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Nº 282 - TOMO 462 - 12 DE MAYO DE 2009

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

QUINTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

12ª SESION ORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

EL SEÑOR SENADOR RAFAEL MICHELINI Segundo Vicepresidente

Y EL SEÑOR SENADOR ELEUTERIO FERNANDEZ HUIDOBRO Presidente ad hoc

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Presidente ad hoc

- No estando presentes el señor Presidente ni los Vicepresidentes electos, por moción del señor Senador Vaillant se nombra Presidente ad hoc al señor Senador Fernández Huidobro.

4) Asuntos entrados

5) Pedido de informes

- El señor Senador Isaac Alfie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes, con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), relacionado con el costo de la energía.

- Oportunamente fue tramitado.

6) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7 y 11) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Cid, Sanguinetti y Mu-jica.

8) Violencia en el deporte

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios correspondientes, a las Jefaturas de Policía, a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio Público y Fiscal, a la Comisión para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Organización del Fútbol del Interior, a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, a la Federación Uruguaya de Basketball, a Basquetbolistas Uruguayos Asociados, al Comité Olímpico Uruguayo, a la Confederación Uruguaya de Deportes, al Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, a las Comisiones de Deporte de ambas Cámaras, al Congreso de Intendentes y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

9) Falta de agua potable en la Escuela Nº 90 de Sierras de Mahoma

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Consejo de Educación Primaria y al Ministerio de Educación y Cultura.

10) Prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo

- Proyecto de ley por el que se modifican la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12 y 18) Régimen de trabajo

- Por moción del señor Senador Vaillant, el Senado resuelve que se distribuya, se declare urgente y se considere en la presente sesión el proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.412, que establece la obligatoriedad del seguro automotriz.

- También por moción del señor Senador Vaillant, el Senado resuelve que se incluya en el Orden del Día de la sesión de mañana el proyecto de ley relativo a la construcción de la nueva terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

13) "Norberto Sergio"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela Nº 36 de Cuchilla del Carmen, 9ª Sección del departamento de Cerro Largo.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) "Clemente Estable"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre el Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15) "Elvira Justa Peré Peruzzo"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela Rural Nº 92, de Colonia Agraciada, departamento de Soriano.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) "Poeta Lalo Mendoza"

- Proyecto de ley por el que se designa con su nombre la Escuela Rural Nº 132, de Educación Especial, departamento de Rivera.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17 y 19) Responsabilidad civil por daños corporales causados a terceros por determinados vehículos de circulación terrestre y maquinarias

- Proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.412, de 17 de noviembre de 2008.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

- Por moción del señor Senador Gallinal, el Senado resuelve enviar al Poder Ejecutivo y a las dependencias correspondientes la versión taquigráfica de las exposiciones realizadas a propósito de este proyecto de ley.

20) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder al Poder Ejecutivo la venia solicitada para destituir de sus cargos a tres funcionarias del Ministerio de Salud Pública.

21) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 8 de mayo de 2009.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 12 de mayo, a la hora 9.30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se modifica la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, sobre prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Carp. Nº 1426/08 - Rep. Nº 1036/09 y Anexos I y II

2) por el que se designa "Norberto Sergio" la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen, 9ª Sección del departamento de Cerro Largo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1121/08 - Rep. Nº 1038/09

3) por el que se designa "Poeta Lalo Mendoza" la Escuela Rural N° 132, de Educación Especial, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1498/09 - Rep. Nº 1037/09

4) por el que se designa "Elvira Justa Peré Peruzzo" la Escuela Rural Nº 92, de Colonia Agraciada, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1503/09 - Rep. Nº 1039/09

5) por el que se designa "Clemente Estable" el Centro Regional de Profesores del Sur -Sede Atlántida, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Carp. Nº 1504/09 - Rep. Nº 1040/09

6) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de sus cargos a:

- Una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Centro Departamental de Tacuarembó. (Plazo Constitucional vence el 17 de junio de 2009)

Carp. Nº 1465/09 - Rep. Nº 1041/09

- Una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Centro Auxiliar de Dolores. (Plazo Constitucional vence el 17 de junio de 2009)

Carp. Nº 1466/09 - Rep. Nº 1042/09

- Una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Plazo Constitucional vence el 24 de junio de 2009)

Carp. Nº 1470/09 - Rep. Nº 1043/09

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Arana, Astori, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Lezama, Long, Lorier, Moreira, Mujica, Penadés, Ríos, Saravia, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, la señora Senadora Percovich y el señor Senador Sanguinetti; con aviso el señor Senador Larrañaga; y sin aviso, el señor Senador Lara Gilene.

3) PRESIDENTE AD HOC

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-Está abierto el acto.

(Es la hora 9 y 41 minutos)

-En este momento no están presentes el señor Presidente ni ninguno de los Vicepresidentes electos, pero hay número para sesionar por lo que, de acuerdo con las disposiciones reglamentarias, correspondería nombrar un Presidente ad hoc que, según lo establece la Constitución de la República, debe ser un Senador de la mayoría.

SEÑOR VAILLANT.- Mociono que ocupe la Presidencia el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-11 en 12. Afirmativa.

Se invita al señor Senador Fernández Huidobro a ocupar la Presidencia.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Fernández Huidobro)

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 42 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se reconoce el quebrantamiento del Estado de Derecho, en el período comprendido desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, así como la responsabilidad del Estado uruguayo en la realización de prácticas ilegítimas en el período comprendido desde el 13 de junio de 1968 hasta el 26 de junio de 1973, como consecuencia de la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad, en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes:

- por el que solicita la venia correspondiente para conferir los ascensos al grado de Coronel del Ejército Nacional, a varios Tenientes Coroneles.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

- por el que solicita la venia correspondiente para designar en el cargo de Fiscal Letrada Adjunta de Menores de Segundo Turno, a la doctora Daniella María Ramos Nicolini.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

El Ministerio de Industria, Energía y Minería remite nota en respuesta a una exposición escrita presentada por el señor Senador Juan Justo Amaro, relacionada con la rescisión de contratos de agentes telefónicos.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR AMARO.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establece el 28 de mayo de cada año como "Día del Trabajador de la Industria Frigorífica"

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- por el que se designa "Puerto Sauce" la Escuela Nº 39 de la ciudad de Juan L. Lacaze, departamento de Colonia, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

La Cámara de Representantes comunica que ha sancionado los siguientes proyectos de ley:

- por el cual se interpreta la Ley Nº 18.476, de 3 de abril de 2009, referida a la participación equitativa de ambos sexos en cargos electivos.

- por el cual se prorrogan hasta el 31 de mayo de 2010, los plazos establecidos en los incisos sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 70 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, en la redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 18.187, de 2 de noviembre de 2007, sobre las normas que regulan la colonización de tierras.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Comisión Especial de Lavado de Activos y Crimen Organizado eleva informado un proyecto de ley por el que se reforma la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, sobre el sistema de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, y artículos del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, que refieren al proceso cautelar y el decomiso.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa ‘Norberto Sergio’ la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen, 9ª Sección del departamento de Cerro Largo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Poeta Lalo Mendoza’ la Escuela Rural N° 132, de Educación Especial, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Elvira Justa Peré Peruzzo’ la Escuela Rural Nº 92, de Colonia Agraciada, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Clemente Estable’ el Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a tres funcionarias del Ministerio de Salud Pública.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de las palabras del señor Edil Adolfo Varela, relacionadas con el aumento del consumo de pasta base por parte de jóvenes de nuestro país.

- TENGASE PRESENTE."

5) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Isaac Alfie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes, con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por su intermedio a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), relacionado con el costo de la energía".

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 6 de mayo de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Sen. Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito tenga a bien remitir el siguiente pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a UTE.

1. Antecedentes: la prensa nacional ha estado informando sobre diversos aspectos relativos al costo de la energía. En especial llama la atención lo relativo a los costos de importación desde Brasil cuyo costo y flujo global, según se desprendería de lo informado por la prensa, difieren sustancialmente de los anuncios realizados por el Poder Ejecutivo en ocasión del acuerdo entre los Presidentes de Uruguay y Brasil.

2. En consecuencia, se solicita la siguiente información:

a) Detalle día a día del total del flujo de importación desde Brasil, expresado en MWh, desde el 1° de enero de 2009 a la fecha de contestación del presente.

b) Indique si por el derecho de uso de la conversora en Brasil se abona una cantidad fija por día, independientemente de la intensidad de uso.

c) En caso que la pregunta anterior tuviera una respuesta afirmativa, indique el costo diario de dicho derecho.

d) Detalle el costo total devengado día por día, de la importación desde Brasil discriminándolo entre el costo por el derecho a uso de la conversora, el costo de la energía (MWh) propiamente dicha, el costo del peaje por pasar por Argentina y el porcentaje de pérdida en la transmisión desde el origen hasta Salto Grande.

e) Detalle día a día la cantidad de turbinas generadoras que efectivamente funcionan en la planta de Punta del Tigre y la producción de energía de cada una expresada en MWh, desde el 1° de enero de 2009 a la fecha de contestación del presente.

f) indique el costo del MWh día a día de la producción realizada en la planta mencionada en el lite-ral e).

Sin otro particular, lo saluda atte.

Isaac Alfie. Senador."

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias:

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- A la sesión ordinaria del 6 de mayo de 2009 faltaron con aviso los señores Senadores Amaro, Larrañaga y Lorier.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 5 de mayo faltaron con aviso los señores Senadores Michelini y Sanguinetti.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 5 de mayo faltó con aviso el señor Senador Abreu.

A la sesión de la Comisión Especial sobre Lavado de Activos y Crimen Organizado del 5 de mayo faltaron con aviso los señores Senadores Alfie y Moreira.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 5 de mayo faltó con aviso el señor Senador Long.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 6 de mayo faltó con aviso el señor Senador Pérez Antón.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 6 de mayo faltaron con aviso los señores Senadores Larrañaga, Sanguinetti y Tajam.

A la sesión de la Comisión de Transporte y Obras Públicas del 6 de mayo faltó con aviso el señor Senador Amaro.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 6 de mayo faltó con aviso el señor Senador Núñez.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia el día 13 de mayo por razones personales".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 11 de mayo de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente quien suscribe solicita al Sr. Presidente se le conceda licencia el día 13 de mayo de 2009, por razones personales a la actividad parlamentaria. Solicito se proceda a la convocatoria del suplente correspondiente.

Sin otro particular hago propicia la oportunidad para saludarlo con mi más alta estima y consideración.

Alberto Cid. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 14. Afirmativa.

Queda convocado el señor Milton Antognazza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Sanguinetti solicita licencia desde el lunes 11 hasta el 18 del corriente mes".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 7 de mayo de 2009.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Al amparo del literal D del artículo 1º de la Ley 17.827, solicito al Cuerpo que usted preside me otorgue licencia desde el día lunes 11 hasta el día lunes 18 del corriente mes a fin de cumplir con compromisos académicos en la ciudad de Buenos Aires.

Saludo a Usted muy atentamente.

Julio María Sanguinetti. Senador".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 13. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

8) VIOLENCIA EN EL DEPORTE

SEÑOR PRESIDENTE (Don Eleuterio Fernández Huidobro).- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, señor Presidente.

¡Otra vez! Parece que nuestra sociedad no aprende y seguimos -quizás el término pueda parecer exagerado, pero nace de la indignación- sacrificando a nuestra gente de una manera que no tiene retroceso y deja familias, comunidades y colectivos sumergidos en la tristeza, el miedo y la desorientación.

¿Es que el deporte ya no es sinónimo de salud y superación, sino de violencia y terror? ¿Qué son los "aguantes"? ¿Acaso hay otra forma de vencer que la práctica, el empecinamiento en hacerlo mejor y, también, el respeto por el otro?

¿Hasta cuándo vamos a soportar esta concepción violentista, desalmada y trágica, en el peor sentido, del deporte?

Ahora, ni siquiera la violencia se desató en el escenario deportivo, sino en su entorno urbano. ¿Hasta dónde debemos extender los operativos, zonas de exclusión y medidas de vigilancia para que no se produzcan estos hechos? Claro que las explicaciones sobran, pero llegan sobre el diario del día siguiente, que además de las escenas de violencia registran las de dolor y desesperación de familiares, amigos y colectividades sacudidas por terribles consecuencias de relaciones sociales que han ingresado en el páramo de una cruel patología, que es mucho más que la negada "sensación de inseguridad". ¡Qué le vamos a hablar de "sensaciones" a los padres y hermanos de los dos Rodrigos!, los dos adolescentes hinchas de Aguada, asesinados en la noche del viernes último. Incluso, su equipo no estaba jugando; el partido fue Nacional - 25 de Agosto, y se programó para disputarse en el gimnasio de Aguada por razones de seguridad. Se jugó en forma normal, sin incidentes en la cancha. Lo más grave, lo que configuró esa noche de terror, sucedió en las afueras. Un jovencito de 15 años, jugador de los Cadetes de Aguada, resultó apuñalado y un parcial baleado, ambos murieron.

Un episodio muy confuso, marcado por graves actos de violencia en las afueras del gimnasio, con disturbios -se dice- antes, durante y después del partido.

Señor Presidente: a esta altura no sé si proponer que todos los espectáculos deportivos de ese tipo, incluso con una mínima posibilidad de violencia, se desarrollen a puertas cerradas. De todas maneras, quiero recordar que hace un año presenté un proyecto de ley para que puedan aplicarse medidas cautelares -prohibición de concurrir a los espectáculos deportivos- a quienes han cometido actos de violencia en los escenarios, su entorno o en las sedes de las instituciones.

Estas medidas deberían aplicarse aun cuando no exista procesamiento, situación que actualmente la ley no contempla, pues la medida cautelar a la que refiere la norma vigente para erradicar la violencia en el deporte -Ley Nº 7.951, de enero de 2006- procede siempre que haya enjuiciamiento, ya sea por la configuración de una falta o por reunir el Magistrado, prima facie, elementos de convicción suficientes para encuadrar la conducta dentro de los tipos delictuales referidos en la norma.

Esto es: apuntamos a la necesidad de legislar el caso concreto, sin tener que llegar a un procesamiento por faltas o a la iniciación de un sumario penal por presunto delito, cuando existan conductas que encuadren dentro de la definición establecida en el articulo 1º de la Ley. La finalidad es reprimir esas conductas, dando pautas al Magistrado para que pueda aplicar medidas dentro de un marco legal y decidir con la intervención del Ministerio Público, teniendo en cuenta que es el titular de la acción pública, manteniendo la seguridad jurídica que debe existir en un Estado de Derecho.

Si bien la Constitución establece que la medida cautelar de la prisión no puede imponerse sin el enjuiciamiento correspondiente, la medida que propongo no es prisión, sino la permanencia en un centro, sin régimen de incomunicación, con la finalidad de lograr el control efectivo de que no asista al espectáculo deportivo, pues de otra manera debería tenerse un funcionario policial en el domicilio de cada individuo con medidas. Y hasta podría brindárseles, en ese horario, talleres de integración para su reinserción a los eventos deportivos.

Para la adopción de tales medidas, el Juez deberá oír preceptivamente al Ministerio Público, al indagado y su defensa, en audiencia que se realizará en un plazo de 24 horas, so pena de nulidad absoluta. Las medidas podrán tener determinado plazo, que podrá extenderse cuando la persona registre antecedentes por hechos similares.

Es una propuesta, deberá haber otras, pero sobre todo debe existir una real reflexión sobre el tema, la que no hemos logrado a pesar de las muchas e injustas muertes. ¡Basta!

Con ese fin, quiero que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada -y atendida- a la Presidencia de la República, a los Ministerios correspondientes, a las Jefaturas de Policía, a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio Público y Fiscal, a la Comisión para la Prevención, Control y Erradicación de la Violencia en el Deporte, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Organización del Fútbol del Interior, a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, a la Federación Uruguaya de Basketball, a Basquetbolistas Uruguayos Asociados, al Comité Olímpico Uruguayo, a la Confederación Uruguaya de Deportes, al Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay, a las Comisiones de Deporte de ambas Cámaras, al Congreso de Intendentes y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Eleuterio Fernández Huidobro).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-12 en 14. Afirmativa.

9) FALTA DE AGUA POTABLE EN LA ESCUELA Nº 90 DE SIERRAS DE MAHOMA

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Eleuterio Fernández Huidobro).- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: solamente quiero hacer una reflexión sobre una experiencia que tuve en el día de ayer en el interior del país y que creo que es importante compartir con los señores Senadores.

Por razones ajenas a la actividad política proselitista estuvimos visitando la Escuela Nº 90 de Sierras de Mahoma. Allí hay seis niños aprendiendo en un sistema de educación como el que se aplica en las Escuelas Rurales, con carencias manifiestas y con un esfuerzo muy importante de sus padres. Los niños concurren a la escuela en motos, a pesar de que, obviamente, ni siquiera tienen posibilidad de obtener libreta, porque tienen siete, ocho o diez años.

Cabe destacar que esta escuela se mantiene con un gran aporte de las maestras y de un grupo de padres, como siempre sucede, que tratan de financiar su presupuesto con criollas y determinadas actividades de carácter agropecuario. Todos los niños obtuvieron sus computadoras, que les fueron adjudicadas en el marco del Plan Ceibal. Concurren muy contentos, y hasta sacan fotos y hacen comentarios y aportes de toda naturaleza; el más chiquito me comentó con orgullo que su padre era domador.

Pero lo que quiero trasmitir a los señores Senadores es que esa escuela no tiene agua potable, y solamente puede ser tomada la que se transporta desde cierta distancia, por lo que los padres deben hacer un esfuerzo enorme. Existe un pozo a 34 metros de profundidad, pero el agua que se extrae no puede ser tomada, porque la contaminación de las napas ha llegado también a ese pozo. Creo que este es un tema puntual, pero da la pauta de las necesidades y carencias que existen en el interior del país. Enseñanza Primaria ha sido advertida y envió un equipo para limpiar superficialmente el pozo, pero este se mantiene en circunstancias absolutamente insalubres o en condiciones de no poder utilizarse para proveer de agua potable a los niños.

En definitiva, en el cercano país -ni siquiera en el Uruguay profundo- existen estos problemas, y a pesar de que hemos manejado un porcentaje del 4,5% para la Educación, nos enfrentamos a estas vergüenzas nacionales que se producen por falta de gestión y de sensibilidad de las autoridades frente a niños que tratan de superar las carencias de vivir en el interior del país.

La preocupación que planteo me surgió por haber concurrido a ese lugar en forma absolutamente casual, pero quería trasmitirla al Cuerpo y solicitar que la versión taquigráfica de mis palabras pase al Consejo de Educación Primaria y al Ministerio de Educación y Cultura, para que en algún momento se sepa que hay seis niños y sus maestras en el interior del Uruguay que están tratando de aprender sin contar con algo tan importante como el agua, y las autoridades públicas no son capaces de proporcionarles las mínimas condiciones para que puedan estudiar y crecer sanamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Sr Eleuterio Fernández Huidobro).- Se va votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-13 en 15. Afirmativa

10) PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Rafael Michelini)

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Rafael Michelini).- El Senado ingresa al Orden del Día, con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se modifica la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, y el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, sobre prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (Carp. Nº 1426/08 - Rep. Nº 1036/09 y Anexos I y II)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1426/08

Rep. N° 1036/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión Especial

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Sustitúyense los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 14, 16 y 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, por los siguientes:

"ARTICULO 1°.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen ilícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la presente ley o destinados a financiar cualquier actividad terrorista.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que este reglamentará.

La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; ii) los fiduciarios profesionales y iii) las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay.

En incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992 y las modificaciones introducidas por las Leyes N° 17.523, de 4 de agosto de 2002 y N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

ARTICULO 2°.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:

I) los casinos,

II) las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles,

III) los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

a. compraventa de bienes inmuebles;

b. administración del dinero, valores u otros activos del cliente;

c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

d. organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades;

e. creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y

f. compraventa de establecimientos comerciales.

IV) los rematadores,

V) las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas,

VI) los explotadores de zonas francas,

VII) las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.

Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de los clientes. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas) según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 3°.- La comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan, en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1°, 2° y 17 de la presente ley.

Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Si en el plazo de tres días hábiles la Unidad no imparte instrucciones, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses.

Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de operación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo haya formulado, así como de la identidad, del firmante del mismo. Esta información solo será revelada a instancias de la justicia penal competente, por resolución fundada, cuando esta entienda que resulta relevante para la causa.

ARTICULO 6°.- La Unidad de Información y Análisis Financiero, por resolución fundada, podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la inmovilización de los activos de los partícipes. La resolución que adopte el Juez penal competente, sea disponiendo o denegando la inmovilización de los fondos, será comunicada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la que a su vez deberá ponerla en conocimiento de las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay involucradas.

ARTICULO 7°.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo con las autoridades de otros Estados que, ejerciendo competencias homólogas, lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad, podrá además suscribir memorandos de entendimiento. Para este efecto, solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

A) El organismo requirente se comprometerá a utilizar la información al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8°, así como del delito previsto por el artículo 16 de la presente ley;

B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios, deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

C) los antecedentes suministrados solo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional.

ARTICULO 8°.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades:

1. crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006;

2. terrorismo;

3. financiación del terrorismo;

4. contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América);

5. tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción;

6. tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos;

7. tráfico ilícito y trata de personas;

8. extorsión;

9. secuestro;

10. proxenetismo;

11. tráfico ilícito de sustancias nucleares;

12. tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;

13. estafa;

14. apropiación indebida;

15. los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública);

16. quiebra fraudulenta;

17. insolvencia fraudulenta;

18. el delito previsto en el artículo 5° de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta);

19. los delitos previstos en la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos marcarios);

20. los delitos previstos en la Ley N° 17.616, de 10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual);

21. las conductas delictivas previstas en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas;

22. la falsificación y la alteración de moneda previstos en los artículos 227 y 228 del Código Penal.

ARTICULO 14.- Declárense de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. La conspiración y los actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado.

ARTICULO 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de ésta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

ARTICULO 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay, en la forma en que determinará la reglamentación que este dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas, en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1° de la presente ley; para los señalados en el inciso segundo, la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo, cuyo máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía no declarada, consideradas las circunstancias del caso.

Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente procederá a su detención, adoptará inmediatamente las medidas pertinentes a efectos de la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo y solicitará, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en el inciso precedente. El Juez fijará el término durante el cual se mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser mayor a seis meses y que podrá ser prorrogado cuando resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la autoridad competente solicitará inmediatamente la orden judicial de incautación, cuando existan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declarados provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero, bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la ley uruguaya. La prueba de un origen diverso producida por el titular de los fondos o valores incautados determinará la devolución de los mismos, sin perjuicio de las medidas cautelares que se dispusieren para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo. La resolución judicial que deniegue la devolución será apelable, aun en etapa presumarial".

Artículo 2°.- Sustitúyense los artículos 62 y 73 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, por los siguientes:

"ARTICULO 62. (Medidas cautelares).-

62.1 (Universalidad de la Aplicación).- El tribunal penal competente adoptará por resolución fundada, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier estado de la causa e incluso en el presumario, las medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso como consecuencia de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos con estos.

En el caso de que las medidas cautelares sean adoptadas durante la etapa presumarial, estas caducarán de pleno derecho si, en un plazo de dos años contados desde que las mismas se hicieron efectivas, el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento.

62.2. (Procedencia).- Las medidas cautelares se adoptarán cuando el tribunal penal competente estime que son indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de estos bienes una vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso.

En ningún caso se exigirá contracautela pero el Estado responderá por los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares adoptadas, si los bienes afectados no son finalmente decomisados.

La Junta Nacional de Drogas podrá requerir al Ministerio Público que solicite la adopción de medidas cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran ser adjudicados por sentencia.

62.3. (Facultades del Tribunal).- El Tribunal penal competente podrá:

a) apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer otra si la entiende más eficiente;

b) establecer su alcance y término de duración; y

c) disponer la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

62.4. (Recursos).- Las medidas se adoptarán en forma reservada y ningún incidente o petición podrá detener su cumplimiento.

Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas adoptadas en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se le notificarán una vez cumplidas.

La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar será recurrible mediante recursos de reposición y apelación, pero la interposición de los mismos no suspenderá su ejecución.

62.5 (Medidas Específicas).- El tribunal penal competente podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos y secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquier otra que sea idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar.

La resolución que disponga una intervención fijará su plazo y las facultades del interventor debiéndose procurar en lo posible, la continuidad de la explotación intervenida. El tribunal fijará la retribución del interventor, la cual, si fuere mensual, no podrá exceder de la que percibiere en su caso un gerente con funciones de administrador en la empresa intervenida; la que se abonará por el patrimonio intervenido y se imputará a la que se fije como honorario final.

62.6. (Medidas Provisionales).- El tribunal penal competente podrá adoptar como medida provisional o anticipada, el remate de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor.

En estos casos, el tribunal penal competente podrá disponer su remate y depositar el producto en unidades indexadas u otra unidad de medida que permita asegurar la preservación del valor, a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos.

ARTICULO 63. (Decomiso).-

63.1. (Concepto).- El decomiso es la privación con carácter definitivo de algún bien, producto o instrumento, por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público, como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita. La providencia ejecutoriada que lo disponga constituirá título de traslación del dominio y se inscribirá en los Registros Públicos correspondientes.

63.2. (Ambito Objetivo).- En la sentencia definitiva de condena por alguno de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, el tribunal penal competente dispondrá, a solicitud del Ministerio Público, el decomiso de:

a) los estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas que fueran incautadas en el proceso;

b) los bienes o instrumentos utilizados para cometer el delito o la actividad preparatoria punible;

c) los bienes y productos que procedan del delito;

d) los bienes y productos que procedan de la aplicación de los provenientes del delito, comprendiendo: los bienes y productos en los que se hayan transformado o convertido los provenientes del delito y los bienes y productos con los que se hayan mezclado los provenientes del delito hasta llegar al valor estimado de estos;

e) los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes del delito.

63.3. (Decomiso por Equivalente).- Cuando tales bienes, productos e instrumentos no pudieran ser decomisados, el tribunal penal competente dispondrá el decomiso de cualesquiera otro bien del condenado por un valor equivalente o, de no ser ello posible, dispondrá que aquel pague una multa de idéntico valor.

63.4. (Decomiso de pleno derecho).- Sin perjuicio de lo expresado, el tribunal penal competente, en cualquier etapa del proceso en la que el indagado o imputado no fuera habido, librará la orden de prisión respectiva y transcurridos seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubiesen cautelarmente incautado, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la inmovilización de activos al amparo de lo edictado por el artículo 6° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba de que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautación de fondos o valores no declarados, al amparo de lo edictado por el artículo 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de delitos tipificados en la presente ley o delitos conexos, si en el plazo de seis meses no compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho.

63.5. (Ambito subjetivo).- El decomiso puede alcanzar los bienes enumerados en los incisos anteriores de los que el condenado por alguno de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, sea el beneficiario final y respecto de cuya ilegítima procedencia no haya aportado una justificación capaz de contradecir los indicios recogidos en la acusación, siempre que el valor de los mencionados bienes sea desproporcionado respecto de la actividad ilícita que desarrolle y haya declarado. Podrán ser objeto de decomiso el dinero, los bienes y los demás efectos adquiridos en un momento anterior a aquél en que se ha desarrollado la actividad delictiva del reo, siempre que el tribunal penal competente disponga de elementos de hecho aptos para justificar una conexión razonable con la misma actividad delictiva.

A los fines del decomiso se considerará al condenado por los delitos previstos en la presente ley o conexos con estos, beneficiario final de los bienes, aun cuando figuren a nombre de terceros o de cualquier otro modo posea, a través de persona física o jurídica intermedia.

La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del decomiso serán resueltos por el tribunal penal competente".

Artículo 3°.- En los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reserva no regirá el plazo de un año que establece el artículo 113 del Código del Proceso Penal a los efectos de diligenciamiento de prueba que, por su naturaleza, deba producirse sin conocimiento del indagado.

Artículo 4°.- Sustitúyense los artículos 9° a 12 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, por los siguientes:

"ARTICULO 9°. (Entrega vigilada).-

9.1. Con fines de investigación, a requerimiento del Ministerio Público, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotró-picos, precursores u otra sustancia prohibida, o cualquier otro bien que pueda ser objeto de un delito que sea de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

9.2. Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

9.3. Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de los bienes o sustancias detalladas en el inciso primero entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 5°. (Vigilancias electrónicas).- En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento.

La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse bajo la supervisión del Juez competente. El Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio.

El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser incorporadas al proceso y el Juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen, hasta el cumplimiento de la condena.

Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a disposición de la misma para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes.

Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas, las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación.

Artículo 6°. (Del colaborador).-

6.1. El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo o aun no formular requisitoria según la circunstancia del caso, si:

A) Revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación.

B) Aportare información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamables o explosivas, armas o cualquier otro objeto u elemento que pueda servir para la comisión de delitos, planificarlos, e incluso recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos.

A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividad delictiva de referencia.

La reducción o exención de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.

6.2. Será condición necesaria para la aplicación de esta ley que el colaborador abandone la actividad delictiva o la asociación ilícita a la que pertenece.

6.3. La declaración del colaborador deberá prestarse dentro de los 180 días en que manifestó su voluntad de acogerse al beneficio. En esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los autores.

Artículo 7°. (Agentes encubiertos).-

7.1. A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de investigar los delitos que ingresan en la órbita de su competencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán, mediante resolución fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará por el órgano judicial competente.

7.2. Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa, de conformidad a lo previsto en el numeral precedente, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole de aplicación lo previsto en los artículos 9° a 15 de la presente ley. Ningún funcionario público podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.

7.3. Cuando la actuación del agente encubierto pueda afectar derechos fundamentales como la intimidad, el domicilio o la inviolabilidad de las comunicaciones entre particulares, el agente encubierto deberá solicitar al órgano judicial competente la autorización que al respecto establezca la Constitución y la ley, así como cumplir con las demás previsiones legales aplicables.

7.4. El agente encubierto quedará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma requerirá informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual, resolverá lo que a su criterio proceda.

Artículo 8°. (Protección de víctimas, testigos y colaboradores).

8.1. Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares.

8.2. Las medidas de protección serán las siguientes:

1. La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial.

2. Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba.

3. Que sea citado de manera reservada, conducido en vehículo oficial y que se establezca una zona de exclusión para recibir su declaración.

4. Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto por particulares como por los medios de comunicación.

5. Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías adecuadas.

6. La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo la Dirección Nacional de Identificación Civil adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas.

7. Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o paradero.

8. Asistencia económica en casos de reubicación la que será provista con cargo al artículo 464, numeral 3) de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

8.3. Las medidas de protección descriptas en el inciso anterior serán adoptadas por el Juez a solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo, perito o colaborador y serán extensibles a los familiares y demás personas cercanas que la resolución judicial determine.

8.4. Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, testigos o colaboradores.

8.5. Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los incisos anteriores tendrán carácter secreto y se estamparán en expediente separado que quedará en custodia del Actuario del Juzgado.

Artículo 9°.- El funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personas reubicadas o la identidad en aquellos casos, en que se haya autorizado el uso de una nueva, será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años.

Artículo 10.- El que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la Justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 numeral 2° del Código Penal.

La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia de aquel que haya utilizado la violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente del modo previsto en el inciso primero, se considerará agravante del delito respectivo y la pena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo establecido por el literal A) del artículo 32 del Código del Proceso Penal, procederá la extradición en los delitos establecidos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, los precedentes de los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del citado Decreto-Ley y los establecidos en la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004.

Artículo 12.- Sustitúyese el literal A) del artículo 10 de la Ley N° 18.401, de 22 de octubre de 2008, por el siguiente:

"A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos por la normativa vigente".

Artículo 13.- Sustitúyese el numeral 1) del inciso tercero del artículo 414 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

"1) Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal, con excepción de los previstos en los artículos 171 y 173 y los establecidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1988".

Artículo 14. (Derogaciones).- Deróguense los artículos 21 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, 8° de la Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, 67 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción da-da por el artículo 68 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los incisos 4° y 5° del artículo 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 67 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 125 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008.

Sala de la Comisión, a 5 de mayo de 2009.

Jorge Saravia, Miembro Informante; Milton Antognazza, Germán Lezama.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 15 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto Proyecto de Ley de Reforma de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y del Decreto-Ley N° 14.294 de 31 de octubre de 1974.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley tiene como objetivo mejorar las herramientas jurídicas a los efectos de luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, que tanto a nivel nacional como internacional han sido reconocidos en los últimos años como delitos que afectan seriamente a las sociedades contemporáneas. En ese marco, se promueve la reforma de la Ley vigente en la materia, N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004 y de ciertos artículos del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 que refieren al proceso cautelar y el decomiso.

El Proyecto de Ley adjunto fue elaborado por una comisión de juristas designada por la Prosecretaría de la Presidencia de la República, coordinada por la Dra. María Rosa Longone e integrada por los doctores Olga Carballo (Ex Fiscal Letrada en lo Penal), Jorge Díaz (Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4to. Turno), Leonardo Costa (abogado especializado, ex Prosecretario de la Presidencia de la República) y Gabriel Adriasola (abogado penalista y ex Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal).

ANTECEDENTES

En el período de Gobierno en curso, se ha asignado real importancia al combate de delitos tales como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el contrabando, el tráfico de personas, de armamento, etc. Consecuentemente también se asignó alta prioridad a luchar contra el lavado de los fondos provenientes de esas actividades ilícitas o tendientes a financiarlas.

Hacer efectiva esa prioridad implicó como primer y principal paso iniciar el proceso de aplicación de la legislación existente, y en particular de las herramientas incorporadas a través de la Ley N° 17.835, promulgada el 23 de setiembre de 2004 y reglamentada por el Decreto N° 86/2005, del 24 de febrero de 2005.

La referida Ley representó la culminación del proceso desarrollado en el período de Gobierno anterior a los efectos de disminuir la vulnerabilidad del país y adecuar la normativa nacional a las recomendaciones en la materia definidas por la comunidad internacional.

Fueron aportes sustantivos de esa nueva legislación:

- Ampliación del número de delitos considerados precedentes del lavado de activos.

- Ampliación de las obligaciones asignadas a diferentes actores sociales con actuación en actividades a través de las que puedan canalizarse fondos con origen o destino ilegal.

- Ampliación de la lista de sujetos obligados por las normas antilavado.

- Exoneración de responsabilidad a quienes de buena fe reporten operaciones sospechosas.

- Tipificación de los delitos de NATURALEZA TERRORISTA y, por primera vez en la región, el de FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.

- Ampliación y fortalecimiento de las potestades de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay.

- Mejora de los mecanismos de cooperación internacional para el combate del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

- Incorporación y regulación de la técnica de investigación especial denominada "entrega vigilada".

- Exigencia de declaraciones juradas para los movimientos transfronterizos de efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios superiores a US$ 10.000.

Este marco normativo resultó sin duda apropiado para desarrollar una acción más efectiva tanto en el plano preventivo como represivo y ello se ha visto reflejado en una mayor efectividad en la lucha contra el crimen organizado.

Pero en ese mismo proceso ha podido verificarse la presencia en el país y en la región de organizaciones delictivas fuertemente estructuradas y con ramificaciones internacionales, lo que obliga a mantener una atención permanente sobre su accionar.

Esto implica, además, revisar y actualizar el marco normativo adecuándolo a los requerimientos que la dinámica de este tipo de delito plantea a la sociedad.

Es en ese marco, y a partir de los resultados de la aplicación efectiva de la legislación vigente, que se desarrolló un proceso de revisión y una propuesta de actualización.

LAS NORMAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE LEY

El artículo primero del anteproyecto sustituye los artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 14, 16 y 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004. La sustitución tiene como fin mejorar la redacción de los mencionados artículos o agregar disposiciones que se han visto como necesarias por los distintos operadores, luego de transcurridos casi cuatro años de vigencia de la ley citada.

Respecto del artículo primero de la Ley N° 17.835, se dispone que el reporte de operaciones sospechosas puede ser de operaciones realizadas o no, comprendiendo en consecuencia la insinuación y la tentativa. Asimismo se quita la referencia a la Ley N° 17.343 derogada por el artículo 22 de la Ley N° 17.835. Se prevé que en el caso del delito de financiación del terrorismo previsto en el artículo 16 de la Ley N° 17.835 la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que aun involucrando activos de origen lícito se sospeche que están vinculadas a las per-sonas físicas o jurídicas que desarrollen actividad terrorista o estén destinados a financiar cualquier actividad terrorista.

Por último, se amplía la obligación de informar a otros sujetos y se le otorga su supervisión al Banco Central del Uruguay. Dichos nuevos obligados son: las empresas que presten servicios de arrendamientos y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; los fiduciarios profesionales y las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad.

También se amplía el elenco de obligados no supervisados por el Banco Central del Uruguay en el artículo 2°, disponiéndose que están sujetos a la obligación de informar operaciones sospechosas dentro de su actividad los casinos, las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, los escribanos (en tanto realicen actividades específicamente previstas en el Anteproyecto), los rematadores, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas, los explotadores de zonas francas y las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones o administren, en forma habitual sociedades comerciales.

En el mismo artículo 2° -y siguiendo por ejemplo la tendencia de la regulación española- se faculta al organismo de control en materia de lavados de activos y financiación del terrorismo a coordinar con entidades gremiales de los sujetos obligados a fin de instrumentar el cumplimiento de sus obligaciones. También se le faculta a la creación de comisiones interinstitucionales para el caso de que dichos organismos gremiales no existieren.

En lo que refiere al artículo 3° de la Ley N° 17.835, la novedad consiste en que se expande la reserva de la comunicación de la operación sospechosa a las personas relacionadas contractualmente con el sujeto obligado a informar. Asimismo, se dispone que la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien haya formulado el reporte sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y la relación comercial con el cliente. La redacción actual de este artículo impone a la Unidad la instrucción, por lo que ahora se torna facultativa. Para acotar esta facultad en el tiempo se prevé que si la Unidad no imparte instrucciones en tres días hábiles el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses. Se trata de una disposición cuyo propósito es brindar mayor seguridad jurídica a los sujetos obligados.

Se establece además la reserva de identidad del sujeto obligado que haya formulado el reporte y del firmante. La información solo será revelada a instancia del juez penal competente, por resolución fundada y cuando este entienda que resulta relevante para la causa. Existen antecedentes legislativos que incluso consagran el anonimato absoluto del sujeto obligado. En Perú, la Ley N° 28.306, de 30 de julio de 2004 establece que los Oficiales de Cumplimiento gozarán de la garantía de estricta confidencialidad y reserva de sus identidades por parte de las autoridades y su identificación estará circunscripta a una clave o número secreto. El Proyecto no llega a ese extremo, y trata de conciliar la necesidad de proteger al sujeto obligado con las necesidades de la investigación judicial.

El artículo 6° de la Ley N° 17.835, es mejorado en su redacción y además se establece la obligación de comunicar a las instituciones sujetas a control del Banco Central del Uruguay la resolución judicial que admita o deniegue la inmovilización de los fondos. Ello forma parte de la retroalimentación permanente que debe existir entre los sujetos obligados a informar y el organismo investigador, a los efectos de que aquéllos sientan que sus acciones tienen resultados.

También se modifica el artículo 7° de la Ley N° 17.835 que regula el intercambio de información entre las Unidades de Análisis Financiero. Con esta modificación se pretende destrabar determinados escollos que se han generado en la entrega de información a la vez que se incluye en la misma la referente al delito de financiación del terrorismo.

Especial relevancia merece la modificación al artículo 8°. En él se amplía la nómina de delitos subyacentes con el propósito de incluir las diversas modalidades del fraude financiero o societario y otros delitos de crimen organizado. Se entiende que la exclusiva mención a la estafa cuando es cometida por funcionarios de entidades sujetas al control del Banco Central en el ejercicio de sus funciones es insuficiente para abarcar el amplio espectro de la criminalidad financiera organizada. Por lo tanto, se incluyen como delitos precedentes al de lavado de activos los delitos graves o cometidos por el crimen organizado que son sugeridos por las recomendaciones internacionales. Así se agregan a la lista existente: los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, financiación del terrorismo, estafa, apropiación indebida, delitos de corrupción, la quiebra, la insolvencia fraudulenta y la insolvencia societaria fraudulenta, los delitos cometidos por los administradores de las sociedades anónimas durante el ejercicio de sus funciones, delitos marcarios y contra la propiedad intelectual, las conductas delictivas previstas en el Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley N° 17.815 sobre violencia contra niños y adolescentes; por último la falsificación y alteración de moneda.

El proyecto también sustituye la redacción del artículo 14 por una que se entiende más ajustada a las definiciones de la naturaleza terrorista de determinados delitos, ampliando y mejorando el texto original de la ley. También, dada la gravedad de este fenómeno, se sancionan la conspiración y los actos preparatorios.

Siguiendo la sugerencia de los evaluadores del GAFISUD se incorpora al delito de financiación del terrorismo tipificado en el artículo 16, la acción destinada a financiar una organización terrorista o a un miembro de esta o a un terrorista individual. Asimismo se califica la intención agregando que basta que los fondos sean utilizados o a sabiendas que serán utilizados en una actividad terrorista, independientemente de que haya acaecido o no.

Se modifica el artículo 19 con relación a la sanción prevista en la Ley N° 17.835, por la infracción al deber de declarar la tenencia de valores en el tráfico transfronterizo. Se propone que -a diferencia del sistema en vigor que se remite a los montos del artículo 2° de la ley- las multas se apliquen tomando como referencia la cuantía no declarada, siendo ésta su tope máximo. Ello permite que la autoridad administrativa a quien el reglamento otorga el poder sancionatorio pueda determinar con mayor flexibilidad el monto de la sanción. Se establece asimismo en este artículo, inciso 4°, la facultad de la autoridad competente que intervenga en el control del transporte transfronterizo de valores, de detener los fondos o valores no declarados, solicitando inmediatamente la orden judicial de incautación, lo que permite la inmediata sujeción de los valores aun cuando la autoridad judicial no pueda actuar inmediatamente en razón de la distancia o aislamiento del paso fronterizo. Se establece en el inciso final, el procedimiento a seguir en caso de impugnación de la incautación por el falso declarante.

Por el Art. 2° del presente proyecto, se propone sustituir los artículos 62 y 63 del Decreto-Ley N° 14.294 (Ley de Estupefacientes) por dos artículos en los que se describe minuciosamente la actuación judicial y de los particulares en oportunidad de la aplicación de medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso, como consecuencia de la comisión de delitos previstos en la ley que se modifica o conexos a ellos. Estas nuevas normas están inspiradas en las disposiciones sobre proceso cautelar contenidas en el Código General del Proceso. Asimismo responden al impulso que la actual administración le ha dado al combate al tráfico de drogas, al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo, tratando de mejorar el sistema de prevención y su financiación no solo a través de los recursos del propio Estado sino de los bienes y valores utilizados por los delincuentes para o en ocasión de la comisión de los delitos. En este sentido, se establece la universalidad de la aplicación de estas medidas en el numeral 62.1 y el plazo de caducidad de dos años si el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento del encausado; la procedencia de su adopción en el numeral 62.2, cuando el tribunal penal estime que son indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de los bienes cautelados una vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración por la demora del proceso. No se exige contracautela pero sí se remarca la responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que pudieran causarse si los bienes afectados no fueren finalmente decomisados. Se faculta a la Junta Nacional de Drogas para que requiera al Ministerio Público que solicite la adopción de medidas cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran ser adjudicados por sentencia.

En el numeral 62.3, se establecen las facultades del tribunal en cuanto a la necesidad de la medida, su alcance, duración, modificación, sustitución o cese.

El numeral 62.4 determina la reserva de las actuaciones y los recursos contra el auto que resuelva la imposición de medidas cautelares, los que serán de reposición y apelación, sin efecto suspensivo.

El numeral 62.5 enumera a vía de ejemplo las medidas cautelares que podrá disponer el tribunal, especificándose especialmente la intervención judicial conforme a las normas ya citadas del CGP.

En el numeral 62.6 se establece la facultad del tribunal penal de adoptar como medida provisional o anticipada el remate de los bienes sometidos a alguna cautela que sean perecederos o cuya conservación sea dispendiosa. Se dispone asimismo, el depósito del resultado de la subasta en unidades indexadas u otra unidad que permita asegurar la preservación del valor.

En relación al decomiso, la nueva redacción del artículo 63 busca contemplar hipótesis no previstas en la actual legislación, definiendo su ámbito objetivo y subjetivo.

El artículo 3° elimina, para los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, el plazo de un año vigente con carácter general a los efectos del diligenciamiento de prueba sin conocimiento del indagado. Ello responde a la manifiesta complejidad que presentan estas investigaciones.

Los artículos 4° al 7° del presente proyecto sustituyen los artículos 9° a 12 de la Ley N° 17.835, mejorando las disposiciones previstas en la ley citada referidas a la entrega vigilada e incorporando otras medidas especiales de investigación sugeridas por las convenciones internacionales y las recomendaciones del GAFI, tales como las vigilancias electrónicas y las figuras del colaborador y el agente encubierto. El Poder Ejecutivo considera que no es posible investigar y combatir al crimen organizado sin estas técnicas especiales de recolección de información. Se postula que las mismas no vulneran derechos individuales, pues todas requerirán de autorización judicial y además se respetan las garantías del debido proceso. Son técnicas previstas en Convenciones Internacionales ratificadas por Uruguay como por ejemplo la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolos Complementarios, aprobada por la Ley N° 17.861.

Su regulación expresa solo complementa otras técnicas similares en vigor. Así, la posibilidad de escuchas telefónicas está permitida por el Código de Procedimiento Penal y ha sido, en la práctica, de gran utilidad en este tipo de investigaciones. La colaboración eficaz con las autoridades es una atenuante prevista en el artículo 46 numeral 12 del Código Penal. El artículo 8° del Código Penal permite la provocación del delito en casos de delincuencia organizada.

El proyecto no innova sino que pretende aportar una regulación más minuciosa de este tipo de técnicas de investigación: la escucha telefónica es una medida de seguimiento de audio que se propone ampliar al seguimiento audiovisual; la figura del colaborador ya existe y el Anteproyecto busca mejorarla y evitar la denominada "cooperación en cuotas" poniendo un plazo para acogerse al beneficio.

Por los artículos 8° a 10 del proyecto, y teniendo en cuenta las características del accionar del crimen organizado, se establece un sistema de protección de víctimas, testigos y colaboradores, ampliando y sistematizando la normativa actual en la materia.

En el artículo 11 se establece que en este tipo de delitos procederá la extradición sin perjuicio de lo establecido en el literal A) del artículo 32 del Código del Proceso Penal. Esta disposición permite, en los casos de extradición sin tratado, proceder a la entrega en delitos cuyo mínimo es inferior a los dos años de penitenciaría.

Por último el Art. 12 ajusta la redacción del Art. 10 de la Ley N° 18.401 aprobada recientemente, por la que se modificó la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. En la nueva redacción se elimina la referencia a que las transacciones financieras y otras informaciones de utilidad para la Unidad de Información y Análisis Financiero deban involucrar activos "sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud", ya que como se señaló al fundamentar la modificación al Art. 1 de la Ley N° 17.835, debe prestarse también atención a aquellas operaciones que, aún involucrando activos de origen lícito, se sospeche que estén vinculadas a las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad terrorista o estén destinados a financiar cualquier actividad terrorista.

En suma, el Poder Ejecutivo tiene la convicción de que estas modificaciones permitirán una mayor eficacia en el combate al crimen organizado y el lavado de dinero. Se ajusta la normativa a las más recientes recomendaciones de GAFISUD y GAFI; se incorporan nuevos sujetos obligados de manera de poder controlar nuevas tipologías de blanqueo y se regula con mayor detalle técnicas de investigación que en toda la legislación comparada se han considerado necesarias para el combate a este tipo de criminalidad.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración,

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José Bayardi, Daisy Tourné, María Julia Muñoz, Eduardo Bonomi, Víctor Rossi, Carlos Colacce, Daniel Martínez, Marina Arismendi, Héctor Lescano, María Simon, Andrés Masoller, Ernesto Agazzi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Sustitúyese los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 14, 16 y 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, por los siguientes:

ARTICULO 1°.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la presente ley o destinados a financiar cualquier actividad terrorista.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que este reglamentará.

La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envíos de fondos, ii) los fiduciarios profesionales y iii) las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay.

El incumplimiento de la obligación de informar, determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992 y las modificaciones introducidas por las Leyes N° 17.523, de 4 de agosto de 2002 y 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

Artículo 2°.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:

I) los casinos;

II) las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles,

III) los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

a. compraventa de bienes inmuebles;

b. administración del dinero, valores u otros activos del cliente;

c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

d. organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades;

e. creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y

f. compra-venta de establecimientos comerciales.

IV) los rematadores,

V) las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosas,

VI) los explotadores de zonas francas,

VII) las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones o administren, en forma habitual sociedades comerciales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de los clientes.

Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20.000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas), según las circunstancias del caso, la conducta y volumen de negocios habituales del infractor y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3°.- La comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros, las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1°, 2° y 17 de la presente ley.

Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Si en el plazo de tres días hábiles, la Unidad no imparte instrucciones, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses.

Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de operación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo. Esta información solo será revelada a instancias de la justicia penal competente, por resolución fundada, cuando esta entienda que resulta relevante para la causa.

Artículo 6°.- La Unidad de Información y Análisis Financiero por resolución fundada, podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la inmovilización de los activos de los partícipes.

La resolución que adopte el Juez Penal competente, sea disponiendo o denegando la inmovilización de los fondos, será comunicada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la que a su vez deberá ponerlas en conocimiento de las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay involucradas.

Artículo 7°.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

A) El organismo requirente se comprometerá a utilizar la información al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8° así como del delito previsto por el artículo 16 de la presente ley.

B) Respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

C) Los antecedentes suministrados, solo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional.

Artículo 8°.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 se aplicarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades:

1. crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley N° 18.026;

2. terrorismo;

3. financiación del terrorismo;

4. contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América);

5. tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción;

6. tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos;

7. tráfico ilícito y trata de personas;

8. extorsión;

9. secuestro;

10. proxenetismo;

11. tráfico ilícito de sustancias nucleares;

12. tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;

13. estafa;

14. apropiación indebida;

15. en los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal, y los establecidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública).

16. quiebra fraudulenta;

17. insolvencia fraudulenta;

18. el delito previsto en el artículo 5° de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (Insolvencia societaria fraudulenta);

19. el delito previsto en el artículo 76 de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893 (responsabilidad penal de directores y administradores de las sociedades anónimas).

20. los delitos previstos en la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos marcarios).

21. los delitos previstos en la Ley N° 17.616 de 10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual).

22. Las conductas delictivas previstas en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas.

23. La falsificación y la alteración de moneda previstos en el artículo 227 y 228 del Código Penal.

Artículo 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad, la seguridad de un número indeterminado de personas.

La conspiración y los actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado.

Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere, suministrare o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de esta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

Artículo 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que este dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1° de la presente ley; para los señalados en el inciso segundo la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo, cuyo máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía no declarada, consideradas las circunstancias del caso.

Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente procederá a su detención, adoptará inmediatamente las medidas pertinentes a efectos de la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo y solicitará dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en el inciso precedente. El Juez fijará el término durante el cual se mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser menor de seis meses y será prorrogado cuando resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración.

Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la autoridad competente solicitará inmediatamente la orden judicial de incautación, cuando existan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declarados provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero, bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la ley uruguaya.

La prueba de un origen diverso producida por el titular de los fondos o valores incautados determinará la devolución de los mismos, sin perjuicio de las medidas cautelares que se dispusieran para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo. La resolución judicial que deniegue la devolución será apelable aun en etapa presumarial.

Artículo 2°.- Sustitúyense los artículos 62 y 63 del Decreto-Ley N° 14.294 de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5 de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998 por los siguientes:

ARTICULO 62 (Medidas cautelares).-

62.1 (Universalidad de la Aplicación).- El tribunal penal competente adoptará por resolución fundada, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier estado de la causa e incluso en el presumario, las medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso, como consecuencia de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos con estos.

En el caso de que las medidas cautelares sean adoptadas durante la etapa presumarial, estas caducarán de pleno derecho si en un plazo de dos años contados desde que las mismas se hicieron efectivas, el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento.

62.2 (Procedencia).- Las medidas cautelares se adoptarán cuando el tribunal penal competente estime que son indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de estos bienes una vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso.

En ningún caso se exigirá contracautela, pero el Estado responderá por los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares adoptadas, si los bienes afectados no son finalmente decomisados.

La Junta Nacional de Drogas podrá requerir al Ministerio Público que solicite la adopción de medidas cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran ser adjudicados por sentencia.

62.3 (Facultades del Tribunal).- El tribunal penal competente podrá:

a) apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer otra si la entiende más eficiente;

b) establecer su alcance y término de duración; y

c) disponer la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

62.4 (Recursos).- Las medidas se adoptarán en forma reservada y ningún incidente o petición podrá detener su cumplimiento.

Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas adoptadas en forma completa y concreta con mo-tivo de su ejecución, se le notificará una vez cumplida.

La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar será recurrible mediante recursos de reposición y apelación, pero la interposición de los mismos no suspenderá su ejecución.

62.5 (Medidas Específicas).- El tribunal penal competente podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos y secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquier otra que sea idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar.

La resolución que disponga una intervención fijará su plazo y las facultades del interventor debiéndose procurar en lo posible la continuidad de la explotación intervenida. El tribunal fijará la retribución del interventor, la cual, si fuere mensual, no podrá exceder de la que percibiere, en su caso, un gerente con funciones de administrador en la empresa intervenida; la que se abonará por el patrimonio intervenido y se imputará a la que se fije como honorario final.

62.6 (Medidas Provisionales).- El tribunal penal competente podrá adoptar como medida provisional o anticipada el remate de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor.

En estos casos, el tribunal penal competente podrá disponer su remate y depositar el producto en unidades indexadas u otra unidad de medida que permita asegurar la preservación del valor, a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos.

ARTICULO 63. (Decomiso).-

63.1 (Concepto).- El decomiso es la privación con carácter definitivo de algún bien, producto o instrumento, por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público, como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita. La providencia ejecutoriada que lo disponga constituirá título de traslación del dominio y se inscribirá en los Registros Públicos correspondientes.

63.2 (Ambito Objetivo).- En la sentencia definitiva de condena por alguno de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, el tribunal penal competente dispondrá, a solicitud del Ministerio Público, el decomiso de:

a) los estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas que fueran incautadas en el proceso;

b) los bienes e instrumentos utilizados para cometer el delito o la actividad preparatoria punible;

c) los bienes y productos que procedan del delito;

d) los bienes y productos que procedan de la aplicación de los provenientes del delito, comprendiendo: los bienes y productos en los que se hayan transformado o convertido los provenientes del delito; y los bienes y productos con los que se hayan mezclado los provenientes del delito, hasta llegar al valor estimado de estos;

e) los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes del delito.

63.3 (Decomiso por Equivalente).- Cuando tales bienes, productos e instrumentos no pudieran ser decomisados el tribunal penal competente dispondrá el decomiso de cualesquier otro bien del condenado, por un valor equivalente, o de no ser ello posible dispondrá que aquel pague una multa de idéntico valor.

63.4 (Decomiso de pleno derecho).- Sin perjuicio de lo expresado, el tribunal penal competente, en cualquiera etapa del proceso en la que el indagado o imputado no fuera habido, librará la orden de prisión respectiva, y transcurrido seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubiesen cautelarmente incautado, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la inmovilización de activos al amparo de lo edictado por el artículo 6° de la Ley N° 17.835, si sus titulares no ofrecieran prueba de que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautación de fondos o valores no declarados, al amparo de lo edictado por el artículo 19 de la Ley N° 17.835, si sus titulares no ofrecieran prueba que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de delitos tipificados en la presente ley o delitos conexos, si en el plazo de seis meses no compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho.

63.5 (Ambito subjetivo).- El decomiso puede alcanzar los bienes enumerados en los incisos anteriores, de los que el condenado por alguno de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, sea el beneficiario final y respecto de cuya ilegítima procedencia no haya aportado una justificación capaz de contradecir los indicios recogidos en la acusación, siempre que el valor de los mencionados bienes sea desproporcionado respecto de la actividad lícita que desarrolle y haya declarado. Podrán ser objeto de decomiso el dinero, los bienes y los demás efectos adquiridos en un momento anterior a aquel en que se ha desarrollado la actividad delictiva del reo, siempre que el tribunal penal competente disponga de elementos de hecho aptos para justificar una conexión razonable con la misma actividad delictiva.

A los fines del decomiso, se considerará al condenado por los delitos previstos en la presente ley o conexos con éstos, beneficiario final de los bienes aun cuando figuren a nombre de terceros o de cualquier otro modo posea a través de persona física o jurídica intermedia.

La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del decomiso serán resueltos por el tribunal penal competente.

Artículo 3°.- En los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reserva no regirá el plazo de un año que establece el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal, a los efectos del diligenciamiento de prueba que por su naturaleza deban producirse sin conocimiento del indagado.

Artículo 4°.- Sustitúyense los artículos 9 a 12 de la Ley N° 17.835 de 23 de setiembre de 2004, por el siguiente:

ARTICULO 9°. (Entrega vigilada).-

9.1. Con fines de investigación, a requerimiento del Ministerio Público, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, o cualquier otro bien que pueda ser objeto de un delito que sea de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

9.2. Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

9.3. Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de los bienes o sustancias detalladas en el inciso primero entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisón de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 5°.- Vigilancias electrónicas.

En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento.

La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba, deberá verificarse bajo la supervisión del Juez competente. El Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio.

El resultado de las pruebas, deberán transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser incorporadas al proceso, y el Juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen hasta el cumplimiento de la condena.

Una vez verificado el requerimiento del Ministerio Público de inicio de actuaciones procesales, las mismas serán obligatoriamente puestas a disposición de la defensa para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes.

Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas, las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor, y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de investigación.

Artículo 6°. (Del colaborador).-

6.1. El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo o aun no formular requisitoria según la circunstancia del caso, si:

A) Revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación.

B) Aportare información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamables o explosivas, armas o cualquier otro objeto u elemento que pueda servir para la comisión de delitos, planificarlos, e incluso recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos.

A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividad delictiva de referencia.

La reducción o exención de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.

6.2. Será condición necesaria para la aplicación de esta ley que el colaborador abandone la actividad delictiva o la asociación ilícita a la que pertenece.

6.3. La declaración del colaborador deberá prestarse dentro de los 180 días en que manifestó su voluntad de acogerse al beneficio. En esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los autores.

Artículo 7°. (Agentes encubiertos).-

7.1 A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de investigar los delitos que ingresan en la órbita de su competencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán, mediante resolución fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará por el órgano judicial competente.

7.2 Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el numeral precedente, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole de aplicación lo previsto en los artículos 9 a 15 de la presente ley.

Ningún funcionario público podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.

7.3 Cuando la actuación del agente encubierto pueda afectar derechos fundamentales como la intimidad, el domicilio o la inviolabilidad de las comunicaciones entre particulares, el agente encubierto deberá solicitar al órgano judicial competente la autorización que al respecto establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir con la demás previsiones legales aplicables.

7.4 El agente encubierto quedará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito.

Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerirá informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual resolverá lo que a su criterio proceda.

Artículo 8°.- Protección de víctimas, testigos y colaboradores.

8.1. Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares.

8.2. Las medidas de protección serán las siguientes:

1. La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial.

2. Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba.

3. Que sea citado de manera reservada, conducido en vehículo oficial y que se establezca una zona de exclusión para recibir su declaración.

4. Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto por particulares como por los medios de comunicación.

5. Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías adecuadas.

6. La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo la Dirección Nacional de Identificación Civil adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas.

7. Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o paradero.

8. Asistencia económica en casos de reubicación la que será provista con cargo al artículo 464, numeral 3) de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

8.3. Las medidas de protección descriptas en el artículo anterior serán adoptadas por el Juez a solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo, perito o colaborador y serán extensibles a los familiares y demás personas cercanas que la resolución judicial determine.

8.4. Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, testigos o colaboradores.

8.5. Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los artículos anteriores tendrán carácter secreto y se estamparán en expediente separado que quedará en custodia del Actuario del Juzgado.

Artículo 9°.- El funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personas reubicadas o la identidad en aquellos casos en que se haya autorizado el uso de una nueva será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años.

Artículo 10.- El que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 numeral 2° del Código Penal.

La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia contra las personas citadas en el apartado anterior, por su actuación en procedimiento judicial, se considerará agravante del delito respectivo y la pena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo establecido por el literal A) del artículo 32 del Código del Proceso Penal, procederá la extradición en los delitos establecidos en el Decreto-Ley N° 14.294, los precedentes de los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del citado Decreto-Ley y los establecidos en la Ley N° 17.835.

Artículo 12.- Sustitúyese el literal A) del artículo 10 de la Ley N° 18.401, de 22 de octubre de 2008, por el siguiente:

A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos por la normativa vigente.

Artículo 13.- Derogaciones.

Deróganse los artículos 21 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, artículo 28 de la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, artículo 67 del Decreto-Ley N° 14.294, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, el artículo 67 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y el artículo 125 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006.

José Bayardi, Daisy Tourné, María Julia Muñoz, Eduardo Bonomi, Víctor Rossi, Carlos Colacce, Daniel Martínez, Marina Arismendi, Héctor Lescano, María Simon, Andrés Masoller, Ernesto Agazzi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión Especial

Lavado de activos y Crimen organizado

ACTA N° 13

En Montevideo, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil nueve, a la hora dieciséis y diez minutos, se reúne la Comisión Especial sobre lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, los señores Senadores Milton Antognazza, Germán Lezama y Jorge Saravia.

Faltan con aviso los señores Senadores Isaac Alfie y Carlos Moreira.

Presidente ad hoc, el señor Senador Jorge Saravia.

Actúan en Secretaría la Secretaria de la Comisión señora Lydia El Helou y el Prosecretario, señor José Sambucetti.

Abierto el acto, continúa el estudio del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, sobre la prevención y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. (Carpeta

N° 1426/2008, Distribuido N° 3019/2008).

El señor Presidente pone a consideración el articulado con las modificaciones analizadas en la sesión del día veintiocho de abril pasado, que se vota en bloque: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Los artículos 1°, 5°, 10 y 13 se aprueban con modificaciones y el artículo 12/1, se aprueba como aditivo.

Queda aprobado el proyecto de ley sustitutivo con el texto que a continuación se transcribe y se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia. (Informe verbal).

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO.

Artículo 1°.- Sustitúyense los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 14, 16 y 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, por los siguientes:

"ARTICULO 1°.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la presente ley o destinados a financiar cualquier actividad terrorista.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que este reglamentará.

La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; ii) los fiduciarios profesionales y iii) las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992 y las modificaciones introducidas por las Leyes N° 17.523, de 4 de agosto de 2002 y N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002.

ARTICULO 2°.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:

I) los casinos,

II) las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles;

III) los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

a. compraventa de bienes inmuebles;

b. administración de dinero, valores u otros activos del cliente;

c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

d. organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades;

e. creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y

f. compraventa de establecimientos comerciales.

IV) los rematadores,

V) las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos,

VI) los explotadores de zonas francas,

VII) las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.

Facúltese al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de los clientes. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas) según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

ARTICULO 3°.- La comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan, en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1°, 2° y 17 de la presente ley.

Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Si en el plazo de tres días hábiles la Unidad no imparte instrucciones, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses.

Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de operación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo. Esta información solo será revelada a instancias de la justicia penal competente, por resolución fundada, cuando esta entienda que resulta relevante para la causa.

ARTICULO 6°.- La Unidad de Información y Análisis Financiero, por resolución fundada, podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la inmovilización de los activos de los partícipes. La resolución que adopte el Juez penal competente, sea disponiendo o denegando la inmovilización de los fondos, será comunicada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la que a su vez deberá ponerla en conocimiento de las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay involucradas.

ARTICULO 7°.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo con las autoridades de otros Estados que, ejerciendo competencias homólogas, lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad, podrá además suscribir memorandos de entendimiento. Para este efecto, solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

A) El organismo requirente se comprometerá a utilizar la información al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8°, así como del delito previsto por el artículo 16 de la presente ley;

B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios, deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

C) los antecedentes suministrados solo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional.

ARTICULO 8°.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades:

1. crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006;

2. terrorismo;

3. financiación del terrorismo;

4. contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América),

5. tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción;

6. tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos;

7. tráfico ilícito y trata de personas;

8. extorsión;

9. secuestro;

10. proxenetismo;

11. tráfico ilícito de sustancias nucleares;

12. tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;

13. estafa;

14. apropiación indebida;

15. los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública);

16. quiebra fraudulenta;

17. insolvencia fraudulenta;

18. el delito previsto en el artículo 5° de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta);

19. los delitos previstos en la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos marcarios);

20. los delitos previstos en la Ley N° 17.616, de 10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual);

21. las conductas delictivas previstas en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas;

22. la falsificación y la alteración de moneda previstos en los artículos 227 y 228 del Código Penal.

ARTICULO 14.- Declárense de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. La conspiración y los actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado.

ARTICULO 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de esta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

ARTICULO 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay, en la forma en que determinará la reglamentación que este dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas, en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1° de la presente ley; para los señalados en el inciso segundo, la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo, cuyo máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía no declarada, consideradas las circunstancias del caso.

Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente procederá a su detención, adoptará inmediatamente las medidas pertinentes a efectos de la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo y solicitará, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en el inciso precedente. El Juez fijará el término durante el cual se mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser mayor a seis meses y que podrá ser prorrogado cuando resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la autoridad competente solicitará inmediatamente la orden judicial de incautación, cuando existan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declarados provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero, bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la ley uruguaya. La prueba de un origen diverso producida por el titular de los fondos o valores incautados determinará la devolución de los mismos, sin perjuicio de las medidas cautelares que se dispusieren para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo. La resolución judicial que deniegue la devolución será apelable, aun en etapa presumarial".

Artículo 2°.- Sustitúyense los artículos 62 y 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, por los siguientes:

"ARTICULO 62. (Medidas cautelares).-

62.1. (Universalidad de la Aplicación).- El tribunal penal competente adoptará por resolución fundada, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier estado de la causa e incluso en el presumario, las medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso como consecuencia de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos con estos.

En el caso de que las medidas cautelares sean adoptadas durante la etapa presumarial, estas caducarán de pleno derecho si, en un plazo de dos años contados desde que las mismas se hicieron efectivas, el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento.

62.2. (Procedencia).- Las medidas cautelares se adoptarán cuando el tribunal penal competente estime que son indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de estos bienes una vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso.

En ningún caso se exigirá contracautela pero el Estado responderá por los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares adoptadas, si los bienes afectados no son finalmente decomisados.

La Junta Nacional de Drogas podrá requerir al Ministerio Público que solicite la adopción de medidas cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran ser adjudicados por sentencia.

62.3 (Facultades del Tribunal).- El tribunal penal competente podrá:

a) apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer otra si la entiende más eficiente;

b) establecer su alcance y término de duración; y

c) disponer la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

62.4. (Recursos).- Las medidas se adoptarán en forma reservada y ningún incidente o petición podrá detener su cumplimiento.

Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas adoptadas en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se le notificarán una vez cumplidas.

La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar será recurrible mediante recursos de reposición y apelación, pero la interposición de los mismos no suspenderá su ejecución.

62.5. (Medidas Específicas).- El tribunal penal competente podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos y secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquier otra que sea idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar.

La resolución que disponga una intervención fijará su plazo y las facultades del interventor debiéndose procurar en lo posible, la continuidad de la explotación intervenida. El tribunal fijará la retribución del interventor, la cual, si fuere mensual, no podrá exceder de la que percibiere en su caso, un gerente con funciones de administrador en la empresa intervenida; la que se abonará por el patrimonio intervenido y se imputará a la que se fije como honorario final.

62.6. (Medidas Provisionales).- El tribunal penal competente podrá adoptar como medida provisional o anticipada, el remate de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor.

En estos casos, el tribunal penal competente podrá disponer su remate y depositar el producto en unidades indexadas u otra unidad de medida que permita asegurar la preservación del valor, a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos.

ARTICULO 63. (Decomiso).-

63.1. (Concepto).- El decomiso es la privación con carácter definitivo de algún bien, producto o instrumento, por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público, como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita. La providencia ejecutoriada que lo disponga constituirá título de traslación del dominio y se inscribirá en los Registros Públicos correspondientes.

63.2. (Ambito Objetivo).- En la sentencia definitiva de condena por alguno de los delitos previstos en la presente ley, o delitos conexos, el tribunal penal competente dispondrá, a solicitud del Ministerio Público, el decomiso de:

a) los estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas que fueran incautadas en el proceso;

b) los bienes o instrumentos utilizados para cometer el delito o la actividad preparatoria punible;

c) los bienes y productos que procedan del delito;

d) los bienes y productos que procedan de la aplicación de los provenientes del delito, comprendiendo: los bienes y productos en los que se hayan transformado o convertido los provenientes del delito y los bienes y productos con los que se hayan mezclado los provenientes del delito hasta llegar al valor estimado de estos;

e) los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes del delito.

63.3. (Decomiso por Equivalente).- Cuando tales bienes, productos e instrumentos no pudieran ser decomisados, el tribunal penal competente dispondrá el decomiso de cualesquiera otro bien del condenado por un valor equivalente o, de no ser ello posible, dispondrá que aquel pague una multa de idéntico valor.

63.4. (Decomiso de pleno derecho).- Sin perjuicio de lo expresado, el tribunal penal competente, en cualquier etapa del proceso en la que el indagado o imputado no fuera habido, librará la orden de prisión respectiva y transcurridos seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubiesen cautelarmente incautado, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la inmovilización de activos al amparo de lo edictado por el artículo 6° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba de que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautación de fondos o valores no decla-rados, al amparo de lo edictado por el artículo 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de delitos tipificados en la presente ley o delitos conexos, si en el plazo de seis meses no compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho.

63.5. (Ambito subjetivo).- El decomiso puede alcanzar los bienes enumerados en los incisos anteriores de los que el condenado por alguno de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, sea el beneficiario final y respecto de cuya ilegítima procedencia no haya aportado una justificación capaz de contradecir los indicios recogidos en la acusación, siempre que el valor de los mencionados bienes sea desproporcionado respecto de la actividad lícita que desarrolle y haya declarado. Podrán ser objeto de decomiso el dinero, los bienes y los demás efectos adquiridos en un momento anterior a aquel en que se ha desarrollado la actividad delictiva del reo, siempre que el tribunal penal competente disponga de elementos de hechos aptos para justificar una conexión razonable con la misma actividad delictiva.

A los fines del decomiso, se considerará al condenado por los delitos previstos en la presente ley o conexos con estos beneficiario final de los bienes, aun cuando figuren a nombre de terceros o de cualquier otro modo posea, a través de persona física o jurídica intermedia.

La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del decomiso serán resueltos por el tribunal penal competente".

Artículo 3°.- En los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reserva no regirá el plazo de un año que establece el artículo 113 del Código del Proceso Penal, a los efectos del diligenciamiento de prueba que por su naturaleza deban producirse sin conocimiento del indagado.

Artículo 4°.- Sustitúyense los artículos 9° a 12 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, por los siguientes:

"ARTICULO 9°.- (Entrega vigilada).-

9.1. Con fines de investigación, a requerimiento del Ministerio Público, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, o cualquier otro bien que pueda ser objeto de un delito que sea de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

9.2.Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

9.3. Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de los bienes o sustancias detalladas en el inciso primero entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 5°. (Vigilancias electrónicas).- En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento.

La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse bajo la supervisión del Juez competente. El Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio.

El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser incorporadas al proceso y el Juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen, hasta el cumplimiento de la condena.

Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a disposición de la misma para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes.

Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas, las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación.

Artículo 6°. (Del colaborador).-

6.1. El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo o aun no formular requisitoria según la circunstancia del caso, si:

A) Revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación.

B) Aportare información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamables o explosivas, armas o cualquier otro objeto u elemento que pueda servir para la comisión de delitos, planificarlos, e incluso recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos.

A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividad delictiva de referencia.

La reducción o exención de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.

6.2. Será condición necesaria para la aplicación de esta ley que el colaborador abandone la actividad delictiva o la asociación ilícita a la que pertenece.

6.3. La declaración del colaborador deberá prestarse dentro de los 180 días en que manifestó su voluntad de acogerse al beneficio. En esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que posea para la reconstrucción de los hechos y la indivualización y captura de los autores.

Artículo 7°. (Agentes encubiertos).

7.1. A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de investigar los delitos que ingresan en la órbita de su competencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán, mediante resolución fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará por el órgano judicial competente.

7.2. Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa, de conformidad a lo previsto en el numeral precedente, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndole de aplicación lo previsto en los artículos 9° a 15 de la presente ley. Ningún funcionario público podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.

7.3. Cuando la actuación del agente encubierto pueda afectar derechos fundamentales como la intimidad, el domicilio o la inviolabilidad de las comunicaciones entre particulares, el agente encubierto deberá solicitar al órgano judicial competente la autorización que al respecto establezca la Constitución y la ley, así como cumplir con las demás previsiones legales aplicables.

7.4. El agente encubierto quedará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerirá informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual, resolverá lo que a su criterio proceda.

Artículo 8°. (Protección de víctimas, testigos y colaboradores).-

8.1. Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares.

8.2. Las medidas de protección serán las siguientes:

1. La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial.

2. Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba.

3. Que sea citado de manera reservada, conducido en vehículo oficial y que se establezca una zona de exclusión para recibir su declaración.

4. Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto por particulares como por los medios de comunicación.

5. Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías adecuadas.

6. La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo la Dirección Nacional de Identificación Civil adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas.

7. Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o paradero.

8. Asistencia económica en casos de reubicación la que será provista con cargo al artículo 464, numeral 3) de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

8.3. Las medidas de protección descriptas en el inciso anterior serán adoptadas por el Juez a solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo, perito o colaborador y serán extensibles a los familiares y demás personas cercanas que la resolución judicial determine.

8.4. Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, testigos o colaboradores.

8.5. Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los incisos anteriores tendrán carácter secreto y se estamparán en expediente separado que quedará en custodia del Actuario del Juzgado.

Artículo 9°.- El funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personas reubicadas o la identidad en aquellos casos en que se haya autorizado el uso de una nueva, será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años.

Artículo 10.- El que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la Justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Si el autor del hecho alcanzar a su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 numeral 2° del Código Penal.

La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalía de aquel que haya utilizado la violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente del modo previsto en el inciso primero, se considerará agravante del delito respectivo y la pena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo establecido en el literal A) de artículo 32 del Código del Proceso Penal, procederá la extradición en los delitos establecidos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, los precedentes de los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del citado Decreto-Ley y los establecidos en la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004.

Artículo 12.- Sustitúyese el literal A), del artículo 10 de la Ley N° 18.401, de 22 de octubre de 2008, por el siguiente:

"A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos por la normativa vigente".

Artículo 12/1.- Sustitúyese el numeral 1) del inciso tercero del artículo 414 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

"1) Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal, con excepción de los previstos en los artículos 171 y 173 y los establecidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1988".

Artículo 13. (Derogaciones).- Deróguense los artículos 21 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, 8° de la Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, 67 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los incisos 4° y 5° del artículo 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 67 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 125 de la Ley N° 18.046, de 24 de octubre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008.

Finalmente, por Secretaría se da cuenta del siguiente asunto entrado:

Nota remitida por el señor Presidente de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios por la que adjunta la nota del señor Ernesto Bordas, Presidente de la Empresa Nicorley S.A., adjuntando material sobre su actividad principal y solicitando ser recibido por la Comisión, a fin de hacer conocer la situación que se le planteó al presentarse en la Unidad de Prevención contra el Lavado de Activos del Banco de la República Oriental del Uruguay.

Se dispone su reparto.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3157/2009, que integra este documento.

A la hora dieciséis y cuarenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente ad hoc y la Secretaria de la Comisión.

Jorge Saravia Presidente

Lydia El Helou Secretaria."

"Rep. N° 1426/08

Rep. N° 1036/09

Anexo I

Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004

SISTEMA DE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO

Artículo 1°.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones que, en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente, o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como también las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, con las modificaciones introducidas por la Ley N° 17.343, de 25 de mayo de 2001- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que este reglamentará.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el De-creto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Artículo 2°.- También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior los casinos, las empresas que presten servicios de transferencia o envío de fondos, las inmobiliarias, las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales preciosos, así como las personas físicas o jurídicas que, a nombre y por cuenta de terceros, realicen transacciones financieras o administren, en forma habitual, sociedades comerciales cuando estas no conformen un consorcio o grupo económico.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir los sujetos obligados por el registro de transacciones, para el mantenimiento de los respectivos asientos y para la debida identificación de los clientes.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas), según las circunstancias del caso, la conducta y volumen de negocios habituales del infractor, y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay.

Artículo 3°.- La comunicación será reservada. Ningún obligado podrá poner en conocimiento de las personas participantes las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1°, 2° y 17 de la presente ley.

Una vez que reciba el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero instruirá a quien lo haya formulado respecto de la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente.

Artículo 4°.- El cumplimiento de buena fe de la obligación de informar prevista en los artículos 1°, 2°, 5° y 17, en tanto se ajuste a los procedimientos que al respecto establezca el Banco Central del Uruguay o el Poder Ejecutivo en su caso, por constituir obediencia a una norma legal dictada en función del interés general (artículo 7° de la Constitución) no configurará violación de secreto o reserva profesional ni mercantil. En consecuencia, no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa ni de ninguna otra especie.

Artículo 5°.- La Unidad de Información y Análisis Financiero estará facultada para solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a los obligados por esta ley y a todos los organismos públicos, los que se encontrarán obligados a proporcionarlos dentro del término fijado por la Unidad, no siéndose oponibles a esta disposiciones vinculadas al secreto o la reserva.

El obligado o requerido no podrá poner en conocimiento de las personas involucradas las actuaciones e informes que sobre ellas realice o produzca en cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 6°.- La Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones que involucren a personas físicas o jurídicas respecto de las cuales existan fundadas sospechas de estar vinculadas a organizaciones criminales relacionadas con los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la congelación de los activos de los partícipes.

Artículo 7°.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación del delito de lavado de activos con las autoridades de otros Estados que ejerciendo competencias homólogas lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad podrá, además, suscribir memorandos de entendimiento.

Para este efecto solo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

A) la información a brindarse deberá ser utilizada por el organismo requirente al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8° de la presente ley;

B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

C) los antecedentes suministrados, solo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional.

Artículo 8°.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998- se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades: crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, terrorismo; contrabando superior a US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América); tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción; tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos; tráfico ilícito de personas; extorsión; secuestro; proxenetismo; tráfico ilícito de sustancias nucleares; tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos; estafa, cuando es cometida por personas físicas o representantes o empleados de las personas jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay en el ejercicio de sus funciones; y todos los delitos comprendidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

En los casos previstos en el presente artículo serán aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 58 a 67 y 71 a 80 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998.

Las disposiciones del presente artículo regirán aun cuando el hecho antecedente origen de los bienes, productos o instrumentos, hubiera sido cometido en el extranjero, en tanto el mismo hubiera estado penado en el lugar de su comisión y en la República Oriental del Uruguay.

FUENTE: Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, Artículo 28.

Artículo 9°.- Con fines de investigación, a requerimiento del Jefe de Policía Departamental que correspondiere o del Ministro del Interior, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

Artículo 10.- Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto, su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

Artículo 11.- Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de sustancias prohibidas (Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, y Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998), o de sustancias por las que se haya sustituido las anteriormente mencionadas, o de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Artículo 12.- Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas, o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan.

Artículo 13.- Elévase la pena para los delitos tipifica-dos en los artículos 54 y 55 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, a penitenciaría con un mínimo de dos años y un máximo de quince años.

Artículo 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a cualquier otra persona que no parcitipe directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de dicho acto, puesto de manifiesto por su naturaleza o su contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.

Artículo 15.- Cuando la finalidad o los medios enunciados en el artículo anterior no constituyan elementos del delito, la pena prevista legalmente para la respectiva figura se elevará en dos tercios en su mínimo y en su máximo.

Artículo 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos con la intención que se utilicen, o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaría.

Artículo 17.- Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay la existencia de bienes vinculados a personas que se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones:

A) Haber sido identificadas como terroristas o pertenecientes a organizaciones terroristas, en las listas de individuos o entidades asociadas confeccionadas por la Organización de las Naciones Unidas;

B) Haber sido declaradas terroristas por resolución judicial firme nacional o extranjera.

Artículo 18.- Una vez recibida la información mencionada en el artículo anterior, la Unidad de Información y Análisis Financiero bajo su responsabilidad podrá instruir a la institución denunciante para impedir la realización de operaciones que involucren a los sujetos identificados, procediéndose de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la presente ley.

Artículo 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay en la forma en que determinará la reglamentación que este dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1° de la presente ley a los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo; y de las sanciones establecidas en el artículo 2° de esta ley para los sujetos comprendidos en el inciso segundo de este artículo.

Reglamentado por Decreto N° 255/2006.

Artículo 20.- Las personas físicas o jurídicas que actuando desde nuestro país presten servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos relacionados directamente con la gestión de negocios de personas físicas o jurídicas que, en forma profesional y habitual, desarrollen actividades financieras en el exterior, deberán registrarse ante el Banco Central del Uruguay en condiciones que este reglamentará, estableciendo taxativamente los tipos de actividad financiera alcanzados por la precitada obligación.

Artículo 21.- Autorízase al Poder Ejecutivo y a la Suprema Corte de Justicia a disponer la transformación de Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal de la Capital y Fiscalías Letradas Nacionales en lo Penal en Oficinas Especializadas en los delitos previstos en la presente ley, en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, modificado por la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, y en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 22.- Deróganse el artículo 30 de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998, y la Ley N° 17.343, de 25 de mayo de 2001.

Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974

ESTUPEFACIENTES

Se regula su comercialización y uso y se establecen medidas contra el comercio ilícito de las drogas

CAPITULO I

Artículo 1°.- Será monopolio del Estado la importación y exportación de las sustancias contenidas en las listas I y II de la Convención Unica de Nueva York de 1961, ratificada por la Ley N° 14.222, de 11 de julio de 1974, así como de las sustancias contenidas en la lista I del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas realizado en Viena, Austria, en febrero de 1971, y aquellas que conforme a los estudios o dictámenes de la autoridad sanitaria nacional o recomendaciones de Organismos Internacionales, el Poder Ejecutivo resuelta incluir, excluir o trasladar en las mismas.

Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo determinará, a propuesta del Ministerio de Salud Pública, las condiciones en que hará efectivo ese monopolio que estará a cargo de dicha Secretaría de Estado y cuyo producido se dedicará a la asistencia y rehabilitación de los drogadictos.

Artículo 3°.- Quedan prohibidos la plantación, el cultivo, la cosecha y la comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes u otras sustancias que determinen dependencia física o psíquica, con excepción -según los casos- de los que se realicen con exclusivos fines de investigación científica o para la elaboración de productos terapéuticos o de utilización médica.

Las plantaciones o cultivos, en tal caso, deberán ser autorizados previamente por el Ministerio de Salud Pública y quedarán bajo su control directo.

Toda plantación no autorizada deberá ser inmediatamente destruida con intervención del Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de Turno que entienda en la causa.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 1°.

Artículo 4°.- Solamente podrán adquirir del Estado las sustancias determinadas en el artículo 1°, los dueños de droguerías o laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 5°.- Las sustancias a que se refiere el artículo 1° así como las drogas sicotrópicas de las Listas II, III y IV del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas realizado en Viena, Austria, en febrero de 1971, solamente podrán ser utilizadas con fines terapéuticos o de investigación científica. No podrán ser vendidas, entregadas o suministradas, sin la previa presentación de la receta médica, odontológica o veterinaria original, de acuerdo a la reglamentación que se dictará.

Las recetas deberán conservarse por el término de dos años por lo menos.

En lo que respecta a las sustancias de la lista I del referido Convenio de Viena, se tendrán especialmente en cuenta las previsiones del artículo 7° del mismo.

Artículo 6°.- La importación y exportación de las sustancias contenidas en las Listas II, III y IV del Convenio de Viena, Austria, de febrero de 1971, así como la de los preparados comprendidos en las Listas III y IV de la Convención Unica de Nueva York de 1961, solamente podrán realizarse previa autorización del Ministerio de Salud Pública, la que se otorgará en un formulario especial para cada importación o exportación, en el que se indicará la denominación internacional de la sustancia, la designación de la misma en la lista nacional, la cantidad que ha de importarse o exportarse, la fórmula farmacéutica, nombre y dirección del importador y exportador y el período dentro del cual ha de efectuarse la operación.

Antes de concederse una autorización de exportación se exigirá la presentación de la documentación que acredite la autorización de importación por parte de las autoridades competentes del país de destino.

Artículo 7°.- Quedan prohibidas las exportaciones dirigidas a un apartado postal o a un Banco o a una persona distinta de la designada en la autorización correspondiente.

Las ganancias que entren en tránsito en el territorio nacional deberán ir acompañadas de una autorización de exportación.

Todo cambio de destino de las mercaderías que fuera solicitado se considerará como una exportación.

Artículo 8°.- No se considerará importación o exportación ilegal el transporte de buques, aeronaves, autobuses o ferrocarriles internacionales de cantidades limitadas de sustancias de las listas anexas necesarias para la prestación de primeros auxilios o para casos urgentes en el curso del viaje pero el Ministerio de Salud Pública o del Ministerio del Interior, en su caso, deberán efectuar los respectivos controles a fin de evitar su utilización con fines ilícitos.

Artículo 9°.- Las sustancias comprendidas en el control establecido por esta ley, podrán ser libradas al público por los establecimientos habilitados por el Ministerio de Salud Pública los que deberán documentar su venta mensualmente y por duplicado en planillas especiales que proporcionará la autoridad sanitaria.

Artículo 10.- Las droguerías, farmacias y laboratorios que empleen las sustancias contenidas en las Listas I y II de la Convención Unica de Nueva York de 1961, en sus preparaciones y específicos destinados a conservarse, en depósito o para la venta, anotarán en un libro rubricado y sellado por las autoridades de Salud Pública, la compra de esas sustancias, la clase y cantidad empleada en sus elaboraciones y las operaciones de venta de estas sustancias, así como de las preparaciones y de los específicos efectuadas con ellas.

Las droguerías solamente podrán expender esas sustancias y preparaciones a las farmacias, mediante orden firmada por los gerentes farmacéuticos.

Los laboratorios expenderán sus específicos y preparados a las droguerías y farmacias, con estas sustancias, mediante orden firmada por sus directores técnicos.

Artículo 11.- Solamente las farmacias podrán vender, entregar o suministrar al público en cualquier forma las sustancias a que se refiere el artículo 5°, así como las preparaciones y específicos a que se refiere el artículo anterior, en las condiciones que se establecerán en la reglamentación.

Los laboratorios podrán entregar originales a los profesionales, previa presentación de las recetas respectivas.

Artículo 12.- Las sociedades privadas de asistencia médica colectiva podrán proceder a la entrega de las drogas especificadas en el artículo 5°, así como de las preparaciones y específicos a que se refiere el artículo 10, a sus asociados, procedentes de los stocks que puedan tener a esos efectos.

La entrega se hará previa presentación de las respectivas recetas médicas y bajo la responsabilidad profesional de un químico farmacéutico.

Las sustancias comprendidas en la lista I del Convenio de Viena, de febrero de 1971, quedan excluidas del uso establecido en el inciso anterior.

Artículo 13.- Los armarios o vitrinas donde se guarden o conserven las distintas drogas mencionadas en el artícu-lo 5°, así como la documentación que corresponde conforme a la reglamentación que se dictará, permanecerán cerrados con llave bajo la responsabilidad del funcionario actuante.

Artículo 14.- El Ministerio de Salud Pública organizará, dentro del plazo de noventa días de promulgada la ley, un registro de profesionales médicos, médicos veterinarios y odontólogos, con sus nombres, domicilios, teléfonos particulares y de consultorio y con una copia autenticada de su firma.

El folleto conteniendo dichos datos será vendido a precio de costo a todos los laboratorios, farmacias y droguerías, quienes tendrán la obligación de poseerlo a los efectos de controlar la posible falsificación de recetas vinculadas a las drogas especificadas en el artículo 5°.

Este folleto será revisado anualmente en el mes de enero y distribuido en las mismas condiciones del párrafo anterior antes de la terminación del referido mes. El uso del recetario por parte de los técnicos recibidos con posterioridad a la última publicación del registro de profesionales se regirá, hasta el momento de la siguiente publicación por el Reglamento que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

Artículo 15.- El Poder Ejecutivo podrá modificar o ampliar el contenido de las listas y tablas a que refiere la presente ley, incluyendo o excluyendo sustancias o trasladándolas de una a otra, con los asesoramientos previos que en ella se determinan.

Las listas y tablas a que refiere la presente ley, se consideran partes integrantes de la misma.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 2°.

CAPITULO II

Artículo 16.- Será competencia del Ministerio de Salud Pública:

A) La prevención primaria de las toxicomanías a través de campañas educativas y de medidas profilácticas.

B) La prevención secundaria mediante la detención precoz de la drogadicción.

C) La asistencia, curación y rehabilitación social del toxicómano.

D) La tipificación, calificación, incorporación y pasaje a las distintas listas anexas a aquellas drogas que producen dependencia física o síquica.

E) El contralor del tráfico de dichas drogas desde su importación procesado en los laboratorios, comerciali-zación en droguerías y su definitiva venta al público consumidor.

F) La elaboración de las estadísticas y producción de los informes que imponen las Convenciones Internacionales suscritas por la República.

Artículo 17.- Créase la Unidad Ejecutora denominada "Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías", que dependerá directamente del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 18.- La Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías estará integrada por un siquiatra de la Dirección de Salud Mental, un epidemiólogo de la División de Higiene y un químico farmacéutico de la División Técnica especialmente versados en la materia. Serán designados por el Ministerio de Salud Pública y durarán cuatro años en sus funciones, pudiendo prorrogarse su actuación por cuatro años más.

La Comisión se dictará su propio Reglamento y contará con una Secretaría permanente que deberá ser entregada, instalada y equipada por el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 19.- Corresponde a la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías:

A) Preparar programas y planes de prevención y tratamiento de las toxicomanías, los que, previa aprobación por el Ministerio de Salud Pública, serán ejecutados por las dependencias del mismo, de acuerdo a sus respectivas competencias técnicas.

B) Supervisar el desarrollo de dichos programas.

C) Proponer al Ministerio de Salud Pública las modificaciones a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que estime necesarias.

D) Promover la creación de policlínicas especializadas y de centros de tratamiento y rehabilitación del drogadicto en cada departamento.

E) Asegurar el tratamiento reservado de todo toxicómano que lo solicitare. Cuando este se efectúe en los establecimientos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el mismo se regulará por las disposiciones que rigen a dicho órgano para el resto de las prestaciones.

F) Coordinar su labor con la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Cultura, el Consejo del Niño y Dirección Nacional de Aduanas, de acuerdo con las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo.

G) Evaluar el resultado de los programas que se ejecutaron.

Fuente: Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, artículo 19.

Artículo 20.- A los efectos de la preparación de programas de educación popular, la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías podrá organizar las encuestas e investigaciones que se considere necesarias, de acuerdo con las reglamentaciones respectivas.

Los organismos públicos y privados deberán prestar la más amplia colaboración para la preparación y desarrollo de dichos programas.

Las personas jurídicas que fueren omisas en prestar la debida colaboración podrán perder los auxilios o subvenciones que recibieren del Estado.

Artículo 21.- La Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías organizará al comienzo de cada año escolar previo acuerdo con las autoridades respectivas, cursos para educadores con el fin de prepararlos para colaborar en la prevención de la drogadicción en los establecimientos de enseñanza. Sólo podrán concurrir a dichos cursos los educadores autorizados por el Consejo Nacional de Educación y el Consejo del Niño.

Artículo 22.- Los Directores de Centros de Enseñanza están obligados a comunicar a la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías los casos de uso o tráfico, en el ámbito escolar, de las sustancias reguladas por la ley.

El incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá dar mérito a la destitución o al cierre del establecimiento si fuere privado.

Artículo 23.- La Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías llevará un registro en el que figurarán todos los casos de toxicomanía con especificación de las drogas utilizadas y de las circunstancias en que se consumieren sin que figure en ningún paso el nombre de los drogadictos.

Las autoridades policiales y judiciales así como los médicos, deberán remitir a la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías los antecedentes de los casos en que intervinieran.

El Registro de Toxicomanía será de carácter secreto.

CAPITULO III

Artículo 24.- Serán cometidos del Ministerio del Interior:

A) La prevención, control y represión de todas aquellas acciones que constituyan una importación, exportación, producción, fabricación, tráfico, comercialización o uso ilegal de las sustancias reguladas por la presente ley.

B) La colaboración en el plano internacional para asegurar la eficacia de una acción solidaria en la lucha contra la delincuencia vinculada a la toxicomanía.

Artículo 25.- Créase la Comisión Honoraria y la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas que dependerán del Ministerio del Interior.

Artículo 26.- La Comisión Honoraria de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas estará integrada por tres miembros designados por el Poder Ejecutivo. Dos de ellos, por lo menos, deberán ser profesionales universitarios de notoria versación en la materia y, el tercero una persona designada por el Ministerio del Interior a propuesta de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.

Artículo 27.- La Comisión Honoraria tendrá como cometidos:

A) Establecer las normas generales a las cuales deberá ajustarse la actividad de la Dirección General.

B) Proyectar las disposiciones que considere necesarias para asegurar la eficiencia de la actuación del Estado en la prevención y represión del tráfico ilícito de drogas.

C) Asesorar a la Dirección General en, todos los asuntos que esta estime oportuno someterle a estudio.

D) Evaluar semestralmente conjuntamente con la Dirección General, los programas y acciones que se cumplan.

E) Coordinar la acción con la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.

Artículo 28.- El Director General será designado por el Poder Ejecutivo, a propuesta fundada del Ministerio del Interior.

Deberá ser ratificado en su cargo cada dos años previa consulta a la Comisión Honoraria.

Percibirá idéntica remuneración que el Director General de Institutos Penales.

El Ministerio del Interior tomará las providencias necesarias para la instalación y equipamiento de los servicios que se crean, en un plazo no superior a los sesenta días a partir de la publicación de la presente ley.

Artículo 29.- Será competencia de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas:

A) La formación de una Brigada Nacional Antidrogas.

B) La selección y entrenamiento de su personal.

C) La formación de un Registro en que figuren todos aquellos delincuentes cuya actividad ilícita a nivel nacional o internacional se relacione con la materia de esta ley.

D) La organización de un laboratorio destinado al análisis de las sustancias sospechosas.

E) La supervisión del control aduanero que deberá efectuarse por personal especializado.

F) La preparación del personal afectado al contralor aduanero.

G) La colaboración internacional en la lucha contra el uso indebido de sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

H) La producción de todos aquellos informes que correspondan conforme a las Convenciones suscritas por la República.

CAPITULO IV

Artículo 30.- El que, sin autorización legal produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias, según los casos, capaces de producir dependencia psíquica o física, contenidas en las listas a que se refiere el artículo 1°, precursores químicos y otros productos químicos, con-tenidos en las Tablas 1 y 2 de la presente ley, así como las que determine el Poder Ejecutivo según la facultad contenida en el artículo 15 de la presente ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 3°.

Artículo 31.- El que, sin autorización legal, importare, exportare, introdujere en tránsito, distribuyere, transportare, tuviere en su poder no para su consumo, fuere depositario, almacenare, poseyere, ofreciere en venta o negociare de cualquier otro modo alguna de las materias primas, sustancias, precursores químicos u otros productos químicos mencionados en el artículo anterior será castigado con la misma pena prevista en dicho artículo.

Quedará exento de pena el que tuviera en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 3°.

Artículo 32.- El que organizare o financiare alguna de las actividades delictivas descritas en la presente ley, aun cuando estas no se cumplieran en el territorio nacional, será castigado con pena de veinte meses de prisión a dieciocho años de penitenciaría.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 3°.

Artículo 33.- El que, desde el territorio nacional, realizare actividades tendientes a la introducción ilegal a países extranjeros de las sustancias mencionadas en esta ley, será castigado con pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 3°.

Artículo 34.- El que sin autorización legal, a título oneroso o gratuito, suministrare, aplicare o entregare las sustancias mencionadas en la presente ley, o promoviere, indujere o facilitare su consumo, será castigado con pena de veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 3°.

Artículo 35.- El que violare las disposiciones de la presente ley en materia de importación, exportación, producción, elaboración, comercialización o suministro de las sustancias y preparados contenidos en las Listas III de la Convención Unica de Nueva York de 1961, así como las comprendidas en las Listas II, III y IV del Convenio de Viena, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 3°.

Artículo 36.- Se aplicará pena de cuatro a quince años de penitenciaría, en los casos siguientes:

1°) Cuando la entrega, la venta, la facilitación o el suministro de las sustancias a que se refiere el artículo 1° se efectuaren a una persona menor de veintiún años o privada de discernimiento o voluntad.

2°) Si a consecuencia del delito, el menor de edad o la persona privada de discernimiento o voluntad sufrieron una grave enfermedad.

Si sobreviniere la muerte, se aplicará pena de cinco a veinte años de penitenciaría.

3°) Cuando la sustancia fuese suministrada o aplicada sin consentimiento de la víctima.

4°) Cuando el delito se cometiere mediante ejercicio abusivo o fraudulento de una profesión sanitaria, o de cualquier otra profesión sujeta a autorización o vigilancia en razón de salud pública.

5°) Cuando el delito se cometiere en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público, cualquiera sea su finalidad.

Artículo 37.- El delito tentado se castigará con la misma pena que corresponda al delito consumado.

El acto preparatorio será castigado con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado, pero el Juez podrá elevarla hasta la mitad, tomando en cuenta la gravedad del hecho cometido y la personalidad del agente.

Artículo 38.- Si el infractor ejerciera una profesión o arte que haya servido de medio para cometer el delito o lo haya facilitado será condenado también a la pena de inhabilitación especial por un término que estará comprendido entre el de la condena principal y diez años.

Artículo 39.- Inmediatamente después de procesado, el autor de un delito cometido bajo la acción de las sustancias reguladas por esta ley será sometido al correspondiente tratamiento bajo control de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías.

Si fuese declarado inimputable, el Juez, al dictar sentencia, impondrá medidas de seguridad curativas que se cumplirán en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria, pero siempre bajo el control de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, la que deberá ser oída a los efectos de régimen del cese de las medidas.

Si el autor fuese imputable, terminado el internamiento hospitalario, cumplirá la Prisión preventiva, o la pena, en su caso, en los establecimientos penales.

Queda facultado el Juez para descontar, al aplicar la pena, el tiempo de internación hospitalaria.

Artículo 40.- El que fuere sorprendido consumiendo sustancias estupefacientes o usando indebidamente sicofármacos o en circunstancias que hagan presumir que acaba de hacerlo portando estupefacientes para su uso personal, deberá ser puesto a disposición del Juzgado Letrado de Instrucción de Turno, a fin de que este ordene un examen del detenido por el médico de la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y por el médico forense, quienes deberán producir su informe dentro de las veinticuatro horas. Si del examen resultare tratarse de un drogadicto, el Juez impondrá el tratamiento en un establecimiento público o privado o en forma ambulatoria pero siempre sujeto a los controles médicos que establezca la referida Comisión Nacional.

El cumplimiento de esta medida, así como su cese, quedará sometido al sistema de garantías establecido en la Ley N° 9.581, de 8 de agosto de 1936.

Artículo 41.- La Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías procurará que en todas las situaciones de iza se conjuguen las necesidades de una laborterapia científicamente encarada con la producción manual, intelectual, o artística de elementos susceptibles de procurar ingresos monetarios, de los cuales un tercio se verterá a beneficio del servicio asistencial, un tercio para gastos personales del enfermo y un tercio será entregado a la familia a su cargo o, si no la tuviera, depositado en una cuenta personal que se abrirá especialmente a esos efectos.

Artículo 42.- Serán igualmente confiscados (Artículo 105, apartado a) del Código Penal) los bienes de cualquier naturaleza que la gente haya adquirido con dinero proveniente de las acciones descritas por los artículos 30 a 37 de la presente ley, siempre que no hayan sido legalmente enajenados a terceros de buena fe y sin perjuicio de los gravámenes legítimos que pudieran afectarles.

Artículo 43.- Cuando los autores, coautores, cómplices o encubridores de alguno de los delitos previstos en esta ley fueren extranjeros, serán expulsados del territorio nacional, una vez cumplida la pena correspondiente.

Todo, sin perjuicio de su extradición, cuando procediere.

Artículo 44.- Derógase el artículo 223 del Código Penal.

CAPITULO V

Artículo 45.- Los médicos veterinarios y odontólogos que incurran en infracción de alguna de las disposiciones de la presente ley o de su reglamentación, siempre que no constituya delito, serán suspendidos en el ejercicio profesional por el Ministerio de Salud Pública por diez días la primera vez, veinte días la segunda y treinta días la tercera, pudiéndose llegar al retiro definitivo del título habilitante para ejercer la profesión en el territorio nacional, a partir de la cuarta infracción.

CAPITULO VI

Artículo 46.- El internamiento voluntario y el que se realiza a solicitud de parientes, y aun el compulsivo, previsto en el artículo 40, quedarán sometidos a los requisitos y garantías que establece la Ley N° 9.581, de 8 de agosto de 1936.

CAPITULO VII

Artículo 47.- Considérase peligroso para la salud síquica la difusión de términos que sirvan para designar directa o indirectamente a las drogas especificadas en el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 48.- Los funcionarios dependientes de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y los de la Inspección General de Farmacias, podrán penetrar en cualquier momento en los locales abiertos al público, en casas de comercio, café, bares, casas de huéspedes u otras análogas y ambientes comunes de pensiones y hoteles, a fin de comprobar si existen, ilegítimamente, sustancias reguladas por la presente ley.

Artículo 49.- Queda prohibida la difusión, por cualquier medio, de los nombres, retratos u ocupaciones que sirvan para identificar a los drogadictos.

La violación de esta disposición podrá dar lugar a la clausura del medio de difusión hasta por treinta días. Dicha medida la podrá imponer el Poder Ejecutivo.

Artículo 50.- Toda autoridad pública que proceda a incautar sustancias estupefacientes o psicotrópicas y preparados que hayan constituido el objeto material de alguno de los delitos previstos en la presente ley deberá, sin perjuicio del cumplimiento de las funciones propias de su competencia y cometidos:

A) Levantar un acta con la comparecencia de dos testigos y en la que deberá consignarse:

1) Fecha, lugar y circunstancias en que se produjo la incautación.

2) Nombre completo, cargos y dependencias de los funcionarios actuantes; nombre completo, nacionalidad, sexo, edad y número de documento de identidad y del pasaporte de los detenidos.

3) Una descripción de las sustancias incautadas con indicación de la cantidad, peso, tipo de envase que las contiene y de cualquier otra especificación que sirva para su adecuada individualización.

B) Introducir las sustancias incautadas en un nuevo envase que se precintará y enviará inmediatamente al Instituto Técnico Forense conjuntamente con una copia autenticada del acta referida en el literal precedente, para la pericia técnica y su posterior remisión al Juzgado competente.

C) Remitir a la Justicia competente el acta prevista en el literal A) dentro de las veinticuatro horas de ocurrido el hecho.

D) Dejar debida constancia de todas las actuaciones en que haya tomado intervención, así como del recibo detallado y fiel del envío de las sustancias remitidas al Instituto Técnico Forense.

El Juzgado actuante en cuanto determine que las sustancias incautadas no son necesarias para el esclarecimiento del delito, así lo hará saber a la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías, a los efectos que esta disponga, según el caso, su destino si tuvieren uso terapéutico o de investigación científica; o, disponer en vez, su destrucción. De disponerse la destrucción de tales sustancias, la misma se efectuará en la sede del Instituto Técnico Forense en presencia de un funcionario de la citada Comisión y de un escribano público del Ministerio de Salud Pública, debiéndose labrar el acta correspondiente.

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1988, artículo 4°.

CAPITULO VIII

Artículo 51.- El Poder Ejecutivo deberá proceder a la reglamentación de la presente ley dentro de los sesenta días de su promulgación.

Dispondrá del mismo término para poner en funcionamiento los organismos que por ella se crean.

Artículo 52.- La presente ley entrará en vigor a los sesenta días de su publicación.

Artículo 53.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan a esta ley y especialmente la Ley N° 9.692, de 11 de setiembre de 1937.

CAPITULO IX

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1988, artículo 5°.

Artículo 54.- El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o delitos conexos, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría.

Artículo 55.- El que adquiera, posea, utilice, tenga en su poder o realice cualquier tipo de transacción sobre bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o de delitos conexos, o que sean el producto de tales delitos, será castigado con una pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría.

Artículo 56.- El que oculte, suprima, altere los indicios o impida la determinación real de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de tales bienes, o productos u otros derechos relativos a los mismos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o delitos conexos, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 57.- El que asista al o a los agentes de la actividad delictiva en los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, ya sea para asegurar el beneficio o el resultado de tal actividad, para obstaculizar las acciones de la Justicia o para eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, o le prestare cualquier ayuda, asistencia o asesoramiento, será castigado con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 58.- La finalidad de obtener un provecho o lucro para sí o para un tercero, de los delitos previstos en los artículos 56 y 57 de la presente ley, será considerada una circunstancia agravante y en tal caso, la pena podrá ser elevada en un tercio.

Artículo 59.- Cuando la comisión de cualquiera de los delitos previstos por la presente ley se hubiere consumado mediante la participación en el o en los delitos de una asociación o de un grupo delictivo organizado o mediante el recurso a la violencia o el empleo de armas o con utilización de menores de edad o incapaces, la pena será aumentada hasta la mitad.

Artículo 60.- Son circunstancias agravantes especiales de los delitos previstos en la presente ley:

1) Que alguna de la o las víctimas de los delitos tipificados en la presente ley fuere menor de dieciocho años, fuere incapaz o estuviere privada de discernimiento o voluntad.

2) Cuando la sustancia fuere suministrada o aplicada sin el consentimiento de la víctima.

3) Cuando el delito se cometiere mediante el ejercicio abusivo, fraudulento o ilegal de una profesión sanitaria.

4) Cuando el delito se cometiere en el interior o a la entrada de un establecimiento de enseñanza o sanitario, o de hospitales, cárceles, sedes e instalaciones de instituciones deportivas, culturales o sociales o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público cualquiera sea su finalidad.

5) Cuando del hecho resultaren lesiones o la muerte de la víctima.

Artículo 61.- El dolo, en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley, se inferirá de las circunstancias del caso de acuerdo con los principios generales.

El Juez interviniente deberá fundamentar la convicción moral que se ha formado al respecto, tanto en el auto de procesamiento como en el que no lo decrete, así como en la sentencia sea esta o no condenatoria.

ARTICULO X

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 5°.

Artículo 62.- El Juez de la causa podrá, en cualquier momento, sin noticia previa, dictar una resolución de incautación, secuestro, embargo preventivo o cualquier otra medida cautelar encaminada a asegurar o preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados, en cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, para su eventual confiscación o decomiso.

Las precedentes facultades del Juez de la causa podrán ser ejercidas, sin perjuicio de las previstas en los artículos 81 y 159 a 162, inclusive, del Código General del Proceso.

Artículo 63.- En la sentencia de condena el Juez o el Tribunal, en su caso, dispondrá que los bienes, productos o instrumentos de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, sean decomisados y se disponga de ellos conforme a derecho.

Cuando tales bienes, productos o instrumentos, no pudieren ser decomisados, como consecuencia de algún acto u omisión del condenado, el Juez dispondrá el decomiso de cualesquiera otro bien del condenado, por un valor equivalente, o de no ser ello posible dispondrá que aquel pague una multa de idéntico valor.

A estos efectos entiéndese por decomiso la privación con carácter definitivo de algún bien, producto o instrumento, por decisión de la autoridad judicial competente.

Sin perjuicio de lo expresado, el Juez o el Tribunal en su caso, podrá disponer el decomiso aun durante la sustanciación del proceso y antes del dictado de la sentencia de condena, cuando los bienes, productos o instrumentos de que se trate fuesen, por su naturaleza, perecederos o susceptibles de deterioro que los torne inutilizables. Si en definitiva, el propietario de los mismos fuese eximido de responsabilidad en la causa, o cuando sean de aplicación los artículos 64 y 65 de esta ley, el interesado podrá solicitar la reparación por parte del Estado por los daños y perjuicios resultantes del decomiso.

No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, en cualquier etapa del proceso en la que el indagado o el imputado no fuera habido, se librará la orden de prisión respectiva, y transcurridos seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubieren cautelarmente incautado, operando la confiscación de pleno derecho procediéndose conforme al artículo 67 de la citada norma.

Fuente: Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, artículo 67.

Artículo 64.- Lo dispuesto en los artículos 62 y 63 regirá sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe.

Artículo 65.- Todos los que alegaren tener un interés legítimo sobre los bienes, productos o instrumentos, podrán comparecer ante el Juez de la causa, el que los escuchará en audiencia de conformidad con los principios del debido proceso legal, con noticia de la defensa en su caso, y del Ministerio Público, los que podrán comparecer en ese acto.

Artículo 66.- El Juez deberá disponer la devolución al tercerista de los bienes, productos o instrumentos correspondientes, cuando, a su juicio, resulte acreditada su buena fe.

Artículo 67.- Toda vez que se confisquen bienes, productos o instrumentos, conforme con lo dispuesto en la presente ley, que no deban ser destruidos ni resulten perjudiciales para la población, el Juez los pondrá a disposición del Poder Ejecutivo el cual les dará destino, pudiendo optar -según las características de los bienes, productos o instrumentos y lo que sea más conveniente y oportuno al caso concreto- por:

A) Retenerlos para uso oficial o transferirlos a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en la incautación o decomiso de los mismos.

B) Venderlos y transferir el producto de esa enajenación a cualquier entidad pública que haya participado directa o indirectamente en su incautación o en la coordinación de programas de prevención o represión en materia de drogas.

C) Transferir los bienes, productos o instrumentos, o el producto de su venta, a cualquier entidad privada dedicada a la prevención del uso indebido de drogas, el tratamiento, la rehabilitación y reinserción a la sociedad de los afectados por el consumo.

La Secretaría Nacional de Drogas solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas el refuerzo de los créditos presupuestales asignados, en función de las recaudaciones reales producidas por estos conceptos. Los refuerzos solicitados podrán tener destino tanto para gastos de funcionamiento como de inversión.

Fuente: Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, artículo 68.

CAPITULO XI

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 5°.

Artículo 68.- El Poder Ejecutivo creará un registro en el que obligatoriamente deberán inscribirse quienes produzcan, fabriquen, preparen, importen, exporten, distribuyan, usen, tengan en su poder, sean depositarios, almacenen, ofrezcan en venta o negocien de cualquier modo precursores químicos y otros productos químicos incluidos en las Tablas 1 y 2.

Solo podrán efectuar las operaciones y actividades previstas en el inciso precedente con precursores químicos y otros productos químicos incluidos en las Tablas a que refiere dicho inciso precedente, quienes hayan obtenido la correspondiente autorización del Poder Ejecutivo.

Artículo 69.- A los efectos de la presente ley se consideran precursores químicos las sustancias que pueden utilizarse en la producción, fabricación y preparación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas incorporables en su estructura molecular al producto final, resultando fundamentales para dichos procesos.

A los efectos de la presente ley se consideran otros productos químicos las sustancias que, no siendo precursores químicos -tales como solventes, reactivos o catalizadores- pueden utilizarse en la producción, fabricación, extracción o preparación de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

Artículo 70.- Las personas físicas o jurídicas que deban cumplir con la obligación prevista en el artículo 68 deberán llevar y conservar registros de inventario, producción, fabricación, adquisición y distribución de las sustancias y productos incluidos en las Tablas 1 y 2 del anexo en la forma que determine la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Dicha reglamentación establecerá las cantidades máximas de cada uno de los productos incluidos en la Tabla 2 que en cada actividad estarán exceptuados del régimen que se regula en la presente ley.

CAPITULO XII

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 5°.

Artículo 71.- Las instituciones o empresas que realicen actividades de intermediación financiera comprendidas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, los Bancos regulados por la Ley N° 16.131, de 12 de setiembre de 1990, las Casas de Cambio a que refiere el artículo 56 de la Ley N° 16.696, de 30 de marzo de 1995, y en general las personas físicas o jurídicas sujetas a control del Banco Central del Uruguay deberán ajustarse a las reglamentaciones que dicten el Poder Ejecutivo o el mencionado Banco Central con la finalidad de prevenir la conversión, transferencia u ocultación de bienes, productos o instrumentos procedentes de cualesquiera de las actividades previstas como delitos por la presente ley.

Las transgresiones de los preceptos contenidos en dichas reglamentaciones podrán determinar, según los casos y cuando correspondiera, la aplicación de las sanciones o medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992.

Lo anterior es sin perjuicio de la facultad del Juez de apreciar, cuando pudiera corresponder, de acuerdo con los criterios y procedimientos previstos en la presente ley, la eventual responsabilidad penal que pudiera caber a los directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos o fiscales de las referidas instituciones, empresas o sociedades a que refiere el inciso primero.

Artículo 72.- De conformidad con la reglamentación, que dicte el Banco Central del Uruguay, las instituciones de intermediación financiera y las que no siéndolo -y en lo pertinente- desarrollen actividad financiera, no podrán mantener cuentas sin la debida identificación de sus titulares.

Las instituciones a las que refiere el inciso precedente deberán registrar y verificar por medios eficaces la identidad, representación, domicilio, capacidad legal, ocupación u objeto social -según los casos- de las personas físicas y jurídicas que sean titulares de cuentas en las mismas, de conformidad con la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay.

Artículo 73.- Las instituciones a que refiere el artículo anterior deberán llevar y mantener, en las condiciones que establezca la reglamentación del Banco Central del Uruguay, registros y correspondencia comercial que permitan la reconstrucción de las transacciones financieras que superen el monto que establezca dicha reglamentación y una base de datos que permita acceder rápidamente a la información sobre operaciones financieras.

Artículo 74.- El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento del Banco Central del Uruguay, coordinará programas de capacitación del personal que corresponda, relacionados con las actividades a que refiere la presente ley en el Capítulo XII y, en lo que refiere a las materias de que se ocupa el Capítulo XIII, coordinará programas de capacitación en materia de cooperación jurídica internacional con el asesoramiento de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.

CAPITULO XIII

Fuente: Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, artículo 5°.

Artículo 75.- Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional provenientes de autoridades extranjeras competentes de acuerdo a la ley del Estado requirente para la investigación o enjuiciamiento de los delitos previstos en la presente ley o de delitos conexos, que refieran al auxilio jurídico de mero trámite, probatorio, cautelar o de inmovilización, confiscación, decomiso o transferencia de bienes, se recibirán y darán curso por la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura. Dicha Dirección, de conformidad con los respectivos Tratados Internacionales vigentes y normas de fuente nacional en la materia, remitirá directamente y sin demoras las respectivas solicitudes de cooperación penal internacional a las autoridades jurisdiccionales o administrativas con función jurisdiccional nacionales competentes, según los casos, para su diligenciamiento, de acuerdo al ordenamiento jurídico de la República.

Artículo 76.- Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional y documentación anexa recibidas por la citada Dirección vía diplomática, consular o directamente, quedarán eximidas del requisito de legalización y deberán ser acompañadas, en su caso, de la respectiva traducción al idioma español.

Artículo 77.- 1. Los Tribunales nacionales competentes para la prestación de la cooperación penal internacional solicitada, la diligenciarán de oficio con intervención del Ministerio Público de acuerdo a las leyes de la República y verificarán: a) que la solicitud sea presentada debidamente fundada, b) que la misma identifique la autoridad extranjera competente requirente proporcionando nombre y dirección de la misma, y c) que, cuando corresponda, sea acompañada de traducción al idioma español de acuerdo a la legislación nacional en la materia.

2. En los casos de cooperación penal internacional, la misma se prestará por los Tribunales nacionales, debiéndose examinar por el Juez, si la conducta que motiva la investigación, enjuiciamiento o procedimiento, en el Estado requirente, constituye o no delito, conforme al Derecho nacional.

3. En los casos de solicitudes de cooperación penal relativas a registros, levantamiento del secreto bancario, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto, comprendidos, entre otros, documentos, antecedentes o efectos, el Tribunal nacional actuante diligenciará la solicitud si determinara que la misma contiene toda la información que justifique la medida solicitada. Dicha medida se someterá a la ley procesal y sustantiva de la República.

4. Las solicitudes de cooperación penal internacional podrán ser rechazadas por los Tribunales nacionales encargados de su diligenciamiento, cuando concluyan que las mismas afectan en forma grave, concreta y manifiesta el orden público, así como la seguridad u otros intereses esenciales de la República.

Artículo 78.- Las autoridades o particulares pertenecientes a los Estados requirentes de cooperación no podrán llevar a cabo en el territorio de la República actuaciones que, conforme a la legislación nacional, sean de competencia de las autoridades del país.

Artículo 79.- Cuando los datos necesarios para el cumplimiento de la solicitud de cooperación penal internacional sean insuficientes o confusos, el Tribunal actuante podrá requerir la ampliación o aclaración de los mismos a la autoridad extranjera requirente vía Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia, la que trasmitirá de forma urgente la solicitud de ampliación o aclaración. En los casos en que la solicitud de cooperación penal internacional no se cumpla en todo o en parte, este hecho, así como las razones que motivaran su incumplimiento, serán comunicadas de inmediato por el Tribunal actuante a la autoridad extranjera requirente a través de la precitada Dirección del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 80.- La legislación interna de la República será la encargada de regular eventuales responsabilidades por daños que pudieran emerger de actos de sus autoridades en ocasión de la prestación de cooperación penal internacional requerida por autoridades extranjeras.

La República Oriental del Uruguay se reserva el derecho de repetir contra los Estados requirentes por eventuales indemnizaciones que pudieren emanar del diligenciamiento de solicitud de cooperación jurídica internacional.

El pedido de cooperación penal internacional formulado por una autoridad extranjera importará el conocimiento y aceptación por dicha autoridad de los principios enunciados en los incisos precedentes, todo lo cual se hará saber a la requirente, por la mencionada Dirección de Cooperación del Ministerio de Educación y Cultura, una vez decepcionado por esta última el respectivo pedido de cooperación.

Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982

SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA

CAPITULO V

Responsabilidad y Sanciones

Artículo 20.- Las personas privadas que infrinjan las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o las normas generales e instrucciones particulares dictadas por el Banco Central del Uruguay, serán pasibles, sin perjuicio de la denuncia penal si correspondiera, de las siguientes medidas:

1°) Observación;

2°) Apercibimiento;

3°) Multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) de la responsabilidad patrimonial neta mínima establecida para el funcionamiento de los bancos;

4°) Intervención, la que podrá ir acompañada de la sustitución total o parcial de las autoridades. Cuando la intervención vaya acompañada de la sustitución total de autoridades, implicará la caducidad de todos las comisiones o mandatos otorgados por ellas y la suspensión, durante veinte días hábiles, de todo tipo de plazo que pueda correrle a la empresa interve-nida;

5°) Suspensión total o parcial de actividades con fijación expresa del plazo;

6°) Revocación temporal o definitiva de la habilitación de las empresas financieras.

7°) Revocación de la autorización para funcionar.

Las medidas establecidas en los numerales 1°) a 6°), serán aplicadas por el Banco Central del Uruguay.

Las medidas establecidas en los numerales 4°) y 5°) así como las demás respecto de la señalada en el numeral 3°) serán acumulables.

La revocación de la autorización para funcionar será resuelta por el Poder Ejecutivo y deberá contar además en forma concurrente con expreso conocimiento en tal sentido del Banco Central del Uruguay. Ello sin perjuicio de la facultad de este último órgano público de proponer dicha revocación al Poder Ejecutivo por razones de legalidad o de interés público.

El Banco Central del Uruguay pondrá en conocimiento del Poder Ejecutivo las infracciones a las leyes y decretos que rijan la intermediación financiera o a las normas generales e instrucciones particulares que hubiera dictado, cometidas por instituciones estatales, así como las resoluciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el inciso siguiente, a fin de que considere la adopción de rectificaciones sobre la gestión o los actos de la institución infractora, o de correctivos sobre los miembros de su Directorio, de conformidad con el artículo 197 de la Constitución de la República.

Las instituciones infractoras serán pasibles de las medidas previstas en los numerales 1), 2) y 3) del inciso primero de este artículo.

Fuente: Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, artículo 2°.

Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, artículo 6°.

Artículo 21.- Toda vez que el Banco Central del Uruguay presuma que una persona física o jurídica está ejerciendo la actividad a que se refiere el artículo 1° de esta ley, podrá exigirle la presentación dentro de diez días, de documentos y otras pruebas o informaciones a efectos de comprobar la índole de su actividad.

La omisión de poner dichos elementos de juicio a disposición del Banco Central del Uruguay en el plazo señalado constituirá presunción simple de haber realizado actividad de intermediación financiera sin autorización.

Basado en esa presunción el Banco Central del Uruguay podrá, sin perjuicio de la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 20, ordenar por resolución fundada el cese de cualquiera de las actividades previstas en el artículo 1° llevadas acabo sin autorización. En caso de no acatarse la orden de cese, el Banco Central del Uruguay lo comunicará al Poder Ejecutivo quien podrá ordenar la clausura temporal o definitiva de las empresas en infracción.

Artículo 22.- El Banco Central del Uruguay podrá solicitar medidas de no innovar ante Juez competente, quien deberá pronunciarse dentro de las 24 horas. Serán responsables de desacato los directores, gerentes o administradores en virtud de cuyas decisiones se haya alterado la situación que se ordenó mantener incambiada.

Artículo 23.- Los representantes, directores, gerentes, administradores, mandatarios, síndicos y fiscales de las empresas de intermediación financiera comprendidas en la presente ley, que actúen con negligencia en el desempeño de sus cargos, o aprueben o realicen actos o incurran en omisiones que puedan implicar o impliquen la aplicación de las sanciones previstas en los numerales 3°) a 7°) del artículo 20 de la presente ley, podrán ser pasibles de multas entre UR 100 (cien unidades reajustables) y UR 10.000 (diez mil unidades reajustables) o inhabilitados para ejercer dichos cargos hasta por diez años, por el Banco Central del Uruguay.

También podrán ser inhabilitados para el ejercicio de dichos cargos los concursados comerciales y civiles, los inhabilitados para ejercer cargos públicos, los deudores morosos de empresas de intermediación financiera y los inhabilitados para ser titulares de cuentas corrientes.

La aplicación de la inhabilitación deberá resolverse previa instrucción de un sumario, que no se considerará concluido hasta tanto el imputado haya tenido oportunidad de presentar sus descargos y articular su defensa.

La aplicación de la multa deberá resolverse previa vista de las respectivas actuaciones al interesado por diez días hábiles.

Fuente: Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992, artículo 2°.

Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, artículo 7°.

Artículo 24.- El Banco Central del Uruguay por resolución fundada, podrá solicitar como medida cautelar ante el Juzgado competente, quien decretará de plano y sin más trámite, el embargo sobre los bienes, créditos, derechos y acciones de las empresas privadas comprendidas en esta ley, cuya estabilidad económica o financiera, estuviera afectada y sobre los de aquellas personas físicas o jurídicas que, en nombre propio o integrando el Directorio de dichas instituciones o el de otras sociedades, hubieran participado en operaciones presuntivamente dolosas que directa o indirectamente pudieran haber contribuido a provocar el desequilibrio señalado.

El Juzgado podrá disponer el levantamiento del embargo cuando considerare insuficientes los fundamentos aportados por el Banco Central del Uruguay o cuando en el plazo de sesenta días no se aportara la prueba de los hechos que le dieron mérito o cuando el embargado acredite, en cualquier momento la inexistencia de los hechos que motivaron la medida.

Ley N° 18.026

de 25 de setiembre de 2006

COOPERACION CON LA CORTE PENAL INTERNACIONAL EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL GENOCIDIO, LOS CRIMENES DE GUERRA Y DE LESA HUMANIDAD

PARTE II

CRIMENES Y PENAS

TITULO I

CRIMEN DE GENOCIDIO

Artículo 16. (Genocidio).- El que con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso, político, sindical, o a un grupo con identidad propia fundada en razones de género, orientación sexual, culturales, sociales, edad, discapacidad o salud, perpetrare alguno de los actos mencionados a continuación, será castigado con quince a treinta años de penitenciaría:

A) Homicidio intencional de una o más personas del grupo.

B) Tortura, desaparición forzada, privación de libertad, agresión sexual, embarazo forzoso, sometimiento a tratos inhumanos o degradantes o lesiones graves contra la integridad física o mental de una o más personas del grupo.

C) Sometimiento intencional de una o más personas del grupo, a privaciones de recursos indispensables para su supervivencia; a una perturbación grave de salud; a la expulsión sistemática de sus hogares o a condiciones de existencia que puedan impedir su género de vida o acarrear su destrucción física, total o parcial o del grupo.

D) Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

E) Traslado por la fuerza o bajo amenazas de uno o más miembros del grupo a otro grupo, o el desplazamiento del grupo del lugar donde está asentado.

Artículo 17. (Instigación al genocidio).- El que instigare públicamente a cometer crimen de genocidio, será castigado con dos a cuatro años de penitenciaría.

TITULO II

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

CAPITULO 1

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD - ESTATUTO DE ROMA

Artículo 18. (Crimen internacional de lesa humanidad).- El que cometiera cualquiera de los crímenes de lesa humanidad previstos en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Internacional aprobado por Ley N° 17.510, de 27 de junio de 2002, será castigado con quince a treinta años de penitenciaría.

CAPITULO 2

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD - ACTOS AISLADOS

Artículo 19. (Extensión de principios generales).- Se consideran crímenes de lesa humanidad los delitos que se tipifican en el presente Capítulo 2 y será de aplicación lo dispuesto en la Parte I de esta ley. A los efectos de lo dispuesto en los artículos siguientes, se entenderá por "agente del Estado" a una persona que actúa en ejercicio de una función pública, revista o no la calidad de funcionario público.

Artículo 20. (Homicidio político).- El que siendo agente del Estado, o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, diere muerte a alguna persona en virtud de sus actividades u opiniones políticas, sindicales, religiosas, culturales, de género, reales o presuntas; o en razón de su real o presunta pertenencia a una colectividad política, sindical, religiosa o a un grupo con identidad propia fundada en motivos de sexo o a un sector social, será castigado con quince a treinta años de penitenciaría.

Artículo 21. (Desaparición forzada de personas).-

21.1. El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, procediere a privar de libertad a una persona, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o el paradero o la suerte de la persona privada de libertad; o que omita y se niegue a brindar información sobre el hecho de la privación de libertad de una persona desaparecida, su paradero o suerte, será castigado con dos a veinticinco años de penitenciaría.

21.2. El delito de desaparición forzada será considerado como delito permanente, mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

21.3. El Juez podrá considerar como atenuantes del delito de desaparición forzada de personas las siguientes circunstancias: a) que la víctima sea puesta en libertad indemne en un plazo menor a diez días; b) que se informe o actúe para posibilitar o facilitar la aparición con vida del desaparecido.

Artículo 22. (Tortura).-

22.1. El que de cualquier manera y por cualquier motivo, siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado impusiere cualquier forma de tortura a una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o a una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de testigo, perito o similar, será castigado con veinte meses de prisión a ocho años de penitenciaría.

22.2. Se entenderá por "tortura":

A) Todo acto por el cual se inflija dolores o sufrimientos graves, físicos, mentales o morales.

B) El sometimiento a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

C) Todo acto tendiente a anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental aunque no cause dolor ni angustia física o cualquier acto de los previstos en el artículo 291 del Código Penal realizado con fines indagatorios, de castigo o intimidación.

22.3. No se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.

Artículo 23. (Privación grave de la libertad).- El que cometiera el delito previsto en el artículo 281 del Código Penal siendo agente del Estado o que sin serlo hubiera contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, será castigado con seis a doce años de penitenciaría.

Artículo 24. (Agresión sexual contra persona privada de libertad).- El que siendo agente del Estado o sin serlo contando con la autorización, apoyo o aquiescencia de uno o más agentes del Estado, cometiere cualquier acto de agresión sexual contra una persona privada de libertad o bajo su custodia o control o contra una persona que comparezca ante la autoridad en calidad de denunciante, testigo, perito o similar, será castigado con dos a quince años de penitenciaría.

Artículo 25. (Asociación para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra).- Los que se asociaren para cometer uno o más crímenes de los tipificados en la presente ley, serán castigados por el simple hecho de la asociación, con la pena de ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría.

TITULO III

CRIMENES DE GUERRA

Artículo 26. (Crimen de guerra).-

26.1. El que en un conflicto armado de carácter internacional o interno, conforme los términos en que dichos conflictos son definidos por el derecho internacional, cometa cualquiera de los crímenes de guerra que se tipifican a continuación, en forma aislada o a gran escala, o como parte de un plan o política, será castigado con dos a treinta años de penitenciaría.

26.2. A los efectos de los crímenes de guerra que se tipifican en el presente, se considerarán personas y bienes protegidos, a quienes el derecho internacional ampara como tales en el marco de los conflictos armados internacionales o internos.

26.3. Serán crímenes de guerra:

1. El homicidio intencional.

2. La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.

3. El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.

4. La destrucción y la apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares o del conflicto armado, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

5. El hecho de forzar a un prisionero de guerra o a un combatiente adversario detenido o a cualquier persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga o del adversario.

6. El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a un combatiente adversario detenido o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente; o someterlo a condenas o ejecuciones sin previo juicio ante un Tribunal regularmente constituido con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables.

7. La deportación o el traslado, confinamiento o detención ilegales.

8. La toma de rehenes.

9. Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles o protegidas que no participen directamente en las hostilidades.

10. Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles o bienes protegidos, es decir, bienes que no son objetivos militares.

11. Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles o a personas o bienes protegidos, con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados.

12. Lanzar un ataque intencionalmente o cuando sea de prever que causará pérdidas de vidas, lesiones a civiles o personas protegidas o daños a bienes de carácter civil o protegidos o daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural que serían manifiestamente excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa de conjunto que se prevea.

13. Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares.

14. Causar la muerte o lesiones a un enemigo o combatiente adversario que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción, o que se encuentra en poder de la parte adversaria por cualquier motivo.

15. Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales y causar así la muerte o lesiones graves.

16. El traslado, directa o indirectamente, por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado, dentro o fuera de ese territorio; u ordenar cualquier otro desplazamiento de la población civil por razones relacionadas con el conflicto armado, a menos que así lo exija la seguridad de los civiles o de personas protegidas de que se trate, por razones militares imperativas.

17. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la instrucción, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares.

18. Someter a personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud.

19. Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación, al ejército enemigo o a los combatientes adversarios.

20. Declarar que no se dará cuartel.

21. Destruir, confiscar o apoderarse de bienes del enemigo o del combatiente adversario, a menos que las necesidades del conflicto armado lo hagan imperativo.

22. Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga o del combatiente adversario.

23. Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado al servicio del beligerante antes del inicio de la guerra.

24. Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto.

25. Emplear veneno o armas envenenadas.

26. Emplear gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogos.

27. Emplear balas que se ensanchan o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones.

28. Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados.

29. Cometer atentados y ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; y las prácticas de apartheid y demás basadas en la discriminación racial, de género o por la pertenencia a un grupo con identidad propia.

30. Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada comprendidos en el artículo 24 y referidos al artículo 7, literal g) del Estatuto de Roma y, cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una infracción grave de los Convenios de Ginebra.

31. Utilizar la presencia de una persona civil u otra persona protegida para poner ciertos puntos, zonas o fuerzas militares o combatientes a cubierto de operaciones militares o de combate armado.

32. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, unidades y medios de transporte sanitarios, y contra personal que utilice los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales de conformidad con el derecho internacional.

33. Hacer padecer intencionalmente hambre o sed a la población civil como método de hacer la guerra o de combate, privándola de los objetos indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro, la acción humanitaria o el acceso a las víctimas, de conformidad con los Convenios de Ginebra y las normas del derecho internacional humanitario.

34. Reclutar o alistar a niños menores de 18 años en la fuerzas armadas nacionales o grupos combatientes o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades.

35. Demorar en forma injustificada en repatriar o liberar a los prisioneros de guerra o a los combatientes enemigos detenidos o a la población civil internada una vez finalizadas las hostilidades.

36. Atacar, destruir o inutilizar por cualquier medio, los bienes indispensables para la supervivencia o subsistencia de la población civil (víveres, ganado, reserva de agua potable, etc.).

37. Infligir castigos colectivos o realizar actos o amenazas que tengan por objeto aterrorizar a la población civil.

38. Lanzar un ataque empleando armas y métodos de combate que no permitan hacer distinción entre objetivos militares y no militares o entre combatientes y personas protegidas, como, por ejemplo, el bombardeo por zona en ciudades, los bom-bardeos masivos, el recurrir a un método o me-

dio de lanzamiento que no pueda ser dirigido contra un objetivo militar determinado, el emplear armas o métodos de combate del que se pueda prever que cause fortuitamente lesiones o muerte a personas protegidas o daños a bienes protegidos.

39. Dirigir intencionalmente ataques contra: a) bienes culturales protegidos por el derecho internacional o utilizar dichos bienes culturales o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares o cometer hurtos, daños u otros actos de vandalismo contra los mismos; b) patrimonio cultural de gran importancia para la humanidad, comprendido el patrimonio cultural vinculado a un sitio de patrimonio natural, esté o no incluido en las listas mantenidas por la UNESCO o de otra organización internacional.

40. Lanzar un ataque contra obras o instalaciones que contengan fuerzas peligrosas a sabiendas de que ese ataque causará muertos o heridos entre la población civil o daños a bienes de carácter civil (presas hidroeléctricas, diques, centrales nucleares, etc.).

41. Lanzar un ataque contra zonas desmilitarizadas.

42. Emplear armas cuyo efecto principal sea lesionar mediante fragmentos que no puedan localizarse por rayos X en el cuerpo humano.

43. Emplear minas antipersonales entendiendo por tales toda munición colocada debajo, sobre o cerca de la superficie del terreno u otro lugar, concebida para explosionar por la presencia, la proximidad o en contacto de una persona y que pudiera incapacitar, lesionar o matar a más de una persona.

44. Emplear minas, armas, trampas y otros artefactos similares, contra la población civil o personas protegidas o bienes protegidos o en contravención de las disposiciones del derecho internacional.

45. Emplear trampas y armas incendiarias, entendiendo por tales toda arma, munición o trampa concebida primordialmente para incendiar objetos o causar quemaduras a las personas mediante la acción de las llamas, del calor o de una combinación de ambos, producidos por reacciones químicas.

46. Emplear armas químicas, biológicas (bacteriológicas o toxínicas) u otras armas de destrucción masiva, cualquiera fuese su naturaleza.

47. Emplear armas láser con aptitud para causar cegueras permanentes.

48. Utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares, de combate u otros fines hostiles que tengan efectos vastos, duraderos o graves, entendiéndose por "técnicas de modificación ambiental" todas las técnicas que tienen por objeto alterar, mediante la manipulación deliberada de los procesos naturales, la dinámica, la composición o estructura de la Tierra, incluida su biótica, su litósfera, su hidrósfera y su atmósfera o el espacio ultraterrestre.

49. Omitir en forma intencional: a) señalizar, vallar y vigilar, durante la vigencia de un conflicto armado o luego de finalizado este, las zonas en las que se hallen restos explosivos de guerra con el fin de impedir el ingreso de población civil en dichas zonas; b) la limpieza, remoción o destrucción de los restos explosivos de guerra, inmediatamente de finalizado un conflicto armado, cuando sea posible la señalización o ubicación de dichos restos explosivos de guerra. Se entenderá por "restos explosivos de guerra" los definidos como tales por el derecho internacional.

50. A los efectos de las conductas descriptas en los numerales precedentes, se entenderá por objetivos militares en lo que respecta a bienes, aquellos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuyan eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca, en las circunstancias del momento, una clara ventaja militar, con exclusión de los bienes protegidos y de bienes destinados a fines civiles. Se tendrá presente que en caso de duda de si un objeto que normalmente se destina a fines civiles, se utiliza con el fin de contribuir efectivamente a una acción militar, se presumirá que se utiliza para fines civiles. No se considerarán como un solo objetivo militar, diversos objetivos militares claramente separados e individualizados que se encuentren en una ciudad, pueblo, aldea u otra zona en que haya una concentración análoga de personas o bienes protegidos.

LEY N° 17.060

de 23 de diciembre de 1988

DICTANSE NORMAS REFERIDAS AL USO INDEBIDO DEL PODER PUBLICO (CORRUPCION)

CAPITULO IV

Disposiciones penales

Artículo 8°.- Sustitúyense los siguientes artículos del Código Penal, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 68.- La pena de penitenciaría durará de dos a treinta años. La pena de prisión durará de tres a veinticuatro meses. La pena de inhabilitación absoluta o especial durará de dos a diez años. La pena de inhabilitación especial de determinada profesión académica, comercial o industrial, durará de dos a diez años. La pena de suspensión durará de seis meses a dos años.

La pena de multa será de 10 UR (diez unidades reajustables) a 15.000 UR (quince mil unidades reajustables)".

"ARTICULO 84. (Sustitución de la multa).- Si el sentenciado no tuviese bienes para satisfacer la multa sufrirá, por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada 10 UR (diez unidades reajustables).

El condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa, descontándose de ella la parte proporcional a la prisión cumplida.

Esta disposición no se aplicará cuando la multa se acumule a una pena privativa de libertad, en cuyo caso se procederá por la vía de apremio si el sentenciado no la abonare en el plazo otorgado en la sentencia".

"ARTICULO 156. (Concusión).- El funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar o prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables) e inhabilitación de dos a seis años.

Se aplica a este delito la atenuante del artículo 154".

"ARTICULO 157. (Cohecho simple).- El funcionario público que, por ejecutar un acto de su empleo, recibe por sí mismo, o por un tercero, para sí mismo o para un tercero una retribución que no le fuera debida, o aceptare la promesa de ella, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 5.000 UR (cinco mil unidades reajustables) e inhabilitación especial de dos a cuatro años.

La pena será reducida de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario público acepta la retribución, por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones".

"ARTICULO 158. (Cohecho calificado).- El funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a sus cargos o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años, y multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables).

La pena será aumentada de un tercio a la mitad en los siguientes casos:

1) Si el hecho tuviere por efecto la concesión de un empleo público, estipendios, pensiones, honores o el favor o el daño de las partes litigantes en juicio civil o criminal.

2) Si el hecho tuviere por efecto la celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el funcionario o se realizare por medio de un uso abusivo de los procedimientos legales que deben aplicarse por la Administración Pública en materia de adquisición de bienes y servicios".

"ARTICULO 159. (Soborno).- El que indujere a un funcionario público a cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos 157 y 158 será castigado por el simple hecho de la instigación, con una pena de la mitad a las dos terceras partes de la pena principal establecida para los mismos.

Se considerarán agravantes especiales:

1) Que el inducido sea funcionario policial o encargado de la prevención, investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal y que esta última circunstancia sea ostensible para el autor del delito.

2) Que el inducido sea alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción".

"ARTICULO 160. (Fraude).- El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño en los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la Administración, en beneficio propio o ajeno, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años y multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 15.000 UR (quince mil unidades reajustables)".

"ARTICULO 161. (Conjunción del interés personal y del público).- El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato, en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables).

Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero".

"ARTICULO 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley).- El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajusta-bles)".

"ARTICULO 163. (Revelación de secretos).- El funcionario público que, con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos, o facilitare su conocimiento, será castigado con suspensión de seis meses a dos años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)".

"ARTICULO 175. (Concepto de funcionario público).- A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier ente público o persona pública no estatal".

"ARTICULO 177. (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).- El Juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardarse su intervención, y el que no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión.

La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiera o retardare formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, y a los demás funcionarios, en las mismas circunstancias, de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente.

Se exceptúan de la regla los delitos que solo pueden perseguirse mediante denuncia del particular ofendido.

Constituye circunstancia agravante especial, respecto de los funcionarios públicos y en relación a los hechos que se cometieren en su repartición, el hecho de que se trate de los delitos previstos en los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 159, 160, 161, 162, 163 y 163 bis".

"ARTICULO 179. (Calumnia y simulación de delito).- El que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial, o ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado o ante un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no sea ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría".

Artículo 9°.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes disposiciones:

"ARTICULO 158 bis. (Tráfico de influencias).- El que, invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

La pena será reducida de un tercio a la mitad cuando se acepta la retribución, con el fin de influir decisivamente, para que el funcionario público ejercite un acto inherente a su cargo.

Se considerará agravante especial del delito la circunstancia de que el funcionario público, en relación al cual se invocan las influencias, fuere alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción".

"ARTICULO 163 bis. (Utilización indebida de información privilegiada).- El funcionario público que, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero, haga uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que haya conocido en razón o en ocasión de su empleo, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables)".

"ARTICULO 163 ter. (Circunstancias agravantes especiales).- Artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163 y 163 bis:

1°) Que el sujeto activo fuera alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción.

2°) Que el sujeto activo haya obtenido, como consecuencia de cualquiera de estos delitos, un enriquecimiento patrimonial".

"ARTICULO 163 quater. (Confiscación).- Tratándose de los delitos de los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163 y 163 bis, el Juez también podrá confiscar los objetos o valores patrimoniales que sean resultado directo o indirecto del delito.

El producto de la confiscación pertenecerá al Estado, a cuyo efecto, y salvo lo dispuesto en el apartado si-guiente, el Juez de la causa lo pondrá a disposición del Poder Ejecutivo, el que le dará el destino especial que la ley establezca. De no haber previsión especial se procederá a su venta y se destinará el importe a Rentas Generales.

Lo dispuesto en la presente disposición regirá sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe".

Ley N° 14.095

de 17 de noviembre de 1972

DELITOS ECONOMICOS

SE DICTAN NORMAS PARA SU TIPIFICACION

Artículo 5°. (Insolvencia societaria fraudulenta).- El que para procurarse un provecho injusto, para sí o para otro, ocultara, disimulara o hiciese desaparecer, parcial o totalmente, el patrimonio de una empresa en perjuicio de un tercero, será castigado con pena de doce meses de prisión a diez años de penitenciaría.

Ley N° 17.011

de 25 de setiembre de 1988

SE DICTAN NORMAS RELATIVAS A LAS MARCAS

CAPITULO XIV

DE LAS ACCIONES CIVILES Y PENALES

Artículo 81.- El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 82.- Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 83.- El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 84.- Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Artículo 85.- Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

Artículo 86.- Los delitos previstos en la presente serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal.

Artículo 87.- Los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Artículo 88.- Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Artículo 89.- No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez.

Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

Ley N° 17.616

de 10 de enero de 2003

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

SE MODIFICAN NORMAS RELACIONADAS A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley N° 9.739, de 17 de diciembre de 1937, por el siguiente:

"ARTICULO 46.-

A) El que edite, venda, reproduzca o hiciere reproducir por cualquier medio o instrumento -total o parcialmente-, distribuya; almacene con miras a la distribución al público, o ponga a disposición del mismo en cualquier forma o medio, con ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra inédita o publicada, una interpretación, un fonograma o emisión, sin la autorización escrita de sus respectivos titulares o causahabientes a cualquier título, o se la atribuyere para sí o a persona distinta del respetivo titular, contraviniendo en cualquier forma lo dispuesto en la presente ley, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

B) Con la misma pena será castigado el que fabrique, importe, venda, dé en arrendamiento o ponga de cualquier otra manera en circulación, dispositivos o productos, los componentes o herramientas de los mismos o preste cualquier servicio cuyo propósito sea impedir, burlar, eliminar, desactivar o eludir de cualquier forma, los dispositivos técnicos que los titulares hayan dispuesto para proteger sus respectivos derechos.

C) Además de las sanciones indicadas, el Tribunal ordenará en la sentencia condenatoria la confiscación y destrucción, o dispondrá cualquier otro medio de supresión de las copias de obras o producciones y de sus embalajes o envoltorios en infracción, así como de todos los artículos, dispositivos o equipos utilizados en la fabricación de las mismas. En aquellos casos que los equipos utilizados para la comisión de los ilícitos referidos no tengan por única finalidad esta actividad, el Juez sustituirá la destrucción por la entrega de dichos equipos a instituciones docentes oficiales.

D) Será sancionado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría quien altere o suprima, sin autorización del titular de los derechos protegidos por esta ley, la información electrónica colocada por los titulares de los derechos de autor o conexos, para posibilitar la gestión de sus derechos patrimoniales y morales, de modo que puedan perjudicarse estos derechos. La misma pena se aplicará a quien distribuya, importe con fines de distribución, emita o comunique al público, sin autorización, ejemplares de obras, interpretaciones o fonogramas, sabiendo que la información electrónica colocada por los titulares de derechos de autor o conexos, ha sido suprimida o alterada sin autorización.

E) El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado.

Ley N° 17.815

de 6 de setiembre de 2004

VIOLENCIA SEXUAL COMERCIAL O NO COMERCIAL COMETIDA CONTRA NIÑOS, ADOLESCENTES O INCAPACES

Artículo 1°. (Fabricación o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces).- El que de cualquier forma fabricare o produjere material pornográfico utilizando a personas menores de edad o personas mayores de edad incapaces, o utilizare su imagen, será castigado con pena de veinticuatro meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 2°. (Comercio y difusión de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces).- El que comerciare, difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución, importare, exportare, distribuyere u ofertare material pornográfico en el que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de edad o persona incapaz, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Artículo 3°. (Facilitamiento de la comercialización y difusión de material pornográfico con la imagen u otra representación de una o más personas menores de edad o incapaces).- El que de cualquier modo facilitare, en beneficio propio o ajeno, la comercialización, difusión, exhibición, importación, exportación, distribución, oferta, almacenamiento o adquisición de material pornográfico que contengan la imagen o cualquier otra forma de representación de una o más personas menores de edad o incapaces será castigado con pena de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría. A los efectos del presente artículo y de los anteriores, se entiende que es producto o material pornográfico todo aquel que por cualquier medio contenga la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o incapaces dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la imagen o representación de sus partes genitales, con fines primordialmente sexuales. (Ley N° 17.559, de 27 de setiembre de 2002, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía).

Artículo 4°. (Retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo).- El que pagare o prometiere pagar a dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo, para que ejecute actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría.

Artículo 5°. (Contribución a la explotación sexual de personas menores de edad o incapaces).- El que de cualquier modo contribuyere a la prostitución, explotación o servidumbre sexual de personas menores de edad o incapaces, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría.

La pena será elevada de un tercio a la mitad si se produjere con abuso de las relaciones domésticas o de la autoridad o jerarquía, pública o privada, o la condición de funcionario policial del agente.

Artículo 6°. (Tráfico de personas menores de edad o incapaces).- El que de cualquier modo favorezca o facilite la entrada o salida del país de personas menores de edad o incapaces, para ser prostituidas o explotadas sexualmente, será castigado con pena de dos a doce años de penitenciaría.

Ley N° 18.250

de 6 de enero de 2008

MIGRACION

CAPITULO XV

DE LOS DELITOS

Sección I

Tráfico de personas

Artículo 77.- Quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el ingreso o egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero, será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría. Con la misma pena será castigada toda persona que en las mismas condiciones favoreciera la permanencia irregular de migrantes dentro del territorio uruguayo.

Sección II

Trata de personas

Artículo 78.- Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de cuatro a dieciséis años de penitenciaría.

Artículo 79.- Quien, fuera de los casos previstos en el artículo 78 de la presente ley y con los mismos fines, favorezca o facilite la entrada, el tránsito interno o la salida de personas del país, será castigado con una pena de dos a ocho años de penitenciaría.

Artículo 80.- Será de aplicación, en lo pertinente, en los casos de trata de personas lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, en favor de los denunciantes, víctimas, testigos y familiares.

Sección III

Agravantes especiales

Artículo 81.- Se consideran agravantes especiales de los delitos descritos en los artículos 77, 78 y 79 de la presente ley y se incrementarán de un tercio a la mitad las penas en ellos establecidos cuando medien las siguientes circunstancias:

A) Cuando se hubiere puesto en peligro la salud o la integridad física de los migrantes.

B) Cuando la víctima se trate de un niño o un adolescente o el agente se haya prevalecido de la incapacidad física o intelectual de una persona mayor de dieciocho años.

C) Cuando el agente revista la calidad de funcionario policial o tenga a su cargo la seguridad, custodia o el control de las cuestiones relativas a la migración de personas.

D) Cuando el tráfico o la trata de personas se efectuara con violencia, intimidación o engaño o abusando de la inexperiencia de la víctima.

E) Cuando el agente hiciere de las actividades mencionadas en los artículos 77, 78 y 79 de la presente ley su actividad habitual.

CODIGO DEL PROCESO PENAL

Artículo 32. (Régimen de la extradición).- Si no existe tratado, la extradición solo puede verificarse con sujeción a estas reglas:

A) Que se trate de delitos castigados con pena mínima de dos años de penitenciaría;

B) Que la reclamación se presente por el respectivo Gobierno al Poder Ejecutivo, acompañada de sentencia condenatoria, o de auto de prisión, con los justificativos requeridos por las leyes de la República para proceder al arresto;

C) Que medie declaración judicial de ser procedente la extradición previa audiencia del inculpado y del Ministerio Público en lo penal.

Artículo 113.- Garantías a los indagados, reserva de la instrucción e igualdad procesal).- Cuando una persona es conducida o citada a una sede judicial como indagada por la comisión de un presunto delito, antes de tomarle la primera declaración, se le intimará la designación de un defensor que lo patrocine y si no lo hiciere, se designará Defensor de Oficio.

Los indagados y sus defensores tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario, salvo resolución fundada del Juez basada en la posible frustración de las pruebas a diligenciar.

Asimismo, los defensores podrán proponer el diligenciamiento de pruebas e interrogar testigos.

El presumario tendrá carácter reservado.

Cesa el carácter reservado:

1) Porque se dictó el auto de procesamiento.

2) Porque se dispone el archivo de las actuaciones.

3) Porque ha transcurrido un año desde el inicio de las actuaciones presumariales.

Si transcurrido un año se optara por continuar las actuaciones persumariales, únicamente tendrán carácter reservado las subsiguientes al cumplimiento del plazo.

Ninguna actuación podrá tener carácter reservado por más de un año.

Bajo su más seria responsabilidad funcional, los Jueces velarán por la igualdad procesal entre fiscales y defensores en esta etapa del proceso.

Ley N° 15.903

de 10 de noviembre de 1987

Artículo 464.- No podrán comprometerse gastos de funcionamiento o de inversiones sin que exista crédito disponible, salvo en los siguientes casos:

1) Cumplimiento de sentencias judiciales, laudos arbitrales o situaciones derivadas de lo establecido en los artículos 24 y 35 de la Constitución de la República.

2) Epidemias, inundaciones, incendios y todo tipo o forma de catástrofe cuya gravedad reclame la inmediata acción de los organismos públicos.

3) Cuando acontecimientos graves o imprevistos requieran la inmediata atención del Poder Ejecutivo o de las Intendencias Municipales en sus respectivas jurisdicciones. El monto de los créditos que, anualmente se podrá autorizar en uso de esta facultad, no podrá exceder al 1% (uno por ciento) del Presupuesto, Nacional o Departamental (artículos 214 y 222 de la Constitución de la República), respectivamente.

En estos casos se dará cuenta inmediata a la Asamblea General, Comisión Permanente o Junta Departamental que corresponda, lo que se ordenará en el mismo acto administrativo. En los casos previstos en los numerales 2) y 3) las resoluciones deberán dictarse privativamente por el Poder Ejecutivo o Intendencia Municipal según su jurisdicción.

CODIGO PENAL

Artículo 60. (Concepto del autor).- Se consideran autores:

1. Los que ejecutan los actos consumativos del delito.

2. Los que determinan a personas no imputadas o no punibles a cometer el delito.

Artículo 171. (Atentado).- Se comete atentado usando violencia o amenaza contra un funcionario público, con alguno de los siguientes fines:

1. El de impedirle al funcionario asumir la función o tomar posesión del cargo.

2. El de estorbarle su libre ejercicio.

3. El de obtener su renuncia.

4. La prepotencia, el odio o el menosprecio. Este delito se castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 173. (Desacato).- Se comete desacato, menoscabando la autoridad de los funcionarios de alguna de las siguientes maneras:

1. Por medio de ofensas reales, escritas o verbales, ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que este ejerciere sus funciones, o fuera del lugar y de la presencia del mismo, pero en estos dos últimos casos, con motivo o a causa de la función.

2. Por medio de la desobediencia abierta, al mandato de los funcionarios.

Se consideran ofensas reales, el penetrar con armas en el lugar donde los funcionarios ejercieren sus funciones, la violencia en las cosas; los gritos y ademanes ofensivos, aun cuando no se dirijan contra estos.

El delito se castiga con tres a dieciocho meses de prisión.

Artículo 227. (Falsificación de moneda y títulos de crédito).- El que falsificare moneda nacional o extranjera, de curso legal o comercial, en el país o fuera de él, será castigado con dos a diez años de penitenciaría.

Artículo 228. (Alteración de moneda).- El que alterare moneda nacional o extranjera de curso legal o comercial en el país o fuera de él, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Ley N° 18.401

de 22 de octubre de 2008

Artículo 10. (Unidad de Información y Análisis Financiero).- En el ámbito de la Superintendencia de Servicios Financieros, funcionará una Unidad de Información y Análisis Financiero, a la cual corresponderá:

A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que se estime de utilidad (que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud), a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo previstos por la normativa vigente.

Ley N° 18.046

de 24 de octubre de 2006

Artículo 125.- Créase el ‘Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas’, que se integrará con:

A) Los bienes y valores decomisados en cualquiera de los procedimientos por delitos previstos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004 y modificativas.

B) El producido de la venta, arrendamiento, administración, intereses o cualquier otro beneficio obtenido de dichos bienes y valores.

C) El monto de las multas impuestas por el Poder Ejecutivo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004.

D) Los vehículos de transporte decomisados en cualquiera de los procedimientos por cualquier delito aduanero previsto en el Código Aduanero, así como leyes y decretos posteriores.

La Junta Nacional de Drogas tendrá la titularidad y disponibilidad de la totalidad de dicho Fondo, quedando exceptuada de la limitación prevista por el artículo 594 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

El destino de los activos se determinará de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, sin perjuicio de que se podrán financiar con cargo a los mismos, los gastos que demande la administración y funcionamiento del Fondo.

La Junta Nacional de Drogas mantendrá la titularidad y disponibilidad de los activos no afectados o no ejecutados al cierre de cada ejercicio, pudiendo hacer uso de los mismos en ejercicios siguientes, estando exceptuada de lo dispuesto por los artículos 38 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 119 de la presente ley.

Fuente: Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, artículo 48.

Ley N° 18.362

de 6 de octubre de 2008

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2007

Artículo 414.- Créanse en el Poder Judicial a partir del 1° de enero de 2009 dos cargos de Juez Letrado de Primera Instancia en la Capital con destino a la creación de dos nuevos Juzgados Letrados de Primera Instancia en materia Penal con especialización en Crimen Organizado, con sede en la ciudad de Montevideo, cuya competencia será la siguiente:

En todo el territorio nacional, en los siguientes casos:

1) Los delitos previstos en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998 y sus modificativas.

2) Los delitos previstos en los artículos 14 a 16 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la presente ley.

3) Los delitos tributarios previstos en el Código Tributario y en el Decreto-Ley N° 15.294, de 23 de junio de 1982.

4) El delito de quiebra fraudulenta.

5) El delito de insolvencia fraudulenta.

6) El delito previsto en el artículo 5° de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (Insolvencia societaria fraudulenta).

7) El delito previsto en el artículo 76 de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893.

8) Tráfico de armas.

9) También serán competentes para entender en los casos de inmovilización de activos establecidos en el artículo 6° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, e incautación de fondos o valores no declarados al amparo del artículo 19 de la citada ley.

10) Las conductas delictivas previstas en la Ley N° 17.815, de 6 de setiembre de 2004; en los artículos 77 a 81 de la Ley N° 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieran a trata, tráfico o explotación sexual de personas.

En los departamentos de Montevideo y Canelones en los siguientes casos:

1) Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

2) Falsificación y alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 del Código Penal.

3) Cuando sean cometidos por un grupo delictivo organizado: los delitos previstos en los artículos 30 a 35 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 y sus modificativas, los previstos en la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas; los previstos en la Ley N° 9.739, de 19 de diciembre de 1937 y sus modificativas; los reatos de estafa y de apropiación indebida.

Se entiende por grupo delictivo organizado un conjunto estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer dichos delitos, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material.

Cuando se trate de los delitos indicados en el inciso anterior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado tendrán competencia en todo el territorio nacional, si hubieran prevenido.

Se entenderá que existió prevención cuando el Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado hubiera iniciado una investigación criminal y a sus efectos hubiera dispuesto medidas tales como entrega vigilada, vigilancia electrónica o actuación de agentes encubiertos o colaboradores.

Las contiendas de competencia o excepciones de incompetencia que se planteen con respecto a los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado no tendrán efecto suspensivo y lo actuado por el Juez incompetente, será válido hasta que se declare por resolución firme su incompetencia.

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Rafael Michelini).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: hoy traemos a consideración un importante proyecto de ley que cierra un trabajo realizado y llevado adelante por el Gobierno nacional y por equipos multidisciplinarios de alta especialización, abocados al tema de la prevención del lavado de activos y el crimen organizado.

Nos vamos a referir a algunos antecedentes sobre este tema en el Uruguay y a cómo se ha venido trabajando en los últimos años.

En el período de Gobierno en curso se ha asignado gran importancia al combate de delitos tales como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el contrabando, el tráfico de personas, de armamento, etcétera. Consecuentemente, también se ha asignado alta prioridad a la lucha contra el lavado de los fondos provenientes de esas actividades ilícitas y tendientes a financiarlas. Hacer efectiva esa prioridad implicó, como primer y principal paso, iniciar el proceso de aplicación de la legislación existente y, en particular, de las herramientas incorporadas a través de la Ley Nº 17.835, promulgada el 23 de setiembre de 2004, y reglamentada por el Decreto Nº 86/2005, de 24 de febrero de 2005.

La referida ley representó la culminación del proceso de desarrollo iniciado en el período anterior de Gobierno con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad del país y de adecuar las normativas nacionales a las recomendaciones de la comunidad internacional en la materia. El punto de partida de este Gobierno fue reconocer que ese marco normativo era apropiado para desarrollar una investigación más efectiva, tanto en el plano preventivo como represivo, y que la primera obligación era aplicarlo.

En este como en otros planos, la lucha contra el lavado de activos se encaró a partir de lineamientos generales. La pregunta que surgía en aquel momento era: ¿qué se podía hacer con lo que se tenía? En el plano normativo, específicamente, se contaba con un marco actualizado, por lo que, claramente, la prioridad en esta primera etapa era su aplicación. Así se hizo, y trabajando con los recursos, la estructura y la legislación existentes, se desarrolló una labor que en los tres primeros años arrojó resultados claros.

Comienza a funcionar el sistema preventivo, basado en los reportes de operaciones sospechosas de las instituciones del sistema financiero. El número de reportes se eleva, pasando de once en el año 2004 a cuarenta y dos en 2005, noventa y cuatro en 2006 y ciento setenta y cuatro en 2007. Se empiezan a desarrollar las primeras investigaciones específicas sobre el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico, a cargo de equipos interinstitucionales que han operado con excelente resultado. Se concretan los primeros procesamientos por lavado de activos en el Uruguay. Alguno de esos casos corresponde a delincuentes vinculados al tráfico de drogas destinadas al mercado local, pero en ese mismo proceso se pudo verificar la presencia en el país y en la región de organizaciones delictivas fuertemente estructuradas y con ramificaciones internacionales. Se trata de empresas organizadas para delinquir, que para ello cuentan con enormes recursos que les permiten responder rápidamente al cambio de las condiciones, eludiendo de esa forma los mecanismos generados por la comunidad internacional para desbaratarlas. Esto requiere que los Estados mantengan un alerta permanente y revisen y actualicen sus respectivas legislaciones, adecuándolas a los requerimientos que la dinámica de este tipo de delitos plantea a la sociedad.

Es en este marco que, en el año 2007 y a partir de la experiencia adquirida, se empieza a desarrollar un proceso de revisión de la Ley Nº 17.835 y una propuesta de actualización. A esos efectos se constituyó una Comisión de juristas designados por la Prosecretaría de la Presidencia de la República, coordinada por la doctora María Rosa Longone e integrada por los doctores Olga Carballo, ex Fiscal Letrada en lo Penal; Jorge Díaz, Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 4º Turno; Leonardo Costa, abogado especializado y ex Prosecretario de la Presidencia de la República; y Gabriel Adriasola, abogado penalista y ex Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal, además de autor de numerosos estudios sobre el tema del lavado de activos. Resulta fácil advertir que, en la constitución de este grupo de trabajo, el único elemento tenido en cuenta fue la idoneidad de los integrantes: todos ellos son de reconocida capacidad y vasta experiencia en la materia específica.

La Comisión también contó, como insumo, con la última investigación del país aprobada por el GAFI -Grupo de Acción Financiera Internacional- en el Pleno de representantes efectuado en julio de 2006. Eso debe ser así, en tanto el carácter trasnacional de estos delitos obliga a reconocer la importancia del avance en el cumplimiento de los estándares internacionales en la materia, así como a mantener una adecuada inserción en el esquema mundial de actuación y coordinación. Desde el momento en que esos objetivos son convergentes y han sido definidos como proyecto nacional, ambos planos son complementarios y se impulsan con similar fuerza.

El trabajo de la Comisión culminó en diciembre de 2007 con la presentación de sus propuestas desglosadas en dos anteproyectos: la creación de Juzgados y Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado y la propuesta de ajustes legales propiamente dichos. Ambas propuestas fueron analizadas y ajustadas en los primeros meses de 2008, en una instancia creada en el marco de un Convenio suscrito entre la Suprema Corte de Justicia y la Junta Nacional de Drogas, con participación del Presidente de la primera, de integrantes de la Dirección de Centros de Estudios Judiciales del Uruguay, de Jueces Letrados en lo Penal, de representantes del Ministerio Público y Fiscal, del Ministerio de Economía y Finanzas y de los Secretarios Generales de las Secretarías Nacionales de Drogas y Antilavado. Participaron también, en carácter de invitados, los Presidentes de las Comisiones especializadas en lavado de activos y crimen organizado de ambas Cámaras.

En virtud de los plazos previstos constitucionalmente, se dio prioridad al proyecto de creación de los Juzgados y Fiscalías Especializadas -finalmente incluido en las Leyes Nº 18.362 y Nº 18.390, respectivamente-, mientras que la propuesta de ajustes legales propiamente dichos es la que hoy se encuentra a consideración del Cuerpo, luego de haber sido aprobada por la Comisión respectiva del Senado.

Paralelamente, el año 2008 marca otros cambios que conforman el pasaje a una segunda etapa de la acción planificada. Ante todo, a través de diversas circulares se concreta el proceso de actualización de la normativa del Banco Central del Uruguay. Luego, se concreta la reestructura funcional de la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- de dicho banco. A su vez, a través de la Ley Nº 18.362, se asignan a la Auditoría Interna de la Nación los recursos necesarios para dar cumplimiento a su rol de supervisión de los sujetos obligados del sector no financiero en materia de prevención de lavado de activos.

Haremos ahora algunas consideraciones generales sobre la normativa contenida en el proyecto de ley que está a consideración del Cuerpo.

El primer aspecto a destacar es que por medio de esta iniciativa no se pretende construir un nuevo marco normativo general, sino cubrir algunas carencias detectadas en el vigente. La aplicación, este año, de las disposiciones contenidas en la Ley Nº 17.835 reafirma que constituye un marco globalmente válido y efectivo, pero a la vez -como era de prever- se evidencian carencias parciales o ajustes requeridos a partir de la permanente evolución del accionar de las organizaciones criminales. En esa línea, pueden reconocerse en este proyecto de ley diversos capítulos tendientes a subsanar carencias detectadas en áreas específicas.

Por otro lado, se procura mantener la línea de equilibrio que caracteriza a la legislación actualmente vigente. Una característica particular del delito de lavado de activos es que se materializa a través de actividades que por sí mismas no son ilegales -una transferencia financiera o la adquisición de un inmueble, por ejemplo-, pero que pasan a serlo por el origen de los fondos implicados. Esta peculiaridad determina que para combatir este delito se requieran sistemas especiales de prevención y de represión.

El sistema preventivo se caracteriza por el hecho de que el Estado traslada a la sociedad civil -en este caso, los denominados "sujetos obligados" que marca la ley- algunas obligaciones por las que se procura asegurar la disponibilidad de señales de alerta fundamentales. Asociado con ello, se destaca el rol de la UIAF del Banco Central de nuestro país en el análisis y procesamiento de los reportes de operaciones inusuales y sospechosas.

El sistema represivo, además de la especialización de organismos y la articulación de equipos interinstitucionales, se caracteriza por la importancia que en la investigación de este delito adquieren las llamadas técnicas especiales, que veremos más adelante.

Ambas especificidades exigen un manejo equilibrado, que por un lado rescate que la principal obligación siempre corresponde al Estado, sin olvidar que su ejercicio debe darse en el respeto permanente de las garantías individuales. En el proyecto de ley que hoy se analiza se ha realizado un especial esfuerzo por respetar estos equilibrios.

A continuación, haremos un análisis del articulado.

El artículo 1º sustituye los artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º, 14, 16 y 19 de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004. La sustitución tiene como fin mejorar la redacción de las mencionadas disposiciones o agregar artículos que se han visto como necesarios por los distintos operadores, luego de transcurridos casi cuatro años de vigencia de la ley citada.

Respecto del artículo 1º de la Ley Nº 17.835, se dispone que el reporte de operaciones sospechosas puede ser de operaciones realizadas o no, comprendiendo en consecuencia la insinuación y la tentativa. Asimismo, se quita la referencia a la Ley Nº 17.343, derogada por el artículo 22 de la Ley Nº 17.835. Se prevé que en el caso del delito de financiación del terrorismo previsto en el artículo 16 de la Ley Nº 17.835, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que, aun involucrando activos de origen lícito, se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad terrorista o destinada a financiar cualquier actividad terrorista.

Por último, se amplía a otros sujetos la obligación de informar y se le otorga su supervisión al Banco Central del Uruguay. Dichos nuevos obligados son: las empresas que presten servicios de arrendamientos y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; fiduciarios profesionales; y las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad.

En el artículo 2º se amplía el elenco de obligados no supervisados por el Banco Central del Uruguay, disponiéndose que están sujetos a la obligación de informar operaciones sospechosas dentro de su actividad los casinos; las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles; los escribanos, en tanto realicen actividades específicamente previstas en el proyecto; los rematadores; las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos; los explotadores de zonas francas; y las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.

Cabe destacar que durante el estudio de este proyecto de ley la Comisión recibió y atendió solicitudes -como ya hemos señalado- de diferentes actores involucrados. En este caso, me interesa señalar que hemos coincidido con la Cámara de Zona Franca y con la Secretaría Antilavado en cuanto a incorporar en la reglamentación una solución específica para aquellos usuarios que, a su vez, sean supervisados por el Banco Central del Uruguay. En el mismo artículo 2º -siguiendo, por ejemplo, la tendencia de la regulación española- se faculta al organismo de control en materia de lavados de activos y financiación del terrorismo a coordinar con entidades gremiales de los sujetos obligados a fin de instrumentar el cumplimiento de sus obligaciones. También se lo faculta a la creación de comisiones interinstitucionales para el caso de que dichos organismos gremiales no existieren.

En lo que refiere al artículo 3º de la Ley Nº 17.835, la novedad consiste en que se expande la reserva de la comunicación de la operación sospechosa a las personas relacionadas contractualmente con el sujeto obligado a informar. Asimismo, se dispone que la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien haya formulado el reporte sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y la relación comercial con el cliente. La redacción actual de este artículo impone a esa Unidad la instrucción, por lo que ahora se torna facultativa. Para acotar esta facultad en el tiempo, se prevé que si la Unidad no imparte instrucciones en tres días hábiles, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses. Se trata de una disposición cuyo propósito es brindar mayor seguridad jurídica a los sujetos obligados.

Se establece, además, la reserva de identidad del sujeto obligado que haya formulado el reporte y del firmante. La información solo será revelada a instancias del juez penal competente, por resolución fundada y cuando este entienda que resulta relevante para la causa. Existen antecedentes legislativos que incluso consagran el anonimato absoluto del sujeto obligado. En Perú, la Ley Nº 28.306, de 30 de julio de 2004, establece que los Oficiales de Cumplimiento gozarán de la garantía de estricta confidencialidad y reserva de sus identidades por parte de las autoridades y su identificación estará circunscripta a una clave o número secreto. El proyecto no llega a ese extremo, y trata de conciliar la necesidad de proteger al sujeto obligado con las necesidades de la investigación judicial.

El artículo 6º de la Ley Nº 17.835 es mejorado en su redacción y establece la obligación de comunicar a las instituciones sujetas a control del Banco Central del Uruguay la resolución judicial que admita o deniegue la inmovilización de los fondos. Ello forma parte de la retroalimentación permanente que debe existir entre los sujetos obligados a informar y el organismo investigador, a los efectos de que aquellos sientan que sus acciones tienen resultados.

También se modifica el artículo 7º de la Ley Nº 17.835 que regula el intercambio de información entre las Unidades de Análisis Financiero. Con esta modificación se pretende destrabar determinados escollos que se han generado en la entrega de información, a la vez que se incluye en la misma la referente al delito de financiación del terrorismo.

Especial relevancia merece la modificación al artículo 8º. En él se amplía la nómina de delitos subyacentes con el propósito de incluir las diversas modalidades de fraude financiero o societario y otros delitos de crimen organizado. Se entiende que la exclusiva mención a la estafa cuando es cometida por funcionarios de entidades sujetas al control del Banco Central del Uruguay en el ejercicio de sus funciones es insuficiente para abarcar el amplio espectro de la criminalidad financiera organizada. Por lo tanto, se incluyen como delitos precedentes al de lavado de activos los delitos graves o cometidos por el crimen organizado que son sugeridos por las recomendaciones internacionales. Así se agregan a la lista existente: los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, la financiación del terrorismo, la estafa, la apropiación indebida, los delitos de corrupción, la quiebra, la insolvencia fraudulenta y la insolvencia societaria fraudulenta, los delitos cometidos por los administradores de las sociedades anónimas durante el ejercicio de sus funciones, los delitos marcarios y contra la propiedad intelectual, las conductas delictivas previstas en el Protocolo de la Convención de los Derechos del Niño y en la Ley Nº 17.815 sobre violencia contra niños y adolescentes, y la falsificación y alteración de moneda.

El proyecto también sustituye la redacción del artículo 14 por una que se entiende más ajustada a las definiciones de la naturaleza terrorista de determinados delitos, ampliando y mejorando el texto original de la ley. También, dada la gravedad de este fenómeno, se sancionan la conspiración y los actos preparatorios.

Siguiendo la sugerencia de los evaluadores del GAFISUD se incorpora al delito de financiación del terrorismo tipificado en el artículo 16, la acción destinada a financiar a una organización terrorista o a un miembro de esta o a un terrorista individual. Asimismo, se califica la intención agregando que basta que los fondos sean utilizados o a sabiendas de que serán utilizados en una actividad terrorista, independientemente de que haya acaecido o no.

Se modifica el artículo 19 con relación a la sanción prevista en la Ley Nº 17.835 por la infracción al deber de declarar la tenencia de valores en el tráfico transfronterizo. A diferencia del sistema en vigor, que se remite a los montos del artículo 2º de la ley, se propone que las multas se apliquen tomando como referencia la cuantía no declarada, siendo esta su tope máximo. Ello permite que la autoridad administrativa a quien el reglamento otorga el poder sancionatorio pueda determinar con mayor flexibilidad el monto de la sanción. Asimismo, en el inciso cuarto de este artículo se establece la facultad de la autoridad competente que intervenga en el control del transporte transfronterizo de valores, de detener los fondos o valores no declarados, solicitando inmediatamente la orden judicial de incautación, lo que permite la inmediata sujeción de los valores aun cuando la autoridad judicial no pueda actuar inmediatamente en razón de la distancia o aislamiento del paso fronterizo. En el inciso final Se establece el procedimiento a seguir en caso de impugnación de la incautación por el falso declarante.

Con respecto al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, a sugerencia de los doctores Díaz y Gatti se modifica la redacción en el inciso cuarto, donde se establece que el juez fijará el término durante el cual se mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser mayor de seis meses. Cabe señalar que en el texto original se decía que no sería menor a seis meses.

Por el artículo 2º del presente proyecto se propone sustituir los artículos 62 y 63 del Decreto-Ley Nº 14.294 -Ley de Estupefacientes- por dos artículos en los que se describe minuciosamente la actuación judicial y de los particulares en oportunidad de la aplicación de medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso, como consecuencia de la comisión de delitos previstos en la ley que se modifica o conexos a ellos. Estas nuevas normas están inspiradas en las disposiciones sobre proceso cautelar contenidas en el Código General del Proceso. Asimismo, responden al impulso que la actual Administración ha dado al combate al tráfico de drogas, al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo, tratando de mejorar el sistema de prevención y su financiación, no solo a través de los recursos del propio Estado sino de los bienes y valores utilizados por los delincuentes para o en ocasión de la comisión de los delitos.

En el numeral 62.1 se establece la universalidad de la aplicación de estas medidas, así como el plazo de caducidad de dos años si el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento del encausado; y la procedencia de su adopción -en el numeral 62.2-, cuando el Tribunal penal estime que son indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de los bienes cautelados una vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración por la demora del proceso. No se exige contracautela, pero sí se remarca la responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que pudieran causarse si los bienes afectados no fueren finalmente decomisados. Se faculta a la Junta Nacional de Drogas para que requiera al Ministerio Público que solicite la adopción de medidas cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran ser adjudicados por sentencia.

En el numeral 62.3 se establecen las facultades del Tribunal en cuanto a la necesidad de la medida, su alcance, duración, modificación, sustitución o cese.

El numeral 62.4 determina la reserva de las actuaciones y los recursos contra el auto que resuelva la imposición de medidas cautelares, los que serán de reposición y apelación, sin efecto suspensivo.

El numeral 62.5 enumera, a vía de ejemplo, las medidas cautelares que podrá disponer el Tribunal, especificándose la intervención judicial conforme a las normas ya citadas del Código General del Proceso.

En el numeral 62.6 se establece la facultad del Tribunal penal de adoptar como medida provisional o anticipada el remate de los bienes sometidos a alguna cautela que sean perecederos o cuya conservación sea dispendiosa. Se dispone asimismo el depósito del resultado de la subasta en unidades indexadas u otra unidad que permita asegurar la preservación del valor.

En relación al decomiso, la nueva redacción del artículo 63 busca contemplar hipótesis no previstas en la actual legislación, definiendo su ámbito objetivo y subjetivo.

Por su parte, el artículo 3º elimina, para los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, el plazo de un año vigente con carácter general a los efectos del diligenciamiento de prueba sin conocimiento del indagado. Ello responde a la manifiesta complejidad que presentan estas investigaciones.

Los artículos 4º a 7º del presente proyecto de ley sustituyen los artículos 9º a 12 de la Ley Nº 17.835, mejorando las disposiciones previstas en la ley citada referidas a la entrega vigilada e incorporando otras medidas especiales de investigación sugeridas por las Convenciones Internacionales y las recomendaciones del GAFI, tales como las vigilancias electrónicas y las figuras del colaborador y el agente encubierto.

Con respecto al artículo 5º, inciso cuarto, la Comisión, a sugerencia de los doctores Díaz y Gatti, modifica la redacción, que disponía: "Una vez verificado el requerimiento del Ministerio Público de inicio de actuaciones procesales, las mismas serán obligatoriamente puestas a disposición de defensa para su control y análisis". A sugerencia de los señores Jueces, se elaboró la siguiente redacción: "Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a disposición de la misma para su control y análisis". En mi opinión, se debería establecer "Desde la designación de la defensa", es decir, desde que el individuo intimado designa su defensa. Esto se debe a que, en realidad, en nuestro ordenamiento procesal no hay un requerimiento del Ministerio de inicio de las actuaciones procesales. O sea que a partir del momento de su designación, de la primera vez que comparece ante el Juez, la defensa tiene derecho de acceder a todo el material, tal como lo explicaron los señores Jueces a la Comisión.

El Poder Ejecutivo considera que no es posible investigar y combatir el crimen organizado sin estas técnicas especiales de recolección de información. Se postula que las mismas no vulneran derechos individuales, todas requerirían de autorización judicial y, además, se respetan las garantías del debido proceso. Son técnicas previstas en Convenciones Internacionales ratificadas por el Uruguay como, por ejemplo, el Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y Protocolos Complementarios, aprobados por la Ley Nº 17.861.

Su regulación expresa solo complementa otras técnicas similares en vigor. Así, la posibilidad de escuchas telefónicas está permitida por el Código de Procedimiento Penal y ha sido, en la práctica, de gran utilidad en este tipo de investigaciones. La colaboración eficaz con las autoridades es una atenuante prevista en el artículo 46, numeral 12, del Código Penal. El artículo 8º del Código Penal permite la provocación del delito en casos de delincuencia organizada.

El proyecto no innova, sino que pretende aportar una regulación más minuciosa de este tipo de técnicas de investigación: la escucha telefónica es una medida de seguimiento de audio que se propone ampliar al seguimiento audiovisual; la figura del colaborador ya existe, y el proyecto lo que busca es mejorar y evitar la denominada "cooperación en cuotas", poniendo plazo para acogerse al beneficio.

Conviene aclarar, para cuando abordemos el análisis del articulado, que el artículo 7.2, cuando hace referencia a la aplicación de lo previsto en el artículo 9º al 15 del presente proyecto, debería aludir a la aplicación de lo previsto en el artículo 8º al 10 del presente proyecto.

Por los artículos 8º al 10 del proyecto y teniendo en cuenta las características del accionar del crimen organizado, se establece un sistema de protección de víctimas, testigos y colaboradores, ampliando y sistematizando la normativa actual en la materia. A propuesta del doctor Milton Cairoli, la Comisión realizó un agregado en el inciso segundo del artículo 10, que dice lo siguiente: "La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia de aquel que haya utilizado la violencia o intimación con la finalidad de influir directa o indirectamente del modo previsto en el inciso primero", y continúa la redacción. Esta modificación fue propuesta en el entendido de que la referencia clara se expresa en una redacción adecuada a la estructura del tipo penal propuesto en este proyecto de ley.

En el artículo 11 se establece que en este tipo de delitos procederá la extradición sin perjuicio de lo establecido en el literal A) del artículo 32 del Código del Proceso Penal. Esta disposición permite, en los casos de extradición sin Tratado, proceder a la entrega en delitos cuyo mínimo es inferior a los dos años de penitenciaría.

El artículo 12 ajusta la redacción del artículo 10 de la Ley Nº 18.401, aprobada recientemente, por la que se modificó la Carta Orgánica del Banco Central del Uruguay. En la nueva redacción se elimina la referencia a que las transacciones financieras y otras informaciones de utilidad para la Unidad de Información y Análisis Financiero deben involucrar activos "sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud", ya que como se señaló al fundamentar la modificación al artículo 1º de la Ley Nº 17.835, debe prestarse también aten-ción a aquellas operaciones que, aun involucrando activos de origen lícito, se sospeche que estén vinculadas a personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad terrorista o estén destinados a financiar cualquier actividad terrorista. Debo agregar que esta norma sustituye al literal A) del artículo 10 de la Ley Nº 18.401, de 22 de octubre de 2008.

El artículo 13 sustituye el numeral 1) del inciso tercero del artículo 414 de la Ley Nº 18.362, a sugerencia de los doctores Gatti y Díaz, excluyendo los delitos previstos en los artículos 171 y 173 del Código Penal, de las competencias de los Juzgados Especializados en Crimen Organizado; o sea, son artículos que refieren a los delitos de desacato y atentado, cuya etiología, investigación y características son completamente diferentes a la materia propia de estos Juzgados.

Finalmente, el artículo 14 refiere a las derogaciones que no se corresponden con la ley.

En síntesis, recomendamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley y desde ya adelantamos que estamos a las órdenes para evacuar cualquier consulta.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: con respecto a este proyecto de ley, que consideramos muy importante, en la Comisión hemos trabajado junto al señor Senador Alfie en una unidad de criterios, que en las actuales como en cualquier tipo de circunstancias tiene el objetivo de prevenir o eliminar cualquier operación de lavado de activos, ampliando la nómina de delitos y de obligados.

En general, no tenemos objeciones en relación a esta iniciativa; simplemente me gustaría plantear algunas precisiones -en el día de ayer conversé con el señor Senador Saravia, quien realizó las consultas pertinentes al señor Gil, y en el día de hoy, a su vez, lo hice con el señor Senador Alfie- con respecto a dos o tres puntos relacionados, sobre todo, con los nuevos obligados.

En la Comisión recibimos a la Asociación de Escribanos del Uruguay y a la Cámara de Zonas Francas, que nos trasmitieron su preocupación en cuanto a que el artículo 1º habla de la obligación de informar de transacciones realizadas o no, tema sobre el cual el señor Senador Alfie hará una propuesta. La Ley anterior, la Nº 17.835 hablaba de transacciones inusuales, de acuerdo a los usos y costumbres. Ahora bien, para los escribanos, la compraventa de bienes inmuebles es la operación más frecuente y tiene la debida publicidad, porque se inscribe en el Registro Público. Por lo tanto, no sé si están obligados a informar o si simplemente la inscripción en dicho Registro determina la publicidad y la posibilidad de que el controlador se informe de estas transacciones.

Por su parte, la Cámara de Zonas Francas nos hizo notar que en las grandes zonas francas coexisten usuarios con actividades de muy diversa naturaleza y que algunos de ellos no tienen relación alguna con transacciones a través de transferencias bancarias. En las zonas francas coexisten bancos, estudios profesionales, gente que fabrica pañales, autopartes o cualquier otro tipo de productos que de ninguna manera puede despertar sospechas vinculadas al lavado de activos. Los que conocemos las zonas francas sabemos que esto es así. Más específicamente, sus representantes nos manifestaron que el inciso sexto del artículo 2º al que refiere el artículo 1º del proyecto no hace distinciones, sino que solo habla de los explotadores de zona franca, lo que parecería comprender a todas las actividades que allí se desarrollan.

En el día de ayer le manifesté al señor Senador Saravia que queríamos presentar una modificación y agregar al inciso sexto, donde dice: "los explotadores de zona franca", lo siguiente: "con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación". De este modo, la reglamentación podrá determinar cuáles son los usuarios que deben ser controlados, respecto de los cuales el explotador de la zona franca tiene la obligación de informar, sobre todo teniendo en cuenta que la sanción en el caso de incumplimiento es muy dura y que la gente siempre estaría con la espada de Damocles, pendiente de recibir sanciones de diversa naturaleza y muy severas. En definitiva, proponemos que se modifique el artículo tal como lo hemos detallado y que el Poder Ejecutivo, a través de la reglamentación, determine cuáles usos y actividades deben ser informados. Estamos de acuerdo en que ello debe figurar en el reglamento, porque esto es muy dinámico, pero como advertíamos que la facultad del Poder Ejecutivo a través de esa vía es la de establecer requisitos que deberían cumplir los sujetos obligados para el Registro de Transacciones, eso parecería no excluir a nadie. Por lo tanto, me parece pertinente -te-niendo en cuenta, además, la importancia que tienen las zonas francas en la economía nacional- que se le dé al Poder Ejecutivo la facultad de determinar cuáles son las actividades y usos que estarían comprendidas en esa obligación de informar.

Queremos hacer esta propuesta y, aunque el señor Senador Alfie tiene alguna pequeña modificación más para agregar, en términos generales el Partido Nacional entiende que es un buen proyecto de ley, por lo que lo acompañará.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el Partido Colorado también va a acompañar el proyecto de ley que modifica la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, porque la adecua al avance que se ha producido a nivel internacional en las normas de prevención del narcotráfico, el terrorismo, la venta de armas y el lavado de dinero o de activos.

Nos gustaría hacer algunos planteos que nos parecen de orden con respecto a esta iniciativa -hace unos instantes lo hablamos con el señor Senador Moreira, y luego lo haremos con el señor Senador Saravia- y que ya mencionamos en Comisión, aunque no pudimos concretarlos cuando se votó la norma, en razón de que había dos sesiones paralelas y no pudimos estar presentes. Digamos que estas propuestas no cambian en nada el espíritu del proyecto de ley, pero sí le dan más certeza.

La redacción que viene de Comisión habla de que "estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no"; creo que la expresión "realizadas o no" es de una enorme ambigüedad y, según estuve investigando, puede dar lugar a interpretaciones o confusiones demasiado grandes. Nos parece adecuada la redacción de la Ley anterior, que establece que se deben informar las transacciones, y nos evitaríamos una serie de problemas, porque en el fondo, hasta una charla de boliche podría transformarse en obligación de informar.

SEÑOR RIOS.- ¿Charlas de boliche?

SEÑOR ALFIE.- Hay charlas de boliche muy sustanciosas, señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Usted sabrá, señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- No sé, señor Senador, pero se supone.

Esa era la primera observación que quería realizar.

Ahora bien, el artículo 2º que se sustituye habla de los sujetos que tendrán la obligación de informar, y se agregan algunos a los que ya figuraban en el artículo 1º, que son objeto de control por parte del Banco Central. El artículo 1º sustitutivo, dice: "Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada", y creo que está bien esta redacción, porque está delimitado, y eso es correcto. En cambio, el artículo 2º no dice nada de esto, y debemos suponer que la referencia: "También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior" implica lo mismo, es decir, la obligación de informar estas actividades: aquellas que se aparten de los usos y costumbres. Por lo tanto, en el artículo 2º que se sustituye por el artículo 1º del proyecto, proponemos agregar, luego de la expresión: "También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior", la siguiente redacción: "en tanto se aparten de los usos y costumbres de la respectiva actividad, resulten inusuales, se presenten sin justificación económica legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada", y a continuación se incluiría la lista. La idea es reiterar el concepto, para que quede claro que los no alcanzados por la regulación del Banco Central están bajo las mismas condiciones. A mi entender, queda sobreentendido al leer el proyecto de ley, pero algunas personas me plantearon ciertas dudas, y si queremos evitarlas, este aporte no cambiaría en nada su sustancia.

Esto es en lo que tiene que ver con el artículo 2º.

Me gustaría hacer ahora otra precisión. Desde mi punto de vista va de suyo, pero quizás podríamos acordar una redacción en cuanto a que los profesionales que informen están expresamente relevados de su secreto profesional.

SEÑOR RIOS.- Disculpe, señor Senador pero no entendí el planteo.

SEÑOR ALFIE.- Creo que se debería entender que si la ley obliga a informar, los profesionales que deban hacerlo estarán relevados del secreto profesional, pero quizás, si queremos ser más explícitos, lo podríamos expresar en una frase concreta; de lo contrario, debería constar en la versión taquigráfica que ese es el ánimo del Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Rafael Michelini).- Si no me equivoco, estamos hablando del artículo 2º que figura dentro del artículo 1º del proyecto de ley.

SEÑOR ALFIE.- El artículo 1º sustituye nueve o diez artículos de la Ley Nº 17.835, y la primera propuesta estaría modificando uno de ellos, específicamente el artículo 2º.

El segundo concepto que planteamos es que se incluyen, en términos generales, todas las actividades que tienen secreto profesional, tanto las comprendidas en el ar-tículo 1º -que están bajo el control del Banco Central; es decir, las usuales-, como las que se agregan, que son las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; los fiduciarios profesionales, y las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. Se establece que todas estas actividades estarán bajo el control del Banco Central, pese a no estar incluidas en la ley de regulación. Ahora bien; el concepto de relevo del secreto profesional es general y ya no se limita a lo establecido en el modificado artículo 2º de la ley.

Por último, agrego que seguimos teniendo una duda respecto a algunos aspectos de la reglamentación de la ley, ya que nos hubiera gustado delimitar su alcance. De todos modos, quiero ser franco al decir que tanto nosotros como nuestros asesores no hemos encontrado ninguna redacción razonable que permita acotar o brindar pautas generales u objetivas en materia de reglamentación. Por lo tanto, confiamos en que el Poder Ejecutivo la adecue a las realidades vigentes.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Sr. Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR SARAVIA.- Vamos a conversar sobre los planteos que hacen algunos señores Senadores, pero antes queremos dejar varias constancias.

Si no me equivoco, ya habíamos mencionado la corrección planteada para el numeral 7.2 del artículo 7º del proyecto, donde se hace mención a los agentes encubiertos.

Por otra parte, realizamos la consulta sobre la propuesta del señor Senador Moreira y, efectivamente, es cierto lo que afirma acerca del artículo 2º que se modifica por el artículo 1º de este proyecto de ley. En efecto, en el numeral VI) que dice: "los explotadores de zonas francas", acordamos agregar, luego de la coma: "con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación".

En otro orden de cosas, queremos hacer referencia a algunos aspectos que se mencionan en la iniciativa. Lo relativo a "operaciones realizadas o no" se incluye en el proyecto de ley en virtud de lo que figura en los acuerdos internacionales, como por ejemplo el Protocolo de las Naciones Unidas, precisamente porque aquí hay un elemento agregado que no es solo el crimen organizado y el narcotráfico, sino que tiene que ver con la insinuación o la tentativa en el financiamiento del terrorismo. Las operaciones de los narcotraficantes en el mundo se manejan en volúmenes muy importantes y las cifras utilizadas para lavado de dinero pueden mezclarse en determinadas inversiones que parecen lícitas, pero que no lo son en función de la procedencia de los fondos. En el caso del terrorismo, el financiamiento de determinadas operaciones no tiene por qué manejar montos tan elevados o incluir negocios que luego terminen en transacciones de lavado de dinero, sino que se puede llevar adelante mediante actividades de terrorismo que insinúen, por ejemplo, el financiamiento para una pequeña dosis bacteriológica de cualquier enfermedad a nivel mundial, como podría ser el virus de la gripe porcina. También pueden surgir otras actividades, como las relacionadas con un explosivo de alto poder pero de muy bajo costo en el mercado. En tal sentido, Naciones Unidas prevé incorporar la insinuación, pero eso no quiere decir que el sujeto obligado a brindar la información esté violando los preceptos que corresponden a la reserva del secreto. Lo mismo sucede con los escribanos o profesionales que ingresan al proyecto de ley como sujetos obligados: en ese caso no se está violando el secreto profesional, como tampoco lo viola el Oficial de Cumplimiento de las entidades financieras cuando hace un reporte sospechoso a la Unidad de Inteligencia Financiera del Banco Central. Repito que no se viola el secreto bancario ni ningún secreto que esté cubierto. Lo único que hace el profesional es informar; queda cubierto el secreto profesional. Inclusive, en la Convención de las Naciones Unidas y en las últimas evaluaciones que hacen el GAFI y el GAFISUD ante los organismos de los respectivos países que tienen que ver con el control del lavado de activos, se hace hincapié especialmente en algunas operaciones realizadas, como por ejemplo las de la construcción. Creo que este punto está salvado en la ley.

Con respecto al planteo del señor Senador Moreira, no tenemos ninguna objeción. Nosotros vamos a mantener la referencia a "informar las transacciones, realizadas o no" del artículo 1º, porque de esta forma se cubren situaciones como las que anteriormente he mencionado y porque, además, esto figura en las convenciones internacionales a las que Uruguay refiere, como las del GAFI y las de Naciones Unidas. A veces, estas actividades no se reportan y, en ocasiones, tienen que ver con la insinuación, sobre todo, en la base del terrorismo.

El artículo 2º a que hacía referencia el señor Senador Alfie, sigue igual; el artículo 1º es de uso y costumbre, por lo que no habría que modificarlo.

Con respecto al otro planteo realizado sobre el secreto profesional, cabe aclarar que está previsto en el artículo 4º de la ley actual y no se sugiere ninguna modificación en ese sentido.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: reitero una vez más que en el artículo 2º contenido en el artículo 1º del proyecto de ley, sería bueno repetir de qué tipo de operaciones se trata, porque ello no cambiaría absolutamente para nada el sentido de lo que se quiere establecer. Digo esto, porque si el texto es parecido a la redacción del actual y esta no era lo suficientemente clara, no veo por qué no se puede cambiar. La verdad es que no lo entiendo porque, de hecho, estamos modificando muchos puntos de la ley actual que no estaban lo suficientemente claros o tenían defectos de redacción. Es así que en algunos casos hemos incluido pronombres, en otros hemos agregado artículos o adverbios, en fin, le hemos introducido modificaciones para mejorar la redacción.

Con respecto a las transacciones que se hayan realizado o no y a las insinuaciones, no me parece que el ejemplo de la insinuación de acto de terrorismo sea el que vaya en consonancia con lo que estamos pensando, porque estamos apuntando a otra cosa. Me parece casi un saludo a la bandera entrar en una ambigüedad tan grande, pues no sé si a alguien se le va a ocurrir declarar una insinuación de acto de terrorismo; si así ocurriera, lo hará de cualquier manera y no porque una ley lo obligue a hacerlo o vaya a pagar una multa. Su temor o valentía de declararla, o no, es absolutamente independiente de que exista una ley. Creo que debemos legislar para los casos normales, o sea, para los que comprenden a la gente de bien; personalmente, no me cambia en nada mi apreciación del tema. Pienso que sería ingresar en una ambigüedad en donde la discrecionalidad puede dar lugar después a imponer sanciones a personas que actúan de estricta buena fe. Esa es la complicación que advertimos en este caso. Si estuviéramos hablando de un problema bacteriológico o de terrorismo, la ley no haría nada porque a la gente implicada tampoco le podríamos imponer una multa bajo ningún concepto, ni la vamos a tomar como tal; en todo caso, se la podrá apresar por la comisión de algún delito, pero nada más que eso.

Pediría al señor Senador Saravia que, por lo menos, considerara la modificación en el primer renglón del artículo 2º -contenido en el artículo 1º del proyecto de ley-, que no hace nada más que repetir lo mismo que expresa en el artículo 1º -reitero, contenido en el artículo 1º del proyecto de ley-, pues deja absolutamente claro que los sujetos comprendidos en las obligaciones establecidas en ese ar-tículo lo harán bajo las mismas condiciones que en el artículo 1º. Si no se quisiera repetir la redacción, el texto podría decir: "También estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior y bajo las mismas condiciones", y a continuación indicaríamos todos los casos que se enumeran.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Ha llegado a la Mesa una moción para que se suprima la lectura del articulado, y que este sea votado en bloque una vez desglosados los artículos 1º y 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado, con excepción de los artículos 1º y 7º.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Presidencia sugiere que se pase a considerar el artículo 7º, teniendo en cuenta que simplemente se le haría una corrección de texto.

(Apoyados)

-Léase por Secretaría la corrección a introducir en el numeral 7.2 del artículo 7º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Donde dice: "los artículos 9º a 15 de la presente ley" sería sustituido por "los artículos 8º a 10 de la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º con la corrección sugerida.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º, cuyas modificaciones se mencionarán detalladamente.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: con respecto a la referencia al secreto profesional, quiero reiterar que hay que remitirse al artículo 4º de la ley vigente, pues no se innova en ese sentido en este proyecto de ley.

En lo que hace al planteo del señor Senador Alfie, en realidad el artículo 2º ya está contenido en la ley actual, por lo que no habría ningún problema en repetirlo en el artículo 2º del proyecto de ley. De todas maneras, creemos que la referencia a "realizadas o no" debe mantenerse, pues hay operaciones que se plantean, como por ejemplo transacciones, que luego no se hacen o no se informan.

En cuanto a reiterar lo que dice el artículo 1º, no habría ningún problema porque ya está en la ley y no modifica nada.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: pienso que para no hacerlo tan extenso, habría que indicar: "Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:"

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Léase la modificación sugerida al numeral VI.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- "VI. los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- La Presidencia solicita al señor Senador Moreira que dé lectura a la modificación que planteó hace un momento.

SEÑOR MOREIRA.- El artículo 2º, comenzaría diciendo: "Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1°.- Sustitúyense los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 14, 16 y 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, por los siguientes:

"ARTICULO 1°.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay estarán obligadas a informar las transacciones, realizadas o no, que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada. También deben ser informadas las transacciones financieras que involucren activos sobre cuya procedencia existan sospechas de ilicitud, a efectos de prevenir el delito de lavado de activos tipificado en los artículos 54 y siguientes del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974 -incorporados por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998- y de prevenir asimismo el delito tipificado en el artículo 16 de la presente ley. En este último caso, la obligación de informar alcanza incluso a aquellas operaciones que -aun involucrando activos de origen lícito- se sospeche que están vinculadas a las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 16 de la presente ley o destinados a financiar cualquier actividad terrorista.

La información deberá comunicarse a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay, en la forma que éste reglamentará.

La obligación de informar comprenderá asimismo a: i) las empresas que presten servicios de arrendamiento y custodia de cofres de seguridad, de transporte de valores y de transferencia o envío de fondos; ii) los fiduciarios profesionales y iii) las personas físicas o jurídicas que, en forma profesional, presten desde Uruguay asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad. La supervisión de la actividad de estos sujetos obligados estará a cargo del Banco Central del Uruguay.

El incumplimiento de la obligación de informar determinará la aplicación, según las circunstancias del caso, de las sanciones y medidas administrativas previstas en el Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, con la redacción dada por la Ley N° 16.327, de 11 de noviembre de 1992 y las modificaciones introducidas por las Leyes N° 17.523, de 4 de agosto de 2002 y N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002".

"ARTICULO 2°.- Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:

I) los casinos,

II) las inmobiliarias y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles,

III) los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:

a. compraventa de bienes inmuebles;

b. administración del dinero, valores u otros activos del cliente;

c. administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;

d. organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades;

e. creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos y

f. compraventa de establecimientos comerciales.

IV) los rematadores,

V) las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos,

VI) los explotadores de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación;

VII) las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de los clientes. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente artículo determinará la aplicación por parte del Poder Ejecutivo de una multa mínima de 1.000 UI (mil Unidades Indexadas) y una multa máxima de 20:000.000 UI (veinte millones de Unidades Indexadas) según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor y previo informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay".

"ARTICULO 3°.- La comunicación será reservada. Ningún sujeto obligado, incluyendo las personas relacionadas contractualmente con él, podrá poner en conocimiento de las personas participantes o de terceros las actuaciones e informes que sobre ellas realicen o produzcan, en cumplimiento de la obligación impuesta en los artículos 1°, 2° y 17 de la presente ley.

Una vez recibido el reporte, la Unidad de Información y Análisis Financiero podrá instruir a quien lo haya formulado sobre la conducta a seguir con respecto a las transacciones de que se trate y a la relación comercial con el cliente. Si en el plazo de tres días hábiles la Unidad no imparte instrucciones, el obligado podrá adoptar la conducta que estime más adecuada a sus intereses.

Toda vez que la Unidad de Información y Análisis Financiero reciba un reporte de operación sospechosa deberá guardar estricta reserva respecto de la identidad del sujeto obligado que lo haya formulado, así como de la identidad del firmante del mismo. Esta información sólo será revelada a instancias de la justicia penal competente, por resolución fundada, cuando esta entienda que resulta relevante para la causa".

"ARTICULO 6°.- La Unidad de Información y Análisis Financiero, por resolución fundada, podrá instruir a las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay para que impidan, por un plazo de hasta setenta y dos horas, la realización de operaciones sospechosas de involucrar fondos cuyo origen proceda de los delitos cuya prevención procura la presente ley. La decisión deberá comunicarse inmediatamente a la Justicia Penal competente, la cual, consideradas las circunstancias del caso, determinará si correspondiere, sin previa notificación, la inmovilización de los activos de los partícipes. La resolución que adopte el Juez Penal competente, sea disponiendo o denegando la inmovilización de los fondos, será comunicada a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la que a su vez deberá ponerla en conocimiento de las instituciones sujetas al control del Banco Central del Uruguay involucradas".

"ARTICULO 7°.- Sobre la base del principio de reciprocidad, el Banco Central del Uruguay, a través de la Unidad de Información y Análisis Financiero, podrá intercambiar información relevante para la investigación de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo con las autoridades de otros Estados que, ejerciendo competencias homólogas, lo soliciten fundadamente. Con esa finalidad, podrá además suscribir memorandos de entendimiento. Para este efecto, sólo se podrá suministrar información protegida por normas de confidencialidad si se cumplen los siguientes requisitos:

A) El organismo requirente se comprometerá a utilizar la información al solo y específico objeto de analizar los hechos constitutivos del lavado de activos originados en delitos precedentes que estén incluidos en el artículo 8°, así como del delito previsto por el artículo 16 de la presente ley;

B) respecto a la información y documentación que reciban, tanto el organismo requirente como sus funcionarios, deberán estar sometidos a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para la Unidad de Información y Análisis Financiero y sus funcionarios;

C) los antecedentes suministrados sólo podrán ser utilizados en un proceso penal o administrativo en el Estado requirente, previa autorización de la Justicia Penal del país requerido, que se otorgará de acuerdo con las normas de cooperación jurídica internacional".

"ARTICULO 8°.- Los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, se configurarán también cuando su objeto material sean los bienes, productos o instrumentos provenientes de delitos tipificados por nuestra legislación vinculados a las siguientes actividades:

1. crímenes de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad tipificados por la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006;

2. terrorismo;

3. financiación del terrorismo;

4. contrabando superior a U$S 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América);

5. tráfico ilícito de armas, explosivos, municiones o material destinado a su producción;

6. tráfico ilícito de órganos, tejidos y medicamentos;

7. tráfico ilícito y trata de personas;

8. extorsión;

9. secuestro;

10. proxenetismo;

11. tráfico ilícito de sustancias nucleares;

12. tráfico ilícito de obras de arte, animales o materiales tóxicos;

13. estafa;

14. apropiación indebida;

15. los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal y los establecidos en la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998 (delitos de corrupción pública);

16. quiebra fraudulenta;

17. insolvencia fraudulenta;

18. el delito previsto en el artículo 5° de la Ley Nº 14.095, de 17 de noviembre de 1972 (insolvencia societaria fraudulenta);

19. los delitos previstos en la Ley N° 17.011, de 25 de setiembre de 1998 y sus modificativas (delitos marcarios);

20. los delitos previstos en la Ley N° 17.616, de 10 de enero de 2003 y sus modificativas (delitos contra la propiedad intelectual);

21. las conductas delictivas previstas en la Ley Nº 17.815, de 6 de setiembre de 2004, en los artículos 77 a 81 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008 y todas aquellas conductas ilícitas previstas en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño sobre venta, prostitución infantil y utilización en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas;

22. la falsificación y la alteración de moneda previstas en los artículos 227 y 228 del Código Penal".

"ARTICULO 14.- Decláranse de naturaleza terrorista los delitos que se ejecutaren con la finalidad de intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional, a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo mediante la utilización de armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para aterrorizar a la población, poniendo en peligro la vida, la integridad física, la libertad o la seguridad de un número indeterminado de personas. La conspiración y los actos preparatorios se castigarán con la tercera parte de la pena que correspondería por el delito consumado".

"ARTICULO 16.- El que organizare o, por el medio que fuere, directa o indirectamente, proveyere o recolectare fondos para financiar una organización terrorista o a un miembro de esta o a un terrorista individual, con la intención que se utilicen o a sabiendas que serán utilizados, en todo o en parte, en las actividades delictivas descritas en el artículo 14 de la presente ley, independientemente de su acaecimiento y aun cuando ellas no se desplegaren en el territorio nacional, será castigado con una pena de tres a dieciocho años de penitenciaria".

"ARTICULO 19.- Todas las personas físicas o jurídicas sujetas al control del Banco Central del Uruguay que transporten dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberán comunicarlo al Banco Central del Uruguay, en la forma en que determinará la reglamentación que este dicte.

Toda otra persona que transporte dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios a través de la frontera por un monto superior a U$S 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) deberá declararlo a la Dirección Nacional de Aduanas, en la forma que determinará la reglamentación.

El incumplimiento de esta obligación determinará, para los sujetos comprendidos en el inciso primero del presente artículo, la aplicación de las sanciones establecidas en el artículo 1° de la presente ley; para los señalados en el inciso segundo, la imposición de una multa por parte del Poder Ejecutivo, cuyo máximo podrá ascender hasta el monto de la cuantía no declarada, consideradas las circunstancias del caso.

Constatado el transporte de fondos o valores en infracción a lo dispuesto en el presente artículo, la autoridad competente procederá a su detención, adoptará inmediatamente las medidas pertinentes a efectos de la instrucción del correspondiente procedimiento administrativo y solicitará, dentro de las cuarenta y ocho horas hábiles siguientes, las medidas cautelares necesarias para asegurar el derecho del Estado al cobro de la multa prevista en el inciso precedente. El Juez fijará el término durante el cual se mantendrán las medidas decretadas, el que no podrá ser mayor a seis meses y que podrá ser prorrogado cuando resultare insuficiente por causas no imputables a la Administración. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, la autoridad competente solicitará inmediatamente la orden judicial de incautación, cuando existan sospechas fundadas de que los fondos o valores no declarados provienen de alguno de los delitos tipificados en la presente ley, aun cuando hayan sido cometidos en el extranjero, bajo la condición de que la conducta constituye también delito en la ley uruguaya. La prueba de un origen diverso producida por el titular de los fondos o valores incautados determinará la devolución de los mismos, sin perjuicio de las medidas cautelares que se dispusieren para asegurar el pago de la multa prevista en este artículo. La resolución judicial que deniegue la devolución será apelable, aun en etapa presumarial".

ARTICULO 2°.- Sustitúyense los artículos 62 y 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, por los siguientes:

"ARTICULO 62. (Medidas cautelares).-

62.1. (Universalidad de la aplicación). El tribunal penal competente adoptará por resolución fundada, de oficio o a solicitud de parte, en cualquier estado de la causa e incluso en el presumario, las medidas cautelares necesarias para asegurar la disponibilidad de los bienes sujetos a eventual decomiso como consecuencia de la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos con estos.

En el caso de que las medidas cautelares sean adoptadas durante la etapa presumarial, estas caducarán de pleno derecho si, en un plazo de dos años contados desde que las mismas se hicieron efectivas, el Ministerio Público no solicita el enjuiciamiento.

62.2. (Procedencia). Las medidas cautelares se adoptarán cuando el tribunal penal competente estime que son indispensables para la protección del derecho del Estado de disponer de estos bienes una vez decomisados y siempre que exista peligro de lesión o frustración del mismo por la demora del proceso.

En ningún caso se exigirá contracautela pero el Estado responderá por los daños y perjuicios causados por las medidas cautelares adoptadas, si los bienes afectados no son finalmente decomisados.

La Junta Nacional de Drogas podrá requerir al Ministerio Público que solicite la adopción de medidas cautelares sobre los bienes y productos del delito que le pudieran ser adjudicados por sentencia.

62.3. (Facultades del tribunal). El tribunal penal competente podrá:

a) apreciar la necesidad de la medida, pudiendo disponer otra si la entiende más eficiente;

b) establecer su alcance y término de duración; y

c) disponer la modificación, sustitución o cese de la medida cautelar adoptada.

62.4. (Recursos). Las medidas se adoptarán en forma reservada y ningún incidente o petición podrá detener su cumplimiento.

Si el afectado no hubiese tomado conocimiento de las medidas adoptadas en forma completa y concreta con motivo de su ejecución, se le notificarán una vez cumplidas.

La providencia que admita, deniegue o modifique una medida cautelar será recurrible mediante recursos de reposición y apelación, pero la interposición de los mismos no suspenderá su ejecución.

62.5. (Medidas específicas). El tribunal penal competente podrá disponer las medidas que estime indispensables, entre otras, la prohibición de innovar, la anotación preventiva de la litis, los embargos y secuestros, la designación de veedor o auditor, la de interventor o cualquier otra que sea idónea para el cumplimiento de la finalidad cautelar.

La resolución que disponga una intervención fijará su plazo y las facultades del interventor debiéndose procurar, en lo posible, la continuidad de la explotación intervenida. El tribunal fijará la retribución del interventor la cual, si fuere mensual, no podrá exceder de la que percibiere en su caso un gerente con funciones de administrador en la empresa intervenida, la que se abonará por el patrimonio intervenido y se imputará a la que se fije como honorario final.

62.6. (Medidas provisionales). El tribunal penal competente podrá adoptar, como medida provisional o anticipada, el remate de los bienes que se hubieran embargado o, en general, se encontraren sometidos a cualquier medida cautelar, que corran riesgo de perecer, deteriorarse, depreciarse o desvalorizarse o cuya conservación irrogue perjuicios o gastos desproporcionados a su valor.

En estos casos, el tribunal penal competente podrá disponer su remate y depositar el producto en unidades indexadas u otra unidad de medida que permita asegurar la preservación del valor, a la orden del tribunal y bajo el rubro de autos".

"ARTICULO 63. (Decomiso).-

63.1. (Concepto). El decomiso es la privación con carácter definitivo de algún bien, producto o instrumento, por decisión del tribunal penal competente a solicitud del Ministerio Público, como consecuencia jurídica accesoria de la actividad ilícita. La providencia ejecutoriada que lo disponga constituirá título de traslación del dominio y se inscribirá en los Registros Públicos correspondientes.

63.2. (Ambito objetivo). En la sentencia definitiva de condena por alguno de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos, el tribunal penal competente dispondrá, a solicitud del Ministerio Público, el decomiso de:

a) los estupefacientes y sustancias psicotrópicas prohibidas que fueran incautadas en el proceso;

b) los bienes o instrumentos utilizados para cometer el delito o la actividad preparatoria punible;

c) los bienes y productos que procedan del delito;

d) los bienes y productos que procedan de la aplicación de los provenientes del delito, comprendiendo: los bienes y productos en los que se hayan transformado o convertido los provenientes del delito y los bienes y productos con los que se hayan mezclado los provenientes del delito hasta llegar al valor estimado de éstos;

e) los ingresos u otros beneficios derivados de los bienes y productos provenientes del delito.

63.3. (Decomiso por equivalente). Cuando tales bienes, productos e instrumentos no pudieran ser decomisados, el tribunal penal competente dispondrá el decomiso de cualquier otro bien del condenado por un valor equivalente o, de no ser ello posible, dispondrá que aquél pague una multa de idéntico valor.

63.4. (Decomiso de pleno derecho). Sin perjuicio de lo expresado, el tribunal penal competente, en cualquier etapa del proceso en la que el indagado o imputado no fuera habido, librará la orden de prisión respectiva y transcurridos seis meses sin que haya variado la situación, caducará todo derecho que el mismo pueda tener sobre los bienes, productos o instrumentos que se hubiesen cautelarmente incautado, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la inmovilización de activos al amparo de lo edictado por el artículo 6° de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba de que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que el tribunal penal competente hubiera dispuesto la incautación de fondos o valores no declarados, al amparo de lo edictado por el artículo 19 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, si sus titulares no ofrecieran prueba que los mismos tienen un origen diverso a los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos en un plazo de seis meses, caducará todo derecho que pudieran tener sobre los fondos inmovilizados, operando el decomiso de pleno derecho.

En los casos en que se produjere el hallazgo de bienes o productos provenientes de delitos tipificados en la presente ley o delitos conexos, si en el plazo de seis meses no compareciere ningún interesado, operará el decomiso de pleno derecho.

63.5. (Ambito subjetivo). El decomiso puede alcanzar los bienes enumerados en los incisos anteriores de los que el condenado por alguno de los delitos previstos en la presente ley o delitos conexos sea el beneficiario final y respecto de cuya ilegítima procedencia no haya aportado una justificación capaz de contradecir los indicios recogidos en la acusación, siempre que el valor de los mencionados bienes sea desproporcionado respecto de la actividad lícita que desarrolle y haya declarado. Podrán ser objeto de decomiso el dinero, los bienes y los demás efectos adquiridos en un momento anterior a aquél en que se ha desarrollado la actividad delictiva del reo, siempre que el tribunal penal competente disponga de elementos de hecho aptos para justificar una conexión razonable con la misma actividad delictiva.

A los fines del decomiso se considerará al condenado por los delitos previstos en la presente ley o conexos con éstos, beneficiario final de los bienes, aun cuando figuren a nombre de terceros o de cualquier otro modo posea, a través de persona física o jurídica intermedia.

La determinación y el alcance objetivo y subjetivo del de-comiso serán resueltos por el tribunal penal competente".

ARTICULO 3°.- En los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reserva no regirá el plazo de un año que establece el artículo 113 del Código del Proceso Penal a los efectos del diligenciamiento de prueba que, por su naturaleza, deba producirse sin conocimiento del indagado.

ARTICUL0 4°.- Sustitúyense los artículos 9° a 12 de la Ley N° 17.835, de 23 setiembre de 2004, por el siguiente:

"ARTICULO 9º. (Entrega vigilada).-

9.1. Con fines de investigación, a requerimiento del Ministerio Público, el Juez Penal competente podrá autorizar la circulación y entrega vigilada de dinero en efectivo, metales preciosos u otros instrumentos monetarios, sustancias tóxicas, estupefacientes, psicotrópicos, precursores u otra sustancia prohibida, o cualquier otro bien que pueda ser objeto de un delito que sea de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, por resolución fundada, bajo la más estricta reserva y confidencialidad.

9.2. Para adoptar estas medidas el Juez deberá tener en cuenta en cada caso concreto su necesidad a los fines de la investigación, según la importancia del delito, las posibilidades de vigilancia y el objetivo de mejor y más eficaz cooperación internacional.

9.3. Por entrega vigilada se entiende la técnica de permitir que remesas ilícitas o sospechosas de los bienes o sustancias detalladas en el inciso primero entren, transiten o salgan del territorio nacional, con el conocimiento y bajo la supervisión de las autoridades competentes, con el propósito de identificar a las personas y organizaciones involucradas en la comisión de los delitos referidos o con el de prestar auxilio a autoridades extranjeras con ese mismo fin.

Las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado, podrán ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose retirado o sustituido total o parcialmente las sustancias ilícitas que contengan".

ARTICULO 5°. (Vigilancias electrónicas).- En la investigación de cualquier delito se podrán utilizar todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento.

La ejecución de las vigilancias electrónicas será ordenada por el Juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público. El desarrollo y la colección de la prueba deberá verificarse bajo la supervisión del Juez competente. El Juez competente será el encargado de la selección del material destinado a ser utilizado en la causa y la del que descartará por no referirse al objeto probatorio.

El resultado de las pruebas deberá transcribirse en actas certificadas a fin de que puedan ser incorporadas al proceso y el Juez está obligado a la conservación y custodia de los soportes electrónicos que las contienen, hasta el cumplimiento de la condena.

Una vez designada la defensa del intimado, las actuaciones procesales serán puestas a disposición de la misma para su control y análisis, debiéndose someter el material al indagado para el reconocimiento de voces e imágenes.

Quedan expresamente excluidas del objeto de estas medidas las comunicaciones de cualquier índole que mantenga el indagado con su defensor y las que versen sobre cuestiones que no tengan relación con el objeto de la investigación.

ARTICULO 6°. (Del colaborador).-

6.1. El Ministerio Público, en cualquier etapa del proceso penal, podrá acordar con una persona que haya incurrido en delitos que sean competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado, la reducción de la pena a recaer hasta la mitad del mínimo y del máximo o aun no formular requisitoria según la circunstancia del caso, si:

A) Revelare la identidad de autores, coautores, cómplices o encubridores de los hechos investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o la resolución definitiva del caso o un significativo progreso de la investigación.

B) Aportare información que permita incautar materias primas, estupefacientes, dinero, sustancias inflamables o explosivas, armas o cualquier otro objeto o elemento que pueda servir para la comisión de delitos, planificarlos e incluso recuperar objetos o bienes procedentes de los mismos.

A los fines de la exención de pena se valorará especialmente la información que permita desbaratar una organización, grupo o banda dedicada a la actividad delictiva de referencia.

La reducción o exención de pena no procederá respecto de la pena de inhabilitación.

6.2. Será condición necesaria para la aplicación de esta ley que el colaborador abandone la actividad delictiva o la asociación ilícita a la que pertenece.

6.3. La declaración del colaborador deberá prestarse dentro de los 180 días en que manifestó su voluntad de acogerse al beneficio. En esa declaración el colaborador deberá revelar toda la información que posea para la reconstrucción de los hechos y la individualización y captura de los autores.

ARTICULO 7°. (Agentes encubiertos).-

7.1. A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de investigar los delitos que ingresan en la órbita de su competencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán, mediante resolución fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad.

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.

La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará por el órgano judicial competente.

7.2. Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación con identidad falsa, de conformidad a lo previsto en el numeral precedente, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, siéndoles de aplicación lo previsto en los artículos 8° a 10 de la presente ley. Ningún funcionario público podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.

7.3. Cuando la actuación del agente encubierto pueda afectar derechos fundamentales como la intimidad, el domicilio o la inviolabilidad de las comunicaciones entre particulares, el agente encubierto deberá solicitar al órgano judicial competente la autorización que al respecto establezca la Constitución y la ley, así como cumplir con las demás previsiones legales aplicables.

7.4. El agente encubierto quedará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de la investigación, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento de la actuación de algún agente encubierto en la misma, requerirá informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención al cual, resolverá lo que a su criterio proceda.

ARTICULO 8º. (Protección de víctimas, testigos y colaboradores).-

8.1. Los testigos, las víctimas cuando actúen como tales, los peritos y los colaboradores en los procesos de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en Crimen Organizado podrán ser sometidos a medidas de protección cuando existan sospechas fundadas de que corre grave riesgo su vida o integridad física tanto de ellos como de sus familiares.

8.2. Las medidas de protección serán las siguientes:

1. La protección física de esas personas a cargo de la autoridad policial.

2. Utilización de mecanismos que impidan su identificación visual por parte de terceros ajenos al proceso cuando debe comparecer a cualquier diligencia de prueba.

3. Que sea citado de manera reservada, conducido en vehículo oficial y que se establezca una zona de exclusión para recibir su declaración.

4. Prohibición de toma de fotografías o registración y divulgación de su imagen tanto por particulares como por los medios de comunicación.

5. Posibilidad de recibir su testimonio por medios audiovisuales u otras tecnologías adecuadas.

6. La reubicación, el uso de otro nombre y el otorgamiento de nuevos documentos de identidad debiendo la Dirección Nacional de Identificación Civil adoptar todos los resguardos necesarios para asegurar el carácter secreto de estas medidas.

7. Prohibición total o parcial de revelar información acerca de su identidad o paradero.

8. Asistencia económica en casos de reubicación la que será provista con cargo al artículo 464, numeral 3) de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

8.3. Las medidas de protección descriptas en el inciso anterior serán adoptadas por el Juez a solicitud del Ministerio Público o a petición de la víctima, testigo, perito o colaborador y serán extensibles a los familiares y demás personas cercanas que la resolución judicial determine.

8.4. Podrán celebrarse acuerdos con otros Estados a los efectos de la reubicación de víctimas, testigos o colaboradores.

8.5. Las resoluciones que se adopten en cumplimiento de los incisos anteriores tendrán carácter secreto y se estamparán en expediente separado que quedará en custodia del Actuario del Juzgado.

ARTICULO 9°.- El funcionario público que, en razón o en ocasión de su cargo, revele las medidas de protección de naturaleza secreta, la ubicación de las personas reubicadas o la identidad en aquellos casos en que se haya autorizado el uso de una nueva, será castigado con pena de dos a seis años de penitenciaría e inhabilitación absoluta de dos a diez años.

ARTICULO 10.- El que utilizare violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo para que modifique su actuación en el proceso o incumpla sus obligaciones con la Justicia, será castigado con la pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría. Si el autor del hecho alcanzara su objetivo se aplicarán las reglas de la coparticipación criminal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 60 numeral 2° del Código Penal.

La realización de cualquier acto atentatorio contra la vida, integridad, libertad, libertad sexual o bienes, como represalia de aquel que haya utilizado la violencia o intimidación con la finalidad de influir directa o indirectamente del modo previsto en el inciso primero, se considerará agravante del delito respectivo y la pena del mismo se aumentará en un tercio en su mínimo y su máximo.

ARTICULO 11.- Sin perjuicio de lo establecido por el literal A) del artículo 32 del Código del Proceso Penal, procederá la extradición en los delitos establecidos en el Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, los precedentes de los delitos tipificados en los artículos 54 a 57 del citado Decreto-Ley y los establecidos en la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004.

ARTICULO 12.- Sustitúyese el literal A) del artículo 10 de la Ley N° 18.401, de 22 de octubre de 2008, por el siguiente:

"A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Justicia competente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos por la normativa vigente".

ARTICULO 13.- Sustitúyese el numeral 1) del inciso tercero del artículo 414 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, por el siguiente:

"1) Los delitos contra la Administración Pública incluidos en el Título IV del Libro II del Código Penal, con excepción de los previstos en los ar-tículos 171 y 173 y los establecidos en la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1988".

ARTICULO 14. (Derogaciones).- Deróganse los ar-tículos 21 de la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, 8° de la Ley N° 17.835, en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006, 67 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, en la redacción dada por el artículo 68 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, los incisos cuarto y quinto del artícu-lo 63 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporados por el artículo 67 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 y 125 de la Ley N° 18.046, de 24 de octu-bre de 2006, en la redacción dada por el artículo 48 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008".

11) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).-

Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia por el día 15 de mayo".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 12 de mayo de 2009.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia durante el día 15 de mayo de 2009 y se convoque al suplente respectivo.

Saluda atentamente,

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

12) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Solicito que se distribuya, se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.412, que establece la obligatoriedad del seguro automotriz.

Por otra parte, solicito que se incluya en el Orden del Día de la sesión de mañana el proyecto de ley relativo a la construcción de la nueva terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Una vez distribuida la Carpeta solicitada, se pondrá a votación la declaración de urgencia del proyecto de ley respectivo.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Antes de poner a votación la declaración de urgencia de este proyecto de ley, quisiéramos pedir un cuarto intermedio. Pienso que podríamos aprovechar también para conversar sobre los puntos que seguiremos considerando y cuáles incorporaríamos para la sesión de mañana. Además, el proyecto de ley a que hace referencia el señor Senador Vaillant no cuenta con un informe, no ha sido discutido en Comisión y nosotros tenemos intención de introducir algunas modificaciones aparte de la prórroga.

En consecuencia, si el señor Senador Vaillant no tiene inconveniente, pediríamos un cuarto intermedio de veinte minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de veinte minutos.

(Así se hace. Es la hora 11 y dos minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 11 y 40 minutos)

-Se va a proceder a la distribución del proyecto de ley a que ha hecho referencia el señor Senador Vaillant.

13) "NORBERTO SERGIO"

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Norberto Sergio’ la Escuela Nº 36 de Cuchilla del Carmen, 9ª Sección del departamento de Cerro Largo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. Nº 1121/08 - Rep. Nº 1038/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1121/08

Rep. N° 1038/09

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de "Norberto Sergio" la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen, en la 9ª Sección del departamento de Cerro Largo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1° de abril de 2008.

Alberto Perdomo Gamarra Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Carp. N° 1326/06

Rep. N° 792/06

EXPOSICION DE MOTIVOS

Según el Registro de Inmuebles del Consejo Directivo Central, en el departamento de Cerro Largo, con el número de Padrón 808 figura la donación, que en fecha 13 de julio de 1936 hiciera el señor Norberto Sergio, de 5 hectáreas ubicadas en el paraje Cuchilla del Carmen de la 9ª Sección de Cerro Largo, con destino al funcionamiento de la escuela de la zona.

Dicho centro educativo si bien no tiene una fecha clara de fundación, presenta antecedentes que datan de 1890, año probable del comienzo de las actividades formativas.

En sus comienzos funcionó con el N° 34, hasta 1903 en que pasó a ser Escuela N° 23. Recién en 1929 adquirió el actual N° 36.

Su primer docente fue el señor Ignacio del Valle. En el año 1904 la maestra era la señora Aurelia Estavillo de Pintos. En el año 1929 la maestra era la señora Amara Acosta Míguez.

El local alquilado por Primaria dejó su paso al local propio gracias a la donación que en 1940 realizó el señor Norberto Sergio, y a la construcción de un cómodo centro escolar que se inauguró el 8 de agosto de 1948. Por aquellos años la maestra era la señora Lía Torres y el Inspector Departamental, nada menos que el Maestro Enrique Brayer.

Norberto Sergio fue un hombre ejemplar. Ciudadano de alto prestigio en la zona, fue ejemplo por sus cualidades morales, y las de la familia que edificó. Su acción, dio continuidad y permanencia a la rica labor educativa desarrollada en la zona. Los alumnos de todas las épocas, que recibieron su aporte y valoran su ejemplo y su gesto, dan pie a esta iniciativa legislativa de denominar con el nombre de Norberto Sergio a la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen en la 9ª Sección de Cerro Largo.

Montevideo, 5 de octubre de 2006.

Sergio Botana, Representante por Cerro Largo; Gustavo Guarino, Representante por Cerro Largo.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado y aprobado el proyecto de ley por el que se designa "Norberto Sergio" la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen, 9ª Sección del departamento de Cerro Largo.

Dicho centro educativo comenzó probablemente sus actividades en el año 1890, pero recién en el año 1929 se identificó con el actual N° 36. Inauguró su local propio en el año 1948, gracias a la donación que en fecha 13 de julio de 1936 realizó el señor Norberto Sergio con dicho destino. El citado ciudadano gozó de elevada consideración en la comunidad y su acción permitió el impulso y la continuidad de la labor educativa de la zona.

Por todo lo expuesto, aconsejamos al plenario la aprobación del proyecto de ley presentado oportunamente por los señores Representantes Nacionales por el departamento de Cerro Largo, Sergio Botana y Gustavo Guarino.

Sala de la Comisión, 12 de diciembre de 2007.

Manuel María Barreiro, Miembro Informante; José Carlos Mahía, Roque Arregui, Juan José Bruno, Federico Casaretto.

Administración Nacional de

Educación Pública

Consejo Directivo Central

Montevideo, 10 de marzo de 2009.

VISTO: Estas actuaciones por las que el Ministerio de Educación y Cultura remite la solicitud de la Cámara de Senadores de denominar "Norberto Sergio" a la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen del departamento de Cerro Largo;

RESULTANDO: I) Que dicha nominación cuenta con el apoyo de la Dirección y Comisión Fomento del citado Centro Educativo;

II) Que busca homenajear la trayectoria de este ciudadano;

CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 10, Acta Ext. N° 3 de fecha 12 de enero de 2009, el Consejo de Educación Primaria eleva estos obrados con opinión favorable;

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA;

Resuelve:

Remitir copia autenticada de estos obrados al Ministerio de Educación y Cultura con destino al Poder Legislativo, con opinión favorable de esta Administración a la iniciativa formulada por la Cámara de Senadores para designar "Norberto Sergio" a la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen del departamento de Cerro Largo.

Pase a la Sección Comunicaciones a efectos de la remisión dispuesta. Cumplido, vuelva al Consejo de Educación Primaria a la espera de la nominación dispuesta.

Dr. Luis Yarzábal

Presidente

CODICEN

Dra. Gabriela Almirati Saibene

Secretaria General

CODICEN

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 100

En Montevideo, el día cinco de mayo del año dos mil nueve, a la hora dieciocho y treinta y cuatro minutos, se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los miembros señora Senadora Lucía Topolansky y señores Senadores Alberto Cid, Germán Lezama, Eduardo Lorier, Gustavo Penadés y Julio María Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Ruperto Long.

Preside el señor Vicepresidente, Senador Alberto Cid.

Actúa en Secretaría la señora María Cecilia Fernández, Secretaria de Comisión, con la colaboración de la señora Prosecretaria María Isabel Macedo.

ASUNTOS ENTRADOS.

- Mensajes y proyectos de ley remitidos por el Poder Ejecutivo:

- Se designa "Poeta Lalo Mendoza" la Escuela Rural N° 132 de Educación Especial, del departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Carpeta N° 1498/09.

- Se designa "Elvira Justa Peré Peruzzo" la Escuela Rural N° 92 de Colonia Agraciada, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Carpeta N° 1503/09.

- Se designa "Clemente Estable" el Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública. Carpeta N° 1504/09.

- El Ministerio de Educación y Cultura remite expediente comunicando el visto bueno dado por la ANEP para que se designe "Norberto Sergio" la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen, departamento de Cerro Largo.

- La Cámara de Representantes remite copia de la exposición escrita presentada por la señora Representante Nacional Paola Pamparatto, relacionada con el funcionamiento de los comedores escolares que existen en todas las escuelas públicas de nuestro país.

- Solicitud de audiencia presentada por integrantes de la Agrupación ex Obreros y Familiares Textil Ferrés, a fin de plantear inquietudes relacionadas con la aplicación de la Ley N° 18.033, de 13 de octubre de 2006, referida a ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales durante la dictadura.

- Nota presentada por alumnos del curso de Técnicos Deportivos, dependiente del Instituto Superior de Educación Física, de la Universidad de la República, en la que exponen su preocupación debido a la falta de profesores de muchas de las materias del curso, que se prolonga desde hace varios meses, y que impide que puedan finalizar su carrera y acceder así al mercado laboral. Solicitan poder analizar en conjunto posibles soluciones a su problemática.

Por Secretaría se informa además que el señor Senador Gustavo Penadés ha presentado una moción para que se convoque a la señora Ministra de Educación y Cultura a fin de analizar la situación que refiere a la designación de Fiscales Nacionales y el funcionamiento en general de la "Dirección de Asuntos Constitucionales Legales y Registrales, creada por la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

ASUNTOS APROBADOS.

CARPETA N° 1121/2008. Proyecto de ley remitido por la Cámara de Representantes, por el que se designa "Norberto Sergio" la Escuela N° 36 de Cuchilla del Carmen, 9ª Sección del departamento de Cerro Largo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Germán Lezama, quien lo hará en forma verbal.

CARPETA N° 1498/2009. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se designa "Poeta Lalo Mendoza" la Escuela Rural N° 132, de Educación Especial, depar-tamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Penadés, quien lo hará en forma verbal.

CARPETA N° 1503/2009. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se designa "Elvira Justa Peré Peruzzo" la Escuela Rural N° 92, de Colonia Agraciada, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Penadés, quien lo hará en forma verbal.

CARPETA N° 1504/2009. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se designa "Clemente Estable" el Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Cid, quien lo hará en forma verbal.

RESOLUCIONES.

1. Remitir a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social la solicitud de audiencia enviada por los ex trabajadores de la Textil Ferrés, por entender que se trata de un asunto de su competencia, y notificar a los interesados.

2. Invitar para una próxima sesión a los alumnos del curso de Técnicos Deportivos, dependiente del Instituto Superior de Educación Física, de la Universidad de la República.

3. Convocar a la señora Ministra de Educación y Cultura, ingeniera María Simon, a fin de analizar los siguientes temas: A) Designación de Fiscales Nacionales Adjuntos y Fiscales Departamentales; B) Funcionamiento de la "Dirección de Asuntos Constitucionales Legales y Registrales, creada por la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, y C) Creación de la Comisión Nacional del Bicentenario.

4. Invitar a la señora Presidenta del SODRE, doctora Azucena Berrutti, a fin de que informe sobre los planes de acción que llevará adelante en el Organismo.

De lo actuado se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3159/09, que forma parte de esta Acta.

No habiendo más asuntos para considerar, a la hora dieciocho y cincuenta y dos minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Alberto Cid Vicepresidente

Ma. Cecilia Fernández Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).-

Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lezama.

SEÑOR LEZAMA.- Señor Presidente: La Comisión de Educación y Cultura me solicitó que fundamentara ante el Senado la designación de la Escuela Nº 36 de Cuchilla del Carmen con el nombre "Norberto Sergio".

Por los antecedentes que han llegado, sabemos que el señor Norberto Sergio fue un ciudadano ejemplar, de alto prestigio en la zona y con una familia plena de cualidades morales. Además, en el año 1936 el donó cinco hectáreas para la escuela y luego, en 1940, cuando se adquirió el actual predio, también intervino en esa donación.

Por estas razones, proponemos que la Escuela Nº 36 de Cuchilla del Carmen, 9ª Sección del departamento de Cerro Largo, se designe con el nombre "Norberto Sergio".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).-

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑORA SECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Desígnase con el nombre de ‘Norberto Sergio’ la Escuela Nº 36 de Cuchilla del Carmen, en la 9ª Sección del departamento de Cerro Largo".

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).-

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

14) "CLEMENTE ESTABLE"

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- En virtud de que no se encuentra en Sala el Miembro Informante señor Senador Penadés de los proyectos de ley que figuran en tercer y cuarto lugar del Orden del Día, la Mesa sugiere pasar a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se designa ‘Clemente Estable’ el Centro Regional de Profesores del Sur-Sede Atlántida, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. Nº 1504/09 - Rep. Nº 1040/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1504/09

Rep. N° 1040/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Desígnase "Clemente Estable" el Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida, de-pendiente de la Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2009.

Alberto Cid, Miembro Informante; Germán Lezema, Eduardo Lorier, Gustavo Penadés, Julio María Sanguinetti, Lucía Topolansky. Senadores.

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 27 de abril de 2009.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa al Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida, con el nombre de "Clemente Estable".

La propuesta efectuada por los profesores de dicho centro docente, cuenta con el apoyo de la Directora y de la comunidad educativa y local de Atlántida y con la opinión favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente, y por su intermedio al resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con mi mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Simon, Ministra de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Desígnase al Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida, con el nombre de "Clemente Estable".

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, archívese.

María Simon

Ministra de Educación y Cultura.

ANTECEDENTES

Anexo

Fundamentación de la propuesta de la nominación de esta institución como:

"Centro Regional de Profesores Clemente Estable"

1. Introducción

La propuesta de nominación de este Centro de Formación Docente como "Centro Regional de Profesores Clemente Estable" esta fundada en la más firme convicción de la vigencia plena de su pensamiento y obra. La relevancia de sus estudios científicos de proyección internacional, su ideario pedagógico expresado en numerosos trabajos y sus lecciones de vida han contribuido en forma destacada a la Educación Nacional. Queremos resaltar sus aportes por su innegable importancia histórica y por la pertinencia de sus ideas en el complejo escenario actual en los comienzos de este milenio.

Clemente Estable, con su gran estatura intelectual, ha logrado integrar a lo largo de su vida y de su obra, los tres pilares fundamentales de la misión universitaria: la docencia, la investigación y la extensión. A su vez, desarrolló su labor como investigador tanto en el ámbito puramente científico como en el pedagógico. Su labor se llevó adelante en diferentes entornos. En primer lugar, en el Laboratorio de Ciencias Biológicas dependiente del Consejo de Primaria; luego en España como discípulo de Ramón y Cajal en calidad de becario; más tarde aquí en la Universidad de la República y como director del Instituto de Investigación en Ciencias Biológicas, instituto que a partir de 1976 lleva su nombre. Sus aportes a la Pedagogía Nacional han sido de gran importancia y refieren tanto a Primaria, Secundaria como a la propia Universidad.

Respecto a la Formación de Docente, sus reflexiones nos ha dejado un enorme legado a través de numerosos trabajos, en especial sus referencias a la cuestión de la vocación por enseñar y la vocación por aquello que se va a enseñar en sí: qué es y qué hace a un "buen docente", cuál es la misión y el sentido de la tarea, y ha señalado caminos posibles para desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios a tal fin. Además de ejercer la docencia logró investigar y reflexionar sistemáticamente sobre la labor docente. Publicó trabajos científicos, ensayos filosóficos y pedagógicos que constituyen una gran herencia para la posterioridad.

Este legado que de alguna manera hacemos "propio" se consustancia con la visión y misión que anima a la comunidad educativa de este Centro de Formación Docente y fundamenta la propuesta de su nominación como "Centro Regional de Profesores Clemente Estable".

2. Biografía

Clemente Estable nació el 23 de mayo de 1894, en la 2ª Sección de Canelones, cerca de la ciudad de Santa Lucía y próximo a Margat. Fue bautizado en la Iglesia de San Juan Bautista. Era el noveno de catorce hermanos. En 1897 la familia se trasladó a la Unión, en Montevideo. Su hermano Nicolás fue su primer maestro y es quien le preparó para ingresar al Instituto Normal de varones. Egresó en 1913 y en marzo de 1914 da su primera clase en la Escuela N° 38 de Montevideo. Por sus excepcionales conocimientos y dedicación a las Ciencias Naturales, el Dr. Francisco Simón le nombró Profesor de Historia Natural del Instituto Natural de Varones y se encaminó de este modo su vocación por la investigación biológica. Luego fue por largos años Maestro de Conferencias. Se desempeñó como Adjunto a la Inspección Técnica de Enseñanza Primaria.

En 1922 obtuvo la beca para perfeccionar sus conocimientos junto al premio Nobel Santiago Ramón y Cajal y permaneció allí durante tres años en los que avanzó en la investigación y realizó numerosas publicaciones. Al emprender el regreso realizó una gira por diversos países de Europa y se puso en contacto con los mejores y más renombrados investigadores de la época. Dictó algunas conferencias presentando los hallazgos de sus investigaciones.

A su regreso a nuestro país, continuó en el cargo de Maestro de Conferencias. Ya en estos tiempos prosiguió en su vocación por la investigación en forma persistente y con escasos recursos. En estos años se le integró como Jefe de Sección al Instituto de Neurología recién creado.

En 1927 comienza a funcionar el Laboratorio de Ciencias Biológicas, dentro del Consejo de Primaria. Este laboratorio, bajo la dirección de un maestro, será el origen de la investigación biológica sistemática en nuestro país, hecho que de por sí es muy singular para la región y el mundo. Estable publica 150 trabajos científicos (más de doscientos si se incluyen sus numerosas sistematizaciones en áreas como la filosofía y la pedagogía) y la "escuela" de investigación por él iniciada, consolida la reputación de la biología nacional a nivel internacional.

En el año 1930, siendo Presidente de la Sociedad de Biología del Uruguay, actuó como tal en el Primer Congreso Internacional de Biología y en ese mismo año fue nombrado Vicepresidente de la Sección de Biología del octavo Congreso Científico Panamericano celebrado en Washington.

En marzo de 1931, se realizó en Montevideo el 1er. Congreso Universitario donde Estable leyó su trabajo: "Contribución de la Universidad a la Investigación Científica", luego publicada por la Universidad.

En esta década dictó numerosas conferencias en universidades de la región en tanto investigador y participó en congresos pedagógicos.

En 1933 fue nombrado Profesor ad Honorem por la Facultad de Medicina de Montevideo y el Consejo de Segunda Enseñanza y Educación Preparatoria lo nombró Profesor Honoris Causa.

En 1938 presidió el segundo Congreso Nacional de Maestros. En el año 1940 fue invitado por diversas instituciones y universidades de Estados Unidos. Su capacidad y ritmo de trabajo y de producción es muy intenso en esta época.

En la década del cuarenta se consolidaron las fuentes de financiamiento para continuar y profundizar la inves-tigación del Instituto de Investigación en Ciencias Biológicas.

En el año 1948 fue designado Presidente de la Primer Reunión de Expertos Científicos Latinoamericanos organizada por UNESCO en Montevideo. Son muchas las distinciones honoríficas recibidas y los cargos desempeñados por Estable en estos años.

En 1956 visitó la India en misión oficial en compañía de otros uruguayos destacados. Participó del homenaje a Gandhi. A su regreso dicta conferencias y demostraciones científicas en varias ciudades europeas.

Sus trabajos como Director del Instituto de Investigaciones Científicas son numerosos, variados y son muy citados en revistas especializadas en todo el mundo.

En sus últimos años Estable concurría diariamente al Instituto para continuar su trabajo, como lo había hecho toda la vida, hasta su muerte que ocurrió el 27 de octubre de 1976. Fue sepultado con honores de Ministro de Estado.

3. Clemente Estable: hombre, científico, pedagogo

"El hombre no existe más allá del bien"

Clemente Estable

Estable conjuga junto a un desinteresado amor a la ciencia una fuerte vocación humanística. En sus ensayos filosóficos y pedagógicos encontramos una referencia permanente por la formación ética.

Para Clemente Estable es una preocupación fundamental la dignidad del hombre, esto se refleja en su concepción y dedicación al trabajo y en sus reflexiones sobre la pedagogía:

"Hay que acentuar la dignidad del hombre. Y el fin que nunca ha de comprometerse, o en todo caso, que siempre ha de salvarse, subordinando todos los otros a él, es que nunca la sociedad, y menos el Estado, anule a la persona, sino que constituya el medio más positivo de su profundización. La enseñanza debe atender de especial manera a la realización del individuo digno"1.

Estable plantea que habrá que acentuar la dignidad del hombre para que con esa dignidad sea consciente de sus actos. Así lo expresa él: "el hombre está fatalmente perdido si no discrimina con la resonancia en la conducta (discriminación vital, intelectual y afectiva) lo que dignifica y lo que envilece".

La pedagogía para Estable es una forma y/o un instrumento para el desarrollo de la personalidad por la experiencia y la cultura, desde un respeto muy grande por la personalidad del alumno. A la vez, insiste muchas veces, en que no es posible la educación sin el principio de autoridad.

Su preocupación por la niñez es recurrente. Dice: "Los fundamentos de toda Pedagogía son de dos clases: los de la realidad que se vive (realidad-niño, realidad-hombre, realidad social, realidad cósmica...) y la de los fines, total y parcialmente asequibles". (ibid: 289).

Dice Estable que son cuatro las cuestiones esenciales que "el hombre en vista de sí mismo, que por el niño golpean en la frente del maestro: 1) ¿quién soy?; 2) ¿qué quiero ser?; 3) ¿qué puedo ser?; 4) ¿qué debo hacer? Y con el ser, el quehacer... Ninguna de las cuatro, tiene respuesta definitiva ni que anticipe la experiencia individual y para todas no hay una, sino muchas respuestas". (ibid: 285).

Estable plantea la cuestión referente a las tensiones entre la dimensión prescriptiva e ideal de la Pedagogía y la dimensión concreta y real. Nos dice: "...tiene el pedagogo que percibir la realidad y proyectarla en la idealidad, examinando las posibilidades (...) Para el que el deber ser opere en la vida concreta, mejorándola, tiene que insertarse en su realidad integral por algún lado o surgir de ella de algún modo." p. 287.

Para Estable es fundamental transitar por la difícil línea de lo que se quiere, lo que se debe y lo que se puede. Dice que no es del hombre la perfección pero sí la perfectibilidad. La Pedagogía, dice Estable, "ha de compulsar una doble realidad y una doble idealidad humanas: la realidad y la idealidad genérica ‘hombre’; la realidad y la idealidad propias del individuo, de la persona" p. 289. Personas concretas. Además, Estable nos plantea en esta misma encrucijada la realidad propia del niño (y su idealidad) que vale por sí misma y no solo como proyecto de hombre. "El niño es, pues, un fin en sí mismo y tránsito y medio..." (ibid: 293).

"No es función de la enseñanza adaptar a exigencias que reduzcan las maneras superiores de la vida humana (...) El pedagogo debe encender y no apagar ideales y su partido ha de ser siempre el de la ascensión y no el del descenso..." p. 302.

Según Estable la idea del desarrollo se complementa con la idea de la personalidad. Se pregunta "¿qué hay de fatal acontecimiento en el desarrollo y qué hay de ya dado en la personalidad (...) La Pedagogía postula una indeterminación de la vida del espíritu que puede ser determinada por la educación". p. 301.

A su vez, la libertad de aprender no podría llevarse a tal extremo que el niño no aprenda más de lo que espontáneamente se da en su vida. Dice Estable que tal extremo sería la negación de toda enseñanza intencional y organizada; en la escuela, en el liceo, en la universidad:

"...todo hay que mejorarlo y dar muchísimo de lo que el alumno no tiene, no busca ni puede buscar por sí mismo si no le advierte, orienta y capacita, muchísimo de lo que el alumno no sabe que existe y que suele ser superior y más importante para él mismo que lo que busca por iniciativa propia y según sus espontáneas maneras de aprender (...) El valor educativo de la libre actividad depende muchísimo de las motivaciones ambientes. En una escuela bien habida, con espacios para las múltiples manifestaciones de la vida, con laboratorios, observatorios, biblioteca, imprenta, museos,... en una escuela así el libreactivismo, la iniciativa de los alumnos, la ordenada labor del maestro y la imprevista inspiración pedagógica del mismo son de una fecundidad..." (ibid:306).

Esta fecundidad es imposible pensarla en una escuela vacía de naturaleza y de medios superiores de la cultura, agregaría Estable.

Enseñar maneras superiores de aprender es agregar a la potencialidad nativa un nuevo poder y mayor independencia. "Y aprender maneras superiores de aprender es encontrarse a sí mismo en compañía de los grandes". Dice Estable que desde la escuela debe iniciarse en el método y el espíritu científico, "que es orden en la libertad y libertad y originalidad en la verdad y en la universalidad. (...) Enseñar a observar bien, a pensar bien, a sentir bien, a expresarse bien y a obrar bien es a lo que, en suma, se concreta en toda doctrina pedagógica, nueva y vieja, revolucionaria y conservadora, de ahora y de siempre." (op. cit. 306).

Considera un deber de la inteligencia difundir la cultura, deber que constituye el imperativo central de la universidad.

Como maestro, Clemente Estable no solo ejerció su profesión, sino que reflexionó y sistematizó sobre la teoría y la práctica pedagógica. Su primer libro, del año 1921, El reino de las Vocaciones, fue precedido por una veintena de artículos publicados desde 1914 y seguido por sus conferencias y escritos pedagógicos.

Preocupado por desarrollar en los niños el espíritu crítico, respetando su personalidad y sus tendencias vocacionales, Estable elabora la Pedagogía causal cuya praxis se traduce en el Plan Estable, iniciado en 1931 y evaluado en el año 1947, en el cual se induce a ‘aprender a aprender’ con una conceptualización que muestra un avance de décadas sobre las teorías pedagógicas actuales y que hoy tienen plena vigencia en el escenario actual.

Considera que no es posible enseñar bien, y se entiende por esto enseñar a aprender, si no es investigando. "La ciencia debe enseñarse con su propio método, propios de la investigación; y la filosofía no puede enseñarse de otra manera que filosofando".

Plantea como centros organizadores del conocimiento a los núcleos que significan criterios de exploración de la realidad en tres aspectos: ético, científico y estético.

Tiene como objetivo fundamental promover la actividad de búsqueda de la verdad. El fin es despertar, sensibilizar y preparar al alumno para autodeterminarse en lo moral, darle el dominio de las técnicas instrumentales para que él pueda interrogar y trabajar, y a través del conocimiento de la vida y obra de los grandes hombres llegar a encontrar su vocación.

Propone en su plan escolar la organización según supracentros:

- Introducción a la naturaleza y el arte por el ritmo y la experimentación (Primer año).

- Introducción a la naturaleza y el arte por la forma, la simetría, el ritmo y el experimento (segundo año).

- Modificaciones del medio por los diferentes seres vivos para su propia conservación (tercer año).

Los supracentros siguientes deberían desarrollarse en cuatro años de clase:

- Conservación de los seres (cuarto y quinto año).

- Origen y evolución de los seres vivos (sexto año).

- La diferenciación de la cultura a través de los grandes maestros.

Desde 1994 en cada uno de los Departamentos hay una escuela pública que lleva su nombre.

"Cada vez hay que saber más, vívase donde se viva, hágase lo que se haga. Vencer la ignorancia debe preocuparnos con no menos premura y energía que vencer una devastadora epidemia".

Estable considera fundamental la educación para el ejercicio ciudadano y para la gobernabilidad de un país, plantea: "Hacer al pueblo realmente SOBERANO, EDUCANDOLO...".

A través de su plan, Estable, nos muestra su visión sobre la motivación cuando nos habla del rol del docente en la estimulación del interés de los alumnos. Dice que los alumnos no se interesarían por ciertas cosas importantes si no se les obligara a iniciarse en ellas cuando no lo hacen en forma espontánea (no esperar a ello sin más). Pero al mismo tiempo nos plantea que el maestro debe hacer sentir al alumno el deber no como imposición sino como un imperativo interior. "El que está dotado de vocación pedagógica se distingue del que no lo está en que obra sobre los otros de tal modo que parece que surgiera espontáneamente". "Reprimir es fácil; animar no es difícil. Lo que cuesta es corregir animando. En esas dos palabras se resume casi toda la Pedagogía".

Estable diferencia dos vocaciones que debe poseer el maestro: vocación pedagógica, que es la vocación por enseñar, y la vocación por lo que se enseña. Pensamos que esta cuestión es fundamental en el proceso de formación y en el desarrollo profesional de los profesores.

"Lo más importante del proceso formativo de cualquier profesión u oficio, es promover el proceso autoformativo, pues quien no está continuamente formándose, se deforma. Quien vive con vocación una profesión u oficio, jamás se rutiniza".

El pensamiento de Estable es rico, profundo y significativo e influye en los círculos intelectuales, pedagógicos y artísticos. A la vez, los grandes pensadores de la época dejan su propia huella en su obra: toma de Rodó su honda y dramática vocación por lo humano y de Vaz Ferreira, además de su vocación humanista, el agudo y penetrante análisis que proviene de su consagración por la experimentación.

Las múltiples facetas de su personalidad y de su obra es destacada por Washington Buño: "CIENTIFICO que domina magistralmente las técnicas de su disciplina y que ha realizado, obra personal, original y trascendente; FILOSOFO que maneja con gran soltura el pensamiento abstracto, que ha estudiado a fondo la obra de los grandes pensadores de todos los tiempos y que ha fijado su propia y original posición en este campo; PEDAGOGO en teoría y práctica, autor de bien meditados y fundamentados planes de estudio para la instrucción primaria, que ha mostrado su eficacia a través de años de aplicación en nuestro medio; HUMANISTA que se mueve, con seguridad en el conocimiento de las letras clásicas; ESCRITOR de estilo personal y vigoroso con gran riqueza de pensamiento, a veces difícil de aquilatar en toda su profundidad...".

Es además un humanista en la búsqueda de la verdad, en su visión sobre la cultura y la sociedad, en sus opciones de vida.

Como investigador luchó por estimular la vocación científica en la juventud y trató en todo momento de reforzar el cuerpo de investigadores en el que él cifraba grandes esperanzas para el desarrollo de la nación. El objetivo fundamental del Instituto de Investigación fue y es promover la investigación científica así como la enseñanza orientada a la misma. A sus aulas acudían estudiantes de diversas facultades interesados en la investigación biológica. Realizó a lo largo de su vida valiosos aportes científicos a nivel continental e internacional. Respecto al trabajo científico, Estable realza el valor del trabajo en equipos: "en anteriores siglos la ciencia era obra de genios solitarios, hoy en día el trabajo en equipo conduce a mayores rendimientos".

"El investigador es un buscador de límites, un estudioso que busca donde la sabiduría de los hombres lo deja en la ignorancia. Si como un mojón se queda en la línea divisoria que agotó a los otros, no será más que un erudito".

"Al hombre de ciencia se lo concibe sin poderes creadores, pero la imaginación no es sólo un precioso don del artista, lo es también del investigador, sin ella trabajaría como un topo. Naturalmente, no es la misma modalidad que la del artista".

Clemente Estable es, como ya ha sido planteado, un filósofo de la ciencia, de la educación, del pensamiento, de la personalidad y del vivir humano. Ejerce una actividad reflexiva en forma continua.

En su vida, como ciudadano, defendió siempre sus principios de libertad, equidad y justicia y los de sus conciudadanos, a través de su palabra oral y escrita, nutrida en altos principios éticos que le llevaron a profundas reflexiones coherentes con sus decisiones a nivel de su vida personal: Clemente Estable fue un ejemplo de vida austero y frugal, en las interrelaciones con sus compatriotas, colegas, en su quehacer diario.

Su sentido de la solidaridad humana impulsó toda su vida: "El que sabe y el que puede está en deuda con el que no sabe y no puede".

Para finalizar estas breves líneas sobre su vida y su obra, elegimos estas palabras de su gran maestro Santiago Ramón y Cajal que dice refiriéndose a Estable: "en usted vale tanto el sabio como el hombre".

4. Conclusiones

..." Hay que sembrar mucho... Toda semilla no germina; ni todo lo que germina florece; ni todo lo que florece da frutos; ni todo fruto madura; ni todo lo que madura es bueno... Sembremos con ordenado ritmo y sembremos como el viento. El viento siembra más allá de todos los surcos, más allá de toda tierra labrantía, más allá de todo regadío. No siempre se sabe dónde cae la semilla, pero la tierra se pone verde... es el verde nuevo que amanece a la nueva luz del tiempo.

El entusiasmo es el viento de nuestras almas y siembra pródigamente. No de otro modo la vida triunfa sobre la muerte en la totalidad de la existencia: vence sus propias leyes de economía con una asombrosa exuberancia. Sembremos con ordenado ritmo y sembremos como el viento... Y aunque se siembre por todas partes, en ciertas zonas, antes de sembrar hay que cavar, y después de sembrar hay que regar, y luego, cuidar el plantío. La cosecha también es trabajo"...

Clemente Estable

Encontramos en el pensamiento, en la vida y en la obra de Clemente Estable una fuente de inspiración para nuestra tarea como formadores de profesores. Su ideario pedagógico, sus reflexiones sistemáticas sobre la vocación y sobre el rol docente dan sentido y dignifican la tarea.

Sus ideas tienen una vigencia plena en el marco del escenario actual. Además, en él se reúnen todas las dimensiones previstas para un Centro de Formación Terciario que apunta a la conformación de una Universidad.

A él, nada de lo humano le fue ajeno, como científico, como pedagogo, como filósofo; no solo en forma ideal pues siempre quiso llevar su propuesta a la práctica, tal como se revela en la aplicación del Plan Estable y en Instituto de Investigaciones Biológicas.

Estable ha estado inmerso en los grandes y pequeños problemas de la Educación y podemos seguir su pensamiento a través de su obra y sus escritos.

Todo cuanto antecede fundamenta nuestra petición para la nominación de esta institución como: Centro Regional de Profesores Clemente Estable.

Administración Nacional

de Educación Pública

Consejo Directivo Central

Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente

Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida

Atlántida, 27 de octubre de 2008.

Nota 467/08

Sra. Subdirectora del Area Media y Técnica

de la Dirección de Formación Docente

Prof. Margarita Arlas

Se eleva, por su intermedio, al Consejo Directivo Central la solicitud de nominación del Centro Regional de Profesores del Sur como "Centro Regional de Profesores Clemente Estable".

Se fundamenta esta solicitud en que docentes de este Centro, reunidos especialmente por ese motivo, resolvieron proponer la nominación del mismo en razón de la relevancia de la obra de Clemente Estable como científico precursor de la Investigación en el Uruguay, como filósofo y pedagogo preocupado por la Educación, con propuestas que aun hoy continúan vigentes; por su personalidad, trabajador incansable de todas las horas; por ser oriundo del departamento de Canelones, en el cual se encuentra nuestro Centro.

Esta Dirección opina favorablemente sobre la propuesta y comparte la fundamentación de la misma, ya que entiende que el pensamiento de Clemente Estable, es un pensamiento vivo, con gran vigencia que representa el sentir y el hacer de esta Institución.

Se adjunta el Acta del día 2 de octubre de 2008, en la que se realiza la citada reunión, la fundamentación de la propuesta y firmas de estudiantes y actores de la comunidad que la acompañan.

Sin otro particular, saluda atentamente.

Prof. Inés Migliaro

Enc. de Dirección

Administración Nacional de

Educación Pública

Consejo Directivo Central

Montevideo, 29 de enero de 2009.

VISTO: Estas actuaciones por las que la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente solicita denominar "Clemente Estable" al Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida;

RESULTANDO: Que cuenta con el apoyo de la Dirección y la comunidad educativa del citado Centro;

CONSIDERANDO: I) Que la Unidad Letrada informa que la presente solicitud cumple con la normativa vigente;

II) Que se estima pertinente acceder a lo peticionado;

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA;

RESUELVE:

Remitir copia autenticada de estos obrados al Ministerio de Educación y Cultura con destino al Poder Legislativo, con opinión favorable de esta Administración a la iniciativa formulada por la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente para designar "Clemente Estable" al Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida.

Pase a la Sección Comunicaciones a efectos de la remisión dispuesta. Cumplido, vuelva a la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente a la espera de la nominación dispuesta.

Dr. Luis Yarzábal

Presidente

CODICEN

Dra. Gabriela Almirati Saibene

Secretaria General

CODICEN

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 1° de abril de 2009.

Habiéndose tomado conocimiento de las presentes actuaciones y en el entendido que la presente solicitud cuenta con la opinión favorable de las Autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, esta Dirección no encuentra objeciones que formular al respecto.

Por lo expuesto, pase a Asesoría Letrada (Resoluciones).

Prof. Daniel Martínez

Secretario Técnico de

la Dirección de Educación."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: por varias razones es un honor poder designar un centro educativo con el nombre "Clemente Estable". En primer lugar, por lo que ha significado para el desarrollo de la investigación; en segundo término, porque va dirigido a un centro de formación de profesores; en tercer lugar, porque ha sido una persona destacadísima desde todo punto de vista y es bueno que la ANEP reconozca -porque esta es una iniciativa del Poder Ejecutivo- los valores que lleva este nombre; y en cuarto término, porque he compartido con descendientes del Clemente Estable el tratamiento de algunos pacientes y también he visitado en reiteradas oportunidades el Centro de Investigación que lleva su nombre, donde se mantiene la mística de la investigación y del desarrollo científico y tecnológico que él le dio.

Entonces, corresponde el reconocimiento de la vigencia del pensamiento y la obra de este profesor, que tuvo una destacada trayectoria como investigador. Fue uno de los pioneros de la investigación en ciencias biológicas y tuvo un reconocimiento a su trayectoria en muchos aspectos. En primer lugar, queremos señalar que trabajó nada menos que con un Premio Nobel, Ramón y Cajal, en España. En segundo término, podemos decir que fue un universitario pleno, porque ejerció la investigación y la docencia, así como también la extensión universitaria. Todo ello le dio relevancia, reconocimiento, porque compartió lo que son las bases del universitario en su plenitud.

Clemente Estable publicó 150 trabajos científicos, lo que demuestra su peso como investigador, y fue nombrado Vicepresidente de la Sección de Biología del VIII Congreso Científico Panamericano celebrado en Washington.

En 1933 fue nombrado Profesor Ad Honorem por la Facultad de Medicina de Montevideo. Además, fue invitado por diversas universidades del mundo, entre ellas las de Estados Unidos, lo que habla también de su reconocimiento a nivel internacional. Asimismo, fue designado Presidente de la Primera Reunión de Expertos Científicos Latinoamericanos que organizara la UNESCO en Montevideo.

(Ocupa la Presidencia el señor Nin Novoa)

-Este ha sido simplemente un resumen de sus antecedentes, ya que su trayectoria fue muy vasta. Proponemos al Cuerpo la designación de este Centro Regional de Profesores con el nombre "Clemente Estable", porque nos parece que es un reconocimiento adicional a lo que él fuera como inspirador de quienes lo sucedieron en esta labor de investigación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Pido disculpas al Cuerpo, pero tuve que recibir a la señora Vicepresidenta de Vietnam.

En consideración el proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Designase ‘Clemente Estable’ el Centro Regional de Profesores del Sur - Sede Atlántida, dependiente de la Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDSENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) "ELVIRA JUSTA PERE PERUZZO"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se designa ‘Elvira Justa Peré Peruzzo’ la Escuela Rural Nº 92, de Colonia Agraciada, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública. (Carp. Nº 1503/09 - Rep. Nº 1039/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1503/09

Rep. N° 1039/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Desígnase "Elvira Justa Peré Peruzzo" la Escuela Rural N° 92 de Colonia Agraciada, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2009.

Gustavo Penadés, Miembro Informante; Alberto Cid, Germán Lezama, Eduardo Lorier, Julio María Sanguinetti, Lucía Topolansky.

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 27 de abril de 2009.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa a la Escuela Rural N° 92, de Colonia Agraciada del departamento de Soriano, con el nombre de "Elvira Justa Peré Peruzzo".

La propuesta efectuada por ex alumnos del centro escolar, cuenta con el informe favorable de la Directora, de la Comisión Fomento y de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente, y por su intermedio al resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con mi mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ

Presidente de la República

María Simon

Ministra de Educación y Cultura.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Desígnase a la Escuela Rural N° 92, de Colonia Agraciada del departamento de Soriano, con el nombre de "Elvira Justa Peré Peruzzo".

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, archívese.

María Simon

Ministra de Educación y Cultura.

ANTECEDENTES

SEMBLANZA DE LA SEÑORA ELVIRA JUSTA PERE PERUZZO

Nacida el 25 de febrero del año 1915. Inicia su labor docente en la zona de nuestra escuela en el año 1930 en el que fuese el domicilio particular de la familia Peré Peruzzo.

Aún hoy desde el edificio actual que ocupa la Escuela N° 92 Colonia-Agraciada, se observan vestigios de aquella añeja casa; conservándose algunos pequeños restos de su construcción; el parque arbolado que la rodeaba donde se destaca la histórica palmera de "la escuela de Peré" como así es conocida hasta nuestros días la Escuela N° 92. Aquella edificación está a una distancia aproximada de dos cuadras del local actual, esto hace posible una vivencia diaria de la historia escolar; sobre todo en ocasiones de celebraciones escolares. También en la escuela se poseen algunas fotos de aquel histórico edificio, y es emotivo cuando alguno de sus hijos visita la escuela actualmente el recuerdo de las anécdotas escolares.

Desde el año 1930 hasta 1935 el sueldo de dicha señora que no era docente titulada, era pagado el 50% por la Junta Local de Agraciada, el resto lo abonaban los padres en forma de colaboración.

En 1935 se funda la escuela denominada como escuela auxiliar N° 14, esta sigue funcionando en el mismo domicilio y con la misma docente. Estas escuelas se crearon por Ley de Eduardo Víctor Haedo, y si bien, Elvira no tenía su título, a partir de este momento su sueldo fue pagado por el Estado y pasado el tiempo percibió sus haberes jubilatorios como docente.

Contrae matrimonio el 10 de mayo de 1947, continúa trabajando como docente en su casa paterna. En 1951, traslada su domicilio a 5 km en el radio escolar, viaja diariamente hasta el año 1953 en el que finaliza su labor docente.

La escuela sigue funcionando con la denominación antes mencionada, hasta aproximadamente el año 1958 en que es denominada "Escuela Rural N° 92".

Falleció el 17 de diciembre de 1995, toda la comunidad escolar destaca su invalorable tarea en la zona, haciendo posible la primera educación de muchos niños que algunos de ellos, aun hoy, siguen vinculados a la escuela al ser abuelos de alumnos.

Mercedes, 20 de agosto de 2008.

De acuerdo a lo planteado por Maestra Directora de Escuela N° 92, ante planteamiento de Ex alumnos de la misma, para nominar a este Centro Docente con el nombre de la primera Maestra Sra. Elvira Justa Peré Peruzzo:

1) Se mantiene comunicación telefónica con Maestra Directora para verificar fecha de fallecimiento de esta Señora, siendo la correcta el 17 de diciembre de 1995.

2) Visto los antecedentes y no habiendo oposición de tipo alguno y cumpliéndose con el Art. 4 del Reglamento para las nominaciones establecido por Cir. 166 del 21/10/96.

3) Se ha contemplado la presentación de documentación establecida en el Art. 7 del mismo Reglamento.

Se estima pertinente elevar al Acuerdo de Inspectores para su aprobación y posterior elevación.

Mtra. Martha Jiménez

Inspectora de Zona

Oficinas Escolares, 21 de agosto de 2008.

Pase a Acuerdo de Inspectores

Edgardo Lino Andino Cuesta

Maestro de Educación Primaria.

ANEP

Consejo de Educación Primaria

Montevideo, 9 de setiembre de 2008.

Informe N° 408/08

Sra. Directora del Consejo de Educación Primaria

Mag. EDITH MORAES.

Se eleva a usted para su consideración Memorando N° 811/08 procedente de la Inspección Departamental de Soriano con gestión interpuesta por la Dirección de la Escuela N° 92 Rural de ese departamento solicitando nominar a dicho centro docente, con el nombre "ELVIRA JUSTA PERE PERUZZO", contando con el aval del Acuerdo de Inspectores N° 19, de fecha 22/08/08.

De acuerdo a lo expuesto por la Inspección Departa-mental a fs. 13 y teniendo en cuenta lo dispuesto en Circular N° 166/96 del Consejo de Educación Primaria, se considera que debería accederse a lo solicitado.

Saluda a usted atentamente.

Luis Belora

Inspector General Región N° 4

V°B° Yolanda Delgado

Inspectora General Región N° 3

ENCARGADA DE DESPACHO

UNIDAD LETRADA

Montevideo, 10 de diciembre de 2008.

Compartiendo lo informado a fs. 18, no se tienen objeciones que formular a la propuesta de nominación de la Escuela N° 92, Rural del departamento de Soriano con el nombre "ELVIRA JUSTA PERE PERUZZO", con lo informado pase a Tramitación General.

Dr. Jaime Greif

Encargado de Dirección

UNIDAD LETRADA

CODICEN

Administración Nacional de

Educación Pública

Consejo Directivo Central

Montevideo, 29 de enero de 2009.

VISTO: Estas actuaciones elevadas por el Consejo de Educación Primaria por las que solicita denominar "Elvira Justa Peré Peruzzo" a la Escuela Rural N° 92 de Colonia Agraciada del departamento de Soriano;

RESULTANDO: Que la petición de obrados cuenta con el apoyo de la Dirección, cuerpo Docente y vecinos del citado Centro Educativo;

CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 49, Acta Ext. N° 92 de fecha 6 de noviembre de 2008 el Desconcentrado eleva estos obrados con opinión favorable;

ATENTO: A lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA;

RESUELVE:

1) Elevar con la opinión favorable de esta Administración a la iniciativa formulada por el Consejo de Educación Primaria para designar "Elvira Justa Peré Peruzzo" a la Escuela Rural N° 92 de Colonia Agraciada del departamento de Soriano.

2) Remitir copia autenticada de la presente resolución al Ministerio de Educación y Cultura a todos sus efectos.

Pase a la Sección Comunicaciones a efectos de la remisión dispuesta. Cumplido, vuelva al Consejo de Educación Primaria a la espera de la nominación dispuesta.

Dr. Luis Yarzábal

Presidente

CODICEN

Dra. Gabriela Almirati Saibene

Secretaria General

CODICEN.

Ministerio de Educación y Cultura

Dirección de Educación

Montevideo, 1° de abril de 2009.

Habiéndose tomado conocimiento de las presentes actuaciones y en el entendido que la presente solicitud cuenta con la opinión favorable de las Autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, esta Dirección no encuentra objeciones que formular al respecto.

Por lo expuesto, pase a Asesoría Letrada (Resoluciones).

Prof. Daniel Martínez

Secretario Técnico de

la Dirección de Educación."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: teniendo en cuenta que el señor Senador Penadés -que es el Miembro Informante- no se encuentra presente, si no hay inconveniente por parte de los demás integrantes de la Comisión de Educación y Cultura, voy a fundamentar la designación "Elvira Justa Peré Peruzzo" para la Escuela Rural Nº 92, de Colonia Agraciada, en el departamento de Soriano.

La señora Elvira Justa Peré Peruzzo nació el 25 de febrero del año 1915. Fueron trece hermanos, de los cuales tres se dedicaron a la labor docente: Leontina, que era la mayor, Elvira y Araceli, que era menor que Elvira.

Nació en Colonia Agraciada, departamento de Soriano, en la época en que las parteras iban a los domicilios. Desde muy joven, con apenas 15 años de edad, empezó a ejercer la docencia. A su escuela iban muchos niños a los que, debido a su vocación de ayudarlos, comenzó a dar educación, enseñándoles a escribir y a leer. Fue entonces que comenzó su actividad, sin estar recibida ni ser docente titulada.

De esa manera comenzó a funcionar la Escuela Nº 92 de Colonia Agraciada. Aún hoy se observan vestigios de aquella añeja casa y se conservan restos de su construcción y del parque arbolado que la rodeaba, donde se destaca la histórica palmera de "la escuela de Peré", como se ha conocido hasta nuestros días la Escuela Nº 92. Dicha edificación está situada aproximadamente a dos cuadras del local actual, lo que hace posible una vivencia diaria de "la historia escolar", y para los hijos de Elvira -que tuvo siete-, sobre todo, es emotivo recordar las anécdotas escolares cuando hoy visitan la escuela.

Entre 1930 y 1935, el 50% del sueldo de Elvira fue pagado por la Junta Local de Agraciada y, el resto, por los padres de los chicos que concurrían a la escuela de Peré. En 1935, contando Elvira con veinte años, se funda la denominada Escuela Auxiliar Nº 14, que sigue funcionando en la casa donde ella había nacido y trabajado como docente. Esas escuelas fueron creadas por la ley de Eduardo Víctor Haedo y, si bien ella no tenía título, a partir de ese momento su sueldo fue pagado por el Estado. Pasado el tiempo, percibió sus haberes jubilatorios como docente.

Elvira contrajo matrimonio con 32 años en 1947 y continuó trabajando como docente en su casa paterna. En 1951, con 36 años, trasladó su domicilio a cinco kilómetros de su radio escolar, viajando diariamente hasta el año 1953, cuando finalizó su labor docente.

La escuela siguió funcionando con el nombre antes mencionado hasta aproximadamente el año 1958, en que es denominada "Escuela Rural Nº 92".

Falleció el 17 de diciembre de 1995 en Nueva Palmira. Toda la comunidad escolar destaca su invalorable tarea en la zona, haciendo posible la primera educación de muchos niños, algunos de los cuales aún hoy siguen vinculados a la escuela al ser abuelos de alumnos.

La Inspección Departamental de Primaria de Soriano, ante el planteo realizado por la Maestra Directora de la Escuela Nº 92, analizó denominar este Centro Docente con el nombre de su primera maestra, la señora Elvira Justa Peré Peruzzo. Se mantuvo comunicación con la Maestra Directora para verificar la fecha de su fallecimiento. Vistos los antecedentes y que se había contemplado la presentación de la documentación establecida en el artículo 7º del Reglamento para las nominaciones, la Inspectora de Zona, Maestra Martha Giménez, le dio el visto bueno, a lo que también se unió el Inspector Edgardo Lino Andino Cuesta. Posteriormente, la Administración Nacional de Educación Pública tomó una resolución, firmada por el Inspector General de la Región Nº 4, Luis Belora, y el 29 de enero de 2009, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública elevó estas actuaciones con opinión favorable para que se designe con el nombre "Elvira Justa Peré Peruzzo" la Escuela Rural Nº 92 de Colonia Agraciada, departamento de Soriano. Esto fue firmado por el Presidente del CODICEN, doctor Luis Yarzábal.

Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa que se ha puesto hoy a consideración del Plenario.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Elvira Justa Peré Peruzzo’ la Escuela Rural Nº 92 de Colonia Agraciada, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

16) "POETA LALO MENDOZA"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el cual se designa ‘Poeta Lalo Mendoza’ la Escuela Rural Nº 132, de Educación Especial, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (Carp. Nº 1498/09 - Rep. Nº 1037/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1498/09

Rep. N° 1037/09

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Desígnase "Poeta Lalo Mendoza" la Escuela Rural N° 132 de Educación Especial, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

Sala de la Comisión, 5 de mayo de 2009.

Gustavo Penadés, Miembro Informante; Alberto Cid, Germán Lezama, Eduardo Lorier, Julio María Sanguinetti, Lucía Topolansky. Senadores.

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 20 de abril de 2009.

Sr. Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña por el cual se designa la Escuela Rural N° 132 de Educación Especial del departamento de Rivera, con el nombre de "Poeta Lalo Mendoza".

La propuesta efectuada por la Comisión Fomento, Dirección, personal docente y no docente de dicho centro, cuenta con el apoyo y los informes favorables de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente y por su intermedio al resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con su mayor consideración.

RODOLFO NIN NOVOA

Vicepresidente de la República

en ejercicio de la Presidencia

María Simon

Ministra de Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Desígnase a la Escuela Rural N° 132 de Educación Especial, del departamento de Rivera, con el nombre de "Poeta Lalo Mendoza".

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, archívese.

María Simon

Ministra de Educación y Cultura.

Administración Nacional de

Educación Pública

Consejo Directivo Central

Montevideo, 19 de mayo de 2009.

VISTO: Estas actuaciones elevadas por el Consejo de Educación Primaria por las que solicita denominar "Poeta Lalo Mendoza" a la Escuela Rural N° 132 del departamento de Rivera.

RESULTANDO: Que dicha gestión cuenta con el apoyo de la Dirección, Cuerpo Docente y Comisión Fomento del citado Centro Educativo.

CONSIDERANDO: I) Que las Inspecciones actuantes del Consejo de Educación Primaria estiman que debería accederse a lo solicitado;

II) Que por Resolución N° 10, Acta Ext. N° 15 de fecha 10 de marzo de 2008 el Desconcentrado eleva los presentes obrados con opinión favorable;

ATENTO: a lo expuesto;

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA;

RESUELVE:

1) Elevar con la opinión favorable de esta Administración a la iniciativa formulada por el Consejo de Educación Primaria para designar "Poeta Lalo Mendoza" a la Escuela Rural N° 132 del departamento de Rivera.

2) Remitir copia autenticada de la presente resolución y de fojas 12, 14 y 15 al Ministerio de Educación y Cultura con destino al Poder Legislativo a todos sus efectos.

Pase a la Sección Comunicaciones a efectos de la remisión dispuesta. Cumplido, vuelva al Consejo de Educación Primaria a la espera de la nominación dispuesta.

Dr. Luis Yarzábal

Presidente

CODICEN."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Los miembros de la Comisión de Educación y Cultura aprobaron este proyecto por unanimidad.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑORA SECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Poeta Lalo Mendoza’ la Escuela Rural Nº 132 de Educación Especial, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: deseo agregar que esta propuesta fue efectuada por la Comisión de Fomento, la Dirección y el personal docente y no docente de dicho Centro. A su vez, contó con el apoyo y los informes favorables de la Administración Nacional de Educación Pública, por lo que contempla totalmente las aspiraciones de los vecinos de la zona.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A TERCEROS POR DETERMINADOS VEHICULOS DE CIRCULACION TERRESTRE Y MAQUINARIAS

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Antes de que se realizara el cuarto intermedio, habíamos propuesto dos mociones de orden que no fueron votadas: una para que se reparta, se declare urgente y se ponga de inmediato a consideración del Cuerpo la prórroga de la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.412, sobre seguro obligatorio para automotores, y la otra para que se incluya en el Orden del Día de mañana el proyecto de ley que viene con informe de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, referido a la nueva terminal de contenedores de Montevideo.

Por lo tanto, solicito que se pongan a votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se me informa que la distribución del proyecto relativo a los seguros ya fue hecha, por lo que habría que votar la moción de urgencia y ponerlo a consideración.

Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Vaillant en el sentido de declarar urgente y considerar de inmediato el proyecto de ley que prorroga la entrada en vigencia de la obligatoriedad de los seguros para automotores.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En consecuencia, el Senado ingresa a su consideración: "Proyecto de ley por el que se prorroga la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.412, de 17 de noviembre de 2008. (Carp. Nº 1505/09 - Dist. Nº 3163/09)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1505/09

Dist. 3163/09

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medioambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 24 de abril de 2009.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo adjuntando el Proyecto de Ley mediante el cual se prorroga la entrada en vigencia de la Ley N° 18.412, de 17 de noviembre de 2008.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Daisy Tourné, María Julia Muñoz, Marina Arismendi, Eduardo Bonomi, Héctor Lescano, Víctor Rossi, Alvaro García, José Bayardi, Carlos Colacce, Felipe Michelini, Daniel Martínez.

Ministerio de

Economía y Finanzas

EXPOSICION DE MOTIVOS

Mediante la Ley N° 18.412, de 17 de noviembre de 2008, se crea el Seguro Obligatorio a los efectos de cubrir los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos automotores y acoplados remolcados, prohibiendo la circulación de aquellos que carezcan de la cobertura correspondiente.

Esta Ley en su artículo 20, crea un Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales, el cual será administrado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, haciéndose -el mismo- cargo parcialmente de las coberturas especiales previstas con las siguientes proporciones: dos tercios durante el primer año de la vigencia de la Ley; un tercio durante el segundo año y quedando a cargo de la entidad aseguradora en su totalidad a partir del tercer año.

La Ley ya promulgada el 17 de noviembre de 2008 previó en su artículo 31 que la misma entraría en vigencia a los ciento ochenta días de su promulgación, por cuyo mérito

la misma estará a vigor a partir del próximo 18 de mayo de 2009.

Es voluntad del Poder Ejecutivo -ante la inminencia de su entrada en vigor- someter a consideración del Poder Legislativo un Proyecto de Ley prorrogando por un año, a partir del 18 de mayo de 2009, la entrada en vigencia de la misma.

Lo propuesto encuentra su motivación en las dificultades de implementación y reglamentación de la misma en virtud de los múltiples agentes involucrados y la carencia de previsiones presupuestales a efectos de hacer viable la actuación de los distintos órganos estatales con competencia en la materia.

Daisy Tourné, María Julia Muñoz, Marina Arismendi, Eduardo Bonomi, Héctor Lescano, Víctor Rossi, Alvaro García, José Bayardi, Carlos Colacce, Felipe Michelini, Daniel Martínez.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Prórrogase la entrada en vigencia de la Ley N° 18.412, de 17 de noviembre de 2008, hasta el 19 de mayo de 2010.

Daisy Tourné, María Julia Muñoz, Marina Arismendi, Eduardo Bonomi, Héctor Lescano, Víctor Rossi, Alvaro García, José Bayardi, Carlos Colacce, Felipe Michelini, Daniel Martínez.

DISPOSICION CITADA

LEY N° 18.412,

DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2008

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A TERCEROS POR DETERMINADOS VEHICULOS DE CIRCULACION TERRESTRE Y MAQUINARIAS

ESTABLECIMIENTO DE UN SEGURO OBLIGATORIO

Artículo 1°. (Creación).- Créase un seguro obligatorio que cubra los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidente causado por vehículos automotores y acoplados remolcados.

Prohíbese la circulación de dichos vehículos que carezcan de la cobertura del seguro referido.

Artículo 2°. (Definición de accidente).- A los efectos de esta ley, accidente es todo hecho del cual resulta un daño personal, de lesión o muerte, sufrido por un tercero, determinado en forma cierta, aun en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 3°. (Automotores excluidos).- Están excluidos de la aplicación del artículo 1° de la presente ley.

A) Los automotores que circulen sobre rieles.

B) Los automotores utilizados exclusivamente en el interior de establecimientos industriales, comerciales, agropecuarios, de playas ferroviarias o de cualquier otro lugar al que no tenga acceso el público.

C) Los vehículos que se encuentren en depósito judicial.

D) En general, todo vehículo no utilizado para la circulación vial.

Artículo 4°. (Vehículos matriculados en el extranjero).- Los vehículos matriculados en países extranjeros o ingresados en régimen de admisión temporaria, están igualmente sujetos a las obligaciones de esta ley, sin perjuicio de los convenios internacionales celebrados por la República.

Artículo 5°. (Efectos del seguro).- La póliza comprenderá los siniestros que puedan ser causados por partes desprendidas del vehículo o por las cosas transportadas en él o por él.

Artículo 6°. (Exclusiones).- No se considerarán terceros a los efectos de esta ley:

A) El propietario del vehículo, el tomador del seguro y el conductor, así como el cónyuge o concubino y los ascendientes o descendientes por consaguinidad o afinidad o por adopción y los parientes colaterales hasta el segundo grado de cualquiera de ellos, respecto del seguro del mismo vehículo.

B) Los dependientes a cualquier título del propietario, tomado del seguro o conductor, cuando se encuentren en el mismo vehículo, desempeñando tareas que tengan otra cobertura de seguro.

C) Las personas transportadas en el vehículo a título oneroso que tengan otra cobertura de seguro.

D) Los ocupantes de vehículos hurtados, salvo que probaren el desconocimiento de dicha circunstancia o no hubiera mediado voluntad en ocupar el vehículo.

E) La víctima o sus causahabientes, cuando haya mediado dolo de su parte para la producción de las lesiones o la muerte.

Artículo 7°. (Titular del seguro).- El titular del seguro será, indistintamente, el propietario, el usuario o quien tenga la guarda material del vehículo. La póliza hará referencia a la calidad del contratante.

El cambio de titular del seguro importará la cesión del contrato. El cesionario estará sujeto a iguales obligaciones que el cedente.

Artículo 8°. (Límites del seguro).- El seguro obligatorio tendrá una cobertura máxima de 150.000 UI (ciento cincuenta mil unidades indexadas), por vehículo asegurado y por accidente, durante el primer año de la vigencia de la presente ley. Dicho límite máximo se aumentará a 200.000 UI (doscientas mil unidades indexadas), durante el segundo año, y a 250.000 UI (doscientas cincuenta mil unidades indexadas), a partir del tercer año.

Las lesiones se indemnizarán según porcentajes determinados sobre el total asegurado.

La incapacidad total y permanente, de acuerdo con el dictamen médico, podrá alcanzar una indemnización del 100% (cien por ciento) del capital asegurado, equivalente al del caso de muerte.

Si de un mismo accidente resultaren varios damnificados, la indemnización correspondiente a cada uno de ellos se ajustará proporcionalmente al monto asegurado, sin que se pueda exceder el límite de este.

Artículo 9°. (Inalterabilidad de la suma asegurada).- El pago de las indemnizaciones con cargo a una póliza no implicará reducción de la suma asegurada ni modificará la prima pagada.

Las entidades aseguradoras darán cuenta a la Superin-tendencia de Seguros y Reaseguros cuando consideren el caso de un riesgo agravado en razón de la siniestralidad y podrán aumentar la prima a la renovación del seguro.

Artículo 10. (Condiciones y primas de referencia).- Las entidades aseguradoras informarán a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros las condiciones y primas de referencia que seguirán en función de cada categoría de vehículos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 16.426, de 14 de octubre de 1993, y por el Decreto N° 354/994, de 17 de agosto de 1994.

Artículo 11. (Libertad de contratación).- Las entidades aseguradoras autorizadas en la rama de automóviles deberán operar el seguro obligatorio.

El obligado o quien tenga interés en el seguro tendrá libertad de contratación entre las distintas entidades aseguradoras. Estas emitirán la póliza solicitada y el certificado, previo pago de la prima correspondiente.

Las entidades aseguradoras no podrán negar la cobertura salvo cuando el vehículo no reúna las condiciones de asegurabilidad establecidas por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

Simultáneamente a la emisión del certificado se entregará al asegurado un distintivo visible para colocar en el vehículo que lo identifique como habiendo cumplido con el seguro obligatorio.

Artículo 12. (Procedimiento obligatorio).- El solicitante o sus causahabientes deberán presentar el reclamo directamente ante la entidad aseguradora, acreditando su derecho y el daño, acompañando los elementos de prueba de que dispone para justificarlos.

Recibido el reclamo, la entidad lo procesará y dará respuesta a los reclamantes en un plazo no mayor de treinta días hábiles.

Transcurrido el término o en caso de denegatoria, quedará expedita a los interesados la vía judicial.

El solicitante deberá someterse a la verificación de las lesiones, así como permitir las diligencias que disponga la entidad aseguradora para calificar el reclamo solicitado, sin perjuicio de la presentación de los informes elaborados a su solicitud.

Artículo 13. (Vía judicial).- Para exigir el cumplimiento de la acción indemnizatoria en vía judicial, los titulares mencionados en el inciso primero del Artículo 12 de la presente ley, tendrán acción directa contra el asegurador del vehículo que ha producido el daño, no pudiendo excederse del límite del seguro obligatorio.

Para esta acción se seguirá el procedimiento indicado por los Artículos 346 y siguientes del Código General del Proceso.

Artículo 14. (Prescripción).- El plazo de prescripción de esta acción es de dos años a contar desde el hecho generador del perjuicio. Dicho plazo se interrumpirá por las causas establecidas en el derecho común.

Artículo 15. (Inoponibilidad de excepciones).- El asegurador no podrá oponer al accionante las excepciones que tenga contra el asegurado en virtud del contrato de seguro, ni las que provengan de caso fortuito o fuerza mayor, o hecho de terceros, sin perjuicio de las exclusiones dispuestas por el Artículo 6° de la presente ley.

Artículo 16. (Acción de repetición).- Las entidades aseguradoras podrán repetir contra el propietario del vehículo o contra el tomador del seguro, las cantidades pagadas a los reclamantes cuando:

A) Los contratantes hubieran incumplido sus obligaciones establecidas en la póliza.

B) El vehículo no tuviera seguro en vigencia.

C) El daño se produjera mediando dolo del propietario, usuario, o conductor, o por culpa grave en el mantenimiento del vehículo.

D) Se haya modificado el destino de uso del vehículo de modo que constituya un agravamiento del riesgo.

Artículo 17. (Procedimiento para la acción de repetición).- Para la acción de repetición se aplicará el procedimiento extraordinario previsto por los artículos 346 y siguientes del Código General del Proceso.

Si el asegurador solicitara medidas cautelares según los Artículos 311 y siguientes del mismo Código, probada sumariamente la existencia de su derecho, serán decretadas sin más trámite por el Tribunal.

La prestación de contracautela no será exigida al asegurador en este caso.

Artículo 18. (Subrogación).- Por el solo pago de la indemnización y hasta dicho monto, la entidad aseguradora queda subrogada en los derechos de la persona indemnizada contra el tercero responsable del daño.

Artículo 19. (Coberturas especiales).- Los damnificados o sus causahabientes serán indemnizados por el procedimiento de los Artículos siguientes, cuando los daños sean producidos por:

A) Un vehículo no identificado.

B) Un vehículo carente de seguro obligatorio.

C) Un vehículo hurtado u obtenido con violencia.

Artículo 20. (Creación del Fondo de Indemnización).- Créase un Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales, el cual será administrado por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV).

Dicho Fondo se hará cargo parcialmente de las coberturas especiales previstas en el Artículo anterior, en las siguientes proporciones:

A) Durante el primer año de vigencia de la presente ley, el Fondo abonará los dos tercios de las sumas correspondientes a las coberturas especiales siendo el restante tercio de cargo de la entidad aseguradora designada conforme al procedimiento del Artículo 22 de la presente ley.

B) Durante el segundo año, el Fondo abonará un tercio de las sumas correspondientes a coberturas especiales, siendo los restantes dos tercios de cargo de la entidad aseguradora designada conforme al procedimiento del Artículo 22 de la presente ley.

C) A partir del tercer año, la totalidad de las sumas a abonar por coberturas especiales será de cargo de la entidad aseguradora designada, conforme al procedimiento del Artículo 22 de la presente ley.

Artículo 21. (Recursos del Fondo).- Al mencionado Fondo se destinará la totalidad de los recursos provenientes de las multas percibidas en virtud de las sanciones a que refiere la presente ley.

Los recursos precitados que no se utilicen en el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Artículo 20 de la presente ley, se constituirán en recursos extrapresu-puestales de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (literal K) del artículo 6° de la Ley N° 18.113, de 18 de abril de 2007).

Artículo 22. (Procedimiento en los reclamos).- La Superintendencia de Seguros y Reaseguros indicará el nombre y domicilio de la entidad aseguradora que procesará el reclamo en cada caso. A tal efecto operará en la misma un Centro de Distribución de dichos reclamos. Para la adjudicación del reclamo entre las entidades aseguradoras, estas informarán al 31 de diciembre de cada año a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros la cantidad de contratos de seguro obligatorio celebrados con posterioridad a la vigencia de la presente ley. Con esta información la Superintendencia de Seguros y Reaseguros determinará la cantidad proporcional de reclamos que le corresponderá atender a cada entidad aseguradora durante el año siguiente.

Tanto los reclamos pagados con su correspondiente cuantía como los denegados serán informados mensualmente a la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

Al finalizar cada ejercicio la Superintendencia de Seguros y Reaseguros comunicará a las entidades aseguradoras las compensaciones recíprocas que deberán realizar a los efectos de que los montos indemnizados guarden debida relación con los reclamos atendidos.

Las compensaciones recíprocas serán obligatorias para las entidades aseguradoras.

Si se procediera judicialmente según el Artículo 13 de la presente ley, la acción deberá dirigirse contra la misma empresa aseguradora indicada por el Centro de Distribución.

Esta disposición comenzará a regir a partir de los ciento ochenta días de la entrada en vigencia de esta ley.

Artículo 23. (Seguro de automóvil con cobertura de mayor cuantía).- Si el vehículo comprendido en las disposiciones de esta ley estuviera amparado por un seguro que cubriera la responsabilidad civil del obligado en mayor cuantía que el seguro obligatorio, se considerará cumplida la exigencia del Artículo 1° de la presente ley.

En estos casos tanto la entidad aseguradora, como el asegurador, tomador del seguro o conductor, estarán sujetos a las disposiciones del seguro obligatorio dentro de los límites previstos por este.

Artículo 24. (Daños no cubiertos por el seguro obligatorio).- El derecho de los damnificados de acuerdo a esta ley, no afecta el que pueda corresponderles por mayor indemnización según el derecho común.

Las reclamaciones amparadas y los fallos judiciales que se dictaren en aplicación del seguro obligatorio, no constituirán precedentes para las acciones que se deduzcan según el derecho común.

Las indemnizaciones pagadas con cargo a las pólizas de seguro obligatorio o hasta su límite, en el caso del Artículo 23 de la presente ley, serán descontadas de las cantidades resarcidas posteriormente por mayor cuantía, por los mismos daños.

Artículo 25. (Infracciones y sanciones).- El Ministerio del Interior procederá al secuestro de todo vehículo automotor que circule sin seguro obligatorio y dispondrá su depósito a cargo del propietario, poseedor o guardador de hecho del mismo.

No obstante, la autoridad competente podrá autorizar por única vez su desplazamiento precario estableciendo las condiciones para ello.

Se le aplicará, además, una multa equivalente al importe promedio del costo del seguro referido del mercado en esta ley, cuyo destino será el Fondo de Indemnización de Coberturas Especiales a que refiere el Artículo 20 de la presente ley.

Una vez acreditada ante la autoridad pública interviniente la contratación del seguro, procederá la recuperación del vehículo secuestrado y depositado.

Las Intendencias Municipales cuando comprueben la circulación de vehículos que carezcan del seguro obligatorio, deberán denunciarlo ante el Ministerio del Interior a los efectos dispuestos por el presente Artículo.

Artículo 26. (Control de infractores).- El Ministerio del Interior y las Intendencias Municipales efectuarán el control del cumplimiento de esta ley. En el caso de accidentes de tránsito con lesionados el control del Ministerio del Interior será preceptivo, debiendo aplicarse las sanciones previstas en el Artículo anterior.

Artículo 27. (Contralor).- Sin el previo control de la vigencia del seguro que se crea por esta ley:

A) Los Registros Públicos no podrán inscribir títulos de propiedad, contratos de prendas u otros documentos que afecten la titularidad de los vehículos automotores.

B) Los Municipios no podrán realizar transferencias municipales, cesiones, empadronamientos, reem-padronamientos, cambios de motor o chasis, otorgar certificados de libre de deuda y antecedentes.

Artículo 28. (Oficinas competentes).- Las oficinas competentes, previstas en el Artículo 26 de la presente ley, deberán controlar que los vehículos se encuentren asegurados a partir de la vigencia de esta ley. Transcurridos tres años de dicha fecha, deberá efectuarse el contralor de la vigencia del seguro durante los tres años anteriores al trámite que se pretenda efectuar. Para el caso de vehículos nuevos o de antigüedad menor a dicho lapso, deberá controlarse la vigencia del seguro desde el empadronamiento original.

De no poderse acreditar por parte del interesado la existencia del seguro obligatorio previsto en la presente ley durante el plazo referido en este Artículo, se podrá proceder a la realización del trámite de que se trate mediante el pago de una multa equivalente al importe promedio del costo del mercado del seguro referido en esta ley.

Artículo 29. (Vehículos oficiales).- Los vehículos automotores de propiedad del Estado están comprendidos en la obligatoriedad de asegurar de acuerdo con lo establecido por esta ley.

Los seguros serán contratados según el Artículo 1° de la Ley N° 16.426, de 14 de octubre de 1993.

Los damnificados por vehículos oficiales tendrán acción directa contra el Banco de Seguros del Estado en la forma y condiciones, previstas en los Artículos anteriores.

Artículo 30. (Declaración de orden público).- Las disposiciones de la presente ley son de orden público.

Artículo 31. (Vigencia).- Esta ley entrará en vigencia a los ciento ochenta días de su promulgación.

Artículo 32. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley en un plazo de ciento cincuenta días a partir de su promulgación."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Este Mensaje llegado del Poder Ejecutivo se pensó enviar, en primera instancia, a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero por lo que se verá, estimamos conveniente no hacerlo porque imposibilitaría su viabilidad.

Mediante la Ley Nº 18.412, de noviembre de 2008, se creó el seguro obligatorio a los efectos de cubrir los daños que sufran terceras personas como consecuencia de accidentes causados por vehículos automotores y acoplados remolcados, prohibiendo la circulación de aquellos que carezcan de la cobertura correspondiente. Como se dijo, esta ley fue promulgada en noviembre de 2008, y como su artículo 31 preveía su entrada en vigencia a los 180 días de su promulgación, debería hacerlo a partir del 18 de mayo de 2009. El Poder Ejecutivo ha enviado un Mensaje solicitando una prórroga para esa entrada en vigencia basándose, fundamentalmente, en la imposibilidad de cumplir con su implementación y reglamentación en dicho plazo. Esto se debe a que se tardó en completar una campaña de adecuada difusión del tema, que era lo que había generado la inclusión de este plazo. La Bancada de Gobierno ha resuelto que por esas causas sería necesario extender el plazo para su entrada en vigencia, pero no por doce meses, como fue solicitado originalmente, sino solo por noventa días.

En consecuencia, el artículo único de este proyecto de ley que proponemos diría: "Prorrógase la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.412, de 17 de noviembre de 2008, hasta el 19 de agosto de 2009."

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: la Bancada del Partido Nacional acompañó este proyecto de ley teniendo en cuenta que en estos tiempos los accidentes de tránsito constituyen la tercera causa de muerte en el país y la primera entre los jóvenes; creo que fallecen 600 uruguayos cada año por esta causa y hay miles de lesionados. En todos los países desarrollados del mundo existe esta cobertura de seguro contra terceros, pero en su momento mencionamos algunas reservas sobre su implementación, y creo que en el proyecto del Poder Ejecutivo, más que la falta de una campaña publicitaria, se señalan las dificultades en este sentido.

Al margen de que esta idea está muy bien y el propósito es muy elevado porque es garantista para todos los uruguayos, no va a ser fácil de aplicar. Quienes tenemos alguna experiencia en gobiernos departamentales sabemos que a la gente le cuesta pagar la patente, por lo que en mucha mayor medida le va a costar pagar un seguro obligatorio, y en el caso de los birrodados eso tendrá mayor incidencia. Es más, cuando analizamos este tema en la Comisión de Constitución y Legislación -por lo menos por lo que yo recuerdo, ya que hace un tiempo que sucedió-, entendimos que los vehículos automotores eran los automóviles y los camiones, pero no las motos. Después se entendió que ese término genérico también las comprendía, pero me parece que su implementación práctica va a ser más trabajosa. Supongo que la UNASEV lo ha percibido, y por eso le debe de haber comunicado al Poder Ejecutivo que iba a ser difícil de aplicar e implementar. Precisamente, el fondo compensatorio que se crea es para atender los incumplimientos que se van a generar. Los que hemos vivido en el interior sabemos que muchos de los titulares de los automóviles viejos que circulan deben años de patente y no se van a asegurar, por lo que esa deuda tendrá que ser cubierta por el fondo de compensaciones recíprocas de las compañías aseguradoras. El Estado se va a hacer cargo de los dos tercios de ese fondo en el primer año, después de un tercio, y finalmente se harán cargo las aseguradoras. Por eso me temo que, en definitiva, este costo se traslade al precio de las primas de los seguros y terminemos haciéndonos cargo los que pagamos los seguros. De todos modos, son los riesgos que hay que correr.

Sinceramente, ante la disyuntiva de votar una prórroga -que estamos dispuestos a acompañar-, me parece mucho más realista la posición del Poder Ejecutivo de pedir un año de prórroga para su implementación y no tres meses para una campaña publicitaria que ya se podría haber hecho. En realidad, no hay motivos para no haberla realizado, ya que se sabía que después del Día de la Batalla de Las Piedras esta ley iba a tener plena vigencia y aplicación. Entonces, en lo personal, votaría la prórroga por un año, ya que creo que debemos estar muy lejos de la posibilidad de implementar esta idea.

Me parece que es mejor dar una prórroga más larga, que terminar desacreditando la norma, porque no hay nada peor que una ley que no se cumple. En el interior del país, sobre todo, hay innumerables disposiciones de la nueva ley de tránsito que no se cumplen en absoluto. Quien circule por las ciudades de otros departamentos verá que nadie maneja con las luces cortas encendidas -en Montevideo sí se cumple la disposición, porque de lo contrario se aplica multa- y que el uso de los cascos por parte de quienes circulan en motos brilla por su ausencia en casi todas las villas, pueblos y ciudades. Menos aún se cumple la norma sobre el uso obligatorio del cinturón de seguridad, que nunca se lo vi puesto a nadie. Los que están haciendo campaña política seguramente lo habrán advertido, porque han salido de los límites de la capital.

Entonces, me parece mucho mejor establecer una prórroga más larga y lograr una buena implementación para que la ley se cumpla, que tener una ley que sea como un cenicero de moto, que no se usa.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que el tema que tenemos a consideración en el día de hoy no es, en realidad, el referido a los plazos y las prórrogas. Me parece que aquí hay un problema de fondo que deberíamos revisar -por distintas circunstancias que me voy a permitir señalar-, a efectos de priorizar un mínimo de orden en este tema que, a mi juicio, debería ser considerado por el Poder Ejecutivo y por la Comisión correspondiente del Senado de la República.

En primer lugar deseo señalar que no soy partidario de que ningún proyecto de ley llegue a Sala sin pasar por la Comisión; me parece que no es una buena práctica, ya que limita el intercambio fundamental de opiniones para poder, a veces, aclarar el alcance de un proyecto de ley y, otras, para analizar sus modificaciones más importantes.

En segundo término, creo que corresponde resaltar cuáles son los motivos que llevan al Poder Ejecutivo a pedir una prórroga por el término de un año, que están contenidos en los últimos cinco renglones de la exposición de motivos, donde se dice que "Lo propuesto" -es decir, la prórroga- "encuentra su motivación en las dificultades de implementación y reglamentación de la misma en virtud de los múltiples agentes involucrados y la carencia de previsiones presupuestales a efectos de hacer viable la actuación de los distintos órganos estatales con competencia en la materia".

Da la impresión de que problemas de estas características, tanto en lo que refiere a la carencia de previsiones presupuestales como a la multiplicidad de agentes vinculados a la implementación de la ley, no se resuelven en un plazo de noventa días.

A todo esto debemos agregar que si comparamos la situación económica que vive el país hoy con la que tenía en el momento en que se aprobó esta ley, es evidente que ha cambiado en forma sustancial. En consecuencia, a mucha gente se le va a hacer muy difícil poder pagar la prima que con carácter obligatorio se va a establecer para todos los vehículos. Esta es una circunstancia que a nosotros nos pesa enormemente y que nos hace repensar la oportunidad de la vigencia de esta ley.

Además, hay que tener en cuenta la interpretación que está haciendo hoy el Banco de Seguros del Estado -que va a tener una significación de gran trascendencia, porque seguramente será la misma que llevarán adelante las demás empresas que se dedican al tema de los seguros, y probablemente también va a influir en la interpretación y aplicación de la ley- en el sentido de que por vehículos automotores se entiende también a los ciclomotores, a las motocicletas, e incluso, según se me ha dicho, a los denominados "mosquitos", que no son otra cosa que bicicletas con motor. Desde nuestro punto de vista, si se llega a ese nivel, se estaría incorporando un elemento que debería ser considerado por el Parlamento y discutido en la Comisión; me parece que tenemos que excluir a los ciclomotores del alcance de la ley. Evidentemente, en este momento están incluidos, insisto, porque así lo considera el Poder Ejecutivo y porque en el artículo 3º se establece específicamente cuáles son los automotores excluidos, entre los cuales no figuran los ciclomotores.

Consideramos que este tema debería ser repensado, porque no estamos hoy en condiciones de establecer una circunstancia de estas características.

Por otra parte, como consecuencia de la situación económica que vive el país y en atención de los distintos alcances que va tomando la ley cuya entrada en vigencia hoy se pretende suspender, creo que estamos asistiendo a una contradicción que surge del propio texto, que por un lado pretende establecer lo que vulgarmente se conoce como "seguro obligatorio" -cosa que no es así, pero dejemos este tema para más adelante- y en ese entendido se le da facultades al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, para actuar en aquellos casos en que los vehículos no estén asegurados, pero por otro lado se establece la indemnización para aquellos que sufran accidentes en los que estén involucrados vehículos que no estén asegurados. Esto debilita enormemente el alcance del pretendido "seguro obligatorio", que en realidad, como decía, no es tal. Lo que esta ley establece -esa es la gran innovación- es la creación de un Fondo que surge de lo que se recauda a nivel de los seguros, para indemnizar daños personales de lesión o muerte sufridos por terceros en aquellos accidentes en los que no existan seguros que puedan cubrir el daño que surja de esas circunstancias. En realidad, de alguna manera, lo que se está creando es un impuesto disfrazado, para poder atender situaciones de estas características.

Por todas estas razones, señor Presidente, nos parece que la prórroga, que nosotros vamos a acompañar, debería tener como propósito -mucho más que reglamentar la acción de los agentes involucrados o buscar los recursos presupuestales a efectos de hacer viable la actuación de los órganos estatales- la posibilidad de pensar en el alcance de la ley y en buena parte de su contenido. Y esto se aplica tanto al Poder Ejecutivo -que cuando llega el momento de la implementación de la Ley se da cuenta de que hay circunstancias no previstas u otras que merecen una atención especial- como al propio Poder Legislativo, en particular al Senado de la República, que debería, en Comisión, estudiar el alcance que se propone para este proyecto, como por ejemplo la posibilidad de excluir a los ciclomotores, que nos parece que hoy es casi una necesidad.

Por eso, si los integrantes del Cuerpo lo consideran pertinente, junto con la votación de este proyecto de ley -no importa si la prórroga es por noventa días o por un año; lo importante es encontrar soluciones de fondo-, vamos a pedir que se envíe al Poder Ejecutivo la versión taquigráfica de las consideraciones que se viertan en el tratamiento de este proyecto de ley, para que, por su intermedio, el Ministerio y los organismos estatales correspondientes tomen conocimiento directo de estas apreciaciones, de manera de abrir un ámbito de discusión que nos permita, mucho más que considerar una nueva prórroga -como me temo que va a ocurrir-, analizar modificaciones de fondo al proyecto, que en este momento nos parecen fundamentales.

SEÑOR ABREU.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GALLINAL.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Los señores Legisladores recordarán que el tratamiento de este tema tuvo una extensa discusión, incluso con un asesoramiento muy variado por parte de los distintos actores involucrados.

Precisamente, sin perjuicio de compartir el criterio del seguro obligatorio, una de las grandes preocupaciones que surgieron a lo largo de la discusión de este proyecto de ley tuvo que ver con las dificultades de implementación de la norma, la carencia de previsiones presupuestales -tal como lo expresa el Poder Ejecutivo-, los múltiples involucrados en el cumplimiento de esta ley y, en particular, el control que corresponde a las Intendencias, con todos los problemas que esto conlleva.

Tal como muy bien lo decía el señor Senador Gallinal, aquí está involucrado el aspecto de los automotores y, sobre todo, algunas cuestiones de carácter financiero. Obviamente, las empresas aseguradoras tenían la preocupación de verse enfrentadas a la necesidad de financiar las carencias de aquellos usuarios que no estuvieran asegurados, y ello podía repercutir en una suba de las pólizas de seguro. Finalmente, el Poder Ejecutivo termina compartiendo nuestra preocupación en forma categórica y fuerte; pide un año de prórroga, precisamente por las dificultades de implementación y reglamentación. Nadie más que el Poder Ejecutivo -y, por supuesto, todos los Ministerios involucrados- está en mejores condiciones de saber cuáles son los problemas que tiene este proyecto de ley. Evidentemente, al respecto, hemos discutido en profundidad y también planteamos algunas discrepancias puntuales con relación a algunos artículos, aunque es cierto que no tuvimos mucha suerte en cuanto a la posibilidad de realizar las modificaciones que entendemos necesarias.

Por nuestra parte, pensamos que una prórroga de noventa días en pleno año electoral -que probablemente implicaría empezar a hacer controles y requerir la participación de todos los sectores involucrados en los meses de julio o agosto-, no es lo más adecuado, o por lo menos acarrearía enormes dificultades; imaginemos lo que ocurriría si el 18 de agosto entrara en vigencia una ley que involucra controles importantísimos y sobre todo muchos actores, ya sea de carácter nacional o departamental.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Michelini)

-Entendemos que la preocupación del Poder Ejecutivo es compartible, sin perjuicio de acompañar la posibilidad de realizar agregados o modificaciones con relación a algunas cuestiones que podrían ser importantes, sobre todo a medida que el tiempo vaya transcurriendo; esto, sin perjuicio de la necesidad de legislar sobre este tema.

En definitiva, compartimos la inquietud que se plantea y acompañamos la iniciativa del Poder Ejecutivo en el sentido de que la prórroga sea por un año, a fin de no vernos involucrados en plazos perentorios o muy breves en tiempos que no son los más adecuados para comenzar a implementar una ley, dadas las dificultades que el propio Gobierno reconoce.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: finalmente, me preocupa una vez más el tema del valor de la prima del seguro. Cuando este tema fue discutido en Comisión y comparecieron ante ella el Presidente del Banco de Seguros del Estado, los integrantes del Directorio y los respectivos asesores, así como la asociación que nuclea a las empresas que trabajan en el rubro de los seguros en nuestro país -en este momento no recuerdo su nombre exacto- y las diferentes entidades vinculadas a la materia, siempre planteamos -en todos los casos- que no estábamos dispuestos a aprobar una ley de seguro obligatorio que pudiera significar un aumento del valor de la prima del seguro como consecuencia de su aplicación. Consideramos que el costo de dicha prima ya es muy elevado en nuestro país. La respuesta que recibimos en todos los casos fue que, de acuerdo con las cifras que se manejaban, no existían posibilidades de que tal cosa sucediera. Ahora, a la luz de la prórroga que el Poder Ejecutivo solicita y en función de lo que hemos conversado en el transcurso de los últimos meses con los distintos sectores vinculados a esta temática, nuestro temor se acrecienta cada día más. Vemos que no hay un convencimiento de parte del Poder Ejecutivo o de distintos organismos del Estado de que, efectivamente, en la aplicación de la ley se pueda alcanzar ese objetivo fundamental. No tiene ningún sentido aprobar una ley de seguro obligatorio en el Uruguay y que, como consecuencia de su aplicación, se termine aumentando el valor de la prima, además de incorporar, con un impuesto indirecto, a distintos sectores carenciados de la población, que si tienen una moto es, precisamente, porque no están en condiciones de acceder a otro tipo de vehículo; de lo contrario, imagino que con el riesgo enorme que conlleva el desplazarse en un vehículo de ese tipo, no lo tendrían.

Quiero agregar algo porque siento que tengo obligación de decirlo. Personalmente, cuando se aprobó esta ley no interpreté que las motos estaban incluidas. Todos creímos que la definición de "vehículos automotores" significaba, precisamente, excluir a dichos rodados; de lo contrario, habríamos agregado un literal al artículo 3º para excluirlos expresamente. Reitero que jamás interpreté que las motos estuvieran incluidas. Ahora me consta que Intendentes Municipales de distintos Partidos han tenido entrevistas con los integrantes del Directorio del Banco de Seguros del Estado, quienes han manifestado que, efectivamente, las motos sí están incluidas.

En base a estos argumentos, me parece que queda absolutamente claro que no se trata de un problema de plazos ni de prórrogas, sino que es un problema de sustancia.

Así pues, vamos a votar la prórroga, pero con un carácter meramente instrumental, a los efectos de facilitar un estudio más a fondo de la ley por parte del Poder Ejecutivo y de los propios Legisladores, para ver si en estos noventa días es posible modificarla; en su defecto, me temo que en los días previos al 18 de mayo nos encontraremos con una propuesta de la Bancada oficialista en el sentido de convocar a una sesión con el propósito de votar una nueva prórroga.

Dejo a consideración del Senado la posibilidad de que simultáneamente con la votación del proyecto de ley se vote el envío al Poder Ejecutivo de la versión taquigráfica de lo que en esta oportunidad se ha manifestado sobre el tema, o si es necesario -en caso de que se entienda que no puede incluirse en la misma votación- se ponga luego a consideración.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: estamos totalmente de acuerdo con el envío de la versión taquigráfica de esta sesión al Poder Ejecutivo. Es más: aclaramos al señor Senador preopinante que dicho Poder nos anunció algunos otros cambios a realizar a la norma, y que entendíamos que lo mejor era que los mismos, además de las modificaciones que pudiera proponer el Partido Nacional o cualquier otra agrupación política, podrían ser discutidos en la Comisión correspondiente.

Lo importante es que existe apertura en la discusión del tema, y ya hemos dicho que hay otras modificaciones a estudio. Entonces, esta prórroga, por más que luzca un poco escasa en tiempo, acota y a la vez insita al trabajo para la concreción de las modificaciones que eventualmente puedan realizarse mediante acuerdo.

Por lo tanto, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley, así como el envío al Poder Ejecutivo de la versión taquigráfica de lo expresado en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Además de la iniciativa del Poder Ejecutivo, hay una propuesta formulada en el sentido de modificar la fecha, estableciendo la entrada en vigencia el día 19 de agosto de 2009.

Se va a votar la propuesta del Poder Ejecutivo.

(Se vota:)

-5 en 17. Negativa.

Léase la propuesta planteada por la señora Senadora Dalmás.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo Unico.- Prorrógase la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.412, de 17 de noviembre de 2008, hasta el 19 de agosto de 2009."

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-12 en 17. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO UNICO.- Prorrógase la entrada en vigencia de la Ley N° 18.412, de 17 de noviembre de 2008, hasta el 19 de agosto de 2009."

18) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- A continuación, a propuesta del señor Senador Vaillant, debemos votar la inclusión del tema relativo a la terminal de contenedores en el Orden del Día de la sesión de mañana.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: quisiera saber si las modificaciones propuestas van a ser distribuidas con anterioridad o si serán introducidas directamente en Sala.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- En realidad, la Mesa puede exhortar a que se siga determinado procedimiento, pero no puede obligar.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- El proyecto de ley ya fue apro-bado en Comisión y, por lo tanto, va a ser distribuido, como corresponde, a los efectos de su consideración en el día de mañana. Ahora bien; las eventuales modificaciones que sobre el texto votado en Comisión puedan suge-rirse en Sala, tanto por la oposición, como eventualmente por los Legisladores de Gobierno, serán planteadas en ese momento.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- De todas maneras, en caso de que ya existiera voluntad de plantear alguna modificación, la Mesa exhorta a que la misma sea puesta en conocimiento de los demás señores Senadores con anterioridad.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: en el día de ayer recibí a una delegación de funcionarios del gremio portuario, quienes manifestaron una gran inquietud con respecto a su fuente de trabajo y a un compromiso contraído con el señor Presidente de la Administración Nacional de Puertos. Asimismo, me comunicaron que iban a comenzar una ronda de contactos con todas las Bancadas.

Por otro lado, deseo recordar que no asistí a la última sesión de la Comisión en mi calidad de miembro titular y, por tal motivo, solicité al señor Senador Alfie que lo hiciera. Lo cierto es que, más allá de que seguramente ya habrá sido repartida, hasta el día de hoy no he tenido acceso a la versión taquigráfica. Sin dudas, esa fue una sesión trascendental puesto que se concretó la votación del proyecto de ley.

Por lo expuesto, señor Presidente, creo que si mañana se considerara esta iniciativa en el Senado no daríamos tiempo a escuchar a los actores directamente involucrados como lo es, en este caso, la gremial de funcionarios portuarios. Advierto que estoy de acuerdo en actuar tal como nos habíamos comprometido en Comisión en cuanto a votar este proyecto de ley en el transcurso del mes de mayo, por lo cual sería necesario celebrar una sesión extraordinaria. Además, de esta forma no solo podríamos escuchar las razones del gremio portuario, sino también interiorizarnos sobre este tema.

Concretamente, propongo que se considere el proyecto en una sesión extraordinaria el día en que el Partido de Gobierno lo proponga, a la vez que adelanto que, de tratarse en el día de mañana, lo votaremos negativamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- La Mesa tiene la obligación de poner a votación, en primer lugar, si se incluye este tema en el Orden del Día de la sesión de mañana. Si el resultado fuera negativo, pasaríamos a considerar la propuesta del señor Senador Amaro.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se incluye en el Orden del Día de la sesión de mañana el tema relativo a la terminal de contenedores.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

19) RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A TERCEROS POR DETERMINADOS VEHICULOS DE CIRCULACION TERRESTRE Y MAQUINARIAS

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Había quedado pendiente la votación del envío de la versión taquigráfica de las exposiciones realizadas a propósito del proyecto de ley sobre seguro de automotores al Poder Ejecutivo y a las dependencias correspondientes.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Así se procederá.

20) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Corresponde ingresar a la consideración del sexto punto del Orden del Día, para lo cual el Senado debe pasar a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 12 y 31 minutos)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 12 y 41 minutos)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

El Senado, en sesión secreta, concedió venias al Poder Ejecutivo para destituir a tres funcionarias del Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

21) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Don Rafael Michelini).- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 12 y 42 minutos, presidiendo el señor Senador Rafael Michelini y estando presentes los señores Senadores Antía, Arana, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Heber, Lapaz, Lezama, Mujica, Penadés, Ríos, Saravia, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Sergio Pereira Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.