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Nº 262 - TOMO 460 - 17 DE DICIEMBRE DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

66ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA Presidente en ejercicio

Y EL SEÑOR SENADOR ARQUITECTO MARIANO ARANA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

- El Senado resuelve levantar el receso y considerar los asuntos que figuran en el Orden del Día.

4) Asuntos entrados

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y a sus Comisiones.

6, 16 y 20) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Lara Gilene, Astori y Michelini.

- Notas de desistimiento. Se comunica al Cuerpo que los señores Jorge Romero, Carlos Baráibar, Enrique Pintado y, con motivo de la licencia votada al señor Senador Saravia en el día de ayer, también la señora Nora Castro y los señores Eduardo Muguruza, Saúl Posada, Carlos Gamou, Luis Rosadilla, Edgardo Carvalho, Felipe Michelini y Ricardo Alcorta por esta vez no aceptan la convocatoria.

7) Protocolo de intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el área de la lucha contra la discriminación y promoción de la igualdad racial

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

8) Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

9 y 11) Fondo de garantía para la reestructuración de pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva

- Proyecto de ley por el que se procede a su creación.

- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) Libro sobre energía

- Manifestaciones del señor Senador Campanella.

12) Cooperativas de profesionales de la salud

- Proyecto de ley por el que se dispone su adecuación a la normativa vigente para las cooperativas de trabajo.

- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

13) Institución Nacional de Derechos Humanos

- Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se procede a su creación y se establecen normas para su funcionamiento.

- Aprobado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

14) Titularidad del derecho de propiedad sobre inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias

- Proyecto de ley por el que se interpreta la nueva legislación que la regula.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

15 y 17) Vehículos automotores

- Proyecto de ley por el que se establece un régimen para el empadronamiento.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Régimen de trabajo

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve pasar a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social la Carpeta Nº 1417/08, convocar a una sesión extraordinaria el próximo martes 23, a la hora 9 y 30, e incluir en su Orden del Día la referida Carpeta, las que reste tratar por parte de dicha Comisión y las tres correspondientes a las venias de destitución; que la sesión del día lunes 29 dé comienzo a las 15 horas, que en ella se considere la Carpeta Nº 1055/08, correspondiente a la Ley de Defensa, la Carpeta Nº 137/08 de publicidad electoral y las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo.

19) Código General del Proceso

- Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 78.2 en referencia a la reglamentación de las notificaciones electrónicas aprobadas por la Suprema Corte de Justicia.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

21) Trabajadores de la Empresa Riloman S.A.

- Proyecto de ley por el que se le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social fa-cultades para extenderles el subsidio por desempleo.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Trabajadores de la Empresa DAROK S.A.

- Proyecto de ley por el que se le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facul-tades para extenderles el subsidio por desempleo.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

23) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 16 de diciembre de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 17 de diciembre, a la hora 9 y 30, a fin de hacer cesar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

1) por el que se aprueba el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el área de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial, firmado en Brasilia, el 29 de agosto de 2006.

Carp. Nº 1246/08 - Rep. Nº 962/08

2) por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo, el 4 de octubre de 2007.

Carp. Nº 1319/08 - Rep. Nº 963/08

3) por el que se crea el Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

Carp. Nº 1421/08 - Rep. Nº 973/08

4) por el que se dispone la adecuación de las cooperativas de profesionales de la salud a la normativa vigente para las cooperativas de trabajo.

Carp. Nº 1422/08 - Rep. Nº 974/08

5) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos en la órbita del Poder Legislativo y se establecen normas para su funcionamiento.

Carp. Nº 731/06 - Rep. Nº 944/08 - Anexo I

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

6) por el que se interpreta la nueva legislación que regula la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias por intermedio de sociedades y asociaciones.

Carp. Nº 1411/08 - Rep. Nº 966/08

7) por el que se establece un régimen para el empadronamiento de vehículos automotores.

Carp. Nº 1405/08 - Rep. Nº 972/08

8) por el que se introducen modificaciones en la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por la cual se consagran licencias especiales a los trabajadores de la actividad privada.

Carp. Nº 1417/08 - Rep. Nº 965/08

9) por el que se modifica el artículo 78.2 del Código General del Proceso, en referencia a la reglamentación de las notificaciones electrónicas aprobadas por la Suprema Corte de Justicia, en el marco del plan de modernización y fortalecimiento del sistema judicial.

Carp. Nº 1420/08 - Rep. Nº 971/08

10) por el que se le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A.

Carp. Nº 1416/08 - Rep. Nº 968/08

11) por el que se le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa DAROK S.A.

Carp. Nº 1418/08 - Rep. Nº 967/08

12) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Hospital Pasteur. (Plazo constitucional vence el 10 de febrero de 2009)

Carp. Nº 1385/08- Rep. Nº 953/08

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Hospital Pereyra Rossell. (Plazo constitucional vence el 18 de febrero de 2009).

Carp. Nº 1396/08- Rep. Nº 969/08

- una funcionaria de la Presidencia de la República. (Plazo constitucional vence el 3 de marzo de 2009).

Carp. Nº 1406/08- Rep. Nº 970/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Antognazza, Campanella, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Domínguez, Fernández Huidobro, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Larrañaga, Long, López, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Ramela, Tajam, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: el señor Presidente del SenadoRodolfo Nin Novoa en ejercicio de la Presidencia de la República y con licencia, los señores Senadores Alfie, Astori, Lara Gilene, Ríos, Saravia y Xavier; y, con aviso, el señor Senador Sanguinetti.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 9 y 47 minutos)

- El Senado ha sido convocado para levantar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar los asuntos que figuran en el Orden del Día.

En primer lugar, se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota:)

-16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 48 minutos)

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Comisión de Hacienda eleva al Cuerpo los siguientes proyectos de ley:

- por el que se crea el Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

- por el que se dispone la adecuación de las cooperativas de profesionales de la salud a la normativa vigente para las cooperativas de trabajo.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos en la órbita del Poder Legislativo y se establecen normas para su funcionamiento.

- por el que se modifica el artículo 78.2 del Código General del Proceso, en referencia a la reglamentación de las notificaciones electrónicas aprobadas por la Suprema Corte de Justicia, en el marco del plan de modernización y fortalecimiento del sistema judicial.

- por el que se establece un régimen para el empadronamiento de vehículos automotores.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY"

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión extraordinaria del día 16 de diciembre de 2008 no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 16 de diciembre faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal y Moreira.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Con motivo de la licencia votada al señor Senador Saravia en el día de ayer, se comunica al Cuerpo que la señora Nora Castro y los señores Eduardo Muguruza, Saúl Posada, Carlos Gamou y Luis Rosadilla han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria, quedando convocado el señor Juan José Domínguez.

Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia para los días 18 y 29 de diciembre".

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 16 de diciembre de 2008.

Sr. Presidente de la Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración.

Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia para los días 18 y 29 de diciembre por motivos personales.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente,

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 16. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que el señor Jorge Romero ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria al Cuerpo. Por tanto, queda convocado el señor Campanella.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia por el día de la fecha".

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día de la fecha. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Carlos Baráibar y Enrique Pintado han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria, quedando convocado el señor Milton Antognazza.

7) PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EN EL AREA DE LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA IGUALDAD RACIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el área de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial, firmado en Brasilia, el 29 de agosto de 2006. (Carp. Nº 1246/08 - Rep. Nº 962/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1246/08

Rep. N° 962/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el Area de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial, suscrito en la ciudad de Brasilia, el 29 de agosto de 2006.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de agosto de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 12 de abril de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto en los ar-tículos 85 numeral 7 y 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el cual se aprueba el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el Area de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial, suscrito en la ciudad de Brasilia, el día 29 de agosto de 2006.

El presente instrumento internacional es fruto de un amplio proceso de maduración por el que se refuerzan los lazos de amistad entre ambos países a través de las especificidades históricas, sociales, económicas, educativas y culturales.

Es así que el Protocolo constituye el instrumento adecuado que posibilita la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial. A través de él, ambos Estados reconocen que esta lucha es un imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana y es fundamental para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales, el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico y social de los pueblos.

A estos efectos, las Partes se comprometen a coordinar esfuerzos para alcanzar soluciones a los desafíos señalados por la Conferencia Regional de las Américas sobre Avances y Desafíos del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas conexas de la Intolerancia, que tuvo lugar en la ciudad de Brasilia, entre los días 26 y 28 de julio de 2006.

Para cumplir este objetivo, las Partes se obligan a prestarse mutua cooperación en estas áreas, en diferentes niveles y modalidades, especialmente por los medios indicados en los literales a) a k) del artículo 1, señalándose, a vía de ejemplo, el establecimiento de una agenda de trabajo para el desarrollo de acciones de cooperación y actividades sobre cuestiones de interés común: el intercambio entre las diferentes estructuras de estudios e investigación nacionales, regionales y locales relacionadas con cuestiones raciales, historiografía, cultura, identidades negra e indígena; el intercambio de investigadores para el desarrollo de temas de investigación y el intercambio de información y oferta de documentos y soportes para la divulgación de las actividades de las instituciones vinculadas a la promoción de los derechos humanos y la inclusión social.

El artículo 2 señala los órganos coordinadores de las acciones emprendidas en el ámbito del Protocolo. En la República, dicha responsabilidad le corresponde a las respectivas Direcciones de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los programas, proyectos y actividades identificados, así como los informes atinentes a los mismos, deberán ser objeto de análisis por los responsables de la cooperación en cada una de las Partes (artículo 3).

A fin de implementar los mencionados programas, proyectos y actividades de cooperación, las Partes podrán establecer asociaciones con instituciones del sector público, organismos e instituciones nacionales e internacionales, así como con asociaciones y organizaciones no gubernamentales (artículo 4).

Según lo dispuesto en el artículo 5, las Partes evaluarán la ejecución del Protocolo anualmente e intercambiarán informes semestrales sobre las actividades identificadas en los programas y proyectos ya aprobados.

Finalmente, las Partes se comprometen a buscar recursos financieros nacionales e internacionales, así como a identificar nuevas fuentes de recursos para la realización de las acciones derivadas del Protocolo (artículo 6).

En virtud de las razones antes expuestas y en el entendido de que la lucha contra la discriminación y promoción de la igualdad racial consolida la democracia y la justicia social y que el respeto mutuo entre los pueblos y las culturas es indispensable para la paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional, el Poder Ejecutivo estima de suma importancia la aprobación del presente Protocolo, por lo que se solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 12 de abril de 2007.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el Area de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial, suscrito en la ciudad de Brasilia, el día 29 de agosto de 2006.

Reinaldo Gargano, Jorge Brovetto.

PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL EN EL AREA DE LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA IGUALDAD RACIAL

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay

Y

El Gobierno de la República Federativa del Brasil

(en adelante denominados las "Partes")

Reconociendo los lazos de amistad que unen a los dos países y haciendo énfasis en sus especificidades históricas, sociales, económicas, educacionales y culturales;

Conscientes de la necesidad de ejecutar programas que contribuyan efectivamente al desarrollo económico y social de ambos países;

Determinados a desarrollar y profundizar las relaciones de cooperación en el campo de los derechos sociales, de la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial;

Convencidos que los proyectos y actividades identificados resultarán en significativos beneficios a las políticas sectoriales de ambos países, además de contribuir al fortalecimiento institucional y revertirse de un carácter multiplicador;

Conscientes de que la cooperación en el área de la lucha contra el racismo y la promoción de la igualdad racial representa especial interés para las Partes; y

Reconociendo a la cooperación como un importante instrumento para la promoción de los derechos humanos, en especial en lo que atañe a la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial,

Acuerdan:

ARTICULO I

Las Partes se comprometen, en régimen de reciprocidad y previa solicitud de una de ellas, a prestarse mutua cooperación en el área de la lucha contra la discriminación y la promoción racial, en diferentes niveles y modalidades, especialmente por medio de:

a) establecimiento de una agenda de trabajo para el desarrollo de acciones de cooperación y actividades sobre cuestiones de interés común a los dos países, propendiendo a la comprensión del proceso histórico africano y sus relaciones con la formación de los Estados y sociedades de Uruguay y Brasil,

b) intercambio entre las diferentes estructuras de estudios e investigación nacionales, regionales y locales relacionadas con las cuestiones raciales, historiografía, cultura, identidades negra e indígena y los nuevos desafíos que impone la globalización;

c) adopción de una estrategia que permita, en la medida de lo posible y en consonancia con las respectivas capacidades y recursos institucionales, realizar seminarios, capacitaciones, entrenamientos, intercambio de experiencias y de conocimientos, además del intercambio de informaciones referentes a la implementación de políticas públicas relativas a temas comunes a los países en materia de lucha contra la discriminación y promoción de la igualdad racial;

d) intercambio de investigadores para el desarrollo de temas de investigación en cuestiones de interés común de los dos países relativas a la lucha contra la discriminación y promoción de la igualdad racial;

e) monitoreo y evaluación de las legislaciones referidas a la lucha contra la discriminación y al acceso a la justicia;

f) análisis comparativo de las diferentes visiones de la historia contemporánea africana y de la diáspora, de los planes nacionales de lucha contra la discriminación y de los mecanismos institucionales creados para asegurar la ejecución de sus programas, así como para evaluar su impacto en la promoción de la igualdad;

g) monitoreo y evaluación del impacto socio-económico de las diferentes acciones y programas de combate a la discriminación y promoción de la igualdad racial en la formación, el empleo y los ingresos, además de la edición y difusión de los resultados comparativos de esas actividades;

h) intercambio entre las diferentes estructuras nacionales, regionales o locales, con la contribución de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción de los derechos humanos la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial;

i) publicación y difusión de los resultados comparativos de las actividades;

j) intercambio de información y oferta de manera regular de documentación y soportes para la divulgación de las actividades de las instituciones vinculadas a la promoción de los derechos humanos y la inclusión social; y

k) coordinación de esfuerzos para diseñar soluciones a los desafíos señalados por la Conferencia Regio-

nal de las Américas sobre Avances y Desafíos del Plan de Acción contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas conexas de Intolerancia, realizada en Brasilia días 26, 27 y 28 de julio de 2006.

ARTICULO 2

1. Los órganos coordinadores de las acciones emprendidas en el ámbito de este Protocolo serán:

a) por la República Federativa del Brasil, la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la Presidencia de la República (SEPPIR) y el Departamento de Derechos Humanos y Temas So-ciales del Ministerio de Relaciones Exteriores (DHS/MRE); y

b) por la República Oriental del Uruguay, la Dirección de Derechos Humano del Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

2. La ejecución de los programas, proyectos y actividades en la República Federativa del Brasil será responsabilidad de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la Presidencia de la República (SEPPIR).

ARTICULO 3

Los programas, proyectos y actividades identificados, así como los informes atinentes a los mismos, deberán ser objeto de análisis por los órganos responsables de la cooperación de ambas Partes.

ARTICULO 4

1. Para la implementación de los programas, proyectos y actividades de cooperación, referentes a la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial originados en el ámbito de este Protocolo, las Partes podrán establecer asociaciones con instituciones del sector público, organismos e instituciones nacionales e internacionales, así como sus asociaciones y organizaciones no gubernamentales.

2. Las Partes deberán reunirse una vez por año, para evaluar la ejecución del presente Protocolo. En el período entre dichas reuniones, se intercambiarán informes semestrales sobre las actividades identificadas en los programas y proyectos ya aprobados.

ARTICULO 5

Los programas, proyectos y actividades de cooperación para el desarrollo instaurados en el contexto del presente Protocolo, estarán sujetos a las leyes y reglamentos aplicables tanto en la República Oriental del Uruguay como en la República Federativa del Brasil.

ARTICULO 6

Para que puedan realizarse las acciones derivadas de este Protocolo, las Partes se compromenten a buscar recursos financieros nacionales e internacionales, así como a identificar nuevas fuentes de recursos.

ARTICULO 7

El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de su firma.

ARTICULO 8

El presente Protocolo tendrá una vigencia de cinco (5) años, renovable automáticamente por períodos similares, salvo que una de las Partes notifique a la otra, por vía diplomática, con una anticipación mínima de seis (6) meses a la fecha de terminación, su intención de denunciarlo, sin perjuicio de las actividades en curso.

Hecho en la ciudad de Brasilia, el veintinueve de agosto de 2006, en dos ejemplares originales, en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EN EL AREA DE LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA IGUALDAD RACIAL, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE BRASILIA, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2006

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo, con fecha 12 de abril de 2007, de conformidad con los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, envió el Proyecto de Ley por el cual solicita la aprobación del Protocolo de intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el área de la lucha contra la discriminación y promoción de la igualdad racial, suscrito en la Ciudad de Brasilia, el día 29 de agosto de 2006.

El Protocolo consta de un Preámbulo y ocho (8) Artículos.

En el Preámbulo se destaca la amistad que une a ambos países, la intención de ejecutar programas conjuntos para el desarrollo económico y social y de cooperar en el campo de los derechos sociales, de la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial, en tanto constituyen pilares básicos para el fortalecimiento institucional.

En razón a lo anterior, las Partes acuerdan:

Artículo 1°.- prestarse mutua cooperación en área de la lucha contra la discriminación y la promoción racial,

a) estableciendo una agenda de trabajo común para comprensión de los procesos históricos africanos y su relación con la formación de los Estados de las Partes

b) intercambiando estudios e investigaciones

c) adoptando estrategias que permitan seminarios, capacitaciones, entrenamientos e intercambios de experiencias y conocimientos

d) intercambiando investigadores

e) monitoreando y evaluando legislaciones sobre la materia

f) analizando comparativamente las diferentes visiones de la historia africana y de la diáspora

g) monitoreando y evaluando los impactos socio económicos de las acciones y programas desarrollados

h) intercambiando experiencias entre las diferentes estructuras nacionales, regionales o locales de la sociedad civil

i) publicando y difundiendo los resultados comparativos de las actividades

j) intercambiando documentación y soportes de divulgación de actividades y

k) coordinando esfuerzos para diseñar soluciones a los desafíos señalados por la Conferencia Regional de las Américas realizada en Brasilia en julio de 2006.

Artículo 2°:

1. Los órganos coordinadores serán:

a) la Secretaria Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la Presidencia de la República y el Departamento de Derechos Humanos y Temas Sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores en la República Federativa del Brasil; y

b) la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores en la República Oriental del Uruguay.

2. En la República Federativa del Brasil la responsabilidad de la ejecución será de la Secretaria Especial de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial de la Presidencia de la República.

Artículo 3°: los programas, proyectos y actividades así como los informes serán objeto de análisis de los órganos responsables.

Artículo 4°:

1. para la implementación de programas, proyectos y actividades de cooperación las Partes se podrán asociar con instituciones públicas y con organizaciones no gubernamentales.

2. las Partes se reunirán una vez por año, para evaluar la ejecución del Protocolo y semestralmente se intercambiaran informes.

Artículo 5°: las actividades desarrolladas estarán sujetas a las leyes y reglamentos aplicables en cada una de las Partes.

Artículo 6°: buscar recursos financieros nacionales e internacionales para el desarrollo de las actividades acordadas.

Artículo 7°: el Protocolo entrará en vigencia en la fecha de su firma.

Artículo 8°: la vigencia será de cinco (5) años, renovables automáticamente por iguales períodos, salvo denuncia por vía diplomática de cualquiera de las partes con seis (6) meses de anticipación a la fecha de terminación.

En mi opinión los esfuerzos y la cooperación que el presente Protocolo establece entre ambos países, en la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad racial es sustancial para la consolidación de la democracia y la justicia social e indispensable para la prevención de la paz y la seguridad.

En virtud de lo expuesto aconsejo a esta Comisión dar su voto afirmativo al Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Protocolo remitido por el Poder Ejecutivo el 12 de Abril de 2007.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2008.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Danilo Astori, Juan José Bentancor, Alberto Couriel, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA N° 99

En Montevideo, el día once de diciembre de dos mil ocho, a la hora diecisiete y cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Danilo Astori, Juan José Bentancor, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu y Jorge Larrañaga.

Preside el señor Senador Rafael Michelini, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión, y el señor Jorge Fernández Rossi, Prosecretario.

ASUNTOS TRATADOS:

- Carpeta N° 1237/2008. ACUERDO ENTRE LA REPU-BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA PORTUGUESA SOBRE COOPERACION ECONOMICA. Men-saje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (Distribuido N° 2726/2008).

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini quien lo hará en forma escrita.

- Carpeta N° 1246/2008. PROTOCOLO DE INTENCIONES SOBRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, EN EL AREA DE LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA IGUALDAD RACIAL. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido N° 2742/2008).

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Reinaldo Gargano quien lo hará en forma escrita.

- Carpeta N° 1319/2008. ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA DE MOZAMBIQUE Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido N° 2785/2008).

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu quien lo hará en forma escrita.

A la hora diecisiete y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman los señores Presidente y Secretario de Comisión.

Rafael Michelini Presidente

Vladimir De Bellis Martínez Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: como las señoras Senadoras y los señores Senadores habrán observado, este es un Acuerdo con la República Federativa del Brasil, en el área de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial. Se trata de un Protocolo marco que establece distintos aspectos en los que se puede colaborar y las pautas a través de las cuales se va a luchar contra la discriminación racial que se entiende que persiste en nuestros países, con mayor o menor acentuación, y que provoca situaciones de exclusión para quienes son objeto de esta situación.

En la medida en que estamos ante una posición de principios del Uruguay, fijada por la Constitución de la República, en el sentido de que todos los ciudadanos son iguales y poseedores de los mismos derechos, proponemos que se apruebe este Protocolo -esperamos que sea por unanimidad-, que va a ser articulado a través de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el Área de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial, suscrito en la ciudad de Brasilia, el día 29 de agosto de 2006".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

8) ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA DE MOZAMBIQUE Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo, el 4 de octubre de 2007. (Carp. Nº 1319/08 - Rep. Nº 963/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1319/08

Rep. N° 963/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 4 de octubre de 2007.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 16 de setiembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 11 de febrero de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, en fecha 4 de octubre de 2007.

El Acuerdo consta de un Preámbulo y nueve Artículos.

ANTECEDENTES

La República de Mozambique, se encuentra situada al sudeste de Africa, a orillas del océano Indico. Limita al norte con Tanzania y Malawi, al noroeste con Zambia, al oeste con Zimbabwe, al suroeste con Swazilandia, al sur y al suroeste con Sudáfrica y al este con el océano Indico. Es miembro de Comunidad de Países de Lengua Portuguesa y de la Mancomunidad Británica de Naciones.

Fue colonizada por Portugal desde el siglo XVI. En la década del 60 se inició una guerra de guerrillas contra la metrópoli colonial al negarse ésta a conceder la independencia. En 1975 la minoría portuguesa regresó a su país, iniciándose una guerra civil entre el FREMLIMO, por entonces de orientación marxista, que alcanzó el poder, y la RENAMO, apoyada por Sudáfrica. La guerra terminó en 1992.

En 1990, fue aprobada una nueva constitución que transformó el estado en una democracia multipartidista. La FRELIMO permanece en el poder hasta hoy, habiendo ganado tres veces las elecciones multipartidistas realizadas en 1994, 1999 y 2004. La RENAMO es el principal partido de la oposición.

La economía del País radica principalmente en el sector agropecuario y es productora de gas natural, carbón, titanio, grafito, etc.

Su área es aproximadamente de 800 mil kilómetros cuadrados, habitados por 21 millones de personas.

Nuestro País está decidido a ampliar sus contactos culturales, comerciales y sociales, a Estados ubicados en las nuevas áreas geopolíticas del mundo.

Africa no puede estar alejada de la nueva estrategia y por ende se ha iniciado un proceso de acercamiento a los noveles Estados emergentes de las viejas colonias europeas, que se plasma en la concreción de Acuerdos similares al presente.

Este tipo de Acuerdos, de carácter general, se verán reforzados por futuros Tratados en áreas más específicas de trabajo.

Por ello es que se contemplan múltiples campos de acción, tales como la Agricultura, la Ganadería, la Educación, el Comercio, las Inversiones, lo Social y lo Cultural. Esta lista no es taxativa, sino que queda abierta a la exploración en otros sectores que las Partes acuerdan acordar por mutuo interés.

TEXTO

En el Preámbulo, entre otras consideraciones, se reafirma la voluntad común de trabajar para alcanzar los objetivos e ideales de cooperación Sur-Sur, en particular, la cooperación técnica entre países en vías de desarrollo.

En el Artículo 1 se establece el objeto del Acuerdo.

Las áreas de cooperación se detallan en el Artículo 2.

En el Artículo 3 se establece la adopción de instrumentos jurídicos complementarios. Y el ámbito de acción se detalla en el Artículo 4.

Por lo dispuesto en el Artículo 5, se crea una Comisión Mixta de Cooperación, cuyo cometido es el seguimiento del cumplimiento del Acuerdo.

El Artículo 6 prevé la solución de diferencias de la interpretación del Acuerdo.

Se contempla que el Acuerdo pueda ser enmendado (Artículo 7), y se establece su entrada en vigor (Artículo 8).

El Acuerdo tendrá una vigencia de cinco (5) años a partir de la fecha de su entrada en vigor y será renovable por iguales y sucesivos períodos. Asimismo puede ser denunciado por cualquiera de las Partes. (Artículo 9).

En atención a lo expuesto y reiterando la convivencia de la suscripción de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Ernesto Agazzi, Felipe Michelini, Ana Olivera.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 11 de febrero de 2008.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase el Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, en fecha 4 de octubre de 2007.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Ernesto Agazzi, Felipe Michelini, Ana Olivera.

ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA DE MOZAMBIQUE

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Mozambique, en adelante "las Partes",

Considerando los lazos de solidaridad y amistad existentes entre ambos países,

Deseando promover la cooperación entre ambos países en los sectores de agricultura, comercio, educación así como en el área social y cultural,

Reafirmando la voluntad común de trabajar para alcanzar los objetivos e ideales de cooperación Sur-Sur, en particular, la cooperación técnica entre países en vías de desarrollo,

Considerando que la lucha contra la pobreza es universal, permanente y requiere de acciones específicas dirigidas a grupos bien determinados,

Convencidos de las ventajas recíprocas para la consolidación de la cooperación bilateral Mozambique-Uruguay,

Acuerdan lo siguiente:

Artículo I

(Objeto)

Las partes acuerdan promover, desarrollar la cooperación entre los dos países, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, en las áreas contempladas en el presente Acuerdo.

Artículo II

(Areas de Cooperación)

La cooperación prevista en el presente Acuerdo se desarrollará en las siguientes áreas:

Agricultura

Ganadería

Educación

Comercio

Inversiones

Social

Cultural

Otras convenidas por las Partes.

Artículo III

(Protocolos)

A los efectos de llevar a cabo la cooperación prevista en el presente Acuerdo, las partes podrán adoptar instrumentos jurídicos complementarios, los que deberán contemplar los siguientes aspectos:

- objetivos a alcanzar

- agenda de trabajo

- obligaciones de cada una de las Partes

- financiamiento, y

- organismos o estructuras responsables de su ejecución.

Artículo IV

(Ambito)

Ambas Partes promoverán la cooperación entre instituciones, empresas públicas y privadas de los respectivos países, así como la participación de la sociedad civil, de conformidad con los respectivos ordenamientos jurídicos internos.

Artículo V

(Comisión Mixta)

1) Ambas Partes convienen en crear una Comisión Mixta de Cooperación cuyo cometido será el seguimiento del cumplimiento del presente Acuerdo.

2) La Comisión Mixta de Cooperación estará integrada por representantes de ambos Gobiernos y será presidida por los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países y se reunirá cada dos (2) años en forma alternativa en la República de Mozambique y en la República Oriental del Uruguay, en fecha a ser convenida por las partes.

3) La Comisión Mixta de Cooperación establecerá grupos de trabajo en los diferentes sectores de cooperación para determinar las relaciones de cooperación en cada una de las áreas.

Artículo VI

(Interpretación)

Cualquier diferencia entre las Partes que surja de la interpretación y aplicación del presente Acuerdo será resuelta en forma amistosa mediante negociaciones directas entre las Partes, por vía diplomática.

Artículo VII

(Enmiendas)

El presente Acuerdo podrá ser enmendado por mutuo consentimiento de las Partes a través del intercambio de Notas entre las Partes por vía diplomática.

Artículo VIII

(Entrada en vigor)

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que cada Parte notifigue a la otra, por escrito, por vía diplomática, que se ha dado cumplimiento a los requisitos constitucionales necesarios para su aplicación. La fecha de entrada en vigor será la correspondiente a la última notificación.

Artículo IX

(Vigencia, Denuncia y Terminación)

El presente Acuerdo estará vigente durante un período de cinco (5) años a partir de la fecha de su entrada en vigor y será renovable por iguales y sucesivos períodos, a menos que una de las partes manifieste la intención de denunciarlo, lo que deberá hacer por escrito, por vía diplomática, con una antelación de seis (6) meses a la fecha de terminación.

La denuncia tendrá efecto de (6) meses después de la fecha de notificación.

La denuncia no deberá afectar los proyectos en curso, salvo los casos en que ambas partes convengan lo contrario.

Hecho en Montevideo el cuatro de octubre de 2007, en dos ejemplares originales, en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA DE MOZAMBIQUE Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

INFORME

Al Senado,

El Poder Ejecutivo ha remitido a este Cuerpo un Proyecto de Ley solicitando la aprobación del Acuerdo General de Cooperación entre la República Oriental del Uruguay y la República de Mozambique, suscrito entre las Partes el día 4 de octubre de 2007.

La celebración de este Acuerdo de Cooperación responde, según el Mensaje del Poder Ejecutivo, a una política de relacionamiento cultural, comercial y social de nuestro país con Estados ubicados en las nuevas áreas geopolíticas del mundo.

En este entendido, tal como lo marca el Preámbulo del Acuerdo, se pretende a través del mismo reforzar la voluntad de trabajar para alcanzar los objetivos de la cooperación sur-sur, en particular la cooperación técnica entre países en vías de desarrollo.

Los Acuerdos de cooperación marco, como el presente, deberán en el futuro ser complementados con nuevos tratados en áreas específicas, para llevar adelante la cooperación pactada con acciones concretas que se determinarán.

El Acuerdo con la República de Mozambique sometido a consideración de este Cuerpo prevé que las Partes promuevan e intensifiquen la cooperación entre los dos países, sobre la base de los principios de igualdad, respeto mutuo de la soberanía y reciprocidad de ventajas, en las áreas contempladas en el presente Acuerdo (Artículo 1).

El artículo 2 determina cuáles son las áreas en las que se desarrollará la cooperación prevista, realizando la enumeración de las mismas.

El artículo 3 establece la forma que deberán revestir los instrumentos jurídicos complementarios que las Partes podrán adoptar para llevar adelante la cooperación, los que deberán contemplar aspectos tales como: los objetivos a alcanzar, la agenda de trabajo, las obligaciones de cada una de las Partes, el financiamiento de las acciones y los organismos o estructuras responsables de su ejecución.

La cooperación entre instituciones, empresas públicas y privadas, y la participación de la sociedad civil de los respectivos países, está prevista en el artículo 4, el que indica que la misma se llevará a cabo de conformidad con los respectivos ordenamientos jurídicos internos.

El artículo 5, por su parte, prevé la creación de una Comisión Mixta de Cooperación la que tendrá por cometidos el seguimiento del cumplimiento del presente Acuerdo. La Comisión estará presidida por los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos gobiernos, se reunirá cada dos años, y podrá establecer Grupos de Trabajo en los diferentes sectores o áreas de cooperación.

El artículo 6, incorrectamente intitulado bajo el rótulo "Interpretación", se refiere en puridad a la solución de las diferencia que pudieran surgir de la interpretación y aplicación del Acuerdo, la que será resuelta de forma amistosa mediante negociaciones directas entre las Partes, por la vía diplomática.

Los artículos finales contienen disposiciones habituales en materia de enmiendas, entrada en vigor, vigencia y denuncia de los tratados.

Al respecto, debe consignarse que en el presente Acuerdo se establece un período de vigencia de 5 años renovables por iguales y sucesivos períodos, a menos que una de las Partes manifieste la intención de denunciarlo, según el procedimiento allí establecido a tales efectos.

Por todo lo expuesto, y por considerarlo de interés para nuestro país, se recomienda la aprobación del Acuerdo que se informa.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2008.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Danilo Astori, Juan José Bentancor, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

El Miembro Informante es el señor Senador Abreu, que no se encuentra en Sala en este momento.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: el informe del señor Senador Abreu dice que la celebración de este Acuerdo de Cooperación responde, según el Mensaje del Poder Ejecutivo, a una política de relacionamiento cultural, comercial y social de nuestro país con Estados ubicados en las nuevas áreas geopolíticas del mundo.

El informe agrega que en este entendido, tal como lo marca el Preámbulo del Acuerdo, se pretende a través del mismo reforzar la voluntad de trabajar para alcanzar los objetivos de la cooperación sur-sur, en particular la cooperación técnica entre países en vías de desarrollo.

Luego se describen los contenidos de este Acuerdo marco. El texto determina cuáles son las áreas en las que está previsto desarrollar la relación y la forma que deben revestir los instrumentos jurídicos complementarios que las Partes podrán adoptar para llevar adelante la cooperación, los que deberán contemplar aspectos tales como: los objetivos a alcanzar, la agenda de trabajo, las obligaciones de cada una de las Partes, el financiamiento de las acciones y los organismos o estructuras responsables de su ejecución. Al respecto, se debe señalar que en el artículo 5 se establece la creación de una Comisión Mixta que debe reunirse cada dos años y que pueden establecer grupos de trabajo en los distintos sectores o áreas de cooperación. Finalmente, se dice que el Acuerdo tiene un período de vigencia de cinco años renovables por iguales y sucesivos períodos, a menos que una de las Partes manifieste la intención de denunciarlo, según el procedimiento allí establecido.

Es un Acuerdo General de Cooperación con un área -el Este de África- en la que el país tiene muy poca presencia y donde me parece conveniente desarrollar una política de cooperación con aquellos países que progresivamente van adquiriendo una incidencia cada vez mayor en la zona.

Por lo tanto propongo, al igual que toda la Comisión, que se apruebe este Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay, firmado en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 4 de octubre de 2007".

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

9) FONDO DE GARANTIA PARA LA REESTRUCTURACION DE PASIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se crea el Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Carp. Nº 1421/08 - Rep. Nº 973/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1421/08

Rep. N° 973/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Creación).- Créase el Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Fondo de Garantía IAMC), como un patrimonio de afectación independiente, destinado a garantizar el repago del financiamiento que obtengan aquellas instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, comprendidas en el artículo 11 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007, que se encuentren en situación de insolvencia o de grave dificultad económica, en los términos que determine la reglamentación, y presenten además planes de reestructuración que vuelvan viable a la institución.

También comprende a aquellas que, sin estar en situación de insolvencia o de grave dificultad económica, presenten planes de reestructuración de todo o parte de sus pasivos existentes al 30 de setiembre de 2008, de acuerdo a lo que determine la reglamentación.

Artículo 2°. (Administración).- El Fondo de Garantía IAMC será administrado y representado por el Ministerio de Economía y Finanzas y se integrará por recursos provenientes de Rentas Generales, por la suma de 64.000.000 UI (sesenta y cuatro millones de unidades indexadas) anuales y hasta alcanzar la suma máxima de 192.000.000 UI (ciento noventa y dos millones de unidades indexadas).

En caso de que los recursos comprendidos en el Fondo de Garantía IAMC deban aplicarse para hacer frente al pago del financiamiento obtenido por las instituciones que se acojan al régimen de esta ley, se realizarán nuevas transferencias de recursos de Rentas Generales por el monto máximo anual autorizado, hasta la cancelación total del financiamiento obtenido por las instituciones.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes en el Inciso 24, "Diversos Créditos".

Artículo 3°.- Compete a los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas la aprobación de los planes de reestructuración presentados por las instituciones comprendidas en el artículo 1° de la presente ley. La reglamentación establecerá los requisitos que deberán cumplir dichas instituciones para acogerse al presente régimen.

Cuando los planes de reestructuración de pasivos impliquen la utilización de fideicomisos o de otras estructuras jurídicas con autonomía patrimonial, dichas estructuras estarán sujetas al mismo régimen tributario aplicable a las instituciones de asistencia médica colectiva siempre que las mismas no presenten un régimen fiscal más favorable, en cuyo caso se aplicará este último. El antedicho tratamiento fiscal será de aplicación para aquellas estructuras que estén destinadas exclusivamente al financiamiento de las instituciones a que refiere la presente ley.

El Fondo de Garantía IAMC podrá ser igualmente aplicado a garantizar la asistencia financiera que obtengan las instituciones que hayan presentado planes de reestructuración para acogerse al régimen de la presente ley, durante el proceso de implementación de dichos planes.

Por el hecho de acogerse al régimen de la presente ley, la institución constituirá a favor del Fondo de Garantía IAMC las garantías reales o de otra especie que éste exija, a los efectos de contra garantizar la obligación que eventualmente deba cumplir el Fondo de Garantía IAMC, hasta la cancelación total del financiamiento obtenido por la institución.

Artículo 4°.- Las instituciones que, encontrándose en las situaciones previstas en el inciso primero del artículo 1° de la presente ley y habiéndose acogido al régimen de la misma, no logren viabilidad a juicio del Poder Ejecutivo, quedarán sometidas a las disposiciones de la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008, modificativas y concordantes.

Artículo 5°.- El Estado garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de las normas legales y reglamentarias que sustentan la creación del régimen previsto en la presente ley, el Fondo de Garantía IAMC y los contratos respectivos. La garantía se extinguirá simultáneamente con el cumplimiento total de los compromisos asumidos por las instituciones para la ejecución de los planes de reestructuración de pasivos aprobados.

Artículo 6°.- El Sindicato Médico del Uruguay podrá disponer la escisión de sus servicios asistenciales creando una institución de asistencia médica colectiva, con personería jurídica propia, sujeta a la autorización del Ministerio de Salud Pública. La institución de asistencia médica colectiva deberá adoptar alguna de las formas jurídicas admitidas por el Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, o cualquier otra modalidad de organización jurídica admitida actualmente o que resulte admitida por el futuro para constituir una institución de asistencia médica colectiva.

Los socios del Sindicado Médico del Uruguay tendrán derecho a participar como socios de la nueva institución de asistencia médica colectiva, sujeto al cumplimiento de los requisitos que establezca la resolución de escisión y al cumplimiento de la normativa vigente.

Dicha escisión implicará la transferencia a título universal de los bienes, derechos y obligaciones vinculados a la actividad asistencial del Sindicado Médico del Uruguay, que surjan del balance especial aprobado conjuntamente con la escisión, así como de todas las relaciones contractuales vinculadas con la misma actividad. Los ingresos de la nueva institución de asistencia médica colectiva que tengan causa en sus prestaciones asistenciales futuras no resultarán afectadas por negocios jurídicos o gravámenes que tengan causa anterior a la escisión.

El Sindicado Médico del Uruguay y la institución de asistencia médica colectiva serán solidariamente responsables por todos los créditos anteriores a la fecha del acto de escisión, resulten o no del balance especial, sin perjuicio de la asignación que éstos realicen en su relación institucional y de los acuerdos celebrados al respecto con los acreedores.

A los efectos de la publicidad ante terceros, el testimonio de la resolución de escisión se inscribirá ante los Registros públicos que correspondan, según la naturaleza de los bienes, derechos y obligaciones transferidos como universalidad, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

La creación de la institución de asistencia médica colectiva y la transferencia a título universal de los bienes, derechos, habilitaciones y obligaciones vinculados a la actividad asistencial del Sindicado Médico del Uruguay estarán exonerados de toda clase de tributos, aun los establecidos por leyes especiales.

Artículo 7°.- La resolución de escisión del Sindicato Médico del Uruguay podrá incluir la incorporación a la institución de asistencia médica colectiva que se constituya, de los activos o de otras entidades pertenecientes al Sindicado Médico del Uruguay. Dicha incorporación se regirá, en lo pertinente, por las normas, procedimientos y beneficios establecidos en el artículo precedente. En el caso de instituciones de emergencia móvil, dicha incorporación no implicará modificación alguna en el régimen legal aplicable en materia de prestaciones de asistencia, contratación de usuarios y percepción de ingresos correspondientes a su régimen anterior.

Artículo 8°.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de diciembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 3 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley por el que se crea un Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivo de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva ("Fondo de Garantía IAMC") el que será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El Fondo que se crea se integrará con recursos provenientes de Rentas Generales.

Su destino es garantizar el repago del financiamiento que obtengan aquellas instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, comprendidas en el artículo 11 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007, que se encuentren en situación de insolvencia o de grave dificultad económica, en los términos que determine la reglamentación y presenten además planes de reestructuración que vuelvan viable a la institución. También comprende a aquellas que, sin estar en situación de insolvencia o de grave dificultad económica, presenten planes de reestructuración aprobados por el Ministerio de Salud Pública, de todo o parte de sus pasivos existentes a la fecha de promulgación de la presente ley.

Para que una institución de Asistencia Médica Colectiva acceda a los beneficios que otorga el Fondo que se crea deberá constituir a su favor las garantías reales o de otro tipo que los administradores del Fondo le requiera.

El Fondo de Garantía IAMC podrá ser utilizado además para garantizar las obligaciones asumidas por fideicomisos constituidos por estas u otras estructuras jurídicas con autonomía patrimonial y para garantizar los créditos que se otorguen mientras se implementan los planes de reestructuración para acogerse al régimen que se proyecta.

La garantía se extinguirá simultáneamente con el cumplimiento total de los compromisos asumidos por las instituciones para la ejecución de los planes de reestructuración de pasivos aprobados.

Las instituciones que, encontrándose en las situaciones previstas en el texto proyectado, y habiéndose acogido al régimen de la misma, no se tornen viables se regirán por las disposiciones de la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008, modificativas y concordantes.

El proyecto propone crear un sistema para que las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva puedan acceder a mecanismos de financiamiento, en donde no influya el riesgo de supervivencia de cada una de ellas y de esta forma puedan acceder a condiciones de plazos y tasas más ventajosas a las que actualmente acceden.

Se prevé la posibilidad que el Sindicado Médico del Uruguay pueda disponer la escisión de sus servicios asistenciales creando una institución de asistencia médica colectiva. Hasta el momento, la escisión solamente estaba prevista para las Sociedades Comerciales bajo el régimen de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, como toda creación de una Institución de Asistencia Médica Colectiva estará sujeta a la aprobación del Ministerio de Salud Pública.

Los socios del Sindicado Médico del Uruguay tendrán derecho a participar como socios de la nueva Institución de Asistencia Médica Colectiva.

Para simplificar la transferencia de activos se dispone que será una transferencia a título universal de los bienes, derechos y obligaciones.

Se prevé la solidaridad entre el Sindicado Médico del Uruguay y la nueva Institución de Asistencia Médica Colectiva por todos los créditos anteriores a la fecha del acto de escisión.

Asimismo se establece la exoneración de toda clase de tributos a la creación de la Institución de Asistencia Médica Colectiva y la transferencia a título universal de los bienes, derechos, habilitaciones y obligaciones vinculados a la actividad asistencial del Sindicado Médico del Uruguay.

Saludan al Señor Presidente con su mayor consideración,

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Alvaro García, María Julia Muñoz.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Créase el Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (Fondo de Garantía IAMC), como un patrimonio de afectación independiente, destinado a garantizar el repago del financiamiento que obtengan aquellas instituciones integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud, comprendidas en el artículo 11 de la Ley N° 18.211, de 5 de diciembre de 2007, que se encuentren en situación de insolvencia o de grave dificultad económica, en los términos que determine la reglamentación, y presenten además planes de reestructuración que vuelvan viable a la institución.

También comprende a aquellas que, sin estar en situación de insolvencia o de grave dificultad económica, presenten planes de reestructuración de todo o parte de sus pasivos existentes a la fecha de promulgación de la presente ley.

El Fondo de Garantía IAMC será administrado y representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y se integrará con recursos provenientes de Rentas Generales, por la suma de 64.000.000 de Unidades Indexadas (sesenta y cuatro millones de UI) anuales y hasta alcanzar la suma máxima de 192.000.000 Unidades Indexadas (ciento noventa y dos millones de UI).

En caso de que los recursos comprendidos en el Fondo de Garantía IAMC deban aplicarse para hacer frente al pago de financiamiento obtenido por las instituciones que se acojan al régimen de esta ley, se realizarán nuevas transferencias de recursos de Rentas Generales por el monto máximo anual autorizado, hasta la cancelación total del financiamiento obtenido por las instituciones.

La Contaduría General de la Nación habilitará los créditos correspondientes en el Inciso 24, "Diversos Créditos".

Artículo 2°.- Compete al Ministerio de Salud Pública, la aprobación de los planes de reestructuración presentados por las instituciones comprendidas en el párrafo anterior. La reglamentación establecerá los requisitos que deberán cumplir dichas instituciones para acogerse al presente régimen.

Cuando los planes de reestructuración de pasivos impliquen la utilización de fideicomisos o de otras estructuras jurídicas con autonomía patrimonial, dichas estructuras estarán sujetas al mismo régimen tributario aplicable a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, siempre que las mismas no presenten un régimen fiscal más favorable, en cuyo caso se aplicará este último. El antedicho tratamiento fiscal será de aplicación para aquellas estructuras que estén destinadas exclusivamente al financiamiento de las instituciones a que refiere la presente ley.

El Fondo de Garantía IAMC podrá ser igualmente aplicado a garantizar la asistencia financiera que obtengan las instituciones que hayan presentado planes de reestructuración para acogerse al régimen de la presente ley, durante el proceso de implementación de dichos planes.

Por el hecho de acogerse al régimen de la presente ley, la institución constituirá a favor del Fondo de Garantía IAMC las garantías reales o de otra especie que éste exija, a los efectos de contra garantizar la obligación que eventualmente deba cumplir el Fondo de Garantía IAMC, hasta la cancelación total del financiamiento obtenido por la institución.

Artículo 3°.- Las instituciones que, encontrándose en las situaciones previstas en el párrafo primero del artículo uno de la presente ley, y habiéndose acogido al régimen de la misma, no logren tornarse viables quedarán sometidas a las disposiciones de la Ley N° 18.387, de 23 de octubre de 2008, modificativas y concordantes.

Artículo 4°.- El Estado garantiza bajo su responsabilidad la estabilidad de las normas legales y reglamentarias que sustentan la creación del régimen previsto en la presente ley, el Fondo de Garantía IAMC y los contratos respectivos. La garantía se extinguirá simultáneamente con el cumplimiento total de los compromisos asumidos por las instituciones para la ejecución de los planes de reestructuración de pasivos aprobados.

Artículo 5°.- El Sindicado Médico del Uruguay podrá disponer la escisión de sus servicios asistenciales creando una Institución de Asistencia Médica Colectiva, con personería jurídica propia, sujeta a la autorización del Ministerio de Salud Pública. La Institución de Asistencia Médica Colectiva deberá adoptar alguna de las formas jurídicas admitidas por el Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, o cualquier otra modalidad de organización jurídica admitida actualmente o que resulte admitida en el futuro para constituir una Institución de Asistencia Médica Colectiva.

Los socios del Sindicado Médico del Uruguay tendrán derecho a participar como socios de la nueva institución de Asistencia Médica Colectiva, sujeto al cumplimiento de los requisitos que establezca la resolución de escisión y al cumplimiento de la normativa vigente.

Dicha escisión implicará la transferencia a título universal de los bienes, derechos y obligaciones vinculados a la actividad asistencial del Sindicado Médico del Uruguay, que surjan del balance especial aprobado conjuntamente con la escisión, así como de todas las relaciones contractuales vinculadas con la misma actividad. Los ingresos de la nueva institución de Asistencia Médica Colectiva que tengan causa en sus prestaciones asistenciales futuras no resultarán afectadas por negocios jurídicos o gravámenes que tengan causa anterior a la escisión.

El Sindicado Médico del Uruguay y la Institución de Asistencia Médica Colectiva serán solidariamente responsables por todos los créditos anteriores a la fecha del acto de escisión, resulten o no del balance especial, sin perjuicio de la asignación que estos realicen en su relación institucional y de los acuerdos celebrados al respecto con los acreedores.

A los efectos de la publicidad ante terceros, el testimonio de la resolución de escisión se inscribirá ante los Registros públicos que correspondan, según la naturaleza de los bienes, derechos y obligaciones transferidos como universalidad, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.

La creación de la Institución de Asistencia Médica Colectiva y la transferencia a título universal de los bienes, derechos, habilitaciones y obligaciones vinculados a la actividad asistencial del Sindicato Médico del Uruguay estarán exonerados de toda clase de tributos, aún los establecidos por leyes especiales.

Artículo 6°.- La resolución de escisión del Sindicato Médico del Uruguay podrá incluir la incorporación a la Institución de Asistencia Médica Colectiva que se constituya, de los activos o de otras entidades pertenecientes al Sindicato Médico del Uruguay. Dicha incorporación se regirá, en lo pertinente, por las normas, procedimientos y beneficios establecidos en el artículo precedente. En el caso de Instituciones de emergencia móvil, dicha incorporación no implicará modificación alguna en el régimen legal aplicable en materia de prestaciones de asistencia, contratación de usuarios y percepción de ingresos correspondientes a su régimen anterior.

Alvaro García, María Julia Muñoz.

DECRETO-LEY N° 15.181,

de 21 de agosto de 1981

Artículo 1°.- El Estado establecerá una cobertura de atención médica para todos los habitantes de la República como esencial componente de la seguridad social, a través de organismos públicos y privados.

El Ministerio de Salud Pública deberá asegurar la normalidad de las prestaciones asistenciales.

Artículo 2°.- La asistencia médica solamente podrá ser prestada en el ámbito de sus competencias específicas por médicos, odontólogos y obstétricas con título otorgado o revalidado por la Universidad de la República, o bajo la dirección y responsabilidad de dichos profesionales, conforme a las normas de esta ley y las demás que tutelan la salud pública.

Artículo 3°.- La asistencia médica podrá ser brindada en forma privada, ya sea particular o colectiva, y en forma pública a través de los organismos respectivos:

A) Se entiende por asistencia médica privada particular la que brindan a sus pacientes los profesionales mencionados en el artículo 2° actuando individualmente, en equipo o a través de entidades. Esta forma de asistencia puede ser parcial o total y abarcar todos los aspectos técnicamente posibles y se regulará por los acuerdos que se celebren al respecto mediante el régimen de libre contratación. Los sanatorios y clínicas privados podrán ofrecer seguros individuales de internación, parciales o totales, en régimen de libre elección de asistencia profesional;

B) Se entiende por asistencia médica privada colectiva la que brinden a sus socios o afiliados las instituciones que se organicen y funcionen según las disposiciones de la presente ley;

C) Se entiende por asistencia médica prestada en forma pública, aquella que realizan las personas jurídicas públicas.

Artículo 4°.- Los profesionales, equipos o entidades que brindan asistencia médica privada particular podrán convenir con las instituciones de asistencia médica colectiva y con los organismos públicos, con conocimiento del Ministerio de Salud Pública, distintas prestaciones específicas a sus asociados, usuarios y beneficiarios en las condiciones técnico-administrativas y arancelarias que acuerden o que determinare en casos especiales dicho Ministerio.

Artículo 5°.- Sin perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales que trabajen en entidades de asistencia médica, éstas responderán por acciones u omisiones que violen las disposiciones legales y reglamentarias que regulan su actividad.

Artículo 6°.- Las instituciones privadas de asistencia médica colectiva serán de los siguientes tipos:

A) Asociaciones Asistenciales, las que inspiradas en los principios del mutualismo y mediante seguros mutuos otorguen a sus asociados asistencia médica y cuyo patrimonio esté afectado exclusivamente a ese fin;

B) Cooperativas de Profesionales las que proporcionen asistencia médica a sus afiliados y socios y en las que el capital social haya sido aportado por los profesionales que trabajen en ellas;

C) Servicios de Asistencia creados y financiados por empresas privadas o de economía mixta para prestar, sin fines de lucro, atención médica al personal de dichas empresas y eventualmente, a los familiares de aquél.

Artículo 7°.- Las instituciones de asistencia médica colectiva deberán suministrar a sus asociados, afiliados o usuarios, con prescindencia de los recursos económicos de éstos, los medios para la prestación de una cobertura de asistencia médica, de acuerdo a las pautas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud Pública.

Cuando las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) ofrezan coberturas parciales o lo podrán hacer en un número superior al diez por ciento del total de sus afiliados.

Los derechos y obligaciones de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), y de los asociados, afiliados o usuarios serán determinados por la reglamentación de la presente ley.

Artículo 8°.- Las instituciones de los tipos A) y B) deberán contar con un número mínimo de asociados o afiliados, con recursos suficientes de infraestructura, equipamiento y capacidad de hospitalización y destinar un porcentaje de sus ingresos a la creación y mantenimiento de un Fondo de Inversiones.

La reglamentación respectiva establecerá la dimensión de estos requisitos para el departamento de Montevideo y para los departamentos del interior del país.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar, en casos especiales debidamente justificados y por un plazo no mayor de dieciocho meses para la capital y de tres años para el interior, a partir de la publicación de la reglamentación de esta ley, el funcionamiento de instituciones que no reúnan dichas exigencias.

Artículo 9°.- Las entidades de asistencia médica colectiva que se creen a partir de la publicación de la presente ley deberán ajustar sus estatutos a las disposiciones del "Estatuto Tipo" que establezca el Poder Ejecutivo y sus registros contables a las normas que éste dicte; obtener la personería jurídica, registrarse en el Ministerio de Salud Pública y obtener de éste la autorización para funcionar acreditando haber cumplido todos los requisitos exigidos en esta ley.

Artículo 10.- Las instituciones de asistencia médica colectiva, además de los órganos de gobierno que les establezca el "Estatuto Tipo", deberán contar con un Director Técnico Médico como autoridad responsable ejecutiva en el plano técnico ante la institución y ante el Ministerio de Salud Pública.

Las instituciones del tipo A) y B) deberán contar además con un Consejo Técnico Asesor integrado por profesionales vinculados a la labor asistencial de las mismas.

Artículo 11.- El Ministerio de Salud Pública, a través de una Dirección con estos fines específicos ejercerá la inspección, fiscalización y control en los aspectos técnicos, administrativos, contables y técnico-laborales del funcionamiento de entidades de asistencia médica colectiva.

Artículo 12.- El Ministerio de Salud Pública de oficio, por recomendación de las autoridades competentes o a solicitud fundada de los asociados, afiliados, usuarios u órganos de gobierno de las entidades de asistencia médica colectiva en la forma y condiciones que establece esta ley y que determine la reglamentación respectiva, podrá:

A) Realizar o disponer investigaciones de los hechos que por su gravedad lo requieran, compulsar o retirar toda clase de documentos que se consideren necesarios y efectuar intimaciones bajo apercibimiento de las sanciones o medidas que correspondan;

B) Agotada la investigación, cuando medien graves irregularidades que pongan en riesgo el cumplimiento de los fines o la existencia de la institución, proponer al Poder Ejecutivo, mediante resolución fundada, la intervención de dichas entidades por un plazo de seis meses prorrogable por una vez por igual período. La intervención será a los efectos de investigar las causas, determinar las responsabilidades resultantes, dando intervención a la justicia ordinaria si se comprobare la comisión de delitos y promover la renovación parcial o total de autoridades debiendo en todos los casos, asegurar el cumplimiento del fin específico de la institución;

C) Disponer la aplicación de multas, la suspensión parcial o total de actividades, la que no podrá exceder de seis meses y la clausura definitiva de locales. Las sanciones financieras oscilarán entre N$ 2.000 (nuevos pesos dos mil) y N$ 200.000 (nuevos pesos doscientos mil); su graduación deberá hacerse por resolución fundada y de acuerdo con las circunstancias de cada caso y los montos serán actualizados según lo establecido en el artículo 99 del Código Tributario.

Artículo 13.- Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales y departamentales con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción del Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia, estarán exoneradas en todo caso.

Artículo 14.- Las instituciones de asistencia médica colectiva deberán recabar autorización del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud Pública, con fundamentos debidamente documentados, para:

A) Crear, clausurar, suspender, ceder, constituir derecho de uso a favor de otras entidades de asistencia o arrendar servicios de atención médica;

B) Adquirir, enajenar, arrendar o prendar equipos sanitarios;

C) Adquirir, enajenar o hipotecar bienes inmuebles y construir, reformar o ampliar plantas físicas para la atención médica.

Artículo 15.- Los asociados o afiliados de las instituciones de asistencia médica colectiva de los tipos A) y B) asegurarán su derecho a la asistencia médica básica, completa e igualitaria, mediante el pago de cuotas mensuales que se adecuen al costo del servicio.

La demanda y prestaciones de servicios se regularán en lo económico por el pago de tasas moderadoras y, cuando así lo resolviere el Poder Ejecutivo, por aranceles.

Entiéndese por cobertura de asistencia médica básica, completa e igualitaria, la que en lo asistencial, incluye la aplicación de las siguientes actividades fundamentales: medicina ginecotología, cirugía y pediatría, como asimismo, sus especialidades complementarias.

Artículo 16. Las entidades de asistencia médica colectiva del tipo C) podrán prestar, en forma sucesiva o simultánea desde su inicio, las siguientes coberturas:

1) Atención médica sanitaria.

2) Atención médica laboral, cubriendo entre ambas la prevención de los riesgos propios de su acti-vidad.

3) Asistencia médica básica completa e igualitaria a su personal y eventualmente a sus familiares.

Artículo 17.- Las instituciones de asistencia médica colectiva no podrán:

A) Mantener ningún tipo de dependencia con instituciones gremiales, políticas o similares;

B) Realizar afiliaciones de carácter vitalicio.

C) Utilizar cualquier tipo de intermediación lucrativa en la obtención de nuevos socios o afiliados.

Notas: Literal b) redacción dada por: Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 artículo 357.

Artículo 18.- Los servicios de atención médica a cargo de organismos públicos y personas de derecho público no estatales existentes o a crearse, adecuarán su actuación con el Ministerio de Salud Pública, ajustándose en lo técnico a las normas que éste dicte.

Además de las prestaciones que actualmente brindan a sus beneficiarios, deberán incluir los servicios indicados en el artículo 16, numerales 1 y 2, cubriendo así la prevención de los riesgos propios de su actividad y cuando corresponda, la rehabilitación de sus beneficiarios.

Dichos organismos podrán contratar y coordinar servicios sanitarios y asistenciales con instituciones de asistencia médica colectiva de tipos A) y B) y con el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 19.- A los efectos del cumplimiento de la presente ley dentro de los dieciocho meses de la publicación de su reglamentación, las instituciones de asistencia médica colectiva existentes deberán, cuando corresponda, fusionarse o transformar su tipo y en todos los casos, reformar sus estatutos de acuerdo con las normas del "Estatuto Tipo", adicionar a su nombre o denominación la tipificación que corresponda y ajustar sus registros contables a las normas que dicte el Poder Ejecutivo. Las fusiones se realizarán bajo el régimen de trasmisión de patrimonio a título universal.

Las fusiones, transformaciones y reformas de estatutos que se cumplan dentro de dicho plazo, estarán exoneradas del pago de toda clase de tributos y exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 473 del Código de Comercio.

Artículo 20.- Cuando una institución de asistencia médica colectiva quedare disuelta y existiere la previsión estatutaria de que, en caso de disolución, sus bienes pasaren a instituciones públicas asistenciales, el Poder Ejecutivo queda facultado para afectar el uso y destino de dichos bienes en el modo que estime más conveniente para asegurar la continuidad y regularidad de la asistencia a los asociados o usuarios en la prosecución de los fines asistenciales para los cuales la institución había sido creada.

Artículo 21.- En todos los casos de transformación de tipo, fusión, tramitación de personería jurídica y modi-ficación de estatutos de las entidades de asistencia mé-

dica colectiva, deberá ser oído el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 22.- Deróganse el Decreto-Ley N° 10.384, de 13 de febrero de 1943 y la Ley N° 14.164, de 7 de marzo de 1974. todos los convenios colectivos de trabajo, suscritos por las instituciones de asistencia médica colectiva, que estuvieron vigentes, quedarán sin efecto a partir de la publicación de la reglamentación de la presente ley.

Artículo 23.- Comuníquese, etc.

LEY N° 18.387,

de 23 de octubre de 2008

DECLARACION JUDICIAL DEL CONCURSO Y REORGANIZACION EMPRESARIAL

NORMAS

TITULO I

DECLARACION JUDICIAL DE CONCURSO

CAPITULO I

PRESUPUESTOS DEL CONCURSO

Artículo 1°. (Presupuesto objetivo).- La declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia.

Se considera en estado de insolvencia, independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones.

Artículo 2°. (Presupuesto subjetivo).- La declaración judicial de concurso procederá respecto de cualquier deudor, persona física que realice actividad empresaria o persona jurídica civil o comercial.

Se considera actividad empresaria a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios.

Se encuentran excluidos del régimen de esta ley el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, los Gobiernos Departamentales y las entidades de intermediación financiera, en este último caso con excepción de las normas relativas a la calificación del concurso, contenidas en el Título IX.

En el caso de los deudores domiciliados en el extranjero, se aplicará lo dispuesto en el Título XIII de esta ley. Las personas físicas no comprendidas en la presente ley se seguirán regulando por el Título VII del Libro II del Código General del Proceso (Concurso civil) y normas concordantes.

Artículo 3°. (Concurso de la herencia).- Procederá el concurso de la herencia del deudor fallecido, en los siguientes casos:

1) Cuando la herencia hubiera sido aceptada a beneficio de inventario.

2) Cuando, declarado en concurso del deudor, éste hubiera fallecido durante la tramitación del mismo. En este caso, el concurso del deudor continuará de pleno derecho como concurso de la herencia, sin retrotraer las actuaciones.

Artículo 4°. (Presunciones relativas de insolvencia).- El estado de insolvencia del deudor se presume en los siguientes casos:

1) Cuando exista un pasivo superior al activo, determinados de acuerdo con normas contables adecuadas.

2) Cuando existan dos o más embargos por demandas ejecutivas o por ejecuciones contra el deudor por un monto superior a la mitad del valor de sus activos susceptibles de ejecución.

3) Cuando existan una o más obligaciones del deudor, que hubieran vencido hace más de tres meses.

4) Cuando el deudor hubiera omitido el pago de sus obligaciones tributarias por más de un año.

5) Cuando exista cierre permanente de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolla su actividad.

6) Cuando el Banco Central del Uruguay hubiera dispuesto la suspensión de una o más cuentas corrientes del deudor o la clausura de las cuentas corrientes del deudor en el sistema bancario.

7) Cuando, en el caso de acuerdo privado de reorganización, el deudor omita presentarse en plazo al Juzgado (artículo 220), no se inscriba el auto de admisión (artículo 223), se rechace, anule o incumpla el acuerdo.

Estas presunciones son relativas, admitiendo en todos los casos prueba en contrario, en los términos de la ley.

Artículo 5°. (Presunciones absolutas de insolvencia).- El estado de insolvencia del deudor se presume, en forma absoluta, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor solicite su propio concurso.

2) Cuando el deudor hubiera sido declarado en concurso, quiebra o cualquier otra forma de ejecución concursal por Juez competente del país donde el deudor tenga su domicilio principal.

3) Cuando el deudor hubiera realizado actos fraudulentos para la obtención de créditos o para sustraer bienes a la persecución de los acreedores.

4) Cuando exista ocultación o ausencia del deudor o de los administradores, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir con sus obligaciones.

Artículo 6°. (Legitimación para solicitar la declaración de concurso).- Pueden solicitar la declaración judicial de concurso:

1) El propio deudor. En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser realizada por sus órganos con facultades de representación o por apoderado con facultades expresas para la solicitud:

2) Cualquier acreedor, tenga o no su crédito vencido.

3) Cualquiera de los administradores o liquidadores de una persona jurídica, aun cuando carezcan de facultades de representación y los integrantes del órgano de control interno.

4) Los socios personalmente responsables de las deudas de las sociedades civiles y comerciales.

5) Los codeudores, fiadores o avalistas del deudor.

6) Las Bolsas de Valores y las instituciones gremiales de empresarios con personería jurídica.

7) En el caso de la herencia, podrá además pedirlo cualquier heredero, legatario o albacea.

Artículo 7°. (Solicitud de concurso por el deudor).- En el caso de solicitud de concurso por parte del deudor, además de cumplir con lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, deberá acompañar los siguientes documentos:

1) Memoria explicativa conteniendo la siguiente información relativa al deudor:

A) Historia económica y jurídica, indicando la actividad o actividades a las que se dedica o se dedicó en el pasado; las oficinas, establecimientos o explotaciones de las que fuera titular; así como las causas del estado en que se encuentra.

B) Si fuera una persona casada, se indicará el nombre del cónyuge, así como el régimen patrimonial del matrimonio.

C) Si fuera una persona jurídica, se indicará el nombre y domicilio de los socios, asociados o accionistas de los que tenga constancia, de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los miembros del órgano de control interno, así como si forma parte de un grupo de empresas, enumerando las entidades que estén integradas en el mismo.

2) Inventario de bienes y derechos de los que sea titular a la fecha de solicitud del concurso, con estimación de su valor, del lugar donde se encuentran los bienes y, en su caso, de los datos de identificación registral. Si alguno de los bienes se encontrara gravado por derechos reales o hubiera sido embargado se indicarán, según los casos, las características del gravamen y de su inscripción registral, si correspondiere, y el Juzgado actuante y las actuaciones en las cuales el embargo hubiera sido trabado.

3) Relación de los acreedores por orden alfabético, indicando su nombre, número de Registro Unico Tributario (RUT) o documento de identidad según corresponda, domicilio, monto y fecha de vencimiento de sus créditos, así como la existencia de garantías personales o reales, sobre bienes del deudor o de terceros. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se indicará la clase de reclamación, el Juzgado, los autos en que se tramita y el estado de los procedimientos.

4) Si el deudor estuviera obligado a llevar contabilidad, acompañará los estados contables que determine la reglamentación y, en su caso, la memoria del órgano de administración y el informe del órgano de control interno, correspondientes a los tres últimos ejercicios, si existieran. Los estados contables deberán ser acompañados de informe firmado por contador público o establecer expresamente la causa por la cual no fue posible obtener dicha firma. Si el deudor hubiera contratado auditoría externa de sus estados contables, acompañará igualmente los informes de auditoría correspondientes a los estados contables presentados. En caso de falta de presentación de cualquiera de estos recaudos, indicará la causa por la cual no puede aportarlos.

5) Si el deudor fuera una persona pública, testimonio de los estatutos o del contrato social y de sus modificaciones, así como de la autorización estatal y de la inscripción registral, si correspondiere.

6) En el caso de las personas jurídicas deberá acompañarse también testimonio notarial de la resolución del órgano de administración, aprobando la presentación. La solicitud de declaración judicial de concurso y los documentos mencionados en el presente artículo deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en la solicitud y en los documentos en que falte, indicando la causa.

En caso de omitirse la presentación de alguno de los recaudos establecidos precedentemente, el Juez la rechazará de plano, sin que esta decisión cause estado. La decisión judicial será apelable por el deudor con efecto suspensivo.

Artículo 8°. (Solicitud de concurso por otros legitimados).- Fuera de los casos de solicitud de la declaración de concurso por el propio deudor (numeral 1) del artículo 6°), los solicitantes, además de cumplir con lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, deberán aportar los elementos de juicio que acrediten la existencia de una presunción de insolvencia.

No podrá desistirse de la solicitud de declaración de concurso y los solicitantes del concurso serán respon-sables por los perjuicios causados al deudor por el carácter abusivo o por la falta de fundamento de la solicitud.

El Juez podrá exigirles la constitución de contracautela por los perjuicios que su solicitud pudiera causar, estando eximidos de esta obligación los acreedores laborales.

Artículo 9°. (Solicitudes conjuntas).- Dos o más deudores podrán presentar conjuntamente solicitudes de declaración judicial de concurso, adjuntando a la solicitud cada uno de ellos los documentos a que se refiere el artículo 7°. Cuando formen parte de un mismo grupo deberán presentar los estados contables referidos en el numeral 4) del artículo7° en forma consolidada.

El acreedor podrá promover la declaración judicial de concurso de varios de sus deudores, personas físicas o jurídicas, cuando se configuren respecto de todos los deudores presunciones de insolvencia y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1) Exista confusión entre los patrimonios de los deudores.

2) Cuando formen parte de un mismo grupo.

Artículo 10. (Obligación de solicitar el concurso).- El deudor tendrá la obligación de solicitar su propio concurso dentro de los treinta días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En el caso de las personas jurídicas, la obligación recae en cada uno de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno.

En el caso de las personas físicas o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, se presume absolutamente que dicho conocimiento se produjo en la fecha en que preparó o debió haber preparado estados contables.

Artículo 11. (Clases de concurso).- El concurso será voluntario cuando sea solicitado por el propio deudor, a condición de que no exista una solicitud de concurso previa, promovida por alguno de los restantes legitimados legalmente. El concurso será necesario en los restantes casos.

CAPITULO II

DECLARACION JUDICAIL DE CONCURSO

SECCION 1

JUEZ COMPETENTE

Artículo 12. (Competencia).- Los Juzgados de Concursos conocerán en primera instancia en todos los procedimientos concursales cuya competencia corresponda al departamento de Montevideo. También conocerán en los procedimientos concursales originados fuera del departamento de Montevideo cuyo pasivo sea superior a 35.000.000 UI (treinta y cinco millones de unidades indexadas).

En los demás procedimientos concursales fuera del departamento de Montevideo, serán competentes los Tribunales que determine la legislación procesal vigente.

El Tribunal que entienda en el concurso será también competente en las acciones sociales de reponsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades concursadas (artículos 83 y 393 y siguientes de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989).

En el caso de deudores del exterior, se aplicarán las disposiciones del artículo 239.

Artículo 13. (Competencia en caso de solicitudes conjuntas).- En caso de solicitudes conjuntas, las mismas se tramitarán ante la misma sede, en expedientes separados.

Artículo 14. (Domicilio procesal).- Todos los comparecientes en el procedimiento concursal deberán constituir domicilio dentro del radio del Juzgado. De no hacerlo se lo tendrá por constituido en los estrados.

SECCION 2

TRAMITE POSTERIOR A LA SOLICITUD

Artículo 15. (Concurso solicitado por el deudor).- Si el concurso es solicitado por el deudor, directamente o a través de sus representantes, el Juez se expedirá, sin más trámite, dentro de los dos días de presentada la solicitud.

Artículo 16. (Concurso solicitado por otros legitimados).- Si el concurso es solicitado por cualquiera de los restantes legitimados, el Juez procederá de la siguiente forma:

1) Dará traslado al deudor por el plazo que estime razonable, según la importancia y la complejidad del asunto, el cual no podrá exceder de diez días.

2) Si el deudor se allanara a la solicitud o no se opusiera dentro del término legal, el Juez decretará el concurso sin más trámite, en el plazo de dos días.

3) Si el deudor se opusiera a la solicitud, se sustanciará por el procedimiento de los incidentes.

4) El deudor deberá presentar con la oposición todos los documentos y elementos que le permitan probar su derecho.

5) En el caso de un deudor obligado a llevar libros, el mismo deberá presentar igualmente con la oposición sus libros y demás documentos contables. Si los elementos presentados por el deudor no fueran suficientes a juicio del Juez, éste podrá decretar una pericia contable, que deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles. El perito será designado por el Juez de la nómina de profesionales inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales.

6) Para el caso de hacerse lugar a la solicitud de concurso, los honorarios del perito serán un crédito de la masa. Para el caso de que no se haga lugar a la solicitud, los honorarios del perito serán de cargo del solicitante.

7) Presentada por el deudor la oposición o presentado el informe del perito, en su caso, el Juez convocará audiencia en un plazo máximo de cinco días.

8) Si el deudor no concurriera a la audiencia u obstaculizara en cualquier forma la indagatoria sobre la situación de insolvencia invocada, se declarará sin más trámite su concurso.

9) Dentro del plazo de cinco días de realizada la audiencia, el Juez decidirá sobre la declaración judicial de concurso.

Artículo 17. (Información relevante a juicio del Tribunal).- En todos los casos, en esta etapa del proceso o en ulteriores instancias, los acreedores podrán presentar o el Juez podrá solicitar informes para la mejor instrucción del proceso a las asociaciones representativas de acreedores. Dichos informes no generarán costos para la masa.

Artículo 18. (Medidas cautelares anteriores a la declaración del concurso).- En cualquier estado de los procedimientos antes de la declaración judicial de concurso, a pedido y bajo la responsabilidad del solicitante, el Juez podrá decretar medidas cautelares, tendientes a proteger la integridad del patrimonio del deudor. Estas medidas podrán consistir en el embargo preventivo de los bienes y derechos del deudor, en la intervención de sus negocios o en alguna otra adecuada a los fines perseguidos.

Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el concurso o desestimada la solicitud.

SECCION 3

SENTENCIA DE DECLARACION DE CONCURSO

Artículo 19. (Contenido de la sentencia).- La sentencia judicial que declare el concurso del deudor deberá contener:

1) Declaración de concurso del deudor.

2) Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, según corresponda.

3) Designación de síndico o interventor, según corresponda.

4) Convocatoria de la Junta de Acreedores a celebrarse dentro del plazo máximo de ciento ochenta días.

5) Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de

Actos Personales, Sección Interdicciones, y publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial.

En caso de solicitudes conjuntas de concurso (artículo 9°), el Juez designará en todos los procedimientos al mismo síndico o interventor.

Artículo 20. (Inscripción de la sentencia).- El Juzgado comunicará directamente al Registro la inscripción de la sentencia, dentro de las veinticuatro horas de dictada. El Registro la inscribirá de inmediato y el importe de la tasa registral tendrá el carácter de crédito de la masa.

No existiendo recursos suficientes disponibles para cubrir las tasas registrales para la presente inscripción en el Registro, así como de toda otra inscripción registral o solicitud de información del mismo tipo que prevea la presente ley, el Tribunal las ordenará de oficio sin cargo.

Artículo 21. (Publicación del extracto de la sentencia).- La publicación del extracto de la sentencia será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de dictada la misma. La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales lo publicará de inmediato y el costo de la publicación tendrá la calidad de crédito de la masa, las publicaciones del extracto de sentencia de que trata este artículo, así como toda otra publicación en el Diario Oficial de que trate la presente ley, deberá ser por el término de tres días.

En caso de que no existan recursos suficientes para la realización de cualquiera de las publicaciones que se deban realizar durante el concurso, el Tribunal ordenará la publicación sin costo en el Diario Oficial por igual término que en el inciso anterior, oficiando a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales.

Artículo 22. (Recursos contra la sentencia).- La sentencia que declare el concurso será apelable por el deudor o por cualquiera que tenga un interés legítimo, dentro del plazo de seis días de la última publicación. El recurso no tendrá efecto suspensivo.

CAPITULO III

MEDIDAS CAUTELARES POSTERIORES A LA DECLARACION DE CONCURSO

Artículo 23. (Medidas sobre la persona del deudor).- Conjuntamente con la sentencia de concurso o en cualquier momento posterior de los procedimientos, el Juez, actuando de oficio o a instancia de parte, podrá disponer alguna de las siguientes medidas cautelares:

1) Intervención de las comunicaciones del deudor relacionadas con la actividad profesional del giro. Aquellas de carácter privado y personal serán entregadas al titular destinatario.

2) Prohibición al deudor de cambiar de domicilio y/o de salir del país sin la previa autorización del Tribunal. En caso de personas jurídicas esta medida podrá ser dispuesta respecto de todos o de algunos de sus administradores o liquidadores.

Artículo 24. (Embargo preventivo de los bienes y derechos de administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno).- En caso de concurso necesario de las personas jurídicas, siempre que de un examen preliminar del estado patrimonial del deudor resulte que su activo no es suficiente para satisfacer su pasivo, conjuntamente con la sentencia o en cualquier momento posterior, el Juez dispondrá el embargo preventivo de los bienes de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno.

Artículo 25. (Embargo de personas vinculadas anteriormente).- El Juez, de manera fundada, también podrá trabar embargo sobre los bienes de ex administradores, ex liquidadores o ex integrantes del órgano de control interno, siempre que de un examen preliminar de los hechos surja que, durante el plazo de dos años anteriores a la declaración de concurso, conocieron el estado de insolvencia de la persona jurídica deudora.

Estos embargos se conservarán hasta la finalización de los procedimientos concursales, salvo que haya recaído una sentencia judicial sobre la responsabilidad de cualquiera de los sujetos mencionados en el inciso anterior.

TITULO II

SINDICO E INTERVENTOR

CAPITULO I

NOMBRAMIENTO

Artículo 26. (Condiciones subjetivas).- El síndico o el interventor será designado por el Juez en la sentencia que declare el concurso, de entre aquellos profesionales universitarios o sociedades de profesionales o instituciones gremiales representativas con actuación en materia concursal con personería jurídica inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales que llevará la Suprema Corte de Justicia. Las mismas personas elegibles como síndicos lo serán como interventores.

En los concursos radicados en el interior del país y en los pequeños concursos (Título XII), la designación podrá recaer en profesionales universitarios no inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales, a condición de que sean abogados, contadores públicos o licenciados en administración de empresas con un mínimo de cinco años de ejercicio profesional o egresados de los cursos de especialización para síndicos e interventores concursales.

Artículo 27. (Inscripción en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales).- Cada cuatro años la Suprema Corte de Justicia llamará a interesados para integrar una lista con un mínimo de treinta titulares y treinta suplentes preferenciales, elegibles como síndicos e interventores concursales.

Para ser inscripto en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales se requerirá ser profesional univeritario y tener un mínimo de cinco años de ejercicio profesional. La selección se realizará teniendo en cuenta los antecedentes y experiencia de los postulantes, otorgando prioridad a los egresados de los cursos de especialización para síndicos e interventores concursales, dictados por entidades universitarias o instituciones gremiales de profesionales universitarios. Hasta tanto no existan egresados de estos cursos en número suficiente, se dará prioridad a los abogados, contadores públicos o licenciados en administración de empresas.

Podrán también inscribirse sociedades de profesionales, con o sin personería jurídica, a condición de que la mayoría de sus socios cumplan con los requisitos establecidos precedentemente, así como instituciones gremiales representativas en materia concursal con personería jurídica.

Vencido el plazo de cuatro años los síndicos o interventores concursales anteriores podrán participar en la nueva elección.

Las designaciones de síndicos o interventores se mantendrán aun cuando hubiera vencido el plazo de sus inscripciones.

Artículo 28. (Incompatibilidad y prohibiciones).- No podrán ser nombrados síndicos o interventores:

1) Quienes no puedan ser administradores de sociedades comerciales.

2) Quienes hubieran prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos cinco años.

3) Quienes, en el último año, hubieran sido nombrados síndicos o interventores en dos concursos. A estos efectos, los nombramientos efectuados en sociedades pertenecientes al mismo grupo se computarán como uno sólo. En el caso de sociedades de profesionales e instituciones gremiales de empresarios con personería jurídica, este número se elevará a diez.

Artículo 29. (Aceptación).- El nombramiento de síndico o de interventor será comunicado al interesado por el medio más rápido.

Dentro de los cinco días siguientes a la comunicación, el nombrado deberá comparecer ante el Juzgado para aceptar el cargo. No podrá rehusar el cargo, salvo que medie causa grave, la cual será apreciada por el Juez con criterio estricto, o que renuncie además a su inscripción en el Registro de Síndicos o Interventores Concursales.

En caso de falta de aceptación el Juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento.

Aceptado el cargo el nombrado sólo podrá renunciar por causa grave.

Artículo 30. (Auxiliares).- Cuando la complejidad del concurso así lo exija, el síndico o el interventor podrá solicitar del Juez autorización para nombrar auxiliares. La resolución judicial que conceda la autorización especificará las funciones a desarrollar por dichos auxiliares, así como la retribución que les corresponda, la cual será de cargo del síndico o del interventor, salvo casos de gran complejidad a juicio del Juez.

El nombramiento y la aceptación de los auxiliares serán puestos en conocimiento del Juez del concurso. Hasta que esta comunicación tenga lugar, los auxiliares no podrán comenzar el ejercicio de las funciones encomendadas.

Artículo 31. (Recusación).- El síndico o el interventor podrá ser recusado por cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración del concurso.

Son causas de recusación las circunstancias constitutivas de incompatibilidad o de prohibición, así como las establecidas por la ley procesal para la recusación de los peritos.

El procedimiento de recusación será el establecido en la ley procesal para la recusación de peritos y no tendrá efecto suspensivo.

CAPITULO II

ESTATUTO JURIDICO

Artículo 32. (Ejercicio del cargo).- El síndico o el interventor deberá desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante legal.

Artículo 33. (Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa).- El síndico y el interventor no podrán adquirir por sí o por persona interpuesta bienes y derechos que integren la masa activa del concurso.

Si lo hicieren, quedarán inhabilitados como síndicos e interventores y deberán reintegrar a la masa, sin contraprestación alguna, el bien o derecho que hubieran adquirido.

Artículo 34. (Retribución).- Los síndicos e interventores tendrán derecho a ser retribuidos con cargo a la masa.

La reglamentación aprobará el arancel aplicable a la actividad de los síndicos e interventores atendiendo a la cuantía del activo, a la complejidad del concurso, a la duración de sus funciones y al resultado de su gestión.

El Juez, previo informe del síndico o del interventor, fijará la cuantía de la retribución y la forma en que deba ser pagada.

La decisión judicial que fija la retribución del síndico o del interventor podrá ser recurrida por los mismos, así como por las personas legitimadas para solicitar la declaración judicial de concurso, quienes deberán expresar la suma que consideran que corresponde pagar. El recurso tendrá efecto suspensivo respecto del importe por el que exista controversia.

Artículo 35. (Responsabilidad).- El síndico, el interventor y los auxiliares cuyo nombramiento hubiera autorizado el Juez del concurso responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa del concurso por los actos y omisiones contrarios a la ley o por los realizados sin la debida diligencia.

La acción se promoverá, en vía ordinaria, ante el Juez del concurso y prescribirá a los dos años a partir del momento en que, por cualquier causa, el síndico o el interventor hubiera cesado en su cargo.

Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa, tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos del proceso y se le satisfaga hasta el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 36. (Separación).- Cuando concurra justa causa, el Juez, de oficio o a petición de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso, podrá disponer el cese del síndico o del interventor.

Artículo 37. (Nuevo nombramiento).- En los casos del cese del síndico o del interventor el Juez del concurso procederá de inmediato a un nuevo nombramiento.

CAPITULO III

RENDICION DE CUENTAS

Artículo 38. (Rendición de cuentas del síndico).- El síndico rendirá cuentas de su gestión:

1) Cuando lo solicite la Comisión de Acreedores.

2) Al solicitar la suspensión o conclusión del concurso.

3) En caso de cese antes de la conclusión del concurso y si lo solicitara el nuevo síndico o la Comisión de Acreedores. El plazo para la presentación de esta solicitud será de un mes a contar desde la fecha en que el cese se hubiera producido.

Artículo 39. (Rendición de cuentas del interventor).- El interventor deberá rendir cuentas de su gestión cuando lo sucede el Juez del concurso a solicitud de la Comisión de Acreedores.

Artículo 40. (Aprobación de las cuentas).- Las cuentas presentadas por el síndico o el interventor y la documentación respaldante quedarán de manifiesto en el Juzgado por el plazo de quince días. Durante este plazo el deudor, la Comisión de Acreedores y los demás interesados que hubieran comparecido en el procedimiento podrán formular observaciones.

En caso de que no se formularan observaciones el Juez aprobará las cuentas presentadas, no admitiéndose contra el auto de aprobación recurso alguno.

En caso de que se formularan observaciones la sentencia que recaiga en este procedimiento podrá ser recurrida con efecto suspensivo.

Artículo 41. (Sanción por rechazo de las cuentas).- Si las cuentas no fueran aprobadas, el síndico o el interventor quedará habilitado para intervenir como síndico o como interventor en cualquier otro concurso de acreedores durante el período que fije el Juez del concurso, que no podrá ser inferior a cinco ni superior a veinte años.

Esta sanción será aplicada, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad patrimonial y criminal que su actuación pueda haber generado.

CAPITULO IV

REGISTRO DE SINDICOS E INTERVENTORES CONCURSALES

Artículo 42. (Actos y hechos inscribibles en el Registro).- La Suprema Corte de Justicia llevará un Registro de Síndicos e Interventores Concursales en el cual se inscribirá la siguiente información:

1) El nombre y antecedentes personales y profesionales de todos aquellos profesionales universitarios que hubieran sido inscriptos, como titulares o como suplentes, en el Registro.

2) Las designaciones y ceses de síndicos e interventores, indicando la causa de los casos producidos.

3) Las negativas de aceptación de las designaciones de síndico e interventor, indicando las causas invocadas en la negativa.

4) Las recusaciones promovidas contra síndicos e interventores, indicando los fundamentos y el resultado de las mismas.

5) Las acciones de responsabilidad promovidas contra síndicos e interventores, indicando el fundamento y el resultado de las mismas.

6) El rechazo de las cuentas rendidas por el síndico o el interventor y la sanción impuesta al mismo.

7) Cualquier otro hecho o circunstancia que, a juicio del Juez del concurso pueda incidir en una futura

decisión de designación del síndico o del interventor.

Artículo 43. (Comunicación de los datos al Registro).- El Juez del concurso deberá comunicar al Registro, dentro de los tres días siguientes de ocurrido, todo hecho o acto registrable del cual haya tenido conocimiento.

TITULO III

EFECTOS DE LA DECLARACION DE CONCURSO

CAPITULO I

EFECTOS SOBRE EL DEUDOR

Artículo 44. (Continuación de la actividad del deudor).- La declaración judicial de concurso no implica el cese o clausura de la actividad del deudor, salvo que el Juez disponga lo contrario, lo que podrá hacer en cualquier momento durante el concurso, a solicitud del deudor, de los acreedores, del síndico o interventor, o de oficio.

Artículo 45. (Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- La declaración judicial de concurso producirá los siguientes efectos en la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso:

1) Si el concurso fuera necesario, se suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, sustituyéndolo en la administración y disposición de sus bienes por un síndico.

2) Si el concurso fuera voluntario, se suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, con el alcance dispuesto en el numeral 1), solamente cuando el activo no sea suficiente para satisfacer el pasivo. En los demás casos, se limitará la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa y se designará un interventor que coadministrará los bienes conjuntamente con el mismo.

3) En el caso de concurso voluntario, si durante el desarrollo de los procedimientos se pusiera de manifiesto que, en el momento de la declaración judicial, la relación entre activo y pasivo era distinta a la tenida en cuenta para suspender o limitar la legitimación del deudor, el Juez modificará de oficio la medida adoptada, transformando la suspensión en limitación o la limitación en suspensión, según corresponda.

4) En caso de haberse dispuesto la limitación de la legitimación del deudor, en cualquier momento el Juez, previa solicitud fundada de los interventores y vista al deudor, podrá disponer la suspensión de la legitimación del deudor, cualquiera sea la situación patrimonial de éste.

5) En todos los casos de conversión de la limitación de la legitimación para disponer y obligar la masa en suspensión o viceversa, el Juez dispondrá las mismas medidas de publicidad acordadas para la sentencia de declaración judicial de concurso.

6) Se exceptúan de la suspensión o limitación de la legitimación del deudor los actos personalísimos o referidos a bienes inembargables, la presentación de propuestas de convenio y la impugnación o interposición de recursos contra la actuación del síndico o del interventor y contra las resoluciones judiciales.

Artículo 46. (Efectos generales de la suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- La suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, dispuesta en la sentencia de declaración judicial de concurso o en cualquier resolución judicial anterior, producirá los siguientes efectos:

1) Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y disposición que realice el deudor respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa de concurso, concluida la aceptación o repudiación de herencias, legados y donaciones.

2) Solamente el síndico estará legitimado para realizar actos de administración y disposición sobre los bienes y derechos que forman la masa activa del concurso, en los términos de la presente ley.

3) El síndico sustituirá al deudor en todos los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en curso en que éste sea parte, con excepción de aquellos fundados en relaciones de familia que no tengan contenido patrimonial.

4) En los casos de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, los pagos realizados al deudor no tendrán efecto liberatorio para los acreedores, salvo los realizados de buena fe en el período que medie entre la sentencia declaratoria del concurso y la registración y publicación de la misma.

Artículo 47. (Efectos generales de la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso).- La limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, dispuesta en la sentencia de declaración judicial de concurso o en cualquier resolución judicial posterior, producirá los siguientes efectos:

1) El deudor requerirá de la autorización del interventor para contraer, modificar o extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar poderes; o para realizar cualquier acto jurídico relativo a bienes de la masa activa.

2) Se exceptúan del régimen establecido en el numeral

1) las operaciones ordinarias del giro del deudor, las cuales serán realizadas por éste bajo el control del interventor. No se considerarán operaciones ordinarias del giro los actos relativos a bienes de uso registrables, la venta o arrendamiento del establecimiento comercial y la emisión de obligaciones negociables.

3) Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y disposición detallados en el numeral 1), que realice el deudor respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del concurso, sin autorización del interventor.

Artículo 48. (Régimen de los órganos de la persona jurídica deudora en caso de suspensión de la legitimación para disponer y obligar la masa del concurso).- La suspensión de la legitimación de las personas jurídicas para disponer y obligar la masa del concurso producirá además los siguientes efectos respecto al funcionamiento de sus órganos sociales:

1) El síndico ejercitará las facultades conferidas por la ley y los estatutos a los administradores o liquidadores, que perderán el derecho a percibir cualquier tipo de remuneración.

2) Se suspende la obligación legal o estatutaria de convocar reuniones o asambleas de socios o accionistas. Si las mismas fueran convocadas, cualquier resolución que éstas adopten requerirá, para su validez, que sea ratificada por el síndico.

3) El órgano de control interno quedará suspendido en sus funciones.

Artículo 49. (Régimen de los órganos de la persona jurídica deudora en caso de limitación de la legitimación para disponer y obligar la masa del concurso).- La limitación de la legitimación de las personas jurídicas para disponer y obligar la masa del concurso producirá además los siguientes efectos respecto al funcionamiento de sus órganos sociales:

1) Los órganos de la persona jurídica se mantendrán en funcionamiento, con las limitaciones establecidas en este artículo.

2) La convocatoria de cualquier reunión o asamblea de socios o accionistas, por parte de administradores o liquidadores, requerirá la autorización del interventor.

3) El interventor podrá solicitar al Juez, en forma fundada, la suspensión del órgano de control interno, asumiendo sus funciones.

Artículo 50. (Designación de un administrador o una Comisión de Acreedores por los acreedores).- Sin perjuicio del régimen de suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, en cualquier estado de los procedimientos, en audiencia o mediante acta notarial, acreedores quirografarios con derecho de voto, que representen por lo menos la mayoría del pasivo quirografario con derecho de voto, podrán nominar un administrador del patrimonio y del giro del deudor durante el concurso.

En este caso, el administrador designado por los acreedores sustituirá al síndico o al deudor, según los casos, en la función de conservación o administración del patrimonio y del giro del deudor.

Igual mayoría de acreedores tendrá la facultad de designar una Comisión de Acreedores que controle el desarrollo de los procedimientos y colabore en la búsqueda de soluciones a la situación de insolvencia del deudor.

Artículo 51. (Acciones contra los socios).- La declaración judicial de concurso tendrá los siguientes efectos respecto de las acciones contra los socios de la sociedad deudora:

1) Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el caso, la promoción de la acción contra los socios personalmente responsables por las obligaciones sociales anteriores a la declaración de concurso, con excepción de aquellas acciones correspondientes a obligaciones laborales y tributarias.

2) Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el caso, la acción para obtener el pago íntegro de las aportaciones comprometidas por los socios o accionistas, así como el cumplimiento de las prestaciones accesorias. En caso de insuficiencia de bienes propios de la sociedad deudora, el síndico podrá reclamar a los socios o accionistas el pago íntegro de los aportes comprometidos y o realizados, aun cuando no estuviera vencido el plazo establecido para el cumplimiento de dicha obligación.

Artículo 52. (Acción social de responsabilidad contra los administradores, integrantes del órgano de control interno y liquidadores).- Corresponderá al síndico o al interventor, según el caso, la representación de la sociedad para la promoción de la acción social de responsabilidad contra los administradores, los integrantes del órgano de control interno y los liquidadores, sin requerir para esto la previa conformidad de la reunión o asamblea de socios o accionistas.

Si el síndico o el interventor fueran omisos dicha acción podrá ser promovida por los acreedores. Si la sentencia contuviera condena a indemnizar a la sociedad daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa activa, tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos y se le satisfaga el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 53. (Deber de cooperación y de información del deudor).- Están alcanzados por el deber de cooperación e información el deudor y los administradores y liquidadores de la persona jurídica, así como los que hubieran revestido esta calidad en los dos años anteriores a la declaración judicial del concurso. De acuerdo con el mismo, deberán comprender personalmente ante el Juez del concurso y ante el síndico o el interventor cuantas veces sean requeridos y facilitar toda la cooperación e información necesaria o conveniente para el interés del concurso.

Artículo 54. (Derecho a alimentos).- En caso de limitación de la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, el deudor persona física tendrá derecho a percibir alimentos con cargo a la masa.

En caso de suspensión de dicha legitimación, solamente tendrá derecho de alimentos cuando la masa activa fuera superior a la masa pasiva.

Las personas respecto de las cuales el deudor tuviera obligación de alimentos, sólo tendrán derecho a los mismos cuando no pudieran percibirlos en monto suficiente de otra persona obligada a prestarlos.

CAPITULO II

EFECTOS SOBRE LOS ACREEDORES

SECCION 1

ACREEDORES COMPRENDIDOS

Artículo 55. (Composición de la masa pasiva).- Todos los acreedores del deudor, cualquiera sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán comprendidos en la masa pasiva del concurso, siendo representados por el síndico o el interventor y alcanzados por los efectos del concurso, sin más excepciones que las establecidas en la presente ley.

Se otorgará un tratamiento igualitario a todos los acreedores pertenecientes a una misma clase, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas en la ley.

SECCION 2

MORATORIA PROVISIONAL

Artículo 56. (Prohibición de promover nuevos juicios).- Declarado judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a la fecha de la declaración no podrán promover contra el deudor procedimientos judiciales o arbitrales de ningún tipo. Las actuaciones judiciales o arbitrales que se realicen serán nulas.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, los procedimientos que se funden en relaciones de familia siempre que no tengan contenido patrimonial y los procesos de conocimiento referidos en el segundo inciso del artículo 59.

Artículo 57. (Procesos en trámite).- Los procesos judiciales de conocimiento o los procesos arbitrales contra el deudor, que se encuentren en trámite a la fecha de declaración del concurso, continuarán ante la sede que esté conociendo en los mismos, hasta que recaiga sentencia o laudo firme.

Los síndicos o los interventores, en este último caso con autorización del Juez del concurso, podrán allanarse total o parcialmente a la demanda, desistir de los recursos interpuestos o transar el juicio.

En todos los casos, las costas y costos impuestos al deudor tendrán la calidad de créditos concursales, cualquiera sea la fecha de la sentencia que condene el pago de los mismos.

Artículo 58. (Sentencias y laudos firmes).- Las sentencias o laudos firmes, sean éstos anteriores o posteriores a la declaración del concurso, que reconozcan al demandante un crédito contra el deudor, anterior éste a la declaración del concurso, quedarán firmes y el Juez del concurso reconocerá al crédito el tratamiento concursal que corresponda, cualquiera sea la fecha de la resolución.

La misma resolución se aplicará a las sentencias ex-tranjeras o laudos arbitrales contra el deudor, pronunciados en el exterior, una vez que las mismas sean reconocidas en el país, de conformidad con lo dispuesto por la ley procesal.

Artículo 59. (Competencia exclusiva del Juez del concurso en materia de ejecuciones).- El Juez del concurso será el único competente para conocer en los procedimientos de ejecución y para disponer la adopción o el levantamiento de medidas cautelares sobre los bienes y derechos que integran la masa activa.

Los acreedores laborales tendrán la opción de verificar sus créditos dentro del procedimiento concursal, promover un proceso de conocimiento ante la judicatura competente en materia laboral o verificar parte de sus créditos en el proceso concursal y los restantes en sede laboral, sin perjuicio de las acciones de ejecución y las medidas cautelares, que serán en todos los casos competencia del Juez del concurso.

Artículo 60. (Prohibición de nuevas ejecuciones y suspensión de las ejecuciones en curso).- Declarado el concurso, ningún acreedor podrá promover ejecución contra el deudor por créditos anteriores a la declaración.

Las ejecuciones que se encuentren en trámite, así como los embargos que se hubieran trabado, quedarán en suspenso desde el momento de la declaración, procediendo su acumulación al concurso.

Artículo 61. (Situación de los créditos prendarios e hipotecarios).- En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios, la prohibición de promover ejecuciones y la suspensión de las ejecuciones en curso caducarán transcurridos ciento veinte días de la sentencia declaratoria del concurso.

En estos casos la ejecución deberá promoverse o continuará, según los casos, ante el Juez del concurso.

Artículo 62. (Situación de los créditos laborales).- Existiendo recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en la masa activa y siempre que la disposición de los mismos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor, el síndico o el interventor previa autorización judicial dispondrá el pago anticipado de los créditos laborales de cualquier naturaleza que se hubieran devengado y no estuvieran prescriptos.

En este caso, no será necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia laboral previa que lo reconozca.

La solicitud de pago anticipado podrá ser denegada, total o parcialmente, solamente en los casos en que los créditos laborales no surjan de la documentación del empleador o cuando existan dudas razonables sobre el origen o legitimidad de los mismos.

Cuando el crédito laboral hubiera sido verificado en el concurso o hubiera recaído sentencia firme de la judicatura competente reconociendo su existencia, el síndico o el interventor procurarán la obtención de los recursos necesarios para la cancelación de los mismos, pudiendo solicitar autorización al Juez para la venta anticipada de activos del concurso, si fuera necesario, siempre que la disposición de dichos recursos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor.

En caso de que los bienes de la masa activa fuesen insuficientes para la cancelación de los créditos laborales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 183.

SECCION 3

EFECTOS SOBRE LOS CREDITOS

Artículo 63. (Conversión a moneda nacional y reajuste de las obligaciones).- Los créditos expresados en moneda extranjera se convertirán en moneda nacional al tipo de cambio comprador interbancario de la fecha de declaración del concurso, salvo los créditos prendarios e hipotecarios expresados en moneda extranjera, hasta el límite de su respectiva garantía.

A partir de la fecha de declaración de concurso y hasta la fecha de pago, todos los créditos serán ajustados de acuerdo con los criterios establecidos por el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Artículo 64. (Suspensión del devengamiento de los intereses).- Desde la declaración de concurso, se suspenderán el devengamiento de los intereses salvo los créditos prendarios e hipotecarios hasta el límite de su respectiva garantía y los créditos laborales.

La suspensión del devengamiento de intereses se establece sin perjuicio de lo que resulte pactado en el convenio o acuerdo privado de reorganización entre el deudor y sus acreedores y de la compensación establecida en el artículo 188 en caso de resultar un remanente luego de la liquidación del patrimonio del deudor.

Artículo 65. (Prohibición de compensación).- Declarado el concurso no procederá la compensación legal de los créditos con las deudas del deudor, salvo que estuvieran en situación de ser compensados antes de la declaración del concurso.

Artículo 66. (Suspensión del derecho de retención).- Declarado el concurso no podrá ser invocado el derecho de retención sobre bienes y derechos integrantes de la masa activa.

Artículo 67. (Suspensión de la prescripción y caducidad).- Desde la declaración del concurso quedarán suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones contra el deudor por créditos anteriores a la declaración. También quedarán suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones sociales de responsabilidad contra los administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno.

CAPITULO III

EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS

Artículo 68. (Contratos pendientes de ejecución).- En caso de existir a la fecha de declaración del concurso, contratos de los cuales deriven obligaciones del deudor pendientes de ejecución, se procederá de la forma siguiente:

1) El síndico o el deudor con la autorización del interventor, tendrá la facultad de rescindir unilateralmente el contrato, notificando este hecho a la contraparte, dentro del plazo establecido para que los acreedores presenten la solicitud de reconocimiento de sus créditos.

2) En cualquier momento, dentro de dicho plazo, la contraparte del deudor podrá exigir, según los casos, al síndico o al deudor y al interventor, que manifiesten si resolverán o no el contrato. En este caso, si no ejercieran la facultad de resolución dentro de los cinco días siguientes a la recepción del requerimiento, ya no podrán ejercitarla con posterioridad, salvo que el Juez apruebe un convenio que no implique la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor o disponga la liquidación de la masa activa.

3) El Juez fijará la indemnización de daños y perjuicios que cause la resolución, crédito que tendrá la consideración de concursal.

4) En caso de no optarse por la resolución del contrato contra el cumplimiento del contrato por parte del deudor implique riesgo manifiesto y grave para la otra parte, ésta podrá solicitar al Juez que rescinda el contrato o que se garantice suficientemente el cumplimiento del mismo.

5) Serán nulas las estipulaciones contractuales que declaren resuelto el contrato o atribuyan la facultad de resolución a cualquiera de las partes, en caso de insolvencia o de declaración de concurso del deudor.

Artículo 69. (Contratos de trabajo).- Los contratos de trabajo celebrados por el deudor no resultarán rescindidos por efecto de la declaración de concurso.

Artículo 70. (Contratos del personal de alta dirección).- En el caso del personal de alta dirección, el síndico o el interventor, por razones fundadas, podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este crédito concursal.

Se considera personal de alta dirección a los directores, gerentes generales y todo aquél que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del deudor.

El síndico podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este crédito concursal hasta que quede firme la sentencia de calificación.

TITULO IV

FORMACION DE LA MASA ACTIVA

CAPITULO I

COMPOSICION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 71. (Principio de universalidad).- La masa activa del concurso estará integrada por la totalidad del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del procedimiento.

Componen el patrimonio del deudor los bienes y derechos propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación patrimonial, con excepción de aquellos bienes y derechos que tengan el carácter de inembargables.

Artículo 72. (Bienes adquiridos por el cónyuge del deudor).- Se presumirá en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, que los bienes y derechos adquiridos por el cónyuge del deudor, dentro del año anterior a la declaración de concurso, respecto de los cuales no pueda justificar la procedencia del precio, constituyen donación del deudor.

Se tendrá por justificada la procedencia del precio cuando, en el momento de la adquisición, el cónyuge titular de los bienes o derechos recibiera sueldo, ejerciera profesión o tuviera a su disposición dinero, en todos los casos, por importe suficiente.

La presunción no regirá cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente.

Artículo 73. (Cuentas indistintas).- En caso de declaración de concurso del titular de una cuenta indistinta, abierta con un año o menos de antelación a la fecha de dicha declaración, se presume que la totalidad del saldo acreedor de dicha cuenta es propiedad del deudor, salvo prueba en contrario.

CAPITULO II

CONSERVACION Y ADMINSITRACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 74. (Conservación de la masa activa).- En caso de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, el síndico deberá conservar los bienes y derechos que integren la masa activa del concurso.

Los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el Tribunal a propuesta del síndico.

Deberá realizar además todos los actos necesarios para entrar en posesión de los libros legales y de los documentos relativos a la masa activa y a la actividad profesional o empresarial del deudor.

Artículo 75. (Administración de la masa activa).- El síndico o el deudor, con la autorización y control del interventor, deberán administrar la masa activa del modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores.

Hasta la resolución judicial que apruebe el convenio o disponga la apertura de la liquidación, la enajenación o el gravamen de bienes de uso o de derechos de cualquier clase, cuyo valor sea superior al 5% (cinco por ciento) del valor total de la masa activa, requerirá la autorización del Juez del concurso.

Artículo 76. (Administración de las cuentas bancarias del deudor).- El síndico y el interventor, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán la facultad de administrar y obtener información sobre las cuentas bancarias del deudor, sin que les sea oponible el secreto profesional de las entidades de intermediación financiera.

Artículo 77. (Inventario de la masa activa).- El síndico o el interventor deberá elaborar el inventario de la masa activa, con valoración de los bienes y derechos de que se compone a la fecha de la declaración del concurso y de presentación del inventario, indicando las variaciones que hubiera experimentado entre ambos momentos.

Deberán recurrir al asesoramiento de expertos independientes para la valoración de los elementos de la masa activa, solicitando previamente la autorización del Juez del concurso.

El inventario será presentado al Juez del concurso, conjuntamente con la nómina de acreedores, y quedará de manifiesto en el Juzgado a disposición de los acreedores.

Artículo 78. (Impugnación del inventario).- Dentro del plazo establecido para la impugnación de la lista de acreedores, cualquier interesado podrá impugnar el inventario, solicitando la inclusión o la exclusión, de bienes y derechos, así como la modificación de la valoración de los elementos de la masa activa.

Artículo 79. (Rehabilitación de contratos que hubieran caducado o hubieran sido resueltos).- El síndico o el interventor tendrá la facultad de rehabilitar los contratos de mutuo pagaderos en cuotas de capital o de intereses, las compraventas a crédito de bienes muebles o inmuebles, las promesas de enajenación de inmuebles a plazos, los arrendamientos y los créditos de uso que hubieran caducado por incumplimiento del deudor de la obligación de pagar el precio y/o de realizar los pagos periódicos comprometidos, en los siguientes términos y condiciones:

1) La rehabilitación deberá ser notificada al titular del crédito antes de que finalice el plazo para presentar la solicitud de reconocimiento de créditos, previa consignación de los importes pendientes de pago y de los intereses moratorios.

2) No debe de haber recaído sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada disponiendo la resolución del contrato por incumplimiento.

3) El síndico o el interventor asumirá, por el deudor, la obligación de continuar realizando los pagos periódicos en los plazos de sus sucesivos vencimientos, los que serán créditos contra la masa.

CAPITULO III

REINTEGRACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 80. (Objeto de la reintegración).- En el caso de que, a la fecha de declaración del concurso, el pasivo fuera superior al activo susceptible de ejecución forzada, el síndico ejercitará las acciones revocatorias que correspondan para reintegrar a la masa activa los bienes y derechos que hubieran salido del patrimonio del deudor en las situaciones previstas en los artículos siguientes.

Artículo 81. (Actos revocables de pleno derecho).- Son revocables de pleno derecho los siguientes actos realizados por el deudor:

1) Actos a título gratuito dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, salvo los regalos y liberalidades de costumbre y las donaciones a favor del personal que tengan manifiesto carácter remuneratorio. Se considerarán incluidos los actos en que la contraprestación recibida por el deudor hubiera sido notoriamente inferior al valor del bien transferido.

2) Actos de constitución o de ampliación de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos del deudor, otorgados en los seis meses anteriores a la declaración de concurso, en garantía de obligaciones preexistentes no vencidas o que se hubieran contraído con el mismo acreedor concomitantemente con la extinción de las anteriores.

3) Pagos realizados por el deudor dentro de los seis meses anteriores a la declaración de concurso, por créditos que aún no se hallaran vencidos.

4) Actos de aceptación por el deudor de cualquier clase de requerimiento resolutorio de contratos, dentro de los seis meses anteriores a la declaración de concurso.

Artículo 82. (Actos revocables en fraude de los acreedores o con conocimiento de la insolvencia).- Son revocables los actos y omisiones del deudor en perjuicios de los acreedores, realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso, cuando el deudor hubiera actuado en fraude y perjuicio de los acreedores y la contraparte hubiera conocido o debido conocer que el deudor se hallaba en estado de insolvencia.

Se presume el conocimiento del estado de insolvencia en el caso de personas especialmente relacionadas con el deudor.

En ningún caso la revocación afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe. Corresponderá a la contraparte indemnizar a la masa por el valor de los bienes o derechos objeto de la acción revocatoria, que ya no se encuentren en su patrimonio.

Artículo 83. (Irrevocabilidad de las operaciones ordinarias).- En ningún caso serán objeto de revocación las operaciones ordinarias del giro a que se dedica el deudor.

Artículo 84. (Prescripción).- Las acciones revocatorias a que se refieren los artículos anteriores prescribirán a los dos años de la declaración del concurso.

Artículo 85. (Legitimación activa de los acreedores).- Si el síndico no promoviera a la acción revocatoria antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores, el acreedor o los acreedores cuyos créditos representen por lo menos el 5% (cinco por ciento) del pasivo total del deudor podrá promover la acción por cuenta de la masa.

Si la sentencia acogiera la acción promovida, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa activa tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos del proceso y se le satisfaga hasta el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 86. (Legitimación pasiva).- La demanda de revocación deberá dirigirse contra las siguientes personas, según corresponda:

1) El deudor.

2) La contraparte en el acto objeto de revocación o quien se haya beneficiado con dicho acto u omisión, aunque el bien o el derecho no estuviese ya en su patrimonio.

3) La persona que haya adquirido a título gratuito o a título universal el bien o el derecho de quien hubiera sido parte en el acto objeto de revocación o se hubiera beneficiado del mismo.

4) Las demás personas que, actuando de mala fe, hubieran adquirido a cualquier título el bien o el derecho de quien hubiera sido parte en el acto objeto de revocación o se hubiera beneficiado del mismo.

Artículo 87. (Efectos de la sentencia de revocación).- La sentencia que acoja la acción revocatoria tendrá el siguiente contenido:

1) Condenará al demandado a reintegrar a la masa activa los bienes o derechos indebidamente adquiridos, con sus frutos.

2) Si los bienes o derechos no se encontraran en su patrimonio, lo condenará a entregar el valor que hubieran tenido al salir del patrimonio del deudor o en cualquier otro momento posterior, si hubiera sido mayor, más el interés legal.

3) Quedarán sin efecto los derechos reales de garantía que se hubieran constituido, ordenándose la cancelación de las inscripciones registrales correspondientes.

4) En caso de pagos realizados por el deudor o por un tercero, se condenará a quien los haya recibido a reintegrarlos a la masa, con más sus intereses.

5) El crédito que resulte a favor del demandado como consecuencia de la revocación, tendrá el carácter de crédito concursal.

6) Si se hubiera aprobado que el demandado conocía el estado de insolvencia del deudor en el momento de la realización del acto o de la omisión, perderá el derecho a cobrar su crédito en el concurso.

CAPITULO IV

REDUCCION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 88. (Separación de bienes y derechos).- Los bienes y derechos que, en el momento de declaración del concurso, se encuentren en posesión del deudor pero sean propiedad ajena, se entregarán a sus titulares, previa resolución del Juez del concurso, con informe favorable del síndico o del interventor.

Si el informe fuera desfavorable la solicitud deberá reiterarse dentro del plazo y por el procedimiento establecido para la impugnación del inventario.

Artículo 89. (Bienes no separables).- No serán susceptibles de separación los bienes y derechos de propiedad ajena sobre los que el deudor tenga derecho de uso o de garantía.

Artículo 90. (Imposibilidad de separación).- Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes de la declaración de concurso a un tercero de buena fe, el titular perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la contraprestación, si todavía el adquirente no la hubiera realizado, o solicitar el reconocimiento en el concurso del crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos en el momento de la enajenación o en cualquier otro posterior, si fuera mayor, más el interés legal.

El crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la calidad de crédito concursal.

El perjudicado tendrá diez días, a partir de la resolución judicial que le hubiera reconocido su derecho, para solicitar la verificación de su crédito.

CAPITULO V

DEUDAS DE LA MASA ACTIVA

Artículo 91. (Créditos contra la masa).- Serán créditos contra la masa:

1) Las costas y costos del proceso concursal, excluidos los honorarios profesionales de quienes patrocinen al deudor.

2) Las retribuciones del síndico o del interventor.

3) Los gastos de conservación, administración, valoración y liquidación de la masa activa.

4) Los créditos nacidos después de la declaración de concurso, incluidos los provenientes de la rehabilitación de contratos que hubieran caducado, salvo que la ley los considere créditos concursales.

5) Los pagos por alimentos y entierro del deudor y de las personas frente a las cuales éste tenga deber legal.

Artículo 92. (Régimen de los créditos contra la masa).- Los créditos contra la masa se pagarán, a medida que venzan, fuera del procedimiento de concurso.

Su pago se realizará con cargo a los bienes de la masa que no estén gravados con prenda o hipoteca.

TITULO V

FORMACION DE LA MASA PASIVA

CAPITULO I

VERIFICACION DE LOS CREDITOS

SECCION 1

SOLICITUD DE VERIFICACION

Artículo 93. (Comunicación a los acreedores).- Dentro de los quince días siguientes a su designación, el síndico o el interventor notificará por carta u otro medio fehaciente a los acreedores cuya identidad conste en la contabilidad y documentos del deudor, o que resulten conocidos de alguna otra forma, la declaración de concurso, la sede ante la cual se tramita, el nombre del síndico o interventor y la fecha fijada para la Junta de Acreedores. Igual comunicación será remitida a quienes conste que sean codeudores, fiadores o avalistas del deudor.

Esta comunicación se realizará sin perjuicio de la derivada de la publicación de la sentencia de declaración de concurso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21.

Artículo 94. (Plazo para la solicitud de verificación).- Los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de declaración judicial de concurso.

La no finalización de la verificación de los créditos, en ningún caso será causal de suspensión de la Junta de Acreedores.

Artículo 95. (Solicitud de verificación).- Los acreedores deberán presentarse en el Juzgado en escrito dirigido al síndico o al interventor, con el siguiente contenido:

1) Solicitud de verificación de los créditos, indicando la fecha, causa, cuantía, vencimiento y calificación solicitada de los mismos.

2) Documento o documentos originales o medios de prueba que permitan acreditar la existencia de sus créditos.

3) En caso de acreedores domiciliados en el exterior, deberán constituir domicilio en la sede del Juzgado.

La solicitud de verificación de crédito no estará sujeta a ningún honorario, tributo o costo de especie alguna para el acreedor.

Artículo 96. (Emisión de obligaciones negociables).- En caso de emisión de obligaciones negociables, la solicitud de verificación formulada por el fiduciario, si lo hubiere beneficiará a todos los obligacionistas.

Artículo 97. (Solicitudes de verificación múltiples).- En caso de concursos de deudores solidarios, el acreedor tendrá la carga de solicitar la verificación de la totalidad del crédito en cada uno de los concursos, declarando esta circunstancia en todos los procedimientos.

Artículo 98. (Solicitud del codeudor, fiador o avalista).- La solicitud de verificación formulada por el codeudor, fiador o avalista del deudor beneficia al acreedor.

Artículo 99. (Efectos de la falta de solicitud).- Los acreedores, hubieran sido o no notificados por el síndico o el interventor, que no se hubieran presentado a verificar sus créditos en el plazo establecido, deberán verificar los mismos judicialmente y a su costa, perdiendo el derecho a percibir la participación que les hubiere correspondido con los pagos ya realizados.

Artículo 100. (Excepciones a la necesidad de verificación).- No requerirán verificación los créditos reconocidos por sentencias judiciales o laudos arbitrales. Sin embargo, esta circunstancia no exonerará a su titular de la obligación de denunciar el mismo dentro del mismo plazo establecido legalmente para las solicitudes de verificación, con iguales efectos que los establecidos para el caso de falta de presentación de los créditos a la verificación, respecto al derecho a percibir su participación sobre los pagos ya realizados.

SECCION 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Artículo 101. (Preparación de la lista de acreedores).- Dentro de los treinta días siguientes, a contar de la terminación del plazo para solicitar la verificación de créditos, el síndico o el interventor preparará la lista de acreedores con el siguiente contenido:

1) La nómina de los acreedores que forman la masa pasiva, hayan solicitado o no la verificación de sus créditos, ordenados por orden alfabético, indicando respecto de cada crédito la fecha, causa, cuantía, vencimiento, garantías personales o reales y calificación jurídica, distinguiendo la parte correspondiente al principal y a los intereses.

2) La nómina de acreedores excluidos, indicando las razones de exclusión de cada uno de ellos.

La lista de acreedores quedará de manifiesto en el Juzgado a disposición de los acreedores. El síndico o el interventor comunicará a los acreedores que se hubieran presentado a verificar sus créditos si los mismos fueron verificados y, en caso afirmativo, las condiciones de la verificación.

Artículo 102. (Cómputo de los créditos).- A los efectos de la determinación de la masa pasiva, los créditos se computarán en la siguiente forma:

1) Todos los créditos se expresarán en dinero.

2) Los créditos en moneda extranjera se computarán en moneda nacional, al tipo de cambio comprador interbancario vigente a la fecha de declaración del concurso.

3) Los créditos por prestaciones no dinerarias se computarán por su valor a la fecha de declaración del concurso.

4) Los créditos por prestaciones periódicas, dinerarias o no dinerarias, se computarán por su valor actual a la fecha de declaración del concurso.

Artículo 103. (Créditos condicionales y litigiosos).- Los créditos con condición suspensiva o resolutoria se incluirán en la lista de acreedores haciendo constar expresamente el carácter de créditos condicionales. La posterior inclusión o exclusión del crédito como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento de la condición, no afectará la validez de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Los créditos que no puedan hacerse efectivos contra el deudor concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se considerarán créditos con condición suspensiva.

Los créditos litigiosos se incluirán en la lista como créditos condicionales.

Artículo 104. (Impugnación de la lista).- Dentro del plazo de quince días, contados desde la puesta de manifiesto de la lista de acreedores o de la recepción de comunicación de verificación o rechazo de los créditos, según los casos, cualquier interesado podrá impugnar la inclusión o la exclusión de los créditos, la cuantía de los verificados y la calificación jurídica que se les hubiera atribuido.

La acción se dirigirá contra el síndico o el interventor, en caso de demandarse la inclusión o la modificación de la cuantía o de la calificación de un crédito del impugnante, y se dirigirá contra el titular del crédito impugnado, en los demás casos.

Artículo 105. (Resolución judicial sobre la lista de acreedores y el inventario).- Si no existieran impugnaciones dentro del plazo establecido para la impugnación de la lista de acreedores y el inventario, el Juez aprobará ambos documentos.

En caso de existir impugnaciones, el Juez dictará sentencia aprobando la lista de acreedores y el inventario o introduciendo a los mismos las modificaciones motivadas por las impugnaciones deducidas.

En cualquiera de ambos casos, si existiera déficit patrimonial, el Juez lo declarará expresamente, fijando la diferencia entre el activo y el pasivo a la fecha de declaración del concurso de acreedores.

Artículo 106. (Efectos de la aprobación judicial).- Los créditos contenidos en la lista de acreedores aprobada por el Juez se tendrán por verificados y reconocidos dentro y fuera del concurso.

Si la sentencia judicial fuera recurrida, a solicitud del recurrente, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que resuelva el recurso.

Artículo 107. (Efectos de la sentencia sobre los acuerdos de la Junta de Acreedores).- En ningún caso la resolución de los recursos interpuestos contra la aprobación judicial de la lista de acreedores o el inventario invalidará las decisiones de la Junta de Acreedores, salvo que se cumplan acumulativamente las siguientes condiciones:

1) Que el voto del acreedor excluido, reducido en la cuantía de su crédito o calificado como subordinado, hubiera sido esencial para la adopción del acuerdo.

2) Que dentro del mes siguiente de que la sentencia haya quedado firme, el acreedor comparezca ante el Juez del concurso manifestando su disconformidad con el acuerdo adoptado en la Junta de Acreedores.

CAPITULO II

CLASES DE CREDITOS

Artículo 108. (Clases de créditos).- Los créditos que componen la masa pasiva del deudor se clasificarán en créditos privilegiados, créditos quirografarios o comunes y créditos subordinados.

Por su parte, los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial y créditos con privilegio general.

Artículo 109. (Créditos con privilegio especial).- Son créditos con privilegio especial los garantizados con prenda o hipoteca.

Los créditos con privilegio especial deberán estar inscriptos a la fecha de declaración del concurso en el Registro Público correspondiente, salvo los créditos emergentes de contratos de prenda común que serán considerados privilegiados cuando hayan sido otorgados en documento público o en documento privado con fecha cierta o comprobada.

Artículo 110. (Créditos con privilegio general).- Son créditos con privilegio general, en el orden planteado:

1) Los créditos laborales de cualquier naturaleza, devengados hasta con dos años de anterioridad a la declaración del concurso, siempre y cuando no hubieran sido satisfechos en la forma prevista en el artículo 62, hasta por un monto de 260.000 UI (doscientos sesenta mil unidades indexadas) por tra-bajador. Tendrán también este privilegio los créditos del Banco de Previsión Social por los aportes personales de los trabajadores devengados en el mismo plazo.

No gozarán del privilegio previsto en el inciso anterior, los créditos de los directores o administradores, miembros del órgano de control interno y liquidadores de la deudora, los cuales tendrán naturaleza de quirografarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 201.

2) Los créditos por tributos nacionales y municipales, exigibles hasta con dos años de anterioridad a la declaración del concurso.

3) El 50% (cincuenta por ciento) de los créditos quirografarios de que fuera titular el acreedor que promovió la declaración de concurso, hasta el 10% (diez por ciento) de la masa pasiva.

Estos privilegios se establecen sin perjuicio del dere-cho conferido por la ley a los acreedores a la satisfac-

ción parcial de los créditos no pagados a través del concurso, cuando hubieran ejercitado acciones en interés de la masa.

Artículo 111. (Créditos subordinados).- Son créditos subordinados:

1) Las multas y demás sanciones pecuniarias, de cualquier naturaleza.

2) Los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor.

Artículo 112. (Personas especialmente relacionadas con el deudor).- Se consideran personas especialmente relacionadas con el deudor:

1) En el caso de las personas físicas:

A) El cónyuge o el concubino o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

B) Los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor o de cualquiera de las personas comprendidas en el literal A) que antecede.

C) Los cónyuges o concubinos de los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor.

D) Las personas que hubieran convivido con el deudor en los últimos dos años, salvo que sean titulares de créditos de naturaleza salarial.

2) En el caso de las personas jurídicas:

A) Los socios ilimitadamente responsables y los socios y accionistas limitadamente responsables, que sean titulares de más del 20% (veinte por ciento) del capital social.

B) Los administradores de derecho o de hecho y los liquidadores, así como quienes lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

C) Las sociedades que formen parte de un mismo grupo de sociedades. Se entenderá que existe un grupo de sociedades cuando una sociedad se encuentre sometida al poder de dirección de otra o cuando varias sociedades resulten sometidas al poder de dirección de una misma persona física o jurídica o de varias personas que actúen sistemáticamente en concierto.

3) También tendrán esta consideración los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes ori-ginariamente a las personas especialmente relacionadas con el deudor, que hubieran sido adquiridos en los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Artículo 113. (Cancelación de las garantías).- Si el acreedor declarado especialmente relacionado con el deudor no recurriera la resolución judicial aprobatoria de la lista de acreedores, el Juez del concurso dispondrá, cuando corresponda, la cancelación de todas las garantías de dicho crédito inscritas en los Registros Públicos.

Si el acreedor recurriera dicha resolución se estará a lo que resulte del recurso.

Artículo 114. (Créditos del Estado y de los Entes públicos). El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y las personas públicas no estatales y demás Entes públicos participarán en el concurso por los créditos que mantengan contra el deudor, pudiendo intervenir en los órganos y procedimientos concursales y votar o consentir las propuestas de convenio o de acuerdo privado de reorganización con cualquiera de los contenidos propuestos por el deudor, cuando la participación en la votación de los mismos corresponda a la naturaleza de su crédito.

Los certificados, comprobantes o cualquier otro do-cumento o constancia de hallarse al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias o paratributarias exigidos por la ley para la celebración de determinados negocios jurídicos o para la registración, eficacia o perfeccionamiento de los mismos, no serán requeridos en caso de concurso ni implicarán un obstáculo para la liquidación de la masa activa.

En ningún caso los Registros exigirán la presentación de estos certificados para registrar la transferencia de los bienes realizada en el marco de procedimiento concursal.

TITULO VI

JUNTA Y COMISION DE ACREEDORES

CAPITULO I

JUNTA DE ACREEDORES

Artículo 115. (Constitución de la Junta de Acreedores).- La Junta de Acreedores se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la sentencia de declaración de concurso, bajo la presidencia del Juez del concurso.

Las Juntas de Acreedores sólo podrán prorrogarse con carácter excepcional. La solicitud de prórroga planteada por el deudor, será resuelva por el Tribunal en audiencia, atendiendo el voto mayoritario de los acreedores concursales presentes.

El Actuario del Juzgado del concurso actuará como Secretario de la Junta.

La inasistencia del síndico o del interventor, sin justa causa, será sancionada por el Juez con multa de hasta el 5% (cinco por ciento), del total del pasivo concursal.

La Junta se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de acreedores y el porcentaje de pasivo concurrentes, asista o no el deudor.

Artículo 116. (Prórroga de las sesiones).- En caso de ser imposible agotar el Orden del Día en la sesión de un solo día, el Presidente podrá acordar la prórroga de las sesiones de la Junta de Acreedores durante uno o más días hábiles consecutivos.

Artículo 117. (Deber de asistencia personal del deudor).- El deudor deberá asistir personalmente a la Junta de Acreedores y permanecer hasta su terminación, salvo dispensa del Juez. En caso de personas jurídicas, el deber de asistencia corresponde a los administradores o liquidadores que tengan poder de representación.

Artículo 118. (Derecho de asistencia).- Todos los acreedores concursales cuyos créditos hubiesen sido verificados tendrán derecho de asistencia a la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. La Junta de Acreedores podrá revocar esta autorización en cualquier momento.

Artículo 119. (Representación voluntaria de los acreedores).- Los acreedores podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea o no acreedor.

No será válida la representación conferida al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste, sean o no acreedores.

La facultad del representante de asistir a la Junta de Acreedores comprende la de votar en ella en nombre del representado.

Artículo 120. (Representación legal de pequeños acreedores).- Los pequeños acreedores ordinarios que no asisten a la Junta serán representados legalmente por el síndico o el interventor a los solos efectos de la consideración y votación de la propuesta de convenio presentada por el deudor.

Se consideran pequeños acreedores aquellos que sean titulares de un crédito por importe inferior a 50.000 UI (cincuenta mil unidades indexadas) y los que, aun superando esa cifra, sean titulares de un crédito inferior al cociente de dividir por diez mil el total del pasivo.

En ningún caso tendrán la consideración de pequeños acreedores el Estado, los demás Entes públicos, las entidades de intermediación financiera, las compañías de seguros y las sociedades administradoras de fondos de ahorro previsional y de fondos de inversión.

Artículo 121. (Lista de asistentes).- Antes de entrar en el Orden del Día, el Secretario confeccionará la lista de asistentes, en la que hará constar la identidad de cada uno de éstos, así como el importe y la calificación de los créditos de que fuera titular. Si el acreedor asistiera por medio de representante voluntario o fuera representado legalmente por el síndico o el interventor, se consignará esta circunstancia en el acta, con indicación de la identidad del representante.

Artículo 122 (Orden del Día).- La Junta de Acreedores considerará necesariamente el siguiente Orden del Día:

1) Informe del síndico o del interventor.

2) Propuesta de convenio, si se hubiera presentado.

3) Nombramiento de la Comisión de Acreedores.

Artículo 123. (Informe del síndico o del interventor).- El informe del síndico o del interventor tendrá el siguiente contenido:

1) Memoria explicativa de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a que se dedica o hubiera dedicado y de las oficinas, establecimientos y explotaciones de que fuera titular, así como de las cuales del estado en que se encuentra.

2) Estado de la contabilidad del deudor, con expresión de las infracciones legales y reglamentarias en que hubiera incurrido.

3) Memoria de la tramitación del concurso de acreedores, con expresión de las principales resoluciones y actuaciones realizadas por el síndico o el interventor.

4) En caso de que, en el momento de la declaración de concurso, el activo fuera inferior al pasivo, el informe contendrá la relación de los bienes y derechos que deban ser objeto de reintegración a la masa activa, con expresión de la causa y de la persona o personas a las que afecte o pueda afectar la revocación. Si ya se hubiesen ejercitado acciones de integración de la masa activa, así se indicará expresamente.

5) La forma más conveniente de proceder a la liquidación de la masa activa, para el caso de que no se apruebe un convenio entre el deudor y sus acreedores ni se logre realizar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento.

6) La tasación a valor de liquidación de la empresa en partes. Dicha tasación deberá ser realizada por el síndico con el asesoramiento de un experto independiente, aprobado por el Tribunal del concurso, a su costo. La tasación deberá expresarse en unidades indexadas.

Artículo 124. (Derecho de información de los acreedores).- El informe del síndico o del interventor a ser considerado en la Junta de Acreedores deberá ser presentado al Juzgado con una anticipación mínima de treinta días a la fecha fijada para la Junta de Acreedores, quedando de manifiesto el mismo, a disposición de los acreedores, los que podrán solicitar, a su costa, copia de las actuaciones.

Artículo 125. (Adopción de resoluciones).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 144, la adopción de decisiones por la Junta de Acreedores requerirá el voto a favor de acreedores quirografarios que representen una porción del pasivo del deudor con derecho a voto superior a la que vote en contra, siempre que los votos favorables representen, como mínimo, la cuarta parte del pasivo quirografario del deudor, deducida la parte correspondiente a los acreedores sin derecho de voto.

La votación será nominal y pública, en el orden en que los acreedores figuren en la lista aprobada por el Juez.

Las decisiones de la Junta de Acreedores no serán impugnables, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la decisión judicial que las homologue.

Artículo 126. (Acreedores sin derecho de voto).- No tendrán derecho de voto en la Junta de Acreedores:

1) Las personas especialmente relacionadas con el deudor, mencionadas en el artículo 112.

2) Los acreedores quirografarios cuyos créditos se encuentren adecuadamente garantizados con derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de terceros, o en cualquier otra forma.

3) Los acreedores que, después de la declaración judicial de concurso, hubieran adquirido el crédito por actos ínter vivos, salvo que la adquisición hubiera tenido lugar a título universal o como consecuencia de ejecución judicial o extrajudicial.

4) Los acreedores en situación de conflicto de intereses.

Artículo 127. (Voto de los acreedores privilegiados).- El acreedor privilegiado que vote en la Junta de Acreedores se entenderá que renuncia a su privilegio general o especial, transformándose en un acreedor quirografario.

Si un mismo acreedor fuera titular de créditos quirografarios y privilegiados, se entenderá que vota exclusivamente por los créditos quirografarios, salvo que, al emitir el voto, manifieste que vota por la totalidad de los créditos.

Artículo 128. (Acta de la Junta de Acreedores).- El Secretario extenderá acta de la Junta, en la que se contendrá una relación de lo acaecido en ella, los votos emitidos por cada acreedor y los acuerdos adoptados. Cualquiera que fuera el número de sesiones se levantará una sola acta.

Los asistentes tendrán derecho a que conste en el acta el sentido de sus intervenciones y que se adjunten a ella los escritos que presenten si no figurasen ya en los autos.

Artículo 129. (Aprobación judicial de las resoluciones de la Junta).- Los acuerdos de la Junta de Acreedores deberán ser homologados por el Juez del concurso.

CAPITULO II

COMISION DE ACREEDORES

Artículo 130. (Comisión de Acreedores).- La Junta de Acreedores podrá nombrar una Comisión de Acreedores, compuesta de tres miembros titulares y tres suplentes preferenciales.

Artículo 131. (Elección de los miembros de la Comisión de Acreedores).- Cada uno de los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores se elegirá mediante votación.

Serán elegidos miembros titulares de la Comisión de Acreedores aquellos tres acreedores que obtengan un voto favorable representativo de mayor proporción del pasivo quirografario.

Serán elegidos miembros suplentes de la Comisión de Acreedores, por su orden, los acreedores que le sigan en la votación.

Cada acreedor votará asignando el importe de su participación en el pasivo quirografario de la masa pasiva a los candidatos, pudiendo optar por adjudicar todo el monto de su crédito a uno solo o distribuirlo entre varios.

Artículo 132. (Oposición a la aprobación judicial de la Comisión de Acreedores).- Cualquier acreedor podrá oponerse a la aprobación judicial de la elección de los miembros de la Comisión de Acreedores alegando infracción a la ley.

Artículo 133. (Aceptación).- Los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores deberán manifestar su aceptación o rechazo dentro de las veinticuatro horas de haber sido designados. En caso de rechazo de la designación se completará la lista con los acreedores que hubieran seguido en número de votos. En caso de falta de manifestación se presumirá que el acreedor ha aceptado el cargo y asume, a partir de ese momento, los cometidos y responsabilidades inherentes al mismo.

Artículo 134. (Carácter gratuito del cargo).- Los cargos de miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores serán gratuitos.

Los miembros titulares de la Comisión de Acreedores tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos en que incurran por razón del ejercicio del cargo.

Artículo 135. (Vacantes en la Comisión de Acreedores).- Las vacantes que se produzcan entre los miembros titu-lares de la Comisión de Acreedores serán cubiertas por los suplentes en el orden por el que hubieran sido elegidos.

Agotada la lista de suplentes, las vacantes serán cubiertas por el Juez del concurso.

Artículo 136. (Funcionamiento de la Comisión de Acreedores).- La Comisión de Acreedores tendrá los cometidos que le asigna la presente ley, adoptando sus decisiones por mayoría de sus integrantes.

El régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Acreedores será establecido por la propia Comisión y, si no existiera acuerdo, por el Juez del concurso.

Artículo 137. (Separación de los miembros de la Comisión de Acreedores).- Cuando exista justa causa, el Juez, actuando de oficio o a petición de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso, del síndico o del interventor, podrá separar del cargo a los miembros de la Comisión de Acreedores.

TITULO VII

CONVENIO

CAPITULO I

PROPUESTA DE CONVENIO

Artículo 138. (Presentación de la propuesta).- Con una anticipación no menor de sesenta días a la fecha de reunión de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar al Juez del concurso una o varias propuestas de convenio, acompañadas de un plan de continuación o de liquidación.

El plan de continuación deberá contener un cuadro de financiamiento, en el que se describirán los recursos necesarios para la continuación total o parcial de la actividad profesional o empresarial del deudor durante el período de cumplimiento del convenio, así como sus diferentes orígenes. El plan deberá incluir una fórmula de pago a los acreedores con privilegio especial.

La propuesta deberá estar firmada por el deudor y, en caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores, acompañando testimonio de la resolución social aprobando la presentación de la propuesta. Si faltara la firma de alguno de ellos, se indicará en el documento, con expresión de la causa.

En el caso de que la propuesta implique obligaciones de pago a cargo de cualquiera de los acreedores o de terceros, el documento en el que conste deberá contener, además de la firma o firmas requeridas precedentemente, la de quienes pudieran resultar obligados.

Artículo 139. (Contenido de la propuesta).- La propuesta podrá consistir en quitas y/o esperas, cesión de bienes a los acreedores, constitución de una sociedad con los acreedores quirografarios, capitalización de pasivos, creación de un fideicomiso, reorganización de la sociedad, administración de todo o parte de los bienes en interés de los acreedores o tener cualquier otro contenido lícito, incluso el previsto en el numeral 2) del artículo 174 de la presente ley, o cualquier combinación de las anteriores.

Artículo 140. (Prohibición de propuestas condicionales).- Las propuestas que sometan la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se tendrán por no presentadas.

Se exceptúa de lo dispuesto precedentemente el caso de concurso de sociedades del mismo grupo, en que la propuesta que presente cualquiera de ellas podrá condicionarse a la aprobación judicial del convenio de una o varias sociedades del mismo grupo.

Artículo 141. (Irrevocabilidad e inmodificabilidad de las propuestas).- El deudor no podrá revocar la propuesta o las propuestas que hubiera presentado.

El deudor sólo podrá modificar la propuesta o propuestas de convenio que hubiera presentado si las modificaciones cumplem acumulativamente con los siguientes requisitos:

1) No alteran sustancialmente la propuesta.

2) Comportan condiciones más favorables para todos los acreedores quirografarios o para algunos de ellos.

3) Se introducen con una anticipación mínima de quince días a la fecha fijada para la Junta de Acreedores.

Artículo 142. (Informe especial sobre el plan de continuación o de liquidación).- En el caso de que el deudor hubiera presentado propuesta de convenio, el síndico o el interventor deberá emitir un informe especial sobre la viabilidad del plan de continuación o de liquidación, el cual deberá ser presentado al Juzgado y puesto a disposición de los acreedores con una anticipación mínima de quince días a la fecha prevista para la celebración de la Junta de Acreedores.

En caso de que se hubieran modificado la propuesta o propuestas de convenio, el síndico o el interventor deberá ampliar su informe, el cual deberá ser puesto a disposición de los acreedores con una anticipación mínima de cinco días a la fecha fijada para la celebración de la Junta.

CAPITULO II

CONSIDERACION Y VOTACION DE LA PROPUESTA

Artículo 143. (Consideración de la propuesta).- La propuesta o propuestas de convenio presentadas por el deudor, el plan de continuación o de liquidación y el informe especial que sobre este plan hubiera emitido el síndico o el interventor serán considerados por la Junta de Acreedores.

En el caso de que el deudor hubiere presentado varias propuestas de convenio las mismas serán consideradas en un mismo acto de votación, siendo aceptada la que hubiera recibido mayor número de adhesiones. En caso de igualdad de votos entre dos o más propuestas, se procederá a una segunda votación respecto a ellas para definir la que habrá de aceptarse.

Artículo 144. (Mayorías necesarias para la aceptación de la propuesta).- Para que la propuesta de convenio se considere aceptada, será necesario que voten a favor de la misma acreedores que representen, como mínimo, la mayoría del pasivo quirografario del deudor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior:

A) Cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al 50% (cincuenta por ciento) del monto de los créditos quirografarios y/o plazos de pago superiores a diez años, será necesario que voten a favor de la misma, acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario con derecho a voto.

B) Cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro de los créditos quirografarios en plazo no superior a dos años o en el pago inmediato de los créditos quirografarios vencidos con quita inferior al 25% (veinticinco por ciento), será suficiente que voten a favor acreedores que representen una porción del pasivo del deudor con derecho a voto superior a la que vote en contra, siempre que los votos favorables representen, como mínimo, la cuarta parte del pasivo quirografario del deudor, deducido el pasivo sin derecho a voto.

Artículo 145. (Ventajas a favor de acreedores).- Cuando una propuesta contenga ventajas a favor de uno o varios acreedores o de una o varias clases de créditos, además de las mayorías establecidas en el artículo 144, será necesario que voten a favor de la propuesta acreedores que representen una porción del pasivo no beneficiado superior a la correspondiente a aquellos acreedores que hubieran votado en contra.

Artículo 146. (Consentimiento individual de los acreedores).- Cuando la propuesta de convenio suponga nuevas obligaciones para uno o varios acreedores será necesario el consentimiento individual de los afectados, el cual deberá ser presentado antes de que la propuesta sea sometida a votación.

No será necesario el consentimiento individual de los acreedores especialmente relacionados con el deudor cuando la propuesta prevea la conversión de los créditos de que fueran titulares esos acreedores en acciones o en participaciones sociales de la sociedad deudora.

CAPITULO III

CONVENIOS DE CESION DE ACTIVO

Artículo 147. (Cesión total o parcial de activo).- En caso de convenio de cesión total de activo en pago o para pago de los acreedores se considerarán cedidos los bienes y derechos que figuren en el inventario aprobado por el Juez del concurso.

En caso de convenio de cesión parcial de activo la propuesta deberá ir acompañada de la relación de los bienes o derechos objeto de la cesión.

En todos los casos deberán previamente salvaguardarse los derechos de los acreedores privilegiados.

Artículo 148. (Convenio de cesión en pago).- Cuando la propueta de convenio tenga como objeto la cesión total o parcial del activo en pago a acreedores, será necesario el consentimiento individual de los cesionarios.

Artículo 149. (Convenio de cesión para pago).- Cuando la propuesta de convenio tenga como objeto la cesión total o parcial de activo para pago de los acreedores deberá establecerse el plazo máximo para la enajenación, el cual no podrá ser superior a dos años.

Salvo pacto en contrario, la facultad de enajenar se considerará atribuida al síndico o al interventor.

Artículo 150. (Convenio de asunción del pasivo).- Salvo pacto en contrario, en caso de convenio de cesión total o parcial del activo a un acreedor o a un tercero, con obligación de pagar por cuenta del deudor a los acreedores quirografarios y subordinados la totalidad o parte de los créditos, se considerarán cedidas las acciones de reintegración de la masa activa.

Salvo pacto en contrario, el cesionario no asumirá responsabilidad alguna por los créditos que, en el momento de la presentación de la propuesta de convenio, no hubieran solicitado verificación, cuando la misma sea necesaria.

CAPITULO IV

APROBACION JUDICIAL DEL CONVENIO

SECCION 1

OPOSICION A LA APROBACION DEL CONVENIO

Artículo 151. (Legitimación para la oposición).- Podrán oponerse a la aprobación judicial del convenio:

1) Los acreedores que hayan sido privados ilegítimamente del derecho de voto y los que hayan votado en contra la propuesta de convenio.

2) El síndico o el interventor.

Artículo 152. (Causas de oposición).- Cualquiera de los legitimados previstos en el artículo 151 podrá oponerse a la aprobación judicial del convenio alegando infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta o en el contenido del convenio. Para que un acreedor asistente a la Junta pueda oponerse por infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta será necesario además que haya denunciado la infracción durante la Junta o en el momento en que se hubiera producido.

El acreedor o acreedores que representen, por lo menos, el diez por ciento del pasivo quirografario del deudor y el síndico o el interventor podrá oponerse además a la aprobación judicial del convenio alegando alguna de las siguientes causas:

1) Que el voto o los votos para la aceptación de la propuesta han sido emitidos por quien no era titular real del crédito o han sido obtenidos mediante maniobras que afecten o puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores quirografarios.

2) Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.

Artículo 153. (Plazo de oposición).- El plazo de oposición será de cinco días a contar desde el siguiente al de la conclusión de la Junta de Acreedores.

Artículo 154. (Aprobación judicial en caso de falta de oposición).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 153 sin que se hubiere formulado oposición, el Juez dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de acreedores.

Artículo 155. (Procedimiento en caso de oposición).- En caso de haberse formulado oposiciones, una vez tramitado el incidente, el Juez dictará sentencia aprobando o no el convenio, sin que en ningún caso pueda modificarlo.

Si el convenio no hubiera sido aprobado por infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta, en la misma sentencia el Juez convocará una nueva Junta para someter a votación la propuesta que hubiera obtenido mayoría en la anterior, la cual habrá de celebrarse dentro del mes siguiente al de la fecha de la sentencia. La convocatoria de la nueva Junta será objeto de la misma publicidad que la sentencia de declaración de concurso.

Artículo 156. (Publicidad de la aprobación judicial del convenio).- La resolución judicial por la que se apruebe el convenio, una vez firme, será objeto de la misma publicidad que la sentencia de declaración de concurso.

SECCION 2

EFECTOS DE LA APROBACION JUDICIAL DEL CONVENIO

Artículo 157. (Vigencia de los efectos).- El convenio producirá sus efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiera aprobado.

Artículo 158. (Ambito subjetivo del convenio).- El convenio será obligatorio para el deudor y para los acreedores quirografarios y subordinados cuyos créditos fueron anteriores a la declaración judicial de concurso, incluidos los que, por cualquier causa, no hubieran sido verificados.

Artículo 159. (Efecto novatorio sobre los créditos).- Por virtud del convenio, los créditos quirografarios y subordinados quedarán definitivamente extinguidos en la parte en que se hubiera hecho condonación al deudor, salvo que en el propio convenio se disponga lo contrario o que la sentencia de calificación condene a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial.

Los créditos quirografarios y subordinados serán exigibles conforme a lo pactado, salvo que la sentencia de calificación condene a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial.

Artículo 160. (Subsistencia de las garantías personales).- Los acreedores que no hayan votado a favor de la propuesta de convenio, conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y contra los fiadores o avalistas del deudor.

Artículo 161. (Efecto extintivo de la suspensión o de la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).-A partir del momento en que alcance firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, cesará la suspensión o la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, salvo que en el propio convenio se disponga lo contrario o que el Juez, en esa misma resolución hubiera acordado la prórroga de la suspensión o de la limitación, la cual en ningún caso podrá ser superior a tres meses.

Artículo 162. (Convocatoria a la asamblea de socios o accionistas).- Si el deudor fuera una persona jurídica que tuviera suspendida su legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, el síndico, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, convocará a la asamblea de socios o accionistas para el nombramiento de administradores o de liquidadores.

CAPITULO V

ADHESIONES A LA PROPUESTA DE CONVENIO

Artículo 163. (Presentación del convenio).- Antes de la celebración de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar adhesiones a una propuesta de convenio suscrita por acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto. Cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al 50% (cincuenta por ciento) del monto de los créditos quirografarios y/o plazos de pago superiores a diez años, será necesario contar con adhesiones a la misma de acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario con derecho a voto.

En este caso, luego de haber recaído aprobación judicial de la lista de acreedores, el Juez dispondrá la suspensión de la Junta y abrirá plazo de oposición para la aprobación del convenio.

Artículo 164. (Procedimiento de aprobación del convenio).- La resolución judicial que suspenda la junta mandará publicar un extracto de la propuesta de convenio en el Diario Oficial, por el plazo de tres días, convocando a los acreedores concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de veinte días a partir de la última publicación. Esta publicación será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado dentro de las veinticuatro horas de dispuesta por el Juez. El texto íntegro de la propuesta estará, en todo momento, a disposición de los acreedores en la sede del Tribunal.

Podrán oponerse a la aprobación del convenio los acreedores quirografarios y subordinados del deudor, con excepción de aquellos que lo hubieran suscripto, y el síndico o el interventor, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 152.

Transcurrido el plazo legal sin que se hubiera formulado oposición del Juez dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de acreedores.

En caso de mediar oposiciones, las mismas se tramitarán por el procedimiento previsto en el artículo 155 y la decisión que apruebe o rechace el convenio tendrá los efectos previstos en los artículos 157 y 162.

CAPITULO VI

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Artículo 165. (Información sobre cumplimiento del convenio).- Cada seis meses, a contar desde la fecha en que hubiera adquirido firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, el deudor emitirá conforme sobre el estado de cumplimiento de ese convenio, que entregará al Juez del concurso y a la Comisión de Acreedores.

Sin perjuicio de esto, el deudor deberá informar del estado de cumplimiento del convenio a la Comisión de Acreedores cada vez que sea requerido por ésta.

Artículo 166. (Cumplimiento del convenio).- Una vez cumplido íntegramente el convenio, el deudor presentará al Juez solicitud de conclusión del concurso de acreedores, acompañando los documentos que lo acrediten.

Artículo 167. (Apertura de la liquidación por incumplimiento del convenio).- En caso de incumplimiento del convenio, cualquier acreedor podrá solicitar del Juez del concurso la apertura de la liquidación de la masa activa.

A petición del solicitante, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad de la masa activa. Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el incumplimiento o desestimada la solicitud.

Si el Juez considera acreditado el incumplimiento del convenio, dictará sentencia declarando incumplido el convenio y ordenando la liquidación de la masa activa.

En la misma sentencia el Juez suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso.

TITULO VIII

LIQUIDACION Y PAGO

CAPITULO I

LIQUIDACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 168. (Apertura de la liquidación).- El Juez del concurso ordenará la liquidación de la masa activa en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor así lo pida en la solicitud de declaración judicial de concurso.

2) En caso de falta de presentación o de aceptación de la propuesta de convenio por la Junta de Acreedores.

3) En caso de falta de aprobación judicial del convenio.

4) En caso de incumplimiento del convenio.

5) Cuando, en cualquier estado del procedimiento, así lo soliciten, en la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que representen la mayoría de los créditos quirografarios con derecho a voto.

Artículo 169. (Resolución de liquidación de la masa activa).- La resolución judicial que ordene la liquidación contendrá necesariamente los siguientes pronunciamientos:

1) La suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, con nombramiento del interventor como síndico. Si el deudor ya tuviera suspendida la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, continuará el síndico nombrado.

2) Fecha de la licitación para la adquisición en bloque de la empresa en funcionamiento, que no podrá superar los noventa días de decretada la liquidación y pliego conteniendo las bases del llamado a licitación para la explotación de la empresa, aprobado por el Tribunal a propuesta del síndico (artículo 172). La fecha de la licitación podrá ser prorrogada en forma excepcional y por una única vez hasta por noventa días.

3) Si el deudor fuera persona jurídica, la resolución contendrá, además, la declaración de disolución de la persona jurídica deudora y el cese de los administradores.

La resolución judicial que ordene la liquidación de la masa activa se notificará a los miembros de la Comisión de Acreedores y se inscribirá y publicará en igual forma que la sentencia de declaración del concurso.

Deberá comenzar a ejecutarse inmediatamente aunque no sea firme.

Artículo 170. (Efectos de la apertura de la liquidación).- La apertura de la liquidación de la masa activa producirá el vencimiento anticipado de todos los créditos anteriores a la declaración judicial de concurso.

Será además justa causa para la resolución anticipada de los contratos celebrados por el deudor con obligaciones total o parcialmente pendientes de ejecución. El crédito correspondiente a la indemnización por los daños y perjuicios que cause la resolución, fijado por el Juez, tendrá la consideración de crédito concursal.

Artículo 171. (Venta en bloque de la empresa en funcionamiento).- En todos los casos se procurará en primer lugar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento.

Artículo 172. (Venta en bloque de la empresa).- Se procederá a subastar la empresa en funcionamiento mediante proceso licitatorio en las condiciones que establezca la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo, sobre las siguientes bases:

A) En los pliegos de condiciones se establecerán requisitos mínimos para la aceptación de los postulantes, vinculados a sus antecedentes comerciales, situación patrimonial, garantías de mantenimiento de oferta, ausencia de vínculos especiales con el deudor (artículo 112), cumplimiento de normas laborales y tributarias, y demás aspectos vinculados a la selección de oferentes calificados para la continuidad del giro empresarial.

B) Podrán formularse ofrecimientos por parte de la cooperativa o sociedad comercial de trabajadores de la empresa subastada que se constituya y esté integrada de forma tal que más del 50% (cincuenta por ciento) de la propiedad correspondiera a los trabajadores que desarrollaban actividad personal en la misma en el inicio del proceso concursal y que, en caso de adoptar la forma de sociedad anónima o en comandita por acciones, las acciones de los trabajadores sean nominativos no endosables. La misma podrá hacer velar en su oferta los créditos laborales a ser renunciados por sus miembros. El magistrado actuante podrá considerar, a solicitud de parte, como integrante de la oferta, la circunstancia prevista en el inciso tercero del numeral 2) del artículo 174.

El ofrecimiento formulado por esta cooperativa o sociedad comercial tendrá preferencia por sobre los restantes oferentes en caso de igualdad de condiciones propuestas.

C) Se abrirá un período para la formulación de ofertas, las que no serán inferiores al 50% (cincuenta por ciento) del valor de tasación de la empresa (numeral 6) del artículo 123). Se aceptará la mayor oferta al contado, salvo que acreedores que representen el 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario acepten una oferta a crédito superior, siempre que la misma no implique perjuicios en los derechos de los acreedores privilegiados.

La venta la otorgará el Juez del concurso y éste hará la tradición (artículo 770 del Código Civil).

Artículo 173. (Efectos de la adjudicación).- La adjudicación será título hábil suficiente para la trasmisión de la propiedad de los bienes referida en el artículo 172, en las condiciones establecidas en el artículo 177, y a todos los efectos registrales.

Artículo 174. (Liquidación por partes de la masa activa).- En caso de no lograrse la venta en bloque de la empresa en funcionamiento ya sea al contado o a crédito, el síndico presentará a la Comisión de Acreedores un proyecto actualizado de liquidación, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la resolución judicial que declare desierta la licitación, en el que se determinarán para cada clase de bienes y derechos que integran la masa activa, las reglas particulares conforme a las cuales deberán enajenarse.

Si el proyecto fuera aprobado por la Comisión, la enajenación de los bienes y derechos se ajustará a lo determinado por el síndico. Si no lo fuere o en todo lo no previsto en el proyecto, el síndico procederá a enajenar la masa activa de acuerdo con las siguientes reglas:

1) En caso de existir diversas unidades productivas, las mismas se enajenarán como un todo, salvo que sea más conveniente para la masa la previa división o la realización aislada de los elementos que los componen, en cuyo caso, antes de proceder a su enajenación, deberá emitir un informe justificativo.

2) En caos de que exista riesgo de que los créditos laborales comprendidos en el numeral 1) del artículo 110 no puedan ser satisfechos en su totalidad, el Juez previa vista al síndico, podrá designar depositaria de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos, a una cooperativa de trabajo para que se constituya con la totalidad o parte del personal (artículo 6° de la Ley N° 17.794, de 22 de julio de 2004).

Los créditos laborales privilegiados que pudieren existir en la masa del concurso serán compensados y computados como aporte de los trabajadores a la cooperativa constituida.

El Juez del concurso podrá disponer que el organismo de seguridad social correspondiente vierta la suma de la indemnización por seguro de paro, a los efectos de que sea computada como aporte de los trabajadores.

3) Los bienes inmuebles, muebles y derechos de propiedad intelectual e industrial, se liquidarán de acuerdo con las disposiciones que regula la vía de apremio.

4) Los valores que tengan oferta pública se negociarán en los mercados formales en que los mismos tengan cotización.

Antes de proceder a la liquidación, las reglas conforme a las cuales debe proceder el síndico a enajenar los bienes y derechos que integran la masa activa serán puestas en conocimiento del Juez del concurso.

Artículo 175. (Liquidación anticipada de la masa activa).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174, en cualquier estado del procedimiento, en la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que representen la mayoría de los créditos quirografarios del deudor con derecho a voto podrán resolver la liquidación de la masa activa del concurso en los términos de los artículos 171 a 174.

El Juez, previa vista al síndico o al interventor y al deudor, dispondrá de inmediato la liquidación en la forma resuelta, transformando al interventor en síndico, si correspondiere.

Artículo 176. (Bienes litigiosos).- La enajenación de los bienes o derechos cuya titularidad o disponibilidad se encuentre en litigio se realizará una vez recaída resolución judicial firme, salvo decisión en contrario de la Comisión de Acreedores.

El Juez del concurso, oída la otra parte del litigio, podrá autorizar también la enajenación de bienes o derechos de imposible, de difícil o de muy costosa conservación o que corran peligro de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente de valor, antes de que recaiga resolución judicial firme.

El producto de la enajenación se consignará a nombre de quien corresponda a las resultas del litigio.

Artículo 177. (Pasivos del deudor vinculados a los activos, al establecimiento o a la explotación).- No será de aplicación al adquirente de los activos del deudor, del establecimiento o de la explotación del deudor, enajenados en el proceso de liquidación de la masa activa, la responsabilidad que la ley pone a cargo de los sucesores o adquirentes por obligaciones comerciales, laborales, municipales, tributarias o de cualquier otra naturaleza.

Artículo 178. (Información sobre la liquidación).- Cada seis meses, a contar desde la fecha de la resolución judicial ordenando la liquidación de la masa activa, el síndico emitirá un informe sobre el estado de la liquidación, que entregará al Juez del concurso y la Comisión de Acreedores.

Sin perjuicio de esto, el síndico deberá informar sobre el estado de la liquidación a la Comisión de Acreedores cada vez que sea requerido por ésta.

Artículo 179. (Separación del síndico por prolongación indebida de la liquidación).- Transcurridos dos años desde la fecha de la resolución judicial ordenando la liquidación de la masa activa, sin que ésta hubiera finalizado, cualquier interesado podrá solicitar al Juez del concurso la separación del síndico y el nombramiento de uno nuevo.

El Juez, previa audiencia del síndico y de la Comisión de Acreedores, decretará la separación y el nombramiento de nuevo síndico si el informe de la Comisión de Acreedores fuera favorable a la separación y, aunque no lo fuera, si no existiera justa causa para la dilación.

El síndico separado por prolongación indebida de la liquidación perderá el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la masa activa las cantidades que, en concepto de retribución, hubiera percibido desde la resolución judicial de su designación.

Artículo 180. (Solicitud de conclusión o de suspensión del concurso de acreedores).- Una vez que el producido obtenido en la liquidación de toda la masa activa haya sido íntegramente utilizado en el pago de los acreedores, el síndico presentará solicitud de conclusión o de suspensión del concurso.

CAPITULO II

PAGO A LOS ACREEDORES

Artículo 181. (Pago a los acreedores con privilegio especial).- Los créditos con privilegio especial se pagarán con el producido de la enajenación de los bienes gravados.

Artículo 182. (Pago a los restantes acreedores).- En forma independiente del pago a los acreedores con privilegio especial, el síndico pagará con el producido de la realización de los bienes que integran la masa activa, por su orden, a los acreedores con privilegio general, a los acreedores quirografarios y a los acreedores subordinados.

Artículo 183. (Orden de pago a los acreedores con privilegio general).- Si la masa activa que quedara una vez satisfechos los créditos con privilegio especial fuera insuficiente para satisfacter todos los créditos con privilegio general, el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 110, a prorrata dentro de cada número.

Artículo 184. (Pago a los acreedores quirografarios).- Los créditos quirografarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en la parte que no hubieran sido satisfechos con el importe de los bienes gravados.

Salvo autorización del Juez del concurso, oída la Comisión de Acreedores, el pago de los créditos quirografarios se realizará una vez íntegramente satisfechos los créditos privilegiados.

Artículo 185. (Cuotas de los acreedores quirografarios).- El pago de los créditos quirografarios se efectuará en función de la liquidez de que dispongan los síndicos mediante entrega de cuotas a cuenta de, por lo menos, el 5% (cinco por ciento) del monto de los créditos.

Artículo 186. (Reserva a favor de créditos condicionales y litigiosos).- Si existieran créditos condicionales o créditos litigiosos, el síndico reservará las cantidades correspondientes para poder atender al pago en caso de cumplimiento de la condición o cumplir la resolución que recaiga en el litigio.

Artículo 187. (Pago a los acreedores subordinados).- El pago de los créditos subordinados se realizará una vez íntegramente satisfechos los créditos quirografarios.

Si los fondos que quedaran una vez satisfechos los créditos quirografarios fueran insuficientes para satisfacer a todos los créditos subordinados, el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 111, a prorrata dentro de cada número.

Artículo 188. (Remanente de la liquidación).- Si una vez pagados los créditos subordinados quedara un remanente, el síndico lo distribuirá entre los acreedores con privilegio general y quirografarios, a prorrata de sus respectivos créditos, con un monto máximo equivalente a la tasa media de interés del sistema bancario para familias, por plazos mayores a un año, que publique el Banco Central del Uruguay para créditos en unidades indexadas o, en su defecto, al interés legal computado sobre sus respectivos créditos, por el plazo que medió entre la declaración judicial de concurso y el pago de los mismos.

Si todavía quedara un remanente se realizará similar operación con los créditos subordinados, en el orden previsto por la ley.

Artículo 189. (Pago de créditos y vencimientos).- Si el pago de un crédito anterior a la declaración de concurso se efectuara antes de la fecha en que hubiera vencido de no haberse producido la apertura de la liquidación, se hará por su valor actual, realizando el descuento que corresponda.

A solicitud del síndico, el Juez podrá autorizar el pago de créditos del deudor posteriores a la declaración de concurso que todavía no hubieran vencido, fijando el descuento que corresponda.

Artículo 190. (Pago de crédito verificado en dos o más concursos de deudores solidarios).- En el caso de que el crédito hubiera sido verificado en dos o más concursos de deudores solidarios, la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito.

El síndico podrá retener el pago hasta que el acreedor acredite fehacientemente lo percibido hasta la fecha en los concursos de los deudores solidarios. Una vez efectuado el pago, lo pondrán en conocimiento del síndico o del interventor de los demás concursos.

El deudor solidario no podrá reclamar de los codeudores mientras que el acreedor no haya sido íntegramente satisfecho.

Artículo 191. (Derecho del acreedor sobre la cuota del deudor solidario).- El acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del crédito de un fiador o avalista o de un deudor solidario tendrá derecho a que le sea atribuida la cuota que a éstos corresponda en el concurso del deudor hasta cubrir el importe total de su crédito.

TITULO IX

CALIFICACION DEL CONCURSO

Artículo 192. (Clases de concursos).- El concurso de acreedores se calificará como culpable o como fortuito.

El concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores, de derecho o de hecho.

En los demás casos se calificará como fortuito.

Artículo 193. (Presunciones absolutas de culpabilidad).- El concurso se calificará como culpable, además, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones con la finalidad de retrasar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución que se hubiera iniciado o fuera de previsible iniciación.

2) Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubiera dedicado.

3) Cuando, antes de la declaración del concurso de acreedores, hubieran salido indebidamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

4) Cuando no hubiera llevado contabilidad de ninguna clase, estando legalmente obligado a ello, o cuando hubiere llevado doble contabilidad o hubiere cometido falsedad en la contabilidad.

5) Cuando el deudor hubiera cometido falsedad en cualquiera de los documentos adjuntados a la solicitud de declaración judicial de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento.

Artículo 194. (Presunciones relativas de culpabilidad).- Se presume la existencia de culpa grave del deudor, salvo prueba en contrario, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración judicial del concurso.

2) Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de cooperación con los órganos concursales, no les hubiera facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiera asistido a la Junta de Acreedores.

3) Cuando el deudor hubiera incumplido con su obligación de preparar, en tiempo y forma, los estados contables anuales, estando legalmente obligado a ello.

Artículo 195. (Cómplices).- Se consideran cómplices las personas que, con dolo o con culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, en el caso de personas jurídicas deudoras, con los administradores y liquidadores a la realización de cualquier acto que hubiera producido o agravado la insolvencia.

Artículo 196. (Formación del incidente de calificación).- En la misma resolución por la que apruebe el convenio u ordene la liquidación de la masa activa, el Juez del concurso mandará formar el incidente de calificación, que se abrirá con la solicitud de declaración del concurso de acreedores y los documentos adjuntos y con la sentencia que lo hubiera declarado.

No procederá la formación del incidente de calificación cuando concurran acumulativamente las siguientes condiciones:

1) El concurso de acreedores fuera voluntario.

2) El convenio aprobado permita la satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en caso de liquidación, que de lo actuado resulte que el activo del deudor es suficiente para satisfacer su pasivo.

Artículo 197. (Comparecencia de los interesados).- Dentro de los quince días siguientes a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la resolución judicial que ordene la formación del incidente de calificación, cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo podrá comparecer ante el Juez del concurso, denunciando los hechos que considere relevantes para la calificación del concurso como culpable.

Artículo 198. (Informe del síndico o del interventor y dictamen del Ministerio Público).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 197, el síndico o el interventor, dentro de los quince días siguientes, presentará al Juez del concurso un informe documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso de acreedores, con propuesta de resolución.

Si se propusiera que el Juez califique como culpable el concurso, expresará la identidad de las personas a las que debe afectar la calificación, así como la identidad de las personas a las que debe calificarse de cómplices, justificando la causa.

Del informe del síndico o del interventor se dará traslado al Ministerio Público para que emita dictamen en el plazo de cinco días. Si el Ministerio Público no emitiera dictamen, se entenderá conforme con la propuesta de calificación.

Artículo 199. (Tramitación del incidente de calificación).- Si el informe del síndico o del interventor y el dictamen del Ministerio Público coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones.

En otro caso, emplazará al deudor y a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o ser declaradas cómplices, a fin de que, en el plazo de diez días, aleguen cuando convenga a su derecho.

Artículo 200. (Oposición a la calificación).- Si el deudor o alguno de los comparecientes formulase oposición, el Juez la sustanciará por el procedimiento de los incidentes. De ser varias las oposiciones, se sustanciarán conjuntamente en el mismo procedimiento.

En caso de que ni el deudor ni los demás comparecientes formularan oposición, el Juez dictará sentencia en el plazo de cinco días.

Artículo 201. (Sentencia de calificación).- La sentencia que declare culpable al concurso tendrá el siguiente contenido:

1) La declaración del concurso como culpable, con expresión de la causa o de las causas en que se fundamente la calificación.

2) La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como de las personas declaradas cómplices.

3) La inhabilitación del deudor o de los administradores o liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control interno de la persona jurídica deudora para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período. Las inhabilitaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Actos Personales.

4) La pérdida de cualquier derecho que tuvieran los cómplices como acreedores concursales y la condena a reintegrar los bienes y derechos que pertenecieran a la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de sentencia.

En el caso de que el deudor cuyo concurso hubiera sido calificado como culpable fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá contener, además, la condena a los administradores y liquidadores, el derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva.

Las disposiciones sobre calificación del concurso se establecen sin perjuicio de las normas penales que correspondiera aplicar, en caso de que alguno de los involucrados hubiera incurrido en conductas delictivas tipificadas por las referidas normas.

Artículo 202. (Sustitución de los inhabilitados).- En caso de inhabilitación del deudor persona física, el Juez, en resolución posterior, oídos previamente los interesados, nombrará un curador que se encargue de la administración de los bienes del inhabilitado.

En caso de que la inhabilitación de los administradores o de los liquidadores de la persona jurídica deudora impida a la misma formar su voluntad corporativa, el síndico o el interventor convocarán una asamblea de socios o accionistas para el nombramiento de administradores o de liquidadores.

Artículo 203. (Cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial).- Si en el convenio se hubiera acordado una quita al deudor de parte de sus créditos quirografarios, los importes que se obtengan en la ejecución de la condena a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial, se destinarán al pago de la parte condonada.

Si existiera un resto y el convenio contuviera una espera para el pago de los créditos quirografarios, las cantidades a que se refiere el inciso anterior se destinarán al pago anticipado de los últimos plazos.

Artículo 204. (Calificación del concurso en caso de incumplimiento del convenio).- En caso de incumplimiento del convenio el concurso se calificará culpable cuando en ese incumplimiento hubiera existido dolo o culpa del deudor.

TITULO X

SUSPENSION Y CONCLUSION DEL CONCURSO

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 205. (Presupuestos para la suspensión y conclusión del concurso).- Para que el Juez pueda acordar la suspensión o la conclusión del concurso de acreedores será necesario que se den los siguientes presupuestos:

1) Que exista causa legal de suspensión o de conclusión del concurso de acreedores.

2) Que sea improcedente la reintegración de la masa activa o, en caso contrario, que se hubieran ejecutado íntegramente las sentencias firmes de las acciones revocatorias o adquirido firmeza las resoluciones judiciales que las hubieran desestimado.

3) Que fuera improcedente la promoción del incidente de calificación, que el concurso hubiera sido calificado como fortuito o que se hubiera ejecutado íntegramente la sentencia firme de calificación del concurso como culpable.

Artículo 206. (Informe sobre la reintegración de la masa activa).- En el caso de que exista causa de suspensión o de conclusión, el sindico emitirá un informe sobre la existencia de actos del deudor anteriores a la declaración judicial de concurso que sean susceptibles de revocación.

Si el informe fuera favorable al ejercicio de acciones revocatorias, el síndico estará obligado a ejercitarlas en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de emisión del informe.

Si el informe fuera desfavorable, el acreedor o los acreedores cuyos créditos representen, al menos el 5% (cinco por ciento) del total pasivo podrán ejercitar las acciones revocatorias por cuenta de la masa, solicitando expresamente en la demanda que se notifique al síndico.

CAPITULO II

SUSPENSION DEL CONCURSO

Artículo 207. (Causas de suspensión del concurso).-Será causa de suspensión del concurso de acreedores la inexistencia o el agotamiento de la masa activa sin íntegra satisfacción de los acreedores.

Artículo 208. (Procedimiento).- La solicitud de suspensión del concurso por inexistencia o agotamiento de la masa activa será presentada por el síndico cuando del estado de las cuentas de la liquidación surja que se ha producido la causal de suspensión prevista en el artículo 207.

De la solicitud de suspensión y de las cuentas de las cuales surja la configuración de la causal se dará traslado al deudor, a la Comisión de Acreedores y a los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento, con la advertencia de que las cuentas quedarán de manifiesto en el Juzgado por el plazo de quince días.

Dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior, cualquier persona a la que se hubiera dado traslado de la solicitud podrá oponerse a la suspensión del concurso de acreedores o impugnar las cuentas.

En caso de falta de oposición y de impugnación, el Juez dispondrá la suspensión del concurso de acreedores, con aprobación de las cuentas.

En caso de oposición o de impugnación, éstas se sustanciarán por el procedimiento de los incidentes.

Artículo 209. (Medidas cautelares en caso de suspensión del concurso).- La resolución judicial de suspensión del concurso de acreedores podrá disponer las medidas cautelares que el Juez considere oportunas.

Artículo 210. (Reapertura del concurso suspendido).- El concurso suspendido será reabierto a solicitud del deudor o de cualquier acreedor concursal cuando, dentro del plazo de cinco años a contar desde la firmeza del auto de suspensión, ingresen o aparezcan nuevos bienes o derechos en el patrimonio del deudor.

En este caso, los acreedores posteriores a la suspensión concurrirán con los anteriores.

CAPITULO III

CONCLUSION DEL CONCURSO

Artículo 211. (Causas de conclusión del concurso).- Son causas de conclusión del concurso de acreedores:

1) El íntegro cumplimiento del convenio.

2) La integra satisfacción de los acreedores.

3) El transcurso de diez años desde la suspensión del concurso de acreedores, en los términos establecidos en el artículo 213.

Artículo 212. (Conclusión del concurso en caso de cumplimiento del convenio o de íntegra satisfacción de los acreedores).- La solicitud de conclusión del concurso por cumplimiento del convenio o por íntegra satisfacción a los acreedores será presentada por el deudor acompañando la documentación en la cual se sustenta el pedido.

En los casos en que el deudor estuviera separado de la administración de la masa activa, el Juez podrá pedir al síndico la presentación de las cuentas de la liquidación.

El Juez dará traslado de la solicitud al síndico o al interventor, a la Comisión de Acreedores y a los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento.

Dentro del plazo de quince días de haber sido notificados, las personas a las que se hubiera dado traslado de la solicitud podrán oponerse a la conclusión del concurso de acreedores o impugnar las cuentas presentadas.

En caso de falta de oposición o de impugnación, el Juez pronunciará sentencia declarando la conclusión, con aprobación de las cuentas presentadas por el síndico, en su caso.

Artículo 213. (Conclusión del concurso por el transcurso de diez años de la suspensión).- En el caso de que hubieran transcurrido diez años de la suspensión del concurso por inexistencia o agotamiento de la masa activa, sin que se hubiera reabierto el concurso suspendido, el Juez de oficio pronunciará sentencia declarando extinguidos los créditos concursales en la parte que no hubieran sido satisfechos y dando por concluido el procedimiento. Para que opere la extinción deberán concurrir acumulativamente las siguientes circunstancias:

A) Que se trate de un concurso voluntario.

B) Que el mismo hubiera sido calificado como fortuito.

C) Que el deudor hubiera cumplido con su deber de cooperación con el alcance establecido en el artícu-lo 53.

Si el deudor fuera persona jurídica, la sentencia la declarará extinguida, ordenando la cancelación de su personería jurídica.

TITULO XI

ACUERDO PRIVADO DE REORGANIZACION

CAPITULO I

CELEBRACION DEL ACUERDO

Artículo 214. (Oportunidad de suscripción del acuerdo).- Antes de la declaración judicial de concurso el deudor podrá suscribir un acuerdo privado de reorganización con acreedores representativos del 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario con derecho a voto.

Será de aplicación al acuerdo privado de reorganización lo dispuesto en los artículos 140 y 145.

Artículo 215. (Modalidades de acuerdo).- Una vez obtenidas las mayorías exigidas por el artículo 214, el deudor tendrá la opción de seguir el procedimiento puramente privado de instrumentación del acuerdo, requiriendo la actuación de un escribano público, o solicitar su homologación judicial.

CAPITULO II

ACUERDO PURAMENTE PRIVADO

Artículo 216. (Instrumentación).- De optarse por el procedimiento puramente privado, una vez obtenidas las mayorías del artículo 214, el acuerdo privado de reorganización será obligatorio para todos los acreedores quirografarios y subordinados, siempre que se notifique a los acreedores no firmantes la adhesión al acuerdo de las mayorías necesarias, y que éstos, dentro del plazo de veinte días, no manifiesten su oposición al deudor.

Artículo 217. (Notificación).- La notificación a los acreedores no firmantes se hará por medio de escribano público y al practicarse se acompañará la siguiente documentación:

1) Los documentos exigidos por el artículo 7° para la solicitud de concurso por parte del deudor.

2) Propuesta de acuerdo privado de reorganización con el contenido previsto en los artículos 138 y 139, suscrita por acreedores representativos del 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto, con indicación del nombre del acreedor firmante, el monto de su crédito quirografario, la fecha de la firma; en el caso de personas jurídicas se indicará además el nombre del representante y el acto o negocio jurídico del cual emana su poder de representación. La firma puesta en representación de cada acreedor implicará declaración expresa del firmante de la existencia de facultades de representación y de la vigencia de su mandato.

Los documentos mencionados en el presente artículo deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de algunos de ellos, se señalará en los documentos en que falte, indicando la causa.

Artículo 218. (Protocolización).- Si vencido el plazo de veinte días los acreedores no firmantes no presentan su oposición al deudor, el acuerdo privado de reorganización se tendrá por aceptado. En tal caso el deudor deberá hacer protocolizar el acuerdo suscrito por la mayoría de acreedores, ante escribano público, con las diligencias de notificación a los acreedores no firmantes. Desde ese momento el acuerdo se tendrá por homologado y el escribano protocolizante podrá expedir a los interesados las copias que se soliciten.

Artículo 219. (Publicación).- Será de cargo del deudor la publicación por tres días de un extracto del acuerdo privado de reorganización en el Diario Oficial, identificando al escribano público interviniente e indicando su domicilio.

Artículo 220. (Oposición al acuerdo).- Si dentro del plazo de veinte días, cualquiera de los acreedores no firmantes quisiera oponerse al acuerdo celebrado, deberá notificar su oposición al deudor por cualquier medio fehaciente. Serán causas de oposición:

1) Que el contenido del acuerdo es contrario a la ley.

2) Que las firmas de acreedores por crédito decisivos para formar las mayorías requeridas legalmente no corresponden a los titulares reales del crédito o han sido obtenidas mediante maniobras que afecten o puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores quirografarios.

3) Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.

4) Que existe ocultación o exageración fraudulenta del activo o del pasivo.

En tal caso, el deudor tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Juez competente los antecedentes del caso a los efectos de que resuelva la oposición presentada y dicte la homologación judicial del acuerdo, en los términos establecidos en el Capítulo IV del presente Título, requiriendo la inmediata notificación al acreedor o a los acreedores disidentes, quienes deberán ratificar su oposición en el plazo de seis días.

De no presentarse el deudor al Juzgado en el plazo de diez días, cualquier acreedor podrá solicitar la declaración del concurso al Juez, quien la decretará sin más trámite.

Será competente para entender en la oposición y en la homologación judicial del acuerdo privado de reorganización el mismo Juez competente para declarar el concurso. En el caso de que existiera una solicitud de concurso en trámite el acuerdo privado de reorganización deberá ser presentado en dicho procedimiento.

CAPITULO III

ACUERDO SOMETIDO A HOMOLOGACION JUDICIAL

Artículo 221. (Requisitos).- De optarse por la homologación judicial del acuerdo, el deudor deberá presentarse al Juzgado acompañando la documentación referida en el artículo 217. La solicitud de homologación del acuerdo privado de reorganización, así como todos los documentos presentados deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de algunos de ellos, se señalará en la solicitud y en los documentos en que falte, indicando la causa.

El deudor deberá depositar además, a la orden del Juzgado, fondos suficientes para atender los gastos de inscripción y publicación de la resolución judicial que admita el acuerdo.

Artículo 222. (Auto de admisión).- Presentada la solicitud en debida forma, con los requisitos establecidos en el artículo 221, o en el caso de presentación al Juzgado del acuerdo puramente privado con oposiciones, en las condiciones del inciso segundo del artículo 220, el Juez deberá, en el plazo de dos días, dictar una resolución con el siguiente contenido.

1) Admisión de la propuesta presentada.

2) Suspensión del procedimiento de concurso, en caso de que el mismo hubiera sido solicitado.

3) Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.

4) Publicación integra del auto de admisión y de un extracto de la propuesta de acuerdo privado de reorganización en el Diario Oficial, por el plazo de tres días, convocando a los acreedores concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de veinte días a partir de la última publicación.

Artículo 223. (Inscripción del auto de admisión).- La inscripción del auto de admisión del acuerdo será comunicada por el Juzgado al Registro, dentro del plazo de veinticuatro horas de dictado el mismo.

En caso de que no se realice la inscripción pertinente, cualquier acreedor podrá solicitar el concurso al Juez, quien lo decretará sin mas trámite.

Artículo 224. (Publicación del auto de admisión y de la propuesta).- La publicación del auto de admisión y de la propuesta de acuerdo privado de reorganización será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de dictado el mismo.

Artículo 225. (Efectos del auto de admisión).- El auto de admisión debidamente inscripto y publicado producirá los siguientes efectos:

1) El deudor requerirá autorización del Juez para contraer, modificar o extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar poderes; o para realizar cualquier acto jurídico relativo a los bienes que integran su patrimonio. En especial requerirá autorización para la realización de actos relativos a bienes registrales, para la venta o arrendamiento del establecimiento comercial y para la emisión de obligaciones negociables. Se encuentran excluidas del requisito de la autorización las operaciones ordinarias del giro del deudor.

2) No podrá declararse el concurso del deudor, excepto a su propia solicitud. Si existieran solicitudes de concurso en trámite, las mismas quedarán en suspenso.

3) No podrán promoverse ejecuciones contra el deudor por créditos anteriores a la presentación de la propuesta de acuerdo. Las ejecuciones que se encuentren en trámite y los embargos trabados sobre los bienes del deudor quedarán en suspenso. La moratoria provisional tendrá un plazo máximo de un año.

4) En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios o podrán promoverse las respectivas ejecuciones por un plazo de ciento veinte días a contar del auto de admisión y las ejecuciones en curso se suspenderán por igual término.

5) El Juez que admitió el acuerdo privado de reorganización será el único competente para conocer en los procedimientos de ejecución y para disponer medidas cautelares sobre los bienes que integran el activo del deudor.

6) El Juez, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, podrá adoptar medidas cautelares sobre los bienes que integran el patrimonio del deudor, en beneficio de toda la masa de acreedores, en caso de considerarlo necesario.

Artículo 226. (Oposición a la aprobación del acuerdo).- Dentro de los veinte días contados desde la última publicación del auto de admisión, podrán oponerse a la aprobación judicial del acuerdo los acreedores quirografarios o subordinados del deudor, con excepción de aquellos que lo hubieran suscripto. Serán causas de oposición las establecidas en el artículo 220.

CAPITULO IV

TRAMITE DE LA OPOSICION Y HOMOLOGACION

Artículo 227. (Homologación judicial en caso de falta de oposición).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 226 sin que se hubiere formulado oposición o, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 220, el acreedor no se presentare a ratificar su oposición, el Juez homologará el acuerdo privado de reorganización el primer día hábil posterior.

Artículo 228. (Procedimiento en caso de oposición).- En caso de oposición o de ratificación de la oposición, según el caso, el Juez designará un interventor, durante el trámite de las oposiciones, el cual tendrá las facultades de control sobre la actividad del deudor que el numeral 1) del artículo 225 confiere al Juez.

Tramitado el incidente, el Juez dictará sentencia homologando o rechazando el acuerdo, sin que en ningún caso pueda modificarlo.

Artículo 229. (Publicidad de la aprobación judicial del convenio).- La resolución judicial por la que se homologue el acuerdo, una vez firme, será objeto de la misma publicidad que el auto de admisión.

Artículo 230. (Efectos del acuerdo homologado).- A partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiera homologado, el acuerdo privado de reorganización producirá los efectos previstos por los ar-tículos 158 a 161 para el convenio.

Artículo 231. (Efectos del rechazo del acuerdo).- En el mismo auto de rechazo del acuerdo privado de reorganización, el Juez declarará el concurso del deudor.

En este caso el concurso se considerará declarado a solicitud del deudor.

CAPITULO V

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Artículo 232. (Vigencia del acuerdo).- El acuerdo producirá sus efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiere aprobado o, en el caso del acuerdo puramente privado, desde el día siguiente a la última publicación.

Artículo 233. (Cumplimiento total del acuerdo).- Una vez cumplidas íntegramente por el deudor las obligaciones emergentes del acuerdo, el deudor solicitará al Juez que así lo declare, acompañando los documentos que lo acrediten. En caso de existir un concurso en trámite, solicitará además la conclusión del concurso de acreedores.

Artículo 234. (Incumplimiento del acuerdo).- En caso de incumplimiento del acuerdo privado de reorganización, cualquier acreedor podrá solicitar al Juez que declare el concurso.

A petición del solicitante, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad de la masa activa.

Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el incumplimiento o desestimada la solicitud.

Artículo 235. (Declaración judicial de incumplimiento del acuerdo).- Si el Juez considera acreditado el incumplimiento del acuerdo, dictará sentencia declarando incumplido el mismo y disponiendo la declaración de concurso.

La declaración de incumplimiento del acuerdo determinará que el deudor pierda la facultad de proponer un convenio en el trámite del concurso, debiendo procederse a la liquidación de la masa activa.

Se suspenderá además la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso.

TITULO XII

PEQUEÑOS CONCURSOS Y ABANDONO DE LA EMPRESA

Artículo 236. (Concepto).- Se consideran pequeños concursos aquéllos correspondientes a los deudores que, a la fecha de declaración judicial de concurso, tengan un pasivo no superior a 3.000.000 UI (tres millones de unidades indexadas).

Artículo 237. (Régimen aplicable).- Los pequeños concursos se regirán por las disposiciones comprendidas en la presente ley, con la siguientes excepciones:

1) La Junta de Acreedores será convocada con un plazo máximo de noventa días, dentro del cual el síndico o el interventor deberá realizar la verificación de créditos.

2) Los acreedores serán convocados exclusivamente a través de la publicación de la sentencia que declara el concurso.

3) Los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos en un plazo de quince días a partir de la última publicación de la sentencia.

4) El síndico o el interventor deberá presentar el inventario de la masa activa y la lista de acreedores dentro de los diez días siguientes.

5) El plazo para la impugación del inventario y de la lista de acreedores será de cinco días.

6) El deudor podrá presentar una propuesta de convenio hasta cinco días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores.

Artículo 238. (Abandono de la empresa).- Cuando existan exclusivamente acreedores laborales y el deudor no se hubiera presentado a promover su propio concurso, se podrá aplicar a solicitud de los acreedores la disposición del numeral 2), del artículo 174, asignando a la cooperativa de trabajadores u otra modalidad empresarial que éstos determinen, en forma provisional, el uso precario de la empresa.

En este caso, el Juez dará ingreso a la solicitud, que deberá contener los elementos necesarios para la admisión de acuerdo con el artículo 7°. Se harán las publicaciones con el llamado a acreedores y se notificará personalmente al deudor. En caso de no presentarse otros acreedores que los laborales u oposición del deudor, la cesión precaria se transformará en definitiva.

Tanto la cesión precaria como la definitiva podrán otorgarse en caso de existir otro u otros acreedores que consientan expresamente esta adjudicación.

La cesión definitiva podrá darse siempre que la cooperativa o la sociedad comercial esté integrada de la forma establecida en el literal b) del artículo 172.

TITULO XIII

REGIMEN INTERNACIONAL DEL CONCURSO

CAPITULO I

COMPETENCIA Y LEY APLICABLE AL CONCURSO CON ELEMENTO EXTRANJERO

Artículo 239. (Competencia internacional para la declaración del concurso).- Los Jueces uruguayos serán competentes para declarar el concurso cuando:

1) El domicilio o el centro efectivo de actividad del deudor se encuentre en territorio nacional.

2) El deudor tenga o haya tenido oficina, establecimiento o explotación en territorio nacional, aun cuando su domicilio o centro efectivo de actividad se encuentre en el exterior.

Artículo 240. (Bienes y derechos comprendidos).- El concurso del deudor comprenderá la totalidad de los bienes y derechos que formen el patrimonio del deudor, se encuentren éstos ubicados en el país o en el exterior.

Se encuentra exceptuado el caso en el cual el deudor hubiera sido igualmente declarado en concurso, quiebra o similar en otro Estado, donde tuviera su domicilio, centro efectivo de su actividad, oficina, establecimiento o explotación. En este caso, con relación a los bienes y derechos ubicados en el Estado extranjero donde el concurso, quiebra o similar se hubiera declarado, el concurso local incluirá en su masa activa el remanente de los bienes o derechos resultantes, luego de concluido el procedimiento.

Artículo 241. (Ley aplicable al concurso).- La ley uruguaya será la aplicable a todos los concursos declarados en la República, con excepción de las normas relativas a los efectos de la declaración del concurso sobre los contratos celebrados por el deudor que se regirán por la ley aplicable al contrato.

Artículo 242. (Principio del trato nacional).- No existirá ninguna diferencia en el tratamiento de los acreedores nacionales y extranjeros, salvo los créditos laborales con privilegio general, que tendrán preferencia para cobrarse sobre los bienes ubicados en el territorio nacional.

Cuando se acredite que en el Estado del domicilio del deudor los acreedores uruguayos no son admitidos en igualdad de condiciones con los nacionales, se estará al principio de reciprocidad. No se aplicará el principio de reciprocidad en el caso de los créditos prendarios e hipotecarios.

CAPITULO II

EFICACIA EN EL PAIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRANJERAS EN MATERIA DE CONCURSOS

Artículo 243. (Requisitos para el reconocimiento de la sentencia extranjera).- La sentencia de Juez extranjero declarando el concurso o quiebra de un deudor será reconocida en nuestro país, siempre que:

1) Haya sido dictada por Juez competente.

2) La declaración judicial haya quedado firme.

3) El deudor haya tenido oportunidad de defensa.

4) No sea contraria al orden público internacional.

5) Se cumplan los demás requerimientos contenidos en los artículos 537 a 543 del Código General del Proceso.

Artículo 244. (Medidas cautelares en caso de solicitud de reconocimiento).- Al admitir el trámite de solicitud de reconocimiento, el Juez podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio que el deudor tuviera en territorio uruguayo.

Artículo 245. (Declaración de concurso en el país).- En el caso de declaración por Juez extranjero de concurso o quiebra de un deudor que tenga o haya tenido su domicilio, centro efectivo de actividad, oficina, establecimiento o explotación en la República, cualquiera de los sujetos legitimados podrá solicitar la apertura del concurso en el país.

En este caso, existirá presunción absoluta de la insolvencia del deudor y el concurso tendrá la calidad de necesario.

Artículo 246. (Pluralidad de concursos).- En caso de existir más de un procedimiento de concurso o quiebra del mismo deudor, en nuestro país y en uno o más países del exterior, el Juez del concurso y el síndico o el interventor procurarán actuar en forma coordinada con sus similares del exterior, aplicándose a su respecto las normas que rigen la cooperación internacional.

Los créditos, con excepción de aquellos con privilegio especial, cobrados en el extranjero con posterioridad a la declaración del concurso en el país se imputarán al dividendo a ser percibido en el concurso local.

CAPITULO III

CONVENIOS INTERNACIONALES

Artículo 247. (Prevalencia de los convenios internacionales).- Las disposiciones contenidas en este Título serán de aplicación en defecto y en cuanto no se opongan a las de los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

TITULO XIV

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 248. (Fraudes concursales).- El deudor que, fuera de lo establecido en el artículo 253 del Código Penal y en oportunidad de la solicitud del concurso o en cualquier etapa posterior, exagere u oculte su activo o su pasivo, reconozca o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, sustraiga o esconda los libros sociales, acuerde u otorgue a sus acreedores con cargo a la masa activa ventajas particulares en razón de su voto, será castigado con un año de prisión a cinco años de penitenciaría.

En el caso de las personas jurídicas, incurrirán en este delito los socios, directores, administradores, de hecho o de derecho, que hayan aprobado la realización o hayan realizado los actos constitutivos del delito.

Artículo 249. (Obligación de denunciar).- El Juez del concurso, los síndicos, los interventores, los auxiliares, los técnicos o los peritos en el ejercicio de sus funciones, que tuvieran conocimiento de hechos o circunstancias que en su opinión configuren alguno de los delitos previstos en el artículo 248 o de cualquier otra forma delictiva, tendrán la obligación de denunciarlo a la justicia penal competente.

TITULO XV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 250. (Incidente concursal).- En todos los casos en que la ley no disponga un procedimiento especial o establezca plazos o soluciones procesales especiales, las oposiciones, impugnaciones y demás controversias que se susciten durante el trámite del concurso serán sustanciadas ante el propio Juez del concurso por el procedimiento de los incidentes establecido en el Código General del Proceso, con las siguientes peculiaridades:

1) Se aplicarán en todos los casos las normas para los incidentes fuera de audiencia.

2) Todos los actos procesales serán notificados en la oficina.

3) El Juez deberá fijar los plazos para las actuaciones procesales, de modo que los mismos no determinen una demora respecto de los restantes plazos establecidos por la ley para las etapas del concurso.

Artículo 251. (Publicidad de los procedimientos).- Todos los procedimientos referidos en la presente ley serán públicos, salvo resolución fundada del Tribunal. Se promoverá la difusión de las resultancias de los procesos concursales a los efectos de informar a todas las personas directa o indirectamente interesadas en los mismos.

Artículo 252. (Régimen de recursos).- Todas las resoluciones judiciales recaídas en el procedimiento concursal y en cualquiera de sus incidentes serán recurribles con reposición, la que deberá ser interpuesta dentro del plazo de seis días de notificada.

Admitirán además recurso de apelación las resoluciones judiciales que se establecen a continuación:

1) Con efecto no suspensivo: la sentencia que declare el concurso (artículo 19), la referente a la recusación del síndico o del interventor (artículo 31), la pronunciada en caso de impugnación del inventario (artículo 78), la recaída sobre la impugnación de la lista de acreedores (artículo 105), la recaída sobre la oposición a la designación de la Comisión de Acreedores (artículo 132), la que declare el incumplimiento del convenio (artículo 167), la que disponga la liquidación de la masa activa (artículo 169), y la que declare el incumplimiento del acuerdo privado de reorganización (artículo 234).

2) Con efecto suspensivo: la sentencia que recaiga en caso de observaciones a las cuentas rendidas por el síndico o el interventor (inciso tercero del artículo 40), la que acoja total o parcialmente la acción revocatoria (artículo 87), la que se pronuncia sobre las oposiciones a la aprobación del convenio (artículo 155), la que resuelva las oposiciones a la calificación del concurso (artículo 200), la que resuelva las oposiciones o impugnaciones a la suspensión del concurso (artículo 208), la que resuelva las oposiciones a la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio o íntegra satisfacción de los acreedores (artículo 211) y la que resuelva las oposiciones al acuerdo privado de reorganización (artículo 228).

Ninguna resolución judicial recaída en el procedimiento judicial o en alguno de sus incidentes admitirá casación, con excepción de la sentencia que hubiera calificado el concurso como culpable (artículo 201).

Artículo 253. (Derecho procesal supletorio).- En lo no previsto por la presente ley para la tramitación procesal del concurso de acreedores se estará a lo establecido por el Código General del Proceso.

Todos los plazos establecidos en la presente ley serán perentorios e improrrogables.

Artículo 254. (Disposiciones tributarias).- En los procedimientos concursales se aplicarán las siguientes disposiciones tributarias:

1) Desde la fecha del auto judicial de declaración de concurso, todos los créditos concursales serán considerados incobrables a efectos de los tributos recaudados por la Dirección General Impositiva. Los ingresos derivados de la cobranza de los referidos créditos concursales estarán gravados, cuando corresponda, por los respectivos tributos a medida que se produzcan los respectivos cobros.

2) El deudor tendrá la facultad de diferir hasta en cinco ejercicios la renta bruta generada por las quitas que obtuviera en el concurso.

3) Estará exonerada de todo tributo, con exclusión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Específico Interno, cuando corresponda, la venta privada o en subasta pública y la cesión de bienes a los acreedores realizadas durante el proceso de liquidación de la masa activa del concurso.

4) No serán aplicables a los síndicos o interventores las normas sobre responsabilidad de los administradores representantes por obligaciones tributarias, salvo que hubieran actuado con dolo.

TITULO XVI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

Artículo 255.-

La presente ley entrará en vigencia a los diez días de su promulgación y será aplicable a los concursos promovidos a partir de esa fecha.

Fuente: Redacción dada por: Ley N° 18.411, de 14 de noviembre de 2008 artículo 1°.

Artículo 256. (Derogaciones).- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán derogadas las siguientes disposiciones: el Libro IV, del Concordato Preventivo y de las Quiebras, artículos 1523 a 1781, inclusive, el Título XIX, de las Moratorias, artículos 1764 a 1785, inclusive, antigua remuneración, y el numeral 2) del artículo 29, el primer inciso del artículo 69, los artículos 113 y 131, el inciso cuarto del artículo 246, el numeral 2) del artículo 384, el inciso primero del artículo 385 y el artículo 670 del Código de Comercio; los Títulos XVII, XVIII y XIX de la Parte II del Libro IV, artículos 2359 a 2389, inclusive (excepto el primer inciso del artículo 2372) y el numeral 6) del artículo 2086 del Código Civil; los artículos 13 a 41 y 45 a 75, inclusive, de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893; la Ley N° 5.548, de 29 de diciembre de 1916; la Ley N° 7.334, de 23 de diciembre de 1920; la Ley N° 7.566, de 12 de abril de 1923; la Ley N° 8.045, de 11 de noviembre de 1926; el artículo 11 del Decreto-Ley N° 14.188, de 5 de abril de 1974; el numeral 3) del artículo 24 del Decreto-Ley N° 14.827, de 20 de setiembre de 1978; el Decreto-Ley N° 15.119, de 8 de abril de 1981; el artículo 56 del Decreto-Ley N° 15.645, de 17 de octubre de 1984; los artículos 31 y 32 del Decreto-Ley N° 15.646, de 11 de octubre de 1984; los artículos 213 y 214 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986; los artículos 114 y 396 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989; el inciso segundo del artículo 56 de la Ley N° 16.074, de 10 de octubre de 1989; el artículo 264 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994; el inciso segundo del artículo 12 y los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, y toda otra disposición que se oponga a lo establecido por la presente ley.

Artículo 257.- Mientras no exista un Tribunal de Apelaciones con competencia en materia concursal, la Suprema Corte de Justicia distribuirá la competencia entre los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de forma tal que a uno de ellos acudan, en segunda instancia, todos los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia en materia concursal, liberándolos de doble número de expedientes provenientes de otras materias.

Artículo 258. (Secretarios Contadores).- Créanse dos cargos de Secretarios Contadores (uno para cada Juzgado Letrado de Concursos) los cuales deberán tener título de contador público. A los efectos, habílitase una partida anual de 549.000 UI (quinientas cuarenta y nueve mil unidades indexadas).

Artículo 259. (Arancel de honorarios).- En un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo deberá aprobar una reglamentación estableciendo el arancel de honorarios aplicable a los síndicos, interventores, auxiliares expertos en valoración y rematadores que actúen en los procedimientos concursales.

Artículo 260. (Unidad de Evaluación de Síndicos).- Créase la Unidad de Evaluación de Síndicos, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, integrada por cinco miembros: dos Jueces titulares de los Juzgados de Concursos, uno designado por el Colegio de Abogados del Uruguay, uno por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y uno nombrado por la Suprema Corte de Justicia. Tendrá por cometido dictaminar respecto de la actuación de los síndicos y de los interventores en los procesos concursales en que hubieran participado, a los efectos de lo establecido en el artículo 27 de la presente ley, en las condiciones que establezca la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de su poder de reglamentación.

Artículo 261.- Sustitúyese el numeral 5) del artículo 159 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente:

"5) Por la decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso".

Artículo 262. (Privilegios marítimos y aeronáuticos).- Declárase que los privilegios previstos por los artículos 1037, 1038 y 1193 del Código de Comercio y por los artículos 52 a 57 inclusive del Código Aeronáutico no resultan de aplicación en caso de concurso.

Artículo 263. (Capacidad del deudor concursado).- Declárase que la norma contenida en el inciso primero del artículo 1280 del Código Civil no resulta de aplicación al deudor concursado.

Artículo 264. (Armonización con el régimen anterior).- Las referencias a la quiebra y/o liquidación judicial, con-tenidas en los artículos 135 y 509 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, y en el artículo 104 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, deben entenderse realizadas a los casos de decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso.

Las referencias a concurso, quiebra y/o concordato contenidas en los artículos 90 y 108 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, y en el numeral 6) del artículo 36 del Decreto-Ley N° 14.412, de 8 de agosto de 1975, deben entenderse realizadas a los casos de concurso.

Todas las demás disposiciones legales contenidas en leyes anteriores, cuando se refieran a situaciones de quiebra y/o de liquidación judicial deben entenderse realizadas a la decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso. Cuando se refieran a situaciones de concurso, concordatos o moratorias deben entenderse realizadas a los casos de concurso.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA N° 106

En Montevideo, el día martes dieciséis de diciembre de dos mil ocho, a la hora dieciséis y diez minutos, se reúne en sesión extraordinaria, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Eber Da Rosa, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Carlos Ramela y Jorge Saravia.

Concurren por haber sido especialmente invitados, la señora Ministra de Salud Pública doctora María Julia Muñoz, acompañada por el economista Daniel Olesker y el señor Subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, economista Andrés Masoller, acompañado por su asesor el señor Pedro Apesteguía.

Preside el señor Senador Rafael Michelini, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Dinorah Amato, Secretaría de la Comisión y el señor Jorge Fernández, Prosecretario.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 3001/2008, que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1) FONDO DE GARANTIA PARA LA REESTRUCTURACION DE PASIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA. Creación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 1421/2008.

2) COOPERATIVAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD. Adecuación a la normativa vigente para las cooperativas de trabajo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 1422/2008.

3) Solicitud de audiencia de integrantes de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay S.A. a efectos de aportar su visión sobre el proyecto de ley de Mercado de Valores.

4) Solicitud de audiencia de integrantes del Círculo Católico del Uruguay a efectos de aportar su visión sobre el proyecto de ley por el que se crea un fondo de garantía para la reestructuración de pasivos de las instituciones de asistencia médica colectiva.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

Inmediatamente de ingresadas a Sala las autoridades invitadas, estas dan una opinión general sobre los dos proyectos ingresados para estudio de la Comisión. La Comisión acuerda un régimen de trabajo por el que se discute el articulado de ambos proyectos y se intercambian opiniones con las autoridades presentes.

1) FONDO DE GARANTIA PARA LA REESTRUCTURACION DE PASIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA. Creación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 1421/2008.

Se acuerda dar lectura al articulado y proceder a la votación del mismo.

En consideración:

Artículo 1°: 5 en 8. Afirmativo.

Artículo 2°: 4 en 8. Negativo.

Artículo 3°: 4 en 8. Negativo.

El señor Senador Eber Da Rosa propone la reconsideración de los artículos votados.

Se vota: 5 en 8. Afirmativa.

La Comisión no vota los artículos citados anteriormente y a solicitud del señor Presidente, Senador Rafael Michelini resuelve votar la elevación del proyecto de ley al Senado. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa al señor Senador Héctor Tajam para que informe lo tratado.

2) COOPERATIVAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD. Adecuación a la normativa vigente para las cooperativas de trabajo. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Carpeta N° 1422/2008.

Se da lectura al articulado y la Comisión resuelve votar la elevación del proyecto de ley al Senado. Se vota: 9 en 9. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa al señor Presidente Senador Rafael Michelini para que informe lo tratado.

A la hora diecisiete y cincuenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Rafael Michelini Presidente

Dinorah Amato Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Tajam.

SEÑOR TAJAM.- Señor Presidente: este proyecto de ley crea un Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC). Los pocos asistentes que fuimos ayer a la presentación del trabajo sobre el Índice de Desarrollo Humano que presentó la doctora Constanza Moreira, pudimos comprobar la importancia que tiene la salud en este país y cómo se ubica el Uruguay en el contexto internacional en términos de atención sanitaria a su población. De eso trata este proyecto: de mantener ese alto estatus en temas de salud.

Este proyecto de ley responde a una problemática particular que se da en algunas instituciones de asistencia médica colectiva; concretamente, se trata de situaciones de insolvencia financiera que comprometen su viabilidad económica actual y que, de no superarse en plazos más o menos breves, se verán inhabilitadas para brindar los servicios a que se comprometieron con el Sistema Nacional Integrado de Salud. Esta insolvencia deriva de un endeudamiento cuyos orígenes se remontan, en buena medida, a los años de la crisis financiera que precedieron al referido Sistema y que, además, está concentrada en pocas instituciones. A nuestro entender, a ello se agregó una inadecuada integración de estas instituciones al Sistema Integrado, lo que complicó aún más su panorama al momento de brindar los servicios a que se comprometieron.

Se trata de un endeudamiento de corto plazo que impide obtener mayores financiamientos, lo que agrava la problemática de la salud en general, por la calidad y por el volumen que tienen esas instituciones. Por esa razón, responsablemente, estamos asumiendo una actitud de promover soluciones en este sentido.

En segundo lugar, me voy a referir a la propuesta que presentamos hoy en el Senado. Se trata de un instrumento que permite un financiamiento a plazos más extensos y a menor tasa, considerando una reestructuración administrativa y un plan de gestión que les permita seguir brindando esos servicios de los que hablábamos anteriormente.

En definitiva, se trata de la creación de un Fondo de Garantía que permita que estas instituciones logren una reestructuración de sus pasivos de tal forma, que la viabilidad económica permita seguir adelante con la prestación de los servicios. Como decíamos, ese instrumento es un Fondo de Garantía -establecido en el artículo 2º del proyecto- de aproximadamente US$ 15:000.000 que provienen de Rentas Generales, del Inciso 24, "Diversos Créditos", donde se prevén fondos de contingencia que han sido pensados para situaciones como esta u otro tipo de contingencias que tengan que ver, por ejemplo, con cuestiones naturales.

Este Fondo está pensado para garantizar el repago del nuevo financiamiento y para disminuir su riesgo y su costo. Es importante aclarar que ese monto de recursos no se aporta directamente; no es una solución directa al financiamiento, sino que es un monto que está presupuestado en el Inciso 24 y que ahora quedará en una cuenta especial para la eventualidad de que tenga que ser usado. Funcionará como un Fondo de Garantía que permitirá, a las instituciones comprometidas, acceder a otro tipo de financiamiento. Si alguna institución que lo use para procurar su financiamiento no está en condiciones de su repago, comenzará a funcionar este Fondo. Además, para prevenir una situación como esta, el artículo 3º del proyecto prevé la constitución de garantías reales -no olvidemos que estamos hablando de dineros públicos y, en el caso que deban utilizarse, tiene que estar prevista la posibilidad de recuperarlos- que pueden ser activos físicos de la institución y que funcionan como un reaseguro de los dineros públicos.

En este último caso, cuando la institución no haya recuperado su viabilidad económico-financiera, según el artículo 4º, queda sometida al régimen concursal que establece la Ley Nº 18.387, relativa a la quiebra y al concurso.

El artículo 1º establece que el Fondo de Garantía también puede ser utilizado por instituciones que no necesariamente se encuentren en una situación de insolvencia, para ayudar a la reestructuración de sus pasivos, a efectos de facilitar una mejor gestión administrativa. Sabemos que hay instituciones que están en grave crisis y otras que podrían llegar a estarlo; por lo tanto, se establece esta opción diferente pero siempre condicionada a la presentación de un plan de reestructuración financiera y de gestión que mantenga la viabilidad de las instituciones. Esta última posibilidad solamente está disponible para aquellos pasivos existentes al 30 de setiembre de 2008, es decir, al cierre de su último balance, tal como lo presenta en el Sistema Integrado de Información al Ministerio de Salud Pública. Además, establecimos esa fecha para tener conocimiento de la situación y no dejar un tiempo en el cual una institución pueda incluir algún pasivo de último momento a reestructurar más adelante cuando la ley sea promulgada.

El artículo 3º hace especial énfasis en las dos situaciones en las que el Fondo de Garantía puede actuar: una es la asistencia financiera directa que tengan las instituciones durante el proceso de implementación de los planes de reestructuración -esto es importante porque quizás en breve alguna institución pueda necesitar asistencia financiera para hacer frente a compromisos de corto plazo- y la otra es la posibilidad de actuar como garantía para la constitución de fideicomisos que integren los planes de reestructuración aprobados por los Ministerios de Salud Pública y de Economía y Finanzas. Quiere decir que este es un instrumento que se integra al mismo plan de reestructuración que debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

Además, este artículo asegura que estos fideicomisos estarán sujetos al mismo régimen tributario aplicado a las instituciones de asistencia médica colectiva. Esto significa que no tienen un régimen tributario especial, por lo que estos pasivos financieros que son derivados a un fideicomiso, no tendrán un régimen menos favorable. Queda claro que estamos actuando con un Fondo de Garantía que proviene de las cuentas públicas para dar posibilidad de acceso a nuevos financiamientos de estas instituciones.

¿Cuándo actúa el Fondo de Garantía? Por ejemplo, en el caso del fideicomiso. Ahora bien, el primer caso, que es el de la asistencia financiera, es muy sencillo, porque cuando no se cumpla con las obligaciones de repago, ahí entraría a funcionar el Fondo de Garantía. Sin embargo, en el caso del fideicomiso, hay una ingeniería financiera más complicada donde las instituciones de asistencia médica constituyen esta bolsa de recursos con la cesión de determinado número de cuotas mensuales, de manera de ir componiendo ese Fondo de fideicomiso, en cuya base, con el respaldo del Fondo de Garantía, se emiten títulos para que inversores, como los bancos públicos y privados o las AFAP, puedan comprar títulos y apoyar financieramente -pero a más largo plazo, en quince años- la reestructuración financiera de estas instituciones. Este financiamiento busca, justamente, sustituir este corto plazo que actualmente las está ahogando.

Obviamente que el repago de capitales e intereses a estos inversores dependerá también del plan de reestructuración de gestión que aprueben los Ministerios de Economía y Finanzas y de Salud Pública. Es evidente que asumen compromisos que deben estar avalados por una gestión diferente de la que han realizado hasta ahora y que, en buena medida, es una de las causas de estos problemas financieros. Si en algún momento no se puede hacer frente a estas obligaciones, entonces se activa el Fondo. Por esa razón se crea el Fondo de Garantía, motivo por el cual los inversores se decidieron a prestar. Si eso sucede, nos indica que con este mecanismo la institución no logró la viabilidad que estaba prevista en los dos primeros artículos del proyecto de ley; por lo tanto, las posibilidades de ejecutar las garantías reales a favor del Fondo de Garantía comienzan a estar presentes y la institución puede pasar a ser liquidada bajo la nueva ley de concurso.

Eso sucede en el régimen general al que tienen acceso todas las instituciones de asistencia médica colectiva del Sistema Integrado de Salud que tengan graves problemas financieros, es decir, que no puedan cumplir con sus obligaciones. Asimismo, se aplica a otras instituciones para que puedan reestructurar sus pasivos, pero definidos en su último balance al 30 de setiembre.

Los artículos 6º y 7º están referidos exclusivamente a la situación del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay -más conocido como CASMU-, que es uno de los principales del país. Como dije al principio, no solamente existe el compromiso con la gestión de una institución, sino que este se traslada a todo el sistema sanitario del país.

En definitiva, el artículo 6º habilita la separación de los servicios asistenciales del Sindicato Médico del Uruguay creando una nueva institución con personería jurídica propia a la cual se transferirán los bienes, derechos y obligaciones vinculados a su actividad asistencial. O sea que el plan de reestructuración ya estará vinculado a una nueva institución de asistencia médica y, por lo tanto, se espera una nueva gestión o administración que la haga viable en el marco de toda esta reingeniería financiera. Además, estamos previendo que dicha transferencia quede exonerada de toda clase de tributos cuando se hagan este tipo de transacciones, de forma de no agregar un costo adicional a la solución.

El artículo 7º, que tal como señalábamos también está exclusivamente dedicado a la situación del CASMU, prevé la incorporación a la nueva institución que se crea de otros activos u otras entidades pertenecientes al Sindicato Médico del Uruguay. Se hace una referencia especial a su emergencia móvil, que mantendría el sistema de prestaciones vigente, contribuciones de los usuarios y percepciones de ingresos. Quiere decir que la nueva institución que se crea conservaría la emergencia móvil del CASMU, conocida como 1727.

En síntesis, se trata de un instrumento general aplicable a las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud en situación de insolvencia y con posibilidades para las instituciones con pasivos comprometidos al 30 de setiembre de este año. Además, se establecen disposiciones particulares para las instituciones más comprometidas.

Solicitamos al Senado que apruebe el proyecto de ley en esta sesión, dado que los tiempos son cortos para encontrar soluciones a temas tan caros a nuestra población, como la salud.

Es cuanto quería manifestar, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Estoy de acuerdo, tanto con el proyecto de ley que estamos considerando como con el que figura como cuarto punto del Orden del Día. Ambos están estrechamente vinculados, pero quisiera dejar una constancia que me parece muy importante. Voy a votar el proyecto de ley referente al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva en el entendido de que, dada la reestructuración que se plantea, en el caso concreto del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, los socios pasan a ser miembros que pueden dirigir la institución. Esta es una de las condiciones básicas para que se reestructure ese servicio. Reitero que los socios, que son nada más que doscientos cincuenta mil -se dice que uno no puede hablar si tiene intereses, pero personalmente solo tengo el que me confiere la calidad de usuario desde hace cincuenta años- podrán participar, presentar su nómina de candidatos, votar y ser electos miembros de la dirección, según el esquema de la reestructuración.

Por otra parte, voy a solicitar -pido al Miembro Informante que ratifique esto- que el Ministerio de Salud Pública reglamente, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la forma en que se va a proceder a reestructurar la dirección del Centro de Asistencia del Sindicato Médico del Uruguay, que se separará del gremio Sindicato Médico, a los efectos de que esto quede absolutamente claro en el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Tajam, para una aclaración.

SEÑOR TAJAM.- Simplemente, aclaro al señor Senador Gargano que, efectivamente, la calidad de los socios cambia en la medida en que se están integrando a una nueva institución, que tiene los atributos de los otros componentes del Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, cuando analicemos el otro proyecto de ley, veremos con mayor detalle lo que tiene que ver con las nuevas instituciones que pueden integrar el Sistema Nacional Integrado de Salud y que nacen, precisamente, de estas soluciones o de otras que puedan darse en el futuro a través de asociaciones entre otras instituciones.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Aclaro que voy a ser sumamente breve dado que el Miembro Informante, señor Senador Tajam, ya ha analizado el texto artículo por artículo.

El Partido Colorado dará su voto favorable a este proyecto de ley porque considera que no hay otro camino. El CASMU es una institución que, por el número de asociados que tiene, merece el salvataje. Hacemos votos para que se tome conciencia en forma colectiva de la responsabilidad y estabilidad de las normas legales y reglamentarias, tal como lo establecen los artículos 5º y 6º, que aclaran muy bien cuál será el futuro del Sindicato Médico del Uruguay, tanto en lo que tiene que ver con los servicios asistenciales como con la asistencia médica colectiva.

Por lo tanto, vamos a votar con gusto este proyecto de ley, porque debemos terminar con la incertidumbre que están pasando todos los funcionarios, que no son responsables de una buena o mala administración -en este caso, mala- de los recursos. Deseamos que la situación se encarrile y traiga tranquilidad a una gran institución de este país.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: queremos expresar que vamos a acompañar este proyecto de ley, tal como lo hicieron nuestros compañeros en la Cámara de Representantes, con un criterio constructivo y tratando de encaminar determinadas respuestas a un problema muy serio y muy grave, que afecta en particular al CASMU, pero también tiene connotaciones a nivel de otras instituciones mutuales de Montevideo.

Asimismo, en cuanto a la creación del Fondo de Garantía para la Reestructuración, la norma al principio es genérica. Los artículos 1º a 5º, obviamente, aluden en forma genérica a las situaciones de endeudamiento que puedan afectar o estén afectando a las instituciones mutuales en general. El artículo 6º prevé concretamente, de manera más exhaustiva y detallada, la situación particular del CASMU, señalando cómo se va a aplicar este Fondo de Garantía y cómo va a funcionar en el proceso de reestructuración de la institución.

Por otra parte, tenemos reservas en cuanto a la redacción de algunos artículos, pero no vamos a ponerlo como cuestión central porque entendemos que, por la importancia del tema y dado que el proyecto de ley ya fue aprobado en la Cámara de Representantes, no se justifica que planteemos cambios o redacciones alternativas al texto porque tampoco contarían con una mayoría en este ámbito. Por ejemplo, en el día de ayer, cuando tomamos contacto por primera vez con el proyecto de ley, se señaló por parte de varios compañeros nuestros que el criterio de entender o calificar la viabilidad o no de los proyectos de reestructuración o de acuerdos con este Fondo de Garantía se deja librado en forma totalmente discrecional al Poder Ejecutivo. En el día de ayer, nosotros planteamos la conveniencia de encontrar una redacción que dijera que, por lo menos, la viabilidad debería ser apreciada conforme a la reglamentación que dictara el Poder Ejecutivo y no como expresa la iniciativa que estamos considerando que, en su artículo 4º, dice: "Las instituciones que, encontrándose en las situaciones previstas en el inciso primero del artículo 1º de la presente ley y habiéndose acogido al régimen de la misma, no logren viabilidad a juicio del Poder Ejecutivo, quedarán sometidas a las disposiciones de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008, modificativas y concordantes."

Estas son algunas de las objeciones que formulamos en el día de ayer cuando tomamos contacto con esta iniciativa y, además, a nuestro entender son aspectos que podrían ser mejorados. Sin embargo, reitero que la cuestión central a que refiere este proyecto de ley hace que, obviamente, lo acompañemos.

Sí quiero señalar, una vez más, nuestra disconformidad con el trámite de este asunto. Por lo menos los Senadores del Partido Nacional tomamos conocimiento del texto recién en la sesión de la Comisión del día de ayer, en horas de la tarde, en la que estaban presentes la señora Ministra de Salud Pública y el señor Ministro Interino de Economía y Finanzas para brindar su informe. Tuvimos que leer el proyecto de ley en Sala, tomar allí mismo un primer contacto con este tema -que, evidentemente, es complejo por su arquitectura financiera- y formular las objeciones o preguntas que se nos plantearan. Se podría decir que se trabajó un poco a "galope tendido", y creo que ese no debería ser el procedimiento a seguir. Digo esto, además, que se trata de un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Representantes con los votos de nuestro Partido por lo que, esperar una semana más para tener la posibilidad de estudiarlo y consultar a nuestros asesores y a quienes trabajan con nosotros en estos temas, me parece que no le iba a quitar el sueño a nadie ni complicaría el trámite legislativo; pero no fue eso lo que sucedió.

Agradezco al Presidente de la Comisión, señor Senador Michelini, por consultarnos sobre la conveniencia de invitar a la señora Ministra de Salud Pública y al señor Ministro interino de Economía y Finanzas, aspecto que acordamos. De todos modos, insisto en que este no es el trámite correcto desde el punto de vista legislativo, máxime cuando se trata de una iniciativa que, reitero, fue votada por los señores Representantes del Partido Nacional en la otra Cámara. Por lo tanto, no entiendo el motivo por el cual no se brindó, por ejemplo, un plazo de una semana para estudiar el tema. Considero que hay normas de estilo parlamentario que deberían ser más cuidadas, más allá de la premura que, comprendemos, tiene el Gobierno en función de la particular gravedad de la situación del CASMU.

En consecuencia, si bien no se procedió correctamente -como ya dije-, vamos a acompañar esta iniciativa porque compartimos la solución al problema y que esta no refiera exclusivamente al CASMU. Estructura un mecanismo que sirve para que otras instituciones que atraviesen situaciones críticas puedan encontrar una arquitectura financiera que les permita enfrentar las dificultades y salir adelante.

Con las salvedades planteadas, señor Presidente, expreso que vamos a acompañar el proyecto de ley que está a consideración.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: en la misma línea de lo expresado por el señor Senador Da Rosa, quiero señalar que si bien muchos artículos de esta iniciativa tienen un carácter general, sabemos que su motivación fue asistir al CASMU en la situación de emergencia en que se encuentra.

Este proyecto de ley contiene una disposición que consideramos justa, que atiende la transferencia de la universalidad de bienes, derechos y obligaciones del CASMU y lo exonera de toda clase de tributos, incluso los establecidos por leyes especiales. El Fondo de Garantía se crea con carácter general, pero no así esta exoneración. Como hombre del interior quiero decir que tengo conocimiento -incluso he recibido llamados de algunas instituciones de asistencia médica colectiva- de que hubo procesos de fusión y absorción de pequeñas instituciones por otras de mayor porte y mejor salud económica financiera. En esos procesos de fusión y, sobre todo, en los de absorción, se hizo una transferencia de bienes, derechos y obligaciones con carácter universal, pero de acuerdo con el régimen vigente no fueron exonerados, sino que tributaron por concepto de IVA. Este sistema significó en muchos casos si no un impedimento, por lo menos, una traba para proceder al salvataje de pequeñas mutualistas del interior, con una cantidad de socios que va de los dos mil a los cuatro mil. Cito el caso de una pequeña institución en la ciudad de Cardona que está a punto de ser absorbida por otra y debe pagar IVA por la transferencia de sus bienes.

Me parece muy justo que se establezca esta exoneración para facilitar la operación de salvataje del CASMU, pero creo que, al igual que el Fondo de Garantía, debería tener un carácter general para contemplar a todas las instituciones que se encuentren en situaciones similares. Me refiero a las instituciones que deban ser absorbidas por otras para ser salvadas y lograr que la cobertura asistencial a sus afiliados se mantenga y no tengamos que asistir a su desaparición en tanto han brindado importantes servicios a sus comunidades respectivas. Actualmente, por la evolución de los tratamientos médicos, la carestía de algunas especialidades y problemas de escala de esas mutualistas, necesariamente deben desaparecer porque no se autosustentan desde el punto de vista económico. Por lo tanto, considero que sería menester extender esta exoneración para situaciones similares a las planteadas -seguramente se requiere iniciativa del Poder Ejecutivo- que, si bien son mucho más pequeñas, tienen los mismos fundamentos para ser debidamente atendidas. Me parece que si la exoneración corresponde para el CASMU, también se podría buscar la forma de abarcar a otras instituciones, entre ellas, varias mutualistas del interior de la República.

Al respecto, me gustaría que el señor Miembro Informante nos diera su opinión, porque me parece que es un tema que vale la pena considerar, si no ahora -entendemos las razones de urgencia que asisten a este proyecto de ley-, por lo menos con cierta inmediatez para que esta exoneración impositiva se generalice y se ponga en práctica el principio de igualdad de los individuos ante las cargas públicas y las leyes impositivas. De acuerdo a los principios generales del Derecho, me parece de justicia que se extienda esta exoneración.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25.- Afirmativa. UNANIMIDAD

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Hemos votado un instrumento esencial para la recuperación del sistema asistencial de las IAMC donde se ha venido acumulando, históricamente, un endeudamiento que en estos momentos se sitúa en los US$ 369:000.000. Pero me interesa referirme a algunas voces que se han levantado respecto del endeudamiento y del problema del CASMU en particular, asignando responsabilidades al nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud y al Fondo Nacional de Salud. En ese sentido, quiero señalar que desde que fui Presidente del Sindicato Médico, ya el endeudamiento del CASMU nos venía preocupando de manera muy importante. Pero, para demostrar objetivamente que no ha sido el nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud el responsable de esta crisis económica del CASMU -que tiene una deuda cercana a los US$ 100:000.000- y que sería imposible que en ocho meses se hubiera acumulado ese endeudamiento, quiero decir que el pasivo del CASMU en el año 2004 era de $ 2.132:552.498 y, en el 2007, era de $ 2.272:000.000. Esto significa que, año a año, el déficit del CASMU se venía acumulando de manera acelerada, lo que se ha evidenciado en esta cifra que hoy hace que estemos con un endeudamiento cercano a los US$ 100:000.000, lo que provoca la inviabilidad de la institución.

Veo, señor Presidente, que a nadie le interesa lo que estoy diciendo. De todos modos, señalo que comparto con el señor Senador preopinante que este es un procedimiento que no se debe realizar. Estoy totalmente de acuerdo: no debemos aprobar proyectos sin un debido estudio previo en las Comisiones. ¿Por qué esta urgencia? ¿Por qué esta necesidad? Porque todos los médicos, incluidos los de las Sociedades Anestésico Quirúrgicas, pero también los del Sindicato Médico del Uruguay, se han retirado de las negociaciones ya que, en este momento, no se visualiza un camino de solución para el pago de la franja de la última categoría del sector médico. Este es un elemento preocupante que, además, retrasa la implementación de los cambios y las reformas que el CASMU debe hacer a efectos de transformar una institución inviable, debido al monto salarial que tiene y que se sitúa por encima del 60% de sus ingresos, en una institución viable. Por ese motivo, compartiendo el planteo realizado por el señor Senador preopinante, justifico este procedimiento para el caso en particular y, reitero, genéricamente, para todos los demás proyectos de ley, no creo que sea adecuado aplicarlo para todos los demás proyectos de ley sin tener un estudio previo, a fondo, en las Comisiones.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Estaba escuchando al señor Senador Cid con mucha atención. Mi fundamento de voto está directamente alineado con lo que manifestó el señor Senador Da Rosa en nombre del Partido Nacional, y me siento absolutamente identificado con sus palabras. Sin embargo, quiero hacer algún agregado.

Hemos acompañado este proyecto de ley porque estamos procurando, con este Fondo de Garantía, dar una solución a una institución de asistencia médica colectiva. Sin embargo, también es bueno reflexionar y no dejar pasar el hecho de que se trata de US$ 100:000.000. Acá vamos a poner plata de Rentas Generales, es decir, de la sociedad. Tantas veces hemos hablado en este recinto de que no se pueden socializar las pérdidas y que en la actividad privada, si mañana a alguien le va bien, feliz de él y, si le va mal, no tiene por qué salir la sociedad a sostenerlo. Y esto puede ocurrir en cualquier otra actividad porque mañana, con toda razón, un almacenero me podrá decir: "¿Y por qué no me salvan a mí, que somos una cooperativa de trabajadores que vendemos productos en un almacén?", y ¿por qué no salvamos a los tamberos que, además, tienen el agregado de estar viviendo una situación de seca de la cual no son culpables? Frente a esta situación de asistencia, de ayuda, debe llegar un momento en el que no se puede dar más y dejar que se corra el riesgo de lo que significa el mercado. Hoy estamos votando una ayuda; conocemos la situación, pero ¿cómo puede llegar una institución a deber US$ 100:000.000? ¿Le pasa lo mismo a otras instituciones? En este endeudamiento, ¿no hay una competencia desleal? Hago esta pregunta porque, si me puedo endeudar y no pagar y después es la sociedad la que me va a ayudar, aquellos con los que estoy compitiendo también lo pueden hacer. ¿O no? Si ello es así, y si mañana hay una mala gestión en una empresa, se tienen que pagar las consecuencias. Alguien tiene que pagar; hay un responsable que lleva a una institución de asistencia médica a deber US$ 100:000.000. ¿La competencia debe lo mismo? ¿Cómo puede ser? Entonces, hay una mala administración, o hubo una mala gestión, o hay una situación heredada o lo que fuere, pero una institución terminó debiendo US$ 100:000.000 y las otras no.

Sentía la obligación de hacer esta reflexión en el día de hoy porque no estamos administrando dineros nuestros; es dinero de la gente y, si hay situaciones de este tipo en empresas que tienen el respaldo de la sociedad porque tienen una organización más simpática que otras, se está dando un privilegio dentro de lo que puede ser el mercado. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar esta situación? He dado mi voto a este proyecto de ley porque quiero ayudar a que la institución salga adelante, por última vez. Espero que no se vuelva a presentar una solución de este tipo dentro de poco tiempo a consideración del Senado, diciendo que los topes, que el dinero o que los Fondos de Garantía, no son suficientes para rescatar a esta institución médica.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Quiero hacer mías las palabras del señor Senador Cid, a quien, por cierto, estaba escuchando con el mayor detenimiento. Creo que este es, al menos, un camino para dar garantías a un sistema de salud que, estoy seguro, habrá de irse perfeccionando en el tiempo. Pero también estamos dando garantías y muestras de las responsabilidades que debemos brindar, en tanto Legisladores, para que los prestadores de los servicios ofrezcan la mejor atención a aquellos que la requieren, dentro de parámetros de buen manejo administrativo.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

(Ocupa la Presidencia el arquitecto Mariano Arana)

SEÑOR MICHELINI.- He votado a favor de este proyecto de ley porque es la mejor solución, por cuanto: en primer lugar, el Estado no pone un peso -esto tiene que quedar absolutamente claro-; en segundo término, se arma un Fondo de Garantía que permite que los pasivos se puedan refinanciar a largo plazo; en tercer lugar, la solución es para todas las instituciones que estén en situación de insolvencia y, en cuarto término, en el caso del CASMU, se le pide una reestructura normativa, lo que significa que la institución corta y cambia su base jurídica. Además, se le pide una readecuación de sus gastos de funcionamiento, una adecuación de sus inversiones y un ajuste en los gastos en salarios de personal médico y no médico. Si se cumple con todo esto, la institución estará en condiciones de aprovechar los beneficios de este proyecto de ley -lo cual no es fácil-, y el CASMU realmente tendría una oportunidad que la sociedad uruguaya debe darle. Por tanto, si no le damos esa oportunidad y el CASMU entra en insolvencia, sólo el costo en seguro de paro será mayor, además de todos los efectos sociales que recaerán en los asociados y en los trabajadores médicos y no médicos, es decir, en toda la sociedad.

Reitero, para quien me quiera escuchar, que voto afirmativamente este proyecto de ley, por el que el Estado no pone un solo peso.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: quisiera dejar sentada una constancia -no será un fundamento de voto porque no pude votar- porque lamentablemente, por circunstancias que no viene al caso explicar, no estuve en momentos en que se votó este proyecto de ley, que quería acompañar.

Debo decir que acompañamos esta solución de carácter puntual que, además, es de una especial sensibilidad y contiene un mecanismo ingeniosamente desarrollado pero como, lo expresamos en el día de ayer en la Comisión, consideramos que el articulado tiene una serie de ambigüedades y partes oscuras en su redacción, lo que no le da la debida seguridad al funcionamiento del sistema. En particular, quisiera dejar la constancia de que la viabilidad de las empresas queda en manos del Poder Ejecutivo. Más allá de que la reglamentación establezca parámetros fijos en materia técnica y científica, la subjetividad estará de la mano de la decisión del Poder Ejecutivo cuando determine qué empresa es viable y cuál no lo es, para luego ingresar en el mecanismo de la ley de concurso que fuera aprobada hace poco tiempo.

Esta es una salida de carácter particular, pero también de carácter general, que trataremos que no repercuta en forma negativa en la sociedad, habida cuenta de la sensibilidad del tema en estos momentos.

10) LIBRO SOBRE ENERGIA

SEÑOR CAMPANELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: quisiera invitar a los compañeros Senadores a que concurran a la Antesala del Senado a las 19 y 30 horas del día de hoy, porque vamos a presentar oficialmente el libro que les repartiéramos días pasados, y nos gustaría compartir con todos esta propuesta. Se podrá pensar que somos muy insistentes en el tema, pero creemos que es algo vital para el país y se encuentra en el debe del sistema político. Concretamente, estamos hablando de un trabajo muy serio, realizado durante cuatro años por un equipo de técnicos e ingenieros. Como dije, queremos compartir con los señores Senadores una propuesta que está por encima de colores políticos.

Muchas gracias.

11) FONDO DE GARANTIA PARA LA REESTRUCTURACION DE PASIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA MEDICA COLECTIVA

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Continuando con el tratamiento del tema, el Senado ingresa a la discusión particular del proyecto de ley.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura y se vote en bloque el proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana). Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 24. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el proyecto de ley.

(Se vota:)

-24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

12) COOPERATIVAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se dispone la adecuación de las cooperativas de profesionales de la salud a la normativa vigente para las cooperativas de trabajo. (Carp. Nº 1422/08 - Rep. Nº 974/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1422/08

Rep. N° 974/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Las cooperativas de profesionales de la salud deberán adecuar su integración y funcionamiento al régimen jurídico vigente para las cooperativas de trabajo.

Aquellas que no se adecuen a la modalidad referida se transformarán en instituciones de asistencia médica privada de profesionales sin fines de lucro y sus estatutos deberán ser compatibles con los estatutos tipo de las instituciones de asistencia médica colectiva.

Artículo 2°.- Agrégase al artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, el siguiente literal:

"D) Otras instituciones de asistencia médica privada de profesionales, las que proporcionen, sin fines de lucro, asistencia médica a sus afiliados y socios, y en las que el capital social haya sido aportado por los profesionales que obligatoriamente trabajen en ellas".

Artículo 3°.- Las entidades previstas en el literal D) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, se regirán, en lo pertinente, por lo establecido en el artículo 6°, en los numerales 1) a 4) y 7) del artículo 7°, en los artículos 8° y 12 a 14, en los numerales 1) a 8) y 10 a 12) del artículo 15, en los artículos 16 y 19 a 21, en el artículo 22 -a excepción del literal H), en los artículos 23 a 42, en el inciso primero del artículo 43, en los artículos 44 a 69, 73 a 75, 77, 81, 82 -a excepción del literal D)- y 83 a 96, en el inciso primero del artículo 101 y en el inciso primero del artículo 102 de la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008.

Artículo 4°. (Destino de los excedentes netos del ejercicio).- La Asamblea General Ordinaria determinará el destino de los excedentes netos del ejercicio, de acuerdo con el siguiente orden:

1) Abonar los intereses a pagar a los instrumentos de capitalización que correspondan.

2) Recomponer los rubros patrimoniales cuando hayan sido disminuidos por la absorción de pérdidas de ejercicios anteriores y compensar pérdidas aún pendientes de absorción.

3) El 15% (quince por ciento), como mínimo, para la constitución de un Fondo de Reserva Legal, hasta que éste iguale al capital, reduciéndose al 10% (diez por ciento) a partir de ese momento y cesando al ser triplicado el capital.

El saldo será destinado al reparto entre los socios en concepto de retorno o a pagar intereses a las partes sociales integradas hasta el máximo de interés corriente en plaza, según determine la Asamblea.

Artículo 5°.- Las cooperativas de profesionales de la sa-lud que funcionen como cooperativas de trabajo y aquellas que se transformen en instituciones de asistencia médica privada de profesionales, deberán presentar toda la información asistencial y económico financiera que les sea requerida por el Ministerio de Salud Pública y por la Junta Nacional de Salud, de conformidad con las normas vigentes.

Artículo 6°.- A los efectos tributarios, las instituciones de asistencia médica privada de profesionales, previstas en el literal D) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, tendrán igual tratamiento que el establecido por la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, para las instituciones de asistencia médica colectiva.

Artículo 7°.- Las instituciones comprendidas en el ar-tículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, en la Ley N° 17.548, de 22 de agosto de 2002, y las sociedades de asistencia médica, mantendrán todas las exoneraciones de los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social, cuando de sus estatutos surja que no persiguen fines de lucro.

Artículo 8°.- Las cooperativas constituidas con anterioridad a la fecha de la promulgación de la presente ley, que se transformen en instituciones de asistencia médica privada de profesionales, previstas en el literal D) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, dispondrán de un plazo de dos años a partir de la vigencia de la presente ley para adecuar sus estatutos sociales. A tal efecto se inscribirán en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Comercio.

Desde la vigencia de la Ley N° 18.407, de 24 de octubre de 2008, hasta el vencimiento del plazo previsto en el inciso anterior, las referidas cooperativas mantendrán las exoneraciones fiscales establecidas en los artículos 6° y 7" de esta ley. Asimismo, durante dicho término y durante su transformación, se continuarán rigiendo por los estatutos sociales actualmente vigentes y por las normas referidas en el artículo 3° de esta ley, en cuanto sean compatibles.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 15 de diciembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cutura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 3 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

La reciente aprobación de la Ley que tiene por finalidad regular la constitución, organización y fundamento de Cooperativas y del Sector Cooperativo, definió a las Cooperativas de Trabajo, estableciendo que todas aquellas que vendan bienes o servicios deben adaptarse a los criterios allí enmarcados.

En particular el Artículo 100 de dicho cuerpo normativo expresó que el número de trabajadores en relación de dependencia no podrá superar el 20% del número de los socios cooperarios.

En el caso de las Cooperativas de Profesionales, hasta la aprobación de esta ley tenían en ese sentido un régimen especial que las exoneraba de dicha exigencia, dado que por su propia composición debían tener un nivel mayor de personal dependiente.

A su vez, el Artículo 265 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005 expresa: "Sólo podrán integrar el Seguro Nacional de Salud a crearse, las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva previstas en el Artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, y sus modificativas, así como las Instituciones de Asistencia Médica Privada Particular sin fines de lucro".

En función de los elementos consignados, se propone en esta Ley crear la forma jurídica antes mencionada para permitir que las Cooperativas Médicas se adapten al nuevo régimen y mantengan continuidad en su funcionamiento.

El tratamiento tributario de las mismas, no se debía solamente por el hecho de ser Cooperativa, sino por integrar el Sistema de Salud tal como lo prevé la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006.

El Poder Ejecutivo saluda al Señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Jorge Bruni, Ernesto Agazzi, María Simon, Marina Arismendi, Gonzalo Fernández, Víctor Rossi, Miguel Fernández Galeano, Héctor Lescano, Carlos Colacce, Jorge Menéndez, Daisy Tourné, Alvaro García, Daniel Martínez.

Ministerio de Salud Pública

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Las Cooperativas de Profesionales de la Salud deberán adecuar su integración y funcionamiento al régimen jurídico vigente para las Cooperativas de Trabajo.

Aquellas que no se adecuen a la modalidad referida, se transformarán en Instituciones de Asistencia Médica Privada Particular sin fines de lucro y sus estatutos deberán ser compatibles con los estatutos tipo de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

Artículo 2°.- Las Cooperativas de Profesionales de la Salud que funcionen como Cooperativas de Trabajo y aquellas que se transformen en Instituciones de Asistencia Médica Privada Particular, deberán presentar toda la información asistencial y económico financiera que les sea requerida por el Ministerio de Salud Pública y la Junta Nacional de Salud, de conformidad con las normas vigentes.

Artículo 3°.- A los efectos tributarios, tendrán igual tratamiento que el establecido por la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006, para las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

Jorge Bruni, Ernesto Agazzi, María Simon, Marina Arismendi, Gonzalo Fernández, Víctor Rossi, Miguel Fernández Galeano, Héctor Lescano, Carlos Colacce, Jorge Menéndez,

Daisy Tourné, Alvaro García, Daniel Martínez.

DISPOSICIONES CITADAS

DECRETO-LEY N° 15.181,

de 21 de agosto de 1981

Artículo 1°.- El Estado establecerá una cobertura de atención médica para todos los habitantes de la República como esencial componente de la seguridad social, a través de organismos públicos y privados.

El Ministerio de Salud Pública deberá asegurar la normalidad de las prestaciones asistenciales.

Artículo 2°.- La asistencia médica solamente podrá ser prestada en el ámbito de sus competencias específicas por médicos, odontólogos y obstétricas con título otorgado o revalidado por la Universidad de la República, o bajo la dirección y responsabilidad de dichos profesionales, conforme a las normas de esta ley y las demás que tutelan la salud pública.

Artículo 3°.- La asistencia médica podrá ser brindada en forma privada, ya sea particular o colectiva, y en forma pública a través de los organismos respectivos:

A) Se entiende por asistencia médica privada particular la que brindan a sus pacientes los profesionales mencionados en el artículo 2 actuando individualmente, en equipo o a través de entidades. Esta forma de asistencia puede ser parcial o total y abarcar todos los aspectos técnicamente posibles y se regulará por los acuerdos que se celebren al respecto mediante el régimen de libre contratación. Los sanatorios y clínicas privados podrán ofrecer seguros individuales de internación, parciales o totales, en régimen de libre elección de asistencia profesional;

B) Se entiende por asistencia médica privada colectiva la que brinden a sus socios o afiliados las instituciones que se organicen y funcionen según las disposiciones de la presente ley;

C) Se entiende por asistencia médica prestada en forma pública, aquella que realizan las personas jurídicas públicas.

Artículo 4°.- Los profesionales, equipos o entidades que brindan asistencia médica privada particular podrán convenir con las instituciones de asistencia médica colectiva y con los organismos públicos, con conocimiento del Ministerio de Salud Pública, distintas prestaciones específicas a sus asociados, usuarios y beneficiarios en las condiciones técnico-adminsitrativas y arancelarias que acuerden o que determinare en casos especiales dicho Ministerio

Artículo 5°.- Sin perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales que trabajen en entidades de asistencia médica, éstas responderán por acciones u omisiones que violen las disposiciones legales y reglamentarias que regulan su actividad.

Artículo 6°.- Las instituciones privadas de asistencia médica colectiva serán de los siguientes tipos:

A) Asociaciones Asistenciales, las que inspiradas en los principios del mutualismo y mediante seguros mutuos otorguen a sus asociados asistencia médica y cuyo patrimonio esté afectado exclusivamente a ese fin.

B) Cooperativas de Profesionales las que proporcionen asistencia médica a sus afiliados y socios y en las que el capital social haya sido aportado por los profesionales que trabajen en ellas;

C) Servicios de Asistencia creados y financiados por empresas privadas o de economía mixta para prestar, sin fines de lucro, atención médica al personal de dichas empresas y eventualmente, a los familiares de aquél.

Artículo 7°.- Las instituciones de asistencia médica colectiva deberán suministrar a sus asociados, afiliados o usuarios, con prescindencia de los recursos económicos de éstos, los medios para la prestación de una cobertura de asistencia médica, de acuerdo a las pautas técnicas establecidas por el Ministerio de Salud Pública.

Cuando las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC) ofrezcan coberturas parciales no lo podrán hacer en un número superior al diez por ciento del total de sus afiliados.

Los derechos y obligaciones de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), y de los asociados, afiliados o usuarios serán determinados por la reglamentación de la presente ley.

Artículo 8°.- Las instituciones de los tipos A) y B) deberán contar con un número mínimo de asociados o afiliados, con recursos suficientes de infraestructura, equipamiento y capacidad de hospitalización y destinar un porcentaje de sus ingresos a la creación y mantenimiento de un Fondo de Inversiones.

La reglamentación respectiva establecerá la dimensión de estos requisitos para el departamento de Montevideo y para los departamentos del interior del país.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar, en casos especiales debidamente justificados y por un plazo no mayor de dieciocho meses para la capital y de tres años para el interior, a partir de la publicación de la reglamentación de esta ley, el funcionamiento de instituciones que no reúnan dichas exigencias.

Artículo 9°.- Las entidades de asistencia médica colectiva que se creen a partir de la publicación de la presente ley deberán ajustar sus estatutos a las disposiciones del "Estatuto Tipo" que establezca el Poder Ejecutivo y sus registros contables a las normas que éste dicte; obtener la personería jurídica, registrarse en el Ministerio de Salud Pública y obtener de éste la autorización para funcionar acreditando haber cumplido todos los requisitos exigidos en esta ley.

Artículo 10.- Las instituciones de asistencia médica colectiva, además de los órganos de gobierno que les establezca el "Estatuto Tipo", deberán contar con un Director Técnico Médico como autoridad responsable ejecutiva en el plano técnico ante la institución y ante el Ministerio de Salud Pública.

Las instituciones del tipo A) y B) deberán contar además con un Consejo Técnico Asesor integrado por profesionales vinculados a la labor asistencial de las mismas.

Artículo 11.- El Ministerio de Salud Pública, a través de una Dirección con estos fines específicos ejercerá la inspección, fiscalización y control en los aspectos técnicos, administrativos, contables y técnico - laborales del funcionamiento de entidades de asistencia médica colectiva.

Artículo 12.- El Ministerio de Salud Pública de oficio, por recomendación de las autoridades competentes o a solicitud fundada de los asociados, afiliados, usuarios u órganos de gobierno de las entidades de asistencia médica colectiva en la forma y condiciones que establece esta ley y que determine la reglamentación respectiva, podrá:

A) Realizar o disponer investigaciones de los hechos que por su gravedad lo requieran, compulsar o retirar toda clase de documentos que se consideren necesarios y efectuar intimaciones bajo apercibimiento de las sanciones o medidas que correspondan;

B) Agotada la investigación, cuando medien graves irregularidades que pongan en riesgo el cumplimiento de los fines o la existencia de la institución, proponer al Poder Ejecutivo, mediante resolución fundada, la intervención de dichas entidades por un plazo de seis meses prorrogable por una vez por igual período. La intervención será a los efectos de investigar las causas, determinar, las responsabilidades resultantes, dando intervención a la justicia ordinaria si se comprobare la comisión de delitos y promover la renovación parcial o total de autoridades debiendo en todos los casos, asegurar el cumplimiento del fin específico de la institución;

C) Disponer la aplicación de multas, la suspensión parcial o total de actividades, la que no podrá exceder de seis meses y la clausura definitiva de locales. Las sanciones financieras oscilarán entre N$ 2.000 (nuevos pesos dos mil) y N$ 200.000 (nuevos pesos doscientos mil); su graduación deberá hacerse por resolución fundada y de acuerdo con las circunstancias de cada caso y los montos serán actualizados según lo establecido en el artículo 99 del Código Tributario.

Artículo 13.- Las instituciones de asistencia médica colectiva estarán exoneradas de toda clase de tributos nacionales y departamentales, con excepción de los aportes a los organismos de seguridad social que correspondan. También estarán exentos de tales tributos los bienes de capital que éstas adquieran, importen o reciban con excepción del Impuesto al Valor Agregado cuando corresponda. Las donaciones efectuadas a nombre de las instituciones de referencia, estarán exoneradas en todo caso.

Artículo 14.- Las instituciones de asistencia médica colectiva deberán recabar autorización del Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud Pública, con fundamentos debidamente documentados, para:

A) Crear, clausurar, suspender, ceder, constituir derecho de uso a favor de otras entidades de asistencia o arrendar servicios de atención médica;

B) Adquirir, enajenar, arrendar o prendar equipos sanitarios;

C) Adquirir, enajenar o hipotecar bienes inmuebles y construir, reformar o ampliar plantas físicas para la atención médica.

Artículo 15.- Los asociados o afiliados de las instituciones de asistencia médica colectiva de los tipos A) y B) asegurarán su derecho a la asistencia médica básica, completa e igualitaria, mediante el pago de cuotas mensuales que se adecuen al costo del servicio.

La demanda y prestaciones de servicios se regularán en lo económico por el pago de tasas moderadoras y, cuando así lo resolviere el Poder Ejecutivo, por aranceles.

Entiéndese por cobertura de asistencia médica básica, completa e igualitaria, la que en lo asistencial, incluye la aplicación de las siguientes actividades fundamentales: medicina ginecotología, cirugía y pediatría, como asimismo, sus especialidades complementarias.

Artículo 16.- Las entidades de asistencia médica colectiva del tipo C) podrán prestar, en forma sucesiva o simultánea desde su inicio, las siguientes coberturas:

1) Atención médica sanitaria.

2) Atención médica laboral, cubriendo entre ambas la prevención de los riesgos propios de su actividad.

3) Asistencia médica básica completa e igualitaria a su personal y eventualmente a sus familiares.

Artículo 17.- Las instituciones de asistencia médica colectiva no podrán:

A) Mantener ningún tipo de dependencia con instituciones gremiales, políticas o similares;

B) Realizar afiliaciones de carácter vitalicio.

C) Utilizar cualquier tipo de intermediación lucrativa en la obtención de nuevos socios o afiliados.

Notas: Literal b) redacción dada por: Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001 artículo 357.

Artículo 18.- Los servicios de atención médica a cargo de organismos públicos y personas de derecho público no estatales existentes o a crearse, adecuarán su actuación con el Ministerio de Salud Pública, ajustándose en lo técnico a las normas que éste dicte.

Además de las prestaciones que actualmente brindan a sus beneficiarios, deberán incluir los servicios indicados en el artículo 16, numerales 1 y 2, cubriendo así la prevención de los riesgos propios de su actividad y cuando corresponda, la rehabilitación de sus beneficiarios.

Dichos organismos podrán contratar y coordinar servicios sanitarios y asistenciales con instituciones de asistencia médica colectiva de tipos A) y B) y con el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 19.- A los efectos del cumplimiento de la presente ley dentro de los dieciocho meses de la publicación de su reglamentación, las instituciones de asistencia médica colectiva existentes deberán, cuando corresponda, fusionarse o transformar su tipo y en todos los casos, reformar sus estatutos de acuerdo con las normas del "Estatuto Tipo", adicionar a su nombre o denominación la tipificación que corresponda y ajustar sus registros contables a las normas que dicte el Poder Ejecutivo. Las fusiones se realizarán bajo el régimen de trasmisión de patrimonio a título universal.

Las fusiones, transformaciones y reformas de estatutos que se cumplan dentro de dicho plazo, estarán exoneradas del pago de toda clase de tributos y exceptuadas de lo dispuesto en el artículo 473 del Código de Comercio.

Artículo 20.- Cuando una institución de asistencia médica colectiva quedare disuelta y existiere la previsión estatutaria de que, en caso de disolución, sus bienes pasaren a instituciones públicas asistenciales, el Poder Ejecutivo queda facultado para afectar el uso y destino de dichos bienes en el modo que estime más conveniente para asegurar la continuidad y regularidad de la asistencia a los asociados o usuarios en la prosecución de los fines asistenciales para los cuales la institución había sido creada.

Artículo 21.- En todos los casos de transformación de tipo, fusión, tramitación de personería jurídica y modificación de estatutos de las entidades de asistencia médica colectiva, deberá ser oído el Ministerio de Salud Pública.

Artículo 22.- Deróganse el Decreto-Ley N° 10.384, de 13 de febrero de 1943 y la Ley N° 14.164, de 7 de marzo de 1974. Todos los convenios colectivos de trabajo, suscritos por las instituciones de asistencia médica colectiva, que estuvieron vigentes, quedarán sin efecto a partir de la publicación de la reglamentación de la presente ley.

Artículo 23.- Comuníquese, etc.

Ley N° 17.548,

de 22 de agosto de 2002

Artículo 1°.- Las instituciones gremiales que de conformidad con sus estatutos presten, a la fecha, servicios de asistencia médica colectiva, quedarán sujetas respecto a estos servicios a la legislación sobre Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

A dichas instituciones no le será aplicable la tipificación prevista en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981.

Asimismo, no le será aplicable lo dispuesto en los siguientes artículos:

A. Artículo 9°, en cuanto al deber de ajustar sus estatutos a las disposiciones del Estatuto Tipo, ni la obligación de obtener personería jurídica.

B. Artículo 17, literal A) y

C. Artículo 19 de la citada norma, excepto en lo referente a la obligación de ajustar sus registros contables a las normas que dicte el Poder Ejecutivo.

No obstante en la estructura organizativa dichas Instituciones deberán contemplar los principios de autoridad y competencia, así como aquellos que garanticen la debida oposición de intereses e imponen limitaciones a quienes ocupan cargos de dirección, tal como se impone a las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

Artículo 2°.- Las cooperativas de profesionales definidas en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, quedarán sujetas en lo pertinente a las disposiciones del Decreto-Ley aludido y a sus disposiciones reglamentarias.

Artículo 3°.- Las personas jurídicas existentes a la fecha de promulgación de la presente ley, que presten servicios de asistencia médica colectiva cuya tipificación no se adecue a las contempladas en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, mantendrán su tipo social y se ajustarán en los demás a las disposiciones del Decreto-Ley citado y normas reglamentarias, incluyendo la obligación de adoptar el estatuto tipo previsto para las mismas.

LEY N° 17.930,

de 19 de diciembre de 2005

PRESUPUESTO NACIONAL

APRUEBASE PARA EL PERIODO 2005-2009

INCISO 12

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Artículo 265.- El Sistema Nacional Integrado de Salud será financiado por un Seguro Nacional de Salud, el que se creará por ley según lo dispuesto en el artículo 67 y en la disposición transitoria letra V)** de la Constitución de la República y contará con un Fondo Público Unico y Obligatorio constituido por los aportes del Estado, aportes de las empresas públicas y privadas y el aporte universal de los hogares beneficiarios del Sistema Nacional Integrado de Salud.

El aporte del Estado provendrá de la asignación presupuestal al financiamiento del sistema de salud.

El aporte de las empresas públicas y privadas será proporcional a la nómina de sus trabajadores.

El aporte de los hogares será un porcentaje de sus ingresos de manera de contribuir a la equidad en el aporte al financiamiento de la salud, en tanto las normas tributarias fijarán la forma y porcentaje de dichos aportes.

El reembolso a los prestadores integrales públicos y privados de salud se hará de acuerdo a cápitas ajustadas por riesgo y metas de prestación de servicios en cada nivel de atención.

La reglamentación fijará los valores de las cápitas integrales ajustadas por riesgo, los mecanismos de ajuste de las mismas y las metas de prestación por nivel de atención.

Sólo podrán integrar el Seguro Nacional de Salud a crearse, las instituciones de asistencia médica colectiva previstas en el artículo 6° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, y sus modificativas, así como las instituciones de asistencia médica privada particular sin fines de lucro.

Sin perjuicio, aquellos seguros integrales autorizados y habilitados por el Ministerio de Salud Pública al amparo de lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto-Ley N° 15.181, de 21 de agosto de 1981, que operen bajo alguna de las formas jurídicas previstas en la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, que se encuentren funcionando regularmente a la fecha de vigencia de la presente ley, integrarán el Seguro Nacional de Salud a crearse, según sus prescripciones, de acuerdo a las pautas que indique la reglamentación que a tal efecto dictará el Poder Ejecutivo y sin perjuicio de la libre contratación que garantiza la norma.

LEY N° 18.083,

de 27 de diciembre de 2006

CAPITULO IX

EXONERACIONES

Artículo 52.- Rentas exentas.- Estarán exentas las siguientes rentas:

A) Las correspondientes a compañías de navegación marítima o aérea. En caso de compañías extranjeras la exoneración regirá siempre que en el país de su nacionalidad las compañías uruguayas de igual objeto, gozaren de la misma franquicia.

Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar a las compañías extranjeras de transporte terrestre, a condición de reciprocidad.

B) Los fletes para el transporte marítimo de bienes al exterior de la República, no incluidos en la exoneración del literal anterior.

C) Las derivadas de la realización de actividades agropecuarias comprendidas en el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, siempre que sean obtenidas por quienes hayan optado por liquidar dicho tributo.

D) Las comprendidas en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas salvo que hayan optado por liquidar este impuesto por aplicación del artículo 5° o que deban liquidarlo preceptivamente por haber superado el límite de ingresos que determine el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo señalado en el referido artículo.

E) Las obtenidas por los contribuyentes cuyos ingresos no superen anualmente el monto que establezca el Poder Ejecutivo. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, facúltase al Poder Ejecutivo a considerar el número de dependientes u otros índices que establezca la reglamentación, a efectos de determinar la existencia de una reducida capacidad económica que justifiquen la inclusión en la exoneración aludida.

Quedan excluidos de la exoneración establecida en el presente literal:

1. Los transportistas terrestres profesionales de carga.

2. Quienes obtengan rentas derivadas de la actividad agropecuaria.

3. Quienes hayan optado por tributar el IRAE en aplicación del artículo 5° de este Título.

4. Quienes obtengan rentas no empresariales, ya sea en forma parcial o total. A tales efectos se considerará la definición de empresas dada por el numeral 1 del literal B) del artículo 3° del presente Título.

Los contribuyentes cuyos ingresos no superen el monto referido en este literal, podrán optar por no quedar comprendidos en el mismo, tributando consecuentemente el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y el Impuesto al Valor Agregado por el régimen general.

Cuando se haya dejado de estar comprendido en este literal, sea de pleno derecho o por haber echo uso de la opción, no se podrá volver a estarlo por el lapso que establezca la reglamentación.

F) Las comprendidas en el Impuesto a las Rentas de los No Residentes.

G) Las obtenidas por las instituciones culturales o de enseñanza. Quedan comprendidas en este literal, las rentas obtenidas por las federaciones o asociaciones deportivas o instituciones que las integran, así como las ligas y sociedades de fomento, sin fines de lucro.

H) Las obtenidas por organismos oficiales de países extranjeros a condición de reciprocidad y por los organismos internacionales que integre el Uruguay.

I) Las provenientes de actividades desarrolladas en el exterior, y en los recintos aduaneros, recintos aduaneros portuarios, depósitos aduaneros y zonas francas, por entidades no residentes, con mercaderías de origen extranjero manifestadas en tránsito o depositadas en dichos exclaves, cuando tales mercaderías no tengan origen en territorio aduanero nacional, ni estén destinadas al mismo. La exoneración será asimismo aplicable cuando las citadas mercaderías tengan por destino el territorio aduanero nacional, siempre que tales operaciones no superen en el ejercicio el 5% (cinco por ciento) del monto total de las enajenaciones de mercaderías en tránsito o depositadas en los exclaves, que se realicen en dicho período. En tal caso será de aplicación al importador el régimen de precios de transferencia.

J) Las obtenidas por las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva y por las asociaciones civiles que, sin revestir tal calidad, realicen las mismas actividades. En ambos casos se requerirá que las citadas entidades carezcan de fines de lucro.

K) Las obtenidas por las entidades gremiales empresariales y de trabajadores.

L) Las obtenidas por las personas públicas no estatales.

M) Los dividendos o utilidades y las variaciones patrimoniales derivadas de la tenencia de participaciones de capital.

N) Las derivadas de la tenencia de acciones de la Corporación Nacional para el Desarrollo.

O) Las obtenidas por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

P) Las obtenidas por los usuarios de Zonas Francas de acuerdo a lo dispuesto por Ley N° 15.921, de 17 de diciembre de 1987, y sus normas modificativas y complementarias.

Q) Las incluidas en el régimen del Monotributo.

R) Las obtenidas por sociedades cooperativas, por las sociedades administradoras de fondos complementarios de previsión social a que refiere el Decreto-Ley N° 15.611, de 10 de agosto de 1984, y por las Sociedades de Fomento Rural incluidas en la Ley N° 14.330, de 19 de diciembre de 1974, siempre que sus actividades sean sin fines de lucro.

S) Las derivadas de investigación y desarrollo en las áreas de biotecnología y bioinformática, y las obtenidas por la actividad de producción de soportes lógicos y de los servicios vinculados a los mismos, que determine el Poder Ejecutivo, siempre que los bienes y servicios originados en las antedichas actividades sean aprovechadas íntegramente en el exterior.

T) Las obtenidas por la fundación creada con el ‘Institut Pasteur’ de París de conformidad con la Ley N° 17.792, de 14 de julio de 2004, en tanto se vinculen directamente a su objeto.

A las exoneraciones establecidas en los literales G), J), K), R) y T) les serán aplicables las condiciones, limitaciones y requisitos dispuestos en el Título 3 del Texto Ordenado 1996, en lo pertinente.

Artículo 94.- Exonérase de los aportes patronales jubilatorios a la seguridad social, a las sociedades de asistencia médica cuyos estatutos establezcan que no persiguen fines de lucro. Esta exoneración tendrá un carácter transitorio, extendiéndose su vigencia hasta tanto el nuevo marco legal referente al sistema cooperativo determine la situación de las cooperativas que actualmente prestan servicios de asistencia a la salud, de forma de establecer las bases de un tratamiento simétrico para todas las instituciones prestadoras de dichos servicios, en lo que refiere a las contribuciones de seguridad social.

La norma será de aplicación a partir del 1° de enero de 2008.

Nota: Redacción dada por: Ley N° 18.216, de 9 de diciembre de 2007 artículo 1°.

LEY N° 18.407,

de 24 de octubre de 2008

SISTEMA COOPERATIVO

REGULACION GENERAL DE SU FUNCIONAMIENTO

TITULO I

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6°. (Domicilio y sede).- El domicilio de la cooperativa será dentro del territorio nacional, en el lugar donde centralice su gestión administrativa y dirección.

La sede de la cooperativa será la ubicación precisa de su administración dentro del domicilio.

En caso de existir sucursales, podrán tener domicilio y sede propios.

Artículo 7°. (Principios).- Las cooperativas deben observar los siguientes principios:

1) Libre adhesión y retiro voluntario de los socios.

2) Control y gestión democrática por los socios.

3) Participación económica de los socios.

4) Autonomía e independencia.

5) Educación, capacitación e información cooperativa.

6) Cooperación entre cooperativas.

7) Compromiso con la comunidad.

Los principios enunciados tendrán los alcances y sentidos reconocidos por el cooperativismo universal.

Dichos principios han de aplicarse al funcionamiento y la organización de las cooperativas, han de incorporarse a las fuentes del derecho cooperativo como principios generales y aportan un criterio de interpretación del derecho cooperativo.

Artículo 8°. (Caracteres).- Las cooperativas deben de reunir los siguientes caracteres:

1) Ilimitación y variabilidad del número de socios que no podrá ser inferior a cinco, salvo para las cooperativas de segundo o ulterior grado y lo dispuesto en los Capítulos del Título II De las cooperativas en particular, de la presente ley.

2) Plazo de duración ilimitado.

3) Variabilidad e ilimitación del capital.

4) Autonomía en materia política, religiosa, filosófica y no discriminación por nacionalidad, clase social, raza y equidad de género.

5) Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios.

6) Reconocimiento de un solo voto a cada socio, independientemente de sus aportes, excepto la posibilidad del voto ponderado en las cooperativas de segundo o ulterior grado.

7) La imposibilidad del reparto de las reservas sociales y el destino desinteresado del sobrante patrimonial en caso de liquidación.

CAPITULO II

CONSTITUCION

Artículo 12. (Asamblea constitutiva).- Las cooperativas se constituirán por la decisión de una asamblea citada a ese fin, la que aprobará el estatuto, y en la que se suscribirán partes sociales y se elegirá a los miembros de los órganos sociales.

Las resoluciones adoptadas deberán consignarse en documento público o privado, con firmas certificadas notarialmente y debidamente protocolizado, labrándose el acta fundacional en el libro respectivo, que suscribirán Presidente y Secretario.

Artículo 13. (Formalidades y personería jurídica).- La cooperativa será persona jurídica desde la inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, de la primera copia de la escritura pública o del primer testimonio de la protocolización del documento de constitución y aprobación del estatuto social.

El Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, efectuará el control de legalidad sobre el estatuto social, el que deberá contener las previsiones establecidas en la presente ley.

Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, las cooperativas deberán cumplir también con las inscripciones y trámites correspondientes a los efectos de obtener las autorizaciones necesarias para las actividades que desarrollarán.

Artículo 14. (Cooperativas en formación).- Los actos celebrados y los documentos suscritos a nombre de la cooperativa antes de la obtención de su personería jurídica, salvo los necesarios para el trámite ante el Registro, hacen solidariamente responsables a quienes los celebraron o suscribieron por parte de la cooperativa en formación.

Una vez inscripta la cooperativa, dichos actos podrán ser ratificados por ésta. La referida ratificación tendrá efectos retroactivos.

En tanto no se produzca la inscripción registral, la entidad deberá añadir a su denominación las palabras "en formación".

Artículo 15. (Contenido del estatuto).- Respetando las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de otros elementos que la ley establezca, el estatuto debe contener por lo menos los siguientes:

1) Denominación y domicilio.

2) Designación precisa del objeto social.

3) Régimen de responsabilidad.

4) Capital inicial y valor de las partes sociales.

5) Organización y funciones de la Asamblea General y procedimientos y formas de elección de todos los órganos sociales electivos de creación estatutaria.

6) Condiciones de ingreso, retiro, suspensión y exclusión de los socios, y sus derechos y obligaciones.

7) Forma de distribución de excedentes y asunción de pérdidas, formación de reservas y fondos permanentes.

8) Fecha de cierre del ejercicio económico.

9) Normas sobre integración y educación cooperativa.

10) Procedimientos de reforma del estatuto, disolución y liquidación.

11) Destino de los bienes para el caso de disolución.

12) Forma de representación de la cooperativa.

Artículo 16. (Reforma del estatuto).- Cualquier reforma del estatuto se tramitará bajo el mismo procedimiento establecido para la constitución de la cooperativa. La reforma entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas.

CAPITULO III

SOCIOS

Artículo 19. (Ingreso).- La calidad de socio se adquiere mediante la adhesión en el acto constitutivo o posteriormente por decisión del Consejo Directivo, apelable ante la Asamblea General en su caso.

Artículo 20. (Responsabilidad).- Las cooperativas deberán establecer en sus estatutos la responsabilidad económica de los socios para con la cooperativa y con terceros, debiendo optar por alguna de las siguientes:

A) Responsabilidad limitada: en este caso la responsabilidad de los socios queda limitada a los aportes suscritos.

B) Responsabilidad suplementada: en este caso los socios serán responsables, además y subsidiaria-mente por un monto suplementario que deberá ser siempre determinado en el estatuto y no superior a veinte veces el importe del aporte suscrito.

Por la vía de la modificación del estatuto sólo se podrá aumentar el grado de responsabilidad de los miembros, no pudiendo efectuarse la transformación inversa.

Aquellos socios que disientan con las resoluciones que implique aumento de su responsabilidad, cualesquiera sean las previsiones estatutarias, tendrán derecho a renunciar a la cooperativa y al reembolso de las correspondientes partes sociales de acuerdo a lo previsto en la presente ley.

En tal caso, los representantes legales de los socios menores de edad o incapaces solicitarán la rescisión parcial a su respecto, sometiendo las cuentas a la aprobación judicial.

Artículo 21. (Deberes).- Sin perjuicio de los demás que se establezcan en la presente ley y en el estatuto, los socios tendrán los siguientes deberes:

A) Cumplir con sus obligaciones sociales y económicas.

B) Desempeñar los cargos para los que fueren electos, salvo justa causa de excusa.

C) Respetar y cumplir el estatuto, reglamentos y resoluciones de los distintos órganos de la cooperativa.

D) Participar en las actividades que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de su objeto social.

E) Ser responsable por el uso y destino de la información de la cooperativa.

Artículo 22. (Derechos).- Sin perjuicio de los demás que se establezcan en la presente ley y en el estatuto, los socios tendrán los siguientes derechos:

A) Participar con voz y voto en las asambleas, sin perjuicio de las disposiciones específicas de los Capítulos del Título II de la presente ley o de lo que establezca el estatuto.

B) Ser elector y elegible para desempeñar cargos en los distintos órganos de la cooperativa.

C) Participar en todas las actividades de la cooperativa, sin discriminaciones.

D) Utilizar los servicios sociales en las condiciones estatutarias y reglamentarias.

E) Solicitar información sobre la marcha de la cooperativa al Consejo Directivo o a la Comisión Fiscal, de acuerdo a los procedimientos establecidos en el estatuto.

F) Formular denuncias por incumplimiento de la ley, el estatuto o los reglamentos ante la Comisión Fiscal.

G) A renunciar voluntariamente a la cooperativa, mediante preaviso por escrito al Consejo Directivo, que deberá realizar con el plazo de antelación que fijen los estatutos, el cual no podrá ser superior a seis meses para las personas físicas y a un año para las personas jurídicas, sin perjuicio del derecho de la cooperativa a exigir el cumplimiento de las obligaciones que estime pertinentes, por los mecanismos legales previstos.

Los estatutos podrán contener la obligación de no renunciar antes de la expiración de un plazo, que no podrá exceder de cinco años contados desde el ingreso del socio a la cooperativa.

H) Cuando la naturaleza de la cooperativa lo permita, los empleados podrán ser socios de ella pero no podrán votar cuestiones relativas a su condición en las Asambleas ni formar parte de los otros órganos sociales, sin perjuicio de otras estipulaciones que se establezcan en el estatuto. En todo caso gozarán de un tratamiento no inferior al que la legislación otorga a los trabajadores de la misma actividad.

Artículo 23. (Pérdida de la calidad de socio).- La calidad de socio se extingue por:

A) Fin de la existencia de la persona física o jurídica, sin perjuicio de los eventuales derechos de los sucesores del socio fallecido y/o del cónyuge supérstite por su mitad de gananciales cuando corresponda.

B) Renuncia.

C) Pérdida de las condiciones establecidas por el estatuto para ser socio.

D) Exclusión.

Artículo 24. (Exclusión-suspensión).- Los socios podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos, por las causales previstas en el estatuto.

Corresponde al Consejo Directivo adoptar la decisión, que podrá ser apelada ante la Asamblea, previa solicitud de reconsideración de la medida.

El estatuto establecerá el procedimiento para adoptar la suspensión o exclusión y los efectos con que se conceden los recursos.

Serán excluidos los socios que pierdan los requisitos exigidos para serlo, según la presente ley o el estatuto de la cooperativa, por el Consejo Directivo, de oficio o a petición de cualquier socio.

Asimismo, podrán ser excluidos aquellos que hayan incurrido en incumplimiento grave.

CAPITULO IV

ORGANIZACION Y ADMINISTRACION

Artículo 25. (Organos).- En todas las cooperativas, la dirección, administración y vigilancia estarán a cargo de la Asamblea General, el Consejo Directivo, la Comisión Fiscal y demás órganos que establezca el estatuto.

Sección I

Asamblea General

Artículo 26. (Naturaleza de la asamblea y clases).- La Asamblea General es la reunión de los socios de la cooperativa a los efectos de adoptar las decisiones que le competen, de acuerdo con lo que establecen las normas legales, reglamentarias y estatutarias.

La Asamblea General, que será ordinaria o extraordinaria, es la autoridad máxima de la cooperativa. Sus decisiones adoptadas conforme a la presente ley, el estatuto y el reglamento, obligan a los demás órganos y a todos los socios.

Artículo 27. (Asamblea ordinaria).- La asamblea se reunirá en sesión ordinaria dentro de los ciento ochenta días siguientes al cierre del ejercicio económico, para tratar los temas previstos en la convocatoria, dentro de los cuales deberán incluirse:

1) La memoria anual del Consejo Directivo.

2) Los estados contables.

3) La distribución de excedentes o financiación de pérdidas, de acuerdo con lo dispuesto por el estatuto.

4) El informe de la Comisión Fiscal.

5) La elección de los miembros del Consejo Directivo, Comisión Fiscal y Comisión Electoral y demás órganos que establezca el estatuto, cuando éste así lo disponga.

Artículo 28. (Asamblea extraordinaria).- La asamblea podrá reunirse en forma extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran y tratar cualquier asunto de su competencia. Para tratar los temas previstos en el artículo 27 de la presente ley se requerirá que existan razones de urgencia.

Artículo 29. (Convocatoria).- La Asamblea Ordinaria será convocada por el Consejo Directivo o por la Comisión Fiscal cuando aquél omitiera hacerlo en el plazo legal.

La Asamblea Extraordinaria se reunirá toda vez que lo disponga el Consejo Directivo o lo solicite la Comisión Fiscal o un número de socios superior al 10% (diez por ciento), salvo que el estatuto exigiera un porcentaje menor.

También puede convocarla la Comisión Fiscal cuando el Consejo Directivo no respondiera o respondiera negativamente a su pedido o al de los socios.

Para el caso que la convocatoria sea solicitada por un número de socios superior al 10% (diez por ciento) y la misma no sea atendida por el Consejo Directivo o por la Comisión Fiscal, los referidos socios podrán solicitar dicha convocatoria a través de la Auditoría Interna de la Nación a la cooperativa o por vía judicial.

Artículo 30. (Forma de convocatoria).- En todos los casos la convocatoria deberá indicar fecha, hora y lugar de la Asamblea y expresa mención de los puntos del orden del día. Deberá realizarse en la forma prevista por el estatuto, con adecuada publicidad, quedando debida constancia y con una antelación mínima de diez días y un máximo de treinta días de la fecha de la Asamblea.

La Asamblea podrá celebrarse sin publicidad de la convocatoria cuando participen en ella todos los socios.

Son nulas las resoluciones sobre temas ajenos al orden del día.

Artículo 31. (Asamblea de Delegados).- En sustitución de las Asambleas Generales el estatuto podrá prever, por causas objetivas y expresas, Asambleas de Delegados.

Los delegados deberán ser elegidos conforme con el procedimiento previsto en el estatuto y los reglamentos, debiendo respetarse el principio de control y gestión democrática por los socios.

Asimismo, para la elección de dichos delegados, se deberá aplicar un criterio de proporcionalidad de acuerdo a la cantidad de socios que representen.

Artículo 32. (Quórum).- La Asamblea se constituirá en primera convocatoria con la mitad más uno de los socios o delegados convocados al efecto.

La Asamblea en segunda convocatoria tendrá los mismos requisitos formales y se celebrará dentro de los treinta días siguientes a la primera convocatoria. No obstante el estatuto podrá autorizar la segunda convocatoria a realizarse una hora más tarde que la primera, sesionando la Asamblea con el número de presentes en la misma.

La Asamblea podrá pasar a cuarto intermedio, a fin de continuar dentro de los treinta días corridos siguientes. Sólo podrán participar en la segunda reunión los socios que se hayan registrado en la primera convocatoria.

Artículo 33. (Mayoría y voto por poder).- Las resoluciones se adoptarán por mayoría simple de votos presentes, salvo los asuntos para los cuales la ley o el estatuto exigieran mayorías especiales.

Se requerirá mayoría especial de dos tercios de votos del total de los socios, para decidir la fusión o incorporación, la disolución, el cambio sustancial del objeto social, el cambio de responsabilidad limitada o suplementada o la reforma del estatuto.

En la Asamblea General, el socio podrá hacerse representar por otro socio mediante poder escrito.

Ningún apoderado podrá representar a más de un socio.

No se admite el voto por poder en las Asambleas de Delegados.

Artículo 34. (Competencia).- Es de competencia, exclusiva de la Asamblea General, sin perjuicio de otros asuntos que la presente ley o el estatuto le reserven:

1) Aprobar, modificar e interpretar el estatuto y los reglamentos de la cooperativa.

2) Fijar las políticas generales de la cooperativa y autorizar el presupuesto general, cuando lo determine el estatuto.

3) Elegir, en su caso, y remover a los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal y demás órganos sociales, si hubieren sido electos por la Asamblea.

4) Fijar las compensaciones de los miembros del Consejo Directivo, de la Comisión Fiscal y de las Comisiones que se determinen cuando haya lugar.

5) Resolver sobre la memoria y los estados contables, previo conocimiento de los informes de la Comisión Fiscal y del auditor si correspondiere.

6) Decidir sobre la distribución de excedentes y financiación de pérdidas, de acuerdo con las disposiciones del estatuto.

7) Aprobar la emisión de obligaciones, de participaciones subordinadas o con interés, de participaciones especiales u otras formas de financiación mediante valores negociables, previstas en el estatuto.

8) Decidir la iniciación de acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.

9) Decidir sobre la asociación con las personas referidas en el artículo 81 de la presente ley.

10) Resolver sobre fusión, incorporación, disolución, cambio sustancial del objeto social, cambio de responsabilidad limitada o suplementada o reforma del estatuto de la cooperativa.

11) Resolver sobre las apelaciones de los socios que fueren excluidos en virtud de resoluciones del Consejo Directivo, salvo que el estatuto prevea la existencia del Comité de Recursos.

12) Resolver sobre las reclamaciones de los socios contra los actos del Consejo Directivo y de la Comisión Fiscal.

13) Aprobar nuevos aportes obligatorios, admitir aportes voluntarios, actualizar el valor de los aportes al capital social, fijar los aportes de los nuevos socios y establecer cuotas de ingreso o periódicas.

Sección II

Consejo Directivo

Artículo 35. (Concepto y naturaleza).- El Consejo Directivo es el órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa.

Sus atribuciones serán determinadas en el estatuto, sin perjuicio de las establecidas por la ley.

Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la ley o el estatuto no reserven expresamente a la Asamblea y las que resultan necesarias para la realización de las actividades en cumplimiento del objeto social.

Artículo 36. (Composición y elección).- El Consejo Directivo se compondrá de un número impar de miembros no inferior a tres, determinado por el estatuto, debiendo existir, en todo caso, un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.

Los miembros titulares y suplentes serán socios electos por el procedimiento y período que establezca el estatuto, el que deberá establecer también si son o no reelegibles.

Los suplentes reemplazarán a los titulares en caso de renuncia, remoción, ausencia o fallecimiento o cualquier tipo de vacancia y serán llamados a ocupar el cargo por el Consejo Directivo. Agotada la lista de suplentes proclamados, el Consejo Directivo designará a los reemplazantes de la misma lista si la hubiere, o según la votación decreciente en la elección nominal y dará cuenta a la Asamblea General más inmediata.

En aquellas cooperativas cuyo número de socios sea inferior a diez, el estatuto podrá establecer la existencia de un Administrador unico, persona física que ostente la condición de socio, que asumirá las competencias y funciones previstas en la presente ley para el Consejo Directivo, su Presidente y Secretario.

Los miembros del Consejo Directivo deberán declarar al inicio de su mandato, o durante su ejercicio y según lo que establezca el estatuto, las actividades personales o comerciales que desarrollan y que puedan ser competencia de las actividades de la cooperativa.

Artículo 37. (Remoción).- La Asamblea General puede remover en cualquier tiempo a los miembros del Consejo Directivo, siempre que éstos hayan sido electos por la Asamblea y que el asunto figure en el orden del día. Consumada la remoción, asumirán los cargos los suplentes respectivos. En caso de remoción de éstos, también la Asamblea, en el mismo acto, mediante voto secreto y por un plazo que fijará la misma, elegirá a los reemplazantes, salvo que el estatuto establezca un procedimiento especial al efecto.

El estatuto deberá prever la forma y el procedimiento de remoción, en aquellos casos en que el propio estatuto haya previsto el procedimiento eleccionario por forma diferente a la elección directa por la Asamblea General.

Artículo 38. (Reglas de funcionamiento).- El estatuto debe establecer las reglas de funcionamiento del Consejo Directivo.

Las actas de las sesiones deben ser firmadas por el Presidente y por el Secretario, salvo que el estatuto requiera también la firma de otros asistentes.

El quórum será de más de la mitad de sus miembros.

Artículo 39. (Representación).- La representación de la cooperativa le corresponde al Consejo Directivo, debiendo actuar conjuntamente el Presidente y el Secretario del mismo, salvo que el estatuto disponga otra cosa al respecto.

Artículo 40. (Responsabilidad de los miembros del Consejo Directivo).- Los miembros del Consejo Directivo responden solidariamente frente a la cooperativa y los socios por violación de la ley, el estatuto y los reglamentos.

Sólo puede eximirse el miembro que no haya participado en la sesión que adoptó la resolución, o haya dejado constancia en acta de su voto en contra.

Sección III

Comité Ejecutivo

Artículo 41. (Comité Ejecutivo).- El estatuto podrá prever un Comité Ejecutivo, integrado por miembros provenientes del Consejo Directivo, para atender la gestión ordinaria de la cooperativa. La existencia de este Comité no modifica los deberes y las responsabilidades de los miembros del Consejo Directivo.

Sección IV

Comité de Recursos

Artículo 42. (Comité de Recursos).- El estatuto podrá prever la existencia de un Comité de Recursos, delegado de la Asamblea General, que tramitará y resolverá cuantos recursos vengan atribuidos a su conocimiento o al de la Asamblea, por vía legal o estatutaria.

La composición y el régimen de funcionamiento del Comité de Recursos se fijará por el estatuto. Estará integrado, al menos, por tres miembros de entre los socios con plenitud de derechos elegidos en votación secreta, de acuerdo al procedimiento que establezca el estatuto.

Las resoluciones del Comité de Recursos podrán recurrirse, sin efecto suspensivo, por el procedimiento previsto en el artículo 44 de la presente ley.

Deberán abstenerse de intervenir, en la tramitación y resolución de los correspondientes recursos, los miembros del Comité que tengan, respecto al socio o aspirante a socio afectado, parentesco de consanguinidad dentro de cuarto grado, de afinidad dentro del segundo, o relación de dependencia. Asimismo, deberán abstenerse aquellos miembros que tengan relación directa con el objeto del recurso.

No podrán formar parte del Comité de Recursos los miembros del Consejo Directivo, ni de la Comisión Fiscal, ni las personas que tengan relación de dependencia con la cooperativa.

Sección V

Comisiones Auxiliares

Artículo 43. (Comisiones Auxiliares).- El Consejo Directivo podrá designar de su seno o de entre los socios, Comisiones Auxiliares de carácter permanente o temporal y les determinará sus funciones.

En las cooperativas de primer grado deberá integrarse, en forma permanente, una Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa.

Sección VI

Recursos

Artículo 44. (Recursos).- Las resoluciones del Consejo Directivo podrán ser recurridos por los socios ante la Asamblea General o, en su caso, ante el Comité de Recursos, según el procedimiento establecido en el estatuto.

Sección VII

Comisión Fiscal

Artículo 45. (Naturaleza y atribuciones).- La Comisión Fiscal es el órgano encargado de controlar y fiscalizar las actividades económicas y sociales de la cooperativa. Debe velar para que el Consejo Directivo cumpla la ley, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General.

Artículo 46. (Alcance de sus funciones).- Su función se limita al derecho de observación precisando en cada caso las disposiciones que considere transgredidas.

Debe dejar constancia de sus observaciones o requerimientos y, previa solicitud al Consejo Directivo, puede convocar a la Asamblea General cuando lo juzgue necesario e informar a la Auditoría Interna de la Nación.

Artículo 47. (Funciones específicas).- Sin perjuicio de las demás funciones señaladas en la presente ley y en el estatuto, la Comisión Fiscal debe:

A) Fiscalizar la dirección y administración de la cooperativa, a cuyo efecto sus miembros pueden asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo Directivo. Esta fiscalización se cumplirá en forma ilimitada y permanente sobre las operaciones sociales, pero sin intervenir en la gestión administrativa.

B) Examinar los libros, títulos y cualquier otro documento cuando juzgue conveniente y, por lo menos, una vez cada tres meses.

C) Presentar a la Asamblea General Ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la cooperativa, dictaminando sobre la memoria y los estados contables.

D) Suministrar a la Asamblea General toda información que éste le requiera sobre las materias que son de su competencia.

E) Hacer incluir en el orden del día de la Asamblea General los puntos que considere procedentes dentro del plazo previsto en el estatuto social.

F) Vigilar que los órganos sociales acaten debidamente las leyes, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea General.

G) Investigar las denuncias que los socios le formulen por escrito, mencionarlas en sus informes a la Asamblea General y expresar acerca de ellas las consideraciones y propuestas que correspondan.

H) Si el estatuto lo prevé, asumir transitoriamente el gobierno de la cooperativa, cuando por desintegración parcial o total del Consejo Directivo, éste no esté en condiciones de funcionar, convocando a la Asamblea General Extraordinaria dentro del plazo de treinta días a fin de considerar la situación.

Artículo 48. (Composición y elección).- La Comisión Fiscal se compondrá de un número impar de miembros, será elegida en la forma y por el período que establezca el estatuto.

En las cooperativas con menos de quince socios podrá integrarse por un solo miembro.

Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Fiscal con la de miembro de cualquier otro órgano social.

Artículo 49. (Aplicación de otras normas).- Rigen para la Comisión Fiscal las disposiciones sobre remoción, reglas de funcionamiento, suplencia, incompatibilidad y responsabilidad establecidas para el Consejo Directivo.

Sección VIII

Comisión Electoral

Artículo 50. (Comisión Electoral).- La Comisión Electoral tendrá a su cargo la organización, la fiscalización y el contralor de los actos eleccionarios de la cooperativa y la proclamación de las autoridades electas. Se compondrá por un número impar de miembros electos por la Asamblea General, de acuerdo al procedimiento que establezca el estatuto, y será obligatoria en el caso de las cooperativas de primer grado.

En las cooperativas con menos de quince socios podrá componerse por un solo miembro.

Le compete a la misma resolver los recursos que pudieran presentarse durante todo el proceso electoral, de los que entenderá subsidiariamente la Asamblea General.

Será incompatible la calidad de miembro de la Comisión Electoral con la de miembro de cualquier otro órgano de dirección.

Sección IX

Compensaciones

Artículo 51. (Compensaciones).- Si el estatuto lo prevé, la Asamblea General podrá resolver compensar el trabajo personal, realizado por los miembros del Consejo Directivo, del Comité Ejecutivo, de la Comisión Fiscal u otras Comisiones en el desempeño de sus cargos. Dicha compensación podrá realizarse además del pago de los gastos, con rendición de cuentas, en que se incurra por el mismo motivo.

CAPITULO V

REGIMEN ECONOMICO

Sección I

Patrimonio social

Artículo 52. (Recursos patrimoniales).- Son recursos de naturaleza patrimonial de las cooperativas para el cumplimiento de su objeto social, los siguientes:

1) El capital social.

2) Los fondos patrimoniales especiales.

3) Las reservas legales, estatutarias y voluntarias.

4) Las donaciones, legados y recursos análogos que reciban destinados a incrementar el patrimonio.

5) Los recursos que se deriven de los otros instrumentos de capitalización.

6) Los ajustes provenientes de las reexpresiones monetarias o de valuación.

7) Los resultados acumulados.

Sección II

Capital social

Artículo 53. (Capital social).- El capital social está compuesto por las partes sociales, provenientes de los aportes obligatorios y voluntarios realizados por los socios y cuando correspondiere, de sus reexpresiones contables.

Artículo 54. (Partes sociales).- Las partes sociales son nominativas, indivisibles, de igual valor y transferibles solamente a personas que reúnan las condiciones requeridas por el estatuto para ser socio, previa aprobación del Consejo Directivo.

Serán integradas en dinero, en especie o en trabajo convencionalmente valuados, en la forma y en el plazo que establezca el estatuto.

Artículo 55. (Aportes obligatorios).- El estatuto fijará el aporte obligatorio mínimo de capital social para ser socio, el que podrá variar en proporción al compromiso y/o uso potencial que cada socio asuma de la actividad cooperativa.

La Asamblea General podrá acordar la exigencia de nuevos aportes obligatorios. El socio que tuviera desembolsados aportes voluntarios podrá aplicarlos, en todo o en parte, a cubrir los nuevos aportes obligatorios acordados por la Asamblea General.

Artículo 56. (Aportes voluntarios).- La Asamblea General y, si el estatuto lo prevé, el Consejo Directivo, podrán acordar la admisión de aportes voluntarios al capital social por parte de los socios.

Artículo 57. (Adquisición de aportes).- Cuando el estatuto lo prevea y según la forma que él determine, los aportes integrados por los socios pueden ser adquiridos por la cooperativa con cargo a una reserva especial creada al efecto, siempre que no se afecte al patrimonio social y la liquidez de la cooperativa.

Artículo 58. (Capital variable e ilimitado).- El monto total del capital social será variable e ilimitado, sin perjuicio de que en el estatuto se deberá establecer una cantidad mínima.

Artículo 59. (Capital proporcional).- El estatuto puede establecer un procedimiento para la formación e incremento del capital en proporción con el uso real o potencial de los servicios sociales, el trabajo u otra condición que presenten los socios en relación a la cooperativa.

Artículo 60. (Documentación de partes sociales).- El estatuto deberá establecer que las partes sociales sean representadas por certificados, constancias de aportes u otro documento nominativo.

Sección III

Fondos patrimoniales especiales

Artículo 61. (Definición).- Son fondos patrimoniales especiales aquellos recursos que se integran a través de aportes específicos de los socios, dispuestos por la Asamblea General y que tienen como finalidad el fortalecimiento del patrimonio.

Sección IV

Reservas legales, estatutarias y voluntarias

Artículo 62. (Definición).- Las reservas son recursos provenientes de los excedentes netos de gestión aprobados por la Asamblea General, que tienen como finalidad el acrecentamiento del patrimonio social y podrán ser constituidas por disposiciones legales, estatutarias o por voluntad de la Asamblea General.

Las reservas son irrepartibles, pudiendo solamente afectarse para absorber pérdidas, y cuando se disminuyan por esta causa no se podrán aprobar distribuciones de excedentes hasta su recomposición.

Sección V

Legados y donaciones

Artículo 63. (Legados y donaciones).- Las cooperativas podrán recibir de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todo tipo de legados o donaciones, compatibles con el objeto social, destinados a incrementar su patrimonio a ser consumidos de conformidad con la voluntad del donante o del causante.

Sección VI

Otros instrumentos de capitalización

Artículo 64. (Instrumentos de capitalización).- El estatuto podrá prever la emisión de participaciones subordinadas, participaciones con interés y otros documentos de capitalización que puedan crearse.

Artículo 65. (Participaciones subordinadas).- Son aquellos recursos financieros aportados por socios o no socios que se incorporan al patrimonio de la cooperativa sujetos al riesgo de la gestión y cuya remuneración queda subordinada a la existencia de excedentes netos de gestión de la cooperativa, con arreglo a lo previsto por el artículo 70 de la presente ley.

Artículo 66. (Participaciones con interés).- Son recursos financieros aportados por socios o no socios que se incorporan al patrimonio de la cooperativa, sujetos al riesgo de la gestión, y reciben una remuneración con independencia de la existencia o no de excedentes netos de gestión.

Artículo 67. (Características comunes a los instrumentos de capitalización).- Tanto las participaciones subordinadas como las participaciones con interés se representarán en títulos que deberán contener, por lo menos, los siguientes datos:

1) Denominación del instrumento.

2) Datos identificatorios y registrales de la cooperativa emisora.

3) Valor nominal del título con descripción de moneda, monto y condiciones de actualización, si correspondiere.

4) Fecha de emisión.

5) Nombre del adquirente del título.

6) Las fechas y los porcentajes estipulados para los rescates si correspondiere.

7) Modalidad del tipo de interés, el que podrá ser fijo, variable o mixto.

8) La tasa de interés.

9) Fecha, lugar y forma de pago de los intereses.

10) Firma del representante legal de la cooperativa.

11) Derecho de la cooperativa emisora al rescate anticipado a su vencimiento.

Los tenedores de los instrumentos de capitalización no adquieren, en razón de su tenencia, los derechos de los socios de la cooperativa, ni podrán participar en las Asambleas ni integrar ningún órgano social a excepción de la Comisión Fiscal, siempre que el estatuto lo prevea.

Las participaciones subordinadas, las participaciones con interés u otros instrumentos de capitalización, serán nominativos y transferibles, con previa aprobación del Consejo Directivo si el estatuto así lo dispusiere.

En las transferencias de cada título se deberán anotar la fecha y la identificación del nuevo adquirente y tenedor y deberá inscribirse en el Libro correspondiente.

El saldo nominal vigente de estos instrumentos no podrá superar, en conjunto, el 50% (cincuenta por ciento) del patrimonio de la cooperativa emisora.

Los instrumentos de capitalización, además de ajustarse a las formalidades indicadas en este artículo, podrán establecer en sus títulos representativos otras condiciones que a juicio de la cooperativa se entiendan necesarias, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes relativas a este tipo de valores.

En caso de liquidación de la cooperativa emisora, estos instrumentos concurrirán a la misma en pie de igualdad con los socios comunes.

Sección VII

Reexpresiones contables

Artículo 68. (Reexpresiones contables).- Sin perjuicio de las normas legales en la materia, los estatutos podrán establecer que los ajustes a los que se refiere el numeral 6) del artículo 52 de la presente ley, se reconozcan con el rubro de ajustes al patrimonio o, de corresponder, en los rubros patrimoniales.

Sección VIII

Resultados acumulados

Artículo 69. (Resultados acumulados).- Son los acrecentamientos o disminuciones patrimoniales generados por el resultado neto de la gestión de la cooperativa, que están pendientes de distribución o de absorción, respectivamente.

La distribución de los excedentes como la absorción de las pérdidas generadas en cada ejercicio económico, deberán ser sometidas a consideración de la Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con los estados contables respectivos, a través del proyecto de distribución de los excedentes netos del ejercicio.

Artículo 73. (Límites al reembolso de las partes sociales y de las participaciones con interés).- El estatuto puede limitar el reembolso anual de las partes sociales y las participaciones con interés previstas en el artículo 66 de la presente ley, de las personas que egresen en el mismo ejercicio económico, hasta un monto que no sea superior al 5% (cinco por ciento) de las partes sociales integradas y participaciones con interés, conforme con el último balance aprobado. Los casos que no pueden ser atendidos con el porcentaje establecido, lo serán en los ejercicios siguientes por orden de antigüedad de su egreso.

En el caso en que el estatuto de la cooperativa haya previsto la posibilidad del límite, en los títulos de las participaciones con interés deberá aparecer así anunciado.

Los reembolsos de partes sociales podrán suspenderse por un período de hasta dos años en caso de pérdidas ocurridas en el ejercicio económico, según resolución fundada de la Asamblea General.

El estatuto también podrá establecer un límite a los reembolsos a las partes sociales, asociado a los requerimientos mínimos de capital en función de la actividad económica que desarrolle la cooperativa.

Artículo 74. (Irrepartibilidad de otros recursos patrimoniales).- Los recursos patrimoniales de la cooperativa, a excepción de las partes sociales, de las reexpresiones contables, de los instrumentos de capitalización y de los resultados acumulados, constituyen patrimonio propio e irrepartible de la cooperativa. No podrán distribuirse entre los socios a ningún título ni acrecentarán sus aportes individuales.

Sección IX

Recursos no patrimoniales

Artículo 75. (Fuentes de financiamiento y fondos especiales).- Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivo y emitir obligaciones a suscribir por socios o terceros conforme con las condiciones que establezca la reglamentación.

Asimismo con el objeto de proveer recursos con destino específico para la prestación de servicios y beneficios a los socios o para gastos de gestión, las cooperativas podrán crear e incrementar cuotas sociales o fondos especiales con aportes voluntarios u obligatorios de los socios o parte de los excedentes netos anuales, conforme lo establezca el estatuto.

Sección X

Régimen documental y contable

Artículo 77. (Libros sociales).- Deberán llevar en orden y al día, los siguientes libros:

1) Libro de registro de socios.

2) Libros de actas de la Asamblea General, del Consejo Directivo de la Comisión Fiscal y del Comité de Recursos, en su caso.

Los referidos libros podrán ser presentados en soportes informáticos u otros medios admitidos por la reglamentación.

Los libros y demás documentos de la cooperativa estarán bajo la custodia, vigilancia y responsabilidad del Consejo Directivo.

CAPITULO VI

ASOCIACION, FUSION, INCORPORACION

Artículo 81. (Asociación entre cooperativas o con otras personas jurídicas).- Las cooperativas podrán asociarse entre sí o con personas de otra naturaleza jurídica, sean públicas o privadas, así como tener en ellas participación, si así lo prevé el estatuto, a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no transfieran beneficios fiscales ni legales que les sean propios.

Artículo 82. (Federaciones y confederaciones).- Para la defensa y la promoción de sus intereses en cuanto cooperativas, éstas podrán asociarse libre y voluntariamente en federaciones y confederaciones de cooperativas, sin perjuicio de poder promover cualquier otra fórmula asociativa, de acuerdo con la legislación general reguladora del derecho de asociación.

Corresponde a las federaciones y confederaciones de cooperativas:

A) Representar a los miembros que se asocien de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos.

B) Procurar la conciliación de los conflictos surgidosentre sus entidades asociadas, cuando éstas lo soliciten;

C) Organizar servicios de asesoramiento, asistencia jurídica, contable y técnica y cuantos sean convenientes a los intereses de sus socios.

D) Fomentar la promoción, formación y adecuación cooperativa.

E) Colaborar con los organismos competentes en la materia cooperativa.

F) Ejercer cualquier otra actividad de naturaleza análoga.

Artículo 83. (Fusión).- Dos o más cooperativas podrán fusionarse a los efectos de alcanzar con mayor eficacia sus objetivos sociales. Las cooperativas fusionadas se disuelven sin liquidar su patrimonio pero se extingue a la personería jurídica. La cooperativa emergente de la fusión, subroga de pleno derecho a las que le dieron origen en todos sus derechos, acciones y obligaciones.

Artículo 84. (Incorporación).- Habrá incorporación cuando una cooperativa absorbe a otra o a otras cooperativas o entidades jurídicas, conservando la incorporante su personería jurídica y exinguiéndose la de las incorporadas. La incorporante subroga en los derechos, acciones y obligaciones a las incorporadas.

Artículo 85. (Trámites).- Para la fusión o incorporación, las entidades interesadas elaborarán un plan de operaciones que una vez aprobado por el órgano estatal de control y por el organismo público competente por la naturaleza de la actividad que realice la cooperativa, será sometido a las Asambleas Extraordinarias de las afectadas. Aprobada la fusión o la incorporación, se solicitará la inscripción respectiva en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas.

Artículo 86. (Cooperativas de grado superior).- Por resolución de sus respectivas asambleas las cooperativas podrán constituir cooperativas de segundo o ulterior grado o asociarse a ellas. Estas se regirán por la disposiciones de la presente ley con las adecuaciones que resulten de su naturaleza. Deben contar con un mínimo de dos socios.

En las cooperativas de segundo o ulterior grado también podrán integrarse en calidad de socios personas jurídicas de otra naturaleza, públicas o privadas, y personas físicas, hasta un máximo del 20% (veinte por ciento) del total del capital social de la cooperativa.

Artículo 87. (Actividad).- Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán realizar, conforme con las disposiciones de la presente ley y de sus respectivos estatutos, actividades de carácter técnico, económico social, cultural y asumir la representación de sus miembros.

Artículo 88. (Representación y voto).- Las cooperativas de segundo o ulterior grado podrán establecer un régimen de representación y voto proporcional al número de socios, al capital aportado, uso de los servicios u otros criterios que establezca el estatuto.

CAPITULO VII

OTRAS MODALIDADES DE COLABORACION ECONOMICA, DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo 89. (Corporaciones cooperativas).- Son corporaciones cooperativas aquellas asociaciones empresariales que, constituidas mayoritariamente por cooperativas de primer y segundo o ulterior grado, tengan por objeto la definición de políticas empresariales, su control y, en su caso, la planificación estratégica de la actividad de sus socios, así como la gestión de los recursos y actividades comunes.

El estatuto de la corporación cooperativa distribuirá las facultades de administración y fiscalización de la misma entre un órgano de fiscalización y un órgano de dirección, unipersonal o colegiado.

El órgano de dirección tendrá a cargo la gestión y la administración, incluyendo las facultades referidas a la admisión y renuncia o exclusión de socios y a la aplicación del régimen disciplinario, así como la representación de la entidad. Sus miembros serán designados y revocados por el órgano de fislicalización.

El órgano de fiscalización controlará la gestión y la actividad del órgano de dirección. Asimismo, corresponde a dicho órgano de fiscalización autorizar los actos de administración extraordinaria que determine el estatuto. Los miembros del órgano de fiscalización serán elegidos de acuerdo a lo que determine el estatuto.

Las corporaciones cooperativas son personas jurídicas y en todo lo no regulado expresamente por este artículo se aplicará lo dispuesto para las cooperativas de segundo o ulterior grado.

Artículo 90. (Cooperativas mixtas).- Son cooperativas mixtas aquellas en las que existen socios minoritarios cuyo derecho de voto en la Asamblea General se podrá determinar, de modo exclusivo o preferente, en función del capital aportado, que estará representado por medio de certificados, constancia de aportes u otros documentos o títulos.

En estas cooperativas el derecho de voto en la Asamblea General respetará la siguiente distribución:

A) Al menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) de lo votos se atribuirá, en la proporción que defina el estatuto, a socios cooperativistas.

B) Una cuota máxima, a determinar estatutariamente, del 49% (cuarenta y nueve por ciento) de los votos se distribuirá en acciones con voto que, si el estatuto lo prevé, podrán ser libremente negociables en el mercado

En el caso de las acciones con voto, tanto los derechos y obligaciones de sus titulares como el régimen de los aportes se regularán por el estatuto y por lo dispuesto en la legislación de sociedades anónimas y tributarias para las acciones.

La participación de cada uno de los dos grupos de socios en los resultados anuales a distribuir, sean positivos o negativos, se determinará en proporción al porcentaje de votos que cada uno de los dos colectivos tengan según lo previsto en el inciso segundo de este artículo.

Los resultados imputables a los poseedores de acciones con voto se distribuirán entre ellos en proporción al capital desembolsado Los resultados imputables a los restantes socios se distribuirán entre éstos según los criterios generales definidos en la presente ley para las cooperativas de primer grado.

La validez de cualquier modificación autorreguladora que afecte a los derechos y obligaciones de alguno de los dos colectivos de socios requerirá el consentimiento mayoritario del grupo correspondiente, que podrá obtenerse mediante votación separada en la Asamblea General o en la Junta especial y parcial.

En el momento de la constitución de estas cooperativas, previo a su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, la Auditoría Interna de la Nación podrá autorizar la previsión estatutaria de repartibilidad en caso de liquidación, de la cuota parte del Fondo de Reserva Obligatorio correspondiente a los titulares de las acciones con votos, con arreglo a los criterios señalados en el inciso cuarto y respetando las demás normas de adjudicación del haber social establecidas en el artículo 97 de la presente ley.

No podrán adoptar la forma de cooperativa mixta regulada en este artículo las cooperativas de vivienda ni las de ahorro y crédito, ni las cooperativas que posean secciones de ahorro y crédito.

Artículo 91. (Secciones).- El estatuto de la cooperativa podrá prever y regular la existencia y el funcionamiento de secciones que desarrollen actividades económico-sociales específicas, complementarias del objeto social principal. En todo caso será necesario que lleven contabilidad independiente, sin perjuicio de la general que corresponde a la cooperativa. La representación y gestión de la sección corresponderá en todo caso al Consejo Directivo de la Cooperativa.

La distribución de excedentes será diferenciada, teniendo en cuenta el tipo de actividad practicada por el socio, según lo dispone el artículo 70 de la presente ley.

El volumen de operaciones de una sección, en ningún caso, podrá superar el 20% (veinte por ciento) del volumen total de operaciones de la cooperativa. Y en forma conjunta las secciones no podrán superar el 50% (cincuenta por ciento) del volumen total de operaciones de la cooperativa.

Las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a contar con un servicio de auditoría externa en la forma que lo prevé el artículo 79 de la presente ley, la que estará obligada a expedirse expresamente en cada año en cuanto a si se cumplen o no las prescripciones del presente artículo.

Para el caso en que se superasen los porcentajes precedentemente establecidos, la cooperativa dentro del año siguiente a la fecha de aprobación del balance general del que resulte que el límite ha sido superado, deberá adecuarse a las disposiciones del presente artículo. Si vencido el plazo de un año antes referido se comprobare que no se ha subsanado el desvío, la cooperativa deberá proponer a la Auditoría Interna de la Nación un plan de adecuación, el cual deberá ser aprobado por la autoridad de control. De ser rechazado o aceptado y no cumplido el plan de adecuación, entonces, constituirá de pleno derecho y automáticamente causal de disolución de la cooperativa, pudiendo dicha circunstancia ser judicialmente declarada a solicitud de cualquier persona titular de un interés legítimo, o de oficio por la autoridad de control.

Artículo 92. (Normas aplicables a las secciones).- A las secciones relacionadas en el artículo anterior le serán aplicables todas las normas legales y reglamentarias correspondientes, al tipo de cooperativa o actividad que desa-rrolle cada sección, excepto los beneficios legales tales como descuentos de sueldos o de pasividades por retenciones ordenadas por cooperativas de conformidad con la Ley N° 17.691, de 23 de setiembre de 2003. Asimismo, no se podrán transferir a las secciones beneficios fiscales ni legales que provengan del tipo de actividad u objeto principal de la cooperativa.

Artículo 93. (Causas de disolución).- Las cooperativas se disolverán por:

1) Decisión de la Asamblea General por la mayoría de 2/3 (dos tercios) de votos presentes.

2) Reducción del número de socios por debajo del mínimo legal durante un período superior a un año.

3) Fusión o incorporación.

4) Reducción del capital por debajo del mínimo establecido por el estatuto.

5) Declaración de liquidación en un proceso de liquidación concursal.

6) Sentencia judicial firme.

7) Finalización o imposibilidad de cumplimiento del objeto para el que fue creada.

8) Por otras causales previstas en las disposiciones legales aplicables en razón de la actividad de la cooperativa.

Artículo 94. (Efectos de la disolución).- Disuelta la cooperativa se procederá inmediatamente a su liquidación, salvo en los casos de fusión o incorporación. La cooperativa conservará su personería jurídica a ese solo efecto. Los liquidadores deben comunicar la disolución a la Auditoría Interna de la Nación y al Registro de Personas Jurídicas, Sección Registro Nacional de Cooperativas, para su inscripción.

Artículo 95. (Organo liquidador).- La liquidación en principio estará a cargo del Consejo Directivo, salvo disposición en contrario del estatuto o impedimento o imposibilidad para ejercer el cargo, caso en el cual la designación de la Comisión Liquidadora corresponderá hacerla a la Asamblea General o a la Auditoría Interna de la Nación. La Comisión Fiscal controlará el proceso de liquidación.

Artículo 96. (Facultades).- El órgano liquidador ejerce la representación de la cooperativa. Debe realizar el activo y cancelar el pasivo actuando con la denominación social y el aditamento en liquidación.

TITULO II

DE LAS COOPERATIVAS EN PARTICULAR

CAPITULO II

COOPERATIVAS DE TRABAJO

Artículo 100. (Trabajadores en relación de dependencia).- El número de trabajadores en relación de dependencia no podrá superar el 20% (veinte por ciento) de los socios de la cooperativa. En cualquier caso, el mínimo de empleados podrá ser de dos. Estas limitaciones no rigen para los trabajadores contratados para cubrir necesidades cíclicas extraordinarias o de actividades de temporada.

Artículo 101. (Remuneración de los trabajadores socios).- Las remuneraciones mensuales de los socios de la cooperativa, a cuenta de los excedentes, no podrán ser inferiores al laudo y demás beneficios sociales que correspondan según la ley o el convenio colectivo aplicable a la actividad económica donde gire la cooperativa, con todos los beneficios sociales que legalmente correspondan.

Asimismo, percibirán la cuota parte de los excedentes anuales, en proporción a la cantidad y calidad de trabajo realizado por cada uno durante el ejercicio económico, descontando las remuneraciones percibidas por todo concepto, de acuerdo con lo establecido en el precedente inciso.

Artículo 102. (Legislación laboral y provisional).- Serán aplicables a todos los trabajadores, tengan o no la calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios excluidos.

Las cooperativas de trabajo no deberán realizar aportes patronales a la seguridad social, con excepción de los aportes al Fondo Nacional de Salud correspondientes a los trabajadores socios y no socios, y del aporte jubilatorio patronal correspondiente al personal dependiente.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer un régimen ficto de aportación, como único aporte a la seguridad social, a aquellas cooperativas de trabajo cuyo volumen de actividad se encuadre en las condiciones que al respecto fije la reglamentación."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: me correspon-de informar sobre la Carpeta Nº 1422 y voy a hacer un esfuerzo por ser lo más breve posible, pero pido atención, especialmente al señor Senador Heber, porque en este proyecto -igual que en el anterior- el Estado no pone un solo peso; se podrá estar de acuerdo o no con estas iniciativas, pero no se puede decir que el Estado tenga que poner dinero. Por el proyecto anterior se generaba un fondo, y por este, ni siquiera eso. Y aclaro que si el CASMU tiene un endeudamiento tan importante es, entre otras cosas, porque comprometió su flujo de caja. Hago esta aclaración para que discutamos sobre las cosas que debemos, y para que no se diga que se van a tener que poner US$ 100:000.000, porque no es así.

(Interrupciones)

-No es así; se trata de un Fondo de Garantía, y el Estado no pone dinero.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Pido a los señores Senadores que no dialoguen.

Puede continuar el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: no tenemos ningún problema en polemizar, pero no se puede decir que se van a poner US$ 100:000.000, porque no es así. Además, si así fuera, no lo hubiera votado el Partido Nacional.

Este proyecto de ley, denominado Cooperativas de profesionales de la salud, consta de ocho artículos. A diferencia de otros proyectos, el Poder Ejecutivo lo envía con tres, pero de común acuerdo con él, luego de una amplia participación de las cooperativas médicas del interior, se agregan artículos y se llega a ocho.

¿Por qué surge este proyecto de ley que, en parte, está encadenado al anterior? Porque el 24 de octubre de 2008, luego de dos años de estudio en la Cámara de Diputados

-integrantes de ese Cuerpo, como el Diputado Brenta, trabajaron con un gran esfuerzo en el proyecto-, este Parlamento votó la Ley Nº 18.407, sobre cooperativas médicas, y partir de ese momento éstas necesitan contar con determinada cantidad de cooperativistas que trabajen en la empresa. Así se estableció para evitar que venga un capital, abra una cooperativa y, en definitiva, sean tres los cooperativistas y 300 los empleados. La filosofía de la Ley de Sociedades Cooperativas radica en que tiene que haber un mínimo importante de cooperativistas que, además, revistan la calidad de trabajadores. La referida Ley impactó en las cooperativas de profesionales de la salud que, en general, son grupos relativamente pequeños de médicos con relación a la cantidad de trabajadores que tienen esas cooperativas médicas del interior. Dichos grupos tomaron esa forma jurídica, y si bien la cooperativa es entre médicos, el personal que en ella trabaja supera ampliamente los niveles y los requisitos que plantea la Ley de Sociedades Cooperativas.

No debemos olvidar que estas cooperativas de profesionales de la salud permitieron que se instalaran médicos en el interior, lo que hizo que el nivel de asistencia, no solo en las capitales de los departamentos sino en localidades más pequeñas, sea casi tan bueno como el de Montevideo, a pesar de los temas de escala relativos, que entorpecen, porque todos sabemos que a nivel de la salud muchas veces se necesitan escalas para poder atender todas las afecciones.

En función de esa situación, se hacía necesario generar un paso jurídico, porque de lo contrario, a estas cooperativas de profesionales de la salud se les iba a generar una distorsión respecto de las instituciones de asistencia médica colectiva, a pesar de que, en definitiva, dichas cooperativas también son instituciones de asistencia médica.

En el artículo 1º se plantea que esas cooperativas de profesionales de la salud deben optar por ser simplemente cooperativas, o cooperativas de asistencia médica de profesionales. Si son cooperativas, estarán regidas por la Ley de Sociedades Cooperativas; si son cooperativas médicas, estarán regidas por el régimen de las instituciones de asistencia médica colectiva. Se me podrá preguntar por qué alguna institución de salud querría permanecer en otro régimen, pero por ejemplo, las cooperativas de odontólogos, que en el interior son muy importantes, están integradas prácticamente en un cien por ciento por profesionales de la salud; las cooperativas de médicos, en cambio, seguramente opten por el régimen que hoy votaremos.

Por el artículo 2º se incorpora un literal adicional al artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.181, de 21 de agosto de 1981, para permitir que entre las instituciones de asistencia médica colectiva figuren este tipo de cooperativas.

En el artículo 3º se establece que estas cooperativas de profesionales que se acaban de incluir por el literal D), se regirán como todas las demás -como venía sucediendo-, salvo por los primeros artículos, que las diferencian del régimen actual, que impone una cantidad de trabajadores cooperativistas que estas cooperativas no reunirían.

En el artículo 4º también se incorpora el tema de los excedentes, pues si no lo incluyéramos estaríamos quitando una potestad que tanto el régimen de cooperativas como éste deben tener.

En el artículo 5º establecemos la facultad del Ministerio de Salud Pública y de la Junta Nacional de Salud de exigir la información asistencial y económico-financiera de estas cooperativas de profesionales de la salud, y en el artículo 6º incluimos todas las exoneraciones que estas tienen, al igual que el resto de las instituciones de asistencia médica colectiva. O sea que un régimen y otro son asimilables.

El artículo 7º refiere a los aportes patronales jubilatorios, que hay que establecer a texto expreso para compatibilizarlos con el régimen de todas las instituciones de asistencia médica colectiva.

En el artículo 8º otorgamos dos años para que el régimen jurídico de estas cooperativas profesionales se ade-cue a la nueva normativa, lapso durante el cual mantendrán todas las exoneraciones establecidas en los artículos 6º y 7º; una vez vencido el mismo, las exoneraciones caerían.

Es todo lo que tengo para informar.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: nosotros vamos a votar afirmativamente, pero queremos que quede claro -co-mo bien se venía explicando- que lo que estamos haciendo en esta circunstancia es agregar una categoría más a las que define el artículo 6º del Decreto-Ley Nº 15.181. El literal A) de dicho artículo habla de lo que se entiende por asistencia médica privada particular; el literal B) dispone que por asistencia médica privada colectiva se entiende aquella que brinden a sus socios o afiliados las instituciones que se organicen y funcionen según las disposiciones de la ley; el C) refiere a la asistencia médica prestada en forma pública, y ahora, por el literal D), que en función de estas circunstancias alude a aquellas modalidades de asistencia médica privada de profesionales que no se ajusten al sistema cooperativo, incluye una nueva categoría. De esta manera, se incorpora a las prestaciones de salud una nueva modalidad, que tendrá el mismo tratamiento de carácter tributario y las mismas disposiciones aplicables al resto. Esta es, claramente, una respuesta a una situación particular, ya que al no poder ajustarse a los regímenes de cooperativas de salud, se crea esta figura para tratar de superar las dificultades que se han planteado en algunas cooperativas y, sobre todo, en instituciones de prestación de salud en el interior del país.

Nosotros vamos a acompañar esta solución, señor Presidente, porque es complementaria; además, recoge una nueva modalidad que traduce la dinámica de la realidad, pues la propia ley aprobada hace tres o cuatro meses requiere ser complementada con una nueva categoría de instituciones en el ámbito de la prestación de salud.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 23. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

13) INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos en la órbita del Poder Legislativo y se establecen normas para su funcionamiento. (Carp. Nº 731/06 - Rep. Nº 944/08 - Anexo I)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 731/06

Rep. N° 944/09

Anexo I

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

CREACION

Artículo 1°. (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

Artículo 2°. (Autonomía).- La INDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.

CAPITULO II

COMPETENCIA

Artículo 3°. (Efectos de las resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales.

Artículo 4°. (Competencia).- La INDDHH será competente para:

A) Proponer la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales relacionados con derechos humanos.

B) Proponer la denuncia de tratados internacionales que a juicio de la INDDHH sean violatorios de los derechos humanos.

C) Promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos en los que el Estado sea parte.

D) Emitir opiniones y recomendaciones sobre los informes que el Estado se proponga presentar o que hubiere presentado a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado, en virtud de tratados internacionales relacionados con derechos humanos y sobre las observaciones que dichos órganos internacionales de contralor hubieran emitido respecto de los informes del Estado.

E) Colaborar con las autoridades competentes en los informes que el Estado deba presentar a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado, en virtud de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.

F) Realizar, con el alcance y extensión que considere pertinente, estudios e informes sobre la situación nacional, departamental o zonal, relacionados con los derechos humanos, sobre derechos humanos especialmente considerados y sobre cuestiones específicas relacionadas con los derechos humanos.

G) Recomendar y proponer la adopción, supresión o modificación de prácticas institucionales, prácticas o medidas administrativas y criterios utilizados para el dictado de actos administrativos o resoluciones, que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

H) Emitir opiniones, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o propuestas de reformas constitucionales relacionados con los derechos humanos.

I) Recomendar a las autoridades competentes la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

J) Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley.

K) Proponer a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que haya constatado, establecer el plazo en el cual deberán ser cumplidas y sugerir las medidas reparatorias que estime adecuadas, sin perjuicio de realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones similares o semejantes.

L) Proponer a las autoridades competentes, en el curso de una investigación que esté realizando de oficio o a denuncia de parte, la adopción de las medidas provisionales de carácter urgente que considere pertinentes para que cese la presunta violación de los derechos humanos, impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

M) Cooperar, para la promoción y protección de los derechos humanos, con los órganos internacionales encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado, con instituciones u organizaciones internacionales regionales o instituciones nacionales, que sean competentes en la promoción y protección de los derechos humanos.

N) Colaborar con las autoridades competentes en la educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza y especialmente, colaborar con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura en los programas generales y especiales de formación y capacitación en derechos humanos destinados a los funcionarios públicos, particularmente en los previstos en el artículo 30 de la Ley N° 18.026, de 25 de setiembre de 2006.

O) Informar y difundir de la forma más amplia posible a la opinión pública, los derechos humanos, las normas nacionales e internacionales que los regulan y los mecanismos de protección nacional e internacional.

Artículo 5°. (Alcance).- La competencia de la INDDHH, con las excepciones que expresamente se establecen, se extiende a todos los Poderes y organismos públicos cualesquiera sea su naturaleza jurídica y función, sea que actúen en el territorio nacional o en el extranjero.

Quedan comprendidas en la competencia de la INDDHH las entidades paraestatales, sociedades de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas que presten servicios públicos o sociales.

La competencia de la INDDHH en relación con personas privadas se entenderá con los organismos públicos de su contralor y supervisión, conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley.

Artículo 6°. (Inhibición).- La INDDHH no tendrá competencia en asuntos en que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo. En caso de denuncias, procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de esta ley. Sin perjuicio, la INDDHH tendrá competencia para efectuar propuestas sobre aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones en relación con la función administrativa de los organismos con función jurisdiccional y su organización.

Artículo 7°. (Impugnabilidad).- Las resoluciones de la INDDHH que correspondan al ámbito de las competencias establecido en el artículo 4° de esta ley, deberán ser fundadas y no admitirán recurso; los demás actos administrativos podrán ser impugnadas con los recursos y acciones previstos en la Constitución de la República.

Artículo 8°. (Difusión pública de resoluciones).- Cuando la INDDHH emita recomendaciones, opiniones o propuestas sin haber mediado solicitud previa de los organismos involucrados en las mismas y considere que no se verifican situaciones graves o urgentes a resolver, dichas recomendaciones, opiniones o propuestas se comunicarán a las autoridades u organismos involucrados sin que la INDDHH le dé difusión pública durante el plazo que ésta determine para cada caso.

Lo dispuesto precedentemente no aplicará ante supuestos de denuncias que se regularán por el procedimiento correspondiente, ni cuando la INDDHH sesione en Asamblea Nacional de Derechos Humanos o cuando se trate de brindar informes anuales o especiales a la Asamblea General.

Artículo 9°. (Principio de buena fe).- La INDDHH y sus miembros deberán actuar de buena fe. La violación del principio de buena fe implicará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH -que se crea por el artículo 36 de la presente ley- estarán impedidos de emitir, en forma pública y a título personal, opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la INDDHH sin expresa autorización previa del Consejo Directivo de la INDDHH. La prohibición no aplicará respecto de casos en que el Consejo Directivo de la INDDHH hubiere adoptado resoluciones que sean públicas, cuando la INDDHH funcione en régimen de Asamblea Nacional de Derechos Humanos o en el supuesto previsto en el inciso tercero del artículo 68 de esta ley.

La violación de la prohibición establecida en el inciso precedente se considerará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Artículo 10. (Coordinación).- La INDDHH deberá coordinar sus funciones con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se establezcan en el futuro.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS

Artículo 11. (Legitimación activa).- Las denuncias de parte por presuntas violaciones a los derechos humanos podrán formularse al Consejo Directivo de la INDHH por cualquier persona física o jurídica sin limitación alguna, incluidos los órganos estatales. Especialmente, podrán formular denuncias al Consejo Directivo de la INDDHH, las Comisiones Parlamentarias, las respectivas Cámaras legislativas, la Asamblea General y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

No constituirá impedimento para formular denuncias la minoría de edad, la discapacidad intelectual, la nacionalidad o la vinculación jerárquica o funcional con el Estado en cualquiera de sus dependencias.

Artículo 12. (Reserva).- Se le garantizará al denunciante la reserva de su identidad excepto cuando exista dispensa expresa del denunciante, requerimiento judicial o corresponda que el Consejo Directivo de la INDDHH ponga en conocimiento de la justicia la violación de los derechos humanos involucrados.

Artículo 13. (Forma y requisitos).- La presentación de las denuncias al Consejo Directivo de la INDDHH se podrá hacer por escrito fundado y firmado sin otras formalidades especiales, debiendo contener los datos de nombre y domicilio del denunciante, o bien en forma oral en las oficinas de la INDDHH; en este último caso el funcionario que la reciba labrará un acta con la constancia de nombre y domicilio, la que será firmada por el denunciante y el receptor. Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, se dejará constancia de ello en el acta respectiva. En defecto del domicilio del denunciante, se consignará el lugar donde pueda ser contactado o ubicado.

Cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos o el denunciante no pueda trasladarse por cualquier razón, las denuncias podrán dirigirse a la INDDHH por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de ser ratificadas por el denunciante de conformidad a lo previsto en el artículo precedente.

No se admitirán denuncias anónimas, sin perjuicio de las facultades del Consejo Directivo de la INDDHH para proceder de oficio.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

El Consejo Directivo de la INDDHH recibirá las denuncias cualquiera fuera la hora de su presentación, aun fuera de horarios de oficinas o en días inhábiles.

Artículo 14. (Plazo).- El plazo para la presentación de las denuncias o para la actuación de oficio, será de seis meses contado a partir de haberse tomado conocimiento de los actos o hechos que la motivan.

En casos debidamente fundados y cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, dicho plazo podrá ser ampliado por el Consejo Directivo de la INDDHH.

Cuando se trate de violaciones a los derechos humanos que puedan ser consideradas genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no existirá limitación de plazo para la presentación de las denuncias.

Artículo 15. (Protección de la comunicación).- Queda prohibida la detención, demora, registro, examen, intercepción, censura, violación, alteración o destrucción de cualquier comunicación de o hacia la INDDHH. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas o de cualquier otro tipo, entre la INDDHH y las personas.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 del Código Penal y demás normas concordantes y complementarias.

Artículo 16. (Efectos de la presentación de denuncias).- La presentación de una denuncia ante la INDDHH no será obstativa para el ejercicio de las demás vías legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición del denunciante.

La presentación de denuncias ante la INDDHH no suspenderá ni interrumpirá los términos de prescripción o caducidad de plazos para el ejercicio de las demás acciones legales correspondientes. Tales circunstancias deberán ser puestas en conocimiento del denunciante.

Artículo 17. (Rechazo de denuncias).- El Consejo Directivo de la INDDHH rechazará sin más trámite la denuncia cuando la misma fuera presentada fuera de los plazos previstos en el inciso primero del artículo 14 de esta ley, o sea notoriamente improcedente por incompetencia, inadmisibilidad manifiesta, falta de fundamentos o evidente mala fe.

Artículo 18. (Formalidades del rechazo).- El Consejo Directivo de la INDDHH notificará de inmediato al denunciante la resolución que rechaza la denuncia o las limitaciones para su intervención ante el supuesto previsto en el artículo precedente y le brindará información para que acuda ante los organismos correspondientes, la cual se consignará en la resolución.

En el caso que la denuncia sea rechazada por falta de fundamentos, el Consejo Directivo de la INDDHH otorgará al denunciante un plazo razonable para su fundamentación.

Artículo 19. (Casos en trámite).- Cuando la denuncia refiera a hechos que estén en trámite de resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH no intervendrá en el caso concreto, pero ello no impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en la denuncia. La INDDHH velará por que los órganos con función jurisdiccional, Contencioso Administrativo o la Administración, en su caso, resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las demandas, denuncias o recursos que hayan sido formuladas o interpuestas.

Artículo 20. (Sustanciación).- Admitida la denuncia, el Consejo Directivo de la INDDHH realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservada, tendiente a esclarecer los hechos denunciados.

Cuando el Consejo Directivo de la INDDHH resuelva actuar de oficio ante presuntas violaciones de los derechos humanos, procederá de acuerdo a las normas previstas en este capítulo en cuanto sean de aplicación.

El Consejo Directivo de la INDDHH labrará acta de todas sus actuaciones cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 21. (Relacionamiento con el organismo denunciado).- En todos los casos, el Consejo Directivo de la INDDHH se pondrá en contacto en un plazo máximo de cinco días hábiles con las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia. El Consejo Directivo de la INDDHH estará facultado además, si lo estima pertinente, para comunicarse e informar el motivo de su intervención a las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, quienes con asistencia letrada obligatoria, podrán efectuar descargos, aportar pruebas y articular defensas. Las autoridades del organismo al cual pertenezcan las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, no podrán prohibir a los funcionarios denunciados o involucrados, responder o entrevistarse con el Consejo Directivo de la INDDHH.

Las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia deberán informar por escrito a la INDDHH sobre la materia objeto de la investigación, proporcionando fundamentos, motivaciones y demás elementos relacionados con el asunto, remitiendo, además, copia de todos los antecedentes. Asimismo, podrán informar a la INDDHH sobre las medidas correctivas que se proponga adoptar en relación con la violación de los derechos humanos denunciada.

El plazo para informar será determinado por el Consejo Directivo de la INDDHH en función de la gravedad de los hechos, pudiendo conceder prórrogas cuando exista fundamento razonable para las mismas, dicho plazo, incluidas las prórrogas, nunca excederá de treinta días hábiles.

Artículo 22. (Respuesta al denunciante).- El Consejo Directivo de la INDDHH comunicará al denunciante las respuestas que diere el organismo o entidad involucrado en la denuncia. El denunciante estará facultado a realizar las observaciones que convengan a su interés.

Artículo 23. (Negativa de colaboración).- La negativa a presentar el informe o su omisión podrá ser considerada por la INDDHH como una obstrucción en el cumplimiento de sus funciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá dar la más amplia publicidad al hecho con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud. El incumplimiento será incluido en el Informe Anual o Especial, independientemente de que la INDDHH prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuadas.

Artículo 24. (Medidas provisionales urgentes).- En cualquier instancia del trámite, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá proponer a los organismos o entidades involucrados en la denuncia, la adopción de medidas provisionales de carácter urgente con el fin de que cese la presunta violación a los derechos humanos objeto de la investigación, impedir la consumación de perjuicios o el incremento de los ya generados o el cese de los mismos. Si la autoridad respectiva omitiera adoptar las medidas de urgencia recomendadas, el Consejo Directivo de la INDDHH, podrá proceder de conformidad a lo previsto en el artículo anterior. Sin perjuicio, el Consejo Directivo de la INDDHH estará facultado, en cualquier momento, para recurrir ante el Poder Judicial a efectos de solicitar las medidas cautelares que entienda del caso, interponer recursos de amparo o de hábeas corpus.

Artículo 25. (Medidas definitivas).- Finalizada la investigación, si existiera mérito, el Consejo Directivo de la INDDHH propondrá a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que hubiere constatado y establecerá el plazo en el cual deberán ser cumplidas, sugiriendo las medidas reparatorias que estime adecuadas.

Artículo 26. (Alcance de recomendaciones y propuestas).- Las recomendaciones y propuestas del Consejo Directivo de la INDDHH se referirán al objeto concreto de la denuncia, pero, además, podrá realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones iguales o semejantes a las que motivaron la denuncia.

Artículo 27. (Archivo de las actuaciones).- En caso de no existir mérito para la denuncia, se procederá a su archivo, comunicándolo al denunciante, a las autoridades respectivas y a los funcionarios denunciados o involucrados en la denuncia si los mismos hubiesen sido contactados por el Consejo Directivo de la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Si en el curso de la investigación se lograra una solución satisfactoria por la cual el organismo o entidad involucrado se obliga a adoptar medidas que a juicio del Consejo Directivo de la INDDHH puedan subsanar la violación de los derechos humanos denunciada, se consignará en acta por escrito y la INDDHH archivará las actuaciones, sin perjuicio de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas. En ningún caso el acuerdo será obstativo para la reapertura de la investigación por incumplimiento o por reiteración de los hechos denunciados. El acuerdo se comunicará al denunciante y a los funcionarios denunciados o involucrados, si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Artículo 28. (Publicidad de los incumplimientos).- Si las autoridades respectivas incumplen las obligaciones que habían asumido, no aceptan las propuestas de la INDDHH o incumplen total o parcialmente su implementación en los plazos establecidos, la INDDHH dará la más amplia difusión pública al texto de las recomendaciones efectuadas y sus antecedentes o, en su caso, a las obligaciones que las autoridades habían asumido, todo con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud y sin perjuicio de su inclusión en el Informe Anual o, en su caso, en el Informe Especial que resuelva presentar.

Artículo 29. (Relación con personas no estatales).- Si las denuncias se relacionaran con servicios prestados por personas públicas no estatales o por personas privadas, las actuaciones y las recomendaciones se entenderán con las autoridades competentes para su contralor y supervisión, a quienes el Consejo Directivo de la INDDHH podrá instar al ejercicio de las facultades de inspección y sanción que pudieran corresponder.

Artículo 30. (Denuncia penal).- Cuando, por la naturaleza de los hechos denunciados o en virtud de sus investigaciones, el Consejo Directivo de la INDDHH considere que se verificaría un supuesto presumiblemente delictivo, lo deberá poner en conocimiento de la justicia competente.

Artículo 31. (Suspensión de la intervención).- Cuando estando en curso la investigación de una denuncia, el caso se someta a resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, el Consejo Directivo de la INDDHH suspenderá su intervención en el asunto comunicándoselo al denunciante, al organismo o entidad denunciada o involucrada en la denuncia y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones. Sin perjuicio, el Consejo Directivo de la INDDHH proseguirá la investigación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 19 de esta ley.

Artículo 32. (Criterio para adoptar resoluciones).- Las resoluciones del Consejo Directivo de la INDDHH se adoptarán en base a elementos de convicción suficientes considerando la totalidad de los elementos probatorios del caso.

Artículo 33. (Registro estadístico).- El Consejo Directivo de la INDDHH llevará un registro estadístico de todas las denuncias que reciba, los casos en que intervenga de oficio y las resoluciones que adopte.

Artículo 34. (Protección a los denunciantes).- Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado a la INDHH cualquier información, resulte verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

CAPITULO IV

FACULTADES

Artículo 35. (Facultades).- En ejercicio de sus funciones, el Consejo Directivo de la INDDHH tiene facultades para:

A) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitada a registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes.

B) Entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documento, realizar interrogatorios o cualquier otro procedimiento razonable, todo ello sin sujeción a las normas de procedimiento que rigen la producción de la prueba siempre que no afecte los derechos esenciales de las personas.

C) Entrevistarse con cualquier persona y solicitarle el aporte de informes o documentación que fuere necesaria para dilucidar el asunto en el cual intervenga y realizar todas las demás acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.

D) Solicitar, ante quien corresponda, la adopción de cualquier medida cautelar con el fin de impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

E) Presentar denuncias penales e interponer recursos de hábeas corpus o amparo, sin perjuicio de solicitar otras medidas judiciales cautelares que considere pertinentes.

F) Ingresar, con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación.

G) Mantener contacto y suscribir acuerdos de cooperación con comités u organismos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos, organizaciones académicas, organizaciones sociales y con expertos independientes, todo para el mejor ejercicio de sus funciones.

H) Suscribir convenios con las Juntas Departamentales, Juntas Locales o con las Intendencias Departamentales en todo lo que sea necesario para el mejor desempeño de sus funciones.

I) Adoptar e interpretar las resoluciones y reglamentos que entienda pertinentes para el mejor funcionamiento interno de la INDDHH.

CAPITULO V

ESTRUCTURA DE LA INDDHH

Artículo 36. (Composición).- La INDDHH estará presidida por un órgano colegiado de cinco miembros que se denominará Consejo Directivo y que tendrá a su cargo la dirección y representación de la Institución, sin perjuicio de las facultades que se le otorgan por la presente ley. En su integración se procurará asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos conforme a los principios de equidad de género y no discriminación.

Artículo 37. (Sistema de elección).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH serán elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General especialmente convocada al efecto. Si no se obtuviera ese número de sufragios en dos votaciones sucesivas, se citará a la Asamblea General a una nueva sesión dentro de los veinte días corridos siguientes, en la cual los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH serán electos por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, pudiendo celebrarse hasta dos votaciones sucesivas.

A los efectos de la votación:

A) Se marcará claramente, en la nómina de los candidatos habilitados, aquellos por quienes se vota, hasta el número de cargos que deban elegirse.

B) Será obligatorio, al marcar candidatos en la nómina, respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Serán nulos los votos que se emitan en contravención con lo dispuesto en el inciso precedente.

Si realizado el escrutinio aún restan para elegir miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, se procederá de acuerdo al inciso primero para los pendientes, eliminándose los candidatos que no hubieran superado un quinto del total de votos de componentes de la Asamblea General. Sin perjuicio, se mantendrán para la votación sucesiva, por lo menos, los diez candidatos más votados, no rigiendo a su respecto la eliminación prevista en el inciso precedente.

Artículo 38. (Elección de la totalidad de cargos).- No se admitirá la elección parcial. Resultarán electos como miembros del Consejo Directivo de la INDDHH los candidatos que hubieren recibido el número de votos requerido según la votación que se trate, siempre y cuando se hubieren obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles.

Si finalizado el proceso de elección no se hubiesen obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles aunque algún candidato hubiere obtenido el número de votos requerido, no resultara electo ningún miembro para el Consejo Directivo de la INDDHH, debiendo procederse de conformidad a lo previsto en el artículo 44 de esta ley.

Artículo 39. (Proposición de candidatos).- Podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos.

Los candidatos deberán aceptar por escrito su postulación, declarando si tienen o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. Para el caso en que sí tuvieran incompatibilidades, las detallarán y manifestarán su voluntad de hacerlas cesar si resultan electos.

Los mismos podrán ser propuestos hasta veinte días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 40. (Comisión Especial).- Para la elección de los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, la Asamblea General, designará una Comisión Especial con integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

La Comisión Especial recibirá la postulación de candidatos y eliminará los que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 45 de esta ley. Las resoluciones en la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros y no serán susceptibles de recurso alguno.

Dicha Comisión podrá recibir a los postulantes y oír sus propuestas para el funcionamiento del Consejo Directivo de la INDDHH.

Asimismo, esta Comisión elaborará la nómina de candidatos habilitados, la que será comunicada a la Presidencia de la Asamblea General, hasta cinco días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 41. (Duración del mandato).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH serán elegidos para un período de cinco años y podrán ser reelectos para el inmediato sucesivo.

Si hubiesen sido reelectos de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, para volver a ser miembro del Consejo Directivo de la INDDHH se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

En ocasión de la renovación de los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, se procurará que algunos sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH.

Artículo 42. (Oportunidad de la elección).- La elección de los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrá extenderse más allá de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura.

Cuando sea necesario llenar una vacante, la elección se llevará a cabo dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes a la fecha en que se haya producido, salvo que la misma se haya verificado en el período de seis meses previo a la fecha de la elección ordinaria, en cuyo caso se resolverá en ésta.

El miembro que resulte electo para cubrir una vacante, lo será hasta finalizar el período quinquenal que estuviese corriendo. Si el lapso fuese menor a la mitad del período no será impedimento para la posterior elección y reelección sucesiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de esta ley.

Artículo 43. (Posesión de cargos).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH asumirán funciones dentro de los cuarenta y cinco días corridos posteriores a su elección. Los que terminan su mandato, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos.

Artículo 44. (Segunda elección).- Si no hubiesen sido elegidos los nuevos miembros del Consejo Directivo de la INDDHH o cubierto una vacante por no haberse obtenido las mayorías requeridas y sin perjuicio de que los miembros que terminan su mandato continúen en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos, el proceso de elección recomenzará conforme a lo previsto en los artículos 37 a 40 de esta ley, transcurridos cuarenta y cinco días corridos desde la finalización del proceso de elección que le haya precedido.

Artículo 45. (Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo de la INDDHH).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH deberán reunir los siguientes requisitos:

A) Ser personas de alta autoridad moral.

B) Contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos.

C) Ser ciudadanos uruguayos, naturales o legales. En este último caso deberán tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

D) Estar en el pleno goce de los derechos cívicos.

E) No haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación. Exceptúanse los cargos electivos de la Universidad de la República.

Artículo 46. (Incompatibilidades).- El cargo de miembro del Consejo Directivo de la INDDHH es incompatible con:

A) El ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la INDDHH.

B) El ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia de la INDDHH.

C) El ejercicio de funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares.

D) La actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto.

Artículo 47. (Cese de incompatibilidades).- Si la persona designada como miembro del Consejo Directivo de la INDDHH estuviera afectada por alguna de las incompatibilidades referidas en el artículo precedente, no podrá tomar posesión del cargo hasta tanto haga cesar la actividad que determina la incompatibilidad.

Si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 21 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005.

En caso que durante la vigencia del mandato del miembro del Consejo Directivo de la INDDHH surgieren incompatibilidades supervinientes, deberá renunciar al cargo o hacer cesar la incompatibilidad en el plazo de diez días hábiles durante el cual se abstendrá de participar en el Consejo Directivo de la INDDHH.

Artículo 48. (Decisión sobre incompatibilidades).- En caso de que no se procediera de acuerdo a lo previsto en el inciso final del artículo precedente, el Consejo Directivo de la INDDHH, con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad, sin perjuicio de las facultades de destitución de la Asamblea General.

El Consejo Directivo de la INDDHH antes de tomar una decisión, oirá al miembro al que se le atribuye la incompatibilidad.

La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus antecedentes, será remitida al Presidente de la Asamblea General a los efectos previstos en el literal F) del artículo 52 de esta ley.

Artículo 49. (Declaración jurada).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH y los funcionarios rentados de carácter no administrativo de la INDDHH, deberán presentar declaraciones juradas de bienes en los términos requeridos por la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 50. (Inhibición posterior al cese).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política, ser candidatos a cargos públicos electivos o asesores de personas que hubieran estado involucradas en denuncias ante la INDDHH, como denunciantes o denunciados.

Artículo 51. (Actuación independiente).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no estarán sujetos a mandado imperativo, ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

Artículo 52. (Cese del cargo).- El cargo de miembro del Consejo Directivo de la INDDHH cesará por:

A) Expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de los casos en que se extienda hasta que asuma un nuevo miembro.

B) Fallecimiento.

C) Incapacidad superviniente.

D) Renuncia aceptada.

E) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso; durante el procesamiento quedará automáticamente suspendido en sus funciones.

F) Destitución por el mismo número de votos por los que fueron electos, en sesión especial de la Asamblea General convocada al efecto, procediendo la misma en los siguientes casos:

i) Por asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura.

ii) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

iii) Por haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo.

iv) Por incompatibilidad superviniente en caso de que no hubiera presentado renuncia o dejado sin efecto la misma.

En caso de renuncia la misma deberá presentarse al Consejo Directivo de la INDDHH quien, de aceptarla, la comunicará a la Presidencia de la Asamblea General.

En cualquiera de las hipótesis de cese se procederá a designar un sustituto de conformidad al procedimiento previsto para cumplir vacantes y, hasta tanto no se produzca la designación, el Consejo Directivo de la INDDHH funcionará con el número de miembros restante.

Artículo 53. (Presidencia de la INDDHH).- El Consejo Directivo de la INDDHH designará de entre sus miembros, por mayoría absoluta de votos, al Presidente de la INDDHH quien tendrá las funciones señaladas en esta ley y en el Reglamento de la INDDHH.

Si para la elección resultare necesario efectuar más de una votación, se eliminarán sucesivamente los nombres que reciban menor número de votos.

El Presidente de la INDDHH durará en sus funciones un año y su cargo será de rotación obligatoria entre los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH.

Si el Presidente renunciare al cargo o dejare de ser miembro del Consejo Directivo de la INDDHH, ésta elegirá en la primera sesión que celebre con posterioridad a la fecha de la renuncia o vacancia, a un sucesor para desempeñar el cargo, por el tiempo que reste de mandato. Si dicho período fuese inferior a tres meses, podrá ser releecto para el período ordinario sucesivo.

Artículo 54. (Atribuciones del Presidente).- Son atribuciones del Presidente de la INDDHH:

A) Representar a la INDDHH.

B) Convocar a las sesiones ordinarias del Consejo Directivo y extraordinarias de la INDDHH, de conformidad con la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

C) Dirigir las sesiones de la INDDHH, someter a su consideración las materias que figuren en el orden del día, conceder el uso de la palabra y decidir las cuestiones de orden que se susciten durante las sesiones de la INDDHH.

D) Hacer cumplir las decisiones de la INDDHH.

E) Ejercer cualquiera otras funciones que le sean conferidas por esta ley o por el Reglamento de la INDDHH.

CAPITULO VI

FUNCIONAMIENTO DE LA INDDHH

Artículo 55. (Sesiones ordinarias).- El Consejo Directivo de la INDDHH se reunirá en sesiones ordinarias las veces que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, conforme al Reglamento que el propio Consejo Directivo de la INDDHH adopte por mayoría absoluta de votos. Las reuniones serán privadas, a menos que el Consejo Directivo de la INDDHH determine lo contrario.

Artículo 56. (Quórum para sesionar).- Para constituir quórum para sesionar será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Directivo de la INDDHH.

Artículo 57. (Quórum para adoptar resoluciones).- Las resoluciones del Consejo Directivo de la INDDHH se adoptarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, con excepción del supuesto previsto en el inciso tercero del artículo 67 de la presente ley, o de los casos en que la presente ley exija mayoría absoluta.

Artículo 58. (Actas).- De toda sesión se levantará un acta resumida en la que constará día y hora en que la misma se celebró, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, los nombres de los que votaron a favor y en contra y cualquier declaración especialmente hecha para que conste en acta.

Artículo 59. (Voto fundado).- Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar el fundamento de su voto por escrito, el cual deberá incluirse a continuación de la resolución. Si la decisión versare sobre un informe, propuesta o recomendación, se incluirá a continuación de dicho informe, propuesta o recomendación. Cuando la decisión no conste en un documento separado, se transcribirá en el acta de la sesión, a continuación de la decisión de que se trate.

Artículo 60. (Excusación).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrá participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de una denuncia sometida a consideración de la INDDHH en el caso en que tuvieran un interés particular en el asunto o que previamente hubieran participado o actuado como asesores o representantes del denunciante o del organismo o institución involucrada en la denuncia o hubieran ocupado un cargo jerárquico en el mismo. Cualquier miembro del Consejo Directivo de la INDDHH podrá solicitar la inhibición de otro miembro. El Consejo Directivo de la INDDHH decidirá si es procedente la inhibición.

Artículo 61. (Sesiones extraordinarias - Asamblea Nacional de Derechos Humanos).- El Consejo Directivo de la INDDHH estará facultado, en cualquier momento, para convocar períodos de sesiones extraordinarias y públicas de la INDDHH, en las cuales participarán con voz pero sin derecho a voto, las organizaciones sociales y organismos gubernamentales, en la forma y condiciones que determina la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

Los períodos de sesiones extraordinarias de la INDDHH se denominarán "Asamblea Nacional de Derechos Humanos".

Artículo 62. (Periodicidad de sesiones extraordinarias).- La INDDHH, celebrará, por lo menos, un período de sesiones extraordinarias en el año. Sin perjuicio, estará además obligada a convocar a otro período de sesiones extraordinarias en el año, cuando así se lo solicite por escrito, con indicación del temario a tratar, una mayoría superior al veinte por ciento del total de las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

El derecho de las organizaciones sociales a solicitar la convocatoria de un período de sesiones extraordinarias de la INDDHH sólo podrá ejercerse una vez por año y transcurrido el primer año de funcionamiento de la INDDHH.

Artículo 63. (Organizaciones sociales).- Estarán habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH:

A) Las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una organización internacional con estatuto consultivo ante organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos o del MERCOSUR.

B) Las organizaciones sociales nacionales, excluidos los partidos políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos:

i) Reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de competencia, especialmente aquellas cuya finalidad sea la defensa y promoción de los derechos humanos.

ii) Sin finalidad de lucro, no siendo indispensable la personería jurídica.

iii) No estén comprendidas en ninguno de los supuestos previstos en el numeral 6°) del artículo 80 de la Constitución de la República.

C) Sin perjuicio, podrán igualmente particular aquellas organizaciones sociales que sin contar con alguno de los requisitos enunciados en los numerales i) y ii) del literal precedente, sean especialmente autorizados por la INDDHH; su participación se limitará a los términos que disponga la INDDHH.

Las organizaciones sociales que deseen participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH deberán registrarse ante el Consejo Directivo de la INDDHH de la forma y con la antelación que establezca el Reglamento de la INDDHH.

El Consejo Directivo de la INDDHH podrá denegar en forma fundada y por mayoría absoluta de votos, la participación de una organización social que hubiere solicitado su registro.

Artículo 64. (Organismos gubernamentales y otras entidades).- Todos los organismos y entidades objeto del contralor de la INDDHH sean o no de carácter estatal, estarán habilitados a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, si conviniera a su interés hacerlo, de conformidad a lo que establezca el Reglamento. No se requerirá autorización del Consejo Directivo de la INDDHH. Estarán facultados para participar, especialmente, representantes de las Comisiones parlamentarias, Comisionados parlamentarios y Defensores del Vecino.

Artículo 65. (Orden del día de sesiones extraordinarias).- El orden del día y programa de trabajo de los períodos de sesiones extraordinarias será el establecido por el Consejo Directivo de la INDDHH. Para las sesiones extraordinarias convocadas a solicitud de las organizaciones sociales, el programa de trabajo deberá comprender el temario presentado en la solicitud de convocatoria.

Artículo 66. (Período entre sesiones extraordinarias).- Durante el período entre sesiones extraordinarias, el Consejo Directivo de la INDDHH preparará:

A) El programa de trabajo que será tratado en la próxima sesión extraordinaria, el cual difundirá a la ciudadanía con antelación suficiente a la misma.

B) Los proyectos de informes, relatorias, propuestas, recomendaciones, estudios y otros trabajos que estime pertinentes, pudiendo designar al efecto expertos independientes o Grupos de Trabajo integrados por miembros de la INDDHH que los presidirán, representantes de organizaciones sociales, de organismos o instituciones estatales o de objeto del contralor de la INDDHH, en cuanto correspondan por la temática a la que se refieran.

Artículo 67. (Funcionamiento especial del Consejo Directivo de la INDDHH en recepción e instrucción de denuncias).- El Consejo Directivo de la INDDHH designará dos de los miembros titulares excluido el Presidente, quienes, alternadamente, en régimen de turnos mensuales y de acuerdo a lo que determine el Reglamento de la INDDHH, tendrán a su cargo la recepción e instrucción de las denuncias conforme al procedimiento dispuesto en esta ley.

Sin perjuicio del régimen de turnos que se establece, los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH que tendrá a cargo la recepción e instrucción de denuncias, actuarán en forma coordinada o conjunta cuando las circunstancias lo requieran o lo establezca expresamente el Reglamento.

Cuando, de acuerdo a lo previsto en la presente ley, se deban recomendar medidas provisionales de carácter urgente o comparecer ante el Poder Judicial para solicitar medidas cautelares, deducir recursos de amparo o de habeas corpus, y no fuere posible tomar resolución en sesión del Consejo Directivo de la INDDHH, cualquier miembro del mismo que haya participado en la recepción o instrucción de la denuncia, estará facultado para resolver y actuar en nombre de la INDDHH.

Cuando proceda de acuerdo al inciso precedente, el miembro del Consejo Directivo de la INDDHH dará noticia inmediata al Presidente de la INDDHH.

Artículo 68. (Informe anual).- El Consejo Directivo de la INDDHH presentará un informe anual a la Asamblea General dentro de los primeros ciento veinte días de cada año. A tales efectos, el Consejo Directivo de la INDDHH será recibido y escuchado en sesión especial de la Asamblea General.

Artículo 69. (Contenido del informe anual).- El informe anual contendrá:

A) Recomendaciones, propuestas, opiniones, estudios, relatorias e informes que el Consejo Directivo de la INDDHH entienda pertinente en relación con cualquiera de los temas de su competencia.

B) Memoria de las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos celebradas en el año, sus resoluciones, recomendaciones, propuestas y conclusiones en relación con estudios, informe y relatorias.

C) Detalle circunstanciado de las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo de la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia durante el año al que refiera el informe, de las actividades realizadas durante el período y las planificadas para el año siguiente.

D) Detalle y análisis estadístico de las denuncias recibidas durante el año al que refiera el informe y sus características, incluyendo las denuncias que fueron rechazadas y sus causas, las que fueron objeto de investigación y su resultado, y las que se encuentren en trámite y su estado. No se incluirán datos personales de los denunciantes.

E) Detalle circunstanciado de los casos en que existió negativa a presentar informes a la INDDHH (artículo 23 de esta ley); omisión en adoptar medidas de urgencia solicitadas por la INDDHH (artículo 24 de esta ley); no se hayan aceptado propuestas de la INDDHH o se constate incumplimiento, total o parcial, de obligaciones asumidas por las autoridades (artículo 28 de esta ley); o se hubiese negado acceso a documentación invocando el carácter secreto o reservado (inciso tercero del artículo 72 de esta ley).

F) Detalle circunstanciado de las recomendaciones y propuestas de la INDDHH que hayan sido cumplidas.

G) Cualquier otro tema relacionado con aspectos de funcionamiento interno de la INDDHH, de relacionamiento institucional o de modificaciones legales a su régimen vigente.

Artículo 70. (Informes especiales).- Sin perjuicio del Informe Anual, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá presentar a la Asamblea General, en cualquier momento, los informes especiales que entienda pertinente.

Artículo 71. (Publicidad).- El informe anual será publicado de forma tal que se asegure su más amplia difusión nacional. Sin perjuicio, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá ordenar, además, la publicación y amplia difusión de informes especiales, comunicados, propuestas, recomendaciones, opiniones, relatorias o cualquier otro tema relativo a su actividad o competencia, salvo en los casos en que la presente ley disponga lo contrario.

Artículo 72. (Obligación de colaborar con la INDDHH).- Todos los funcionarios de organismos objeto de la competencia de la INDDHH, tienen la obligación de colaborar con la INDDHH.

A los efectos previstos en el inciso anterior, todos los organismos e instituciones públicas harán conocer entre sus funcionarios la presente obligación y harán efectiva la responsabilidad disciplinaria para el caso del incumplimiento. Asimismo deberán comunicarse idéntica obligación a las empresas de servicios públicos tercerizados o concesionarios en el acto mismo del contrato a celebrarse, debiendo constar a texto expreso en los documentos que se suscriban.

Los organismos públicos sólo podrán negarse a la exhibición de aquellos documentos que hubiesen sido calificados como secretos, reservados o confidenciales, mediante resolución expresa y fundada del jerarca máximo del organismo.

El Consejo Directivo de la INDDHH pondrá este hecho en conocimiento inmediato de la Asamblea General a través de su Presidente e incluirá la relación de la situación planteada en su Informe Anual o en Informe Especial producido a esos efectos.

Artículo 73. (Funcionamiento permanente).- La actividad de la INDDHH no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos la relación de la INDDHH con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente. Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17) del artículo 168 de la Constitución de la República).

CAPITULO VII

PRESUPUESTO

Artículo 74. (Principio general).- El presupuesto de la INDDHH deberá ser el adecuado para garantizar su funcionamiento autónomo y deberá asegurar la infraestructura y dotación de personal necesaria para el buen desempeño de la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia.

Artículo 75. (Presupuesto - Procedimiento).- El Consejo Directivo elaborará el proyecto de presupuesto de la INDDHH, el que será puesto a consideración de la Cámara de Representantes dentro de los primeros noventa días de haber asumido la nueva dirección de la INDDHH.

La Cámara de Representantes no podrá modificar el proyecto de presupuesto, salvo en disminuir su monto con el voto conforme de la mayoría absoluta de sus integrantes.

Si transcurridos treinta días corridos desde que el día en que el proyecto de presupuesto fue puesto a consideración de la Cámara de Representantes sin que ésta hubiese alcanzado la mayoría de votos para su disminución, se considerará fictamente aprobado el proyecto de presupuesto propuesto por la INDDHH, el cual deberá ser incluido y aprobado en la consideración del presupuesto quinquenal de dicha Cámara o de sus modificaciones, según la instancia más próxima, considerando lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 108 de la Constitución de la República.

Artículo 76. (Rendición de Cuentas).- La INDDHH rendirá cuentas anuales a la Cámara de Representantes.

En ocasión de la rendición de cuentas anual, la INDDHH podrá solicitar ampliación presupuestal para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 75 de esta ley.

Artículo 77. (Otros recursos).- La INDDHH podrá obtener recursos provenientes de convenios de asistencia y cooperación de organizaciones internacionales o extranjeras en tanto correspondan al ámbito de sus competencias, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Oficina de Planeamiento y Presuupesto.

La INDDHH podrá recibir donaciones, herencias o legados, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, quien dispondrá lo pertinente para que el producido de dichos bienes sea en beneficio de la INDDHH.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

Artículo 78.- Para la primera elección de miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, las organizaciones sociales que podrán proponer candidatos serán las que, a juicio de la Comisión Especial prevista en el artículo 40, reúnan los requisitos establecidos en los literales A) y B) del artículo 63 de esta ley.

Artículo 79.- Los miembros del primer Consejo Directivo de la INDDHH deberán ser electos en la Legislatura siguiente a la promulgación de esta ley. El mandato de los miembros del primer Consejo Directivo de la INDDHH será hasta el Tercer Período Legislativo de la XLVIII Legislatura.

Artículo 80.- Serán de cargo de Rentas Generales los recursos necesarios para la instalación de la INDDHH hasta tanto resulte aprobado y disponible su presupuesto. El Poder Ejecutivo afectará, como sede de la INDDHH, un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará.

Artículo 81.- Dentro de los treinta días corridos desde la primera elección del Consejo Directivo, la Asamblea General llamará a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para cubrir hasta veinte cargos administrativos y tres cargos técnicos.

Sin perjuicio y además, el Consejo Directivo de la INDDHH dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta diez funcionarios públicos de cualquier dependencia o Poder del Estado, todo de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Ley N° 17.556, de 18 de setiembre de 2002, no rigiendo la prohibición establecida en el artículo 507 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 82.- La INDDHH celebrará, durante su primer año de funcionamiento, por lo menos dos períodos de sesiones extraordinarias.

Artículo 83.- La INDDHH llevará a cabo, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las funciones del mecanismo nacional de prevención al que se refiere el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Tratado Internacional del que la República es parte.

A tal efecto, la INDDHH deberá cumplir con las exigencias que, para el mecanismo nacional, prevé el mencionado Protocolo dentro de sus competencias y atribuciones.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 10 de diciembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Comisión de

Derechos Humanos

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Derechos Humanos ha considerado el proyecto de ley por el que se propone la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), aprobándolo por la unanimidad de sus integrantes.

En América del Sur, Brasil, Chile y Uruguay son los únicos países que aún no disponen de una Institución Nacional de Derechos Humanos independiente para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

Desde 1985 se han sucedido, desde diversos sectores políticos, propuestas para establecer la figura del "Defensor del Pueblo" como un organismo de competencia nacional para la protección del ciudadano frente a la estructura estatal, orientado básicamente a controlar los abusos de la burocracia en la relación "administración pública-administrado". Si bien ninguno de dichos proyectos resultó aprobado, si se han sancionado normativas que incorporan órganos de alcance sectorial restringidos a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y al contralor de la gestión municipal; Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario y Defensor del Vecino en Montevideo.

El Comité sobre los Derechos del Niño en 1996 sugirió que se den los pasos necesarios para asegurar una coordinación institucional para la protección y promoción de los derechos humanos de los niños y que el Gobierno considerara el establecimiento de un órgano consultivo independiente competente en materia de derechos del niño.

En el 2005, un Grupo de Trabajo integrado por Legisladores de todos los partidos políticos que integran nuestro Parlamento, representantes del Poder Ejecutivo, de la sociedad civil y de la academia, con el apoyo del PNUD, elaboró un anteproyecto de ley a partir del cual se inició el proceso de creación de este proyecto de ley que hoy estamos considerando, el que culminará con la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por Uruguay implican dos obligaciones básicas: evitar que el ejercicio del poder público se constituya en una amenaza o genere menoscabo a los derechos humanos y organizar el gobierno y el Estado de forma tal que sean capaces de garantizar jurídicamente el goce y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

En los últimos años se ha generado una enorme acumulación social en la materia, lo que sitúa a Uruguay ante un contexto claramente favorable para consolidar la institucionalización de la defensa, promoción y protección de los derechos humanos por parte del Estado.

El estado actual del debate en Uruguay permite dar un salto cualitativo respecto del nivel de las propuestas históricas en relación con las competencias de un "Defensor del Pueblo" separando las tradicionales funciones de defensa de los derechos de los administrados, por un especial énfasis en la promoción y protección de todos los derechos humanos y especialmente, en el seguimiento de las obligaciones que los derechos humanos imponen al Estado.

La Institución Nacional de Derechos Humanos, al mantener su distancia real del gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultura integral en la promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo interdependiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-, teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos en el plano nacional mediante el examen sistemático de la política de derechos humanos de todo el quehacer estatal y, además, intervenir en denuncias sobre violaciones de los derechos humanos.

La Institución Nacional de Derechos Humanos no sustituye ni desplaza las competencias originales de los diversos Poderes del Estado. En ningún caso la Institución Nacional de Derechos Humanos ejercerá función jurisdiccional ni tendrá facultades para revocar actos administrativos; no desempeñará funciones ejecutivas, ni legislativas. Sus cometidos se acotarían a sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin interferir con las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos Poderes correspondan.

Si la analizamos desde distintas perspectivas, podemos observar que:

- Desde el punto de vista jurídico y público, la Institución Nacional de Derechos Humanos se ubica en las tendencias más modernas de puesta en funcionamiento de mecanismos de contralor democrático e independientes, no sólo de los Poderes del Estado, sino también de los servicios que se prestan.

- Desde el punto de vista institucional, la independencia permitirá potenciar la eficacia y la capacidad de incidencia y al mismo tiempo fortalecer la coordinación de los actuales esfuerzos que desde diversos ámbitos se realizan.

- Desde el punto de vista de las políticas públicas, además de cumplir con la tarea de defensor del pueblo, la iniciativa agrega el análisis de las políticas públicas desde una perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de realizar aportes en su formulación y ejecución. Ello le permitirá colaborar en el diseño e implementación de las mismas, de forma que ubiquen en su columna vertebral al paradigma de los derechos humanos, ya no sólo como un obligado referente jurídico sino también como el fundamento mismo del actuar estatal y de la cohesión social.

La Institución Nacional de Derechos Humanos se basa en algunos elementos claves:

- Independencia: conforme a los principios de París "será eficaz la institución nacional que pueda actuar en forma independiente del gobierno, de la política partidista y de todas las demás entidades y situaciones que estén en condiciones de influir en su labor".

- Universalidad e interdependencia: el proyecto promueve una concepción universal e interdependiente de los derechos humanos. A su vez, el caso uruguayo reclama cobertura específica para los temas de discriminación, sea ésta de género, raza, capacidades diferentes o generacionales (infancia, adolescencia y vejez), entre otros.

- Pluralidad: la integración de cinco miembros asegura mayor pluralidad y representatividad y permite atender el diseño y la implementación sin desplazar el seguimiento de las denuncias.

- Funcionamiento: se concibe una práctica simple, no burocrática, de alta eficacia y de fácil acceso al usuario, sin formalismos innecesarios. Es esencial la rapidez en la atención de las demandas.

- Participación social: se prevé la realización de una Asamblea Nacional de los Derechos Humanos con amplia participación de actores sociales y estatales.

- Coordinación: La Institución Nacional de Derechos Humanos coordinará sus funciones con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se crean en el futuro, así como con los organismos de los tres Poderes del Estado vinculados a la temática.

- Contenido educativo: las tareas de promoción, difusión y educación en derechos humanos son esenciales, apuntando a incidir favorablemente en la creación de una "cultura" de derechos humanos.

En síntesis, la razón de la existencia de esta Institución Nacional de Derechos Humanos es la defensa, promoción y protección -en toda su extensión- de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y el derecho internacional, desde una institución estatal independiente. La aprobación del presente proyecto de ley será un paso trascendente en la construcción de una cultura integral de los derechos humanos en el Uruguay.

Por lo expuesto, vuestra Comisión asesora recomienda al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 3 de diciembre de 2008.

Daniela Payssé, Miembro Informante; Alba M. Cocco Soto, Ana de Armas, Edgardo Rodríguez, Carlos Freira, con salvedades que expondré en Sala, Gonzalo Novales, con salvedades que expondré en Sala.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 144

En Montevideo, el dieciséis de diciembre de dos mil ocho, a la hora catorce y veinticinco minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich y Lucía Topolansky y los señores Senadores Sergio Abreu, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini y Julio M. Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Francisco Gallinal y Carlos Moreira.

Preside el señor Senador Reinaldo Gargano, Vicepresidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión y las señoras Ana Veríssimo y Gloria Mederos, Prosecretarias. Asiste, asimismo la Secretaria de Comisión señora Teresa Paredes.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA N° 1420/2008. CODIGO GENERAL DEL PROCESO. Se modifica el artículo 78.2. Proyecto de ley con exposición de motivos presentados por la señora Senadora Margarita Percovich y por el señor Senador Rafael Michelini.

- CARPETA N° 731/2006. INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Se crea como Institución del Poder Legislativo y se determina su integración y cometidos. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA N° 1420/2008. CODIGO GENERAL DEL PROCESO. Se modifica el artículo 78.2. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por la señora Senadora Margarita Percovich y por el señor Senador Rafael Michelini. En consideración.

Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich. (Informe verbal).

- CARPETA N° 731/2006. INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Se crea como Institución del Poder Legislativo y se determina su integración y cometidos. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. En consideración. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich. (Informe Verbal).

- CARPETA N° 1405/2008. VEHICULOS AUTOMOTORES. Normas sobre su empadronamiento. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2969/2008. En consideración. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante la señora Senadora Lucía Topolansky. (Informe verbal).

- CARPETA N° 1299/2008), por el que se introducen modificaciones al Código General del Proceso con al finalidad de abreviar los procesos laborales. En consideración. Se resuelve postergar su tratamiento.

A la hora catorce y cincuenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria.

Reinaldo Gargano Vicepresidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: el proyecto de ley que tenemos a consideración ya fue votado por este Cuerpo y vuelve de la Cámara de Representantes con algunas modificaciones formales en cuatro de sus artículos.

En el artículo 47 se elimina la cita de una ley que había sido derogada; asimismo, se elimina el artículo 53 por entenderse que no correspondía; en el artículo 76, por su parte, se modifica la mayoría de votos con que puede modificarse el presupuesto definido por esta Institución, y en el artículo 77 se elimina el segundo inciso que figuraba en el original que habíamos votado, relativo al uso de las partidas de los presupuestos asignados.

Se trata de modificaciones que en la Cámara de Representantes se entendió que correspondía hacer, en acuerdo entre todos los partidos políticos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se aceptan las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

14) TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE INMUEBLES RURALES Y EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se interpreta la nueva legislación que regula la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias por medio de sociedades y asociaciones. (Carp. Nº 1411/08 - Rep. Nº 966/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1411/08

Rep. N° 966/08

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.-

El plazo otorgado a las sociedades y demás asociaciones a que se alude en el inciso 1° del artículo 2° de la Ley N° 18.092, de 7 de enero de 2007 en la redacción dada por el artículo 349 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, que fueren titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, y realicen las actividades referidas en el artículo 3° de la Ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004, para que se adecuen al régimen establecido por las normas legales referidas, vence el 31 de diciembre de 2009, por lo que si a esa fecha no adecuaron su capital o no obtuvieron la autorización del Poder Ejecutivo a que refiere el artículo 1° inciso 4° de la Ley N° 18.092, en la redacción dada por el artículo 349 de la Ley N° 18.172, se considerarán disueltas de pleno derecho a todos los efectos legales.

Artículo Segundo.-

Declárase con carácter de ley interpretativa, que durante el plazo otorgado para la adecuación de su capital a que refiere el artículo anterior de la presente ley, las referidas personas jurídicas, puedan realizar válidamente todos los actos y contratos lícitos, aún aquéllos en los que la ley requiere su registro, que estimen necesarios o convenientes.

Margarita Percovich, Lucía Topo-lansky, Luis Oliver, Jorge Saravia, Víctor Vaillant.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante las diversas interpretaciones que se han efectuado sobre los siguientes aspectos de la nueva legislación que regula la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias por intermedio de sociedades o asociaciones:

a) El alcance del plazo legal establecido por el artículo 2° de la Ley N° 18.092, de 7 de enero de 2007 en la redacción dada por el artículo 349 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, y los respectivos decretos reglamentarios, para que las sociedades anónimas y en comandita por acciones, así como las demás sociedades o asociaciones referidas en dicha normativa, que fueren titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, adecuaran su capital al régimen establecido por la referida nor-mativa.

b) Los actos que estas personas jurídicas pueden realizar durante el plazo otorgado por el Legislador para su adecuación.

Resulta conveniente y necesario a la seguridad jurídica, pilar esencial para el desarrollo de las actividades productivas, que el Legislador las despeje completamente mediante la aprobación de este proyecto de ley, que recoge la interpretación efectuada por el Poder Ejecutivo en el artículo 11 del Decreto 225/007, de 25 de junio de 2007 en la redacción dada por el artículo 2° del Decreto 201/008, de 1° de abril de 2008 y que es la única que garantiza que estos cambios de política legislativa agropecuaria no produzcan distorsiones u obstáculos en el desarrollo del sector.

Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Luis Oliver, Jorge Saravia, Víctor Vaillant.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 18.092,

de 7 de enero de 2007

TITULARIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE INMUEBLES RURALES Y EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS

Artículo 1°.- Declárase de interés general que los titulares del derecho de propiedad sobre los inmuebles rurales y las explotaciones agropecuarias sean personas físicas, sociedades personales comprendidas en la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, sociedades agrarias y asociaciones agrarias comprendidas en la Ley N° 17.777, de 21 de mayo de 2004, cooperativas agrarias comprendidas en el Decreto-Ley N° 15.645, de 17 de octubre de 1984, socie-dades de fomento rural comprendidas en el Decreto-Ley N° 14.330, de 19 de diciembre de 1974, personas públicas estatales y personas públicas no estatales. Se exceptúan de las disposiciones de la presente ley los inmuebles rurales afectados a actividades ajenas a las definidas por el artículo 3° de la Ley N° 17.777.

Para que las sociedades mencionadas en el inciso anterior puedan ser titulares de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias, la totalidad de su capital social deberá hallarse representado por cuotas sociales o acciones nominativas cuya titularidad corresponda íntegramente a personas físicas.

Las sociedades anónimas y sociedades en comandita por acciones comprendidas en la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, podrán ser titulares de los inmuebles rurales y de las explotaciones agropecuarias siempre que la totalidad de su capital accionario estuviere representado por acciones nominativas pertenecientes a personas físicas.

El Poder Ejecutivo, a instancia de parte, podrá autorizar a cualquiera de los tipos sociales, cooperativas o asociaciones mencionadas en este artículo, así como a otros sujetos tales como sucursales de entidades no residentes, fideicomisos y fondos de inversión, a ser titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias cuando el número de accionistas, integrantes o la índole de la empresa impida que el capital social pertenezca exclusivamente a personas físicas. La autorización del Poder Ejecutivo indicará los inmuebles rurales concretos que comprende y deberá volverse a solicitar cada vez que se aumente la superficie de tenencia o se sustituyan los inmuebles comprendidos en ella.

Fuente: Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, ar-tículo 349.

Artículo 2°.- Las actuales sociedades anónimas y en comandita por acciones, así como el resto de las sociedades referidas en el primer inciso del artículo 1°, cuyo capital social estuviere representado por acciones al portador y que fueren titulares de inmuebles rurales o explotaciones agropecuarias, dispondrán del término de dos años, a contar de la promulgación de la presente ley, para adecuar el capital social de acuerdo con lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 1°.

Vencido dicho plazo sin haber sustituido la totalidad de su capital accionario por acciones nominativas, las sociedades se considerarán disueltas de pleno derecho a todos los efectos legales, no siendo de aplicación la norma de interpretación establecida por el artículo 165 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Las adjudicaciones de inmuebles, de semovientes y de toda clase de bienes que se hagan a los socios y accionistas de las sociedades a que refiere el este artículo, como consecuencia de la disolución y liquidación referida en el inciso anterior, se hallan exoneradas de todo tributo.

Fuente: Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, ar-tículo 349.

Artículo 3°.- La constitución o transmisión de los derechos reales, a excepción de las prenda con desplazamiento de la tenencia, que graven las acciones nominativas, las acciones escriturales, las acciones endosables y los certificados provisorios emitidos por las sociedades anónimas y por las sociedades en comandita por acciones, referidas en el artículo 1° de la presente ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Comercio, sin perjuicio, respecto de las primeras, del cumplimiento del artículo 305 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989.

Fuente: Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, artículo 349.

Ley N° 17.777,

de 21 de mayo de 2004

CONSTITUCION DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES AGRARIAS,

CONTRATOS AGRARIOS COLECTIVOS Y DE INTEGRACION

Artículo 3°. (Actividad agraria).- A los efectos de esta ley se reputan agrarias las actividades destinadas a la producción animal o vegetal y sus frutos, con fines de su comercialización o industria, así como también las de manejo y uso con fines productivos de los recursos naturales renovables.

Se consideran comprendidas en ella, las actividades realizadas por los productores rurales de manera directamente conexa o accesoria, sea para sostén de su explotación, o como complemento o prolongación de sus actos de producción o servicio."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: este proyecto de ley, de dos artículos, viene a clarificar la fecha de entrada en vigencia de una ley que ya aprobamos, relativa a la titularidad de inmuebles rurales, porque había quedado confuso a partir de los decretos reglamentarios. A pedido de los escribanos y de los Registros, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca nos solicitó la presentación de este proyecto de ley, que a lo único que apunta es a dar certeza jurídica en ese cambio de forma que tienen las sociedades agropecuarias. Es una ley interpretativa y, por lo tanto, es todo lo que plantea.

Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Naturalmente, recordamos el texto de esta norma relativa a la titularidad nominativa de los predios agropecuarios pero, en realidad, no nos queda claro cuál es el sentido de este proyecto de ley. Dado que no tuvimos oportunidad de considerarlo en la Comisión, quisiéramos preguntar a la Miembro Informante qué tipo de complicaciones se han planteado y han determinado la necesidad de legislar nuevamente en esta materia, más allá de que entendemos perfectamente que se trata de un proyecto de ley meramente aclarativo, que establece un plazo de dos años durante los cuales se pueden realizar toda clase de actos lícitos dentro de la administración de los predios.

En definitiva, reitero que no tenemos claro cuál es la necesidad de aprobar un nuevo texto legal sobre este tema.

Muchas gracias.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Miembro Informante.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Reitero que esta iniciativa responde a un pedido que hicieron los escribanos -que son quienes deben garantizar este cambio en la titularidad- porque a partir de los decretos reglamentarios no quedaba claro qué pasaba en ese período intermedio entre que la Ley estaba vigente y vencía el plazo; tampoco se sabía si éste corría a partir de la aprobación de la Ley o del dictado del decreto reglamentario. Esta situación generó cierta incertidumbre jurídica, lo cual no es conveniente para ninguna empresa. Entonces, a pedido de los interesados, se busca dejar establecidos esos períodos con nítida claridad, de modo de saber bajo qué figura se actúa, hasta qué día y a partir de cuándo se actúa bajo la nueva forma.

En síntesis, ese es el sentido de esta disposición. De todas formas, seguramente alguien con conocimientos de Derecho podría dar una explicación más clara que la que he intentado brindar al Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Solicito que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la solicitud planteada.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

15) VEHICULOS AUTOMOTORES

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se pasa a considerar el asunto que figura en 7º término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se establece un régimen para el empadronamiento de vehículos automotores (Carp. Nº 1405/08 - Rep Nº 972/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1405/08

Rep. N° 972/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- De acuerdo con el numeral 20) del artículo 85 de la Constitución de la República, interprétase que la potestad de los Gobiernos Departamentales de decretar y administrar recursos (artículo 297 de la Constitución) está limitada geográficamente por los hechos generadores ocurridos en su propia jurisdicción.

Artículo 2°.- En aplicación de lo establecido en el artículo precedente y en función del interés general los tributos a los vehículos de transporte (numeral 6°) del artículo 297 de la Constitución de la República), configurarán el hecho generador del tributo en el domicilio permanente del titular del vehículo.

Para las personas físicas el domicilio permanente será aquel en el que tiene la residencia con ánimo de permanecer en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo que sea pertinente y no se oponga expresamente a las previsiones de esta ley.

Sin perjuicio de ello, en caso de tener actividades laborales o intereses económicos en otra jurisdicción que se relacionen con la circulación habitual de los vehículos empadronados o a empadronar podrán optar por radicarlos en la jurisdicción de esa actividad laboral o interés económico.

Se entenderá que el contribuyente no residente en el territorio nacional debe empadronar sus vehículos en el domicilio o residencia donde más tiempo permanezca en el país o en el lugar donde radique el núcleo principal de sus propiedades inmobiliarias o la base de sus actividades o intereses económicos o vitales.

Para las personas jurídicas el domicilio permanente a los efectos del empadronamiento de vehículos será donde radique la base de sus actividades o de sus intereses económicos, pero en el caso de que alguno de sus vehículos tenga exclusivamente relación con una de sus sucursales o dependencias en otro departamento, este último será el lugar para el empadronamiento.

En los casos previstos por la Ley N° 16.072, de 9 de octubre de 1989 y modificativas, el domicilio a considerar corresponderá al del usuario del vehículo. No obstante, la institución financiera interviniente deberá requerir de su contratante la acreditación fehaciente del domicilio que denunciará para el empadronamiento.

El Poder Ejecutivo, en función del interés general y con el asesoramiento del Congreso de Intendentes, podrá establecer en la reglamentación los parámetros de tiempo y condiciones que determinarán la habitualidad de la circulación, cuando haya pluralidad de domicilios o ésta no coincida con el domicilio del titular.

Artículo 3°.- Los sujetos pasivos del tributo presentarán en la Intendencia pertinente declaración jurada y certificado notarial acreditando el domicilio que contribuye en el departamento el hecho generador del gravamen sobre el vehículo correspondiente. El certificado notarial podrá ser sustituido, ampliado o actualizado por otros medios probatorios como ser constancias de domicilio debidamente controladas, facturas de servicios públicos u otros documentos de actividad o de intereses económicos que expresen en forma fehaciente el domicilio particular o laboral del interesado.

Artículo 4°.- Cualquier Intendencia podrá denunciar o impugnar, ante la Justicia competente, las declaraciones, certificaciones y documentos presentados por los contribuyentes en caso de falsedad ideológica o material, o cuando sea notorio un cambio del domicilio declarado.

Todo contribuyente deberá mantener actualizada la información de los cambios de domicilio ante la Intendencia ante la cual tiene empadronado su vehículo.

En caso de que el domicilio o hecho generador del gravamen cambie de jurisdicción departamental, el contribuyente deberá reempadronarlo en la Intendencia correspondiente dentro del término de treinta días hábiles de producido el cambio.

Las Intendencias estarán obligadas a proporcionarse gratuitamente entre sí la información técnica, de registro municipal de vehículos y del domicilio generador del gravamen, respecto de los vehículos empadronados en su jurisdicción.

Artículo 5°.- Interprétase de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley N° 18.191, de 14 de noviembre de 2007 y su anexo, que la autoridad competente en lo referente a matrícula o patente es el Gobierno Departamental a quien corresponda el empadronamiento, según lo establecido en el artículo 2° de la presente ley.

Los alcances de esta disposición quedan limitados por las excepciones previstas en el artículo 6° de esta ley.

Artículo 6°.- Los vehículos de propiedad del Estado, que no estén exonerados del pago del tributo de patente a la fecha de aprobación de la presente ley, deberán ser empadronados en el departamento donde tengan asiento las dependencias que ordenen su traslado.

No están alcanzados por estas disposiciones los vehículos que sean utilizados por los organismos de seguridad del Estado (Ministerios de Defensa Nacional y del Interior).

A efectos de regularizar su situación las dependencias correspondientes dispondrán del plazo establecido en el artículo 8°.

Artículo 7°.- Podrá ser declarado nulo, a petición de parte interesada, todo empadronamiento de vehículos realizado por un Gobierno Departamental en violación grave a los preceptos de la presente ley.

Si las actuaciones antes referidas, constituyeran a su vez, presuntivamente, violación a la ley penal, en especial en lo referente a las situaciones comprendidas en el inciso primero del artículo 4° de la presente ley, se deberá radicar la denuncia ante la Justicia competente en materia Penal.

Artículo 8°.- Los contribuyentes del tributo previsto en el numeral 6°) del artículo 297 de la Constitución de la República, que hayan empadronado o reempadronado su vehículo a partir del 1° de enero de 2008 dispondrán de un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2008 para regularizar su situación respecto a la adecuación del empadronamiento en el lugar que el corresponde pagar dicho tributo, conforme a las disposiciones de la presente ley.

Las Intendencias a través de su reglamentación deberán facilitar, dentro de este plazo, las gestiones tendientes a la regularización de las situaciones planteadas por los contribuyentes y no aplicarán sanción alguna por este motivo durante dicho plazo.

Artículo 9°.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a que refiere el artículo anterior, y no habiendo el contribuyente procedido a regularizar su situación, las Intendencias que constaten tales irregularidades quedarán habilitadas para aplicar las sanciones correspondientes. En caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo infractor por la deuda generada por el incumplimiento del tributo.

Artículo 10.- Declárase que los Gobiernos Departamentales podrán realizar acuerdos a los efectos de contemplar la situación de circulación habitual de contribuyentes con domicilios en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo podrá reglamentar la presente ley, previo asesoramiento del Congreso de Intendentes.

Sala de la Comisión de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 26 de noviembre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- La potestad de los Gobiernos Departamentales de decretar y administrar recursos, artículos 297 de la Constitución de la República y salvo disposición en contrario de ésta, está limitada geográficamente por su propia jurisdicción.

Artículo 2°.- En aplicación de lo establecido en el ar-tículo precedente y en función del interés general los tributos a los vehículos de transporte (numeral 6°) del artículo 297 de la Constitución de la República) configurarán el hecho generador del tributo en el domicilio permanente del titular del vehículo o donde éste circule habitualmente.

El Poder Ejecutivo en la reglamentación establecerá los parámetros de tiempo y condiciones que determinarán la habitualidad de la circulación, cuando ésta no coincida con el domicilio del titular.

Artículo 3°.- Interprétese de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley N° 18.191, de 30 de octubre de 2007, y su anexo, que la autoridad competente en lo referente a matrícula o patente es el Gobierno Departamental donde radique en forma permanente el propietario o titular del vehículo o donde éste circule habitualmente.

En los casos que la propiedad pertenezca a personas jurídicas la reglamentación indicará los criterios de domicilio que se aplicarán en función de los lugares habituales de circulación de los vehículos. En los casos previstos por la Ley N° 16.072, de 9 de octubre de 1989 y modificativas (Contratos de uso - leasing) el domicilio a considerar corresponderá al del usuario del vehículo.

Los alcances de esta disposición y sus eventuales excepciones serán reglamentados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 4°.- Los vehículos de propiedad del Estado, que no estén exonerados del pago del tributo de patente a la fecha de aprobación de la presente ley, deberán ser empadronados en el departamento donde tengan asiento las dependencias que ordenen su traslado.

No están alcanzados por estas disposiciones los vehículos que en función de sus fines sean utilizados por los organismos de seguridad del Estado (Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior).

A efectos de regularizar su situación las dependencias correspondientes dispondrán del mismo plazo establecido en el artículo 6°.

Artículo 5°.- Se considerará nulo el empadronamiento o reempadronamiento de vehículos realizado por un Gobierno Departamental fuera de las previsiones geográficas de su jurisdicción según lo establecido por esta norma.

Las personas intervinientes en el mismo, ya sea propietario, titular, intermediario, funcionario o autoridad departamental, quedarán sujetas a las sanciones previstas en el Código Penal por falta declaración o falsificación de documento público.

Artículo 6°.- Los contribuyentes del tributo "patente rodados" dispondrán de un plazo máximo de seis meses a contar desde la aprobación de la presente ley para regularizar su situación respecto a la adecuación de su matrícula al lugar que le corresponde pagar dicho tributo, conforme a las disposiciones del artículo 2° y a las que apruebe cada Intendencia dentro de este plazo.

Las Intendencias estarán obligadas a facilitar las gestiones tendientes a la regularización de las situaciones planteadas por los contribuyentes y no aplicarán según alguna durante dicho plazo.

Artículo 7°.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a que refiere el artículo anterior, y no habiendo el contribuyente procedido a regularizar su situación, las Intendencias que constaten tales irregularidades quedarán habilitadas para aplicar las sanciones, previendo su graduación desde el retiro de circulación del vehículo de la vía pública, retiro de la matrícula, hasta la traba de embargo del vehículo infractor. La reglamentación establecerá las pautas sancionatorias a tener en cuenta en cada caso.

Artículo 8°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exceptuar del régimen general establecido en esta ley a los vehículos empadronados en una misma jurisdicción departamental con una antigüedad mayor a 5 años.

Artículo 9°.- Declárase de interés general que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 262 de la Constitución de la República, el Congreso de Intendentes pueda fijar montos máximos y mínimos de los impuestos sobre vehículos automotores, con los alcances previstos en la presente ley.

Artículo 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 180 días, a partir de la promulgación, previa consulta no vinculante al Congreso de Intendentes.

Montevideo, 15 de abril de 2008.

Gustavo Bernini, Representante por Montevideo; Aníbal Pereyra, Representante por Rocha; Alfredo Asti, Representante por Montevideo; Horacio Yanes, Representante por Canelones; Daniela Payssé, Representante por Montevideo; Ivonne Passada, Representante por Montevideo; Pablo Pérez González, Representante por Maldonado.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Ante la inquietud de los Intendentes Municipales de lograr una solución definitiva al tema de las patentes, y asumiendo que el Congreso de Intendentes, si bien ha manifestado dicha voluntad -a modo de ejemplo, en las resoluciones aprobadas en la 9ª Sesión Ordinaria celebrada el 1° de diciembre de 2005 y la 51ª Sesión Ordinaria celebrada el 31 de enero de este año, sus resoluciones no tiene carácter imperativo, lo cual -entre otros factores, conspira en plasmar en la práctica lo acordado- creemos necesario promover medidas legislativas a nivel nacional.

Parlamentariamente planteamos un proyecto de ley que, sin violar la autonomía municipal, reglamente la disposición constitucional que, según el numeral 6°) del artículo 297, consagran como fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales decretados y administrados por éstos a los impuestos sobre vehículos de transporte.

Consideramos que esta situación se encuadra en la previsión consagrada en el numeral 20) del artículo 85 de la Constitución de la República, por la cual el Parlamento debe interpretar el texto de las normas constitucionales. Pero además consideramos que también por concepto constitucional hay intereses generales que están en juego y lo que justifica la obligatoriedad de la ley nacional de estos casos. El interés general está basado en el reracionamiento entre los distintos Gobiernos Departamentales y algunos aspectos de la circulación vehicular que involucra temas de seguridad pública.

En primer lugar, la necesidad de integrar armónicamente las disposiciones de este artículo 297 con el resto de las disposiciones constitucionales y, por lo tanto, se debe entender que la facultad de decretar y administrar estos tributos sobre vehículos automotores está obviamente limitada a su propia jurisdicción territorial. Teniendo en cuenta que la característica del objeto gravado es, precisamente, la movilidad del mismo, y la división territorial del país en 19 jurisdicciones departamentales, se debe por ley, basado en el interés general, al mismo tiempo que reafirmar las potestades de cada uno de los Gobiernos Departamentales al respecto, limitar esta potestad a su propia jurisdicción como lo establece la Constitución. El límite de esta potestad deberá estar necesariamente vinculado a un domicilio real y permanente en la propia jurisdicción.

Al mismo tiempo, la legislación programada impedirá o desalentará la competencia entre los distintos Gobiernos Municipales por el empadronamiento indebido en base a diferencia de valores, pues de otra forma se transforma un tributo local en un valor de mercado, sustrayendo a algunas Intendencias la facultad constitucional de percibir los ingresos que en la materia le corresponden. Indirectamente, la debida percepción de los ingresos vinculados a los vehículos realmente domiciliados en cada departamento, permitirá a los Gobiernos Departamentales establecer políticas de bonificaciones en las patentes u otros tributos de mayor incidencia social, que favorezcan a la inmensa mayoría de sus respectivos contribuyentes.

En segundo lugar, pero no menos importante, está la seguridad jurídica relativa a la circulación vehicular. Se expresa lo precedente en virtud de la constatación de vehículos que actualmente están circulando en todo el país sin la debida matriculación (matrículas que han perdido su validez hace muchos años o que estando vigentes circulan permanentemente por departamentos que no se corresponden con el domicilio permanente del titular).

Esto obviamente atenta contra la seguridad jurídica (por la falta de contralor periódico de la propiedad), generando al mismo tiempo responsabilidades a los titulares originales o actuales tenedores ante el uso de los vehículos en delitos o en accidentes de tránsito.

Adicionalmente también se puede comprobar el mayor incumplimiento de las normas de tránsito de quienes no tienen la matriculación correspondiente, por la impunidad que significa la casi imposibilidad de cobro de multas a vehículos empadronados en otros departamentos.

El propósito de esta normativa nacional sería, pues, la obligatoriedad de mantener los vehículos con matrículas válidas, definiendo como tales a aquellas que emitan y mantengan vigente las Intendencias del lugar de residente permanente del titular, considerando tal la que define el código civil y, en caso de personas jurídicas y contratos especiales, la que surja de la reglamentación, teniendo en cuenta la circulación más permanente del vehículo.

A tales efectos, las respectivas Intendencias deberán vincular todo empadronamiento o reempadronamiento a la titularidad y su domicilio, a todos los efectos legales que surja del Registro previsto en el artículo 28 de la Ley N° 18.191, respecto a la propiedad de vehículos automotores que cuente como condición básica la prueba fehaciente de la dirección del titular. Este Registro deberá estar vinculado a todo trámite de declaraciones impositivas, transferencia, empadronamientos y reempadronamientos, seguros obligatorios por responsabilidad civil, inspección vehicular, etcétera, y de libre acceso al Ministerio del Interior (Policía de Tránsito, Policía Caminera, Departamento de Automotores, Prevención del Delito, etc.)

El proyecto de ley plantea la sujeción a las normas del Código Penal en aquellos casos de ocultamiento o falsedad de los datos proporcionados a los registros, siendo responsable el titular del bien, terceros que intervengan en el trámite, y también la autoridad o funcionario municipal actuante en caso de conocer o propiciar esta situación.

Las Intendencias no podrán empadronar o reempadronar vehículos sin la debida constancia de inscripción en el Registro y su correspondiente domicilio en el departamento.

Podrán realizarse acuerdos entre las Intendencias para contemplar las situaciones de circulación habitual de residentes en un departamento con actividades permanentes en otro, como matriculación especial que permita la identificación de la situación y compartir el ingreso por patente de rodados.

La ley debería entrar en vigencia a los 180 días de promulgada, facilitando la regularización de situaciones contrarias a la misma (por ejemplo no ser obligatoria para empadronamientos que a la fecha de vigencia de la ley tengan ya más de 5 o 10 años de antigüedad). En ese mismo plazo el Poder Ejecutivo, en consulta con el Congreso de Intendentes, deberá dictar la reglamentación de la ley, en especial la forma de comprobación del domicilio, los contralores a efectuar, los trámites de transferencias y las excepciones que pudieran admitirse.

Gustavo Bernini, Representante por Montevideo; Aníbal Pereyra, Representante por Rocha; Alfredo Asti, Representante por Montevideo; Horacio Yanes, Representante por Canelones; Daniela Payssé, Representante por Montevideo; Ivonne Passada, Representante por Montevideo; Pablo Pérez González, Representante por Maldonado.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 16.072, de

9 de octubre de 1989

CAPITULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1°.- El crédito de uso es el contrato de crédito por el cual una institución financiera se obliga frente al usuario a permitirle la utilización de un bien por un plazo determinado y el usuario se obliga a pagar por esa utilización un precio en dinero abonable periódicamente.

Podrá pactarse, a favor del usuario, una opción irrevocable de compra del bien al vencimiento del plazo y mediante el pago de un precio final.

Sin perjuicio de esa opción de compra, podrá también pactarse a favor del usuario, la opción irrevocable de prorrogar el plazo de contrato por uno o más períodos determinados y por un nuevo precio que también se estipulará en el contrato.

Asimismo podrá convenirse que finalizado el plazo del contrato o el de la opción de prórroga, en su caso, y si el usuario no tuviere la opción de compra, el bien será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, correspondiendo al usuario el excedente que se obtuviera por sobre el precio final estipulado y obligándose al usuario a abonar a la institución acreditante la diferencia si el precio obtenido en el remate fuera el menor.

Fuente:

Artículo 1° Ley N° 16.205, de 6 de setiembre de 1991.

Artículo 2°.- El contrato podrá recaer:

a) Sobre un bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga a adquirir a un proveedor determinado.

b) Sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad del usuario, pactándose simultáneamente su venta a la institución acreditante;

c) Sobre un bien que, a la fecha del contrato, sea de propiedad de la institución acreditante, adquirido para la defensa o recuperación de sus créditos.

Artículo 3°.- Sólo podrá actuar como instituciones acreditantes en los contratos de crédito de uso:

a) Los intermediarios financieros (Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982);

b) Las empresas de giro exclusivamente financiero, especialmente autorizadas por el Banco Central del Uruguay para la celebración de este contrato.

Artículo 4°.- El Banco Central del Uruguay reglamentará el otorgamiento de la autorización y el funcionamiento de las empresas a que refiere el literal b) del artículo 3° de la presente ley, siéndoles aplicables los artículos 11 a 15, 16 literal C), 18, 20 a 24 inclusive del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Artículo 5°.- Puede ser objeto del contrato los bienes muebles no fungibles y todos los inmuebles, cualquiera sea su destino. Cuando el objeto sea un inmueble, el contrato se re-girá por las disposiciones de la presente ley siempre que exista opción de compra a favor del usuario (artículo 1° inciso segundo) y que el precio final estipulado a tal efecto no exceda a la fecha del contrato del 25% (veinticinco por ciento) del valor real, fijado por la Dirección General de Catastro Nacional y Administración de Inmuebles del Estado.

Fuente:

Artículo 2° Ley N° 16.205, de 6 de setiembre 1991.

Artículo 6°.- El contrato deberá otorgarse en instrumento público o privado con firmas certificadas por Escribano Público y en triplicado.

Artículo 7°.- El contrato se inscribirá, a pedido de la institución acreditante:

A) Si recae sobre inmuebles, en el Registro Unico de Promesas de Enajenación de Inmuebles a Plazos;

B) Si recae sobre aeronaves, en el Registro Nacional de Aeronaves;

C) Si recae sobre automotores, en el Registro de Vehículos Automotores;

D) Si recae sobre naves, en el Registro de Escribanía de Marina;

E) Si se tratare de otros bienes, concretamente identificables, en el Registro de Prenda Agraria e Industrial.

Si la Institución acreditante omitiera la presentación del contrato al Registro respectivo para la inscripción dentro de los cinco días hábiles siguientes al de su otorgamiento, incurrirá en una multa en beneficio del usuario, equivalente al importe de la primera cuota periódica pactada en el contrato y responderá, además, por los daños y perjuicios que pueda sufrir el usuario por su incumplimiento, sin perjuicio del derecho del usuario a solicitar su inscripción.

La inscripción caducará cada cinco años y podrá reinscribirse por períodos iguales, a solicitud de cualesquiera de las partes, sin otro requisito que la presentación del contrato original y una fotocopia firmada por la institución acreditante.

Fuente:

Artículo 272 Ley N° 16.320, de 1° de noviembre 1992.

Las partes podrán, además, pactar otras formas de publicidad de la existencia del contrato.

Fuente:

Artículo 3° Ley N° 16.205, de 6 de setiembre 1991.

Artículo 8°.- La inscripción en el Registro confiere al usuario, derecho real respecto de cualquier enajenación o gravamen posterior, le acuerda acción para recuperar la utilización del bien y, cuando haya pagado su prestación y cumplido con todas las obligaciones estipuladas, para exigir su transferencia forzada si se hubiere pactado la opción de compra, cuando circunstancias posteriores a la inscripción del contrato inhibieren o impidieren el ejercicio de la opción de compra o sus efectos.

El Juez competente, previa citación con emplazamiento en forma, restituirá al usuario en la utilización del bien u otorgará en su caso, el consentimiento para el contrato de compraventa en representación del enajenante; en caso de oposición, se seguirá el procedimiento de los incidentes.

Artículo 9°.- Durante el plazo del contrato, no es lícito a la institución acreditante retirar la cosa del poder del usuario, ni a éste devolverla antes de concluirse el tiempo convenido, a no ser pagando la totalidad de las cuotas periódicas estipuladas, con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas.

Artículo 10.- Salvo estipulación en contrario, el usuario no tiene la facultad de ceder a ningún título la utilización del bien objeto del contrato.

Artículo 11.- Durante la vigencia del contrato el bien sólo podrá ser enajenado a una institución comprendida en el artículo 3° de la presente ley.

La enajenación voluntaria o forzosa realizada en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior será inoponible al usuario, siempre que el contrato estuviere registrado.

Si el bien fuere enajenado conforme con el inciso primero, la institución que suceda en el derecho a la contratante, estará obligada personalmente a cumplir el contrato, siempre que estuviere registrado.

CAPITULO II

De las obligaciones de la institución financiera

Artículo 12.- La institución acreditante está obligada.

a) entregar la cosa, si es de su propiedad, o a adquirir la cosa al proveedor acordado y en las condiciones estipuladas en el contrato;

b) A notificar fehacientemente al proveedor, al celebrar el contrato de compraventa, la existencia del contrato de crédito de uso.

c) A no turbar o embarazar al usuario en la utilización del bien objeto del contrato.

Artículo 13.- El contrato en el caso previsto en el literal a) del artículo 2° de la presente ley, se extinguirá sin responsabilidad para ninguna de las partes si el proveedor indicado por el usuario no consiente la venta del bien a la institución acreditante, en las condiciones acordadas en el contrato.

Esta disposición no será aplicable:

a) Si así se pactare expresamente;

b) Si el usuario cede al acreditante, en el momento del contrato, una propuesta firma de venta otorgada por el proveedor.

Artículo 14.- Por la notificación fehaciente de la existencia del contrato de crédito de uso realizada por la institución acreditante al proveedor, quedarán transferidos de pleno derecho al usuario todos los derechos y acciones correspondientes al comprador contra el proveedor.

La institución acreditante no será responsable frente al usuario de ningún incumplimiento en que pueda incurrir el proveedor, salvo que éste se excepcionara justificadamente en la falta de cumplimiento por el acreditante de sus obligaciones como comprador.

Artículo 15.- La institución acreditante no podrá, sin consentimiento del usuario, mudar la forma de la cosa ni hacer en ella obras o trabajos algunos que puedan turbarle o embarazarle en su goce.

Sin embargo, si se tratare de reparaciones indispensables que no puedan diferirse hasta la conclusión del contrato, el usuario que no las realizara por sí, será obligado a tolerarlas aunque le priven del goce de la cosa y a reintegrar a la institución acreditante lo que ésta hubiere desembolsado por tal concepto, sin poder exigir rebaja de precio o compensación alguna.

Artículo 16.- La institución acreditante no está obligada a garantir al usuario de las vías de hecho de terceros que no pretendan derecho a la cosa. En este caso, el usuario, a nombre propio, perseguirá a los autores del daño, y aunque éstos fuesen insolventes, no tendrá acción contra la institución acreditante.

Artículo 17.- La acción de terceros que pretendan derecho a la cosa se dirigirá contra la institución acreditante.

El usuario será sólo obligado a notificarle por cualquier medio hábil, la turbación o molestia que reciba de dichos terceros, por consecuencia de los derechos que aleguen, y si lo omitiere o dilatare culpablemente, será responsable por los daños y perjuicios que de ello se sigan a la institución acreditante.

Si la institución acreditante no compareciere a defender la cosa, podrá sostener el juicio el usuario, quedando aquélla responsable de la evicción y sus consecuencias.

Si la institución acreditante comparece, se seguirá contra ella sola la acción, pero el usuario podrá siempre intervenir en el juicio en guarda de sus derechos.

La acción para recuperar la utilización de la cosa contra terceros que pretendan un derecho anterior a la inscripción del contrato de crédito de uso será ejercida por la institución acreditante y mientras la utilización no sea recuperada, el usuario quedará liberado del pago de las cuotas periódicas estipuladas.

Artículo 18.- Si la institución acreditante fuese vencida en juicio sobre la totalidad o sobre una parte de la cosa, podrá el usuario reclamar la rescisión del contrato si se le priva de la totalidad o de una parte principal de la cosa, o una disminución del precio en cualquier caso; podrá reclamar también los daños y perjuicios que le sobrevivieren, salvo que al otorgar el contrato, hubiese conocido por cualquier medio idóneo para ello, el peligro de evicción.

Artículo 19.- La institución acreditante no responderá de los vicios o defectos se la cosa; la acción del usuario deberá dirigirse contra el proveedor, conforme al artículo 14 de la presente ley.

Pero si el bien fuere de propiedad de la institución acreditante a la fecha del contrato (artículo 2°, literal c), responderá de los vicios o defectos graves de la cosa existentes al tiempo de su celebración que impidieron la utilización y el usuario podrá pedir la disminución del precio o la rescisión del contrato, salvo si hubiere conocido los vicios o defectos de la cosa. Si el vicio o defecto era conocido de la institución acreditante al tiempo del contrato, o era tal que debiera conocerlo, tendrá además derecho el usuario a que se le indemnicen los daños y perjuicios.

CAPITULO III

De las obligaciones del usuario

Artículo 20.- El usuario está obligado:

1°) A usar de la cosa según los términos del contrato;

2°) A emplear en su conservación, el cuidado de un buen padre de familia;

3°) A pagar el precio periódico;

4°) A pagar el precio final o, en su caso, devolver el bien.

Artículo 21.- No podrá el usuario destinar la cosa a otros objetos que los convenidos, o a falta de convención expresa, a aquellos a que la cosa es naturalmente destinada o que deben presumirse de las circunstancias del contrato o de la costumbre del país.

Si el usuario contraviniere esta regla, podrá la institución acreditante reclamar la rescisión del contrato con indemnización de daños y perjuicios, o limitarse a esta indemnización dejando subsistir el contrato.

Artículo 22.- Si el usuario no usare de la cosa como un buen padre de familia, responderá de los daños y perjuicios, y aún tendrá derecho la institución acreditante para demandar la rescisión del contrato en caso de un grave y culpable descuido.

Artículo 23.- Lo dispuesto en los artículos anteriores no tendrá lugar es el usuario que ejerce la opción de compra pactada para la terminación del contrato y paga las cuotas pendientes y el precio final, con el descuento racional compuesto previsto en el inciso tercero del artículo 30 de la presente ley.

Artículo 24.- El mantenimiento y todas las reparaciones de cualquier naturaleza que deban realizarse en la cosa durante su utilización por el usuario serán de cargo de éste, sin perjuicio de las acciones que en virtud del artículo 14 puedan corresponderle contra el proveedor, y sin perjuicio también de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 19 de la presente ley.

Salvo pacto en contrario, todas las mejoras que se realicen en la cosa por el usuario durante el contrato, beneficiarán a la institución acreditante, pero se considerarán comprendidas en las opciones del artículo 1° de la presente ley, sin derecho a compensación para ninguna de las partes.

Artículo 25.- El usuario deberá pagar el precio periódico estipulado, aunque durante el contrato la cosa fuese destruida en su totalidad o sólo en parte o se deteriora, por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no se pretenda derecho a la cosa.

Lo mismo ocurrirá si por caso fortuito, fuerza mayor o hecho de un tercero que no pretenda derecho a la cosa el usuario es obligado a no usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el destino convenido.

Artículo 26.- Cuando por culpa del usuario se rescinde el contrato, la institución acreditante podrá optar entre el reclamarle el pago de todo el precio periódico por el tiempo transcurrido y el que falte para cumplirse el término pactado más el precio final, abonando el bien en beneficio del usuario, o recuperar el bien reclamando al usuario el precio periódico devengado hasta la fecha de la devolución efectiva con más los intereses moratorios y una multa que no podrá exceder del cincuenta por ciento del monto de las cuotas periódicas por el tiempo que falte para cumplirse el término pactado. En ambos casos, podrá reclamar también la indemnización de los daños y perjuicios que el incumplimiento del usuario le haya ocasionado.

Artículo 27.- La restitución forzada de la cosa por falta del pago de las cuotas periódicas estipuladas, no podrá requerirse sino cuando el usuario cayere en mora en el pago de dos cuotas consecutivas, si fueren por períodos no mayores de un mes y de una cuota en los demás casos.

Fuente:

Artículo 22 Ley N° 16.906, de 7 de enero 1998.

Artículo 28.- La obligación de reparar el daño causado a terceros por la cosa objeto del contrato, conforme al artículo 1324 del Código Civil; recaerá exclusivamente sobre el usuario, cuando el hecho dañoso haya ocurrido después de la recepción y antes de la devolución del bien por dicho usuario.

Lo mismo ocurrirá respecto a cualquier responsabilidad administrativa en que pueda incurrirse por la utilización del bien.

Artículo 29.- Finalizado el plazo del contrato o el de la opción de prórroga en su caso, si no hiciere uso de la opción de compra o ésta no existiere, el usuario debe devolver la cosa en el mismo estado en que se le entregó, tomándose en consideración el deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.

Si así no lo hiciere, luego de requerido para ello será condenado al resarcimiento de daños y perjuicios y a lo demás que contra él corresponda como detentador.

Artículo 30.- Si el usuario ejercitare alguna de las op-ciones contenidas en el contrato, deberá hacerlo saber a la institución acreditante antes del vencimiento del plazo.

Ejecida la opción de compraventa por el usuario y pagado el precio de la institución acreditante, se otorgará el contrato de compraventa cancelándose la inscripción del contrato de crédito de uso en el Registro respectivo.

El usuario podrá en cualquier momento durante el transcurso del plazo del contrato darlo por terminado ejerciendo la opción de compra pagando la totalidad de las cuotas pactadas con el descuento racional compuesto sobre las cuotas no vencidas, teniendo en cuenta su respectivo vencimiento, a la tasa que se hubiere pactado para dicho descuento, o en su defecto a la tasa a que refiere el inciso final del artículo 15 de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972, en la redacción dada por el artículo 3° del Decreto-Ley N° 14.887, de 27 de abril de 1979.

Si la opción fuera la de prórroga del plazo, la aceptación por el usuario se inscribirá conforme a lo dispuesto en el artículo 7° de la presente ley.

El usuario no podrá ejercitar válidamente ninguna opción, si estuviere en mora en el cumplimiento de alguna obligación a su cargo. La mora a estos efectos se configurará mediante intimación con plazo de tres días hábiles por telegrama colacionado.

Los embargos trabados a la institución acreditante posteriores a la inscripción del contrato de crédito de uso, no obstarán a la compraventa ni a la transferencia de la propiedad en favor del usuario debiéndose descartar dichos embargos.

CAPITULO IV

Normas Procesales

Artículo 31.- La institución acreditante tendrá acción ejecutiva para perseguir el cobro de las cuotas periódicas vencidas, sus intereses y multas; así como el de todo el precio periódico pactado y del precio final si optare por hacer abandono del bien conforme con lo dispuesto en el artículo 26 de la presente ley.

La acción de daños y perjuicios reclamados por cualquiera de las partes se sustanciarán en juicio ordinario.

Artículo 32.- El procedimiento para obtener la institución forzada en los casos previstos en los artículos 27 y 29 de la presente ley, seré el del proceso de entrega de la cosa. Sólo serán admitidas como excepciones: la de falsedad del instrumento en que se funda la acción; la falta de algunos de los requisitos esenciales para la validez de los contratos; pago o compensación de crédito líquido y exigible que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del acto, prescripción; caducidad, espera o quita concedidas por el demandante que se prueben por escritura pública o por documento privado emanado del acto y la excepción de haberse ejercido válidamente alguna de las opciones previstas por el artículo 29 de la presente ley. Las excepciones inadmisibles serán rechazadas sin sustanciación (artículo 355.2 del Código General del Proceso).

Si los escritos en que se deduzcan las excepciones no van acompañados de los documentos probatorios respectivos, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 355.2 del Código General del Proceso.

Fuente:

Artículo 23 Ley N° 16.906, de 7 de enero 1998.

Artículo 4° Ley N° 16.205, de 6 de setiembre 1991

Artículo 33.- La institución acreditante podrá acompañar con la demanda, o posteriormente, fianza bancaria o certificado de depósito de títulos de deuda pública en el Banco de la República Oriental del Uruguay, por el importe equivalente al monto total del contrato de crédito de uso, para asegurar la reparación de los daños y perjuicios que pudieran producirse al usuario por la restitución forzada de la cosa objeto del contrato. En tal caso podrá solicitar, mandamiento de apremio, que se hará efectivo con la entrega de la cosa objeto del juicio así como la cancelación de la inscripción el contrato de crédito de uso. Una y otra medida deberán decretarse por el Juez y no admitirán recurso alguno aún cuando se hubieran opuesto excepciones admisibles.

Fuente

Artículo 4° Ley N° 16.205, de 6 setiembre 1991

Artículo 34.- Si en el juicio de entrega de la cosa promovida por la causal prevista en el artículo 27 de la presente ley no se pusieran excepciones por el demandado, hecha entrega de la cosa, se entenderá rescindido el contrato por culpa del usuario, cancelándose la inscripción.

Si se opusieran excepciones, la sentencia que recaiga sobre las mismas se pronunciará así mismo sobre la rescisión del contrato por incumplimiento, cancelándose la inscripción en su caso.

Fuente

Artículo 4° Ley N° 16.205, de 6 de setiembre 1991.

Artículo 35.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 18 de la presente ley, los embargos en juicio contra la institución acreditante con posterioridad a la inscripción del contrato de crédito de uso, no impedirán la utilización del bien por el usuario no pudiendo disponerse en secuestro del mismo.

CAPITULO V

Normas penales

Artículo 36.- El usuario que haga abandono de los bienes objeto del contrato ocasionando un perjuicio económico a la institución acreditante será castigado con pena de tres a veinticuatro meses de prisión.

El usuario que se apropie de los bienes objeto del contrato disponiendo de ellos en su provecho o en el de un tercero, será castigado con doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Artículo 37.- Además de la responsabilidad penal por las conductas descritas en el artículo anterior, el usuario será responsable civilmente, haciéndose exigibles sus obligaciones contractuales.

CAPITULO VI

NormasTributarias

Artículo 38.- Los contratos de crédito de uso estarán sujetos al régimen tributario que se establece en los artículos siguientes y a las demás disposiciones vigentes que no se opongan al mismo.

Artículo 39.- Los contratos de crédito de uso tendrán el tratamiento tributario que se establece en el artículo 41 de la presente ley, en cuanto cumplan cualquiera de las siguientes condiciones:

a) Cuando se pacte a favor del usuario una opción irrevocable de compra mediante el pago de un valor final cuyo monto sea inferior al 75% (setenta y cinco por ciento) del valor del bien que haya sido amortizado en el plazo del contrato. A tales efectos la comparación se realizará en la forma que se establece en el artículo siguiente;

c) Cuando se pacte a favor del usuario una opción irrevocable de compra sin pago de valor final;

d) Cuando se pacte, que, finalizado el plazo del contrato o de la prórroga en su caso, si el usuario no tuviera o no ejerciera la opción de compra, el bien deba ser vendido y el usuario soportara la pérdida o percibiera el beneficio que resulte de comparar el precio de la venta con el valor residual.

Artículo 40.- La comparación a que refiere el literal a) del artículo 39 de la presente ley se realizará teniendo en cuenta lo que se dispone a continuación:

a) Por valor del bien se entenderá el costo de adquisición del bien elegido por el usuario que la institución acreditante se obliga adquirir a un proveedor determinado. En el caso de un bien que a la fecha del contrato sea propiedad del usuario, y se pactare simultáneamente su venta a la institución acreditante, por valor del bien se entenderá el precio pactado. En el caso de bienes que a la fecha del contrato sean propiedad de la institución acreditante, adquiridos para la defensa o la recuperación de sus créditos, por valor del bien se entenderá el que resulte de su tasación por persona idónea. La Dirección General Impositiva podrá impugnar dicha tasación;

b) El valor final se actualizará, a la fecha del contrato, a la tasa de interés que se hubiere pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 15 de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972, en la redacción dada por el Decreto-Ley N° 14.887, de 27 de abril de 1979;

c) La amortización a considerar será la normal atendiendo a la vida útil probable del bien con exclusión de cualquier régimen de amortización celebrada.

Artículo 41.- En los casos mencionados en el artículo 39 las instituciones acreditantes tendrán, a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento;

a) No computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato;

b) El monto actualizado de las prestaciones a recibir, incluso el de la opción de compra, constituirá activo computable fiscalmente. El monto de las prestaciones previstas en el contrato se actualizará a la tasa de interés que se hubiere pactado. En caso de no haberse estipulado la tasa, se calculará en base a la última publicada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso cuarto del artículo 15 de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972, en la redacción dada por el Decreto-Ley N° 14.887, de 27 de abril de 1979;

c) La ganancia bruta a los efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta de la Industria y el Comercio estará constituida por la diferencia entre las prestaciones totales y la amortización financiera de la colocación al término de cada ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización, si la operación estuviese pactada en moneda extranjera y los reajustes de precio si la operación estuviere pactada en moneda nacional reajustable.

Artículo 42.- En los casos en que no se verifique ninguna de las condiciones del artículo 39 de la presente ley, las instituciones acreditantes de los contratos de crédito de uso tendrán, a todos los hechos fiscales, el siguiente traamiento:

a) Computarán dentro de su activo fijo los bienes objeto del contrato;

b) Dichos bienes podrán amortizarse en el plazo del contrato siempre que éste no sea inferior a tres años. En los casos en que exista opción de compra, el valor a amortizar será la diferencia entre el valor del bien para la institución acreditante y el valor final (precio de la opción), actualizado, ajusta la diferencia, con el índice revaluación que corresponda;

c) La ganancia bruta a los efectos de la liquidación del impuesto a la Renta de la Industria y el Comercio, estará constituida por las contraprestaciones devengadas en cada ejercicio, sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización si la operación estuviere pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios, si la operación estuviere pactada en moneda reajustable.

Artículo 43.- Los usuarios de bienes en que se verifique alguna de las condiciones indicadas en el artículo 39 de la presente ley, tendrán a todos los efectos fiscales, el siguiente tratamiento:

a) Computarán en su activo fijo los bienes objeto del contrato. El costo será determinado en base a los criterios establecidos en el literal a) del artículo 40 de la presente ley;

b) Los pagos a realizar, incluso el de la opción de compra, disminuidos en los intereses a devengar en los ejercicios siguientes constituirán pasivo computable;

c) Los intereses devengados se incluirán en los gastos financieros sin perjuicio de computar también las diferencias de cotización, si la operación estuviere pactada en moneda extranjera y los reajustes de precios en su caso.

Artículo 44.- En los casos en que no se verifique ninguna de las condiciones del artículo 39 de la presente ley, los usuarios computarán como gasto del ejercicio, las contraprestaciones devengadas en el mismo. Cuando haya opción de compra y ésta se ejerza, el usuario computará el bien en su activo fijo, considerando como costo el precio de la opción.

Artículo 45.- Las contraprestaciones resultantes de contratos de crédito de uso, estarán exoneradas del Impuesto al Valor Agregado, siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:

A) Que el contrato tenga un plazo no menor a tres años.

B) Que los bienes objeto del contrato no sean vehículos no utilitarios, ni bienes muebles destinados a la casa-habitación.

C) Que el usuario sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, Impuesto a las Rentas Agropecuarias o Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.

En caso de que no se cumpla alguna de las condiciones establecidas en los apartados anteriores, el Impuesto al Valor Agregado se aplicará sobre la amortización financiera de la colocación, salvo que el bien objeto de la operación se encuentre exonerado por otras disposiciones.

La diferencia entre las prestaciones pactadas y la amortización financiera de la colocación y los reajustes de precio estarán exentos del Impuesto al Valor Agregado, salvo que la operación estuviera pactada con quien no sea sujeto pasivo del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio, del Impuesto a las Rentas Agropecuarias o del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios.

Fuente:

Artículo 20 Ley N° 16.095, de 7 enero 1998

Artículo 5° Ley N° 16.205, de 6 setiembre 1991.

Artículo 46.- Acuérdase a las instituciones acreditantes un crédito por el Impuesto al Valor Agregado incluido en las adquisiciones de los bienes que sean objeto de contratos de crédito de uso, siempre que los citados contratos cumplan con las condiciones establecidas en el inciso primero del artículo anterior. El crédito se anulará cuando el contrato pierda la exoneración del Impuesto al Valor Agregado. El Poder Ejecutivo establecerá la firma y condiciones en que las instituciones acreditantes harán efectivo el crédito anteriormente indicado o su pérdida cuando corresponda.

En caso de cancelaciones anticipadas que reduzcan el plazo a menos de tres años, el Impuesto al Valor Agregado deberá liquidarse de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la presente ley. En tales casos deberá abonarse dicho impuesto más el recargo mensual indemnizatorio a que hace referencia el inciso segundo del artículo 94 del Código Tributario.

En caso de rescisiones judiciales y homologadas judicialmente que signifiquen una reducción del plazo pactado a períodos de menos de tres años, se mantendrá la exoneración del Impuesto al Valor Agregado, aplicable a los contratos de más de tres años de plazo.

Fuente:

Artículo 21 Ley N° 16.906, de 7 de enero 1998

Artículo 5° Ley N° 16.205, de 6 de setiembre 1991.

Artículo 47.- En los contratos de crédito de uso que participen de cualquiera de las características del artículo 39, se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha de entrega del bien. En los restantes casos se entenderá que el hecho generador se verifica en la fecha en que se devenga la contraprestación respectiva.

Fuente:

Artículo 5° Ley N° 16.205, de 6 de setiembre 1991.

Artículo 48.- Los créditos que se generen por la celebración de contratos de créditos de uso, estarán exentos del Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias (Título 15 del Texto Ordenado 1987).

Artículo 49.- Estas normas se aplicarán a los contratos que se celebren a partir de la vigencia de la presente ley.

CAPITULO VII

Disposiciones finales

Artículo 50.- A los efectos del contrato de crédito de uso, no regirá la prohibición de adquirir propiedades raíces establecidas en el numeral 3° del artículo 27 de la Ley N° 9.808, de 2 de enero de 1939 (Carta Orgánica del Banco de la República Oriental del Uruguay), en la redacción dada por el artículo 2° del Decreto-Ley N° 14.623, de 4 de enero de 1977, ni la de tener bienes inmuebles establecida en el artículo 18 literal e) del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982.

Finalizado el plazo del contrato, si el usuario no ejercitare la opción de compra, ni se hubiere incluido en el contrato el convenio previsto en el inciso cuarto del artículo 1° de la presente ley, el inmueble será vendido por la institución acreditante en remate público y al mejor postor, dentro de los plazos que establezca la reglamentación que dicte el Banco Central del Uruguay, atendiendo a las condiciones del mercado inmobiliario.

Artículo 51.- Los bienes muebles que fueron objeto de un contrato de crédito de uso y cuya propiedad, finalizado el contrato, permaneciera en el patrimonio de la institución acreditante, deberán ser enajenados o colocados mediante un nuevo contrato de crédito de uso, dentro de los plazos y en las condiciones que establezca el Banco Central del Uruguay, atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las respectivas condiciones del mercado.

Artículo 52.- No se considerará contrato de crédito de uso ni podrá inscribirse como tal aquel que contenga estipulaciones que contravengan las disposiciones de la presente ley.

Fuente:

Artículo 6° Ley N° 16.205, de 6 de setiembre 1991.

Artículo 53.- Comuníquese, etc.

Ley N° 18.191, de

14 de noviembre de 2007

LOS VEHICULOS

Artículo 28.- Las disposiciones que regirán para los vehículos serán las siguientes:

1) Los vehículos automotores y sus remolques, deberán encontrarse en buen estado de funcionamiento y en condiciones de seguridad tales, que no constituyan peligro para su conductor y demás ocupantes del vehículo así como otros usuarios de la vía pública, ni causen daños a las propiedades públicas o privadas.

2) Todo vehículo deberá estar registrado en el Registro Nacional Unico de Conductores, Vehículos, Infracciones e Infractores creado por la Ley N° 16.585, de 22 de setiembre de 1994.

3) El certificado de registro deberá contener como mínimo la siguiente información:

A) Número de registro o placa.

B) Identificación del propietario.

C) Marca, año, modelo, tipo de vehículo y los números de fábrica que lo identifiquen.

4) Todo vehículo automotor deberá identificarse mediante dos placas, delantera y trasera, con el número de matrícula o patente.

Los remolques y semirremolques se identificarán únicamente con la placa trasera.

Las placas deberán colocarse y mantenerse en condiciones tales que sus caracteres sean fácilmente visibles y legibles."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley remitido por la Cámara de Representantes, referente a vehículos automotores y normas de empadronamiento. Sin duda, se trata de un tema hartamente conocido, no solo por los Legisladores sino por toda la población, puesto que durante mucho tiempo ha ocupado la atención de los medios de prensa bajo el título de, por ejemplo, "guerra de las patentes". En consecuencia, no voy a relatar todo lo que se ha hablado porque, reitero, es más que conocido.

A principios de este año, varios Legisladores nos interesamos por dar una solución legislativa al tema. Tan así es, que presentamos un proyecto de ley pero luego tomamos conocimiento de que existían dos o tres iniciativas similares en la Cámara de Representantes. Entonces, como en ella hay Diputados de todos los departamentos y este asunto tiene que ver con la cuestión departamental, planteamos la posibilidad de que el proyecto se dilucidara y afinara en ese ámbito. Me parece importante dar cuenta de estos antecedentes a los efectos de que se conozca cuál fue el proceso de esta iniciativa.

Por otra parte, es bueno aclarar que este proyecto de ley recoge intereses planteados en el propio Congreso de Intendentes, que consideró el tema en varias oportunidades. En una reunión realizada en Colonia, en diciembre de 2004, por unanimidad, designó una Comisión de técnicos para estudiar diversos temas, fundamentalmente el que tiene que ver con el régimen impositivo, aunque también quedó comprendido lo relativo a los empadronamientos. Aunque parezca obvio, este asunto había generado muchas discusiones y, en la práctica, lo que estaba sucediendo es que los vehículos se podían empadronar en cualquier lugar de la República, por lo que la gente lo hacía donde le resultaba más económico. Uno de los tributos que la Constitución permite recaudar a las Intendencias es, precisamente, la patente de rodados, pero sucedía que los beneficios resultantes para un departamento perjudicaban a otro; en definitiva, ese era el origen de la famosa "guerra de las patentes". Por lo expuesto, algunos Legisladores pensamos que esto debía tener un tratamiento legislativo nacional ya que se trata de un asunto de interés general, tal como se ha hecho con el certificado único municipal y algunas otras cuestiones.

No podemos desconocer que los vehículos automotores que son objeto del tributo tienen la posibilidad de desplazarse a lo largo de todo el territorio; quiere decir que no hablamos de un tributo que esté en un solo departamento. Por lo tanto, tomamos la limitación geográfica para asegurar que esta contradicción que se da dentro de la autonomía no perjudicara a nadie. Aquí vale recordar algunos antecedentes en cuanto a tratar de unificar algunos conceptos, como ocurrió con la Ley de Seguridad Vial. Es muy importante tener en cuenta que este tema había sido acordado en el Congreso de Intendentes, pero como éste no tiene potestades sancionatorias, simplemente quedó como un compromiso entre personas. Por lo tanto, ni bien alguien rompe ese compromiso, se vuelve a generar la discusión.

Insisto: todo esto fue lo que nos llevó a tratar de solucionar el tema a través de una ley nacional, ya que es un problema de interés general. Todos sabemos que esto genera irregularidades tales, como la de vehículos que circulan en un departamento con chapas vencidas pertenecientes a otro sin ser sancionados por ello, e incluso, el robo de automóviles. Pensamos que con este proyecto de ley todo ese panorama puede comenzar a revertirse.

El proyecto de ley tiene once artículos: el 1º, que hace referencia a que la potestad que la Constitución de la República otorga a los Gobiernos Departamentales de decretar y administrar recursos está limitada geográficamente por los hechos generadores ocurridos en su propia jurisdicción; el 2º, que establece qué Intendencia debe cobrar el tributo, cuyo hecho generador es el vehículo, tomándose a esos efectos el domicilio permanente de su titular. También hace consideraciones respecto a si el vehículo es destinado a una actividad laboral, así como si pertenece a un no residente, a personas jurídicas. Es decir que para cada situación se indica qué Municipio debe percibirlo. El artículo 3º determina qué elementos de probanza se deben presentar para acreditar el domicilio; el 4º refiere a las consecuencias que puede acarrear el ocultamiento o la falsificación de datos; el 5º reafirma que la autoridad competente en lo referente a matrícula o patente es el Gobierno Departamental; el 6º habla del empadronamiento de los vehículos de propiedad del Estado que no estén exonerados del pago del tributo; el 7º refiere a las violaciones a los preceptos de la presente ley; el 8º fija los plazos de regularización de situaciones; el 9º determina las sanciones a aplicar y el 10 prevé la realización de acuerdos entre Gobiernos Departamentales a los efectos de contemplar la situación de circulación habitual de contribuyentes con domicilios en sus respectivas jurisdicciones.

Creemos que con este proyecto de ley se avanza y que sería penoso que nuevamente estuviera en la discusión pública durante meses porque generaría situaciones inestables en cuanto a la recaudación de cada Intendencia Municipal, que después incidirían en la planificación de obras y de gastos que realice la Comuna de que se trate. En definitiva, el Intendente no sabría finalmente cuántos vehículos le tocarían en suerte, más allá de los que circulen por su departamento.

Creemos que este texto es respetuoso de la Constitución porque no viola la autonomía departamental, por lo que la Comisión aconseja al Cuerpo su aprobación.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: en nombre de la Bancada del Partido Nacional, solicitamos un cuarto intermedio de quince minutos.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la solicitud formulada por el señor Senador Da Rosa.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de quince minutos.

(Así se hace. Es la hora 11 y 18 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 11 y 43 minutos)

-Continúa en consideración el proyecto de ley por el que se establece un régimen para el empadronamiento de vehículos automotores.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: este proyecto de ley que contiene normas para el empadronamiento de vehículos es, a nuestro entender, negativo para el Uruguay, pues no solamente no soluciona el tema, sino que, por el contrario, dará lugar a enfrentamientos mucho más duros entre municipios, así como a la presentación de todo tipo de recursos contra una norma que será claramente inconstitucional.

La Constitución de la República no contiene ninguna disposición respecto a qué exigencias o requisitos debe cumplir un ciudadano a los efectos de empadronar o reempadronar su vehículo. En realidad, el establecimiento de los requisitos o exigencias a cumplir por parte de quien va a empadronar en una Intendencia, es materia o competencia privativa de la propia Comuna. En este sentido, el artículo 297 de la Constitución de la República determina que corresponde a las Intendencias decretar y administrar estos impuestos. Si admitimos que el Poder Legislativo pueda dictar normas referidas al cumplimiento de un re-quisito o exigencia relativo al empadronamiento, estare-mos violando lo establecido en dicha disposición cons-titucional. No hay absolutamente ninguna duda acerca de esto.

Quienes hemos defendido siempre la autonomía de los Gobiernos Departamentales, de ninguna manera podemos apoyar un proyecto de ley que claramente la desconoce cuando en su articulado contiene disposiciones que, en principio, son inconstitucionales y contrarias a Derecho y que se visualizan como violatorias, reitero, de la autonomía de los mencionados Gobiernos.

Sentimos que esta iniciativa va por un camino equivocado. Lamentamos el criterio que se sostiene y que, por otra parte, no soluciona en absoluto el problema de fondo, que se relaciona con el alto e injustificado valor que han experimentado las patentes de rodados en algunos departamentos del país. En las Intendencias de esos departamentos, el pago del tributo se ha vuelto prácticamente imposible para muchos ciudadanos y, por esa razón, emigran a otras comunas. Esta es la verdadera causa por la cual algunas personas empadronan en otros departamentos; en definitiva, lo hacen porque buscan mejores precios de patente, por motivos económicos. Ahora, en lugar de rever el costo de las patentes, dichas intendencias alientan la aprobación de una ley, para sojuzgar coactivamente a los ciudadanos, sin darles solución alguna.

Por mi parte, estoy absolutamente convencido de que el cambio necesario para poder dar una solución definitiva a este problema -por el cual hace décadas que estamos enfrentados- es procurar la aprobación de una ley constitucional que fije un valor único e igual en todos los departamentos del Uruguay. Me refiero a un valor que sea accesible al contribuyente en todo el territorio nacional. Sentimos que no es por la vía de la represión, del recorte de las libertades ciudadanas y de la violación del Derecho que se soluciona un problema como este, sino por la vía de la igualdad de oportunidades para todos.

Señor Presidente: quienes a lo largo de nuestra vida hemos tenido la oportunidad de ser dos veces Intendentes de un departamento -y aquí, en esta Sala, se encuentran presentes muchos ex Intendentes-, sabemos de este tema porque lo hemos vivido. Incluso recuerdo que una vez, siendo Presidente del Congreso de Intendentes, en Paso Severino conseguimos el apoyo de casi todas las Intendencias para fijar un precio único de patente, solución que, reiteramos, traería tranquilidad a todos y haría que nadie estuviera detrás de una pequeña ventajita; pero, lamentablemente, hubo una deserción, que fue la del departamento de Flores. De todas maneras, vivimos ese período con tranquilidad pues no hubo enfrentamientos ni se sacó ventaja alguna, como sucede actualmente en diversas Intendencias. Por eso digo que si se pudiera aprobar una norma con la anuencia lógica del Congreso de Intendentes -teniendo en cuenta que sus integrantes, al igual que nosotros, ven como única solución el establecimiento de una patente única-, llegaríamos a buen puerto. Ojalá que el tiempo pueda subsanar los enfrentamientos que existen actualmente -que indudablemente existen- y podamos llegar a una solución con una patente única, ya que sólo así este sistema representativo podría dar tranquilidad a todos, en un tema tan candente como este. Téngase en cuenta que permanentemente estamos molestando al ciudadano uruguayo y es lógico que cada uno busque, de acuerdo con sus posibilidades económicas, la mejor opción.

Muchas gracias.

16) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de diciembre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito a Ud. me conceda licencia por motivos personales, durante el día de la fecha.

Saluda a Ud. muy atte.

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE(Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 18. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Edgardo Carvalho, Felipe Michelini y Ricardo Alcorta han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la con-vocatoria al Cuerpo por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Antonio Gallicchio, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

17) VEHICULOS AUTOMOTORES

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Continúa en consideración del proyecto de ley por el que se establece un régimen para el empadronamiento de vehículos automotores.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: francamente, no esperábamos que este proyecto de ley se pusiera a consideración de este Cuerpo en el día de hoy, sino que pensábamos que su tratamiento tendría lugar el próximo 29 de diciembre; sin embargo, no ha sido de esa manera. Así, pues, la Bancada de Senadores del Partido Nacional nos hemos reunido para tratar de ponernos de acuerdo sobre una iniciativa que recién en estos momentos estamos mirando y estudiando.

Como decía el señor Senador Amaro, en este momento hay siete ex Intendentes en Sala, incluido el señor Presidente, de manera que este tema no nos resulta novedoso; ha sido objeto de consideración y de debate en el Congreso de Intendentes en innumerables ocasiones, pero nunca pudimos arribar a ninguna solución. En una primera instancia hubo un acuerdo de unificación de patentes, que creo que es a lo que todos queremos aspirar, porque resulta a todas luces injusto que las patentes de los vehículos tengan costos diferentes en el país, cuando los vehículos tienen el mismo valor y la base imponible es la misma. De modo que es hasta de justicia tributaria que la patente se unifique.

En el Congreso de Paso Severino se logró un acuerdo pero luego, por la tangente de algunas picardías, Flores, San José y ahora mi departamento, están siendo foco de la atención de los contribuyentes, que van presurosos a empadronar sus vehículos porque es donde menos pagan. Es un hecho que hay diferencias sustanciales en el valor de los tributos y, como el bolsillo no tiene color, frenteamplistas, colorados y blancos acuden a empadronar sus lujosos vehículos donde menos pagan. Esa es la realidad, y cualquiera que observe hoy las calles en los distintos departamentos del país puede ver cuál es la tendencia actual. Es lo mismo que miden las encuestas con respecto a la intención de voto; en el tema de las patentes, es contundente.

De manera que, evidentemente, ha quedado demostrado que el acuerdo no es la solución, porque el Congreso de Intendentes resuelve, pero sus decisiones no tienen carácter vinculante. Ahora se recurre, entonces, a la vía legislativa, al igual que se hizo en su momento en el tema del tránsito, aunque en esa instancia también objetamos la ley por inconstitucional, por entender que la facultad de establecer disposiciones en materia de tránsito en las vías departamentales es competencia y materia propias de los Gobiernos Departamentales. Sin embargo, hoy constatamos que quienes están encargados de aplicar esa ley, que son, en la mayoría de los casos, los Gobiernos Departamentales, no lo hacen, y no pasa nada. Por ejemplo, en mi departamento, Colonia, se discutió mucho sobre el casco de la moto, cuando había una norma departamental que lo imponía y el Intendente se peleó con mucha gente, pero ahora, que es ley nacional, nadie anda con casco, nadie enciende las luces ni nadie se pone el cinturón de seguridad dentro de las ciudades. Esto es lo que se ve en la mayor parte de los departamentos del país.

Entonces, queda demostrado que el hecho de dictar una ley no soluciona mágicamente los problemas, porque el tema es quién la ejecuta y quién controla la observancia de sus preceptos. Es cierto que en este caso hay dinero de por medio, de manera que es muy probable que sí se quiera aplicar esta ley, y tal vez ese sea el motivo de la urgencia en aprobarla. En mi caso, confieso que recién leí este proyecto en el día de ayer, y hoy ya se está aprobando; en estos días se va a promulgar y el plazo de que se dispone para regularizar los empadronamientos vence el 31 de diciembre de 2008. Es decir que aquellos que no cumplan con las disposiciones de esta ley, van a tener no más de doce días para regularizar su situación. Esto significa, lisa y llanamente, que el 2 de enero van a salir los inspectores a la caza de los automovilistas, porque los que fuimos Intendentes sabemos que mucha gente paga la patente anual en el mes de enero y que se empieza a recaudar después de Reyes, el día 7 u 8. Vale decir que los que tienen sus autos empadronados en otros departamentos ya verán, sobre todo en Montevideo, que se desplegarán los "zorros" por las calles y avenidas a la caza de los contribuyentes que no cumplen con las disposiciones de esta ley. En definitiva, hay poco tiempo para informar a la gente y para regularizar; sinceramente, no creo que las oficinas de las Intendencias den abasto para reempadronar los 200.000, 300.000 ó 400.000 vehículos que no cumplan con esta ley.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: por mi parte debo señalar que registré lo que manifiesta el señor Senador Moreira después de que el proyecto se aprobó en la Comisión, pero no tengo ningún inconveniente en que se cambie la fecha. El problema es que el proyecto se discutió durante un año en la Cámara de Representantes y, en un principio, esa fecha tenía una lógica; pero, obviamente, los señores Diputados no se dieron cuenta de que había que ajustarla. De manera que allí hay un problema que, en lo per-sonal -no sé qué piensan los demás señores Senadores-, no tengo inconveniente en ajustar, porque no hace a la sus-tancia de la ley; es simplemente un aspecto instrumental.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: simplemente me limitaba a anotar la fecha en que nos encontramos, que la aprobación va a sobrevenir hoy y que el plazo es absolutamente exiguo para cumplir con la ley. Además, me imagino que el cumplimiento de esta norma se va a comenzar a controlar de inmediato, teniendo en cuenta la realidad en esta materia.

El Partido Nacional va a votar en contra de este proyecto de ley, no porque no consideremos justo que la gente tribute en el departamento donde circula -porque utiliza su red vial y hay que hacer frente, además, a los gastos de señalización, a los inspectores de tránsito y a todas las erogaciones que le genera a una Comuna la circulación de los vehículos en las calles y en los caminos rurales de circunscripción departamental-, sino porque discrepamos con esta iniciativa por una razón constitucional, ya que hay un numeral del artículo 297 que expresa que serán fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales, decretados y administrados por éstos, los impuestos a los vehículos de transporte. Nosotros entendimos que al establecerse un criterio respecto a la circunscripción territorial, se está afectando esa potestad, esa autonomía tributaria de la que gozan los Gobiernos Departamentales.

Sé que en la Cámara de Representantes se plantearon argumentos en uno y otro sentido, pero nosotros contamos, incluso, con el informe del doctor Delpiazzo, así como con la opinión del doctor Risso Ferrand y de otros destacados especialistas en Derecho Público, que entienden que cualquier regulación en esta materia, aun cuando simplemente se fije la circunscripción territorial y no el monto -me parece que la señora Senadora Topolansky había presentado un proyecto de ley en el cual se establecía el mismo monto de patente para todo el país-, podría motivar una objeción constitucional. Esto podría darse para cualquier tipo de determinación, incluso la que estableciera, por ejemplo, dónde deberían estar domiciliados los contribuyentes.

Por otra parte, tenemos algunas otras objeciones que surgen en cuanto al propio texto de este proyecto de ley. El artículo 7º dice: "Podrá ser declarado nulo, a petición de parte interesada, todo empadronamiento de vehículos realizado por un Gobierno Departamental en violación grave a los preceptos de la presente ley.

Si las actuaciones antes referidas, constituyeran a su vez, presuntivamente, violación a la ley penal…" Quiere decir que aquí se está ingresando en un terreno que tiene que ver con la existencia de eventuales violaciones a la ley penal, por ejemplo, por falsificaciones ideológicas o de documentos. En realidad, estos temas se regulan por el Derecho vigente y no hay necesidad de hacer estas referencias ni estas remisiones; creo que esto es excesivo.

Vamos a ver cómo se llevará a cabo la aplicación práctica de todo esto y si se va a cumplir con esa información recíproca que deben proporcionarse las Intendencias. En lo personal, según la experiencia acumulada que tenemos, creo que esto no se va a cumplir.

Otro aspecto que nos llama la atención es lo que se establece en el artículo 9º, que dice: "Una vez transcurrido el plazo otorgado a que refiere el artículo anterior, y no habiendo el contribuyente procedido a regularizar su situación, las Intendencias que constaten tales irregularidades quedarán habilitadas para aplicar las sanciones correspondientes. En caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula y a iniciar las acciones judiciales que correspondan". En lo personal, me parece que este retiro, planteado por la vía administrativa, es absolutamente inconstitucional y no corresponde. Además, existe una ley que establece que ni siquiera se puede retirar la documentación, mientras que en esta iniciativa se expresa que, por vía administrativa, hasta se le puede secuestrar el vehículo a un ciudadano. Creo que esta facultad de retirar, de secuestrar un vehículo sin mandamiento judicial, es exorbitante. Lo primero que se hace es retirar el vehículo, luego la matrícula y recién después se pueden iniciar las acciones judiciales correspondientes.

A este respecto, prevengo al Senado que esto va a generar un montón de conflictos; quiero ver a la Intendencia que comience a aplicar esta norma, sobre todo, aquí en Montevideo, donde circulan decenas de miles de vehículos de otros departamentos. Como decía, quiero ver si se van a animar, sin orden judicial, a retirar el vehículo y la matrícula a un contribuyente. Creo que esto motivará diversas acciones de amparo porque, como dije, me parece que se trata de una facultad absolutamente exorbitante, ya que esto no se podría hacer ni por mandato de la ley. Considero que el retiro del vehículo solo procede con orden judicial y me parece que en estos casos se excedería esa facultad. Reitero que pienso que esto va a ser una fuente inagotable de conflictos. Creo que esto se pasa "de castaño a oscuro", sobre todo, teniendo en cuenta que hay muchas Intendencias que tienen sus propias normas dentro del ámbito departamental -no sé si es el caso de Montevideo- que establecen la potestad sancionatoria mediante multa, pero siempre acudiendo luego, para hacer efectivo el cobro o el secuestro de los vehículos, a la vía judicial y no a la administrativa. Cabe acotar que Colonia también tiene normas en esa materia, respondiendo a la defensa de los intereses de la Comuna, pero nunca autorizando estas medidas de corte tan drástico. Estoy hablando, reitero, de la habilitación de la vía administrativa y sin posibilidad de que el contribuyente acredite determinados extremos porque, ¿qué defensa de sus derechos puede hacer quien circula? Además, esto afecta un derecho constitucionalmente tutelado, que es el de la libre circulación. Tanto nos quejamos del corte de los puentes por parte de los argentinos, pero ahora, por la vía de esta ley, podríamos llegar hasta a coartar el derecho a la libre circulación. Digo esto porque un inspector municipal puede retirar un vehículo y comunicar al contribuyente que el mismo irá a parar a tal o cual depósito; después, esa persona tendría que pagar no sé qué monto para retirarlo.

En definitiva, quiero ver quién se va a animar a aplicar esta norma.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- El artículo 9º, que es al que hizo referencia el señor Senador Moreira, es el que habilita el procedimiento de las Intendencias con relación al retiro de circulación del vehículo de la vía pública. Esa disposición dice que las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública "depositándolo donde indique su titular". Quiere decir que se puede depositar el vehículo, por ejemplo, en el garaje de su casa, no va a un depósito judicial ni nada de eso. Si el titular expresa su voluntad de que el vehículo sea depositado, como dije, en el garaje de su casa, así debe hacerse.

Quería hacer esta aclaración porque este aspecto está bien claro en el texto de la disposición.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- De cualquier manera, el depósito implica, sin duda, la imposibilidad de circular porque, además, se le retira la matrícula. También puede suceder que el titular, por ejemplo, no tenga garaje, por lo que el vehículo va a quedar en la calle. Igualmente, considero que se trata de una medida de corte muy drástico; me parece demasiado. Este aspecto ya lo habíamos discutido, incluso, cuando se trató la Ley de Tránsito, oportunidad en que también se manejaron algunas posibilidades de detención de vehículos. Me parece que hay que amparar el derecho de circulación, así como también el de propiedad; estamos hablando de derechos que tienen tutela constitucional, por lo que tampoco se podría, por la vía administrativa, establecer estas limitaciones tan duras.

Como dije, me parece que este proyecto de ley se pasa de castaño a oscuro; vamos a ver cómo termina funcionando. Tengo grandes dudas de que esto se pueda llevar a la práctica. Si se aplica esta iniciativa de acuerdo a su letra fría, estoy convencido de que va a generar una conmoción enorme, sobre todo, teniendo en cuenta la fecha que se ha establecido como plazo; en el mes de enero, cuando muchos uruguayos estén de vacaciones, se van a encontrar con la desagradable sorpresa de que no van a poder circular libremente por algunos departamentos del país.

En definitiva, el Partido Nacional, en función de múltiples consideraciones, sobre todo de orden jurídico, va a votar en contra de este proyecto de ley.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: coincido totalmente con lo que ha manifestado el señor Senador Moreira.

Sobre el proyecto de ley, quiero agregar otro punto de vista pues me parece importante reflexionar aquí en Sala. Aclaro que esto es a título personal; en la Bancada del Partido Nacional tenemos muchos ex Intendentes que, a veces, por los requerimientos de la Administración, quizás no coincidan con la visión personal que voy a dar.

Creo, señor Presidente, que este proyecto de ley toma de rehén a la gente. Las administraciones municipales, sobre todo aquellas que no son eficientes, no pueden trasladar beneficios a los ciudadanos. Lo que hace este proyecto de ley es establecer que quien viva en Montevideo tiene que pagar en Montevideo lo que establezca Montevideo.

Por otra parte, cabe preguntarse si los aforos de los autos guardan alguna relación con la realidad. Habría que ver, en el caso de la patente, si tiene alguna similitud con la realidad, con el valor de mercado, con la devaluación de un auto. Sabemos que no, pero la persona igual tiene que pagar, está presa. En estos casos, no importa lo que vale el auto; quien determina ese valor es la Administración.

Me alegro de que el espíritu libertario del que tanto hablamos, no sea exclusivo de ningún partido y que se vea a los libertarios en todos los sectores. Sin embargo, la gente no es libre sino que está presa. Si hay una mala administración, como ha pasado y como sucede en muchos departamentos -no estoy haciendo juicio de valor con respecto a ninguna Intendencia-, esto se transforma en un recurso para el administrador. En ese caso, ¿quién paga? El ciudadano que no tiene defensa y que de esta manera lo estamos encerrando, pues antes tenía la posibilidad de irse a otro departamento donde le cobraran menos.

Aclaro que estoy en contra de la patente única -totalmente en contra-, porque siempre se trata de igualar hacia arriba, nunca a favor del ciudadano, que está castigado por los impuestos y que no tiene derecho a protesta. Ahora, queda encerrado en su departamento. Si hay una mala administración no tiene escapatoria y tiene que pagar o vender su auto. De esta forma, estamos haciendo un corralito y a mí, que tengo espíritu libertario, no me gusta. Me parece que se coloca al ciudadano en un estado de indefensión. No me parece correcto. Lo mejor hubiera sido ser buen administrador y bajar las patentes; tratar de atraer en una competencia. Acá se pagan menos impuestos, pero cuando las patentes se transforman en un recurso para pagar ineficiencias, naturalmente, se depende de ellas. Hay departamentos que siguen bajando las patentes. De esta forma, les sacamos la posibilidad de ser atractivos pero no por el tema de las administraciones -eso no me interesa porque es cuestión de cada uno de los jerarcas-, sino por los ciudadanos. Lo que sucede es que estos van a otros departamentos porque es más barato; ¡sí señor, porque es más barato!

Acá, en proporción, se está pagando el impuesto más caro que se impone a un vehículo; se paga mucho más por el auto que por una casa, como si fuera un artículo de lujo. Para algunos lo es, pero para otros es un medio de trabajo, pero no se toma en cuenta nada de eso. Como dije, el ciudadano está indefenso pero, además, le ponemos un corralito y lo perseguimos con los impuestos. A su vez, si manifiesta que no le pueden cobrar determinado impuesto porque el auto que tiene no vale US$ 10.000, US$ 15.000 o US$ 20.000 sino US$ 5.000, que es el valor de mercado, a la Administración no le importa y le dice que igual tiene que pagar. Ahora bien, si se dice que ese es el valor del vehículo, sería lógico que se estuviera dispuesto a comprarlo por ese monto. No; comprarlo por ese valor, no. Es como si se dijera: "Usted es un ciudadano que tiene que ser castigado y, si tiene vehículo, penalizado. En caso de que cuente con una vía de escapatoria, debe ser encerrado".

No estoy de acuerdo con la patente única ni con poner presos a los ciudadanos. Si bien es cierto que cada cinco años pueden votar, mientras pasa ese período tienen que estar presos como contribuyentes, sin ser valorados como tales sino, por el contrario, castigados. Es más, si tienen determinada propiedad hay que penalizarlos e, insisto en que se paga más por el auto que por la casa. A mi entender, es un concepto antiguo y vetusto dentro de la sociedad moderna actual. Después va a pasar lo mismo con las motos, con las bicicletas y con los ciudadanos de a pie. Al final, van a tener que crear un impuesto por pisar la vereda.

Me parece que no estamos generando las defensas que el ciudadano debe tener por parte de la Administración, sino que son presos de esta, que busca recaudar y no está dispuesta a atender sus requerimientos.

Es cuanto queríamos manifestar.

SEÑOR RAMELA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAMELA.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley que, claramente, me genera dudas conceptuales.

Comparto lo que dijo el señor Senador Amaro en nombre de nuestro sector, en cuanto a los aspectos formales. Asimismo, estoy de acuerdo con que esto de las patentes de rodados ya se parece a un culebrón venezolano y la población no tiene por qué seguir sufriendo. Está claro que la ciudadanía es rehén de una disputa totalmente absurda, que ya lleva años. En algunos departamentos, se cobran valores increíblemente altos por autos que se aforan en precios disparatados.

Acepto que, evidentemente, habría que intentar lograr algún criterio de domicilio para los que paguen porque estamos hablando de un impuesto, contribución o tasa que se aplicaría a quienes circulan más por determinados lugares.

Me gustaría enfatizar una precisión de tipo jurídico, que creo que no es menor. Al leer el proyecto de ley, se puede generar la duda -para mí se genera claramente- de a quiénes abarcaría la norma. De las palabras del señor Senador Moreira, referidas al artículo 8º, parecía que podría abarcar a todos los vehículos que contraríen este régimen, y así parece desprenderse también del artículo 7º, que dice que incluirá a todo el mundo. Sin embargo, esa sería una opción en la que se abarcaría al universo de vehículos. Por tanto, el señor que haya empadronado un autito en el año 1960, en función de que ahora cambia la tipificación del hecho gravado o la ubicación física que genera la imposición tributaria, tiene que reempadronar su vehículo. Sin embargo, el artículo 8º, cambiando lo que decía el proyecto de ley original, que indicaba que todos los vehículos que estuvieran en contra de la ley tendrían un plazo de seis meses para regularizarse, ahora establece que hay un plazo -absurdo, como bien señalaba el señor Senador Moreira- solo para los vehículos que se empadronaron o reempadronaron a partir del 1º de enero de 2008. Por tanto, el intérprete puede decir que este proyecto de ley, a partir de este artículo, indirectamente está queriendo decir que los que estaban antes empadronados no tienen ni media hora para reempadronarse, porque no están alcanzados por la norma y que rige exclusivamente para los casos de vehículos empadronados o reempadronados a partir del 1º de enero de 2008. Esa interpretación es posible a partir del artículo 8º, pero no es necesaria, clara, absoluta o terminante, por lo que de esta manera dejamos planteada una duda realmente importante.

Hace un rato consulté al señor Miembro Informante y parece que la voluntad es que con este nuevo régimen se abarque a los vehículos empadronados a partir del 1º de enero de 2008 pero, si es así, para que cada conductor no deba convertirse en un letrado que tenga que discutir con el inspector de turno, lo mejor sería que la ley lo estableciera expresamente, diciendo que esta ley se aplica para los empadronamientos posteriores al 1º de enero. Lo que de alguna manera quiere decir el artículo 8º es que se establezca en forma clara y precisa y no de manera indirecta. Ahora bien, si se lee el artículo 8º y luego el resto del articulado, queda la duda porque parece que abarca a todo el mundo. Por otra parte, se produciría la incoherencia de que a los que empadronaron después del primero de enero de 2008 les estaríamos dando un plazo de doce días -creo que son cinco o seis días hábiles- para empadronar, pero a los que lo hicieron en el año 2000 ó 2003, como la ley cambia criterios -quiere decir que lo pueden haber hecho bien en esa oportunidad, pero no estarían ahora correctamente empadronados-, no les estaríamos dando ni diez minutos para reempadronar.

Un argumento que se me puede dar es que la ley nunca tiene efecto retroactivo, pero eso jurídicamente no es válido porque aquí se está cambiando la tipificación de un hecho generador en cuanto a su ubicación geográfica. Por lo tanto, hay una nueva definición del impuesto, que a partir de ahora gravaría a todos los vehículos por igual. Por lo tanto, si queremos establecer una limitación temporal, tal como sugiere el artículo 8º, habría que decirlo expresamente. Eso sería lo más razonable y sensato para no generar dudas interpretativas y evitar que este tema se tenga que solucionar mediante discusiones con los inspectores que detienen a los vehículos para aclararles que, como el empadronamiento es anterior al año 2008, no pueden retener el vehículo, cosa que es probable que los inspectores no tengan claro.

Tampoco corresponde que cada Intendencia interprete este punto a su parecer, porque hay competencia municipal, pero debemos respetar una competencia nacional coherente, justa y equitativa.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: este tema de la famosa patente de rodados tiene una larga historia y este proyecto de ley, obviamente, está referido al problema, en tanto busca una solución a través de una reglamentación y de una legislación, específicamente sobre el concepto de domicilio, pero claramente alude a la forma de recaudación del tributo. Naturalmente, uno aprecia el proyecto de ley en el sentido de que trata de establecer un criterio para neutralizar la mudanza que existe periódicamente, de contribuyentes que van de un departamento a otro según el valor de la patente y que, tal como expresaba el señor Senador Moreira, no tienen color partidario, ya que lo hacen los blancos, los colorados, los frenteamplistas y los independientes, en función del interés del bolsillo.

Como señalaba anteriormente, este tema tiene una larga historia, ya que cuando se creó el Congreso de Intendentes, fue uno de los primeros asuntos que se empezaron a discutir. Es más, durante la dictadura se intentó lograr un acuerdo, pero ni los propios interventores de la época -que en su mayoría eran Coroneles- pudieron ponerse de acuerdo. El tema se siguió considerando durante muchos años y los 19 Intendentes de entonces hicimos el intento que mencionaba el señor Senador Amaro, reuniéndonos en Paso Severino, Florida, para firmar un acuerdo de coordinación a los efectos de establecer un valor único. Sin embargo, a pesar de que el acuerdo fue refrendado por los 19 Intendentes del momento, a las primeras de cambio tuvimos la dificultad de que la Junta Departamental de Flores no avaló el acuerdo firmado por el Intendente en Paso Severino. Por ese motivo, el valor de la patente del departamento de Flores ya fue diferente y, aunque los demás Intendentes cumplimos, comenzó una migración y una corrida de vehículos hacia ese departamento; seguramente, muchos recordarán que en aquel momento prácticamente la mitad del país tenía su vehículo empadronado en el departamento de Flores. Eso continuó ocurriendo, porque al ir cambiando las administraciones municipales y los Intendentes, también fueron variando los criterios. Actualmente, se ha tomado una medida de ese tipo en el departamento de Colonia y no descartamos que en el próximo período, con otros Intendentes, se tomen medidas aún más drásticas en otros departamentos. Por eso no comparto la idea que algunos manejan, de que se establezca la libertad absoluta, que no haya coordinación y que cada Intendente fije el valor de la patente que quiera. Eso lleva inevitablemente a una puja de mercado que, si uno analiza con cierta lógica esa tendencia y la historia de este tema, puede provocar que se alcance un valor irrisorio para las patentes, porque cada uno va a querer bajar más que el otro para captar más vehículos que los otros departamentos. Por lo tanto, la solución no es que cada Intendente, en función de sus necesidades financieras, fije el valor que quiera. En cierta medida, eso es lo que ha estado sucediendo porque, a pesar del acuerdo de Paso Severino -muchos de los que aquí se encuentran y son ex Intendentes lo recordarán-, sabemos perfectamente que por la vía de las bonificaciones que se dan por concepto de pago contado, de buen pagador, etcétera, se neutralizan los efectos del acuerdo de patente única, porque cada departamento tiene autonomía y fija las bonificaciones de buen pagador o de pago contado según su propio criterio. Hay Intendencias que dan el 5% de bonificación y hay otras que dan el 15% o el 20%, lo cual naturalmente incide en el precio final del tributo.

El problema es que tenemos una legislación y una solución constitucional -porque además está consagrada en la Constitución de la República- que es propia del tiempo de los Ford 8, que difícilmente salían de un departamento para circular por otro. Las rutas eran mucho más precarias, no se conocía el pavimento bituminoso y la tecnología de los vehículos no daba para que hicieran -por lo menos con cierta frecuencia- grandes recorridos. Sin embargo, todos sabemos que hoy, con las carreteras con pavimento bituminoso y carpeta asfáltica, y la tecnología de los vehículos que circulan en la actualidad, es muy fácil y hasta habitual que cualquier vehículo transite en una mañana por tres o cuatro departamentos diferentes y lo haga muy frecuentemente. Esa es la realidad de la vida cotidiana.

El gran problema es que el numeral 6) del artículo 297 de la Constitución dice claramente que dentro de los impuestos que constituyen fuentes de recursos de los Gobiernos Departamentales está el tributo a los vehículos de transporte. Creo que no vamos a encontrar una solución definitiva a este tema mientras no se elimine esto en alguna reforma constitucional o se agregue alguna norma a la Carta que diga que se podrá legislar el tema o que el tributo de patentes de rodados tendrá la misma solución que la contribución inmobiliaria rural, en la cual la alícuota o la tasa correspondiente es fijada por el Gobierno Nacional y la cobra o percibe el Gobierno Departamental. Esa fue una forma de lograr la unificación de los criterios para zanjar definitivamente este problema.

Sin embargo, respetando la intención que existe de encontrar una solución, el problema que le veo a este proyecto de ley es que tiene aristas que rozan el principio de autonomía en tanto sigan existiendo normas constitucionales que protejan el carácter de fuente autónoma de recursos, de la patente de rodados.

Por otra parte, creo que es de muy difícil implementación, porque va a ser sencillo que un Intendentes aplique a rajatabla las normas que aquí están establecidas, a pesar de las facultades que consagra la ley. Además, cada departamento tiene su peculiaridad y sus realidades y todos sabemos que no es muy sencillo para una Intendencia -no excluyo a ningún departamento; incluyo, también, a Montevideo- tomar medidas como las establecidas en este proyecto de ley.

Por lo tanto, no vemos que el proyecto de ley tenga viabilidad práctica y, a nuestro entender, al querer definir el concepto de domicilio a los efectos fiscales de la recaudación de la patente de rodados, roza las normas constitucionales vigentes. Creo que sí tenemos que buscar una solución; el sistema político tiene que buscarla y, además, tiene que ser racional, sensata y adecuada a los tiempos que estamos viviendo. Por definición, en muchos aspectos soy defensor a ultranza de la descentralización, y creo en ese sistema, pero también entiendo que hay aspectos en los que tenemos que encontrar criterios generales y nacionales, entre otras cosas porque el problema es que el vehículo transita, se mueve, y las tecnologías y las rutas le permiten que lo haga con una frecuencia y una intensidad tales, que hacen muy difícil para el Estado Nacional y, en particular, para los Gobiernos Departamentales, encontrar mecanismos de "potrero" -si se me permite la expresión- para encasillarlos en cada departamento, por más poderes y facultades que se quieran establecer en un proyecto de ley.

Creo que esta es una de las deudas que tiene el sistema político y para solucionarla se requiere de un eventual retoque a la Constitución de la República en el futuro, porque considero que es la única forma de encontrar una solución que permita realmente zanjar este problema; todo lo demás que se ha intentado como, por ejemplo, el trabajo coordinado entre los Intendentes, se ha hecho con la mejor intención de lograr acuerdos, pero lamentablemente la experiencia indica que no se han podido concretar y que, por el contrario, frecuentemente son violados y transgredidos.

Otro criterio que se ha manejado -que es el de la libertad absoluta, según el cual cada Intendente fija el valor que quiere- tampoco responde a los términos de los tiempos que estamos viviendo, debido a que implica una competencia feroz y, si se aplica con la lógica que tendría que instrumentarse, su resultado sería el de un tributo insignificante. Sin embargo, todos sabemos que la patente de rodados, junto con la contribución inmobiliaria -además de las transferencias nacionales-, son los dos grandes pilares financieros de las Intendencias Municipales.

Es bueno señalar también que aquellas Intendencias que hace cuarenta o cincuenta años dependían en un 15% o en un 20% de las transferencias nacionales, desde hace varios años dependen prácticamente en un 50% debido a que, como es notorio, han incrementado sus competencias y atribuciones, muchas de las cuales son ejercidas en sustitución de las que tendría que cumplir el Gobierno nacional. Lo que sucede es que, en los hechos, el Gobierno nacional no puede cumplir con ellas, o la burocracia traba la ejecutividad que los organismos nacionales deberían tener para resolver esos problemas; es por eso, y por la presión de los vecinos, que al final las Intendencias terminan solucionándolos. Al mismo tiempo, las necesidades en materia de recursos pasan a ser más grandes y más fuertes.

Quienes hemos ocupado el cargo de Intendente conocemos la desesperación que se vive por la percepción de recursos y somos conscientes, también, de que la patente de rodados sin dudas es un tributo importante dentro de la estructura, dentro del equilibrio y en la ecuación financiera de cualquier Comuna.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Mujica)

-De manera que esas son las razones por las que no vamos a acompañar esta iniciativa, pero queríamos llamar la atención sobe el hecho de que tarde o temprano vamos a tener que buscar una solución al más alto nivel que permita zanjar este problema, ya sea eliminando la norma que establece que la patente de rodados es un tributo a percibir por cada departamento, o instrumentando una disposición que habilite algo similar a lo que la Constitución de la República prevé para la contribución inmobiliaria rural, donde la fijación del tributo es de carácter nacional, mientras que la percepción es departamental.

Muchas gracias.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: hace aproximadamente un mes, vi en el noticiero de la televisión a una vecina de Maldonado que tiene casa en Piriápolis, expresar que había sido embargada por circular en Montevideo con un auto matriculado en ese balneario. Esta señora, que también tiene casa en Montevideo, demostraba con sus recibos de luz y de agua que tiene residencia en los dos departamentos. Al parecer, ahora tiene un problema enorme debido a que fue embargada por la Intendencia Municipal de Montevideo y tenía que gastar no sé cuánto para levantar el embargo, a lo que se agregan todas las complicaciones que ello implica.

Este no es el único caso, pues hay decenas de vecinos que están enfrentando las mismas vicisitudes. ¿Producto de qué? De una vieja historia relacionada con la guerra de las patentes que, por cierto, no se resuelve con esta iniciativa. Por supuesto, es necesario encontrar una solución, pero no podemos admitir que se tome al vecino de rehén.

En oportunidad de estar al frente de la Intendencia Municipal de Maldonado, tuvimos un duro enfrentamiento con la comuna montevideana. En aquel momento se puso en práctica una política "de apriete" como forma de obligar a trasladar las patentes hacia ese departamento, pero sin razón, porque no existe nada que diga que uno tiene que tener una vivienda de primera y otra de segunda. En otras palabras, se puede ser residente permanente de Montevideo y, al mismo tiempo, manifestar la voluntad de vivir en Maldonado en determinados días del año.

Con ese argumento, en Montevideo se empezó a retirar las patentes a este tipo de vecinos. Mucha gente se sintió presionada y se asustó, pues se sabía que en la calle se perdía el tiempo y la intención era no discutir con los inspectores que aplicaban esa norma con rigidez. Ante esto, para no tener complicaciones y poder sentirse libres, a veces aceptaban hacer el traslado de la patente a Montevideo. Pero lo cierto es que esto fue bajo presión y, sin duda, se violaron derechos. En esa instancia mucha gente empezó a defenderse y a comprender que el origen de este tema es otro. En mi opinión, acá hay que hablar bien claro: este proyecto de ley es presentado por quien en aquel entonces era Director de Hacienda de la Intendencia Municipal de Montevideo y llevó adelante esa guerra de patentes que a Maldonado le costó la pérdida de diez mil patentes y de US$ 15:000.000. En ese período, entonces, también vimos cómo se perjudicaban las arcas de nuestro Gobierno Departamental; concretamente, me refiero a los años 2001 y 2002, por cierto, años muy difíciles.

Pues bien, ¿qué pasaba? Maldonado nunca había dejado de cumplir los acuerdos celebrados en el Congreso de Intendentes; desde el que se hizo en Paso Severino hasta el día de hoy, siempre cumplió con todo lo acordado por los Intendentes. La diferencia es que cuando el Congreso autorizaba a aplicar un aumento de entre el 5% y el 10%, Maldonado fijaba el 5% y Montevideo el 10%; cuando al otro año el porcentaje oscilaba entre el 10% y el 20%, Maldonado aplicaba el 10% y, Montevideo, el 20%. De manera que en Maldonado siempre aplicábamos el porcentaje menor, defendiendo al vecino. Esto no pasó solo en el período en que fui Intendente, sino que en administraciones anteriores se siguió el mismo criterio. Es así que se fueron separando los montos de las patentes de rodados, pero nunca fue por violación de las normas. De modo que no hubo otra intención más que la de cumplir los acuerdos.

Fue así como se produjo la gran diferencia entre las patentes de uno y otro departamento, porque en Maldonado se otorgaban los máximos descuentos a los buenos pagadores, mecanismo que no se utilizó en Montevideo. Seguramente Montevideo tendría otras prioridades; por ejemplo, en materia presupuestaria, debía cumplir con otras obligaciones que no tenía la Intendencia Municipal de Maldonado. Y acá empieza la guerra de las patentes.

Por lo tanto, no podemos pretender elaborar una ley para emparejar hacia arriba pues en realidad, perfectamente, por medio de una mejor y más competente administración, se podrían estabilizar los precios de la patente con una tendencia hacia abajo, porque ese es un derecho de los vecinos. No puede ser que un impuesto como el de la patente de rodados, por un vehículo de US$ 10.000, de US$ 15.000 o de US$ 17.000, se pague ocho o diez veces más alto que de contribución inmobiliaria de una vivienda. En verdad, no es correcto, y es obvio que la gente no lo comprenda.

Por su parte, mediante este proyecto de ley, lo que se hace es establecer un "corralito" por el que se obliga a la gente, tal como señalaba el señor Senador Heber, a quedar embretada en su departamento. Si las administraciones son malas, si gastan mal sus recursos, si no cuidan sus ingresos o si hacen convenios que no corresponden y dan regalías para todos lados, incumpliendo luego esos convenios y volviendo a refinanciar con regalías aún mayores, el vecino no tiene por qué estar pagando esas ineficiencias. Sin embargo, ahora se pretende arreglarlo por ley y se va a obligar a cada uno a quedar embretado en su departamento, sin tener libertad. Por suerte se hicieron algunas correcciones que permiten reconocer los lugares de trabajo y la residencia de veraneo; por suerte, a pedido de algunos Intendentes del Este del país, se hizo esa modificación que creo mejora en algo el proyecto de ley. De todos modos, la iniciativa es violatoria de la potestad que tienen los municipios para manejarse autónomamente.

Nosotros no estamos de acuerdo con el fondo del proyecto de ley, pero tampoco compartimos ese "corralito" que llega por mala administración y por aplicar el criterio de cobrar siempre de más. Acá el vecino es el que paga, es el factor de ajuste, cuando no debería de ser así. El vecino es el que va a ser presionado en la calle a partir del 1º de enero del año que viene porque, sin duda, esta ley le va a dar mil argumentos a los inspectores para presionar de nuevo al contribuyente y quitarle la matrícula si así lo considera.

¿Quién es el que decide lo de la residencia? El que tiene el poder en la calle, en la circulación, es decir, el inspector que detiene al vecino, a veces haciéndolo de a tres o de a cuatro. Entonces, los vecinos van a tener que salir del interior para Montevideo llevando en un bolsillo su billetera con los documentos y, en el otro, el recibo de UTE, de ANTEL o un certificado de escribano que le permita circular con libertad por las calles de la capital. No lo hacemos así en Maldonado, cuando desde todo el país la gente va a veranear y no les pedimos que nos digan a qué lugar pertenece; circulan libremente por las calles de Maldonado y gastan su pavimento sin que les digamos nada.

Este impuesto, además, no es una tasa de circulación tal como se lo pretende vender a la opinión pública, argumentando que es una tasa y que por ello hay que pagarla en el lugar en que se reside; esto es, reitero, un impuesto que se cobra en función del valor del vehículo y, en consecuencia, no se puede permitir que se quite a los municipios la posibilidad de decidir autónomamente la recaudación y la confección de su presupuesto en función de sus legítimos recursos. Nunca se debe tomar al vecino como factor de ajuste, y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora y a lo que nos estamos resistiendo.

Creemos que este proyecto de ley es injusto, que va a ser motivo de discusión en la calle y que va a permitir arbitrariedades de todo tipo y color, ya que será aplicado en mayor o menor grado en función de que los números de cada Municipio cierren o no.

Es cuanto tenía para decir.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Como Miembro Informante del proyecto de ley quiero señalar, en primer lugar, que está claro que esta ley regirá para los diecinueve departamentos. Aquí no se trata de un problema de Maldonado o de Montevideo; la ley va a regir para Artigas, para Rivera, para Flores, etcétera, es decir, para todos.

En segundo término, ¿cuál es el fin de este tributo? Justamente, se trata de mantener la red vial y, en ese sentido, se supone que si uno vive en un departamento, ese es el lugar en el que usa más su vehículo. Ahora bien, la autonomía se introduce en un departamento, sale para otro; yo no me voy a meter ahora en honduras constitucionales, pero eso se percibe fácilmente. Tampoco es bueno mezclar en esta discusión el tema de la mala administración que puedan realizar los Gobiernos Departamentales; puede haber buenas y malas administraciones, pero los ciudadanos, a la hora de votar, las evaluarán y tomarán sus decisiones.

Por otro lado, la patente unificada por una ley constituyente, tal como lo plantea el señor Senador Amaro, podría haber sido una salida, pero como se ha transformado en un valor de mercado y los contribuyentes terminan yendo al mejor postor -como si uno fuera a comprar un par de zapatos y mirara primero los precios en las zapaterías-, ha quedado totalmente desvirtuada como tributo. En consecuencia, la patente unificada podría arreglar esto, pero si no se exige el empadronamiento en el departamento, la persona puede decir que no le gusta el Intendente porque no es del mismo "pelo político", y como la patente cuesta igual en el departamento vecino, decide darle unos pesos a ese que sí es de su partido. El uruguayo procede así. También puede plantearse el caso de una persona que compra un vehículo en otro departamento y, para no hacer el trámite, lo deja empadronado allí porque cuesta lo mismo. Todas estas cosas pasan y hay muchas triquiñuelas que son bien conocidas.

Por lo tanto, por ahí tampoco va la solución; capaz que con este proyecto tampoco solucionamos demasiado, pero estamos empezando un camino -esa es la importancia de esta iniciativa- para ir reglamentando y acomodando la situación. Por supuesto que después tenemos todo el tema de las bonificaciones, como ocurre, por ejemplo, con la contribución inmobiliaria rural, que es fijada por el Poder Ejecutivo, aunque luego las Intendencias pueden dar bonificaciones, ya sean descuentos o amnistías. Lo cierto es que como no puedo mudar el padrón de departamento, me toca la decisión del Intendente del lugar en el que estoy.

Es decir que siempre va a haber un determinado tipo de problema y esto tiende a dar una mirada un poco más racional sobre algo que, evidentemente, los Intendentes no han logrado resolver en el Congreso. Resuelven, pero después no cumplen, y entonces, de hecho, no resuelven. Nosotros creemos que esta es una primera experiencia y que se va a empezar a regular.

Con respecto al artículo 8º, teníamos alguna dificultad de redacción y dudas con respecto a la fecha por lo que, conversando con el señor Senador Ramela, planteamos una redacción que aclara esos puntos y que ya está distribuida. Veíamos que, en realidad, las patentes más "sabrosas" para los Intendentes son las de los vehículos nuevos. En consecuencia, propondríamos que se incorporara esta nueva redacción para el artículo 8º. Y ya que vamos a hacer ese cambio y el proyecto de ley tendrá que volver a la otra Cámara, planteamos también la corrección de un problema de redacción en el artículo 11, porque dice: "El Poder Ejecutivo podrá reglamentar", cuando debería decir: "El Poder Ejecutivo reglamentará".

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Me interesa la discusión sobre este tema, porque no es un asunto menor; es un tema importante porque refiere a las posiciones en que unos y otros nos ubicamos frente a determinadas situaciones.

Descarto aquí el tema de las intenciones y, además, el Reglamento lo establece claramente cuando refiere a no prejuzgar intenciones a la hora de debatir. En ese sentido, admito que lo que se busca aquí, esta tarde, es salir de un lío histórico, lo que no deja de ser una buena cosa, aunque se puede salir bien o mal. Pero también debemos tener presente que hay situaciones de ciudadanos que aportan a municipios que destinan el 80% o el 90% de sus recursos al Rubro 0, y aclaro que no estoy haciendo alusiones a Montevideo, sino que estoy hablando de la Administración. Entonces, ¿en qué quedó eso de que el que circula con un auto está contribuyendo a que el pavimento sea el correcto? Eso no es verdad porque el 80% o 90% se dedica a sueldos o a otros requerimientos. Eso se podrá justificar o no, pero lo cierto es que no se convierte en obras, porque para ello queda un 10% o un 20%. Creo que si ese dinero se destinara a obras, mucha gente contribuiría sin tanta protesta.

Por otra parte, no se puede aislar el tema de la administración, del de los impuestos. Imponer el "corralito" es decirle al contribuyente que no se le va a devolver nada y que se le va a seguir sacando porque tiene que contribuir para pagar los sueldos municipales, que son muy buenos. Claro, eso lo hacen con la plata de otros y no con la de ellos. Además, ¿no se han pagado deudas históricas por cifras multimillonarias a los Municipios? Esa es la verdad que hay detrás de todo esto. Insisto con que, en muchas Intendencias, lo que aporta el contribuyente por ese concepto no regresa en obras de infraestructura. ¿Esto habla mal de los Gobiernos Municipales? No, porque creo que los Gobiernos Municipales tienen un rol fundamental en la calidad de vida de su gente y tienen que defender al contribuyente que quiere que parte de lo que aporta por concepto de patente o contribuciones inmobiliarias urbanas o rurales, regrese en obras. Sin embargo, la mayoría de las veces no es así. Por ello creo que fue buena la reforma política que separó las elecciones municipales de las nacionales, porque en las primeras se juzga la administración.

Entiendo muchos de los argumentos expuestos sobre la importancia de los Gobiernos Municipales; entonces, que realicen obras, y que no paguen con dinero ajeno mejores sueldos o sueldos privilegiados porque, si los comparamos con los de la Administración Central, son los que quisiera tener todo el mundo. ¡Con la plata ajena es muy fácil! Por todo lo dicho, creo que no está de más hablar de la Administración y de lo que esta dedica, con el dinero de los contribuyentes, a realizar obras. A nuestro juicio, esa es la base de la discusión que se tiene que dar en el día de hoy.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: concuerdo totalmente con las afirmaciones realizadas por la señora Senadora Topolansky por cuanto se trata de un proyecto de ley que -discutible o no- está pensado para los diecinueve departamentos, es decir, para el país en su conjunto. También concuerdo con muchos de los señores Senadores preopinantes -pertenecientes a mi organización política y también a otras-, quienes han señalado que la presente es una situación absolutamente aberrante. Este tema ha llevado a que muchos de nosotros -hablo de quienes fuimos compañeros en el Congreso de Intendentes- hayamos dicho, en múltiples ocasiones, que este asunto generaba cierta hilaridad a nivel de la ciudadanía. No fuimos capaces, por incompetencia o por otras razones que no vale la pena calificar, de establecer un sistema razonable y equilibrado. Debemos decir la verdad, porque aquí se ha hecho mención específica a algunos de los departamentos, como el de Montevideo, y en ese sentido quisiera dejar sentadas algunas puntualizaciones.

Debemos recordar que las capitales -no solo las de América Latina- deben dar respuesta a una multiplicidad enorme de requerimientos de la población que allí se concentra. Podríamos pensar en Buenos Aires, París u otras ciudades cuya relevancia implica que los gobiernos les transfieran un apoyo por las responsabilidades que estas tienen a nivel nacional. Quiero dejar constancia de que permanentemente he defendido la descentralización y el derecho de todos los gobiernos departamentales a reivindicar los recursos genuinos de cada uno de los departamentos del país por considerar que es de estricta justicia.

También estuve asistiendo a la Comisión Sectorial que se ocupaba de los problemas de descentralización, primero como Intendente y luego como Ministro. Reitero que siempre defendí la descentralización y los recursos genuinos que le corresponden a los distintos departamentos de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Siempre traté que hubiera reglas de juego claras y transparentes y me alegra poder decirlo en este ámbito en el que se encuentran colegas de mi organización política y otros pertenecientes a otras colectividades.

Quienes han estado trabajando estos últimos años en la Comisión Sectorial, que funciona dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, saben ahora que esas reglas de juego claras y transparentes se han instrumentado por primera vez y que se transfieren puntualmente los apoyos económicos que corresponden a todas las Intendencias. Bien decía el señor Senador Da Rosa, que tales transferencias para algunos departamentos son altamente significativas. En muchas oportunidades manifesté -y es de lealtad señalar que fui respaldado por todos los colegas del Congreso de Intendentes- que Montevideo había sido sometida a una grosera discriminación, por lo menos en dos aspectos. Uno de ellos era la forma en que dicha Intendencia tenía que cumplir con las aportaciones patronales al Banco de Previsión Social. Esto no me pareció mal, pero discrepaba con el hecho de que sólo una Intendencia pagaba un determinado porcentaje, mientras que el resto no pagaba absolutamente nada. Siempre se adujo que había una diferencia de tres puntos -del 19,5% al 16,5%- en lo referente a las aportaciones patronales, pero en los hechos la Intendencia de Montevideo aportaba el 19,5%, mientras que las otras, 0%; y todavía esa situación no llegó a resolverse plenamente; está por resolverse.

La otra gran discriminación se consagró con la aprobación de la ley que, a mi entender, era totalmente injusta, que era la que exoneró al gobierno central del pago de los tributos que le correspondían a las Intendencias. Obviamente, esto estaba dirigido a aquella que podía cobrarlos por concepto de contribuciones inmobiliarias y patentes de rodados.

De forma muy clara se aludió a la Intendencia de Montevideo, pero este proyecto de ley está destinado, como bien lo señaló la señora Senadora Topolansky, a resolver o tratar de avanzar en la resolución de un problema que atañe a todas las Intendencias, más allá de cualquier bandería política. Es un avance para tratar de terminar con las formas de competencia desleal que, notoriamente, se han registrado en las últimas décadas.

Por todo lo dicho, voy a votar con mucha convicción lo que sería una aproximación a una solución porque estoy seguro de que este proyecto de ley deberá ser perfeccionado. También me parece pertinente votar la sugerencia que de común acuerdo propusieron la señora Senadora Topolansky y el señor Senador Ramela.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores inscritos, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-15 en 21. Afirmativa.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: vamos a proponer que se incorporen las dos modificaciones, la del artículo 8º -que está distribuida- y la del artículo 11, que es de redacción: donde dice "El Poder Ejecutivo podrá reglamentar", debe decir "El Poder Ejecutivo reglamentará".

Formulamos moción para que, con esas dos modificaciones incorporadas, se vote en bloque el articulado, eliminándose la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por la señora Senadora.

(Se vota:)

-15 en 21. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el articulado del proyecto de ley, con las modificaciones a que se ha hecho referencia.

(Se vota:)

-15 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º.- De acuerdo con el numeral 20) del artículo 85 de la Constitución de la República, interprétase que la potestad de los Gobiernos Departamentales de decretar y administrar recursos (artículo 297 de la Constitución) está limitada geográficamente por los hechos generadores ocurridos en su propia jurisdicción.

ARTICULO 2º.- En aplicación de lo establecido en el artículo precedente y en función del interés general los tributos a los vehículos de transporte (numeral 6º) del artículo 297 de la Constitución de la República) configurarán el hecho generador del tributo en el domicilio permanente del titular del vehículo.

Para las personas físicas el domicilio permanente será aquel en el que tiene la residencia con ánimo de permanecer en ella de acuerdo con lo dispuesto en el Título II del Código Civil en lo que sea pertinente y no se oponga expresamente a las previsiones de esta ley.

Sin perjuicio de ello, en caso de tener actividades laborales o intereses económicos en otra jurisdicción que se relacionen con la circulación habitual de los vehículos empadronados o a empadronar podrán optar por radicarlos en la jurisdicción de esa actividad laboral o interés económico.

Se entenderá que el contribuyente no residente en el territorio nacional debe empadronar sus vehículos en el domicilio o residencia donde más tiempo permanezca en el país o en el lugar donde radique el núcleo principal de sus propiedades inmobiliarias o la base de sus actividades o intereses económicos o vitales.

Para las personas jurídicas el domicilio permanente a los efectos del empadronamiento de vehículos será donde radique la base de sus actividades o de sus intereses económicos, pero en el caso de que alguno de sus vehículos tenga exclusivamente relación con una de sus sucursales o dependencias en otro departamento, este último será el lugar para el empadronamiento.

En los casos previstos por la Ley Nº 16.072, de 9 de octubre de 1989 y modificativas, el domicilio a considerar corresponderá al del usuario del vehículo. No obstante, la institución financiera interviniente deberá requerir de su contratante la acreditación fehaciente del domicilio que denunciará para el empadronamiento.

El Poder Ejecutivo, en función del interés general y con el asesoramiento del Congreso de Intendentes, podrá establecer en la reglamentación los parámetros de tiempo y condiciones que determinarán la habitualidad de la circulación, cuando haya pluralidad de domicilios o ésta no coincida con el domicilio del titular.

ARTICULO 3º.- Los sujetos pasivos del tributo presentarán en la Intendencia pertinente declaración jurada y certificado notarial acreditando el domicilio que configure en el departamento el hecho generador del gravamen sobre el vehículo correspondiente. El certificado notarial podrá ser sustituido, ampliado o actualizado por otros medios probatorios como ser constancias de domicilio debidamente controladas, facturas de servicios públicos u otros documentos de actividad o de intereses económicos que expresen en forma fehaciente el domicilio particular o laboral del interesado.

ARTICULO 4º.- Cualquier Intendencia podrá denunciar o impugnar ante la Justicia competente, las declaraciones, certificaciones y documentos presentados por los contribuyentes en caso de falsedad ideológica o material, o cuando sea notorio un cambio del domicilio declarado.

Todo contribuyente deberá mantener actualizada la información de los cambios de domicilio ante la Intendencia ante la cual tiene empadronado su vehículo.

En caso de que el domicilio o hecho generador del gravamen cambie de jurisdicción departamental, el contribuyente deberá reempadronarlo en la Intendencia correspondiente dentro del término de treinta días hábiles de producido el cambio.

Las Intendencias estarán obligadas a proporcionarse gratuitamente entre sí la información técnica, de registro municipal de vehículos y del domicilio generador del gravamen, respecto de los vehículos empadronados en su jurisdicción.

ARTICULO 5º.- Interprétase de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Nº 18.191, de 14 de noviembre de 2007 y su anexo, que la autoridad competente en lo referente a matrícula o patente es el Gobierno Departamental a quien corresponda el empadronamiento, según lo establecido en el artículo 2º de la presente ley.

Los alcances de esta disposición quedan limitados por las excepciones previstas en el artículo 6º de esta ley.

ARTICULO 6º.- Los vehículos de propiedad del Estado, que no estén exonerados del pago del tributo de patente a la fecha de aprobación de la presente ley, deberán ser empadronados en el departamento donde tengan asiento las dependencias que ordenen su traslado.

No están alcanzados por estas disposiciones los vehículos que sean utilizados por los organismos de seguridad del Estado (Ministerios de Defensa Nacional y del Interior).

A efectos de regularizar su situación las dependencias correspondientes dispondrán del plazo establecido en el artículo 8º.

ARTICULO 7º.- Podrá ser declarado nulo, a petición de parte interesada, todo empadronamiento de vehículos realizado por un Gobierno Departamental en violación grave a los preceptos de la presente ley.

Si las actuaciones antes referidas, constituyeran a su vez, presuntivamente, violación a la ley penal, en especial en lo referente a las situaciones comprendidas en el inciso primero del artículo 4º de la presente ley, se deberá radicar la denuncia ante la Justicia competente en materia Penal.

ARTICULO 8º.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los vehículos que se hayan empadronado o reempadronado a partir del 1° de enero de 2008.

Los contribuyentes del tributo previsto en el numeral 6º) del artículo 297 de la Constitución de la República, que hayan empadronado o reempadronado su vehículo a partir del 1º de enero de 2008 dispondrán de un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2009 para regularizar su situación respecto a la adecuación del empadronamiento en el lugar que le corresponde pagar dicho tributo, conforme a las disposiciones de la presente ley.

ARTICULO 9º.- Una vez transcurrido el plazo otorgado a que refiere el artículo anterior, y no habiendo el contribuyente procedido a regularizar su situación, las Intendencias que constaten tales irregularidades quedarán habilitadas para aplicar las sanciones correspondientes. En caso de reincidencia en la infracción de circular sin la patente que corresponda de acuerdo a lo establecido en la presente ley, las Intendencias podrán proceder al retiro de circulación del vehículo de la vía pública depositándolo donde indique su titular, al retiro de la matrícula y a iniciar las acciones judiciales que correspondan sobre el vehículo infractor por la deuda generada por el incumplimiento del tributo.

ARTICULO 10.- Declárase que los Gobiernos Departamentales podrán realizar acuerdos a los efectos de contemplar la situación de circulación habitual de contribuyentes con domicilios en sus respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley, previo asesoramiento del Congreso de Intendentes."

18) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: con respecto al siguiente punto del Orden del Día, que corresponde a la Carpeta Nº 1417/08, vamos a solicitar que pase a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, porque fue incluido en este Orden del Día por error.

Por otra parte, formulamos moción para que se convoque a una sesión extraordinaria el próximo martes 23, a la hora 9 y 30, según hemos acordado con todos los Partidos Políticos, en cuyo Orden del Día incluiríamos justamente la carpeta a la que acabo de hacer referencia y las que resten del tratamiento de esta Comisión, más las tres correspondientes a las venias de destitución.

Asimismo, y como tercera moción, queremos proponer que la hora de comienzo de la sesión cuya realización votáramos ayer para el día lunes 29, sea a la hora 15, lo que también surge de un acuerdo entre los Partidos Políticos, y que en ella se considere la Carpeta Nº 1055/08, correspondiente a la Ley de Defensa, que seguramente va a ser tratada el próximo lunes en la Comisión respectiva, así como la Carpeta Nº 1377/08, de publicidad electoral, que estará en consideración esta semana, y las venias que vengan del Poder Ejecutivo, que tienen plazo de vencimiento en estos días.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar las mociones formuladas por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

19) CODIGO GENERAL DEL PROCESO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 78.2 del Código General del Proceso, en referencia a la reglamen-tación de las notificaciones electrónicas aprobadas por la Suprema Corte de Justicia, en el marco del plan de mo-dernización y fortalecimiento del sistema judicial. (Carp. Nº 1420/08 - Rep. Nº 971/08)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1420/08

Rep. N° 971/08

CAMARA DE SENADORES

Proyecto de ley de modificación del artículo 78.2 del Código General del Proceso

Artículo Unico.- Modíficase el artículo 78.2 del Código General del Proceso, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Cuando corresponda la notificación en la oficina, el funcionario facilitará a la persona que debe notificarse la actuación respectiva, permitiéndole su lectura y poniéndole a su disposición las copias que correspondan.

Acto continuo, se pondrá constancia al pie de la actuación, la que suscribirán el funcionario y el interesado. Si éste no pudiere o se resistiere a firmar, se pondrá constancia".

Margarita Percovich, Rafael Miche-lini. Senadores.

EXPOSICON DE MOTIVOS

I.- La Suprema Corte de Justicia se encuentra ejecutando el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo, cuya dirección estratégica y liderazgo ha asumido.

Este Programa se inscribe en el convenio suscripto entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (Contrato de Préstamo 1277/OC-UR de 15 de diciembre de 2000).

Uno de los componentes del Programa lo constituye el Proyecto 3 "Mejora del servicio en tribunales y juzgados" que comprende el diseño e implementación de un plan piloto de modernización de despachos judiciales y oficinas de apoyo.

Para la concreción de este objetivo, se licitó y encontró el servicio de una firma consultora, con el cometido de formular una propuesta de funcionamiento para los despachos judiciales y oficinas de apoyo que integran el referido plan piloto.

El nuevo modelo de gestión propuesto y aprobado por la Suprema Corte de Justicia, está enmarcado dentro de proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia y presupone la posibilidad de utilizar actuaciones electrónicas, firma digital, comunicaciones electrónicas y constitución de domicilio electrónico en los procesos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.

A los efectos de contar con el necesario marco legal que haga posible la implantación de este nuevo modelo de gestión, en diciembre/2007, la Suprema Corte de Justicia impulsó la reforma legal que culminó con la sanción de la Ley N° 18.237, por la que, entre otras cosas, habilita la constitución de domicilio electrónico en todos los procesos judiciales, facultándola a reglamentar su uso y disponer su gradual implantación.

Con fecha primero de agosto, la Suprema Corte de Justicia aprueba la reglamentación referida y crea una Unidad con el cometido de administrar el sistema de notificaciones electrónicas (otorgar las casillas de correo y administrarlas; elaborar el plan de implantación; realizar la capacitación y atención de usuarios internos y externos; realizar difusión). Se proyecta implantar el nuevo sistema durante los primeros meses del 2009.

II.- La reglamentación de las notificaciones electrónicas aprobada por la Suprema Corte de Justicia, ha puesto de manifiesto la necesidad de adecuar el actual texto del artículo 78.2 del Código General del Proceso, a los efectos de poder instrumentar este tipo de notificaciones en forma genérica.

En efecto, la citada disposición legal prevé que, al realizarse la notificación, se haga entrega al interesado de las copias correspondientes, las que se encuentran en soporte papel. Si bien esta norma refiere al ámbito de las notificaciones en la oficina, el artículo siguiente -artículo 79- remite a esta forma de realizar la notificación para el caso de las notificaciones a domicilio.

Al notificar en un domicilio electrónico, el sistema no permitirá acompañar las copias de los escritos de las partes que en soporte papel, se hayan incorporado al expediente y que, por la disposición citada, se deban adjuntar a la resolución judicial, al momento de realizar la notificación.

En este contexto y con la finalidad de poder generalizar el uso de la notificación a domicilio electrónico, se considera del caso que, al notificar a un domicilio electrónico, se remitan por dicho medio las actuaciones que se hayan generado en el sistema, al tiempo que se conceda al interesado un plazo de tres días para concurrir a la sede judicial a retirar las copias que deberían acompañar dicha notificación. Será a partir de la fecha del retiro de las copias, o al vencimiento del plazo concedido para hacerlo, que se considerará cumplida la notificación y comenzarán a correr los plazos que de dicha notificación se derivan.

La implantación de estas definiciones requieren modificar el texto legal del artículo 78.2 del Código General del Proceso, sustituyendo la expresión "haciéndole entrega" por "poniéndole a su disposición", las copias que correspondan.

La modificación que se pretende introducir, no altera en lo más mínimo los principios ni las garantías que el articulado del Código General del Proceso establece en el área de las notificaciones, ya que la puesta a disposición del interesado de las copias correspondientes, comprende también el hacerle entrega de dichas copias, mientras que esta última expresión no comprende la primera. En suma, se estará ampliando la forma de hacer entrega de las copias correspondientes al interesado.

La modificación legal que se impulsa no implica costos financieros.

III.- Considerando la reducción en la duración de los procesos judiciales que el empleo de la notificación electrónica significa, es voluntad de la Suprema Corte de Justicia, implementar este mecanismo a la brevedad posible.

DISPOSICION CITADA

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

(Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988)

Artículo 78

Notificación en la oficina.-

78.1 En todos los casos de jurisdicción voluntaria y contenciosa las notificaciones de las actuaciones judiciales, con excepción de las que se indican en el artículo 87, se efectuarán en las oficinas del tribunal.

Fuente:

Artículo 4° Ley N° 16.699, de

25 de abril de 1985.

78.2 Cuando corresponda a la notificación en la oficina, el funcionario habilitará a la persona que debe notificarse la actuación respectiva, permitiéndole su lectura y haciéndole entrega de las copias que corresponda.

Acto continuo, se pondrá constancia al pie de la actuación, la que suscribirán el funcionario y el interesado. Si éste no pudiere o se resistiere a firmar, se pondrá constancia."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley que viene con el voto de los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación. Se trata de una iniciativa de la Suprema Corte de Justicia que desde hace varios años -concretamente, desde el año 2000- viene aplicando su programa de fortalecimiento, su propio sistema, con el apoyo de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, que presupone la posibilidad de utilizar actuaciones electrónicas, tales como la firma digital, comunicaciones, etcétera, al igual que lo estamos encarando en el Gobierno nacional. Para ello, se requiere de una modificación del artículo 78.2 del Código General del Proceso para poder hacer las notificaciones por vía electrónica. Allí, entonces, lo que se propone es introducir un cambio en el texto -referido a cuando corresponda la notificación-, que exprese "poniéndole a su disposición" en lugar de "haciéndole entrega" -como se hace hoy-, a los efectos de que esa notificación electrónica tenga validez.

De eso se trata, solamente, esta propuesta de modificación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Modifícase el artículo 78.2 del Código General del Proceso, el que quedará redactado de la siguiente forma:

‘Cuando corresponda la notificación en la oficina, el funcionario facilitará a la persona que debe notificarse la actuación respectiva, permitiéndole su lectura y poniéndole a su disposición las copias que correspondan.

Acto continuo, se pondrá constancia al pie de la actuación, la que suscribirán el funcionario y el interesado. Si éste no pudiere o se resistiere a firmar, se pondrá constancia".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

20) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita licencia por el día 23 de diciembre".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 17 de diciembre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 17.827, solicito a Ud. me conceda licencia por motivos personales, durante el día 23 de diciembre de 2008.

Saluda a Ud. muy atte.

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Edgardo Carvalho, Felipe Michelini y Ricardo Alcorta han presentado nota de desistimiento informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Antonio Gallicchio, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

21) TRABAJADORES DE LA EMPRESA RILOMAN S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en décimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A. (Carp. Nº 1416/08 - Rep. Nº 968/08)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1416/08

Rep. N° 968/08

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 12 de diciembre de 2008.

Señor Presidente

de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo un proyecto de ley que otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto que se acompaña, tiene como antecedente inmediato la Ley N° 18.334, de 15 de agosto de 2008, y se basa en los mismos motivos con la particularidad que a la fecha, el Banco de la República Oriental del Uruguay ha avanzado en el estudio de diversos proyectos que podrían incluir a parte del personal de RILOMAN S.A. En este sentido cabe mencionar que el Banco de la República ha creado REPUBLICA MICROCREDITOS con el objeto de desarrollar tarjetas de créditos, recuperación de deudas, servicio de Call Center, etcétera. Esta nueva sociedad incluirá parte del personal de la empresa RILOMAN S.A. cuando comience su funcionamiento, el que se espera se produzca en breve lapso.

Como se recodará, la firma RILOMAN S.A. ha operado como administradora de créditos vinculada al ex Banco de Crédito y la liquidación de esa institución bancaria le provocó un fuerte impacto. No obstante ello, con grandes dificultades, continua funcionando hasta el presente.

En la actualidad la empresa mantiene relación comercial con República AFISA por la gestión de recuperación de parte de su cartera de créditos, cumpliendo con un servicio satisfactorio, según lo ha consignado el Directorio del Banco de la República del Uruguay. Tal circunstancia le ha permitido comprobar que RILOMAN S.A. cuente en su planilla de empleados con personas de experiencia especializadas, con el suficiente "know how" para atender y desarrollar la función por la cual se ha creado REPUBLICA MICROCREDITOS.

Por las razones expuestas el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General para su consideración el proyecto de ley que se acompaña, el que se estima suplementará un plazo imprescindible para instrumentar la nueva empresa que permita la absorción de parte del personal de RILOMAN S.A.

Saludamos a ese Cuerpo con la más alta estima y consideración.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi, Alvaro Garcia.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Facultase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de RILOMAN Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los traba-jadores que aún continúen en el goce del referido beneficio, o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981),

así como las prórrogas de la Ley N° 18.090, promulgada el 7 de enero de 2007, Ley N° 18.255 promulgada el 20 de febrero de 2008 y Ley N° 18.334, promulgada el 15 de agosto de 2008.

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Eduardo Bonomi, Alvaro Garcia.

DISPOSICIONES CITADAS

Decreto-Ley N° 15.180

de 20 de agosto de 1981

ACTIVIDAD PRIVADA

SE ESTABLECE UN REGIMEN DE PRESTACIONES PARA CUBRIR LA CONTINGENCIA DEL DESEMPLEO FORZOSO DE EMPLEADOS PRIVADOS

Artículo 7°. (Término de la prestación).- El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un término máximo de seis meses y calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6°.

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de setenta y dos jornales, no pudiendo excederse mensualmente de los límites establecidos en el artículo 6°.

En ambos casos el término se computará desde la fecha de iniciación de la prestación por cada período de cotización.

Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido, al menos doce meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho.

Artículo 10. (Desocupación especial).- Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas.

En cada caso el Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse a los empleados suspendidos, despedidos, o en situación de trabajo reducido el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones computables y que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año.

Ley N° 18.090

de 7 de enero de 2007

TRABAJADORES EMPRESA RILOMAN S.A.

AMPLIACION DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de RILOMAN S.A., en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que hayan agotado el plazo máximo de cobertura (ar-tículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981), así como aquellos que aún continúen en el goce del referido beneficio. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Ley N° 18.334

de 15 de agosto de 2008

TRABAJADORES DE LA EMPRESA RILOMAN S.A.

SE FACULTA AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A EXTENDER NUEVAMENTE EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de RILOMAN Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio; o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981); o, inclusive, hayan utilizado la ampliación prevista por la Ley N° 18.255, de 20 de febrero de 2008. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: por este proyecto de ley se concede la extensión del subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A. Como todos recordarán, ésta ha operado como administradora de créditos vinculada al ex Banco de Crédito. A raíz de ello, luego se relaciona con República AFISA, para la recuperación de parte de su cartera de créditos y en esa gestión demuestra el conocimiento, la formación y el "know how" de gran parte de su personal. Como en este momento el Banco de la República Oriental del Uruguay ha creado República Microcréditos -donde se piensa desarrollar tarjetas de crédito, recuperación de deuda y servicio de "call center"-, se entiende que hay lugar para que, de aquí en más, gran parte del personal de RILOMAN S.A. pase a República Microcréditos, lo que insumirá un determinado plazo, que mediante este proyecto de ley procuramos facilitar.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de RILOMAN Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio, o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981), así como las prórrogas de la Ley Nº 18.090 promulgada el 7 de enero de 2007, Ley Nº 18.255 promulgada el 20 de febrero de 2008 y Ley Nº 18.334 promulgada el 15 de agosto de 2008.

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que será comunicado a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

22) TRABAJADORES DE LA EMPRESA DAROK S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en undécimo término del orden día: "Proyecto de ley por el que se le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa DAROK S.A. (Carp. Nº 1418/08 - Rep Nº 967/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1418/08

Rep. N° 967/08

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 12 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo un proyecto de ley que otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa DAROK S.A.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto que se acompaña es una respuesta a la situación económica por la que atraviesa la empresa DAROK S.A. a consecuencia directa del corte del Puente Internacional Fray Bentos-Puerto Unzué.

Dicha firma, concesionaria del Tax Free Shop San Martín, ubicado en el área de frontera del Puente Internacional Gral. San Martín, envío del personal al subsidio por desempleo por la causal suspensión total, y luego de haberse agotado la cobertura, fue prorrogada por sucesivas resoluciones del Poder Ejecutivo, en uso de las facultades previstas en el inciso 2° del artículo 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981 así como haciendo uso de las facultades establecidas en la Ley N° 18.262 promulgada el 14 de Marzo de 2008 y en la Ley N° 18.354 promulgada el 17 de setiembre de 2008. A la fecha los trabajadores de la empresa ya han gozado de la extensión del seguro de desempleo amparada en las leyes mencionadas, sin que se haya logrado revertir la paralización de sus actividades.

Razones de equidad motivan el presente proyecto, a fin de permitir que se alcance una solución al problema del fondo, manteniendo la fuente de trabajo a dicho personal, que en el momento no puede ser reintegrado.

Por las razones expuestas, el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General para su consideración el proyecto de ley que se acompaña, el que se estima contribuye a atenuar el impacto que tan injustamente ocasiona el corte del puente en la empresa DAROK S.A. y en su personal.

Saludamos a ese Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi, Alvaro Garcia.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de DAROK Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio, o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981), así como las prórrogas de la Ley N° 18.262 promulgada el 14 de Marzo de 2008 y Ley N° 18.354 promulgada el 17 de setiembre de 2008.

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Eduardo Bonomi, Alvaro Garcia.

DISPOSICIONES CITADAS

Decreto-Ley N° 15.180

de 20 de agosto de 1981

ACTIVIDAD PRIVADA

SE ESTABLECE UN REGIMEN DE PRESTACIONES PARA CUBRIR LA CONTINGENCIA DEL DESEMPLEO FORZOSO DE EMPLEADOS PRIVADOS

Artículo 7°. (Término de la prestación).- El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o varible, por un término máximo de seis meses y calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6°.

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de setenta y dos jornales, no pudiendo excederse mensualmente de los límites establecidos en el artículo 6°.

En ambos casos el término se computará desde la fecha de iniciación de la prestación por cada período de cotización.

Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido, al menos doce meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho.

Artículo 10. (Desocupación especial).- Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas.

En cada caso el Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse a los empleados suspendidos, despedidos, o en situación de trabajo reducido el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones computables y que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año.

Ley N° 18.262

de 14 de marzo de 2008

TRABAJADORES DE LA EMPRESA DAROK SOCIEDAD ANONIMA

SE FACULTA AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A EXTENDER EL SEGURO POR DESEMPLEO

Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de DAROK Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981).

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Ley N° 18.354

de 17 de setiembre de 2008

TRABAJADORES DE LA EMPRESA DAROK S.A.

SE FACULTA AL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL A EXTENDER EL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de DAROK Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación por desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981) y la prórroga de la Ley N° 18.262, de 14 de marzo de 2008.

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: por este proyecto de ley se extiende el subsidio por desempleo a los trabajadores de la empresa DAROK S.A., que es la concesionaria del "free shop" del puente Fray Bentos-Puerto Unzué y que, como todos sabemos, está pasando por una situación de dificultades en atención al corte de ruta realizado por la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú. Hasta ahora, estos trabajadores no han encontrado una solución laboral, y es por ese motivo que el Poder Ejecutivo solicita la extensión del subsidio por desempleo en atención a razones de equidad, hasta tanto se logre restituirlos a sus fuentes de trabajo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de DAROK Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio, o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981), así como las prórrogas de la Ley Nº 18.262 promulgada el 14 de marzo de 2008 y Ley Nº 18.354 promulgada el 17 de setiembre de 2008.

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

23) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 13 y 14 minutos, presidiendo el señor Senador José Mujica y estando presentes los señores Senadores Antía, Antognazza, Arana, Campanella, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Domínguez, Fernández Huidobro, Gallicchio, Heber, López, Lorier, Moreira, Oliver, Percovich, Ramela, Tajam, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR JOSE MUJICA Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.