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Nº 265 - TOMO 460 - 29 DE DICIEMBRE DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

69ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA Presidente en ejercicio

Y EL SENADOR ARQUITECTO MARIANO ARANA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA  LOS TITULARES ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Y EL SEÑOR SANTIAGO GONZALEZ BARBONI Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4) Asuntos entrados

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6) Trabajadores de la actividad privada. Licencias especiales

- Proyecto de ley por el que se introducen modificaciones a la Ley Nº 18.345.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

7) Ley Marco de Defensa Nacional

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Alteración del Orden del Día

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve alterar el Orden del Día.

9) Proyecto presentado

- El señor Senador Penadés presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 70 de la Ley Nº 11.029, sobre normas que regulan la colonización de tierras.

- A la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca.

10 y 12) Sucesos acaecidos en Medio Oriente

- Proyecto de declaración ante los hechos acaecidos en esa región.

- A sugerencia de los señores Senadores Gargano y Gallinal, se lo hace circular para que pueda ser firmado, a fin de que la opinión pública sepa que quienes lo firman están de acuerdo con él.

11) Solicitudes de venias para designar miembros de directorios de varios organismos del estado

- El Poder Ejecutivo reitera las solicitudes de venia para designar:

- al doctor Félix Eduardo González en calidad de Presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)

- al ingeniero Luis Ferrari en calidad de miembro del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

- Concedidas.

13) Provisión de cargos de residentes médicos

- Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 14 de la Ley Nº 18.438, de 17 de diciembre de 2008, referido a la provisión de cargos de residentes médicos.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al poder Ejecutivo.

14) Instituto Nacional de Vitivinicultura

- Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se modifican diversas disposiciones de su estructura y funcionamiento.

- En discusión. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Energía solar

- Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional su investigación, desarrollo y uso.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Inmueble Padrón Nº 3066 del departamento de Montevideo

- Proyecto de ley por el que se transfiere a título gratuito del patrimonio del Banco de Seguros del Estado al del Ministerio de Educación y Cultura.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Inmueble Padrón Nº 23 de la Primera Sección Judicial del departamento de Canelones

- Proyecto de ley por el que se transfiere del patrimonio del Ministerio de Salud Pública al de la Intendencia Municipal de Canelones.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para destituir de sus cargos dos funcionarias del Ministerio de Salud Pública y a una funcionaria de la Presidencia de la República.

19) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 29 de diciembre de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria,  hoy lunes 29,  a la hora 15,  a fin de hacer cesar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados  y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se introducen modificaciones en la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por la cual se conceden licencias especiales a los trabajadores de la actividad privada.

Carp. Nº 1417/08 - Rep. Nº 965/08  y  Anexo I

2) por el que se aprueba la Ley Marco de Defensa Nacional.

Carp. Nº 1055/08 - Rep. Nº 981/08 y  Anexo I

3) por el que se sustituye el artículo 14 de la Ley Nº 18.438, de 17 de diciembre de 2008, referido a la provisión de cargos de residentes médicos.

Carp. Nº 1425/08 - Rep. Nº 978/08

4) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se modifican diversas disposiciones relativas a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Carp. Nº 819/07 - Rep. Nº 977/08

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

5) por el que se declara de interés nacional la  investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar, y se establecen las bases para su expansión como forma de avanzar en el ahorro energético.

Carp. Nº 1166/08 - Rep. Nº 976/08

6) por el que se transfiere a título gratuito del patrimonio del Banco de Seguros del Estado al del Ministerio de Educación y Cultura, el inmueble Padrón Nº 3066 del departamento de Montevideo.

Carp. Nº 1428/08 - Rep. Nº 979/08

7) por el que se transfiere del patrimonio del Ministerio de Salud Pública al de la Intendencia Municipal de Canelones el inmueble Padrón Nº 23 de la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones.

Carp. Nº 1429/08 - Rep. Nº 980/08

8) Mensajes del Poder Ejecutivo por los que reitera solicitudes de venias a fin de designar miembros integrantes de Directorios de varios organismos del Estado.

9) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia  remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Hospital Pasteur. (Plazo constitucional vence el 10 de febrero de 2009).

Carp. Nº 1385/08- Rep. Nº 953/08

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Hospital Pereira Rossell. (Plazo constitucional vence el 18 de febrero de 2009).

Carp. Nº 1396/08- Rep. Nº 969/08

- una funcionaria de la Presidencia de la República. (Plazo constitucional vence el 3 de marzo de 2009).

Carp. Nº 1406/08- Rep. Nº 970/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Astori, Campanella, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Larrañaga, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Sanguinetti, Saravia, Tajam, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, el señor Rodolfo Nin Novoa y los señores Senadores Lara Gilene y Ríos; y, con aviso, el señor Senador Long.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 15 y 13 minutos)

- El Senado ha sido convocado para levantar el receso y dar cuenta de los asuntos entrados.

En primer lugar, se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 15 y 13 minutos)

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República Oriental del Uruguay y la República de Chile, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 7 de julio de 2008.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

El Poder Ejecutivo remite mensaje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución de la República, reiterando el enviado el 27 de octubre de 2008, por el que solicita la venia correspondiente para designar en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), en calidad de miembro, al ingeniero Luis Ferrari.

- HA SIDO REPARTIDO POR DISPOSICION REGLAMENTARIA."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión extraordinaria del día de hoy de la hora 10, faltaron con aviso los señores Senadores Luis Alberto Heber, Jorge Larrañaga, Ruperto Long, Carlos Moreira y Rafael Michelini.

6) TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA. LICENCIAS ESPECIALES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se introducen modificaciones en la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por la cual se conceden licencias especiales a los trabajadores de la actividad privada. (Carp. Nº 1417/08 - Rep. Nº 965/08 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1417/08

Rep. N° 965/08

Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

Montevideo, 12 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo la exposición de motivos y el proyecto de ley que se adjuntan destinado a introducir modificaciones en la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por la cual se consagran licencias especiales a los trabajadores de la actividad privada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

A partir de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, los trabajadores de la actividad privada disponen de un régimen de licencia especial por estudio, en el convencimiento de que la inversión en educación resulta fundamental para la sociedad por su incidencia en valores, en el marco de un modelo de crecimiento económico con justicia social.

La aplicación práctica de algunas de las disposiciones de la norma citada, sin embargo, ha permitido concluir que resulta necesario introducir modificaciones a fin de no generar perjuicios indeseados, particularmente en el desarrollo de actividades estratégicas. En tal sentido, el hecho que la ley de referencia no contemple situaciones especiales, ya sea por razones de costo o de la propia naturaleza de la actividad o sector considerado, puede generar situaciones opuestas a la finalidad que la ha inspirado.

El artículo 1° deroga el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, dejándose que sean las partes quienes, de mutuo acuerdo, determinen la fecha de goce de la licencias especiales consagradas por la citada norma legal.

El artículo 2° de la presente ley sustituye el texto del artículo 2° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008. Donde, si bien se mantiene la licencia por estudio consagrada por la referida ley, se establece que el ejercicio de la misma (extensión, modalidad, etc.) debe ser objeto de reglamentación, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo (Artículo 168, numeral 4°, Constitución de la República), a través de los Consejos de Salarios o mediante convenios colectivos.

Por último, se sustituye el texto dado al artículo 8° de la citada norma legal, por un texto que se considera, en cuanto a la redacción, técnicamente más adecuado.

Saludan al Señor Presidente con su consideración más distinguida.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Derógase el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008.

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 2°. (Licencia por estudio). Aquellos trabajadores que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura tendrán derecho, durante el transcurso del año civil, a una licencia por estudio.

También tendrán derecho a licencia por estudio quienes realicen cursos de capacitación profesional, cuando estos se encuentren previstos en convenios colectivos o acuerdos celebrados en el ámbito de los Consejos de Salarios.

El ejercicio de este derecho, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, podrá ser reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su defecto, mediante convenio colectivo."

Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 8°. (Irrenunciabilidad).- Los derechos consagrados por la presente ley son irrenunciables. Las licencias previstas deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

Sin perjuicio de lo cual, mediante convenio colectivo o a través de los respectivos Consejos de Salarios, podrán acordarse regímenes más favorables.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por la ley generará derecho a salario vacacional."

Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Eduardo Bonomi.

DISPOSICION CITADA

Ley N° 18.345

TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS ESPECIALES PARA DETERMINADOS CASOS

Artículo 1°. (Ambito de aplicación).- Todos los trabajadores de la actividad privada tendrán derecho a las licencias especiales con goce de sueldo, que establece la presente ley.

Constituyen derechos mínimos de los trabajadores y no podrán ser descontadas del régimen general de licencias.

La fecha para el goce de las mismas será de libre disponibilidad del trabajador dentro de las previsiones que señala esta ley para cada caso.

Artículo 2°. (Licencia por estudio).- Se establece una licencia especial de dieciocho días por año civil, con un máximo de seis días por examen o prueba de revisión, evaluación o similares, que podrá ser utilizada por aquellos empleados que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza, pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 3°. (Obligatoriedad de preaviso).- Para gozar del derecho previsto en el artículo 2° de la presente ley los trabajadores deberán tener más de seis meses de antigüedad en la empresa y realizar un aviso previo y fehaciente al empleador con un plazo mínimo de diez días hábiles.

El no cumplimiento del aviso en el plazo establecido dará el derecho al empleador a negar la licencia especial solicitada.

Artículo 4°. (Documentación a presentar).- Quienes hubieran gozado de la licencia a que refiere el artículo 2° de la presente ley, deberán justificar ante el empleador, mediante la presentación de certificado expedido por el instituto en el cual cursen sus estudios, haber rendido sus pruebas o exámenes.

La no presentación de la documentación referida en el inciso precedente implicará la pérdida del derecho a solicitar nuevamente este tipo de licencia por el término de un año y habilitará a su empleador a descontar de los haberes mensuales los días solicitados, como si se tratare de inasistencias sin previo aviso.

Para obtener la licencia a que refiere el artículo 2° de la presente ley, quienes la solicitaren por primera vez deberán justificar estar inscriptos en los cursos respectivos, con el certificado correspondiente expedido por la institución de que se trate. En los años sucesivos deberá acreditarse el haber aprobado por lo menos un examen o curso, suspendiéndose el ejercicio del derecho a tal licencia en el año posterior a aquel en que no hubiera cumplido con dicha condición. El derecho se restablecerá al año siguiente.

Artículo 5°. (Licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva).- En ocasión del nacimiento de sus hijos, el padre que se encuentre comprendido en el artículo 1° de la presente ley tendrá derecho a una licencia especial que comprenderá el día del nacimiento y los dos días siguientes.

En un plazo máximo de veinte días hábiles deberá acreditar el hecho ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 6°. (Licencia por matrimonio).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días por matrimonio. Uno de los tres días deberá necesariamente coincidir con la fecha en que se celebra el mismo.

Los trabajadores que utilicen la licencia especial prevista en este artículo deberán realizar un aviso fehaciente al empleador, de la fecha de casamiento en un plazo mínimo de treinta días previos al mismo. Este plazo podrá reducirse cuando por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo.

En un plazo máximo de treinta días deberá acreditar el acto de celebración del matrimonio ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 7°. (Licencia por duelo).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días hábiles con motivo del fallecimiento del padre, madre, hijos, cónyuge, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos y hermanos.

La acreditación del hecho así como la sanción por no hacerlo no regirá por lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° de la presente ley.

Artículo 8°. (Orden público).- Las licencias reguladas en la presente ley deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

Tampoco será válido ningún pacto o convenio a través del cual se renuncie a las mismas, pero en el caso de trabajadores que acordaren o hubieren acordado regímenes más favorables se estará a lo dispuesto en estos.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por la presente ley generará derecho a salario vacacional."

"Carp. N° 1417/08

Rep. N° 965/08

Anexo I

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Derógase el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008.

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 2°. (Licencia por estudio).- Aquellos trabajadores que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura tendrán derecho, durante el transcurso del año civil, a una licencia por estudio, de seis días anuales como mínimo, que deberá otorgarse fraccionada en hasta dos días, incluyendo el día de examen, o prueba de revisión, evaluación o similares.

También tendrán similar derecho a licencia por estudio quienes realicen cursos de capacitación profesional; cuando estos se encuentren previstos en convenios colectivos o acuerdos celebrados en el ámbito de los Consejos de Salarios.

El ejercicio de este derecho, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, podrá ser reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su defecto, mediante convenio colectivo".

Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 8°. (Irrenunciabilidad).- Los derechos consagrados por la presente ley son irrenunciables. Las licencias previstas deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna".

Artículo 4°.- Agréguese a la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, el siguiente artículo:

"ARTICULO 9°.- Mediante convenio colectivo o a través de los respectivos Consejos de Salarios, podrán acordarse regímenes más favorables para los trabajadores.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por la ley generará derecho a salario vacacional".

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de la Comisión, 18 de diciembre de 2008.

Francisco Gallinal, Miembro Informante; Walter Campanella, Susana Dalmás, Eduardo Lorier, Luis Oliver, Carlos Ramela, Víctor Vaillant.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 106

En Montevideo, el día dieciocho de diciembre de dos mil ocho, a la hora dieciséis y treinta y cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus Miembros la señora Senadora Susana Dalmás, los señores Senadores Carlos Ramela, Walter Campanella, y Francisco Gallinal.

Falta con aviso el señor Senador Eduardo Lorier.

Preside el señor Senador Víctor Vaillant, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Gabriela Gazzano y el señor Prosecretario Martín Secco.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 3012, 3013 y 3014/2008, que forman parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1. Carpeta N° 1415/2008. Personal dependiente de los Edificios de Propiedad Horizontal que efectúa tareas de portería. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido 3002/2008.

2. Carpeta N° 1417/2008. Trabajadores de la actividad privada licencias especiales. Se modifica la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Repartido N° 965/2008.

3. La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias solicita audiencia, atento al proyecto ingresado sobre la modificación de la Ley N° 18.396, de 24 de octubre de 2008.

4. Nota de la Presidencia del Senado adjuntando la exposición escrita de la señora Representante Paola Pamparatto, sobre la necesidad de realizar inspecciones en todos los establecimientos rurales del Departamento de Salto por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el incumplimiento de la normativa laboral.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1. Se reciben invitados por la Comisión los representantes de la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU), concurren su Presidente el señor Ricardo Piñeiro, su Secretario Juan Enrique Laxague, y el señor Gabriel Richard, quienes brindan su opinión respecto a la Carpeta N° 1382/2008. Tripulación de Embarcaciones de Matrícula Nacional.

2. Se recibe a la señora Directora de Televisión Nacional Sonia Breccia, quien concurre acompañada por su asesor jurídico Dr. Sergio Araújo, los mismos exponen la crisis que atraviesa dicho canal.

3. Carpeta N° 1412/2008. Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Modificación del Artículo 3°, literales f), g) y h), de la Ley N° 18.396, de 24 de octubre de 2008. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores Gallinal, Antía y Heber. Distribuido N° 2990/2008.

Se vota el proyecto. 3 en 6. Empate.

Se acuerda elevar el proyecto de ley al Senado, y se designa al señor Senador Francisco Gallinal para que informe lo tratado.

4. Carpeta N° 1417/2008. Trabajadores de la actividad privada licencias especiales. Se modifica la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Repartido N° 965/2008.

Se vota en general el proyecto. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se vota en bloque el proyecto con las modificaciones propuestas por el señor Senador Víctor Vaillant. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La señora Senadora Susana Dalmás mociona para que el Miembro Informante del presente proyecto sea el señor Senador Francisco Gallinal. Se vota. 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Francisco Gallinal. Informe verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO POR LA COMISION.

Artículo 1°.- Derógase el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008.

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 2°. (Licencia por estudio).- Aquellos trabajadores que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura tendrán derecho, durante el transcurso del año civil, a una licencia por estudio, por seis días anuales como mínimo, que deberá gozarse fraccionada en hasta dos días, incluyendo el día del examen, o prueba de revisión, evaluación o similares.

También tendrán similar derecho a licencia por estudio quienes realicen cursos de capacitación profesional, cuando estos se encuentren previstos en convenios colectivos o acuerdos celebrados en el ámbito de los Consejos de Salarios.

El ejercicio de este derecho, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, podrá ser reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su defecto, mediante convenio colectivo."

Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 8°. (Irrenunciabilidad).- Los derechos consagrados por la presente ley son irrenunciables. Las licencias previstas deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna."

Artículo 4°.- Agréguese a la Ley N° 18.345 de 11 de setiembre de 2008, el siguiente artículo:

"ARTICULO 9°.- Mediante convenio colectivo o a través de los respectivos Consejos de Salarios, podrán acordarse regímenes más favorables para los trabajadores.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por la ley generará derecho a salario vacacional."

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, etc.

A la hora dieciocho y veinte minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Víctor Vaillant Presidente

Gabriela Gazzano Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley sustitutivo presentado por los integrantes de la Comisión al iniciarse la sesión.

(Se lee:)

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Derógase el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008.

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 2°. (Licencia por estudio).- Aquellos trabajadores que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura tendrán derecho, durante el transcurso del año civil, a una licencia por estudio de acuerdo al siguiente régimen:

a) Para hasta treinta y seis horas semanales, seis días anuales como mínimo.

b) Para más de 36 (treinta y seis) y menos de 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, 9 (nueve) días anuales como mínimo.

c) Para 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, 12 (doce) días anuales como mínimo.

Estas licencias deberán otorgarse en forma fraccionada de hasta 3 (tres) días, incluyendo el día del examen, prueba de revisión, evaluación o similares.

También tendrán similar derecho a licencia por estudio quienes realicen cursos de capacitación profesional, cuando estos se encuentren previstos en convenios colectivos o acuerdos celebrados en el ámbito de los Consejos de Salarios.

El ejercicio de este derecho, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, podrá ser reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su defecto, mediante convenio colectivo."

Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 8°. (Irrenuciabilidad).- Los derechos consagrados por la presente ley son irrenunciables. Las licencias previstas deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna."

Artículo 4°.- Agréguese a la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, el siguiente artículo:

"ARTICULO 9°.- Mediante Convenio Colectivo o a través de los respectivos Consejos de Salarios, podrán acordarse regímenes más favorables para los trabajadores.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por esta ley generará derecho a salario vacacional".

Artículo 5°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de la Comisión, 18 de diciembre de 2008.

Francisco Gallinal Nieto, Miembro Informante; Víctor Vaillant, Susana Dalmás, Luis Oliver, Eduardo Lorier, Carlos Ramela, Walter Campanella. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el primer punto del Orden del Día refiere a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo en virtud del cual se modifica la Ley Nº 18.345, que se aprobara el pasado 11 de setiembre de 2008, debido a que a poco de su sanción, se advirtió que adolecía de una serie de carencias que hacían necesaria una reglamentación de carácter diferente en lo relativo a las licencias especiales que, a través de dicha ley, se otorgan a todos aquellos trabajadores de la actividad privada que cursan estudios y que se ven en la obligación de rendir exámenes.

En virtud de la Ley Nº 18.345, cuyo ámbito de aplicación está dirigido a todos los trabajadores de la actividad privada, se establecieron licencias por estudio con carácter general por un tiempo de dieciocho días por año civil. A su vez, se establecía también la obligatoriedad para el empleador de conceder la licencia en los tiempos en que el trabajador lo necesitara, siempre y cuando lo hiciera con un preaviso fehaciente, en un plazo mínimo de diez días hábiles. Ahora bien, ¿qué problemas acarrea la aplicación de esta ley? Que en aquellos lugares en que desempeñan tareas un conjunto de trabajadores que, a su vez, cursan estudios, se iba a dar la situación de que, muy probablemente, todos, o buena parte de ellos, en forma simultánea, se iban a amparar en este beneficio que el empleador en todos los casos, sí o sí, tenía la obligación de otorgar. En consecuencia, se iba a producir un vacío en el número de trabajadores en tiempos a veces zafrales o de mucha actividad lo que, obviamente, iba a perjudicar la labor de la empresa y, en definitiva, terminaría perjudicando también los derechos de los propios trabajadores.

En razón de ello, señor Presidente, surgió la necesidad de buscar una suerte de reglamentación que flexibilizara el marco normativo establecido por la Ley Nº 18.345. Incluso nosotros, en el transcurso de una hora previa del Senado, a poco de aprobada la ley denunciamos esta situación, porque muchos empresarios y trabajadores vinculados a empresas -por ejemplo, de "call centers", donde prácticamente el cien por ciento de quienes allí desempeñan tareas son estudiantes-, estaban advirtiendo que llegados los meses de noviembre y diciembre -típico tiempo de exámenes- prácticamente todos los empleados, en forma simultánea, iban a pedir licencia por tener que rendir las materias correspondientes y, en consecuencia, en esos casos el lugar de trabajo se iba a ver desprovisto de trabajadores ya que, como señalábamos, el empleador tenía la obligación de otorgar las licencias. Incluso en aquel momento nos pusimos en contacto con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, quien también advertía el problema que se estaba planteando, pero nos manifestó que, de acuerdo con el texto de la ley vigente, no tenía mayor capacidad de maniobra por la vía de la reglamentación, ni margen de flexibilidad para manejarse al respecto por lo que, a su juicio, se hacía necesaria la aprobación de una nueva ley o de alguna modificación a la normativa vigente, de modo de dar solución a esta problemática.

Por otro lado, surgieron algunas voces de crítica o de discrepancia porque se había otorgado un total de dieciocho días de licencia anuales, los que se sumaban a la licencia reglamentaria a la que tiene derecho todo trabajador. Todo esto generó dificultades de una dimensión y magnitud tales que llevaron al Poder Ejecutivo a enviar una nueva iniciativa, haciéndose así eco de las protestas y discrepancias que surgieron en los distintos sectores de la vida del país. Más aún, cuando nosotros en la hora previa hicimos referencia a este problema, lo hicimos con espíritu de autocrítica porque también habíamos votado el proyecto de ley. En aquella circunstancia mi suplente, el doctor Romeo Pérez Antón, que me sustituyó en el debate correspondiente en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, propuso una modificación en el número de días de licencia -que originalmente se había establecido en doce días en la Cámara de Representantes-, llevándolos a dieciocho, tal como finalmente se aprobó en la ley cuyo estudio estamos hoy profundizando a través de esta modificación.

Pocos días atrás, en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, por unanimidad se decidió aprobar la modificación del proyecto de ley en dos sentidos. En primer lugar, se buscó flexibilizar el marco de aplicación de la ley estableciendo como requisito el encuentro de voluntades, la búsqueda de acuerdos o de consenso entre las partes con relación al otorgamiento de la licencia especial por estudio. Así surge del proyecto de ley que ya no es más obligatorio para el empleador concederla, sí o sí, cuando la solicite el trabajador, y se habilita, por un lado, al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley que vamos a aprobar y, por otro, a los Consejos de Salarios, o en su defecto a los convenios colectivos, a establecer la forma en que se va a utilizar la licencia correspondiente. Este es un primer aspecto fundamental, señor Presidente, que quiero destacar de este proyecto de ley, porque considero que es una innovación por la que se facilita enormemente el marco de aplicación de esta normativa.

La otra modificación que se introdujo a nivel de la Comisión tiene que ver con la reducción a seis de esos dieciocho días de licencia adicional por concepto de estudio.

Desde que se aprobó el proyecto de ley hasta hoy, surgieron algunas discrepancias dentro de la Bancada del Frente Amplio, que culminaron en un entendimiento que nos fue trasmitido la semana pasada, en función del cual la licencia de dieciocho días por concepto de estudio que hoy rige por ley, de acuerdo con el nuevo proyecto sustitutivo, sería, según el artículo 2º -del texto que ya fuera repartido a todos las señoras y señores Senadores-, de la siguiente manera: para aquellos estudiantes que trabajan hasta 36 horas semanales, se les otorgará como mínimo seis días anuales de licencia; para quienes trabajan más de 36 y menos de 48 horas semanales, se les autorizará como mínimo nueve días anuales de licencia; y para quienes trabajen 48 horas, tendrán derecho como mínimo a doce días de licencia anual. Al mismo tiempo, se establece un derecho similar para los trabajadores que realicen cursos de capacitación profesional, cuando estos se encuentren previstos en los convenios colectivos o en acuerdos celebrados en el ámbito de los Consejos de Salarios.

Asimismo, en el proyecto de ley sustitutivo, que consta de cinco artículos, se determina la derogación del inciso final del artículo 1º de la Ley Nº 18.345, que establecía la fecha para el goce de las licencias por concepto de estudio y que dice textualmente: "La fecha para el goce de las mismas será de libre disponibilidad del trabajador dentro de las previsiones que señala esta ley para cada caso". De modo que este inciso se deroga y de ello surge ese elemento a que hacíamos referencia, por cuanto al flexibilizarse el sistema y sustituirse por la reglamentación que va a dictar el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades, más la reglamentación proveniente de los convenios colectivos, se allana el camino para que exista entendimiento entre los trabajadores y los empleadores y, de esa manera, no se resienta la prestación del servicio correspondiente.

El artículo 2º establece la cantidad de días de licencia adicional por concepto de estudio a la que se pueda acceder.

El artículo 3º sustituye el artículo 8º de la Ley Nº 18.345 -que es la disposición que está vigente y que es de orden público-, que establece que las licencias deben gozarse efectivamente, no pudiendo ser sustituidas por salario o compensación alguna, así como que tampoco será válido ningún pacto o convenio a través del cual se renuncie a ellas, aunque en el caso de trabajadores que acordaren o hubieren acordado regímenes más favorables se estará a lo dispuesto en éstos. Por el contrario, en el nuevo texto se dispone la irrenunciabilidad, y expresamente se establece: "Los derechos consagrados por la presente ley son irrenunciables. Las licencias previstas deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna".

Finalmente, señor Presidente, mediante el artículo 4º del actual proyecto de ley sustitutivo, se agrega a la Ley Nº 18.345 otro artículo, en el que se establece, en primer lugar, que mediante convenio colectivo o a través de los respectivos Consejos de Salarios, podrán acordarse regímenes más favorables para los trabajadores. Esto significa que los seis, nueve o doce días de licencia anual adicional por estudio, establecidos en el artículo 2º, se podrán mejorar en función de los acuerdos que se logren en los respectivos Consejos de Salarios. A su vez, se establece que ninguna de esas licencias especiales -ya sea por concepto de estudio u otras que se incluyen en la Ley Nº 18.345- generarán derecho al salario vacacional.

Estas modificaciones, que fueron acordadas a nivel de Gobierno, nos fueron trasmitidas la semana pasada y, en principio, sobre ellas no tenemos objeciones, pues consideramos que, por un lado, el hecho de flexibilizar la aplicación de esta normativa a través del necesario acuerdo que se tiene que producir entre trabajadores y empleadores y, por otro, la disminución de la cantidad de días de licencia a un máximo de doce en comparación con lo que establecía la disposición vigente, se avanza en forma sustantiva y ahora sí se genera un incentivo, ya que al que trabaja se le dan instrumentos o herramientas para que simultáneamente pueda estudiar.

Me parece bueno destacar que en el transcurso de los últimos días tuvimos oportunidad de tomar contacto directo con las distintas empresas que en algún momento manifestaron sus discrepancias con la ley vigente, y todas se mostraron conformes con el nuevo marco que propicia el presente proyecto de ley. Asimismo, hemos hecho consultas a nivel de nuestra Bancada, que está de acuerdo con esta iniciativa y, en consecuencia, vamos a acompañarla, ya que en el seno de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social fue aprobada por unanimidad. Aclaro que durante el transcurso de la discusión particular me voy a permitir proponer una pequeña modificación con relación al artículo 3º de la ley vigente, que establece la obligatoriedad del trabajador de avisar al empleador dentro de un plazo de 10 días hábiles que va a hacer uso de licencia, lo que ahora no es de recibo o no corresponde porque se va a coordinar antes. Entonces, no tiene sentido obligar al trabajador a avisar que va a hacer uso de una licencia, cuando en realidad la va a utilizar, pero la va a convenir mediante Consejo de Salarios o de un convenio colectivo.

Es cuanto tenía para informar.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Recuerdo perfectamente la discusión que tuvimos en el seno de la Comisión en oportunidad de considerarse esta ley -aunque también corroboré con la versión taquigráfica-, cuando votamos en contra los artículos 2º y 4º. Lo hicimos por las razones que en la práctica se dieron: esta ley, como decíamos, va a terminar yendo en contra de aquel a quien se quiere beneficiar, como a veces ocurre con el comportamiento humano, que produce un efecto de bola de billar y termina en este tipo de cosas. En este caso no pasó ni un mes y ya los efectos se empezaron a ver.

En su momento, dijimos que íbamos a votar todos los artículos con excepción del 2º y el 4º porque las leyes especiales se aplican en forma absolutamente esporádica y ocasional, de manera que representan 2, 3 ó 5 días en la vida de una persona, y eso no cambia el mercado. Sin embargo, lo otro sí, y recuerdo que luego de tres sesiones de discusión en Comisión logramos establecer una condición para hacer uso de esa licencia, que es haber salvado por lo menos un examen durante el año anterior. En realidad, queríamos que fuera más de uno, pero solo logramos que fuera uno. No estamos de acuerdo con eso porque cual-quier carrera normal requiere más de 30 exámenes; sin embargo, la condición sigue siendo salvar un solo examen. Quiere decir que cualquier persona puede tener 6, 9 ó 12 días más de licencia anual por el hecho de salvar un examen por año.

Señor Presidente: a mi juicio, las modificaciones que introduce este proyecto de ley son muy pocas. De hecho, el último cambio introducido en los artículos 3º y 4º no altera sustancialmente los efectos prácticos; por ejemplo, el artícu-lo 3º tiene casi la misma redacción, que habla de la irrenunciabilidad y el orden público. Obviamente, no es lo mismo desde el punto de vista jurídico, pero a los efectos prácticos sí. Por su parte, el artículo 4º recoge lo que decía el artículo 8º del proyecto de ley original, que habíamos apoyado y vamos a seguir haciéndolo. De hecho, recuerdo que el último inciso de este artículo fue incluido a sugerencia nuestra porque podía llegar a plantearse la duda de si la licencia especial generaba derecho a salario vacacional.

Como dijimos, no vamos a apoyar el cambio del artículo 2º y sí el de los artículos 1º, 3º y 4º. En el caso del artículo 2º no lo vamos a hacer por las mismas razones que en su momento esgrimimos. Para nosotros, a los efectos prácticos, es casi lo mismo decir 9, 12 ó 18 días. Esto se debe resolver como se suele hacer en cualquier lugar del mundo, porque en Uruguay se dan doce días de licencia por estudio por medio de muchos convenios, desde hace unos cuantos años, desde hace décadas. Lo que sucede es que si uno es, por ejemplo, ayudante de arquitecto, en general le dan la licencia por estudio porque les interesa que mejore y que sea más productivo en su tarea. En realidad, no les interesaría si tiene otra cosa. Entonces, los muchachos que quieren estudiar algo con una orientación diferente, van a ser perjudicados. Como dijimos en su momento, esto se soluciona con menor salario, porque hay que compensar los días, o con menos gente trabajando. Para nosotros no hay vuelta.

Seguimos entendiendo que el error está en ese lugar y que debe resolverse a nivel de los convenios con las empresas o de los Consejos de Salarios, y no de una legislación general que entorpece y no agiliza la cuestión.

Ya hemos expresado cómo va a votar el Partido Colorado y dimos las razones, pero existe otro motivo no menos importante: no es posible que en un país se apruebe una ley sabiendo que existen dificultades. Si uno repara en la votación, advierte que se aprobó por amplia mayoría, ya que solo hay tres votos en contra de esos artículos; creo que dos de los votos eran colorados y el otro no recuerdo si del señor Senador Lapaz o del señor Senador Heber.

SEÑOR GALLINAL.-Los tres iluminados.

SEÑOR ALFIE.- No se trata de un problema de iluminación, señor Senador.

Como venía diciendo, no es posible cambiar las leyes constantemente, y no es lo mismo hablar de 18 días hace tres meses, de 6, 9 ó 12 días ahora, y dentro de un año decir quince días o ninguno. Creemos que lo que da la certeza es, precisamente, lo otro, lo que rigió históricamente desde que se constituyeron los convenios colectivos en la década del 40. Por lo tanto, no nos parece adecuada esta forma de legislar ni de cambiar sobre la marcha. De hecho, estamos mucho más de acuerdo con la redacción propuesta por el Poder Ejecutivo -que hubiéramos votado- y no con la que vino de Comisión. Es por eso que reiteramos nuestro voto a favor de los cambios en los artículos 1º, 3º y 4º y no acompañamos el artículo 2º.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Brevemente, quiero señalar que este Cuerpo y la nación no pueden estar preocupados por el hecho de que se modifique o corrija una ley habiendo reconocido que contiene errores cometidos por quienes la sancionamos, que somos los mismos que ahora la estamos enmendando. Lo que realmente nos debería preocupar -y no solo en tiempo presente sino históricamente- es que luego de haber sancionado leyes que puestas en práctica trajeron enormes perjuicios para la sociedad, no fueran modificadas simplemente por el hecho de mantener la línea adoptada en su momento. Cuando el cambio es para bien, no es algo malo; lo que es malo es tener actitudes obcecadas frente a la realidad. Quienes hoy estamos proponiendo la modificación de esta ley reconocemos que cuando hace poco tiempo sancionamos el texto de la misma, cometimos errores; lo estamos asumiendo. De manera que la virtud no está en no haberlos cometido, sino en tener la capacidad de corregirlos.

Ahora bien, en aquel momento, como ahora, había dos posiciones básicas y un enfrentamiento filosófico con respecto al contenido de esta ley, porque había quienes cuestionaban que se otorgaran días de licencia a los trabajadores que estudian en las condiciones establecidas en la ley. Había también quienes no discutían filosóficamente la ley, sino algunos aspectos de la misma, es decir, si debían otorgarse doce o dieciocho días y si se debía establecer un máximo de tres o seis días para utilizar en cada ocasión. Estos aspectos estuvieron presentes en la discusión de aquel momento y fueron resueltos mal; como consecuencia, tenemos que realizar modificaciones a la ley. Y hoy el debate es exactamente el mismo. Los que en aquel momento tuvimos diferencias puntuales en algunos aspectos del articulado pero coincidíamos filosóficamente con la ley, la votamos, y quienes no coincidían desde el punto de vista filosófico, votaron en contra. En el día de hoy, cuando estamos corrigiendo los errores que en aquel momento se cometieron, vuelve a darse la misma discusión. Los que en aquella instancia votamos la ley, hoy la estamos corrigiendo para que sea realmente aplicable, y los que filosóficamente se opusieron a la misma, ahora también están en contra de este proyecto de ley, que beneficia, sin duda, a los trabajadores que estudian. Es cierto que, como señalamos cuando se discutió el proyecto que establecía la limitación de ocho horas para los trabajadores rurales, en muchísimas empresas ya se otorgan días de licencia. Pero la ley no es para quienes voluntaria y generosamente tratan de esa manera a sus trabajadores, sino para obligar a hacer lo mismo a aquellos que no tienen esa actitud; de lo contrario, sería innecesaria.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa va a poner a votación este proyecto de ley sustitutivo, que ha sido acordado por los miembros de la Comisión respectiva y que fue entregado el día de hoy, a las 15 y 15 horas.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 27. Afirmativa.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: quiero manifestar mi satisfacción por el hecho de que el Senado apruebe este proyecto de ley. Creo que es un paso significativo en materia de legislación laboral, en especial para el sector privado, que es coherente con la filosofía que ha defendido este Gobierno, en el sentido de apuntalar al sector trabajador que tiene deseos y necesidad de progresar. El país necesita gente que esté más capacitada, y este proyecto de ley, con las modificaciones y los acuerdos que se han logrado, da la posibilidad de que, como decía el señor Senador Vaillant, sea obligatorio otorgar este tipo de licencias y sea una norma de aplicación general. Pienso que este es un paso que encuadra perfectamente con otros avances que se han hecho en otros aspectos de la legislación laboral durante el curso de este Gobierno y, por lo tanto, expreso mi satisfacción por el hecho de que se apruebe este proyecto de ley con el voto acorde de los sectores que lo han apoyado.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: voy a utilizar el mecanismo del fundamento de voto porque no podía contestarle al señor Senador Vaillant.

Nosotros no hablamos de filosofía, sino de pragmatismo. A tal punto esto es así que está claro en el diario de sesiones que la votación en general -que es la instancia en la que se vota la idea- del proyecto anterior fue unánime. De manera que nadie está en contra de este mecanismo; por el contrario, sabemos que es positivo, en términos generales, cuando se conviene por las partes. Es más, en la Comisión también fue prácticamente unánime la votación de casi todos los artículos, salvo los dos cuestionados, que se corresponden con el artículo 2º de este proyecto de ley. Por lo tanto, nos basamos, para votar negativamente este proyecto -porque el artículo 2º es, justamente, el meollo-, en aspectos prácticos, pragmáticos. Esta no es una cuestión de filosofía, ni estamos entrando en discusiones retóricas; esto es mera y exclusivamente empirismo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: el señor Senador Gallinal realizó el informe y el fundamento de voto en nombre de nuestro Partido Nacional, pero en esta instancia no tenemos una posición unánime. Nosotros no hemos acompañado este proyecto de ley, porque entendemos que no se trata de un tema filosófico, como recién señalaban algunos señores Senadores. Hay empresas que pueden otorgar este beneficio y lo dan gustosamente, pero hay otras, medianas y pequeñas, que no pueden absorber doce ni diez días. Entonces, lamentablemente, lo que va a pasar en la realidad es que las empresas pequeñas y medianas no van a tomar estudiantes, porque no pueden solventar los días de licencia. Algunas empresas, que tienen un mayor volumen y una mejor rentabilidad -por sus propias dimensiones-, sí lo pueden otorgar, pero no se trata de que unos sean buenos y otros sean malos; es un tema de posibilidades. Por lo tanto, esta ley va a traer como consecuencia que las empresas de pequeño porte no empleen estudiantes.

Por otro lado, entendemos que en la actualidad existen medios que hacen factible lo que en otro tiempo no se podía hacer. Por ejemplo, ¿cómo hacíamos nosotros, sin licencia, para estudiar y trabajar? ¿Somos mejores? No. Nuestras condiciones eran peores en el sentido de que en la actualidad los muchachos tienen más elementos de estudio y más oportunidades. Hoy tienen Internet; nosotros teníamos cooperativas de apuntes. Entonces, ¿no se podía estudiar sin días de licencia? Claro que se podía. Creo que a veces hacemos progreso escrito, pero que no es real, porque en la práctica termina siendo algo que no ayuda a trabajar y estudiar al mismo tiempo. Personalmente hubiera preferido un proyecto de ley que obligara a los empresarios a no descontar el día a los trabajadores cuando tienen que dar un examen, como ocurre en muchas empresas. Pero insisto: ¿cómo hacíamos antes? ¿Ahora no se puede?

De manera que tengo mis dudas con respecto a este proyecto de ley del oficialismo, que ya generó problemas en el mercado. Cuando se aprobó la ley original, terminó generando una situación de despido a jóvenes estudiantes.

Creo, señor Presidente, que este proyecto de ley no soluciona el problema de fondo. Como dije, en algunos "call centers" se despidió a jóvenes solo por el hecho de ser estudiantes y de que no se les podía pagar. Eso es verdad. Esto es progreso escrito que no se adecua a la realidad, y lo digo con todo respeto hacia aquellos que han votado a favor de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Derógase el inciso final del artículo 1º de la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

‘Artículo 2º.- (Licencia por estudio). Aquellos trabajadores que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura tendrán derecho, durante el transcurso del año civil, a una licencia por estudio de acuerdo al siguiente régimen:

a) Para hasta treinta y seis horas semanales, seis días anuales como mínimo.

b) Para más de 36 (treinta y seis) y menos de 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, 9 (nueve) días anuales como mínimo.

c) Para 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, 12 (doce) días anuales como mínimo.

Estas licencias deberán otorgarse en forma fraccionada de hasta 3 (tres) días, incluyendo el día del examen, prueba de revisión, evaluación o similares.

También tendrán similar derecho a licencia por estudio quienes realicen cursos de capacitación profesional, cuando estos se encuentren previstos en convenios colectivos o acuerdos celebrados en el ámbito de los Consejos de Salarios.

El ejercicio de este derecho, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, podrá ser reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su defecto, mediante convenio colectivo’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que antes de votar el artículo 3º del proyecto de ley, deberíamos agregar una nueva disposición, por cuanto el artículo 3º pasaría a ser 4º, el 4º sería el 5º y el 5º el 6º. ¿Por qué propongo esto? Porque el artículo 3º de la Ley Nº 18.345, que se titula "Obligatoriedad de preaviso", tenía su razón de ser, ya que el empleador, sí o sí, debía otorgar la licencia por estudio al trabajador. Como contrapartida, este último tenía la obligación de avisar previamente al empleador, en un plazo mínimo de diez días, que debía rendir examen en tal fecha y que, por tanto, iba a hacer uso de la licencia correspondiente. Esta iniciativa tiene la virtud de que elimina la obligatoriedad y ambas partes deben llegar a un acuerdo, más allá de algún mecanismo de flexibilización que pueda establecer el Poder Ejecutivo en la reglamentación. En consecuencia, no existe más la obligatoriedad del preaviso y, si están de acuerdo los integrantes de la Comisión, propongo que se apruebe un artículo que diga lo siguiente: "Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

‘Artículo 3º.- (Antigüedad). Para gozar del derecho previsto en el artículo 2º de la presente ley, los trabajadores deberán tener más de seis meses de antigüedad en la empresa’."

Si esto se aprueba, el que se propone como artículo 3º pasaría a ser 4º, el 4º sería el 5º, y el 5º, 6º.

Esta es la propuesta que quería realizar, que creo ha sido comprendida por el señor Presidente, por la Secretaría y por el resto de los integrantes del Cuerpo.

SEÑOR VAILLANT.- Solicito que se lea el texto propuesto por el señor Senador Gallinal, porque hay Senadores que no lo hemos escuchado con claridad.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo propuesto por el señor Senador Gallinal.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

‘Artículo 3º.- (Antigüedad). Para gozar del derecho previsto en el artículo 2º de la presente ley, los trabajadores deberán tener más de seis meses de antigüedad en la empresa’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo propuesto por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

-24 en 27. Afirmativa.

Léase el artículo 3º, que ahora pasa a ser 4º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 8º de la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

‘Artículo 8º.- (Irrenunciabilidad). Los derechos consagrados por la presente ley son irrenunciables. Las licencias previstas deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 27. Afirmativa.

Léase el artículo 4º, que pasa a ser 5º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 4º.- Agréguese a la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, el siguiente artículo:

‘Artículo 9º.- Mediante Convenio Colectivo o a través de los respectivos Consejos de Salarios, podrán acordarse regímenes más favorables para los trabajadores.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por esta ley generará derecho a salario vacacional’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-24 en 27. Afirmativa.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Propongo una modificación al artículo 5º que ahora pasa a ser 6º. Esta norma dice: "Comuníquese, publíquese, etc." y a efectos de que sea de inmediata aplicación, propongo que la misma exprese que esta ley entrará en vigencia con su promulgación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo propuesto por el señor Senador Vaillant.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"La presente ley entrará en vigencia a la fecha de su promulgación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º, que pasa a ser 6º.

(Se vota:)

-23 en 27. Afirmativa.

Ha sido aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1°.- Derógase el inciso final del artículo 1° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008.

ARTICULO 2°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 2°. (Licencia por estudio).- Aquellos trabajadores que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura tendrán derecho, durante el transcurso del año civil, a una licencia por estudio de acuerdo al siguiente régimen:

a) Para hasta 36 (treinta y seis horas) semanales, 6 (seis) días anuales como mínimo.

b) Para más de 36 (treinta y seis) y menos de 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, 9 (nueve) días anuales como mínimo.

c) Para 48 (cuarenta y ocho) horas semanales, 12 (doce) días anuales como mínimo.

Estas licencias deberán otorgarse en forma fraccionada de hasta 3 (tres) días, incluyendo el día del examen, prueba de revisión, evaluación o similares.

También tendrán similar derecho a licencia por estudio quienes realicen cursos de capacitación profesional, cuando estos se encuentren previstos en convenios colectivos o acuerdos celebrados en el ámbito de los Consejos de Salarios.

El ejercicio de este derecho, sin perjuicio de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, podrá ser reglamentado por el Consejo de Salarios respectivo o, en su defecto, mediante convenio colectivo".

ARTICULO 3°.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 3°. (Antigüedad).- Para gozar del derecho previsto en el artículo 2° de la presente ley los trabajadores deberán tener más de 6 (seis) meses de antigüedad en la empresa".

ARTICULO 4°.- Sustitúyese el artículo 8° de la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 8°. (Irrenunciabilidad).- Los derechos consagrados por la presente ley son irrenunciables. Las licencias previstas deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna".

ARTICULO 5°.- Agrégase a la Ley N° 18.345, de 11 de setiembre de 2008, el siguiente artículo:

"ARTICULO 9°.- Mediante convenio colectivo o a través de los respectivos Consejos de Salarios, podrán acordarse regímenes más favorables para los trabajadores.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por esta ley generará derecho a salario vacacional".

ARTICULO 6°.- La presente ley entrará en vigencia a la fecha de su promulgación".

7) LEY MARCO DE DEFENSA NACIONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la Ley Marco de Defensa Nacional. (Carp. Nº 1055/08 - Rep. Nº 981/08 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1055/08

Rep. N° 981/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

PROYECTO DE LEY DE DEFENSA NACIONAL

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO 1

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LA DEFENSA NACIONAL

Artículo 1°.- La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades -civiles y militares- dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población.

Artículo 2°.- La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y en los términos que se establece en la Constitución de la República y las leyes. Es un bien público, puro y absoluto, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.

CAPITULO 2

POLITICA DE DEFENSA NACIONAL Y POLITICA MILITAR DE DEFENSA

Artículo 3°.- La política de Defensa Nacional, como política pública, debe propender a través de acuerdos amplios a Políticas del Estado y debe cumplir con los principios generales del derecho interno y del derecho internacional, en coordinación con la política exterior del Estado; y respetar, especialmente, los principios de autodeterminación de los pueblos, de preservación de la paz, de no intervención en los asuntos internos de otras Naciones, de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los Estados.

Se establece la acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos.

Artículo 4°.- En el ejercicio del derecho de legítima defensa consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, la República Oriental del Uruguay se reserva el recurso de la fuerza para los casos de agresión militar, sin perjuicio de ejercer todos los medios disuasorios y preventivos que resulten adecuados.

Artículo 5°.- La política militar de defensa establecerá la doctrina del empleo de los medios militares que aseguren la integridad territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción y soberanía en los espacios terrestre, marítimo y aéreo del Estado uruguayo. Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa.

TITULO II

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 6°.- El Sistema de Defensa Nacional que se conforma por la presente ley determinará la política de Defensa Nacional.

Artículo 7°.- Los integrantes del Sistema de Defensa Nacional, actuando cada uno en el marco de sus competencias son:

a) El Poder Ejecutivo;

b) El Poder Legislativo;

c) El Consejo de Defensa Nacional.

CAPITULO 1

PODER EJECUTIVO

Artículo 8°.- Compete al Presidente de la República actuando con el Ministro de Defensa, Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros:

a) Determinar la política de Defensa Nacional y sus objetivos;

b) Dirigir la Defensa Nacional;

c) Ejercer el Mando Superior de las Fuerzas Armadas;

d) Adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa nacional;

e) Ejercer la conducción político-estratégica de la defensa nacional;

f) Establecer las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa nacional.

CAPITULO 2

PODER LEGISLATIVO

Artículo 8°.- Corresponde al Poder Legislativo ejercer las funciones relativas a la Defensa Nacional que le asigna la Constitución de la República:

a) Decretar la guerra;

b) Designar todos los años la Fuerza Armada necesaria;

c) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él;

d) Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando para este caso, el tiempo de regreso a ella;

e) Hacer los reglamentos de milicias y determinar el tiempo y número en que debe reunirse;

f) Adoptar resolución respecto a las medidas prontas de seguridad que instalare el Poder Ejecutivo, así como de los arrestos o traslados de personas que fueren dispuestos en virtud de las mismas;

g) Tomar conocimiento de los programas de estudio de las escuelas e institutos de formación militar;

h) Conceder la venia para ascensos militares en la forma constitucionalmente prevista.

CAPITULO 3

CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 10.- El Consejo de Defensa Nacional constituye un órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa. Está integrado por el Presidente de la República quien lo preside, los Ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas.

Artículo 11.- Se reúnen a instancia del Presidente de la República quien convoca a sus miembros permanentes. Podrá citar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los Comandantes en Jefe de Armada, Ejército y Fuerza Aérea e invitar a Legisladores nacionales, Ministros de la Suprema Corte de Justicia o aquellos integrantes del Poder Judicial que ellos designaren, autoridades de la Administración Pública; así como personas cuyos conocimientos o competencias considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieran de tratarse.

Artículo 12.- Compete al CODENA asesorar sobre la Defensa Nacional. Tienen entre otros cometidos:

a) Analizar las amenazas que pudieran poner en riesgo la soberanía e independencia de la República, así como afectar gravemente los intereses nacionales, proponiendo en tales casos las medidas y/o acciones que se estimen necesarias para su resolución;

b) Analizar y proponer las hipótesis de conflicto;

c) Sugerir la adopción de estrategias, aprobar los planes y coordinar las acciones necesarias para la defensa;

d) Realizar propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa que, por afectar a varios organismos del Estado, exijan un tratamiento conjunto.

Artículo 13.- El Consejo de Defensa Nacional (CODENA) contará con una Secretaría Permanente que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y cuyo funcionamiento se reglamentará.

TITULO III

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SECCION 1

ORGANIZACION

Artículo 14.- El Ministerio de Defensa Nacional tiene por atribución y competencia básica la conducción política de aquellas áreas de la defensa nacional que las leyes y el Poder Ejecutivo en el marco de sus facultades determinen y en particular todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas.

Está dirigido por el Ministro de Defensa Nacional quien tiene como cometidos, además de los asignados por la Constitución de la República, los siguientes:

a) Actuar con el Presidente de la República en todo lo inherente a la Defensa Nacional;

b) La preparación, dirección, ordenamiento y ejecución de la política de Defensa Nacional; la obtención y gestión de los recursos humanos y materiales para ello;

c) La dirección superior y administración de las Fuerzas Armadas, en aquello que no se reserve directamente el Poder Ejecutivo;

d) Integrar como miembro permanente el Consejo de Defensa Nacional.

Artículo 15.- Constituyen además funciones del Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes:

a) Ejercer la gestión administrativa, financiera, jurídica y establecer los criterios de gestión de los recursos humanos, tanto civiles como militares de todas las Unidades y dependencias que lo componen. A tales efectos puede emplear personal de origen civil o militar indistintamente, siguiendo el criterio de adecuación y conveniencia para el servicio a prestar.

b) Ejercer la dirección y supervisión de todas las actividades que cumplan las Fuerzas Armadas, siguiendo los lineamientos que se establezcan al respecto por el Mando Superior.

c) Determinar la orientación y el delineamiento de la formación de las Fuerzas Armadas, tendiente al máximo desarrollo de sus valores, aptitudes y deberes necesarios para el cumplimiento de los cometidos fundamentales que por esta ley se establecen.

Artículo 16.- Sin perjuicio de las disposiciones que establezca la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y demás normas complementarias que se dictaren, serán áreas básicas de su competencia las siguientes:

A) Política de Defensa: Con funciones de asesoramiento y gestión esta área entiende en temas generales de política de Defensa Nacional y en los asuntos internacionales vinculados a ella, llevando a cabo las tareas de articulación con otras instituciones nacionales o extranjeras en las materias propias de este Ministerio;

B) Administración General: Comprende la Dirección General de Secretaría, la Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios Sociales, las cuales entienden en: la administración general, la gestión de los recursos humanos, la dirección y supervisión del reclutamiento del personal civil y militar, los sistemas de regulación de cuadros y ascensos, los asuntos jurídicos, notariales y sociales del Inciso. Asimismo, planifica, gestiona y controla la ejecución presupuestal asignada, así como el establecimiento y control de los indicadores de gestión presupuestarios de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso.

C) Estado Mayor de la Defensa: Es el órgano de asesoramiento ministerial militar encargado de asesorar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política militar, en materia de:

a) Elaboración doctrinaria y planificación del concepto de operación conjunta de las Fuerzas Armadas;

b) Análisis y valoración de escenarios estratégicos;

c) Planificación logística de las Fuerzas Armadas a nivel ministerial, particularmente en lo referido a sistemas de armas, comunicaciones, equipamiento y nuevas tecnologías;

d) Doctrina y reglas de enfrentamiento del instrumento militar;

e) Planificación y coordinación de operaciones conjuntas y/o combinadas, centralizando en su organización los diferentes asuntos vinculados con la inteligencia militar; así como la actuación de los Agregados de Defensa de la República acreditados ante gobiernos extranjeros;

f) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa será un Oficial en actividad de la misma jerarquía que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, no estableciéndose ningún tipo de rotación obligatoria entre las Fuerzas, siendo que su designación debe responder a la confianza que en él le deposita el Poder Ejecutivo.

Para su designación se seguirán los mismos procedimientos que para la designación de los Comandantes en Jefe, debiendo pasar a Retiro en los mismos plazos indicados que para aquéllos.

En caso de ser removido de su cargo pasará a la situación de Retiro, no pudiendo un Oficial designado para ese cargo regresar a su Fuerza de origen en la calidad de Comandante en Jefe. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa dependerá directamente del Ministro de Defensa Nacional, pasando a revistar fuera de cuadros de su Fuerza de origen a partir de la designación, en cuyo caso se ascenderá un nuevo Oficial general para cubrir la vacante en la Fuerza que lo provee.

g) Dependerá del Jefe de Estado Mayor de la Defensa el Mando General de las Operaciones conjuntas o conjuntas-combinadas. Asimismo existirá un Jefe de Operaciones, cargo que se reglamentará y que podrá ser rotatorio entre las fuerzas representando el Nivel Estratégico Operacional junto con los Comandantes de Mandos Conjuntos que se creen para el cumplimiento de los Planes Militares de la Defensa.

h) Del Jefe de Estado Mayor de la Defensa dependerá el Sistema Nacional de Operaciones de la Paz (SINOMAPA).

D) Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya: Ejecutarán las tareas necesarias para cumplir los cometidos asignados atinentes a la defensa, en el marco de la Constitución de la República y las leyes, de conformidad con la política de Defensa Nacional.

SECCION 2

FUERZAS ARMADAS

CAPITULO 1

ORGANIZACION Y MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 17.- Las Fuerzas Armadas, institución militar de la defensa, son responsables de la ejecución de las actividades militares de la Defensa Nacional.

Artículo 18.- Las Fuerzas Armadas están integradas por la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Se constituyen como la rama organizada, equipada, instruida y entrenada para ejecutar los actos militares que imponga la Defensa Nacional. Su cometido fundamental es la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes.

Artículo 19.- Su composición, dimensión y despliegue, así como su organización y funcionamiento, se inspirarán en el criterio de eficiencia conjunta; unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola Fuerza.

Artículo 20.- En tiempos de paz y bajo autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental.

CAPITULO 2

MISIONES EN EL EXTERIOR

Artículo 21.- Las misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de la República deberán ser promovidas, dentro del marco de sus respectivas competencias, por los organismos internacionales de los que el Estado forme parte. Cumplirán fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.

Artículo 22.- La participación de contingentes nacionales en Misiones de Paz constituye una decisión soberana que estará determinada por la política exterior de la República y en tal sentido tenderá a la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional, la práctica de medidas de confianza mutua y la promoción de relaciones de cooperación y respeto entre los diferentes actores de la comunidad internacional, en consonancia con el derecho internacional.

Artículo 23.- El despliegue de contingentes militares fuera de fronteras no debe afectar el cumplimiento de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas.

Artículo 24.- La participación de fuerzas o efectivos militares nacionales en actividades reales o virtuales de carácter combinado con fuerzas militares de otros Estados debe guardar coherencia con las necesidades de la defensa militar del país y su política exterior. Los ob-jetivos de la participación en las referidas actividades son:

a) Intercambiar experiencias y conocimiento de doctrinas de empleo diferentes;

b) Propiciar el conocimiento y entrenamiento profesional en la utilización de tecnologías y sistemas de organización diversos;

c) Profundizar en el conocimiento de fortalezas y debilidades de diferentes sistemas;

d) Desarrollar las capacidades propias para la acción combinada y combinada-conjunta.

e) Potenciar las medidas de confianza mutua.

TITULO IV

CONTRIBUCION A LA DEFENSA

PREPARACION DE RECURSOS PARA CONTRIBUIR A LA DEFENSA

Artículo 25.- El Poder Ejecutivo establecerá los criterios relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza o crisis, considerando para su aplicación lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución de la República y los mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre los diferentes poderes públicos, dando cuenta al Poder Legislativo.

Artículo 26.- En tiempo de conflicto armado y durante la vigencia del estado de guerra, el sistema de disponibilidad permanente de recursos será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 27.- El Poder Judicial ejerce la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar a que refiere el artículo 253 de la Constitución de la República.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional, coordinará con la Suprema Corte de Justicia el respectivo traslado de funciones, mediante el correspondiente proyecto de modificación a la Ley N° 15.750 -Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales-.

La Jurisdicción Militar, conforme a lo dispuesto en el artículo 253 citado, mantiene su esfera de competencia exclusivamente a los delitos militares y el caso de estado de guerra.

Artículo 28.- Dispónese que solo los militares pueden ser responsables del delito militar.

Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria.

Artículo 29.- Dispónese que la instrucción militar y el servicio militar son de carácter voluntario.

Artículo 30.- Las necesidades de la Defensa Nacional y las líneas generales de política de Defensa Nacional serán objeto de información constante y actualizada, las que serán difundidas a través de un "Libro Blanco".

Artículo 31.- DISPOSICION TRANSITORIA: Dispónese que hasta la implementación de lo dispuesto en el artículo 27, mantendrán plena vigencia las normas contenidas en los Códigos Penal Militar, de Organización de los Tribunales Militares y de Procedimiento Penal Militar, con excepción de lo establecido en el artículo 28, en cuanto no se ajuste a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 32.- El Poder Ejecutivo dictará las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 33.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Sala de la Comisión, a 22 de diciembre de 2008.

Jorge Saravia, Miembro Informante; Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, Gustavo Penadés (con salvedades).

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 18 de febrero de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente proyecto de ley denominado Ley Marco de Defensa Nacional.

Durante la campaña electoral, del año 2004 la fuerza política que hoy está en el Gobierno planteó la necesidad de impulsar un amplio debate nacional en materia de Defensa. Se fundamentó el mismo, en la valoración respecto a que el tema de la Defensa Nacional había estado ausente a lo largo de nuestra historia de los ámbitos institucionales, salvo contadas excepciones que estuvieron vinculadas más a aconteceres bélicos externos que a la historia nacional. También a la ausencia de reflexión y producción respecto a estos temas que caracterizó el desarrollo de la elaboración académica.

Se entendía en dicha oportunidad y se sigue entendiendo que los temas de defensa no son patrimonio exclusivo de los ámbitos militares. Que en su acepción amplia la defensa nacional incumbe al conjunto de la sociedad y que restringir los temas de la defensa a los temas militares es un error con consecuencias importantes.

Se planteó desde el punto de vista programático dotar al país de una Ley Marco sobre Defensa Nacional y de otra ley que modificara y actualizara la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

En marzo de 2005 comenzaron las gestiones ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco del programa "Apoyo al diseño de políticas en el sector de la seguridad (defensa nacional y seguridad ciudadana)" para lograr formas de cooperación que permitiera desarrollar el debate nacional sobre Defensa al que nos comprometimos durante la campaña electoral, sin afectar aspectos de naturaleza presupuestal que resultaban extremadamente acotados.

Sobre fines de octubre de 2005 logramos acordar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo dicha cooperación y decidimos que en el primer trimestre de 2006 comenzaríamos con las actividades que teníamos proyectadas respecto al debate nacional sobre Defensa. A su vez se contó con la colaboración de la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales a través de un convenio firmado entre dicha Asociación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

La programación de las etapas del Debate Nacional durante el año 2006, previó la realización de un Seminario Internacional donde se invitó a políticos, académicos y militares de América del Sur (Repúblicas Argentina, Federativa del Brasil, de Chile, del Paraguay y Bolivariana de Venezuela) y de tres países extrarregionales (Reino de España, Repúblicas Portuguesa y de Sudáfrica) a los efectos de conocer la situación en cada uno de esos países respecto a la Defensa Nacional. Más allá de la vecindad, de los vínculos histórico culturales, de los intereses conjuntos que compartimos con algunos de ellos en tanto partícipes de un proceso de integración regional, en los últimos 30 años, salvo la República Bolivariana de Venezuela, los mismos dejaron atrás procesos de dictadura para encaminar procesos de reinstitucionalización democrática y de formulación de políticas de Defensa en un nuevo contexto mundial post-guerra fría. Encontrándose muchos de ellos desarrollando transformaciones con relación a sus políticas de Defensa y de organización de sus Fuerzas Armadas.

Al Seminario Internacional le siguió un Seminario Nacional a mediados de mayo de 2006. En la apertura del mismo brindaron sus exposiciones el Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez y los ex - Presidentes Dr. Julio María Sanguinetti y el Dr. Luis Alberto Lacalle.

En el mismo panelistas nacionales vinculados a los partidos políticos con representación parlamentaria, académicos, miembros de las Fuerzas Armadas y periodistas presentaron sus puntos de vista respecto a la Defensa Nacional, a la Política Exterior y la Defensa, al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas y a la Justicia Militar.

A los seminarios -internacional y nacional- le siguieron cinco mesas denominadas Mesas Temáticas de Debate. Se realizaron 20 sesiones de trabajo de cuatro horas de duración cada una entre los meses de junio y setiembre de 2006, en el Instituto Militar de Estudios Superiores. Las Mesas Temáticas de debate abordaron los temas de La Defensa Nacional, Política Exterior y Defensa, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas y Justicia Militar.

Según surge del Informe Analítico elaborado por un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, fueron invitados a participar unas 180 instituciones y dependencias públicas y privadas. A ello deben sumarse la participación de Legisladores que se consideraron miembros natos de las mismas fundamentalmente los integrantes de las comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Internacionales y de Constitución y Códigos de ambas Cámaras.

Los participantes de acuerdo a su procedencia y considerando en promedio todas las sesiones pueden clasificarse en: 18,48% del Poder Ejecutivo, exceptuando el Ministerio de Defensa al que le correspondió sin contar a los militares el 10,91%, al Poder Legislativo el 17,88%, a dependencias militares el 12,12%, a Gobiernos Municipales el 2,73%; a organismos partidarios el 4,24%, a organizaciones de la sociedad civil el 23,33%, y a servicios universitarios (públicos y privados) el 10,30%.

Cabe destacar que si bien la invitación se hizo a instituciones públicas y privadas, a los participantes se les indicó que el debate iba a estar guiado por el principio de "no asignación"; es decir que fuera de las mesas de debate no se le podía asignar a nadie los conceptos que dentro de las mismas hubiera volcado.

Con ello se pretendió que se discutiera y se intercambiara sobre elementos conceptuales sin que se tomara como representativo de la institución de la cual se provenía, a excepción de quienes representaban directamente a los Sres. Comandantes en Jefe de cada una de las Fuerzas. Dicho principio permitió ampliar los grados de libertad para expresarse y garantizó la reserva mínima que posibilitó confrontar ideas basados en el respeto y la confianza que se fue desarrollando entre todos los participantes.

A los militares que participaron a su vez se les garantizó que no habría ningún tipo de consecuencias desfavorables por los conceptos que se vertieran en el marco de las mesas de debate.

El mismo criterio fue conversado con los señores Legisladores invitados a participar, en tanto lo que pudieran manifestar en las mesas de debate no condicionaba en absoluto la posición que luego pudieran tomar en el proceso de sanción legislativa del proyecto de ley.

Finalmente quedó claro que si bien las mesas iban a finalizar con la aprobación de documentos de síntesis con consenso y disensos, los mismos serían insumos para la futura Ley de Defensa. A partir de allí seria el Poder Ejecutivo en el marco de sus facultades constitucionales el responsable de los contenidos del proyecto de ley a enviar al Parlamento y correspondería al Poder Legislativo la discusión y sanción final de la Ley Marco de Defensa.

Algunos de los temas abordados en las mesas de debate mencionadas fueron retomados entre los meses de octubre y diciembre de 2006, en la etapa que abordó también en un seminario y en mesas de debate, los temas de Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Educación Militar.

CONTENIDOS DEL PROYECTO DE LEY.

Título Preliminar

Capítulo I - Definición y Características de la Defensa Nacional.

Durante la Primera Mesa Temática de Debate se discutió acerca del concepto y las características de la Defensa Nacional. De este marco surgió la necesidad de contar con una Ley en la cual se definieran los conceptos, las competencias y las disposiciones institucionales que la ordenan.

Así luego de un profuso debate se llegó por consenso a la definición que se encuentra plasmada en el artículo 1 del presente proyecto de ley.

Capítulo 2 - Política de Defensa Nacional y Política Militar de Defensa.

En el texto se recogen las diferencias entre la Política de Defensa Nacional y la Política Militar de Defensa.

Durante las discusiones llevadas a cabo en el marco del citado Debate distintos actores destacaron la necesidad de abordar de forma integral las políticas de Defensa y Relaciones Exteriores, en el entendido de que ambas están vinculadas por los objetivos comunes que persiguen: soberanía, integridad territorial, respeto a los principios del Derecho Internacional, especialmente los de autodeterminación de los pueblos, preservación de la paz, de no intervención en los asuntos internos de otras Naciones, de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los Estados.

Se remarcó la centralidad de la acción diplomática como instrumento al servicio de la Defensa, tanto generando condiciones que alejen al país de los conflictos, como colaborando a la adecuada gestión de los mismos cuando se presenten. Por eso en el texto normativo se establece a la acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos.

Se concibe a la política militar de defensa, como una parte de la política de defensa nacional. Refiere exclusivamente al conjunto de disposiciones tendientes a asegurar la integridad territorial del país, la custodia del ejercicio de la soberanía nacional, así como la obtención de los recursos humanos y materiales que fueren necesarios para obtener una adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión miliar externa.

Título II - Estructura Organizativa y Funcional del Sistema de Defensa Nacional.

Desde un inicio se concibió a la Defensa Nacional como un sistema donde interactúen el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Consejo de Defensa Nacional, encargado de determinar y actualizar la política de defensa nacional.

Capítulo 1 - Poder Ejecutivo

El Proyecto establece los cometidos que a cada uno le corresponde, recogiendo los establecidos en la Constitución de la República y sumando otros como es el caso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo en materia de determinación de la política de Defensa Nacional y sus objetivos, el tomar a su cargo la dirección político -estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza, entre otras.

Capítulo 2 - Poder Legislativo

El Poder Legislativo tiene atribuido por la Constitución de la República distintos cometidos en materia de defensa, los cuales fueron compilados en un solo artículo.

Capítulo 3 - Consejo de Defensa Nacional

Durante el Debate varios interlocutores estuvieron de acuerdo en la creación de un Consejo de Defensa Nacional, órgano encargado de articular a nivel del Poder Ejecutivo las políticas sectoriales relacionadas con la Defensa Nacional.

Conformará esta la principal instancia de asistencia y asesoramiento al Presidente de la República en el análisis de los lineamientos básicos de la política de defensa nacional a través del diseño y elaboración de informes, evaluaciones, dictámenes, planes y/o proyectos para la determinación de potenciales situaciones de riesgo que puedan afectar la soberanía e independencia de la República, la integridad territorial; sugerir la adopción de estrategias; entre otros cometidos.

Título III - Ministerio de Defensa Nacional

Sección 1 - Organización.

En primer lugar y en atención a que el país nunca contó con una ley de defensa nacional, siendo este un hito histórico, se establece a texto expreso que el Ministerio de Defensa Nacional tiene por atribución y competencia básica la conducción política de aquellas áreas de la Defensa Nacional que las Leyes y el Poder Ejecutivo determinan.

Se establecen como atribuciones del Ministro de Defensa Nacional todas las inherentes al desarrollo y ejecución de las políticas de defensa en general y militar en particular y en especial todo lo relativo a la dirección superior y administración de las Fuerzas Armadas.

Se concibe la organización ministerial en cuatro áreas básicas de competencia, a efectos de una mejor racionalización de recursos humanos y materiales: a) Política de Defensa; b) Administración General; c) Estado Mayor de la Defensa; y d) Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya.

La mayor novedad corresponde a la creación del Estado Mayor de la Defensa, órgano de asesoramiento ministerial, encargado de planificar, coordinar, controlar y supervisar en distintas materias relacionadas a las Fuerzas Armadas.

Sección 2 - Fuerzas Armadas

Capítulo 1 - Organización y Misiones de las Fuerzas Armadas

La organización de las Fuerzas Armadas, integradas en el Ministerio de Defensa Nacional, responde a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia.

Para incrementar la eficacia y eficiencia de las Fuerzas Armadas la Ley concreta su organización con criterios que posibiliten la acción conjunta de sus tres ramas; disponiéndose, con un criterio de racionalidad, la unificación de las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola Fuerza.

Capítulo 2 - Misiones en el Exterior

El presente capítulo refleja cuáles son los lineamientos generales para la participación del país en Misiones de Paz o Ejercicios combinados con Fuerzas Armadas de otros Estados.

De acuerdo al consenso obtenido durante el debate, la participación de contingentes militares en misiones de paz debe guardar coherencia con la política exterior de la República, en el sentido de la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional, la práctica de medidas de confianza mutua y la promoción de relaciones de cooperación y respeto entre los diferentes actores de la comunidad internacional.

Asimismo, se discutió ampliamente sobre la necesidad de definir explícitamente en la Ley qué beneficios espera obtener el país con la participación de efectivos militares en ejercicios combinados con Fuerzas Armadas de otros países.

Esa declaración explícita de intereses efectuada en la Ley, fomenta o contribuye a que las Fuerzas Armadas trabajen para que esas actividades sean funcionales a esos objetivos predeterminados.

Queda de manifiesto en las distintas instancias del Debate que la participación en este tipo de ejercicios, al igual que en Misiones de Paz son parte fundamental de la formación y preparación del personal de las Fuerzas Armadas, al tiempo que sirven para reflejar el nivel de las Fuerzas Armadas uruguayas en el ámbito internacional.

Título IV - Contribución a la Defensa

Preparación de Recursos para contribuir a la Defensa.

Se establece a texto expreso que el Poder Ejecutivo será quien establecerá los criterios relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales necesarios para la Defensa Nacional en momentos en que se presenten situaciones de grave amenaza o crisis.

Disposiciones Finales

Justicia Militar

El proyecto contiene dos artículos sumamente novedosos que refieren a la Justicia Militar. Conforme a lo dispuesto por el artículo 253 de la Constitución de la República: "La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra. Los delitos comunes cometidos por militares en tiempos de paz, cualquiera que sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria".

En atención a lo dispuesto en la Carta Magna se prevé el traslado de funciones de la Justicia Militar a la órbita del Poder Judicial.

Se dispone que solo los militares pueden ser responsables de delito militar y que los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria, tal como lo establece la Constitución.

Instrucción Militar y Servicio Militar.

Se establece a texto expreso que la Instrucción Militar y el servicio militar son de carácter voluntario.

El Poder Ejecutivo saluda atentamente al señor Presidente de la Asamblea General.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Azucena Berrutti.

Ministerio de Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY DE DEFENSA NACIONAL

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO 1. DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LA DEFENSA NACIONAL

ARTICULO 1°.- La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades -civiles y militares- dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; generando las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población.

ARTICULO 2°.- La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y términos que se establece en la Constitución y las leyes. Es una función esencial, permanente e indelegable del Estado y en su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.

CAPITULO 2 - POLITICA DE DEFENSA NACIONAL Y POLITICA MILITAR DE DEFENSA

ARTICULO 3°.- La política de Defensa Nacional, como política pública, debe cumplir con los principios generales de derecho interno y de derecho internacional, en coordinación con la política exterior del Estado; y respetar, especialmente, los principios de autodeterminación de los pueblos, de preservación de la paz, de no intervención en los asuntos internos de otras Naciones, de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los Estados.

Se establece la acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos.

ARTICULO 4°.- En el ejercicio del derecho de legítima defensa consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, la República Oriental del Uruguay se reserva el recurso de la fuerza para los casos de agresión militar efectiva o inminente, sin perjuicio de ejercer todos los medios disuasorios y preventivos que resulten adecuados.

ARTICULO 5°.- La política militar de defensa establecerá las normas que aseguren la integridad territorial del país, la custodia del ejercicio de la soberanía nacional en los espacios terrestres, marítimos y aéreos del Estado uruguayo.

Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa.

TITULO II - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL

ARTICULO 6°.- El Sistema de Defensa Nacional determina la política de defensa nacional que mejor se ajusta a las necesidades del país, así como su permanente actualización.

ARTICULO 7°.- Los integrantes del Sistema de Defensa Nacional, actuando cada uno en el marco de sus competencias, son:

a) El Poder Ejecutivo;

b) El Poder Legislativo;

c) El Consejo de Defensa Nacional.

CAPITULO 1.- PODER EJECUTIVO

ARTICULO 8°.- Compete al Presidente de la República actuando con el Ministro de Defensa, Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros:

a) Determinar la política de Defensa Nacional y sus objetivos;

b) Dirigir la Defensa Nacional;

c) Ejercer el Mando Superior de las Fuerzas Armadas;

d) Adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa;

e) Tomar a su cargo la dirección político-estratégica de las operaciones militares en casos de uso de la fuerza;

f) Establecer las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa.

CAPITULO 2.- PODER LEGISLATIVO

ARTICULO 9°.- Corresponde al Poder Legislativo ejercer las funciones relativas a la Defensa Nacional que le asigna la Constitución de la República:

a) Decretar la guerra;

b) Designar todos los años la Fuerza Armada necesaria;

c) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él;

d) Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando para este caso, el tiempo de regreso a ella;

e) Hacer los reglamentos de milicias y determinar el tiempo y número en que deben reunirse;

f) Adoptar resolución respecto a las medidas prontas de seguridad que instalare el Poder Ejecutivo, así como de los arrestos o traslados de personas que fueren dispuestos en virtud de las mismas;

g) Tomar conocimiento de los programas de estudio de las escuelas e institutos de formación militar;

h) Conceder la venia para ascensos militares en la forma constitucionalmente prevista.

CAPITULO 3.- CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

ARTICULO 10.- El Consejo de Defensa Nacional constituye un órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa. Está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, los Ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas.

ARTICULO 11.- Se reúne a instancias del Presidente de la República quien convoca a sus miembros permanentes. Podrá citar a los Comandantes en Jefe de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea e invitar a Legisladores nacionales, miembros del Poder Judicial, autoridades de la Administración Pública; así como personas cuyos conocimientos o competencias considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieran de tratarse.

ARTICULO 12.- Compete al mismo asesorar sobre la Defensa Nacional. Tiene entre otros cometidos:

a) Analizar las situaciones de riesgo que puedan afectar la soberanía e independencia de la República, proponiendo en tales cosas las medidas y/o acciones que se estimen necesarias para su resolución;

b) Proponer las hipótesis de conflicto;

c) Sugerir la adopción de estrategias, preparación de planes y coordinación de acciones necesarias para la defensa;

d) Realizar propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa que, afectando a varios Ministerios, exija un tratamiento conjunto.

ARTICULO 13.- El Consejo de Defensa Nacional (CODENA) contará con una Secretaría Permanente que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y cuyo funcionamiento se reglamentará.

TITULO III - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SECCION 1.- ORGANIZACION

ARTICULO 14.- El Ministerio de Defensa Nacional, tiene por atribución y competencia básica la conducción política de aquellas áreas de la defensa nacional que las leyes y el Poder Ejecutivo en el marco de sus facultades determinen y en particular todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas.

Está dirigido por el Ministro de Defensa Nacional quien tiene como cometidos, además de los asignados por la Constitución de la República, los siguientes:

a) Actuar con el Presidente de la República en todo lo inherente a la Defensa Nacional;

b) La preparación, dirección, ordenamiento y ejecución de la política de Defensa Nacional; la obtención y gestión de los recursos humanos y materiales para ello;

c) La dirección superior y administración de las Fuerzas Armadas, en aquello que no se reserve directamente el Poder Ejecutivo;

d) Integrar como miembro permanente el Consejo de Defensa Nacional.

ARTICULO 15.- Constituyen además funciones del Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes:

a) Ejercer la gestión administrativa, financiera, jurídica y establecer los criterios de gestión de los recursos humanos, tanto civiles como militares de todas las Unidades y dependencias que lo componen. A tales efectos puede emplear personal de origen civil o militar indistintamente, siguiendo el criterio de adecuación y conveniencia para el servicio a prestar.

b) Ejercer la dirección y supervisión de todas las actividades que cumplan las Fuerzas Armadas, siguiendo los lineamientos que se establezcan al respecto por el Mando Superior.

c) Determinar la orientación y el delineamiento de la formación de las Fuerzas Armadas, tendiente al má-ximo desarrollo de sus valores, aptitudes y deberes necesarios para el cumplimiento de los come-tidos fundamentales que por esta ley se establecen.

ARTICULO 16.- El Ministerio de Defensa Nacional tiene como áreas básicas de competencias las siguientes:

A) Política de Defensa: con funciones de asesoramiento y gestión esta área entiende en temas generales de política de Defensa Nacional y en los asuntos internacionales vinculados a ella, llevando a cabo las tareas de articulación con otras instituciones nacionales o extranjeras en las materias propias de este Ministerio;

B) Administración General: Comprende la Dirección General de Secretaría, la Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios Sociales, las cuales entienden en: la administración general, la gestión de los recursos humanos, la dirección y supervisión del reclutamiento del personal civil y militar, los sistemas de regulación de cuadros y ascensos, los asuntos jurídicos, notariales y sociales del Inciso. Asimismo, planifica, gestiona y controla la ejecución presupuestal asignada, así como el establecimiento y control de los indicadores de gestión presupuestarios de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso.

C) Estado Mayor de la Defensa: Es el órgano de asesoramiento ministerial militar encargado de asesorar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política de defensa militar, en materia de:

a) Elaboración doctrinaria y planificación del concepto de operación conjunta en las Fuerzas Armadas;

b) Análisis y valoración de los escenarios estratégicos futuros;

c) Planificación logística de las Fuerzas Armadas a nivel ministerial, particularmente en lo referido a sistemas de armas, de comunicaciones, equipamiento y nuevas tecnologías;

d) Doctrina y reglas de enfrentamiento del instrumento militar;

e) Planificación y coordinación de operaciones conjuntas y/o combinadas.

Centralizará en su organización los diferentes asuntos vinculados con la inteligencia militar.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa será un Oficial General en actividad o retiro, designado por el Poder Ejecutivo.

D) Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya: Ejecutarán las tareas necesarias para cumplir los cometidos asignados atinentes a la defensa, en el marco de la Constitución de la República y las leyes, de conformidad con la política de Defensa Nacional.

SECCION 2.- FUERZAS ARMADAS

CAPITULO 1.- ORGANIZACION Y MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

ARTICULO 17.- Las Fuerzas Armadas, institución militar de la defensa, son responsables de la ejecución de las actividades militares de la Defensa Nacional.

ARTICULO 18.- Las Fuerzas Armadas están integradas por la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Se constituyen como la rama organizada, equipada, instruida y entrenada para ejecutar los actos militares que imponga la Defensa Nacional. Su cometido fundamental es la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes.

ARTICULO 19.- Su composición, dimensión y despliegue, así como su organización y funcionamiento, se inspirarán en el criterio de eficiencia conjunta; unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola Fuerza.

ARTICULO 20.- En tiempos de paz y bajo autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental.

CAPITULO 2.- MISIONES EN EL EXTERIOR

ARTICULO 21.- Las misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de la República deberán ser promovidas, dentro del marco de sus respectivas competencias, por los organismos internacionales de los que el Estado forme parte. Cumplirán fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.

ARTICULO 22.- La participación de contingentes nacionales en Misiones de Paz constituye una decisión soberana que estará determinada por la política exterior de la República y en tal sentido tenderá a la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional, la práctica de medidas de confianza mutua y la promoción de relaciones de cooperación y respeto entre los diferentes actores de la comunidad internacional, en consonancia con el derecho internacional.

ARTICULO 23.- El despliegue de contingentes militares fuera de fronteras no debe afectar el cumplimiento de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas.

ARTICULO 24.- La participación de fuerzas o efectivos militares nacionales en actividades reales o virtuales de carácter combinado con fuerzas militares de otros Estados debe guardar coherencia con las necesidades de la defensa militar del país y su política exterior. Los objetivos de la participación en las referidas actividades son:

a) Intercambiar experiencias y conocimiento de doctrinas de empleo diferentes;

b) Propiciar el conocimiento y entrenamiento profesional en la utilización de tecnologías y sistemas de organización diversos;

c) Profundizar en el conocimiento de fortalezas y debilidades de diferentes sistemas;

d) Desarrollar las capacidades propias para la acción combinada y combinada-conjunta;

e) Potenciar las medidas de confianza mutua.

TITULO IV - CONTRIBUCION A LA DEFENSA

PREPARACION DE RECURSOS PARA CONTRIBUIR A LA DEFENSA

ARTICULO 25.- El Poder Ejecutivo establecerá los criterios relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza o crisis, considerando para su aplicación lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución de la República y los mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre los diferentes poderes públicos; dando cuenta al Poder Legislativo.

ARTICULO 26.- En tiempo de conflicto armado y durante la vigencia del estado de guerra, el sistema de disponibilidad permanente de recursos será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional.

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 27.- El Poder Judicial ejerce la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar a que refiere el artículo 253 de la Constitución de la República.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional, coordinará con la Suprema Corte de Justicia el respectivo traslado de funciones, mediante el correspondiente proyecto de modificación a la Ley N° 15.750 - Or-gánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales.

La Jurisdicción Militar, conforme a lo dispuesto en el artículo 253 citado, mantiene su esfera de competencia exclusivamente a los delitos militares y al caso de estado de guerra.

ARTICULO 28.- Dispónese que solo los militares pueden ser responsables del delito militar.

Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria.

ARTICULO 29.- Dispónese que la instrucción militar y el servicio militar son de carácter voluntario.

ARTICULO 30.- Las necesidades de la Defensa Nacional y las líneas generales de política de Defensa Nacional serán objeto de información constante y actualizada.

ARTICULO 31.- DISPOSICION TRANSITORIA: Dispó-nese que hasta la implementación de lo dispuesto en el artículo 27, mantendrán plena vigencia las normas contenidas en los Códigos Penal Militar, de organización de los Tribunales Militares y de Procedimiento Penal Militar, con excepción de lo establecido en el artículo 28, en cuanto no se ajuste a lo dispuesto en la presente ley.

ARTICULO 32.- El Poder Ejecutivo dictará las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de esta ley.

ARTICULO 33.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley.

Azucena Berrutti.

DISPOSICIONES CITADAS

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

SECCION II

DERECHOS, DEBERES Y GARANTIAS

CAPITULO I

Artículo 35.- Nadie será obligado a prestar auxilios, sean de la clase que fueren, para los ejércitos, ni a franquear su casa para alojamiento de militares, sino de orden del magistrado civil según la ley, y recibirá de la República la indemnización del perjuicio que en tales casos se le infiera.

SECCION XV

DEL PODER JUDICIAL

CAPITULO VIII

Artículo 253.- La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra.

Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera que sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria.

Ley N° 15.750,

de 24 de junio de 1985

LEY ORGANICA DE LA JUDICATURA Y DE ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1°.- El Poder Judicial y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo son independientes de toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 2°.- La Potestad de conocer en los asuntos que les están asignados y de hacer ejecutar lo juzgado en la forma que en cada caso corresponda, pertenece exclu-sivamente a los tribunales que establece la ley. Por tribunales se entiende, tanto los colegiados como los unipersonales.

Artículo 3°.- También corresponde a los tribunales intervenir en todos aquellos actos no contenciosos en que la ley lo requiera.

Artículo 4°.- Para hacer ejecutar sus sentencias y para practicar los demás actos que decreten, pueden los tribunales requerir de las demás autoridades el concurso de la fuerza pública que de ellas dependa, o los otros medios de acción conducentes de que dispongan.

La autoridad requerida debe prestar un concurso sin que le corresponda calificar el fundamento con que se le pide, ni la justicia o legalidad de la sentencia, decreto u orden que se trata de ejecutar.

TITULO II

De la Jurisdicción y Competencia

CAPITULO I

Reglas Generales

Artículo 5°.- Los tribunales no pueden ejercer su ministerio sino a petición de parte, salvo los casos en que, según la ley, deban o puedan proceder de oficio.

Reclamada su intervención en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por razón de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.

Artículo 6°.- Es jurisdicción de los tribunales la potestad pública que tiene de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada.

Es competencia la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales de una misma materia.

La prórroga de jurisdicción está prohibida.

Artículo 7°.- Siempre que según la ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto dos o más tribunales, ninguno podrá excusarse bajo el pretexto de haber otros que puedan conocer de él; pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan, desde entonces, de ser competentes.

Artículo 8°.- Una vez fijada con arreglo a la ley la competencia de un tribunal para conocer en primera instancia de un determinado asunto, queda igualmente fijada la de los tribunales inmediatos superiores para conocer del mismo asunto en las demás instancias.

Artículo 9°.- Cuando dos o más tribunales de similar categoría y competencia tengan la misma circunscripción territorial, su intervención se determinará por el sistema que establezca la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO II

Prórroga de Competencia

Artículo 10.- La competencia de los tribunales solamente es prorrogable de lugar a lugar.

Artículo 11.- La prórroga de competencia puede ser expresa o tácita.

Es expresa, cuando en el contrato mismo o en un acto posterior han convenido en ello las partes, designando al tribunal a quien se someten.

Es tácita, por parte del demandante; por el hecho de ocurrir ante el tribunal interponiendo su demanda, y por parte del demandado, por el hecho de no oponer la excepción declinatoria dentro del plazo legal.

Artículo 12.- Pueden prorrogar competencia todas las personas que, según la ley, son hábiles para estar en juicio por sí mismas; y por las que no lo son, pueden prorrogarla sus representantes legales.

El Procurador no necesita facultad especial para prorrogar competencia.

Artículo 13.- El tribunal ante quien se deduzca una acción, si se considera absolutamente incompetente para conocer en ella, deberá inhibirse de oficio sin más actuaciones, mandando que el interesado ocurra donde corresponda.

Se exceptúa de esta regla la incompetencia por razón de turnos.

Las partes no podrán disponer de ellos; no obstante, si por error se dejaren de observar, lo actuado ante el tribunal incompetente; por razón del turno es válido, sin perjuicio de que advertido el defecto, de oficio o a petición de parte, se remita el expediente al Tribunal competente.

Artículo 14.- La prórroga de competencia legalmente operada obliga al tribunal.

En los casos en que la prórroga tenga lugar, el Tribunal conocerá del asunto en la misma forma en que conoce de los de su competencia normal.

Las disposiciones anteriores rigen también en materia de jurisdicción voluntaria. (*)

(*) Nota:

Inciso 3°) agregado/s por: Ley N° 16.320, de 01/11/1992 artículo 376.

CAPITULO III

Competencia de los Tribunales Según la Naturaleza de la Acción

Artículo 15.- Es tribunal competente para conocer de los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar en que esté la cosa litigiosa.

Si los inmuebles que son objeto de la acción real estuvieran situados en distintos lugares, será competente cualquiera de los tribunales del lugar en que estén situados.

Artículo 16.- Si una misma acción real tuviera por objeto reclamar bienes muebles e inmuebles, será tribunal competente el del lugar en que estuvieren situados los inmuebles.

Artículo 17.- De los juicios en que se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles o semovientes, conocerá el Tribunal del lugar en que se hallen, o el del domicilio del demandado, a elección del demandante.

Artículo 18.- Si la acción real entablada tuviera por objeto derechos o acciones que se reputan muebles o inmuebles por los artículos 474 y 475 del Código Civil, se estará a lo dispuesto en los artículos precedentes respecto de cada una de esas clases de bienes.

Artículo 19.- De los juicios en que se ejerciten acciones reales y personales conocerá, a elección del demandante, el tribunal del lugar en que esté la cosa o el que corresponda según el artículo 21.

Si las cosas inmuebles sobre las cuales recae la acción real son varias y situadas en diversos lugares, se aplicará el artículo 15 en el caso de optar el demandante por seguir el fuero de la situación de las cosas.

Artículo 20.- Si los derechos producen acciones alternativas, reales o personales, se aplicarán las reglas de los precedentes artículos. Será competente el juzgado que corresponda a unas o a otras, a elección del demandante.

Artículo 21.- De los juicios en que se ejerciten acciones personales, conocerá el tribunal del lugar en que deba cumplirse la obligación; y a falta de designación expresa o implícita del lugar, a elección del demandante, el del domicilio del demandado o el del lugar donde nació la obligación, si hallándose en él este último aunque sea accidentalmente, puede ser emplazado.

Artículo 22.- Si una misma demanda comprendiese obligaciones que deben cumplirse en diversos lugares, entenderá en el juicio el tribunal competente para conocer respecto de alguna de ellas ante el cual se reclame el cumplimiento de todas, sin perjuicio de cumplirse cada una en su lugar respectivo.

Artículo 23.- Si el demandado tuviese su domicilio en dos o más lugares, podrá el demandante entablar su acción ante el tribunal de cualquiera de ellos; pero si se trata de cosas que dicen relación especial con uno de dichos lugares exclusivamente, solo ese lugar será para este caso, el domicilio del demandado.

Artículo 24.- Si los demandados fuesen dos o más por una misma obligación, para cuyo cumplimiento no haya lugar expresa o implícitamente determinado, y cada uno tuviera su domicilio en otro diferente, podrá el demandante entablar su acción ante el tribunal de cualquier lugar donde esté domiciliado uno de los demandados y, en tal caso, quedarán sujetos los demás a la competencia del mismo tribunal.

Artículo 25.- Respecto de los demandados que no tuvieran domicilio fijo, se entenderá por domicilio para los efectos de la competencia, el lugar donde se encuentre o el de su última residencia.

Artículo 26.- Cuando el demandado fuese una persona jurídica se tendrá por domicilio, para fijar la competencia del tribunal, el lugar donde tenga asiento su administración, si en el estatuto o en la autorización que se le dio no tuviere domicilio señalado.

Artículo 27.- Si la persona jurídica o la sociedad comercial o civil tuviere establecimientos, agencias u oficinas en diversos lugares, podrá ser demandada ante el tribunal del lugar donde exista el establecimiento, agencia u oficina que celebró el contrato o que intervino en el hecho que da origen al juicio.

Artículo 28.- De los juicios en que se ejerciten acciones respecto a la gestión de tutores, guardadores y administradores, conocerán los tribunales del lugar en que se hubiese desempeñado la tutela, guarda o administración, a no ser que el actor prefiera el fuero del domicilio del tutor, guardador o administrador, atendida la importancia de los bienes.

Artículo 29.- El administrador judicial deberá responder ante el tribunal que le haya conferido la administración.

Artículo 30.- Los que hubiesen sido citados en garantía de cualquier especie con motivo de un litigio deberán comparecer ante el tribunal donde penda la demanda principal.

Lo mismo sucederá si el vendedor citado de evicción saliese al pleito.

Artículo 31.- De las gestiones o reclamaciones por honorarios, no concertados conocerá el tribunal ante quien se hayan causado estos, o ante quien exista el expediente en el momento de la gestión.

Artículo 32.- En los casos de ausentes de que trata el Título IV, Libro I del Código Civil, serán competentes para proveer sobre la administración de sus bienes los tribunales del lugar en que estos se hallen situados; pero para obtener la declaración de ausencia, la posesión interina o definitiva y la participación de bienes del ausente, deberá acudirse a los tribunales del último domicilio del ausente de la República.

Artículo 33.- En los casos de concurso de acreedores, serán tribunales competentes los del lugar en que el deudor tuviese su domicilio y según la cantidad; salvo lo dispuesto en el Código de Comercio y leyes especiales.

Artículo 34.- Son competentes para conocer en los juicios a que dan lugar las relaciones jurídicas internacionales, los jueces del Estado a cuya ley corresponde el conocimiento de tales relaciones. Tratándose de acciones personales patrimoniales, estas también pueden ser ejercidas, a opción del demandante, ante los jueces del país del domicilio del demandado.

CAPITULO IV

Reglas para Determinar la Competencia según la Importancia del Asunto

Artículo 35.- La importancia o valor de la cosa disputada, para fijar la competencia del tribunal, se determinará por las reglas establecidas en los artículos siguientes.

Artículo 36.- Si el demandante acompañase documentos que sirvan de apoyo a su acción, y en ellos apareciere determinado el valor de la cosa disputada, se estará, para fijar la competencia, a lo que conste de dichos documentos salvo que se tratara de acciones reales sobre inmuebles; en este último caso se estará al valor real fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Artículo 37.- Si el demandante no acompañase documentos o si ellos no apareciere determinado el valor de la cosa, y la acción entablada fuese personal, se determinará la cuantía de la materia por la apreciación que el actor hiciese en su demanda.

Artículo 38.- Si la acción entablada fuese real y el valor de la cosa no apareciere determinado del modo que se indica en el artículo 36, se estará a la apreciación que las partes hicieren de común acuerdo.

Esta apreciación si no se expresa, quedara hecha, de parte del demandante, por la presentación de la demanda, y de parte del demandado, cuando no ha opuesto la declinatoria dentro del plazo legal.

Artículo 39.- En caso de que no exista el acuerdo a que se refiere el artículo anterior, el tribunal ante quien se hubiere deducido la acción real sobre cosa mueble fijará inapelablemente el valor de esta, para el efecto de la competencia, oyendo el informe de un perito que nombrará de oficio.

Artículo 40.- En las controversias sobre usufructo, uso, habitación o nuda propiedad, el valor de la cosa será la mitad del valor real de la propiedad fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado, salvo que se acompañasen documentos en que apareciese determinado otro valor.

Artículo 41.- En los pleitos sobre servidumbres, siempre que no se acompañaren documentos en que se determine su valor, este será la mitad del valor real del predio sirviente fijado por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Artículo 42.- En las cuestiones sobre límites de una propiedad, se atenderá al valor real de la misma, establecido por la Dirección General del Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Artículo 43.- Si en una misma demanda se establecen a la vez varias acciones, en los casos en que esto pueda hacerse conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, se determinará la cuantía del juicio por el monto a que ascendieren todas las acciones entabladas.

Artículo 44.- Si el demandado, al contestar la demanda entabla reconvención, la cuantía de la materia se determinará por el monto a que ascendieren la acción principal y la reconvención reunidas.

Artículo 45.- Si se trata de derecho a pensiones futuras que no abarquen un tiempo determinado, se fijará la cuantía de la materia por la suma a que ascendieren dichas pensiones en diez años. Si tienen tiempo determinado, se atenderá al monto de todas ellas.

Pero si se trata del cobro de una cantidad procedente de pensiones periódicas ya devengadas, la determinación se hará por el monto a que todas ellas ascendieren.

Artículo 46.- Si el valor de la cosa disputada aumentare o disminuyese durante el juicio, no sufrirá alteración alguna la determinación que antes se hubiera hecho con arreglo a la ley.

Artículo 47.- Tampoco será alterada la determinación en razón de lo que se deba por intereses, frutos, costos, gastos judiciales, daños y perjuicios, causados después de la interposición de la demanda.

Pero los intereses, frutos, daños y perjuicios causados antes de la demanda, se tomarán en cuenta para determinar la cuantía de la materia.

Artículo 48.- Si fueran varios los demandados en un mismo juicio, el valor total de la cosa o cantidad debida determinará la cuantía de la materia, aun cuando por no ser solidaria la obligación, no pueda cada uno de los demandados ser compelido al pago total de la cosa o cantidad, sino tan solo al de la parte que le correspondiese.

Artículo 49.- Sin perjuicio de las asignaciones es-peciales de competencia que pueda hacer la ley, para el efecto de determinarla se reputarán como de valor de más de N$ 400.000 (nuevos pesos cuatrocientos mil) los asuntos que versen sobre materias que no están sujetas a una determinada apreciación pecuniaria, como por ejemplo, los relativos al estado civil de las personas, a la crianza y cuidado de los hijos y la apertura y protocolización de testamentos.

Artículo 50.- Todos los valores monetarios a que se hace referencia en la presente ley, serán actualizados por la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la variación operada en el Indice de Precios de Consumo hasta el mes de octubre de cada año, redondeados al millar de nuevos pesos más próximo.

Dicha actualización entrará en vigencia a partir del 1° de enero del año siguiente.

CAPITULO V

De la Organización y Competencia de los Tribunales según la Materia, Cuantía y Grado del Asunto

SECCION I

Reglas Generales

Artículo 51.- El ejercicio de la función jurisdiccional compete, en lo pertinente, a los siguientes órganos:

- Suprema Corte de Justicia y Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

- Tribunales de apelaciones en lo Civil, Penal y del Trabajo.

- Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil, del Trabajo, de Familia, de Menores, de Aduana, en lo Penal y de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo.

- Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior.

- Juzgados de Paz Departamentales de la Capital.

- Juzgados de Paz Departamentales del Interior.

- Tribunal de Faltas.

- Juzgados de Paz.

Artículo 52.- En el Poder Judicial, la competencia por razón de la materia, la cuantía y el grado se distribuirá entre los órganos que correspondan de los mencionados en el artículo 51, de acuerdo con lo dispuesto en las secciones siguientes.

En cuanto al ejercicio de la función jurisdiccional en lo Contencioso-Administrativo, su organización, funcionamiento y competencia, se estará a lo dispuesto por la Ley Orgánica respectiva.

SECCION II

De la Suprema Corte de Justicia

Artículo 53.- La Presidencia de la Suprema Corte de Justicia se ejercerá por turno anual rotativo entre sus miembros, según el orden de antigüedad en el cargo.

El turno comenzará con la apertura de los tribunales.

En caso de vacancia, licencia, recusación o impedimento, la Presidencia será desempeñada provisoriamente por el Ministro de mayor antigüedad en el cargo.

A igual antigüedad entre dos o más Ministros, la Suprema Corte resolverá.

Los Ministros precederán entre sí, en el mismo orden.

Artículo 54.- La Suprema Corte de Justicia designará los Secretarios Letrados de entre los Secretarios de los Tribunales de Apelaciones y los Jueces Letrados. Asimismo, designará sus Escribanos de entre los Escribanos del grado inmediato inferior.

En ambos casos, se requerirán cuatro votos conformes.

Artículo 55.- A la Suprema Corte de Justicia, además de las competencias que originariamente se le atribuyen en la Sección XV de la Constitución, corresponde:

1) Dirimir las contiendas de competencia entre los órganos del Poder Judicial y los de lo Contencioso Administrativo.

2) Ejercer la consulta en las causas penales.

3) Dar posesión de sus cargos a los Jueces del Poder Judicial, previo juramento habilitante. En el caso de los Jueces de Paz del Interior, podrán delegar en Jueces Letrados el ejercicio de esta atribución.

4) Recibir el juramento habilitante para el ejercicio de las profesiones de abogado, escribano y procurador.

5) Ejercer la policía de las profesiones referidas en el inciso anterior, conforme a las leyes que reglamentan esa potestad.

6) Dictar las acordadas necesarias para el funcionamiento del Poder Judicial y el cumplimiento efectivo de la función jurisdiccional.

Artículo 56.- La Suprema Corte de Justicia no podrá funcionar con menos de tres miembros, pero deberán concurrir los cinco para dictar sentencia definitiva que podrá pronunciarse por simple mayoría.

Para dictar sentencia interlocutoria bastará la presencia de tres miembros con voto unánime, y de uno para los decretos de sustanciación.

Artículo 57.- En caso de resultar necesario la Suprema Corte de Justicia se integrará de oficio y por sorteo entre los miembros de los Tribunales de Apelaciones de la materia a la que pertenece el asunto que da mérito a la integración.

Si ello no fuere posible por impedimento de todos los miembros de los Tribunales de Apelaciones de esa materia, se seguirá el orden establecido en el artículo 62.

Si el impedimento fuere por causa de licencia por plazo superior a quince días o por vacancia, la integración se efectuará de oficio en todo asunto, cualquiera sea su materia. El nuevo miembro continuará conociendo en el mismo hasta que se dicte la sentencia que motiva la integración. (*).

El resultado del sorteo de integración se notificará en la forma prevista por los artículos 78, 84 y 86 del Código General del Proceso. (*)

(*) Notas:

Inciso 3°) redacción dada por: Ley N° 16.226, de 29/10/1991 artículo 345.

Inciso final agregado/s por: Ley N° 17.707, de 10/11/2003 artículo 2.

Artículo 58.- El ejercicio de las funciones de la Suprema Corte de Justicia se regulará por el reglamento interno que la misma dictará.

SECCION III

De los Tribunales de Apelaciones

Artículo 59.- Los Tribunales de Apelaciones se integrarán cada uno con tres miembros que se denominarán Ministros.

Artículo 60.- La Presidencia de cada tribunal se ejercerá por turno anual rotativo entre sus miembros, según el orden de antigüedad en el cargo.

El turno comenzará con la apertura de los tribunales.

En lo demás, se estará a lo dispuesto por el artículo 53, en cuanto corresponda.

Artículo 61.- Es indispensable, la presencia de todos los miembros del Tribunal y se requieren tres votos conformes para dictar sentencias definitivas.

Para dictar sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, se necesita también la presencia de todos los miembros, pero solo dos votos conformes.

Para dictar las demás sentencias interlocutorias, los miembros de cada Tribunal establecerán entre ellos turnos semanales. El asunto será estudiado por el miembro que estuviese de turno el día que se concedió el recurso o se promovió la queja o el incidente, y por el que le haya precedido. Si estuviesen discordes, pasarán los autos al tercer miembro para que dirima la discordia, el que también subrogará a cualquiera de los otros dos en caso de enfermedad u otro impedimento accidental.

Los decretos de sustanciación podrán ser dictados por uno de los miembros del tribunal.

Artículo 62.- Cuando haya que integrar un tribunal de Apelaciones en caso de vacancia, por excusación o recu-sación de alguno de sus miembros o por discordia, estos serán reemplazados, de oficio y por sorteo, en la forma siguiente:

1) El sorteo se efectuará, en primer término, entre los demás miembros de los tribunales de la misma jurisdicción.

2) Luego, en el caso ocurrente: entre los Ministros de los Tribunales de Apelaciones de Familia, del Trabajo, y en lo Penal, por su orden, para integrar los Tribunales de Apelaciones en lo Civil; entre los Ministros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, de Familia, y en lo Penal, por su orden, para integrar los Tribunales de Apelaciones del Trabajo; entre los Ministros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, de Familia y del Trabajo y entre los Ministros de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, del Trabajo, y en lo Penal, por su orden, para integrar los Tribunales de Apelaciones de Familia. (*)

3) El resultado del sorteo de integración se notificará en la forma prevista por los artículos 78, 84 y 96 del Código General del Proceso. (*)

(*) Notas:

Numeral 2°) redacción dada por: Ley N° 16.276, de 29/10/1991 artículo 342.

Numeral 3°) agregado/s por: Ley N° 17.707, de 10/11/2003 artículo 3°.

Artículo 63.- La integración de oficio de los Tribunales se efectuará, para todas las materias, cuando existiera impedimento por causa de licencias por plazo superior a quince días o por vacancia. El nuevo miembro continuará conociendo del asunto hasta dictar la sentencia que motiva la integración. (*)

(*) Nota:

Redacción dada por: Ley N° 16.226 de 29/10/1991 artículo 346.

Artículo 64.- Los Tribunales de Apelaciones en lo Civil conocerán, en segunda instancia, de las apelaciones que se interpongan contra las sentencias dictadas en toda materia no penal ni del trabajo, por todos los Juzgados Letrados.

Artículo 65.- Los Tribunales de Apelaciones en lo Penal y del Trabajo tendrán las competencias que las leyes especiales les asignen.

SECCION IV

De los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal y del Trabajo; de los Juzgados Letrados de Aduana y de Menores y del Tribunal de Faltas

Artículo 66.- Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Trabajo, los Juzgados Letrados de Aduana y el Tribunal de Faltas tendrán las competencias que las leyes especiales les asignen.

Artículo 67.- Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientosque den lugar las infracciones de adolescentes a la ley penal.

En segunda instancia entenderán los Tribunales de Familia.

Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes.

(*) Notas:

Redacción dada por: Código de la Niñez y la Adolescencia de 07/09/2004 artículo 65.

Redacción dada anteriormente por: Ley N° 16.320, de  01/11/1992 artículo 373.

SECCION V

1

De los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil

Artículo 68.- Los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil entenderán:

1) En primera instancia de los asuntos de jurisdicción contenciosa, civil y de hacienda, cuyo conocimiento no corresponda a otros jueces.

2) En segunda y última instancia, de las apelaciones que se deduzcan contra las sentencias de los Jueces de Paz Departamentales de la Capital.

2

De los Juzgados Letrados de Familia

Artículo 69.- Los Juzgados Letrados de Familia entenderán, en primera instancia:

En las cuestiones atinentes al nombre, estado civil y capacidad de las personas y a las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de la familia legítima y natural fundadas en su calidad de tales, como:

a) Las reclamaciones y contestaciones de filiación legítima y natural y de posesión de estado civil.

b) Las acciones referentes al matrimonio y a la situación de los cónyuges; separación de cuerpos, divorcio, nulidad del matrimonio.

c) Las pensiones alimenticias y régimen de visitas.

d) La guarda, tutela, administración de los peculios de los hijos, suspensión, limitación, pérdida y restitución de la patria potestad.

e) Emancipación, habilitación de edad y venia de disposición de bienes.

f) El irracional disenso de los padres para contraer matrimonio.

g) Adopción y legitimación adoptiva.

h) Declaración de incapacidad, curatela y ausencia.

i) Régimen matrimonial de bienes.

j) El procedimiento sucesorio.

k) Las cuestiones personales o patrimoniales a que dé lugar el concubinato. En estos asuntos la pretensión se ejercitará o la medida pertinente se adoptará, cuando la norma sustancial así lo autorice, y siguiéndose los procedimientos del caso. (*)

(*) Notas:

Literal k) agregado/s por: Ley N° 16.320 de 01/11/1992 artículo 374.

Ultimos incisos redacción dada anteriormente por: Ley

N° 16.320, de 01/11/1992 artículo 375.

Artículo 69 bis.

Competencia acumulativa

A) Tienen competencia acumulativa para conocer de los juicios de petición de herencia, desheredamiento, validez o nulidad de disposiciones testamentarias y, en general de los asuntos sucesorios contenciosos o no, el Juez Letrado de Primera Instancia del Interior donde se haya abierto la sucesión, conforme al ar-tículo 36 del Código Civil, y el de Familia de la Capi-tal.

B) La apertura del testamento cerrado y la publicación del testamento menos solemne a que se refiere el artículo 812 del Código Civil, se pedirán ante el Juez Letrado del departamento en que aquel se hubiere otorgado o ante cualquier otro de los Jueces mencionados en el literal anterior, si allí se encontraren el escribano y la mayoría de los testigos que concurrieron al otorgamiento.

La publicación del testamento militar, del marítimo y del otorgado por el oriental en país extranjero, se hará ante el Juzgado Letrado (del Interior o de Familia) del último domicilio del difunto y, no siendo conocido ese domicilio, ante el Juzgado Letrado de Familia de la Capital de Turno.

C) Tienen competencia acumulativa para conocer del nombramiento de tutores o curadores, lo mismo que de las incapacidades, excusas y remoción de dichos funcionarios y del discernimiento del cargo, el Juez Letrado de Primera Instancia del Interior del domicilio del padre o madre cuya muerte ocasionase la provisión del tutor o el del incapaz, en su caso, y el Juez Letrado de Familia de la Capital. (*)

(*) Nota:

Agregado/s por: Ley N° 15.860 de 10/04/1987 artículo 1.

Artículo 70.- El fuero de atracción del procedimiento sucesorio no comprenderá las acciones de carácter patrimonial dirigidas por terceros contra la herencia.

SECCION VI

De los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior

Artículo 71.- Los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior tendrán en materia penal, de trabajo y de aduana, las competencias que les asignan las leyes especiales respectivas; y en materia civil, comercial, de hacienda, de familia y de menores, las que esta ley asigna a los respectivos Juzgados de Montevideo.

También conocerán, en segunda y última instancia, de las apelaciones que se deduzcan contra las sentencias dictadas por los Juzgados de Paz de su circunscripción territorial.

SECCION VII

De los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital

Artículo 72.- Los Juzgados de Paz Departamentales de la Capital entenderán en los asuntos judiciales no contenciosos, que no correspondan a los Juzgados Letrados de Familia, cualquiera sea su cuantía, salvo que se suscite contienda u oposición de interesados o del Ministerio Público o Fiscal, en cuyo caso se remitirá el expediente al Juzgado en lo Civil que corresponda, el que seguirá conociendo del asunto hasta su conclusión.

También tendrán competencia en los asuntos con-tenciosos, civiles, comerciales y de hacienda cuya cuan-

tía no exceda de N$ 32.000.00 (nuevos pesos treinta y dos mil).

Conocerán, asimismo, en toda la materia de arrendamientos urbanos que el Decreto-Ley N° 14.219, sus modificativos y concordantes, cometieron a los Juzgados de Paz de Montevideo.

SECCION VIII

De los Juzgados de Paz Departamentales del Interior

Artículo 73.- Los Juzgados de Paz Departamentales del Interior entenderán:

1) Dentro de idénticos límites territoriales del Juzgado Letrado de Primera Instancia al que acceden:

a) En Primera Instancia en los asuntos contenciosos civiles, comerciales y de hacienda cuya cuantía sea superior a N$ 23.000.00 (nuevos pesos veintitrés mil) y no exceda de N$ 32.000.00 (nuevos pesos treinta y dos mil).

b) En Jurisdicción voluntaria, de los actos jurisdiccionales no contenciosos, cualquiera sea su cuantía, salvo que se suscite contienda u oposición de interesados o del Ministerio Público o Fiscal, en cuyo caso, se remitirán al Juzgado Letrado de Primera Instancia que corresponda, el que seguirá conociendo del asunto hasta su conclusión.

2) Dentro de los límites de la Sección Judicial correspondiente a su sede:

a) En Primera Instancia, en los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda que excedan de N$ 11.000.000 (nuevos pesos once mil) y hasta N$ 23.000.00 (nuevos pesos veintitrés mil).

b) En única instancia en los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda hasta N$ 11.000.00 (nuevos pesos once mil).

c) Los que les asignan las normas especiales.

SECCION X

De los Juzgados de Paz

Artículo 74.- Los Juzgados de Paz de las ciudades, villas o pueblos del interior, entenderán en única instancia, de los asuntos contenciosos, civiles, comerciales y de hacienda, cuya cuantía no exceda de N$ 11.000.00 (nuevos pesos once mil) y, en primera instancia, de los que excedieren de ese valor y no pasaren de N$ 23.000.00 (nuevos pesos veintitrés mil).

En las circunscripciones territoriales que accedan a dichas ciudades, villas o pueblos, estos juzgados entenderán asimismo, en primera instancia, de las demandas civiles, comerciales y de hacienda que pasando de N$ 7.000.00 (nuevos pesos siete mil), no excedieren los N$ 23.000.00 (nuevos pesos veintitrés mil). A esos efectos la Suprema Corte de Justicia determinará las circunscripciones territoriales que deban acceder a esos juzgados.

Los Juzgados de Paz rurales entenderán, en primera instancia de las demandas civiles, comerciales y de hacienda que no excedieren de N$ 7.000.00 (nuevos pesos siete mil).

SECCION X

De los Jueces Suplentes

Artículo 75.- Habrá Jueces Suplentes para los Juzgados Letrados, con categoría de Juez Letrado de Primera Instancia de la Capital.

Dichos magistrados tendrán su despacho en la sede de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 76.- Corresponde a esos magistrados subrogar a los Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital y del Interior en los casos de vacancia temporal por causa de licencia, enfermedad u otro motivo, cuando la Suprema Corte de Justicia así lo disponga.

Tendrán, además las facultades inspectivas y de instrucción sumarial que la misma les cometa.

TITULO III

Estatuto de los Jueces

Capítulo I

Cualidades

Artículo 77.- Los Jueces no podrán ejercer el cargo hasta haber sido puestos en posesión del mismo en acto público en el que deberán jurar el fiel cumplimiento de sus deberes.

Artículo 78.- El ingreso a la carrera judicial se hará por los cargos de menor jerarquía, salvo en casos excepcionales, en que podrán acceder, en cualquier grado de aquella, ciudadanos destacados por su notoria versación jurídica, pero siempre con arreglo a los artículos 235, 242 y 245 de la Constitución.

Artículo 79.- Sin perjuicio de los requisitos especiales que se establecen respecto a cada Tribunal, para ingresar a la Judicatura se requiere:

1) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.

2) Ser abogado, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 247 de la Constitución.

3) No tener impedimento físico o moral.

En el impedimento físico entran las dolencias crónicas o permanentes que turban la actividad completa de la personalidad física o mental.

Es impedimento moral el que resulta de la conducta socialmente degradante o de las condenaciones de carácter penal.

Tampoco pueden ser nombrados Jueces los que estén procesados criminalmente por delito que dé lugar a acción pública.

4) Tener un nivel de escolaridad en la Facultad de Derecho o Ciencias Sociales adecuado a las exigencias del servicio a juicio de la Suprema Corte de Justicia. En la solicitud de ingreso podrán señalarse otros méritos.

La Suprema Corte de Justicia propiciará la realización de cursos de post-grado especialmente dirigidos a la formación de aspirantes al ingreso en la Judicatura. En tal caso, el abogado que hubiere hecho y aprobado el curso, tendrá prioridad en el ingreso.

Artículo 80.- Para ser Ministro del Tribunal de Apelaciones se requiere:

1) Treinta y cinco años cumplidos de edad.

2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio.

3) Ser abogado con ocho años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de seis años.

Artículo 81.- Para ser Juez Letrado se requiere:

1) Veintiocho años cumplidos de edad.

2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con cuatro años de ejercicio.

3) Ser abogado con cuatro años de antigüedad o haber pertenecido con esa calidad por espacio de dos años al Ministerio Público y Fiscal o a la Justicia de Paz.

Artículo 82.- Para ser Juez de Paz Departamental de la Capital se requiere:

1) Veinticinco años cumplidos de edad.

2) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con dos años de ejercicio.

3) Ser abogado.

Artículo 83.- Para ser Juez de Paz Departamental del Interior y Juez de Paz de las demás categorías, se requiere:

1) Los requisitos referidos en los literales 1° y 2° del artículo anterior para todas las categorías.

2) Ser abogado o escribano público para ser Juez de Paz Departamental del Interior y Juez de Paz de las ciudades del Interior o cualquier otra población cuyo movimiento judicial así lo exija, a juicio de la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO II

Derechos, Deberes, Prohibiciones e incompatibilidades

SECCION I

Derechos

Artículo 84.- Los miembros de la Judicadura serán absolutamente independientes en el ejercicio de la función jurisdiccional e inamovibles por todo el tiempo que dure su buen comportamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución.

Los nombramientos de los Jueces Letrados tendrán carácter definitivo desde el momento en que se produzcan, cuando recaigan sobre ciudadanos que ya pertenecían, con antigüedad de dos años, a la Judicatura, al Ministerio Público y Fiscal o la Justicia de Paz, en destinos que deban ser desempeñados por abogados.

Si los mismos funcionarios tuviesen menor antigüedad en sus respectivos cargos serán considerados con carácter de Jueces Letrados interinos, por un período de dos años, a contar desde la fecha de nombramiento, y por el mismo tiempo tendrán ese carácter los ciudadanos que recién ingresen a la Magistratura.

Durante el período de interinato, la Suprema Corte de Justicia podrá remover en cualquier momento al Juez Letrado interino, por mayoría absoluta del total de sus miembros. Vencido el término del interinato el nombramiento se considerará confirmado de pleno derecho.

Los Jueces de Paz durarán cuatro años en el cargo y podrán ser removidos en cualquier tiempo si así conviene a los fines del mejor servicio.

Artículo 85.- La dotación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no podrá ser inferior a la que en cada caso se establezca para los Ministros Secretarios de Estado.

Las remuneraciones de los jueces de los demás grados tendrán como base el cien por ciento de la dotación que perciban los miembros de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quedando fijadas de acuerdo a la siguiente escala:

Ministros de los Tribunales de Apelaciones 90%

Jueces Letrados con asiento en la capital y

Jueces Letrados Suplentes 80%

Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior 70%

Jueces de Paz Departamentales de la Capital 60%

Jueces de Paz Departamentales del Interior 55%

Jueces de Paz de Ciudad 50%

Jueces de Paz de Primera Categoría 40%

Jueces de Paz de Segunda Categoría 35%

Jueces de Paz Rurales 25%.

Artículo 86.- Los Jueces tendrán derecho a licencia, que gozarán durante los dos períodos de receso de los Tribunales: uno del 25 de diciembre, al 31 de enero del año siguiente, y el otro del 1° al 15 de julio de cada año, sin perjuicio de las licencias especiales autorizadas por otras normas y de las que la Suprema Corte de Justicia, a petición del interesado, estimare oportuno concederles por motivos fundados.

La Suprema Corte de Justicia designará los Magistrados y funcionarios que actuarán durante los períodos de receso y también en Semana de Turismo, pudiendo establecer períodos de recesos distintos a los indicados, para determinadas sedes, por razones fundadas de mejor servicio y con antelación no menor a sesenta días.

También establecerá el régimen que entienda conveniente a efectos de asegurar el funcionamiento del servicio durante la Semana de Turismo. (*)

(*) Nota:

Inciso 3°) agregado/s por: Ley N° 16.736 de 05/01/1996 artículo 505.

Artículo 87.- Los Jueces actuarán en los días feriados previa habilitación en asunto en que exista urgencia. Esa habilitación podrá hacerse antes del feriado o dentro de él.

Solo se estimarán urgentes para ese efecto, las actuaciones cuya dilación pueda causar evidente perjuicio grave a los interesados o a la buena Administración de Justicia.

SECCION II

Deberes, Prohibiciones e Incompatibilidades

Artículo 88.- Todos los Jueces deberán domiciliarse en el lugar donde tenga asiento la sede en que presten servicios.

La infracción a este precepto podrá ser causa bastante para la destitución.

En los departamentos del interior de la República, el Estado proveerá lo necesario para lograr la radicación de los Jueces en sus respectivas sedes.

Los Jueces deberán asistir a sus despachos con la regularidad que requiera el mejor desempeño del servicio.

Artículo 89.- Los Magistrados en actividad tendrán derecho a ocupar las viviendas que provea el Estado con el fin de lograr su radicación en las sedes respectivas, con sujeción a las siguientes condiciones:

1°) La ocupación de la vivienda no podrá comenzar antes que el Magistrado tome posesión de su cargo, y finiquitará de pleno derecho, sin que al respecto se requiera declaración alguna, si el Magistrado cesa en sus funciones o es trasladado a otra sede.

2°) El derecho de ocupación del local destinado a la radicación de los Magistrados no configura una retribución en especie integrante del sueldo.

3°) Será de cargo del ocupante el pago de los consumos de luz, teléfono, agua, gas y otros análogos, y de los denominados gastos comunes, en su caso, así como los tributos que correspondan al ocupante. Facúltase a la Suprema Corte de Justicia a retener de los haberes de los Magistrados ocupantes los importes necesarios para el pago regular de dichos gastos y tributos.

4°) Cuando se produzca el cese o el traslado de un Magistrado, la vivienda, en su carácter de bien estatal afectado a su servicio público, deberá ser desocupada en el plazo perentorio que al respecto señale la Suprema Corte de Justicia, a fin de dejarla nuevamente en condiciones de servicio.

Vencido el plazo sin que el ocupante dé cumplimiento a su obligación, la Suprema Corte de Justicia queda facultada para disponer y ejecutar todas las medidas adecuadas para obtener la libre disposición del local (Decreto-Ley N° 15.410, de 3 de junio de 1983).

Artículo 90.- Los Jueces celarán en sus secretarios, actuarios y demás funcionarios de su dependencia, la puntual observancia de sus obligaciones, debiendo advertir y corregir cualquier defecto o falta que encuentren en los expedientes de que conozcan, haciéndolos constar en la providencia respectiva, sin perjuicio de la comunicación de la Suprema Corte de Justicia, cuando corresponda.

Artículo 91.- A los Magistrados y a todo el personal de empleados pertenecientes a los despachos y oficinas internas de la Suprema Corte de Justicia, Tribunales y Juzgados, les está prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales o intervenir, fuera de su obligación funcional de cualquier modo en ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria. La transgresión será declarada de oficio en cuanto se manifieste. Cesa la prohibición únicamente cuando se trate de asuntos personales del funcionario o de su cónyuge, hijos o ascendientes.

Artículo 92.- Los cargos de la Judicatura serán incompatibles con toda otra función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza Pública Superior en materia jurídica, y con toda otra función pública honoraria permanente, excepto aquéllas especialmente conexas con la judicial.

Para desempeñar cualquiera de estas funciones se requerirá previamente la autorización de la Suprema Corte de Justicia, otorgada por mayoría absoluta de votos del total de sus componentes.

Artículo 93.- No pueden ser simultáneamente jueces de un mismo Tribunal, ni aun para el caso de integración, los cónyuges, los parientes sanguíneos o afines en la línea recta, y los colaterales hasta el cuarto grado inclusive de consanguinidad o segundo de afinidad.

Artículo 94.- Los Jueces se abstendrán:

1°) De expresar y aun insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite.

2°) De dar oído a cualquier alegación que las partes o terceras personas a nombre o por influencia de ellas, intenten hacerles en forma distinta de la establecida en las leyes.

CAPITULO III

Del Ascenso de los Jueces

Artículo 95.- Los miembros de la Judicatura tendrán derecho al ascenso en las condiciones que establece la ley.

Artículo 96.- La Suprema Corte de Justicia establecerá el orden de los ascensos y de los traslados entre los distintos tribunales.

Artículo 97.- Los ascensos se efectuarán, en principio, al grado inmediato superior, teniendo en cuenta los méritos, la capacitación y la antigüedad en la categoría, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 99.

Los méritos serán apreciados por la Suprema Corte de Justicia examinando la actuación y el comportamiento del Juez en el desempeño de sus funciones, teniendo en cuenta a esos efectos, especialmente, las anotaciones favorables o desfavorables que surjan del respectivo legajo personal.

La capacitación será apreciada mediante los criterios generales que establecerá y reglamentará la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 98.- La carrera judicial comprende los siguientes grados correspondientes a cada una de las siguientes calidades:

1°) Juez de Paz.

2°) Miembro del Tribunal de Faltas.

3°) Juez de Paz Departamental del Interior.

4°) Juez de Paz Departamental de la Capital.

5°) Juez Letrado de Primera Instancia del Interior.

6°) Juez Letrado de la Capital, Juez Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo y Juez Letrado suplente.

7°) Ministro del Tribunal de Apelaciones.

Artículo 99.- Los Jueces Letrados con efectividad en el cargo, durarán en sus funciones todo el tiempo de su buen comportamiento hasta el límite establecido en el artículo 250 de la Constitución. No obstante, por razones de buen servicio, la Suprema Corte de Justicia podrá trasladarlos en cualquier tiempo de cargo o de lugar, o de ambas cosas, con tal que ese traslado se resuelva después de oído el Fiscal de Corte y con sujeción a los siguientes requisitos:

1) Al voto conforme de tres de los miembros de la Suprema Corte a favor del traslado si el nuevo cargo no implica disminución de grado o de remuneración, con respecto al anterior.

2) Al voto conforme de cuatro de sus miembros a favor del traslado, si el nuevo cargo implica disminución de grado o de remuneración, con respecto al anterior. En caso de traslado o ascenso el Estado sufragará los gastos que se ocasionaren. (*)

(*) Nota:

Redacción dada por: Ley N° 17.930, de 19/12/2005 artículo 403.

CAPITULO IV

De la Suspensión y Cesación del Juez en sus

Funciones

Artículo 100.- El Juez cesa en sus funciones:

1°) Por inhabilitarse física o moralmente.

2°)Por destitución dispuesta por la Suprema Corte de Justicia, dictada en procedimiento disciplinario.

3°) Por haber sido condenado por delito que por su naturaleza sea incompatible con la dignidad y decoro de su función, extremos que serán apreciados por la Suprema Corte de Justicia.

4°) Por entrar a ejercer un cargo declarado incompatible con el ejercicio de la magistratura.

5°) Por jubilación aceptada.

6°) Por renuncia aceptada.

Artículo 101.- Las funciones de Juez se suspenden:

1°) Por hallarse procesado por delito.

2°) Por sentencia judicial que le imponga la pena de suspensión.

3°) Por resolución de la Suprema Corte de Justicia dictada como medida preventiva o sancionatoria en un procedimiento disciplinario.

4°) Por licencia.

CAPITULO V

DE LOS ABOGADOS Y PROCURADORES

De la Subrogación de los Jueces

Artículo 102.- Los Jueces se subrogarán en la forma que se establece en los artículos siguientes.

Artículo 103.- Si se trata de un Ministro de la Suprema Corte de Justicia se procederá de acuerdo al artículo 57 y si se trata de un Ministro de alguno de los Tribunales de Apelaciones, de acuerdo con los artículos 62 y 63.

Artículo 104.- Si se trata de un Juez Letrado de Primera Instancia de la Capital, será subrogado, en primer término por el de idéntica categoría y de la misma materia que le hubiere precedido en el turno, y si todos ellos se hallaren impedidos, se procederá del siguiente modo:

1°) Si se trata de la materia civil, será subrogado por el Juez de la materia de familia que se halle de turno cuando quede ejecutoriado o consentido el auto que declara el impedimento.

2°) Si se trata de la materia de familia o de menores, será subrogado por el Juez de la materia civil que se halle de turno cuando quede ejecutoriado o consentido el auto que declara el impedimento.

3°) Si se trata de la material laboral o de aduana, será subrogado por el Juez de la materia civil que se halle de turno cuando quede ejecutoriado o consentido el auto que declara el impedimento.

4°) Los Jueces de la materia penal se subrogarán conforme a lo dispuesto por el literal c) del artículo 66 del Código del Proceso Penal.

Artículo 105.- Si el impedido fuese un Juez Letrado de Primera Instancia del Interior, si hay más de uno, lo subrogará el que le preceda en el turno y si todos estuviesen impedidos, por el Juez de Paz Departamental que accede al impedido, si fuese abogado; si no lo fuese o en caso de impedimento de este último, lo subrogará el Juez Letrado de Primera Instancia más inmediato que estuviese de turno al quedar ejecutoriado o consentido el auto que declara el impedimento.

Los demás Jueces Letrados de Primera Instancia del Interior, serán subrogados en los mismos casos, por los Jueces de Paz Departamentales respectivos, si fuesen abogados; si no lo fuesen o en caso de impedimento, los subrogará el Juez Letrado de Primera Instancia más inmediato como se indica en el inciso anterior.

Artículo 106.- Los Jueces de Paz Departamental de la capital serán subrogados por el que les preceda en el turno y así sucesivamente.

Los Jueces de Paz Departamentales y los Jueces de Paz del Interior, serán subrogados por el magistrado que indique quién les otorgue licencia. (*)

(*) Nota:

Inciso 2°) redacción dada por: Ley N° 15.903, de

10/11/1987 artículo 320.

Artículo 107.-

(*)

Derogado/s por: Ley N° 15.903 de 10/11/1987 artículo 320.

Artículo 108.- En los asuntos en que los Jueces entiendan por subrogación originada en recusación, impedimento o excusación, intervendrá el actuario del Juzgado subrogante y las causas se archivarán en el Juzgado de origen.

CAPITULO VI

De la Responsabilidad de los Jueces

Artículo 109.- Los Jueces son responsables ante la ley de toda agresión contra los derechos de las personas, así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca.

Su responsabilidad en materia penal, civil y disciplinaria se regula conforme a los artículos siguientes.

Artículo 110.- En caso de que un juez sea detenido o procesado, la autoridad competente dará cuenta de inmediato a la Suprema Corte de Justicia a sus efectos.

Artículo 111.- Tratándose de responsabilidad civil de los jueces por actos propios de su función, se aplicará el régimen establecido por la Constitución de la República.

Artículo 112.- Los Jueces incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los casos siguientes:

1°) Por acciones y omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de ellas pueda resultar perjuicio para el interés público o descrédito para la Administración de Justicia.

2°) Por ausencia injustificada, abandono de sus cargos o por retardo en reasumir o reintegrarse a sus funciones.

3°) Cuando la irregularidad de su conducta moral comprometieren el decoro de su ministerio.

4°) Cuando contrajeren obligaciones pecuniarias con sus subalternos.

5°) Cuando incurrieren en abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones, cualquiera sea el objeto con que lo hagan.

Artículo 113.- Ningún proceso disciplinario podrá ser incoado después de transcurridos dos años de haber ocurrido el hecho que lo motivare, excepto cuando la sanción deba aplicarse como consecuencia de irregularidades que se adviertan en la consulta de causas o estando ellas en casación. (*)

(*) Nota:

Redacción dada por: Ley N° 16.226, de 29/10/1991 artículo 344.

Artículo 114.- La imposición de las correcciones disciplinarias será atribución de la Suprema Corte de Justicia, que procederá de acuerdo al procedimiento que reglamentará, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República.

Las sanciones consistirán en:

1°) Amonestación.

2°) Apercibimiento y censura en forma oral ante la Suprema Corte de Justicia, labrándose acta de la respectiva diligencia.

3°) Suspensión en el ejercicio del cargo.

5°)Pérdida del derecho al ascenso por uno o cinco años.

6°) Descenso a la categoría inmediata inferior.

7°) Destitución en caso de ineptitud, omisión o delito.

Los Jueces son responsables ante la ley de toda agresión contra los derechos de las personas así como por separarse del orden de proceder que en ella se establezca.

Su responsabilidad en materia penal, civil y disciplinaria se regula conforme a los artículos siguientes. (*)

(*) Nota:

Numeral 4°) suprimido/s por: Ley N° 17.930, de

19/12/2005 artículo 403.

Artículo 115.- Contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia en la vía administrativa, solo habrá lugar a recurso de revocación para ante la misma, sin perjuicio de las acciones contencioso-administrativas correspondientes.

Artículo 116.- Siempre que un Juez o Tribunal conociendo en un asunto, encontrare en la actuación y procedimiento del inferior, mérito suficiente en su concepto para la imposición de correcciones disciplinarias, deberá dar cuenta a la Suprema Corte de Justicia elevando el expediente original o remitiendo los testimonios que fueren necesarios, si lo primero infiere perjuicio a las partes interesadas.

TITULO IV

De los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, de los Tribunales de Apelaciones, de los Actuarios de los Juzgados de todas las categorías, de los Secretarios de los Jueces y de los Alguaciles

CAPITULO I

De los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, de los Tribunales de Apelaciones y de los Actuarios de los Juzgados de todas las categorías

Artículo 117.- Los secretarios y actuarios son funcionarios encargados del control, autenticación, comu-nicación y conservación de los expedientes y documentos existentes en el tribunal. Practicarán, además, las diligencias que se les encomienden por la ley o por los jueces.

Artículo 118.- Para ser secretario de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo se requieren las calidades establecidas en el artículo 81.

Los Secretarios Letrados de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, están equiparados, a todos los efectos de la carrera judicial, como en su dotación, a los Jueces Letrados de la Capital.

Los Prosecretarios de la Suprema Corte de Justicia es-tán equiparados a todos los efectos de la carrera judicial, como en su dotación, a los Jueces Letrados del Interior. (*)

(*) Nota:

Inciso 3°) agregado/s por: Ley N° 16.736 de

05/01/1996 artículo 497.

Artículo 119.- Para ser Secretario de los Tribunales de Apelaciones se requiere tener veinticinco años de edad y ser abogado o escribano.

Serán designados por la Suprema Corte de Justicia entre los Secretarios de los Jueces, los Actuarios de los Juzgados Letrados y Actuarios Adjuntos de Juzgados Letrados o Actuarios de Juzgados de Paz a que refiere el artículo 470 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990. (*).

(*) Nota:

Redacción dada por: Ley N° 16.462, de 11/01/1994 artículo 124.

Artículo 120.- Para ser actuario o actuario adjunto se requiere ser abogado o escribano, y tener veinticinco años de edad.

Serán designados por la Suprema Corte de Justicia en consideración al mérito y la antigüedad.

Si estos nombramientos recayeren en profesionales que no desempeñaren cargos técnicos en la Administración de Justicia, deberán rendir una prueba de suficiencia que reglamentará la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 121.- Habrá en cada actuaría el número de actuarios adjuntos que fije la ley de presupuesto, los que serán nombrados por la Suprema Corte de Justicia, previa prueba de suficiencia.

Artículo 122.- Los actuarios tendrán la dirección administrativa de la oficina, bajo la superintendencia del titular del Juzgado.

Los adjuntos desempeñarán las funciones que les asigne el actuario.

Artículo 123.- Los secretarios y actuarios deberán:

1) Dar cuenta de las peticiones que presenten las partes y de los oficios y demás despachos que se dirijan a los Juzgados o Tribunales en que presten sus servicios.

2) Hacer saber a los interesados las providencias o resoluciones que se dictaren, efectuando las respectivas diligencias. La notificación se hará conforme a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes.

3) Dar conocimiento, a cualquier persona que lo solicitare, de los expedientes en trámite o ya archivados en sus oficinas, salvo que existieren pendientes de ejecución medidas de carácter reservado y hasta tanto ellas se cumplan.

Si la solicitud fuera denegada, se podrá reclamar verbalmente al tribunal.

4) Residir en el lugar de sede del tribunal o juzgado, asistir diariamente a su oficina y mantenerla abierta para el público durante el horario establecido reglamentariamente.

5) Guardar absoluta reserva sobre los actos que así lo requieran.

6) Cumplir con los demás deberes que les impongan las leyes y reglamentos.

CAPITULO II

De los Secretarios de los Jueces

Artículo 124.- Los secretarios de los Jueces son los funcionarios técnicos designados por la Suprema Corte de Justicia encargados de colaborar con el juez en el desempeño de las atribuciones jurisdiccionales.

Artículo 125.- Para ser secretario se requiere ser abo-gado, poseer los requisitos exigidos para ser funciona-

rio público y haber rendido satisfactoriamente una prueba de suficiencia que reglamentará la Suprema Corte de Justicia.

CAPITULO III

Disposiciones Comunes a los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales de Apelaciones, de los Actuarios de los Juzgados de todas las Categorías y de los Secretarios de los Jueces.

Artículo 126.- La remoción de los secretarios, actuarios y adjuntos se harán por la Suprema Corte de Justicia, y estarán sometidos al mismo régimen disciplinario de los jueces.

Artículo 127.- Los secretarios, actuarios, adjuntos y demás funcionarios tendrán las retribuciones que fije la ley presupuestal, y gozarán del derecho de licencia que establecen las leyes y las normas reglamentarias dictadas por la Suprema Corte de Justicia. La licencia anual será acordada preferentemente en las ferias judiciales.

Artículo 128.- Además de las incompatibilidades a que se refiere el artículo 91, también serán aplicables a los secretarios, actuarios y adjuntos las establecidas en el artículo 92, salvo el ejercicio efectivo de la docencia.

Artículo 129.- Los secretarios, actuarios y adjuntos que fueren escribanos y no hubieren optado por el régimen de dedicación total instituido por el artículo 158 de la Ley N° 12.803, de 30 de noviembre de 1960 y modificativas, podrán ejercer la profesión de escribano.

CAPITULO IV

De los Alguaciles

Artículo 130.- Para ser alguacil se requiere ser mayor de edad, haber acreditado idoneidad suficiente mediante la aprobación de las pruebas y los cursos organizados por la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 131.- El nombramiento de alguacil se hará entre los funcionarios que hubieren satisfecho la exigencia referida en el artículo anterior.

Artículo 132.- Los alguaciles deberán:

1°) Practicar todas las diligencias que los jueces les encomienden, en especial aquellas en que por su naturaleza pueda ser necesario el empleo de la fuerza pública.

2°) Ejecutar a pedido de los interesados y sin necesidad de orden judicial, las intimaciones de pago, protestas de daños y perjuicios o los actos equivalentes para dejar constancia de la mora del deudor.

Las diligencias que les fueren ordenadas, deberán ser cumplidas bajo la más severa responsabilidad disciplinaria y en riguroso orden cronológico, del que sólo podrán apartarse mediante orden o autorización expresa del Juez, la que se extenderá en el libro respectivo.

Artículo 133.- El alguacil encargado de practicar cualquier diligencia que se le cometa deberá efectuarla no obstante cualesquiera alegaciones de las partes, y si para ello fuese necesario el auxilio de la fuerza pública, deberá solicitarlo inmediatamente de la autoridad policial, sin necesidad de nuevo mandato del Juez.

Artículo 134.- Si el Juzgado no tuviere alguacil o éste estuviere legalmente impedido, el Juez designará al funcionario que interinamente hará sus veces.

Artículo 135.- Los alguaciles llevarán un registro donde asentarán por orden de sus fechas, todos los actos que practiquen, conforme a lo que disponga la reglamentación respectiva.

Artículo 136.- El alguacil está a la orden del juez en el ejercicio de sus funciones.

TITULO V

CAPITULO I

De los abogados

Artículo 137.- Para ejercer la abogacía se requiere:

1°) Título habilitante expedido por la Universidad de la República.

2°) Veintiún años de edad.

3°) Estar inscripto en la matrícula y haber prestado juramento ante la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 138.- El abogado que pretenda la posesión de estrados y se encuentre procesado con motivo de delito doloso o ultraintencional deberá comparecer previamente ante la Suprema Corte de Justicia para que resuelva si su procesamiento obsta al ejercicio de la profesión.

Artículo 139.- Los que tengan proceso por delito culposo, no están impedidos en ningún caso para el ejercicio de la profesión.

Artículo 140.- Decretado el procesamiento de un abogado por delito doloso o ultraintencional, el juez de la causa dará sucinta cuenta de lo actuado a la Suprema Corte de Justicia. Esta, previa audiencia del inculpado, apreciara la incompatibilidad con el ejercicio de la profesión y podrá decretar la suspensión del procesado en dicho ejercicio si el acto ilícito, por su naturaleza, es incompatible con la dignidad y el decoro de la misma. La Suprema Corte de Justicia podrá levantar la suspensión en cualquier momento.

Artículo 141.- Los abogados quedarán suspendidos en el ejercicio de su profesión, desde que, en razón de delitos cometidos en dicho ejercicio, hayan sido condenados a pena de suspensión o de privación de libertad, mientras dure una u otra.

Artículo 142.- Los jueces de lo penal, en los juicios a que se refieren los artículos anteriores, comunicarán de inmediato a la Suprema Corte de Justicia las decisiones ejecutoriadas que importan suspensión o levantamiento en el ejercicio de la profesión.

La Suprema Corte de Justicia lo hará saber a todos los Tribunales de la República, publicándose por una sola vez, en dos diarios, siendo uno de ellos el "Diario Oficial".

Artículo 143.- Sin perjuicio del ejercicio de la representación con las facultades que sus clientes les hayan conferido de acuerdo con el régimen legal respectivo, los abogados cuyo patrocinio conste de manera fehaciente podrán asistir a todas las diligencias de los asuntos que les hayan sido confiados, aun cuando no se encuentre presente sus patrocinados; en tales casos, podrán formular las observaciones que consideren pertinentes ejercer la facultad de repreguntar y todas aquellas adecuadas para el mejor desempeño del derecho de defensa.

Artículo 144.- Los abogados podrán concertar con la parte, los honorarios y la forma de pagarlos. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por escrito.

Los honorarios generados en actividad judicial que no hayan sido concertados, serán regulados, a petición de cualquiera de los interesados en su cobro o en su pago, por el juez de la causa (artículo 31) el que, a tales efectos, tendrá en cuenta la importancia económica del asunto de acuerdo a los valores de la fecha de la demanda de regulación, su complejidad, el trabajo realizado, la eficacia de los servicios profesionales y, en cuanto corresponda, el arancel de la asociación profesional vigente en el momento de presentarse la demanda de regulación.

Si la petición se formula por el abogado, se sustanciará con citación del patrocinado y también de la parte contraria si ésta hubiere sido condenada en costos. El plazo de la citación será de diez días particulares y perentorios.

La citación se hará en el domicilio real del citado, excepto tratándose del condenado en costos, el que puede ser citado en el domicilio que constituyere a los efectos del proceso en que se generaron los honorarios.

Si no se dedujere oposición, los autos se pondrán al despacho para sentencia.

Si se dedujere, se dará traslado de la misma y se sustanciará en la forma correspondiente a los incidentes.

Todos los plazos tendrán carácter perentorio.

Los honorarios debidos se reajustarán durante el lapso que corra entre la presentación de la demanda de regulación y el momento del pago, y devengarán el interés legal.

En todos los casos se descontarán, reajustadas desde el día de su pago, las sumas entregadas a cuenta de los honorarios.

El procedimiento para los reajustes y cálculos de los intereses serán el establecido por el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Contra la sentencia de regulación de honorarios sólo cabrá el recurso de apelación que deberá interponerse en el plazo de cinco días.

La sentencia que fije los honorarios constituirá título que apareja ejecución, la que se seguirá por el trámite previsto para la ejecución de las sentencias que condenan el pago de cantidad líquida; en caso de ejecución no será necesaria la intimación prevista por el inciso final del artículo 53 de la Ley N° 13.355, de 17 de agosto de 1965.

Mediando condenación en costos, el abogado cuyo honorario no hubiere sido satisfecho por su patrocinado tendrá derecho a reclamarlo de éste o del condenado.

Los condenados en costos son solidariamente responsables de su pago.

Artículo 145.- Los abogados podrán exigir de sus clientes, antes de iniciar el proceso una relación escrita del hecho, firmada por la parte, a ruego de ésta o por su apoderado.

Artículo 146.- Los abogados son responsables ante sus clientes de cualquier daño o perjuicio que les sea legalmente imputable.

Artículo 147.- Los abogados nombrados defensores de pobres en las causas civiles y que no desempeñaren este cargo oficialmente, podrán reclamar el pago de sus honorarios, previa regulación en caso de haber obtenido su defendido resultado favorable en un pleito de contenido económico, o si hubiere llegado a mejor fortuna.

Sin embargo, en el caso de que el declarado pobre saliera vencedor en el pleito, no podrá el abogado cobrar por los honorarios una cantidad mayor que la cuarta parte de lo que obtuviere su defendido.

Artículo 148.- Los abogados podrán ser corregidos disciplinariamente, en los siguientes casos:

1°) Cuando en el ejercicio de la profesión faltaren de palabra, por escrito o de obra, el respeto debido a los magistrados.

2°) Cuando en la defensa de sus clientes se expresaren en términos descompuestos u ofensivos contra sus colegas o contra los litigantes contrarios.

3°) Cuando llamados al orden en las alegaciones orales no obedecieren al magistrado.

4°) Cuando alegaren hechos cuya falsedad se hallase probada en los autos o dedujeren recursos expresamente prohibidos por la ley.

Artículo 149.- Se pueden imponer las siguientes correcciones:

1°) Prevención.

2°) Apercibimiento.

3°) Multa que no excederá de N$ 30.000 (nuevos pesos treinta mil), y para cuyo cobro se irá directamente a la vía de apremio, vertiéndose la suma de Rentas Generales.

4°) Suspensión temporaria que no podrá exceder de un año en el ejercicio de la profesión.

Artículo 150.- La corrección en los tres primeros casos del artículo anterior será pronunciada de plano por el tribunal que esté atendiendo en la causa, fuere o no aquél que conocía en el momento de cometerse la infracción.

La suspensión temporaria será impuesta por la Suprema Corte de Justicia en virtud de denuncia del tribunal respectivo y previa audiencia del inculpado.

En todos los casos, así como en el supuesto de suspensión de los artículos 138 y 140, las decisiones de los tribunales serán pasibles de los recursos administrativos previstos en los artículos 317, y siguientes y concordantes de la Constitución.

CAPITULO II

De los Procuradores

Artículo 151.- Para ejercer la procuración se requiere:

1°) Título habilitante expedido por la Universidad de la República.

2°) Veintiún años de edad.

3°) Hallarse inscripto en la matrícula que al efecto se llevará en la Suprema Corte de Justicia y prestar juramento ante ella.

4°) Acreditar honradez y costumbres morales en la misma forma que para los aspirantes a escribanos establece la ley respectiva.

Los procuradores recibidos bajo el régimen anterior (artículo 6° de la Ley N° 9.164, de 19 de diciembre de 1933) e inscriptos en la matrícula, podrán continuar ejerciendo su profesión en las mismas condiciones que al presente.

Artículo 152.- Será aplicable a los procuradores lo dispuesto en los artículos 138 y 142.

Artículo 153.- Los abogados y escribanos, por el mero hecho de serlo, están habilitados para ejercer la procuración, bastando su solicitud de inscripción en la matrícula.

Artículo 154.- Será obligación de los procuradores:

1°) Presentar oportunamente el poder que tengan para comparecer ante los tribunales o proceder, si no lo aceptasen, en la forma dispuesta por el artículo 2.059 del Código Civil.

2°) Seguir el juicio mientras no hayan cesado en su encargo por alguna de las causas que se expresan en la ley.

3°) Asistir diariamente a las oficinas actuarias a instruirse de lo que les concierne en el despacho de los negocios.

4°) Tomar copia de todas las providencias que se dictaren en los asuntos que tuvieren a su cargo y comunicarlas inmediatamente al respectivo abogado, al cual darán también los avisos convenientes sobre el estado de los mismos asuntos.

5°) Recibir y firmar notificaciones de cualquier clase sin serles permitido después de haber asumido personería pedir que ellas se entiendan directamente con el mandante.

6°) Abonar como responsable solidario los gastos comunes y particulares que causados durante su intervención sean de cargo del poderdante.

La condena a los gastos del proceso, se hará efectiva contra el poderdante o representado, sin perjuicio de que la parte a quien interese pueda reclamarlas del apoderado si éste hubiese tomado sobre sí expresamente esa responsabilidad.

7°) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes y reglamentos y especialmente las que para los mandatarios establece el Código Civil en todo lo que no se oponga a lo preceptuado en esta ley y en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 155.- Es aplicable a los procuradores lo dispuesto en el artículo 146 de esta ley.

Artículo 156.- Cesará el procurador en su representación:

1°) Por la revocación del poder tan luego como se apersone en autos la parte misma o el nuevo procurador.

2°) Por la renuncia del procurador hecha ante el Juez competente.

En este caso el juez dispondrá un emplazamiento por el término legal para la comparecencia del poderdante, debiendo entretanto el procurador continuar sus gestiones.

Si al vencimiento del término señalado no compareciere el poderdante por sí o por medio de otro apoderado, el juicio continuará en su rebeldía, salvo el caso de que el emplazamiento se haya hecho por edictos, en el cual corresponderá el nombramiento de defensor de oficio.

3°) Por la muerte o inhabilitación del procurador. Cuando esto sucediere, el juicio quedará por el mismo hecho suspenso y se pondrá esta circunstancia en conocimiento del poderdante por medio de un emplazamiento librado en las mismas condiciones que expresa el inciso anterior. No compareciendo el poderdante, se estará a lo dispuesto en el inciso anterior.

Artículo 157.- Si después de presentada la denuncia falleciere o se hiciere incapaz el poderdante, el procurador continuará ejerciendo la personería, mientras que el poder no sea revocado por la persona o personas que para ello tengan derecho.

Igual cosa sucederá en el caso, a que se refiere el artículo 2.086 del Código Civil, siempre que, como en el anterior, hubiese sido presentada la demanda.

Artículo 158.- Rige respecto del honorario de los procuradores, la disposición del artículo 144 en cuanto sea aplicable.

Artículo 159.- Son aplicables a los procuradores y en lo pertinente a las partes cuando litiguen por sí, las disposiciones contenidas en los artículos 148 y siguientes.

TITULO VI

Disposiciones Especiales y Transitorias

Artículo 160.- Suprímese el denominado Consejo Superior de la Judicatura pasando sus atribuciones a ser desempeñadas por la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso, de conformidad a lo dispuesto en las Secciones XV y XVII de la Constitución de la República.

Artículo 161.- Las referencias a Juzgados Letrados en el Decreto-Ley N° 14.384, de 16 de junio de 1975, deben entenderse hechas a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil y de Primera Instancia del Interior.

Artículo 162.- Todas las informaciones que se tramitaban ante los anteriores Juzgados de Paz de Montevideo, a los efectos de acreditar situaciones o requisitos necesarios para el disfrute de beneficios sociales, se tramitarán ante los organismos de Previsión Social respectivos.

Artículo 163.- Transfórmanse los actuales Juzgados Letrados Departamentales de Montevideo y del Interior, en Juzgados de Paz Departamentales de Montevideo y del Interior, respectivamente, sin que ello implique modificación de la actual situación presupuestal de sus titulares.

Artículo 164.- Transfórmanse los Juzgados de Paz de las Secciones Judiciales 7ª de Artigas, 4ª y 7ª de Canelones, 3ª y 6ª de Colonia, 4ª de Río Negro, 3ª de Soriano y 10ª de Tacuarembó, en Juzgados de Paz Departamentales del Interior.

Artículo 165.- Hasta tanto se dicte la reglamentación que prevé el artículo 114 de esta ley se aplicarán, en lo pertinente, las normas vigentes en la materia.

Artículo 166.- Los asuntos pendientes ante los Juzgados Letrados Departamentales del Interior, que por la presente ley corresponderán a los Juzgados de Paz Departamentales del Interior que se crean en las ciudades no capitales, continuarán su trámite hasta su conclusión, ante los Juzgados donde se están sustanciando.

Las acciones de carácter patrimonial pendientes ante los Juzgados Letrados de Familia en razón de la aplicación del fuero de atracción que establecía el artículo 70 del Decreto-Ley N° 15.464, de 19 de setiembre de 1983, eliminado por la presente ley, continuarán tramitándose ante dichos Juzgados hasta su conclusión.

Artículo 167.- La conciliación prevista en el artículo 255 de la Constitución, se regirá por el procedimiento que establecía el Capítulo II del Título IV del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 168.- Derógase el Decreto-Ley N° 15.464, de 19 de setiembre de 1983, así como todas las disposiciones que, directa o indirectamente, se opongan a la presente ley. El Poder Judicial se regulará por lo dispuesto en la Sección XV de la Constitución de la República.

Artículo 169.- Los Juzgados Letrados de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo integran el Poder Judicial y tienen la competencia que le asigna el artículo 14 del Decreto-Ley N° 15.524, de 9 de enero de 1984, en la redacción dada por el Decreto-Ley N° 15.532, de 29 de marzo de 1984.

Sus sentencias serán apelables para ante los Tribunales de Apelaciones en lo Civil.

Los asuntos de competencia de dichos jueces que actualmente están radicados en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en apelación continuarán en dicha sede hasta que se dicte sentencia de segunda instancia.

Artículo 170.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación por el Poder Ejecutivo.

Artículo 171.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de junio de 1985.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

ACTA N° 79

En Montevideo, el día veintidós de diciembre del año dos mil ocho, a la hora diecisiete y quince minutos, en la Sala de Ministros, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Gustavo Penadés, Presidente de la Comisión.

Asisten sus miembros señores Senadores Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano y Jorge Saravia.

Falta con aviso el señor Senador Carlos Moreira.

Concurre el señor Prosecretario de la Cámara de Senadores, doctor Ernesto Lorenzo.

Actúan en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora María Celia Desalvo y el Prosecretario, señor Jorge Fernández.

ASUNTO CONSIDERADO:

Carpeta N° 1055/2008. LEY MARCO DE DEFENSA NACIONAL. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2273/2008.

Abierto el acto se procede a la consideración del proyecto de ley sustitutivo redactado por la Comisión.

El señor Senador Penadés pone a votación el proyecto en general. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Inmediatamente, se procede a la votación en particular.

Artículo 1°.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 2°.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 3°.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 4°.- Se vota sin modificaciones: 3 en 4. Afirmativa.

Artículo 5°.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 6°.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 7°.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 8°.- Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 9°.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 10.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 11.- Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 12.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 13.- Se vota sin modificaciones: 3 en 4. Afirmativa.

Artículo 14.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 15.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 16.- Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 17.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 18.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 19.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 20.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 21.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 22.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 23.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 24.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 25.- Se vota sin modificaciones: 3 en 4. Afirmativa.

Artículo 26.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 27.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 28.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 29.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 30.- Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 31.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 32.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 33.- Se vota sin modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Comisión aprueba un proyecto de ley sustitutivo, cuyo texto se transcribe:

"TITULO PRELIMINAR.

CAPITULO 1 - DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LA DEFENSA NACIONAL.

Artículo 1°.- La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades -civiles y militares- dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población.

Artículo 2°.- La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y en los términos que se establece en la Constitución de la República y las leyes. Es un bien público, puro y absoluto, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.

CAPITULO 2 - POLITICA DE DEFENSA NACIONAL Y POLITICA MILITAR DE DEFENSA.

Artículo 3°.- La política de Defensa Nacional, como política pública, debe propender a través de acuerdos amplios a Políticas de Estado y debe cumplir con los principios generales del derecho interno y del derecho internacional, en coordinación con la política exterior del Estado; y respetar, especialmente; los principios de autodeterminación de los pueblos, de preservación de la paz, de no intervención en los asuntos internos de otras Naciones, de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los Estados.

Se establece la acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos.

Artículo 4°.- En el ejercicio del derecho de legítima defensa consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, la República Oriental del Uruguay se reserva el recurso de la fuerza para los casos de agresión militar, sin perjuicio de ejercer todos los medios disuasorios y preventivos que resulten adecuados.

Artículo 5°.- La política militar de defensa establecerá la doctrina del empleo de los medios militares que aseguren la integridad territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción y soberanía en los espacios terrestre, marítimo y aéreo del Estado uruguayo. Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa.

TITULO II - ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL.

Artículo 6°.- El Sistema de Defensa Nacional que se conforma por la presente ley determinará la política de Defensa Nacional.

Artículo 7°.- Los integrantes del Sistema de Defensa Nacional, actuando cada uno en el marco de sus competencias, son:

a) El Poder Ejecutivo;

b) El Poder Legislativo;

c) El Consejo de Defensa Nacional.

CAPITULO 1 - PODER EJECUTIVO.

Artículo 8°.- Compete al Presidente de la República actuando con el Ministro de Defensa, Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros:

a) Determinar la política de Defensa Nacional y sus objetivos;

b) Dirigir la Defensa Nacional;

c) Ejecer el Mando Superior de las Fuerzas Armadas;

d) Adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa nacional;

e) Ejercer la conducción político-estratégica de la defensa nacional;

f) Establecer la directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa nacional.

CAPITULO 2 - PODER LEGISLATIVO.

Artículo 9°.- Corresponde al Poder Legislativo ejercer las funciones relativas a la Defensa Nacional que le asigna la Constitución de la República:

a) Decretar la guerra;

b) Designar todos los años la Fuerza Armada necesaria;

c) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él;

d) Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando para este caso, el tiempo de regreso a ella;

e) Hacer los reglamentos de milicias y determinar el tiempo y número en que deben reunirse;

f) Adoptar resolución respecto a las medidas prontas de seguridad que instalare el Poder Ejecutivo, así como de los arrestos o traslados de personas que fueren dispuestos en virtud de las mismas;

g) Tomar conocimiento de los programas de estudio de las escuelas e institutos de formación miliar;

h) Conceder la venia para ascensos militares en la forma constitucionalmente prevista

CAPITULO 3 - CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

Artículo 10.- El Consejo de Defensa Nacional constituye un órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa. Estará integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, los Ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas.

Artículo 11.- Se reúnen a instancia del Presidente de la República quien convoca a sus miembros permanentes. Podrá citar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los Comandantes en Jefe de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea e invitar a Legisladores nacionales, Ministros de la Suprema Corte de Justicia o aquellos integrantes del Poder Judicial que ellos designaren, autoridades de la Administración Pública; así como personas cuyos conocimientos o competencias considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieran de tratarse.

Artículo 12.- Compete al CODENA asesorar sobre la Defensa Nacional. Tiene entre otros cometidos:

a) Analizar las amenazas que pudieran poner en riesgo la soberanía e independencia de la República, así como afectar gravemente los intereses nacionales, proponiendo en tales casos las medidas y/o acciones que se estimen necesarias para su resolución;

b) Analizar y proponer las hipótesis de conflicto;

c) Sugerir la adopción de estrategias, aprobar los planes y coordinar las acciones necesarias para la defensa;

d) Realizar propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa que, por afectar a varios organismos del Estado, exijan un tratamiento conjunto.

Artículo 13.- El Consejo de Defensa Nacional (CODENA) contará con una Secretaría Permanente que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y cuyo funcionamiento se reglamentará.

TITULO III - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

SECCION 1 - ORGANIZACION.

Artículo 14.- El Ministerio de Defensa Nacional tiene por atribución y competencia básica la conducción política de aquellas áreas de la defensa nacional que las leyes y el Poder Ejecutivo en el marco de sus facultades determinen y en particular todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas.

Está dirigido por el Ministro de Defensa Nacional quien tiene como cometidos, además de los asignados por la Constitución de la República, los siguientes:

a) Actuar con el Presidente de la República en todo lo inherente a la Defensa Nacional;

b) La preparación, dirección, ordenamiento y ejecución de la política de Defensa Nacional; la obtención y gestión de los recursos humanos y materiales para ello;

c) La dirección superior y administración de las Fuerzas Armadas, en aquello que no se reserve directamente el Poder Ejecutivo;

d) Integrar como miembro permanente el Consejo de Defensa Nacional.

Artículo 15.- Constituyen además funciones del Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes:

a) Ejercer la gestión administrativa, financiera, jurídica y establecer los criterios de gestión de los recursos humanos, tanto civiles como militares de todas las Unidades y dependencias que lo componen. A tales efectos puede emplear personal de origen civil o militar indistintamente, siguiendo el criterio de adecuación y conveniencia para el servicio a prestar.

b) Ejercer la dirección y supervisión de todas las actividades que cumplan las Fuerzas Armadas, siguiendo los lineamientos que se establezcan al respecto por el Mando Superior.

c) Determinar la orientación y el delineamiento de la formación de las Fuerzas Armadas, tendiente al máximo desarrollo de sus valores, aptitudes y deberes necesarios para el cumplimiento de los cometidos fundamentales que por esta ley se establecen.

Artículo 16.- Sin perjuicio de las disposiciones que establezca la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y demás normas complementarias que se dictaren, serán áreas básicas de su competencia las siguientes:

A) Política de Defensa: Con funciones de asesoramiento y gestión esta área entiende en temas generales de política de Defensa Nacional y en los asuntos internacionales vinculados a ella, llevando a cabo las tareas de articulación con otras instituciones nacionales o extranjeras en las materias propias de este Ministerio.

B) Administración General: Comprende la Dirección General de Secretaría, la Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios Sociales, las cuales entienden en: la administración general, la gestión de los recursos humanos, la dirección y supervisión del reclutamiento del personal civil y militar, los sistemas de regulación de cuadros y ascensos, los asuntos jurídicos, notariales y sociales del Inciso. Asimismo, planifica, gestiona y controla la ejecución presupuestal asignada, así como el establecimiento y control de los indicadores de gestión presupuestarios de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso.

C) Estado Mayor de la Defensa: Es el órgano de asesoramiento ministerial militar encargado de asesorar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política militar, en materia de:

a) Elaboración doctrinaria y planificación del concepto de operación conjunta de las Fuerzas Armadas;

b) Análisis y valoración de escenarios estratégicos;

c) Planificación logística de las Fuerzas Armadas a nivel ministerial, particularmente en lo referido a sistemas de armas, comunicaciones, equipamiento y nuevas tecnologías;

d) Doctrina y reglas de enfrentamiento del instrumento militar.

e) Planificación y coordinación de operaciones conjuntas y/o combinadas, centralizando en su organización los diferentes asuntos vinculados con la inteligencia militar; así como la actuación de los Abogados de Defensa de la República acreditados ante gobiernos extranjeros;

f) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa será un Oficial en actividad de la misma jerarquía que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, no estableciéndose ningún tipo de rotación obligatoria entre las Fuerzas, siendo que su designación debe responder a la confianza que en él le deposita el Poder Ejecutivo.

Para su designación se seguirán los mismos procedimientos que para la designación de los Comandantes en Jefe, debiendo pasar a Retiro en los mismos plazos indicados que para aquéllos.

En caso de ser removido de su cargo pasará a la situación de Retiro, no pudiendo un Oficial designado para ese cargo regresar a su Fuerza de origen en la calidad de Comandante en Jefe. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa dependerá directamente del Ministro de Defensa Nacional, pasando a revistar fuera de cuadros de su Fuerza de origen a partir de la designación, en cuyo caso se ascenderá un nuevo oficial general para cubrir la vacante en la Fuerza que lo provee.

g) Dependerá del Jefe de Estado Mayor de la Defensa el Mando General de las Operaciones conjuntas o conjuntas-combinadas. Asimismo existirá un Jefe de Operaciones, cargo que se reglamentará y que podrá ser rotatorio entre las fuerzas representando el Nivel Estratégico Operacional junto con los Comandantes de Mandos Conjuntos que se creen para el cumplimiento de los Planes Militares de la Defensa.

h) Del Jefe de Estado Mayor de la Defensa dependerá el Sistema Nacional de Operaciones de la Paz (SINOMAPA).

D) Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya: Ejecutarán las tareas necesarias para cumplir los cometidos asignados atinentes a la defensa, en el marco de la Constitución de la República y las leyes de conformidad con la política de Defensa Nacional.

SECCION 2 - FUERZAS ARMADAS.

CAPITULO 1 - ORGANIZACION Y MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS.

Artículo 17.- Las Fuerzas Armadas, institución militar de la defensa, son responsables de la ejecución de las actividades militares de la Defensa Nacional.

Artículo 18.- Las Fuerzas Armadas están integradas por la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Se constituyen como la rama organizada, equipada, instruida y entrenada para ejecutar los actos militares que imponga la Defensa Nacional. Su cometido fundamental es la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes.

Artículo 19.- Su composición, dimensión y despliegue, así como su organización y funcionamiento, se inspirarán en el criterio de eficiencia conjunta, unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola Fuerza.

Artículo 20.- En tiempos de paz y bajo autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental.

CAPITULO 2 - MISIONES EN EL EXTERIOR.

Artículo 21.- Las misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de la República deberán ser promovidas, dentro del marco de sus respectivas competencias, por los organismos internacionales de los que el Estado forme parte. Cumplirán fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.

Artículo 22.- La participación de contingentes nacionales en Misiones de Paz constituye una decisión soberana que estará determinada por la política exterior de la República y en tal sentido tenderá a la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional, la práctica de medidas de confianza mutua y la promoción de relaciones de cooperación y respeto entre los diferentes actores de la comunidad internacional, en consonancia con el derecho internacional.

Artículo 23.- El despliegue de contigentes militares fuera de frontera no debe afectar el cumplimiento de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas.

Artículo 24.- La participación de fuerzas o efectivos militares nacionales en actividades reales o virtuales de carácter combinado con fuerzas militares de otros Estados debe guardar coherencia con las necesidades de la defensa militar del país y su política exterior. Los objetivos de la participación en las referidas actividades son:

a) Intercambiar experiencias y conocimiento de doctrinas de empleo diferentes;

b) Propiciar el conocimiento y entrenamiento profesional en la utilización de tecnologías y sistemas de organización diversos;

c) Profundizar en el conocimiento de fortalezas y debilidades de diferentes sistemas;

d) Desarrollar las capacidades propias para la acción combinada y combinada-conjunta.

e) Potenciar las medidas de confianza mutua.

TITULO IV - CONTRIBUCION A LA DEFENSA.

PREPARACION DE RECURSOS PARA CONTRIBUIR A LA DEFENSA.

Artículo 25.- El Poder Ejecutivo establecerá los criterios relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza o crisis, considerando para su aplicación lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución de la República y los mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre los diferentes poderes públicos, dando cuenta al Poder Legislativo.

Artículo 26.- En tiempos de conflicto armado y durante la vigencia del estado de guerra, el sistema de disponibilidad permanente en recursos será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional.

DISPOSICIONES FINALES.

Artículo 27.- El Poder Judicial ejerce la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar a que refiere el artículo 253 de la Constitución de la República.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional, coordinará con la Suprema Corte de Justicia el respectivo traslado de funciones, mediante el correspondiente proyecto de modificación a la Ley N° 15.750 -Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales-.

La Jurisdicción Militar, conforme a lo dispuesto en el artículo 253 citado, mantiene su esfera de competencia exclusivamente a los delitos militares y al caso de estado de guerra.

Artículo 28.- Dispónese que sólo los militares pueden ser responsables del delito militar.

Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria.

Artículo 29.- Dispónese que la instrucción militar y el servicio militar son de carácter voluntario.

Artículo 30.- Las necesidades de la Defensa Nacional y las líneas generales de política de Defensa Nacional serán objeto de información constante y actualizada, las que serán difundidas a través de un "Libro Blanco".

Artículo 31.- DISPOSICION TRANSITORIA: Dispónese que hasta la implementación de lo dispuesto en el artículo 27, mantendrán plena vigencia las normas contenidas en los Códigos Penal Militar, de Organización de los Tribunales Militares y de Procedimiento Penal Militar, con excepción de lo establecido en el artículo 28, en cuanto no se ajuste a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 32.- El Poder Ejecutivo dictará las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Artículo 33.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales, o reglamentarias que se opongan a la presente ley."

El señor Senador Penadés deja constancia que firmará dicho proyecto con salvedades.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia (Informe verbal).

De lo actuado, se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3017/08 que forma parte de este documento.

Finalmente, la Comisión resuelve convocar al señor Ministro de Defensa Nacional para el próximo lunes 29 del corriente, con el fin de informar sobre la situación de los militares incluidos en aplicación del Inciso G).

A la hora dieciocho se levanta al sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Gustavo Penadés Presidente

María Celia Desalvo Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- El tema que tenemos a consideración es altamente relevante para el país, y si el Senado así lo decide, por primera vez en la historia habrá una ley marco de defensa nacional con media sanción.

Nuestra fuerza política, antes de llegar al Gobierno, planteó la ausencia del tema de la Defensa Nacional en los ámbitos institucionales. Debido a ello, se consideró la necesidad de establecer un amplio debate nacional al respecto, en el entendido de que la Defensa no es un tema exclusivo del ámbito militar, sino del conjunto de la sociedad. Es así que se planteó la necesidad de aprobar una ley marco de Defensa Nacional y otra que modificara y actualizara la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Es de destacar que, como antecedente parlamentario, sólo se registra una exposición verbal presentada por el señor Diputado Ricardo Falero el 2 de setiembre de 1997, por la que se entendía necesario iniciar un proceso de análisis sobre el concepto de Defensa Nacional y el papel que en ella debe desempeñar el Ministerio correspondiente.

En cumplimiento de lo planteado en la campaña electoral de 2004, se dio inicio a un amplio debate sobre este tema, que se proyectó en diferentes etapas consecutivas. A fines de octubre de 2005 se logró acordar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y, además, se contó con la colaboración de la Asociación Pro Fundación para la Ciencias Sociales a través de un convenio firmado entre dicha Asociación y el PNUD.

La primera etapa se desarrolló con un Seminario Internacional que se llevó a cabo en el Salón Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo, con la presencia de destacados actores del ámbito político nacional e internacional, académicos y militares: el doctor Marco Aurelio, Asesor para Asuntos Internacionales del señor Presidente de Brasil; el doctor Raúl Benítez, de la Universidad Nacional de México; el doctor Marcelo Sainz, interventor de la Policía Aeronáutica; el señor Gonzalo García, Subsecretario de Guerra de Chile; el doctor Profesor Juan Facetti, Asesor del señor Vicepresidente del Paraguay, entre otros. Asimismo, participaron representantes de Sudáfrica, Portugal, España, Venezuela y Argentina. Con ello se ha logrado hacer una sistematización comparativa del marco jurídico de defensa en los países de la región y otros que han evolucionado en la organización de la defensa y estructuración de Fuerzas Armadas a la salida de procesos dictatoriales.

A mediados de mayo de 2006, se inicia una segunda etapa. En la apertura del Seminario Nacional brindaron sus exposiciones los ex Presidentes doctores Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, así como el actual Primer Mandatario de la República, doctor Tabaré Vázquez. En esa oportunidad participaron panelistas nacionales vinculados a los partidos políticos con representación parlamentaria, académicos, miembros de las Fuerzas Armadas, retirados y en actividad, así como reservistas. También algunos periodistas presentaron sus puntos de vista, contándose además con la presencia de los señores Senadores Gustavo Penadés, Sergio Abreu y Eleuterio Fernández Huidobro, así como del señor Diputado Luis Rosadilla, del ex Ministro de Defensa Nacional, profesor Yamandú Fau, del licenciado Juan Pioli, Subdirector del CALEN, del señor Andrés Gubitosi, Jefatura de la Primera División del Estado Mayor General de la Armada.

En la tercera etapa se implementan cinco paneles denominados Mesas Temáticas de Debate. Entre los meses de junio y setiembre de 2006, se realizaron veinte sesiones de trabajo, de cuatro horas de duración cada una, en el Instituto Militar. Las Mesas Temáticas de Debate abordaron los siguientes conceptos: Defensa Nacional, Política Exterior y Defensa, Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Armadas y Justicia Militar. Fueron invitadas a participar 180 instituciones y dependencias públicas y privadas, así como la sociedad en su conjunto. A ello debe sumarse la participación de Legisladores integrantes de las Comisiones de Defensa Nacional, de Asuntos Internacionales y de Constitución de ambas Cámaras. Los participantes, de acuerdo con su procedencia y considerando en promedio todas las sesiones, pueden clasificarse de la siguiente manera: 18,48% del Poder Ejecutivo, exceptuando el Ministerio de Defensa Nacional al que le correspondió, sin contar a los militares, el 10,91%; Poder Legislativo, 17.88%; dependencias militares, 12,12%;Gobiernos Municipales, 2,73%, organismos partidarios, 4,24%; organizaciones de la sociedad civil, 23,33%, y servicios universitarios -públicos y privados- 10,30%.

Cabe destacar que este debate iba a estar guiado por el principio de "no asignación", es decir, que fuera de las Mesas Temáticas de Debate no se le podía asignar a nadie los conceptos que dentro de ellas se hubieran volcado.

Algunos de los temas abordados en las Mesas Temáticas de Debate fueron retomados en los meses de octubre y diciembre de 2006, en la etapa que abordó también en un seminario y en mesas de debate, los temas de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la Educación Militar.

De estos valiosísimos aportes, se realizó un resumen del que surgió el texto del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento para su consideración y que, luego de un extenso debate e intercambio de ideas durante todos estos años, logramos aprobar en el seno de la Comisión correspondiente.

Entendemos que no es una materia de fácil tratamiento, porque comprende temas de mucha complejidad y posiciones muy encontradas, pero hoy hemos llegado a un nivel de consenso que, esperamos, sea el punto de partida para seguir realizando aportes en ese sentido y enriquecer la Defensa Nacional como materia que incumbe a todo el pueblo uruguayo.

Por todo lo expuesto, agradecemos el gran trabajo realizado por la ex Ministra de Defensa Nacional, doctora Azucena Berruti, y el actual titular de esa Cartera, doctor José Bayardi, así como por el resto de quienes participaron e hicieron posible este debate.

Como decíamos, el 25 de febrero de 2008 ingresó al Parlamento este proyecto de ley que enviara el Poder Ejecutivo, compuesto por 33 artículos que pasaremos a analizar, por el que se pretende regular la materia vinculada a la Defensa Nacional, estableciéndose normas generales.

En el Título Preliminar, el Capítulo 1 establece la definición y características de la Defensa Nacional. Durante la Primera Mesa Temática de Debate se discutió acerca del concepto y de las características de la Defensa Nacional. De este marco surgió la necesidad de contar con una ley en la cual se definieran los conceptos, las competencias y las disposiciones institucionales que la ordenan. Luego de un profuso debate, se llegó por consenso a la definición que se encuentra plasmada en el artículo 1º del presente proyecto de ley. Dentro de los objetivos clásicos, tales como la soberanía y la integridad territorial, cabe destacar la incorporación de la preservación de los recursos estratégicos, porque es algo que ha venido creciendo en otros marcos jurídicos y legales a nivel mundial. Asimismo, destacaría que todas las actividades civiles o militares que se desarrollen con esta finalidad deben encuadrarse en el marco de la Constitución y las leyes. En realidad, el encuadre de las referencias primarias están ubicadas en ese ámbito; no es válida cualquier acción, sino aquellas que estén enmarcadas constitucional y legalmente. A su vez, existe un objetivo último, que es el de generar las condiciones para lograr el bienestar social, presente y futuro, de nuestra población. Obviamente, hacemos referencia a la población y no al ciudadano, es decir, a todos los que se encuentran en este territorio, utilizando un criterio amplio de la definición. Consideramos a la Defensa Nacional como un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía. Esto importa, porque tenemos la sensación de que la consideración del carácter amplio de la defensa no restrictivo a su componente militar, no es percibido por la población como un derecho que el Estado debe garantizar y como un deber con el que tiene que cooperar. En realidad, defendemos el conjunto de la población y garantizamos su bienestar, presente y futuro, pero es un derecho y un deber del conjunto de los ciudadanos. Obviamente el deber tiene que ser ejercido por los ciudadanos en la forma y términos que se establecen en la Constitución y en la leyes.

El Capítulo 2 refiere a la política de Defensa Nacional y política militar de defensa. Se ha querido destacar la diferencia entre ambos conceptos, pero en el debate se creyó necesario abordarlos en forma integral por los objetivos comunes que persiguen: el de soberanía, integridad territorial, respeto a los principios del Derecho Internacional, especialmente los de autodeterminación de los pueblos, preservación de la paz, de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los Estados.

Se remarcó la centralidad de la acción diplomática como instrumento al servicio de la Defensa, no sólo generando condiciones que alejen al país de los conflictos, sino también colaborando en la adecuada gestión cuando ellos se presenten. Por esa razón, en el texto normativo se establece la acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos.

Se concibe a la política militar de defensa como una parte de la política de Defensa Nacional. Refiere exclusivamente al conjunto de disposiciones tendientes a asegurar la integridad territorial del país, la custodia del ejercicio de la soberanía nacional, así como la obtención de los recursos humanos y materiales que fueren necesarios para obtener una adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa.

El Titulo II se refiere a la estructura organizativa y funcional del Sistema de Defensa Nacional. Desde un inicio se concibió a la Defensa Nacional como un sistema donde interactúen los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como el Consejo de Defensa Nacional, encargado de determinar y actualizar la política de Defensa Nacional. Esta organización se hará siempre dentro de las atribuciones que la Constitución asigna a estos Poderes.

Entonces, el Capítulo 1 de este Título está referido al Poder Ejecutivo, estableciendo los cometidos que a cada uno le corresponde, recogiendo los establecidos en la Constitución de la República y sumando otros en materia de determinación de la política de Defensa Nacional y sus objetivos y el tomar a su cargo la dirección político-estratégica de las operaciones militares en caso de uso de la fuerza, entre otras. El Capítulo 2 establece que el Poder Legislativo tiene atribuidos por la Constitución de la República distintos cometidos en materia de Defensa, los cuales fueron compilados en un solo artículo.

En el Capítulo 3 se crea el Consejo de Defensa Nacional (CODENA) como órgano encargado de articular, a nivel del Poder Ejecutivo, las políticas sectoriales relacionadas con la defensa nacional, conformando la principal instancia de asistencia y asesoramiento al Presidente de la República en el análisis de los lineamientos básicos de la política de defensa nacional, a través del diseño y la elaboración de informes, evaluaciones, dictámenes, planes y/o proyectos para determinar las potenciales situaciones de riesgo que puedan afectar la soberanía e independencia de la república, la integridad territorial, además de sugerir la adopción de estrategias entre otros cometidos. En el artículo 10 se establece su constitución y, en el 11, la instancia de reunión.

Dentro del Título III denominado, "Ministerio de Defensa Nacional", la Sección 1, titulada "Organización", refiere a la organización del Ministerio de Defensa Nacional. Desde la década del cuarenta está organizado dentro de la estructura de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y en 1974 siguió en la misma situación. Cuando se intenta fortalecer el poder de decisión política dentro de la defensa, no tiene demasiado sentido que el Ministerio esté organizado en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Ya que el país no contaba con una ley de esta envergadura, se establece, a texto expreso, que el Ministerio tiene por atribuciones y competencias la conducción política de aquella área de defensa que las leyes y el Poder Ejecutivo determinen. Además tiene como atribuciones todas las inherentes al desarrollo y ejecución de políticas de defensa en general, y militar en particular, en especial todo lo relativo a la Dirección Superior y Administración de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio se organiza en cuatro áreas básicas de competencia: Política de Defensa, Administración General, Estado Mayor de la Defensa y Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya. Constituye una novedad la creación del Estado Mayor de la Defensa y Armada Nacional como órgano asesor del Ministerio, encargado de planificar, coordinar, controlar y supervisar en distintas materias relacionadas con las Fuerzas Armadas. También lo es la designación del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien será un oficial en actividad y de la misma jerarquía que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, siempre que responda a la confianza del Poder Ejecutivo. En el proyecto se establecen los procedimientos para su designación, remoción y dependencia. Además, en el literal g) se establece que el mando general de las operaciones conjuntas o conjuntas combinadas, dependerá del referido jerarca y, a su vez, se crea el cargo de Jefe de Operaciones. Asimismo, del Jefe del Estado Mayor dependerá el Sistema Nacional de Operaciones de la Paz. También se le agrega al proyecto original un literal D), mediante el cual se comete a las tres Fuerzas ejecutar las tareas necesarias para cumplir con los cometidos asignados, atinentes a la defensa, en el marco de la Constitución de la República y de las leyes.

El Capítulo 1 de la Sección 2 hace referencia a las Fuerzas Armadas, a su organización y a las misiones en el exterior, las que fueron ampliamente discutidas con relación a los objetivos que persigue el país cuando participa de éstas. Como decía, el Capítulo 1 se titula "Organización y Misiones de las Fuerzas Armadas", cuyos principios son los de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia. La ley intenta organizar con un criterio que posibilite la acción conjunta de las tres Fuerzas disponiendo, con un criterio de racionalidad, la unificación de las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sean específicos de una sola Fuerza.

El Capítulo 2, "Misiones en el Exterior" refleja los lineamientos generales para la participación del país en misiones de paz o en ejercicios combinados con fuerzas de otros Estados. Según el artículo 21, las misiones en el exterior deben estar directamente relacionadas con la defensa de la República y si no lo estuvieran, deberán promoverse dentro de sus respectivas competencias y por los organismos internacionales de los que el país forma parte. En este artículo también se destacan los fines a cumplir.

Luego de un debate, en el artículo 22 quedó plasmado que la participación de contingentes nacionales en Misiones de Paz debe guardar coherencia con la política exterior de la república, en el sentido de la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional, y que la práctica de medidas de confianza mutua y la promoción de rela-ciones de cooperación y respeto entre los diferentes actores de la comunidad internacional, deben estar en consonancia con el Derecho Internacional. También se definen los beneficios que el país espera obtener con la participación de esos efectivos. Esa declaración explícita contribuye a que las Fuerzas Armadas trabajen para que esas acti-vidades sean funcionales con esos objetivos predeterminados.

En el Título IV, "Contribución a la Defensa. Preparación de Recursos para Contribuir a la Defensa", se establece a texto expreso que el Poder Ejecutivo fijará los criterios relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales para la defensa nacional, en momentos en que se presenten situaciones de grave amenaza o crisis, en el marco del artículo 35 de la Constitución de la República.

Las disposiciones finales refieren a algunos aspectos de la Justicia Militar. Los artículos 27 y 28 tienen una característica novedosa con relación a lo que establece el artículo 253 de la Constitución de la República, que dice: "La jurisdicción militar queda limitada a los delitos militares y al caso de estado de guerra", y en el inciso segundo agrega: "Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera que sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria". Se prevé el traslado de funciones de la Justicia Militar al Poder Judicial. Con respecto a esto existía alguna duda en la Comisión y, por ello, quedamos en realizar una consulta con el General Halty, Presidente del Supremo Tribunal Militar. El General Halty nos informó que operaría un sistema similar al español y que se conformó una Comisión Especial que tendría una doble dependencia para la transición de técnicos adecuados. Por tanto, los abogados del Ministerio de Defensa Nacional y los de la Justicia Militar son los que están trabajando en la referida Comisión para llevar adelante la transición.

Como decía, el sistema operaría con una doble dependencia, como en España. Mediante el artículo 28 se dispone que sólo los militares pueden ser responsables de delitos militares y que los delitos comunes cometidos por militares en tiempos de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la Justicia ordinaria. Fue consultado el General Halty acerca de cómo se juzgan los delitos de guerra cometidos por civiles en situación de guerra, quien nos contestó que los juzgaba la Justicia Militar en temas relacionados con la traición y el espionaje. A su vez, en tiempos de paz, los juzga la Justicia ordinaria.

Otra de las disposiciones habla sobre la instrucción y el servicio militar. Se establece que ambas son de carácter voluntario. Asimismo se estipula que las necesidades de la defensa nacional y las líneas generales de política de defensa nacional, serán objeto de información constante y actualizada, las que serán difundidas a través de un libro blanco que da cristalinidad al tema de la defensa.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando la consideración del tema, tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADÉS.- Señor Presidente: hace pocos días, en nombre del Partido Nacional, informamos el proyecto de Ley de Educación e iniciamos nuestras palabras lamentándonos por la decisión que oportunamente adoptara la Bancada de Senadores del Frente Amplio en cuanto a la celeridad con que el tema debía ser tratado en el seno del Parlamento. Sin embargo, hoy debo reconocer que el procedimiento llevado adelante por parte de la Bancada de Senadores del Frente Amplio en este proyecto de ley es contrario al adoptado anteriormente y, por eso, siento un profundo beneplácito.

Este proyecto ha tenido suficiente tiempo de análisis y discusión y ha contado con el asesoramiento pertinente para la construcción de acuerdos. Debemos reconocer que, lamentablemente, se trata de un tema al que el Parlamento nacional le dedica poco tiempo y que no se comprende en su debida magnitud y trascendencia.

Por todo ello, inicio mis palabras reconociendo que este proyecto de ley ha contado con el tiempo suficiente para ser analizado y considerado, logrando que la Bancada de Senadores del Partido Nacional hoy acompañe, en términos generales, el proyecto con las salvedades que formulamos en Comisión y que reiteraremos en el Plenario.

Estamos analizando uno de los temas más importantes en el que el Uruguay todo y sus dirigentes políticos están más rezagado.

Durante mucho tiempo, el tema de la defensa nacional fue entendido como un asunto de análisis exclusivo del poder militar y del Ministerio de Defensa Nacional. Aunque fuese así, entendemos que también hace ya mucho tiempo que el Parlamento nacional debería haber analizado aquellas normas que, insistimos, deberán analizarse una vez aprobada esta iniciativa, esto es, las leyes marco del Ministerio de Defensa Nacional, las Leyes Orgánicas del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Uruguaya, como así también una norma sobre Inteligencia. Estas son las asignaturas que el Parlamento nacional deberá estudiar -ya sea en el actual período legislativo o en el próximo- una vez aprobada esta norma sobre defensa. Obviamente, estamos hablando de un estudio a conciencia, aunque no basado en una situación que, lamentablemente, ha estado presente en los últimos tiempos por la realidad del país y quizás no con intencionalidad política -y cuando hablo de los últimos tiempos, debe quedar bien claro que no sólo me refiero a la actual Administración, dirigida por el doctor Tabaré Vázquez, sino también a las anteriores-, porque es necesario analizar el tema no sólo desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en el pasado, o desde la óptica meramente presupuestal, sino en su debida y real magnitud, bajo un concepto global que implica que la defensa nacional sea mucho más que los aspectos militares de la misma.

Si quisiéramos definir la defensa nacional, podríamos decir que se trata de una política pública y general del Estado, orientada al cumplimiento de la función de la defensa. En términos generales, la política de defensa es una política de Estado que representa los intereses y objetivos nacionales, bajo criterios de seguridad nacional de los cuales se derivan estrategias específicas para los distintos ámbitos en los que aquella se desenvuelve. Esos ámbitos pueden tener que ver con asuntos típicamente militares, pero también, por ejemplo, con la defensa de nuestro medio ambiente, con cuestiones relacionadas con el terrorismo y con los conflictos asimétricos, así como también con la defensa de nuestro mar territorial y, fundamentalmente, de nuestro espacio cibernético y aéreo, tema que en el Uruguay debería comenzar a analizarse con mayor preocupación y profundidad.

Cabe señalar que en este proyecto de ley figuran definiciones de carácter absolutamente técnico que, dada su terminología, en una primera lectura pueden llegar a sorprendernos. Sin embargo, se trata de terminología que actualmente está siendo empleada en las legislaciones más avanzadas del mundo, como es el caso de la española. Y para que esto quede bien claro, mencionamos que en el Uruguay, con relación a la defensa nacional, hemos comenzado a realizar los cambios que podríamos llamar de primera generación, mientras que en España, por ejemplo, se están implementando cambios de cuarta generación con respecto a este mismo tema. Por eso creemos en la aproximación más práctica a la política de defensa, como una parte fundamental de la acción estatal, que refiere concretamente a la forma en que este último estructura y organiza, a través del Gobierno, la defensa nacional del país. Esto comprende una definición de lo que el país requiere en materia de seguridad externa e interna, así como en materia de acciones frente a condiciones extremas como pueden ser, por ejemplo, catástrofes de tipo natural. Ciertamente, la política nacional, junto a la política exterior, constituyen dos pilares fundamentales para la concreción de la seguridad y el desarrollo del Uruguay.

Esta definición de la política de defensa lleva a destacar algunas de las características de la función de defensa. Se trata de una función monopólica y exclusiva del Estado, primaria y permanente, que constituye a su vez un bien público, puro y absoluto. Sabemos que, en una primera instancia, esta definición puede llegar a rechinar a algunos; sin embargo, es de carácter estrictamente técnico, emplea una terminología que viene utilizándose en todas las legislaciones de avanzada y pretende definir claramente que es una actividad integral del Estado, no pudiendo éste des-lindar responsabilidad ni conceder sobre ella ningún tipo de realizaciones, que él no efectúe como un bien público, puro y absoluto. En definitiva, esta es, eminentemente, una función de previsión y anticipación, y debe estar en permanente coherencia con las prioridades de carácter nacional.

En consecuencia, las políticas en materia de defensa y seguridad deben entenderse como políticas de Estado. Para ello, debemos tener presente qué caracteriza a una política de Estado. Sintéticamente, podemos caracterizarla como una estrategia basada en intereses y objetivos nacionales, que constituye una de las políticas prioritarias del Estado, que trasciende los Gobiernos de turno y es, por tanto, necesariamente, suprapartidaria a la vez que permanente, pero no inamovible. Las políticas de Estado deben tener en cuenta las relaciones de vecindad y resaltar el papel del país dentro de la comunidad regional e internacional. Hemos querido leer estas definiciones por la precisión técnica que tienen. Cabe acotar que fueron ellas mismas las que hicieron necesario trabajar en la Comisión de Defensa Nacional sobre un proyecto de ley que remitiera el Poder Ejecutivo y que resultó modificado en ese mismo ámbito.

Por nuestra parte, debemos reconocer que en el seno de la mencionada Comisión se contó con la permanente presencia del señor Ministro del ramo y de sus asesores, quienes conversaron con nosotros con verdadera franqueza, todo lo cual derivó en un intercambio que fue muy productivo. No tenemos ningún inconveniente en reconocer esto ante este Cuerpo, en la tarde de hoy. De la misma manera, reconocemos la discusión, más que fermental, que el señor Senador Moreira y quien habla, en representación del Partido Nacional, mantuvimos con los señores Senadores Fernández Huidobro, Saravia y Gargano, en representación del Frente Amplio. A su vez, como Presidente de la citada Comisión de Defensa Nacional, quien habla dio instrucciones para que se notificara en forma permanente a los señores Senadores del Partido Colorado -que no tuvieron representación en dicho ámbito- de todos los pasos que se llevaban adelante. Evidentemente, debido a la importancia y trascendencia del asunto, nos interesaba que ellos estuvieran informados al instante -reitero- de los pasos que se daban a lo largo de la consideración del proyecto de ley.

Ingresamos en esta discusión entendiendo, ante todo, que la definición de la defensa nacional que hemos brindado debía estar acompañada de una concepción que permitiera a todos los actores políticos -muchos de ellos son de primer nivel e integran el Senado de la República- entender la prioridad de analizar y discutir estos asuntos, y la necesidad de dotar al Estado de un organigrama nuevo con relación a un Sistema Nacional de Defensa y de lograr imponer en nuestros partidos políticos -así como en lo que es el trabajo de las Comisiones parlamentarias- la idea de que es fundamental comenzar a trabajar, analizar, estudiar y -¿por qué no?- discutir temas que muchas veces quedan relegados a un segundo plano cuando en realidad son absolutamente prioritarios en la vida nacional, sobre todo tratándose de países tan pequeños como el nuestro.

Es así, señor Presidente, que en términos generales vamos a acompañar este proyecto de ley, aunque hemos firmado discordes porque -bueno es reconocerlo- creemos que en alguna cuestiones se podría haber profundizado, realizado modificaciones y avanzado aún más. Sin embargo, no fue intención de la mayoría hacerlo así. Con todo, entendemos que esta iniciativa es un avance, y creemos que en estos asuntos la movilidad, la acción y, fundamentalmente, la interacción serán los elementos que signen y marquen el futuro. Todo esto, si es cierto que entendemos que la defensa nacional, los asuntos que a ella incumben y todo lo que se relaciona con su construcción, requiere que se elaboren políticas de Estado no solamente por la entidad del tema, sino también porque hay algunos principios y definiciones que deben superar las Administraciones, cualquiera sea su color político. Porque, independientemente de quienes estén al frente del Poder Ejecutivo o de quienes tengan mayoría parlamentaria para lograr consolidar proyectos o definiciones de carácter político, tiene que existir un derrotero, ruta o trazado, es decir, una construcción que permita al Uruguay generar, en asuntos tan delicados como éste, compromisos que superen a la Administración de un quinquenio. Es imposible construir políticas en estos términos y en estos asuntos tan delicados, en donde una Administración tras otra cambia radicalmente lo que venía haciendo la anterior. Las definiciones que acá se dan -reitero que quizás no sean las últimas ni las únicas, pero sí son un inicio- son las que pautarán lo que el Uruguay deberá analizar con relación a la defensa nacional en su marco general y, en particular, a nivel estratégico militar y operacional, que son algunos de los elementos -no los únicos- que conforman el sistema nacional de la defensa.

En el debate al que fue invitado a participar el Partido Nacional, que estuvo representado por el ex Presidente Luis Alberto Lacalle, el señor Senador Abreu y quien habla, en la Sala Azul de la Intendencia Municipal de Montevideo, sin querer, los tres planteamos tres asuntos que creíamos debían ser incorporados en una Ley Marco de Defensa Nacional: el primero de ellos, el Consejo de Defensa Nacional; el segundo, el Estado Mayor de la Defensa; y, el tercero -que lamentablemente no ha sido incorporado y como nosotros pensamos que debió haberse incluido, esperamos que en la Cámara de Representantes se pueda insistir sobre este asunto-, la creación, al más alto nivel, de una Oficina de Asuntos Estratégicos o de análisis estratégico, que comúnmente se conoce como un servicio de inteligencia de primer nivel, es decir, un ámbito donde generar y proveer inteligencia de Estado. Reitero que esto no fue incorporado en el proyecto de ley y por ello creemos que, desafortunadamente, esta iniciativa no abarca en su conjunto un sistema completo de defensa nacional que desde el Partido Nacional pretendimos que se tuviera en cuenta en esta instancia.

En términos generales, entendíamos que el Consejo de Defensa Nacional -o sea, el CODENA, como se le llamará-, integrado por el señor Presidente de la República y por los señores Ministros de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, del Interior y de Economía y Finanzas, también debía incluir al Jefe de la Oficina de Asuntos Estratégicos, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y al Vicepresidente de la República, en este último caso porque pensábamos

-y pensamos- que el Poder Legislativo debe integrarlo. En su momento planteamos que esto debía ser igual que en otros países, como es el caso de Chile, donde los Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes participan del Consejo de Defensa Nacional, para que el Gobierno y la oposición estén enterados y formen parte de la construcción -ya que hablábamos de una construcción de Estado-, justamente, en el análisis y en el trabajo que éste tendría, a fin de que también ella pudiera tener la posibilidad de participar y de estar representada a ese nivel. Como lamentablemente esto no se consideró de recibo, propusimos que debía ser el Vicepresidente de la República quien, como Presidente de la Asamblea General, posteriormente informara a los líderes de la oposición -que generalmente se encuentran en el Poder Legislativo- para darles la posibilidad de participar activamente en esto. Finalmente, primó el criterio de que el Presidente tuviera la posibilidad de invitar a integrantes del Poder Legislativo, de la Suprema Corte de Justicia, o de quien ella delegue, y también, cuando se entienda oportuno, a los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, justamente, cuando los temas tengan estricta relación con aspectos militares de la defensa, habida cuenta de que se entendió que la participación de estos últimos no debía ser permanente. Nosotros no compartimos el criterio; entendíamos que la participación debía tener carácter permanente, porque creemos que los militares en nuestro país son profesionales especializados en temas relacionados con el análisis, el estudio estratégico, que muchas veces desarrollan durante toda su carrera y son muy poco utilizados por parte del poder político.

Consideramos que además de crearse la Oficina de Asuntos Estratégicos, debía estar a su frente el Coordinador de Inteligencia, que fue un cargo que creó el actual Gobierno en su Presupuesto, en el año 2005 -pero que lamentablemente nunca fue llenado-, porque ello permitiría el desarrollo de la inteligencia de Estado.

Hace algunos años, cuando era Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Representantes, me visitó el Jefe de la Oficina de Asuntos Estratégicos de Brasil, que era un hombre con rango de Embajador -por supuesto, de Itamaratí-, cuya oficina estaba al lado de la del Presidente de la República. Su misión era analizar permanente todo tipo de escenarios del Brasil, esto es, realizar Inteligencia con mayúsculas. Lamentablemente, muchas veces en nuestro país la Inteligencia se confunde con el espionaje menor, con la cosa chica sobre cuestiones políticas. Tenemos desconfianza de que la inteligencia sea utilizada como una forma de intromisión en nuestras vidas privadas y en la de nuestras familias, como ocurrió en algunas épocas -y esto es algo que también debemos reconocer-, pero no hay que olvidar que la inteligencia es un elemento esencial para el tomador de decisiones. Nadie puede tomar decisiones de carácter gubernativo a corto, mediano y largo plazo, sin un análisis que realice gente capacitada en el asunto, sean académicos militares o especialistas de las más variadas disciplinas.

En la actualidad, en nuestro país la inteligencia se divide -por supuesto, no está coordinada- en inteligencia criminal, que está a cargo de la Policía; inteligencia militar, que llevan adelante los servicios de las Fuerzas Armadas -es decir, la DINACIE, que también integra una mezcla de las dos, pero está bajo el mando del Ministerio de Defensa Nacional-; inteligencia realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y, por último, inteligencia en la órbita del Banco Central del Uruguay. Por supuesto, todos estos servicios están descoordinados y quizás ninguno de ellos sea consultado a la hora de tomar decisiones de carácter estratégico para nuestro país.

Creo que el conflicto con la República Argentina ha más que demostrado la necesidad de generar análisis de inteligencia de primer nivel.

Señor Presidente: si usted ingresa hoy al Presupuesto de la República Federativa del Brasil y analiza el ítem "Ministerio de Defensa Nacional", encontrará que allí está prevista una partida para informantes aunque, por supuesto, no se informa quiénes son. Lo concreto es que se trata, justamente, de una partida que se tiene para realizar uno de los aspectos que conlleva el trabajo de inteligencia. Muchas veces estos temas no despiertan interés -incluso, a menudo se ven segundas intenciones-, pero se convierten en esenciales en el trabajo de un país que pretenda tener perspectivas de futuro.

Voy a poner un ejemplo que sé que para muchos de los señores Senadores aquí presentes es muy importante, que es el de la crisis energética que el Uruguay cíclicamente sufre. ¿En algún momento en el pasado se han analizado las perspectivas de futuro para que éstas no terminen siendo decisión de gerentes de la empresa estatal de energía, que generalmente miran este tipo de situaciones por el ojo de la cerradura de intereses legítimos pero estrictamente relacionados con la supervivencia y la trascendencia de sus entes, especialmente de UTE?

Por estas razones, señor Presidente, para nosotros era esencial la creación de dicha oficina y ni que hablar en lo que tiene que ver con nuestras relaciones con el exterior, con el comercio internacional, con la coordinación y, fundamentalmente, con algo que me parece trascendente, que es que el poder político asuma la responsabilidad y la conducción definitiva de todos estos asuntos.

La Ley Marco de Defensa Nacional debe dar el claro mensaje de que el poder político, legítima y democráticamente electo, ejerce el mando y el control, dentro de la Constitución y de las leyes, de todo lo que tiene relación con la defensa nacional de nuestro país, desde los aspectos de carácter militar hasta los de tipo estratégico a que hemos hecho referencia. En ese sentido, lamentamos que esta Oficina de Asuntos Estratégicos no haya sido creada. La respuesta que dio el Ministerio de Defensa Nacional fue que podría ser implementada en una futura ley marco de esa Secretaría de Estado, pero nosotros creemos que no es ahí donde debe concretarse. A nuestro juicio, la oficina debería crearse en este momento porque, justamente, el tema tendría que estar por encima de la cuestión ministerial y revestir la jerarquía de que el Presidente de la República, principal tomador de decisiones de nuestro país, tuviera la posibilidad de recurrir a informes y trabajos a los que quizás institucionalmente hoy no se puede acceder.

A su vez, sería necesaria la coordinación de cada uno de los servicios de inteligencia especializados en diversas áreas. Conocemos las competencias internas que existen, las desconfianzas históricas, las misiones de cada uno de los servicios y los desvíos que lamentablemente ocurrieron en el pasado, pero consideramos que el control que se hiciera a través de esta oficina hubiese resultado esencial, teniendo presente, por supuesto, que es hasta deseable esa competencia y ese solapamiento de funciones de los distintos órganos que hacen inteligencia. Es más, señor Presidente, pensamos que en el futuro el Senado de la República debería contar con una Comisión de Inteligencia que se encargara del control legislativo de estos asuntos. El Senado de los Estados Unidos la posee y la integran solamente los tres Senadores más antiguos. Todos conocemos su sistema de funcionamiento en cuanto a la derecha que generan los Senadores más viejos con relación a los recientemente electos, aunque esto no sirvió en la última elección, donde el más joven llegó a la Presidencia de la nación. Los tres Senadores integrantes de la Comisión reciben en forma permanente información, con el secreto y la reserva que deben tener todos estos asuntos, para que justamente los líderes de la oposición también estén enterados de todo lo que concierne a los análisis estratégicos que los servicios de inteligencia deben llevar adelante.

Asimismo, creíamos que la Secretaría Permanente del Consejo de Defensa Nacional debía estar fuera del Ministerio de Defensa Nacional, pero el proyecto de ley establece que funcionará en su ámbito. A nuestro juicio, ese es un error.

Por otra parte, insistimos en la necesidad de crear un cargo de Secretario Permanente a nivel de la Presidencia de la República, porque consideramos que el Ministerio de Defensa Nacional no puede ser arte y parte en el asunto. Este integra el CODENA, pero no puede ser su Secretario, porque justamente lo que daría la posibilidad de eliminar las desconfianzas, las competencias y muchas veces también las incomunicaciones que existen entre las diversas Carteras en el Estado uruguayo, sería que hubiera un hombre de particular confianza del Presidente de la República en ese puesto. Sin embargo, esa figura al máximo nivel estratégico político tampoco fue aceptada por parte de la Bancada de Senadores del Frente Amplio, quedando, repito, la Secretaría del CODENA en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional. Nos parece que esto no es lo más acertado al respecto.

A continuación, el proyecto de ley enumera las funciones del Poder Legislativo. Lamentablemente, ahí tampoco fueron aceptadas algunas de las propuestas realizadas por los Senadores del Partido Nacional. La primera refería a la creación de una Oficina Técnica de Asesoramiento en Materia de Defensa, o sea que a nivel del Poder Legislativo existiese una oficina integrada por oficiales que dependieran del Ministerio de Defensa Nacional y que, naturalmente respetando las cadenas de mando, asesoraran al Parlamento. Obviamente, nadie pretende no respetarlas, sino que por el contrario se busca contar con el asesoramiento que el Poder Legislativo merece tener en aspectos que hacen a la defensa nacional, que van desde conocer los pormenores de las autorizaciones que muchas veces se solicita que demos a nuestras tropas para salir al exterior a cumplir una misión, hasta otorgar el permiso para que ingresen tropas a nuestro país, y conocer de cerca las características de las distintas acciones que las Fuerzas Armadas llevan adelante en nuestro territorio. Esto no es novedoso, ya que existe en la República Argentina, en la República Federativa del Brasil y en Chile una oficina de carácter técnico integrada por tres oficiales que dependen del Ministerio de Defensa Nacional y que tienen como misión el enlace y asesoramiento de los señores Senadores o Diputados que lo requieran para tomar decisiones contando con la mayor información posible. Muchas veces sucede que en el Poder Legislativo se termina votando sobre tablas asuntos de gran trascendencia, cuyo análisis no se realiza por falta de tiempo. Por eso entendíamos que se debía crear dicha Oficina y lo propusimos como algo esencial, pero lamentablemente no fue acompañado por los Senadores del Frente Amplio. Creo que ello respondió principalmente a una solicitud del Ministerio de Defensa Nacional, que tradicionalmente se ha opuesto a la existencia de esta oficina. Insisto: creíamos que era muy importante que existiera y hubiese quedado perfectamente regulada.

Al respecto, vamos a pedir que consten en la versión taquigráfica los textos de los artículos que habíamos presentado, en los cuales se establecía que esa oficina, dependiendo funcionalmente del Presidente de la Asamblea General y orgánicamente de un enlace en el Estado Mayor de la Defensa, tenía justamente la misión de asesorar al Parlamento en los muy delicados temas que muchas veces tenemos que analizar.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- La segunda propuesta que hicimos tenía relación con el control parlamentario de los gastos reservados. Entendíamos que la Comisión de Defensa Nacional del Senado, y únicamente ella, debía tener la misión de recibir un informe sobre los gastos reservados que el Poder Ejecutivo realiza a través del Ministerio de Defensa Nacional. Considerábamos que por más que el monto de esos gastos fuera irrisorio, el Parlamento debía tener su control político. Muchas veces, los gastos en esta materia son consecuencia de una toma de decisiones de carácter político y superan a una Administración. En fin, lamentamos que eso tampoco haya sido aceptado. Creíamos que era muy importante y esperamos que en la Cámara de Representantes haya tiempo para el análisis y que se establezca la posibilidad de que el Poder Legislativo acceda a esa información.

Asimismo, proponíamos que se estableciera una instancia en referencia a la adquisición de sistemas de armas de nuestro país. ¿Qué se entiende por sistemas de armas? Para explicarlo voy a poner un par de ejemplos. Se puede adquirir fusiles, pero si se piensa en términos de sistema, esos fusiles integran un conjunto más amplio de equipamiento que irá desde ametralladoras livianas y pesadas a morteros o visores nocturnos. Decisiones al respecto tienen enorme trascendencia por lo que implican, tanto desde el punto de visa económico, como desde el operativo, y por las consecuencias que acarrean en el ciclo de vida útil del material en cuanto a la relación estratégica que naturalmente se genera con los proveedores.

La Armada Nacional tiene desde hace tiempo una relación muy estrecha con la Armada de la República Federal Alemana y es por ello que hemos podido comprar a muy bajo precio una serie de barcos que permitieron una interesante renovación de la flota. Eso hace que la relación con la República Federal Alemana, en lo que tiene que ver con sistemas de armas, sea muy estrecha. ¿Por qué? Porque los buques que se compran a esa Fuerza hacen que exista un contacto permanente, entre otras cosas, debido a que en el futuro los repuestos deberán comprarse también a ese proveedor.

El Poder Ejecutivo -no critico la decisión- acaba de resolver la compra de dos fragatas de tipo "Riviere" a la Armada de Portugal. El Uruguay ya poseía esa clase de fragatas, dos de las cuales están desactivadas. Eso implica atarnos, ya no solamente con la Armada de Alemania, sino también con la de Portugal. No digo que eso esté mal, solo me pregunto si fue analizado y si estratégicamente le convenía al Uruguay; quizás la decisión se tomó en base al precio al que se ofrecían los buques, como muchas veces ha ocurrido en esta Administración y en las pasadas para diferentes compras. Me parece que la adquisición de sistemas de armas en un país es un asunto mucho más complejo que la decisión sobre una compra puntual en sí, y esa es una de las tragedias del Uruguay, cuyo criterio para las compras, a veces no se comprende.

Tenemos proveedores de todas partes del mundo y en relación a algunos temas en particular, como la inversión muy importante que hace Uruguay para la compra de plataformas, barcos, aviones o tanques -vehículos pesados-, la modificación del equipamiento genera problemas logísticos muy importantes, e implica que muchas veces su disparidad termine convirtiendo una economía en un gasto muchísimo mayor que el precio inicial.

Los ejemplos abundan y no quiero cansar con ellos a los señores Senadores; sin embargo, creíamos que podía haber sido un avance muy interesante dotar al Poder Legislativo de verdaderas armas para el control y para el desarrollo de una participación muchísimo más intensa e íntima en el sistema nacional de defensa, más allá de las atribuciones que le confiere el mandato constitucional a la Asamblea General, que vuelven a ser delineadas y establecidas en el proyecto. Esto tampoco fue apoyado por parte de la mayoría, sin perjuicio de que, insisto, consideramos que este proyecto de ley es un progreso con relación a lo anterior.

Señor Presidente: ingresando en el nivel estratégico militar, me permito hacer una primera afirmación a efectos de disipar cualquier duda. El Partido Nacional reivindica la existencia del Ejército Nacional, de la Armada Nacional, de la Fuerza Aérea Uruguaya y de las fuerzas del orden. Entiende que son un componente importantísimo de nuestra Nación, que la capacidad técnica y profesional de sus hombres debe ser muchísimo mejor utilizada que lo que ha sido hasta ahora. Su capacitación y grado de profesionalismo -que les insume toda su vida profesional- es, en muchos períodos subutilizada por parte del Estado. Es necesaria una revalorización y, además, una puesta de atención desde el poder político, como principalísimo tomador de decisiones en lo que tiene relación con la defensa nacional, para lograr la jerarquización de estos servidores públicos que, reitero, el Partido Nacional reivindica y resalta como prioritarios y fundamentales para la vida nacional.

En este sentido, creo que este proyecto de ley hace uno de los aportes más importantes: la creación del Estado Mayor de la Defensa en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional. Al respecto se plantean una serie de definiciones que lo ponen en el rumbo de un proceso de modernización y de acercamiento con las prácticas de acción conjunta, de interoperabilidad y de estrategia militar conjunta como la que existe en el mundo y en la que el Uruguay debe avanzar. ¿Es esto en detrimento de la función que cumple cada una de las tres Armas de las Fuerzas Armadas? No. Justamente se trata de la posibilidad de hacer coincidir y lograr que la estrategia militar conjunta sea específica y forme parte de la estrategia militar del Estado, dirigida hacia la utilización de los recursos militares en forma coordinada, en procura del objetivo común establecido por el poder político. La acción conjunta implica mando conjunto de las operaciones militares, pero presume también planificación, doctrinas, ejercitación y logística conjunta.

Creemos que aquí hay también un claro mensaje sobre un tema esencial que consiste en lograr una logística en común. Para que exista acción conjunta, interoperabilidad y la posibilidad de que cada una de las Fuerzas Armadas aporte sus capacidades a la estrategia común, es necesario ser muy cuidadosos con los aspectos logísticos. A continuación, voy a dar un ejemplo que seguramente no es novedoso para ninguno de nosotros. Si en el día de mañana el Uruguay sufriese un ataque masivo, las Fuerzas Armadas de nuestro país no se podrían intercomunicar, o quizá lo hicieran pero sin la fluidez que la situación impone, precisamente, porque no tienen el mismo sistema de comunicaciones. Quiere decir que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea tienen tres sistemas de comunicación diferentes que, además, no permitirían una intercomunicación. De igual manera, si pensamos en las cartas y mapas que utilizan las Fuerzas. De aquí en adelante, señor Presidente, la logística en común que a partir de este proyecto de ley se podrá implementar, será un hecho verdaderamente trascendente.

Según la doctrina, la acción conjunta es una forma de adaptación para la conducción de operaciones militares; debe quedar claro que no es un fin en sí mismo, sino que es el mejor medio para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir de la manera más eficiente y eficaz las misiones que le son asignadas por parte del poder político.

La acción conjunta impone integrar la capacidad de las fuerzas terrestres, navales y aéreas mediante una doctrina adecuada y el establecimiento de una estructura de mando eficaz y de control. Justamente, creemos que esa responsabilidad nace de lo que se conoce como el nivel estratégico político, baja al nivel estratégico militar y luego al nivel estratégico operacional. Es allí donde proponíamos la creación del Estado Mayor de la Defensa, a efectos de que contara con un Mando de Operaciones del que dependerán los Comandantes del teatro, las fuerzas conjuntas o combinadas, el Estado Mayor Militar, un Centro de Inteligencia Militar y el SINOMAPA, así como el enlace con las agregadurías militares de nuestro país. La idea era tratar de lograr la unificación de muchos servicios que hoy se multiplican por tres, del mismo modo que también se reproducen los costos, la falta de comunicación y la ineficacia.

Asimismo, proponíamos -aunque lamentablemente no fue aceptada- la creación de un Consejo Superior Militar. Así, el Ministerio de Defensa Nacional tendría en el Comandante en Jefe del Ejército, en el de la Armada y en el de la Fuerza Aérea, así como en el Jefe del Estado Mayor de la Defensa -que estamos creando como un Oficial de cuatro estrellas, al igual que los Generales y los Almirantes que hoy están al frente de las tres Fuerzas-, el Consejo Superior Militar. Quiere decir que, en ese ámbito, el Ministro de Defensa Nacional recibiría institucionalmente el asesoramiento para, justamente, delinear a nivel estratégico militar las decisiones y las órdenes que desde el nivel estratégico político fueran dictadas. Se creyó que esto era burocratizar demasiado el tema y no se creó el Consejo porque se dijo que el Ministro de Defensa Nacional puede reunirse con los Comandantes en Jefe cuando se entienda oportuno. Eso es cierto, pero nosotros pensamos que la institucionalización de este Consejo iba a permitir un ámbito de trabajo permanente como el que justamente debe tener el Ministro del ramo para poder implementar, a nivel estratégico militar, la construcción de las decisiones.

Señor Presidente: reitero que estas definiciones son un avance y queda claro que la acción conjunta no es un fin en sí mismo. Actualmente, cuando se produce un conflicto armado, ya no se desarrolla en un solo escenario sino en todos: en la tierra, en el mar, en el aire, en el ciberespacio. O sea que los conceptos de defensa nacional son muy grandes y, como decía al principio de mi intervención, van desde lo relacionado con la defensa del medio ambiente y los recursos naturales hasta con lo de carácter militar tradicional. Es ahí donde se hace necesaria la acción conjunta, el mando unificado a nivel estratégico y operacional, y el mantenimiento de los roles y misiones propias de cada una de las Fuerzas. Es conocida la necesidad de que haya una definición de carácter político sobre un número de integrantes de las Fuerzas Armadas no combatientes y es imperiosa la definición de algunos servicios importantísimos que las Fuerzas Armadas prestan a la comunidad, los que muchas veces son incorporados en el Presupuesto de Defensa pero no están directamente relacionados con esta. Todos sabemos que las Fuerzas Armadas han sido convocadas con éxito en momentos difíciles para el país y me viene a la memoria la existencia de un plan para el combate de la fiebre aftosa.

Todo esto demuestra que la decisión que hoy se tome en este Senado no debe experimentarse como un ataque hacia ninguna de las Fuerzas sino, por el contrario, como la debida jerarquización del concepto de Defensa Nacional, en que la profesión de militar tiene un rol principalísimo a cumplir.

Quienes hemos estado muy cerca de estos temas sabemos de lo que hablamos. Si muchas de las monografías o estudios que existen en el Instituto Militar de Estudios Superiores o en las escuelas de guerra de la Fuerza Aérea o de la Armada sobre problemas de la más diversa índole, fueran analizadas en algún ámbito -por ejemplo, en la Oficina de Asuntos Estratégicos-, el Uruguay tendría muchísimos menos problemas de los que tiene. Estos temas han sido analizados por profesionales, pero muchas veces sus propuestas terminan en un archivo o en una carpeta, con la consecuente pérdida de ganas de hacer, de aportar o de servir. Es por eso, señor Presidente, que en este proyecto de ley también imponemos la necesidad de dotar a las Fuerzas Armadas del reconocimiento que en una organización como la del Estado debe recibir, que no tiene que estar relacionado solamente con un concepto de defensa o de conflicto tradicional. Naturalmente, en esas situaciones ponen en riesgo su propia vida, y ese es uno de los factores fundamentales para elegir la carrera de las armas, pero también manejan la posibilidad de participar en otros lugares en los que se toman decisiones y donde, quizás, la participación de estos ciudadanos fuese de primer orden y de primer nivel. De esta manera creo que terminaríamos con esa visión de estar mirando siempre para atrás, con elementos que en el pasado nos han enfrentado, y comenzaríamos a mirar hacia el futuro en una sociedad mucho más integrada, en la que la estrategia militar tenga una función principalísima a llevar adelante.

Señor Presidente: voy poniendo punto final a mi intervención diciendo que este proyecto de ley es un avance, aunque esperábamos más de él. De todas formas, entendemos que debe tener una permanente actualización, no solamente en cuanto a la legislación sino en cuanto a los avances que en la materia vaya formulando nuestro país -y así fue incorporado- a través de los Libros Blancos de la defensa. A la vez, consideramos que el actual Gobierno -o el próximo- deberá encarar una Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, así como una Ley Orgánica para cada una de las Fuerzas y una ley sobre Inteligencia. Debemos asumir la responsabilidad que estos temas tienen y considerarlos como prioritarios en la agenda pública del Uruguay. Quizás no compartamos todos los conceptos y todas las definiciones, pero es un avance que se consiguió en base al hecho de haber tenido los tiempos suficientes para su análisis y de haber participado de un debate en el que se permitió que se expresaran todos los sectores, entre otros, los partidos políticos de la oposición. El Partido Nacional tiene muy claro -y así lo expondrá en su debido momento en su plan de gobierno- cuál es su visión con relación a la política de defensa, que está relacionada indisolublemente con la política exterior y la política interior, dentro de lo que la Constitución y la ley establecen. Sin embargo, hoy es necesario que el poder político, como el principalísimo tomador de decisión, analice estos temas con la seriedad y trascendencia que corresponde, así como con el debido asesoramiento con que se debe contar. El Estado dispone de esas herramientas, pero muchas veces son subutilizadas o mal utilizadas, o ni siquiera se utilizan; la falta de conducción política en muchos de estos asuntos también marca que las sinergias hagan que pasen a un segundo plano temas que deben estar permanentemente en el primer plano. Tal vez se diga que estas cosas en el Uruguay no van a pasar, pero si pasan hay que estar preparados. Por ejemplo, hace poco tiempo se analizaba el dato de que en la recepción de una Embajada un diplomático había informado que en un país vecino -no importa cuál- existía un foco de aftosa. Eso se debería haber procesado en un Servicio de Inteligencia que denunciara, que pusiera en alerta, que previniera si el foco podría llegar a nuestra frontera, que analizara cómo el Uruguay reaccionaría ante esa realidad, cómo combatiría el problema y qué medidas en todos los niveles debería adoptar. Lo mismo sucedería con cualquier otro problema al que pudiéramos enfrentarnos. Es más, hoy nos estamos enfrentando a una de las sequías más grandes que el Uruguay ha vivido en las últimas décadas. ¿En algún lado se está haciendo un análisis prospectivo del tema? ¿Se hace inteligencia sobre él? ¿Se han dado directivas sobre qué mercados sustituir, qué medidas paliativas tomar o qué decisiones de carácter económico y tributario asumir?

Estamos ante una de las crisis más grandes que el mundo ha vivido -se dice que más grande que la de 1929- pero, ¿se está haciendo algo en el Uruguay? ¿Se informa debidamente al Parlamento? Aclaro que esto lo hago sin la chicana política de cobrar cuentas, sino por la preocupación cierta que como gobernantes debemos tener, porque estos asuntos hacen a la defensa nacional.

A la vez, debemos ser conscientes de que es imposible controlar el mar territorial y las áreas sobre las que el Estado ejerce jurisdicción cuando la Armada Nacional tiene un presupuesto que solo le alcanza para operar una embarcación una vez por semana para patrullarlo. ¿Queremos controlar el mar territorial uruguayo y sus riquezas? El otro día se nos informaba acerca de que está prohibida la pesca de arrastre cerca de la costa y de que un avión de la Armada Nacional había detectado tres pesqueros con esas características. ¿Qué medidas se tomaron? ¿El Estado está preparado para combatir eso? También debemos mencionar el poder aeroespacial. El Uruguay tiene órbitas en el mundo espacial y al respecto firmamos un convenio -bastante discutido en este Senado- con Venezuela. La preservación de esas órbitas, ¿hace o no a la seguridad nacional? Podríamos seguir nombrando una cantidad de asuntos que son vitales para la estrategia nacional y que deberían ser analizados, no como muchas veces se hace en el Uruguay, sino con la institucionalidad que un Estado moderno debe tener.

Este es, señor Presidente, un avance y, teniendo quizás argumentos para votarlo en contra, creímos que aprobar este proyecto de ley era un claro mensaje político e institucional que nos debíamos. Es por eso que, con las diferencias que mantenemos con el proyecto de ley y que hemos relatado, los Senadores del Partido Nacional lo votaremos en general, esperando que en un futuro no muy lejano volvamos a analizar estos asuntos que tienen que ver con la defensa nacional.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: a pesar de no ser integrante de la Comisión de Defensa Nacional, he seguido este tema desde hace mucho tiempo, con gran interés y preocupación, y no exclusivamente desde el ámbito legislativo, sino desde las distintas actividades a las que nos dedicamos y que no son ajenas a la investigación y mucho menos a nuestra labor permanente en la Universidad de la República, precisamente, en los posgrados de Relaciones Internacionales, en algunos temas que se vinculan en forma directa con esta visión, con este avance que tiene lugar en este proyecto de ley respecto de la modernización en materia de defensa nacional.

Además es cierto, señor Presidente que, como bien decía no solo el Miembro Informante, sino también el señor Senador Penadés, el tema de la defensa nacional no puede reducirse exclusivamente al aspecto militar; hoy es una visión dinámica y moderna de lo que es el relacionamiento y la inserción del país en materia externa y, sobre todo, en función de los nuevos conceptos que van inspirando, por un lado, la definición del interés nacional y, por otro, la de soberanía nacional.

Durante muchos años, estos temas, de alguna manera, estaban reducidos a los aspectos militares y, básicamente, a los territoriales, que se resumían al enfrentamiento o a la defensa que se producía por parte del Estado en todo lo que tenía que ver con sus límites y sus dinámicas relaciones marcadas -como siempre hemos definido-, sobre todo en el ámbito regional, por la intensidad de los afectos. Durante muchos años, cada vez que nos entrevistábamos con los cancilleres del Brasil o de la Argentina, el primer tema que abordábamos era el relacionado con el Rincón de Artigas. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, ese no es solamente un reclamo de carácter estratégico territorial, sino estratégico integral. Se trata de una visión que tiene el país respecto de la dinámica de sus límites pero, sobre todo, de la forma de relacionarse con respeto y firmeza, con los contactos y obligaciones permanentes que mantiene con aquellos países con los que limita.

Digo esto, señor Presidente, porque este tema también va de la mano de un gran avance en el proceso de globalización; los viejos conceptos de Estado nacional y de soberanía hoy ya están casi superados por una concepción dinámica. Como la costumbre es fuente de derecho internacional, esa costumbre va avanzando y creando determinado relacionamiento de carácter jurídico. Así, tenemos los temas de las pandemias en materia de salud, el del narcotráfico, el del terrorismo, el del medio ambiente y, en definitiva, todos aquellos aspectos que, por encima de las fronteras, han instituido a nivel global e internacional algunas decisiones que están más allá de la voluntad específica de los Estados y que antes estos identificaban con un ejercicio irrestricto e ilimitado de soberanía nacional. Hoy este tema tiene una gran dinámica y por eso se hace referencia a la soberanía en un sentido contrario al viejo concepto estático y, sobre todo, en un juego conjunto con lo que de alguna forma recoge este proyecto de ley.

Debo decir que nosotros coincidimos totalmente con muchas de las apreciaciones que aquí se han efectuado -básicamente, con todo lo expresado por el señor Senador Penadés-, sobre todo, porque el avance que tiene este proyecto de ley es puntual y no declarativo en muchos aspectos. Digo esto porque, de alguna forma, el propio proyecto comienza a definir su visión de país e incluye en sus propias normas una ratificación de compromisos que son parte del patrimonio histórico nacional, no sólo respecto de sus hechos más importantes, sino también desde el punto de vista de su concepción ética de las relaciones internacionales.

En ese sentido, el artículo 3º establece que la política de Defensa Nacional debe propender a través de acuerdos amplios a Políticas de Estado -más adelante veremos alguno de estos temas- y debe cumplir con los principios generales del derecho interno y del derecho internacional, en coordinación con la política exterior del Estado, y respetar, especialmente, los principios de autodeterminación de los pueblos, de preservación de la paz, de no intervención en los asuntos internos de otras naciones, de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los Estados. Este tema de la defensa nacional ya lo analizamos cuando tuvimos oportunidad de participar del famoso debate sobre defensa nacional al que tuve el gusto de ser invitado. Allí compartimos la mesa con el señor Senador Fernández Huidobro, y los aportes que surgieron fueron posteriormente publicados, apuntando a una ley de defensa nacional. En esa ocasión, hicimos mucho hincapié en la relación entre los principios del derecho internacional y la defensa nacional, considerada desde un concepto cada vez más moderno.

Ahora bien, si nosotros no tenemos una visión moderna complementaria, nos vamos a quedar en un avance legislativo de carácter muy puntual. Además, esta modernidad reclama determinados aspectos que, como bien decía el señor Senador Penadés, este proyecto de ley no ha recogido en su texto con la fuerza necesaria. Si intentamos abordar una ley de defensa nacional, también tenemos que considerar cómo insertamos en la multidimensionalidad de ese concepto una visión estratégica del país que no se limita exclusivamente a la defensa sino que, partiendo de él, lo incorpora a una dimensión mucho más amplia en distintas actividades disciplinarias que el país y cualquier Estado -en particular el Uruguay- debería asumir.

Cuando analizamos estos temas advertimos -tal como decía el señor Senador Penadés- que lo estratégico no está exclusivamente referido a los aspectos militares. En ese sentido, podemos remitirnos, por ejemplo, a la ley del 23 de julio del 2008, por la que la República Federativa de Brasil crea la Secretaría de Asuntos Estratégicos; vemos que se trata de un órgano esencial de la Presidencia de la República, encabezado por una autoridad con nivel de Ministro de Estado que hoy, como los señores Senadores saben, está a cargo del señor Roberto Mangabeira Unger, personalidad de características muy especiales por su creatividad y su forma gráfica -diría, hasta gestual- de presentar la visión estratégica del Brasil lo que, precisamente, hace sin aplicar un punto de vista exclusivamente militar. Esa visión estratégica está incorporando a la defensa como parte de una integralidad y no exclusivamente como un viejo concepto estático de soberanía.

Este tema quizás sea la gran falta que tenemos en este proyecto de ley porque, en realidad, lo que estamos obviando es ingresar en los aspectos más importantes de la soberanía nacional, que tienen que ver con esa visión de cómo nos relacionamos con los distintos Estados, cómo nos manejamos en el ámbito multilateral, cómo lo expresamos en el ámbito regional y cómo nos resguardamos mediante una visión estratégica. En un país como el nuestro, el oportunismo puede ser una buena receta para un momento determinado, pero no le da a un país pequeño capacidad para poder manejarse en temas relativos a la defensa y a su interés nacional, en forma integral.

En este tema, señor Presidente, existen algunas dificultades de definición y, sobre todo, en algunos aspectos que hacen a la discusión de este proyecto de ley al que hemos venido accediendo en forma lateral. Por ejemplo, ya en el artículo 2º preferimos el texto del Poder Ejecutivo y no hablar de que la defensa nacional es un "bien público, puro y absoluto". ¿Qué quiere decir eso? En realidad, la defensa nacional es un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía y constituye una expresión de carácter político que todavía no ha encontrado, al menos conceptualmente -y el otro día lo reiteramos cuando tratábamos otro proyecto de ley-, la definición de bien público, puro y absoluto, aunque sí sabemos que es integral del Estado.

Sin embargo, cuando uno va definiendo estos temas también se define el concepto de política de Estado. ¿Qué es una política de Estado? ¿Se decreta por ley? ¿Se establece que una política de Estado es obligatoriamente una materia que debe manejarse de acuerdo con una norma? No; una política de Estado es el resultado de consensos y de entendimientos políticos, de la madurez política de los actores de un país que son capaces de superar sus divergencias de corto plazo para proyectarlas en un mediano plazo. Aun cuando la propia Constitución de la República lo dijera, no tendríamos la capacidad de cumplir con ella si la voluntad política no existiera, y mucho menos en circunstancias que son parte de confrontaciones capaces de anestesiar hasta la mejor buena voluntad del país en este tema.

En este aspecto vamos a ir viendo cómo bajamos a la Constitución, no solo desde el punto de vista de una política de Estado sino de los entendimientos básicos, para que la política de defensa nacional no quede exclusivamente en la discusión sobre determinados órganos, sino que se incorpore al debate político desde lo superior, para que desde allí podamos ver cómo nos manejamos en materia estratégica. Quizás este ha sido uno de los temas que más ha quedado por el camino y, entre otras cosas, hemos hecho una reflexión al respecto porque hay un viejo concepto de resentimiento o de cuentas del pasado en que la palabra "estrategia" estaba más vinculada a las fuerzas militares lo que, de alguna forma, recordaba a la vieja política represiva de la dictadura. En realidad, actualmente la estrategia es un concepto mucho más moderno y dinámico, sobre todo en estos temas donde las propias Fuerzas Armadas ya no dependen exclusivamente de las armas que compran o de la modernización que puedan tener, sino de relacionamientos o servicios de inteligencia, y de entendimientos que a veces son mucho más efectivos y fuertes que algunos instrumentos o armamentos de última generación.

Estamos en este desarrollo que vamos a acompañar con un criterio global pero queremos insistir en que la estrategia y los lineamientos estratégicos deberían estar a nivel de la Presidencia de la República y no exclusivamente de la defensa. Cuando se crea el Consejo de Defensa Nacional vemos que lo que en realidad se está haciendo es repe-

tir básicamente la estructura institucional de 1830: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda -como se llamaba en aquel tiempo- y Ministerio de Guerra y Marina. En realidad, se trata de un sistema básico de coordinación que cualquier Presidente debe tener, no para la defensa nacional, sino para la construcción del país.

Aquí quedan dos aspectos, uno de ellos positivo, que define que el tema político prevalece sobre el interés sectorial. Ojalá esto pudiera trasladarse al resto de otras actividades, porque el país necesita estar por encima de visiones legítimas pero sectoriales, de los grupos que están comprometidos con determinados intereses. Esto es muy importante porque la visión política va más allá, aunque podríamos vincular este tema a la visión estratégica de una oficina a nivel de la Presidencia que piense, no solo en términos de defensa, sino en todos los aspectos vinculados a una relación de carácter dinámico. Ya no se trata solamente de un tema de defensa porque, por ejemplo, a nivel de la Presidencia de la República, ¿quién piensa en el acuífero Guaraní o sobre la extensión de la plataforma continental y baja los lineamientos políticos? El señor Senador Penadés mencionaba el tema relativo a la República Federal de Alemania; si no hubiéramos tenido el barco "Oyarbide" y la cooperación técnica de ese país, no habríamos hecho la batimetría necesaria para extender nuestra plataforma continental de 200 a 320 millas, tal como lo permite la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sin embargo, a veces nos perdemos en determinados Acuerdos de Cooperación y buscamos relacionamientos de carácter específico que terminan desconcertando al interlocutor en la visión estratégica de un país que, como pequeño que es, debería ser muy clara y definida. Esto no solo tiene que ver con el armamento, porque tampoco podemos decir que lo que compra el Uruguay va a hacer definitorio para poner nervioso a cualquier vecino o estar en condiciones de contestar -con algún modelo de última generación de lo poco que podemos tener- cualquier agresión que venga desde afuera.

También hay otro tema muy importante que es parte de la discusión -aunque no lo pude seguir a través de la Comisión- y se ubica en el artículo 4º; me refiero al ejercicio del derecho de legítima defensa. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo establecía el recurso del uso de la fuerza -nótese que no es el recurso de la fuerza- para los casos de agresión militar efectiva o inminente y la Comisión retiró la expresión "efectiva o inminente". Aun cuando se invocaba, por parte del Ministerio de Defensa Nacional, la existencia de determinadas resoluciones o de actas con relación a lo que es la inminencia de una agresión militar, esto significaría para un país pequeño ingresar en una flexibilidad absolutamente peligrosa, de acuerdo con el concepto de inminencia en la agresión externa. Reitero que es algo muy importante porque si bien no estamos en condiciones de agredir ni defender a nadie o de hacer peligrar la estabilidad mundial, sí estamos en condiciones de hacer escuchar nuestra voz en la interpretación estricta, con un concepto de defensa y de interés nacional, de cuáles son los lineamientos que se utilizan por parte de las principales potencias. Esto nos permitió pedir y reclamar que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas se aplicara en ocasión del primer bombardeo de los Estados Unidos a Irak. No se trataba de una inminencia; simplemente se trataba de una agresión externa consumada que necesita la proporcionalidad en el tiempo y en los medios empleados e implica el concepto de provisoriedad. Si no entendemos esto, el problema no será ver cómo nos defendemos con nuestras armas, sino cómo lo hacemos con nuestros principios, cuando interpretamos cómo se desvían algunos actores, en particular las grandes potencias que interpretan las normas de acuerdo con su conveniencia y que buscan la flexibilidad que a veces no estamos en condiciones de entender. No voy a poner en consideración el tema de Haití pero es algo muy delicado; una cosa es el Haití de hoy y otra es la intervención que se producía en otros tiempos.

Todos sabemos lo que es la interoperatividad y la interoperabilidad que mencionaba el señor Senador Penadés. Hay que trabajar bajo órganos conjuntos y hay que hacer lo propio en el tema de Haití. ¿Acaso no sabemos que se suicidó el Comandante en Jefe brasileño? ¿Sabemos por qué? Yo sé por qué se suicidó, o por lo menos me contaron al respecto. No sé si todos estamos en condiciones de saber que ese suicidio no fue un acto de depresión, sino una resistencia que el propio Jefe Militar tuvo frente a un mandato, una presión, para que reprimiera por la fuerza muchas de las manifestaciones que se producían en el pueblo haitiano. ¿Es este tema algo que vemos o analizamos? ¿Dónde lo estudiamos? ¿Dónde evaluó el Ejército Nacional por qué se suicidó el Jefe de las Fuerzas que, además, era un brasileño que las comandaba por primera vez luego de haber aceptado ese cargo? En mis tiempos, el otro Celso Amorim coincidía conmigo en no enviar fuerzas a Haití, pero ahora esto ha cambiado.

Como decía, ese hecho que se ha producido a escala regional también debe contar para ver cómo analizamos la visión de la defensa del interés nacional y de la política exterior del país, en materia de inserción externa y, sobre todo, de defensa nacional.

Hemos venido analizando cada uno de los artículos pero no los voy a aburrir con su análisis, aunque creo que hay una defectuosa técnica legislativa en algunos de ellos. Por ejemplo, el artículo 5º establece: "La política militar de defensa establecerá las normas que aseguren la integridad". En realidad, las normas no aseguran ninguna política militar, sino que lo hacen los criterios que se van definiendo de acuerdo con determinada estructura de carácter normativo, es decir, decretos, resoluciones o leyes. Insisto en que no es "la política militar de defensa" la que debe establecer las normas, porque entonces estaríamos sustituyendo una jerarquía de decisión de carácter legal. Se podría decir que hacemos ejercicios de leguleyería, pero cuando se apruebe esta norma y cuando ella adquiera fuerza, ¿cómo haremos una interpretación distinta?

Simplemente quisiera referirme al artículo 9º del Capítulo 2 -donde de alguna manera se ha recogido la Constitución de la República-, porque su literal f) no puede decir que le corresponde al Poder Legislativo "Adoptar resolución respecto a las medidas prontas de seguridad que instalare el Poder Ejecutivo". ¿Desde cuándo el Poder Ejecutivo instala medidas de seguridad? En todo caso las decreta. Si no ajustamos esta terminología, estaríamos ingresando, entre otras cosas, a una gran innovación que nos va a traer serias dificultades para la interpretación de la norma -sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un instituto de memoria dual-, lo que es la aplicación; pero no instalar medidas de seguridad por el Poder Ejecutivo. Creo que deberíamos buscar cierta técnica que nos permita manejarnos en estos temas con un criterio más estricto.

El señor Senador Penadés hablaba de nuestras preocupaciones y no solo de la visión de la Oficina de Asuntos Estratégicos de carácter global -que creo que es la gran falta que existe-, sino también toda esta estructura orgánica: Consejo de Defensa Nacional, Estado Mayor y Oficina Estratégica, además del control de los gastos reservados. Quienes manejamos estos temas, sabemos qué son los gastos reservados. Sin hacer ninguna clase de acusación, en todo el Derecho Comparado en la vida de la defensa nacional, los gastos reservados son la fuente más ilimitada de corrupción. ¿Por qué? Porque al no tener límites y poder gastar simplemente fundamentando en forma reservada, cualquier argumento es válido. Siendo Canciller, tuve una experiencia en ocasión del golpe de Estado en Guatemala. Un tal señor Elías dio el golpe de estado y nosotros fuimos con la OEA -sin intervenir- a conversar con el señor Presidente; lo que salió de allí fue, precisamente, un manejo discrecional de los gastos de reserva utilizados para comprar no solo armamento, sino también varios "studs" y caballos de carrera que después fueron enviados para el estado de Nuevo México. Como podrán apreciar, en la conversación se nos dijo que además le daban US$ 2.000 a cada Ministro por concepto de gastos reservados para que no se sintieran desmotivados. Entonces, ¿cómo no vamos a tener un sistema de control de estos gastos? No estoy diciendo que tengamos que hacer publicidad pero, por lo menos, tener un sistema de control adecuado para que la discrecionalidad no sea ilimitada a la hora de manejar recursos de todos los uruguayos.

El otro tema radica en la Oficina de Estado Mayor o en las Oficinas de Asesoramiento del Poder Legislativo. Si los Legisladores no estamos asesorados en forma permanente, más allá de los temores que puedan existir con respecto a los enquistamientos de juegos de poder de algunos participantes que están privilegiándose en su relacionamiento, mal podemos manejar y acompañar determinadas decisiones de carácter político en el país, en materia de inteligencia y de estrategia.

Como el señor Presidente recordará, hace dos meses vine al Senado preocupado por el caso de dos señores de la CIDE Argentina que se habían instalado en nuestro país y decían que el comando de la Gestapo K -Kirchner- los estaba persiguiendo porque en realidad eran parte de una actividad política. En aquel entonces advertimos -se puede revisar la versión taquigráfica- sobre el asilo político que habían solicitado y sobre el eventual uso indebido que podían hacer de esa información privilegiada porque disponían de un software capaz de "pinchar" los teléfonos. Creo que ya le sucedió a algún Senador, y no imagino a todos los que les pudo haber sucedido, porque en Argentina, con excepción de la Presidenta o el Presidente, el resto de los funcionarios del Gobierno tenía sus teléfonos "pinchados". Esto permitió generar un servicio de distorsión que ingresaba en la vida privada de estos ciudadanos.

Ahora bien ¿dónde se manejan estos temas? Este es el otro gran problema. ¿Dónde está la inteligencia que maneja estos temas? Si los sistemas de inteligencia son distintos en cada una de las Fuerzas, esta unificación nos va a ayudar, y un Jefe de Estado Mayor, de acuerdo a las competencias que se le establezcan, lo podrá manejar. Entonces, la unificación resulta muy importante. A este respecto el artículo 16 dice que serán áreas básicas de su competencia la Política de Defensa, la Administración General y el Estado Mayor de la Defensa, que será el encargado de asesorar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas en materia de planificación logística a nivel ministerial, planificación y coordinación de operaciones conjuntas y/o combinadas, centralizando en su organización los diferentes asuntos vinculados con la inteligencia militar. ¿Tenemos que diferenciar la inteligencia militar del resto de la inteligencia? ¿La inteligencia militar tiene neuronas diferentes a las de la inteligencia civil? Cuando tenemos que definir una política exterior, el señor Presidente pide a cada Ministro la información sustancial. Y si se trata de un tema de aftosa -como bien decía el señor Penadés-, es evidente que debe haber complementación de información. A propósito, esto ya nos sucedió. Siendo Ministro de Industria, Energía y Minería, denuncié a la Argentina por estar "con la jeringa bajo el brazo" ocultando el hecho de que estaba vacunando, y el Embajador argentino presentó una queja diplomática en la Cancillería porque un Ministro de Estado estaba descalificando a su República, cuando esta estaba llevando a cabo una política violatoria de todos los acuerdos sanitarios y de todos los mínimos comunes de cooperación. ¿Dónde quedó la información? En ningún lado; simplemente fue un comentario que no se centralizó y a los quince días el Ministro de Ganadería cae y todos sabemos lo que le sucedió al país con ese tema.

Entonces, ¿cómo no nos damos cuenta de que no se trata de incorporar una teoría conspirativa, sino una de carácter positivo a nivel institucional? Quizás esa sea la mayor carencia que tiene este proyecto de ley porque aun siendo un elemento importante y modernizante, le falta un paso más intrépido para comenzar a trabajar en lo que tiene que ver con la inteligencia y la estrategia. Acá se trata de un tema de capacitación y de profesionalidad; la pregunta no es cuánto armamento vamos a tener sino qué capacidad intelectual tenemos. Cuando trabajamos sobre estos temas, lo hacemos sobre la base de una visión estratégica importante. ¿Dónde se está realizando la política de armamento brasileña? ¿Dónde? ¿Quién analiza la venta de armamento y la cooperación técnica de Francia a Brasil? Estamos hablando de una operación de US$ 4.500:000.000. ¿Cómo nosotros tenemos un MERCOSUR, un concepto de esta naturaleza, un Consejo de Defensa Nacional? ¿En el Gobierno uruguayo -hablo del Gobierno como institución y no del gobierno de un partido-, dónde se analiza un tema de esta naturaleza? ¿Dónde se analiza lo que pasó con el tema nuclear? ¿Dónde se dice que Argentina o Brasil van a construir determinados submarinos? ¿Dónde se analiza el hecho de que en Paraguay se van a instalar fuerzas militares de los Estados Unidos, con permiso del Parlamento paraguayo -por lo menos del anterior; permiso que espero que se derogue-, y de que no se aplicaría el Código Internacional Penal para aquellos soldados americanos que violen las normas internas dentro de aquel país? ¿Dónde se analiza esto?

Lo que tenemos que buscar, señor Presidente, es de qué manera encontrar un elemento común para ir transitando en una definición que nos permita tomar decisiones y no decir simplemente que nos enfrentamos a tal problema. De lo contrario, tendremos -como tuvimos hace pocos días- movilizaciones militares en la frontera. ¿Acaso no sabemos que hay contrabando de armas en la frontera uruguaya? ¿Quién lo ignora? ¿Y dónde se discute el tema? ¿Acaso no sabemos que el General Carvalho el otro día en plena frontera con Paraguay dijo que si el Presidente Lula le daba una orden, iba a ocupar Itaipú en 24 horas? Estos temas, ¿los analiza el General, el Comandante, el Marino, el Aviador? ¿No son temas estratégicos de fondo y de profundidad como para estar buscando una participación institucional?

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-15en 16. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: me da la impresión de que se parte de algunas bases equivocadas. Personalmente, he trabajado en esta materia nueve meses y no dos años, como mis compañeros Senadores Fernández Huidobro y Saravia, junto con los señores Senadores Penadés y Moreira; pero ha sido un trabajo delicado, cuidadoso, consultado línea a línea con el Ministerio de Defensa Nacional. Creo que se ha avanzado; se ha logrado un texto ordenado, macro, que oportunamente se desarrollará en las leyes orgánicas de cada una de las Fuerzas.

Me voy a detener en dos o tres aspectos que me parecen esenciales. En primer lugar, creo que es posible perfeccionar el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas, pero cabe aclarar que este está ejercido por las tres Fuerzas Armadas, que se rotan en su conducción. No sé si esto se sabe, pero es público y notorio. En un tiempo está el Ejército, luego queda a cargo de la Marina y posteriormente es ejercido por la Fuerza Aérea. Pero claro está que la información que se obtiene no se divulga por los diarios, sino que se le trasmite al Presidente de la República, como es obvio, en el caso en que este lo solicite, o se usa internamente para el trabajo de la inteligencia militar.

Alguna vez nos enteramos de alguna cosa, y se me va a perdonar que haga memoria. En alguna oportunidad hubo algún episodio, como el asesinato de Berríos, por parte de los militares chilenos con la complicidad de algunos militares uruguayos que ahora están presos en ese país, que determinó el cese del Jefe de Inteligencia Militar, porque toleró determinados procedimientos. Recuerdo que en aquel tiempo el Canciller era el hoy señor Senador Abreu. Esto dio lugar a algunos episodios bastante insólitos, por la forma como los servicios de inteligencia militar hicieron caer en errores al Poder Ejecutivo.

Pienso que este proyecto de ley nos introduce en tratar de armar una estructura de inteligencia militar. El señor Senador Penadés tiene razón cuando dice que este tema quedó aparte, para ser estudiado oportunamente en la forma en que corresponda, y que por ahora se mantiene la situación tal como está. Pero creo que hay avances sustanciales. En primer lugar, se determina expresamente el papel de subordinación al Poder Ejecutivo en forma muy clara, más allá de que ya está previsto en la Constitución. Concretamente, el artículo 8º dice: "Compete al Presidente de la República actuando con el Ministro de Defensa, Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros:

a) Determinar la política de Defensa Nacional y sus objetivos;

b) Dirigir la Defensa Nacional;

c) Ejercer el Mando Superior de las Fuerzas Armadas;

d) Adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa nacional;

e) Ejercer la conducción político-estratégica de la defensa nacional;

f) Establecer las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa nacional".

Es decir que el mando está concentrado en el Poder Ejecutivo.

Hay dos aspectos nuevos que me parecen muy importantes. Uno de ellos es la creación del Consejo de Defensa Nacional, que amplía y da sustento con otros elementos, a la conducción de la política de defensa nacional. Este Consejo se integra con el Presidente de la República, que lo presidirá, y los Ministros de Defensa Nacional, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, y luego se establece que se reúne a instancias del Presidente de la República, quien convoca a sus miembros permanentes y puede citar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los Comandantes en Jefe de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea e invitar a Legisladores nacionales, Ministros de la Suprema Corte de Justicia o aquellos integrantes del Poder Judicial que ellos designaren, etcétera. Es decir que hay una visión más amplia de cómo asesorarse para conducir la defensa nacional.

Me parece que este es un paso adelante, como también lo es la coordinación que se realiza a través del nombramiento de un Jefe de Estado Mayor que, como decía el señor Senador Saravia, coordinará operativamente la acción de las Fuerzas Armadas. Todo lo que se ha hecho mal en algunas etapas y se ha gastado mal, ahora está controlado, y los gastos reservados están bastante limitados por el presupuesto y por el contralor que la ex Ministra de Defensa Nacional determinó que se hiciera.

Quería realizar estas puntualizaciones, porque me pareció que por lo menos algunos de estos aspectos no se manejaban como información.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Gracias, señor Presidente.

Estamos tratando de reflexionar en conjunto acerca de algunos temas, sobre todo con una visión positiva. Podría tomar el guante y discutir con el señor Senador Gargano algunos temas del pasado con una gran profundidad, pero creo que perderíamos el tiempo en forma absolutamente imperdonable. Creo que tenemos que mirar para adelante y, precisamente, nuestro aporte es tratar de buscar cómo podemos acompañar un proyecto de ley que es un buen inicio, pero en el que faltan algunos temas sobre los que tenemos que reflexionar. Por ejemplo, es cierto que el Jefe del Estado Mayor tiene, entre otras cosas, centralización en los temas vinculados a la inteligencia militar, pero depende del Ministro de Defensa Nacional. Es decir que la estructura del Jefe del Estado Mayor queda dentro de la órbita del Ministerio de Defensa Nacional que, por el artículo 16, tiene como competencias, entre otras, la política de defensa, la administración general y el Estado Mayor de la Defensa. Nosotros estamos tratando de que aun los aspectos de inteligencia parciales, militares, importantes, desagregados y ahora, obviamente, incorporados a un concepto de centralización, sean parte de un insumo que defina no sólo una inteligencia, sino una política de carácter estratégico. La idea es que podamos ir acompañando al máximo nivel presidencial no solo los temas de defensa, que son los más importantes, sino también los temas de inserción y de estrategia del país, que están un poco más allá de lo que es un concepto puntual.

En este ámbito, señor Presidente, es que nos quedamos con estas preocupaciones, y desde ya descarto que cualquier tipo de propuesta de modificación de algún articulado no va a tener mucho éxito, sin perjuicio de algunas de las observaciones que hemos hecho. Esto es muy importante, porque aun siendo un elemento de avance, realmente podríamos haber ajustado un poco más alguno de los temas y haber podido tener algún resultado más concreto en estos aspectos, sobre todo cuando estamos hablando de un paso en el que el Uruguay debería fortalecerse institucionalmente para que su visión estratégica y su estructura institucional sea parte de un esfuerzo conjunto y no parte de un esfuerzo parcial o aislado.

Es con este espíritu, señor Presidente, que hemos realizado estos aportes y estas reflexiones, no para buscar una polémica, sino para insistir, una vez más, en que cuando tengamos que definir una política de Estado, no sea necesario establecerlo en un articulado, porque debe definirse por la voluntad política de los que tienen la responsabilidad de impulsarla.

Muchas gracias.

SEÑOR SANGUINETTI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SANGUINETTI.- Señor Presidente: el Partido Colorado va a votar este proyecto de ley en la idea y convicción de que representa un avance, un interesante marco de regulación del tema de defensa nacional. En esta materia no somos, sin embargo, entusiastas de demasiadas leyes, desarrollos legislativos copiosos y artículos precisos; creemos mucho más en las políticas consensuadas, en las llamadas políticas de Estado, en los acuerdos que habiliten el funcionamiento de todos estos institutos que aquí se manejan. En mi opinión, las leyes no son el mejor mecanismo para esto. Simplemente quiero evocar un recuerdo de la época en que estábamos llevando adelante las negociaciones que permitieron la salida institucional del país, cuando se daban grandes debates con los militares porque ellos querían asegurarse la posibilidad de designar a los Generales y, naturalmente, nosotros bregábamos por lo opuesto. Para abonar nuestra tesis buscamos legislación comparada, y nuestra mayor dificultad se presentó con Inglaterra, donde no encontramos nada; en aquella instancia nos preguntamos cómo podía ser que el país con mayor tradición militar del mundo no tuviera normas claras, hasta que alguien nos dijo que no las había, pues el tema era muy claro: en tiempos de paz, a los Generales los nombraba el ejército -o el almirantazgo, en su caso-, y en tiempos de guerra se hacía por decisión política y hasta se podía designar a un civil como comandante de una Fuerza, tal como ocurrió en la historia y puede ser documentado por la biografía de Churchill.

Relato esto simplemente como expresión de lo que me parece la mejor filosofía en estos temas. Obviamente, no abono por un anarquismo legislativo reñido con nuestras tradiciones, pero sí afirmo que demasiadas pragmáticas no van a resultar muy prácticas.

Comparto lo expresado por el señor Senador Abreu en cuanto a la definición de un bien público como "puro y absoluto". Aunque en su inteligente exposición el señor Senador Penadés nos dice que esto proviene de legislaciones modernas, debo expresar que podrán ser muy modernas pero están evidentemente equivocadas, porque el bien público absoluto no existe; ni siquiera la vida humana es un bien absoluto -exceptuado por la legítima defensa-, por lo que difícilmente pueda haber un bien público de estas características, salvo que pensemos que la defensa pueda llegar a ser un bien tan absoluto que no acepte relatividad ninguna, siendo excluyente de todo e incondicionada en cualquier término. Esta es una expresión mucho más vinculada a doctrinas absolutistas que a una legislación republicana. Por supuesto que aquí no se incluye con ese sentido, pero es así.

Me pregunto cómo podríamos imaginar un bien público puro; sería algo incontaminado, que se sostiene por sí mismo y que no está mezclado con nada. Si lo que se quiere decir es que esto es algo exclusivo o esencial al Estado, está muy bien, pero eso se expresa después. Aquí dice que se trata de "un bien público, puro y absoluto, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado". Estamos de acuerdo en que es "una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado", pero me pregunto a qué se hace referencia cuando se habla de "puro y absoluto". Con todo respeto hacia quienes redactaron la iniciativa, debo decir que estas dos palabras no tienen fundamento en nuestro Derecho y en nuestro idioma; no conozco el alcance que ellas puedan tener en otros idiomas, pero en el nuestro es ese.

Considero que está bien asumir el concepto de defensa nacional como una función esencial del Estado, como algo amplio, que va más allá de lo militar, porque esto cada día está más claro. Si hoy se quiere agredir a un Estado, lo más fácil es hacerlo en lo relativo a la disponibilidad de energía y no por la vía militar. Evidentemente, en la actualidad las vulnerabilidades de las sociedades están más referidas a la computación, a los sistemas informáticos, a las telecomunicaciones y a la energía, que a factores de otro tipo.

Está bien introducir el concepto de coordinación. Esto es algo que siempre ha costado mucho, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, pero quienes han tenido que intervenir en acciones militares, lo que más han aprendido es lo relativo a la acción conjunta. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen seis grandes Fuerzas a cargo de un General con cuatro estrellas, que puede ser indistintamente un Almirante, un General del Ejército o un General del aire, y pese a que las Fuerzas se combinan, todos se subordinan a él. Si bien hay una sola Fuerza que es logística y se maneja dentro de los Estados Unidos, el resto son fuerzas combinadas. Esto no quiere decir -como se ha afirmado aquí en algún momento- que haya que liquidar las Escuelas específicas, porque no es así. Primero hay que formar un marino que luego sea militar, pues de no hacerlo así no habrá un marino militar. Lo mismo sucede con los aviadores; si no tenemos un aviador, difícilmente tendremos un aviador militar. En consecuencia, la especificidad de la formación en las diferentes Armas debe preservarse, pero la acción conjunta es algo que cada día debe cultivarse más. Por lo tanto, considero que está bien que exista un Estado Mayor y que se desarrolle.

Comparto el concepto de Inteligencia al que han aludido con mucha insistencia los colegas. En aquellas jornadas que se llevaron a cabo hace tiempo en la Intendencia Municipal, tuve ocasión de expresar que estas cosas pueden y deben desarrollarse dentro de lo que son los organismos responsables. En mi opinión, no habría que incluir demasiadas normas o pragmáticas, al igual que en cuanto a la coordinación con la Cancillería.

El señor Senador Abreu se preguntaba dónde se está discutiendo o pensando en la carrera armamentista que se está produciendo en América Latina, que es bastante notoria. Incluso, recién se hacía referencia a las alianzas estratégicas del Brasil con Francia, o de Venezuela con Rusia, que ahora está emergiendo como una potencia militar. No dudo que todo esto se esté analizando en la Cancillería y en el Ministerio de Defensa Nacional, pero me parece que estas no son cosas que puedan ventilarse. Doy por descontado, repito, que estos temas se están analizando, porque no son indiferentes a nuestra política de armamentos, a la organización de nuestras Fuerzas e, incluso, a nuestra política exterior, sino que son trascendentes y hacen a la existencia de estas Fuerzas Armadas.

Si bien esto nos llevaría a otras consideraciones, es indudable que en los grandes países la política exterior está íntimamente ligada a la política militar y de seguridad. Basta ver la disminución del peso relativo que ha tenido Europa en el concierto de la política exterior como consecuencia de su debilidad militar y, en la otra punta, la revalorización como potencia de Rusia -que es muy mediana desde el punto de vista económico- por el simple hecho de estar dotada de elementos militares que en el concierto europeo y de su región son importantes.

Reitero que supongo que aquí todas estas cosas han sido analizadas, porque no creo que el Ministerio de Defensa Nacional tenga asuntos más importantes que esos, más allá de las rutinas administrativas. Quizás en algún momento las Comisiones respectivas podrán realizar un debate sobre estos temas que, como dije anteriormente, no son fáciles ni deben ser ventilados en demasía. En lo personal, soy cauto en cuanto a la participación del Parlamento, porque se trata de una conducción muy exclusiva del Poder Ejecutivo. Obviamente, los Parlamentos deben votar los recursos; así lo hacen en todas partes y, en especial, en los Estados Unidos, aunque con resultados bastante negativos, ya que no ha sido la mejor práctica.

No voy a continuar refiriéndome a este tema -aunque podría relatar muchas historias- porque reitero que no soy un apasionado por considerar estos temas en el Parlamento, pero creo que sí se deben abordar las líneas generales, porque hacen a la política exterior, a la soberanía, a los relacionamientos internacionales, diplomáticos y comerciales, a nuestro propio desarrollo y a nuestro sistema de alianzas. Un país como el nuestro precisa, cada día más, tener buenas relaciones exteriores -que empiezan con sus vecinos y siguen con el resto-, no solo porque nuestras Fuerzas lo requieren, sino porque nuestra dimensión económica lo exige. De modo que, con este espíritu, vamos a acompañar este proyecto de ley.

En virtud de las diversas situaciones que se regulan, tales como las misiones en el exterior, que han tenido un desarrollo fundamentalmente presupuestal -se trata de una vieja tradición del país, que data de 1948-, y de las disposiciones jurisdiccionales que ahí aparecen, me da la impresión de que estamos ante un proyecto de ley razonable, si bien comparto con el señor Senador Abreu que habría que cambiar muchas definiciones jurídicas. Personalmente, he señalado solo una, pero hay otras; ocurre que la referida a la expresión "puro y absoluto" hace temblar toda mi formación jurídica, un poco alejada ya en el tiempo, pero en todo caso no tanto del idioma como para saber lo que ella significa en nuestra lengua.

En fin; en cualquier caso, me parece que damos un buen paso, que deberá ser desarrollado, sobre todo en política.

Repito que no soy un apasionado de las leyes en esta materia, como tampoco de las leyes orgánicas, de las que sí son apasionados los militares, que por razones de formación son grandes defensores de las normas, de los reglamentos y de las regulaciones específicas y muy detalladas. En mi caso, si bien nunca fui muy dogmático, cada día lo soy en menor medida y en esta materia menos aún. Lo importante es tener un buen Ministro de Defensa Nacional y un buen Canciller, que es la primera condición esencial del Gobierno, aspecto que deberán tener muy en cuenta los varios colegas que corren el riesgo de ser Presidente de la República.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: voy a ser muy breve, porque los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra han cubierto el tema, incluso con la cita de apasionantes asuntos.

Quiero dejar constancia de que a muchas de las iniciativas formuladas por el Partido Nacional respondimos que ameritaban una ley aparte, porque si en el marco del debate de esta norma nos deteníamos a discutir la creación de una gran Oficina de Asuntos Estratégicos, arriesgábamos demorar la aprobación de este proyecto de Ley Marco de Defensa Nacional. De todas formas, estamos de acuerdo en que son temas apasionantes. También lo es la participación que puede tener el Parlamento echando una ojeada a los sistemas de adquisición de armas o a los gastos reservados, etcétera, pero serán objeto de otra ley, entre otras tantas que surgirán a partir de la que aprobaremos en el día de hoy.

Repito: quería dejar constancia de nuestra postura, porque de lo contrario parecería que rechazamos algunas de esas iniciativas por no estar de acuerdo con ellas, pero en el seno de la Comisión manifestamos compartirlas y ahora queremos que quede constancia en la versión taquigráfica de nuestra opinión en el sentido de que merecen estar incluidos en una ley aparte.

Era cuanto quería manifestar porque, repito, el tema ha sido tratado pormenorizadamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: brevemente queremos hacer puntualizaciones sobre algunos temas planteados por los señores Senadores.

Creemos que este proyecto de ley es un buen libro blanco de la defensa, que hace a una política de Estado nueva para el país, porque por primera vez en la historia se va a aprobar con el acuerdo -y diría, con el consenso- de todos los partidos políticos, más allá de algunos aspectos que se han planteado. Se trata de un elemento que en la política exterior va a reflejar otra imagen de país, como la de muchos otros en el mundo de hoy, cuyo gran poder de disuasión está dado por sus políticas de Estado en el marco de la defensa. Creo que todos los países deben tenerlas, por lo menos en el mundo que hoy se perfila, porque hacen a la política exterior y a un buen reflejo de ese país en lo que respecta a su política de defensa nacional.

Tal como lo hicimos en el seno de la Comisión, compartimos algunos de los elementos que han planteado en esta discusión los Senadores del Partido Nacional, con los que no estábamos ni estamos en desacuerdo. Creo que este proyecto de Ley Marco de Defensa Nacional abre ese debate para el futuro, en el que deberemos trabajar y profundizar.

Por ejemplo, los gastos reservados son un elemento sustancial, porque hacen a las compras que anteriormente realizaban las Fuerzas Armadas, que es un tema que ha estado presente muy a menudo en la prensa a propósito del dinero proveniente de las misiones de paz. En definitiva, el Comandante en Jefe era un ordenador de gastos que decidía en ese sentido. A partir de este proyecto de ley, con la nueva estructura que tendrá el Ministerio de Defensa Nacional, ese sistema va a pasar a la Dirección General de esa Secretaría de Estado -ya está funcionando así-, que realizará el control de los dineros provenientes de las misiones de paz, que es lo que el país puede destinar a la compra de materiales, de armamentos y de comunicaciones para las Fuerzas Armadas, porque los recursos que les vota el Parlamento por la vía de la Rendición de Cuentas son muy acotado y apenas alcanzan para pagar los sueldos y algún otro gastos, en lo que se va un 70% de su presupuesto. En realidad, las misiones de paz en el exterior no solo permiten la profesionalización de nuestros efectivos, sino también recibir retribuciones a través del aporte de las Naciones Unidas por los materiales que se usan, como por ejemplo camiones, tanques, aviones o lanchas. Eso nos permite ir mejorando la tecnología en armamentos, en su adquisición y en la compra de equipos técnicos. Anteriormente, por tratarse de un tema de los militares, no se le daba difusión pública y todo el mundo los miraba como un sector aparte -como diciendo: "Allá ellos en los cuarteles"-, pero este proyecto de ley abre un ámbito de debate, por lo que a partir de ahora será mucho más cristalino.

Las Comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras tienen la posibilidad de llamar al señor Ministro a su seno, así como de cursarle pedidos de informes. Como este sistema que se implementa ya está funcionando en el ámbito de la Dirección General del Ministerio de Defensa Nacional, con el control del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación, se desarrolla de otra manera, y creo que todos vamos a disponer de la información de las compras que se hagan, de las que, en definitiva, todos tenemos dudas cuando son reservadas, como aquí se ha mencionado.

La necesidad de una ley nacional de inteligencia fue planteada por el Frente Amplio y el tema fue compartido, pero entendimos que debía tratarse de una ley aparte, sobre la que era necesaria una profunda discusión; consideramos que en su marco debía estar la Oficina de Asuntos Estratégicos de Inteligencia. Por lo tanto, no se trata de que discrepemos con el Partido Nacional en ese sentido, sino todo lo contrario, porque estamos totalmente de acuerdo con ello, pero insistimos en plantearlo en el ámbito de discusión de una ley nacional de defensa que instrumente otros aspectos e integre al marco de inteligencia estratégico del país, otros organismos vinculados con ese tema, pues no se trata de que tengamos Inteligencia y Contrainteligencia por todos lados, porque sabido es cómo funcionan estos asuntos, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como de la Policía y de la calle.

Todos estos elementos ameritan un debate más amplio y profundo, pero entendimos que ello podía frenar la aprobación de este proyecto de ley que, en definitiva, tiene que ser un marco general para la defensa y reflejarse en un libro blanco.

Otro elemento que se planteó tiene que ver con la creación de la Oficina de Enlace Parlamentario, como se conoce en todo el mundo, y cito como ejemplo a Brasil y a Italia. Al respecto, manifestamos que compartimos el proyecto de ley que se presentó en 2004 o en 2005, tratándose de un tema que podemos retomar. Si bien el Ministerio de Defensa Nacional no estaba de acuerdo en incluirlo en este debate -así lo expresó el propio Ministro, si bien con algunos señores Senadores hasta último momento pensamos que podría agregarse cuando se introdujeron las últimas modificaciones-, es un elemento que puede estar presente en el futuro y que se puede compartir. En definitiva, se trata de algo que ya existe en Brasil y en Italia y, sin dudas, ha dado muy buenos resultados para los parlamentarios de esos países, así como para los de otras partes del mundo. Concretamente, estoy hablando de una oficina de enlace parlamentario cuyo funcionamiento no rompe la cadena de mando. La discusión se ha dado a nivel interno en el Ministerio porque algunos oficiales superiores entienden que dicha oficina sí rompería la cadena de mando, ya que cuando los oficiales actúan en el enlace parlamentario pueden adoptar un poder diferente al contar con el respaldo de los Legisladores. No obstante ello, por nuestra parte entendemos que eso no es así, más allá de que el debate se ha centrado en ese punto. La posición del Ministerio es la que en definitiva se asumió, más allá de que se ha dado un pronunciamiento muy fuerte por parte de los oficiales superiores con relación a este tema de la cadena de mandos.

Por otra parte, se mencionó el tema de la participación del Vicepresidente de la República y de los parlamentarios en esta área, y en lo personal creo que eso está contemplado en la integración del Consejo de Defensa Nacional porque, en definitiva, se ha mencionado por parte de algún señor Senador la duda que existe en cuanto al ámbito en que se discuten los temas estratégicos, los de la carrera armamentista de Brasil y Argentina con la definición de la guerra de los recursos que se conoce como Ejército 2025, los de la compra de armas por parte de Venezuela y de Chile y también lo relativo al Consejo de Defensa del Sur. Creo que en el Consejo de Defensa Nacional, que va a estar integrado por el Presidente de la República como miembro permanente, los Ministros de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, se van a dar las discusiones de política estratégica de Estado con referencia a todo lo que he mencionado anteriormente.

En el artículo 11 se contempla un ámbito amplio vinculado con las convocatorias que puede realizar el Presidente de la República. Nosotros entendimos que debía existir una separación, ya que el Presidente de la República debe contar con un ámbito reservado en el que pueda discutir con sus Ministros de más confianza temas que, de pronto, no tienen nada que ver con lo militar, con lo parlamentario o con la Justicia. Concretamente, el señor Presidente podrá discutir con sus Ministros y en un espacio de reserva, los temas que así lo requieran. Posteriormente, esa discusión podrá incluir a otros participantes, como pueden ser el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, los Comandantes en Jefe, los miembros de la Suprema Corte de Justicia y, en definitiva, todos quienes están incluidos en el artículo 11. Por esa razón, entiendo que no existe una discrepancia de fondo, sino que la discusión se ha centrado en la forma en que está estructurado el funcionamiento del CODENA. A nuestro juicio, lo que aquí se establece es lo más correcto porque, repito, debe existir un ámbito reservado de discusión entre el Presidente y sus Ministros de más confianza, de modo que ese debate luego pueda extenderse a las áreas militar, de la Justicia, del narcotráfico, etcétera. Creo que, de repente, esto no tiene nada que ver con lo que ha planteado el señor Senador Abreu con relación al tema de la carrera armamentista y a nuestra participación en el Consejo de Defensa del Sur, UNASUR y demás.

Quería dejar estas constancias en la versión taquigráfica porque creo que se trata de una gran ley marco de defensa nacional; diría que un buen libro blanco de la defensa como mencioné anteriormente. Creo que todos debemos comprometernos para avanzar sobre otros temas y comenzar a debatir -en la Comisión ya lo hemos hecho- sobre la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas. Entiendo que ese proceso nos va a encaminar -tal como decía el señor Senador Penadés- a la primera etapa de lo que refiere a los temas de defensa a nivel mundial. Aquí se ha mencionado la necesidad de actualizar permanentemente este debate y, a mi juicio, eso es muy importante porque el área de la defensa es dinámica y permanentemente vamos a estar debatiendo al respecto. Sin duda, es bueno y muy importante el hecho de que los partidos políticos hayan abierto este tema al conjunto de la ciudadanía, ya que no existe una sociedad civil separada de una militar, porque la sociedad es una sola bajo el imperio de la Constitución y la ley, y los militares son parte de nuestra sociedad, del mismo modo que la defensa integra un conjunto de áreas que deben estar a cargo del Estado pero con la participación de los ciudadanos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: propongo que los señores Senadores del Partido Nacional y del Partido Colorado enumeren los artículos que desean desglosar, de modo que podamos votar en bloque el resto del articulado y también formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: concuerdo con lo propuesto por el señor Senador Gargano y, a modo de adelanto, planteo que se desglosen los artículos 2º y 13.

Con respecto al artículo 2º, en virtud de que soy el responsable de las modificaciones que se le han introducido y que el Mensaje del Poder Ejecutivo no incluía, ya que nos hemos ceñido a una definición de carácter técnico con relación al tema de la defensa nacional, propongo a mis compañeros de Comisión -a fin de que las convicciones republicanas y de Derecho de algunos señores Senadores no se vean violentadas- que volvamos a la redacción original del Poder Ejecutivo y se retiren los términos "público", "puro" y "absoluto" del proyecto de ley.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en realidad, no estaba pensando en plantear el desglose de los artículos, pero sí deseo agregar algunos elementos menores en los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 9º y 12; reitero que no se trata de aspectos de fondo. Ahora bien, si esta propuesta que pretende contribuir a la tarea de legislar ocasiona alguna molestia, retiro mi planteamiento. No obstante, por ejemplo, hay algún elemento que me parece importante tener en cuenta ya que, por lo pronto, las medidas prontas de seguridad no se establecen, sino que se decretan.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: quiero manifestar mi acuerdo con lo planteado por el señor Senador Abreu en el sentido de que el término correcto con relación a las medidas prontas de seguridad es "decretare".

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: quisiera sugerir que los señores Senadores y las señoras Senadoras propongan el desglose de los artículos sin explicar la razón de su planteo y luego se vote en bloque el resto del articulado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la supresión de la lectura y el desglose de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 9º, 12 y 13.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

A continuación, se va a votar en bloque el resto del articulado del proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Corresponde pasar a considerar los artículos cuyo desglose ha sido solicitado.

En consideración el artículo 1º.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: propongo que este artículo quede redactado tal como figura en el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, agregándosele el término "Paz" y finalizando en la expresión "en el marco de la Constitución y las leyes". Por mi parte, entiendo que la frase "contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población" constituye una expresión de deseo y está de más, por lo que sugiero sea eliminada en aras de la contundencia de la norma.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: no estamos de acuerdo con la eliminación propuesta por el señor Senador Abreu. Apoyamos totalmente la redacción modificada en Comisión, que figura en la segunda columna del comparativo. Podríamos argumentar esto, pero nos extenderíamos demasiado. En todo caso, téngase en cuenta que cada una de estas frases dio lugar a grandes polémicas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 1º tal como viene redactado de Comisión.

(Se vota:)

-25 en 25.Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: proponemos que este artículo sea aprobado con el texto remitido por el Poder Ejecutivo, donde no aparece la expresión "Es un bien público, puro y absoluto".

SEÑOR SARAVIA.- Estamos de acuerdo, señor Presidente.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Simplemente, hago notar que, además de la expresión: "Es un bien público, puro y absoluto", esta disposición contiene algunos otros términos que dan coherencia a la redacción.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: por nuestra parte, vamos a votar este artículo tal como viene redactado de Comisión, pero suprimiendo la expresión "puro y absoluto". De esa manera, el texto diría: "Es un bien público, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado".

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: olvidé mencionar una corrección importante a realizar. Concretamente, debe decirse: "en los términos que se establecen en la Constitución de la República y las leyes", ya que se trata de un plural.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 2º con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-24 en 25. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en el caso de este artículo, me remitiría al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Con respecto a la expresión: "La política de Defensa Nacional, como política pública, debe propender a través de acuerdos amplios a Políticas de Estado", etcétera, debo decir que ya brindé los argumentos correspondientes.

A su vez, propongo que se elimine el último inciso, por entender que es parte, entre otras cosas, de la obligación que asumimos como solución pacífica de las controversias. La acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos es algo que ya está incorporado a la Constitución de la República y a nuestro compromiso como Estado.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: sobre este punto, podemos consultar a mis compañeros de Bancada, pero en primera instancia somos partidarios de mantener la redacción que viene de Comisión por entender que completa la idea esencial de lo que persigue nuestro Estado.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: este artículo fue incluido a propuesta del Partido Nacional. A su respecto, discutimos e hicimos las consultas pertinentes con los representantes del Ministerio y, finalmente, la redacción que se encuentra a consideración de este Cuerpo fue la mejor que pudimos encontrar. Por lo tanto, nos sujetaremos a ella.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º tal como viene de Comisión.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en este mi hasta ahora infructuoso aporte legislativo, señalo que en esta disposición corresponde corregir la expresión "el recurso de la fuerza", ya que en realidad debería decirse "el recurso del uso de la fuerza".

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: en realidad, esa modificación ya había sido aceptada en Comisión, donde se hizo la corrección correspondiente. Así, pues, no entiendo por qué aparece este error nuevamente. En definitiva, aceptamos la propuesta de corrección.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º con la modificación sugerida.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: la redacción de este artículo causa en mí cierta confusión, sobre todo cuando se dice: "La política militar de defensa establecerá la doctrina del empleo de los medios militares". Me parece que esta frase constituye un esfuerzo dialéctico pero, desde mi punto de vista, resulta excesivamente confusa. Por lo tanto, propongo que se diga: "La política militar de defensa establecerá los criterios que aseguren la integridad territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción", etcétera. De todas maneras, como seguramente este punto fue discutido en Comisión, quedo sujeto a lo que resuelvan los señores Senadores.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: por nuestra parte, vamos a votar este artículo tal como viene redactado de Comisión, dado que fue debatido extensamente en dicho ámbito. La expresión "la doctrina del empleo de los medios militares" acota más la definición de defensa y el tema militar, lo que no ocurría en el texto anterior, que dejaba un margen muy amplio.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: recordemos que el Capítulo 2 de este proyecto de ley se titula "Política de Defensa Nacional y Política Militar de Defensa". Se trata de dos cosas diferentes y por eso se las establece separadamente. La defensa nacional es más abarcativa que la política militar de defensa; en realidad, comprende muchísimas cosas. En cambio, lo militar -que es lo que estamos considerando en esta oportunidad- es específico y constreñido, y requiere discutir la doctrina de empleo. Así se llama en todos los Ejércitos del mundo, cuando se habla de política militar o de los medios militares.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 5º, tal como viene de Comisión.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 9º.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: en el literal f) deberíamos cambiar el vocablo "instalare" por "decretare", siguiendo la recomendación hecha por el señor Senador Abreu.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 9º con las modificaciones propuestas.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 24. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO 1

DEFINICION Y CARACTERISTICAS DE LA DEFENSA NACIONAL

ARTICULO 1º.- La Defensa Nacional comprende el conjunto de actividades -civiles y militares- dirigidas a preservar la soberanía y la independencia de nuestro país, a conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social, presente y futuro de la población.

ARTICULO 2º.- La Defensa Nacional constituye un derecho y un deber del conjunto de la ciudadanía, en la forma y en los términos que se establecen en la Constitución de la República y las leyes. Es un bien público, una función esencial, permanente, indelegable e integral del Estado. En su instrumentación confluyen coordinadamente las energías y los recursos del conjunto de la sociedad.

CAPITULO 2

POLITICA DE DEFENSA NACIONAL Y POLITICA MILITAR DE DEFENSA

ARTICULO 3º.- La política de Defensa Nacional, como política pública, debe propender a través de acuerdos amplios a Políticas de Estado y debe cumplir con los principios generales del derecho interno y del derecho internacional, en coordinación con la política exterior del Estado; y respetar, especialmente, los principios de autodeterminación de los pueblos, de preservación de la paz, de no intervención en los asuntos internos de otras Naciones, de solución pacífica de las controversias y de cooperación entre los Estados.

Se establece la acción diplomática como primer instrumento de solución de conflictos.

ARTICULO 4º.- En el ejercicio del derecho de legítima defensa consagrado en la Carta de las Naciones Unidas, la República Oriental del Uruguay se reserva el recurso del uso de la fuerza para los casos de agresión militar, sin perjuicio de ejercer todos los medios disuasorios y preventivos que resulten adecuados.

ARTICULO 5º.- La política militar de defensa establecerá la doctrina del empleo de los medios militares que aseguren la integridad territorial del país y el libre ejercicio de los derechos de jurisdicción y soberanía en los espacios terrestre, marítimo y aéreo del Estado uruguayo. Asimismo, determinará la adecuada y eficaz preparación para enfrentar una agresión militar externa.

TITULO II

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAL DEL SISTEMA DE DEFENSA NACIONAL

ARTICULO 6º.- El Sistema de Defensa Nacional que se conforma por la presente ley determinará la política de Defensa Nacional.

ARTICULO 7º.- Los integrantes del Sistema de Defensa Nacional, actuando cada uno en el marco de sus competencias, son:

a) El Poder Ejecutivo.

b) El Poder Legislativo.

c) El Consejo de Defensa Nacional.

CAPITULO 1

PODER EJECUTIVO

ARTICULO 8º.- Compete al Presidente de la República actuando con el Ministro de Defensa, Ministros respectivos o con el Consejo de Ministros:

a) Determinar la política de Defensa Nacional y sus objetivos.

b) Dirigir la Defensa Nacional.

c) Ejercer el Mando Superior de las Fuerzas Armadas.

d) Adoptar las medidas pertinentes para solucionar las situaciones de crisis que afecten a la defensa nacional.

e) Ejercer la conducción político-estratégica de la defensa nacional.

f) Establecer las directivas para las negociaciones exteriores que afecten a la política de defensa nacional.

CAPITULO 2

PODER LEGISLATIVO

ARTICULO 9º.- Corresponde al Poder Legislativo ejercer las funciones relativas a la Defensa Nacional que le asigna la Constitución de la República:

a) Decretar la guerra.

b) Designar todos los años la Fuerza Armada necesaria.

c) Permitir o prohibir que entren tropas extranjeras en el territorio de la República, determinando para el primer caso, el tiempo en que deban salir de él.

d) Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la República, señalando para este caso, el tiempo de regreso a ella.

e) Hacer los reglamentos de milicias y determinar el tiempo y número en que deben reunirse.

f) Adoptar resolución respecto a las medidas prontas de seguridad que decretare el Poder Ejecutivo, así como de los arrestos o traslados de personas que fueren dispuestos en virtud de las mismas.

g) Tomar conocimiento de los programas de estudio de las escuelas e institutos de formación militar.

h) Conceder la venia para ascensos militares en la forma constitucionalmente prevista.

CAPITULO 3

CONSEJO DE DEFENSA NACIONAL

ARTICULO 10.- El Consejo de Defensa Nacional constituye un órgano asesor y consultivo del Presidente de la República en materia de defensa. Está integrado por el Presidente de la República, quien lo preside, los Ministros de Defensa Nacional, Interior, Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas.

ARTICULO 11.- Se reúnen a instancia del Presidente de la República quien convoca a sus miembros permanentes. Podrá citar al Jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los Comandantes en Jefe de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea e invitar a Legisladores nacionales, Ministros de la Suprema Corte de Justicia o aquellos integrantes del Poder Judicial que ellos designaren, autoridades de la Administración Pública; así como personas cuyos conocimientos o competencias considere de utilidad para los asuntos específicos que hubieran de tratarse.

ARTICULO 12.- Compete al CODENA asesorar sobre la Defensa Nacional. Tiene entre otros cometidos:

a) Analizar las amenazas que pudieran poner en riesgo la soberanía e independencia de la República, así como afectar gravemente los intereses nacionales, proponiendo en tales casos las medidas y/o acciones que se estimen necesarias para su resolución.

b) Analizar y proponer las hipótesis de conflicto.

c) Sugerir la adopción de estrategias, aprobar los planes y coordinar las acciones necesarias para la defensa.

d) Realizar propuestas sobre asuntos relacionados con la defensa que, por afectar a varios organismos del Estado, exijan un tratamiento conjunto.

ARTICULO 13.- El Consejo de Defensa Nacional (CODENA) contará con una Secretaría Permanente que funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional y cuyo funcionamiento se reglamentará.

TITULO III

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

SECCION 1

ORGANIZACION

ARTICULO 14.- El Ministerio de Defensa Nacional tiene por atribución y competencia básica la conducción política de aquellas áreas de la defensa nacional que las leyes y el Poder Ejecutivo en el marco de sus facultades determinen y en particular todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas.

Está dirigido por el Ministro de Defensa Nacional quien tiene como cometidos, además de los asignados por la Constitución de la República, los siguientes:

a) Actuar con el Presidente de la República en todo lo inherente a la Defensa Nacional.

b) La preparación, dirección, ordenamiento y ejecución de la política de Defensa Nacional; la obtención y gestión de los recursos humanos y materiales para ello.

c) La dirección superior y administración de las Fuerzas Armadas, en aquello que no se reserve directamente el Poder Ejecutivo.

d) Integrar como miembro permanente el Consejo de Defensa Nacional.

ARTICULO 15.- Constituyen además funciones del Ministerio de Defensa Nacional, las siguientes:

a) Ejercer la gestión administrativa, financiera, jurídica y establecer los criterios de gestión de los recursos humanos, tanto civiles como militares de todas las Unidades y dependencias que lo componen. A tales efectos puede emplear personal de origen civil o militar indistintamente, siguiendo el criterio de adecuación y conveniencia para el servicio a prestar.

b) Ejercer la dirección y supervisión de todas las actividades que cumplan las Fuerzas Armadas, siguiendo los lineamientos que se establezcan al respecto por el Mando Superior.

c) Determinar la orientación y el delineamiento de la formación de las Fuerzas Armadas, tendiente al máximo desarrollo de sus valores, aptitudes y deberes necesarios para el cumplimiento de los cometidos fundamentales que por esta ley se establecen.

ARTICULO 16.- Sin perjuicio de las disposiciones que establezca la Ley Orgánica del Ministerio de Defensa Nacional y demás normas complementarias que se dictaren, serán áreas básicas de su competencia las siguientes:

A) Política de Defensa: Con funciones de asesoramiento y gestión esta área entiende en temas generales de política de Defensa Nacional y en los asuntos internacionales vinculados a ella, llevando a cabo las tareas de articulación con otras instituciones nacionales o extranjeras en las materias propias de este Ministerio.

B) Administración General: Comprende la Dirección General de Secretaría, la Dirección General de Recursos Financieros, la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Servicios Sociales, las cuales entienden en: la administración general, la gestión de los recursos humanos, la dirección y supervisión del reclutamiento del personal civil y militar, los sistemas de regulación de cuadros y ascensos, los asuntos jurídicos, notariales y sociales del Inciso. Asimismo, planifica, gestiona y controla la ejecución presupuestal asignada, así como el establecimiento y control de los indicadores de gestión presupuestarios de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso.

C) Estado Mayor de la Defensa: Es el órgano de asesoramiento ministerial militar encargado de asesorar y coordinar las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política militar, en materia de:

a) Elaboración doctrinaria y planificación del concepto de operación conjunta de las Fuerzas Armadas.

b) Análisis y valoración de escenarios estratégicos.

c) Planificación logística de las Fuerzas Armadas a nivel ministerial, particularmente en lo referido a sistemas de armas, comunicaciones, equipamiento y nuevas tecnologías.

d) Doctrina y reglas de enfrentamiento del instrumento militar.

e) Planificación y coordinación de operaciones conjuntas y/o combinadas, centralizando en su organización los diferentes asuntos vinculados con la inteligencia militar; así como la actuación de los Agregados de Defensa de la República acreditados ante gobiernos extranjeros.

f) El Jefe del Estado Mayor de la Defensa será un Oficial en actividad de la misma jerarquía que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, no estableciéndose ningún tipo de rotación obligatoria entre las Fuerzas, siendo que su designación debe responder a la confianza que en él le deposita el Poder Ejecutivo.

Para su designación se seguirán los mismos procedimientos que para la designación de los Comandantes en Jefe, debiendo pasar a Retiro en los mismos plazos indicados que para aquéllos.

En caso de ser removido de su cargo pasará a la situación de Retiro, no pudiendo un Oficial designado para ese cargo regresar a su Fuerza de origen en la calidad de Comandante en Jefe. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa dependerá directamente del Ministro de Defensa Nacional, pasando a revistar fuera de cuadros de su Fuerza de origen a partir de la designación, en cuyo caso se ascenderá un nuevo oficial general para cubrir la vacante en la Fuerza que lo provee.

g) Dependerá del Jefe de Estado Mayor de la Defensa el Mando General de las Operaciones conjuntas o conjuntas-combinadas. Asimismo existirá un Jefe de Operaciones, cargo que se reglamentará y que podrá ser rotatorio entre las fuerzas representando el Nivel Estratégico Operacional junto con los Comandantes de Mandos Conjuntos que se creen para el cumplimiento de los Planes Militares de la Defensa.

h) Del Jefe de Estado Mayor de la Defensa dependerá el Sistema Nacional de Operaciones de la Paz (SINOMAPA).

D) Armada Nacional, Ejército Nacional y Fuerza Aérea Uruguaya: Ejecutarán las tareas necesarias para cumplir los cometidos asignados atinentes a la defensa, en el marco de la Constitución de la República y las leyes, de conformidad con la política de Defensa Nacional.

SECCION 2

FUERZAS ARMADAS

CAPITULO 1

ORGANIZACION Y MISIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS

ARTICULO 17.- Las Fuerzas Armadas, institución militar de la defensa, son responsables de la ejecución de las actividades militares de la Defensa Nacional.

ARTICULO 18.- Las Fuerzas Armadas están integradas por la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Se constituyen como la rama organizada, equipada, instruida y entrenada para ejecutar los actos militares que imponga la Defensa Nacional. Su cometido fundamental es la defensa de la soberanía, independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determine el Poder Ejecutivo y contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes.

ARTICULO 19.- Su composición, dimensión y despliegue, así como su organización y funcionamiento, se inspirarán en el criterio de eficiencia conjunta; unificándose las funciones, actividades y servicios cuya naturaleza no sea específica de una sola Fuerza.

ARTICULO 20.- En tiempos de paz y bajo autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental.

CAPITULO 2

MISIONES EN EL EXTERIOR

ARTICULO 21.- Las misiones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de la República deberán ser promovidas, dentro del marco de sus respectivas competencias, por los organismos internacionales de los que el Estado forme parte. Cumplirán fines defensivos, humanitarios, de estabilización o de mantenimiento y preservación de la paz, previstos y ordenados por las mencionadas organizaciones.

ARTICULO 22.- La participación de contingentes nacionales en Misiones de Paz constituye una decisión soberana que estará determinada por la política exterior de la República y en tal sentido tenderá a la promoción de los intereses nacionales en el ámbito internacional, la práctica de medidas de confianza mutua y la promoción de relaciones de cooperación y respeto entre los diferentes actores de la comunidad internacional, en consonancia con el derecho internacional.

ARTICULO 23.- El despliegue de contingentes militares fuera de fronteras no debe afectar el cumplimiento de la misión fundamental de las Fuerzas Armadas.

ARTICULO 24.- La participación de fuerzas o efectivos militares nacionales en actividades reales o virtuales de carácter combinado con fuerzas militares de otros Estados debe guardar coherencia con las necesidades de la defensa militar del país y su política exterior. Los objetivos de la participación en las referidas actividades son:

a) Intercambiar experiencias y conocimiento de doctrinas de empleo diferentes.

b) Propiciar el conocimiento y entrenamiento profesional en la utilización de tecnologías y sistemas de organización diversos.

c) Profundizar en el conocimiento de fortalezas y debilidades de diferentes sistemas.

d) Desarrollar las capacidades propias para la acción combinada y combinada-conjunta.

e) Potenciar las medidas de confianza mutua.

TITULO IV

CONTRIBUCION A LA DEFENSA

PREPARACION DE RECURSOS PARA CONTRIBUIR A LA DEFENSA

ARTICULO 25.- El Poder Ejecutivo establecerá los criterios relativos a la preparación y disponibilidad de los recursos humanos y materiales no propiamente militares para satisfacer las necesidades de la Defensa Nacional en situaciones de grave amenaza o crisis, considerando para su aplicación lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución de la República y los mecanismos de cooperación y coordinación existentes entre los diferentes poderes públicos, dando cuenta al Poder Legislativo.

ARTICULO 26.- En tiempo de conflicto armado y durante la vigencia del estado de guerra, el sistema de disponibilidad permanente de recursos será coordinado por el Consejo de Defensa Nacional.

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 27.- El Poder Judicial ejerce la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar a que refiere el artículo 253 de la Constitución de la República.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa Nacional, coordinará con la Suprema Corte de Justicia el respectivo traslado de funciones, mediante el correspondiente proyecto de modificación a la Ley Nº 15.750 -Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales-.

La Jurisdicción Militar, conforme a lo dispuesto en el artículo 253 citado, mantiene su esfera de competencia exclusivamente a los delitos militares y al caso de estado de guerra.

ARTICULO 28.- Dispónese que sólo los militares pueden ser responsables del delito militar.

Los delitos comunes cometidos por militares en tiempo de paz, cualquiera sea el lugar donde se cometan, estarán sometidos a la justicia ordinaria.

ARTICULO 29.- Dispónese que la instrucción militar y el servicio militar son de carácter voluntario.

ARTICULO 30.- Las necesidades de la Defensa Nacional y las líneas generales de política de Defensa Nacional serán objeto de información constante y actualizada, las que serán difundidas a través de un "Libro Blanco".

ARTICULO 31.- DISPOSICION TRANSITORIA: Dispónese que hasta la implementación de lo dispuesto en el artículo 27, mantendrán plena vigencia las normas contenidas en los Códigos Penal Militar, De Organización de los Tribunales Militares y de Procedimiento Penal Militar, con excepción de lo establecido en el artículo 28, en cuanto no se ajuste a lo dispuesto en la presente ley.

ARTICULO 32.- El Poder Ejecutivo dictará las reglamentaciones necesarias para el cumplimiento de esta ley.

ARTICULO 33.- Quedan derogadas todas las disposiciones legales o reglamentarias que se opongan a la presente ley".

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: voy a fundar mi voto con respecto al proyecto de ley en general y quiero dejar una constancia con relación a las disposiciones finales de este proyecto de ley que tienen que ver con la Justicia Militar. Hemos votado favorablemente poniendo de manifiesto que la aplicación de estas mismas disposiciones implica una profunda modificación de la judicatura establecida claramente en la Disposición Transitoria del artículo 31, que expresa que "hasta la implementación de lo dispuesto en el artículo 27, mantendrán plena vigencia las normas contenidas en los Códigos Penal Militar, de Organización de los Tribunales Militares y de Procedimiento Penal Militar, con excepción de lo establecido en el artículo 28, en cuanto no se ajuste a lo dispuesto en la presente ley". Queda claro, señor Presidente, que ésta será una de las tareas que hoy nos hemos autoimpuesto, es decir, la necesidad de que para que se pueda aplicar lo establecido en los artículos 27 y 28, es imprescindible introducir esta modificación en el artículo 31.

Al mismo tiempo, quiero dejar plena constancia de que la disposición establecida en el artículo 28, en cuanto a que solamente los militares pueden ser responsables del delito militar, es así, salvo cuando se decreta el estado de guerra, porque cuando esto ocurre, no sólo los militares pueden ser juzgados por la Justicia Militar. Queríamos dejar constancia también de esto en la discusión de este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

8) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: queremos solicitar que se altere el Orden del Día y se pase a considerar de inmediato el octavo punto del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se altera el Orden del Día.

(Se vota:)

-20 en 24. Afirmativa.

9) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Penadés presenta con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 70 de la Ley Nº 11.029, de 12 de enero de 1948, en su actual redacción dada por el artículo 15 de la Ley Nº 18.187, de 2 de noviembre de 2007, sobre normas que regulan la colonización de tierras".

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

ARTICULO 1º .- Sustitúyese el artículo 70 de la Ley N° 11.029 de 12 de enero de 1948, en su actual redacción dada por el artículo 15 de la Ley 18.187, por el siguiente: 

La propiedad, uso o goce de las parcelas que formen las colonias estarán afectados a los fines de interés colectivo que por esta ley se promueven.

Toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización (INC) aun en el caso en que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones.

El INC se opondrá a cualesquiera de estas operaciones cuando entienda que contrarían el principio establecido en el inciso primero de este artículo, siendo nulos de pleno derecho toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute relativa al predio, voluntaria o forzosa, que se realice sin el consentimiento de aquél.

Los Registros respectivos no inscribirán negocio alguno que no cuente con la constancia de haberse otorgado por parte del INC, la autorización respectiva.

El Directorio del INC podrá acceder a estas operaciones aunque ellas no se ajusten al principio enunciado, en casos excepcionales y por resolución fundada, adoptada por un mínimo de cuatro votos conformes. Asimismo, podrá exigir al colono la realización de un llamado público a interesados, previo a la enajenación o a la cesión en cualquier forma de disfrute del predio afectado a los fines de interés colectivo promovidos por esta ley.

Establécese un término de doce meses, a partir de la promulgación de esta ley, a efectos de que los propietarios de fracciones que formen las colonias afectadas al INC registren en este último sus títulos de propiedad, que se hallaren en infracción de lo preceptuado por el presente artículo, en la forma y condiciones que establecerá la reglamentación a dictarse. Registrados los títulos de propiedad, quedarán convalidadas 'ipso jure' todas las nulidades que inficcionen a los contratos celebrados sin la autorización previa del INC.

Vencido el término de doce meses, a quien pretenda realizar la regularización, el INC aplicará una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro.

Las fracciones cuya procedencia dominial provenga del Banco Hipotecario del Uruguay, y hubieran sido enajenadas por dicho organismo con anterioridad a la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948, escrituradas o no, no se encuentran afectadas ni comprendidas por las disposiciones de la presente ley  y continuarán rigiéndose por el derecho común.

Sin perjuicio de ello, los titulares de las mencionadas fracciones,  podrán destinarlas al Instituto Nacional de Colonización, para considerarse colonos de las mismas por la presente ley, y pasar  a estar comprendidos bajo sus disposiciones y reglamentación a dictarse,  para lo que deberán inscribir sus  títulos de propiedad de acuerdo a lo que preceptuado por  los incisos precedentes.

EXPOSICION DE MOTIVOS

1   PRESENTACION

Efectuamos la presentación de este proyecto de ley debido a que la aplicación del artículo 15 de la ley Nº 18.187 aprobada por el Parlamento Nacional, que da una nueva redacción al artículo 70 de la ley 11.029, lesiona  principios consagrados en nuestra Constitución y que son propios de nuestro Estado de Derecho, tales como:

a)   PRINCIPIO Y DERECHO DE SEGURIDAD JURIDICA, según el cual las situaciones que contaban con un marco jurídico que no imponía exigencia alguna y a las que el comercio jurídico amparaba, hoy se encuentran afectadas por una norma superveniente, invocándose un interés colectivo superior.

 b) DERECHOS ADQUIRIDOS por quienes adquirieron bienes sin condicionamiento alguno, desconociendo, además, el instituto de la USUCAPION o PRESCRIPCION concebida en la mas antigua tradición jurídica en el derecho romano y occidental, como modo de adquirir para sanear los vicios que pudieren afectar el dominio.

c) el DERECHO DE PROPIEDAD regulado al igual que la seguridad en el art. 7º de la Carta y en el art. 32 que establece la forma y condiciones en que los ciudadanos pueden verse afectados por la expropiación previo pago de una justa compensación.

En tal sentido viola derechos adquiridos y situaciones consolidadas creando un SUPUESTO DE NULIDAD CON EFECTO RETROACTIVO para quienes no cumplan con la comparecencia antes de noviembre de 2008, a denunciar cualquier acto jurídico que se hubiere realizado en contravención a la ley y CONSAGRA EL INSTITUTO DE LA EXPROPIACION IPSO JURE, SIN PREVIA INDEMNIZACION en el inciso final del art. 70: "sin derecho a indemnización de especie alguna", en evidente contradicción a lo preceptuado por el art. 32 de la Constitución.

d) EL PRINCIPIO Y DERECHO DE IGUALDAD entre ciudadanos propietarios de bienes inmuebles, que sin ser colonos, sino propietarios de inmuebles rurales, por el sólo hecho de proceder los mismos de una Sección del Banco Hipotecario del Uruguay con Personería Jurídica, que nunca fuera absorbida por el Instituto Nacional de Colonización y no se encontraban limitados por inalienabilidad relativa.

Tampoco puede el Estado invocar la falta de control de su parte, con anterioridad, por ser el mismo el generador del acto omiso, en atención a la "TEORIA DEL ACTO PROPIO", por el cual quien contribuye a generar una situación con consecuencias jurídicas y que genera un marco de buena fe, no puede proceder luego a mudarlo, cambiando de modo propio las condiciones preexistentes. (Enumeración de principios realizada por la Asociación de Escribanos del Uruguay al tratar el tema en su informe de junio de 2008, dirigido al Presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Representantes)

2 MODIFICACION PROPUESTA 

2.1 INTRODUCCION

El avasallamiento de los principios mencionados se ve reflejado en todo el artículo 70 referido anteriormente. Esto, porque la defectuosa redacción del inciso segundo, que mencionaremos, establece erróneamente a los sujetos o las situaciones que son alcanzadas por la ley, e impregna a toda la redacción del artículo con ese desacierto. Además porque el inciso noveno presenta notas de carácter confiscatorio respecto al derecho de propiedad.

Las modificaciones que proponemos procuran salvar la juridicidad del mencionado artículo, modificándolo en la menor medida posible para respetar la intención original del Legislador. De esta manera se mantendría la idea del severo contralor por parte del Instituto Nacional de Colonización respecto de las parcelas que sí están afectadas a los fines de la ley, dejando fuera de la órbita de la ley a los sujetos o a las situaciones que están amparados por otro régimen jurídico adquirido con anterioridad a la presente ley.     

Modificando la redacción de los incisos segundo y octavo, y eliminando los incisos séptimo y noveno, se excluiría del régimen de la ley a situaciones que no tendrían que aplicárseles un marco jurídico ajeno, y le quitaríamos el carácter confiscatorio del artículo.

Por último agregaríamos un nuevo inciso, que pasaría a ser el noveno, que constaría de dos partes. Una primera parte, en la cual aclare cual es el régimen jurídico de las fracciones cuya procedencia dominial provenga del Banco Hipotecario del Uruguay, y hubieran sido enajenadas por dicho organismo con anterioridad a la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948, escrituradas o no. Y una segunda parte, que les permita a los titulares de esas parcelas que están fuera del régimen de la ley, pero que quieran acogerse al mismo, que puedan hacerlo destinando sus parcelas al Instituto y provocando con esa acción que la ley los pase a considerar colonos de las mismas parcelas que destinaron. Sería la ley la que le otorgaría la calidad de colono si hacen uso de la opción que se propone.                                    

2.1.2  SITUACIONES QUE DEBERIAN EXCLUIRSE DEL REGIMEN JURIDICO DE LA LEY

Las razones del por qué deberían excluirse del régimen jurídico de la ley a determinadas situaciones o sujetos por tener un régimen jurídico adquirido anteriormente son las que pasamos a comentar:

A) La comercialización de tierras en nuestro país era prácticamente libre, con las excepciones que seguidamente se indican, hasta que se aprobó esta ley  11.029.-

Con anterioridad a la ley Nº 11.029, las disposiciones que rigieron la adjudicación de tierras por el Estado fueron: ley de 23 de noviembre de 1880; decreto de 28 de noviembre de 1882; ley de 4 de octubre de 1889; ley de 16 de diciembre de 1905; ley 4.301 del 13 de enero de 1913 y el Decreto del 22 de diciembre de 1930; la ley 7.377 del 26 de junio de 1921 sobre préstamos destinados a la agricultura que establecía en su artículo 7º que "el colono no podrá gravar ni vender su chacra sino 5 años después de la fecha de su adjudicación, sin el consentimiento del Banco Hipotecario y de la Comisión Asesora de Colonización, salvo que hubiere cancelado el préstamo hipotecario"-

La ley Nº 7.615 del 15 de setiembre de 1923, que creó la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay; la ley Nº 8.402 que aumentó el capital de esa Sección; la ley 8.829 que en su artículo 7º establece: "El colono no podrá gravar ni vender su propiedad sin consentimiento de la Sección Fomento Rural y Colonización" y en su artículo 8º dice que "el incumplimiento por parte de los propietarios de cualquiera de las obligaciones o condiciones impuestas en esta ley dará lugar a que la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario pueda reducir el préstamo en total al 50% la amortización extraordinaria correspondiente, todo ello so pena de ejecución."

Se dictaron, además, otras leyes tales como la 9.053 de Emisión de Empréstito, la  ley 10.051 de expropiación de tierras para Colonización, la Nº 10.694, etc.-

En ninguna de las disposiciones que tienen que ver con adjudicación de tierras se estableció la obligación de solicitar autorización para enajenar o gravar el inmueble, salvo en las leyes Nros  7.377 y 8.829 citadas, pero siempre que el préstamo que le había sido otorgado por el Banco estuviere vigente.-

 Pagado el préstamo, el dueño del predio o parcela, era libre de enajenar, gravar, etc. sin limitación alguna.- O sea que, cancelado el préstamo, el colono pasó a disponer libremente, de conformidad al derecho común.-

B) Al aprobarse la ley Nº 11.029 que crea el Instituto Nacional de Colonización dicha situación fue respetada íntegramente por el texto legal, logrando que sus disposiciones no tuvieran efecto retroactivo por regular situaciones hacia el futuro y no hacia el pasado.

El principio de Irretroactividad de la Ley es la base y es el sostén del Estado de Derecho de un país. Esto significa que la seguridad jurídica les permite a los sujetos conocer a que reglas de juego se someten en su accionar con otros sujetos. Reglas que son vitales que se cumplan para la continuidad de la existencia como individuos y como colectivo, desarrollándose en forma íntegra.

Estos conceptos fueron respetados por la ley cuestionada debido a que:

1º) porque esa ley de fecha 12 de enero de 1948 que da origen al Instituto Nacional de Colonización establece un marco jurídico de severas limitaciones al derecho de propiedad de los bienes adquiridos dentro del régimen del Instituto, como aparecen en sus artículos 7, 18, 70 y 71, entre otros. En esas limitaciones nada dice de los bienes enajenados por el Banco Hipotecario que mencionábamos en el apartado anterior.-

Por lo tanto, esas limitaciones referidas son exclusivamente para las Colonias del Instituto Nacional de Colonización.-

2º) porque, el Instituto se creó sobre la base de la Sección Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario y la propia ley en sus artículos 80 y 81, expresamente establece que las colonias transferidas por el Banco Hipotecario del Uruguay al Instituto

"continuarán rigiéndose en lo que proceda y con respecto a las operaciones ya concluidas y a los contratos en vigencia, por las disposiciones legales bajo cuyo imperio hubiesen sido implantadas...."

Sin perjuicio de encomendar al Instituto su adaptación por medio de acuerdos con los colonos o el Banco Hipotecario e irlas adaptando a las normas instituidas por la ley de colonización.

Por tanto, si la ley dice que las colonias transferidas por el Banco Hipotecario del Uruguay al Instituto (y que siguen siendo colonias) continuarán rigiéndose en lo que proceda y con respecto a las operaciones ya concluidas y a los contratos en vigencia, por las disposiciones legales bajo cuyo imperio hubiesen sido implantadas, más aún podemos afirmar que las parcelas cuya procedencia dominial provenga del Banco Hipotecario del Uruguay y que hubieran sido enajenadas por dicho organismo con anterioridad a la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948, escrituradas o no, y que ya estaban en régimen de libre disposición, están excluidas del régimen de la ley

2.2. DESARROLLO DE LAS MODIFICACIONES

2.2.1 INCISO SEGUNDO

La redacción actual de este inciso dice que:

"Toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, debe hacerse con la autorización previa del Instituto Nacional de Colonización (INC) aun en el caso en que el colono haya satisfecho íntegramente sus obligaciones y cualquiera fuere la procedencia dominial de las fracciones a que refieran, aun las provenientes del Banco Hipotecario del Uruguay, escrituradas o no".

Al modificar el inciso segundo, eliminado la parte final que dice   "…cualquiera fuere la procedencia dominial de las fracciones, aún las provenientes del Banco Hipotecario del Uruguay, escrituradas o no.-"

Estaríamos eliminado la referencia intemporal relativa al régimen jurídico aplicable de los inmuebles, no solo de  las parcelas de las colonias provenientes de la sección fomento rural, sino también a toda la colonización privada muy anterior a la ley 11.029 de 12 de enero de 1948 y cualquiera otra parcela que por intermedio de esta redacción se quiera incluir en el régimen de la ley  al decir: "…cualquiera fuere la procedencia dominial…".

Con esta sustracción, se logra que el giro del artículo cambie, pasando a regular solo a las parcelas que forman las colonias afectadas a los fines de interés colectivo y que esta ley promueve

De esta forma estarían obligados a solicitar la autorización previa al Instituto para toda enajenación, gravamen o subdivisión, o la cesión en cualquier forma de disfrute, los titulares de todos los campos que al día de hoy son colonias, más las fracciones que no son colonias pero que están obligadas por el artículo 35 de la ley.

Puede llegar a producirse la situación de que una parcela de campo cuya procedencia dominial provenga del BHU tenga que ofrecerse al Instituto Nacional de Colonización  previo a su venta a un particular, pero sería en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35, y no por lo que dispone el artículo 70.

2.2.2    INCISO OCTAVO

La redacción actual de este inciso dice que:

"Vencido el término de doce meses, a quien pretenda realizar la regularización, el INC aplicará una multa equivalente al 25% (veinticinco por ciento) del valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro, sin perjuicio de hacer responsables solidaria e indistintamente a los profesionales intervinientes en el negocio."

Al modificar el inciso octavo, eliminado la parte final que dice: 

"…sin perjuicio de hacer responsables solidaria e in-distintamente a los profesionales intervinientes en el negocio."

Le estamos eliminando la parte final de este inciso por parecernos ambiguo. La redacción puede dar lugar a regular situaciones hacia el pasado.

No establece en forma clara de que negocios está hablando. Debido a que, comienza a referirse a la multa ocasionada por la no registración de los títulos ante el Instituto como forma de subsanación de los mismos, y de repente pasa a referirse a una atribución de responsabilidad solidaria a determinados sujetos por esa multa, sin explicar claramente la relación entre la sanción impuesta y el no cumplimiento de la obligación. O sea en virtud de que acción u omisión es que se produce la sanción.

Si se está refiriendo a los negocios en los que intervino el profesional y no se efectuó el ofrecimiento oportunamente ante el Instituto y hoy se omite registrar los títulos en el plazo que indica la ley como forma de subsanar tales omisiones, y por tanto este proceder trae aparejada una multa, entonces:

En tal caso en su momento no existía un registro de títulos como forma de subsanación de omisiones y ni existía una multa por la no registración de los títulos en un determinado plazo. La multa existente era por el no ofrecimiento en venta al Instituto previamente a enajenarlo a un tercero.

No se debería hacer responsables por multas a sujetos regulando situaciones hacia el pasado. No existía la obligación de registrar los títulos ante el Instituto como forma de subsanación, ni multa por no hacerlo en un plazo establecido. Como ya lo expresamos, no se puede regular situaciones hacia el pasado. Esta redacción por su ambigüedad podría llevaros a interpretaciones que presenten un efecto retroactivo.

2.2.3  INCISO SEPTIMO

La redacción actual de este inciso dice que:

"Vencido el término de doce meses establecido se seguirá requiriendo en todos los casos la autorización previa del Directorio del INC para la celebración de toda enajenación voluntaria o forzosa, gravamen o subdivisión o la cesión en cualquier forma de disfrute, referida en el presente artículo, cualquiera fuere la procedencia dominial de las fracciones a que refieran."

Las razones de eliminación son que:

Primero, porque consideramos que también presenta características de retroactividad en la redacción.

En su parte final al decir: "…cualquiera fuere la procedencia dominial de las fracciones a que refieran.

Les impone una obligación a titulares de fracciones no teniendo en cuenta la referencia temporal y legislando hacia el pasado.

Segundo, porque eliminando este inciso, el organismo no pierde el contralor sobre las parcelas afectadas a la colonización, debido que la misma obligación que en este inciso se estipula, ya se establece genéricamente en el inciso segundo y se refuerza en los incisos sexto y octavo

2.2.4 INCISO NOVENO

 La redacción actual de este inciso dice que:

"Cumplidos veinticuatro meses desde la vigencia de la presente ley, la falta de cumplimiento de la obligación impuesta por este artículo, determinará el retorno del bien, sin derecho a indemnización de especie alguna, al patrimonio del INC."

La razón fundamental de eliminación consiste en  que:

La actual redacción viola claramente el artículo 32 de la Constitución de la República al no existir, entre otras razones, la "Justa y Previa indemnización".

Esto debido a que el inciso nos impone que, ante el incumplimiento de inscribir el título,  el colono omiso pierde la propiedad sin indemnización, traspasándose los bienes al Instituto.

Más grave aún es si nos referimos al caso de los titulares de parcelas que no pertenecían al régimen jurídico de esta ley y por tanto tenían un régimen de libre disposición, y que al haber sido incluidos por la actual redacción del artículo 70 dada por la ley 18.187 equivocadamente, pueden llegar a perder su propiedad. Además de socavar el principio de la no retroactividad de la ley, se está socavando el derecho de propiedad, la seguridad jurídica, entre otros. 

Con estas razones es que podemos decir que lo que se establece en este inciso presenta características confis-catorias y que atentan contra todos los principios que enumeramos al comienzo de esta exposición y que pertenecen a nuestro estado de derecho, son inherentes a la personalidad humana y se derivan de la forma republicana de gobierno de acuerdo a lo que se establece en el artículo 72 de la Constitución de la República.     

2.2.5  SE AGREGA UN ULTIMO INCISO

"Las fracciones cuya procedencia dominial provenga del Banco Hipotecario del Uruguay, y hubieran sido enajenadas por dicho organismo con anterioridad a la Ley 11.029 de 12 de enero de 1948, escrituradas o no, no se encuentran afectadas ni comprendidas por las disposiciones de la presente ley  y continuarán rigiéndose por el derecho común.

 Sin perjuicio de ello, los titulares de las mencionadas fracciones,  podrán destinarlas al Instituto Nacional de Colonización, para considerarse colonos de las mismas por la presente ley, y pasar  a estar comprendidos bajo sus disposiciones y reglamentación a dictarse,  para lo que deberán inscribir sus  títulos de propiedad de acuerdo a lo que preceptuado por  los incisos precedentes."

Respecto a la primera parte del inciso, la razón por la cual además de quitar la situación de estos sujetos titulares de esas parcelas del inciso segundo por las razones que ya mencionamos, agregamos un inciso que refiere específicamente a ese caso; porque entendemos que hay que asegurarles a estos sujetos que tienen un régimen jurídico adquirido con anterioridad el no menoscabo de sus derechos.  En pos de eso sería importante que la ley estableciera  claramente cuál es el régimen jurídico de estas parcelas. Del devenir histórico de la legislación nos surge en forma clara que estas parcelas están excluidas, como ya lo explicamos.

Respecto a la segunda parte del inciso, entendemos que si bien el artículo 81 prevé que el Instituto celebre acuerdos con los colonos o el Banco Hipotecario para acogerse al régimen de la ley,  cuando dice: "… No obstante el Instituto procurará, dentro de sus facultades, o por medio de acuerdos con los colonos o con el Banco Hipotecario, irlas adaptando a las normas instituidas por el presente estatuto legal",

La disposición está destinada a las colonias que fueron transferidas del Banco Hipotecario al Instituto. No está destinada a parcelas que al momento de la entrada en vigencia de la ley 11.029 ya no eran colonias aunque provinieran dominialmente del Banco Hipotecario.

Además es una disposición de carácter genérico, dejando en manos de la posterior reglamentación, la consecución, así como en manos del Instituto, la voluntad de celebrar los acuerdos o no.  

Esta nueva redacción proyectada lo que se propone es, que los sujetos titulares de las parcelas a las que se refiere este inciso que quieran ingresar al régimen de la ley podrán hacerlo, destinando las mencionadas parcelas de su propiedad  al Instituto, y que va a ser la ley la que los va a considerar como colonos de las mismas, si hacen uso de esta opción.   Es una propuesta que busca que parcelas que están fuera del régimen de la ley puedan acogerse al mismo y así promover los objetivos y finalidades que esta ley promueve.

Gustavo C. Penadés."

10) SUCESOS ACAECIDOS EN MEDIO ORIENTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa un proyecto de declaración sobre los sucesos acaecidos en Medio Oriente.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: hice una propuesta de orden. En todo caso, después tratamos el proyecto de declaración.

11) SOLICITUDES DE VENIAS PARA DESIGNAR MIEMBROS DE DIRECTORIOS DE VARIOS ORGANISMOS DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia quiere aclarar que actuó de esta manera por estar en conocimiento de que el señor Senador proponente debe retirarse y, por lo tanto, le pareció de cortesía hacerlo.

El Senado pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Mensajes del Poder Ejecutivo por los que reitera solicitudes de venias a fin de designar:

- al doctor Félix Eduardo González en calidad de Presidente del Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

(Carp. Nº 1365/08)

- al ingeniero Luis Ferrari en calidad de miembro del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado.

(Carp. Nº 1373/08)

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1365/08

Rep. N° 983/08

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 23 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de reiterar -de conformidad a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República- la venia solicitada para designar en el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en calidad de Presidente al Dr. Félix Eduardo González, cuyos antecedentes fueron remitidos en la oportunidad precitada.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Julia Muñoz, HéctorLescano, Eduardo Bonomi, Ana Olivera, Pedro Vaz, Daisy Tourné, José Bayardi, María Simon, Carlos Colacce, Ernesto Agazzi, Andrés Berterreche, Andrés Masoller, Víctor Rossi, Daniel Martínez.

CURRICULO VITAE

Dr. Félix Eduardo González

Datos Personales:

- Estado civil: Casado, dos hijos.

- Fecha de nacimiento: 7 de setiembre de 1957 en Pando, Canelones.

- C.C.: CMA 27970.

- C.I.: 1.429.548-9

- Teléfono: 099 693 849.

Estudios Cursados

- Doctor en Medicina (Universidad de la República). Egresado en 1989.

- Diplomado en "Programa de Dirección de Empresas de Salud" (Universidad de Montevideo IEEM). Año 2001.

- Administración de Servicios de Salud (aprobados los tres años del Post-grado - UDELAR).

- Diplomado en Economía (Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR). Año 1995-1996.

- Diplomado como Especialista en Gestión en Calidad de Servicios de Salud (UNIT, Normas ISO 9001). Año 2004.

- Participante en el XXVII Programa de Formación Municipal de la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. Madrid año 2007.

- Curso de Gerencia Social para Directivos, INDES-BID, Washington, 2007.

Actividad profesional

- Ha trabajado en el área de la Salud Pública, con experiencia en administración de servicios de salud del Estado y en legislación de políticas de salud (Comisión de Salud de la Cámara de Senadores). Año 1994-2005.

- Adjunto de la Dirección de ASSE. Año 2000 al 2005.

- Desde el año 2005 Director General del Departamento de Desarrollo Social - Intendencia Municipal de Montevideo (Incluye áreas municipales de Salud y de Políticas Sociales).

Actividad gremial

- Miembro del Ejecutivo de la AEM (Asociación de Estudiantes de Medicina) Año 1986-1987.

- Delegado al Federal de la ASCEEP-FEUU (Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza Pública-Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay) en los años 1986 y 1987.

- Integró la Comisión de Economía y Salud del SMU.

Años 1994 a 1996.

- Responsabilidades en redes internacionales.

- Participante del III Comité Sectorial de Igualdad de Oportunidades. UCCI, Año 2006. Madrid.

- Coordinador General en Montevideo para el tema Drogas. IMM, año 2008. Red CICAD-OEA, Unión Europea, América Latina.

- Coordinador Programa URB-AL Boulevard recorridos en salud, Turín, Bilbao, Lima, Rosario y Trelew, Año 2005-2007. Unión Europea.

- Coordinador General Plan de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Montevideo. PNUD-IMM Año 2006-2008."

"Carp. N° 1373/08

Rep. N° 984/08

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 29 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a los efectos de reiterar -de conformidad a lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República- la venia solicitada para designar en el Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado en calidad de miembro al Ing. Luis Ferrari, cuyos antecedentes fueron remitidos en la oportunidad precitada.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; María Julia Muñoz, HéctorLescano, Eduardo Bonomi, Ana Olivera, Pedro Vaz, Daisy Tourné, José Bayardi, María Simon, Carlos Colacce, Ernesto Agazzi, Andrés Berterreche, Andrés Masoller, Víctor Rossi, Daniel Martínez.

CURRICULUM VITAE

DATOS PERSONALES

Nombre: Luis Gabriel Ferrari Alvarez.

Nacionalidad: uruguayo - italiano.

Estado Civil: Casado.

Fecha de nacimiento: 14 de junio de 1962.

Dirección: Eduardo Mac Eachen 1645 - Montevideo.

Teléfonos: +598 2 622 3556 / +598 99 112 740

Correo electrónico: luisfer@adinet.com.uy

ESTUDIOS CURSADOS

Primaria: Escuela N° 2, Melo, Cerro Largo.

Secundaria: Liceo N° 1, Melo, Cerro Largo.

Indian Hills High School, Franklin Lakes, New Jersey, USA.

Terciaria: Profesional Universitario, título de Ingeniero Electricista, Plan 1987, expedido en 1990 por la Universidad de la República.

ACTIVIDAD EN RELACION DE DEPENDENCIA

2007 - 2008 Dirección Nacional de Telecomunicaciones - Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Presidente de la comisión encargada de establecer las condiciones para la implantación de la Televisión Digital Terrestre en el Uruguay, según Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería N° 270/07 del 10 de Setiembre de 2007.

Asesor del Ministro en el área de telecomunicaciones.

Integrante del Gabinete de las Telecomunicaciones, el cual está integrado entre otros por Ministro de Industria, Directorio de URSEC, Directorio de ANTEL y presidente del LATU.

2005 - 2008 Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) - Ministerio de Industria, Energía y Minería.

Designado por el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, para desempeñar el cargo de Director Nacional.

La Dinamige maneja un presupuesto anual de US$ 3.5 millones, tiene 95 funcionarios y sus cometidos son la promoción y el control de actividad minera.

Principales logros de la gestión:

Promoción de la minería como una política de estado.

Se promovió una integración horizontal con organismos públicos vinculados al sector minero a los efectos de generar consensos en las políticas a desarrollar, coordinar acciones a los efectos de administrar eficientemente recursos escasos e intercambiar información para mejorar las capacidades fiscalizadoras individuales.

Concretamente, los resultados fueron:

Establecimiento de condiciones favorables para la inversión.

- Reapertura de minas inactivas de granito. Se retiraron títulos mineros en manos de especuladores, que posteriormente fueron licitados.

- Fortalecimiento de la infraestructura informática, especialmente el portal de la DINAMIGE a los efectos de facilitar el acceso a la información geológica, de producción minera y trámites.

- Generación información geológica y minera para atraer inversión extranjera.

- Reforma del Código de Minería. Se introdujeron cambios a través de la Ley de Presupuesto y de Rendición de Cuentas a los efectos de favorecer y facilitar el desarrollo de la actividad.

Desarrollo de políticas activas

- Apoyo al sector minero de piedras preciosas de Artigas.

- Llamado a expresiones de interés para prospección, exploración y explotación de uranio.

Integración Regional

- MERCOSUR. Participación en las reuniones semestrales del SGT 15, promoviendo el desarrollo de actividades conjuntas regionales.

- Asociación de Servicios Geológicos y Mineros Iberoamericanos (ASGMI). Participación en reuniones donde se coordinan estrategias relacionadas con el rol de los servicios geológicos.

1991-2004 Servicio de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas - Intendencia Municipal de Montevideo.

Ingreso en febrero de 1991 por concurso público de méritos.

Principales tareas:

- Jefatura de varios sectores dentro del SIME.

- Integrante de comisiones técnicas multidisciplinarias.

- Asesor técnico en licitaciones públicas.

- Representante de la IMM en comités MERCOSUR de normalización.

1989 - 1991 ANTEL - Area Proyectos Técnicos-División Sistemas de Comunicaciones.

Ingreso en noviembre de 1989 por concurso de méritos realizado por el integrante del directorio Ing. Ulises Anaya.

1989 - marzo 1990 Ayudante de Ingeniero.

Marzo 1990 - diciembre 1991 Ingeniero.

Desempeñé tareas en el sector Transmisión efectuando cálculo de radio, enlaces mono canal para telefonía rural, así como proyectos varios en el área de transmisión inalámbrica.

ACTIVIDAD PROFESIONAL INDEPENDIENTE

CONSULTORIA Y PROYECTOS

Desde 1992 he realizado actividad profesional independiente relacionada con consultorías y proyectos de ingeniería industrial y telecomunicaciones y software.

ACTIVIDAD DOCENTE

1987 - 1998 Docente del Instituto de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería.

Cargos obtenidos por concurso

- 1987 Ayudante Grado 1, Departamento de Medidas y Circuitos.

- 1990 Asistente Grado 2, Departamento de Electrónica Industrial.

- 1992 Profesor Adjunto Grado 3, Departamento de Electrónica Industrial.

Cursos Dictados

- 1986 - 1990 Instituto de Ingeniería Eléctrica - Facultad de Ingeniería. Responsable del curso Taller Laboratorio de 4° año de la carrera de Ingeniero Electricista.

- 1986 - 1990 curso práctico de la materia Medidas Eléctricas de 4° año de la carrera de Ingeniero Electricista.

- 1990 - 1998 curso teórico de la materia Medidas Eléctricas de 4° año de la carrera de Ingeniero Electricista.

- 1990 - 1998 Proyecto de Ingeniería de 6° año de la carrera de Ingeniero Electricista.

- 1997 - 1998 curso interdisciplinario de Ingeniería Biomédica, de 5° año de la carrera de Ingeniero Electricista.

TRABAJOS E INVESTIGACIONES REALIZADAS

1990 Convenio ANTEL-Facultad de Ingeniería.

Desarrollo de un medidor de grado de servicio para la red telefónica conmutada.

Se desarrolló e implementó un sistema basado en microprocesadores para generar un protocolo de comunicaciones a los efectos de determinar la calidad de las comunicaciones. El sistema se utilizó durante 1990 y 1991 por parte de ANTEL.

1998 Instituto de Ingeniería Eléctrica-Facultad de Ingeniería.

Estudio de factibilidad de realización de un medidor de humedad en grano en línea, basado en la variación de la constante dieléctrica del cereal. El trabajo consistió en estudio de antecedentes y estudios similares en otras áreas y formulación de un modelo de transductor.

IDIOMAS

Inglés

Manejo fluido del mismo en lectura, escritura y conversación.

Título obtenido en Uruguay: Cambridge First Certificate in English año 1980.

Graduado de la secundaria Indian Hills High School, Franklin Lakes, New Jersey, USA en Junio de 1980.

Portugués

Lectura y comprensión correcta."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la Carpeta Nº 1365/08.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: creo que son tres elementos de trámite, pero la resolución puede dar lugar a otras consideraciones.

En el caso de la Carpeta Nº 1365, Repartido Nº 983, se trata de una reiteración del Poder Ejecutivo para la propuesta de integración en el Directorio de ASSE, en calidad de Presidente, al doctor Félix Eduardo González. Hace dos meses hicimos la fundamentación de las actividades y del currículum del doctor González, quien ya ha tenido una participación como Adjunto de la Dirección de ASSE entre los años 2000 y 2005, además de otras actividades y responsabilidades que ha cumplido en la misma área en la Intendencia Municipal de Montevideo.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a rectificar la votación.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

Se hará la comunicación al Poder Ejecutivo.

En consideración la Carpeta Nº 1373/08.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: se trata de la Carpeta Nº 1373, Repartido Nº 984. En este caso se reitera por parte del Poder Ejecutivo la solicitud de venia para designar en calidad de miembro del Directorio de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado al ingeniero Luis Ferrari. Hace dos meses realizamos una fundamentación al respecto, manifestando, entre otras cosas, que en su calidad de ingeniero ha asumido responsabilidades en distintas instituciones del Estado, como ANTEL, la Intendencia Municipal de Montevideo, la DINAMIGE, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 25. Afirmativa.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.

12) SUCESOS ACAECIDOS EN MEDIO ORIENTE

SEÑOR PRESIDENTE.- Si los señores Senadores están de acuerdo, pondríamos a consideración el proyecto de declaración que tienen sobre la mesa.

Léase por Secretaría.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: estamos totalmente de acuerdo con el texto del proyecto de declaración que se propone, pero constitucionalmente no estamos habilitados para tratarlo. La Constitución es muy clara en el sentido de que solamente podemos tratar los puntos que figuran en el orden del día, de acuerdo con lo que dispone el inciso tercero del artículo 104.

En consecuencia, o se convoca a una sesión extraordinaria del Senado o dejamos que la Comisión Permanente, que tiene potestades a este respecto, apruebe una declaración en estos términos. Insisto en que lamentablemente en el día de hoy no estamos en condiciones de tratar este proyecto de declaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- ¿El señor Senador está proponiendo que se celebre una sesión extraordinaria para tratar este punto?

SEÑOR GALLINAL.- No, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que estrictamente puede aceptarse la interpretación de que no se pueden tratar asuntos que no estén incluidos en el orden del día, aunque nunca ha sido respetada y ha habido excepciones. Una de ellas fue en una oportunidad en que expulsamos a un señor Legislador en una sesión extraordinaria y no hubo ninguna consecuencia. Aunque el asunto no figuraba en el orden del día, no pasó nada y se expulsó al Legislador. No importa; me parece que si los Senadores que firmamos este proyecto de declaración lo ratificamos, quedará como prueba de que los firmantes estamos de acuerdo con ello. Si nadie opina lo contrario, diría que eso basta para que la opinión pública sepa que los Senadores que firmamos estamos de acuerdo con el proyecto de declaración, sin que se vote una resolución expresa, formal. Reitero que me parece que lo importante es que firmemos un proyecto de declaración que recoja esas ideas de paz.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en ese caso, solicito que se haga circular entre todos los señores Senadores dicho proyecto de declaración, porque nosotros estamos dispuestos a firmarlo con mucho gusto, siguiendo el criterio expuesto por el señor Senador Gargano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Por lo tanto, estamos de acuerdo en que todo el Cuerpo firmará el proyecto de declaración y no será una resolución del Senado.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: en el mismo sentido que el señor Senador Gallinal, quiero expresar que fuimos consultados por el proyecto de declaración, pero no se nos dio la posibilidad de firmarlo. Realmente compartimos el texto, pero la propuesta realizada por el señor Senador Gargano da la impresión de que solamente aquellos Senadores que firmaron el proyecto de declaración -sé que esa no es la intención- están de acuerdo con él. Sin embargo, si el tema va a tomar estado público, creo que todos quienes lo compartimos debemos tener la posibilidad de firmarlo.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa da cuenta de que ha recibido la propuesta de que circule el proyecto de declaración a los efectos de que sea firmado por los señores Senadores que lo compartan y se dé conocimiento del mismo a la opinión pública.

13) PROVISION DE CARGOS DE RESIDENTES MEDICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 14 de la Ley Nº 18.438, de 17 de diciembre de 2008, referido a la provisión de cargos de residentes médicos. (Carp. Nº 1425/08 - Rep. Nº 978/08)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1425/08

Rep. N° 978/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley N° 18.438, de 17 de diciembre de 2008, por el siguiente:

"ARTICULO 14.- Los cargos de Residentes Médicos serán provistos por concurso de oposición, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a la reglamentación que para el caso se dicte.

Podrán aspirar a los cargos de Residentes aquellos egresados de las Facultades de Medicina habilitadas en el país, que no tengan más de tres años de titulados a la fecha de la inscripción para el concurso. Se entiende por titulación la fecha en que fue expedido el título por la universidad correspondiente.

Para el caso de creación de nuevas residencias, en el primer año de su instauración, el plazo señalado anteriormente se extenderá a cinco años y en el segundo año de la nueva residencia, el plazo será de cuatro años".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de diciembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Sustitúyese el artículo 14 de la Ley  N° 18.438, de 17 de diciembre de 2008, por la siguiente redacción:

"ARTICULO 14.- Los cargos de Residentes Médicos serán provistos por concurso de oposición, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y a la reglamentación que para el caso se dicte.

Podrán aspirar a los cargos de Residentes aquellos egresados de las Facultades de Medicina habilitadas en el país, que no tengan más de tres años de titulados a la fecha de la inscripción para el concurso. Se entiende por titulación la fecha en que fue expedido el título por la Universidad correspondiente.

Para el caso de creación de nuevas Residencias, en el primer año de su instauración, el plazo señalado anteriormente se extenderá a cinco años y en el segundo año de la nueva Residencia, el plazo será de cuatro años".

Montevideo, 17 de diciembre de 2008.

Luis José Gallo Imperiale, Representante por Canelones; Pablo Pérez González, Representante por Maldonado; Alvaro Vega Llanes, Representante por Florida; Darío Pérez Brito, Representante por Maldonado; Diego Cánepa, Representante por Montevideo.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley N° 18.438 establece la regulación del régimen de residencias médicas en nuestro país, atendiendo a una problemática largamente discutida y que era necesario resolver generando un nuevo marco normativo para el desarrollo de las especialidades médicas, tan necesarias para la mejora de la calidad de la atención de la salud en nuestro país.

Sin embargo, el artículo 14 de dicha ley, contiene una redacción que modificó un texto previo aprobado en la Cámara de Representantes, que genera una discriminación absolutamente, infundada y que no está en consonancia con lo que es la voluntad general del proyecto.

Asimismo, durante el debate de la Ley N° 18.438, ante una situación, política que no hace posible resolverlo sin aprobar ese texto legal, se realizó el compromiso de presentar un proyecto de ley inmediatamente de promulgada la antedicha, para subsanar dicha discriminación. Ese compromiso se está cumpliendo con este proyecto de ley.

Montevideo, 17 de diciembre de 2008.

Luis José Gallo Imperiale, Representante por Canelones; Pablo Pérez González, Representante por Maldonado; Alvaro Vega Llanes, Representante por Florida; Darío Pérez Brito, Representante por Maldonado; Diego Cánepa, Representante por Montevideo."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley que estamos considerando fue remitido por la Cámara de Representantes. Se trata de la modificación del artículo 14 de la Ley Nº 18.438, de 17 de diciembre de 2008, referido a la provisión de cargos de residentes médicos, que votáramos en esta Cámara de Senadores. En realidad, este artículo fue muy discutido porque hicimos algunas modificaciones al proyecto de ley original, sugeridas por una Comisión mixta del Poder Ejecutivo y la Facultad de Medicina. La verdad es que pasamos por alto una incongruencia que tenía este artículo con otras disposiciones y ahora proponemos volver al texto original propuesto por el Poder Ejecutivo, eliminando una redundancia en cuanto a la validación por parte de la Facultad de Medicina de los títulos de los médicos que tienen que concursar para aspirar a los cargos de residencia. Esto duplicaría los trámites, ya que los títulos son validados por el Ministerio de Educación y Cultura. En su momento, discutimos este tema en Sala, pero no hicimos la modificación correspondiente. La Cámara de Representantes optó por modificar este artículo y, si el Senado lo aprueba en el día de hoy, la ley de Provisión de Cargos de Residentes Médicos quedará aprobada con el espíritu que tenía el Cuerpo de incluir a todas las Facultades, especialmente a la Facultad de Medicina del CLAEH de Maldonado, evitando de esta manera la necesidad de hacer una doble validación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

SEÑOR CID.- Solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 22. Afirmativa.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

14) INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se modifican diversas disposiciones relativas a la estructura y funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura. (Carp. Nº 819/07 - Rep. Nº 977/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 819/07

Rep. N° 977/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 141 de la Ley

N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 141.- Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, para la ejecución de la política vitivinícola nacional.

El mismo estará exonerado del pago de tributos, y en lo no expresamente previsto en la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad y estatuto laboral. La Auditoría Interna de la Nación ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del Instituto, con las más amplias facultades, debiendo elevarse a la misma la Rendición de Cuentas del ejercicio anual del INAVI dentro de los noventa días del cierre del mismo. La reglamentación de la ley determinará la forma y fecha de los balances, cierre de los mismos y su publicidad.

El INAVI quedará sujeto al contralor externo a cargo del Tribunal de Cuenas de acuerdo a lo preceptuado por la normativa vigente."

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 143 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con las modificaciones introducidas por el artículo 50 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, y por el artículo 13 de la Ley  N° 17.295, de 31 de enero de 2001, por el siguiente:

"ARTICULO 143.- Sus atribuciones y cometidos serán los siguientes:

A) Promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus etapas, mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

B) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de ley vinculados a la vitivinicultura.

C) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados.

D) Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicación de la vid.

E) Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el manejo del cultivo de la vid y su explotación racional.

F) Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

G) Promover el desarrollo de industrias alternativas que utilicen como materia prima los productos derivados de la vid.

H) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción agroindustrial o de comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

I) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el consumo.

J) Fiscalizar toda la actividad del sector velando por la correcta aplicación de la normativa vigente relativa a sus atribuciones y cometidos. A estos efectos podrá contratar los servicios técnicos de instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia, garantizando el control de la calidad bromatológica y genuinidad de los productos derivados de la vid.

K) Promover y divulgar la aplicación de las normas internacionales de calidad en materia productiva, industrial y de laboratorio.

L) Desarrollar por sí o a través de convenios con otras instituciones la investigación en todas las áreas impulsadas por la Organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), determinando en cada caso la obligatoriedad de las resoluciones por ellas dictadas.

M) Determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la actividad vitivinícola. El monto de las sanciones y de las cuotas por convenios de pago que aplique o autorice el Instituto será reajustado al momento del cobro efectivo por el procedimiento establecido en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, generando el interés previsto en dicha norma desde el día siguiente a la notificación de la resolución respectiva.

N) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes constituirán títulos que traen aparejada ejecución la que se regirá en lo pertinente por los artículos 91 y 92 del Código Tributario. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el sancionado y las que deniegan el recurso de reposición previsto en el artículo 151 de la presente ley.

O) Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses".

Artículo 3°.- Deróganse los artículos 3° y 4° de la Ley  N° 9.221, de 25 de enero de 1934, y cualquier otra disposición normativa que se oponga a lo dispuesto por el presente artículo.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente el precio mínimo de la uva con destino a la vinificación teniendo en cuenta el asesoramiento preceptivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el que hará saber al mismo los costos de producción en función de los coeficientes técnicos.

Artículo 4°.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 145 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 145.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) se vinculará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 146.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) será dirigido por un Directorio compuesto por ocho miembros, los que serán designados de la siguiente manera:

A) Tres delegados del Poder Ejecutivo, designados respectivamente, uno por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá, uno por el Ministro de Industria, Energía y Minería y uno por el Ministro de Economía y Finanzas.

B) Cinco representantes de los productores del sector, que serán designados por el Poder Ejecutivo, los que serán propuestos por las gremiales de viticultores, bodegueros o vitivinicultores, todo ello de acuerdo con la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Las gremiales a las que se hace alusión en el precedente literal B) deben ser de primer grado, de carácter nacional y contar con por lo menos dos años de antigüedad.

Los miembros del Directorio permanecerán en sus cargos por un período de cuatro años. Previo al vencimiento de este término, los respectivos Ministros realizarán una nueva designación de sus delegados, teniendo presente que los mismos no podrán ser elegidos por más de dos períodos consecutivos. Sin perjuicio de ello, los delegados del sector público podrán ser cesados en sus respectivos cargos en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, a instancias del respectivo Ministro.

Antes de cumplido el término de cuatro años a que se hace referencia en el inciso anterior, el Poder Ejecutivo solicitará a las respectivas gremiales que propongan a los representantes del sector privado, quienes no podrán ser designados por más de dos períodos consecutivos.

Las resoluciones del Directorio creado en el inciso primero de este artículo se tomarán por mayoría simple. Los representantes del Poder Ejecutivo tendrán doble voto".

Artículo 6°.- Sustitúyese el artículo 147 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 147.- Cada miembro de la actividad privada será designado con un representante alterno, quien ejercerá automáticamente el cargo en ausencia del titular. El Poder Ejecutivo establecerá en los reglamentos lo relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público".

Artículo 7°.- Sustitúyese el artículo 148 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 148.- El Poder Ejecutivo designará directamente a los representantes del sector privado, cuando las respectivas entidades no hubieran formalizado su propuesta, dentro del plazo de sesenta días de serle sugerida; en tal caso, las designaciones de titular y alterno recaerán necesariamente en personas vinculadas al sector en cuestión".

Artículo 8°.- Créase una Junta Consultiva y Asesora del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la que tendrá carácter honorario. Dicha Junta estará integrada de la siguiente manera:

- Dos delegados de cada asociación gremial de primer grado de productores vitícolas y dos delegados de cada organización gremial de bodegueros, teniendo presente que estos delegados deben surgir de organizaciones que cuenten con una antigüedad de por lo menos dos años de funcionamiento.

- Dos delegados de la Asociación de Enólogos del Uruguay.

- Dos representantes de la Universidad de la República.

- Un representante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria.

- Un representante de la Dirección General de la Granja.

- Un representante de la Escuela de Enología del Uruguay.

Sus cometidos serán recibir información, plantear interrogantes y discutir los planes estratégicos del sector.

La Junta Consultiva se reunirá por lo menos dos veces al año con el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La forma de designación de los distintos representantes será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no superior a los sesenta días desde la promulgación de la presente ley.

Artículo 9°.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 150 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 150.- El producto de la tasa de promoción y control vitivinícola será vertido en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)".

Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 152 de la Ley  N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 152.- El Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, dentro de los sesenta días de su instalación, dictará su reglamento interno, el que fijará el funcionamiento del Instituto. Su presupuesto será determinado por el Directorio".

Artículo 11.- Son atribuciones del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) las siguientes:

A) Dictar su reglamento interno y el reglamento general del Instituto.

B) Dictar los actos de gestión y administración interna del Instituto.

C) Adoptar las resoluciones del Instituto tendientes a alcanzar los cometidos que la ley le asigna.

D) Establecer pautas para la determinación de las sanciones conforme a las normas legales y reglamentarias en vigencia.

E) Dictar el estatuto del personal contratado por el Instituto. En todo lo que este no prevea, regirán las reglas del derecho común.

F) Suscribir convenios con otras instituciones a fin de cumplir los cometidos que la ley asigna al Instituto.

G) Proceder a delegar en forma provisoria y fundada a instituciones públicas o privadas las atribuciones y cometidos del Instituto para su cabal cumplimiento.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 2.856, de 17 de julio de 1903, por el siguiente:

"ARTICULO 11.- Los productos vitivinícolas nacionales e importados podrán ser controlados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), a través de los métodos analíticos que este determine, tendientes a cumplir con la metodología internacional, en los laboratorios que reúnan los requisitos por él exigidos para la realización de tales análisis.

De registrarse disidencias con motivo del control de genuinidad de productos vitivinícolas analizados, se podrá solicitar nuevo análisis a costo del interesado, quien propondrá técnico habilitado e inscripto en el Registro de INAVI para que presencie la pericia, en la forma y condiciones que determine el Instituto. Dicho análisis se realizará sobre la muestra en poder del industrial, con excepción del análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas que se realizará sobre la muestra en poder del organismo. Sin perjuicio de ello, en el primer caso, el INAVI podrá aportar para ser analizada en el mismo acto, una de las muestras en su poder, tomándose en cuenta los dos resultados coincidentes en cuanto a si el producto cumple o no con las exigencias legales y reglamentarias, siendo este resultado definitivo.

Dispónese que la base de datos existente a efectos de la realización de los análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas, tiene carácter reservado al INAVI".

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 2°.- El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos, reducir las primas de los seguros, ampliar sus coberturas y promover la reconversión de los viñedos y las plantas industriales elaboradoras, así como el incentivo de la exportación de los productos vitivinícolas, todo ello a través de los mecanismos que establezca la reglamentación".

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 3°.- El Fondo de Protección Integral de los Viñedos será administrado por el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

En adelante, cualquier referencia normativa a la Comisión Honoraria Fiscalizadora de este Fondo, se entenderá hecha al órgano Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)".

Artículo 15.- Facúltase al Instituto Nacional de Vitivinicultura a:

1) Establecer en cada zafra, previo dictamen técnico, la fecha de enajenación y puesta en circulación de los vinos elaborados en el país, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

2) Establecer el rendimiento máximo de producción de uva por variedad y por hectárea, con destino a la vinificación para el mercado interno u otros destinos.

3) Determinar en cada zafra el grado alcohólico mínimo para la circulación de los vinos de acuerdo a su clasificación.

4) Determinar los productos enológicos autorizados para las correcciones.

5) Actualizar en forma automática semestralmente, en los meses de enero y julio de cada año, de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Consumo (IPC), la Tasa de Promoción y Control Vitivinícola creada por el artículo 149 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 16.757, de 26 de junio de 1996, y por el artículo único de la Ley N° 17.458, de 8 de marzo de 2002.

Artículo 16.- Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de fraccionamiento de vinos, sidras u otros productos vitivinícolas, deberán inscribirse en un plazo de sesenta días a contar de la promulgación de la presente ley, en el registro que a esos efectos lleva el Instituto Nacional de Vitivinicultura, debiendo presentar la documentación que requiera dicho organismo.

Estas empresas fraccionadoras deberán cumplir con las normas que regulan al sector vitivinícola y el Instituto realizará las tareas de inspección y contralor relativas al cumplimiento de las normas y asimismo determinará, aplicará y ejecutará las sanciones por infracciones a las normas legales y reglamentarias, siendo de aplicación las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996, con las modificaciones introducidas por el artículo 203 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008.

Artículo 17.- Deróganse todas las normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de noventa días a partir de su vigencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

A) Las autoridades actuales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), permanecerán en el cargo por el término de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley. En este período, los respectivos Ministerios deberán efectuar las designaciones de sus delegados a efectos de la integración del Directorio de la forma que esta ley preceptúa.

Dentro del mismo período, el Poder Ejecutivo solicitará a las gremiales que propongan a los representantes de los sectores privados, de acuerdo con lo establecido en el literal B) del inciso primero del artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 5° de la presente ley.

B) A partir de la designación de los miembros delegados del Poder Ejecutivo y hasta tanto asuman en sus cargos los representantes de los sectores privados, los primeros actuarán en forma preventiva, con todas las potestades que se otorgan al INAVI en el artículo 2° de la presente ley, así como las atribuciones de gestión y administración del Instituto.

C) Transcurrido el período señalado en el literal A) de estas disposiciones transitorias, cesarán de pleno derecho en sus cargos los actuales miembros del Consejo de Administración del INAVI, pasando este a constituirse con su nueva integración y denominación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de diciembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

José Pedro Montero

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: vamos a ser muy breves porque este proyecto de ley que retorna de la Cámara de Representantes y modifica normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura, ya fue debatido largamente en el Senado. Luego de ser aprobado, pasó a la Cámara de Representantes, donde fue analizado durante tres meses y la discusión se centró en el mismo punto que en el Senado: la participación de las gremiales en el nuevo Directorio y el número de miembros con el que participarían. Aclaro que un aspecto que fue eliminado del proyecto de ley fue la elección por voto secreto. Ese fue un planteo de las gremiales porque no se sentían aptas o capacitadas para generar el voto secreto ampliamente como estaba establecido en el proyecto de ley.

En cuanto a la integración del nuevo Directorio, fue aceptada la propuesta de las gremiales, pues se mantiene la posibilidad de que el Poder Ejecutivo tenga mayoría para tomar decisiones. Anteriormente, el Senado había aprobado una integración de seis miembros y, cuando las decisiones estaban divididas, el Presidente tenía doble voto. Ahora, el Directorio estará compuesto por ocho miembros, cinco representantes de los privados y tres delegados del Estado y, en caso de que existan decisiones divididas, cada miembro del Poder Ejecutivo tendrá doble voto.

Estas son las modificaciones que se propone aprobar y, de no ser aceptadas, el proyecto de ley será remitido a la Asamblea General.

(Ocupa la Presidencia el Senador Mariano Arana)

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley, que tiene discusión única.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: simplemente queremos expresar que vemos con agrado que se haya modificado el proyecto de ley que oportunamente fuera aprobado por el Senado y luego pasara a la Cámara de Representantes. Decimos que lo vemos con agrado porque una de las objeciones o diferencias que habíamos tenido con la redacción original era que el Instituto Nacional de Vitivinicultura, a diferencia del criterio tradicional de la institución, pasaba a tener una integración con mayoría del Gobierno. De acuerdo con la redacción que vuelve de la Cámara de Representantes, se preserva el criterio de que la mayoría de los delegados que integran el INAVI provengan del sector privado, en virtud de que se establece que habrá cinco representantes de los productores del sector, que serán designados por el Poder Ejecutivo, los que serán propuestos por las gremiales de viticultores, bodegueros o vitivinicultores, y tres delegados que representarán al Poder Ejecutivo, designados respectivamente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y el Ministerio de Economía y Finanzas. Como este había sido un punto polémico -tal vez haya sido el único polémico central del proyecto de ley, tal cual se había discutido en el Senado-, señalamos que para nosotros es un avance positivo que se haya introducido esta modificación en la Cámara de Representantes. En ese entendido, acompañamos esta iniciativa aquí en Sala, coherentes con el criterio que habíamos tenido cuando el tema se debatió oportunamente en el Senado.

15) ENERGIA SOLAR

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar, y se establecen las bases para su expansión como forma de avanzar en el ahorro energético. (Carp. Nº 1166/08 - Rep. Nº 976/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1166/08

Rep. N° 976/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

ARTICULO 1°.- Declárase de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar.

ARTICULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder las exoneraciones previstas en la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1988 (Ley de Promoción de Inversiones) para la fabricación, implementación y utilización efectiva de la misma.

ARTICULO 3°.- A partir de los seis meses de promulgada esta ley, los permisos de construcción para centros de asistencia de salud, hoteles y clubes deportivos en los que su previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% (veinte por ciento) del consumo energético total, solo serán autorizados cuando incluyan las instalaciones sanitarias y de obras para la incorporación futura de equipamiento para el calentamiento de agua por energía solar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente ley.

ARTICULO 4°.- A partir de los dos años de promulgada esta ley, los permisos de construcción de los edificaciones con las características referidas en el artículo anterior, solo serán autorizados cuando incluyan equipamientos completos que permitan cubrir al menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para el calentamiento de agua por energía solar.

ARTICULO 5°.- Las disposiciones establecidas en los artículos 3° y 4° de la presente ley regirán cuando los permisos refieran a obra nueva o a rehabilitaciones integrales de las respectivas edificaciones.

ARTICULO 6°.- Todos aquellos edificios nuevos, destinados a uso público cuya previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% (veinte por ciento) del consumo energético total deberán contar, dentro de los cinco años de promulgada esta ley, con al menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para calentamiento de agua mediante energía solar térmica.

ARTICULO 7°.- A partir de los seis meses de promulgada la presente ley, el Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá exigir, a todos los nuevos emprendimientos industriales o agroindustriales, una evaluación técnica de la viabilidad de instalación de colectores solares con destino al ahorro energético por precalentamiento de agua.

ARTICULO 8°.- A partir de los tres años de vigencia de la presente ley las piscinas climatizadas nuevas o aquellas existentes que se reconviertan en climatizadas, deberán contar con el equipamiento completo para el calentamiento de agua por energía solar, siempre que no utilicen otras fuentes de energía renovables con ese fin.

ARTICULO 9°.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería determinará las normativas exigibles y aplicables para el equipamiento, en lo referente a su calidad y eficiencia, a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 10.- El Poder Ejecutivo, en consulta con los organismos competentes, podrá determinar excepciones, a través de la reglamentación, por razones tales como volumen de consumo de agua, área, porte de los equipos, horas de sombra o utilización de otros mecanismos de generación de energía. Podrá asimismo, establecer la ampliación de los plazos a las construcciones o instalaciones descriptas en los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la presente ley.

ARTICULO 11.- Los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrán a su cargo la coordinación de un programa tendiente a procurar la facilitación en el uso de la energía solar.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente podrán ser invitadas a participar todas aquellas instituciones u organizaciones que puedan aportar sus conocimientos en esta temática así como las empresas energéticas públicas y privadas del país.

ARTICULO 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo para la exoneración total o parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los equipos solares de producción nacional y los impuestos aduaneros de sus componentes importados, que el Poder Ejecutivo determine, por un período de 5 (cinco) años cuando el equipamiento tenga como destino el uso domiciliario, de clubes deportivos y demás organizaciones sociales.

ARTICULO 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días contados a partir de su promulgación.

Sala de la Comisión, 17 de diciembre de 2008.

Susana Dalmás, Miembro Informante; Alberto Couriel, Eleuterio Fernán-

dez Huidobro, Antonio Gallicchio, Luis Alberto Heber (con salvedades); Ruperto Long (con salvedades); Carlos Ramela.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Declárase de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar, así como la fabricación, implementación y utilización efectiva de la misma.

Artículo 2°.- A partir de los seis meses de promulgada esta ley, los permisos de construcción de edificaciones tales como, centros de asistencia de salud, complejos y cooperativas de viviendas, hoteles, emprendimientos industriales o agropecuarios y clubes deportivos, solo serán autorizados cuando incluyan las instalaciones sanitarias y de obras para la incorporación futura de equipamiento para el calentamiento de agua por energía solar.

Artículo 3°.- A partir de los dos años de promulgada esta ley, los permisos de construcción de las edificaciones referidas en el artículo anterior, solo serán autorizados cuando incluyan equipamientos completos para el calentamiento de agua por energía solar.

Artículo 4°.- Las disposiciones establecidas en los artículos 2° y 3°, regirán cuando los permisos refieran a obra nueva o a rehabilitaciones integrales de las respectivas edificaciones.

Artículo 5°.- Todos los edificios públicos que utilicen agua caliente para sus servicios sanitarios deberán, dentro de los cinco años de promulgada esta ley, instalar equipamientos, a base de energía solar, con la envergadura suficiente como para abastecer razonablemente sus necesidades de agua caliente.

Artículo 6°.- A partir de los dos años de promulgada la presente ley todas las autorizaciones para instalar calderas industriales o de uso permanente, deberán contar con equipamiento completo para el pre-calentamiento de agua por energía solar.

Artículo 7°.- A partir de los tres años de vigencia de la presente ley todas las piscinas climatizadas existentes deberán contar con el equipamiento completo para el pre-calentamiento de agua por energía solar.

Artículo 8°.- Facúltase a la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, a celebrar convenios con empresas instaladoras de equipamiento para calentar agua a base de energía solar, a fin de facilitar la instalación de los mismos en las viviendas de sus usuarios, así como también a realizar acuerdos con el Banco de la República Oriental del Uruguay u otras instituciones financieras, a los efectos de su financiación, pudiendo cobrar su costo, hasta en 120 cuotas, incluyendo el pago de las mismas en la propia factura de energía eléctrica.

Cuando el monto de la cuota por la instalación del equipamiento no supere el 10% del promedio, de los últimos 12 meses, de la factura de energía eléctrica que abonó el usuario, el pago de la factura y de dicha cuota será indivisible.

Artículo 9°.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería implementará un registro de las empresas instaladoras habilitadas y determinará las exigencias para las certificaciones correspondientes al equipamiento, a los efectos del cumplimiento de esta ley.

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo, en consulta con los organismos competentes, podrá determinar excepciones, a través de la reglamentación, por razones tales como volumen de consumo de agua, área, porte de los equipos, horas de sombra o utilización de otros mecanismos de generación de energía. Podrá asimismo, establecer la ampliación de los plazos a las construcciones o instalaciones descriptas en los artículos 2, 3, 5, 6 y 7 de esta ley.

Artículo 11.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería tendrá a su cargo la coordinación de un Programa tendiente a procurar la facilitación en el uso de la energía solar, para los fines referidos en la presente ley, en barrios y zonas carenciadas de todo el país.

En el Programa que se crea a través del presente artículo deberán participar el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los gobiernos municipales, dentro de su ámbito de competencia y todas las empresas energéticas del país, públicas y privadas.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente podrán ser invitadas a participar todas aquellas instituciones u organizaciones que puedan aportar sus conocimientos en esta temática.

Víctor Vaillant, Mónica Xavier, Mariano Arana, Susana Dalmás, Rafael Michelini, José Mujica, Jorge Sa-ravia, Alberto Cid, Lucía Topolansky, Margarita Percovich, Milton Antogna-zza, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Alberto Breccia, Luis Oliver.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El país enfrenta una situación de crisis energética que responde a múltiples factores -cambios climáticos, situación regional, aumento en los precios del petróleo y el gas, etc.- y debe adoptar medidas de corto y mediano plazo para poder superarla.

Pueden visualizarse, al menos, dos caminos para poder lograr este objetivo, por un lado, aumentar la generación de energía eléctrica, experiencia que ya se está llevando a cabo a través del desarrollo de las energías renovables y, por otro, generar políticas de ahorro y eficiencia energética.

El proyecto de ley que se pone a consideración avanza en el desarrollo del ahorro energético estableciendo, a su vez, las bases para la expansión de la energía solar térmica.

En el mundo y en América Latina existen innumerables ejemplos del aprovechamiento de esta energía; grandes ciudades como Barcelona o San Pablo han aprobado legislaciones en este sentido.

La conveniencia de impulsar este tipo de energías resulta evidente. Por un lado está el beneficio del usuario, gran parte del gasto de energía eléctrica residencial -que representa un 50% del consumo energético total- se produce en el calentamiento de agua, por lo cual, de instalarse este tipo de tecnología el gasto de los hogares uruguayos se reducirá; por otro, también, se beneficiará la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) que podrá reducir su necesidad de generación, ahorrando combustible o ahorrando agua de las represas.

Se procura, además, dar un fuerte mensaje a través de las instituciones públicas al tornar obligatorio el uso de esa tecnología en todos sus edificios.

Este tipo de tecnología además es posible desarrollarla por entero en nuestro país, lo cual redundaría en una posibilidad de trabajo genuino para los trabajadores uruguayos en especial de la rama metalúrgica.

El proyecto también prevé la posibilidad de establecer una financiación para los usuarios que quieran instalar estos calentadores facultando a la UTE a establecer convenios entre la banca pública o la privada y los potenciales clientes facilitando, a su vez, el pago de la sumas financiadas a través de la factura mensual que emite el Ente.

Por último se incluye una norma programática a través de la cual se pretende difundir el uso de esta tecnología en lugares en que, por razones económicas, el acceso a la misma a través de la inversión privada sería, seguramente, muy dificultosa, procurando, a su vez, incidir en un cambio cultural en tal sentido.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 16.906,

de 7 de enero de 1998

CAPITULO I

PRINCIPIOS Y GARANTIAS

Artículo 1°. (Interés nacional).- Declárase de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

Artículo 2°. (Igualdad).- El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversores extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales.

Artículo 3°. (Requisitos).- Las inversiones serán admitidas sin necesidad de autorización previa o registro.

Artículo 4°. (Tratamiento).- El Estado otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

Artículo 5°. (Libre transferencia de capitales).- El Estado garantiza la libre transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad.

CAPITULO II

ESTIMULOS DE ORDEN GENERAL PARA LA INVERSION

Sección I

Ambito de aplicación

Artículo 6°. (Alcance subjetivo).- Son beneficiarios de las franquicias establecidas en este Capítulo, los contribuyentes del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias y del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, que realicen actividades industriales o agropecuarias.

Los beneficios establecidos en el presente Capítulo y los que otorgue el Poder Ejecutivo, en aplicación de las facultades legales que se le confieren en el mismo, operarán en forma general y automática para todos los sujetos a que refiere al inciso anterior.

Artículo 7°. (Alcance objetivo).- Se entiende por inversión a los efectos de este Capítulo, la adquisición de los siguientes bienes destinados a integrar el acto fijo o el activo intangible:

A) Bienes muebles destinados directamente al ciclo productivo.

B) Equipos para el procesamiento electrónico de datos.

C) Mejoras fijas afectadas a las actividades industriales y agropecuarias.

D) Bienes inmateriales tales como marcas, patentes, modelos industriales, privilegios, derechos de autor, valores llave, nombres comerciales y concesiones otorgadas para la prospección, cultivos, extracción o explotación de recursos naturales.

E) Otros bienes, procedimientos, invenciones o creaciones que incorporen innovación tecnológica y supongan transferencia de tecnología, a criterio del Poder Ejecutivo.

Sección II

Beneficios fiscales

Artículo 8°. (Beneficios fiscales).- Otórgase a los sujetos a que refiere el artículo 6°, los siguientes beneficios:

A) Exoneración del Impuesto al Patrimonio de los bienes de activo fijo comprendidos en los literales A) y B) del artículo 7°, adquiridos a partir de la vigencia de la presente ley. Los referidos bienes se considerarán como activo gravado a los efectos de la deducción de pasivos.

La presente exoneración no operará en el caso de que los bienes referidos deban valuarse en forma ficta.

B) Exoneración de los Impuestos al Valor Agregado y Específico Interno, correspondientes a la importación de los bienes a que refiere el literal anterior, y devolución del Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones en plaza de los mismos.

Artículo 9°. (Beneficios fiscales).- Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar en forma general, para los sujetos definidos en el artículo 6°, los siguientes beneficios:

A) Exoneración del Impuesto al Patrimonio, en las condiciones establecidas en el literal A) del artículo anterior, a los bienes comprendidos en los literales C) a E) del artículo 7°.

B) Establecimiento, a los efectos de los Impuestos a las Rentas de la Industria y Comercio, a las Rentas Agropecuarias y al Patrimonio, de un régimen de depreciación acelerada, para los bienes comprendidos en los literales A) a E) del artículo 7°.

Artículo 10.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 16.697, de 25 de abril de 1995, facúltase al Poder Ejecutivo a disminuir hasta tres puntos de la alícuota de aportes patronales a la seguridad social a la industria manufacturera.

CAPITULO III

ESTIMULOS RESPECTO A INVERSIONES ESPECIFICAS

Sección I

Ambito de aplicación y órganos competentes

Artículo 11. (Actividades y empresas promovidas).- Podrán acceder al régimen de beneficios que establece este Capítulo, las empresas cuyos proyectos de inversión sean declarados promovidos por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

Asimismo, la declaratoria promocional podrá recaer en una actividad sectorial específica, entendiéndose por tal, el conjunto de emprendimientos conducentes a producir, comercializar o prestar, según corresponda, determinados bienes o servicios.

Se tendrán especialmente en cuenta a efectos del otorgamiento de los beneficios, aquellas inversiones que:

A) Incorporen progreso técnico que permita mejorar la competitividad.

B) Faciliten el aumento y la diversificación de las exportaciones, especialmente aquellas que incorporen mayor valor agregado nacional.

C) Generen empleo productivo directa o indirectamente.

D) Faciliten la integración productiva, incorporando valor agregado nacional en los distintos eslabones de la cadena productiva.

E) Fomenten las actividades de las micro, las pequeñas y las medianas empresas, por su capacidad efectiva de innovación tecnológica y de generación de empleo productivo.

F) Contribuyan a la descentralización geográfica y se orienten a actividades industriales, agroindustriales y de servicios, con una utilización significativa de mano de obra e insumos locales.

Artículo 12. (Asesoramiento).- A los efectos del otorgamiento de las franquicias previstas en el presente Capítulo, el Poder Ejecutivo actuará asesorado por una Comisión de Aplicación, integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que la coordinará, así como por representantes del Ministerio de Industria, Energía y Minería, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Comisión de Descentralización prevista en el artículo 230 de la Constitución de la República, pudiendo, en casos especiales, integrarse con miembros de otros Ministerios u organismos con competencias en el sector de actividad del solicitante.

En el caso de proyectos de inversión, los mismos se presentarán a la Comisión de Aplicación la que determinará cuál será el Ministerio u organismo al que corresponda su evaluación, en función de la naturaleza del proyecto y de la actividad al que éste corresponda.

La citada evaluación, conjuntamente con un informe en el que se detallarán los beneficios que se entiende corresponde otorgar, será elevada por el Ministerio u organismo designado a la Comisión a la que refiere el inciso primero. La reglamentación fijará los procedimientos y los plazos máximos en los que deberá expedirse el Ministerio y organismo referido.

La Comisión de Aplicación establecerá las correspondientes recomendaciones respecto al caso de que se trate. En la citada recomendación, de corresponder, se expresará además cuál será el Ministerio u organismo encargado de seguimiento de otorgamiento, total o parcial, de la exoneración establecida en este Capítulo.

Artículo 13. (Uniformidad de procedimientos).- Los procedimientos administrativos previstos en el artículo anterior serán, asimismo, aplicables a los beneficios que se otorguen en el marco de los Decretos-Leyes N° 14.178, de 28 de marzo de 1974, y N° 14.335, de 23 de diciembre de 1974, y sus normas modificativas y complementarias. A tales efectos, facúltase al Poder Ejecutivo a modificar los cometidos y funciones o a suprimir las Comisiones asesoras creadas en virtud de las referidas disposiciones.

Artículo 14. (Incumplimiento).- En todos los casos, el Poder Ejecutivo podrá requerir las garantías que entienda pertinentes, en relación al efectivo cumplimiento por parte de los beneficiarios de las obligaciones vinculadas al otorgamiento de las franquicias, sin perjuicio de la reliquidación de tributos, multas y recargos que puedan corresponder en caso de verificarse el incumplimiento.

Sección II

Beneficios fiscales

Artículo 15. (Beneficios fiscales).- Se entenderán aplicables a las actividades o proyectos de inversión comprendidos en lo dispuesto por el artículo 11, las facultades conferidas al Poder Ejecutivo de otorgar los beneficios fiscales establecidos en el Decreto-Ley N° 14.178, de 28 de marzo de 1974, y sus normas modificativas y complementarias.

No se incluye en la citada extensión de facultades, el otorgamiento de exoneraciones arancelarias que contravengan los compromisos asumidos por el país en el marco de los acuerdos del MERCOSUR.

Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales, creado por el artículo 2° de la Ley N° 16.107, de 31 de marzo de 1990, los actos y hechos gravados por dicha norma cuando tuvieren por objeto inmuebles rurales incluidos en proyectos de inversión en actividades agropecuarias comprendidas en lo dispuesto en el artículo 11 precedente. La reglamentación establecerá los procedimientos correspondientes a los efectos del otorgamiento de este beneficio.

Fuente: Ley N° 17.243, de 29 de junio de 2000, artículo 7°.

Artículo 16. (Situaciones especialmente beneficiadas).- En el caso de proyectos o actividades declaradas promovidas en virtud de la importancia de su aporte al proceso de descentralización geográfica de la actividad económica, los beneficios a otorgar de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior serán superiores en plazo a cuantía a los otorgados a proyectos equivalentes o actividades similares localizados en el departamento de Montevideo.

Asimismo, podrán otorgarse beneficios especiales en lo relativo a la determinación de los tributos a exonerar y al plazo y cuantía de las franquicias a las inversiones que, estando comprendidas en la definición del inciso tercero del artículo 11, alcancen un monto de $ 500.000.000 (quinientos millones de pesos uruguayos) en el plazo previsto en el plan de inversión respectivo. Esta cifra será actualizada anualmente por el Poder Ejecutivo en base a la variación operada en el Indice de Precios al Consumo que fija el Instituto Nacional de Estadística.

Artículo 17. (Impuesto al Patrimonio).- Si por aplicación de lo dispuesto en el presente Capítulo, se otorgaran exoneraciones del Impuesto al Patrimonio, los bienes objeto de la exención se considerarán activos gravados a los efectos del cálculo del pasivo computable para la determinación de patrimonio gravado.

Sección III

Régimen de especialización productiva

Artículo 18.- Créase un régimen de aceleración de la adecuación, destinado a facilitar la reconversión de las empresas en el marco del proceso de integración regional.

De acuerdo a dicho régimen, las empresas podrán importar exoneradas del Impuesto Aduanero Unico a la Importación y de recargos, bienes originarios de los Estados Miembros del MERCOSUR, de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción discontinúan o reducen. Dicha exoneración estará sujeta al cumplimiento de un programa de exportación por parte de las beneficiarias.

Encomiéndase al Poder Ejecutivo la reglamentación del régimen que se crea y el otorgamiento total o parcial, de la exoneración establecida en este artículo, de acuerdo a las siguientes bases:

A) El beneficio podrá otorgarse a aquellas empresas que discontinuado o reduciendo la producción de bienes alcanzados por el régimen de adecuación a la unión aduanera del MERCOSUR presenten un proyecto de aumento de exportaciones de otros bienes que produzcan.

B) El Poder Ejecutivo podrá otorgar la exoneración parcial o total de los tributos a la importación de bienes originarios de los Estados Parte del MERCOSUR para un bien o bienes de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción se reduce y con monto máximo de importaciones determinado por dicha reducción.

Los industriales beneficiados por esta exoneración no podrán, durante la vigencia de la misma, incrementar el volumen de importaciones de los bienes mencionados por el régimen tributario común que realicen al 1° de enero de 1998.

C) Los beneficiarios de este régimen deberán someter el Proyecto de Reconversión Productiva a consideración de la Comisión de Aplicación creada por el artículo 12 de la presente ley, la que previa consulta con las cámaras del sector empresario dará el asesoramiento correspondiente al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Será tenida especialmente en cuenta a los efectos del referido asesoramiento, entre otros criterios, la estabilidad en la plantilla de trabajadores.

Sección IV

Estabilidad Jurídica

Artículo 19. (Garantía del Estado).- El Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, asegura a los inversores amparados a los regímenes establecidos en la presente ley y por los plazos establecidos en cada caso, las exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que la presente ley les acuerda.

CAPITULO IV

NORMAS DE APLICACION GENERAL

Sección I

Contrato de crédito de uso

Artículo 20.- Sustitúyese el artículo 45 de la Ley  N° 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 45.- Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso, estarán exonerados del Impuesto al Valor Agregado, siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

A) Que el contrato tenga un plazo no menor a tres años.

B) Que los bienes objeto del contrato no sean vehículos no utilitarios, ni bienes muebles destinados a la casa-habitación.

C) Que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias o Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.

D) En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, el Impuesto al Valor Agregado se aplicará sobre la amortización financiera de la colocación, salvo que el bien objeto de la operación se encuentre exonerado por otras disposiciones.

E) La diferencia entre las prestaciones pactadas y la amortización financiera de la colocación y los reajustes de precio estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado, salvo que la operación estuviera pactada con quien no sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios".

Artículo 21.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley N° 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 5° de la Ley N° 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 46.- Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que los citados contratos cumplan con las condiciones establecidas en el inciso primero del artículo anterior. El crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la forma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado o su pérdida cuando corresponda.

En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la presente ley. En tales casos deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el inciso segundo del artículo 94 del Código Tributario.

En caso de rescisiones judiciales y homologadas judicialmente que signifiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a los contratos de más de tres años de plazo".

Artículo 22.- Sustitúyese el artículo 27 de la Ley N° 16.072, de 9 de octubre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 27.- La restitución forzada de la cosa por falta de pago de las cuotas periódicas estipuladas, no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de dos cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes y de una cuota en los demás casos".

Artículo 23.- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley N° 16.072, de 9 de octubre de 1989, con la redacción dada por el artículo 4° de la Ley N° 16.205, de 6 de setiembre de 1991, por el siguiente:

"ARTICULO 32.- El procedimiento para obtener la restitución forzada en los casos previstos en los artículos 27 y 29 de la presente ley, será el del proceso de entrega de la cosa. Solo serán admitidas como excepciones: la de falsedad del instrumento en que se funda la acción; la falta de algunos de los requisitos esenciales para la validez de los contratos; pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor; prescripción; caducidad; espera o quita concedidas por el demandante que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del actor y la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones previstas por el artículo 29 de la presente ley. Las excepciones inadmisibles serán rechazadas sin sustanciación (artículo 355.2 del Código General del Proceso).

Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 355.2 del Código General del Proceso".

Artículo 24.- Las normas a que refieren los artículos 20 a 23, se aplicarán a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley.

Sección II

Disposiciones varias

Artículo 25. (Solución de controversias).- Toda controversia relativa a la interpretación o aplicación de la presente ley que se suscite entre el Estado y un inversor que hubiere obtenido del Poder Ejecutivo la Declaratoria Promocional, podrá ser sometida, a elección de cualquiera de los mismos, a alguno de los siguientes procedimientos:

A) Al del Tribunal competente.

B) Al del Tribunal Arbitral, que fallará siempre con arreglo a derecho, conforme con lo establecido en los artículos 480 a 502 del Código General del Proceso.

Cuando se haya optado por someter la controversia a uno de los procedimientos previstos precedentemente la elección será definitiva.

Lo dispuesto en los párrafos precedentes será de aplicación con relación a los inversores extranjeros en caso de ausencia de tratado, protocolo o convención internacional en materia de solución de controversias, en vigor a la fecha de suscitarse las mismas.

Artículo 26. (Fusiones y escisiones).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales que graven las fusiones, escisiones y transformaciones de sociedades, siempre que las mismas permitan expandir o fortalecer a la empresa solicitante.

En el caso de que el Poder Ejecutivo ejerza la facultad a que refiere el inciso anterior, no será exigible la escritura pública para la transferencia de bienes, derechos, obligaciones o gravámenes comprendidos en la trasmisión patrimonial operada como consecuencia de los referidos actos (artículo 122 de la Ley N° 16.060, de 5 de diciembre de 1989).

Artículo 27. (Impuesto a las hipotecas).- Derógase el Impuesto a las hipotecas establecido por el artículo 7° de la Ley N° 10.976, de 4 de diciembre de 1947, en su redacción modificada por la Ley N° 12.011, de 16 de octubre de 1953, y por el artículo 200 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Artículo 28. (Prendas sin desplazamiento).- Las prendas sin desplazamiento previstas en las Leyes N° 5.649, de 21 de marzo de 1918, N° 8.292, de 24 de setiembre de 1928, y N° 12.367, de 8 de enero de 1957, y en los artículos 58 y siguientes de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987, podrán constituirse a favor de cualquier acreedor para garantizar todo tipo de obligaciones del propietario del bien que se da en prenda o de terceros.

Artículo 29.- DEROGADO.

Fuente: Ley N° 18.091, de 7 de enero de 2007, artícu-lo 6°.

Artículo 30. (Trasmisión de títulos valores y facilitación de la circulación de las garantías que les acceden).- Agrégase al artículo 10 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977:

"Los derechos emergentes de las garantías reales o personales que accedan a un título valor, se transferirán de pleno derecho por la sola trasmisión del título valor en el que conste la garantía que le accede, sin necesidad de inscripción alguna. Para la trasmisión de garantías que respaldan títulos valores objeto de oferta pública se estará a lo que disponga la legislación específica en la materia.

Las garantías reales que se constituyan para asegurar el cumplimiento de obligaciones cartulares se inscribirán en los Registros Públicos correspondientes individualizando el título valor garantizado, su emisor, objeto, monto, vencimiento y demás elementos que correspondan a su naturaleza. A los efectos de la referida inscripción registral no será necesario identificar a los sucesivos tenedores del título garantizado.

Las garantías se cancelarán por declaración unilateral del deudor y la exhibición del título valor. En defecto de la exhibición del título, para obtener la cancelación de la garantía deberá acreditarse ante el Registro, o ante el depositario, en su caso, la consignación judicial de los importes".

Artículo 31.- El Poder Ejecutivo informará anualmente a la Asamblea General sobre la aplicación de la presente ley.

Artículo 32. (Derogaciones).- Deróganse la Ley N° 15.837, de 28 de octubre de 1986, y los Decretos-Leyes N° 14.179, de 28 de marzo de 1974, y N° 14.244, de 26 de julio de 1974.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

ACTA N° 73

En Montevideo, el día diecisiete de diciembre de dos mil ocho, a la hora diecisiete y treinta minutos, se reúne la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señora Senadora Susana Dalmás y señores Senadores Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, Antonio Gallicchio, Luis Alberto Heber, Ruperto Long y Carlos Ramela.

Preside el señor Senador Luis Alberto Heber, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y el Prosecretario señor Gabriel Grenno.

De lo actuado se toma la versión taquigráfica cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido N° 3010/2008, que forma parte de este documento.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

Carpeta N° 1166/2008. ENERGIA SOLAR. Se declara de interés nacional su investigación, desarrollo y uso. Proyecto de ley presentado por la Bancada del Frente Amplio. (Distribuido N° 2450/2008).

Se continúa con la consideración del proyecto de ley según se detalla:

ARTICULO 7°.- Se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 8°.- Se vota con modificaciones: 3 en 5. Afirmativa.

ARTICULO 9°.- Se vota: 0 en 7. Negativa.

ARTICULO 13.- Se vota con modificaciones: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 14.- Se vota: 7 en 7. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Los artículos aprobados quedan redactados de la forma que a continuación se transcriben:

ARTICULO 7°.- A partir de los seis meses de promulgada la presente ley, el Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá exigir a todos los nuevos emprendimientos industriales o agroindustriales una evaluación técnica de la viabilidad de instalación de colectores solares con destino al ahorro energético por precalentamiento de agua.

ARTICULO 8°.- A partir de los tres años de vigencia de la presente ley las piscinas climatizadas nuevas o aquellas existentes que se reconviertan en climatizadas, deberán contar con el equipamiento completo para el calentamiento de agua por energía solar, siempre que no utilicen otras fuentes de energía renovables con ese fin.

ARTICULO 13.- Facúltase al Poder Ejecutivo para la exoneración total o parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los equipos solares de producción nacional y los impuestos aduaneros de sus componentes importados, que el Poder Ejecutivo determine, por un período de 5 (cinco) años, cuando el equipamiento tenga como destino el uso domiciliario, de clubes deportivos y demás organizaciones sociales.

ARTICULO 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días contados a partir de su promulgación.

Queda aprobado el proyecto de ley sustitutivo.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás, quien lo hará en forma verbal.

El proyecto de ley aprobado tiene la redacción que se transcribe seguidamente:

"PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO.

ARTICULO 1°.- Declárase de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar.

ARTICULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder las exoneraciones previstas en la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998 (Ley de Promoción de Inversiones) para la fabricación, implementación y utilización efectiva de la misma.

ARTICULO 3°.- A partir de los seis meses de promulgada esta ley, los permisos de construcción para centros de asistencia de salud, hoteles y clubes deportivos en los que su previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% del consumo energético total, solo serán autorizados cuando incluyan las instalaciones sanitarias y de obras para la incorporación futura de equipamiento para el calentamiento de agua por energía solar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente ley.

ARTICULO 4°.- A partir de los dos años de promulgada esta ley, los permisos de construcción de las edificaciones con las características referidas en el artículo anterior, solo serán autorizados cuando incluyan equipamientos completos que permitan cubrir al menos un 50% de su aporte energético para el calentamiento de agua por energía solar.

ARTICULO 5°.- Las disposiciones establecidas en los ar-tículos 3° y 4° de la presente ley regirán cuando los permisos refieran a obra nueva o a rehabilitaciones integrales de las respectivas edificaciones.

ARTICULO 6°.- Todos aquellos edificios nuevos, destinados a uso público cuya previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% (veinte por ciento) del consumo energético total deberán contar, dentro de los cinco años de promulgada esta ley, con al menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para calentamiento de agua mediante energía solar térmica.

ARTICULO 7°.- A partir de los seis meses de promulgada la presente Ley, el Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá exigir a todos los nuevos emprendimientos industriales o agroindustriales una evaluación técnica de la viabilidad de instalación de colectores solares con destino al ahorro energético por precalentamiento de agua.

ARTICULO 8°.- A partir de los tres años de vigencia de la presente ley las piscinas climatizadas nuevas o aquellas existentes que se reconviertan en climatizadas, deberán contar con el equipamiento completo para el calentamiento de agua por energía solar, siempre que no utilicen otras fuentes de energía renovables con ese fin.

ARTICULO 9°.- El Ministerio de Industria, Energía y Minería determinará las normativas exigibles y aplicables para el equipamiento, en lo referente a su calidad y eficiencia, a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 10.- El Poder Ejecutivo, en consulta con los organismos competentes, podrá determinar excepciones, a través de la reglamentación, por razones tales como volumen de consumo de agua, área, porte de los equipos, horas de sombra o utilización de otros mecanismos de generación de energía. Podrá asimismo, establecer la ampliación de los plazos a las construcciones o instalaciones descriptas en los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la presente ley.

ARTICULO 11.- Los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrán a su cargo la coordinación de un programa tendiente a procurar la facilitación en el uso de la energía solar.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente podrán ser invitados a participar todas aquellas instituciones u organizaciones que puedan aportar sus conocimientos en esta temática así como las empresas energéticas públicas y privadas del país.

ARTICULO 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo para la exoneración total o parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los equipos solares de producción nacional y los impuestos aduaneros de sus componentes importados, que el Poder Ejecutivo determine, por un período de 5 (cinco) años, cuando el equipamiento tenga como destino el uso domiciliario, de clubes deportivos y demás organizaciones sociales.

ARTICULO 13.- El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días contados a partir de su promulgación".

A la hora dieciocho y veinticinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta, que una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Luis Alberto Heber Presidente

Vladimir De Bellis Martínez Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: con la mayor brevedad posible, brindaré el informe de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios sobre el proyecto de energía solar.

Antes que nada, quisiera hacer una introducción sobre el contexto en el que se presenta este proyecto de ley a estudio de la Comisión. El país enfrenta una realidad energética con serias dificultades debido a múltiples factores, como los cambios climáticos, la situación regional, las variaciones en los precios del petróleo y del gas, y las pocas inversiones. Ante esto, el Uruguay debe adoptar lo más rápidamente posible medidas de corto, mediano y largo plazo con respecto a este tema. Por un lado, debe aumentar la generación de energía eléctrica a través del desarrollo de energías renovables y, por otro, generar políticas de ahorro y eficiencia energética, tema sobre el cual la Comisión está estudiando un nuevo proyecto de ley.

Una de las opciones de energías alternativas que ayuda a avanzar en el ahorro energético es la energía solar térmica, tema que se trata en el día de hoy. La matriz energética del Uruguay tiene la siguiente conformación: la energía proveniente del petróleo y sus derivados representa un 56%; la energía hidroeléctrica, un 19%; la energía importada por la interconexión energética, un 5%; el gas natural, un 3%, y la biomasa, un 17%. Como se verá, nuestro país es altamente dependiente del petróleo y de las interconexiones con los países vecinos.

En este marco, una vez asumido el Gobierno, el Ministerio de Industria, Energía y Minería definió una política energética que, en términos generales, consta de los siguientes puntos: en primer lugar, conformar un sistema de abastecimiento de energía eléctrico robusto que atienda el suministro al menor costo posible; en segundo término, mejorar la forma de acceso y abastecimiento de recursos energéticos fósiles disminuyendo el impacto de la importación de combustibles sobre la economía nacional; en tercer lugar, definir la participación del gas natural en la matriz energética; en cuarto término, incorporar fuentes alternativas de energía, en especial los biocombustibles y otros; en quinto lugar, consolidar una política de eficiencia energética; en sexto término, adecuar marcos regulatorios acerca de la energía; en séptimo lugar, incrementar el acceso de sectores en situación de pobreza extrema al abastecimiento de los diversos usos de energía; y por último, en octavo término, articular y coordinar entre actores e instituciones energéticas, respondiendo a una visión global apoyando la formulación de políticas y planes energéticos.

En el mundo y en América Latina existen innumerables ejemplos de aprovechamiento de la energía solar. Su conveniencia es más que evidente también para nuestro país, habida cuenta de que en el Uruguay el consumo doméstico de energía representa el 28% del consumo total nacional; de ese porcentaje, cerca de un 36% es debido a la producción de agua caliente sanitaria. Por otra parte, estamos en una latitud geográfica que permite que la radiación solar incidente en un plano horizontal varíe entre 4 kilovatios hora por metro cuadrado al día en el Sur a 4,60 kilovatios hora por metro cuadrado en el Norte, lo que significa una radiación comparativamente superior a la de muchos países en los que esta tecnología es ampliamente utilizada. Nuestro país estaría entonces en un rango medio de radiación solar, comparable al centro de España. Por tanto, en el Uruguay podríamos aprovechar la energía solar utilizando la tecnología fotovoltaica para generar electricidad, pero esto resulta aún bastante complicado, sobre todo debido a un problema de costos. La otra forma de aprovechamiento es la que abordamos en este proyecto de ley, es decir, la energía del sol para generar calor para emplear en la producción de agua caliente para uso en viviendas, edificios, hoteles, clubes deportivos y otras organizaciones sociales. También podría ser utilizada en la calefacción de ambientes y en el sector industrial para procesos de secado de maderas, hierbas o granos, así como en la elevación de temperatura de diversos fluidos como aceites y alcoholes y en la generación de vapor.

Por todas estas razones, en la Comisión surgió el proyecto de ley presentado por la Bancada del Frente Amplio, a iniciativa -nobleza obliga- del señor Senador Rafael Michelini y sus asesores. Cabe acotar que la iniciativa logró rápidamente el apoyo de todos los Senadores de su Partido y fue analizada y modificada en la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios, contando con la participación y valiosísimos aportes de absolutamente todos los señores Senadores y de los asesores de la Dirección de Energía del Ministerio.

Este proyecto de ley fue presentado en Comisión el 14 de mayo de este año y su tratamiento comenzó el 24 de setiembre. Asistió a la Comisión el Director de Energía del Ministerio, doctor Ramón Méndez. Se trabajó en seis sesiones, y el 22 de diciembre la iniciativa se elevó al Senado. Es de destacar que se recibieron opiniones diversas, como la de la Mesa Solar, que ya había invitado a la Comisión a formar parte de un espacio multisectorial para la promoción de la energía solar térmica en el Uruguay, designándose en esa oportunidad al señor Senador Rafael Michelini como representante. Este espacio contó con la concurrencia de muchísimos actores en el tema -no los voy a enumerar por una razón de tiempo-, como organismos públicos, universidades, empresarios, técnicos, consultores y asesores, así como con las propias Intendencias Municipales. También asistieron a la Comisión los representantes de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, quienes señalaron las ventajas del uso de este tipo de energía por aspectos estratégicos, ambientales, económicos y sociales, en los cuales podría abundar más tarde, si así se me solicita. Ellos evaluaron como muy importante el hecho de que en el país ya exista la tecnología necesaria para llevar adelante los primeros proyectos que se decida ejecutar, ya que se dispone de un parque industrial adecuado para la fabricación de los equipos. Es más, afirmaron que los cálculos realizados en el Uruguay demuestran que si se suministrara agua caliente con este tipo de aplicación de la energía solar al 20% de los hogares y a 400 grandes consumidores, podría sustituirse la electricidad generada por una central térmica de 110 megavatios, generando fuentes de trabajo para 700 personas.

Asimismo, dio su opinión a la Comisión el ingeniero Walter Barreto, quien dedicó años de su vida profesional a la búsqueda de soluciones energéticas alternativas, sobre todo para la alimentación de calderas industriales, aspecto que detallaré más adelante cuando analicemos el artículo correspondiente. El ingeniero Barreto dio una opinión negativa con respecto a las calderas industriales debido a lo exiguo del ahorro que aportarían los equipos de colectores solares en el calentamiento y mantenimiento a casi 100º de estos elementos generadores, lo cual fue debidamente tomado en cuenta en el análisis por parte de la Comisión y luego en la redacción del articulado.

En lo que tiene que ver con el proyecto en particular, debemos decir que consta de trece artículos. Por el 1º se declara de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar.

Por el artículo 2º se faculta al Poder Ejecutivo a conceder las exoneraciones previstas en la Ley Nº 16.906 -de Promoción de Inversiones- para la fabricación, implementación y utilización efectiva de la misma.

En el artículo 3º se establece que a partir de los seis meses de promulgada esta ley, los permisos de construcción para centros de asistencia de salud, hoteles y clubes deportivos en los que su previsión de consumo para agua caliente involucre más de 20% del consumo energético total, sólo serán autorizados cuando incluyan las instalaciones sanitarias y de obras para la incorporación futura de equipamiento para el calentamiento de agua por energía solar.

De acuerdo con el artículo 4º, a partir de los dos años de promulgada esta ley, los permisos de construcción de las edificaciones con las características referidas serán autorizados sólo cuando incluyan equipamientos completos que permitan cubrir al menos un 50% de su aporte energético para el calentamiento de agua por energía solar.

A su vez, según el artículo 5º, estos permisos se refieren a obra nueva o a rehabilitaciones integrales de edificaciones.

El artículo 6º prevé que todos aquellos edificios nuevos que se destinen a uso público -o sea, los edificios públicos- cuya previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% del consumo energético total deberán contar, dentro de los cinco años de promulgada esta ley con al menos la mitad de su aporte energético para calentamiento de agua mediante energía solar térmica.

El artículo 7º establece que a partir de los seis meses de promulgada esta ley, el Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá exigir a todos los nuevos emprendimientos industriales o agroindustriales una evaluación técnica de la viabilidad de instalación de colectores solares con destino al ahorro energético por precalentamiento de agua. Este artículo en particular tenía otra redacción que obligaba a instalar calderas industriales con equipamiento para el precalentamiento de agua por energía solar a partir de determinado plazo. Vista la opinión de quienes han estudiado el tema, lo redactamos de esta forma, planteando una evaluación técnica de viabilidad y no la exigencia.

Según el artículo 8º, a partir de los tres años de vigencia de la ley, las piscinas climatizadas nuevas o aquellas existentes que se reconviertan en climatizadas también deberán contar con el equipamiento completo para el calentamiento de agua por energía solar, siempre que no utilicen otras fuentes de energía renovables con ese fin.

El artículo 9º establece que el Ministerio de Industria, Energía y Minería determinará las normativas exigibles y aplicables para el equipamiento, en cuanto a calidad y eficiencia. En ese sentido, algunos empresarios que están en este tema -que no son muchos- nos han dicho que las normas UNIT que se han elaborado sólo son para los paneles solares planos más simples, y que todavía no están elaboradas todas las normas que serían necesarias.

Por el artículo 10, el Poder Ejecutivo, en consulta con los organismos competentes, podrá determinar excepciones, a través de la reglamentación, por razones tales como volumen de consumo de agua, área, porte de los equipos, horas de sombra o utilización de otros mecanismos de generación de energía. En cierto modo, este artículo establece las flexibilidades que nos van a permitir que este proyecto, si se convierte en ley, sea aplicable.

De acuerdo con el artículo 11, los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social, y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tendrán a su cargo la coordinación de un programa tendiente a procurar la facilitación en el uso de la energía solar, sin perjuicio de la intervención en ello de las empresas públicas o privadas que están en el tema de equipamiento para energía solar.

El artículo 12 faculta al Poder Ejecutivo la exoneración total o parcial del Impuesto al Valor Agregado sobre los equipos solares de producción nacional y los impuestos aduaneros de sus componentes importados por el plazo de cinco años. Ello es necesario si es que efectivamente queremos que se pueda desarrollar una industria nacional en torno a esto. Es una facultad que también atiende a la historia de este tema. Uno de los empresarios que estuvo en la Comisión nos explicaba que en la década de los ochenta, cuando también hubo un problema de ascenso de los precios del petróleo y sus derivados, se produjo un empuje de las energías alternativas y se dieron exoneraciones para la fabricación de equipamientos, pero luego quedaron en desuso. En definitiva, no se continuó su desarrollo y, por lo tanto, estas exoneraciones fueron momentáneas.

El artículo 13 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará la ley dentro de los 180 días contados a partir de su promulgación.

Señor Presidente: debo decir que habría muchísimo para hablar sobre este tema y que tuvimos una muy rica discusión, con la intervención e intercambio permanente de los asesores de la Dirección de Energía, así como de los pequeños empresarios y personas que han sido pioneros en el desarrollo de este tipo de energía.

Como decía hoy el señor Senador Penadés acerca de otro proyecto de ley, es uno de los ejemplos en los que tuvimos muchísimo tiempo para trabajar, mucha participación de distintos actores y de todos los Senadores titulares, así como de varios de los suplentes que estuvieron cierto tiempo en la Comisión.

Por todas estas razones, recomendamos al Cuerpo la votación afirmativa de este proyecto de ley, que luego será estudiado por la otra Cámara.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR CAMPANELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: hemos escuchado atentamente a la señora Senadora Dalmás y queremos hacer una serie de consideraciones sobre el tema.

En primer lugar, queremos decir que vamos a apoyar este proyecto que ha explicado muy claramente la señora Senadora Dalmás y que compartimos los conceptos por ella vertidos.

Como todos los señores Senadores saben, nosotros nos estamos dedicando profundamente al tema de la energía en su conjunto. En ese sentido, en el libro que acabamos de editar, con el ingeniero Joubanoba decimos que la energía solar es una fuente inagotable, especialmente no contaminante, aunque en este aspecto se debe considerar la contaminación asociada a la fabricación de los dispositivos que se utilizan para su aprovechamiento. La utilización de su materia prima, el silicio, insume también mucha energía. Un kilogramo de silicio puro requiere de 15 a 25 kilovatios/hora de electricidad. Sus principales inconvenientes están vinculados a su intermitencia y con el hecho de que es esencialmente de baja intensidad, en comparación con otras fuentes, como la nuclear o los combustibles fósiles, no así con otras fuentes renovables como la hidroeléctrica o la eólica.

En cuanto a las potencias involucradas, se debe tener en cuenta que al mediodía solar de un día despejado, se dispone de aproximadamente un kilovatio por metro cuadrado, que deberá ser multiplicado por la eficiencia en función de cuál es el tipo de equipamiento que se está instalando. Integrando en el tiempo la potencia recibida durante las horas de insolación, se obtiene la energía recibida que, en promedio anual, alcanza en el Uruguay a alrededor de 4,6 kilovatio/hora por metro cuadrado/día, variando entre 1,94 kilovatio/hora por metro cuadrado/día en junio a 7,23 kilovatio/hora por metro cuadrado/día en enero. Este promedio equivale a 1.680 kilovatios hora por metro cuadrado por año, valor similar al de Italia.

La conversión de energía solar se puede dividir en dos tipos: directa e indirecta. La conversión directa, a su vez, puede destinarse a generar calor -es decir, conversión fototérmica- o a generar directamente electricidad, que es la conversión fotovoltaica. En el caso del informe que realizamos se abarcó, fundamentalmente, la conversión fotovoltaica, y como ejemplos de conversión indirecta se mencionan la energía eólica, la hidráulica y la biomasa, todas ellas derivadas de la energía solar.

El ingeniero Casaravilla, integrante del Departamento de Potencia del Instituto de Energía de la Facultad de Ingeniería, señalaba que generar toda la energía eléctrica del Uruguay con paneles fotovoltaicos que floten sobre el embalse de Rincón del Bonete, costaría US$ 45.000:000.000, sin tener en cuenta la infraestructura de almacenamiento de la energía obtenida. Dado que el proyecto sobre el que acaba de informar la señora Senadora Dalmás es, precisamente, fototérmico, coincidimos plenamente con el planteo.

Incluso, en nuestra propuesta nacional -vuelvo a insistir en que es la única propuesta concreta que existe en el Uruguay ya que, si bien hay opiniones en la materia, somos los únicos que decimos concretamente lo que hay que hacer día a día- hablamos claramente de un rumbo hacia la autonomía energética y hacemos referencia a la diversificación y a la generación electronuclear. Esto se debe a que estamos totalmente de acuerdo con la diversificación de la matriz energética, ya que entendemos que lo que el Uruguay precisa es energía firme, energía de base. Tenemos una fragilidad energética espantosa, que cada vez es peor, llegando incluso -así lo señalamos en la presentación de nuestro libro- a que en la semana del 14 al 21 de este mes, la Argentina nos ha debido proporcionar el 56% de la energía que el Uruguay consumió; esto significa que no llegamos siquiera a cubrir el 50% de los requerimientos con energía propia, autónoma, del país. La Argentina, reitero, nos brindó el 56% de la energía, pero a la semana siguiente no nos dio nada y hemos tenido que empezar a gastar de los embalses. O sea que marchamos de milagro, y cuando estamos peor y parece que fuéramos a entrar en una crisis espantosa, llueve mucho; en caso contrario, la Argentina, misteriosamente -prefiero decirlo así-, nos da cantidades industriales de energía. Sin duda, Kirchner no debe saber que esto es así pero realmente ocurrió, Argentina nos daba energía en grandes cantidades.

En consecuencia, el Uruguay necesita de esta diversificación y, en el caso que nos plantea la señora Senadora Dalmás, vamos a apoyarla calurosamente, pero no debemos olvidarnos de resolver los problemas energéticos de fondo que el Uruguay tiene. Tenemos que sacarnos las maneas de papel y las maneas intelectuales que nos impiden avanzar porque debemos llegar, reitero, a una autonomía energética ya que, en momentos de crisis y de desesperación, nadie nos va a ayudar por más que existan interconexiones. De hecho, sólo hay una de importancia, y es la que tenemos con la Argentina porque, con el Brasil, es apenas de 72 megavatios.

Realmente, lo único que nos puede salvar es ser autónomos y, a su vez, la única posibilidad de serlo en materia energética es a través de una central nuclear de base que nos proporcione la energía necesaria. En ese sentido, el reactor que proponemos es un CANDU 6, canadiense, que funciona con torio y con uranio existentes en nuestro subsuelo que, mientras no explotemos, podemos traer de países productores que son estables política y económicamente.

Por lo tanto, además de señalar que vamos a apoyar este proyecto de ley, queremos decir que no debemos olvidar estos otros aspectos y, en ese sentido, voy a aprovechar cada segundo para que el sistema político nos ayude y nos apoye. No podemos caer en el facilismo de criticar a los técnicos cuando lo que estos deben hacer es, fundamentalmente, asesorar y ejecutar, mientras que somos los políticos -el sistema político- quienes tenemos que tomar las decisiones. Habitualmente, dejamos las tres tareas a los técnicos para que ellos se revuelvan como puedan y el sistema político se queda en la comodidad de no resolver los problemas energéticos de fondo del Uruguay.

En definitiva, reitero que comparto absolutamente el proyecto de ley que ha informado la señora Senadora Dalmás y que lo vamos a apoyar calurosamente.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Debo decir que coincido con la señora Senadora Dalmás en cuanto a que la Comisión trabajó muy bien en el análisis de este proyecto de alternativa energética, que abarca temas apasionantes, por lo menos para quienes integramos la Comisión. En estos momentos tenemos allí, a estudio, tres iniciativas de relevancia en la materia, incluyendo un proyecto de ley sobre eficiencia energética que aún está pendiente de sanción, que presenta algunas dificultades pero sobre el que se viene avanzando favorablemente. A su vez, hay otro proyecto de ley en Comisión que también deberíamos considerar rápidamente en el Senado, que refiere al manejo de los residuos radiológicos, lo que no es un tema menor.

Coincido con lo manifestado por el señor Senador Campanella -que se me adelantó en el uso de la palabra- porque sabemos de su devoción -y convicción- por la energía nuclear e igualmente somos proclives a la diversificación que debe existir en materia energética; cuanto más diversificados y autosustentables energéticamente seamos, resultaremos más independientes y soberanos. Allí está la razón -o la obsesión- de quienes no somos técnicos pero intuimos que el tema energético es parte de la independencia nacional, no solamente para autoabastecernos, sino para proyectarnos hacia adelante. Difícilmente pueda llegar mañana un emprendimiento de inversión importante al Uruguay si no hay energía disponible y si no tenemos la posibilidad de brindarla.

A su vez, ser exportadores de energía es un buen objetivo, sobre todo, teniendo en cuenta los niveles de interconexión que tenemos en la región; quizás podamos estar mejor conectados con el Brasil de lo que estamos ahora; estamos conectados con la Argentina, pero necesitamos hacer inversiones en ese sentido. Se han discutido mucho las rutas, las formas, los vínculos, pero lo importante es que la conexión en la región se establezca porque no podemos cambiar de vecindario. Naturalmente, no podemos dejar de mencionar la importancia de la conexión con Paraguay: debemos lograr alguna forma de vinculación directa y fluida -aunque sea a través del territorio de otro país-, con una nación que tiene excedentes en la producción de energía hidráulica de sus represas, aunque actualmente vive una situación de conflicto con el Brasil, que esperamos se resuelva bien.

En el día de hoy estamos analizando este proyecto de ley sobre energía solar y vamos a acompañarlo porque nos parece importante generar incentivos en ese sentido. Tenemos dificultades con algunos artículos y adelantamos que no vamos a votar todo el articulado, pero no porque estemos decididamente en contra de él. Lo que sucede es que no nos gusta que en este proyecto de ley, así como en otros, se establezca algo en forma obligatoria. Si bien la señora Senadora Dalmás dijo que en el artículo 10º existe la posibilidad de exoneración de esa obligatoriedad que establecen los artículos 3º, 4º, 5º y 6º -creo que son esos cuatro-, no nos gusta el concepto de que el Estado obligue a algo. Nos convence mucho más el hecho de que el Estado vaya por el lado de los incentivos y que los promueva a costo de la sociedad porque son de su interés. Esta es la dificultad que tenemos con estos artículos y por eso, cuando entremos en la discusión particular, vamos a solicitar que su votación no sea en bloque, sino uno por uno para dejar constancia, brevemente -no necesitamos votar en bloque para avanzar-, de que coincidimos con el fin pero no con el instrumento utilizado porque implica una imposición. A nuestro juicio, el tema de la energía solar debe ser incentivado y desarrollado.

Hace pocos meses, en oportunidad de viajar a Europa, comprobé que la Unión Europea tiene un plan de promoción de energía solar que no obliga, sino que subsidia. Se me podrá decir que tiene fondos suficientes como para hacerlo, y es verdad, pero el hecho es que está promoviendo fuertemente la energía solar en predios rurales. Se trata de subsidios realmente importantes que, de alguna manera, sustituyen incluso a los agrícolas, a tal punto que, solamente por esos subsidios, los empresarios rurales son autosustentables. Este no deja de ser un tema al que tengamos que prestar atención, porque no se trata de un subsidio agrícola sino energético; el propio Estado utiliza esa energía para sustituir otras formas. Esto sucede, sobre todo, en Italia, donde no se han hecho previsiones, y estoy aludiendo a lo manifestado por el señor Senador Campanella porque ese país, al igual que el nuestro, estableció prohibiciones con respecto a la explotación de la energía nuclear. Entonces, se encuentra en una situación energética deficitaria que lo está llevando a generar esta clase de subsidio, ya que comprar la energía nuclear que produce Francia le resulta muy caro. Nosotros también tomamos en su momento esta decisión, porque quizás no conocíamos lo suficiente esta fuente de energía. Fue durante el Gobierno del Partido Nacional, cuando se habló de un Tratado con Canadá, mediante el cual se iba a instalar una mini planta como para generar la enseñanza y el aprendizaje necesarios. Ahora hemos recibido del señor Presidente de la República una serie de documentos para abrir una gran discusión política, de buen nivel y con espíritu nacional, para estudiar la viabilidad o no de la energía nuclear. Fue muy claro el señor Presidente cuando nos dijo que aún no se había tomado una decisión formal favorable, sino que se iba a generar un proceso de análisis por parte de una Comisión en la que iban a actuar técnicos, para determinar la posibilidad de utilizar la energía nuclear. Y ahí vamos a estar, estudiando y colaborando en una discusión que nos parece importante tener, tal como decía el señor Senador Campanella.

Con respecto a este proyecto de ley debo decir que ha sido mejorado, muy bien estudiado, y que el Poder Ejecutivo estuvo bien asesorado. A pesar de ello, no vamos a acompañar algunos artículos por el hecho de que establecen una obligatoriedad. Por ejemplo, dicen que las piscinas climatizadas nuevas o aquellas existentes que se reconviertan en climatizadas deberán contar con determinado equipamiento. Por supuesto que el artículo 10º establece excepciones, pero se trata de una facultad que se otorga al Poder Ejecutivo, lo que no nos garantiza que el día de mañana no suceda que alguna administración pueda declarar inviables determinados proyectos energéticos de índole social que sea necesario impulsar y cuyos impulsores quizás no estén en condiciones de hacer la reconversión exigida en este proyecto de ley.

Esta es la opinión que tiene el Partido Nacional. Reitero que vamos a votar en general este proyecto de ley y solicitamos nuevamente que no se vote en bloque para poder referirnos a algunos artículos en particular.

Lo importante de esa iniciativa son las exoneraciones. Por ejemplo, el artículo 2º faculta al Poder Ejecutivo a conceder las exoneraciones previstas en la Ley de Promoción de Inversiones y el 12 también lo faculta para la exoneración del IVA, total o parcial, sobre los equipos solares de producción nacional y de los impuestos aduaneros sobre sus componentes importados. Pienso que la clave está en el precio; si a la gente le dan las cuentas, por si sola va a pasarse a ese tipo de energía sin que sea una obligación. Creo que solo deberíamos reconvertir lo que se pueda, aunque la inversión inicial sea muy costosa, como de hecho lo es. No tenemos muy claro cuáles son los costos de mantenimiento -por lo menos en lo personal-, pero sabemos que los hay. De todas maneras, la gente hará sus cuentas luego de informarse acabadamente de la situación.

La pregunta clave es si tenemos que usar la energía solar. Es obvio que sí, pero tenemos que hacer que sea más barata; si no, por más obligatoriedad que se establezca, no creo que tenga viabilidad. Debemos tener presente que en el Uruguay, aunque parezca mentira, la energía solar no es aprovechable durante todo el año, ya que nuestro clima tiene oscilaciones. Por ejemplo, en los meses de invierno la poca luz hace que no se genere la suficiente energía como para poder transformarla en calor para las casas de familia y las piscinas climatizadas, tal como se menciona en el proyecto. No debemos olvidar que tenemos esa dificultad por delante. De todas maneras, pienso que nuestro país puede explotar mucho más la energía solar de lo que lo ha hecho hasta ahora. En ese sentido, bienvenido sea este proyecto de ley.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: si no me equivoco, esta es la primera ley que se elabora en el Parlamento relacionada con una energía alternativa, con excepción de la hidráulica, sobre la que ya se legisló. Más que discutir, pienso que deberíamos considerar algunas modificaciones de redacción, propias de errores que hayamos cometido en Comisión. Me refiero a la terminología, que debemos precisar muy bien. Este proyecto de ley se refiere a la energía solar térmica y esta expresión debe ser citada durante todo el texto, cada vez que se hable de energía solar. De lo contrario, podríamos estar hablando también de energía solar fotovoltaica y las exenciones impositivas caerían sobre otro tipo de paneles. Entonces, no es poca la importancia que hay que dar a esto. Inclusive, en la exposición de motivos se habla de energía solar térmica -o sea, a la que se refiere el proyecto de ley-, y no se incluye la energía solar fotovoltaica, que es otra industria muy legítima e importante con la que también se puede calentar agua.

De manera que si no hacemos la aclaración, se puede generar una confusión que seguramente después va a dar trabajo a muchos abogados. Incluso, cuando hablamos de energía solar térmica, podemos abrir una llave, porque no es sólo la manera de calentar agua a través de los colectores muy conocidos que existen hoy; puede ser con motores Perkins, con espejos o con torres de calor. Es decir que ya de por sí, hablar de energía solar térmica implica muchos sistemas posibles.

Simplemente quería realizar esta sugerencia porque, por supuesto, coincido con el informe dado por la señora Senadora Dalmás en representación de quienes hemos apoyado este proyecto en la Comisión, y me apresto a votarlo con gran entusiasmo.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: la preocupación del señor Senador Fernández Huidobro es válida, pero también es cierto que los dos artículos que establecen exoneraciones impositivas solamente dan una facultad al Poder Ejecutivo, que podrá ejercerla o no, naturalmente haciendo la diferenciación con respecto a la energía de que se esté hablando. Sin perjuicio de esto, podemos hacer las correcciones necesarias para establecer claramente en el proyecto que estamos hablando de energía solar térmica y no fotovoltaica. Pero insisto en que debemos tener presente que no puede haber consecuencias graves, en función de que esta norma simplemente otorga una facultad al Poder Ejecutivo, puesto que no contamos con el mensaje correspondiente para aprobar la exoneración que se mencionaba.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Quiero aclarar que cuando dije "motores Perkins", debí decir "motores Stirling"; cometí una "gaffe".

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: como bien se dijo, este tema fue discutido, profundamente analizado y tratado con mucho tiempo en la Comisión y cada uno ha sacado sus conclusiones, que pueden ser o no valederas, pero que se sustentan en la amplia información que recibimos. Está bastante claro que no solo aquí, sino en todas partes del mundo, el uso de energías alternativas progresivamente ha ido ganando terreno, en especial en los últimos años, a raíz del aumento del precio del petróleo, que es el principal combustible fósil que usa la humanidad. También está claro que ese aumento del precio del petróleo genera espacios para la investigación, que lo que hace normalmente es mejorar la calidad y reducir los costos, es decir, aumentar la productividad de los bienes que son investigados. Entre ellos está la energía solar, pero también el biodiésel, la energía eólica, la energía de la fuerza del agua, etcétera.

Por otra parte, si se observa lo que ocurre en el mundo, se podrá advertir que aun con subsidios y programas muy extendidos, ninguna fuente de energía alternativa -ni muchas veces sumando todas- llega a pasar el 1% o el 2% del total del consumo de un país, sencillamente porque siguen siendo muy caras y, por lo tanto, hay que destinar mucho dinero de la sociedad con ese fin. Un país relativamente pobre como Uruguay, donde el PBI per cápita natural -es decir, sin hacer nada- debe ser de los más bajos de toda América -y está al lado de Argentina, que, después de Canadá, es el país con PBI per cápita más alto sin trabajar, sólo con recursos-, no debe hacer punta en estos temas, salvo que lo haga en materia de investigación, porque no puede utilizar con este fin recursos que no tiene y que le son mucho más escasos. Casualmente -y parece increíble-, el viernes pasado, el principal artículo del "New York Times" habla de todas las energías alternativas y no digo su desmoronamiento, porque sería un término incorrecto, pero sí de las enormes limitaciones que están encontrando en Estados Unidos, sea la solar, la eólica y aun el biodiésel. Hay lugares en donde se usaba biodiésel y se ha dejado de utilizar o se usa sólo en determinadas temporadas y no todo el tiempo, porque se empezó a ver que existen dificultades con este combustible. Es decir que se redujo la proporción de biodiésel con respecto al petróleo. Lo que quiero expresar con esto es que no estamos ante un tema fácil ni laudado, ni sobre el cual la humanidad entera tenga certezas. En este marco, compartimos el proyecto de ley como principio general, en el sentido de que el Uruguay debe de alguna manera ponerse a estudiar estos temas y dar incentivos fiscales hasta cierto punto, que quedan en manos del Poder Ejecutivo. Pero nosotros llegamos hasta allí. Incluso, vamos a apoyar todos los artículos, salvo cuatro, y a proponer cambios sobre los que estuvimos hablando con el señor Senador Fernández Huidobro. Algunos de ellos son definiciones, para que queden claros algunos conceptos, y otros refieren a determinados porcentajes en los que nos parece que no debemos ser tan rígidos, sino que tenemos que atenernos más a las realidades y no imponer cosas económicas. En definitiva, se trata de tres artículos, en los que pretendemos hacer cambios absolutamente menores pero que nos parecen razonables.

Entre los aspectos que se consideraron en la Comisión hay algunos que, a mi modo de ver, quedaron perfectamente claros. Entre ellos está el tema del uso para industrias y agroindustrias. El ingeniero Barreto fue totalmente explícito: hoy no hay ninguna ecuación costo-beneficio, ni siquiera medianamente cercana, para calentar agua en materia industrial o agroindustrial. Los usos de calentamiento de agua son, básicamente, en clubes deportivos, centros de salud o algún edificio. Y esto se debe a la temperatura mínima que se requiere para los usos industriales. No debemos olvidar que este tipo de usos genera vapor a alta presión, con calentamientos de elevadas temperaturas. Pero, en este caso, estamos hablando de temperaturas mínimas de 35º o 40º, o sea, la idea es mantener esa graduación. Además, según se nos explicó el agua que circula por esas cañerías nunca baja de esta temperatura, porque de lo contrario volver a calentarla costaría carísimo.

En consecuencia, el artículo 7º no lo podemos votar porque nos parece un exceso y, además, sinceramente no creo en la burocracia o, dicho de otra manera, no me parece que alguien sentado en una oficina pueda saber más que otro que trabaja a nivel privado. Sí opino que si a cualquier agroindustria o emprendimiento comercial le resulta más conveniente el uso de la energía solar, va a hacer la inversión correspondiente; si de algo saben -o deberían saber o aprenderlo en seguida, porque si no se funden rápido- es precisamente de ahorrar costos.

Considero lo mismo respecto al tema de las piscinas climatizadas. En verdad, no conozco mucha gente que tenga piscinas climatizadas; en realidad, creo que no conozco a nadie. En todo caso, si alguien tiene una piscina climatizada, yo no lo compraría por tonto; reitero, si alguien tiene una piscina climatizada, podría tildarse de cualquier cosa, menos de tonto. Por lo tanto, no comparto la idea de establecerlo por ley. Es más, quienes venden estos equipos los deben tener individualizados y, de pronto, llamar por teléfono, entre otras cosas, para decirles cuánto se ahorran y en cuánto tiempo se desquita la inversión. En síntesis, cuando se construye una piscina se evalúan las opciones, por lo que, en consecuencia, no me parece adecuado incluirlo como un elemento obligatorio dentro de la ley. Podría decirse que ello sería un exceso de intervencionismo y de celo que no conduce a nada.

Por último, el artículo 12 establece una suerte de protección de la industria nacional, pero el argumento no es ese sino el abaratamiento de los costos. En fin, si el argumento es el abaratamiento de los costos, en todo caso, lisa y llanamente deberíamos exonerar de IVA la importación de todos los equipos y materiales de producción. Sin embargo, se optó por un mecanismo realmente complicado por cuanto la disposición refiere a los casos en que una empresa se va a dedicar a la construcción de equipamiento para el uso domiciliario, de clubes deportivos, organizaciones sociales, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se discrimina? ¿Por destino? Respecto a este tema en Comisión manifesté mi posición en contra y me mantengo en ella, pues en el mundo esto ya no funciona y, tan es así, que ya no se hacen más; en todo caso, se procede al revés.

En síntesis, comparto plenamente las expresiones del señor Senador Heber en el sentido de que lo más conveniente sería establecer subsidios en determinados lugares y, de ese modo, fijar límites, porque en este campo no es posible subsidiar de manera indirecta, puesto que las opciones son infinitas. Por ejemplo, cuando los Gobiernos asignan recursos a través de partidas, se conocen los costos y aquellos son finitos; sin embargo, cuando se genera una suerte de incentivos, los costos no se conocen. En otras palabras, pueden ser infinitos y, entre otros ejemplos, puede haber sobreinversiones, excesos, desvíos, todo lo cual es muy probable que suceda.

En definitiva, estamos de acuerdo con la idea global del proyecto de ley y, en ese sentido, desde ya adelanto que el Partido Colorado lo va a votar en general y va a acompañar la mayoría de los artículos y, tal como anunciamos, vamos a proponer ciertos cambios de redacción. Concretamente, tal como expresó el señor Senador Fernández Huidobro, después de la expresión "energía solar" habría que agregar el vocablo "térmica" en todos los casos en que aparece, pues en el único lugar en que se especifica es en el artículo 6º; seguramente eso se debe a un error ya que en la Comisión se hizo la aclaración correspondiente.

Por supuesto, tenemos la esperanza de que se siga avanzando en esta tecnología pero, reiteramos, no nos parece que el Uruguay sea el país adecuado como para hacer punta en estos temas.

Respecto al calentamiento de agua en verano en nuestro país, puedo decir que muchas veces, dependiendo del tipo de casas, no es necesario ni siquiera el uso de calefones, mientras que en invierno el rendimiento de los paneles es muy bajo. Por lo tanto, hay una combinación de calentamiento por cantidad de horas de sol, por temperatura ambiente y por la influencia del viento, aspectos que fueron explicados en Comisión.

Lo cierto es que, por más que estemos en el mismo paralelo que otros países del mundo, no tenemos experiencia y no sabemos tanto, porque las condiciones cambian; me refiero a los vientos y a las radiaciones. De modo que nada es exactamente igual y es necesario ir probando antes de hacer una opción en general.

Con estas salvedades, señor Presidente, adelantamos que vamos a dar nuestro apoyo al proyecto de ley en general y a la mayoría de sus artículos.

SEÑOR CAMPANELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: quiero expresar que coincidimos con los conceptos vertidos por el señor Senador Fernández Huidobro en el sentido de que se denomina energía solar térmica y así habría que mencionarlo en los lugares en que no está explicitado de esta manera. Me refiero, concretamente, a los artículos 1º, 3º, 4º, 8º y 11, pues en el único lugar en el que aparece esta expresión es en el artículo 6º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: a pesar de que por una coyuntura muy particular el precio del petróleo volvió a bajar, se sabe que es un recurso finito y que le quedan pocos años, razón por la cual todo el mundo, y no solamente el Uruguay, está en una carrera por el encuentro de energías alternativas, tanto aquellas que terminan produciendo energía eléctrica como las que generan energía para mover vehículos; obviamente, el petróleo no sólo mueve vehículos, sino que es también un gran generador de energía eléctrica. A esos efectos, las investigaciones a nivel mundial y todas las energías alternativas terminan siendo subvencionadas. Ahora bien, en algunos casos se justifica, pero en otros esa subvención proviene directamente de los contribuyentes de cada país y, en muchos otros, va a ser a fondo perdido y seguramente no dé resultado. Como en todos los laberintos, algunos caminos conducen a la salida y otros, no, pero difícilmente se sepa cuáles son los que conducen a esa salida si no se los recorre.

En el caso concreto de este proyecto de ley, la diferencia es que no estamos hablando de construir mecanismos que nos permitan generar energía eléctrica o de otro tipo, sino de aprovechar la energía del sol. Eso es lo más interesante de esta iniciativa, por supuesto con todas las condicio-nantes que el proyecto pueda tener, o sea, que sabemos poco y que la tecnología existente no necesariamente se adapta mejor a nuestro medio. La situación es diferente en cada departamento -no es lo mismo Artigas que Montevideo-, en las distintas zonas -son distintos el Este y el Oeste- e, incluso, los lugares en los que hay edificios tienen una característica distinta.

En síntesis, en mi opinión lo bueno de este proyecto de ley es que contiene una suerte de flexibilidad -en tanto da años y meses-, establece porcentajes y obliga, sobre todo, a cambiar la cabeza. En otras palabras, esto significa aprovechar las posibilidades que nos da el sol. Si esto fuera lineal y se concibiera que el 40% o el 45% de la energía eléctrica que se gasta en un hogar es para calentar agua -sobre todo a través de los calefones-, podríamos calcular un promedio del 30%. Por lo tanto -repito, si todo fuera lineal-, estaríamos ahorrando entre un 12% y un 13% de energía eléctrica. Lo que sucede es que la vida de las personas no es lineal y la naturaleza tampoco, y cada casa tiene una ubicación diferente. Esto hace que un edificio pueda aprovechar la energía y que la casa que esté al lado tenga sombra permanentemente y no pueda acceder a ella. A su vez, el edificio puede no tener los lugares adecuados para poner los paneles correspondientes y, por ende, tampoco podrá aprovechar esta energía. Lo que sí sabemos es que a diferencia de la generación de electricidad que permiten las otras formas de energía, estamos aprovechando los rayos del sol. Por supuesto, lo que se coloca arriba de las azoteas, obviamente no funciona de noche. Al tratarse de energía solar térmica es lógico que genere más energía en verano que en invierno, aunque en verano es posible que se necesite mucha menos agua caliente que en invierno. Lo cierto es que si en invierno pudiéramos aprovechar el sol, estaríamos ahorrando más que en el verano.

Obviamente, quizás algunos elementos que figuran en el proyecto de ley no funcionen lo suficientemente bien, o tal vez los privados lo harán mejor que el Estado. Por ejemplo, el artículo 9º dice que se determinarán normas exigibles y aplicables para el equipamiento y demás, mientras que en el artículo 8º se establecen determinadas potestades. A nivel industrial, sobre todo en el calentamiento del agua, el Ministerio seguramente dirá que determinados equipos con ciertos volúmenes de vapor no se controlarán porque el ahorro viene de origen y, como bien se decía, las calderas en la noche mantendrán el calor por cuanto al comenzar el proceso industrial en la mañana tendrán una temperatura que a esa hora el sol no puede brindar. Por lo tanto, es posible que ahí no actúe la burocracia y que a determinados equipamientos se los exonere de esta verificación.

También puede ser que en determinados tramos, núcleos o nichos, el Ministerio establezca algunas normas, incluso para tratar de que los equipos incorporen ese sistema aunque, obviamente, se tendrán en cuenta todas las excepciones que sean necesarias. Evidentemente, el proyecto de ley reconoce que no es lo mismo un departamento que otro, que dentro de un mismo departamento hay situaciones diferentes y que no es lo mismo una casa de altura que una de una sola planta. Por otro lado, las piscinas climatizadas consumen mucha energía y el proyecto de ley va a obligar a que los equipamientos -muchos de ellos importados- incorporen, como dije, este sistema. Para quien climatice su piscina, eso va a tener un costo mayor en el total, pero en el volumen porcentual de la inversión es prácticamente desechable. Esto obliga a que cuando el Estado haga este tipo de inversiones -y hablamos de una usina cada tres o cuatro años-, tanto para el aparato pro-ductivo como para los domicilios, no genere un plus superior, un aumento de la capacidad energética, por no haber obligado a que determinados instrumentos que se instalan en algunos domicilios, por ejemplo en las piscinas, no incorporen ahorro energético, que es lo que tenemos que hacer.

El artículo 12, que refiere al IVA, por supuesto que es discutible. Se trata de una facultad que pidió el propio Poder Ejecutivo, que habrá que ver cómo se ordena; de todas maneras establecimos un plazo de cinco años. La cuestión es saber si puede ser que en los próximos cinco años, dado que los costos serán accesibles, se genere un estímulo para que en los hogares o en las pequeñas empresas se instalen este tipo de equipos y los exoneremos de ciertos impuestos para que se genere una base que permita que estos después se puedan desarrollar sin el estímulo del artículo 12. Es una apuesta a cinco años, aunque quizás tengan razón algunos de los señores Senadores preopinantes en lo que tiene que ver con la realidad. De todos modos, esta es una facultad que damos. Si el Poder Ejecutivo la ordena bien, quizás se genere un estímulo adicional, más allá de que es posible que haya que poner otros. Ahora bien; una de las cosas que debemos reconocer es que todos, incluso los que presentamos el proyecto de ley, que ya sabíamos bastante del tema, aprendimos mucho más.

En definitiva, creo que este proyecto va en una buena dirección y aunque no tengo dudas de que en el futuro habrá que hacerle correcciones, producirá un cambio cultural. La energía solar está ahí y debemos aprovecharla. Aquí tenemos un marco general con artículos que refieren a temas específicos, dando plazos y generando excepciones. Entonces, señor Presidente, demos una oportunidad al proyecto de ley. Reitero que más adelante podrán hacerse correcciones, porque la realidad será diferente y se podrán generar distintas situaciones, por ejemplo en los balnearios. Quizás algunos de estos artículos serán muy importantes para el caso de aquellas personas que decidan calefaccionar sus piscinas con energía solar. En función de ello, vamos a acompañar el proyecto de ley y aspiramos a que el Senado tenga el quórum necesario para aprobarlo; de otra manera, lo estaremos haciendo en los primeros días de febrero.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Antes de continuar, la Mesa quiere recordar a los señores Senadores que hay una moción para agregar la palabra "térmica" en los artículos 1º, 3º, 4º, 8º y 11, así como en el título del proyecto de ley.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura y se pase a votar el articulado.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: voy a proponer un cambio sobre este artículo, que voy a leer para que quede más claro. Dice: "A partir de los dos años de promulgada esta ley, los permisos de construcción de las edificaciones con las características referidas en el artículo anterior, sólo serán autorizados cuando incluyan equipamientos completos que permitan cubrir al menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para el calentamiento de agua por energía solar", y propongo que a continuación se agregue: "térmica que determine el Poder Ejecutivo". Hago este planteo porque la inversión de un 50% en invierno puede ser monumental por las propias variaciones a que aludía el señor Senador Campanella.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ALFIE.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede interrumpir el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: el proyecto contiene otros artículos que establecen excepciones cuando el equipamiento que se requiere en los primeros artículos de la ley no obtuviera los resultados correspondientes. Por ejemplo, una construcción que se hace entre dos edificios va a estar en sombra permanente, por lo que no se le puede pedir que instale un equipamiento -aunque cubra no el 50%, sino el 40%- porque no podrá cubrir nada.

Insisto en que estos aspectos tienen que ver con el artículo 10 por el que se establecen excepciones. El problema se plantea cuando se va a construir una edificación y puede aprovechar el porcentaje de energía correspondiente; en ese caso, quitarle esa posibilidad y dejar que después instale un equipo para aprovechar un 10%, en definitiva hará que no logremos nada.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede continuar el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: lo que sucede es que el artículo 10 establece excepciones de carácter general y en el artículo 4º estamos indicando la regla general. Entonces, si por esta última fijamos el 50% o después exceptuamos a todo el mundo porque el tema se vuelve complicado, la dejamos establecida. Además, como bien se dijo en la Comisión por parte de quienes nos asesoraron y también se expresó aquí, no tenemos certezas. Por lo tanto, fijar ese porcentaje -que es muy alto- con una variación de más de un 1% a casi 8% entre invierno y verano, puede llevar a que para cubrir el 40%, sobre todo en invierno, implique una inversión totalmente descomunal.

Reitero que la consecuencia es que se pueda llegar a anular la inversión directamente. Por ejemplo, se hablaba de las piscinas térmicas, pero si el equipamiento es muy caro, se anula y se pierde el confort. Es la propuesta que hacemos, pero si no se está de acuerdo, lo aceptamos. De todas maneras, creemos que no es conveniente fijar un porcentaje demasiado elevado como el que se establece en el texto, porque puede llevar a determinar que todo sea excepción porque los costos impliquen su anulación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: creo que la preocupación que manifiesta el señor Senador Alfie se puede resolver en el artículo 10 modificando su última frase, que dice: "Podrá asimismo, establecer la ampliación de los plazos a las construcciones o instalaciones descriptas en los artículos 3º, 4º, 6º, 7º y 8º de la presente ley".

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: con el señor Senador Alfie tenemos discrepancia en cuanto a los costos de estas instalaciones; quizás el señor Senador tenga la razón o tal vez la tenga yo, o posiblemente estemos en un punto medio. Me parece que la flexibilización que sugiere el señor Senador Fernández Huidobro permite que si los costos están más cerca de lo que plantea el señor Senador Alfie, se puedan establecer, a partir del artículo 10, las excepciones correspondientes. Los costos están más cerca de lo que pensamos algunos, por lo que creemos que debe regir el artículo 4º tal cual viene propuesto, pero podríamos enmendarlo en el artículo 10.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 4º tal como viene de la Comisión.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en realidad, a modo de ahorro de fundamento de voto -porque haré lo propio con respecto a los artículos 3º, 4º y 5º que acabamos de votar, y al 7º, que se pondrá a consideración en un momento-, quiero indicar lo siguiente.

Me temo que las imposiciones que se establecen por estos artículos generen dificultades posteriores en la inversión, porque después tendrán que hacer los trámites para ser exonerados en función de lo indicado en el artículo 10. Creo que de esta manera se va a enredar a la gente, por lo que son mejores los incentivos que las obligaciones. Esto implica que la gente esté presa en búsqueda de las excepciones establecidas en dicho artículo por tener sombra y no sol, así como una cantidad de razones que incomodan a la inversión y al emprendimiento.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- En consideración el artículo 6º.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: este artículo habla de todos aquellos edificios nuevos destinados a uso público. Si no entendí mal en el seno de la Comisión, se trata de todos aquellos edificios nuevos del sector público y no de los destinados a uso público. Son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, un estadio deportivo es de uso público y quizás para colocar paneles en los baños en que no hay agua caliente se exige una inversión en exceso, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que tendría que decir: "Todos aquellos edificios nuevos del sector público", que es lo que en su momento dijimos o pensamos.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en la Comisión siempre entendimos que se trataba de ese concepto, es decir, de todos aquellos edificios nuevos del sector estatal. Incluso, en ese ámbito expresábamos que esto no requería un artículo porque se trata de la decisión del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿por qué tenemos que votar un artículo que lo diga, teniendo en cuenta que en el futuro puede haber otro Gobierno? Es una decisión que también tendrá en cuenta los costos, por lo que insisto que no es necesario establecerlo en un artículo para que el Poder Ejecutivo se autoimponga a hacerlo. Si da resultado y es algo de lo que éste está convencido que debe desarrollar, lo llevará a cabo sin necesidad de que exista un artículo.

En fin, con relación a lo que decía el señor Senador Alfie, en el seno de la Comisión yo entendí que se hacía referencia a todos aquellos edificios nuevos del sector público, teniendo en cuenta que si se tratara de los destinados a uso público, habría empresas que no estarían comprendidas. Ciertamente, haría esa corrección e insisto en que el artículo no es necesario porque se trata de una voluntad del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, si mañana se desea que en el Palacio Legislativo se instalen paneles solares para el agua caliente que aquí se usa, eso dependerá de una decisión del señor Vicepresidente y de la Comisión Administrativa, pero no se necesita de un artículo. Ahora bien, si el concepto a que se hace referencia es el de "uso público" entonces en ese caso cambia nuestra posición y votaríamos en contra.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: es muy cierto que basta leer el proyecto original presentado por la Bancada del Frente Amplio para darse cuenta de que la intención era hacer referencia a los edificios públicos. No obstante ello, creemos que el Estado es el primero que tiene que instaurar este tipo de ahorro usando esa energía alternativa. Es más, a esta iniciativa se le agregó el porcentaje con al menos un 50% de su aporte energético para el calentamiento de agua. Para tener una medida, por ejemplo, se hablaba de que la mayoría de los edificios públicos de oficina no necesitan de ello porque no tienen duchas. Sin embargo, hay edificios como los de los cuarteles o algunos que ocupa el Ministerio del Interior que sí utilizan en forma abundante el agua caliente. Entonces, a esos efectos es que establecimos, al igual que en otros casos, un porcentaje mínimo de aporte energético para calentamiento de agua mediante energía solar. Concretamente, se estableció como mínimo un 50% del aporte energético para el calentamiento de agua y la obligación de la utilización de más del 20% para ese consumo por medio de la energía solar. En definitiva, creo que el cambio es muy sencillo.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA DALMAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: creo que la señora Senadora Dalmás, en aras de abreviar, confundió los porcentajes, ya que en realidad el mínimo establecido con respecto al uso del agua caliente es del 20%, y la señora Senadora habló del 50%. Justamente, en la mayoría de los edificios no se usa el agua caliente o se usa muy poco y no tiene sentido hacer la inversión. Lo mismo ocurre con los establecimientos deportivos, porque por ejemplo en un estadio el uso de agua caliente puede alcanzar más del 20%, pero se utiliza sólo una vez por semana y con suerte, por lo cual tampoco tiene sentido la inversión. Por eso, si no estoy equivocado estábamos haciendo referencia a los edificios del sector público.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede continuar la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Quisiera terminar mi intervención con una propuesta en el sentido de que el artículo 6º se redacte de la siguiente manera: "Todos aquellos edificios públicos nuevos, cuya previsión de consumo…", dejando el resto del artículo tal como estaba. De esa forma, estaríamos caracterizando a esos edificios de la misma manera que en el proyecto original.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Propongo que en vez de hacer referencia a todos los edificios se hable "de todas aquellas construcciones nuevas del sector público". De esa forma, tendríamos todo cubierto, lo que no ocurriría si se hiciera mención únicamente a los edificios.

SEÑORA DALMAS.- Estoy de acuerdo con su planteo, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Con la propuesta del señor Senador Alfie el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "Todas aquellas construcciones nuevas del sector público, cuya previsión de consumo…", dejando el resto del artículo tal como estaba redactado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-14 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 10º.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Propongo que la última frase se redacte de la siguiente manera: "Podrá asimismo, establecer la ampliación de los plazos y/o la reducción de porcentajes para las instalaciones descriptas en los artículos 3º, 4º, 6º, 7º y 8º de la presente ley."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar el artículo 10, con la redacción propuesta.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- Declárase de interés nacional la investigación, desarrollo y formación en el uso de la energía solar térmica.

ARTICULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a conceder las exoneraciones previstas en la Ley Nº 16.906, de 7 de enero de 1998 (Ley de Promoción de Inversiones) para la fabricación, implementación y utilización efectiva de la misma.

ARTICULO 3º.- A partir de los seis meses de promulgada esta ley, los permisos de construcción para centros de asistencia de salud, hoteles y clubes deportivos en los que su previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% (veinte por ciento) del consumo energético total, sólo serán autorizados cuando incluyan las instalaciones sanitarias y de obras para la incorporación futura de equipamiento para el calentamiento de agua por energía solar térmica, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10 de la presente ley.

ARTICULO 4º.- A partir de los dos años de promulgada esta ley, los permisos de construcción de las edificaciones con las características referidas en el artículo anterior, sólo serán autorizados cuando incluyan equipamientos completos que permitan cubrir al menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para el calentamiento de agua por energía solar térmica.

ARTICULO 5º.- Las disposiciones establecidas en los artículos 3º y 4º de la presente ley regirán cuando los permisos refieran a obra nueva o a rehabilitaciones integrales de las respectivas edificaciones.

ARTICULO 6º.- Todas aquellas construcciones nuevas del sector público cuya previsión de consumo para agua caliente involucre más del 20% (veinte por ciento) del consumo energético total deberán contar, dentro de los cinco años de promulgada esta ley, con al menos un 50% (cincuenta por ciento) de su aporte energético para calentamiento de agua mediante energía solar térmica.

ARTICULO 7º.-  A partir de los seis meses de promulgada la presente ley, el Ministerio de Industria, Energía y Minería podrá exigir, a todos los nuevos emprendimientos industriales o agroindustriales, una evaluación técnica de la viabilidad de instalación de colectores solares con destino al ahorro energético por precalentamiento de agua.

ARTICULO 8º.- A partir de los tres años de vigencia de la presente ley las piscinas climatizadas nuevas o aquellas existentes que se reconviertan en climatizadas, deberán contar con el equipamiento completo para el calentamiento de agua por energía solar térmica, siempre que no utilicen otras fuentes de energía renovables con ese fin.

ARTICULO 9º.-  El Ministerio de Industria, Energía y Minería determinará las normativas exigibles y aplicables para el equipamiento, en lo referente a su calidad y eficiencia, a los efectos del cumplimiento de la presente ley.

ARTICULO 10.- El Poder Ejecutivo, en consulta con los organismos competentes, podrá determinar excepciones, a través de la reglamentación, por razones tales como volumen de consumo de agua, área, porte de los equipos, horas de sombra o utilización de otros mecanismos de generación de energía. Podrá asimismo, establecer la ampliación de los plazos y la reducción de los porcentajes para las construcciones o instalaciones descriptas en los artículos 3º, 4º, 6º, 7º y 8º de la presente ley.

ARTICULO 11.-  Los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente tendrán a su cargo la coordinación de un programa tendiente a procurar la facilitación en el uso de la energía solar térmica.

Sin perjuicio de lo señalado en el inciso precedente podrán ser invitadas a participar todas aquellas instituciones u organizaciones que puedan aportar sus conocimientos en esta temática así como las empresas energéticas públicas y privadas del país.

ARTICULO 12.-  Facúltase al Poder Ejecutivo para la exoneración total o parcial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los equipos solares de producción nacional y los impuestos aduaneros de sus componentes importados, que el Poder Ejecutivo determine, por un período de 5 (cinco) años cuando el equipamiento tenga como destino el uso domiciliario, de clubes deportivos y demás organizaciones sociales.

ARTICULO 13.-  El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 (ciento ochenta) días contados a partir de su promulgación".

16) INMUEBLE PADRON Nº 3066 DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se transfiere a título gratuito del patrimonio del Banco de Seguros del Estado al del Ministerio de Educación y Cultura, el inmueble Padrón Nº 3066 del departamento de Montevideo. (Carp. Nº 1428/08. Rep. Nº 979/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1428/08

Rep. N° 979/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Transfiérese a título gratuito del patrimonio del Banco de Seguros del Estado al del Estado -Ministerio de Educación y Cultura-, el inmueble sito en el departamento de Montevideo, con todas las mejoras y construcciones que le acceden, a saber:

Bien inmueble empadronado con el N° 3066 que, según el plano de mensura suscripto por el ingeniero agrimensor Alberto de Arteaga, inscripto en la Dirección Nacional de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 5 de diciebre de 1916, se compone de una superficie de 885 metros cuadrados 9.463 centímetros cuadrados y se deslinda así: 21 metros 27 centímetros al este con frente a la calle Misiones; 41 metros 70 centímetros al sur también de frente a la calle Rincón por ser esquina; señalada sus puertas de acceso con los números 423 a 449; 21 metros 27 centímetros al oeste lindado con la sucesión de Luis Posadas, y 41 metros 43 centímetros al norte lindando con Banco de Crédito.

Artículo 2°.- Esta ley operará como título y modo de la mencionada traslación de dominio y para la respectiva inscripción en la Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad, bastará un testimonio de esta disposición, el que podrá ser complementado por un certificado notarial que contenga los datos pertinentes para el correcto asiento registral.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de diciembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

José Pedro Montero

Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Educación y Cultura

Ministerio de

Economía y Finanzas

Montevideo, 18 de junio de 2007.

Señor Presidente

de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley que se acompaña, por el cual se transfiere al patrimonio del Estado -Ministerio de Educación y Cultura-, el bien de Montevideo Padrón 3066, propiedad del Banco de Seguros del Estado.

La propuesta efectuada por el Banco de Seguros del Estado desde el año 1989, cuenta con el beneplácito de esta Secretaría de Estado por tratarse dicho bien de la ex Casa del General Fructuoso Rivera, actualmente sede del Museo Histórico Nacional.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente y por su intermedio al resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con su mayor consideración.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Jorge Brovetto, Danilo Astori.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Transfiérese a título gratuito, del patrimonio del Banco de Seguros del Estado al del Estado -Ministerio de Educación y Cultura-, el inmueble sito en el departamento de Montevideo, con todas las mejoras y construcciones que le acceden, a saber:

Bien inmueble empadronado con el número tres mil sesenta y seis (3066), que según el plano de mensura suscripto por el Ingeniero Agrimensor Alberto de Arteaga, inscrito en la Dirección de Topografía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el 5 de diciembre de 1916, se compone de una superficie de ochocientos ochenta y cinco metros cuadrados nueve mil cuatrocientos sesenta y tres centímetros cuadrados y se deslinda así: veintún metros veintisiete centímetros al Este con frente a la calle Misiones; cuarenta y un metros setenta centímetros al Sur también de frente a la calle Rincón por ser esquina; señalada sus puertas de acceso con los números 423 a 449; veintiún metros veintisiete centímetros al Oeste lindado con la sucesión de Luis Posadas, y cuarenta y un metros cuarenta y tres centímetros al Norte lindando con Banco de Crédito.

Artículo 2°.- Esta ley operará como título y modo de la mencionada traslación de dominio y para la respectiva inscripción en la Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad, bastará un testimonio de esta disposición, el que podrá ser complementado por un certificado notarial que contenga los datos pertinentes para el correcto asiento registral.

Montevideo, 18 de junio de 2007.

Jorge Brovetto, Danilo Astori."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en este caso se trata de un traslado, dentro del Poder Ejecutivo, de un inmueble que es nada menos que la ex casa del General Fructuoso Rivera -que actualmente es el Museo Histórico Nacional-, que deja de pertenecer al Banco de Seguros del Estado para quedar a cargo del Ministerio de Educación y Cultura.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

17) INMUEBLE PADRON Nº 23 DE LA PRIMERA SECCION JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE CANELONES

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se transfiere del patrimonio del Ministerio de Salud Pública al de la Intendencia Municipal de Canelones el inmueble Padrón Nº 23 de la 1ª Sección Judicial del departamento de Canelones. (Carp. Nº 1429/08. Rep. Nº 980/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1429/08

Rep. N° 980/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Transfiérese a la Intendente Municipal de Canelones el Inmueble Padrón N° 23, sito en la 1ª Sección Judicial del departamento del mismo nombre, manzana catastral N° 161, solar 1, que, según plano del ingeniero agrimensor Sergio Cayafa, inscripto en la Oficina de Catastro de Canelones con el N° 13.375, el 21 de setiembre de 2005, posee una superficie de 7.211 metros 21 decímetros, que se deslinda al este: 78,89 metros de frente a la calle Dr. Baltasar Brum; al sur: 77,22 metros de frente a la calle Dr. Luis Alberto Brouse, entre ambos frentes ochava recta de 5 metros; al oeste; 78,44 metros de frente a la calle Dr. Francisco Soca, entre este viento y el anterior ochava recta de 5 metros; al norte: 77,46 metros de frente a la calle Julio Brunereau Des Houllieres entre este viento y el anterior y posterior ochavas rectas de 5 metros cada una, propiedad del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 2°.- La presente ley operará como título y modo de la mencionada traslación de dominio y para la respectiva inscripción en la Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad, bastará un testimonio de esta disposición, el que podrá ser complementado por un certificado notarial que contenga los datos pertinentes para el correcto asiento registral.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 22 de diciembre de 2008.

Uberfil Hernández 1er. Vicepresidente

José Pedro Montero Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Salud Pública

Montevideo, 17 de setiembre de 2007.

Señor Presidente

de la Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de remitirle el adjunto proyecto de ley relacionado con la transferencia a la Intendencia Municipal de Canelones, del predio padrón N° 23 de la localidad catastral ciudad de Canelones, 1ª Sección Judicial del departamento del mismo nombre, manzana catastral N° 161, solar 1, que según plano del Ingeniero Agrimensor Sergio Cayafa, inscripto en la Oficina de Catastro de Canelones con el N° 13.375, el 21 de setiembre de 2005, posee una superficie de 7.211 m 21 dm.

Dicho bien lo hubo la citada Secretaría de Estado por donación del entonces Concejo de Administración Departamental de Canelones, el 2 de febrero de 1926 para asiento de un hospital.

En el referido inmueble se encuentran emplazados los edificios que constituían la sede del viejo Hospital de Canelones "Doctor Francisco Soca" y actualmente están libres de ocupantes.

La Intendencia Municipal de Canelones utilizará el mencionado predio para la instalación de oficinas y dependencias preferentemente de las Direcciones de Salud, Desarrollo Social y Cultura y las áreas de género, deportes, jóvenes y adultos mayores. Todos harán uso en común del espacio sociocultural para actividades como talleres, asambleas, capacitación y celebraciones y estará abierto para ser utilizado por las asociaciones civiles y la comunidad en general.

El Ministerio de Salud Pública da su conformidad para que el referido padrón N° 23 sea utilizado por la citada Intendencia mencionada, para los fines descriptos.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Rodolfo Nin Novoa, María J. Muñoz.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Transfiérese a la Intendencia Municipal de Canelones el Inmueble Padrón N° 23, sito en la 1ª Sección Judicial del departamento del mismo nombre, manzana catastral N° 161, solar 1, que, según plano del ingeniero agrimensor Sergio Cayafa, inscripto en la Oficina de Catastro de Canelones con el N° 13.375, el 21 de setiembre de 2005, posee una superficie de 7.211 m 21 dm, que se deslinda al este: 78,89 m de frente a al calle Dr. Baltasar Brum; al sur: 77,22 m de frente a la calle Dr. Luis Alberto Brouse, entre ambos frentes ochava recta de 5 metros; al oeste; 78,44 m de frente a la calle Dr. Francisco Soca, entre este viento y el anterior ochava recta de 5 metros; al norte: 77,46 m de frente a la calle Julio Brunereau Des Houllieres entre este viento y el anterior y posterior ochavas rectas de 5 m cada una, propiedad del Ministerio de Salud Pública.

Artículo 2°.- La presente ley operará como título y modo de la mencionada traslación de dominio y para la respectiva inscripción en la Sección Inmobiliaria del Registro de la Propiedad, bastará un testimonio de esta disposición, el que podrá ser complementado por un certificado notarial que contenga los datos pertinentes para el correcto asiento registral.

Montevideo, 17 de setiembre de 2007.

María J. Muñoz."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en este caso se trata de un proyecto de ley por el que se transfiere un patrimonio del Ministerio de Salud Pública a la Intendencia Municipal de Canelones. Concretamente estamos hablando de un edificio que estará destinado a las políticas sociales de dicha Intendencia, más precisamente a la Dirección de Salud, Desarrollo Social, Cultura y áreas de políticas públicas específicas.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado)

18) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 20 y 19 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 20 y 24 minutos)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑORA SECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

El Senado, en sesión secreta, resolvió conceder al Poder Ejecutivo las venias solicitadas para destituir de sus cargos a la señora Esmeralda Meluso Rosselli, Especialista VII Servicios Asistenciales del Hospital Pasteur, por la causal de omisión de los deberes funcionales; a una funcionaria de la Red de Atención del Primer Nivel de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, por la causal de ineptitud física; y a una funcionaria de la Presidencia de la República, también por la causal de ineptitud física.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq, Mariano Arana).- Se realizaran las comunicaciones pertinentes.

19) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Antes de levantar la sesión, la Mesa desea un muy feliz año a los señores Senadores presentes y ausentes, así como a todo el personal del Senado.

No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 20 y 25 minutos, presidiendo el señor Senador, arquitecto Mariano Arana y estando presente los señores Senadores Alfie, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Heber, Lorier, Michelini, Oliver, Percovich, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR JOSE MUJICA Presidente en Ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini - Sr. Santiago González Barboni Secretarios

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.