sido propuestos.

En base a las razones expuestas, es que se solicita al Senado de la República la venia que habilite la designación de las siguientes personas:

a) Señor Secretario Letrado de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Décimo Segundo Turno (Escalafón "A" Profesional), Dr. Francisco Ruggiero Navarra, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Cuarto Turno (Escalafón "N" Magistrados);

b) Señora Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Primer Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. Elisa Giselle Guper Silver, para ocupar el cargo de Fiscal Letrada Adjunta de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Décimo Turno (Escalafón "N" Magistrados);

c) Señora Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Quinto Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. Fátima Paseyro Ocampo, para ocupar el cargo de Fiscal Letrada Adjunta en la citada Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Quinto Turno (Escalafón "N" Magistrados), y

ch) Señora Secretaria Letrada, cumpliendo funciones en el Area Penal de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación (Escalafón "A" Profesional), Dra. Patricia María Marquisá Horgales, para ocupar el cargo de Fiscal Letrada Adjunta en la referida Area Penal de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación (Escalafón "N" Magistrados).

El Poder Ejecutivo saluda al Señor Presidente de la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Simon.

DISPOSICION CITADA

DECRETO-LEY N° 15.365,

DE 30 DE DICIEMBRE DE 1982

Artículo 1°. (Concepto orgánico. Objetivos).- El Ministerio Público y Fiscal constituye un cuerpo técnico-administrativo jerarquizado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, bajo la jefatura directa del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, integrado por la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, Fiscalías Letradas Nacionales, Fiscalía Adjunta de Corte, Fiscalía Letrada Suplente, Fiscalías Letradas Departamentales y Fiscalías Letradas Adjuntas, que tiene como objetivos la defensa de la sociedad, la defensa y representación del Estado en el ámbito que las leyes le asignen y el asesoramiento al Poder Ejecutivo y a la Justicia cuando le sea requerido.

Fuente: Redacción dada por Ley N° 16.170, de

28/12/1990 artículo 364.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULAN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL

SECCION II - NOMBRAMIENTO

Artículo 22. (Nombramiento de los Fiscales Letrados Departamentales y Fiscales Letrados Adjuntos).- Para ser designado Fiscal Letrado Departamental y Fiscal Letrado Adjunto se requiere:

1) Título de abogado.

2) Ciudadanía natural o legal con tres años de ejercicio.

3) Habilitación psíquica, física y moral para el desempeño del cargo.

Es impedimento psico-físico el que resulta de enfermedades crónicas o permanentes que afecten gravemente la actividad de la personalidad física o psíquica.

Es impedimento moral el generado por el comportamiento socialmente degradante o por las condenaciones de carácter penal.

No puede ser nombrado Fiscal quien esté procesado por delito perseguible mediante acción pública.

CAPITULO VII - DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULAN LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL

SECCION III - REGIMEN ESTATUTARIO

Artículo 31. (Ingreso y carrera del Ministerio Público y Fiscal).- El ingreso al Ministerio Público y Fiscal se hará por el cargo de menor jerarquía.

El régimen normal de ascensos en el Ministerio Público y Fiscal se ajustará a los principios de la carrera administrativa, según el orden establecido en el artículo 4°.

Sólo será admisible apartarse de estos principios en casos excepcionales, cuando así lo solicite el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación fundándose en el interés del servicio.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

ACTA N° 98

En Montevideo, el día diez del mes de junio del año dos mil nueve, a la hora trece y treinta y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich y Mónica Xavier y los señores Senadores Enrique Antía y Walter Campanella.

Preside el señor Senador Enrique Antía; Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora Dinorah Amato y la Prosecretaria, señora Gloria Mederos.

La Comisión tiene a consideración el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Asuntos entrados:

A) CARPETA N° 1529/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo por la causal de ineptitud física, a la Especialista VII Servicios Asistenciales del Centro Departamental de Maldonado (Programa 07 - Unidad Ejecutora 023 - Escalafón D - Grado 03 - Correlativo 5420). Distribuido N° 3212/2009. Pasa a estudio del señor Senador Enrique Antía.

B) CARPETA N° 1530/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo por la causal de ineptitud física, a la Especialista I Servicios Asistenciales de la Dirección General de Secretaría (Programa 01 - Unidad Ejecutora 001 - Escalafón D - Grado 09 - Correlativo 181). Distribuido N° 3211/2009. Pasa a estudio de la señora Senadora Margarita Percovich.

C) CARPETA N° 1541/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar como Fiscales Letrados Adjuntos (Escalafón "N" Magistrados), al doctor Francisco Ruggiero Navarra y a las doctoras Elisa Giselle Guper Silver, Fátima Paseyro Ocampo y Patricia María Marquisá Horgales. Distribuido N° 3217/2009.

2) ASUNTOS TRATADOS:

A) CARPETA N° 1516/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo por la cau-sal de ineptitud física, a un funcionario de Inciso 11 "Ministerio de Educación y Cultura", Unidad Ejecutora 001, "Dirección General de Secretaría". Distribuido N° 3184/2009. La Comisión adopta resolución. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich.

B) CARPETA N° 1541/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para designar como Fiscales Letrados Adjuntos (Escalafón "N" Magistrados), al doctor Francisco Ruggiero Navarra y a las doctoras Elisa Giselle Guper Silver, Fátima Paseyro Ocampo y Patricia María Marquisá Horgales. Distribuido N° 3217/2009. La Comisión adopta resolución. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich.

C) CARPETA N° 1478/2009. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia para destituir de su cargo por la causal de delito, al Técnico III Médico del Centro Departamental de Treinta y Tres, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Programa 07 - Unidad Ejecutora 032 - Escalafón A - Grado 08 - Correlativo 1570). Distribuido N° 3114/2009. La Comisión adopta resolución. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Enrique Antía.

A la hora quince se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Enrique Antía Presidente

Dinorah Amato Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Es Miembro Informante la señora Senadora Percovich, cuyo suplente es el señor Senador Lezama.

SEÑOR LEZAMA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LEZAMA.- Señor Presidente: esta solicitud de venia está referida a personas que están ocupando cargos de Secretarios Letrados, que han evidenciado -según informa el Poder Ejecutivo-, a lo largo de distintas trayectorias en las sedes en que han debido desempeñarse, excelente capacidad y solvencia técnica en el cumplimiento de sus cometidos lo que, aunado a la contracción al trabajo y a la responsabilidad funcional demostrada en el ejercicio de las áreas técnicas encomendadas, los habilita al ascenso que significa acceder al cargo de Fiscal Letrado Adjunto.

En el caso del doctor Francisco Ruggiero Navarra, ingresó al Ministerio Público y Fiscal, redistribuido de la Secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, el 16 de febrero de 1995, en un cargo de Asesor I - Abogado en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Décimo Segundo Turno. Luego estuvo trabajando en las Fiscalías Letradas de Aduana de Primer y Segundo Turno y en marzo de 1999 es trasladado a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Cuarto Turno. Por último, pasa a la similar de Décimo Segundo Turno, donde actualmente se desempeña.

Por otro lado, la doctora Elisa Giselle Guper Silver ingresó al Ministerio Público y Fiscal por Concurso Abierto de Méritos y Pruebas de Aptitud, en un cargo de Asesor I - Abogado en las Fiscalías Letradas Departamentales de Maldonado de Primero, Segundo y Tercer Turno, el 17 de julio de 1996. En 1999 es trasladada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Tercer Turno, en donde se desempeña hasta octubre de 2000. Posteriormente, en el año 2002 es destinada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Tercer Turno, hasta el 1º de noviembre de 2002, en que pasa a cumplir funciones a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Primer Turno, donde se desempeña a la fecha.

Por su parte, la doctora Fátima Paseyro Ocampo ingresó al Ministerio Público y Fiscal el 5 de marzo de 1998, por Concurso de Oposición y Méritos, en un cargo de Asesor I - Abogado en las Fiscalías Letradas Departamentales de Florida de Primero y Segundo Turno. En marzo de 1999 es asignada al despacho de la Fiscalía Letrada Departamental del Departamento de Canelones. En agosto de 2001 es trasladada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Octavo Turno hasta el 1º de febrero de 2002, fecha en la que es trasladada a la sede homónima de Cuarto Turno. Posteriormente, el 24 de octubre de 2002 es trasladada como Secretario Letrado a la Sede Civil de Séptimo Turno y finalmente, el 5 de noviembre de 2007, es asignada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Quinto Turno (especializada en Violencia Doméstica), donde actualmente se desempeña.

Por último, la doctora Patricia María Marquisá Horgales ingresó al Ministerio Público y Fiscal por Concurso para Aspirantes a ingresar a cargos de Secretarios Letrados y Asesor I - Abogados, obteniendo el primer lugar en el orden de prelación. Por Resolución de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación de 28 de octubre de 1999, es asignada -en calidad de consultor contratado- para cumplir idénticas tareas y cometidos a los que desarrollan los Secretarios Letrados y Asesores, en el área Penal de dicha Unidad Ejecutora. Finalmente, en abril de 2001 es regularizada desde el punto de vista presupuestal en el cargo de Secretario Letrado.

En definitiva, como dije al comienzo de mi intervención, estos profesionales han evidenciado a lo largo de toda su trayectoria una excelente capacidad y solvencia técnica y, por otra parte, tienen la ventaja de haber recorrido distintos andariveles del Poder Judicial, lo que les da la competencia específica para ocupar los cargos para los que han sido propuestos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para designar como Fiscales Letrados Adjuntos (Escalafón ‘N’ Magistrados) al doctor Francisco Ruggiero Navarra y a las doctoras Elisa Giselle Guper Silver, Fátima Paseyro Ocampo y Patricia María Marquisá Horgales."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Las venias han sido concedidas y pasan al Poder Ejecutivo.

19) NEGOCIACION COLECTIVA DEL SECTOR PUBLICO

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Solicito que se efectúe el repartido de la Carpeta Nº 1053 de 2008, sobre Negociación Colectiva del Sector Público.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- En nombre de la Bancada del Partido Nacional, solicitamos un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Es la hora 10 y 36 minutos)

(Vueltos a Sala)

20) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS AL GRADO DE CORONEL DEL EJERCITO NACIONAL A VARIOS SEÑORES TENIENTES CORONELES

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se levanta el cuarto intermedio.

(Es la hora 11 y 16 minutos)

- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con las solicitudes de ve-nia remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional a varios señores Tenientes Coroneles. Carp. Nº 1509/ 09 - Rep. Nº 1066/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1509/09

Rep. N° 1066/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1° de febrero de 2009, a los siguientes señores Tenientes Coroneles, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

EN EL ARMA DE INFANTERIA

Por el Sistema de Antigüedad

- Tenientes Coroneles don Daniel E. Corbo, don Oscar T. Müller, don César H. Fernández y don César D. Talagorria.

Por el Sistema de Concurso

- Tenientes Coroneles don Amaral Pérez, don Luis E. Vidal, don Miguel A. Toledo y don Omar F. Carabajal.

Por el Sistema de Selección

- Tenientes Coroneles don Gerardo Molina, don Rivera Elgue, don Waldemar C. Fontes, don Darío Nieto y don Gustavo A. Rodríguez.

EN EL ARMA DE CABALLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

- Tenientes Coroneles don Carlos C. Tachini, don Juan A. Machado, don Carlos F. Dos Santos y don Enrique R. Montagno.

Por el Sistema de Concurso

- Tenientes Coroneles don Jorge Melo, don Fernando M. Guillade, don Hermes M. Greno y don Juan M. Vaz.

Por el Sistema de Selección

- Tenientes Coroneles don Ricardo A. Milans, don Mario J. Abella, don Juan E. Machado y don Carlos R. Cabara.

EN EL ARMA DE ARTILLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

- Tenientes Coroneles don Tulio Felici y don Oscar R. Camacho.

Por el Sistema de Concurso

- Tenientes Coroneles don Cyro E. Rodríguez y don Federico H. Silva Ledesma.

Por el Sistema de Selección

- Tenientes Coroneles don Héctor A. De Rebolledo y don Wilhelm N. Vogel.

EN EL ARMA DE INGENIEROS

Por el Sistema de Concurso

- Tenientes Coroneles don Franco W. Cugini y don Germán A. Weigel.

Por el Sistema de Selección

- Teniente Coronel don Alejandro J. Trentini.

EN EL ARMA DE COMUNICACIONES

Por el Sistema de Concurso

- Teniente Coronel don Gabriel A. Tavidián.

Sala de la Comisión, a 8 de junio de 2009.

Jorge Saravia, Miembro Informante; Reinaldo Gargano, Eduardo Muguruza.

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 4 de mayo de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo solicitando las venias correspondientes para conferir los Ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1° de febrero de 2009, a los siguientes señores Tenientes Coroneles, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

EN EL ARMA DE INFANTERIA

Por el Sistema de Antigüedad

- Tenientes Coroneles don Daniel E. Corbo, don Oscar T. Muller, don César H. Fernández y don César D. Talagorria.

Por el Sistema de Concurso

- Tenientes Coroneles don Amaral Pérez, don Luis E. Vidal, don Miguel A. Toledo y don Omar F. Carabajal.

Por el Sistema de Selección

- Tenientes Coroneles don Gerardo Molina, don Rivera Elgue, don Waldemar C. Fontes, don Darío Nieto y don Gustavo A. Rodríguez.

EN EL ARMA DE CABALLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

- Tenientes Coroneles don Carlos C. Tachini, don Juan A. Machado, don Carlos F. Dos Santos y don Enrique R. Montagno.

Por el Sistema de Concurso

- Tenientes Coroneles don Jorge Melo, don Fernando M. Guillade, don Hermes M. Greno y don Juan M. Vaz.

Por el Sistema de Selección

- Tenientes Coroneles don Ricardo A. Milans, don Mario J. Abella, don Juan E. Machado y don Carlos R. Cabara.

EN EL ARMA DE ARTILLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

- Tenientes Coroneles don Tulio Felici y don Oscar R. Camacho.

Por el Sistema de Concurso

- Tenientes Coroneles don Cyro E. Rodríguez y don Federico H. Silva Ledesma.

Por el Sistema de Selección

- Tenientes Coroneles don Héctor A. De Rebolledo y don Wilhelm N. Vogel.

EN EL ARMA DE INGENIEROS

Por el Sistema de Concurso

- Tenientes Coroneles don Franco W. Cugini y don Germán A. Weigel.

Por el Sistema de Selección

- Teniente Coronel don Alejandro J. Trentini.

EN EL ARMA DE COMUNICACIONES

Por el Sistema de Concurso

- Teniente Coronel don Gabriel A. Tavidian.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Dr. José A. Bayardi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

ACTA N° 87

En Montevideo, el día ocho de junio del año dos mil nueve, a la hora diecisiete, en la Sala de Ministros, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Jorge Saravia, Presidente de la Comisión.

Asisten sus Miembros señores Senadores Reinaldo Gargano y Eduardo Muguruza.

Faltan con aviso los señores Senadores Carlos Moreira y Gustavo Penadés.

Actúa en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora María Celia Desalvo y el Prosecretario, señor Jorge Fernández.

Abierto el acto, se procede a considerar el Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita la venia correspondiente para conferir ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional a varios señores Tenientes Coroneles. (Carpeta N° 1509/2009, Distribuido N° 3167/2009).

Se vota: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia. (Informe Verbal).

A la hora diecisiete y quince minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Jorge Saravia Presidente

María Celia Desalvo Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee)

-En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

21) ADQUISICION DE AVIONES DESTINADOS A LA FUERZA AEREA

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: antes de pasar a informar sobre este proyecto que viene aprobado por la Comisión de Defensa Nacional, quiero formular moción en el sentido de que, luego de este punto, se trate como urgente un proyecto de ley por el cual se habilita al Ministerio de Defensa Nacional a contraer un crédito para la compra de aviones con destino a la Fuerza Aérea.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

22) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS AL GRADO DE CORONEL DEL EJERCITO NACIONAL A VARIOS SEÑORES TENIENTES CORONELES

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: la Comisión de Defensa del Senado ha recibido un Mensaje del Poder Ejecutivo para conferir el ascenso al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1º de febrero de 2009 a los siguientes Tenientes Coroneles: en el Arma de Infantería: Daniel Corbo, Oscar T. Müller, César H. Fernández y César D. Talagorria por el Sistema de Antigüedad; Amaral Pérez, Luis E. Vidal, Miguel A. Toledo y Omar F. Carabajal por el Sistema de Concurso; Gerardo Molina, Rivera Elgue, Waldemar C. Fontes, Darío Nieto y Gustavo A. Rodríguez por el Sistema de Selección; en el Arma de Caballería: Carlos C. Tachini, Juan A. Machado, Carlos F. Dos Santos y Enrique R. Montagno por el Sistema de Antigüedad; Jorge Melo, Fernando M. Guillade, Hermes M. Greno y Juan M. Vaz por el Sistema de Concurso; Ricardo A. Milans, Mario J. Abella, Juan E. Machado y Carlos R. Cabara por el Sistema de Selección; en el Arma de Artillería: Tulio Felici y Oscar R. Camacho por el Sistema de antigüedad; Cyro E. Rodríguez y Federico H. Silva Ledesma por el Sistema de Concurso; Héctor A. De Rebolledo y Wilhelm N. Vogel por el Sistema de Selección; en el Arma de Ingenieros: Franco W. Cugini y Germán A. Weigel por el Sistema de Concurso; Alejandro J. Trentini por el Sistema de Selección; y en el Arma de Comunicaciones: Gabriel A. Tavidián por el Sistema de Concurso.

De conformidad con el numeral 11) del artículo 168 de la Constitución, la Comisión de Defensa Nacional aprobó estas venias y recomienda al Cuerpo que las vote afirmativamente.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continúa en consideración.

Si nadie hace uso de la palabra y los señores Senadores me lo permiten, a modo de fundamento de voto -ya que no puedo hacerlo de otra manera- quisiera destacar que entre las solicitudes de venia figura la correspondiente al hoy Teniente Coronel Juan Vaz quien, durante estos cuatro años y medio, ha sido mi Edecán militar. Sin perjuicio de las cualidades de los otros señores Tenientes Coroneles -a la mayoría no los conozco-, creo que es de estricta justicia dejar constancia de que se trata de un hombre íntegro a carta cabal, que durante estos cuatro años y medio se ha desempeñado con total contracción al trabajo y sentido de responsabilidad, acompañándome en muchas misiones oficiales en la que dejó bien sentado el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas por él representadas en ese momento. También es bueno decir que, por un concepto de lealtad, cuando tuvo la oportunidad de salir en Misión Oficial al exterior -las señoras Senadoras y señores Senadores saben lo que ello representa desde el punto de vista económico- optó por no hacerlo para seguir al lado de quien habla cumpliendo su función, lo cual no sólo agradezco sino que lo hago con un sentido muy emocionado porque son pocas las ocasiones en que se ven actos de desprendimiento de esta naturaleza.

El Teniente Coronel Juan Vaz asciende por concurso -lo cual es absolutamente justo- y considero que el Ejército -reitero, sin perjuicio de los demás- gana un Coronel de gran relevancia para el futuro de la Fuerza.

En definitiva, a modo de fundamento de voto quería dejar esta constancia que entiendo de total justicia.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional, con fecha 1º de febrero de 2009, a los siguientes señores Tenientes Coroneles, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

EN EL ARMA DE INFANTERIA

Por el Sistema de Antigüedad

Tenientes Coroneles don Daniel E. Corbo, don Oscar T. Muller, don César H. Fernández y don César D. Talagorria.

Por el Sistema de Concurso

Tenientes Coroneles don Amaral Pérez, don Luis E. Vidal, don Miguel A. Toledo y don Omar F. Carabajal.

Por el Sistema de Selección

Tenientes Coroneles don Gerardo Molina, don Rivera Elgue, don Waldemar C. Fontes, don Darío Nieto y don Gustavo A. Rodríguez.

EN EL ARMA DE CABALLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

Tenientes Coroneles don Carlos C. Tachini, don Juan A. Machado, don Carlos F. Dos Santos y don Enrique R. Montagno.

Por el Sistema de Concurso

Tenientes Coroneles don Jorge Melo, don Fernando M. Guillade, don Hermes M. Greno y don Juan M. Vaz.

Por el Sistema de Selección

Tenientes Coroneles don Ricardo A. Milans, don Mario J. Abella, don Juan E. Machado y don Carlos R. Cabara.

EN EL ARMA DE ARTILLERIA

Por el Sistema de Antigüedad

Tenientes Coroneles don Tulio Felici y don Oscar R. Camacho.

Por el Sistema de Concurso

Tenientes Coroneles don Cyro E. Rodríguez y don Federico H. Silva Ledesma.

Por el Sistema de Selección

Tenientes Coroneles don Héctor A. De Rebolledo y don Wilhelm N. Vogel.

EN EL ARMA DE INGENIEROS

Por el Sistema de Concurso

Tenientes Coroneles don Franco W. Cugini y don Germán A. Weigel.

Por el Sistema de Selección

Teniente Coronel don Alejandro J. Trentini

EN EL ARMA DE COMUNICACIONES

Por el Sistema de Concurso

Teniente Coronel don Gabriel A. Tavidián".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Han sido concedidas las venias y serán remitidas al Poder Ejecutivo.

23) ADQUISICION DE AVIONES DESTINADOS A LA FUERZA AEREA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fuera votada oportunamente: "Proyecto de ley por el que se habilita al Ministerio de Defensa Nacional a contraer un préstamo con el Banco de la República Oriental del Uruguay para la compra de dos aeronaves CASA C-212 Serie 200".

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Habilítase al Inciso 03 "Ministerio de Defensa Nacional" a contraer con el Banco de la Repúbli-

ca Oriental del Uruguay un préstamo por un monto de hasta euros 1:830.000,00 (un millón ochocientos treinta mil euros), con destino a la Unidad Ejecutora 023 "Comando General de la Fuerza Aérea", para la compra de dos aeronaves CASA C-212 Serie 200 equipadas con sistemas complementarios de búsqueda de alta tecnología.

Artículo 2°.- El Ministerio de Defensa Nacional comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas las condiciones del préstamo previo a su firma, las que deberán contemplar que la amortización no supere el plazo de veinticuatro meses contados a partir de los treinta días de la concesión del préstamo otorgado por el Banco de la República Oriental del Uruguay. También deberá informarse al Ministerio de Economía y Finanzas del cumplimiento de los pagos que se realicen.

Artículo 3°.- La amortización del mencionado préstamo, así como los intereses y otros costos asociados al mismo, se efectuará con los fondos provenientes de los reintegros que hace la Organización de las Naciones Unidas por concepto de reembolso por el material desplegado y la misión realizada en el marco de las Misiones de Mantenimiento de la Paz.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de junio de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: vale destacar que este proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y propone autorizar a la Fuerza Aérea uruguaya, a través de un crédito que será reembolsado con el dinero de las Misiones de Paz de las Naciones Unidas, a comprar dos aeronaves CASA C-212. Hace más de un mes esta iniciativa fue informada detalladamente por el señor Ministro de Defensa Nacional. Repito que se trata de aeronaves CASA C-212, aviones de despliegue táctico para información e inteligencia dentro del espacio marítimo de apoyo en Haití. Vale destacar que en un futuro también van a estar desplegados en el Uruguay.

La urgencia en aprobar este proyecto de ley radica en que hace tiempo nuestro país ya tiene desplegada una aeronave C-212, a la cual hay que realizar el overhaul y la Organización de Naciones Unidas no permite tener fuera de actividad más de cinco días a esta nave.

Por lo tanto, para este "overhaul" se necesitarían unos cuarenta y cinco días para ponerlo en actividad, por lo que nuestro país perdería la posibilidad del despliegue de esta aeronave tan importante que, en este momento, está de apoyo de la fuerza de Cascos Azules, desplegada en todos los países sudamericanos y también de las lanchas que tiene desplegadas el Uruguay.

Asimismo, lo importante de la compra de estos dos aviones CASA C-212, que son similares al que está desplegado en Haití, es que cuentan con mejor tecnología, actualizada satelitalmente y con la posibilidad, ambos, de más de tres mil horas de vuelo a futuro sin tener que hacer overhaul. Se trata de aeronaves suecas, para las que el Gobierno de aquel país llamó a adquisición el año pasado y el Uruguay hizo la opción por ellas, con una compra que se realizaría pagando el 50% al contado y el resto con la entrega de las aeronaves. Estos aparatos fueron revisados por dos misiones de técnicos y pilotos uruguayos, que determinaron que estaban en perfectas condiciones de volar y ser desplegadas inmediatamente, contando con una tecnología superior al CASA C-212 que ya tenemos desplegado en Haití. También podemos decir que es un buen negocio, porque para realizar el overhaul al C-212, que hoy debemos retirar para ser atendido, se necesitan US$ 1:400.000 y, en realidad, por € 1:830.000 compramos dos aeronaves con tres mil trescientas horas de operaciones una y tres mil seiscientas la otra, con elementos técnicos de primer nivel, superiores a los que están. Por lo tanto, para el despliegue táctico del Uruguay en Misiones de Mantenimiento de la Paz y para la Fuerza Aérea, es importante.

Quisiera agregar que estas dos aeronaves también unifican los equipos de vuelo o la plataforma que tiene la Fuerza Aérea Uruguaya, ya que posee doce C-212 de esas características. En realidad, invertimos ese dinero a través de un crédito de devolución de Naciones Unidas y, más adelante, con el Presupuesto, se haría el overhaul de este avión que regresaría al Uruguay. Aclaro que no es para desmantelarlo ni usar sus piezas para reparar otros, sino que en este momento es más conveniente comprar los otros dos aviones en perfecto funcionamiento con más de tres mil horas de actividad y traerlos para el Uruguay, a fin de poder hacer el overhaul cuando esté el Presupuesto de US$ 1:400.000.

El proyecto de ley que tenemos a consideración es muy sencillo y nosotros ya votamos uno similar para la compra de 16 lanchas a una empresa norteamericana de despliegue táctico en el mar territorial de Haití, para apoyo a las Misiones de Paz. Concretamente, el proyecto apunta a autorizar al Ministerio de Defensa Nacional a contraer con el Banco de la República un crédito de euros 1:830.000 para el Comando General de la Fuerza Aérea, a fin de comprar dos aeronaves CASA C-212, Serie 200, equipados con sistema complementario de búsqueda y de alta tecnología para el despliegue táctico de las Misiones de Paz. El proyecto de ley consta de tres artículos y a través de él, reitero, habilitaríamos al Ministerio de Defensa Nacional a contraer ese crédito con el Banco de la República, para hacer efectiva esta compra.

Además, es bueno decir -como ocurrió en el caso de la compra de las lanchas- que el Uruguay, por este crédito del Banco de la República, también se estaría ahorrando financiamientos caros ya que no se recurriría a intermediarios. En este caso, nuestro país haría una compra directa de 50% al contado y el 50% restante contra entrega de la misión, evitando así los gastos financieros extras o de comisiones. Además, financiaría con un crédito del Banco de la República -cuyos intereses son mucho más bajos- y luego se pagaría con el dinero que proviene de misiones de la Organización de Naciones Unidas. El Ministerio de Defensa Nacional informó al Ministerio de Economía y Finanzas acerca de cómo se haría el pago y en qué tiempo y forma vendría el dinero de Naciones Unidas.

Es todo cuanto quería informar. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SARAVIA.- Mociono para que se suprima la lectura de todos los artículos y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Se va a votar en bloque el proyecto de ley.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

24) NEGOCIACION COLECTIVA DEL SECTOR PUBLICO

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: de acuerdo con lo que habíamos solicitado, se ha repartido la Carpeta

Nº 1053/08, sobre la negociación colectiva del sector público. Solicito que se considere en forma urgente y se trate de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la urgencia solicitada por el señor Senador Vaillant.

(Se vota:)

-22 en 25. Afirmativa.

Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada: "Proyecto de ley por el que se regulan las relaciones laborales en el sector público (Carp. Nº 1053/08)."

(Antecedentes:)

"CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

I

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 1°. (Principios y derechos fundamentales del sistema de relaciones laborales en el sector público).- El sistema de relaciones laborales en el sector público está inspirado y regido por los principios y derechos que se desarrollan en el presente capítulo y por los derechos fundamentales internacionalmente reconocidos (artículos 57, 65, 72 y 332 de la Constitución de la República).

Artículo 2°. (Participación, consulta y colaboración).- El Estado promoverá de manera efectiva la consulta y la colaboración entre las autoridades públicas y las organizaciones de trabajadores públicos sobre las cuestiones de interés común que pudieren ser determinadas por las partes, con el objetivo general de fomentar relaciones fluidas entre los interlocutores, la comprensión mutua, el intercambio de información y el examen conjunto de cuestiones de interés mutuo.

La participación y la consulta son el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo sobre asuntos respecto de los cuales se ha proporcionado previamente información suficiente, a un nivel adecuado de representación de las partes que permita obtener respuestas suficientes sobre las posiciones adoptadas e incluso alcanzar acuerdos previos a posibles decisiones unilaterales.

Artículo 3°. (Derecho de negociación colectiva).- Reconócese el derecho a la negociación colectiva a todos los funcionarios públicos con las exclusiones, limitaciones y particularidades previstas en el artículo 9° del Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobado por la Ley N° 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y en los numerales 2 y 3 del artículo 1° del Convenio N° 151 de la OIT, aprobado por la Ley N° 16.039, de 8 de mayo de 1989.

El Estado promoverá y garantizará el libre ejercicio de la negociación colectiva en todos los niveles. A tales efectos adoptará las medidas adecuadas a fin de facilitar y fomentar la negociación entre la administración y las organizaciones representativas de trabajadores públicos.

Artículo 4°. (Negociación colectiva).- Negociación colectiva en el sector público es la que tiene lugar, por una parte entre uno o varios organismos públicos, o una o varias organizaciones que los representen y, por otra parte, una o varias organizaciones representativas de funcionarios públicos, con el objetivo de propender a alcanzar acuerdos que regulen:

A) Las condiciones de trabajo, salud e higiene laboral.

B) El diseño y planificación de la capacitación y formación profesional de los empleados en la función pública.

C) La estructura de la carrera funcional.

D) El sistema de reforma de la gestión del Estado, criterios de eficiencia, eficacia, calidad y profesiona-lización.

E) Las relaciones entre empleadores y funcionarios.

F) Las relaciones entre uno o varios organismos públicos y la o las organizaciones de funcionarios públicos correspondientes y todo aquello que las partes acuerden en la agenda de la negociación.

Las partes están obligadas a negociar, lo que no impone la obligación de concretar acuerdos.

Artículo 5°. (Obligación de negociar de buena fe).- La obligación de negociar de buena fe comporta para las partes los siguientes derechos y obligaciones:

A) La concurrencia a las negociaciones y a las audiencias citadas en debida forma.

B) La realización entre las partes de las reuniones que sean necesarias, en los lugares y con la frecuencia y periodicidad que sean adecuadas.

C) La designación de negociadores con idoneidad y representatividad suficientes para la discusión del tema que se trata.

D) El intercambio de la información necesaria a los fines del examen de las cuestiones en debate.

E) La realización de los esfuerzos conducentes a lograr acuerdos que tengan en cuenta las diversas circunstancias del caso.

Artículo 6°. (Derecho de información).- Las partes tienen la obligación de proporcionar, en forma previa y recíproca, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de causa.

El Estado, a solicitud de las organizaciones repre-sentativas de los trabajadores del sector público, deberá suministrar a las mismas toda la información disponible referente a:

A) Los avances de los proyectos de Presupuesto y Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.

B) La situación económica de los organismos y unidades ejecutoras y la situación social de los funcionarios.

C) Los cambios tecnológicos y reestructuras funcionales a realizar.

D) Los planes de formación y capacitación para los trabajadores.

E) Posibles cambios en las condiciones de trabajo, seguridad, salud e higiene laboral.

Artículo 7°. (Formación para la negociación).- Las partes en la negociación colectiva adoptarán medidas para que sus negociadores, en todos los niveles, tengan la oportunidad de recibir una formación adecuada.

II

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE NEGOCIACION COLECTIVA

Artículo 8°. (Ambito de aplicación).- Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados y los Gobiernos Departamentales (Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Juntas Locales Autónomas Electivas).

Artículo 9°. (Competencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social).- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será el organismo encargado de velar por la aplicación de la presente ley.

En tal carácter, coordinará, facilitará y promoverá las relaciones laborales y la negociación colectiva en el sector público. Cumplirá funciones de conciliación y de mediación y dispondrá de las medidas adecuadas para asegurar el cumplimiento de los acuerdos.

Artículo 10. (Niveles de negociación en el Poder Ejecutivo y en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado).- La negociación colectiva en el Poder Ejecutivo y en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado, funcionará en tres niveles:

A) General o de nivel superior, a través del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público.

B) Sectorial o por rama, a través de las mesas de negociación establecidas en función de las particularidades o autonomías.

C) Por inciso u organismo, a través de las mesas de negociación entre las organizaciones sindicales representativas de base y los respectivos organismos.

Artículo 11. (Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público).- El Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público estará integrado por dos representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (uno de los cuales presidirá el Consejo), dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dos representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y ocho representantes de las organizaciones sindicales más representativas de funcionarios públicos de mayor grado a nivel nacional, de conformidad con los principios establecidos en los Convenios Nos. 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y recomendaciones del Convenio N° 159 de la OIT, quienes podrán ser asistidos por asesores técnicos.

El Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público desarrollará la negociación colectiva de nivel superior, actuará por consenso y funcionará a pedido de cualquiera de las partes que lo integran.

Serán cometidos del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público propender a alcanzar acuerdos de máximo nivel en las materias referidas en el artículo 4° de la presente ley y todas aquellas que las partes definan y que no impliquen limitación o reserva constitucional o legal.

Artículo 12. (Segundo nivel).- La mesa de negociación en el nivel sectorial o por rama de la negociación colectiva en el Poder Ejecutivo y en los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados se integrará con dos representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dos representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, dos representantes de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dos representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y ocho delegados designados por la organización representativa de los funcionarios públicos del respectivo sector o rama.

En el caso de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, el ámbito de negociación podrá integrarse, además, con representantes de las referidas instituciones.

La negociación colectiva de nivel sectorial o por rama tendrá como cometido propender a alcanzar acuerdos de segundo nivel en las materias referidas en el artículo 4° de esta ley.

Artículo 13. (Tercer nivel).- El nivel por inciso u organismo funcionará a través de las mesas de negociación integradas por las autoridades del inciso u organismo y las organizaciones sindicales representativas de base. Asimismo, podrá participar representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, así como delegados de las organizaciones sindicales representativas de la rama.

La negociación colectiva de nivel inferior o por inciso u organismo tendrá como cometido propender a alcanzar acuerdos en las materias referidas en el artículo 4° de la presente ley.

Artículo 14. (Mesas de negociación).- A los efectos de la negociación colectiva en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los Entes Autónomos de la Enseñanza Pública, y los Gobiernos Departamentales (Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Juntas Locales Autónomas Electivas), se constituirán mesas de negociación, atendiendo a las particularidades reconocidas por la Constitución de la República.

Las respectivas mesas de negociación estarán integradas por dos representantes del organismo correspondiente, por tres delegados designados por la organización representativa de los funcionarios y por un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que actuará conforme con lo dispuesto por el artículo 9° de la presente ley. Asimismo, podrán participar, como asesores, delegados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la Oficina Nacional del Servicio Civil y del Ministerio de Economía y Finanzas.

Cada mesa de negociación definirá los ámbitos y niveles de funcionamiento según las necesidades y particularidades de cada organismo. La negociación colectiva tendrá como cometido propender a alcanzar acuerdos en las materias referidas en el artículo 4° de esta ley.

III

PREVENCION DE CONFLICTOS COLECTIVOS

Artículo 15. (Prevención de conflictos).- Ante cualquier diferencia de naturaleza colectiva que pueda representar conflictos entre las partes, se buscarán soluciones en el nivel del organismo; en caso de no lograr acuerdo, la diferencia podrá ser planteada en la instancia superior, atendiendo a las características o peculiaridades del ámbito de negociación de que se trate, sin perjuicio de las competencias específicas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1° de abril de 2009.

Roque Arregui

Presidente

José Pedro Montero

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley que fue aprobado inicialmente por el Senado en el mes de diciembre de 2008 y cuyos artículos 8º, 14 y 16 han sufrido modificaciones la Cámara de Representantes. Esta iniciativa regula la negociación colectiva de los funcionarios públicos en el marco de las relaciones laborales del sector que los aglutina.

Aclaro que no voy a describir el contenido del proyecto de ley, porque ya fue informado en este Senado, discutido y votado, y es el mismo, con excepción de las modificaciones introducidas que mencioné. Por ejemplo, en el artículo 8º, que tiene como título "Ámbito de aplicación" -referido a este sistema de negociación colectiva-, se agregan los Gobiernos Departamentales, las Intendencias Municipales, las Juntas Departamentales y Juntas Locales Autónomas Electivas.

Por otra parte, y consecuentemente, se elimina el artículo 16 aprobado por el Senado en el que se incluía a los Gobiernos Departamentales. De una forma distinta se incorporaban los instrumentos de negociación colectiva en lo pertinente, diciendo: "y se adecuarán a la normativa que se establece en esta ley". Quiere decir que introducía la negociación colectiva a los Gobiernos Departamentales de otra manera, como disposición final; este artículo fue eliminado en la Cámara de Representantes. Asimismo, se hizo otra modificación en el artículo 14 en el mismo sentido, ya que cuando se habla de las mesas de negociación se agrega, a las ya existentes, los Gobiernos Departamentales, Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Juntas Locales Autónomas Electivas.

Quiero decir, simplemente, que esto fue discutido en la Cámara de Representantes y hay una fundamentación acerca de estos cambios del doctor Pomatta. A continuación, citaré algunas frases de su intervención acerca del motivo por el que se modifica este proyecto de ley, en el sentido que acabo de describir. El doctor Pomatta dice lo siguiente: "Si bien no se quitó del proyecto original la presencia de los Gobiernos Departamentales y sus organizaciones," -se refiere a lo que hizo el Senado en su trámite- "la formulación permite que en la práctica no haya negociación, y eso es lo que pasa hoy". Más adelante expresa: "En este caso, al formularse que podría aplicarse en lo pertinente," -como expresa el artículo 16 aprobado por el Senado, que luego fue eliminado por la Cámara de Representantes- "la convocatoria a la negociación estaría librada a la voluntad estricta de lo que denominaríamos el sector empleador, y eso la quitaría de un sistema que está articulado en diferentes niveles, algo que lo hace novedoso. ¿Por qué insistimos en que debería mantenerse la formulación original? Porque sabemos de antemano cuáles han sido los cuestionamientos, fundamentalmente dirigidos a poner de manifiesto que se vulneraría de alguna manera la autonomía de cada Gobierno Departamental para determinar cuestiones que están precisamente en la órbita de su potestad.

Nosotros decimos que esas cuestiones de autonomía no están planteadas porque el que articula el sistema es el Estado, entendido como la persona pública mayor, la persona jurídica Estado que nuclea a todos y cada uno de los organismos que lo componen, con los gobiernos municipales incluidos. Los gobiernos municipales no son repúblicas autónomas, compartimentos estancos, cuya autonomía les permite hacer lo que quieren en cualquier tema; mucho menos en este tema que está caracterizado como un sistema que regula un derecho humano fundamental, la negociación colectiva.

Los Gobiernos Departamentales son autónomos para lo que dice su Ley Orgánica y la Constitución, no para negociar colectivamente; para esto están sujetos a un sistema que el Estado, a su vez, está obligado a promover, impulsar y articular, tal como hizo el Gobierno uruguayo al impulsar el proyecto que esta Cámara aprobó." Aquí se hace referencia al proyecto de ley que ingresó como Mensaje del Poder Ejecutivo.

Esta fundamentación fue aceptada y apoyada como argumentación en la Cámara de Representantes por una amplia mayoría, llegándose incluso a la unanimidad de presentes en la Comisión, lo que implica el voto favorable de más de un partido político. En consecuencia, proponemos que se acepten las modificaciones referidas, que se apruebe el proyecto de ley tal como está redactado, esto es, en la forma en que ha venido de la Cámara de Representantes.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: quiero manifestar que somos partidarios de introducir, a través de la ley, instrumentos y mecanismos que incorporen el procedimiento de la negociación colectiva en el ámbito público, lo que constituye el objeto principal de este proyecto de ley. Y tanto somos partidarios de ello, que cuando se inició el tratamiento de este tema en la Cámara de Senadores, y particularmente en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, no solamente dimos nuestro voto favorable, sino que además propusimos un conjunto de modificaciones al texto original -que fueron de recibo para los demás integrantes-, que resultaron aprobadas en la Cámara de Senadores, si no me equivoco, con el voto afirmativo de todos los sectores que integramos este Cuerpo. En aquella circunstancia propusimos una modificación referida a los Gobiernos Departamentales, porque entendíamos que introducir en el trabajo que desarrollan estas instituciones tanto al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, era una materia delicada que, considerábamos, necesitaba un tiempo de preparación. En consecuencia, se logró establecer un capítulo aparte en el que se incorporaban los procedimientos de negociación colectiva al ámbito municipal pero estableciendo que en lo que tiene que ver con los procedimientos, corresponde a los Gobiernos Departamentales disponer en qué forma se llevan adelante.

Pero, además, invocamos razones de carácter constitucional y no precisamente referidas a la autonomía. Este es un error que se cometió en la Cámara de Representantes y que ahora reitera la señora Senadora preopinante, ya que aquí no estamos discutiendo si se vulnera o no la autonomía de los Gobiernos Departamentales con la aprobación de una ley de estas características, aunque se podría llegar a analizar también ese aspecto. Lo que señalamos es que hay una disposición constitucional, que está vigente y que hay que respetar, que refiere, ya no solamente a los Gobiernos Departamentales, sino también a los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, con lo cual queda claro que no estamos hablando -reitero- de autonomía de ninguna naturaleza. El artículo 64 de la Constitución de la República expresa: "La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos". Esto significa que cada vez que se legisla en materia de funcionarios públicos y se pretende que esas normas abarquen a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales y de los Entes Autónomos, además de los de la Administración Central, se tiene que contar con dos tercios de votos favorables de los integrantes de cada una de las Cámaras. Por esa razón logramos, en una primera instancia, el entendimiento en la Cámara de Senadores, llegando a un proyecto de ley que abarcaba a los Entes Autónomos y a los Gobiernos Departamentales, al que, por dos tercios de componentes del Cuerpo, le dimos media sanción. Ahora vemos que el proyecto de ley viene de la Cámara de Representantes con una votación de 59 en 59 en la discusión general y de 61 en 62 en la discusión particular, en lo que hace a los artículos que comprenden a los Entes Autónomos y a los Gobiernos Departamentales. Quiere decir que en ninguno de los casos se contó con los dos tercios exigidos por la Constitución de la República, con lo cual, además de ser inconstitucional, la ley también sería nula, porque se han omitido los procedimientos formales. Es como si un día se decidiera aprobar una ley en una sola Cámara: la ley sería inconstitucional, por no respetar el mecanismo establecido en la Constitución; pero además, nula, porque ni siquiera se le dio participación a la otra Cámara. De la lectura del Diario de Sesiones del miércoles 1º de abril de 2009 surge claramente que en la Cámara de Representantes no estuvieron presentes los dos tercios de componentes necesarios para aprobar el proyecto de ley y enviarlo a la Cámara de Senadores. En consecuencia, esta iniciativa no podría ser tratada aquí, o debería ser devuelta a la Cámara de Representantes para que esta regularice la situación porque, de lo contrario, seríamos cómplices de esa falta en materia de procedimiento. Evidentemente, van a ser cómplices, porque ya veo cómo viene la mano: no solamente van a pasar por alto el hecho de que este proyecto de ley no cuenta con los dos tercios de votos necesarios de la otra Cámara, sino que, además, la mayoría frenteamplista va a aprobar la norma sin los dos tercios aquí y va a proclamar un resultado afirmativo. Nosotros, como Partido Nacional, no vamos a votar las modificaciones que vienen de la Cámara de Representantes, con lo que no se llegaría a los dos tercios correspondientes. El señor Presidente del Senado debería, entonces, proclamar un resultado negativo. Ese es el centro de la cuestión. Pero, claro, durante todos estos años -digamos la verdad-, en más de una oportunidad, la mayoría circunstancial que hay en el Parlamento mira de reojo a la Constitución de la República, e incluso, en muchas oportunidades no la ha tenido presente. En la Comisión de la Cámara de Representantes no se habló del artículo 64 de la Constitución de la República -se lo pasó por alto, no se lo tuvo presente o se omitió, quizá, sin intención-, pero se dijo que existen mecanismos para promover luego la inconstitucionalidad de la ley. Por supuesto que existen mecanismos, y muy probablemente los organismos afectados -ya sean los Entes Autónomos o las Intendencias Municipales, los Gobiernos Departamentales- estarán luego en condiciones de utilizar esos mecanismos, ya sea para promover la declaración de inconstitucionalidad de la ley o la no aplicación en el caso concreto.

Ahora bien, lo que no podemos es ser cómplices de una brutal violación de la Constitución. No es un tema menor jaquear todos los días la Constitución de la República, mucho menos si lo hace el propio Parlamento, por no respetar las mayorías que ella le exige.

Por esos motivos, señor Presidente, no solamente no vamos a votar este proyecto de ley, sino que, además, consideramos que todo el procedimiento es absolutamente nulo. La decisión que debería adoptar formalmente el Senado es, pues, devolver el proyecto de ley a la Cámara de Representantes, señalándole que, obviamente, tiene todas las potestades, competencias y la autoridad para modificar el proyecto de ley original -sin lugar a dudas, eso está fuera de toda discusión-, pero que para hacerlo necesita cumplir con lo que establece la Constitución, es decir, tener presente la exigencia de los dos tercios de votos. Si el proyecto de ley estuviera referido exclusivamente a la Administración Central no necesitaría los dos tercios de votos, pero, en ese sentido, el artículo 64 de la Constitución es categórico y, por ende, vamos a proceder en la forma señalada.

Habíamos solicitado el cuarto intermedio con el propósito de poder llegar a una solución que allanara estas diferencias. A nuestro juicio, la solución correcta era que formalmente no se diera entrada al proyecto de ley y se lo devolviera a la Cámara de Representantes, haciéndole simplemente la observación que mencioné.

No está en nuestro ánimo ni tenemos ganas de cuestionar al señor Presidente cuando, probablemente, violando la Constitución de la República, proclame afirmativamente el resultado de la votación sin contar con los dos tercios. Queríamos dejar esta constancia para que el señor Presidente sepa que está violando la Constitución.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: en el mismo sentido de lo expresado por el señor Senador Gallinal, queremos ratificar nuestra voluntad manifestada en Sala cuando votamos el proyecto de ley, porque, muchas veces, la memoria colectiva es muy frágil y mañana se puede decir que el Partido Nacional votó en contra la norma sobre negociación colectiva. Dimos el voto favorable porque la solución que consagraba el tema de la negociación colectiva a nivel de los Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales resguardaba el respeto al artículo 64 de la Constitución. La fórmula que en aquel momento se encontró y redactó buscaba, precisamente, preservar -porque era respetuosa- esa disposición. Por tal motivo, el proyecto de ley contó con nuestro apoyo, superando claramente la cantidad de votos necesarios para su aprobación.

Sin embargo, tenemos que decir que la solución que viene redactada desde la Cámara de Representantes, como muy bien señaló el señor Senador Gallinal, es evidentemente violatoria de la Constitución. A nuestra manera de ver, basta hacer una lectura del artículo 64 para comprobarlo. Expresa lo siguiente: "La ley, por dos tercios de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza" -esta es una de ellas- "sean aplicables a los funcionarios de todos los Gobiernos Departamentales y de todos los Entes Autónomos, o de algunos de ellos, según los casos". A nuestro entender, la norma no puede ser más clara y categórica en la materia. En esto no hay una consideración de política menor; por otra parte, lo señalo desde la experiencia de alguien que fue Intendente Municipal y que, por lo tanto, puede hablar de un Gobierno Departamental. Muchas veces, cuando los Intendentes tienen algún tipo de conflicto con el gremio de municipales -obviamente, estos conflictos tienen una dimensión que no se puede comparar con lo que puede suceder en Montevideo, ya que a nivel departamental son más fuertes, conmocionan mucho más a la sociedad en virtud de que el ambiente es más pequeño y la población menor- se sienten presionados para buscar una solución en virtud de que toda la comunidad está pendiente de ello. Y, justamente, esto viene como anillo al dedo al Intendente. Felizmente, no viví instancias de conflicto de ese tipo pero, en alguna oportunidad en la que tuve diferencias con el gremio municipal, lo que más me servía desde la óptica y la función de Intendente era que interviniera el Gobierno Nacional o que dictara alguna norma que me sirviera de pretexto para tener un respaldo y poder decirles: "Señores: paren; miren que esto no es culpa mía, no tengo nada que ver, porque viene del Gobierno nacional".

Ahora, voy a traer a colación un proyecto de ley que fue votado hace varios años por el Parlamento, cuando el Presidente de la República era el doctor Lacalle: la ley de funcionarios públicos. Esta disposición introdujo, respecto de los Gobiernos Departamentales, normas que eran violatorias del artículo antes mencionado. Y, si mal no recuerdo, el señor Presidente del Senado, siendo Intendente de Cerro Largo, y el señor Senador Larrañaga, en ese entonces Jefe Comunal de Paysandú, interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra la norma. Con esto quiero decir que es evidente que si se aprueba el proyecto de ley sin las mayorías que establece el artículo 64 de la Constitución, habrá reclamos de inconstitucionalidad por parte de más de un Gobierno Departamental. Esto será así, siempre que le convenga al Intendente; a lo mejor le conviene decir que el que se debe involucrar es el Gobierno Nacional, para no aparecer en una posición tan solitaria y verse tan presionado por los hechos y la realidad local, que lo obligaría a ceder más de lo que debería en una negociación que, naturalmente, nadie quiere tener en una comunidad pequeña, en un ambiente no tan grande en donde todo se diluye, como sucede en ciudades más importantes.

Entonces, invoco razones de oportunidad política y de conveniencia, pero, además, me parece que la norma constitucional es muy clara en esta materia. Si se vota el proyecto de ley tal como viene de la Cámara de Representantes se estará transgrediendo el artículo 64 y ello dará lugar a otro tipo de reclamos por parte de los Gobiernos Departamentales.

Creo que el acuerdo que se había alcanzado en el Senado cuando fue aprobado por unanimidad el proyecto de ley de negociación colectiva que fuera remitido a la Cámara de Representantes, era una sabia solución porque contemplaba con equilibrio la situación de lo que es la Administración Central, sus instancias y porque, en otro capítulo más atenuado, más declarativo, buscaba incitar a la negociación colectiva utilizando los mecanismos previstos en la ley pero respetando lo establecido en el artículo 64 respecto a los Entes Autónomos y Gobiernos Departamentales.

Esto es lo que queremos aportar a título de reflexión, tomando como base el análisis jurídico que hizo el señor Senador Gallinal, así como algunos elementos fruto de la experiencia que a uno le ha tocado vivir en esta materia.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si el Cuerpo me permite, voy a contestar una alusión.

(Apoyados)

-La verdad es que la solución que a veces se plantea -todos leemos los artículos de la Constitución- también es inconstitucional. Alcanzaría con leer el artículo 134 de la Carta para saber cuál es el procedimiento de elaboración de las leyes y advertir que lo que se está proponiendo en el sentido de devolver la iniciativa a la otra Cámara para que esta reflexione, no existe en nuestra normativa. El artículo 134 dice que "Si la Cámara en que tuvo principio el proyecto, lo aprueba, lo pasará a la otra para que, discutido en ella, lo apruebe también, lo reforme, adicione o deseche", pero no se envía la iniciativa a la otra Cámara para que esta re-flexione nuevamente. Por lo tanto, hablando de inconstitucionalidades, esa alternativa es inconstitucional.

Por otro lado, para tener en cuenta la constitucionalidad de las leyes, habría que analizar por qué existe el artículo 256 de la Constitución de la República, que establece con claridad que las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un organismo superior que declara la constitucionalidad de la ley que, como todos sabemos, es la Suprema Corte de Justicia. Frente a todo esto, quienes se sientan lesionados en su interés directo, personal y legítimo, tal como expresa la Constitución de la República, pueden presentarse ante la Suprema Corte de Justicia y plantear la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la norma, que para este caso también cabe.

En consecuencia, cuando se nos dice que recurrimos una ley, debemos expresar que lo hicimos porque, como Intendente Municipal, nos sentíamos lesionados en nuestro interés legítimo, personal y directo. Queda claro que, en aquel momento, el Parlamento votó una ley referida a los funcionarios municipales que tampoco contó con los dos tercios de voto y a nadie se le ocurrió cuestionar a la Mesa.

Muchas gracias.

Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- En su momento, cuando se discutió largamente la iniciativa, se pidió un informe a Jurídica del Parlamento que se expidió diciendo que se requerían dos tercios de voto del total de componentes de la Cámara a efectos de poder incluir de manera obligatoria a las Intendencias Municipales y a los Entes Autónomos, no así a los Servicios Descentralizados.

Ante esa situación, la negociación dio como resultado que se excluyera de la parte obligatoria tanto a las Intendencias como a los Entes Autónomos y se dejara una exhortación, un pedido o una expresión de voluntad en el sentido de que estos organismos del Estado o, en algunos casos los Gobiernos Departamentales, tuvieran la facultad de acogerse o no a la ley, es decir, de usarla o no. Esa fue la solución real y la razón por la que se demoró tanto, por la que se llevó a cabo la votación y por la que existe el artículo que se deroga.

En función de lo expuesto, señor Presidente, está bastante claro que se precisan los dos tercios de votos y que cualquier votación que no tenga esa mayoría especial, directamente, hace a la ley inexistente, no nula; la norma, o es inconstitucional o no existe, no hay término medio. De hecho, se necesitaban 66 votos en la Cámara de Representantes y no se los obtuvo. Por lo tanto, desde el punto de vista práctico, esta ley es como si no existiera en el ordenamiento jurídico.

En consecuencia, no vamos a acompañar esta iniciativa. Inclusive, no estamos de acuerdo con que la norma sea obligatoria para todo el mundo, porque las realidades pueden ser distintas. El Gobierno Central tiene sus particularidades y los demás organismos del Estado tienen las suyas. Creemos que hay que respetar las individualidades si queremos lograr el mejor resultado posible. Esta es la razón por la que no se debería obligar a todo el mundo.

Por todo esto, continuamos en la misma tesitura y adelantamos que el Partido Colorado no va a acompañar los cambios que propone la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: para tratar de conseguir la mayor cantidad de votos posible en el transcurso de las votaciones para obtener el apoyo de un proyecto de ley, no solo vale tener mayorías parlamentarias, sino el respaldo sostenido en el tiempo que la iniciativa pueda tener. Por lo tanto, el esfuerzo de esta Bancada en esta Cámara para conseguir la mayor cantidad de votos en la primera sanción de la iniciativa, no va en desmedro de si se necesitaban o no los dos tercios de votos. Siempre vamos a hacer esfuerzos para obtener el mayor respaldo, pero no necesariamente se invalida la ley si ese respaldo no es unánime, aunque en este caso sí lo fue. Cuando aquí se dice que si hubiera mayoría una vez proclamada la votación se estaría violando la Constitución, nos hacemos eco de las palabras del propio Presidente Nin Novoa al señalar que cuando se proclamó la ley nadie acusó al Presidente del Senado de proclamar una ley inconstitucional ni de violar la Constitución. A tales efectos, como sabemos, hay un órgano que determina la constitucionalidad o no de la norma. Inclusive, nadie trasmitió que el Presidente de la República de ese momento promulgaba una ley violatoria de la Constitución. Entonces, ¡pongamos las cosas en sus justos términos!

Por otro lado, sé que quienes poseen versación jurídica tienen diferentes bibliotecas; una de ellas da un alcance bastante amplio a este artículo 64, aunque no tanto como el que le da Jurídica del Senado. Si hiciéramos una consulta a Jurídica del Parlamento por cualquier ley, nos dirían que todas necesitan dos tercios de votos, incluso aquellas que en el Uruguay no los necesitan. Si así fuere, la ley de ocho horas los necesitaría, así como también la relativa a las licencias maternales y la que establece otorgar un día para que las mujeres puedan hacerse el Papanicolaou, precisamente, porque todas involucran a los Municipios. En consecuencia, todas las leyes que brindan derechos a los trabajadores, aun cuando no se nombre a los Municipios, necesitarían dos tercios de votos según Jurídica del Parlamento. Está bien, señor Presidente; respeto su posición, pero los que damos la cara y hablamos con los ciudadanos somos nosotros. Si, de ahora en adelante, quien va a legislar es Jurídica del Parlamento, está muy bien, pero no hagamos más elecciones internas, nacionales ni nada; dispongamos que sea ella quien lleve adelante las leyes en el país.

Entonces, la opinión de Jurídica es una más, la respetamos, pero creemos que el artículo 64 es mucho más restrictivo, pues comprende leyes especiales sobre Entes Autónomos o Gobiernos Departamentales. No refiere a leyes generales sino a especiales. Si aprobamos una norma según la que, de ahora en adelante, los días miércoles son feriados en el país, vale para todos; si redactamos una norma según la que los días miércoles son feriados para los funcionarios públicos, se incluye a los Gobiernos Departamentales, les guste o no a los Municipios. Después habrá mayorías para esa ley y se verá si es buena y conveniente, pero eso es otra cosa, es algo muy distinto. Si el argumento es que el Parlamento de ninguna manera se puede involucrar en el tema de los funcionarios departamentales -sea por la autonomía o por cualquier otro motivo- y que la Constitución consagra que este asunto no se puede tocar salvo que se reúnan los dos tercios de votos -por lo que, para cada ley que involucre a los Gobiernos Departamentales, se necesitarían los dos tercios-, nos preguntamos: ¿para qué existe el artículo 62 de la Constitución? Observen qué curioso: el artículo 62 dice que los Gobiernos Departamentales sancionarán los estatutos de los funcionarios departamentales -cada uno en su respectivo ámbito, es decir, el de Rocha hará el de los funcionarios de Rocha, el de Cerro Largo, el de sus funcionarios, etcétera-, pero que mientras esto no se cumpla, regirán las disposiciones nacionales. Aquí no se necesitan los dos tercios sino que rigen las mayorías simples; quiere decir que la Constitución no le está diciendo al conjunto de los ciudadanos que en este tema nadie se mete con los funcionarios departamentales, sino que hay derechos que rigen para todo el país y que, cuando en el ámbito departamental no rijan estatutos para el funcionario, se van a tener en cuenta los de los funcionarios a nivel nacional. Esto es así porque se trata de preservar derechos, de que haya estatutos para los funcionarios.

Entonces, en mi muy humilde opinión -y basada solo en la experiencia, en estos aspectos hay gente que tiene una mayor versación-, este tema está vinculado directamente a leyes especiales para los Gobiernos Departamentales. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una ley especial para el departamento de Cerro Largo -que hace un momento se mencionó-, para Tacuarembó, para los departamentos limítrofes con Brasil o para todos los Gobiernos Departamentales, que estableciera que a partir de ese momento los funcionarios de esos Gobiernos Departamentales solo trabajarían cuatro horas, entonces, aquí habría que tener cuidado. Si queremos hacer cosas especiales necesitaremos un porcentaje superior de aprobación en el Parlamento. De lo contrario, habría que revisar todo. Si la teoría es que toda ley que toque derechos u obligaciones de los trabajadores departamentales, tiene que contar con los dos tercios de aprobación, como dije, habría que revisar toda la legislación. Digo esto porque hay Convenios de la OIT que se aprobaron con mayoría especial -con mayoría absoluta, no con dos tercios- que los Jueces aplican y que se dan por válidos. Estoy hablando de normas que no han contado con los dos tercios de aprobación y, ¿se aplican o no para los Gobiernos Departamentales? Sí, los Jueces las aplican.

Imaginemos, por ejemplo, que aprobamos -no por dos tercios- una serie de normativas de seguridad para el trabajador en las que, obviamente se incluye a los Gobiernos Departamentales. Seguramente a nadie se le pasa por la cabeza que una disposición que establezca que en determinadas tareas se deben usar guantes, no tenga vigencia también en los Gobiernos Departamentales pero, si alguien tiene dudas al respecto, podemos determinar, a texto expreso, que esos Gobiernos están incluidos. Así, en vez de hablar del Estado en general, haríamos mención a cada una de sus dependencias, por ejemplo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, etcétera.

Entonces, nadie podría pensar que, por no haber contado con los dos tercios de aprobación, esas normas de seguridad no regirían porque, de ser así, tendríamos que revisar todas las disposiciones aprobadas por este Parlamento para constatar si tuvieron o no esa mayoría. Mi humilde interpretación es mucho más restrictiva y no tiene que ver con el esfuerzo -que conocen mis compañeros- que siempre pongo para conseguir el mayor apoyo posible para cada ley, que es lo que le da sostén en el tiempo. Aunque mañana fueran otras las mayorías, si la ley fue acordada y representa beneficios que se afirman, va a perdurar en el tiempo independientemente del Gobierno de turno. Como dije, mi visión del artículo 64 es mucho más restrictiva: es una ley especial, son normas especiales. Cuando se habla de generalidad o naturaleza es porque no estamos elaborando normas especiales con nombre y apellido; estamos hablando de generalidad o naturaleza que se aplicarán a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales. Para ser más específico, el artículo termina diciendo "o de algunos de ellos", porque es posible que existan algunas normas -que las hay, señor Presidente-, que se podrían aplicar para algunos departamentos. Un ejemplo de esto es cuando nosotros aprobamos alguna norma -lo que no siempre es por dos tercios, porque se necesita ese porcentaje de los componentes de cada Cámara- por la cual se establecen feriados especiales para tal o cual departamento al cumplirse determinada fecha y obligamos, además, a la Intendencia en cuestión a pagar ese feriado laboral. ¿Qué pasaría si esa norma no obtuvo los dos tercios? En muchas oportunidades este tipo de iniciativas se aprueban por unanimidad pero sin contar con esos dos tercios. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? ¿Corresponde que esto se apruebe así o no?

En consecuencia, señor Presidente, vuelvo a decir que tengo una visión mucho más restrictiva de este artículo 64. Creo que el camino de que nada se puede hacer con respecto a los Gobiernos Departamentales es peligroso porque, en el día de mañana, la ley no podría obligar -salvo que contara con los dos tercios- a efectuar los descuentos de determinados impuestos o contribuciones a la seguridad social. ¿Quién podría obligar a los Gobiernos Departamentales en ese sentido? Eso solo sería posible si la norma en cuestión contara con los dos tercios de aprobación. Pero, si no es así, ¿quién los obligaría, por ejemplo, a efectuar esos descuentos? Desde esos Gobiernos Departamentales se podría argumentar que en sus respectivos ámbitos nadie se puede inmiscuir y, entonces, cada departamento sería una isla en cuanto a las normativas laborales.

En definitiva, creo que este artículo 64 habla de la excepcionalidad, de normas especiales. Como son normas especiales, entonces, se necesitan mayorías especiales. En lo personal, señor Presidente, no me parece que la ley necesite los dos tercios. Esto no quiere decir que, si hubiera podido aconsejar a mis compañeros Diputados, no les hubiera dicho que trataran de contar el mayor respaldo posible. No obstante, se logró determinado respaldo y la iniciativa no está viciada; de aprobarse aquí, pasará a ser una ley vigente. Por otra parte, el señor Presidente de esta Cámara en ningún momento consideró que estaba violando la Constitución.

Esta es nuestra interpretación, señor Presidente.

SEÑOR BENTANCOR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: quiero agregar algo en la misma línea expresada por el señor Senador Michelini.

Queremos señalar que los derechos laborales de los trabajadores son considerados como Derechos Humanos fundamentales. Estos se han dado en llamar Derechos Humanos de segunda generación y han sido tenidos en cuenta en los organismos internacionales entre los que, en primer lugar, está la propia OIT, con el doctor Somavía al frente. Quiere decir que estos derechos han sido reconocidos por organismos internacionales de variada índole, aun la Organización de Naciones Unidas.

Reitero, como dije, que estamos hablando de un Derecho Humano fundamental, y esto no es una invención de la actual Administración. No se trata de que el Frente Amplio interpreta que todo lo que tiene que ver con los derechos laborales, son Derechos Humanos. No; existe consenso en cuanto a que los derechos laborales de los trabajadores tienen esa condición.

Por lo tanto, creemos importante señalar que, incluso en la actual Legislatura, hemos aprobado proyectos de ley que tienen que ver con derechos humanos fundamentales vinculados, por ejemplo, a la negociación colectiva. Así, tenemos la iniciativa -que fue muy discutida pero que al fin se aprobó- cuyo nombre específico era de Promoción y Protección de la Actividad Laboral, más conocida por proyecto de ley de fueros sindicales. Estas propuestas fueron aprobadas con distintas mayorías, pero en ningún momento se planteó que las mismas requirieran las mayorías especiales que se están reclamando ante eventuales autonomías, tanto de Entes Autónomos como de Municipios. Inclusive, en la Comisión de Legislación del Trabajo recibimos varias consultas de Municipios para preguntar cómo era todo esto porque, por ejemplo, el proyecto de ley de fueros sindicales incluía la famosa licencia sindical, así como el tema del descuento por cuota de afiliación a los sindicatos, la posibilidad de poner carteleras en los lugares de trabajo, etcétera. Para ser francos, creo que eso se venía dando en la mayoría de los municipios, pero la ley debe tener cierto grado de generalidad. Se consultó a aquellos lugares donde se encontraron dificultades y, por lo que sabemos, hasta ahora no se han provocado grandes conflictos de carácter constitucional ni se ha producido ningún tipo de avasallamiento a la autonomía.

Por otra parte, sería bueno recordar todos los artículos de la Constitución que tienen que ver con este tema. Podemos empezar con el artículo 57, que dice: "La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica.

Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y arbitraje.

Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad". Aclaro que ya hay varios proyectos de ley en este sentido, y en su momento se verá cómo prosperan.

Asimismo, el inciso primero del artículo 65 establece: "La ley podrá autorizar que en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias".

El artículo 72 señala: "La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana" -acabo de describir todo lo que tiene que ver con ese tema- "o se derivan de la forma republicana de gobierno". Por lo tanto, creo que este es un artículo que hay que tener en cuenta porque forma parte del soporte constitucional de esta norma y así lo dice a texto expreso.

Luego, el artículo 332 dispone: "Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que esta será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas". Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional -y respetando la opinión de los integrantes de la oposición que señalan una violación de determinados artículos de la Constitución-, entendemos que hay que tener una visión en su conjunto, tomando en consideración también otras disposiciones.

No quiero abusar del tiempo del Senado, pero lo cierto es que existe una profusa literatura en lo que tiene que ver con los convenios internacionales suscritos por nuestro país. El Uruguay tiene el orgullo de haber adherido a siete de los Convenios Fundamentales de la OIT en cuanto a las libertades y los derechos de los trabajadores.

En definitiva, es importante señalar que existe una cantidad de documentos relacionados con este tema. Para empezar, podríamos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU de 1966, aprobado en nuestro país por la Ley Nº 13.751, de 11 de julio de 1969. El artículo 8º de este Pacto, comienza diciendo: "1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos".

Por su parte, en los literales c) y d) del mismo artículo se afirma lo siguiente:

"c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obs-táculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país."

Como se puede apreciar, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU brinda una protección bien amplia; no se distingue entre el trabajador público y el privado, y las limitaciones solo pueden aplicarse a determinados sectores que llevan a cabo actividades extremadamente sensibles como, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o la Policía. En estos casos, los convenios internacionales siempre han permitido que el país maneje esas situaciones de acuerdo con las tan delicadas características de esas instituciones.

Por otro lado, se encuentra la Declaración Socio-Laboral del MERCOSUR, cuyo artículo 10 señala: "Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones o representaciones de trabajadores tienen derecho a negociar y celebrar convenciones y acuerdos colectivos para reglamentar las condiciones de trabajo, de conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales". Aquí tampoco hay ninguna limitación que tenga que ver con la autonomía.

El Convenio Nº 98 de la OIT sobre sindicalización y negociación, establece en su artículo 4º: "Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo".

A su vez, el numeral 1 del artículo 5º establece: "La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía". Como se puede apreciar, en los convenios de la OIT, las únicas restricciones a las libertades tienen que ver con estos dos sectores -estaría de más la explicación-, dada su especial sensibilidad en lo que respecta a los terrenos político y social del país.

El numeral 1 del artículo 1º del Convenio Nº 154 de la OIT sobre negociación colectiva, de 1981, establece: "El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica". Evidentemente, quedan incluidos los funcionarios públicos y, para mayor contundencia, en el numeral 2 del mismo artículo se agrega: "La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía".

En el numeral 3 se señala: "En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio".

Por último, la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, de 1998, reconoce el derecho a la libre asociación, la libertad sindical y la negociación colectiva, con absoluta independencia de la naturaleza privada o pública del empleador. Esta Declaración de la OIT debe aplicarse en forma obligatoria por parte de los Estados Miembros con prescindencia de su ratificación de los convenios internacionales. Es la teoría de la autoejecución, es decir que determinados acuerdos, convenios o normas a nivel internacional son autoejecutables en el país y no es necesario reafirmarlos. Tal es la importancia de este derecho fundamental de que estamos hablando, sobre negociación colectiva, que forma parte del llamado orden público internacional, que impone a los Estados el cumplimiento de la norma sin que puedan ampararse en disposiciones internas limitantes.

También quiero destacar algo que no es menos importante: nuestro país ha sido reiteradamente observado por los órganos de control de la OIT por no cumplir con la obligación de contar con mecanismos de negociación colectiva en el sector público. Más de una vez este organismo, desde su comisión de expertos, ha reclamado a nuestro país que establezca mecanismos en el sector público, sin discriminaciones. En la exposición de motivos del proyecto remitido por la Cámara de Representantes se recuerda lo relativo a este Comité de Libertad Sindical, por lo que no voy a referirme al tema.

Otro aspecto que considero fundamental es que esta iniciativa solo está promoviendo la constitución de mesas de negociación. Se trata de instrumentos mínimos y, en el caso específico que aquí estamos discutiendo, se busca que los Intendentes o los Directores de Entes Autónomos se sienten en torno a una mesa junto con los representantes sindicales para analizar y discutir ciertos temas. Está claro que no se los obliga a negociar o acordar, sino que se obliga -creo que es el término correcto- a que cuando una de las partes realiza una convocatoria -tanto del lado sindical como del otro-, esta instancia se lleve a cabo. Entonces, solo cumple con la previsión de un marco muy general para la negociación colectiva por lo que consideramos que no afecta ningún tipo de autonomía. Por lo tanto, las partes podrán pactar el contenido específico de lo que se va a discutir, siempre y cuando se encuentre en el marco del orden público. Es evidente que los Gobiernos Departamentales actuarán de acuerdo con sus previsiones y posibilidades presupuestales, porque aquí nadie pretende lo contrario; tal como sucede en la actualidad, cada Municipio continuará con su funcionamiento, tendrá el relacionamiento con los trabajadores que entienda conveniente y llegará a los acuerdos a los que pueda comprometerse, llevando adelante un relacionamiento fluido y respetando la normativa a que me he referido reiteradamente. En consecuencia, convendrán lo que consideren oportuno porque aquí solamente se busca que se reúnan, que decidan y, eventualmente, acuerden las cosas que permitan que la negociación sea más fluida.

Por último, quiero decir que ya este Parlamento ha aprobado leyes importantes de carácter general. Como bien decía el señor Senador Michelini, si en el día de hoy retrocediéramos en la historia y discutiéramos sobre la conveniencia de las ocho horas, a nadie se le ocurriría decir que eso rige para todos menos para aquellos que tienen autonomía desde el punto de vista constitucional. Respetuosamente, entiendo la postura de los señores Senadores de la oposición, pero creo que queda el camino abierto para que aquellos que se sientan lesionados por esta norma, puedan acudir a los organismos correspondientes y planteen que esto ha invadido o comprometido la autonomía de determinadas dependencias públicas. Quiere decir que en su momento se podrá reclamar la inconstitucionalidad de esta norma.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- He escuchado atentamente los argumentos que aquí se han enunciado, pero tengo dos o tres preocupaciones que debo manifestar porque, como decía anteriormente el señor Senador Da Rosa -seguramente el señor Presidente lo comparte-, quienes hemos estado al frente de un Ejecutivo departamental, hemos participado de esas negociaciones o reuniones. En todos los Gobiernos Departamentales existen organizaciones sindicales muy representativas de los trabajadores y de larga data. Entonces, aquí no nos vamos a encontrar con la situación de trabajadores que no tengan representantes gremiales que se encarguen de defender sus derechos. Es por eso que las recomendaciones de la OIT no me preocupan, ya que aquí existe una larga historia en lo que tiene que ver con la representatividad de los trabajadores a través de sus organizaciones. Por lo tanto, todas las negociaciones en esta materia se realizan entre el Intendente y la organización de trabajadores municipales, pero luego, lo que se decide queda sujeto a la aprobación de la Junta Departamental.

En mi opinión, es correcto lo que se dice con relación al artículo 64 y, en ese sentido, estoy de acuerdo con lo que ha expresado el señor Senador Gallinal ya que esa disposición contempla este proyecto de ley en particular, por lo que considero que requiere dos tercios de votos. El señor Presidente hizo mención a la aplicación del artículo 134 y aclaró que esta iniciativa no va a ser devuelta a la Cámara de Representantes. De cualquier forma, si estamos de acuerdo en que debe aplicarse el artículo 64, el modo en que se aprobó este proyecto en la Cámara de Representantes no fue correcto. Me parece que esta es una situación que la Constitución no prevé, dado que no tiene en cuenta el hecho de que una Cámara se equivoque cuando aprueba un proyecto de ley porque no cuenta con los votos suficientes. En este caso sería de aplicación el artículo 135 y, si nosotros no compartimos la observación o el cambio, tendríamos que remitir este asunto a la Asamblea General y, así, obtener una solución definitiva del tema. Ahora, el hecho de que en la Asamblea General no se consigan los votos, es otro asunto. Reitero que la Constitución así lo establece y hay que respetar los procedimientos.

Otro aspecto que quiero destacar es que, por ejemplo, en mi departamento de Colonia existe un Estatuto del Funcionario que fue aprobado por la Junta Departamental, que es el órgano que la Constitución dispone que debe aprobar este tipo de documento. Entonces, apenas se apruebe este proyecto de ley -aunque sea inconstitucional-, en este departamento se va a producir una colisión de normas. Por supuesto, la ley tiene una jerarquía superior, pero esa colisión se va a dar, aunque sea inconstitucional. Recuerdo una teoría de mi querido amigo y gran profesor, el doctor Juan Andrés Ramírez, quien sostiene que los administradores tienen la obligación de no aplicar las normas inconstitucionales. ¿Saben qué va a suceder? Que nadie la va a aplicar. En este ámbito he prevenido varias veces que estamos aprobando leyes que luego no se aplican, tal como sucedió con la Ley de Tránsito -lo reitero cada vez que se habla del tema- y también con la de seguro obligatorio, respecto a la cual el señor Presidente de la República solicitó una prórroga de un año.

Este proyecto de ley que estamos considerando tiene disposiciones que me parecen buenas, y creo que todos coincidimos en que su espíritu también lo es. Quizás se pueda decir que en los hechos no hay tres delegados de un lado y dos del otro y que no está presente un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero desde hace muchos años, por lo menos desde que estamos en democracia, existen negociaciones entre las ADEOM y los Intendentes. En lo que tiene que ver con la previsión de que esté presente un representante del Ministerio, aclaro que no sé si va a ayudar. No tengo temor de que los trabajadores no estén representados, ni de que su organización sindical no defienda sus derechos, ni de que no existan negociaciones en el momento, porque las hay todos los años, sobre todo respecto a temas que no están incluidos aquí, como los referidos, precisamente, a las retribuciones. En este proyecto se habla de temas muy importantes, vinculados con las condiciones de trabajo y demás, pero no con las retribuciones, porque sobre esta materia, naturalmente, las resoluciones se toman por la vía que prevé la Constitución: los presupuestos quinquenales, las rendiciones de cuentas, etcétera. Ahora bien, me pregunto: ¿qué va a pasar con esta norma cuando se esté chocando con muchos estatutos del funcionario que existen en las legislaciones departamentales? Desde ya advierto que el corolario de todo esto es que no se va a aplicar. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? ¿Vamos a terminar presentando denuncias penales contra los Intendentes? Además, supongo que los que determinarán quiénes van a integrar esas mesas tendrán que ser los Ediles pero, si esto no se traduce en legislación interna departamental, ¿qué potestad jurídica van a tener esas mesas para decir cómo va a ser la carrera funcional? En la disposición correspondiente se dice que cada mesa de negociación definirá los ámbitos y niveles de funcionamiento, etcétera, y luego se agrega que tendrá como cometido propender a alcanzar acuerdos. Pero si la mesa alcanza un acuerdo, por ejemplo, en materia de estructura de la carrera funcional y ese acuerdo no pasa por la Junta Departamental y no se aprueba, eso no tiene ningún valor jurídico, es decir, no obliga a nadie. Ahora bien, si queremos violar la Constitución quince mil veces, hagámosle tener valor jurídico a lo que diga la Mesa sobre la estructura de la carrera funcional. En definitiva, queda claramente demostrado que se está violando la autonomía de los Gobiernos Departamentales y que esto, en los hechos, no va a funcionar. El caso de las disposiciones respecto al Estado persona jurídica mayor es distinto, porque hay un Consejo muy numeroso y sus decisiones sí, van a poder obligar. Pero en el caso de los Gobiernos Departamentales, lo que diga la mesa no va a valer nada. Entonces, estamos aprobando una norma que no va a tener ninguna eficacia jurídica, y esto es algo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en este Parlamento: se aprueban normas que luego no se van a aplicar, lo que es muy malo para la imagen del Parlamento. Aquí no se pensó qué va a pasar con la mesa, y en la práctica no va a ocurrir nada. La mesa se va a reunir y va a tomar sus decisiones, pero si esas resoluciones no son aprobadas por la Junta Departamental, no van a tener vigencia jurídica porque, si así fuera, estaríamos violando notablemente la Constitución. Esto demuestra que estaba bien que los Gobiernos Departamentales no estuvieran alcanzados y que simplemente se aprobara una mera norma programática que estableciera que en lo pertinente sería bueno que tomaran este mecanismo, pero teniendo en cuenta sus particularidades y lo que la estructura constitucional establece en materia de competencias del Intendente y de las respectivas Juntas Departamentales.

Me parecía importante hacer esta precisión porque este enfoque no se ha planteado aquí, y creo que es bueno hacerlo como una manera de reflexionar sobre lo que va a ocurrir con una norma que va a ser absolutamente estéril y no va a producir ningún efecto jurídico. Sinceramente, no me gusta aprobar normas que luego no se van a aplicar, porque me parece que es muy malo.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: quiero hacer un agregado, pero ya no tanto con respecto al tema de la autonomía de los Gobiernos Departamentales, sino más bien con respecto a la aplicación del artículo 64 de la Constitución. Aquí no hay un problema de interpretación respecto a cuál es el alcance, entre otras cosas, de la autonomía. Cuando se aprueba una ley que contiene normas especiales para su generalidad o su naturaleza que se aplican a los Gobiernos Departamentales y a todos los Entes Autónomos, se necesita una mayoría de dos tercios. Así lo establece la Constitución y no puede ser modificado por ningún tratado internacional, por más que se invoque el principio de la autoejecución, porque si empezamos a trabajar sobre esa base, quizás nos sirvan algunas normas para determinados sectores o partidos y no nos sirvan otras, de acuerdo con el momento en que se dicten. La Constitución de la República es la que rige estos temas, y los convenios y tratados internacionales tienen que ser aprobados por el Parlamento y ratificados con posterioridad por el Poder Ejecutivo; si esto no ocurre, no son válidos, porque la Constitución de la República también establece con claridad cuáles son los procedimientos para internalizar normas de carácter internacional. Por lo tanto, no puede invocarse el principio de la autoejecución, como si esto fuera una pérdida absoluta de principio de soberanía en materia constitucional y de legislación. Además, sobre estos temas ha habido una larga discusión, porque ya cuando se discutió la Ley Nº 16.127 en este Senado, el Partido de Gobierno sostuvo la necesidad de que se aprobara por una mayoría de dos tercios. Busquemos los anales legislativos y lo comprobaremos. Concretamente, se trata de una ley por la que se dictan normas para designaciones, ascensos e incentivos para funcionarios públicos, que fue aprobada en el año 1991. En aquel momento se defendían criterios distintos, porque se entendía que había disposiciones de carácter legal que afectaban el artículo 64 de la Constitución, que establece la mayoría especial de dos tercios. En definitiva, el tema de la autonomía es importante y uno lo puede compartir hasta desde el punto de vista político, pero en lo que no coincidimos es en la aplicación automática de normas de Derecho Internacional que no sean aprobadas por el Parlamento y, mucho menos, en que la aplicación de normas de carácter internacional tengan, respecto de la Constitución de la República, una supremacía de tal naturaleza que no nos permita rescatar el principio de nuestra soberanía en el ámbito, no sólo jurídico, sino también político.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR BENTANCOR.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Bentancor.

SEÑOR BENTANCOR.- Señor Presidente: sin duda debí expresarme mal, pero tengo absolutamente claro -siempre lo digo, lo reafirmo y ha sido un orgullo para mí, cuando he tenido la oportunidad de ir a la OIT- que nuestro país es uno de los pocos en el mundo que han ratificado la mayor parte de los convenios fundamentales a los cuales se está refiriendo esta norma. Lo que señalé es que hay una corriente de opinión que sostiene que algunos convenios podrían ser incluso autoejecutables, pero no me estoy refiriendo al caso de nuestro país, porque tenemos -insisto- una profusa colección de convenios y convenciones ratificados. Quería realizar esta aclaración porque, sin duda, no lo expresé de la manera correcta y se entendió mal lo que quise decir.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Para concluir, señor Presidente, quiero señalar que, en función de lo que se ha expresado aquí -creo que varios señores Senadores de la Bancada del Partido Nacional lo han enunciado con claridad-, se ciernen sobre este proyecto distintas acechanzas. Por lo tanto, me parece que lo más prudente sería tratar de lograr que no tuviéramos luego una andanada de acciones de inconstitucionalidad y que no tuviéramos que presenciar cómo no se aplica una ley surgida de este Parlamento. Creo que habría que buscar los acuerdos políticos necesarios, remitir el proyecto a la Asamblea General y aprobarlo tal como había sido votado originalmente por este Senado, porque de esa forma no se violentaba ningún principio constitucional.

SEÑOR DA ROSA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Simplemente, quiero corroborar un aspecto de la alocución del señor Senador Moreira, que comparto totalmente. En concreto, me refiero al énfasis que él pone, en el caso de los Gobiernos Departamentales, en lo referente al papel de las Juntas. En una mirada superficial sobre el tema, se puede pensar que lo que aquí se está defendiendo es el interés de los Intendentes en eventuales situaciones de conflicto que pueden tener con los gremios municipales, pero, en realidad, si hay un organismo que se puede ver afectado en su fuero, es la Junta Departamental, porque el principio de autonomía consagrado en la Constitución establece que el Gobierno Departamental que ejerce la administración en su jurisdicción está compuesto por un órgano ejecutivo, que es la Intendencia Municipal, y un órgano legislativo, que es la Junta Departamental. Y toda la materia referida en general al funcionamiento del Gobierno Departamental debe ser sometida a la aprobación de la Junta Departamental. Por ejemplo, me planteo cómo se resolvería el problema si en el Estatuto del Funcionario Municipal de algún departamento o en una norma específica que dicte su Junta Departamental, se establecen criterios diferentes al de esta ley respecto a cómo debe llevarse adelante la negociación colectiva. Lo mismo sucede con los Entes Autónomos porque, por alguna razón, el artículo 63 de la Constitución dice que los Entes Autónomos comerciales e industriales proyectarán, dentro del año de promulgada la Constitución -o sea que ya lo previeron-, el Estatuto para los funcionarios de su dependencia, el cual será sometido a la aprobación del Poder Ejecutivo y, eventualmente, luego transformado en ley. Además, dice que este Estatuto regirá en lo que fuere conciliable con los fines específicos de cada Ente Autónomo. Es por la existencia de una estructura de Gobierno Departamental que se consagra su autonomía.

Concuerdo con el señor Senador Bentancor en que esto no es ninguna tragedia ni nada por el estilo; simplemente es una incitación a la mesa de diálogo, a sentarse a negociar y a conversar. Es más, reitero lo que dije hace un rato: muchas veces puede venirle como anillo al dedo al Intendente cuando se encuentra en una situación de soledad y jaqueado por una presión local circunstancial del gremio municipal. De todas maneras creo que es muy importante tener en cuenta la razón de la norma, por qué se consagra la autonomía y por qué ese artículo 64 requiere una mayoría especial para legislar en esta materia en lo que tiene que ver con los funcionarios de los Gobiernos Departamentales y de los Entes Autónomos. Creo que es muy importante remarcar que si hay un organismo que puede resultar afectado en su jurisdicción, más que la Intendencia, es la Junta Departamental.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Como el señor Presidente apreciará, este proyecto no solo viola la Constitución sino que ha herido la sensibilidad de varios ex Intendentes. Espero que el señor Presidente comparta ese sentimiento.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito al señor Senador que no me aluda porque no le puedo contestar.

SEÑOR MOREIRA.- Estoy haciendo una broma, señor Presidente, si es que el Reglamento lo permite.

SEÑOR PRESIDENTE.- Además, debo decir que el recurso de lesión de autonomía que presenté en su oportunidad, fue rechazado, por lo que ya existe jurisprudencia.

SEÑOR MOREIRA.- Me parece que en este caso no se perderían los recursos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va votar si se aceptan las modificaciones realizadas por la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(Aplausos en la Barra)

25) LEY GENERAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde considerar el punto que figura en cuarto lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Ley General de Derecho Internacional Privado (Carp. Nº 1461/09 - Rep. Nº 1068/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1461/09

Rep. N° 1068/09

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 19 de enero de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto proyecto de ley General de Derecho Internacional Privado.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1. Apreciaciones generales.

Las actuales normas generales de Derecho Internacional Privado de fuente nacional en nuestra República, están básicamente contenidas en dos textos: a) el Apéndice del Código Civil, que rige desde la vigencia de la Ley N° 10.084, de 1942, y b) en el Código General del Proceso (artículos 524 a 543) aprobado por Ley N° 15.982. El primer texto refiere a la ley aplicable a las relaciones jurídicas internacionales y a la competencia en al esfera internacional de nuestros tribunales (llamada competencia directa); el segundo refiere al derecho procesal internacional y a la cooperación judicial internacional hasta su estadio extremo, la ejecución de la sentencia extranjera, incluyendo la competencia en la esfera internacional del tribunal que la dictó (llamada competencia indirecta).

El texto del Apéndice del Código Civil, redactado por el connotado jurista Alvaro Vargas Guillemette, tuvo por finalidad incorporar a la legislación nacional el primer "sistema" de conflicto y lo hizo por la vía de adoptar soluciones que poco tiempo atrás habían sido aprobadas por los Tratados de Montevideo de 1940. Estos a su vez reafirmaban -con mínimos ajustes- las soluciones de los Tratados de Montevideo de 1889, los cuales se elaboraron a partir del Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado que elaborara Gonzalo Ramírez, insigne jurista, propulsor de la idea de celebrar un tratado en la materia, y adelantado para su época en las soluciones propuestas. Su larga vigencia aún siendo útil y también satisfactoria, no inhibe empero la consideración de que el desarrollo conceptual y normativo de la disciplina que en ese lapso se produjo en el plano internacional, requiere una nueva adaptación en la esfera interna. Ha mediado a su vez un tiempo importante entre ese texto y el texto más actualizado del Código General del Proceso, cuyo Título X "Normas Procesales Internacionales" estuvo a cargo de los Profesores de Derecho Internacional Privado Dres. Didier Opertti Badán y Eduardo Tellechea Bergman, por encargo expreso de los codificadores procesalistas. Ello es apreciable a través de las diferentes regulaciones adoptadas. Aun teniendo en cuenta que el último tiene diferente alcance material, es innegable que ya no llega a conformar un verdadero "sistema" con el anterior.

Se constata hoy un renovado contexto en el escenario del derecho internacional privado, tanto en lo que hace a las normas de fuente internacional -que han proliferado notoriamente a partir de 1940- como al derecho comparado, que ha ido adoptado soluciones más modernas y uniformes; todo lo cual sugiere la conveniencia de rever la legislación nacional, incoporando de ese conjunto normativo aquello que se estima adecuado a las necesidades y conveniencias del actual tráfico externo de la República. Entre el citado año 1942 y el presente,

a) la incidencia que la dinámica de los Derechos Humanos ha tenido sobre el Derecho en general también ha permeado el Derecho Internacional Privado, algo que parecía distante teniendo en cuenta la mecánica de aplicación de la norma de conflicto de los años ’40;

b) en el plano regional, Uruguay ha ratificado varias convenciones -actualmente vigentes- generadas por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado (CIDIP) en el marco de la OEA, siempre con relevante participación de Uruguay. Dicha Conferencia se ha reunido en seis instancias en las que se aprobaron numerosas convenciones en materia procesal, civil y comercial, además de una referida a la técnica de aplicación de la norma de conflicto que ha sido de gran utilidad a la jurisprudencia (Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado). En la primera CIDIP, que se llevó a cabo en Panamá en 1975, se aprobaron las siguientes Convenciones: sobre el régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero; sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas; sobre conflicto de leyes en materia de cheques; sobre exhortos o cartas rogatorias; sobre recepción de pruebas en el extranjero; y sobre arbitraje comercial internacional. Todas ellas fueron aprobadas por Uruguay por Decreto-Ley N° 14.534, de 2 de julio de 1976. En la segunda CIDIP, que se llevó a cabo en Montevideo en 1979, se aprobó la antes mencionada Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, además de las Convenciones sobre domicilio de las personas físicas en el Derecho Internacional Privado; sobre conflicto de leyes en materia de cheques; sobre conflicto de leyes en materia de sociedades mercantiles; sobre cumplimiento de medidas cautelares; 12) sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales; sobre prueba e información acerca del derecho extranjero y el Protocolo adicional a la Convención sobre exhortos o cartas rogatorias. Todos estos instrumentos fueron aprobados por Uruguay por Decreto-Ley N° 14.953, de 18 de diciembre de 1979. En la tercera CIDIP, celebrada en La Paz en 1984, se aprobaron las Convenciones sobre personalidad y capacidad de personas jurídicas en el Derecho Internacional Privado; sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores (aprobada por Uruguay por Ley N° 18.336 de 21 de agosto de 2008); sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras (aprobada por Uruguay por Ley N° 17.533 de 9 de setiembre de 2002; y el Protocolo adicional a la Convención sobre recepción de pruebas en el extranjero (aprobado por Uruguay por Ley N° 17.512, de 27 de junio de 2002). En la cuarta CIDIP, celebrada en Montevideo en 1989, se aprobaron las Convenciones sobre obligaciones alimentarias (aprobada por Uruguay por Ley N° 17.334, de 17 de mayo de 2001); sobre restitución internacional de menores (aprobada por Uruguay por Ley N° 17.335, de 17 de mayo de 2001); y sobre contrato de transporte internacional de mercadería por carretera. En la quinta CIDIP, celebrada en México en 1994, se aprobaron dos convenciones: una sobre derecho aplicable a los contratos internacionales; y otra sobre tráfico internacional de menores (aprobada por Uruguay por Ley N° 16.860, de 9 de setiembre de 1997). Finalmente, en la sexta CIDIP, celebrada en Washington en 2002, se aprobó la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias; la carta de porte directa uniforme no negociable interamericana para el transporte internacional de mercaderías por carretera y sus términos y condiciones al dorso; y la carta de porte directa uniforme negociable interamericana para el transporte internacional de mercaderías por carretera y sus términos y condiciones al dorso;

c) en el plano universal, el trabajo permanente de las Naciones Unidas en el espectro de esta disciplina a través de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL/CNUDMI), como así también el del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), que ha dedicado tiempo sustancial al Derecho Internacional Privado con la participación activa de delegaciones de Uruguay en ambos casos. La CNUDMI es el órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas en el ámbito del derecho mercantil internacional. Su cometido es fomentar la armonización y unificación progresivas del derecho mercantil internacional. Uruguay ha ratificado las siguientes convenciones generadas en su ámbito: Convención de Nueva York de 1974 sobre prescripción en la compraventa internacional de mercaderías y su Protocolo de enmienda de Viena de 1980 (Ley N° 16.746 de 21 de mayo de 1996), Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de venta internacional de mercaderías (Ley N° 16.879, de 21 de octubre de 1997) y Convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras (Nueva York, 10 de junio de 1958) aprobada por Decreto-Ley N° 15.229 de 11 de diciembre de 1981. En el caso de UNIDROIT, este Instituto fue creado en 1926 como un órgano auxiliar de la Sociedad de Naciones. Es una organización intergubernamental independiente, con sede en Roma, cuyo objetivo es estudiar los medios de armonizar y coordinar el derecho privado entre los Estados o entre grupos de Estados y preparar gradualmente la adopción por parte de los distintos Estados, de una legislación de derecho privado uniforme. Uruguay adhirió en 1940. Entre sus obras más trascendentes en Uruguay cabe mencionar los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales (primera versión de 1994 y segunda versión ampliada de 2004);

d) el ámbito de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya (organización interestatal de carácter permanente, creada en 1893, con la finalidad de unificar progresivamente las normas de Derecho Internacional Privado de los países miembros, donde están representados todos los continentes y todos los sistemas jurídicos del mundo), ha sido un indicador relevante en lo que refiere a soluciones de conflicto y fuente de consulta en la redacción de proyectos de sistemas de conflicto de fuente nacional, Uruguay (miembro desde 1983) ha tenido activa participación en esta organización en las últimas dos décadas, habiéndose generado varias convenciones en ese lapso, algunas ratificadas por la República. Es el caso de la Convención de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, aprobada por Ley N° 17.109, del 21 de mayo de 1999 y la Convención de La Haya relativa a la protección del niño ya la cooperación en materia de adopción internacional del 29 de mayo de 1993, aprobada por Ley N° 17.670, del 15 de julio de 2003; y

e) por último, pero no menos importante, los desarrollos más modernos en el ámbito más restringido del MERCOSUR, también ha generado convenciones de Derecho Internacional Privado de las cuales Uruguay es parte.

Las evoluciones normativas internacionales del Derecho Internacional Privado según lo que se acaba de referir; la conveniencia de amalgamar la normativa de fuente nacional a las soluciones más recibidas en la materia en el derecho comparado; y la necesidad de armonizar las soluciones de conflicto generales con las normas más avanzadas del Código General del Proceso, ha generado en el mundo académico y profesional la conciencia de que ha llegado la oportunidad para actualizar la legislación contenida en el Apéndice del Código Civil a fin de evitar un alejamiento del sistema general de fuente nacional de las actuales evoluciones del Derecho Internacional Privado. Esta es precisamente la finalidad del proyecto de ley que se somete a la consideración del Poder Legislativo.

Cabe señalar que este proyecto no significa, en la práctica, una modificación radical de las soluciones vigentes, muchas de las cuales surgen además de la aplicación de las convenciones que al respecto se han suscrito con los Estados con los cuales se da la mayor cantidad de tráfico externo y que la jurisprudencia ya maneja con solvencia. El objetivo es más modesto: se pretende actualizar la normativa de fuente nacional armonizándola con la normativa de fuente internacional ya ratificada por Uruguay o en cuya generación Uruguay ha participado activamente a través de sus delegaciones, sin perjuicio de tener en cuenta, también, las últimas soluciones de la normativa de fuente nacional en el derecho comparado a fin de precaver un inconducente aislamiento.

2. Comisión redactora del proyecto.

Con tales objetivos se constituyó una Comisión de expertos por Resolución 652/998 del Poder Ejecutivo, de fecha 17 de agosto de 1998 integrada por el Director del Instituto de Derecho Internacional Privado, Dr. Eduardo Tellechea, y por los profesores Dres. Marcelo Solari, Ronald Herbert, Cecilia Fresnedo y Esc. Carmen González, coordinado por la Directora de la Dirección de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y profesora de Derecho Internacional Privado, Prof. Dra. Berta Feder. Posteriormente se sumaron los Dres. Jorge Tálice y Paul Arrighi, siendo presidida por el Ministro de Relaciones Exteriores (entonces el Dr. Didier Opertti en su calidad de tal y como catedrático de derecho internacional privado).

La Comisión entregó un proyecto de ley al Parlamento el día 14 de setiembre de 2004. El Parlamento no lo pudo considerar en el escaso tiempo de Legislatura restante y el proyecto perdió estado parlamentario. No obstante, se continuó con una tarea de pulido de redacción, y de armonización que culminó en este proyecto que hoy se somete a consideración del Parlamento. En esta segunda etapa se sumó a los trabajos el Prof. Dr. Gonzalo Lorenzo.

3. Estructura y principales contenidos del proyecto.

El proyecto, que pretende sustituir el actual Apéndice del Código Civil, cuenta con tres sectores básicos:

el primero, referido a principios generales, comprende tres temas: los indicadores que deben regir la mecánica de aplicación de la norma de conflicto, la incidencia que la especialidad del derecho mercantil internacional tiene respecto de ese tema, y la definición del punto de conexión personal básico adoptado desde siempre por nuestro sistema -el domicilio-. Este primer sector constituye una innovación respecto de las normas de conflicto de fuente nacional, aunque no respecto de las normas de conflicto de fuente internacional vigentes en nuestro sistema de conflicto;

el segundo tiene por objeto la ley aplicable a las categorías jurídicas que se han adoptado como referentes del sistema. Está conformado por normas de solución de conflicto o formales (de la llamada concepción del gran jurista Savigny), como en el actual sistema del Código Civil; y

el tercero tiene por objeto la competencia en la esfera internacional de los tribunales nacionales. Está constituido por normas de tipo unilateral, propias de su carácter atributivo de jurisdicción.

Sigue a continuación una reseña de las innovaciones y las modificaciones efectuadas respecto del sistema del actual Apéndice del Código Civil con indicación de las razones para ello, a fin de facilitar la mejor comprensión del documento.

4. Primer sector: principios generales.

a) Principios generales de la aplicación de la norma de conflicto.

Los artículos 1 a 16 del proyecto, refieren a los aspectos generales de aplicación de la norma de conflicto, siguen casi textualmente el contenido de la Convención Interamericana sobre Normas Generales (CIDIP II, Montevideo, 1979) que ha sido ratificada por Uruguay y que, a falta de norma de fuente nacional, es la fuente normativa a la que los tribunales de la República suelen acudir actualmente.

Las únicas incorporaciones del proyecto no contempladas en la Convención sobre Normas Generales, son:

a) una norma referida a la definición de "normas de aplicación necesaria" (también llamadas por la doctrina de aplicación inmediata, imperativas o exclusivas), de unánime recibo en la doctrina y la jurisprudencia comparadas, que por su naturaleza y finalidad excluyen la aplicación del sistema de conflicto; y

b) una norma referida al "reenvío" (el artículo 12) -sobre el cual no hay previsión expresa en dicha Convención porque no se llegó a acuerdo sobre su redacción entonces- que recoge la doctrina más recibida en el país al excluir su aplicación de principio y permitir su uso en casos concretos con la única finalidad de corregir un resultado defectuoso de la aplicación de la norma de conflicto.

b) Especialidad del derecho comercial internacional

El artículo 16 del proyecto refiere a la especialidad del derecho comercial internacional que reclama la aplicación de un microcosmos de normas específicas en cuyo contexto se desarrolla esa actividad. La relevancia de la autonomía de la voluntad de las partes, la aplicación de normas de fuente no estatal pero reconocidas por los sistemas jurídicos de fuente nacional y convencional en general, y la observancia de usos y prácticas atinentes a los diversos sectores del comercio en juego, son las facetas que definen esta especialidad. Se trata de una norma que responde a la necesidad de adaptar las soluciones en este campo a la evolución de las últimas décadas reconocidas por todos los órdenes tanto de fuente internacional como de fuente nacional. El propio subsistema de las CIDIPs ha incorporado normas similares a partir de 1979 en las convenciones referidas al derecho comercial internacional (por ejemplo, en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales) y la República ha ratificado convenciones internacionales que han remarcado esta especialidad (en especial, corresponde tener en cuenta la Convención de Nueva York de 1974 sobre prescripción en la compraventa internacional de mercaderías y su Protocolo de enmienda de Viena de 1980, la Convención de Viena de 1980 sobre los contratos de venta internacional de mercaderías y los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales).

c) Definición de domicilio de las personas físicas.

En el actual sistema de conflicto de fuente nacional hay una verdadera laguna respecto de la definición del localizador de las personas físicas -que se ha venido integrando con los sistemas de fuente internacional- que es necesario solucionar.

La definición del punto de conexión "domicilio", localizador de las personas físicas -capaces o incapaces- sigue en lo sustancial el texto de la Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas (CIDIP II, Montevideo, 1979) ratificada por Uruguay y la tendencia universal en el sentido de jerarquizar la objetividad del vínculo territorial ("corpus") en desmedro del factor psicológico ("animus"), para evitar las dificultades que en la constatación del localizador plantea la prueba de un elemento subjetivo.

Existe un pequeño apartamiento de lo dispuesto en el artículo 3° de la Convención Interamericana referida, en lo que respecta al domicilio de los incapaces para la hipótesis de que los padres no ejerzan efectivamente la representación de sus hijos incapaces (artículo 16), siguiendo la tendencia más moderna, consolidada a partir de 1979, en el sentido que se prefiere ubicar el domicilio de dichos incapaces en el Estado de su efectivo "centro de vida" como medio de evitar el desplazamiento de la radicación a través de una definición meramente legal. Esta solución ya ha sido aceptada por Uruguay en convenciones bilaterales y multilaterales (Convenio entre Uruguay y Argentina sobre protección internacional de menores aprobado por Decreto-Ley N° 15.218 de 20 de noviembre de 1981; Convenio entre Uruguay y Chile sobre restitución internacional de menores aprobado por Decreto-Ley N° 15.250, de 26 de marzo de 1982; Convenio entre Uruguay y Perú sobre reclamación internacional y ejecución de la sentencia en materia de alimentos aprobado por Decreto-Ley N° 15.719, de 7 de febrero de 1985; Convenio entre Uruguay y Perú sobre restitución internacional de menores aprobado por Decreto-Ley N° 15.720, de 7 de febrero de 1985; Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias aprobada por Ley N° 17.334, de 17 de mayo de 2001); y Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores (aprobada por Ley N° 17.335 de 17 de mayo de 2001).

5. Ley aplicable a las categorías jurídicas referentes.

Respecto del sector referido a la ley aplicable a las categorías jurídicas involucradas en una situación jurídica internacional, el proyecto sigue el orden del actual Apéndice del Código Civil -el cual a su vez seguía la del propio Código-, a saber: personas, familia, sucesión, bienes, obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales.

a) Existencia y capacidad de las personas físicas.

En el capítulo correspondiente a las personas físicas se incorporan dos normas materiales (esto es, no de conflicto) aplicables en concordancia con las normas de fuente internacional sobre derechos fundamentales: la primera establece el principio general respecto de la capacidad de goce disponiendo que toda persona física goza de capacidad de derecho por su calidad de tal (artículo 17), y la segunda prevé que no se reconocerán incapacidades de ejercicios fundadas en razones de carácter penal, de raza, religión, sexo, nacionalidad u opinión (artículo 20.2).

b) Protección de incapaces.

El Capítulo de protección de los incapaces acoge básicamente la solución de conflicto anterior adoptando el punto de conexión "domicilio", aunque debe tenerse en cuenta que la definición de este localizador se ha adecuado a las circunstancias históricas actuales, jerarquizando las conexiones fácticas y en especial el centro de vida del incapaz como se indicó al referir al domicilio de las personas físicas.

Por otra parte, también se innova al distinguir la ley regularmente aplicable al fondo del asunto por un lado y la jurisdicción y la ley aplicable por excepción por razones de urgencia por otro (artículo 21), las cuales, siguiendo los principios generales de inmediatez en este tipo de circunstancias, son territoriales. Cuando la urgencia desaparece, se retorna a la aplicación de la ley regularmente aplicable. Esta solución se inspira en el Convenio de La Haya, del 19 de octubre de 1996 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños.

c) Familia.

Este sector comprende el matrimonio, las relaciones personales entre los cónyuges, las relaciones patrimoniales en el matrimonio, la separación conyugal y el divorcio, la filiación, las relaciones personales entre padres e hijos y las obligaciones alimentarias.

La regulación de la validez del matrimonio no difiere del régimen vigente.

Lo mismo puede decirse de relaciones personales entre los cónyuges, excepto que se prevé el caso bastante común de que los cónyuges no tengan, al momento de sus reclamaciones, domicilio en un mismo Estado; optándose en tal caso por la conexión del Estado donde ambos tuvieron su último domicilio; solución inspirada en la ley venezolana que tiene la virtud de la certeza en la identificación de una conexión no mutable. Ello sin perjuicio de la solución adoptada respecto de la competencia en la esfera internacional en el capítulo respectivo.

Respecto de las relaciones patrimoniales en el matrimonio (artículo 25) se estimó conveniente modificar parcialmente el régimen actual, por la siguiente razón. En el régimen vigente el punto de conexión elegido había sido adoptado de los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940 y tenía por única finalidad la protección de la mujer. Por un lado ya no se dan las condiciones fácticas y jurídicas que llevaron al Legislador a adoptar esa política protectora y en cambio resulta a veces harto difícil para los prácticos del derecho la investigación de un hecho (cuál fue el primer domicilio conyugal), con frecuencia sucedido mucho tiempo atrás, en el que la mera declaración de las partes no podía aceptarse en la medida en que no podía quedar dicha prueba al arbitrio de la voluntad de los interesados. La falta de certeza en muchos casos y la protección de los terceros en el tráfico externo, exigían pues un cambio. Y por otro lado, si bien el punto de conexión más seguro de determinar es el de la ley del lugar de celebración, se constata que, cada vez con más frecuencia, este suele ser contingente y con escasa o nula relación con los cónyuges.

Se optó entonces por un sistema de conexiones subsidiarias con el fin de contemplar las dificultades mencionadas, aún con las imperfecciones imaginables.

En similar sentido, y a fin de corregir eventuales inconsistencias causadas por el hecho de que un matrimonio se hubiese celebrado en un Estado y luego pasare a domiciliarse en la República, es que se incorpora una norma que permite a los cónyuges optar por la regulación del derecho nacional si hubiesen pasado a domiciliarse a la República.

En relación a la separación conyugal y al divorcio se mantuvo la conexión tradicional del domicilio conyugal. No obstante, se incorporó una solución ya aceptada por la jurisprudencia nacional, conforme a la cual, cuando los cónyuges tuvieren domicilio en Estados diferentes, se aplicará la ley del domicilio del actor o del demandado, a opción del actor.

La filiación se regula de modo general por la ley del domicilio común de los padres al tiempo del nacimiento del hijo. No existiendo domicilio común, se opta por la solución que pareció más lógica, esto es, regularla por el domicilio de la madre.

La Comisión ha considerado pertinente suprimir del proyecto la regulación de la filiación adoptiva, en razón de que esta categoría es especial y a ella refiere el Código de la Niñez y la Adolescencia, mientras que la presente es una ley general.

d) Sucesiones.

Esta parte mantiene la solución del Apéndice del Código Civil y los Tratados de Montevideo exclusivamente respecto de los bienes registrables, mas no de los demás bienes, disponiendo que estos se regulen por la ley del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento, respetando así la unidad del patrimonio sucesorio.

La norma proyectada se completa con la definición de su alcance extensivo -lo que no hace el Apéndice del Código Civil, a diferencia de los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940 que sí lo hacen en sus respectivos artículos 45- para evitar problemas de interpretación.

e) Personas jurídicas.

La Comisión ha decidido regular en este proyecto exclusivamente las personas jurídicas no comerciales teniendo en cuenta que el mismo tiene las características de una ley general y que las sociedades comerciales son objeto de regulación por ley especial (Ley N° 16.060), que es lo adecuado al dinamismo regulatorio de esta especie.

Con respecto a la regulación de las personas jurídicas civiles, se siguen básicamente los criterios ya establecidos por el Apéndice del Código Civil.

f) Bienes.

Se mantiene la sabia solución de los Tratados de Montevideo y del Apéndice del Código Civil.

El proyecto se completa con normas sobre localización de bienes que plantean problemas a este respecto y sobre conflictos móviles por el cambio de situación de los bienes muebles, que no innovan respecto de las normas de fuente internacional y doctrina dominante en estos aspectos.

g) Prescripción.

En esta parte se estimó adecuado acoger las normas de los Tratados de Montevideo en materia de prescripción adquisitiva y extintiva -categorías no previstas en nuestro actual sistema de fuente nacional-.

h) Forma y validez de los actos y partición.

Respecto de las formas y validez de los actos, el proyecto reproduce básicamente la solución del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, que tampoco se acogió en el Apéndice del Código Civil como solución de adaptación, pese a las expresiones del propio codificador, pero que de hecho ha adoptado la jurisprudencia.

El proyecto también incluye una norma referida a la partición, categoría jurídica que no está prevista actualmente en las normas de fuente nacional ni en las normas de fuente internacional de nuestro sistema -que han jugado un importante rol de integración-, lo cual había obligado a la doctrina y a la jurisprudencia a elaborar soluciones no siempre coincidentes. El proyecto establece en el numeral 2 del artículo 42 la facultad de partir los bienes indivisos aun cuando estén ubicados en diversos Estados cualquiera sea la causa de la indivisión; y el numeral 1 de la misma norma dispone que la ley aplicable será la de celebración del acuerdo particionario. Esta solución no abre la posibilidad de revisar el cálculo de las cuotas de cada coindivisario -lo cual debe efectuarse según la ley que regula la causa de indivisión-, sino que regula exclusivamente el acto particionario. Como se advierte, por un lado se opta por considerar la partición como un acto jurídico, y a la vez se le regula por una conexión -lugar de celebración- solución favor negotii.

La solución dada a la regulación de la partición judicial parte de la misma base, entendiendo que en tales casos el acto particionario se asimila a un mero procedimiento.

i) Obligaciones contractuales.

En materia de ley aplicable se contemplan separadamente dos supuestos. El primero refiere al caso en que las partes en el contrato no han escogido la ley aplicable; el segundo, cuando si lo han hecho.

En el primer supuesto se mantienen básicamente los criterios ya vigentes contenidos en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1940.

En el segundo supuesto, el artículo 46 innova respecto de las soluciones vigentes, en armonía con la tendencia unánime mundial. Se pretende reflejar la voluntad de las partes, por tratarse de relaciones de derecho privado que pertenecen al dominio de las personas, respetándose el derecho elegido por ambas partes o por más si las hubiere.

Dada su especificidad y en función de que cuentan con regulación propia, determinadas obligaciones contractuales fueron excluidas de esta regulación general (artículo 48).

Se prevén no obstante las relaciones de consumo, las que por primera vez se incorporan en una regulación de derecho internacional privado en nuestro ámbito. Pese a su especialidad, se estimó del caso incluir un estatuto mínimo para determinar la ley aplicable, en virtud de la importancia que tiene para el país, en especial en las zonas de turismo, el supuesto de consumidores extranjeros que realizan negocios en la República, los que desde cierto ángulo son calificables como relaciones de consumo (artículo 49).

El artículo 50 preceptúa la aplicación de usos, prácticas y principios del derecho internacional que sean de aceptación general o estén recogidos por organismos internacionales. Esta norma es de amplio recibo, en especial en materia comercial y permite incorporar prácticas y principios que no son contenido de reglas normativas, así como soluciones generadas en organismos especializados, tales como el UNIDROIT, del que Uruguay forma parte.

j) Obligaciones no contractuales.

El artículo 52.1 recoge el principio básico de los Tratados de Montevideo y del Apéndice del Código Civil -que a su vez remite a los Tratados de Montevideo de 1889- por el cual las obligaciones extracontractuales se rigen por la ley del Estado donde se produjo el hecho lícito o ilícito que las genera.

Mas como esta solución tradicional se ha mostrado insuficiente como punto de conexión exclusivo en casos concretos, siguiendo la evolución de la legislación comparada se ha previsto el punto de conexión alternativo del lugar donde ha ocurrido el daño a favor de quien sufrió el perjuicio ("favor laesi"), que se refleja en la opción que se confiere a este cuando el hecho generador del daño proyecta consecuencias en Estados diferentes.

El numeral 2 del mismo artículo contempla la hipótesis relativamente frecuente en nuestro país, de accidente de tránsito entre personas con domicilio en un mismo país extranjero. Dispone que cuando el causante del hecho y el damnificado tuvieren domicilio en el mismo Estado se aplicará la ley de este, fundamentalmente en función de que el lugar del hecho puede ser accidental y previsiblemente la demanda se incoará en el domicilio común (solución adoptada por el Protocolo de San Luis en el ámbito del MERCOSUR).

6. Competencia de los tribunales nacionales en la esfera internacional.

Respecto del sector referido a la competencia de los tribunales nacionales en la esfera internacional, como se ha dicho antes, en el capítulo referido a la estructura y principales contenidos del proyecto, la estructura de las normas pasa a ser unilateral no solo porque las normas de competencia sean atributivas de poder jurisdiccional (y por ende limitantes del ámbito jurisdiccional de los tribunales del Estado) sino porque lo dispuesto en el artículo 539.1 numeral 4) del Código General del Proceso torna irrelevante su bilateralización (la cual es útil solo cuando ellas sirven también como criterios de competencia indirecta, vale decir cuando se trata de la ejecución de una sentencia extranjera).

Las innovaciones más importantes, son las siguientes:

a) Los criterios generales de competencia, son: i) el criterio universal del domicilio del demandado (actor sequitur forum rei), ii) el criterio tradicional de nuestro sistema de conflicto que vincula la jurisdicción internacional al criterio de la ley aplicable, llamado Asser en homenaje a su propulsor, y iii) el de la autonomía de la voluntad en materia contractual internacional. Respecto de este último, el acuerdo de elección de jurisdicción podrá realizarse en el momento del otorgamiento del negocio jurídico correspondiente, durante su vigencia o una vez surgido el litigio, con los límites previstos en los artículos 48 y 49 del proyecto. Si nada se hubiere pactado al respecto, los tribunales de la República tendrán jurisdicción en la esfera internacional según el resto de los criterios generales.

b) El proyecto amplía las bases de competencia en la esfera internacional de los tribunales de la República respecto de ciertas acciones en que la parte actora se en-cuentra en situación de inferioridad frente a la parte demandada desde la génesis de la cuestión litigiosa, en con-cordancia con la corriente unánimemente aceptada de faci-litar el acceso a los tribunales como derecho fundamental de la persona. Así se establecen "criterios especiales" que se adicionan a los criterios generales en estas materias: responsabilidad extracontractual, contrato con consumidores.

c) El artículo referente a "jurisdicción exclusiva" tiene por objeto delimitar el alcance de la última parte del numeral 4) artículo 539.1 del Código General del Proceso, desde que su interpretación debe ser restrictiva.

Asimismo el proyecto incorpora la ampliación de la competencia en la esfera internacional de los tribunales en otros aspectos respecto de los cuales la propia jurisprudencia ya lo había hecho: i) una norma incorpora la interpretación dada por los tribunales judiciales al artículo 27 de la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (competencia de los tribunales uruguayos cuando la persona domiciliada en el extranjero realiza el negocio en la República a través de agencia o representante), ii) otra norma amplía la jurisdicción internacional en el caso de citaciones en garantía, y iii) otra norma la amplía en el caso de acciones conexas.

También se regula, en concordancia con normas ya plasmadas en el Código General del Proceso, la jurisdicción de los tribunales de la República, respecto de medidas cautelares o de urgencia en materia de protección de incapaces, cuando el incapaz se encuentre en territorio de la República; en materia de restitución y tráfico de menores, cuando el menor se encuentre en territorio de la República; en materia de relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges, separación de cuerpos y divorcio, si el actor tuviere domicilio en el país; en materia de contratos con consumidores, si el contrato se celebró en la República o el cumplimiento de la prestación de servicio o entrega de la mercadería se produjo o debió producirse en nuestro territorio; en materia de obligaciones no contractuales, si el daño hubiere tenido lugar en la República o si el hecho que le da origen se produjo en el país.

El artículo 57, de conformidad con las legislaciones más modernas, contempla la posibilidad de que las controversias privadas se diriman mediante arbitraje. Se establece la validez del acuerdo entre las partes por el cual se obligan a someter a decisión arbitral sus diferencias en relación a un determinado negocio de carácter mercantil internacional.

7. Fuentes generales del proyecto.

Las fuentes que fueron predominantemente tenidas en cuenta, son las siguientes:

Apéndice del Código Civil (Ley N° 10.084 de 4 de diciembre de 1941), que constituye el texto a reformular;

Código General del Proceso (Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988);

Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales (Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985);

Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional y de Derecho Comercial Internacional de 1889 y 1940 (aprobados por Ley N° 2.207, de 3 de octubre de 1892 y por Ley N° 10.272, de 12 de noviembre de 1942, respectivamente);

Convenciones aprobadas en el ámbito de las CIDIP (Conferencia Interamericana Especializada sobre Derecho Internacional Privado) mencionadas en el párrafo 1.b);

Protocolos relativos a materia de Derecho Internacional Privado en el ámbito del MERCOSUR; Protocolo sobre jurisdicción internacional en materia contractual, Buenos Aires, Decisión CMC 1/94, aprobado por Ley N° 17.721, de 24 de diciembre de 2003; Protocolo sobre Medidas Cautelares, Ouro Preto, Decisión CMC 27/94, aprobado por Ley N° 16.930, del 20 de abril de 1998; Acuerdo complementario al Protocolo sobre Medidas Cautelares, Montevideo, Decisión CMC 9/99 de 15 de diciembre de 1997; Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional del MERCOSUR (Decisión CMC 3/98) y Acuerdo (paralelo) sobre arbitraje comercial internacional entre el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile (Decisión CMC 4/98), Buenos Aires, 1998, este último aprobado por Ley N° 17.751, del 26 de marzo de 2004; Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa (Las Leñas, 1992), aprobado por Ley N° 16.971, del 29 de junio de 1998, su Acuerdo Complementario (Asunción, 1997) y su Enmienda (Decisión 7/02, Buenos Aires, 2002); Protocolo de San Luis en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito entre los Estados Partes del MERCOSUR (Decisión CMC 1/96, aprobado por Ley N° 17.050, de 14 de diciembre de 1998; Protocolo de Santa María sobre jurisdicción internacional en materia de relaciones de consumo, firmado en Fortaleza el 17 de diciembre de 1996 (Decisión CMC 10/96); Acuerdo de transporte multimodal internacional entre los Estados Parte del MERCOSUR (1994); Acuerdo sobre jurisdicción en materia de contrato de transporte internacional de carga entre los Estados Partes del MERCOSUR (Buenos Aires, 2002);

Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 1969 (Ley N° 15.737, de 8 de marzo de 1985);

Convenios bilaterales entre Uruguay y Argentina: Convenio sobre aplicación e información del derecho extranjero (Decreto-Ley N° 15.109, de 17 de marzo de 1981); Convenio sobre igualdad de trato procesal y exhortos (Decreto-Ley N° 15.110, de 17 de marzo de 1981); Convenio sobre protección internacional de menores (Decreto-Ley N° 15.218, de 20 de noviembre de 1981); y Convenio de cooperación jurídica (Decreto-Ley N° 15.271, de 30 de abril de 1982);

Convenios bilaterales entre Uruguay y Chile: Convenio sobre restitución internacional de menores (Decreto-Ley N° 15.250 de 26 de marzo de 1982) y Convenio sobre igualdad de trato procesal y exhortos (Decreto-Ley N° 15.251, de 26 de marzo de 1982);

Convenios bilaterales entre Uruguay y Perú: Convenio sobre reclamación internacional y ejecución de la sentencia en materia de alimentos (Decreto-Ley N° 15.719, de 7 de febrero de 1985), Convenio sobre restitución internacional de menores (Decreto-Ley N° 15.720, de 7 de febrero de 1985), Convenio sobre igualdad de trato procesal (Decreto-Ley N° 15.721, de 7 de febrero de 1985);

Convenio sobre Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito entre la República Oriental del Uruguay y la República Argentina, de 1991 (Ley N° 16.522, de 8 de junio de 1995);

Leyes nacionales de derecho internacional privado más modernas, como las de Suiza (1987), Italia (1995), Venezuela (1998) y Bélgica (2004);

Convenciones aprobadas en el ámbito de la Conferencia de La Haya, citadas en el párrafo 1. d);

Convenciones aprobadas en el ámbito de UNCITRAL/CNUDMI, mencionadas en el párrafo 1. c);

Textos aprobados en el ámbito de UNIDROIT;

Reglamento (CE) N° 44/2001 del Consejo de 22 de diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que sustituye a la Convención de Bruselas de 1968;

Convenio sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, Roma, 1980 y Protocolos de Interpretación y Reglamento (CE) N° 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I); y

Reglamento (CE) N° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II).

En conclusión, el Poder Ejecutivo estima que mediante esta ley el Uruguay modernizará su sistema de Derecho Internacional Privado que tiene ya una antigüedad de ochenta años y que por consiguiente, más allá del acierto de sus soluciones, requiere una inaplazable actualización.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Gonzalo Fernández, María Simon.

TEXTO DE LA LEY

Ministerio de

Relaciones Exteriores

Ministerio de

Educación y Cultura

LEY GENERAL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

I. NORMAS GENERALES

Art. 1. Normas nacionales y convencionales de derecho internacional privado.

1. Las relaciones referidas a situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos se regularán por las convenciones internacionales y, en defecto de estas, por las normas de la presente ley y las demás normas de derecho internacional privado de fuente nacional.

2. A los efectos de la interpretación e integración de la presente ley y las demás normas de derecho internacional privado de fuente nacional, se aplicará lo dispuesto en el Título Preliminar del Código Civil y se tendrá en cuenta el carácter internacional de las relaciones jurídicas privadas previstas en ellas.

Art. 2. Aplicación del derecho extranjero.

1. El derecho extranjero debe ser aplicado de oficio e interpretarse tal como lo harían los tribunales del Estado a cuyo orden jurídico pertenece la norma respectiva.

2. Cuando el derecho extranjero corresponda a un Estado cuyo orden jurídico se compone de varias legislaciones, el derecho de ese Estado determina cuál de ellas es aplicable. En su defecto, debe aplicarse la legislación de la unidad territorial en cuya jurisdicción se realiza el punto de conexión.

Art. 3. Conocimiento del derecho extranjero.

1. El texto, la vigencia y la interpretación del derecho extranjero aplicable deben ser investigados y determinados de oficio por los tribunales u otras autoridades competentes, sin perjuicio de la colaboración que al respecto presten las partes o los interesados en su caso.

2. Se puede recurrir a todos los medios de información idóneos admitidos en el orden jurídico de la República o del Estado cuyo derecho resulte aplicable.

3. Los tribunales u otras autoridades competentes interpretarán la información recibida teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.

Art. 4. Admisión de recursos procesales.

Cuando corresponda aplicar derecho extranjero, se admitirán todos los recursos previstos por la ley nacional.

Art. 5. Orden público internacional.

Los tribunales u otras autoridades competentes, mediante decisión fundada, declararán inaplicables los preceptos de la ley extranjera cuando ellos contraríen en forma grave, concreta y manifiesta, principios fundamentales de orden público internacional en los que la República asienta su individualidad jurídica.

Entre otras, esta situación tendrá lugar cuando la aplicación del derecho extranjero resulte inconciliable con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en las convenciones internacionales de las que la República sea parte.

Art. 6. Normas de aplicación necesaria.

1. Las relaciones jurídicas privadas internacionales que son reguladas o están abarcadas por normas imperativas de aplicación necesaria que la República haya adoptado para el cumplimiento de políticas sociales y económicas, no serán sometidas a las normas de conflicto.

2. Puede el tribunal, cuando lo considere pertinente, aplicar las disposiciones imperativas del derecho de otro Estado con el cual el caso tenga vínculos relevantes.

Art. 7. Fraude a la ley.

No se aplicará el derecho designado por una norma de conflicto cuando artificiosamente se hubieren evadido los principios fundamentales del orden jurídico de la República.

Art. 8. Institución desconocida.

Cuando el derecho extranjero contenga instituciones o procedimientos esenciales para su aplicación y esas instituciones o procedimientos no se hallen contemplados en la legislación de la República, los tribunales o autoridades competentes podrán aplicar dicho derecho siempre que existan instituciones o procedimientos análogos. En ningún caso se incurrirá en denegación de justicia.

Art. 9. Derechos adquiridos.

Una relación jurídica válidamente constituida en un Estado extranjero, de conformidad con el derecho de ese Estado, debe ser reconocida en la República siempre que al momento de su creación haya tenido una conexión relevante con ese Estado, y no sea contraria al orden público internacional de la República.

Art. 10. Cuestiones previas o incidentales.

Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que surjan con motivo de una cuestión principal, se regulan por el derecho aplicable a cada una de ellas.

Art. 11. Aplicación armónica.

Las normas competentes para regular los diferentes aspectos de una situación determinada, deben ser aplicadas armónicamente, tomando en consideración la finalidad perseguida por cada uno de los respectivos derechos. Las eventuales dificultades que puedan surgir se resolverán tomando en cuenta la equidad en el caso concreto.

Art. 12. Reenvío.

1. Cuando resultare aplicable el derecho de un Estado extranjero, se entiende que se trata de la ley sustantiva de ese Estado con exclusión de sus normas de conflicto.

2. Lo establecido en el numeral anterior es sin perjuicio de lo establecido a texto expreso por otras normas o cuando la aplicación de la ley sustantiva de ese Estado al caso concreto se torne incompatible con la finalidad esencial de la propia norma de conflicto que lo designa.

3. En materia contractual no habrá reenvío.

Art. 13. Especialidad del derecho comercial internacional.

1. Se reconoce al derecho comercial internacional como un derecho de carácter especial.

2. Las cuestiones relativas a las relaciones comerciales internacionales no resueltas en convenciones internacionales, en leyes especiales o en la presente ley, se dirimen consultando prioritariamente las restantes fuentes del derecho comercial internacional mediante la aplicación de los procedimientos de integración previstos en el artículo 1.2.

3. Sin perjuicio de lo anterior, se consideran como fuentes del derecho comercial internacional, los usos en la materia, los principios generales aplicables a los contratos y demás relaciones comerciales internacionales, la jurisprudencia de tribunales ordinarios o arbitrales y las doctrinas más recibidas en el Derecho uruguayo y comparado.

4. Se aplicarán, cuando corresponda, los usos que sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el tráfico mercantil por los sujetos participantes, o de general aceptación en dicho tráfico, y los principios generales del derecho comercial internacional reconocidos por los organismos internacionales de los que Uruguay forma parte.

II. DOMICILIO DE LAS PERSONAS FISICAS

Artículo 14. Domicilio de las personas físicas capaces.

El domicilio de la persona física capaz debe ser determinado, en su orden, por las circunstancias que a continuación se enumeran:

1°) la residencia habitual;

2°) la residencia habitual del núcleo familiar con el cual convive;

3°) el centro principal de su actividad laboral o de sus negocios;

4°) la simple residencia;

5°) el lugar donde se encuentra;

Art. 15. Domicilio de los diplomáticos, de las personas que cumplan una misión oficial y de los funcionarios de organismos internacionales.

1. El domicilio de los funcionarios diplomáticos será el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante.

2. El de las personas físicas que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su Gobierno, será el que tenga en el Estado que los designó.

3. El de los funcionarios de organismos internacionales será el de la sede de su organismo, salvo disposición en contrario del respectivo Acuerdo de Sede.

Art. 16. Domicilio de las personas físicas incapaces.

1. Los menores sujetos a patria potestad tienen su domicilio en el Estado en que se domicilian sus padres cuando estos ejercen efectivamente su representación. Fuera de este caso, así como cuando dichos padres se encuentran domiciliados en Estados diferentes, los menores incapaces se consideran domiciliados en el lugar de su residencia habitual.

2. Los incapaces sujetos a tutela, curatela u otro mecanismo equivalente de protección, se consideran domiciliados en el lugar de su residencia habitual.

III. EXISTENCIA, ESTADO Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS FISICAS

Artículo 17. Existencia, estado y capacidad de derecho de las personas físicas.

1. Son personas todos los individuos de la especie humana. Todas las personas físicas gozan de capacidad de derecho.

2. La determinación de todos los extremos relativos a la existencia se rige por la ley aplicable a la categoría involucrada.

3. El estado de las personas físicas se rige por la ley de su domicilio.

Art. 18. Comuriencia.

El orden de fallecimiento en caso de comuriencia se establece conforme al derecho aplicable a la relación jurídica respecto a la cual dicha fijación es necesaria.

Art. 19. Ausencia.

1. Las condiciones para la declaración de ausencia de una persona y los efectos personales y patrimoniales de dicha declaración se regulan por el derecho del último domicilio del ausente.

2. Los efectos jurídicos de la declaración de ausencia respecto de los bienes inmuebles del ausente así como de sus bienes registrables, se regulan respectivamente por la ley del lugar donde esos bienes están situados o por la ley de registro, en su caso.

Art. 20. Capacidad de ejercicio.

1. La capacidad de ejercicio de las personas físicas se rige por la ley de su domicilio. A efectos de determinar si una persona posee o no capacidad de ejercicio, se considera domicilio su residencia habitual.

2. No se reconocerán incapacidades fundadas en razones de carácter penal, de raza, religión, sexo, nacionalidad u opinión.

3. El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida.

Art. 21. Protección de incapaces.

1. La protección de los incapaces, la patria potestad, la tutela y la curatela, se rigen por la ley del domicilio del incapaz definido de acuerdo al artículo 16.

2. La misma ley rige los derechos y deberes personales entre los incapaces y sus padres, tutores o curadores, salvo las obligaciones alimentarias. Asimismo rige los derechos y obligaciones respecto de los bienes de los incapaces en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de la situación de los bienes.

3. Por razones de urgencia, en forma provisoria y de conformidad con su ley interna, los tribunales de la República prestarán protección territorial al incapaz que se encuentre en ella sin tener aquí su residencia.

IV. DERECHO DE FAMILIA

Art. 22. Matrimonio.

La ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la capacidad de las personas para contraerlo, la forma, la existencia y la validez del acto matrimonial.

Art. 23. Domicilio conyugal.

El domicilio conyugal se configura en el Estado donde los cónyuges viven de consuno o en aquel donde ambos tienen sus domicilios propios. Fuera de estos casos no existe domicilio conyugal, y cada cónyuge tendrá su propio domicilio, determinado de acuerdo al artículo 14.

Art. 24. Relaciones personales entre los cónyuges.

1. Las relaciones personales entre los cónyuges se rigen por la ley del domicilio conyugal.

2. Si este no existiere, dichas relaciones se rigen por la ley del Estado del último domicilio conyugal siempre que permanezca en el mismo alguno de los cónyuges.

3. Fuera de los casos anteriores, las cuestiones que se susciten sobre relaciones personales entre los cónyuges se rigen por la ley del domicilio de cualquiera de ellos. Si se produjere una controversia ante un tribunal judicial, el actor podrá optar por la ley de cualquiera de esos domicilios.

Art. 25. Relaciones patrimoniales en el matrimonio.

1. Las convenciones matrimoniales sobre el régimen de bienes se rigen por la ley del lugar de celebración del matrimonio.

2. En defecto de convención, dichas relaciones patrimoniales se rigen por la ley del Estado del primer domicilio conyugal.

3. A falta de dicho domicilio o siendo imposible determinarlo, las relaciones patrimoniales se rigen por la ley del Estado dentro del cual ambos cónyuges tenían sus respectivos domicilios al momento de la celebración del matrimonio.

4. Fuera de estos casos, las relaciones patrimoniales entre cónyuges se rigen por la ley del Estado de celebración del matrimonio.

5. La ley que resulte aplicable en virtud de las normas anteriores rige en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes.

6. En caso de que ambos cónyuges pasaren a domiciliarse en la República, podrán hacer constar en instrumento público su opción por la aplicación del derecho uruguayo. Dicho documento surtirá efectos una vez inscripto en el registro respectivo.

7. La opción prescripta en el numeral anterior no tendrá efectos retroactivos entre las partes salvo que estas lo acordaren expresamente. En ningún caso se afectará ni limitará los derechos adquiridos por terceros.

Art. 26. Separación conyugal y divorcio.

1. La separación conyugal y el divorcio se regirán por la ley del domicilio conyugal.

2. Cuando los cónyuges tuvieren domicilios en Estados diferentes, la separación conyugal y el divorcio, se regirán por la ley del Estado del domicilio del actor o del demandado, a opción del actor.

Art. 27. Uniones no matrimoniales.

1. La ley del lugar de la constitución de las uniones no matrimoniales registradas o reconocidas por la autoridad competente, rige la capacidad de las personas para constituirla, la forma, la existencia y la validez de las mismas.

2. Los efectos derivados de estas uniones no matrimoniales se rigen por la ley del Estado en donde se pretendan hacer valer.

Art. 28. Filiación.

1. La filiación se rige por la ley del domicilio conyugal al tiempo del nacimiento del hijo.

2. En su defecto se rige por la ley del domicilio de la madre al tiempo del nacimiento del hijo.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la filiación puede también determinarse, indistintamente:

a) conforme con la ley del Estado de su residencia habitual si la persona de cuya filiación se trata es menor de edad;

b) conforme con la ley de su domicilio si la persona de cuya filiación se trata es mayor de edad;

c) conforme a la ley del Estado del domicilio del demandado, o la del último domicilio de este si ha fallecido.

Art. 29. Obligaciones alimentarias.

Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor y de deudor de alimentos se regulan por la ley del Estado del domicilio o residencia habitual del acreedor de alimentos o por la ley del Estado del domicilio o residencia habitual del deudor de alimentos, a opción del acreedor.

V. SUCESIONES

Art. 30. Sucesiones.

1. La sucesión testamentaria o intestada se rige:

a) por la ley del lugar de la situación de los bienes al tiempo de fallecimiento del causante, en cuanto a los inmuebles y otros cuya inscripción en los registros públicos de la República fuere obligatoria; y

b) por la ley del último domicilio de causante en cuanto a los bienes no comprendidos en el literal precedentes.

2. La ley de la sucesión rige la capacidad y títulos del heredero o legatario para suceder, la existencia y proporción de las asignaciones forzosas, el orden de llamamiento, la porción de libre disponibilidad, los legados, la obligación de colacionar, los efectos del testamento y, en suma, todo lo relativo a la misma.

Art. 31. Testamento.

1. El testamento otorgado en el extranjero según las formas exigidas por la ley del lugar de su otorgamiento, es válido y eficaz en la República.

2. La capacidad para otorgar testamento se rige por la ley del domicilio del testador al tiempo del otorgamiento.

Art. 32. Deudas hereditarias.

Los créditos que deben ser satisfechos en la República gozarán de preferencia sobre los bienes allí existentes al tiempo de la muerte del causante.

Se exceptúan de esta regla los créditos con garantía real sobre bienes del causante, cualquiera fuese el lugar donde hubiesen sido contraídos.

VI. PERSONAS JURIDICAS

Art. 33. Ley aplicable.

1. Las personas jurídicas de derecho privado se rigen por la ley del lugar de su constitución en cuanto a su existencia, naturaleza, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, funcionamiento, representación, disolución y liquidación.

2. Se entiende por ley del lugar de constitución la del Estado donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para la creación de tales personas.

Art. 34. Domicilio.

1. Las personas jurídicas de derecho privado tienen su domicilio donde está situado el asiento principal de sus negocios.

2. Los establecimientos, sucursales o agencias constituidos en un Estado por una persona jurídica con domicilio en otro, se consideran domiciliados en el lugar en donde funcionan, en lo concerniente a los actos que allí practiquen.

Art. 35. Estados y personas de derecho público extranjeras.

1. El Estado y las personas de derecho público extranjeros serán reconocidos de pleno derecho en la República. Para su actuación en actividades de carácter privado en la República, deberán someterse en lo pertinente a las leyes de esta.

2. Las disposiciones de la presente ley, en cuanto corresponda, son aplicables a las relaciones de carácter privado internacional de las que son parte el Estado y las personas de derecho público extranjeros.

Art. 36. Reconocimiento de las personas de derecho privado.

Las personas jurídicas de derecho privado constituidas conforme a la ley del lugar de su constitución, serán reconocidas de pleno derecho en la República. Podrán realizar actos instrumentales o accesorios a su objeto, tales como estar en juicio, así como actos aislados de su objeto social.

Art. 37. Actuación de las personas de derecho privado.

1. Si la persona jurídica se propusiera el ejercicio de actos comprendidos en su objeto social en forma habitual, deberá hacerlo mediante el establecimiento de algún tipo de representación permanente, cumpliendo los requisitos exigidos por las normas nacionales.

2. Si estableciere la sede principal o la sede efectiva de su administración o su objeto especial estuviere destinado a cumplirse en la República, deberá cumplir los requisitos de constitución que establezcan las leyes de esta.

3. Por sede principal se entiende a los efectos de la presente ley el lugar donde se halla la sede de los órganos de decisión superior de la persona jurídica de que se trate.

Art. 38. Exclusión.

Las normas contenidas en el presente capítulo no se aplicarán a las sociedades comerciales, las cuales se rigen por normas especiales.

VII. BIENES.

Art. 39. Ley aplicable.

Los bienes se regulan por la ley del Estado donde están situados, en cuanto a su calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de carácter real de que son susceptibles.

Art. 40. Localización.

1. Los bienes en tránsito se reputan situados, a los efectos de la constitución o cesión de derechos, en el lugar de destino.

2. Los derechos sobre créditos y valores, titulados o no, se reputan situados:

a) en el lugar donde la obligación de su referencia debe cumplirse;

b) si al tiempo de la constitución de tales derechos ese lugar no pudiere determinarse, se reputarán situados en el domicilio que en aquel momento hubiere constituido el deudor de la obligación de su referencia;

c) en su defecto, se reputarán situados en el domicilio de dicho deudor al tiempo de constituirse los derechos, o su domicilio actual, a opción de quien invocare los mismos.

3. Los títulos representativos de acciones, bonos u obligaciones societarias se reputan situados en el lugar de la constitución de la sociedad que los emitió.

4. Los buques y aeronaves en aguas o espacios no jurisdiccionales, se reputan situados en el lugar de su matrícula.

5. Los cargamentos de los buques o aeronaves en aguas o espacios no jurisdiccionales se reputan situados en el lugar del destino definitivo de las mercaderías.

Art. 41. Cambio de situación de los bienes muebles.

1. El cambio de situación de los bienes muebles no afecta los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar en donde existían al tiempo de su adquisición.

2. Los derechos que adquieran los terceros sobre los mismos bienes, de conformidad con la ley del lugar de su nueva situación, después del cambio operado, prevalecen sobre los del primer adquirente si este ha dado su expreso consentimiento de modo comprobable para el traslado y no ha cumplido con los requisitos exigidos por la ley de la nueva situación para la conservación de sus derechos.

Art. 42. Partición.

1. La partición, cualquiera sea la causa de la indivisión, se rige por la ley del lugar de celebración del acuerdo particionario.

2. Los coindivisarios pueden acordar la partición de todos los bienes indivisos, cualquiera sea la causa de la indivisión, aunque ellos estén situados en distintos Estados.

3. La partición judicial, se rige por la ley del Estado en que radica el proceso.

VIII. FORMA DE LOS ACTOS.

Art. 43. Forma y validez de los actos.

1. La ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento necesario para la validez y eficacia de tales actos.

2. Las formas instrumentales de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar donde se celebran u otorgan.

3. El registro y la publicidad se rigen por la ley de cada Estado.

IX. OBLIGACIONES

Sección I

Obligaciones contractuales

Art. 44. Internacionaidad del contrato.

Se entiende que un contrato es internacional si las partes tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados diferentes o el contrato tiene vínculos objetivos relevantes con más de un Estado. El contrato no puede ser internacionalizado por mera voluntad de las partes.

Art. 45. Ley aplicable sin acuerdo de partes.

En defecto de elección del derecho aplicable de conformidad con lo establecido en el artículo 48, o si tal elección resultare inválida o ineficaz, los contratos internacionales se rigen en cuanto a su existencia, validez total o parcial, interpretación, efectos, modos de extinción de las obligaciones, y en suma todo lo relativo a cualquier aspecto de los mismos, por la ley que resulte de aplicar los siguientes criterios:

1) Los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas, se rigen por la ley donde ellas existían al tiempo de su celebración;

2) Los que recaigan sobre cosa fungible o cosas determinadas por su género, por la ley del domicilio del deudor de la obligación característica del contrato, al tiempo en que fueron celebrados;

3) Los que versen sobre prestación de servicios:

a) si el servicio recae sobre cosas, por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración;

b) si su eficacia se relaciona con algún lugar especial, por la de aquel en donde hayan de producir sus efectos;

c) fuera de estos casos, por la ley del lugar del domicilio del deudor de la prestación característica del contrato al tiempo de la celebración del mismo.

Art. 46. Criterio subsidiario.

Se rigen por la ley del lugar de su celebración, los actos y contratos respecto de los cuales no pueda determinarse la ley aplicable al tiempo de ser celebrados, según las reglas contenidas en la disposición anterior.

Art. 47. Contratos a distancia.

El perfeccionamiento de los contratos celebrados a distancia, se rige por la ley de la residencia habitual o establecimiento de la persona de la cual partió la oferta aceptada.

Art. 48. Ley aplicable por acuerdo de partes.

1. Los contratos internacionales pueden ser sometidos por las partes al derecho que ellos elijan.

2. La remisión al derecho vigente en un Estado debe entenderse con exclusión de sus normas relativas al conflicto de leyes.

3. El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso o desprenderse inequívocamente de las cláusulas contractuales consideradas en su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del contrato o a una parte del mismo.

4. La elección del derecho puede ser hecha o modificada en todo momento. Si ella es posterior a la celebración del contrato, se retrotrae al momento de su perfeccionamiento, bajo reserva de los derechos de terceros y de lo ya ejecutado conforme a la ley oportunamente aplicable.

5. No se admitirá la elección de ley aplicable al contrato de transporte de mercaderías documentado exclusivamente por carta de porte, conocimiento de embarque, guía aérea, documento de transporte multimodal, o documentos análogos, cuando estas deban entregarse en la República.

Art. 49. Alcance del acuerdo de elección.

La elección de la ley aplicable no supone la elección de foro, ni la elección de foro supone la elección del derecho aplicable.

Art. 50. Soluciones especiales.

No son aplicables las normas anteriores del presente capítulo a los siguientes contratos aunque revistan la calidad de internacionales, los cuales se regirán por las normas que a continuación se indican.

1. Se rigen por la ley de la República los contratos que constituyan, modifiquen o transfieran derechos reales y los contratos de arrendamiento sobre inmuebles situados en ella.

2. Las obligaciones contractuales que tienen como objeto cuestiones derivadas del estado civil a las personas, sucesorias, testamentarias, regímenes matrimoniales o aquellas que dimanan de relaciones de familia, se rigen por la ley que regula la respectiva categoría.

3. Las obligaciones derivadas de títulos valores y la capacidad para obligarse por estos títulos, se rigen por la ley del lugar donde son contraídas.

La forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto de título de crédito, se rige por la ley del lugar en que cada uno de dichos actos se realice.

Cuando el título no indicare el lugar en que se hubiere contraído una obligación, esta se regirá por la ley del lugar donde la misma deba ser pagada, y si tal lugar no constare, por la del lugar de su emisión.

4. Las obligaciones provenientes de la venta, transferencia o comercialización de bienes en los mercados de valores, se rigen por la ley del Estado de su emisión, sin perjuicio de la elegida por las partes cuando esta fuese reconocida por dicha ley, y de lo establecido en leyes especiales.

5. Los contratos otorgados en relaciones de consumo se rigen:

a) por la ley del Estado donde los bienes se adquieren o los servicios se utilizan por parte del consumidor.

b) en caso de que los bienes se adquieran o los servicios se utilicen en más de un país o no pudiere por otras circunstancias determinarse dicha ley, se regirán de conformidad por la ley del lugar del domicilio del consumidor;

c) en los contratos celebrados a distancia, así como cuando la celebración ha sido precedida de ofertas o publicidad específica en el domicilio del consumidor, se aplicará la ley de este Estado, siempre que el consumidor hubiere prestado su consentimiento en él.

6. Los contratos individuales de trabajo en relación de dependencia -excepto los de trabajo a distancia-, se rigen por la ley del lugar donde se presta el trabajo o por la ley del domicilio del trabajador o por la ley del domicilio del empleador, a elección del trabajador. Pero una vez determinada la misma, regirá todos los aspectos de la relación laboral.

7. Los contratos de seguros terrestres, se rigen por la ley del Estado en donde están situados los bienes objeto del seguro en la época de su celebración.

8. Los contratos de seguros sobre vida y los contratos de seguros marítimos y aéreos, se rigen por la ley del Estado en el cual está domiciliada la compañía aseguradora o sus sucursales o agencias que hayan celebrado el contrato.

Art. 51. Usos y principios.

Se aplicarán cuando corresponda, los usos y principios del derecho contractual internacional de general aceptación o recogidos por organismos internacionales de los que Uruguay forme parte (artículo 13 numeral 4).

Sección II

Obligaciones que nacen sin convención

Art. 52. Ley aplicable.

1. Las obligaciones no contractuales se rigen por la ley del lugar donde se produjo el hecho o acto, lícito o ilícito, que las genera o por la ley del lugar donde se produjo el daño, a opción del damnificado.

2. Si el demandado por el hecho dañoso y el reclamante por este hecho tuvieren su domicilio en el mismo Estado, se aplicará la ley de este.

3. Si el hecho dañoso se produjere durante la navegación aérea, marítima, fluvial o lacustre en zona no sujeta a soberanía estatal exclusiva, se considerará que el mismo se produjo en el Estado de la bandera del buque o registro de la aeronave, sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales.

4. Las obligaciones no contractuales que nacen por disposición de la ley, se rigen por la ley que regula la categoría jurídica a que responden.

Art. 53. Ambito de aplicación de la ley.

La ley aplicable a las obligaciones no contractuales, rige el alcance y las condiciones de la responsabilidad, comprendiendo la determinación de las personas que son responsables por sus propios actos, las causas de exoneración, los límites, la distribución y división de la responsabilidad, la existencia y naturaleza de los daños indemnizables, las modalidades y cuantía de la indemnización, la trasmisibilidad del derecho de indemnización, los sujetos pasibles de indemnización, la responsabilidad por hecho ajeno, y la prescripción, caducidad y cualquier otra forma de extinción de la responsabilidad incluyendo la determinación del comienzo, suspensión e interrupción de los plazos respectivos.

X. PRESCRIPCION

Art. 54. Prescripción adquisitiva.

1. La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se rige por la ley del lugar donde están situados.

2. Si el bien fuese mueble y hubiere cambiado de situación, la prescripción se regirá por la ley del lugar de la situación en la que hubiere completado el tiempo necesario para prescribir.

Art. 55. Prescripción extintiva.

1. La prescripción extintiva de las acciones personales se rige por la ley a que las obligaciones correlativas están sujetas.

2. La prescripción extintiva de acciones reales se rige por la ley del lugar de situación del bien.

Si el bien fuere mueble y hubiere cambiado de situación, la prescripción se regirá por la ley del lugar de la situación en el que se haya completado el tiempo necesario para prescribir.

XI. JURISDICCION INTERNACIONAL

Art. 56. Soluciones generales.

Sin perjuicio de las normas contenidas en las convenciones internacionales, o en defecto de ellas, los tribunales de la República tienen competencia en la esfera internacional;

1. Cuando la parte demandada, persona física o jurídica, está domiciliada en la República o ha constituido domicilio contractual en ella.

2. Cuando la parte demandada tiene en el territorio de la República establecimiento, agencia, sucursal o cualquier otra forma de representación, a través de la cual ha celebrado el contrato, o ha intervenido en el hecho que da origen al juicio.

3. Cuando la materia que constituye el objeto de la pretensión deducida se rige por la ley uruguaya según las normas sobre conflictos de leyes de la República.

4. Para juzgar la pretensión objeto de una reconvención, cuando tenga jurisdicción internacional respecto de la acción que dio mérito a la misma.

5. Para conocer de una demanda en garantía o intervención de terceros en el proceso, siempre que exista conexión razonable entre las pretensiones y no se afecte el derecho de defensa de los terceros citados.

6. Para conocer de demandas o pretensiones que se encuentren ligadas por vínculos estrechos a otra a cuyo respecto los tribunales de la República sean competentes en la esfera internacional, cuando exista interés en instruirlas y juzgarlas conjuntamente, a fin de evitar soluciones inconciliables si los procesos se entablaren en distintas jurisdicciones internacionales.

7. En caso de acciones personales, cuando el demandado, después de promovida la acción, comparezca en el proceso ejerciendo actos positivos de defensa, sin cuestionar la jurisdicción internacional del tribunal de la República en el momento procesal pertinente.

8. Cuando, aun careciendo de competencia en la esfera internacional según otras normas de la presente ley, se cumplan acumulativamente los siguientes requisitos:

a) la intervención del tribunal sea necesaria para evitar denegación de justicia;

b) que la causa se revele de imposible juzgamiento en otro Estado o no sea posible razonablemente exigir que la demanda sea promovida en el extranjero,

c) el caso tenga vínculos relevantes con la República;

d) sus tribunales estén en condiciones de garantizar el debido proceso; y

e) la sentencia que se dicte sea susceptible de cumplimiento o ejecución.

9. Para adoptar medidas provisorias o conservatorias, aun cuando no sean competentes para conocer el fondo del asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 535 del Código General del Proceso.

Art. 57. Litispendencia.

Cuando un juicio iniciado previamente con el mismo objeto y causa se encuentre pendiente entre las mismas partes en un Estado extranjero, los tribunales de la República podrán suspender el juicio en que están conociendo, si es previsible que la jurisdicción extranjera dicte una decisión que pueda ser reconocida en la República.

Art. 58. Soluciones especiales.

Los Tribunales de la República tienen, además, competencia en la esfera internacional:

a) Respecto de medidas cautelares o de urgencia en materia de protección de incapaces, cuando el incapaz se encuentre en territorio de la República.

b) En materia de restitución y tráfico de menores, cuando el menor tiene residencia habitual en territorio de la República, sin perjuicio de la competencia de urgencia (artículo 21.3).

c) En materia de relaciones personales entre los cónyuges, separación de cuerpos y divorcio, si el actor tiene domicilio en la República.

d) En materia de relaciones de consumo, si el consumidor es el demandante en tanto en la República se hubiere celebrado el contrato, o se hubiere efectuado en la República la prestación del servicio o la entrega de los bienes objeto de la relación de consumo.

e) En materia de contratos de trabajo, cuando el reclamante es el trabajador y se domicilia en la República.

Art. 59. Jurisdicción en materia contractual.

1. En materia de obligaciones contractuales son competentes en la esfera internacional los tribunales del Estado a cuya jurisdicción los contratantes han acordado someterse por escrito, siempre que tal acuerdo no haya sido obtenido en forma claramente abusiva, teniendo en cuenta el caso concreto.

2. No se admitirá el acuerdo de partes para la determinación de la jurisdicción internacional en los contratos que versen sobre las materias relacionadas en el numeral 5 del artículo 48 y en el artículo 50.

3. El acuerdo sobre la elección de jurisdicción puede otorgarse en el momento de celebración del negocio jurídico correspondiente, durante su vigencia, o una vez surgido el litigio.

4. En ausencia de acuerdo, serán de aplicación las demás soluciones generales establecidas en el presente capítulo.

Art. 60. Jurisdicción exclusiva.

La jurisdicción exclusiva de los tribunales de la República tiene carácter excepcional, debe interpretarse restrictivamente, y carece de fuero de atracción sobre otras cuestiones que puedan plantearse respecto del mismo asunto.

En especial y a modo de ejemplo, se considera materia de jurisdicción exclusiva de la República las estrictamente concernientes a: derechos reales sobre bienes situados en ella, sistemas registrales organizados por esta, régimen de protección de la propiedad intelectual e industrial en su territorio, y arrendamientos de bienes inmuebles situados en su territorio si fuere de aplicación el régimen estatutario.

Art. 61. Arbitraje.

1. Es válido el acuerdo de partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que puedan surgir o que hayan surgido entre ellas en relación a una determinada relación privada, contractual o no contractual, comercial o civil, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. El acuerdo respectivo deberá constar por escrito firmado por las partes o en canje de cartas, telegramas o comunicaciones electrónicas.

2. Cuando la reclamación no supere el límite máximo de la competencia por cuantía de los Juzgados de Paz Departamentales de la República, el acuerdo arbitral podrá quedar sin efecto a instancias de cualquiera de las partes.

XII. DISPOSICIONES FINALES

Art. 62. Derogación.

Derógase la Ley N° 10.084, de 3 de diciembre de 1941 (Apéndice del Código Civil).

Deróganse asimismo todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, sin perjuicio de las normas especiales vigentes sobre determinadas relaciones jurídicas, en lo que respecta a cuestiones no contempladas en esta ley.

Art. 63. Vigencia.

Esta ley entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 158

En Montevideo, el día nueve de junio de dos mil nueve, a la hora catorce y diez minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señoras Senadoras Susana Dalmás y Margarita Percovich y señores Senadores Sergio Abreu, Reinaldo Gargano, Antonio Gallicchio, Carlos Moreira y Julio Ma. Sanguinetti.

Faltan con aviso la señora Senadora Lucía Topolansky y el señor Senador Francisco Gallinal.

Concurren, especialmente invitados, los señores Coordinador y Miembro de la Comisión redactora del anteproyecto de ley de Derecho Internacional Privado, doctores Didier Opertti y Ronald Herbert, respectivamente.

Preside el señor Senador Reinaldo Gargano, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la Secretaria de Comisión, señora Teresa Paredes y la Prosecretaria, señora Ana Veríssimo.

ASUNTOS ENTRADOS: Por Secretaría se reparten y se da cuenta de los siguientes:

1°) Nota remitida por vía electrónica el 2 de junio ppdo., del Grupo de familiares de asesinados políticos, firmada por la señora Mary Hernández, por la que solicita la aprobación del proyecto de ley por el que se reconoce el derecho a la reparación integral, (Carpeta N° 1507/2009).

2°) Nota remitida por el señor Diputado Edgardo Rodríguez el 3 de junio del corriente año, por la que adjunta una declaración de la Asamblea Nacional de Expresas y Expresos políticos convocada por Crisol, de fecha 16 de mayo ppdo.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1°) Carpeta N° 1461/2009. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. Se sustituye la Ley N° 10.084, de 4 de diciembre de 1941. (Apéndice del Código Civil). Mensaje y pro-yecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo. Distribuido N° 3081/2009.

El señor Presidente da la bienvenida a los doctores Didier Opertti y Ronald Herbert y les cede el uso de la palabra.

El doctor Opertti informa del proceso de trabajo de la Comisión integrada por un grupo de especialistas, convocada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a efectos de la redacción de la norma. Señala que la ley hace una correcta evaluación de la realidad que ha cambiado y que armoniza la legislación interna con la internacional. Expresa que la norma recoge y sistematiza lo que ya existe. Seguidamente analiza los diferentes sectores en que se divide el texto y particulariza en el artículo 13 señalando que es una disposición que innova en cuanto incorpora normas de derecho comercial internacional.

A continuación hace uso de la palabra el doctor Herbert y expresa que la norma no implica innovación importante sino que sistematiza y recoge convenciones y soluciones jurisdiccionales basadas en normas análogas. Analiza los diferentes capítulos y señala que el domicilio, en el Capítulo II, tiene el concepto de localizador de la persona; asimismo, las adaptaciones a nuevos criterios de protección de menores e incapaces. Expresa que la adopción se ha extraído por lo dinámico y especializado del tema. Analiza también lo relativo al derecho de familia en el Capítulo IV, en el que se reconoce la validez de las uniones no matrimoniales; el Capítulo V - Sucesiones, en el que señala que se ha adoptado una solución intermedia. Menciona el artículo 38 que excluye la aplicación de las normas del Capítulo VI - Personas Jurídicas, a las sociedades comerciales. Respecto al Capítulo XI - Jurisdicción Internacional, plantea que está redactado de una forma diferente porque estas disposiciones tienen carácter atributivo y por tanto pueden referirse solamente a Uruguay.

El señor Presidente ofrece la palabra a los señores Senadores quienes manifiestan su satisfacción con las explicaciones aportadas.

El señor Presidente agradece la presencia y los aportes brindados y los señores invitados se retiran de Sala.

El señor Presidente plantea la inconveniencia de introducir modificaciones a un texto sistematizado por la Comisión que estudió el tema durante años. Propone, tomando en cuenta el informe presentado en el día de hoy y el elaborado por la señora Senadora Percovich, votar el proyecto de ley.

Se vota en general: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

En particular: Se votan en bloque Artículos 1° a 63: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

A propuesta del señor Presidente, los señores Senadores designan Miembro Informante a la señora Senadora Percovich.

2°) Carpeta N° 1403/2008. PROCESOS LABORALES. Abreviación. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por los señores Senadores integrantes de la Bancada del Frente Amplio. (Distribuido N° 2968/2008).

El señor Presidente pone a consideración el articulado del proyecto de ley que fuera aprobado en general en la sesión pasada.

Capítulo I, Artículo 1°.- En consideración.

El señor Senador Moreira señala que los procesalistas manifestaron que faltan algunos principios del Código General del Proceso, como el de "lealtad procesal" y que el concepto de oralidad resulta contradictorio.

Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Capítulo II, Artículo 2°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Capítulo III, Artículo 3°.- Se vota: 0 en 7. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 3° Sustitutivo.- En consideración.

La señora Senadora Percovich expresa que el agregado al texto de la disposición recoge algunas sugerencias realizadas por los señores representantes de la Suprema Corte de Justicia.

El señor Senador Abreu señala que eliminar la conciliación, tanto por el tema de la inexistencia de Agencia Zonal cuanto por el tema de los montos, generará un atolladero en los juicios laborales. Propone que se elimine el párrafo y que la conciliación sea obligatoria en todos los casos.

La Presidencia deja constancia que en el texto sustitutivo se excluye la conciliación solamente para aquellos casos en que no exista Agencia Zonal, por lo que señala que los procesos laborales no serían de gran magnitud lo que motiva la inexistencia de tal agencia. Propone que se vote el texto sustitutivo presentado.

El señor Senador Abreu interroga respecto al inciso segundo en relación a la obligatoriedad del proceso conciliatorio, si se lo exonera de ser escrito.

El señor Senador Gallicchio responde que se refiere a que no tiene que necesariamente ser asistido por abogado.

El señor Senador Sanguinetti propone introducir una coma a continuación del término "abogado".

Artículo 3° Sustitutivo.- Se vota con modificaciones: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 4°.- Se vota: 0 en 7. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 4° Sustitutivo.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 5°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 6°

El señor Senador Abreu expresa que considera muy exiguo el plazo de 30 días y propone que se sustituya por 60 días.

El señor Presidente señala que los plazos han sido abreviados con un criterio sistémico y que si los plazos no se cumplen se da al actor la posibilidad de obtener una constancia con la que inicia la demanda.

Artículo 6°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Capítulo IV, Artículo 7°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

Artículo 8°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 9°.

El señor Senador Abreu propone eliminar el último párrafo del artículo, señalando que 10 días es un lapso exiguo si se tiene en cuenta que hay que diligenciar la prueba.

El señor Senador Moreira propone para el primer párrafo del artículo que los 60 días se computen a partir de la contestación de la demanda y no de la presentación de la misma.

La señora Senadora Percovich interviene y señala que el acortamiento de los plazos es para todos los actores y que implica cambios de conducta.

El señor Presidente expresa que considera que el plazo es ajustado y conveniente por la materia de que se trata y propone pasar a la votación del artículo.

Artículo 9°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 10.

El señor Senador Moreira expresa su desacuerdo y propone eliminar la disposición.

El señor Senador Sanguinetti señala que no está clara la armonización de esta disposición con la del artículo 4° aprobado y propone agregar la frase: "La noticia de terceros solo corresponderá cuando se haya individualizado en la instancia referida en el artículo 4°".

Varios señores Senadores intercambian opiniones. La señora Senadora Percovich propone agregar: "salvo en el ca-so de que haya quedado establecido en el Acta de la audien-cia de conciliación la responsabilidad de un tercero".

El señor Presidente explicita los argumentos por los que concluye que debiera aprobarse el artículo en su actual redacción.

Los señores Senadores acuerdan pensar la redacción de esta disposición para la próxima sesión.

Los artículos aprobados quedan redactados de la siguiente manera:

"CAPITULO I - PRINCIPIOS

Artículo 1°.- Los procesos laborales se ajustarán a los principios de oralidad, celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe y efectividad de la tutela de los derechos sustanciales.

El tribunal, de oficio, podrá averiguar o complementar la prueba de los hechos objeto de controversia, quedando investido, a tales efectos, con todas las facultades inquisitivas previstas para el orden procesal penal.

CAPITULO II - COMPETENCIA

Artículo 2°.- Los tribunales de la jurisdicción laboral entenderán en los asuntos originados en conflictos individuaes de trabajo.

CAPITULO III - AUDIENCIA DE CONCILIACION PREVIA

Artículo 3°. CONCILIACION PREVIA. Antes de iniciarse juicio en materia laboral, deberá tentarse la conciliación previa ante el Centro de Negociación de Conflictos individuales de Trabajo o ante la Agencia Zonal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según corresponda al domicilio del empleador o al lugar en el que se cumplieron las prestaciones. Cuando en la jurisdicción territorial del tribunal competente no existan agencias zonales, el reclamante quedará exonerado de tentar la conciliación.

La solicitud de inicio del procedimiento conciliatorio deberá realizarse por escrito presentado por el interesado o por apoderado, asistido de abogado, salvo que la reclamación fuera por sumas inferiores al equivalente a 20 UR (veinte unidades reajustables). En dicha solicitud deberán indicarse con precisión los hechos que fundamentan el reclamo y el detalle y monto de los rubros reclamados.

Artículo 4°. AUDIENCIA Y CONTENIDO DEL ACTA. La audiencia se convocará para día y hora determinados, con una anticipación no menor de tres días.

En acta resumida deberá señalarse en forma detallada el reclamo, las soluciones propuestas, el resultado final y el domicilio que indiquen las partes.

Si el citado entiende que existe un tercero total o parcialmente responsable, deberá individualizarlo en la audiencia, quedando constancia en el acta. Su omisión en este aspecto así como su incomparecencia a la audiencia constituirán presunciones simples contrarias a su interés en el proceso ulterior.

El acuerdo a que se arribe en el procedimiento habilitará su ejecución forzada por los procedimientos propios regulados en el Título V del Libro II del Código General del Proceso.

Artículo 5°. DOMICILIO.- El domicilio fijado por las partes en la audiencia de conciliación administrativa previa, se tendrá como válido para el proceso, siempre que se iniciare dentro del plazo de un año computable desde la fecha del acta respectiva.

Artículo 6°. SOLICITUD DE CONSTANCIA.- Si el trámite administrativo no hubiere culminado dentro de los treinta días contados a partir de la solicitud de audiencia, el trabajador podrá solicitar una constancia con la que podrá interponer la demanda.

CAPITULO IV - PROCESO LABORAL ORDINARIO

Artículo 7°. AMBITO DE APLICACION.- Con excepción de lo establecido en normas que prevean procedimientos especiales, en materia laboral el proceso se regirá por lo previsto en esta ley.

Artículo 8°. DEMANDA.- La demanda se presentará por escrito en la forma prevista en el artículo 117 del Código General del Proceso. Deberá incluir el valor total de la pretensión y la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados, lo que deberá ser controlado por el tribunal, que dispondrá se subsanen los defectos en el plazo de tres días con apercibimiento de tener por no presentada la demanda.

Artículo 9°. TRASLADO, CONVOCATORIA A AUDIENCIA UNICA Y CONTESTACION DE LA DEMANDA.- Interpuesta la demanda en forma, el tribunal decretará el traslado y emplazamiento al demandado; al mismo tiempo convocará a las partes a una audiencia dentro de un plazo no mayor a los sesenta días contados a partir de la fecha de la presentanción de la demanda. El demandado contestará por escrito en la forma prevista en el artículo 130 del Código General del Proceso, dentro del término de diez días hábiles perentorios e improrrogables, debiendo oponer al mismo tiempo, si las tuviere, todas las excepciones referidas en el artículo 133 del Código General del Proceso".

RESOLUCION:

El señor Presidente pone a votación la postergación de la aprobación del resto del articulado para la próxima sesión. Se vota: 6 en 7. AFIRMATIVA.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3218/2009.

A la hora dieciséis, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Reinaldo Gargano Presidente

Teresa Paredes Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

La Miembro Informante de este proyecto de ley era la señora Senadora Percovich, quien no se encuentra presente en el día de hoy.

En su lugar, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- El Poder Ejecutivo remitió el Mensaje de este proyecto de ley referente a las normas de Derecho Internacional Privado, por el que se sustituye la Ley Nº 10.084, de 3 de diciembre de 1941, que es un apéndice del Código Civil.

La Comisión de Constitución y Legislación recibió y escuchó los informes de los doctores Didier Opertti y Ronald Herbert, que son catedráticos de la materia y que han dedicado prácticamente toda su actividad profesional al estudio de este tema. Además, se recogen las conclusiones de la Comisión Especial redactora del proyecto, que se creó por Resolución Nº 652/998 del Poder Ejecutivo del año 1998 y que estuvo integrada por el Director del Instituto de Derecho Internacional Privado, doctor Eduardo Tellechea, y por los profesores doctores Marcelo Solari, Ronald Herbert y Cecilia Fresnedo y la escribana Carmen González. A su vez, fue coordinado por la Directora de la Dirección de Asuntos de Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y profesora de Derecho Internacional Privado, doctora Berta Feder. Posteriormente se sumaron los doctores Jorge Tálice y Paul Arrighi, siendo presidida por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, doctor Didier Opertti.

El 14 de setiembre de 2004, esta Comisión entregó un proyecto de ley que no se pudo considerar por el escaso tiempo de legislatura que restaba, de modo que perdió estado parlamentario. No obstante, en la nueva Administración, la Comisión continuó con la tarea de pulido de su redacción y de armonización, que culminó con este proyecto que hoy se somete a la consideración del Parlamento. En esta segunda etapa se sumó a los trabajos el profesor Gonzalo Lorenzo.

Lo relativo a la estructura y a los principales contenidos del proyecto se puede observar en la página 6 del repartido.

El proyecto, que pretende sustituir el actual Apéndice del Código Civil, cuenta con tres sectores básicos. El primero, referido a principios generales, comprende tres temas: los indicadores que deben regir la mecánica de aplicación de la norma de conflicto, la incidencia que la especialidad del Derecho Mercantil Internacional tiene respecto de ese tema y la definición del punto de conexión personal básico, adoptado desde siempre por nuestro sistema, que es el domicilio. Este primer sector constituye una innovación respecto de las normas de conflicto de fuente nacional, aunque no en cuanto a las normas de conflicto de fuente internacional vigentes en nuestro sistema de conflicto.

El segundo sector tiene por objeto la ley aplicable a las categorías jurídicas que se han adoptado como referentes del sistema. Está conformado por normas de solución de conflictos o formales -de la llamada concepción del gran jurista Savigny-, como en el actual sistema del Código Civil.

El tercer sector tiene por objeto la competencia de los Tribunales nacionales en la esfera internacional. Está constituido por normas de tipo unilateral, propias de su carácter atributivo de jurisdicción.

A continuación, se hace una reseña de los principios generales de aplicación de la norma de conflicto, de la especialidad del Derecho Comercial Internacional y de la definición de domicilio de las personas físicas.

En cuanto a la ley aplicable a las categorías jurídicas referentes, se hace una especial referencia a la existencia y capacidad de las personas físicas, así como también a la protección de incapaces y a la familia. Creo que se trata de modificaciones que hay que mencionar, porque así lo hicieron los invitados en la Comisión. También se hace referencia a las sucesiones, a las personas jurídicas, a los bienes, a la prescripción, a la forma y validez de los actos y partición, a las obligaciones contractuales y a las no contractuales o extracontractuales, como les llamamos en nuestro lenguaje jurídico.

Más adelante se hace referencia a la competencia de los Tribunales nacionales en la esfera internacional. Me voy a detener aquí, señor Presidente, porque quiero decir que este es un proyecto de ley que debemos aprobar en general, y luego en particular, en bloque. No le podemos introducir modificaciones en Sala que cambien disposiciones concretas que atienden al Derecho positivo porque todo está encadenado con las disposiciones legales preexistentes y con las nuevas que se modifican.

Por lo expuesto, la Comisión propone que se apruebe el proyecto en general y luego se apruebe en particular, en bloque.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en la misma línea del Miembro Informante, quisiera destacar la importancia de este proyecto de ley, mediante el cual se actualiza y modifica el apéndice del Código Civil en materia de Derecho Internacional Privado, sobre todo, por el aporte que ha realizado el Uruguay en las Convenciones de 1880, 1889 y 1940. Me refiero a las distintas Convenciones de Derecho Internacional Privado, a las distintas CIDIP -Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado- que se han venido realizando en forma sucesiva y que van avanzando en lo que es la modernidad del Derecho Internacional Privado.

Este apéndice del Código Civil, que fue redactado por el doctor Vargas Guillemette, en cierto sentido ha sido superado por el avance de la legislación. De todos modos, vale la pena hacer una precisión: ha sido superado y modificado porque los Tratados ratificados y aprobados por el Uruguay en materia de Derecho Internacional Privado son modificatorios del Código Civil por tener, los dos, categoría legal y, por tanto, no afectar en este caso una categoría distinta -nos referimos al caso anterior- que pudiera tener nivel de carácter constitucional.

En este tema, no solo la incidencia de la dinámica de los Derechos Humanos ha tenido importancia, sino también el hecho de que en el plano regional Uruguay ya había ratificado varias Convenciones generadas por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado -una de las CIDIP- que se reunió en seis instancias. La primera de ellas se llevó a cabo en Panamá en 1975, y luego continuaron las subsiguientes, hasta la última en que se hace referencia a distintos conflictos de normas y a la modernidad del Derecho Internacional Privado.

Estamos hablando sobre conflicto de leyes en materia de cheques; de sociedades comerciales; de cumplimiento de medidas cautelares; sobre la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales. Todos estos instrumentos fueron aprobados en 1979 pero luego, en la CIDIP realizada en Washington en el año 2002, se aprobó la Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias.

En el plano universal -más allá del regional-, como se sabe, funciona la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la UNCITRAL, que ha sido integrada por prestigiosos juristas uruguayos que han contribuido a la modernización de la legislación. Ese es el órgano central en materia de Derecho Mercantil, y su cometido es fomentar la armonización y unificación progresivas de las legislaciones en la materia. En ese sentido, Uruguay ha ratificado todas las Convenciones y, en particular, la Convención de Nueva York de 1974.

Dentro de las apreciaciones generales se hace referencia al ámbito de la Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya, que tiene la finalidad de unificar progresivamente las normas de Derecho Internacional Privado. En términos concretos, se trata de unificar las normas en un proceso de modernización -que incipientemente está establecido en el apéndice del Código Civil-, en función de la dinámica del ámbito internacional.

En realidad, no hay una modificación radical a las soluciones vigentes, porque muchas surgen de la aplicación de las Convenciones que mencioné. En este caso, el objetivo es más modesto y, como bien dice el Mensaje, se pretende actualizar la normativa de fuente nacional, armonizándola con la fuente internacional. Sin perjuicio de ello, hay que tener en cuenta las últimas soluciones de la normativa de fuente nacional en el Derecho comparado, a fin de precaver un aislamiento que, a veces, se da en otros ámbitos del Derecho.

Por suerte, con esta Comisión estamos al día con los temas del Derecho Internacional Privado, los que son de gran actualidad y que, además, van incluyendo dentro de este proceso de globalización aspectos que, como bien indicaba el Miembro Informante, refieren a principios generales, como son los indicadores que deben regir la mecánica de aplicación de las normas, las categorías jurídicas y las competencias en la esfera internacional.

En lo que tiene que ver con las categorías jurídicas, estamos hablando de la existencia y la capacidad de las personas físicas, de la protección de incapaces, de la familia y, sobre todo, del tema de la regulación de la validez del matrimonio que, actualmente, no difiere del régimen vigente, pero que agrega el tema de relaciones personales entre los cónyuges, excepto el caso común de que los cónyuges no tengan, en momento de sus reclamaciones, domicilio en el mismo Estado. Este es un tema de domicilio fuertemente discutido en materia de extradición y de leyes de Derecho Internacional Privado aplicables. Por ejemplo, en el Derecho italiano, hay leyes que le otorgan la patria potestad al padre; y a veces, estos temas se discuten de forma muy fuerte.

Si seguimos modernizando en estos aspectos, las discusiones que se producen a nivel jurisdiccional no solo permiten solucionar los problemas de domicilio, sino también los de fondo en cuanto al seguimiento de determinados compromisos internacionales que le dan gran modernidad a la relación de carácter familiar. Estamos hablando de las sucesiones, de las personas jurídicas, de los bienes, de la prescripción -tema importantísimo en el Derecho Internacional-, e incluso, de las obligaciones contractuales.

En el tema contractual, básicamente, se mantienen los criterios del Derecho Internacional de 1940, pero en el segundo supuesto, el artículo 46 innova respecto de las soluciones vigentes, en armonía con la tendencia unánime mundial. Se pretende reflejar la voluntad de las partes, por tratarse de relaciones de Derecho Privado que pertenecen al dominio de las personas, respetándose el derecho elegido por ambas partes o por más, si las hubiere. Una vieja discusión del Derecho Internacional es el concepto de autonomía de la voluntad, y acá se hace prevalecer el tema de la autonomía de la voluntad en lo que hace a las obligaciones contractuales que recoge esta Comisión.

También hay aspectos vinculados a las competencias internacionales y al criterio universal del domicilio del demandado. Asimismo, este proyecto de ley amplía las bases de competencia, en la esfera internacional, de los Tribunales de la República respecto de ciertas acciones en que la parte actora se encuentra en situación de inferioridad frente a la demandada, desde la génesis de la cuestión litigiosa.

Sin duda, señor Presidente, esto constituye un gran esfuerzo que nosotros apoyamos por unanimidad. Entendemos que podría tomarse como ejemplo para trabajar sobre otras normas que actualicen las disposiciones recogidas en el ámbito internacional. Obviamente, estas normas han tomado con mucha fuerza las fuentes que están explicitadas en el propio informe: no solo el Apéndice del Código Civil, el Código General del Proceso, la Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales, los Tratados de Derecho Civil Internacional y de Derecho Comercial Internacional de 1889 y de 1940, las Convenciones de la CIDIP, los Protocolos de Derecho Internacional Privado del MERCOSUR, el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional, el Protocolo sobre Medidas Cautelares, algunas normas aprobadas en Ouro Preto que luego fueron ratificadas por la Ley Nº 16.930, de 20 de abril de 1998 y el Acuerdo Complementario al Protocolo sobre Medidas Cautelares, entre otras.

Sin duda, todo esto tiene como base una profusa legislación que esta Comisión ha tratado de recopilar con profesionalidad y seriedad, integrando a los principales actores en la vida profesional, que son, de alguna forma, un ejemplo de esfuerzo para contribuir a la modernización del país en este tipo de legislación y, particularmente, en el ámbito del Derecho Internacional Privado, donde desde la vigencia del Apéndice del Código Civil se han dado innumerables situaciones que determinan que su actualización sea un imperativo que hoy, por suerte, se cumple; desgraciadamente, había quedado por el camino en 2004 cuando ya contaba con media sanción en el ámbito legislativo.

Por lo expuesto, señor Presidente, vamos a votar con gran satisfacción este proyecto de ley. Entendemos que es un aporte a la modernización y, sobre todo, a la profesionalización y al Estado de Derecho como punto de referencia político para todos los que creemos en su vigencia para vivir y convivir, no solo desde el punto de vista nacional, sino también internacionalmente, habida cuenta de que el proceso de globalización pone en el ámbito del país muchas normas del Derecho Internacional Público y, en este caso, del Derecho Internacional Privado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Sanguinetti.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: vamos a acompañar este proyecto de ley, tal como lo hicimos en la Comisión. Se trata del trabajo de un grupo de juristas que en su momento se instaló en la Cancillería, presidido por el doctor Opertti e integrado por los principales internacional privatistas del país.

Comparto el criterio que ha señalado el Presidente de la Comisión en cuanto a que, por la naturaleza de Código que tiene este conjunto de leyes, es pertinente votarlo en bloque. No sería adecuado comenzar a discutir sus distintos aspectos; tampoco se lo hizo en la Comisión, donde nadie planteó objeciones de esa naturaleza. A mi juicio, marca un avance en lo que hace a la aplicación del Derecho a situaciones muy importantes. Tengamos

en cuenta que el Derecho Internacional Privado es muy particular y especial, siendo bastante desconocido por el ciudadano común hasta el momento en que incide en su vi-da por un tema de adopción, de domicilio o de familia. Se trata de aspectos muy importantes para la vida de la sociedad.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque todo el articulado.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

26) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 13 y 10 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

(Se da de lo siguiente:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- La Cámara de Senadores, actuando en sesión secreta, ha aprobado las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura y a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

27) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de unos asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina mensajes del Poder Ejecutivo a los que acompaña los siguientes proyecto de ley:

- por el cual se autoriza la salida del país de la Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 ‘General Artigas’, para que participen en la Operación ‘Haití 2009’ y en el Ejercicio ‘Panamax 2009’, a desarrollarse en la República de Panamá, Puerto de Colón, entre los días 5 de agosto de 2009 y el 9 de noviembre de 2009.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- complementario al remitido con fecha 4 de mayo de 2009, relativo a la reparación integral de las víctimas de violación de Derechos Humanos en el período comprendido entre el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

28) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 13 y 15 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Abreu, Antía, Antognazza, Bentancor, Camy, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gargano, Heber, Lapaz, Lezama, Muguruza, Oliver, Rosadilla, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.