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Nº 261- TOMO 460 - 16 DE DICIEMBRE DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

65ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA Presidente en ejercicio

Y EL SEÑOR SENADOR ARQUITECTO MARIANO ARANA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Levantamiento del receso

4 y 11) Asuntos entrados

5 y 12) Proyectos presentados

- El señor Senador Ruperto Long presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas a personas con discapacidad acompañadas por perros de asistencia.

- A la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

- La señora Senadora Margarita Percovich y el señor Senador Rafael Michelini presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 78.2 del Código General del Proceso, en referencia a la reglamentación de las notificaciones electrónicas aprobadas por la Suprema Corte de Justicia, en el marco del plan de modernización y fortalecimiento del sistema judicial.

- A la Comisión de Constitución y Legislación.

6) Pedidos de informes

- El señor Senador Luis A. Heber, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la instrumentación y puesta en producción del Plan Ceibal.

- con destino a la Comisión de Políticas del Plan Ceibal, relacionado con los planes y estrategias definidas en el desarrollo del Plan Ceibal.

- con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y de Turismo y Deportes, relacionado con el llamado a licitación pública para la construcción de un Hotel y Casino en la ciudad de Rivera, departamento de Rivera.

- Oportunamente fueron tramitados.

7) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

8 y 13) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por la señora Senadora Xavier y los señores Senadores Lara Gilene, Astori, Larrañaga, Ríos y Saravia.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Hyara Rodríguez y los señores Jorge Romero, Juan Andrés Ramírez, Gonzalo Aguirre, Carlos Garat, León Lev, Gonzalo Gaggero, José Korzeniak, Manuel Núñez, Daniel Olesker, Hugo Rodríguez, Elías Yafalián y Manuel Laguarda, comunicando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo.

9, 14, 19 y 21) Régimen de trabajo

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve:

- que se repartan las carpetas Nos. 84/08, 85/08, de la Comisión Permanente, y 1411/08.

- que se realice sesión, de manera extraordinaria, los días 17 de diciembre y 29 de diciembre.

- que la sesión extraordinaria votada para el día de mañana sea convocada a la hora 9 y 30 y que en su Orden del Día se incluyan las carpetas referentes a empadronamientos, a los dos asuntos entrados recientemente que tienen que ver con la creación del fondo de fideicomiso y de las cooperativas médicas, al proyecto aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes relativo a la Institución Nacional de Derechos Humanos, al proyecto de modificación del artículo 78.2 del Código General del Proceso para habilitar la firma electrónica del Poder Judicial, a las modificaciones del proyecto de residencias médicas proveniente de la Cámara de Representantes, a la extensión del seguro de desempleo a los trabajadores de las empresas Rilomán y Darok, a la regulación de la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias (Carp. 1411/08) y a dos solicitudes de venia de destitución contenidas en las carpetas Nos. 1396/08 y 1406/08.

- que las tres carpetas que figuran en el Orden del Día y que aún quedan pendientes, sean tratadas en la sesión extraordinaria del día de mañana.

10 y 15) Derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral

- Proyecto de ley por el que se establecen normas referidas al derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Retribuciones de los funcionarios de la Corte Electoral por extensión de su carga horaria

- Proyecto de ley por el que se interpreta el artículo 267 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, referido a retribuciones de los funcionarios de la Corte Electoral por extensión de su carga horaria.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Medios de comunicación y de prensa

- Proyecto de ley por el que se modifican e incorporan disposiciones a la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, y se sustituyen los artículos 138, 173 y 336 del Código Penal, en referencia a los medios de comunicación y de prensa.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

18) Jornada laboral y régimen de descanso en el sector rural

- Proyecto de ley por el que se regula la jornada laboral y el régimen de descanso de los trabajadores del sector rural.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

20) Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica

- Proyecto de ley por el se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica, firmado en Lisboa, el 20 de setiembre de 2007.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

22) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 12 de diciembre de 2008.

La Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 16 de diciembre, a la hora 9 y 30, a fin de hacer cesar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

1) por el que se establecen normas referidas al derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral.

Carp. Nº 1027/07 - Rep. Nº 959/08

2) por el que se interpreta el artículo 267 de la ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, referido a retribuciones de los funcionarios de la corte electoral por extensión de su carga horaria.

Carp. Nº 1410/08 - Rep. Nº 960/08

3) por el que se modifican e incorporan disposiciones a la ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, y se sustituyen los artículos 138, 173 y 336 del código penal, en referencia a los medios de comunicación y de prensa.

Carp. Nº 1332/08 - Rep. Nº 950/08 y Anexo I

4) por el que se regula la jornada laboral y el régimen de descanso de los trabajadores del sector rural.

Carp. Nº1285/08 - Rep. 964/08

5) por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica, firmado en Lisboa, el 20 de setiembre de 2007.

Carp. Nº1237/08 - Rep. Nº 961/08

6) por el que se aprueba el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el área de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial, firmado en Brasilia, el 29 de agosto de 2006.

Carp. Nº 1246/08 - Rep. Nº 962/08

7) por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo, el 4 de octubre de 2007.

Carp. Nº 1319/08 - Rep. Nº 963/08

8) informe de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionado con la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Hospital Pasteur. (plazo constitucional vence el 10 de febrero de 2009.)

Carp. Nº 1385/08 - Rep. Nº 953/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Baráibar, Campanella, Camy, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Long, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Ramela, Sanguinetti, Saravia, Tajam, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: el señor Rodolfo Nin Novoa en ejercicio de la Presidencia de la República y con licencia, los señores Senadores Alfie, Astori, Lara Gilene, Larrañaga y Ríos.

3) LEVANTAMIENTO DEL RECESO

SEÑOR PRESIDENTE.- Está abierto el acto.

(Es la hora 9 y 47 minutos)

-El Senado ha sido convocado para levantar el receso, dar cuenta de los asuntos entrados y considerar los asuntos que figuran en el Orden del Día.

En primer lugar, se va a votar si se levanta el receso.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 48 minutos)

4) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina Mensajes del Poder Ejecutivo adjuntando los siguientes proyectos de ley:

- por el que se le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A.

- por el que se introducen modificaciones en la Ley Nº 18.345, de 11 de setiembre de 2008, por la cual se consagran licencias especiales a los trabajadores de la actividad privada.

- por el que se le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa DAROK S.A.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se declara el 5 de mayo de cada año como "Día Nacional del Paciente Celíaco".

- por el que se autoriza la provisión de vacantes en la Corte Electoral, en los casos que se determinan.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba la adhesión de la República Oriental del Uruguay al Protocolo Común de Viena, de 21 de setiembre de 1988, que armoniza la aplicación de la Convención de Viena sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, de 21 de mayo de 1963, y el Convenio de París acerca de la Responsabilidad Civil en materia de Energía Nuclear, de 29 de julio de 1960, y por el Protocolo de 16 de noviembre de 1982.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

- por el que se crea el marco regulatorio de los ciber.

- A LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.

- por el que se establece el régimen laboral del personal dependiente de los edificios de propiedad horizontal que efectúa tareas de portería.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- Asimismo, remite una exposición escrita presentada por la señora Representante Paola Pamparatto, relacionada con la situación de las relaciones laborales de los trabajadores rurales de Salto.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

- Y comunica:

- que ha aprobado los siguientes proyectos de ley:

- por el que se autoriza la salida del país de la plana mayor y tripulantes del Buque ROU "General Artigas", a efectos de participar en la Campaña Antártica Operación "Antarkos XXV", entre el 3 de enero y el 15 de marzo de 2009, realizando escala en los puertos de Ushuaia, República Argentina, y Punta Arenas, República de Chile.

- por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2009 la permanencia fuera del país del contingente militar desplegado en la República de Haití.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- y, que han sido electos los miembros de la Comisión Permanente que actuará durante el Cuarto Período Ordinario de la XLVI Legislatura: señoras y señores Representantes Silvana Charlone, Javier Salsamendi, Esteban Pérez, Alfredo Asti, Pablo Iturralde, Pablo Abdala e Iván Posada y sus suplentes respectivos, Gloria Benítez, Alvaro Vega, Ivonne Passada, Jorge Orrico, Sergio Botana, Mauricio Cusano y Adriana Peña Hernández.

- TENGASE PRESENTE.

El Presidente del Senado comunica que, de conformidad con lo establecido en las Normas de Calificaciones y Concursos aprobadas por la Cámara de Senadores, se designa en el cargo de Jefe de Departamento del Escalafón "E" Serie Locomoción, al funcionario señor Ramón Moreno.

- TENGASE PRESENTE.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se regula la jornada laboral y el régimen de descanso de los trabajadores del sector rural.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifican e incorporan disposiciones a la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, y se sustituyen los artículos 138, 173 y 336 del Código Penal, en referencia a los medios de comunicación y de prensa.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica, firmado en Lisboa, el 20 de setiembre de 2007.

- por el que se aprueba el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil, en el área de la Lucha contra la Discriminación y Promoción de la Igualdad Racial, firmado en Brasilia, el 29 de agosto de 2006.

- por el que se aprueba el Acuerdo General de Cooperación entre la República de Mozambique y la República Oriental del Uruguay, firmado en Montevideo, el 4 de octubre de 2007.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

El funcionario Carlos de Maio López remite la fundamentación del recurso de revocación oportunamente interpuesto contra la Resolución aprobada por la Cámara de Senadores, de fecha 22 de octubre del corriente año, sobre la nueva estructura escalafonaria y de cargos de Informática Parlamentaria.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

La Junta Departamental de Maldonado remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por la señora Edila suplente Graciela Ferrari, relacionadas con los Derechos del Niño.

- TENGASE PRESENTE."

5) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Ruperto Long, presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se establecen normas relacionadas a personas con discapacidad acompañadas por perros de asistencia".

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION.

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY

ACCESO AL ENTORNO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ACOMPAÑADAS POR PERROS DE ASISTENCIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución Nacional consagra a tenor de su artículo 8º, la igualdad de todas las personas ante la ley, lo que para su efectiva concreción - entre otros aspectos - implica asegurarles condiciones de accesibilidad y utilización de espacios públicos sin discriminaciones, devenidas de la no consideración de la existencia en la sociedad de un colectivo muy importante que es integrado por personas con discapacidad visual.

Este proyecto de ley se justifica en la necesidad de superar el marco normativo existente y establecer uno nuevo adaptado a las necesidades actuales que otorgue un marco de protección a los perros de asistencia, lo que supondrá un paso más hacia la consecución del objetivo que debe inspirar la actuación de los poderes públicos en el campo de los servicios sociales: la integración de cuantos viven sujetos a las limitaciones derivadas de su situación de discapacidad.

No es posible dejar de considerar que las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y desfavorecida del mundo; la misión será la determinación de políticas públicas adecuadas que permitan de una vez por todas efectuar la tan necesaria transición de la exclusión a la igualdad.

El proyecto se estructura en catorce artículos destinándose los primeros a las disposiciones de carácter general, regulándose los requisitos imprescindibles para la obtención de la condición de perro de asistencia, los derechos de las personas que se encuentren acompañadas por éstos vinculados al acceso, deambulación y permanencia en cualquier lugar público o de uso público.

Asimismo se establecen normas vinculadas a la suspensión y pérdida de la condición de perro guía, las condiciones higiénico-sanitarias que deberán revestir y las formas de reconocimiento e identificación de éstos.

Ing. Ruperto E. Long. Senador.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Objeto de la ley.

La presente ley tiene por objeto reconocer y garantizar a toda persona con discapacidad visual, su derecho a acceder, deambular y permanecer en compañía de un perro de asistencia, en cualquier lugar, establecimiento o transporte de uso público, con independencia de su titularidad pública o privada.

Art. 2º.- Definición de perro de asistencia.

Se considera perro de asistencia a aquél que luego del proceso de selección genética y sanitaria, culmine en forma satisfactoria su adiestramiento en un centro reconocido a tales efectos y sea reconocible e identificable de acuerdo a lo que se establece en los artículos 3º y 4º.

Art. 3º.- Reconocimiento.

A los efectos de la obtención de la condición de perro de asistencia, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Acreditar que el perro ha adquirido las aptitudes de adiestramiento necesarias para llevar a cabo las funciones de acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad.

b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias a que se refiere el artículo 5º.

c) Identificar a la persona usuaria del perro de asistencia.

La condición de perro de asistencia se mantiene durante toda la vida, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 6º y 7º.

Art. 4º.- Identificación.

Los perros de asistencia deberán estar identificados en todo momento, mediante la colocación en lugar y forma visible del distintivo oficial correspondiente.

La documentación que acredita la condición de perro de asistencia sólo podrá ser exigida por la persona titular de la autoridad competente o el responsable del servicio que esté siendo utilizado.

Art. 5º.- Condiciones higiénicas y sanitarias.

Los perros de asistencia deberán cumplir las medidas higiénicas y sanitarias previstas para los animales domésticos en general y los de sus características en particular, de acuerdo con lo que establezca la normativa vigente.

Tendrán que cumplir también con las siguientes:

a) Estar esterilizados.

b) No padecer enfermedades transmisibles al hombre, entendiendo por tales las incluidas en el cuadro de antropozoonosis vigente en cada momento.

c) Estar vacunado contra la rabia, en tratamiento periódico contra la equinococosis, exento de parásitos internos y externos, y dar resultado negativo en las pruebas de leishmaniosis, leptospirosis y brucelosis.

d) En su caso, dar resultado negativo en aquellas pruebas diagnósticas que las autoridades sanitarias estimen oportunas, según la situación epidemiológica del momento.

La acreditación de las exigencias establecidas en el inciso anterior se hará a través de la certificación que expedirá un médico veterinario.

Anualmente deberá acreditarse mediante certificación veterinaria, el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias referidas.

Art. 6º.- Suspensión de la condición de perro de asistencia.

El usuario del perro de asistencia no podrá ejercitar los derechos que le reconoce la presente ley cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando exista grave peligro inminente para el usuario, para terceros o para el propio perro.

b) Cuando el animal presente síntomas de enfermedad, exteriorizados de forma alternativa o acumulada mediante:

a. Signos febriles.

b. Alopecias anormales.

c. Deposiciones diarreicas.

d. Secreciones anormales.

e. Signos de parásitos cutáneos.

f. Heridas, según su tamaño y aspecto.

c) Cuando sea evidente su falta de aseo.

d) Cuando caduque la acreditación anual a que se refiere el artículo anterior.

e) Cuando exista evidencia de mal trato por parte del dueño o de personas allegadas.

Art. 7º.- Pérdida de la condición de perro de asistencia.

El perro de asistencia perderá su condición de tal en los siguientes casos:

a) Por la muerte del animal.

b) Por la renuncia de su titular.

c) Por dejar de estar vinculado a una persona con discapacidad.

d) Por manifiesta incapacidad para el cumplimiento de las funciones para las que fue instruido.

e) Por presentar un comportamiento agresivo.

f) Por causar daño a personas o bienes.

Art. 8º.- Pérdida de la condición de perro de asistencia.

La pérdida de la condición de perro guía de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, se tramitará de acuerdo a lo que establezca la reglamentación. En el caso de los literales a), d) y e), será imprescindible la presentación de la documentación que acredite tales situaciones por parte de médico veterinario.

Art. 9º.- Organo competente.

El organismo competente a los efectos del reconocimiento, otorgamiento de la simbología de identificación, la suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia, será la Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado.

Art. 10.- Determinación de lugares, establecimientos y transporte de uso público.

A los efectos de la presente ley, se considerarán lugares, establecimientos y transportes de uso público, los siguientes:

a) Lugares y establecimientos de uso público:

Los definidos por la legislación urbanística aplicable como paso de peatones, de disfrute peatonal exclusivo o prioritario.

Los centros de recreo, ocio y tiempo libre.

Los parques, jardines, playas y otros espacios al aire libre.

Las instalaciones deportivas.

Los locales y establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación de la normativa de espectáculos públicos y actividades recreativas.

Los mercados, ferias y similares.

Los almacenes y establecimientos comerciales y mercantiles.

Las oficinas de profesionales liberales.

Las residencias, hogares y clubes para la atención a las personas mayores, los centros de recuperación y asistencia a personas con discapacidad y los establecimientos similares.

Los centros oficiales de toda índole que no tengan el acceso vedado al público en general.

Los centros educativos de todos los niveles.

Los centros sanitarios y asistenciales con la única salvedad de las zonas restringidas al público en general.

Los centros religiosos.

Los museos, casas de cultura, archivos, bibliotecas y salas de exposiciones y de conferencias.

Los establecimientos turísticos y en particular, los parques de atracciones, piscinas, zoológicos, establecimientos hoteleros, y en general, aquéllos destinados a proporcionar mediante precio, habitación o residencia a las personas, así como los restaurantes, cafeterías y establecimientos que sirvan al público, mediante precio, comidas o bebidas, cualquiera que sea su denominación.

Los espacios de uso general y público de las estaciones de omnibuses, aeropuertos y puertos.

En general, cualquier edificio, local, centro o complejo de uso público.

b) Transportes de viajeros de uso público:

Aquellos transportes dedicados a realizar los desplazamientos de las personas y sus equipajes en vehículos construidos y acondicionados a tal fin, llevándose a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica, tanto si se presta dentro de itinerarios preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefijados como si no es así.

Artículo 11.- Ejercicio del derecho.

El derecho de acceso, deambulación y permanencia reconocido en la presente ley se entenderá integrado por la constante permanencia del perro de asistencia al lado de su dueño, sin traba que pueda llegar a producir interrupción en la permanencia o distancia en la asistencia.

El perro deberá portar un collar y estar sujeto por una correa, debiendo también llevar un arnés.

En los servicios urbanos e interurbanos de transporte en vehículos ligeros, el perro de asistencia deberá ir en la parte trasera del vehículo, a los pies de su usuario, sin que su presencia se tenga en consideración en el cómputo de los lugares máximos autorizados.

Pese a ello, y a discreción de la persona con discapacidad, podrá ocupar el asiento delantero derecho, con el perro de asistencia a sus pies, cuando se trate de largos recorridos.

El usuario del perro será responsable del buen comportamiento del animal, así como de los daños que pueda ocasionar en los lugares, establecimientos y transportes de uso público.

Artículo 12.- Obligaciones de la persona usuaria.

La persona usuaria de un perro de asistencia es responsable del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley:

a) Mantener el perro a su lado, con la sujeción que en cada caso proceda.

b) Llevar identificado el perro de asistencia de forma visible, mediante el distintivo oficial que reglamen-tariamente se determine.

c) Exhibir, cuando le sea requerida, la documentación sanitaria del perro de asistencia y la acreditativa de su condición.

d) Mantener las condiciones higiénico-sanitarias del perro, con arreglo a lo establecido en la presente ley.

e) Cumplir y hacer cumplir las exigencias de respeto, buen trato, defensa y protección del perro.

f) Utilizar exclusivamente el perro de asistencia para aquellas funciones para las que ha sido adiestrado.

g) Cumplir y respetar las normas de higiene y de seguridad en las vías y lugares públicos o de uso público, en la medida en que su discapacidad se lo permita.

Artículo 13.- Derechos y obligaciones de los adiestradores.

Los adiestradores de los centros oficialmente reconocidos u homologados tendrán los mismos derechos y obligaciones que la presente ley atribuye a las personas con discapacidad cuando vayan acompañados de perros de asistencia durante las fases de adiestramiento, adaptación final y reeducación de los animales.

Art. 14.- Campañas informativas y educativas.

La Comisión Nacional Honoraria del Discapacitado promoverá y realizará campañas informativas y educativas dirigidas a la población en general con la finalidad de que la integración social de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia sea real y efectiva.

Ing. Ruperto E. Long. Senador."

6) PEDIDOS DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de varios pedidos de informes.

(Se da de los siguientes:)

"El señor Senador Luis A. Heber, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, presentados el 10 y 12 de diciembre del corriente:

- con destino al Ministerio de Industria, Energía, Minería, relacionado con la instrumentación y puesta en producción del Plan Ceibal.

- con destino a la Comisión de Políticas del Plan Ceibal, relacionado con los planes y estrategias definidas en el desarrollo del Plan Ceibal.

- con destino al Ministerio de Economía y Finanzas y de Turismo y Deportes, relacionado con el llamado a licitación pública para la construcción de un Hotel y Casino en la ciudad de Rivera, departamento de Ri-vera".

- OPORTUNAMENTE FUERON TRAMITADOS.

(Texto de los pedidos de informes:)

"Montevideo, 5 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República y artículo 17 de la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre de 1990, solicito a usted tenga a bien cursar el siguiente pedido al Ministerio de Industria y Energía sobre el Proyecto Plan CEIBAL, a efectos de que se sirva informar sobre los siguientes puntos:

a) Información referente a los diferentes procesos licitatorios que se realizaron hasta el momento, para la instrumentación y puesta en producción del denominado Plan Ceibal;

b) Pliegos de Condiciones Particulares, de las diferentes licitaciones realizadas.

c) Informes y Cuadros Comparativos del Análisis de Ofertas;

d) Estrategia y evaluación de alternativas respecto a futuras adquisiciones;

e) Información detallada referente a los integrantes y/o representantes de las empresas a las cuales se le han realizado adjudicaciones totales o parciales;

Gran parte de la información, nos vemos obligados a solicitarla, debido a que en la página WEB del Plan Ceibal no encontramos dicha información.

Luis Alberto Heber. Senador.

Montevideo, 5 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República y artículo 17 de la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre de 1990, solicito a usted tenga a bien cursar el siguiente pedido a la Comisión de Políticas del Plan CEIBAL, a efectos de que se sirva informar sobre los siguientes puntos:

a) Indicadores de Gestión, tendientes a identificar, niveles de servicios, tiempo medio de rupturas, fallas, tiempos de respuesta a incidentes respecto a las máquinas XO y al equipamiento de conectividad instalado en cada escuela pública, etc;

b) Performance de las comunicaciones en el equipamiento instalado y cobertura en cada área;

c) Planes de Contingencia y costos asociados previstos presupuestalmente, así como el origen de los fondos previstos;

d) Planes y estrategias definidas en el tema Seguridad Física de las computadoras, a efectos de evitar que las mismas sean sustraídas a sus usuarios, con especial énfasis en el departamento de Montevideo.

e) Problemas más frecuentes detectados en el mantenimiento activo del equipamiento y las comunicaciones;

f) Inversiones previstas, para los próximos meses en compra de computadoras, capacitación de docentes y personal de soporte técnico;

g) Costos en insumos y horas/hombres afectados al mantenimiento del Proyecto, desde el punto de vista técnico;

h) Costo actual de compra de las computadoras XO y costos previstos para la versión XO2;

i) Estrategia respecto a la adopción de computadoras XO con diferentes plataformas de sistemas operativos hoy disponible y software asociado a estas plataformas;

j) Plan de adquisición o desarrollo de software educativo para las computadoras XO. Quiénes serán los responsables y qué presupuesto está previsto a tales efectos;

k) Evaluación de alternativas a las computadoras XO, proveedores, costos y análisis FODA.

Gran parte de la información, nos vemos obligados a solicitarla, debido a que en la página WEB del Plan Ceibal no encontramos dicha información.

Luis Alberto Heber. Senador.

Montevideo, 12 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, solicito a usted tenga a bien cursar a los Ministerios de Economía y Finanzas y de Turismo y Deportes, el siguiente "Pedido de Informe":

- Detalles del llamado a "licitación pública" para la construcción de un Hotel y Casino en la ciudad de Rivera, departamento de Rivera.

- ¿Cuál fue la difusión nacional e internacional que se hizo de dicho llamado?

- ¿Cuántas Empresas adquirieron los pliegos para dicha licitación?

- Detalle de la cantidad de Empresas que calificaron, denominación y domicilio de las mismas.

- Si la empresa Manteo S.A. ha sido una de las calificadas, expresar si se conoce su vínculo con la empresa argentina Boldt S.A.

- Expresar si es de conocimiento de la administración, que Manteo S.A. vendió el 70% de sus acciones a Boldt S.A.

- Expresar si es de conocimiento de la administración que la empresa Boldt S.A. informó a la Bolsa de Valores de Buenos Aires, en mayo de este año, que había adquirido el 70% de la empresa Manteo S.A. "concesionaria" de un Hotel y Casino en la ciudad de Rivera.

- ¿Qué garantías o propiedades ha presentado la empresa Manteo S.A. o, eventualmente, Boldt S.A. en el proceso licitatorio de referencia?

Luis Alberto Heber. Senador."

7) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- En la sesión ordinaria del día 10 de diciembre de 2008 no se registraron inasistencias.

A la sesión de la Comisión de Constitución y Legisla-ción del 9 de diciembre faltó con aviso el señor Senador Gallinal.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 11 de diciembre faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Larrañaga.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 11 de diciembre faltó con aviso el señor Senador Saravia.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 11 de diciembre faltaron con aviso los señores Senadores Fernández Huidobro, Gargano y Moreira.

8) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia por los días 16 y 17 de diciembre".

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 15 de diciembre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración.

Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia para los días 16 y 17 de diciembre por motivos personales.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente,

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-15 en 18. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que el señor Jorge Romero ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria al Cuerpo. Por tanto, queda convocado el señor Campanella.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia por el día de hoy".

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 16 de diciembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente, solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día de la fecha. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

Queda convocado el señor Senador Baráibar.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Larrañaga solicita licencia por el día 16 de hoy".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Diciembre de 2008.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo se me otorgue 1 día de licencia a partir del día 16 de diciembre y se convoque a mi suplente correspondiente de conformidad con la Ley Nº 17.827, Artículo 1º, literal D). .

Sin otro particular, le saluda muy atentamente

Jorge Larrañaga. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores Juan Andrés Ramírez, Gonzalo Aguirre Ramírez y Carlos Garat han presentado notas de desistimiento informando al Cuerpo que por esta vez no aceptan la convocatoria que se les ha formulado. En consecuencia, se convoca al señor Carlos Camy, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

9) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: voy a formular moción en el sentido de que el Senado asuma jurisdicción de las carpetas números 84/08 y 85/08, correspondientes a venias de destitución, ya que fueron remitidas a la Comisión Permanente para su tratamiento, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 131 de la Constitución de la República. Concretamente, solicito que en virtud de un acuerdo ya realizado, se repartan dichas carpetas a fin de ser consideradas en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para otra cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: voy a solicitar que se distribuya la Carpeta Nº 1411/2008, vinculada a una modificación introducida con respecto a los inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, tema sobre el cual ya realizamos las consultas correspondientes la semana pasada.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la solicitud formulada por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-14 en 22. Afirmativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: vamos a proponer la realización de una sesión extraordinaria para el día de mañana, 17 de diciembre, a los efectos de tratar una serie de carpetas de las cuales, seguramente, algunas van a ser enviadas desde la Cámara de Representantes y otras han sido tratadas en las Comisiones. Asimismo, hemos consultado a los distintos partidos políticos acerca de la realización de otra sesión extraordinaria para el día 29 de diciembre, con el mismo motivo que planteamos para la del día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar las dos solicitudes formuladas por la señora Senadora Percovich: una convocatoria extraordinaria para el día de mañana y otra para el día 29 de diciembre.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

10) DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO, CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO REGISTRAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se establecen normas referidas al derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral. (Carp. Nº 1027/07 - Rep Nº 959/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1027/07

Rep. N° 959/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°. (Derecho a la identidad de género).- Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cual sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros.

Artículo 2°. (Legitimación).- Toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género.

Artículo 3°. (Requisitos).- Se hará lugar a la adecuación registral de la mención del nombre y en su caso, del sexo toda vez que la persona solicitante acredite:

1) que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de nacimiento del Registro del Estado Civil son discordantes con su propia identidad de género.

2) la estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos 2 (dos) años, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la presente ley.

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual para la concesión de la adecuación registral de la mención del nombre o del sexo que fuere disonante de la identidad de género de la persona a que se hace referencia en dicho documento.

Cuando la persona haya procedido a la cirugía de reasignación sexual, no le será necesario acreditar el extremo previsto en el numeral 2) del presente artículo.

Artículo 4°. (Procedimiento y competencia).- La adecuación de la mención registral del nombre y del sexo será de iniciativa personal del titular de los mismos.

Se tramitará ante los Juzgados Letrados de Familia, mediante el proceso voluntario previsto por el artículo 406.2 del Código General del Proceso (artículo 69 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985).

La presentación de la demanda deberá estar acompañada de un informe técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad que se constituirá a estos efectos en la Dirección General del Registro de Estado Civil.

Sin perjuicio de los demás medios de prueba que pudiera aportar el interesado, se tendrá especialmente en cuenta el testimonio de las personas que conocen la forma de vida cotidiana del solicitante y la de los profesionales que han atendido desde el punto de vista social, mental y físico a la misma.

Una vez recaída la providencia que acoge la solicitud de adecuación, el juzgado competente oficiará a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Municipal respectiva a la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral y a la Dirección General de Registros a fin que se efectúen las correspondientes modificaciones en los documentos identificatorios de la persona así como en los documentos que consignen derechos u obligaciones de la misma. En todos los casos se conservará el mismo número de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica.

Artículo 5°. (Efectos).-

1) La resolución que autorice la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo, tendrá efectos constitutivos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento.

2) Si la persona interesada solicita la reserva del cambio registral efectuado, se procederá a anular la partida de nacimiento original y a la realización de una nueva inscripción, dejando constancia al margen de la resolución que lo dispuso.

En caso contrario, se rectificarán los datos al margen de la partida de nacimiento original.

3) En ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica ni será oponible a terceros de buena fe.

4) El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición.

Artículo 6°. (Personas de menos de 18 años de edad).- Tratándose de personas de menos de 18 años de edad el procedimiento tendrá como único efecto la adecuación provisoria de todos los documentos de identificación de la persona, debiendo ratificar su voluntad de cambio de nombre y en su caso de sexo una vez cumplidos los 18 años de edad a los fines previstos en los numerales 1) y 2) del artículo anterior. A tales efectos el Tribunal deberá designarle defensor y en su caso curador, conforme a lo previsto en el artículo 8° del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

Artículo 7°. (Reserva).- No se dará publicidad, sin autorización judicial, de la modificación registral de la mención relativa al nombre o en su caso el sexo de la persona.

Sin perjuicio de ello, no regirá esta reserva:

1) A los efectos patrimoniales y en cuanto resulte necesario de acuerdo a la reglamentación de la Dirección General de Registros.

2) Respecto al futuro cónyuge, previo a la celebración del matrimonio. En tales casos el Oficial del Registro de Estado Civil o quien haga sus veces, informará al futuro cónyuge, en forma reservada, los datos emergentes de la partida de nacimiento original.

3) Si fuere necesario para garantizar un derecho o interés legítimo de terceras personas. En tales casos las personas interesadas deberán fundamentar su solicitud ante el Juzgado competente, quien resolverá teniendo especialmente en cuenta los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Artículo 8°. (Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación).- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (Ley N° 17.817, de 6 de setiembre de 2004), tendrá a su cargo brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a las personas que deseen ampararse en esta ley.

Sala de la Comisión, en Montevideo, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil ocho.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Susana Dalmás, Luis Alberto Heber, Eduardo Lorier, Ruperto E. Long, Jorge Saravia, Mónica Xavier. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

PROYECTO DE LEY

DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO, CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO REGISTRAL

Artículo 1°. Derecho a la identidad de género.- Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, entendida esta como aquella sentida como tal por la persona independientemente de cual sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros.

Artículo 2°. Legitimación.- Toda persona de nacionalidad uruguaya, podrá solicitar la rectificación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos, cuando los mismos no coinciden con su identidad de género.

Artículo 3°. Procedimiento y competencia.- La rectificación de la mención registral del nombre y del sexo se tramitará administrativamente ante la Dirección General de Estado Civil, a petición del interesado y previo aval de un equipo técnico de esa Dirección, el que deberá estar constituido en forma multidisciplinaria y especializado en identidad de género y diversidad. En caso denegado o transcurridos 150 (ciento cincuenta) días sin que la Dirección se expida, podrá ocurrir a la vía judicial (artículo 406.2 del Código General del Proceso), siendo competentes los Juzgados de Paz Departamentales (Artículos 71 y 72 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985).

Artículo 4°. Requisitos.- La rectificación registral de la mención del nombre y en su caso del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite:

1) que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de nacimiento del Registro de Estado Civil son discordantes con su propia identidad de género.

2) la estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos 2 (dos) años.

A fin de acreditar estos extremos y -sin perjuicio de los demás medios de prueba que pudiera aportar el interesado- se tendrá especialmente en cuenta el testimonio de las personas que conocen la forma de vida cotidiana del solicitante y la de los profesionales que han atendido desde el punto de vista social, mental y físico a la misma.

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual para la concesión de la rectificación registral de la mención del nombre o del sexo que fuere disonante de la identidad de género de la persona a que se hace referencia en dicho documento.

Cuando la persona haya procedido a la cirugía de reasignación sexual, no le será necesario acreditar el extremo previsto en el numeral 2) del presente artículo.

Artículo 5°. Efectos.-

1) La resolución que autorice la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo, tendrá efectos constitutivos a parir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento.

2) Si la persona interesada solicita la reserva del cambio registral efectuado, se procederá a anular la partida de nacimiento original y a la realización de una nueva inscripción, dejando constancia al margen de la resolución que lo dispuso.

En caso contrario, se rectificarán los datos al margen de la partida de nacimiento original.

3) En ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica ni será oponible a terceros de buena fe.

4) El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición.

Artículo 6°. Personas de menos de 18 años de edad.- Tratándose de personas de menos de 18 (dieciocho) años de edad, el procedimiento tendrá como único efecto la rectificación provisoria de todos los documentos de identificación de la persona, debiendo ratificar su voluntad de cambio de nombre y en su caso de sexo una vez cumplidos, los 18 (dieciocho) años de edad a los fines previstos en los numerales 1) y 2) del período anterior.

Artículo 7°. Comunicaciones.- La Dirección General de Estado Civil comunicará de oficio el cambio de nombre y en su caso el de sexo al Registro Municipal de Estado Civil que corresponda al Departamento en el que se encuentre ins-cripta la partida de nacimiento, al Registro de Identifica-ción Civil del Ministerio del Interior, al Registro Cívico

de la Corte Electoral y a la Dirección General de Registros a fin que se efectúen las correspondientes rectificacio-

nes en los documentos identificatorios de la persona así como en los documentos que consignen derechos u obligaciones de la misma. En todo caso se conservará el mismo número de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica.

Artículo 8°. Reserva.- No se dará publicidad, sin autorización judicial, de la rectificación registral de la mención relativa al nombre en su caso al sexo de la persona, salvo a los efectos patrimoniales y en cuanto resulte necesario de acuerdo a la reglamentación de la Dirección General de Registros.

Artículo 9°. Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (Ley N° 17.817, de 6 de setiembre de 2004), tendrá a su cargo brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a las personas que deseen ampararse en esta ley.

Montevideo, 26 de noviembre de 2007.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El contenido de este proyecto de ley es el producto de un proceso de trabajo e intercambio con las organizaciones uruguayas que luchan contra la discriminación de las personas por su condición de sexo, género, orientación sexual, identidad de género.

Se sustenta en un profundo respeto a la diversidad sexual y en el reconocimiento de la identidad de género como un componente esencial de la personalidad, uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad.

- El cambio registral de nombre o sexo.

El derecho a obtener la documentación que identifica a la persona (sea esta su partida de nacimiento, su cédula de identidad, su pasaporte, su credencial cívica) en forma concordante a la identidad de género es el primer paso para la inclusión ciudadana de las personas transgénero y transexuales.

Los niveles de violencia contra las personas cuya identidad de género difiere del sexo anatómico es altísimo.

La discriminación a la hora de solicitar un empleo digno, de realizar un trámite en una oficina pública o privada o de inscribirse en un centro de estudio surge de inmediato al diferir el aspecto físico del registro de identificación civil. El cambio registral es un elemento clave para prevenir el rechazo y la discriminación y que no se valoren las personas por sus aptitudes o capacidades.

Pese al vacío legislativo, la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado en más de una oportunidad en el sentido de reconocer el derecho de las personas transexuales al cambio registral como un derecho inherente a la personalidad humana, comprendido en el Artículo 72 de la Constitución de la República (SCJ Sent. 139/97, 159/05).

- Los requisitos y el procedimiento.

En este proyecto se han tenido especialmente en cuenta las recomendaciones internacionales para la obtención del cambio registral:

En la Reunión de Especialistas realizada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, se adoptaron los "Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género". Entre las recomendaciones a los Estados acordadas en esta reunión de especialistas destacamos el tercer principio:

"PRINCIPIO 3. EL DERECHO AL RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURIDICA

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad.

Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna condición, como el matrimonio o la maternidad o paternidad, podrá ser invocada como tal con el fin de impedir el reconocimiento legal de la identidad de género de una persona. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.

Los Estados:

A. Garantizarán que a todas las personas se les confiera capacidad jurídica en asuntos civiles, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, y la oportunidad de ejercer dicha capacidad, incluyendo los derechos, en igualdad de condiciones, a suscribir contratos y a administrar, poseer, adquirir (incluso a través de la herencia), controlar y disfrutar bienes de su propiedad, como también a disponer de estos.

B. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para respetar plenamente y reconocer legalmente el derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí;

C. Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias a fin de asegurar que existan procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican el género o el sexo de una persona -incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros electorales y otros- reflejan la identidad de género que la persona defina para sí;

D. Velarán por que tales procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la persona interesada;

E. Asegurarán que los cambios a los documentos de identidad sean reconocidos en todos aquellos contextos en que las leyes o las políticas requieran la identificación o la desagregación por sexo de las personas;

F. Emprenderán programas focalizados cuyo fin sea brindar apoyo social a todas las personas que estén experimentando transcisión o reasignación de género".

Siguiendo estos principios, este Proyecto de Ley:

1. reconoce del derecho a la identidad de género como derecho humano, componente fundamental de la identidad de la persona.

2. no condiciona el cambio registral a la cirugía de reasignación de sexo.

3. garantiza el respeto a la privacidad de este cambio registral, limitado solamente en cuanto el mismo no lesione derechos de terceros de buena fe.

4. respeta el proceso de autonomía progresiva propio de la niñez y la adolescencia, habilitando documentos provisorios que prevengan la exclusión del ámbito comunitario y educativo y al tiempo le permitan postergar la decisión definitiva hasta el ingreso en la edad adulta.

5. facilita el acceso al cambio registral sin desatender la complejidad de cada planteo en su individualidad, previendo la realización del trámite en el ámbito administrativo, en la Dirección General de Estado Civil, con el apoyo de una comisión técnica interdisciplinaria y el asesoramiento de los interesados a cargo de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (Ley N° 17.817, de 6 de setiembre de 2004).

Montevideo, 26 de noviembre de 2007.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 15.750,

de 24 de junio de 1985

(Artículo 406.2 del Código General del Proceso)

Artículo 69.- Los Juzgados Letrados de Familia entenderán, en primera instancia:

En las cuestiones atinentes al nombre, estado civil y capacidad de las personas y a las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de la familia legítima y natural fundadas en su calidad de tales como:

a) Las reclamaciones y contestaciones de filiación legítima y natural y de posesión de estado civil.

b) Las acciones referentes al matrimonio y a la situación de los cónyuges; separación de cuerpos, divorcio, nulidad del matrimonio.

c) Las pensiones alimenticias y régimen de visitas.

d) La guarda, tutela, administración de los peculios de los hijos, suspensión, limitación, pérdida y restitución de la patria potestad.

e) Emancipación, habilitación de edad y venia de disposición de bienes.

f) El irracional disenso de los padres para contraer matrimonio.

g) Adopción y legitimación adoptiva.

h) Declaración de incapacidad, curatela y ausencia.

i) Régimen matrimonial de bienes.

j) El procedimiento sucesorio.

k) Las cuestiones personales o patrimoniales a que dé lugar el concubinato. En estos asuntos la pretensión se ejercitará o la medida pertinente se adoptará, cuando la norma sustancial así lo autorice, y siguiéndose los procedimientos del caso.

Artículo 69 - BIS.-

Competencia acumulativa.

A) Tienen competencia acumulativa para conocer de los juicios de petición de herencia, desheredamiento, validez o nulidad de disposiciones testamentarias y, en general, de los asuntos sucesorios contenciosos o no, el Juez Letrado de Primera Instancia del Interior donde se haya abierto la sucesión, conforme al ar-tículo 36 del Código Civil, y el de Familia de la Capital.

B) La apertura del testamento cerrado y la publicación del testamento menos solemne a que se refiere el artículo 812 del Código Civil, se pedirán ante el Juez Letrado del departamento en que aquel se hubiere otorgado o ante cualquier otro de los Jueces mencionados en el literal anterior, si allí se encontraren el escribano y la mayoría de los testigos que concurrieron al otorgamiento.

La publicación del testamento militar, del marítimo y del otorgado por el oriental en país extranjero, se hará ante el Juzgado Letrado (del interior o de Familia), del último domicilio del difunto y, no siendo conocido ese domicilio, ante el Juzgado Letrado de Familia de la Capital de Turno.

C) Tienen competencia acumulativa para conocer del nombramiento de tutores o curadores, lo mismo que de las incapacidades, excusas y remoción de dichos funcionarios y del discernimiento del cargo, el Juez Letrado de Primera Instancia del Interior del domicilio del padre o madre cuya muerte ocasionase la provisión del tutor o el del incapaz, en su caso, y el Juez Letrado de Familia de la Capital.

Ley N° 17.823,

de 7 de setiembre de 2004

CAPITULO II

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Artículo 8°. (Principio general).- Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma establecida por la Constitución de la República, los instrumentos internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo caso tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen decisiones que afecten su vida.

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones.

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto.

Ley N° 17.817,

de 6 de setiembre de 2004

Artículo 1°.- Declárase de interés nacional la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral, basada en motivos de raza, color de piel, religión, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.

Artículo 3°.- Créase la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.

Artículo 4°.- Dicha Comisión tendrá por objeto proponer políticas nacionales y medidas concretas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia y la discriminación, incluyendo normas de discriminación positiva.

Artículo 5°.- A esos efectos, será asimismo competencia de la Comisión Honoraria:

A) Analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia, elaborar informes y propuestas con respecto a dichos temas, y plantear al Poder Ejecutivo la creación de normas jurídicas específicas o modificación de las ya existentes en su área de competencia.

B) Difundir los principios contenidos en el literal J), del artículo 6° del Decreto-Ley N° 10.279, de 19 de noviembre de 1942, y en los artículos 149 bis y 149 ter del Código Penal, normas concordantes y complementarias, así como los resultados de los estudios y propuestas que formule y promueva.

C) Monitorear el cumplimiento de la legislación nacional en la materia.

D) Diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural o religioso, a la eliminación de actitudes racistas, xenofóbicas o discriminatorias y en el respeto a la diversidad.

E) Elaborar una serie de estándares que permitan presumir alguna forma de discriminación, sin que ello implique un prejuzgamiento sobre los hechos resultantes en cada caso.

F) Recopilar y mantener actualizada la información sobre el derecho internacional y extranjero en materia de racismo, xenofobia y toda otra forma de discriminación; estudiar esos materiales y elaborar informes comparativos de los mismos.

G) Recibir y centralizar información sobre conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias; llevar un registro de las mismas y formular la correspondiente denuncia judicial si eventualmente correspondiere.

H) Recopilar la documentación vinculada a sus diferentes objetivos.

I) Brindar un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que se consideren discriminados o víctimas de actitudes racistas, xenofóbicas y discriminatorias.

J) Proporcionar al Ministerio Público y a los Tribunales Judiciales el asesoramiento técnico especializado que fuere requerido por estos en los asuntos referidos a la temática de su competencia.

K) Informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas racistas, xenofóbicas y discriminatorias o que pudieren manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente en las áreas de educación, salud, acción social y empleo; provengan ellas de autoridades públicas o entidades o empresas privadas.

L) Establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales o extranjeros, públicos o privados, que tengan similares objetivos a los asignados al presente instituto; intercambiando especialmente la información relativa a las conexiones internacionales entre los distintos grupos.

M) Proponer al organismo competente, la celebración de nuevos tratados sobre extradición.

N) Celebrar convenios con organismos y/o entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para el más eficaz cumplimiento de los cometidos asignados.

O) Promover la realización de estudios, concursos e investigaciones relacionadas con sus competencias.

P) Discernir un premio anual a favor de la persona o institución que se haya destacado en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 6°.- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación estará integrada por siete miembros designados de la siguiente manera:

A) Un representante del Ministerio de Educación y Cultura, que la presidirá.

B) Un representante del Ministerio del Interior.

C) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

D) Un representante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

E) Tres representantes designados por el Presidente de la República, entre las personas propuestas por organizaciones no gubernamentales que cuenten con conocida trayectoria en la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación.

Artículo 7°.- La Comisión podrá crear Comisiones departamentales y locales que funcionarán conforme a las normas reglamentarias que dictará la propia Comisión Honoraria.

Artículo 8°.- Los integrantes de la Comisión Honoraria durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. En caso de sustitución, permanecerán en sus funciones hasta que asuma el sustituto, excepto en caso de incapacidad o renuncia.

Artículo 9°.- El Ministerio de Educación y Cultura suministrará la infraestructura y los recursos humanos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Honoraria, de acuerdo a la organización que establezca el Poder Ejecutivo en el decreto reglamentario.

Artículo 10.- Asimismo, constituirán recursos de la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación y en la forma dispuesta por las normas pertinentes se destinarán exclusivamente para el más eficaz cumplimiento de sus cometidos, los siguientes:

A) Los recursos provenientes de aportes internacionales que el Estado le autorice.

B) Los recursos provenientes de organizaciones no gubernamentales.

C) Las herencias, legados y donaciones que se realicen a favor de la institución y que sean aceptados por el Poder Ejecutivo.

D) Todo tipo de aporte o contribución en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas, incluyendo colectas públicas.

E) Bienes que le asignen por ley.

F) Frutos civiles y naturales de los bienes que le pertenezcan.

Artículo 11.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo máximo de ciento veinte días contados desde el siguiente al de su promulgación.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Población,

Desarrollo e Inclusión

ACTA N° 99

En Montevideo, el día ocho de diciembre de dos mil ocho, a la hora catorce y quince minutos, se reúne la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras miembros de la Comisión Susana Dalmás y Margarita Percovich y los señores Senadores Juan Justo Amaro, Enrique Antía, Luis A. Heber, Eduardo Lorier y Jorge Saravia.

Faltan con aviso la señora Senadora Mónica Xavier y el señor Senador Ruperto Long.

Presiden los señores Senadores Juan Justo Amaro y Eduardo Lorier, Presidente y Vicepresidente de la Comisión, respectivamente.

Actúan en Secretaría las Secretarias de Comisión, señoras Rosa de León y Teresa Paredes.

Asuntos entrados: 1) Nota remitida por el señor Presidente de la Cámara de Senadores, Rodolfo Nin Novoa, de fecha 18 de noviembre del corriente año, adjuntando informe de la Dirección General del Registro de Estado Civil del Ministerio de Educación y Cultura, referido al artículo 5° del proyecto de ley que figura en el Orden del Día.

2) Carpeta N° 1395/2008. COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR. Se establece la obligatoriedad de disponer de talles que respondan a las características antropométricas de la población. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2957/2008.

3) Nota remitida por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, de 26 de noviembre de 2008, solicitando audiencia con motivo del proyecto de ley por el que se regula la comercialización de prendas de vestir.

4) Por Secretaría se da cuenta de redacciones sustitutivas presentadas por la señora Senadora Percovich para los artículos 6° y 7°.

ORDEN DEL DIA:

- Carpeta N° 1027/2007. DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO, CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO REGISTRAL. Se establecen normas. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Mónica Xavier y los señores Senadores Alberto Couriel, Juan José Bentancor y Rafael Michelini. Distribuido N° 2216/2007.

El señor Presidente pone a consideración el artículo 5° del proyecto de ley.

Expresa, el señor Senador Amaro que no acompaña esta disposición por considerar que no es pertinente la anulación de la partida original. El señor Senador Heber interroga respecto a los numerales 3) y 4) que parecen contradecirse. La señora Senadora Percovich fundamenta que se mantienen las obligaciones y derechos porque la persona sigue siendo la misma y a su vez se adquieren los correspondientes a su nueva condición.

Artículo 5°.- Se vota: 4 en 7. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 6°.

Los señores Senadores Antía y Heber realizan consideraciones sobre el límite de edad a partir del cual se reconoce el derecho. La señora Senadora Percovich explicita que los elementos agregados intentan armonizar con el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente y destaca que se dispone la intervención del Tribunal y del Juez, así como el carácter provisorio de la adecuación de la documentación identificatoria hasta cumplidos los 18 años de edad.

Artículo 6°.- Se vota: 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 6°.- SUSTITUTIVO. 4 en 6. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 7°.

Artículo 7°.- Se vota: 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

En consideración el artículo 8°.

Artículo 8°.- Se vota: 0 en 6. NEGATIVA. Suprimido.

Artículo 8°. SUSTITUTIVO (Pasa a ser artículo 7°). Se vota: 4 en 6. AFIRMATIVA.

En consideración el artículo 9°.

Artículo 9°. (Pasa a ser artículo 8°).- Se vota: 6 en 6. AFIRMATIVA. Unanimidad.

A propuesta del señor Senador Saravia, se designa Miembro Informante (verbal) a la señora Senadora Percovich.

El texto del proyecto de ley sustitutivo, aprobado, queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°. (Derecho a la identidad de género).- Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cual sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros.

Artículo 2°. (Legitimación).- Toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género.

Artículo 3°. (Requisitos).- Se hará lugar a la adecuación registral de la mención del nombre y en su caso del sexo toda vez que la persona solicitante acredite:

1) que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de nacimiento del Registro del Estado Civil son discordantes con su propia identidad de género.

2) la estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos 2 (dos) años, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la presente ley.

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual para la concesión de la adecuación registral de la mención del nombre o del sexo que fuere disonante de la identidad de género de la persona a que se hace referencia en dicho documento.

Cuando la persona haya procedido a la cirugía de reasignación sexual, no le será necesario acreditar el extremo previsto en el numeral 2) del presente artículo.

Artículo 4°. (Procedimiento y competencia).- La adecuación de la mención registral del nombre y del sexo será de iniciativa personal del titular de los mismos.

Se tramitará ante los Juzgados Letrados de Familia, mediante el proceso voluntario previsto por el artículo 406. 2 del Código General del Proceso (artículo 69 de la Ley N° 15.750, de 24 de junio de 1985).

La presentación de la demanda deberá estar acompañada de un informe técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad que se constituirá a estos efectos en la Dirección General del Registro de Estado Civil.

Sin perjuicio de los demás medios de prueba que pudiera aportar el interesado, se tendrá especialmente en cuenta el testimonio de las personas que conocen la forma de vida cotidiana del solicitante y la de los profesionales que han atendido desde el punto de vista social, mental y físico a la misma.

Una vez recaída la providencia que acoge la solicitud de adecuación, el juzgado competente oficiará a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Municipal respectiva, a la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral y a la Dirección General de Registros a fin que se efectúen las correspondientes modificaciones en los documentos identificatorios de la persona así como en los documentos que consignen derechos u obligaciones de la misma. En todos los casos se conservará el mismo número de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica.

Artículo 5°. (Efectos).-

1) La resolución que autorice la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo, tendrá efectos acumulativos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento.

2) Si la persona interesada solicita la reserva del cambio registral efectuado, se procederá a anular la partida de nacimiento original y a la realización de una nueva inscripción, dejando constancia al margen de la resolución que lo dispuso.

En caso contrario, se rectificarán los datos al margen de la partida de nacimiento original.

3) En ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica ni será oponible a terceros de buena fe.

4) El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición.

Artículo 6°. (Personas de menos de 18 años de edad). _ Tratándose de personas de menos de 18 años de edad, el procedimiento tendrá como único efecto la adecuación provisoria de todos los documentos de identificación de la persona, debiendo ratificar su voluntad de cambio de nombre y en su caso de sexo una vez cumplidos los 18 años de edad a los fines previstos en los numerales 1) y 2) del artículo anterior. A tales efectos el Tribunal deberá designarle defensor y en su caso curador, conforme a lo previsto en el artículo 8° del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N° 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

Artículo 7°. (Reserva).- No se dará publicidad, sin autorización judicial, de la modificación registral de la mención relativa al nombre o en su caso al sexo de la persona.

Sin perjuicio de ello, no regirá esta reserva:

1) A los efectos patrimoniales y en cuanto resulte necesario de acuerdo a la reglamentación de la Dirección General de Registros.

2) Respecto al futuro cónyuge, previo a la celebración del matrimonio. En tales casos el Oficial del Registro de Estado Civil o quien haga sus veces, informará al futuro cónyuge, en forma reservada, los datos emergentes de la partida de nacimiento original.

3) Si fuere necesario para garantizar un derecho o interés legítimo de terceras personas. En tales casos las personas interesadas deberán fundamentar su solicitud ante el Juzgado competente, quien resolverá teniendo especialmente en cuenta los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Artículo 8°. (Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación).- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (Ley N° 17.817, de 6 de setiembre de 2004) tendrá a su cargo brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a las personas que deseen ampararse en esta ley."

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2978/2008, que integra este documento.

Para constancia, se labra la presente Acta que firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Juan Justo Amaro Presidente

Teresa Paredes Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley que hemos tratado en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión ha sido enriquecido con un intercambio realizado durante varias sesiones y constituye una propuesta que pretende responder a muchas preocupaciones y problemas que se nos han suscitado. En los últimos años se han planteado inquietudes a los Legisladores y Legisladoras con respecto a un hecho de discriminación que quizás no teníamos tan presente.

Las mujeres hemos ido logrando que se visualizara la discriminación que sufrimos a pesar de ser la mayoría de la población, simplemente por una cuestión cultural que tiene importantes consecuencias económicas, sociales y políticas para el propio desarrollo del país; asimismo, otro tipo de discriminación, como la que tiene que ver con la raza o con la etnia, que también son cuestiones culturales, las hemos ido incorporando con el correr del tiempo. Quizás el tema que vamos a tratar hoy es el menos visualizado, ya que afecta a una población minoritaria que tiene la característica de haber nacido con órganos genitales de un sexo pero que desde el punto de vista hormonal y psicológico desarrolla la identidad del otro sexo. A nivel de la medicina y de la psicología, a estas personas se las llama transexuales o se denomina a esa característica como transgénero.

Repito que se trata de una población minoritaria, pero de acuerdo con las consultas que hemos formulado a los organismos del Estado, serían miles las personas que se encuentran en esa situación. El objetivo de este proyecto de ley es el de evitar consecuencias que lamentablemente llevan a una discriminación cultural fuerte, en una sociedad que está pensada desde el punto de vista de las relaciones entre dos sexos, ya que los códigos y los marcos legales de esta sociedad están pensados para las relaciones entre hombres y mujeres.

El caso de estas personas -obviamente, cuando tienen una identidad definida de otro sexo y, por tanto, se comportan, se visten e, incluso, recurren a las cirugías para identificarse con el sexo que sienten dentro de su subjetividad- es que su documentación tiene la denominación del sexo con el que se las registró en el momento de su nacimiento. Esto presupone una serie de discriminaciones sucesivas: en el sistema educativo de esos niños o niñas y adolescentes -muchas veces, forman parte de ese porcentaje de expulsión sobre el que no sabemos bien cuáles son las barreras por las que salen de un sistema educativo-; a nivel laboral cuando una persona, con determinada visualización física, presenta un documento con un nombre de otro sexo, predisponiendo a un empleador o empleadora; en las consultas médicas cuando la persona es llamada en voz alta por un nombre que no se corresponde con su apariencia física; en el momento de viajar también se le plantea el mismo problema con el pasaporte o en las instancias de elecciones. Todos estos son elementos que, en muchos casos, como el laboral o el educativo, dan lugar a la expulsión de esas posibilidades y se produce una discriminación que, muchas veces, determina la sobrevivencia de esas personas a través del trabajo sexual. Eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo de la discusión de este proyecto de ley, cuando el tema fue tratado con los propios colectivos que nos hicieron tomar contacto con este problema; con ellos, además, fuimos tratando de visualizar cuáles eran, justamente, esos problemas para ir dando una lógica a la posibilidad de disminuir esa discriminación.

El proyecto de ley se basa en recomendaciones que el país ha reconocido como integrante de las Naciones Unidas, por ejemplo, en la Reunión de Especialistas realizada en Yogyakarta del 6 al 9 de noviembre de 2006, donde se adoptaron los "Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género". Entre las recomendaciones acordadas allí destacamos el Principio 3, llamado "El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica", que dice: "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Las personas en toda su diversidad de orientaciones sexuales o identidades de género disfrutarán de capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida. La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo la cirugía de reasignación de sexo, la esterilización o la terapia hormonal, como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género".

Creímos que el Uruguay debía recoger este principio, por lo que en el artículo 1º de este proyecto de ley se establece el derecho a la identidad de género de la siguiente manera: "Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cual sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros".

Reitero que este es el primer artículo en el que se reconoce este derecho y, por tanto, una identidad de género propia, así como que la documentación se adecue a ella.

Luego, en los sucesivos artículos, el proyecto de ley establece el derecho a solicitar esa adecuación y los requisitos desde el punto de vista registral. Obviamente, hemos ido discutiendo todo esto con las autoridades del Estado que tienen que ver con este tipo de procedimientos. La Dirección General del Registro de Estado Civil, que participa activamente en las adecuaciones de los distintos registros civiles de todo el mundo, nos ha dicho que esta es una legislación que se viene adoptando en los diferentes países con relación al reconocimiento de derechos de personas que antes no eran visualizadas y que hoy se expresan, solicitando esta posibilidad de no ser discriminadas.

Entre los requisitos se establece -concretamente, en el artículo 3º- lo siguiente: "Se hará lugar a la adecuación registral de la mención del nombre y en su caso del sexo toda vez que la persona solicitante acredite:

1) que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de nacimiento del Registro del Estado Civil son discordantes con su propia identidad de género.

2) la estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos 2 (dos) años, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la presente ley". Generalmente, esta disonancia -como se dice en este artículo- se manifiesta desde la niñez, pero muy probablemente se empieza a expresar con voluntad propia cuando hay una autonomía progresiva y una madurez para hacerlo.

Asimismo, de acuerdo con los principios de Yogyakarta, se nos obliga a la reasignación de sexo por cirugía, hecho que en nuestro país se realiza gratuitamente por parte del Hospital universitario, que cuenta con un equipo técnico que no solo trabaja en la realización de este tipo de procedimiento, sino que también asesora previamente para aceptar o no dicha reasignación por esta vía. Hasta ahora, nuestra jurisprudencia ha aceptado el cambio registral, que es muy estricto en la legislación del país en cuanto a los cambios de nombre. Todos conocemos las dificultades para poner a un niño o a una niña un nombre que no sea tradicionalmente conocido -hay que asignarle un nombre tradicional, aunque se le ponga otro que no lo sea-, pero hasta ahora la jurisprudencia, salvo en algún caso, ha aceptado pacíficamente ese cambio registral cuando hay operación. Aquí estamos reconociendo -porque también lo hemos aprendido en el contacto que mantuvimos con los colectivos- que la mayoría de las personas que sienten esta disonancia entre su personalidad, su identidad y el sexo con el que nacieron, no desean hacerse la cirugía de reasignación sexual. Obviamente, se trata de una cirugía que, como todas las de esta naturaleza, a veces conlleva la necesidad de realizar varias intervenciones que, obviamente, estas personas tratan de evitar por el grado de agresión que suponen. Por lo tanto, eso no significa que esa persona no tenga una identidad sexual distinta.

Después de establecer los requisitos, el artículo 4º del proyecto de ley indica cuál será el procedimiento y la competencia. En el texto original, habíamos resuelto que fueran los Juzgados de Paz que lo hicieran, entre otras cosas, porque se encuentran distribuidos en todo el país, pero por parte de algunos integrantes de la Comisión se insistió en que lo realizaran los Juzgados Letrados de Familia, propuesta que hemos aceptado pese a que están ubicados en la capital, porque entendemos que se pueden presentar más casos al principio y que después serán trámites específicos con el correr del tiempo. Otro argumento que nos daban algunos señores Senadores -y que aceptamos- es que, seguramente, muchos de los procedimientos que deriven de este cambio de documentos, tengan que ver con cuestiones familiares.

También el artículo 4º establece: "La presentación de la demanda deberá estar acompañada de un informe técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad que se constituirá a estos efectos en la Dirección General del Registro de Estado Civil".

La referida Dirección ha manifestado que es posible contar con un equipo, que no tiene por qué ser de carácter permanente, sino que puede contratarse concretamente a gente especializada en el tema cuando se presenten este tipo de demandas, que fundamentalmente constatará el lapso en que esta persistencia en una identidad diferente se ha procesado en el tiempo.

Luego, en el artículo 4º, de acuerdo con lo solicitado por la Dirección General del Registro de Estado Civil y el Ministerio de Educación y Cultura, se establecen las comunicaciones que se deben realizar a todo el país para la inclusión de este cambio en los documentos.

¿Cuáles son los efectos? A ellos refiere el artículo 5º que, a mi entender, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta algunas notas periodísticas que hemos leído en la prensa, así como ciertas argumentaciones que hemos escuchado y preguntas que se nos han planteado con relación a este punto. Evidentemente, en este tema uno puede tener definiciones ideológicas y confesionales -cosa que ya hemos vivido en el caso de otras iniciativas, como por ejemplo la Ley de Unión Concubinaria- en lo que refiere al reconocimiento de identidades sexuales u homosexuales, y también muchas reservas al respecto; pero en este caso nos importa especialmente lo que se establece en este artículo, que comienza diciendo: "1) La resolución que autorice la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo, tendrá efectos constitutivos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento". A su vez, solamente en el caso de que la persona interesada solicite reserva del cambio registral efectuado, se procederá a anular la partida de nacimiento original y a realizar una nueva inscripción, dejando constancia al margen de la resolución que lo dispuso. Es decir que los registros nunca se borran, sino que quedan para otros efectos que se definen más adelante.

Asimismo, nos parece que es realmente muy importante lo que se señala en la última frase del numeral 2): "En caso contrario, se rectificarán los datos al margen de la partida de nacimiento original". Quiere decir que si no se solicita reserva, se rectificarán los datos al margen de la partida de nacimiento.

Seguidamente, en el numeral 3), se establece: "En ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica ni será oponible a terceros de buena fe". Esto es algo muy significativo, pues según lo establecido en el artículo 7º, la persona seguirá teniendo el mismo número de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica. De esta manera, si ha cometido algún fraude, tiene alguna deuda o posee bienes, por ejemplo, de todo eso será responsable o continuará perteneciéndole; por decirlo de algún modo, su identidad de género cambia pero continúa siendo la misma persona.

Con relación a este aspecto, nos llamó la atención algunas cosas que hemos leído, así como los puntos de vista de algunas personas vinculadas al tema de los derechos de familia y tribunales de familia; una explicación quizá sea que, de pronto, esta gente no estaba en conocimiento de este proyecto de ley, ya que en este punto hemos sido muy cuidadosos. Aquella persona que haya cometido un delito no puede utilizar lo que aquí se establece como un argumento para evadir las consecuencias de infringir la ley y ni siquiera las consecuencias patrimoniales con relación a sus sucesores, por ejemplo.

El último numeral del artículo 5º expresa: "4) El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición". No solo se trata de tener derechos, sino también de cumplir deberes, lo que también fue bastante debatido en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión.

El artículo 6º, por su parte, establece qué sucederá con los niños, niñas y adolescentes. Debe tenerse en cuenta algo que, en realidad, no nos planteamos cuando comenzamos a idear esta iniciativa, sino que se nos trasladó desde la experiencia de las propias personas: que el problema de la discriminación empieza desde la niñez y, sobre todo, desde la adolescencia. La discriminación a nivel educativo es muy fuerte y, por ende, en este proyecto de ley se establece la posibilidad de que las personas que tienen menos de dieciocho años de edad realicen este cambio en forma provisoria, siempre dentro del marco de lo que consagra el Código de la Niñez y la Adolescencia. Lo harán acompañados de sus padres, si es que estos se muestran dispuestos, pues debemos recordar que muchas veces ellos también sufren este problema y desearían poder solucionarlo por la vía del cambio de documentos. Así pues, si los niños, niñas y adolescentes han sido discriminados -situación que muchas veces se da, tal como se nos hizo saber por parte de varios padres-, se apelará al Juez correspondiente de niñez y adolescencia, quien les asignará un defensor, tal como está establecido en el Código. Obviamente, si tienen tutores, serán ellos los que se encargarán de definir ante el Juez esta demanda; pero, en definitiva, siempre será el Juez de niñez y adolescencia el que determinará si corresponde o no proceder en consecuencia.

El artículo 7º refiere a la reserva. El principio es no dar a publicidad, sin autorización judicial, la modificación registral realizada. Sin embargo, aquí incluimos algunos casos que fueron motivo de discusión en el seno de la Comisión, ya que este era uno de los temas que generaba más dudas en muchos de sus integrantes. Concretamente, la reserva no regirá a los efectos patrimoniales y en cuanto resulte necesario de acuerdo a la reglamentación de la Dirección General de Registros. Se nos pidió muy especialmente contemplar la situación de un eventual futuro cónyuge en caso de que se quisiera celebrar un matrimonio. Una persona que pasa a tener otro nombre porque se siente pertenecer al otro sexo podría establecer una pareja de unión concubinaria o, incluso, ya que adquiere otros derechos, querer casarse con alguien que, por supuesto, es de otro sexo. Entonces, nos pareció pertinente impedir que se deslizara siquiera la posibilidad de un engaño que, si bien creemos o aspiramos a que no se dé, podría llegar a ocurrir. Por lo tanto, en tales casos, el Oficial de la Dirección General del Registro de Estado Civil o quien haga sus veces, informará al futuro cónyuge en forma reservada sobre los datos emergentes de la partida de nacimiento original. A su vez, si fuera necesaria la reserva para garantizar un derecho o interés legítimo de terceras personas, los interesados deberán fundar su solicitud ante el Juzgado competente, el que resolverá teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los involucrados, entre los cuales se encuentran la privacidad y la confidencialidad.

Cabe agregar que por la Ley Nº 17.817, de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, que votamos con mucho gusto -y que fuera propuesta por el entonces colega nuestro en la Cámara de Representantes, señor Diputado Bergstein-, se creó la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación, a la que se alude en el artículo 8º del proyecto de ley. Esta se instaló en este Período de Gobierno, funciona en la órbita de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y tendrá a su cargo brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a las personas que decidan recorrer el camino del cambio registral.

En consecuencia, fundamentada esta iniciativa que viene de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, la sometemos a la consideración del Cuerpo, entendiendo que con ella estamos dando un paso adelante en un tema que todavía está en el debe del sistema político uruguayo. Me refiero a la necesidad de ir incorporando en nuestra legislación nacional elementos de no discriminación con respecto a todos los colectivos -que, de una forma u otra, terminan siempre sufriendo ese tipo de situación en lo laboral, en lo educativo, etcétera-, sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces empujamos a la criminalización de sus conductas o a una relación con los ámbitos delictivos. Esto también se da en otros casos como, por ejemplo, los relacionados con el consumo de algunas drogas en que, por ser ilegales, quienes las consumen -ya sea porque han caído en la adicción o porque su uso no les es problemático- se ven obligados a ligarse con las redes que utilizan a las personas tanto en este caso como en el del trabajo sexual y la prostitución, que muchas veces deben ejercer como estrategia de sobrevivencia.

Asimismo quiero destacar que en este Período el Ministerio de Desarrollo Social ha dado trabajo a muchas personas transexuales que están tratando de dejar el trabajo sexual para encontrar otro digno. Aunque seguramente obtengan una remuneración, eso implica un esfuerzo de dignidad destacable que se inscribe en el camino que este proyecto de ley está tratando de recuperar. Me refiero a la dignidad personal de tener una identidad distinta en tanto nosotros y nosotras, los heterosexuales, que somos tan hegemónicos en esta sociedad, muchas veces discriminamos y, al hacerlo, los empujamos hacia caminos que no son los mejores para el desarrollo personal.

Muchas gracias.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: este proyecto de ley tuvo un largo tránsito en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la Cámara de Senadores. Nosotros no compartimos la filosofía en que se sustenta esta iniciativa y solo consideramos positivo su intento contra la discriminación.

Si bien es cierto que este proyecto busca evitar la discriminación -punto en el que estoy de acuerdo-, la posibilidad del cambio de identidad sin previo cambio de sexo puede generar problemas de relacionamiento social. En efecto, una persona que mantiene su sexo masculino podría adquirir una identidad femenina y obtener una partida de nacimiento, cédula de identidad y pasaporte como mujer e, incluso, hasta contraer matrimonio con una persona del sexo opuesto sin que esta necesariamente conozca su verdadera identidad sexual. Creo que el proyecto de ley prioriza la idea de que el género deriva exclusivamente de los sentimientos de las personas y no de los datos de la realidad en cuanto a la propia naturaleza del sexo, así como de otros aspectos, pero consagrar esta posibilidad en una ley puede resultar contraproducente. Además, no importaría en absoluto el sexo de la persona, sino lo que siente que es y, a partir de ahí, la ley habilitaría su cambio de identidad. ¿Cuántas personas cambiarán su identidad manteniendo el mismo sexo? Creo que hay una confusión entre lo que se llama orientación sexual e identidad, que no es lo mismo.

Comprendo el espíritu y la intención del proyecto, pero me parece que hay que modificar la redacción de algunos de sus artículos y hacer precisiones conceptuales.

En cuanto a sus postulados, podemos decir que lo que se proyecta es, sencillamente, que si una persona durante dos años o más mantiene una discordancia entre el sexo consignado en su partida de nacimiento y el que siente que tiene, puede iniciar el trámite para la rectificación de la partida. Para probar la discordancia le bastaría con llevar testigos o antecedentes de los tratamientos psicológicos u otros que se haya hecho. Luego, en el ámbito administrativo, ante la Dirección General del Registro de Estado Civil y previo aval de un equipo técnico de esa Dirección -que deberá estar constituido en forma multidisciplinaria y ser especializado en identidad de género y diversidad- el interesado pide sencillamente el cambio de nombre en las partidas.

En el caso de que sea denegada la solicitud o si transcurrieren ciento cincuenta días sin que la referida Dirección se expidiera, puede presentarse ante la Justicia -artículo 406.2 del Código General del Proceso-, y serán competentes los Juzgados de Paz Departamentales según los artículos 71 y 72 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985. De manera que, en principio, el cambio será un mero procedimiento administrativo -y no judicial-, por el que un equipo técnico de la Dirección General del Registro de Estado Civil le comunicará si autoriza o no el cambio de partida.

Además, ni siquiera aparecen en el texto los indicadores objetivos, supuestamente científicos, que justificarían, en su perspectiva, el cambio de partidas.

Por el contrario, queda a criterio de los profesionales intervinientes en tal equipo la decisión de si se acepta o no el cambio de partida y de sexo, sin depender de la autorización de la ley. Insisto, con todo respeto, en que esto queda a criterio de los profesionales que actuarán en la materia. Digo esto porque el psicólogo, doctor Ferreira, que formó parte de la delegación de la Dirección General del Registro de Estado Civil, en la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, el 8 de setiembre de 2008 señaló lo siguiente: "Aquí se da una paradoja. A nivel internacional, todos los colegas, psicólogos y psiquiatras usamos manuales sobre los que nos regimos para hacer diagnósticos diferenciales. En algunos manuales podemos ver que la identidad de género todavía se considera un trastorno". Así figura textualmente en la versión taquigráfica de la sesión de ese día.

Creo que este punto merecería un mayor estudio, ya que deberíamos recibir otras opiniones de distintos especialistas, de catedráticos y de personas reconocidas en psicología, psiquiatría, en medicina legal, etcétera. Incluso, me gustaría también que se invitara a la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad de la República y de algunas universidades privadas, para saber qué nos pueden aportar desde el punto de vista del Derecho Civil, por los efectos jurídicos que esto conlleva.

Por otra parte, considero importante hacer referencia a los proyectos de ley alternativos y sustitutivos que se trataron en Comisión. Quiero recordar que sobre el artículo 3º existieron cuatro propuestas de redacción: el proyecto de ley original, el presentado por la señora Senadora Percovich, el del señor Senador Long y el redactado por el Ministerio de Educación y Cultura. En lo personal, considero más adecuado a la normativa jurídica vigente el texto propuesto por el señor Senador Long y voy a explicar por qué.

La inscripción y el registro de un nacimiento, casamiento, defunción o divorcio es siempre un acto administrativo que se verifica en la Dirección General del Registro de Estado Civil; pero la rectificación de cualquiera de estos documentos a posteriori se hace siempre con o por intervención judicial. Por ejemplo, si se pone fin a un matrimonio mediante el divorcio, ello ocurre luego de un juicio tramitado en el Poder Judicial, el que finalmente oficia a la Dirección General del Registro de Estado Civil para que allí se anote, en el margen de la partida de casamiento, que por sentencia de tal fecha -con los demás datos-, dicho matrimonio se disolvió. Es decir que en primer lugar se da el hecho judicial, la sentencia de resolución, y luego se realiza la anotación administrativa.

Razonando por esta vía, si se faculta a las personas a iniciar trámites para rectificar las partidas con el objeto de cambiar de nombre o de género, lo lógico es que se acuda al Poder Judicial, como siempre se ha hecho. No se puede transferir esa competencia al poder administrador así como así; por eso opino que debe tramitarse ante el Juzgado Letrado de Familia.

El artículo 4º se discutirá en función de qué texto, referido al artículo 3º, se apruebe.

En cuanto al artículo 5º -en mi concepto, el más conflictivo- existen también cuatro proyectos de texto. Todos dicen más o menos lo mismo, aunque se podría seguir la línea del proyecto del señor Senador Long. En este artículo se indica que los datos se rectificarán al margen de la partida, o sea que en todos los casos queda constancia de que se hizo un cambio. En las otras redacciones propuestas se contempla que se pueda borrar y anular la partida original, lo que me parece que es un tremendo disparate.

Con relación al artículo 6º, hay una sola propuesta, y es la del proyecto original. Esta disposición habilita el cambio de partida a los menores de edad sin autorización expresa de sus padres. Haciendo una interpretación literal del texto del artículo, diríase que permite al menor de edad realizar un procedimiento de rectificación de la partida para cambiar su género sin permiso ni autorización de sus padres, porque no aparecen mencionados para nada en este artículo. Además, se establece que luego de los 18 años, cuando alcance la mayoría de edad, debe ratificar su petitorio de cambio de género, que hasta ese momento tendrá un carácter provisional.

Creo que, así expresado, este artículo contraviene el instituto de la patria potestad consagrado en nuestro Derecho de Familia. En efecto, el artículo 252 del Capítulo I, Título VIII "De la Patria Potestad" del Libro Primero "De las Personas", del Código Civil Uruguayo expresa: "La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de edad.

La patria potestad será ejercida en común por los padres, sin perjuicio de las resoluciones judiciales que priven, suspendan o limiten su ejercicio o lo confieran a uno de ellos y de los convenios previstos en el artículo 172.

Cuando no se obtenga el acuerdo de los padres, cualquiera de ellos podrá recurrir ante el Juez competente".

Este es el texto dado por la Ley Nº 16.603, de 19 de octubre de 1994, en virtud de los artículos 11, 12, 13, 16 y 17 de la Ley Nº 10.783, de 18 de setiembre de 1946.

De manera que considero que este artículo debería ser reformulado, porque el hijo menor de edad, sometido a la patria potestad de sus padres, no está aún lo suficientemente maduro emocional, psicológica e intelectualmente para tomar una decisión para el resto de su vida. En todo caso, siendo menor, la decisión debería contemplar la opinión de los padres, que conocen y saben la evolución de su hijo, la forma en que ha reaccionado frente a los tratamientos, la forma de inserción social y cultural con sus pares.

Me parece que la población uruguaya está pendiente de lo que se apruebe en el día de hoy en el Senado de la República, por lo que este artículo tan importante merece un tratamiento especial. Aclaro que no estoy diciendo que no se haya trabajado, porque el partido de Gobierno ha puesto toda su buena voluntad en este tema, como lo hemos hecho nosotros, tratando de colaborar de la mejor forma posible para tratar de alcanzar un proyecto consensuado y no aprobado solamente -como va a ocurrir en el día de hoy- por el partido de Gobierno. Entiendo que sería conveniente que el proyecto volviera a la Comisión para buscar nuevos asesoramientos, como acabo de decir, y tratar de llegar a un acuerdo. Estoy seguro de que, si así se procede, ese acuerdo se logrará porque es una Comisión que trabaja muy bien y que ha elevado una serie de proyectos que han sido aprobados, en casi todos los casos, por unanimidad. Me parece que este tema merece, en definitiva, un estudio más profundo.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR LONG.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Cuando la Comisión comenzó el estudio de este proyecto, y también en diálogo con algunas de las organizaciones vinculadas al tema, desde el inicio dijimos que nuestro Partido iba a actuar sin prejuicios en un tema que es sumamente delicado y controversial, procurando las mejores soluciones. Pero pensábamos que esos prejuicios no debían operar en ninguna dirección, es decir, si bien no debían llevarnos a la discriminación que muchas veces sufre este conjunto de ciudadanos, tampoco debían llevarnos a aprobar cualquier cosa para resolver la situación, sino solamente aquellas normas que dieran solución al problema planteado.

Partimos de la base de reconocer una realidad y procurar la mejor solución para los involucrados y para el resto de la sociedad, que también es importante y que entiende que hay derechos, conceptos y valores que deben ser igualmente respetados. Por lo tanto, no se trata de emitir ningún juicio, sino de procurar arbitrar las mejores soluciones en nuestro rol de Legisladores, que me parece que es la mejor manera de involucrarnos frente a este tema.

En este marco, hay que decir que la Comisión trabajó -como decía el señor Senador Amaro que, justamente, la preside- con mucha dedicación, y le dedicó muchos meses al tratamiento de este tema. En este caso no ocurrió lo mismo que con algún otro proyecto, más que relevante, que consideráramos la semana anterior y que no mereció tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura. Con respecto a este proyecto, sí hubo un tratamiento cuidadoso y respetuoso por todas las partes, y diría que todos dejaron clara su voluntad de buscar puntos de encuentro. Ello se logró en algún caso, como por ejemplo en el artículo 4º, en el que todo este proceso de cambio de nombre y de sexo registral se resuelve por la vía de la Justicia -tal cual lo propusiéramos-, lo que nos pareció un aporte importante, aceptado y acordado en Comisión; pero hay un conjunto de otros artículos con los que no coincidimos y en los que no fue posible llegar a un punto de acuerdo, por lo que persisten visiones distintas. Por ese motivo vamos a votar negativamente el proyecto en general, sin perjuicio de que podamos votar afirmativamente algunos de los artículos.

Voy a concentrar las diferencias en algunos de los puntos, sin perjuicio de que mis compañeros de Partido me complementen y entren, eventualmente, en más detalles. El artículo 1º es esencial y en él mantenemos diferencias. La versión original de dicho texto es muy importante -si bien fue levemente modificada- porque de alguna forma trasunta el espíritu de quienes dan inicio al proyecto de ley, ya que se dice: "a su propia identidad de género, entendida esta como aquella sentida como tal por la persona independientemente de cual sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro".

Nos parece que esta definición no es la que representa adecuadamente el problema, al menos tal cual nosotros lo vemos. Estamos frente a un conjunto de personas que objetivamente viven una situación compleja en cuanto a su definición sexual porque, precisamente, no hay coincidencias entre el sexo biológico, el morfológico o el hormonal. No se trata de temas que se independicen sino, por el contrario, son los que motivan el problema. Como decía la versión original, el hecho de que la persona sienta una pertenencia a determinado género, no nos parece el tema más relevante. Si bien a raíz de nuestras observaciones se eliminó esa expresión en cuanto al género como lo que la persona sentía, igualmente se mantiene el hecho de que dicho sexo se defina con independencia de los aspectos ya mencionados: biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otros.

De modo que nos parece que hay que entender una diferencia sustancial. El sexo registral es una forma que tiene la sociedad para establecer determinados datos relevantes de sus integrantes que, en gran medida, son independientes de la voluntad de la persona; no se trata de que esta, simplemente, de forma voluntaria pretenda cambiar de sexo y lo haga por ese motivo o no, sino que para ello tiene que darse un conjunto de condicionantes. Por tanto, consideramos que el contenido del artículo 1º no es el tema esencial a resolver, sino que la ley debe procurar ayudar a resolver el problema de aquellas personas cuyas características de género tienen determinadas contradicciones. Aquí, por el contrario, a nuestro juicio se establece una definición sumamente vaga que daría lugar a que prácticamente cualquier persona que lo deseara, se planteara esta alternativa. En principio, esta no debe ser avalada por una situación objetiva como la que describíamos.

El otro artículo que nos parece sustancial o importante es el 5º, sobre el cual debatimos largamente en cuanto a si debía quedar registrada esta modificación o no y cuál era la forma más clara de documentar la situación planteada. En todo momento propusimos mantener la partida de nacimiento original y dejar constancia en el margen, del cambio que se efectuara. Esto en absoluto nos parece discriminatorio sino que se trata del registro histórico. Como lo que estamos haciendo acá es procurar resolver una situación que, en principio, presenta determinado conflicto, si ella se soluciona en una determinada dirección, donde la situación inicial y su modificación queden claramente establecidas, lejos de parecernos algo negativo nos resulta claro y transparente. No creemos que sea adecuada la alternativa de eliminar la partida de nacimiento original, anularla y realizar una nueva inscripción; pensamos que ello no corresponde y que desde el punto de vista del manejo por parte de la sociedad de esta información, es bueno que ella quede asentada debidamente y con toda claridad.

(Ocupa la Presidencia el Señor Senador Mariano Arana)

-Precisamente, el numeral 4) del artículo 5º introduce una serie de problemas mayores. Allí se expresa: "El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición". En ese sentido la Comisión también debatió determinadas situaciones que se darán en la práctica, algunas de mayor entidad o de mayor envergadura; de todas maneras son situaciones delicadas que involucran no solamente a los afectados, sino a otras personas de la sociedad. Por ejemplo, está el caso de las situaciones que se pueden dar en el uso de los baños públicos, en los vestuarios de los clubes o asociaciones deportivas o en los hospitales, porque vamos a tener a dos personas que biológicamente son de sexos distintos pero, como por el artículo 1º eso no será un elemento relevante, van coexistir en esos mismos ambientes. Evidentemente eso va a generar problemas y habrá personas que se sentirán -en lo correcto o en el error- afectadas por esa situación. Quiere decir que se presentará un conjunto de situaciones que son difíciles de prever, donde la ley no establece caminos en ese sentido. Me parecía importante señalar estos detalles para que los colegas vean la complejidad del tema. No digo que haya soluciones fáciles, sino simplemente que ellas son complejas y hay que pensarlas a priori para evitar que esto, hoy o mañana, traiga consecuencias de otro tipo, como discusiones, etcétera.

Por su parte, el artículo 7º, en su numeral 2), contiene la modificación del Código Civil en lo que tiene que ver con el matrimonio, y lo hace a texto expreso, ya que dice: "Respecto al futuro cónyuge, previo a la celebración del matrimonio. En tales casos el Oficial del Registro de Estado Civil o quien haga sus veces, informará al futuro cónyuge, en forma reservada, los datos emergentes de la partida de nacimiento original", que pudo haber sido anulada en caso de que la persona interesada así lo hubiera solicitado.

Me parece que acá estamos entrando en un tema delicado. Recuerdo que en la Comisión, la señora Senadora Xavier -me corregirá si me equivoco- dijo que se iba a procurar resolver lo que tiene relación con el cambio de sexo registral de estas personas, pero de modo tal que los temas de matrimonio y de adopción no entraran por una vía lateral. Estos asuntos deberán discutirse cuando se trate una ley al respecto y se verá a qué conclusión se llega, por lo que no voy a argumentar ahora sobre eso. En definitiva, el objetivo es resolver el cambio de nombre y de sexo registral acotando sus consecuencias, para evitar que esto se convierta en una discusión sobre la naturaleza del matrimonio o sobre la adopción por parejas con una situación distinta a la prevista actualmente en el Código Civil. Nos parecía que eso era lo adecuado porque, de esa manera, podíamos avanzar y resolver un tema que puede resultar esencial para algunas personas por una eventual discriminación, dejando los otros aspectos para una discusión de carácter general. Sin embargo, la redacción del artículo 7º que se implementó al final del tratamiento del proyecto de ley en la Comisión, lejos de resolver el tema, lo incorpora. A nuestro juicio, se modifica el Código Civil definiendo una nueva situación matrimonial, lo que nos lleva a una discusión más de fondo y creo que ese no era el espíritu de esta iniciativa. Es más, nunca oímos este planteo de parte de las organizaciones participantes, que sólo se referían a la resolución práctica del registro de cambio de nombre, es decir, a problemas de documentación, de viajes y otro tipo de operativas en las cuales estas personas se sienten discriminadas y que no pueden ejercer sus derechos.

SEÑORA XAVIER.- ¿Me permite una interrupción?

SEÑOR LONG.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Quisiera entender por qué el señor Senador Long dice que, con la redacción dada al numeral 2) del artículo 7º, no se está respetando la situación a la que se hace referencia con relación al matrimonio. Al respecto, quienes defendemos este proyecto hemos incorporado a la redacción final una serie de sugerencias que hacen viable el proyecto de ley y, obviamente, otros señores Senadores han criticado su esencia. Es muy claro el numeral 2) con relación al requisito de informar al futuro cónyuge sobre la reserva de los datos, ya que ello se dice a texto expreso. Además, cuando se plantea el tema de la eventual anulación de la partida de nacimiento original para guardar la reserva del cambio registral, de todas formas se deja constancia al margen de la resolución que lo dispuso, por lo que no hay una pérdida de la continuidad en la identidad de las personas. Como bien recordaba el señor Senador Long, no nos interesa "colar" en este proyecto de ley nada que tenga que ver con el matrimonio o la adopción porque, si se discute este derecho, queremos que se haga con toda la franqueza.

Nosotros discutimos muchísimo el artículo 5º y entendimos que el pedido específico de muchas de las personas requería una modalidad que pudiera dar respuesta al interés de reserva de ese cambio registral. Entendimos que dejando constancia al margen de la resolución que lo dispuso, estaba salvada la duda que se nos presentaba por los eventuales efectos en otros campos.

Entonces, quisiera saber específicamente cuál sería la redacción que se quiere dar, si es que no estamos frente a un artículo en el que hay diferencias concretas y algunos Senadores, con legítimo derecho, no quieran dar su voto entendiendo que la situación está planteada y que es una realidad de difícil resolución en algunos aspectos. Si no es así, le pediría al señor Senador Long que proponga una redacción alternativa que deje más nítidamente establecido cuáles son los derechos que se están legislando en esta norma y cuáles no.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede continuar el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Con respecto al comentario de la señora Senadora Xavier sobre el numeral 2) del artículo 5º, no creemos que el tema exija una reserva particular y basta con que se anote el cambio en la partida. De lo contrario, la situación sería mucho más difusa, ya que quedaría una hoja anulada y una anotación que refiere a una determinada resolución, que luego habrá que identificar. Si de lo que se trata es de trasparentar la situación, no entiendo para qué incorporar el concepto de reserva, ya que no creo que personas involucradas procuren un ocultamiento. Además, para el conjunto de la sociedad también puede ser razonable que en determinados casos y condiciones se pueda acceder a esos datos sin dificultad.

El tema del numeral 2) del artículo 7º, por supuesto, es mucho más complejo, más allá de que exista o no una reserva y de que se informe o no. Creemos que buena parte del problema está en la definición del artículo 1º, ya que nuestra idea es que fuera más acotado y por eso lo votamos negativamente en Comisión, a pesar de que se eliminó la referencia al género -como lo que la persona siente-, pero de todas maneras se está planteando independientemente de una serie de datos objetivos. Entonces, llegado el momento, por la vía de esta habilitación un tanto indirecta -no digo que se esté intentando hacer algún tipo de estratagema- se incluye esa referencia a la información, aceptando que dos personas que morfológicamente son del mismo sexo celebren matrimonio. A nuestro entender, estamos introduciéndonos en otro elemento mucho más complejo.

Por otro lado, debemos decir que no nos satisface ninguna de las versiones que se plantearon para el artículo 6º, relativo a las personas menores de 18 años. Directamente consideramos que esta alternativa no debe ser presentada, puesto que lo mismo se aplica en determinados temas muy importantes como, por ejemplo, el derecho al voto -donde se exige una edad mínima de 18 años- y lo relativo a la imputabilidad frente a los delitos, donde también se estipula una edad mínima. Entonces, en un tema tan delicado como el que nos ocupa, creemos que debe existir una edad mínima en la que se refleje cierto proceso de maduración de la persona que le permita tomar la decisión, por lo que no nos parece conveniente habilitar esa posibilidad cuando el individuo es menor. Por más que se diga que eso es provisorio, no deja de ser una decisión tremendamente trascendente; no se trata de algo menor, sino que es relevante en la vida de la persona porque, una vez adoptada, se sienta un precedente importante que, a nuestro juicio, no debe darse hasta que esta no alcance la mayoría de edad.

A continuación, voy a repasar los siguientes puntos. A nuestro juicio, la forma en que se define el derecho a la identidad de género es de una amplitud tal que prácticamente podría abarcar a cualquier persona que tan solo tuviera la voluntad de realizar ese cambio. En segundo término, nos parece innecesario el tema de la reserva. En tercer lugar, creemos que se plantea un conjunto de derechos cuyas consecuencias no están debidamente evaluadas. En cuarto término, nos parece que no se debería habilitar la alternativa para las personas menores de edad y, finalmente, en este momento no nos parece conveniente la modificación del Código Civil, que habilitaría la celebración del matrimonio por una vía indirecta.

Por estas razones, vamos a votar en contra del proyecto de ley en general, sin perjuicio de que nos pronunciaremos afirmativamente sobre algunos artículos como, por ejemplo el cuarto, que establece que todo el procedimiento se deba realizar por vía judicial, aporte que en su oportunidad realizáramos. Entendemos que esa disposición debe ser votada afirmativamente así como, quizás, algún otro artículo complementario que dice relación con el tema de la discriminación.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: en primera instancia, queremos poner de manifiesto nuestra propuesta pues, si bien firmamos discordes con el proyecto de ley, ello no aparece en el repartido. Me parece que es lo mínimo que se puede pedir porque expresamente quien habla, cuando firmó, estableció entre paréntesis su posición discorde con respecto a la iniciativa. No obstante, en el repartido que tienen todos los señores Senadores sobre la Mesa, aparece solamente nuestra firma con lo que podría deducirse que tenemos una posición favorable con respecto a este proyecto de ley. El señor Senador Long me acota que él también firmó discorde y ello no figura en dicho repartido. Lamentablemente, cuando se llevó a cabo la votación en Comisión, nosotros acompañamos muy pocos artículos, más precisamente, creo que solamente votamos dos de un total de ocho. Digo lamentablemente porque si esta iniciativa tenía como objetivo buscar un cambio de identidad, con seguridad, hubiera generado unanimidad por lo menos de nuestra Bancada porque, como dijimos en Comisión, nos parece necesario proteger la decisión libre de quien se siente de manera diferente de lo que su partida de nacimiento y su cédula establecen. Inclusive, me parece que la iniciativa es tardía en cuanto a respetar la libertad de la persona de llamarse como quiera.

No obstante, el proyecto de ley ingresa en otra área en la que, a nuestro juicio, no existe legislación comparada, por lo que comienzan a surgir otros problemas de carácter jurídico en tanto se señala que la persona no solamente modifica su nombre y su identidad, sino que también cambia su sexo. En la Comisión se nos señaló que en otros países, como por ejemplo en España, la legislación -que no tuve oportunidad de analizar- requiere de la operación para que la persona pueda cambiar de sexo. No sé si eso está bien, pero creo que no; no me parece que la legislación española sea correcta en ese sentido. Cuando estudiamos esta iniciativa en Comisión, planteamos el razonamiento -que figura en la respectiva versión taquigráfica- de que, quizás, en nuestra legislación y en muchas otras del mundo, falta el reconocimiento de un tercer sexo. Me explico: quien biológicamente nace de una forma y se siente de otra, no pasa a ser del otro género. Si mañana un hombre se siente una mujer, pero biológicamente no lo es, al cambiar su sexo, ¿podemos decir que es una mujer? Esa es la pregunta. Por el contrario, si bien se me dice que existen técnicas modernas según las que, por medio de implantes, una mujer puede operarse, en el caso de que no lo haga pero cambie su nombre -porque quiere ser un hombre y tiene derecho a ello-, ¿podemos decir que se convierte en un hombre? Esta es una de las preguntas que me formulaba en la Comisión, donde concluí que nuestra legislación debería proteger a la persona mediante cambios en muchas de las disposiciones que son binarias -porque así está hecha nuestra sociedad-, procurando el reconocimiento de alguien que biológicamente es de una forma, pero sentimental y psicológicamente se siente de otra. Creo que este proyecto de ley no arregla esa situación porque el hombre que cambia su sexo sin transformarse -tal como establece la legislación- no termina por ser una mujer, porque esta no solamente se reconoce en función de sus sentimientos, sino también biológicamente.

A lo largo del tratamiento de todos los artículos del proyecto de ley en Comisión, me choqué con el inconveniente -que éticamente ya tenía- de querer reconocer el derecho de la persona a llamarse de otra manera, porque tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y está claro que hace mucho tiempo que deberíamos haber aprobado un proyecto de ley en este sentido.

Entonces, bienvenida sea esta iniciativa en cuanto al cambio de identidad. Me parece bien que quien quiera llamarse de la manera que se siente, tenga la libertad de modificar su partida de nacimiento, pero creo que el cambio de sexo va más allá de lo que nuestra legislación establece. He confesado en Comisión, y reitero públicamente, que no tengo la formación jurídica como para poder advertir todos los inconvenientes que puede generar esta situación. Me hubiera gustado conocer la opinión de la Universidad de la República a este respecto. Por otra parte, hace unos días escuché a los representantes del Colegio de Abogados discutir y criticar duramente el proyecto de ley.

En consecuencia, hubiera preferido analizar más en profundidad el proyecto de ley en Comisión, estudiando toda la legislación que ya tenemos y las consecuencias que puede generar el cambio de sexo. Repito que no me refiero al cambio de identidad, que voto ahora con las dos manos y creo que unánimemente deberíamos aprobarlo, ya que nadie debería estar en contra de algo que es parte integrante de la libertad del individuo.

De todos modos, nuevamente confieso mi falta de formación jurídica como para advertir hasta dónde estamos incidiendo en esta situación. Incluso, algunas personas que habían tomado conocimiento de que estábamos considerando este proyecto de ley nos señalaban los derechos jubilatorios que tiene la mujer y no posee el hombre, como la exigencia diferente en cuanto a la edad y los años de trabajo. En la Comisión se me contestó -por supuesto que esto es parte del convencimiento que se tiene- que el hombre que se transforme en mujer va a tener los derechos de ésta, ya que así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley. Pero, ¿cómo va a repercutir esto mañana, por ejemplo, en la Caja Notarial donde a la mujer se le exige menos edad y menos años de trabajo para jubilarse que al hombre? No lo sé; no puedo votar un proyecto de ley a conciencia sin saber las consecuencias de carácter jurídico que se pueden generar. Repito que me refiero al cambio de sexo y no al cambio de identidad.

Asimismo, he leído en la prensa las críticas que se han hecho a este proyecto de ley. No se trata de un preconcepto por no querer reconocer que quien se sienta de una manera diferente de lo que es, tenga el derecho de cambiar de sexo, pero me parece que el trabajo parlamentario que debemos realizar tiene que ser mucho más profundo y abarcativo de lo que es esta iniciativa, que establece la posibilidad de que se cambie el sexo. No me refiero a lo que recién señalaba el señor Senador Long con respecto a la reserva o no, porque creo que el artículo lo resuelve. Sin embargo, tal como se ha manifestado, deja abierta la posibilidad de que mañana se lleven a cabo matrimonios entre dos personas del mismo sexo. Es algo factible porque aquí se establece, pero no es lo que se pretende con este proyecto de ley, que sí busca la reserva de la identidad e intenta resolver el tema -que fue largamente discutido en Comisión- de que nadie sea engañado por esta situación, que no haya sorpresas. Eso me parece muy lógico y atendible. Además, creo que la redacción del artículo va en esa dirección, es decir que en determinadas situaciones una persona sea advertida del cambio de sexo de otra, de modo que nadie se sorprenda; de todas maneras, no creo que en la vida diaria haya sorpresas, más allá de que no está de más establecerlo a texto expreso. Así lo manifesté en la Comisión y se me contestó que esa no era la intención; ya lo sé, justamente estoy señalando que la intención era mantener la reserva, pero eso genera otros inconvenientes. Confieso no tener la formación adecuada como para poder arribar a una conclusión definitiva.

A mi juicio, podría haber existido una instancia en la que lográramos una gran mayoría o la unanimidad en el caso del cambio de identidad. Sin embargo, no sé qué consecuencias pueda tener en nuestra legislación el cambio de sexo por la sola voluntad de la persona. Volviendo al principio, señor Presidente, me da la sensación -quizás los que conozcan Derecho Comparado y situaciones de este tipo que existen en otros países me puedan ayudar a reflexionar- de que nuestro Derecho no reconoce una tercera posición, que sería la de aquellos que biológicamente han nacido de una forma y se sienten de otra y terminan por no ser una ni otra, sino algo diferente. Reitero que no me gustaría calificarlos, porque parecería que uno tuviera una actitud hasta despectiva en este sentido, pero aclaro que eso está muy lejos de nuestro ánimo, muy distante de lo que queremos proteger y decir. No sé si existen legislaciones en otros países que atiendan situaciones de cambio de sexo. En ese sentido, señor Presidente, casi todos los artículos incurren en la expresión del cambio de identidad y del cambio de sexo.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: comparto la línea de razonamiento que está desarrollando el señor Senador Heber, pero quisiera ir un poco más allá. He leído cuatro o cinco veces el articulado en su totalidad y no salgo de mi asombro de que se pueda llegar a proponer y a votar una norma de estas características. Creo que esto es una aberración. Además, considero que constituye la negación de la condición humana, porque si se aprueba esta iniciativa en el Uruguay -y solamente en el Uruguay, con lo que contesto una de las preguntas que se planteaba el señor Senador Heber- el sexo pasa a ser una actitud, un sentimiento: ¿cómo te sentís? Mujer. Entonces, sos mujer. ¿Cómo te sentís? Hombre. Entonces, sos hombre. Eso es lo que define el proyecto de ley. Como bien decía el señor Senador Heber, podemos admitir que alguien que tiene esa actitud y sentimiento -a lo cual tiene legítimo derecho- pretenda cambiar su nombre, porque se llama Roberto pero tiene el sentimiento y la actitud de sentirse mujer desde hace mucho tiempo y quiere llamarse Isabel. Ahora bien, que se cambie el sexo en el registro correspondiente sin que haya cirugía de por medio ni ningún cambio morfológico, es una aberración. Realmente, no entiendo hacia dónde se quiere caminar.

Me parece aberrante, además, que se dé esta autorización a menores de 18 años. No parece prudente que un niño de cinco, siete o diez años pueda decidir cambiar su sexo cuando todavía no está en el ejercicio de su libre albedrío -motivo por el cual existen las categorías en materia de edad- y que una vez que cumpla 18 años ratifique o rectifique si ese es efectivamente su sexo.

El señor Senador Heber preguntaba qué condiciones regirían en materia de jubilación, y yo pregunto: ¿qué pasa con el matrimonio legalmente constituido entre un hombre y una mujer si uno de los dos integrantes decide recorrer el camino que establece este proyecto de ley? ¿En qué termina transformándose ese matrimonio?

El señor Senador Heber comentó que había preguntado qué derechos se adquirían, por ejemplo, en materia jubilatoria, a lo que se le respondió que el hombre que se transformara en mujer adquiriría los derechos de la mujer; ¿pero cuántas veces puede cambiar de sexo? Supongamos que durante un tiempo se siente hombre y se declara en el Registro como tal, pero después se siente mujer y entonces se inscribe en el Registro como mujer. ¿Sabe una cosa, señor Presidente? Eso está previsto en el proyecto de ley: puede cambiar cada dos años; durante dos años puede ser hombre, pero si luego cambia su actitud y sentimiento puede nuevamente pasar a ser mujer. Repito que esto está expresamente previsto en el numeral 2) del artículo 3º, que dice: "la estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos 2 (dos) años, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la presente ley". Reitero que esto me parece una aberración y no entiendo hacia dónde apunta.

Por otra parte, creo que esta iniciativa es decididamente discriminatoria, contrariamente a lo que establece su exposición de motivos, que comienza diciendo: "El contenido de este proyecto de ley es el producto de un proceso de trabajo e intercambio con las organizaciones uruguayas que luchan contra la discriminación de las personas por su condición de sexo, género, orientación sexual, identidad de género". Desde mi punto de vista, se trata de la consagración definitiva de la discriminación; ya no se puede ser homosexual, gay ni lesbiana, porque eso puede ser rechazado por la sociedad. Esto es: "hacete hombre o hacete mujer". "Si sos hombre, homosexual, y tenés una actitud y sentimiento de mujer, registrate como mujer; por el contrario, si sos mujer y tenés una actitud y sentimiento de hombre, registrate como hombre. En definitiva: dejá de ser como sos". Eso es lo que consagra este proyecto de ley.

En consecuencia, señor Presidente, no sólo voy a votar en contra del primero al último de sus artículos, sino que no logro entender cómo es que aquí se puede sostener que si se trabajara un poco más en profundidad en Comisión se podría alcanzar un consenso; personalmente, no creo que pueda ser posible.

Agradezco la interrupción al señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Vuelvo a decir que las dudas que teníamos respecto de este proyecto de ley no las pudimos aclarar en Comisión, sobre todo porque no tuvimos oportunidad de escuchar a la Cátedra para que nos orientara y así saber qué consecuencias de carácter jurídico podían existir.

SEÑOR GARGANO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR HEBER.- Como seguramente querrá responder al señor Senador Gallinal y no sé cuánto tiempo me queda para hacer uso de la palabra, le pediría que me permitiera terminar el pensamiento.

Consulto a la Mesa cuánto tiempo me resta.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Aún le restan varios minutos, señor Senador.

SEÑOR HEBER.- En ese caso, le concedo la interrupción con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera hacer una observación que me parece de rigor a los efectos de que no se haga una interpretación errónea de esta norma: las disposiciones legales son optativas, por lo que quien quiere ser gay puede seguir siéndolo toda la vida, al igual que la que desee ser lesbiana. En realidad, este proyecto de ley atiende la situación de aquellos que tienen dificultades con su identidad, dándoles la posibilidad de cambiarla, pero sin que sea obligatorio; lo hacen si quieren.

En consecuencia, me parece que el señor Senador Gallinal comete un craso error de interpretación, desde luego que de buena fe.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Quizás lo que hubiéramos debido hacer es una reforma de nuestro ordenamiento jurídico, para reconocer la situación de aquellos que biológicamente nacen de una forma y se sienten de otra. El tema no es binario; no se trata de ser hombre o mujer, sino de que debe existir la opción de ser diferente. Reitero que nuestros mayores reparos se deben al cambio de sexo y no al de identidad, con lo que estamos de acuerdo.

Al igual que el señor Senador Gallinal, quisiera hacer referencia al artículo 6º que, según se me dijo en Comisión, busca proteger a los adolescentes que sufren cuando se sienten de una manera diferente a la que son biológicamente. Creo que los proyectos de ley no pueden abarcar toda la casuística que existe en la sociedad. Es verdad que un adolescente que se siente diferente a como nació biológicamente, sufre en su familia, en su trabajo o en el liceo, pero eso no nos puede llevar a no establecer un límite en materia de edad, porque en ese caso vamos a lo que señaló el señor Senador Gallinal: ¿hasta dónde vamos? Un chico de 16 ó 17 años que se siente diferente, sufre con sus amigos y en el liceo porque no puede cambiar de identidad ni de sexo, pero sin duda en esto también hay un tema educativo porque aunque pudiera hacerlo, lamentablemente sufrirá igual; no se arregla con este proyecto de ley. Hay un tema de respeto, de tolerancia y de educación que golpea a la sociedad y que no se soluciona, simplemente, con cambiar la partida de nacimiento y el sexo de ese chico que quiere ser una chica, o de esa chica que quiere ser un chico.

Asimismo, ese artículo habla de menores de 18 años, y frente a eso pregunto: ¿hasta dónde llegamos? ¿Acaso se pretende llegar a una edad en que todavía no existe una sexualidad definida? Las reflexiones que estoy haciendo no son nuevas para los miembros de la Comisión; son las mismas dudas que he planteado en ese ámbito en lo que tiene que ver con este proyecto de ley. Lamentablemente, no las pude resolver en Comisión, por lo que voté en contra de casi todos estos artículos referidos al cambio de sexo -y mi voto discorde debería figurar en el proyecto de ley-, pero sobre todo del artículo 6º. Me pregunto hasta qué edad vamos a llegar con esta iniciativa, ¿hasta los 7 u 8 años, cuando la persona todavía no se terminó de desarrollar? Se me podrá contestar, al igual que en Comisión, que no se pretende ir hasta esa edad, pero el proyecto sí va. ¿Es a los seis o siete años que tenemos definiciones de esa naturaleza? ¿Podemos incidir en una vida y cambiar la naturaleza del sexo -no sólo la identidad- a los ocho o nueve años? La verdad es que no estoy convencido de que esto pueda ser así.

Cuando en Comisión la señora Senadora Percovich citó un ejemplo, lo entendí, lo comprendí e incluso hasta coincidí con el razonamiento en cuanto a que se busca proteger a aquel que sufre situaciones de discriminación, ayudándolo a insertarse en su hábitat, ya sea en su trabajo, en el estudio o en el barrio; hasta me parece bien que la señora Senadora busque resolver esta situación, pues a mí también me gustaría que no existiera discriminación de ningún tipo hacia quien se siente diferente de como nació y sufre por eso, pero no sé si este proyecto lo resuelve. Entiendo cuáles fueron las motivaciones que llevaron a los señores Senadores a votar este proyecto de ley...

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si me permite, señor Senador, ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de prorrogar el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Gracias, señor Presidente y señores Senadores.

Considero que este tema puntual y doloroso no lo vamos a resolver con un proyecto de ley, sino con una mejor educación, en la que la tolerancia a ser diferente no sea combatida -como lamentablemente lo es-, lo que muchas veces lleva a que la gente que es diferente tenga que prostituirse porque no tiene trabajo, tal como hoy se ha dicho en Sala. Es decir que tenemos una problemática social muy grande, muy abarcativa, con distintas causalidades y con una casuística que, repito, no creo que este proyecto de ley resuelva. Por el contrario, creo que el artículo que refiere a menores de 18 años genera muchas dudas, y por más que pongamos técnicos y juzgados para estudiar el tema, no me parece que el menor tenga conciencia como para poder resolver su sexualidad a esa edad.

Es por eso, señor Presidente, que hemos acompañado muy pocos artículos de este proyecto de ley, con el que no estamos de acuerdo. Ciertamente, lamentamos esa discrepancia, porque nos habría gustado tener más garantías jurídicas con respecto a que lo que estamos haciendo no genera situaciones no buscadas en lo que pueden ser los derechos de la persona, de la mujer, del hombre, y de quien quiere cambiar su situación, porque no se siente a gusto consigo mismo. Si bien estamos de acuerdo con un proyecto de cambio de identidad -que hubiéramos votado con más convicción-, entendemos que deberíamos haber dejado el tema del cambio de sexo para un estudio más profundo, más abarcativo y más seguro, para no hacer algo que mañana pueda tener consecuencias no buscadas. Podríamos haber votado más tranquilos un proyecto de ley que resolviera temas sociales de mucha importancia, profundidad y atención por parte de la sociedad, como el que en un principio se presentó, pero esa solución se desvirtuó. Entendemos que este proyecto no es conveniente para nuestro Derecho, porque una norma legal de este tenor debe tener un estudio mucho más profundo.

Muchas gracias.

11) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Dese cuenta de asuntos entrados fuera de hora.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes remite aprobados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se crea el Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva.

- por el que se dispone la adecuación de las cooperativas de profesionales de la salud a la normativa vigente para las cooperativas de trabajo.

- A LA COMISION DE HACIENDA.

- Aprobado en nueva forma el proyecto de ley por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos en la órbita del Poder Legislativo y se establecen normas para su funcionamiento.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION.

- y comunica:

- que aceptó las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley por el que se regula el régimen de residencias médicas.

- que aprobó el proyecto de ley por el que se sustituyen los incisos cuarto y quinto del artículo 308 de la Ley Nº 16.060, de 4 de setiembre de 1989, en la redacción dada por el artículo único de la Ley Nº 18.034, de 16 de octubre de 2006, relacionados con el ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de socio de sociedades comerciales.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE."

12) PROYECTOS PRESENTADOS

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"La señora Senadora Margarita Percovich y el señor Senador Rafael Michelini presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se modifica el artículo 78.2 del Código General del Proceso, en referencia a la reglamentación de las notificaciones electrónicas aprobadas por la Suprema Corte de Justicia, en el marco del plan de modernización y fortalecimiento del sistema judicial.

- A LA COMISION DE CONSTITUCION Y LEGISLACION."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"Proyecto de ley de modificación del artículo 78.2 del Código General del Proceso

Artículo único.- Modifícase el artículo 78.2 del Código General del Proceso, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Cuando corresponda la notificación en la oficina, el funcionario facilitará a la persona que debe notificarse la actuación respectiva, permitiéndole su lectura y poniéndole a su disposición las copias que correspondan.

Acto continuo, se pondrá constancia al pie de la actuación, la que suscribirán el funcionario y el interesado. Si éste no pudiere o se resistiere a firmar, se pondrá constancia."

Margarita Percovich, Rafael Michelini. Senadores.

Exposición de motivos

I.- La Suprema Corte de Justicia se encuentra ejecutando el Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo, cuya dirección estratégica y liderazgo ha asumido.

Este Programa se inscribe en el convenio suscripto entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Interamericano de Desarrollo (Contrato de Préstamo 1277/OC-UR de 15 de diciembre de 2000).

Uno de los componentes del Programa lo constituye el Proyecto 3 "Mejora del servicio en tribunales y juzgados" que comprende el diseño e implantación de un plan piloto de modernización de despachos judiciales y oficinas de apoyo.

Para la concreción de este objetivo, se licitó y contrató el servicio de una firma consultora, con el cometido de formular una propuesta de funcionamiento para los despachos judiciales y oficinas de apoyo que integran el referido plan piloto.

El nuevo modelo de gestión propuesto y aprobado por la Suprema Corte de Justicia, está enmarcado dentro del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de justicia y presupone la posibilidad de utilizar actuaciones electrónicas, firma digital, comunicaciones electrónicas y constitución de domicilio electrónico en los procesos que se tramitan ante el Poder Judicial, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.

A los efectos de contar con el necesario marco legal que haga posible la implantación de este nuevo modelo de gestión, en diciembre/2007, la Suprema Corte de Justicia impulsó la reforma legal que culminó con la sanción de la ley 18.237, por la que, entre otras cosas, habilita la constitución de domicilio electrónico en todos los procesos judiciales, facultándola a reglamentar su uso y disponer su gradual implantación.

Con fecha primero de agosto, la Suprema Corte de Justicia aprueba la reglamentación referida y crea una Unidad con el cometido de administrar el sistema de notificaciones electrónicas (otorgar las casillas de correo y administrarlas; elaborar el plan de implantación; realizar la capacitación y atención de usuarios internos y externos; realizar difusión). Se proyecta implantar el nuevo sistema durante los primeros meses del 2009.

II.- La reglamentación de las notificaciones electrónicas aprobada por la Suprema Corte de Justicia, ha puesto de manifiesto la necesidad de adecuar el actual texto del artículo 78.2 del Código General del Proceso, a los efectos de poder instrumentar este tipo de notificaciones en forma genérica.

En efecto, la citada disposición legal prevé que, al realizarse la notificación, se haga entrega al interesado de las copias correspondientes, las que se encuentran en soporte papel. Si bien esta norma refiere al ámbito de las notificaciones en la oficina, el artículo siguiente -artículo 79- remite a esta forma de realizar la notificación para el caso de las notificaciones a domicilio.

Al notificar en un domicilio electrónico, el sistema no permitirá acompañar las copias de los escritos de las partes que en soporte papel, se hayan incorporado al expediente y que, por la disposición citada, se deban adjuntar a la resolución judicial, al momento de realizar la notificación.

En este contexto y con la finalidad de poder generalizar el uso de la notificación a domicilio electrónico, se considera del caso que, al notificar a un domicilio electrónico, se remitan por dicho medio las actuaciones que se hayan generado en el sistema, al tiempo que se conceda al interesado un plazo de tres días para concurrir a la sede judicial a retirar las copias que deberían acompañar dicha notificación. Será a partir de la fecha del retiro de las copias, o al vencimiento del plazo concedido para hacerlo, que se considerará cumplida la notificación y comenzarán a correr los plazos que de dicha notificación se derivan.

La implantación de estas definiciones requieren modificar el texto legal del artículo 78.2 del Código General del Proceso, sustituyendo la expresión "haciéndole entrega" por "poniéndole a su disposición" las copias que correspondan.

La modificación que se pretende introducir, no altera en lo más mínimo los principios ni las garantías que el articulado del Código General del Proceso establece en el área de las notificaciones, ya que la puesta a disposición del interesado de las copias correspondientes, comprende también el hacerle entrega de dichas copias, mientras que esta última expresión no comprende la primera. En suma, se estará ampliando la forma de hacer entrega de las copias correspondientes al interesado.

La modificación legal que se impulsa no implica costos financieros.

III.- Considerando la reducción en la duración de los procesos judiciales que el empleo de la notificación electrónica significa, es voluntad de la Suprema Corte de Justicia, implementar este mecanismo a la brevedad posible.

Margarita Percovich, Rafael Michelini. Senadores."

13) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia desde el 16 al 31 de diciembre del corriente año."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 10 de diciembre de 2008.

Señor Rodolfo Nin Novoa

Presidente del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito a Usted licencia por motivos de índole particular, desde el 16 al 31 de Diciembre del corriente año, inclusive. Asimismo, solicito se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Dr. Eduardo J. Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que los señores León Lev y Gonzalo Gaggero han presentado notas de desistimiento, informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Luis Oliver.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Saravia solicita licencia por el día 17 de diciembre."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 16 de diciembre de 2008.

Señor

Presidente de la

Cámara de Senadores

Señor José Mujica

Presente

De mi consideración:

Solicito al Cuerpo se me conceda licencia por motivos personales por el día miércoles 17 de diciembre.

Solicito se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular saluda muy atentamente,

Jorge Saravia. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-21 en 23. Afirmativa.

Oportunamente se convocará a su suplente.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Xavier solicita licencia por el día 17 del corriente mes."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Montevideo, 15 de diciembre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

Por intermedio de la presente solicito a Ud. licencia por el día 17 del corriente mes. Fundo la misma en el párrafo 1º del art. 97 del Reglamento del Senado. Solicito asimismo que se convoque a mi suplente.

Sin otro particular saluda atentamente

Dra. Mónica Xavier. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que la señora Hyara Rodríguez y los señores José Korzeniak, Manuel Núñez, Daniel Olesker, Hugo Rodríguez, Elías Yafalián y Manuel Laguarda han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocada la señora Sara López.

14) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: solicito que la sesión extraordinaria votada para el día de mañana, sea convocada a la hora 9 y 30 y que en su Orden del Día se incluyan las carpetas referentes a empadronamientos, a los dos asuntos entrados recientemente que tienen que ver con la creación del fondo de fideicomiso y de las cooperativas médicas, al proyecto aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes relativo a la Institución Nacional de Derechos Humanos, al proyecto de modificación del artículo 78.2 del Código General del Proceso para habilitar la firma electrónica del Poder Judicial, a las modificaciones del proyecto de residencias médicas proveniente de la Cámara de Representantes, a la extensión del seguro de desempleo a los trabajadores de las empresas Rilomán y Darok, a la regulación de la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias -proyecto contenido en la Carpeta Nº 1411/08- y a dos solicitudes de venia de destitución -que habíamos pedido al principio- contenidas en las Carpetas Nos. 1396/08 y 1406/08.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la solicitud formulada por la señora Senadora Percovich en cuanto a convocar para las 9 y 30 horas la sesión extraordinaria a celebrarse mañana y a que se incluyan en su Orden del Día todos los asuntos que acaba de mencionar.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 24. Afirmativa.

15) DERECHO A LA IDENTIDAD DE GENERO, CAMBIO DE NOMBRE Y SEXO REGISTRAL

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Continúa la discusión del primer punto del Orden del Día.

Tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: sobre este proyecto de ley ya se han vertido opiniones no siempre coincidentes. No integro la Comisión que lo analizó, pero he leído algunos de los materiales y advierto que no hay dictámenes jurídicos en esta materia, lo que me parece un defecto, pues se pidió un informe a la Facultad de Derecho, al Instituto de Técnica Forense, pero aparentemente no ha llegado. Se me entregó un borrador de ese informe, en el que se señalan discordancias de la propia Universidad de la República con este proyecto de ley. Sinceramente, confieso que hace tiempo que no analizo un proyecto de ley que modifique o pretenda modificar -porque algunas normas son de jerarquía superior, pues tienen carácter constitucional- tantos institutos del Derecho Civil como lo hace esta iniciativa. En un par de artículos hace modificaciones sustanciales en materia de patria potestad, de matrimonio civil, pensionaria, de identidad y de minoridad. En fin, contiene disposiciones que desarticulan un conjunto de normas jurídicas fundamentales, a mi juicio incorrectamente.

Adelanto mi intención de votar en contra de este proyecto de ley tanto en general como en particular, lo que no implica que estemos considerando improcedente el derecho a la identidad en lo que concierne a los meros efectos identificatorios, pero entiendo que en este caso se va mucho más allá de producirlos. Incluso, en lo que tiene que ver con este tema registral del cambio de nombre, hay que tener presente que el propio Director del Registro de Estado Civil ha planteado objeciones en cuanto a la real o casi virtual imposibilidad de que esto se cumpla en tiempo y forma.

Evidentemente, estas modificaciones registrales surten efectos trascendentes frente a terceras personas y, en muchos casos, también afectan intereses de terceras personas, como por ejemplo de acreedores. Teniendo en cuenta cómo funcionan los organismos de registración del Uruguay, no me sorprendería que como consecuencia de estos cambios de nombre y de sexo -sobre todo teniendo en cuenta este principio de reserva, por lo menos a solicitud de quien cambia su sexo-, terceras personas de buena fe se vean perjudicadas en sus derechos.

El propio Director General del Registro de Estado Civil, escribano Calvo, al hablar de la Comisión que se prevé por el artículo 4º en cuanto concierne a la presentación de la demanda -que dice que deberá estar acompañada de un informe técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad que se constituirá a estos efectos en la Dirección General del Registro de Estado Civil-, expresó que el equipo en él mencionado, allí no existe. Es más, ni siquiera están previstos los cargos ni su remuneración. Manifestó que si alguna de las modificaciones no llegara a tiempo o no fuera procesada, habría una responsabilidad que recaería en el Estado. A vía de ejemplo, refiriéndose al Registro Nacional de Actos Personales, mencionaba los embargos. Queda claro que por esos efectos puede surgir una cantidad de problemas que no sé si han sido contemplados.

Ahora bien, esto va hacia adelante, el equipo no existe, no hay previsión presupuestal y puede haber problemas en cuanto a la registración -por supuesto que esto deberá ser objeto de la reglamentación correspondiente-, por lo que advierto que se está ingresando en un terreno muy resbaladizo porque, además, a quienes cambian el sexo se les permite ejercer en forma inmediata todos los derechos inherentes a su nueva condición. Por supuesto que por la vía de la unión matrimonial o del matrimonio civil -que acá está expresamente recogido, si no leo mal- se está consagrando inequívocamente la posibilidad de ese tipo de vínculo entre personas del mismo sexo, lo que seguramente va a producir consecuencias sobre la paternidad, la filiación y la adopción. Hace un par de meses estuvimos discutiendo el tema de la adopción por parte de parejas de homosexuales, a propósito de los concubinos. Naturalmente, no nos referíamos al matrimonio civil entre heterosexuales que, en el Uruguay, por lo que surge del propio texto constitucional, está recogido -si bien no explícitamente- en todo el contexto de nuestro orden jurídico positivo. Sin embargo, en esta iniciativa, al decir que la identidad de género debe ser recogida y aceptada, se está admitiendo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

Tanto en el Uruguay como en la mayor parte del mundo, desde el fondo mismo de la historia, el matrimonio es una institución de base heterosexual y no homosexual. Todo el ordenamiento jurídico uruguayo en las normas relativas a filiación, patria potestad y divorcio, parte de la base de que el matrimonio civil es entre personas de diferente sexo. En el numeral 2) del artículo 7º, se dice: "Respecto al futuro cónyuge, previo a la celebración del matrimonio". Va de suyo que el matrimonio se celebra y que el Oficial del Registro de Estado Civil o el Juez de Paz encargado tiene que llevarlo a cabo. Me parece que de acuerdo con la redacción del texto, no puede negarse a hacerlo; lo único que puede hacer es informar al futuro cónyuge, en forma reservada, sobre los datos emergentes de la partida de nacimiento original de la persona.

Por mi parte, considero que se está realizando una modificación absolutamente sustancial de una institución como el matrimonio civil que, como se sabe, proviene de la época del Código de Hammurabi y el Derecho Romano. A su vez, se trata de una institución que ha formado parte de nuestro ordenamiento jurídico desde siempre y que ahora estamos modificando por la vía indirecta de este proyecto de ley de derecho a la identidad de género, cambio de nombre y sexo registral. Estamos admitiendo un cambio sustancial de la institución del matrimonio civil, algo que en otro país habría dado lugar a un debate extraordinario.

En este sentido, justamente, he buscado algunos antecedentes y he podido constatar que, por ejemplo, en España, donde está consagrado el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, tuvo lugar un muy importante debate; a su vez, según leí, se planteó una discusión sobre el tema de la constitucionalidad de esa modificación. Personalmente, entiendo que un cambio de este tipo, en el Uruguay, está atentando contra la Constitución de la República, que en su Capítulo II refiere a la familia, aludiendo inequívocamente a una familia constituida entre personas de diferente sexo. Todo el contexto de nuestra Carta Magna y del Código Civil está previsto sobre una unión matrimonial heterosexual, no homosexual; sin embargo, acá estamos modificando de un plumazo, ni más ni menos, y por vía indirecta -y no tanto-, ese ordenamiento jurídico. El Consejo General del Poder Judicial de España elaboró un informe sobre este tema que, a mi entender, es muy interesante. Allí se dice, entre otras cosas: "Sirva todo lo expuesto para advertir de la trascendencia de la regulación que se informa, sobre lo no pacífico de la misma y sobre las cautelas que es preciso adoptar antes de acometer tal iniciativa legal" -se refiere a recoger la iniciativa del matrimonio civil entre personas del mismo sexo- "en cuanto que, por afectar a la médula de la institución matrimonial, el Legislador debe actuar con una redoblada prudencia y cautela".

SEÑORA PERCOVICH.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: quiero poner en conocimiento del señor Senador Moreira -que no integra la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión y, por lo tanto, no participó de la discusión de este proyecto de ley en dicho ámbito- que, en realidad, el numeral 2) del artículo 7º fue introducido a solicitud de los señores Senadores del Partido Nacional, quienes plantearon sus dudas frente a un posible engaño en una eventual situación de matrimonio de una persona que hubiera cambiado su documento de identidad. Simplemente quería que el señor Senador Moreira lo supiera, porque no tenemos ningún inconveniente en eliminar el numeral en cuestión que, de hecho, no figuraba en la iniciativa original. En definitiva, como manifestó en su momento el señor Senador Long a la señora Senadora Xavier, nuestro interés en este proyecto de ley consiste en eliminar las consecuencias discriminatorias de los documentos. Por eso, reitero, no tenemos inconveniente en suprimir algo que se introdujo a pedido de los señores Senadores del Partido Nacional.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: de todas maneras, yo estaba leyendo el texto.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador José Mujica)

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: en varias ocasiones hemos señalado las consecuencias del numeral 4) del artículo 5º, donde se establece: "El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición". En este sentido, hemos dicho lo mismo que hace unos instantes manifestaron los señores Senadores Moreira y Heber. Hay una cantidad de consecuencias y conclusiones que, evidentemente, deben ser sopesadas con mucho cuidado; por ejemplo, se podría generar una situación que llevara a confusión a una persona que desconociera las circunstancias y que, de buena fe, contrajera matrimonio.

De cualquier manera, declaro que no fue quien habla el que propuso el numeral en cuestión y estaría totalmente de acuerdo con la idea de suprimirlo; pero, de todos modos, hago notar al señor Senador Moreira que aun eliminando los numerales 4) y 2) de los artículos 5º y 7º, respectivamente -con lo cual, reitero, estaría totalmente de acuerdo-, se mantendrían las dudas sobre ésta y muchas otras situaciones que no sabemos hasta dónde pueden llegar y cuáles serían las consecuencias. Por eso entiendo que, en esta oportunidad, no se han evaluado las cosas de manera cuidadosa. Me parece que esta es una asignatura pendiente, pues por más que la Comisión haya tratado el tema extensamente, el aspecto al que nos estamos refiriendo no fue abordado en forma exhaustiva. Esta es, al menos, mi modesta opinión.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: prosigo con mi razonamiento.

Hacía mención al numeral 2) del artículo 7º, porque allí se establece claramente que se permite la unión matrimonial entre homosexuales. Por su parte, el numeral 4) del artículo 5º hace lo propio -aunque quizás no tan explícitamente- al permitir a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición. Esto significa que de la mayoría de las disposiciones de la iniciativa se extrae la misma conclusión.

En definitiva, considero que si aquí se está introduciendo un cambio tan relevante y trascendente en esta materia, debería haber habido un debate mucho más profundo en lugar de procederse por esta vía, que es una forma indirecta de afectar una serie de institutos jurídicos. Debemos pensar en las consecuencias que tendrá el hecho de permitir el matrimonio entre homosexuales, tal como surge de los numerales 4) y 2) de los artículos 5º y 7º, respectivamente. Francamente, no estoy de acuerdo en absoluto con esto.

A su vez, hace unos momentos se plantearon en este ámbito algunas hipótesis. Por mi parte, entiendo que pueden formularse muchas y que todo ello debe ser tomado con mucha seriedad; pero de todas maneras digo que si en nombre de la no discriminación permitimos este tipo de cosas, vayamos pues a los impedimentos dirimentes y deroguemos algunos como, por ejemplo, los que tienen que ver con las relaciones de parentesco o con las uniones monogámicas. Si uno lleva el razonamiento hasta el absurdo, se podría llegar a eso. Dada la articulación de las normas de nuestro sistema jurídico, para abordar este tema debemos tomar todas las precauciones y providencias, porque se trata de cosas muy importantes. Pensemos, por ejemplo, en casos de divorcio o de reproducción asistida. Pueden haber situaciones en las cuales dos mujeres contraigan matrimonio por esta vía y empleen un método de reproducción asistida; en ese caso, el hijo que tengan será legítimo.

SEÑORA DALMAS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: creo que a esta altura del debate corresponde hacer la siguiente aclaración. El 99% -si no más- de las personas homosexuales que existen en nuestro país y en el mundo, no desea cambiar de sexo ni de nombre registral.

Este colectivo que estamos tratando en este proyecto de ley involucra a transexuales que desean cambiar de sexo y de nombre registral, porque actúan de acuerdo con ese sexo y con el nombre que pretenden adquirir.

En ese caso, la persona se convierte al sexo que desea, y ello ya está aceptado desde el momento en que existe la posibilidad de que se opere y cambie su morfología. Entonces si nos remitimos al cambio de sexo, no estaríamos habilitando el matrimonio de personas del mismo sexo, porque uno de ellos, morfológica y biológicamente ya no tendría el sexo con que nació. Por lo tanto, se trata de un colectivo diferente. Por el contrario, si quisiéramos habilitar el matrimonio de personas del mismo sexo -o sea, entre homosexuales-, no estaríamos hablando de cambio de sexo o de nombre registral, sino de matrimonio entre personas homosexuales, que no desean cambiar de sexo, a pesar de que se caracterizan por prácticas sexuales diferentes.

En síntesis, estamos hablando de un colectivo que no involucra a homosexuales, sino a transexuales, o sea, a personas que nacieron biológica y morfológicamente con un sexo pero desean cambiarlo porque por su identidad y el desarrollo de su personalidad -a lo que se agrega, quizás, elementos físicos y de orden hormonal- tienen tendencia a ser de otro sexo. Es más, en el Uruguay hay casos de algunas personas que han recurrido a la operación para culminar o cerrar ese cambio, lo cual está incluido en nuestro régimen jurídico y aceptado.

En definitiva, no podemos hablar de que oblicuamente estamos habilitando el matrimonio entre homosexuales, porque eso no es real.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Con el máximo de los respetos, quiero señalar que cuando analizo un proyecto de ley, leo la letra. Quizás la iniciativa haya surgido inspirada en la reivindicación de transexuales, pero su contenido no expresa eso. Por el contrario, en su artículo 1º, relativo al derecho a la identidad de género, se dice lo siguiente: "Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género" -destaco la expresión "toda persona", o sea, que no refiere a transexuales- "con independencia de cuál sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro". En mi opinión, este texto es de una enorme generalidad, y ello me hace pensar que no podemos legislar de acuerdo con nuestras intenciones, sino sobre lo que la letra del proyecto establece y las consecuencias que puede acarrear: en este texto se pueden amparar no sólo transexuales, sino también homosexuales, lisa y llanamente.

Soy consciente de que en el mundo se ha discutido muchísimo este tema. Por eso mismo, propongo que acotemos el proyecto de ley, porque a todo lo que mencioné antes hay que agregar el tema de la reserva, concepto según el cual la persona interesada solicita la reserva del cambio y se procede a anular la partida de nacimiento original y a realizar una nueva inscripción, dejando constancia al margen de la resolución que lo dispuso. Es mucho menos garantista que hacer una constancia al margen de la partida de nacimiento; reitero, mucho menos. Entonces, ¿por qué se establece ese mecanismo de la reserva?

Todas estas cosas conspiran contra la iniciativa porque, según se desprende de un borrador de la Facultad de Derecho, el derecho del individuo al reconocimiento de identidad de género es un derecho universal; es de igual importancia que el derecho del colectivo social, y con la expresión de "interés general" se hace referencia a la identificación de la persona como ente único. Muy bien, pero el interés general también es el otro y, en vista del interés general, se puede abrir una enorme brecha permitiendo, tal como ocurre en los dos textos, el casamiento no sólo entre transexuales, sino también entre personas homosexuales, siempre que lleven a cabo el procedimiento previsto en el artículo 4º -procedimiento y competencia- contenido en el proyecto de ley que estamos analizando que habla, entre otras cosas, de cómo se tramita el informe.

Una vez más digo que acá no se habla de transexuales sino que, concretamente, se dice "Toda persona"; asimismo, se establece que la persona debe acreditar esta disonancia durante al menos dos años. Es más, al parecer, este procedimiento lo pueden llevar adelante los menores de edad, es decir, menores de 18 años, con lo cual ni siquiera se tuvo en cuenta el límite que establece el Código de la Niñez y Adolescencia cuando separa a niños y a adolescentes. Reitero: acá se habla de menores de 18 años; ni siquiera de adolescentes, porque incluso un niño de siete, ocho o diez años podría recurrir a este mecanismo.

Por todo lo expuesto, advierto que con esta iniciativa se modifica un cúmulo de normas muy importantes, que forman parte de un sistema muy articulado, relacionadas con la adopción, la filiación, la paternidad, la patria potestad y una serie de institutos que en esta iniciativa son radicalmente cambiados. Se diga lo que se diga, sea cual sea la intención, la letra es la que es. ¡Vaya si últimamente estamos escuchando la expresión del Colegio de Abogados del Uruguay y de la Asociación de Escribanos del Uruguay criticando a este Parlamento porque se dictan normas que luego implican consecuencias jurídicas que van más allá de la intención de los Legisladores! Eso es así. Sin embargo, por mi parte no quiero ingresar en esa situación y por ello, por lo menos, alzo mi voz en contra de estas normas.

Una cosa es reconocer la diversidad sexual y los derechos, y otra diferente es el interés general. Incluso, la Constitución de la República y todo nuestro sistema jurídico, cuando hablan sobre la familia, lo hacen tomando en cuenta las uniones heterosexuales. Por eso, reitero, pensemos en los casos de reproducción asistida, de matrimonios, de filiación y de intereses de los menores, y no perdamos de vista que lo que siempre está previsto en los convenios internacionales en cuanto a la protección, es la protección del niño, que prevalece sobre el interés de aquellos que tienen uniones basadas en el afecto, en el amor o en la diversidad.

No pretendemos discriminar a nadie, pero tampoco admitimos que se dé determinado efecto a esas uniones, porque ello significa construir un modelo de sociedad que no queremos; es habilitar un instituto jurídico nuevo. En ese caso, creemos un instituto jurídico nuevo que enmarque estas uniones, pero no las incluyamos en el matrimonio civil, porque el orden constitucional y legal del Uruguay no lo admite, pues se basa en uniones heterosexuales, en uniones biológicas para la procreación, y no en este tipo de uniones que son estériles. ¿Cómo vamos a crecer en el Uruguay si propiciamos este tipo de uniones? Como dije antes, creemos un instituto nuevo, pero no incluyamos este tipo de uniones en el matrimonio civil. Se podrá decir que este concepto es muy antiguo; pues bien, seré muy antiguo, pero me parece muy mal que se pretenda modificar este instituto, porque los efectos que conlleva son relevantes y se abre una brecha no sólo para una pequeñísima minoría que, entre otras cosas, intenta no verse ridiculizada.

Por otro lado, en el ordenamiento jurídico uruguayo se ha planteado el tema del cambio de nombre y se ha aceptado sin necesidad de este tipo de normas. Es más, alguna famosa actriz de televisión ha cambiado su nombre en virtud de un procedimiento judicial, es verdad, pero sin esta norma. Con este ejemplo quiero decir que en esos casos el régimen es mucho más restrictivo; no se abre una brecha como para que pase una tropilla. Ha habido operaciones e incluso fallos de la Suprema Corte de Justicia con opiniones diversas de los Ministros en esta materia, en algunos casos negándose al cambio de sexo, aun tratándose de las cirugías de readaptación. Sin embargo, acá no se prevé nada de eso, sino que simplemente se requiere una expresión de voluntad y la intención de obtener una identidad de género distinta a la biológica.

SEÑOR MICHELINI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Obviamente, señor Presidente, podría decirse que el proyecto de ley es un proyecto "fuerte" para la sociedad uruguaya, por cuanto implica admitir la diversidad en plenitud. El señor Senador Moreira hace bien en levantar su voz para expresar ciertos miedos cuando se avanza en los derechos de las personas que sienten que su identidad de género no está acorde a su identidad biológica. El razonamiento que hace el señor Senador Moreira es el de que esta ley va a habilitar una brecha como para que pase una tropilla, una cantidad de gente que quiere cambiar ya su nombre.

Me gustaría hacer el razonamiento por las dos vías: por un lado, estamos elaborando una norma que va a atender el alma de un grupo de personas, cuya identidad de género no está acorde a su identidad biológica -está bien que la atendamos-, que forma parte de un colectivo menor. Entonces, señor Senador, no tenga temor de que acá vaya a pasar una tropilla. Por otro lado, usemos el argumento que propone el señor Senador y supongamos que hubiera un colectivo muy importante de la sociedad uruguaya que sintiera otra identidad, ¿no tendrían derecho a ello, señor Presidente? ¿No tendrían derecho a que el conjunto de la sociedad uruguaya, a través del Parlamento, habilitara esa posibilidad? Una cosa es que se pueda decir que hay que ajustar algunos artículos -las leyes siempre son perfectibles-, pero no creo que haya tanta gente que quiera cambiar su identidad legal para que esté acorde con lo que siente. Ahora, imaginemos que sí, que hay mucha gente interesada en ello. Entonces, si no votamos este proyecto de ley, estaríamos generando una injusticia todavía mayor.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Mientras hablaba el señor Senador Michelini, me puse a leer la Constitución de la República, que es muy vieja y muy sabia. En su artículo 40 dice lo siguiente: "La familia es la base de nuestra sociedad. El Estado velará por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad". Se está haciendo referencia a la familia biológica y, sin duda, al matrimonio heterosexual.

Continúa diciendo la Constitución, en su artículo 41: "El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los padres". Más adelante, la misma disposición establece: "La ley dispondrá las medidas necesarias para que la infancia y juventud sean protegidas contra el abandono".

A su vez, el segundo párrafo del artículo 42 dice: "La maternidad, cualquiera sea la condición o estado de la mujer, tiene derecho a la protección de la sociedad y a su asistencia en caso de desamparo". No hay duda, entonces, de que la Constitución está hablando de la familia basada en un matrimonio heterosexual o, incluso, en una unión concubinaria pero también heterosexual. Esta es la arquitectura de nuestro ordenamiento jurídico.

Entonces, podría aceptar que se elaborara una figura jurídica distinta, pero no que se utilice la del matrimonio; discrepo radicalmente con esto, y creo que puede generar un millón de problemas que hoy ni siquiera se están previendo, sobre todo en materia de filiación, de adopción, de pensiones y de divorcios. Imaginemos estos casos, como ejemplos. En divorcios por la sola voluntad de la mujer, ¿cómo se resolvería la tenencia de los hijos en casos de separaciones, de divorcios? Normalmente, de acuerdo con nuestro régimen jurídico, la tenencia de los hijos menores se le otorga a la mujer, pero en estos casos vamos a entrar en una nebulosa, y yo quiero ver, señor Presidente, cómo van a hacer los jueces para aplicar todo esto en la práctica. Me parece que este proyecto de ley debería estudiarse muchísimo mejor.

En lo personal, voy a votar en contra de esta iniciativa. Si se aprueba, me parece que puede surtir efectos que hoy nadie, racionalmente, puede prever. Además, considero que va contra una serie de institutos que conforman la esencia de nuestro sistema jurídico.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Solicito que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Estaba terminando, señor Presidente.

Creo que este debate debió ser más profundo; me parece que estamos abriendo un camino de extremo riesgo, cuyas consecuencias son absolutamente imprevisibles.

Por todo lo expuesto, voy a votar en contra de este proyecto de ley en general y de todos los artículos en particular.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: creo que a esta altura del debate se podría dar el tema como suficientemente discutido. Cuando nos tocó dar nuestra opinión, vislumbrábamos este final. En ese entonces, dijimos que este proyecto de ley debía volver a Comisión, y a esta altura ya han sido expuestos los argumentos de ambas partes.

Pienso que en breves momentos habrá de ser repartido el proyecto de ley tal como se votó en Comisión y, en definitiva, pienso que es hora de tomar una decisión. Si la mayoría entiende que la iniciativa está bien y que debe mantenerse a pesar de toda la argumentación vertida en esta Sala, que se vote; en lo personal, pienso que hay que darle fin a esta discusión porque, ¿qué más se puede decir? Entiendo que el tema ya ha sido más que suficientemente discutido y que de las dos partes se han expuesto las respectivas consideraciones; creo que llegó la hora de votar, y formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa aclara que toma en cuenta el planteo del señor Senador Amaro, pero está constreñida en su procedimiento por el Reglamento, ya que todavía están anotados para hacer uso de la palabra los señores Senadores Antía, Da Rosa y Ramela. Entonces, no quisiéramos imponer una mordaza, lo que, repito, el Reglamento tampoco nos permite.

En consecuencia, no tengo más remedio que darle la palabra al señor Senador Antía.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: es cierto que este proyecto de ley tuvo una muy amplia discusión en Comisión y que en varias oportunidades recibimos diversas delegaciones. También es cierto que no llegamos a un entendimiento a la hora de definir los respaldos a este proyecto de ley; puedo decir que solamente en un par de artículos hubo manifestaciones de respaldo ampliamente mayoritarias, mientras que en el resto hubo grandes discrepancias. Aclaro que nosotros, por error de comunicación interna, aparecemos como firmantes del proyecto de ley; lo hemos votado discordes, lo que, según me explicaron, significa que no lo votamos en general y que apoyamos algunos de los artículos en particular.

De todas maneras, creo que es necesario dejar sentado que el proyecto de ley original, tal como vino, era mucho peor, y que en Comisión se mejoró muchísimo, más allá de las discrepancias. Reconocemos que el Partido de Gobierno ha aceptado modificaciones que mejoraron sensiblemente la iniciativa, lo que no significa que esté bien ni que lo compartamos.

Por lo pronto, puedo decir que lo que establece el proyecto antes se podía hacer en una oficina del Ministerio y sin ninguna garantía. Nosotros planteamos una observación en el sentido, precisamente, de que eso no ofrecía ninguna garantía al pueblo uruguayo, porque advertimos, en Comisión, que los asesores que defendían a los grupos interesados en cambiar de sexo eran los mismos que defendían al Ministerio; entonces, éstos jugaban de los dos lados. En consecuencia, nos pareció absolutamente necesario que se dieran garantías a la sociedad porque, en definitiva, no sólo se trata de darles derechos a quienes quieran hacer el trámite, sino también del resto de la sociedad, que es absolutamente mayoritaria -estaríamos hablando de un 99,99%-, a la que también hay que dar garantías. Ahí surgió la posibilidad de introducir algo que creemos muy positivo, que es la intervención de la Justicia, de los Juzgados Letrados de Familia, para tramitar el expediente que antes, por el proyecto original, repito, se podía llevar a cabo en la oficina correspondiente a Derechos Humanos, del Ministerio de Educación y Cultura. Entendimos, como dije, que eso no era suficiente garantía para un procedimiento tan importante en la definición del rol o de la pertenencia de una persona en la sociedad. Lo cierto es que hubiésemos dado nuestro voto afirmativo a un proyecto de ley con tres o cuatro artículos que evitaran la discriminación de estos colectivos, y que intentara resolver problemas relacionados con la cédula de identidad y los pasaportes, para que no existan contradicciones en la vida diaria. Pero de ahí a seguir más allá e introducirnos en la habilitación del matrimonio y otorgarles derechos a los menores sin acordarnos de las obligaciones, no nos parece lo adecuado. Con este proyecto de ley le damos derecho a los menores a cambiar de sexo pero, sin embargo, en algunos casos olvidamos que siguen acumulando más de treinta o cuarenta delitos, antecedentes que desaparecen cuando pasan a ser mayores de edad. Insisto, estábamos de acuerdo en votar aquellos artículos que procuran evitar la discriminación, porque entendemos que es necesario que las personas no se sientan agredidas, pero hasta ahí llegamos. Este proyecto de ley habilita el matrimonio civil y, justamente, no estamos de acuerdo en intervenir en ese tema ya que esta es una señal para la sociedad que nosotros no compartimos. Consideramos que el matrimonio civil debe constituir un mensaje para toda la sociedad de lo que pensamos que debe ser la base y la unidad familiar.

Tampoco entendíamos que era bueno anular la partida de nacimiento original, más allá de que se deje constancia en el margen, porque de acuerdo a los procedimientos de orden, cuando se solicita una partida, no se especifica y se aclara que de acuerdo a determinada ley, el nombre de la persona es tal, lo que puede conducir a error a la hora del matrimonio. Fue por ello que en el artículo 7º logramos incluir la necesidad de que el Oficial del Registro Civil informe en el momento, para evitar sorpresas. En consecuencia, al tratar de enmendar, estamos tomando decisiones que no son correctas, deformando un procedimiento y generando posibilidades de engaño. En realidad, a través de la ley de concubinato estuvimos de acuerdo con que se reconocieran aquellos matrimonios o parejas del mismo sexo con muchos años de convivencia, por lo que no creemos necesario en esta instancia aprobar el matrimonio del mismo sexo.

Señor Presidente: estas fueron básicamente las principales observaciones que hicimos a este proyecto de ley. Nos quedamos con la satisfacción de haber trabajado y contribuido a mejorar una iniciativa que venía mucho peor. Incluir a los Jueces Letrados de Familia en todo el proceso, fue la forma que encontramos de darle garantías a nuestra sociedad, evitando que los trámites fueran en oficinas ministeriales, puesto que podrían prestarse para muchas situaciones desagradables o para deformar el objetivo principal de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: mociono para que el tema pase a la Comisión de Constitución y Legislación. Es más, considero que este proyecto de ley debió haber sido tratado por la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión, integrada con la de Constitución y Legislación. ¿Por qué? Porque es innegable que este proyecto de ley tiene un montón de consecuencias desde el punto de vista jurídico, que indudablemente va mucho más allá de lo que nosotros podemos prever en este momento. Además, considero que la materia o cuestión sobre la que se quiere legislar es muy importante. Según lo manifestado por los señores Senadores, en principio existe disposición o voluntad de acompañar o aprobar el proyecto de ley en lo que refiere al tema de la identidad, o a su adecuación con respecto a la personalidad o al sentimiento de identidad del sexo. Nadie puede negar que este tema existe en nuestra sociedad y nadie puede esconder la cabeza y decir que no hay problemas, porque me parece que sería una actitud hipócrita frente a la realidad con la que convivimos.

Del mismo modo, considero que las leyes y las normas deben adecuarse a lo que son las realidades y culturas de los pueblos. Las distintas etapas de la legislación deben ir o van de la mano con la cultura media de la sociedad y con la existencia de una moral media, porque de lo contrario nos manejaríamos todavía con el Código de Hammurabi, aplicando aquello de "ojo por ojo, diente por diente". El conjunto normativo de una sociedad necesariamente debe adecuarse a lo que son los cambios de la evolución cultural y social, así como de aquellos que se van dando dentro del pensamiento y de las costumbres. La cuestión o sustancia central sobre la que se quiere legislar, creo que merece su estudio y consideración, pero considero que el proyecto de ley va mucho más allá de lo que se pretende correctamente corregir o legislar. ¿Por qué? Porque no sólo se entra en el tema de la adecuación de la identidad, sino también en el del cambio de sexo.

Sin duda, esto genera una serie de consecuencias como las que acaba de señalar el señor Senador Moreira, a las que refiere, por ejemplo, el artículo 7º, numeral 2) cuando alude a la posibilidad de que indirectamente se esté habilitando o considerando el matrimonio entre homosexuales. Si esta es la cuestión, habremos de discutirla en profundidad, pero lo que no podemos hacer es consagrarla por vía indirecta o por una pequeña ventanilla, es decir, por un artículo o una disposición perdida dentro de un proyecto de ley.

Desde el punto de vista formal hay otros artículos que nos resultan por demás importantes como, por ejemplo, el hecho de que se establezca en el artículo 6º que las personas menores de 18 años de edad tendrán la facultad del cambio de sexo. Por principios generales soy respetuoso de la libertad, pero creo que un menor de 18 años no está todavía en condiciones de madurez suficientes como para ejercer plenamente ese derecho. En definitiva, me parece sumamente grave que se habilite este derecho a menores sin la asistencia correspondiente de los padres o tutores, según sea la situación en que ese menor se encuentre.

Nos parece también inadecuado desde el punto de vista jurídico que, en caso de que la persona lo solicite, se anule la partida de nacimiento original y se realice una nueva inscripción. Creo que el procedimiento lógico es el que ya está establecido en la legislación civil y que refiere al trámite de rectificación de partida, por el cual se anota al costado o al margen de la partida de nacimiento original el cambio que se registra. Considero que no se debe proceder a la anulación de la partida de nacimiento original porque es como decir que una parte de la vida de una persona no existió. Estimo que debemos ser más cuidadosos en estos aspectos desde el punto de vista jurídico, por las consecuencias que estas normas traen en su armonización con otras leyes y en la solución de los conflictos y problemas que se plantean en el diario vivir a nivel de la sociedad.

Reitero el concepto que señaló el señor Senador Gargano que comparto y me parece muy importante. Estas son normas facultativas que no establecen ningún procedimiento preceptivo ni obligatorio, por lo que se respeta la libertad del individuo que se ve afectado. Ahora bien, estimo que debe ser armonizado adecuadamente con todo el conjunto normativo porque, de lo contrario, se crean normas que generan una situación de conflictividad y de choque con el resto del ordenamiento jurídico, y creo que esa no es la forma más adecuada de llevar a cabo la evolución normativa o jurídica en función de los cambios de cultura, moral y costumbres de la sociedad. Estas cosas deben resolverse armónicamente con el conjunto de las normas y no en forma aislada, lo que genera conflictos.

Precisamente porque me importa la materia y la cuestión central sobre la cual este proyecto de ley quiere legislar para resolver los problemas de muchas personas de nuestra sociedad, creo que no perderíamos nada si enviamos la iniciativa nuevamente a la Comisión de Constitución y Legislación para que se profundice su estudio, se tenga un mayor asesoramiento desde el punto de vista jurídico y se adecuen más las normas al resto del Derecho Civil y a las leyes constitucionales vigentes. De esa manera, creo que ganamos en un aspecto muy importante: legislar sobre la cuestión central y tener más certeza jurídica para no generar nuevos conflictos y problemas sobre los cuales el Legislador se desentiende pero no así la ciudadana y el ciudadano que los viven, y el Juez que debe resolver.

Por ello, en este tema no asumo una actitud de decir que no me importa la sustancia o no comparto que sea abordado, pero sí digo que debemos considerarlo con la adecuada información jurídica y coherencia con el conjunto normativo de nuestra sociedad, tanto a nivel constitucional como de las normas del Derecho Civil vigentes. Se podrá señalar que algunas de ellas son anticuadas, y en ese caso deberemos modificarlas pero, reitero, no debemos legislar en franca contradicción con otras soluciones que el propio Derecho consagra. Es, entonces, con espíritu constructivo y sin desconocer la cuestión sobre la que se pretende legislar aquí, que mociono para que el tema pase a la Comisión de Constitución y Legislación y se profundice su estudio, sobre todo desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas y formales que puede tener esta iniciativa sobre el ordenamiento jurídico de la sociedad.

SEÑOR LONG.- Apoyado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Ramela.

SEÑOR RAMELA.- Señor Presidente: luego de escuchar a los colegas que se manifestaron sobre el tema y expresaron que hubo importantes avances y aportes en la Comisión respectiva, pensaba formular la misma moción que el señor Senador Da Rosa, por lo que voy a agregar muy pocas cosas más.

Evidentemente, estamos frente a un tema sensible, delicado y complejo que, como se ha dicho aquí, afecta a un universo de personas que merecen nuestra atención y que el Parlamento trabaje de forma adecuada para buscar una solución a su problema. Además, creo que la discusión de la iniciativa ha puesto de manifiesto que hay coincidencias en cuanto a evitar la discriminación y respetar la diversidad en esta materia. Creo que, más allá de que una cosa es el cambio de identidad o nombre y otra bastante más compleja es el cambio de sexo, existe material para trabajar y lograr importantes consensos. Quizás haya temas en los que nunca se logre un acuerdo, como por ejemplo el de la minoría de edad, pero en otros que son más de forma o de estructura jurídica pienso que se podría avanzar sustancialmente. Es evidente que este proyecto de ley, más allá de la buena intención y de que se refiera a un tema complejo y delicado que debemos abordar, de alguna manera roza o colide con institutos muy importantes del Derecho Civil, como pueden ser el del matrimonio, la patria potestad, la mayoría de edad, la capacidad de los menores, el régimen jubilatorio, el régimen patrimonial, de bienes, etcétera. Entonces, más allá de las diferencias que pueden existir, lo cierto es que van a ser sacudidos por una norma que no ha previsto en forma completa y detallada las múltiples consecuencias que puede tener.

Además, compartiendo lo que pusieron de manifiesto el señor Senador Amaro y otros señores Senadores del Partido Nacional que me precedieron en el uso de la palabra, pienso que es muy importante señalar que las críticas no sólo se dan en este recinto. En los últimos días algunos expertos en Derecho Civil de todos los partidos políticos, gente vinculada a la Universidad de la República, al Colegio de Abogados, jerarcas de los registros públicos, han advertido sobre posibles consecuencias no previstas en el texto legal y sobre aspectos que no están del todo claros. Por lo tanto, por la importancia del tema, comparto lo señalado por el señor Senador Da Rosa. No quiero evitar su tratamiento y creo que, más allá de la muy buena intención que está detrás de la formulación de este proyecto de ley, debemos comprometernos a que esta norma tenga un tratamiento más claro desde el punto de vista legal y menos conflictivo. Por eso, ratifico lo expresado por el señor Senador Moreira en el sentido de que no podemos quedarnos tranquilos cuando hay una crítica permanente por el nivel de las leyes que se votan en este Parlamento; creo que debemos reconocer que se han aprobado leyes muy malas desde el punto de vista técnico, más allá de lo conceptual. Es en ese sentido que apoyo la moción presentada por el señor Senador Da Rosa.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: vamos a proponer que se pase a votar el proyecto de ley, a la vez que vamos a sugerir algunas modificaciones.

Como Miembro Informante debo decir -y quiero pensarlo así- que muchas de las críticas que hemos leído en estos días de parte de algunos representantes del Colegio de Abogados y de asesores o integrantes de los Tribunales de Familia, realmente responden a la forma en que el tema fue presentado por parte del periodista; de otra forma, no podría entender que se hicieran estas consideraciones. Quiero aclarar que aquí no estamos cambiando el Código Civil y, a la vez, puntualizar -la señora Senadora Dalmás ya se extendió sobre ese aspecto- que no estamos ante una actitud "snob" de estas personas, sino que se trata de una nueva identidad. Obviamente, eso implica modificaciones -difíciles- en las relaciones de códigos que están pensadas para hombres y mujeres, es decir que son binarios. Por nuestra parte, no creemos que se haya pretendido expresamente generar otros institutos y que haya mala intención en eso. Por esa razón, vamos a proponer algunas modificaciones como, por ejemplo, la eliminación del numeral segundo del artículo 7º, que debemos aclarar no formaba parte de nuestra iniciativa.

Muchas veces hemos sentido críticas a nuestra Universidad de la República porque está bastante atrasada en una serie de elementos que hacen justamente a la modificación de nuestros Códigos. En ese sentido, me interesa destacar que los grados V de Derecho Penal, Civil y de Familia nunca nos acercaron las modificaciones que necesitamos para actualizar esos Códigos, a la luz de los compromisos internacionales que hemos ratificado como Estado. Realmente creemos que es obligación del sistema político, que está en contacto con la sociedad y con sus problemas, hacer las modificaciones que esos Códigos necesitan. Reitero que aquí no los estamos modificando, sino que estamos generando un nuevo derecho y creemos que eso le corresponde al sistema político.

Además, la Dirección de Asuntos Legales y Registrales del Ministerio de Educación y Cultura, que tiene la responsabilidad de velar por la aplicación de las leyes, y la Dirección General del Registro de Estado Civil nos informaron que era posible llevar a la práctica este proyecto de ley, tal como está redactado. A veces pareciera que algunos abogados quieren ser contratados por el Poder Legislativo a la hora de redactar las leyes.

Adelantamos que vamos a solicitar el desglose de los artículos 6º y 7º, dado que propondremos algunas modificaciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada por el señor Senador Da Rosa, apoyada por el señor Senador Ramela.

(Se vota:)

- 8 en 25. Negativa.

En consecuencia, corresponde votar ahora la moción presentada por la señora Senadora Percovich, en el sentido de que se vote en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-17 en 27. Afirmativa.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: debo hacer la misma confesión que hizo el señor Senador Heber en el sentido de que -desgraciadamente, o a lo mejor para bien- carezco de formación jurídica. Asimismo, deseo agregar otra confesión: yo no estudié esta iniciativa, ni participé en las reuniones de la Comisión. Reconozco que ocupado en otros avatares de la vida política, no me ocupé de analizar este proyecto de ley. Sin embargo, debo reconocer que se trata de una norma magnífica por el propósito que persigue, en el sentido de otorgar plena libertad a un segmento de nuestra sociedad. A su vez, admito que tengo algunas dudas respecto a ciertos asuntos, pues pienso que hay aspectos de la iniciativa que pueden perjudicar al mismo segmento que se busca proteger o liberar de algunas opresiones. Dado que el tema será considerado en la Cámara de Representantes, donde será muy bien discutido -tanto como lo fue aquí-, y como soy un hombre de partido -tengo confianza y respeto enormemente a las compañeras y compañeros de mi sector que estuvieron trabajando en su análisis-, no voy a tener el atrevimiento de oponerme a su aprobación o de solicitar un cuarto intermedio para plantear mis dudas. Simplemente, intentaré evacuarlas en la instancia correspondiente en la Cámara de Representantes.

Muchas gracias.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: considero que este es un proyecto de ley que apunta a la libertad del individuo. En la actualidad, el concepto de sexualidad ha evolucionado de manera muy contundente y consideramos que esto tiene mucho que ver tanto con lo social como con lo psicológico de estos individuos que serán quienes accedan a este cambio de identidad. Entonces, teniendo en cuenta que hay dos elementos, el psicológico y el social, estamos hablando de un concepto de salud, que precisamente es el equilibrio entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Cuando ese equilibrio se rompe, se pierde la salud. Por lo tanto, este tema debe ser considerado como de salud pública, ya que contempla los aspectos psicológicos de las personas que van a acceder a este recurso, quienes con seguridad están profundamente afectadas por la pérdida de identidad sexual.

Por otro lado, quiero destacar que cuando se analice el artículo 6º voy a proponer una modificación, porque la redacción que figura en el proyecto de ley no contempla debidamente el derecho de los menores.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑORA XAVIER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA XAVIER.- Quiero proponer que al final del artículo 6º se agregue una frase que diga: "Las niñas y niños menores de 12 años deberán estar acompañados por sus padres o tutores". Quizás, esto contribuya a contemplar las inquietudes planteadas por los señores Senadores.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO. - La señora Senadora Percovich solicitó que se desglosaran los artículos 6º y 7º. En lo personal, propongo que el resto de los artículos se vote en bloque y que se suprima la lectura.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Discrepo con la propuesta del señor Senador Gargano, ya que quizás nosotros acompañemos algunos artículos. Por lo tanto, hago moción para que se suprima la lectura y los artículos se voten en forma individual.

SEÑOR LONG.- Apoyado.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Apoyo la moción del señor Senador Antía.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: a mi modo de ver, más allá de que estoy de acuerdo con algunas propuestas que se han hecho, el artículo 6º contempla parcialmente lo dispuesto en el artículo 8º con respecto a los derechos de los niños y adolescentes. Se refiere, sobre todo, al nombramiento de un defensor de oficio y, en su caso, de un curador y se remite a la Ley Nº 17.823.

Propongo que luego de donde dice "A tales efectos el tribunal deberá", se agregue: "considerar íntegramente los alcances del artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia", y voy a fundar el por qué. El artículo 8º no solamente establece una normativa desde el punto de vista jurídico, sino que determina que "Todo niño y adolescente goza de los derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades." Me parece que este es un elemento interesante, permite la valoración por parte de la Justicia del nivel de facultades que tiene y es un artículo muy garantista de esos derechos. Creo que remitirnos solamente a los aspectos jurídicos limita mucho el amparo que el proyecto de ley da y es garantista también de que no se actúe de manera poco fundada en la utilización de esos derechos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Creo que hay cierto grado de confusión. Por lo tanto, vamos a leer el artículo tal como quedaría redactado.

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 6º.- (Personas de menos de 18 años de edad).- Tratándose de personas de menos de 18 años de edad, el procedimiento tendrá como único efecto la adecuación provisoria de todos los documentos de identificación de la persona, debiendo ratificar su voluntad de cambio de nombre y en su caso de sexo una vez cumplidos los 18 años de edad a los fines previstos en los numerales 1) y 2) del artículo anterior. Las niñas y niños menores de 12 años deberán estar acompañados de sus padres o tutores. A tales efectos el Tribunal deberá considerar íntegramente los alcances del artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia y designarle defensor y en su caso curador, con-forme a lo previsto en el artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)".

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: creo que lo último no es necesario, ya que está incluido en el artículo 8º. Me parece que sería ocioso incluirlo porque la propuesta del señor Senador Cid dice "considerar íntegramente los alcances del artículo 8º".

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase nuevamente el artículo 6º en su redacción final.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 6º.- (Personas de menos de 18 años de edad).- Tratándose de personas de menos de 18 años de edad, el procedimiento tendrá como único efecto la adecuación provisoria de todos los documentos de identificación de la persona, debiendo ratificar su voluntad de cambio de nombre y en su caso de sexo una vez cumplidos los 18 años de edad a los fines previstos en los numerales 1) y 2) del artículo anterior. Las niñas y niños menores de 12 años deberán estar acompañados de sus padres o tutores. A tales efectos el Tribunal deberá considerar íntegramente los alcances del artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004)".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 7º.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: quisiera saber si se elimina el numeral 2) de esta disposición.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: esa es la propuesta que habíamos hecho.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración el artículo 7º sin el numeral 2).

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: cuando se discutió este artículo en Comisión, aunque no compartíamos la concreción de ese matrimonio, propusimos que por lo menos se dieran garantías a la hora de su realización. Puede haber sorpresas, ya que no se desprende de la partida de nacimiento en el trámite del Registro Civil que haya habido un cambio de sexo. No me parece que esté bien que se acepte el matrimonio de dos personas del mismo sexo sin que se advierta a las partes. Por ese motivo se incluyó esta frase y no entiendo por qué ahora se quiere eliminar. Se trata de dar más garantías a la sociedad. No va en contra de las personas que quieran hacer el trámite, sino que se trata de conferir más garantías al resto de la sociedad, que es mayoritaria. Sin embargo, si quieren eliminarlo, pueden hacerlo.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: realmente quisiera que hubiera un acuerdo en el Partido Nacional, porque fue el que lo propuso por las razones señaladas por el señor Senador Antía. Nosotros accedimos a incorporarlo a pesar de que, como se desprende de la explicación dada por la señora Senadora Dalmás, no es un matrimonio de homosexuales. De todas maneras, en el caso de llegar a un matrimonio, si lo que se va a usar para denostar este proyecto de ley es que exista el antecedente de este numeral, preferimos eliminarlo porque consideramos que es ocioso que el Registro Civil tenga que avisar a dos personas que se ponen de acuerdo para casarse, porque se quieren, que una de ellas se registró de otra forma. Seguramente lo saben, pero reitero que si eso se va a utilizar para denostar este proyecto de ley, atribuyéndole intenciones que no tienen, preferimos eliminarlo. Pero es una decisión que debe tomar el Partido Nacional.

SEÑOR ANTIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ANTIA.- Señor Presidente: no hicimos este planteo como partido, sino a título personal, porque entendíamos que era necesario; y teníamos el apoyo de nuestro partido para actuar libremente en este tema. Nos parece que es absolutamente necesario dar garantías en el procedimiento del matrimonio. Hemos participado en cantidad de casamientos y escuchamos que los Oficiales del Registro Civil plantean una serie de impedimentos y uno de ellos sería que se trate de personas del mismo sexo si no se está avisado. A mi juicio, es necesario, pero si la señora Senadora Percovich quiere eliminarlo, que lo elimine. Sin embargo, considero que va a generar muchas dudas y que en diversas ocasiones va a resultar que ella era él.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Una vez más debo decir que aquí hay una confusión de conceptos. Por nuestra parte, no hacíamos hincapié en el numeral 2), que fue introducido posteriormente por el señor Senador Antía, porque las personas que van a comparecer para inscribirse en el Registro de Estado Civil para contraer matrimonio ya no son del mismo sexo, aunque lo fueron anteriormente. El señor Senador Antía y creo que algún otro Senador manifestaban cierta reserva porque, aunque reconocían este hecho, reclamaban que era necesario que el futuro cónyuge estuviera enterado del cambio realizado. Esta información surge de la partida de nacimiento, pero normalmente ésta no se requiere para estos trámites. Obviamente, la única forma de enterar a la persona de esta situación es que el Oficial del Registro de Estado Civil se lo informe. De esta manera, esa persona sabrá que su futuro cónyuge tiene una historia, es decir, que nació biológicamente de un sexo y se lo ha cambiado. De todas maneras, no se trata de un matrimonio homosexual.

Entonces, con este numeral estamos atendiendo la posibilidad de que esta persona que se va a casar no sepa que eso se produjo. Repito que cuando uno se va a inscribir al Registro de Estado Civil no le piden la partida de nacimiento. Podría entonces existir la opción de que a toda persona que se presente a contraer matrimonio se le exija la partida de nacimiento, o que cuando esto suceda se coteje a nivel del Registro de Estado Civil y el Oficial informe al futuro cónyuge reservadamente que este cambio se ha producido. Esto fue lo que motivó nuestra aceptación de la incorporación del numeral 2).

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Creo que el numeral 2) aclara más las circunstancias, aunque me imagino que deben ser hipótesis muy raras ya que no sé cuántas veces efectivamente se prevendrá a alguien de esa situación, más aún teniendo en cuenta que se pide una antigüedad de dos años para estar en condiciones de formular la solicitud. Quizás exista algún caso en el que la persona no conozca el sexo biológico de su pareja, aunque pienso que esto no debe ser muy común.

De cualquier modo, considero que no se puede permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo biológico por toda la arquitectura de nuestro ordenamiento jurídico. En realidad, la Constitución y todo nuestro ordenamiento jurídico hacen mención a la heterosexualidad, al matrimonio heterosexual, que hace referencia al sexo biológico y no al psicológico o al que se siente. Todo el aparato normativo está edificado sobre esa base. Es más, el Diccionario de la Real Academia Española define al matrimonio como la unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Es decir que se refiere al hombre y a la mujer desde el punto de vista biológico.

Por estos motivos, votaré en contra este artículo, aunque se elimine el numeral 2.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- En lo personal, soy partidario de mantener el artículo tal como está porque incluye una obligación al Oficial del Registro de Estado Civil, en el caso de que se dé esta circunstancia, que creo será excepcional, en el sentido de actuar e informar para evitar todas las consecuencias que los Senadores del Partido Nacional han planteado. Creo que mantener este numeral no cambia nada y, es más, reafirma una posibilidad. Entonces, votaré este artículo tal como está.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.

(Se vota:)

-17 en 26. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 26. Afirmativa.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que pasa a consideración de la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

ARTICULO 1º. (Derecho a la identidad de género).- Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de cual sea su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro.

Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona, sean las actas del Registro de Estado Civil, los documentos de identidad, electorales, de viaje u otros.

ARTICULO 2º. (Legitimación).- Toda persona podrá solicitar la adecuación de la mención registral de su nombre, sexo o ambos, cuando los mismos no coincidan con su identidad de género.

ARTICULO 3º. (Requisitos).- Se hará lugar a la adecuación registral de la mención del nombre y en su caso del sexo toda vez que la persona solicitante acredite:

1) Que el nombre, el sexo -o ambos- consignados en el acta de nacimiento del Registro del Estado Civil son discordantes con su propia identidad de género.

2) La estabilidad y persistencia de esta disonancia durante al menos 2 (dos) años, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la presente ley.

En ningún caso se exigirá cirugía de reasignación sexual para la concesión de la adecuación registral de la mención del nombre o del sexo que fuere disonante de la identidad de género de la persona a que se hace referencia en dicho documento.

Cuando la persona haya procedido a la cirugía de reasignación sexual, no le será necesario acreditar el extremo previsto en el numeral 2) del presente artículo.

ARTICULO 4º. (Procedimiento y competencia).- La adecuación de la mención registral del nombre y del sexo será de iniciativa personal del titular de los mismos.

Se tramitará ante los Juzgados Letrados de Familia, mediante el proceso voluntario previsto por el artículo 406.2 del Código General del Proceso (artículo 69 de la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985).

La presentación de la demanda deberá estar acompañada de un informe técnico del equipo multidisciplinario y especializado en identidad de género y diversidad que se constituirá a estos efectos en la Dirección General del Registro de Estado Civil.

Sin perjuicio de los demás medios de prueba que pudiera aportar el interesado, se tendrá especialmente en cuenta el testimonio de las personas que conocen la forma de vida cotidiana del solicitante y la de los profesionales que han atendido desde el punto de vista social, mental y físico a la misma.

Una vez recaída la providencia que acoge la solicitud de adecuación, el juzgado competente oficiará a la Dirección General del Registro de Estado Civil, a la Intendencia Municipal respectiva, a la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del Interior, al Registro Cívico Nacional de la Corte Electoral y a la Dirección General de Registros a fin que se efectúen las correspondientes modificaciones en los documentos identificatorios de la persona así como en los documentos que consignen derechos u obligaciones de la misma. En todos los casos se conservará el mismo número de documento de identidad, pasaporte y credencial cívica.

ARTICULO 5º. (Efectos).-

1) La resolución que autorice la rectificación de la mención registral del nombre y en su caso del sexo, tendrá efectos constitutivos a partir de la fecha en que se haga efectivo dicho cambio en la partida de nacimiento.

2) Si la persona interesada solicita la reserva del cambio registral efectuado, se procederá a anular la partida de nacimiento original y a la realización de una nueva inscripción, dejando constancia al margen de la resolución que lo dispuso.

En caso contrario, se rectificarán los datos al margen de la partida de nacimiento original.

3) En ningún caso alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas de la persona cuyo registro se modifica ni será oponible a terceros de buena fe.

4) El cambio registral del sexo permitirá a la persona ejercer todos los derechos inherentes a su nueva condición.

ARTICULO 6º. (Personas de menos de 18 años de edad).- Tratándose de personas de menos de 18 (dieciocho) años de edad, el procedimiento tendrá como único efecto la adecuación provisoria de todos los documentos de identificación de la persona, debiendo ratificar su voluntad de cambio de nombre y en su caso de sexo una vez cumplidos los 18 (dieciocho) años de edad a los fines previstos en los numerales 1) y 2) del artículo anterior. Las niñas y niños menores de 12 (doce) años deberán estar acompañados de sus padres o tutores. A tales efectos el Tribunal deberá considerar íntegramente los alcances del artículo 8º del Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley Nº 17.823, de 7 de setiembre de 2004).

ARTICULO 7º. (Reserva).- No se dará publicidad, sin autorización judicial, de la modificación registral de la mención relativa al nombre o en su caso al sexo de la persona.

Sin perjuicio de ello, no regirá esta reserva:

1) A los efectos patrimoniales y en cuanto resulte necesario de acuerdo con la reglamentación de la Dirección General de Registros.

2) Respecto al futuro cónyuge, previo a la celebración del matrimonio. En tales casos el Oficial del Registro de Estado Civil, o quien haga sus veces, informará al futuro cónyuge, en forma reservada, los datos emergentes de la partida de nacimiento original.

3) Si fuere necesario para garantizar un derecho o interés legítimo de terceras personas. En tales casos las personas interesadas deberán fundamentar su solicitud ante el Juzgado competente, quien resolverá teniendo especialmente en cuenta los derechos fundamentales de las personas involucradas.

ARTICULO 8º. (Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación).- La Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación (Ley Nº 17.817, de 6 de setiembre de 2004) tendrá a su cargo brindar asesoramiento y acompañamiento profesional a las personas que deseen ampararse en esta ley.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo a 16 de diciembre de 2008.

Hugo Rodríguez Filippini Secretario

José Mujica Presidente."

16) RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CORTE ELECTORAL POR EXTENSION DE SU CARGA HORARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se interpreta el artículo 267 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, referido a retribuciones de los funcionarios de la Corte Electoral por extensión de su carga horaria. (Carp. N° 1410/08 - Rep. N° 960/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1410/08

Rep. N° 960/08

CAMARA DE SENADORES

Proyecto de ley interpretativo del artículo 267 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007

Artículo Unico.- Declárase que la retribución de las tareas distribuidas equitativamente entre los funcionarios que se acojan al sistema previsto en el artículo 267 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, se ajustará al pago exclusivo de la extensión horaria de las tareas efectivamente cumplidas por cada funcionario.

Susana Dalmás, Margarita Percovich, Mariano Arana, Eleuterio Fernández Huidobro, Reinaldo Gargano, Eduardo Lorier, Jorge Saravia. Senadores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo proyectado procura puntualizar, frente a lo que es una norma clara en su texto, en su espíritu y en el designio que la inspiró, que no se superponga a la forma histórica utilizada por la Corte Electoral de remunerar a sus funcionarios por tareas realizadas con una suma discrecionalmente establecida, el pago por extensión horario que el artículo interpretado autoriza.

DISPOSICION CITADA

Ley N° 18.172

31 de agosto de 2007

RENDICION DE CUENTAS Y BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2006

Artículo 267.- Facúltase a la Corte Electoral a disponer, a los efectos de la organización y realización de las elecciones nacionales y de las elecciones departamentales cometida por la Constitución y la ley nacional la extensión horaria de sus oficinas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987 y en el artículo 504 de la Ley N° 16.170, de diciembre de 1990, y a retribuir a sus funcionarios con los fondos presupuestales que se asignen a tal fin.

La extensión horaria que se autoriza por la presente norma podrá efectuarse exclusivamente desde el 1° de enero del año en que se realicen elecciones nacionales y hasta culminado el escrutinio de las elecciones departamentales.

La solicitud de créditos presupuestales a tales efectos deberá ser acompañada de los respectivos compromisos de gestión con especificación de las metas a alcanzar y los recursos humanos y materiales necesarios para ello.

La Corte Electoral reglamentará la forma de funcionamiento y las condiciones bajo las cuales los funcionarios se acogerán al sistema previsto en este artículo, basada en la distribución equitativa de las tareas y su retribución, ajustándose esta última al pago exclusivo por las tareas y extensión horaria efectivamente realizada por cada funcionario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley interpretativo del artículo 267 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, que corresponde a la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2006. En dicho artículo se faculta a la Corte Electoral a disponer, a los efectos de la organización y realización de las elecciones nacionales y departamentales, la extensión horaria para los trabajadores que tengan que cumplir funciones acordes con esta responsabilidad. Se establece en el mismo artículo que la solicitud de los créditos presupuestales deberá ser acompañada de los respectivos compromisos de gestión. El último inciso tiene que ver con la interpretación que nos vemos en la necesidad de plantear. En él se establece: "La Corte Electoral reglamentará la forma de funcionamiento y las condiciones bajo las cuales los funcionarios se acogerán al sistema previsto en este artículo, basada en la distribución equitativa de las tareas y su retribución, ajustándose esta última al pago exclusivo por las tareas y extensión horaria efectivamente realizada por cada funcionario".

Quienes participamos en el debate cuando este artículo 267 fue considerado, recordamos claramente cuál fue el espíritu que llevó a los Legisladores a incluir este último inciso: poder dar la garantía de que los recursos que se votaban para la Corte Electoral con estos fines, fueran utilizados, exclusivamente, para pagar las horas extras de los trabajadores que en efecto las realizaran, y que no sucediera lo que había pasado en otros casos en los que los mismos recursos se utilizaban para dar compensaciones a funcionarios que no habían tenido un incremento horario, lo cual se hacía de forma discrecional. Repito que este fue el espíritu que llevó a incluir este inciso.

Cabe aclarar que el 1º de enero de 2009 comienza a regir esta norma, por lo que a partir de esa fecha la Corte Electoral estará facultada a aplicar estas extensiones horarias. Ahora bien, la interpretación que se está realizando en el ámbito de la Corte Electoral estaría acorde con lo que ha sido la tradición, esto es, utilizar esos recursos no solo para compensar a quienes tienen un horario extraordinario, sino también a aquellos que no lo cumplen. Esto ha ameritado la necesidad de esta interpretación para ratificar cuál fue la voluntad del Legislador en aquel momento. Por estos motivos, se incluye este artículo que dice: "Declárase que la retribución de las tareas distribuidas equitativamente entre los funcionarios que se acojan al sistema previsto en el artículo 267 de la Ley N° 18.172, de 31 de agosto de 2007, se ajustará al pago exclusivo de la extensión horaria de las tareas efectivamente cumplidas por cada funcionario". Con esta interpretación se ratifica lo que fue la voluntad del Legislador expresada en el artículo 267 de la Rendición de Cuentas correspondiente al año 2006.

Por estas razones proponemos que este proyecto de ley sea votado de inmediato.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley por el que se interpreta el artículo 267 de la Ley Nº 18.172.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Declárase que la retribución de las tareas distribuidas equitativamente entre los funcionarios que se acojan al sistema previsto en el sistema previsto en el artículo 267 de la Ley Nº 18.172, de 31 de agosto de 2007, se ajustará al pago exclusivo de la extensión horaria de las tareas efectivamente cumplidas por cada funcionario".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

17) MEDIOS DE COMUNICACION Y DE PRENSA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifican e incorporan disposiciones a la Ley Nº 16.099, de 3 de noviembre de 1989, y se sustituyen los artículos 138, 173 y 336 del Código Penal, en referencia a los medios comunicación y de prensa. (Carp. Nº 1332/08 - Rep. 950/08 y Anexo I)".

(Antecedentes: Ver Rep. 950/08 en Sesión Nº 61)

"Carp. N° 1332/08

Rep. N° 950/08

Anexo I

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Declárase de interés general la promoción de la actividad de los medios de comunicación, así como la actividad de sus periodistas y trabajadores de la prensa en general, tanto de los medios escritos como radiales y televisivos.

Artículo 2°.- Declárase el día 3 de mayo de cada año como "Día Nacional de la Libertad de Prensa". Esta fecha, así como los 20 de setiembre "Día de la Libertad de Expresión" (Ley N° 17.778, de fecha 24 de mayo de 2004) y el 23 de octubre "Día del Periodista" (Ley N° 16.154, de fecha 23 de octubre de 1990), serán conmemoraciones en homenaje a todos los periodistas, en particular a aquellos fallecidos en ejercicio de su función.

Artículo 3°.- Agrégase al artículo 1° de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, el siguiente inciso:

"Constituyen principios rectores para la interpretación, aplicación e integración de las normas civiles, procesales y penales sobre expresión, opinión y difusión, relativas a comunicaciones e informaciones, las disposiciones consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, se tomarán en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Americana de Derechos Humanos, y en las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre que ello no implique disminuir los estándares de protección establecidos en la legislación nacional, o reconocidos por la jurisprudencia nacional".

Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 336 del Código Penal por el siguiente:

"ARTICULO 336. (Exención de responsabilidad y prueba de la verdad).- Estará exento de responsabilidad el que:

a) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público;

b) reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el autor de las mismas se encuentre identificado;

c) efectuare, o difundiere cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que refiera a alguna de las hipótesis precedentes.

La exención de responsabilidad no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas, o vulnerar su vida privada.

Los acusados de los delitos previstos en el artículo 333 y aun en el 334, cuando mediare imputación, tendrán derecho a probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona, excepto que el caso se refiera a la vida privada de la persona, o cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos. Si se probase la verdad o la verosimilitud, el autor de la imputación se verá exento de pena, salvo que hubiese empleado real malicia".

Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 138 del Código Penal por el siguiente:

"ARTICULO 138. (Atentado con la vida, la integridad física o la libertad de los Jefes de Estado extranjeros o sus representantes diplomáticos).- El que en el territorio del Estado, por actos directos, atentare contra la vida, la integridad personal o la libertad de un Jefe de Estado extranjero, o de sus representantes diplomáticos, será castigado, en el caso de atentado a la vida, con cuatro a diez años de penitenciaría y en los demás casos con dos a nueve años.

Si del hecho se derivara la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitencaría".

Artículo 6°.- Sustitúyese el artículo 173 del Código Penal por el siguiente:

"ARTICULO 173. (Desacato).- Se comete desacato, menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos de alguna de las siguientes maneras:

1) Por medio de ofensas reales ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que este ejerciera sus funciones.

2) Por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público.

El delito se castiga con tres a dieciocho meses de prisión.

Nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad".

Artículo 7°.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 19. (Delitos cometidos a través de los medios de comunicación).- Constituye delito de comunicación, la comisión a través de un medio de comunicación, de un hecho calificado como delito por el Código Penal o por leyes especiales.

El proceso que corresponde en caso de delitos de comunicación se rige por la presente ley, con las penas previstas en el Código Penal o la ley especial respectiva".

Artículo 8°.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 26.- El que, a sabiendas, divulgare noticias falsas para cometer o provocar la comisión de alguno de los delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales será castigado con la pena prevista para el respectivo delito, disminuida de un tercio a la mitad".

Artículo 9°.- Incorpórase el artículo 8° bis a la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 8° bis. (Publicación o emisión voluntaria de la respuesta).- En cualquier etapa del procedimiento, se clausurará de inmediato la causa si el responsable del medio de comunicación acreditare haber publicado o emitido la respuesta reclamada, con similar destaque al de la información que la provocó.

Si el responsable del medio se comprometiere a publicarla o emitirla, se suspenderá el dictado de sentencia por un plazo que, a criterio del Juez, sea razonable para dar cumplimiento a la publicación. Si en dicho término no se acreditare la publicación o emisión de la respuesta el Juez dictará sentencia de inmediato.

Del mismo modo, el Juez podrá dar por cumplido el derecho de respuesta si el medio acredita haber publicado o emitido la respuesta en un lugar u horario y espacio razonables, con anterioridad al inicio del proceso".

Artículo 10.- Derógase el literal k) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 10.279, de 19 de noviembre de 1942.

Sala de la Comisión, en Montevideo, a 9 de diciembre de 2008.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Sergio Abreu, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Julio Sanguinetti, Lucía Topolansky.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 143

En Montevideo, el nueve de diciembre de dos mil ocho, a la hora catorce y cuarenta y cuatro minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich y Lucía Topolansky y los señores Senadores Sergio Abreu, Reinaldo Gargano, Rafael Michelini, Carlos Moreira y Julio M. Sanguinetti.

Falta con aviso el señor Senador Francisco Gallinal.

Asisten especialmente invitados Ministra y Subsecretario, Directora de Asuntos Constitucionales, Legales y Regis-trales y asesores del Ministerio de Educación y Cultura, ingeniera María Simon, doctor Felipe Michelini, doctora Cecilia Blanco, doctores Juan Pablo Rivoir, Hoenir Sarthou y Gualberto Pérez Riestra, respectivamente.

Preside su titular, el señor Senador Julio M. Sanguinetti.

Actúan en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión y las señoras Ana Verissimo y Gloria Mederos, Prosecretarias. Asiste, asimismo, la Secretaria de Comisión señora Teresa Paredes.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA N° 1398/2008. PERSONAL TECNICO PROFESIONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES INGRESADO CON POSTERIORIDAD A DICIEMBRE DE 1985. Se incluyen hasta dos de los mismos en las excepciones establecidas en el artículo 1° de la Ley N° 15.747, de 14 de junio de 1985. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2966/2008.

- CARPETA N° 1400/2008. EDIL DANIEL PLACERES. Acusación de la Junta Departamental de Montevideo al amparo de lo dispuesto por los artículos 93, 102, 291 y 296 de la Constitución de la República. Nota de la Junta Departamental de Montevideo. Distribuido N° 2964/2008.

- CARPETA N° 1403/2008. PROCESOS LABORALES. Abreviación. Proyecto de ley con exposición de motivos de varios señores Senadores. Distribuido N° 2968/2008.

- CARPETA N° 1405/2008. VEHICULOS AUTOMOTORES. Normas sobre su empadronamiento. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2969/2008.

- Nota de la Presidencia del Senado al que acompaña nota del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social referida al proyecto de ley, remitido por la Suprema Corte de Justicia (CARPETA N° 1299/2008), por el que se introducen modificaciones al Código General del Proceso con la finalidad de abreviar los procesos laborales.

- Los doctores Martín Risso Ferrand, Decano de la Facultad de Derecho de la UCUDAL; y el doctor Ruben Correa Freitas, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UDE, remiten su opinión al proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado por daños causados en ocasión de ejecución de obras públicas (CARPETA N° 1353/2008).

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA N° 1353/2008. RESPONSABILIDAD DEL ESADO POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN LA EJECUCION DE SERVICIOS PUBLICOS. Se reglamentan los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2848/2008.

- CARPETA N° 1332/2008. MEDIOS DE COMUNICACION Y DE PRENSA. Se modifican e incorporan disposiciones a la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, y se sustituyen los artículos 138, 173 y 336 del Código Penal. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2928/2008.

La Comisión recibe a la señora Ministra de Educación y Cultura, quien hace referencia al articulado de los proyectos de ley motivo de la convocatoria. Esta intervención es complementada por el señor Subsecretario y la Directora de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales de esa Cartera. Intervención de varios señores Senadores. Finalizadas las mismas se retiran de Sala los invitados.

A continuación el señor Presidente pone a consideración el proyecto de ley, que por Resolución del Senado volviera a Comisión, y por el que modifican e incorporan disposiciones a la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989 y se sustituyen los artículos 138, 173 y 336 del Código Penal (CARPETA N° 1332/2008). Se sugieren modificaciones a los artículos 1°, 3°, 6° y 7°. Con las modificaciones propuestas se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quien lo hará en forma verbal.

A la hora dieciséis y veinticinco minutos se levanta la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 2982/2008 y 2983/2008, que forman parte del presente documento.

El proyecto de ley sustitutivo aprobado queda redactado de la siguiente forma:

"Artículo 1°.- Declárase de interés general la promoción de la actividad de los medios de comunicación, así como la actividad de sus periodistas y trabajadores de la prensa en general, tanto de los medios escritos como radiales y televisivos.

Artículo 2°.- Declárase el día 3 de mayo de cada año como "Día Nacional de la Libertad de Prensa". Esta fecha, así como los 20 de setiembre "Día de la Libertad de Expresión" (Ley N° 17.778, de fecha 24 de mayo de 2004) y el 23 de octubre "Día del Periodista" (Ley N° 16.154, de fecha 23 de octubre de 1990), serán conmemoraciones en homenaje a todos los periodistas, en particular a aquellos fallecidos en ejercicio de su funcion.

Artículo 3°.- Agrégase al artículo 1° de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, el siguiente inciso:

"Constituyen principios rectores para la interpretación, aplicación e integración de las normas civiles, procesales y penales sobre expresión, opinión y difusión, relativas a comunicaciones e informaciones, las disposiciones consagradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Asimismo, se tomarán en cuenta muy especialmente los criterios recogidos en las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Americana de Derechos Humanos, y en las resoluciones e informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, siempre que ello no implique disminuir los estándares de protección establecidos en la legislación nacional, o reconocidos por la jurisprudencia nacional".


Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 336 del Código Penal por el siguiente:

"ARTICULO 336. (Exención de responsabilidad y prueba de la verdad).- Estará exento de responsabilidad el que:

a) efectuare o difundiere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, referida tanto a funcionarios públicos como a personas que por su profesión u oficio, tengan una exposición social de relevancia, o a toda persona que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público;

b) reprodujere cualquier clase de manifestación sobre asuntos de interés público, cuando el autor de las mismas se encuentre identificado;

c) efectuare, o difundiere cualquier clase de manifestación humorística o artística, siempre que refiera a alguna de las hipótesis precedentes.

La exención de responsabilidad no procederá cuando resulte probada la real malicia del autor de agraviar a las personas, o vulnerar su vida privada.

Los acusados de los delitos previstos en el artículo 333 y aun en el 334, cuando mediare imputación, tendrán derecho a probar la verdad de los hechos y la verosimilitud de las calidades atribuidas a la persona, excepto que el caso se refiera a la vida privada de la persona, o cuando no sea de interés público la divulgación de los hechos. Si se probase la verdad o la verosimilitud, el autor de la imputación se verá exento de pena, salvo que hubiese empleado real malicia".

Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 138 del Código Penal por el siguiente:

"ARTICULO 138. (Atentado con la vida, la integridad física o la libertad de los Jefes de Estado extranjeros o sus representantes diplomáticos).- El que en el territorio del Estado, por actos directos, atentare contra la vida, la integridad personal o la libertad de un Jefe de Estado extranjero, o de sus representantes diplomáticos, será castigado, en el caso de atentado a la vida, con cuatro a diez años de penitenciaría y en los demás casos con dos a nueve años.

Si del hecho se derivara la muerte, la pena será de quince a treinta años de penitenciaría".

Artículo 6°.- Sustitúyese el artículo 173 del Código Penal por el siguiente:

"ARTICULO 173. (Desacato).- Se comete desacato, menoscabando la autoridad de los funcionarios públicos de alguna de las siguientes maneras:

1) Por medio de ofensas reales ejecutadas en presencia del funcionario o en el lugar en que este ejerciera sus funciones.

2) Por medio de la desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público.

El delito se castiga con tres a dieciocho meses de prisión. Nadie será castigado por manifestar su discrepancia con el mandato de la autoridad".

Artículo 7°.- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 19. (Delitos Cometidos a través de los medios de comunicación).-

Constituye delito de comunicación, la comisión a través de un medio de comunicación, de un hecho calificado como delito por el Código Penal o por leyes especiales.

El proceso que corresponde en caso de delitos de comunicación se rige por la presente ley, con las penas previstas en el Código Penal o la ley especial respectiva".

Artículo 8°.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, por el siguiente:

"ARTICULO 26.- El que, a sabiendas, divulgare noticias falsas para cometer o provocar la comisión de alguno de los delitos previstos en el Código Penal o leyes especiales será castigado con la pena prevista para el respectivo delito, disminuida de un tercio a la mitad".

Artículo 9°.- Incorpórase el artículo 8° bis a la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 8° bis. (Publicación o emisión voluntaria de la respuesta).- En cualquier etapa del procedimiento, se clausurará de inmediato la causa si el responsable del medio de comunicación acreditare haber publicado o emitido la respuesta reclamada, con similar destaque al de la información que la provocó.

Si el responsable del medio se comprometiere a publicarla o emitirla, se suspenderá el dictado de sentencia por un plazo que, a criterio del Juez, sea razonable para dar cumplimiento a la publicación. Si en dicho término no se acreditare la publicación o emisión de la respuesta, el Juez dictará sentencia de inmediato.

Del mismo modo, el Juez podrá dar por cumplido el derecho de respuesta si el medio acredita haber publicado o emitido la respuesta en un lugar u horario y espacio razonables, con anterioridad al inicio del proceso".

Artículo 10.- Derógase el literal k) del artículo 6° del Decreto-Ley N° 10.279, de 19 de noviembre de 1942".

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria.

Julio M. Sanguinetti Presidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley ya estuvo a estudio de esta Cámara y también fue hecho el informe correspondiente, luego de lo cual se decidió enviarlo nuevamente a la Comisión de Constitución y Legislación para realizar algunos ajustes de redacción. Durante esa instancia se recibió al Ministerio de Educación y Cultura y, en esta ocasión, simplemente quiero señalar cuáles fueron las modificaciones introducidas.

En principio, se modificó el primer artículo, que resultaba bastante redundante y lo acortamos. Concretamente esta disposición tiene que ver con la declaratoria de interés general de la promoción de la actividad de los medios de comunicación así como de la actividad de sus periodistas y de sus trabajadores. Cabe aclarar que no modificamos el artículo 2º, que consagra el Día de la Libertad de Prensa, mientras que en el artículo 3º agregamos algunos elementos de forma, como la fecha de la Ley de Prensa, a cuyo artículo 1º se le introdujeron modificaciones. No hemos modificado la redacción del artículo 4º en el que sí se había cambiado el nomen juris y algunos aspectos relacionados con los derechos de los ciudadanos a recibir información veraz, así como con la protección de la privacidad y la reputación de las personas públicas. El artículo 5º tampoco se modificó en la Comisión, pero sí se hicieron cambios en el artículo 6º, que sustituye al artículo 173 del Código Penal, que refiere al desacato. En ese punto separamos -porque venía incorporada en el numeral 2)- la tipificación del delito, que no se cambiaba en el tiempo pero sí había quedado junto con la redacción que le dábamos en el numeral 2). Con respecto al artículo 7º en lo que tiene que ver con la modificación del artículo 19 de la Ley de Prensa, cambiamos una palabra del texto, que decía: "Constituye delito de comunicación, la ejecución a través de medios de comunicación"; a propuesta del señor Senador Sanguinetti, sustituimos "ejecución" por "comisión".

Finalmente, quiero decir que en el resto del proyecto de ley no se introdujeron modificaciones y, por consiguiente, estamos proponiendo al Cuerpo que se apruebe con las modificaciones acordadas en la Comisión de Constitución y Legislación.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Mariano Arana)

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Formulo moción en el sentido de que se suprima la lectura del articulado y se vote en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gargano.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos del proyecto de ley.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) JORNADA LABORAL Y REGIMEN DE DESCANSOS EN EL SECTOR RURAL

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se regula la jornada laboral y el régimen de descanso de los trabajadores del sector rural. (Carp. Nº 1285/08 - Rep. 964/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1285/08

Rep. N° 964/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

JORNADA LABORAL Y REGIMEN DE DESCANSOS EN EL SECTOR RURAL

REGULACION

Artículo 1°. (Jornada laboral).- Declárase que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias.

Artículo 2°. (Ciclo semanal).- El ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados.

Artículo 3°. (Pagos de horas extraordinarias).- Las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras.

Artículo 4°. (Descansos intermedios y entre jornadas).- El descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de media hora, la que deberá remunerarse como trabajo efectivo.

El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a doce horas continuas. Cuando la duración del descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, el descanso entre jornadas podrá ser inferior a las doce horas, pero nunca menor a nueve horas corridas.

Artículo 5°. (Descanso semanal).- El descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

Artículo 6°. (Descansos en la ganadería y agricultura de secano).- La extensión del descanso durante la jornada estará supeditada a los ciclos estacionales (primavera/verano y otoño/invierno), siendo facultad del empleador fijar la duración del descanso intermedio de conformidad a los mismos. El descanso intermedio tendrá como mínimo una duración de dos horas corridas.

La duración del descanso entre jornadas, cuando el descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, podrá ser inferior a doce horas pero nunca menor de nueve horas continuas.

El descanso semanal será preferentemente el día domingo, aunque, mediando acuerdo entre las partes, podrá fijarse en otro día (fijo o rotativo) de la semana.

Existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes.

Artículo 7°. (Tambos).- En el caso del personal afectado al horario de ordeño en los tambos, cuando el descanso dentro de la jornada sea superior o igual a cinco horas, la duración del mismo entre jornadas será como mínimo de siete horas continuas.

Artículo 8°. (Esquila).- La jornada laboral en la esquila, durante el período de zafra, será de ocho horas diarias, las cuales deberán ser distribuidas en cuartos.

Tres descansos interrumpen la jornada. Un primer y tercer descanso intermedio no menor a media hora, y un descanso central no menor a una hora y media. Estos descansos, en todos los casos, no serán pagos.

Artículo 9°. (Horario).- El horario en el establecimiento o empresa será determinado por el empleador en función de los ciclos productivos.

Artículo 10. (Convenios colectivos).- Mediante convenios colectivos se podrán acordar regímenes diferentes, siempre y cuando estos resulten más favorables al previsto en la presente ley.

Artículo 11. (Facultades de seguimiento).- Créase una Comisión de Seguimiento, integrada por los delegados del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y de los trabajadores en los Consejos de Salarios de los Grupos Nos. 22, 23 y 24, a la cual podrán integrarse representantes designados por las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca y por las de Asuntos Laborales y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, respectivamente, con la finalidad de realizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del régimen de jornada y descanso semanal.

Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de los sectores con carácter obligatorio, luego de tres meses de vigencia de esta ley. Dentro del término de un año contado a partir de los tres meses de vigencia de la presente ley, deberá presentar un informe evaluatorio de la aplicación del nuevo régimen, así como las eventuales correcciones o modificaciones que considere pertinente.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2008.

Víctor Vaillant, Miembro Informante; Susana Dalmás, Luis Oliver, Carlos Ramela, Francisco Gallinal, (con salvedades), Walter Campanella.

PROYECTO DE LEY APROBADO POR CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguien-te

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Jornada laboral).- Declárase que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias.

Artículo 2°. (Ciclo semanal).- El ciclo semanal, no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados.

Artículo 3°. (Ganadería y Agricultura de secano. Régimen extraordinario).- En las actividades de ganadería y agricultura de secano, el empleador podrá disponer la realización de una novena hora. Esa hora extraordinaria se compensará con tiempo no trabajado en la forma indicada en el artículo siguiente. Si la jornada de trabajo superare las nueve horas diarias, el tiempo excedente a la novena hora de labor será abonado en la oportunidad y forma prevista en la Ley N° 15.996, de 17 de noviembre de 1988.

Artículo 4°. (Compensación y cargos de horas extraordinarias en la ganadería y agricultura de secano).- Las horas que excedan la jornada normal serán compensadas o abonadas según corresponda.

Finalizado el trimestre las horas trabajadas que hayan superado las ocho horas y no excedan de las nueve horas diarias, serán compensadas con tiempo no trabajado en el mismo período.

En el caso de cese o despido, durante el transcurso del trimestre, cuando existiere saldo de horas a favor del trabajador, estas deberán abonarse como horas extra. Culminado el trimestre, si restare un saldo de horas sin compensar, el mismo deberá ser compensado con tiempo de descanso doble o abonado conforme al régimen de horas extras.

Si procediere la compensación con descanso doble, este deberá gozarse dentro de un plazo no mayor a los treinta días de finalizado el trimestre correspondiente.

Artículo 5°. (Descansos intermedios y entre jornadas).- El descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de media hora, la que deberá remunerase como trabajo efectivo.

El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a doce horas continuas. Cuando la duración del descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, el descanso entre jornadas podrá ser inferior a las doce horas, pero nunca menor a nueve horas corridas.

Artículo 6°. (Descanso semanal).- El descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

Artículo 7°. (Descansos en la ganadería y agricultura de secano).- La extensión del descanso durante la jornada estará superditada a los ciclos estacionales (primavera/verano y otoño/invierno), siendo facultad del empleador fijar la duración del descanso intermedio de conformidad a los mismos. El descanso intermedio tendrá como mínimo una duración de dos horas corridas.

La duración del descanso entre jornadas, cuando el descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, podrá ser inferior a doce horas pero nunca menor de nueve horas continuas.

El descanso semanal será preferentemente el día domingo, aunque, mediando acuerdo entre las partes, podrá fijarse en otro día (fijo o rotativo), de la semana.

Existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes.

Artículo 8°. (Tambos).- En el caso del personal afectado al horario de ordeño en los tambos, cuando el descanso dentro de la jornada sea superior o igual a cinco horas, la duración del mismo entre jornadas será como mínimo de siete horas continuas.

Artículo 9°. (Esquila).- La jornada laboral en la esquila, durante el período de zafra, será de nueve horas diarias, las cuales deberan ser distribuidas en cuartos.

Tres descansos interrumpen la jornada. Un primer y tercer descanso intermedio no menor de media hora, la que será paga, y un descanso central, el cual no es pago, no menor a una hora y media.

Artículo 10. (Horario).- El horario en el establecimiento o empresa será determinado por el empleador en función de los ciclos productivos.

Artículo 11. (Convenios colectivos).- Mediante convenios colectivos se podrán acordar regímenes diferentes, siempre y cuando estos resulten más favorables al previsto en la presente ley.

Artículo 12. (Facultades de seguimiento).- Créase una Comisión de Seguimiento, integrada por los delegados del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y de los trabajadores en los Consejos de Salarios de los Grupos Nos. 22, 23 y 24, a la cual podrán integrarse representantes designados por las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por las de Asuntos Laborales y Seguridad Social, y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, respectivamente, con la finalidad de realizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del régimen de jornada y descanso semanal.

Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de los sectores con carácter obligatorio, luego de tres meses de vigencia de esta ley. Dentro del término de un año, contado a partir de los tres meses de vigencia de la presente ley, deberá presentar un informe evaluatorio de la aplicación del nuevo régimen, así como las eventuales correcciones o modificaciones que considere pertinente.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de setiembre de 2008.

Uberfil Hernández 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Legislación del Trabajo

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo eleva a consideración del pleno un proyecto de ley referente a la regulación de la jornada laboral y régimen de descansos en el sector rural.

Antes de considerar el proyecto de limitación de la jornada laboral y régimen de descansos en el sector rural queremos dejar algunos antecedentes como constancia de que hoy estaremos legislando sobre aquellos trabajadores que algunos les dieron en llamar los olvidados del campo, los trabajadores rurales.

A diferencia de lo que ha ocurrido en las ramas de actividad de la industria, comercio y servicios, toda la actividad rural al igual que la doméstica carecía de una regulación en su jornada de trabajo.

Algunos autores y especialistas en Derecho del Trabajo, indican que avanzado el Siglo XX, jamás se reguló esta situación, es mas, siempre fue vista como una prestación de servicio, con características semiservil, dando lugar a formas de trabajo de claro uso discrecional, donde el contrato laboral ha sido de carácter temporario y sin regulación para el sector, dejando postergada la plena eficacia de los derechos del ciudadano y por ende del trabajador como tal, olvidando que este es un derecho fundamental.

Si bien la Constitución del año 1934 consagró que "la ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación de la jornada; el descanso semanal y la higiene física y moral", sin embargo se persistió hasta la fecha a una fuerte resistencia a reconocer la limitación de la jornada para este sector, desconociendo durante casi 95 años un derecho fundamental, implicando un claro desconocer de un mandato constitucional imperativo como lo indicaba el artículo 54 de la Constitución del 34.

Si bien el artículo 54 de la Constitución consagra de manera universal, directa y autoejecutable, el derecho a la limitación de la jornada, con este proyecto de ley se le dará cumplimiento a un mandato y llenar así un vacío legal.

Es evidente que tuvieron que esperar los olvidados del campo casi 95 años después que la Ley N° 5.350, de 17 de noviembre de 1915, que estableció la limitación de la jornada de trabajo en 8 horas para las ramas de actividad, donde daremos lectura al artículo 1° de dicha ley: "el trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de la construcción de tierra o en los puertos, costas y ríos, de los dependientes o mozos de casas de industriales, o de comercio, conductores, guardas y demás empleados de ferrocarriles y tranvías, de los carreros de playa, y en general, de todas las personas que tengan tareas del mismo género de los obreros y empleados que se indican, no durarán más de ocho horas por día".

Nada se dice de los trabajadores rurales y domésticos, estos últimos tuvieron limitada su jornada con la aprobación de la Ley N° 18.065, de 5 de diciembre de 2006, y los rurales obtendrán su limitación con la presente ley, marcándolo como una jornada relevante la del día de hoy cuando aprobemos esta ley, sin tener la menor duda que hoy estaremos reparando una deuda histórica.

La discrecionalidad está dada en la ilimitación de la jornada laboral del sector rural especialmente los de la agricultura, secano y ganadería, ya que hay ramas como la del arroz, granjas, quintas, viñedos, montes, bosques y turberas que sí cuentan con su limitación laboral.

Esto ha llevado a que este sector que tiene ilimitada su jornada de trabajo no haya podido hacer usufructo del cobro de sus horas extras, este desconocimiento y resguardo que no se contempló ni siquiera en la Ley N° 10.809, de 16 de octubre de 1946 -más conocido como el Estatuto de Trabajador Rural- ni el nuevo estatuto del trabajador rural del Decreto-Ley N° 14.785, de 19 de mayo de 1978 contempló tan injusta situación.

Es así que nuestra jurisprudencia ha sostenido que los trabajadores rurales no tienen la limitación de su jornada, viéndose consolidado este hecho luego que el Decreto del 29 de octubre de 1957, reglamentaba las Leyes y Convenios Internacionales del Trabajo, que nuestro país ratifica (Convenios Nos. 1 y 30), establecía a texto expreso que no se hallaban comprendidos en las limitaciones de la jornada las industrias rurales y pecuarias.

Pero tan ha sido la injusticia en materia del trabajo con este sector; que en el año 1980 el Decreto N° 611/980 modifica el decreto anteriormente mencionado del 29 de octubre de 1957 donde coloca que "no se hallan comprendidos en la limitación de horarios de trabajo: 1) los empleados de establecimientos rurales, a excepción de aquellos a los que se les fije por leyes especiales".

Contar hoy con una norma legal que establezca a texto expreso una determinada duración de la jornada laboral y el descanso de los trabajadores rurales es el producto de un largo proceso de negociación e intercambio entre el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las organizaciones sindicales de los trabajadores rurales y el sector empresarial, el cual se inicia en abril del 2005 con la instalación por vez primera del Consejo Tripartito Superior Rural, que trata los grupos y subgrupos de los Consejos de Salarios y deciden por consenso mantener este ámbito con carácter consultivo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a una limitación razonable a la duración del trabajo (artículo 24) y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoce el derecho a toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas (artículo 7°, inciso 1°, lit.).

La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales establece a texto expreso un límite cuantitativo de la duración de la jornada, para la legislación interna de cada país, de la siguiente manera: la jornada ordinaria de trabajo efectivo no debe exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales.

La duración máxima de la jornada en labores agrícolas, ganaderas o forestales no excederá de 9 horas diarias o de 54 semanales. Los límites diarios pueden ampliarse hasta una hora cada uno, siempre que la jornada de uno o varios días de la semana tengan una extensión inferior a las indicadas, sin perjuicio de lo dispuesto sobre descanso semanal (artículo 12, primer párrafo).

Tomando como fuentes internacionales, también queremos destacar y así lo ha visto la propia OIT, que no se puede desconocer que el trabajo rural presenta algunas particularidades y que en ciertos casos puede justificar una reglamentación especial como indicaremos a continuación una vez que veamos el articulado del presente proyecto.

El articulado del proyecto.

No es concebido éticamente, ni justificable desde el punto de vista de una política laboral centrada en la protección y el desarrollo de los derechos laborales y sociales, mantener a los trabajadores rurales excluidos del régimen que estatuye límites a la duración de la jornada laboral. Máxime cuando el derecho a la limitación de la jornada, constituye un Derecho Humano Fundamental.

Aunque, en esencia, se trata de un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, el mismo recoge casi textualmente, el contenido del documento transcripto que elaboraron los sectores en el ámbito del Consejo de Salario Rural. A pesar que dicho documento no contó con el consenso del sector empleador y los empleados dejaron sus constancias, el mismo refleja, en gran medida, soluciones respecto de las cuales las partes compartieron durante la discusión y que el presente proyecto de ley contiene.

El texto proyectado establece un régimen general, aplicable a todo trabajador sin exclusión, sin perjuicio de los regímenes legales y convencionales vigentes más favorables que viene a regular la duración de la jornada de trabajo y los descansos (dentro y entre jornada, y semanal) en la actividad rural.

En los artículos primero y segundo se fija la duración máxima a la extensión de la jornada laboral rural, la cual será de ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas semanales.

Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto, prevén para los trabajadores de la ganadería y la agricutura de secano, un sistema de régimen extraordinario, donde el empleador podrá disponer de una novena hora extraordinaria, la cual será compensada con descanso, y el artículo 3° deja con claridad que la hora que exceda a la novena se abonará en la oportunidad y forma prevista en la Ley N° 15.996, de 17 de noviembre de 1988.

Debemos tener en consideración que tanto la legislación nacional (Ley N° 5.350 y Decreto de 29 de octubre de 1957) como así también Convenios Internacionales de Trabajo que ya mencionamos en su oportunidad, como lo son los de la OIT N° 1 y N° 30 que fueron ratificados por nuestro país, admiten la posibilidad de exceder el tope de las 8 horas diarias, en casos especiales, así lo establece también la rama de actividad por ejemplo de la construcción. Por eso no podemos dejar de reconocer que el trabajo rural presenta particularidades que derivan de factores tan diversos como: climáticos, productivos, geográficos.

Se prevé también la forma en como deberá compensarse o abonarse esa novena hora, en los casos de desvinculación (cese o despido) y cuando, finalizado el trimestre, restare un saldo a favor del trabajador.

Se regula la duración de los descansos intermedios y entre jornada y jornada (artículo quinto); así como los descansos semanales (artículo sexto).

A su vez se establece para la ganadería y la agricultura de secano un régimen flexible de descansos, atendiendo a las particularidades propias de la producción y su estrecha vinculación con los ciclos de la naturaleza (artículo séptimo). Existiendo acuerdo entre las partes el trabajador puede optar por un régimen de acumulación de días de descanso, esto es atendible para aquellos trabajadores donde su familia no se encuentra radicada en el predio donde el trabajador desarrolla sus tareas, lo que la acumulación de días de descanso le permite trasladarse a donde está su familia.

En relación al régimen de descanso intermedio este proyecto de ley significa un avance sustancial en las condiciones de trabajo del sector rural. El Estatuto del Trabajador Rural que actualmente está en vigencia, no prevé regulación de los descansos intermedios, siguiendo el artículo 7° de la presente ley los mismos lineamientos que rige, para las actividades industriales, comerciales y de servicio.

Con relación al descanso entre jornada y jornada, se sabe que en materia de Legislación Laboral, hay un vacío o laguna en lo que tiene que ver a la finalización y el comienzo de una nueva jornada de trabajo. En este sentido últimamente ha corregido esta situación la aprobación de la reciente Ley N° 18.065, que regula el horario y descanso del trabajo doméstico "sin retiro", donde se habla de un descanso mínimo nocturno de 9 horas, donde también se reparó una injusta situación.

Este proyecto sin lugar a dudas mejora el régimen general, brindándole al trabajador un descanso entre jornada y jornada que podrá ser inferior a las 12 horas continuas, dejando a texto expreso que cuando el descanso intermedio sea igual o superior a 3 horas corridas, la pausa entre cada jornada podrá ser de hasta 9 horas.

En los artículos octavo y noveno se estatuyen previsiones especiales para los tambos donde se incorpora a todo aquel trabajador que esté afectado al trabajo de ordeñe y en el horario del ordeñe, lo mismo con el trabajo de la esquila.

Respecto a la fijación del horario, se instituye que este será determinado por el empleador en función de los ciclos productivos (artículo décimo).

Sin perjuicio de incorporar, aun si nada se dijera, es de principio que las partes siempre pueden acordar mediante convenio colectivo un régimen más favorable, una disposición que consagra expresamente esa posibilidad y que resguarda esta situación décimoprimero).

Por último, se prevé, en el presente proyecto de ley, la creación de una instancia tripartida con integración de Legisladores, con el cometido de realizar un seguimiento y evaluación del régimen de jornada y descansos de los trabajadores rurales, la cual deberá, en un plazo no mayor de un año contado desde la vigencia de la ley, presentar un informe sobre la aplicación del régimen, pudiendo proponer correcciones y modificaciones al Poder Ejecutivo, con el objetivo de mejorar o eliminar los obstáculos que conspiran contra su funcionamiento, dejando en claro que pasado el primer trimestre de aprobación de la presente ley cualquiera de los miembros de la Comisión podrá convocarla con carácter obligatorio.

Este artículo novedoso en un proyecto de ley nos da las máximas de las garantías de darle el seguimiento a la misma, y por sobre todas las cosas frente a una ley que incorpora un cambio en la jornada de trabajo merece un seguimiento serio y responsable de la misma, dando seguridad a todas las partes del involucramiento en dicha ley.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Legislación del Trabajo aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se adjunta.

Sala de la Comisión, 6 de agosto de 2008.

Ivonne Passada, Miembro Informante; Juan José Bentancor, Tabaré Hacken-bruch Legnani, Jorge Pozzi.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 13 de noviembre de 2007.

Sr. Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración, un Proyecto de Ley sobre Jornada Laboral y régimen de descansos en el sector rural.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I) Introducción

A diferencia de lo que ocurre con las actividades industriales, comerciales y de servicios, en la actividad rural se ha carecido de una legislación general que regulara la extensión de la jornada laboral de los trabajadores del sector.

En la Ley N° 5.350 de 17/XI/1915, la cual consagró la limitación legal de la jornada de trabajo, al establecer que dicha limitación comprendía a los trabajadores de una serie de actividades, no se hace mención a los rurales ni domésticos ("Artículo 1°. El trabajo efectivo de los obreros de fábricas, talleres, astilleros, canteras, empresas de construcción de tierra o en los puertos, costas y ríos, de los dependientes o mozos de casas industriales, o de comercio, conductores, guardas y demás empleados de ferrocarriles y tranvías; de los carreros de playa, y en general, de todas las personas que tengan tareas del mismo género de las de los obreros y empleados que se indican, no durará más de ocho horas por día").

A partir de la Constitución de 1934 se consagra la limitación de la jornada como un Derecho fundamental de todo trabajador sin distinción; no obstante, persistirá hasta la fecha una fuerte resistencia a reconocer la limitación de la jornada legal mediante una norma de carácter general. Esto ha constituido no solamente un desconocimiento de ese derecho fundamental sino que, ha implicado, un claro desconocimiento de un mandato constitucional imperativo (Artículo 54 "La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, ...la limitación de la jornada...")

Lo anterior se refleja en las disposiciones reglamentarias de la citada norma (Decreto de 29/X/1957 y Decreto 611/1980 de 19/XI/1980) y en las normas legales específicas relativas al trabajo rural.

Tanto el Estatuto del Trabajador Rural de 1946 (Ley N° 10.809, de 16 de octubre de 1946) como el adoptado en 1978 (Decreto-Ley N° 14.785, de 19/V/1978), guardan silencio en lo que a la extensión máxima de la jornada laboral de los trabajadores se refiere.

Sin perjuicio de ello, para ciertas actividades rurales la legislación ha establecido que la extensión de la jornada laboral no puede exceder de un máximo de ocho horas diarias. Es el caso de las plantaciones de arroz y de las granjas, quintas, jardines, viñedos, criaderos de aves, suinos y conejos, apiarios y de establecimientos productores de verduras, legumbres, tubérculos, frutas y flores (Artículo 8°, Ley N° 9.991, de 20/XII/1940 y artículo 56 Ley N° 13.426, de 2/XII/1965). También, si se entendiera que se trata de actividades rurales, de los trabajadores de los montes, bosques y turberas, para los cuales se extendieron los beneficios de la Ley N° 5.350, de 17/XI/1915, por lo cual quedan comprendidos por el régimen de la jornada de ocho horas (Ley N° 10.471, de 03/III/1944).

Señala Plá Rodríguez, la exclusión en la vieja ley del 15 y la falta de referencia en la norma marco que regula las relaciones de trabajo en el sector rural, ha abonado la "opinión general" de que, en nuestro país, los trabajadores rurales, salvo las excepciones expresamente contempladas, no tienen la jornada de trabajo limitada, como sí lo poseen el resto de los trabajadores de las demás actividades.1

Sin embargo, una parte relevante de la doctrina laboralista uruguaya, sostiene la existencia de un derecho a la limitación de la jornada que no solo tiene raigambre constitucional, sino que constituye un Derecho Humano fundamental, haciendo caudal en el artículo 54 de la Constitución y las normas de fuente internacional de más alto rango, las cuales integran el ordenamiento jurídico positivo. Un derecho inherente a toda persona sujeta a una relación laboral dependiente. Por lo tanto, resulta inaceptable considerar que los trabajadores rurales quedan excluidos del derecho a la limitación de la jornada.2

Si bien el trabajo rural presenta, como otras actividades, rasgos particulares o especificidades propias (la estrecha vinculación de las tareas rurales y los ciclos productivos con la naturaleza, los factores climáticos y meteorológicos, etc.) que requieren ser contemplados por la regulación legal de la jornada, ello no debe llevar a negar u obviar el derecho a la limitación de la jornada laboral de los trabajadores rurales.

Como bien nos enseña el Profesor Emérito Héctor - Hugo Barbagelata, las mismas razones en que se funda el principio de la limitación legal de la jornada de trabajo para la industria, el comercio o el sector servicio, concurren con relación al trabajo rural.3

La limitación de la duración de la jornada laboral y el descanso (dentro y entre jornada, semanal y las vacaciones anuales) están esencialmente unidos al derecho de toda persona sujeta a una relación de trabajo subordinada, a ser protegida y garantizada en su salud y seguridad psicofísica; y ello constituye un Derecho Humano esencial.

II) Decisión de promover la regulación de la jornada y los descansos en el sector rural con carácter general

La política laboral que se viene desarrollando en la presente Administración de Gobierno, tiene como objetivo restablecer el equilibrio entre las fuerzas del mercado, para lo cual ha considerado imprescindible fortalecer el diálogo social y las instancias de negociación; así como garantizar los derechos básicos inherentes a la libertad Sindical.

Es en ese cauce que, por primera vez en la historia del país, se convocan a las organizaciones de empleadores y trabajadores rurales a instancias de negociación tripartita.

Si bien, existía la decisión política de instalar Consejos de Salarios para el ámbito rural, se optó por convocar previamente a las partes involucradas a una instancia superior tripartita (Consejo Tripartito Rural), donde estuvieran representadas las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores rurales, con el cometido de "...determinar y fijar los criterios básicos para la instalación y funcionamiento inmediato de los Consejos de Salarios en el sector." (Artículos 4° y 5° del Decreto N° 105/005 de 7/03/2005).

1 Américo Plá Rodríguez, Curso de Derecho Laboral, Tomo II, Vol. 2, Acali editorial, Montevideo 1980, p. 83.

2 Vide. Héctor - Hugo Barbagelata. Derecho del Trabajo, Tomo III, FCU (Mvdeo. 1983, p. 46 y 47); Osvaldo Mantero de San Vicente, La limitación de la jornada de trabajo de los trabajadores rurales y de otros trabajadores no expresamente incluidos en las leyes sobre limitación de la jornada (Un estudio sobre la vigencia de los Derechos Humanos Fundamentales en el Derecho Laboral Uruguayo), FCU, 1ª edición, setiembre 2001).

3 Expresa Barbagelata "El principio de la limitación legal de la jornada se funda en razones biológicas, morales, sociales, políticas y económicas, que ya no son objeto de discusiones doctrinarias..." (Vide Derecho del Trabajo, Tomo I, Vol. 2, FCU, 2ª edición actualizada, marzo 1999, p. 33).

Es en ese ámbito en que, empleadores, trabajadores y delegados del Poder Ejecutivo, acuerdan la constitución de los grupos y subgrupos para la instalación de los Consejos de Salarios respectivos. Pero además, deciden por consenso mantener el Consejo Tripartito Rural con carácter consultivo. El citado acuerdo, celebrado el 15 de abril de 2005, será la fuente material del Decreto N° 139/005 de 19/04/2005.

Entre los cometidos que se atribuyen a dicho Consejo, se encuentra el de debatir y acordar lineamientos generales de una política laboral en el sector agropecuario, sobre una serie de temas relativos a las condiciones de trabajo en el sector.

La delegación del Poder Ejecutivo en el Consejo Tripatito Rural se integra con representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A través de sus delegados, en el Consejo Tripartito Rural, promoverá y acordará con ambos sectores el debate sobre la duración de la jornada de trabajo de los trabajadores rurales y su eventual regulación legal.

III) Proceso de negociación en el Consejo Tripartito Rural

Tras un proceso de negociación de más de dos años (se inicia en agosto de 2005 y finaliza en setiembre de 2007), a pesar de los ingentes esfuerzos realizados, no fue posible arribar a un acuerdo que posibilitara establecer, con carácter general, un régimen que regulara la jornada laboral y los descansos en el sector rural.

El Poder Ejecutivo, consciente de las dificultades y los problemas que podría generar la imposición de un régimen general, optó por el camino de la negociación y la búsqueda de soluciones consensuadas, en lugar de ir directamente a la vía legislativa, teniendo en cuenta las especificidades y particularidades de la actividad rural, así como las características de los actores y la cultura de relacionamiento existente. Vía que, por otra parte, le era y le es lícita, tratándose de una materia de su competencia y que además implicaría dar cumplimiento a un claro mandato constitucional.

Entendiéndose en ese momento, dos años atrás, que el tema de la duración de la jornada de trabajo rural debía, previamente, pasar por el tamiz de un debate entre los agentes sociales involucrados y que la solución, a dicha cuestión, debía provenir de un acuerdo que contemplara las particularidades e intereses de todas las partes.

En definitiva, se habilitaba un espacio a los fines de que los sectores sociales rurales arribaran a una solución negociada. Que podría haber sido un convenio colectivo marco o, en su defecto, un acuerdo que permitiera al Poder Ejecutivo elevar un proyecto de ley cuyo contenido fuera el fruto del consenso. Pero ello no fue posible.

El proceso de negociación se desarrolló en tres etapas o períodos.

En la primera etapa que va de agosto a noviembre diciembre/2005 se debatió y negoció en forma profunda sobre los aspectos relativos a las particularidades de la producción rural, las tareas rurales y el derecho de los trabajadores rurales a la limitación de la jornada.

Tanto el sector trabajador como empleador presentaron en el seno del Consejo Tripartito Rural sendos documentos fijando su posición sobre el tema.

Para la delegación sindical, según expresa en su documento, la posición tradicional del sector sindical ha sido la de reivindicar para los trabajadores asalariados del ámbito rural la limitación de la jornada de trabajo. No se justifica la existencia de un régimen diferente para estos trabajadores que el existente para los demás trabajadores de la industria, comercio y los servicios.

Sosteniendo que existe una necesidad de limitar la jornada laboral en toda la actividad agropecuaria, sin perjuicio de lo cual están dispuestos a discutir sanamente, respetando las especificidades en cada rubro de producción y atendiendo a los ciclos naturales.

Siendo la regla la jornada legal prevista para el resto de la actividad privada, por lo cual se respetaría el principio de igualdad ante la ley, y fundamentalmente porque las necesidades humanas de unos y otros así lo demandan, están dispuestos a discutir límites horarios en la jornada, en la semana o en períodos mayores. Lo cual lleva también a pensar en los necesarios descansos, efectivamente gozados, en la jornada, en la semana y en el año, en intervalos acordes también al requerimiento productivo. Las excepciones que puedan ser contempladas, en ningún caso, pueden aparejar desmejoras y deberán atender "...en especial a la natural precarización de la actividad, dada por la inestabilidad laboral, la informalidad, los bajos salarios y las malas y muy malas condiciones de empleo".

Por su parte, los empleadores, a través de sus representantes, reconocen que en los textos internacionales, en su mayoría, se establece como derecho humano fundamental la "limitación razonable de la jornada", pero que no se establece para el sector rural una jornada rígida. Consideran que el artículo 54 de la Constitución no reconoce el derecho a los individuos a la limitación de la jornada, sino que lo que dicha disposición constitucional establece es un encargo a la ley para que lo regule. Esto les lleva a sostener que en el régimen jurídico uruguayo no se prevé la jornada rígida para los trabajadores rurales típicos, entendiendo a estos los que quedan comprendidos por el Estatuto del Trabajador Rural, sino que la limitación surge de la costumbre marcada por los ciclos productivos, los ciclos biológicos y por las variaciones climáticas.

En síntesis expresan que "La conexión de las tareas agrícolas con los factores meteorológicos y biológicos que determinan los ritmos de estas permiten también lograr una especie de equilibrio resultante de las compensaciones de jornadas o períodos en que globalmente las exigencias son mínimas". Y finalizan afirmando que, "...es muy difícil marcar una jornada rígida en el sector dado que se producen variaciones por rubros de actividad, a su vez dentro de cada actividad se producen variaciones por el clima, épocas del año, ciclo biológico de animales que también varían con las diferentes estaciones del año..." (Ver anexo).

En tanto la delegación del Poder Ejecutivo, presentó un documento donde se exponen las razones y los fundamentos jurídicos que le llevaban a promover acciones tendientes a consagrar, con carácter general, una regulación de la extensión de la jornada y los descansos de los trabajadores de la actividad rural.

Allí se pone de manifiesto que ambas partes reconocen que la limitación de la jornada de trabajo ("limitación razonable de la jornada"), en cuanto derecho subjetivo, forma parte del elenco de los derechos humanos fundamentales.

Que el sector empleador, al tiempo que niega que el artículo 54 de la Constitución establezca un derecho a la limitación de la jornada, reconoce que existe en las tareas agrícolas limitación a la jornada que está dada por la costumbre.

Y que por su parte, los trabajadores, si bien insisten en que debe haber una reglamentación que límite expresamente la jornada, reconocen que la actividad agropecuaria presenta particularidades propias que merecen ser contempladas, lo cual los llevaría a coincidir con la idea de que la jornada de trabajo en el sector no necesariamente debería ser rígida.

Por lo que, a juicio de los delegados del Poder Ejecutivo, deberían distinguirse dos aspectos, los cuales en la postura de los empleadores aparecen unidos. Una cosa es que el tiempo de trabajo durante la jornada diaria no pueda exceder de determinada cantidad de horas, ya sea en forma continua o discontinua y otra es que, ese tiempo esté sujeto a un cronograma rígido.

Así, en el régimen general, sin perjuicio del límite legal máximo de la jornada diaria de trabajo previsto, se prevé que en determinadas circunstancias (excepcionales) o por exigencias de la propia producción se permiten excepciones al horario legal.

En ese sentido, puede señalarse que la propia ley de 1915 prevé que, en "casos especiales", se podrá incrementar el tiempo de trabajo diario, siempre que no exceda las 48 horas por cada período de seis días.4 Y en el decreto reglamentario se establecen derogaciones temporales para determinados casos5 y además se prevén flexibilidades para el cómputo de las horas diarias y semanales (cómputo 48 horas semanales, ciclo de tres semanas, trabajos de funcionamiento continuo, trabajo por equipo y trabajos en determinadas actividades).6

Como puede apreciarse la regulación positiva uruguaya da ejemplos de flexibilidad, en cuanto al cómputo de la jornada, y ello en el marco de una regulación que impone límites legales a la jornada diaria de trabajo.

Además de los argumentos expuestos, la delegación del Poder Ejecutivo pone de manifiesto en su documento, que el país ha adherido y ratificado un conjunto de normas internacionales, que reconocen y dan un estatus de derecho fundamental a la limitación de la jornada de las personas que se encuentren en una relación de trabajo subordinada. Normas que forman parte del orden jurídico uruguayo.

En ese sentido se consignan los siguientes instrumentos de carácter universal: la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho "a una limitación razonable de la duración del trabajo" (Art. 24); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren (entre otros) el descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas pagas (artículo 7°, inciso 1°, lit. d).7

4 "En casos especiales podrá aumentarse el término del trabajo diario de los adultos; pero en ningún caso excederá de 48 horas por cada seis días de labor" (inciso primero, artículo 3°, Ley N° 5.350, de 17/XI/1915).

5 "En los casos de accidentes ocurridos o inminentes, o en casos de trabajos de urgencia a efectuarse en las máquinas, herramientas o instalaciones, o locales afectados a las mismas, o en caso de fuerza mayor ... podrá prolongarse la jornada de trabajo pero tan solo en la medida necesaria para evitar que se produzca un trastorno, serio en la marcha normal del establecimiento..." (primera parte del inciso primero del artículo 11 del Decreto de fecha 29/X/1957).

6 Artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 Decreto de 29/X/1957.

Y, a nivel regional americano, destacan dos instrumentos normativos de especial relevancia: la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales donde se establece que la jornada ordinaria de trabajo efectivo no debe exceder de 8 horas diarias o 48 horas semanales; previendo a su vez que en las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, la jornada máxima no excederá de 9 horas diarias o de 54 semanales. Los límites diarios pueden ampliarse hasta una hora cada uno siempre que la jornada de uno o varios días de la semana tenga una extensión menor a las 8 o 9 horas. Para el caso de fuerza mayor no regirá la limitación horaria y las horas suplementarias no excederán de un máximo diario semanal; para el caso de trabajos peligrosos o insalubres no se podrá exceder el límite horario con horas suplementarias.8

El Protocolo de San Salvador9 establece que los Estados Partes garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera particular, entre otros, la limitación razonable de las horas de trabajo, tanto diarias como semanales (lit. g, ar-tículo 7°).

Para completar el cuadro normativo de fuente internacional se hace mención a la Organización Internacional del Trabajo, la reglamentación de la jornada de trabajo fue objeto del primer convenio internacional (Convenio N° 1, sobre horas de trabajo en la industria, 1919).

En el preámbulo de la norma fundacional que rige esta organización figura, entre las condiciones que son "urgente mejorar" o concerniente a la "...reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo..."10

Si bien se han adoptado convenios y recomendaciones relativas a las horas de trabajo11 para diversas actividades no existe una norma específica sobre la jornada laboral en la agricultura, salvo respecto al trabajo en las plantaciones.12

En la Recomendación N° 110 sobre plantaciones, 1958, establece que la duración del trabajo en las plantaciones "...no debería exceder de ocho horas por día y de cuarenta y ocho por semana...", salvo excepciones.

Así, quedarían fuera las personas que ocupan puesto de inspección o supervisión; cuando en virtud de una ley, de la costumbre, de un convenio colectivo o acuerdo entre empleadores y trabajadores, la duración de uno o varios días de la semana fuera inferior a ocho horas, se podría autorizar por convenio o disposición de la autoridad competente que se supere el límite de las ocho horas en los restantes días de la semana, siempre que el exceso de tiempo no fuera mayor a una hora diaria; cuando los trabajos se realicen por equipos (siempre que el promedio de horas de trabajo calculado para un período de tres semanas o un período más corto no exceda de ocho horas diarias ni de 48 horas semanales); caso de trabajo de funcionamiento continuo o por razón de la naturaleza misma del trabajo deba ser asegurado por equipos sucesivos (siempre que no se supere el promedio de las cincuenta y seis horas por semana); y por último, la recomendación, prevé la posibilidad de existencia de excepciones permanentes (para trabajos preparatorios o complementarios que deban ejecutarse fuera de límite general asignado) o excepciones temporales (para permitir que las empresas puedan hacer frente a incrementos extraordinarios de trabajo), situaciones que deberán ser determinadas por la autoridad pública.

Sin perjuicio de estas excepciones, se prevén también para el caso de accidentes o de peligro de accidente, trabajos urgentes en maquinarias o en instalaciones, en caso de fuerza mayor, para evitar la pérdida de mercancías perecederas o de materias susceptibles de alteraciones rápidas.13

Y por último se citan algunos ejemplos de derecho comparado, tales como las legislaciones de Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, donde la duración de la jornada rural ha sido objeto de una limitación legal.

Para finalizar, partiendo de la idea compartida de que se trata de un derecho humano fundamental, se formula una propuesta que, a entender del Poder Ejecutivo, contemplaba las particularidades de las tareas rurales. La misma partía de dos criterios rectores: a) la distinción entre jornada laboral limitada y jornada laboral rígida; y b) la solución no podía ser homogénea, sino que debía contemplar las particularidades de las diferentes actividades que conforman el sector.

7 Ambos instrumentos adoptados en el seno de las Naciones Unidas.

8 Artículo 12.

9 Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", ratificado por Ley N° 16.519, de 22/VII/1994.

10 Párrafo segundo del Preámbulo de la Constitución de la OIT.

11 Por ejemplo: CIT N° 30 (relativos a las horas de trabajo en el comercio y oficinas) 1930; CIT N° 47 (sobre cuarenta horas) 1935; CIT N° 153 (duración del trabajo y período de descanso en el transporte por carretera) 1979.

12 Según el Protocolo al Convenio sobre plantaciones, 1958 - CIT N° 110- el término plantaciones comprende toda empresa agrícola, situada en una zona tropical o subtropical, que se dedique al cultivo o producción para fines comerciales de: café, té, caña de azúcar, caucho, plátanos, cacao, coca, maní, algodón, tabaco, fibras (sisal, yute e cáñamo), frutas cítricas, aceite de palma, quina y piña.

13 Parte V. Duración del Trabajo y Horas Extraordinarias, párrafos 28 a 32, Recomendación N° 110.

Sobre esta propuesta girará toda la negociación hasta fines de noviembre y principio de diciembre, instancia en la cual, ambas partes, fueron introduciendo cambios y modificaciones que consideraban pertinentes.

Había una fuerte resistencia del sector sindical a aceptar la propuesta que recogía la idea de instaurar un sistema de cómputos, la cual habilitaba compensar las horas que excedían del promedio diario de ocho horas con tiempo no trabajado. Si bien esta propuesta era compartida por los empleadores estos diferían en cuanto a la extensión del período a computar, dado que pretendían que este fuera de seis meses y no de un mes como se proponía. Cabe señalar que los delegados empleadores propusieron con posterioridad llevar a cuatro meses el período a computar, lo que no fue aceptado por el sector sindical.

Finalmente, ante lo encontrado de las posiciones y al no vislumbrarse el acuerdo deseado, el Poder Ejecutivo opta por interrumpir las negociaciones y pasar a un cuarto intermedio, posibilitando un período de reflexión y realización de consultas.

La segunda etapa se abre en mayo de 2006 y se extiende hasta agosto de ese año sin que fuera posible arribar a un acuerdo. Sin embargo continuaron los contactos formales e informales, tendientes a buscar un acercamiento que habilitara el acuerdo deseado. Contactos que se realizaron en diferentes niveles y ámbitos.

La tercera etapa tiene lugar en el presente año y culmina en los primeros días de setiembre. En la reunión del Consejo Tripartito Rural, celebrada el día 7 de setiembre de 2007, luego de varias reuniones previas, se pone a consideración un documento que no es acompañado por el sector empleador. Debe señalarse que el citado documento, no obstante ser presentado por los delegados gubernamentales, recoge las observaciones y modificaciones formuladas por ambas partes. (Ver Acta y documentos que se anexan).

IV) Comentarios sobre el Proyecto de Ley

El presente Proyecto de Ley tiene como finalidad dar cumplimiento a un claro e indubitable mandato constitucional, contenido en el artículo 54 de la Carta Magna, y llenar así un vacío legal. Pero además, viene a saldar una vieja deuda del sistema político y jurídico para con una importante masa de trabajadores asalariados.

No es concebible éticamente, ni justificable desde el punto de vista de una política laboral centrada en la protección y el desarrollo de los derechos laborales y sociales, mantener a los trabajadores rurales excluidos del régimen que estatuye límites a la duración de la jornada laboral. Máxime cuando el derecho a la limitación de la jornada, constituye un Derecho Humano Fundamental.

Aunque, en esencia, se trata de un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo, el mismo recoge casi textualmente, el contenido del documento transcripto ut supra. A pesar que dicho documento no contó con el consenso del sector empleador, el mismo refleja, en gran medida, soluciones respecto de las cuales las partes compartieron durante la discusión.

El texto proyectado establece un régimen general, aplicable a todo trabajador sin exclusión, sin perjuicio de los regímenes legales y convencionales vigentes más favorables, que viene a regular la duración de la jornada de trabajo y los descansos (dentro y entre jornada, y semanal) en la actividad rural.

En los artículos primero y segundo se fija la duración máxima a la extensión de la jornada laboral rural, la cual no podrá ser superior a las ocho horas diarias ni cuarenta y ocho horas semanales.

Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto, prevén para los trabajadores de la ganadería y la agricultura de secano, un sistema particular que viene a complementar el general. Por lo que, se habilita la extensión de la jornada más allá de las ocho horas, posibilitando que la misma tenga una duración de nueve horas diarias, siendo la novena hora compensada con tiempo no trabajado dentro de un mismo trimestre.

Se prevé también la forma en como deberá compensarse o abonarse esa novena hora, en los casos de desvinculación (cese o despido) y cuando, finalizado el trimestre, restare un saldo a favor del trabajador.

Por último, caso de que la jornada de trabajo tenga una duración que supere las nueve horas, ese tiempo será considerado trabajo extraordinario y abonado de conformidad con la normativa vigente.

Se regula la duración de los descansos intermedios y entre jornada y jornada (artículo quinto); así como los descansos semanales (artículo sexto). A su vez se establece para la ganadería y la agricultura de secano un régimen flexible de descansos, atendiendo a las particularidades propias de la producción y su estrecha vinculación con los ciclos de la naturaleza (artículo séptimo).

En los artículos octavo y noveno se estatuyen previsiones especiales para los tambos (ordeñadores) y el trabajo de la esquila.

Respecto a la fijación del horario, se instituye que este será determinado por el empleador en función de las necesidades de la producción (artículo décimo).

Sin perjuicio de incorporar, aún si nada se dijera, es de principio que las partes siempre pueden acordar convenio colectivo un régimen más favorable, una disposición que consagra expresamente esa posibilidad (décimo primero).

Por último, se prevé, en el presente proyecto de ley, la creación de una instancia tripartita con integración de Legisladores, con el cometido de realizar un seguimiento y evaluación del régimen de jornada y descansos de los trabajadores rurales, la cual deberá, en un plazo no mayor de un año contado desde la vigencia de la ley, presentar un informe sobre la aplicación del régimen, pudiendo proponer correcciones y modificaciones al Poder Ejecutivo, con el objetivo de mejorar o eliminar los obstáculos que conspiran contra su funcionamiento.

Por los fundamentos expuestos se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Reinaldo Gargano, Jorge Lepra, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Ernesto Agazzi, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto, Mariano Arana, María Julia Muñoz, Víctor Rossi, Marina Arismendi, Ricardo Bernal, Lilian Kechichian.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Jornada laboral).- Declárase que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias.

Artículo 2°. (Ciclo semanal).- El ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados.

Artículo 3°. (Ganadería y agricultura de secano).-

Sin perjuicio de lo previsto en los artículos anteriores, la duración del tiempo de trabajo, en la ganadería y la agri-cultura de secano, podrá exceder de las ocho horas diarias y cuarenta ocho horas semanales en los siguientes casos:

a) Cuando se trabaje más de ocho horas pero sin que se superen las nueve horas diarias, la novena hora será compensada con horas no trabajadas dentro de un mismo trimestre.

b) Si la jornada laboral superara las nueve horas diarias, el tiempo que exceda de la novena hora se considerará extra a los efectos de su pago.

Artículo 4°. (Compensación y pagos de horas extraordinarias en la ganadería y agricultura de secano).- Las horas que excedan la jornada normal serán compensadas o abonadas de la siguiente forma:

A) Finalizado el trimestre las horas trabajadas que hayan superado las ocho horas y no excedan de las nueve horas diarias, serán compensadas con tiempo no trabajado en el mismo período.

En el caso de cese o despido, durante el transcurso del trimestre, cuando existiere saldo de horas a favor del trabajador, estas deberán abonarse como horas extras.

Culminado el trimestre si restare un saldo de horas sin compensar, el mismo deberá ser compensado con tiempo de descanso doble o abonado conforme al régimen de horas extras.

B) El tiempo de trabajo extraordinario que supere las nueve horas diarias se pagará de conformidad a lo establecido por la Ley N° 15.996, de 17/XI/1988.

C) Cuando corresponda el pago de horas extraordinarias este deberá efectivizarse en la misma forma y oportunidad establecida para el pago de salarios (artículos 31 y 33 de la Ley N° 10.449, de 12/XI/1943 en la redacción dada por el Decreto-Ley N° 14.159, de 21/II/1974).

Si procediere la compensación con descanso doble, este deberá gozarse dentro de un plazo no mayor a los treinta días de finalizado el trimestre correspondiente.

Artículo 5°. (Descansos intermedios y entre jornada).- El descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de media hora, la que deberá remunerarse como trabajo efectivo.

El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a doce horas continuas. Cuando la duración del descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, el descanso entre jornada podrá ser inferior a las doce horas, pero nunca menor a nueve horas corridas.

Artículo 6°. (Descanso semanal).- El descanso semanal será preferentemente el día domingo; sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

Artículo 7°. (Descansos en la ganadería y agricultura de secano).- La extensión del descanso durante la jornada estará supeditada a los ciclos estacionales (primavera/verano y otoño/invierno), siendo facultad del empleador fijar la duración del descanso intermedio de conformidad a los mismos. El descanso intermedio tendrá como mínimo una duración de dos horas corridas.

La duración del descanso entre jornada, cuando el descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, podrá ser inferior a doce horas pero nunca menor de nueve horas continuas.

El descanso semanal será preferentemente el día domingo; aunque, mediando acuerdo entre las partes, podrá fijarse en otro día (fijo o rotativo) de la semana.

Existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros 20 días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes.

Artículo 8°. (Tambos).- En el caso de los ordeñadores de tambos, cuando el descanso dentro de la jornada sea superior o igual a cinco horas, la duración del descanso entre jornada será como mínimo de siete horas continuas.

Artículo 9°. (Esquila).- La jornada laboral en la esquila, durante el período de zafra, será de nueve horas diarias, las cuales deberán ser distribuidas en cuartos.

Tres descansos interrumpen la jornada. Un primer y tercer descanso intermedio no menor de media hora, la que será paga; y un descanso central, el cual no es pago, no menor a una hora y media.

Artículo 10. (Horario).- El horario, en el establecimiento o empresa, será determinado por el empleador en función de las necesidades de la producción.

Artículo 11. (Convenios colectivos).- Mediante convenios colectivos se podrá acordar regímenes diferentes, siempre y cuando estos resulten más favorables al previsto en la presente ley.

Artículo 12. (Facultades de seguimiento).- Con la finalidad de hacer el seguimiento y evaluación de la aplicación del régimen de jornada y descansos de los trabajadores rurales, se constituirá un ámbito Tripartito integrado con delegados del Poder Ejecutivo y representantes de las organizaciones más representativas de los trabajadores y empleadores, al cual podrán integrarse representantes designados por las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Trabajo de las Cámaras de Senadores y Representantes.

Transcurrido un plazo no mayor a un año, luego de entrada en vigencia la ley, deberán presentar un informe evaluatorio, donde propondrán las correcciones o modificaciones que estimen pertinentes al régimen legal establecido, a fin de que el Poder Ejecutivo adopte las medidas correspondientes, tendientes a mejorarlo o eliminar aquellos obstáculos que entorpezcan su aplicación plena.

Artículo 13. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial".

Artículo 14. (Disposición general).- Comuníquese, publíquese, etc.

Reinaldo Gargano, Jorge Lepra, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Ernesto Agazzi, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto, Mariano Arana, María Julia Muñoz, Víctor Rossi, Marina Arismendi, Ricardo Bernal, Lilian Kechichian.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY N° 15.996

HORAS EXTRAS

SE CONSIDERAN LAS QUE EXCEDEN EL LIMITE HORARIO APLICABLE A CADA TRABAJADOR CUYA JORNADA ESTE LIMITADA EN SU DURACION

Artículo 1°

En las actividades y categorías laborales cuya jornada diaria esté limitada, legal o convencionalmente, en su duración, se consideran horas extras las que excedan el límite horario aplicable a cada trabajador.

Las horas a que se refiere el párrafo anterior se pagarán con el 100% (cien por ciento) de recargo sobre el salario que corresponda en unidades hora cuando se realicen en días hábiles.

Si la prolongación de la jornada de trabajo tiene lugar en días en que, de acuerdo a la ley, convención o costumbre, por ser feriados o gozarse de descanso semanal, no se trabaje, el recargo será de un 150% (ciento cincuenta por ciento). Esta tasa se aplicará sobre el valor hora de los días laborales.

No se consideran horas extras, en ninguna actividad, las que exceden la duración de la jornada diaria en las situaciones previstas en el artículo 2 literales b) y c) del Convenio Internacional del Trabajo sobre el Horario en la Industria (1919).

Artículo 2°

A los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las fracciones menores de treinta minutos se computarán como media hora y las mayores como una hora.

Artículo 3°

Las sumas pagadas por concepto de horas extras tienen carácter salarial.

Artículo 4°

A los fines de determinar el jornal de licencia y el salario vacacional se computarán las horas extras realizadas en el año civil o fracción que genera el derecho a licencia.

A tales efectos se tendrá en cuenta el promedio de horas extras laboradas en dicho año civil o fracción y se aplicará la tarifa de hora extra vigente para los días trabajados, a la fecha de pago del jornal de licencia o salario vacacional.

Artículo 5°

El máximo semanal de horas extras que podrá disponer un empleador, previo consentimiento del trabajo en cuestión, es de ocho.

El Poder Ejecutivo reglamentará los procedimientos y medios de control correspondientes.

Artículo 6°

El máximo semanal de horas extras previsto en el artículo 5° podrá ser sobrepasado en los siguientes casos:

A) Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con el empleador y los trabajadores o con las asociaciones patronales y obreras, allí donde existan podrá con razones fundadas dictar reglamentos especiales autorizando para cada industria, comercio, oficina, actividad, profesión o empresa, excepciones de carácter transitorio;

B) El Poder Ejecutivo, previo el procedimiento indicado en el literal anterior, podrá establecer excepciones de carácter permanente.

Artículo 7°

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán sin perjuicio de la validez de los regímenes específicos en materia de remuneración de horas extras más favorables para el trabajador establecidos por ley, laudo o convenio colectivo.

Artículo 8°

Las infracciones a la presente ley se sancionarán de acuerdo a lo prescrito en el artículo 289 de la Ley N° 15.903, del 10 de noviembre de 1987.

Artículo 9°

La presente ley es de orden público.

Artículo 10

Esta ley no se aplicará a los funcionarios públicos.

Artículo 11

Comuníquese, etc.

Reglamentada por: Decreto N° 550/989, de 22/11/1989.

Decreto N° 550/989

Visto: que la Ley N° 15.996, de 17 de noviembre de 1988 ha dispuesto un régimen general de horas extras que contiene modificaciones al sistema que venía rigiendo en el país, lo que hace necesario proceder a su reglamentación para facilitar las consecuencias prácticas de ello derivadas en beneficio de los administrados y la certeza jurídica en las relaciones laborales.

Considerando: I) Que la aplicación de la Ley N° 15.996, de 17 de noviembre de 1988 impone la necesidad de armonizar el estatuto de horas extras que consagra con otras normas afines, siendo oportuno referir aunque más no sea de forma sumaria a algunos aspectos vinculados con esta realidad;

II) Que el inciso 2do. del artículo 1° del citado texto legal ha distinguido las horas extras que tienen lugar en días hábiles que son aquellos en los que el trabajador debe normalmente prestar servicios de las que se realizan en días en los que de acuerdo "a la ley, convención o costumbre, por ser feriados o gozarse de descanso semanal no se trabaje", estableciendo compensación mayor en este último caso;

III) Que la normativa citada, obliga a sistematizar el régimen legal de horas extras con el de descanso semanal según su regulación emergente fundamentalmente de las Leyes N° 7.305, de 19 de noviembre de 1920; 7.318, de 1° de diciembre de 1920; y Decreto-Ley N° 14.320, de 17 de diciembre de 1974, distinguiendo las horas de trabajo en día de descanso dentro de la jornada diaria o convencional vigente, de las horas extras;

IV) Que a este fin es imprescindible considerar particularmente las situaciones en las cuales por disposición de la ley, la convención o la costumbre, por ser feriado o gozarse de descanso semanal no se trabaje, debiendo distinguirse en este último caso el descanso de 24 horas, del de 36 horas horas y del de 48 horas, por lo que se ha de proceder de esta manera en la parte dispositiva del presente Decreto;

V) Que es necesario, a los efectos de la certeza de las relaciones laborales establecer como deben efectuarse los promedios para el Cómputo de las horas extras en el jornal de licencia;

VI) Que la reglamentación a que se alude en otros conceptos contenidos en su articulado no es merecedora de especial referencia.

Atento: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por las Leyes N° 7.305, de 19 de noviembre de 1920; 7.318 de 1° de diciembre de 1920, Decreto-Ley N° 14.320 de 17 de diciembre de 1974, Ley N° 12.590, de 23 de diciembre de 1958 y Ley N° 15.996 de 17 de noviembre de 1988.

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1°

En las actividades y categorías laborales cuya jornada diaria esta limitada, legal o convencionalmente, en su duración, se consideran horas extras las que excedan el límite horario aplicable a cada trabajador.

Por jornada diaria limitada se entiende la jornada de ocho (8) horas o aquella cuya limitación se haya estipulado legal o convencionalmente entre las partes.

Artículo 2°

Las horas extras se pagarán con el 100% (cien por ciento) de recargo sobre el salario que corresponda en unidades hora cuando se realicen en días hábiles.

Artículo 3°

Se considera día hábil a los efectos de este Decreto aquél en que normalmente debe prestar servicios el trabajador.

Artículo 4°

Cuando el descanso semanal sea de veinticuatro (24) horas, en caso de trabajarse en ese día y optar el trabajador por la remuneración según el artículo 8 de la Ley N° 7.318, de 10 de diciembre de 1920, el tiempo trabajado hasta cumplir la jornada diaria legal o convencional, se remunerará con un recargo del 100% (cien por ciento).

Las horas que excedan de dicha jornada, se pagarán con el 150% (ciento por ciento) de recargo.

Artículo 5°

Cuando el descanso semanal, legal o convencionalmente estipulado, sea de cuarenta y ocho (48) horas y se trabaje en uno o ambos días, se aplicará el régimen previsto en el artículo anterior.

Artículo 6°

Si el descanso semanal es de treinta y seis (36) horas, en el día en que se trabaje media jornada, se aplicarán los siguientes criterios:

A) Las horas que excedan de la media jornada y que se laboren hasta cumplir la jornada diaria legal o convencional vigente a los demás días de la semana, se pagarán con un recargo del 100% (cien por ciento);

B) Las horas que excedan de dicha jornada, se pagarán con el 150% (ciento cincuenta por ciento) de recargo.

Si se trabajare el día en que corresponde veinticuatro (24) horas de descanso, se aplicará el criterio seguido en el artículo 4°.

Artículo 7°

Cuando se amplíe el descanso semanal por redistribución de horas en los restantes días de la semana, se aplicarán los artículos 5° y 6° cuando corresponda.

Artículo 8°

Cuando se trabaje un feriado pago, el tiempo trabajado hasta cumplir la jornada legal convencional, se remunerará con un 100% (cien por ciento) de recargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley N° 12.590.

Artículo 9°

Las tasas de recargo mencionadas en los artículos precedentes se aplicarán sobre el valor hora de los días laborales.

Se considera día laborable a los efectos de este Decreto aquél en que normalmente debe prestar servicios el trabajador.

No se consideran días laborales a los efectos del cálculo, aquellos en los cuáles de acuerdo a la ley, convención o costumbre, por ser feriados o gozarse de descanso semanal, no se trabaje.

Artículo 10

Las horas extras trabajadas en días en que de acuerdo a la Ley, convención o costumbre, por ser feriados o gozarse de descanso semanal, no se trabaje, se remunerarán con el recargo del 150% (ciento cincuenta por ciento) del valor hora correspondiente a los días laborables

Artículo 11

No se consideran horas extras, en ninguna actividad, las que excedan la duración de la jornada diaria en las situaciones previstas en el artículo 2°, literales b) y c) del Convenio Internacional del Trabajo N° 1 sobre las horas de trabajo (industrial) de 1919, los cuales a continuación se transcriben:

"b) Cuando en virtud de una Ley, o a consecuencia de la costumbre o de convenio entre las organizaciones patronales y obreras (o a falta de dichas organizaciones, entre los representantes de los patronos y de los obreros), la duración del trabajo de uno o varios días de la semana sea inferior a ocho horas, una disposición de la Autoridad competente, o un convenio entre las organizaciones o representantes supradichos, podrá autorizar que se pase del límite de ocho horas en los restantes días de la semana. El exceso del tiempo previsto en el presente párrafo no podrá pasar nunca de una hora diaria.

c) Cuando los trabajos se efectúan por equipos, la duración de trabajo podrá prolongarse más de las ocho horas al día y de cuarenta y ocho horas por semana, con tal de que el promedio de las horas de trabajo, calculado para un período de tres semanas, o más corto no exceda de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho por semana".

Artículo 12

Se incluirán en el cómputo que determina el jornal de licencia y el salario vacacional, las horas extras realizadas en el año civil o fracción que genera el derecho a licencia.

Artículo 13

El cálculo para el cómputo de las horas extras en el jornal de licencia se hará multiplicando el promedio de las horas extras trabajadas en dicho año civil o fracción, por el valor de la hora extra que esté vigente en el momento de pagar el jornal de licencia o salario vacacional.

A tales efectos se calcularán por separado el promedio de horas extras realizadas en días hábiles y el promedio de horas extras realizadas en días en que por ley, convención o costumbre, por ser feriados o gozarse de descanso semanal no se trabaje, multiplicados por el valor de la hora extra que corresponda en cada caso según el artículo 1° de la ley que se reglamenta.

Artículo 14

Los promedios a que se refiere el artículo que antecede, resultarán de dividir las horas extras laboradas que correspondan en cada caso, en el año civil o fracción que genere el derecho a licencia, entre el número total de días efectivamente trabajados en el mismo período.

Artículo 15

Las horas trabajadas en días en que por ley, convención o costumbre, por ser feriados o gozarse de descanso semanal no se trabaje, realizadas dentro de la jornada diaria legal o convencional, también se incluirán en el cómputo que determina el jornal de licencia y el salario vacacional.

Artículo 16

El máximo semanal de horas extras que podrá disponer un empleador, previo consentimiento del trabajador en cuestión, es de ocho.

Antes de la realización de horas extras el empleador tendrá la obligación de anotarlas en el Libro de Horarios Especiales, en las condiciones dispuestas por el Capítulo III del Decreto N° 392/980 de 18 de junio de 1980.

Artículo 17

El máximo semanal de horas extras previsto en el artículo anterior podrá ser sobrepasado en los siguientes casos:

A) El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con el empleador y los trabajadores o con las asociaciones patronales y obreras, allí donde existan podrá con razones fundadas dictar reglamentos especiales autorizando para cada industria, comercio, oficina, actividad, profesión o empresa, excepciones de carácter transitorio;

B) El Poder Ejecutivo, previo el procedimiento indicado en el literal anterior, podrá establecer excepciones de carácter permanente.

Artículo 18

(Transitorio).- La aplicación del cálculo estipulado para el cómputo de las horas extras en el jornal de licencia y salario vacacional, regirá para las licencias que se gocen con posterioridad a la vigencia de la ley que se reglamenta.

Artículo 19

Comuníquese, publíquese, etc.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 105

En Montevideo, el día once de diciembre de dos mil ocho, a la hora dieciséis y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus Miembros la señora Senadora Susana Dalmás, los señores Senadores Carlos Ramela, Eduardo Lorier, Walter Campanella y Francisco Gallinal.

Preside el señor Senador Víctor Vaillant, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Gabriela Gazzano y el señor Prosecretario Martín Secco.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 2993, 2994, 2995 y 2996/2008, que forman parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1. Carpeta N° 1412/2008. Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Modificación del Artículo 3°, literales f), g) y h), de la Ley N° 18.396, de 24 de octubre de 2008. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores Gallinal, Antía y Heber. Distribuido N° 2990/2008.

2. Nota del señor Diputado Gonzalo Novales por la que solicita se incluya a la brevedad posible, el proyecto a estudio por esta Asesora de Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1. Se reciben invitados por la Comisión los representantes de la Cámara de Marina Mercante Nacional su Presidente Ing. Mte. Fernando Capurro, Secretario Américo Deambrosi, Tesorero Gilberto Echeverri y el Gerente Alvaro Ardao, quienes brindan su opinión respecto a la Carpeta N° 1382/2008. Tripulación de Embarcaciones de Matrícula Nacional.

2. Se reciben invitados por esta Asesora el Síndicato Unico de Trabajadores del Mar y Afines, concurren sus representantes José Pedro Franco, Jorge Vignolo, Aníbal Baquero y César Larrañaga, quienes brindan su opinión respecto a la Carpeta N° 1382/2008. Tripulación de Embarcaciones de Matrícula Nacional.

3. Se reciben invitados por la Comisión al Director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Patrón de Cabotaje, Daniel Montiel y el Asesor Dr. Girardoni, quienes brindan su opinión respecto a la Carpeta N° 1382/2008. Tripulación de Embarcaciones de Matrícula Nacional.

4. Carpeta N° 1285/2008. Jornada Laboral y Régimen de Descansos en el Sector Rural. Regulación. Distribuido N° 2686/2008. Se considera el articulado de dicho proyecto.

Artículo 1°. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 2°. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 3°. Se vota: 1 en 7. Negativa. SUPRIMIDO.

Artículo 4°. Se vota: 1 en 7. Negativa.

Artículo 4° sustitutivo: Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 5°. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 6°. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 7°. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 8°. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 9°. Se vota: 6 en 7. Afirmativa. Aprobado con modificaciones.

Artículo 10. Se vota: 6 en 7. Afirmativa.

Artículo 11. Se vota: 5 en 7. Afirmativa.

Artículo 12. Se vota: 4 en 7. Afirmativa.

Se designa como Miembro Informante, al señor Senador Víctor Vaillant. Informe Verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO POR LA COMISION:

Artículo 1°. (Jornada laboral).- Declárase que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias.

Artículo 2°. (Ciclo semanal).- El ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados.

Artículo 3°. (Pagos de horas extraordinarias).- Las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras.

Artículo 4°. (Descansos intermedios y entre jornadas).- El descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de media hora, la que deberá remunerarse como trabajo efectivo.

El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a doce horas continuas.

Cuando la duración del descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, el descanso entre jornadas podrá ser inferior a las doce horas, pero nunca menor a nueve horas corridas.

Artículo 5°. (Descanso semanal).- El descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

Artículo 6°. (Descansos en la ganadería y agricultura de secano).- La extensión del descanso durante la jornada estará supeditada a los ciclos estacionales (primavera/verano y otoño/invierno), siendo facultad del empleador fijar la duración del descanso intermedio de conformidad a los mismos. El descanso intermedio tendrá como mínimo una duración de dos horas corridas.

La duración del descanso entre jornadas, cuando el descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, podrá ser inferior a doce horas pero nunca menor de nueve horas continuas.

El descanso semanal será preferentemente el día domingo, aunque, mediando acuerdo entre las partes, podrá fijarse en otro día (fijo o rotativo) de la semana.

Existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicios del goce de dicho descanso será acordado por las partes.

Artículo 7°. (Tambos).- En el caso del personal afectado al horario de ordeño en los tambos, cuando el descanso dentro de la jornada sea superior o igual a cinco horas, la duración del mismo entre jornadas será como mínimo de siete horas continuas.

Artículo 8°. (Esquila).- La jornada laboral en la esquila, durante el período de zafra, será de ocho horas diarias, las cuales deberán ser distribuidas en cuartos.

Tres descansos interrumpen la jornada. Un primer y tercer descanso intermedio no menor de media hora, y un descanso central no menor a una hora y media. Estos descansos, en todos los casos, no serán pagos.

Artículo 9°. (Horario).- El horario en el establecimiento o empresa será determinado por el empleador en función de los ciclos productivos.

Artículo 10. (Convenios colectivos).- Mediante convenios colectivos se podrán acordar regímenes diferentes, siempre y cuando éstos resulten más favorables al previsto en la presente ley.

Artículo 11. (Facultades de seguimiento).- Créase una Comisión de Seguimiento, integrada por los delegados del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y de los trabajadores en los Consejos de Salarios de los Grupos Nos. 22, 23 y 24, a la cual podrán integrarse representantes designados por las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por las de Asuntos Laborales y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, respectivamente, con la finalidad de realizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del régimen de jornada y descanso semanal.

Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de los sectores con carácter obligatorio, luego de tres meses de vigencia de esta ley. Dentro del término de un año, contado a partir de los tres meses de vigencia de la presente ley, deberá presentar un informe evaluatorio de la aplicación del nuevo régimen, así como las eventuales correcciones o modificaciones que considere pertinentes.

RESOLUCIONES:

1. Convocar para la próxima sesión a los representantes de la Cámara de Armadores Pesqueros a fin de conocer la opinión de dicha Cámara respecto a la Carpeta N° 1382/2008, sobre Tripulación de Embarcaciones de Matrícula Nacional, Distribuido N° 2923/2008.

2. Se resuelve sesionar el próximo 18 de diciembre a la hora 16.30.

3. Incluir como primer punto del Orden del Día para la próxima sesión, la Carpeta N° 1412/2008. Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Modificación del Artículo 3°, literales f), g) y h) de la Ley N° 18.396, de 24 de octubre de 2008. Proyecto de ley con exposición de motivos de los señores Senadores Francisco Gallinal, Enrique Antía y Luis Alberto Heber. Distribuido N° 2990/2008.

A la hora dieciocho y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Víctor Vaillant Presidente

Gabriela Gazzano Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley que corresponde a una iniciativa del Poder Ejecutivo, que surgió en el ámbito de negociaciones y acuerdos tripartitos -o por lo menos, en la búsqueda de estos- y pretende resolver una cuestión que está pendiente desde hace casi cien años. Efectivamente, en el año 1915 se sancionó la Ley Nº 5.350, que establece el régimen de horario laboral de todos los trabajadores en general. En esa ley se enumeran los alcances en cuanto a la actividad y se excluye, claramente, al sector de los trabajadores rurales. Desde aquel momento hasta el presente los trabajadores rurales no desarrollan su actividad con un límite horario legal, sino que lo hacen, como todos conocemos, de sol a sol. Por consiguiente, la remuneración de estos trabajadores está vinculada a una extensión horaria indefinida, que depende de la voluntad del patrón en la mayoría de los casos.

Este debe en la legislación laboral uruguaya -que, como acabo de señalar, está a punto de cumplir cien años de atraso- llevó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a convocar a conversaciones tripartitas a los sectores empresariales y de trabajadores junto con esa Cartera, a los efectos de elaborar un texto en el que se estableciera el límite de la jornada laboral de ocho horas para estos trabajadores. Como consecuencia de esas conversaciones se llegó a acuerdos importantes, particularmente en lo que refiere al régimen de descanso y, además, se logró establecer un régimen de ocho horas de trabajo. No obstante, hubo algunos aspectos que no quedaron bien definidos -o por lo menos no lograron un acuerdo-, como por ejemplo, lo que tiene que ver con la posibilidad de incluir una novena hora, más allá de las ocho ya fijadas, lo que diferenciaría a este sector del resto de los trabajadores. En concreto, se propuso que la novena hora, en lugar de ser pagada como horario extraordinario, como sucede en el resto de las actividades, se compensara con un descanso similar dentro de los tres meses siguientes a la efectivización de esa hora de trabajo. Como se comprenderá, esto se propuso tratando de entender las particularidades del sector agropecuario, pero lamentablemente se estaba violentando el principio al que hicimos referencia cuando apoyamos esta norma que hoy estamos discutiendo. Estoy hablando del principio consagrado en la ley de ocho horas, período por encima del cual, de acuerdo con otras normas legales, deben pagarse como horas extraordinarias las efectivamente realizadas.

En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado se discutió este proyecto de ley luego de que fuera aprobado en la Cámara de Representantes. Fue así que se llegó a la conclusión de que se debían introducir modificaciones, particular y casi exclusivamente en lo que respecta a la novena hora adicional. En la Comisión entendimos que no había razón para que el régimen del límite horario de los trabajadores rurales fuera distinto al del resto. Por esa razón, se debería dejar el régimen de ocho horas tal cual lo establece el proyecto, quitando la novena hora alternativa, que quedaba en el medio, entre el límite de las ocho horas y las horas extras reguladas por la Ley Nº 15.996.

El proyecto de ley fue aprobado por mayoría en el seno de la Comisión y hoy lo pone a consideración de este Plenario.

El artículo 1º declara que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias; el artículo 2º establece que el ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados; el artículo 3º determina que las horas que excedan la jornada laboral serán abonadas como horas extras: el artículo 4º refiere a los descansos intermedios y entre jornadas, con carácter general; el artículo 5º tiene relación con el descanso semanal; el artículo 6º establece condiciones particulares de descanso para la actividad de trabajadores rurales en predios de ganadería y agricultura de secano, en donde se incluyen modificaciones o variantes, en tanto se reconocen las particularidades en este sector de trabajo y la directa vinculación que existe entre esas actividades y los ciclos estacionales. En el artículo 7º se reconoce la particularidad del trabajo en los tambos, estableciéndose condiciones especiales; en el artículo 8º se procede de modo similar con los trabajadores de la esquila; en el artículo 9º se establece que el horario en el establecimiento o empresa será determinado por el empleador en función de los ciclos productivos; el artículo 10 habilita a que, mediante convenios colectivos, se puedan acordar regímenes diferentes, siempre y cuando estos resulten más favorables al previsto en la presente ley. Finalmente, por el artículo 11 se crea una Comisión de Seguimiento a la que se faculta realizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del régimen de jornada y descanso semanal, con el fin de efectuar eventuales correcciones que puedan surgir a partir de su aplicación.

En síntesis, de ser aprobado este proyecto de ley que la Comisión eleva a consideración del Plenario -como esperamos que suceda-, estará corrigiendo un debe, como señalábamos al comienzo, que la legislación uruguaya tiene desde hace casi cien años en lo que hace a la relación de los trabajadores rurales.

Por las razones expuestas, aconsejamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR RAMELA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR RAMELA.- Señor Presidente: si bien compartíamos el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo -más el primero que había elevado en su momento y, en menor medida, el segundo que envió al Parlamento- y el texto aprobado en la Cámara de Representantes, no coincidimos con la modificación expresa que se le introdujo en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Evidentemente, aquí se parte de confundir dos conceptos que están vinculados, pero que jurídicamente, no sólo en el campo doctrinario sino también en el del Derecho Positivo, son perfectamente diferenciables: la limitación de la jornada y la rigidez de la jornada. Desde hace más de cien años, en nuestro Derecho existen antecedentes legislativos, así como Tratados aprobados por la República en fechas más recientes, que admiten que en situaciones excepcionales de actividades que presentan características especiales puedan existir excepciones al régimen de las ocho horas. Tanto es así que cuando el propio Poder Ejecutivo eleva su propuesta lo dice en forma expresa señalando que si bien debe haber una reglamentación que limite la jornada se deben contemplar las particularidades del sector agropecuario. Por eso plantea limitar la jornada en el sector, pero no necesariamente que ésta sea rígida.

Por otra parte, también es el propio Poder Ejecutivo que cita expresamente las normas que estoy refiriendo, que después reitera la Cámara de Representantes y que son, concretamente, la Ley Nº 5.350 y el Decreto del 29 de octubre de 1957, así como las Convenciones Internacionales de Trabajo Nos. 1 y 30.

Por si todo esto fuera poco, los propios trabajadores -según señala el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en su mensaje- reconocen las particularidades del sector y estaban dispuestos, eventualmente, a conceder esta excepción.

Por este motivo, el proyecto de ley original del Poder Ejecutivo que era más amplio, fue limitado y se llegó a la eventual novena hora. En puridad, no se trata de una excepción al concepto de limitación de la jornada porque esa novena hora en definitiva se compensa dentro de un período breve de tiempo con horas no trabajadas o se remunera como hora extra. De modo que, en realidad, no hay una excepción absoluta al concepto de las ocho horas diarias o de las cuarenta y ocho horas semanales, sino una excepción relativa que se compensa con horas no trabajadas o se paga como hora extra.

Se justifica ello en función de una peculiaridad que se reitera más de seis veces en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y de otras tantas en la Cámara de Representantes, donde se reconoce que el sector agropecuario tiene ciertas características, sobre todo en las áreas ganadera y agrícola, por ser -como todos sabemos- una industria a cielo abierto donde aspectos productivos, pero esencialmente climáticos, hacen que en muchas jornadas no se trabaje en lo más mínimo y en otras, eventualmente, algo más.

Por lo tanto, por entender que este proyecto avanza en la limitación de la jornada del sector agropecuario -limitación que, por otra parte, la doctrina ya reconocía de alguna manera-, pero va a la solución más rígida y estricta, habiéndose escuchado solamente la última postura de los sindicatos, pero no todo el trabajo de mucho tiempo en que se manejaron alternativas más razonables y ponderadas para el sector, adelantamos que, si bien hubiéramos acompañado la versión venida de la Cámara de Representantes, no vamos a votar este proyecto de ley tal como está siendo presentado al Cuerpo.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR CAMPANELLA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: votamos negativamente el proyecto de ley en el seno de la Comisión por entender que, como otros, tiene un título y después su contenido es distinto.

Además, creemos que está lejos en el tiempo. En su exposición de motivos se hace referencia a los olvidados del campo y se alude a características semiserviles que dan lugar a formas de trabajo de claro uso discrecional, donde el contrato laboral ha sido declarado de carácter temporal y sin regulación para el sector, dejando postergada la plena eficacia de los derechos del ciudadano y, por ende, del trabajador como tal, olvidando que éste es un derecho fundamental.

No dudo que, como recién escuchábamos, en el pasado el trabajador rural desarrolló sus actividades de sol a sol, pero sabemos que hoy no es así. Este es un proyecto de ley que, indudablemente, está lejos en el tiempo. En realidad se aumenta la jornada al trabajador rural. ¡Qué cosa insólita! Promedialmente, quienes trabajan en el campo y saben del tema, tienen claro que la jornada no es de más de cinco horas; hay días en que el trabajador puede hacer muchas horas, pero otros no trabaja prácticamente nada. Por ejemplo, cabe preguntarse cuánto minutos o segundos trabaja los días de lluvia. Si la lluvia es de un día, dos, tres o una semana, ¿cómo se computa el tiempo trabajado? A mi modo de ver, esto es impracticable desde el punto de vista documental. ¿Qué haremos? ¿Pondremos un tarjetero? Pensemos en que el trabajador rural, incluso en pleno invierno, sale al campo a las ocho de la mañana, regresa a las once para almorzar y no vuelve a salir antes de las dos de la tarde, cuando en esa época del año a las cinco y media o seis de la tarde ya está anocheciendo. Entonces, ¿cuándo trabaja? ¿Qué hace si trae alguna tropa, pasan las ocho horas y él quiere cumplir ese horario? ¿Deja la tropa tirada donde sea?

Creo que lo que aquí se establece demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad que se vive en nuestro agro y que va a perjudicar -por varios motivos- al trabajador rural al aumentar las horas de trabajo. A esto se agrega que, con relación a la esquila, el artículo 8º determina algo insólito: "La jornada laboral en la esquila, durante el período de zafra, será de ocho horas diarias, las cuales deberán ser distribuidas en cuartos". No se especifica si se trata del esquilador o del enfardador. Pero el esquilador, que gana por ovino y por las latitas que hizo, a veces está esperando que llegue la esquila para en esa temporada hacer lo que no puede en el resto del año por no tener trabajo. Así pues, en esos meses se rompe el alma y no trabaja nueve, sino dieciocho horas, porque con esa platita vivirán él y su familia durante muchos meses. De manera que esto es como pegarle un tiro en la cabeza al esquilador; lo mata.

Lo más insólito de todo es que no hay manera de controlar. ¿Quién puede hacerlo? Además, una cosa es un establecimiento grande, con muchos empleados, y otra muy distinta es el establecimiento de un pequeño y mediano productor. ¿Saben los señores Senadores qué es lo que está ocurriendo ahora mismo y que luego de la aprobación de este proyecto de ley será aún peor? El pequeño y mediano productor está llevando a alguien para que lo ayude el día en que lo precisa y luego lo trae nuevamente al pueblo. Con esta norma, la modalidad del trabajador permanente va a dejar de existir.

No voy a extenderme mucho más. Simplemente, he querido dejar en claro que, a mi entender, este proyecto de ley está absolutamente desacompasado de la realidad que hoy existe en el campo, en el medio rural. Por esa razón, votaremos integralmente en contra de él.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: vamos a aprobar este proyecto de ley.

Es lamentable que hoy la Barra no esté llena, no sólo de trabajadores rurales, sino también de patrones y productores rurales nacionales integrados a la tierra, que viven en el predio, que fueron dirigentes gremiales y que durante toda una vida pelearon por una ley como esta.

Esta es una lucha que viene dándose desde hace más de cien años. Hay que leer los escritos de Fernández Crespo, que en el año 1955 defendía las ocho horas de trabajo para los paperos y remolacheros, argumentando lo mismo que se dice en este proyecto de ley.

Aquí se han manifestado muchas cosas en forma muy equivocada, creo que por falta de conocimiento. Quien habla ha sido peón, patrón, esquilador y dueño de máquina esquiladora. Nadie me va a decir a mí lo que es la lata y lo que es la esquila.

Este proyecto de ley es una formidable iniciativa que, por primera vez en la historia, luego de más de cien años, respeta los derechos del trabajador rural. Luché por esto durante años, como dirigente gremial agropecuario, como dirigente juvenil y también como dirigente de los sectores productivos más pequeños, porque conozco la realidad del campo. Sé que el peón rural, que vive con el patrón y con su familia, tiene esto desde hace tiempo; lo que se hace a través de este proyecto de ley es reconocer un derecho que tienen todos los trabajadores de la sociedad y que ahora otorgamos al trabajador rural, como lo hicimos en su momento con las trabajadoras domésticas, que estaban ocultas dentro de la casa, donde no se sabía ni lo que pasaba.

Es así que esta norma marca un camino histórico para el Uruguay, colocando al trabajador rural en igualdad de condiciones con respecto a todos los demás trabajadores del país. Las centrales de trabajadores nunca se acordaron de reivindicar las ocho horas para el trabajador rural; hoy, por primera vez un Gobierno se acuerda de reivindicar eso y establecerlo expresamente.

Este proyecto de ley contempla claramente cómo se deben articular las horas, rubro por rubro. Y aquel patrón que vive en el campo con su familia y educa a sus hijos en la ciudad, cuando tiene a los trabajadores en su casa, les da igualdad de condiciones y los integra como de su familia, regulando el trabajo según su rubro de producción. Esto ya está acordado. Lo que se hace a través de este proyecto de ley es reconocer la jornada laboral de ocho horas. A partir de ahí, está bien que se paguen las horas extra como corresponde; así debe ser. Hoy, en que escasea la mano de obra rural genuina, preparada, que sepa hacer tareas como esquilar, atar vellón, trillar, manejar una máquina o un tractor -lo que agrega tecnología-, hay que pagar bien al trabajador porque es imprescindible tener confianza en la persona que maneja una máquina que vale US$ 250.000 o US$ 500.000. Por eso, ese trabajador debe estar bien remunerado y su horario debe ser reconocido. Justamente, lo bueno de esta iniciativa es que hace ese reconocimiento y coloca en igualdad de condiciones al trabajador rural con respecto a todos los demás en el marco de la sociedad.

En definitiva, creo que estamos ante un buen proyecto de ley, que vale la pena destacar y aprobar. A mi juicio, se equivocan quienes piensan que significa un retroceso; al contrario, constituye un gran avance para el trabajador rural. No aumenta ni disminuye la cantidad de horas de trabajo, porque éstas se acuerdan con el patrón. Y no hay día de lluvia que un peón no trabaje; no olvidemos que cuando llueve en el campo el peón barre los galpones, arregla las guascas, las porteras, etcétera. De manera que también trabaja como cualquier otro día; no existe "día de lluvia al pedo" en el campo, y si está pariendo una majada, mucho menos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: creo que con este proyecto de ley se está dando un paso histórico. Tal como consta en la exposición de motivos, desde el año 1915 los trabajadores urbanos han podido optar por un régimen de ocho horas, que rige para ellos. Sin embargo, no ha sido ese el caso de los trabajadores rurales.

Es cierto que quien habla no tiene campo, pero conoce el trabajo rural porque estuvo en ese medio muchas veces, e incluso trabajó en él. Recuerdo una frase que, en cierta forma, modifica lo que en su momento manifestó el señor Senador Vaillant. Cuando trabajamos en la creación del sindicato Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, uno de los peones más veteranos decía que el horario de trabajo de ellos no era de sol a sol, sino de estrella a estrella, porque empezaban a trabajar antes de que amaneciera y finalizaban cuando habían aparecido de nuevo las estrellas.

Para mí, esta iniciativa contiene un gran simbolismo y reivindica a los trabajadores rurales en algo que entiendo es fundamental. Personalmente, no comparto -y en esto coincido con el señor Senador Saravia- lo que aquí se ha manifestado en cuanto a que cuando llueve los trabajadores rurales no hacen nada, puesto que cuando ello ocurre trabajan en el galpón, reparan herramientas y están todo el día a la orden. A su vez, cuando cesa la lluvia tienen que salir enseguida y continúan estando a la orden; al igual que los trabajadores que tienen otros oficios en la zona urbana, hacen un alto cuando llueve o hay problemas climáticos, pero continúan estando a la orden. En todos estos casos se les paga, y ello corresponde.

Pero, además de todos estos argumentos que son de carácter histórico y que pretenden hacer justicia, hay un problema de carácter tecnológico que la gente ha ido resolviendo progresivamente, por sus propios medios. En general, los productores cumplen con este régimen de trabajo de ocho horas porque necesitan tener a los trabajadores en buenas condiciones para manejar una maquinaria que vale mucho dinero y necesitan tener mucha confianza en que el trabajo se haga bien. Si quieren pagar mal por ese trabajo, no logran conseguir al trabajador adecuado para llevarlo adelante.

En gran medida, creo que estamos transformando en ley una costumbre que ya está siendo casi universalizada por la modernización que rápidamente se está dando en la tecnología. He visitado la Expoferia y pude constatar la naturaleza de las máquinas y cómo algunas obligan al trabajador a tener conocimientos de alta tecnología e, incluso, a manejar una computadora encima de una máquina para hacerla funcionar. Esto hay que retribuirlo porque se le obliga a realizar cursos, a prepararse, a dotarse de conocimiento para hacerlas funcionar. Es decir que en el fondo existen problemas de justicia social que son sustanciales y por ello comparto este proyecto de ley que significa un paso histórico en esta materia.

Además, se reconoce una realidad que va a dar pie para salir adelante y tener cada vez más gente dispuesta a trabajar en el medio rural, porque allí se van a cumplir las normas que habilitarán a que el trabajador rural no sólo tenga un horario regular, sino también retribuciones regulares que le permitan afincarse y disponer de los elementos necesarios para vivir dignamente dentro de este marco de la posmodernización.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: en primer lugar, quiero hacer uso de la palabra para dejar constancia en la versión taquigráfica de lo desierta que está la Barra. Insisto: la Barra está vacía, incluso, no están en condiciones de ser desalojadas.

Reitero que quiero que quede debida constancia de esto en momentos en que el Senado de la República va a aprobar uno de los más grandes proyectos de ley que se votaran en este país, que -por cierto- costó mucha sangre y mucho sufrimiento, desde los Mártires de Chicago hasta hoy, incluso en nuestro país, y de todos los partidos políticos. Quizás, de haber existido antes, hubiera ahorrado muchos dolores a esta patria angustiada. Por eso quiero dejar constancia de que no hay nadie en la Barra ni tampoco rodeando el Palacio Legislativo.

Repito, dejo esta constancia, en un país en donde, desgraciadamente, todos los uruguayos nos estamos ocupando demasiado de las pavadas y poco de lo importante.

Finalmente, señor Presidente -porque ya han hablado otras compañeras y compañeros mejor dotados que yo para el análisis de este proyecto de ley-, quiero hacer algo que no es costumbre en el Senado y es dedicar mi voto a todos los muertos, presos, torturados y desaparecidos que, en este país, lucharon por la aprobación de una norma de este tipo.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: hemos votado este proyecto de ley con mucha satisfacción y alegría. Entendemos que lo importante, hoy por hoy, no es que en la realidad de la agropecuaria se trabaje más, o menos, esta cantidad de horas, sino el hecho de que se consagre, por ley, un derecho que tienen el resto de los trabajadores en el país y en el mundo, lo que también afecta a su remuneración.

Independientemente de cómo se organice el trabajo -eso es algo secundario-, creo que estamos dejando sentado un buen precedente y una buena decisión de esta Legislatura que ¡ojalá hubiéramos compartido todos los Legisladores! Porque, sobre todo, creo que debemos tener noción de que es importante la consagración de un derecho.

Por esa razón, con mucha satisfacción y convicción he votado este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: hemos dado nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley, porque nos parece justo que se contemple una vieja aspiración del peón y de la familia rural.

También es justo decir que los grandes patrones no son tan malos, porque en su mayoría disponen de una parte importante de campo para que ese trabajador pueda tener sus propios animales, lo que no deja de ser un gran estímulo.

Además, estos son tiempos nuevos, los patrones saben que tienen que brindar comodidad -y lo hacen- y los puestos abandonados han vuelto a ser ocupados. Creo que el entendimiento entre el peón y el patrón ha mejorado enormemente y quienes no tenemos estancias pero las conocemos -ya sea por la pesca o por la intención de estar informados de lo que sucede en el campo-, sabemos que este es un paso importante porque se trata de los derechos adquiridos que vienen a poner la casa en orden, por decirlo de esta manera.

También es necesario admitir que el trabajo de campo es distinto, ya que hay muchos trabajadores que cumplen tareas por más de nueve horas, las que se les está reconociendo y pagando. Por ejemplo, a la familia tambera en este momento se le hace tremendamente difícil conseguir obreros para trabajar, porque ellos piden que por favor no los pongan en caja porque, si no, se quedan sin el beneficio que otorga el Ministerio de Desarrollo Social. Pues bien, estas son cosas que habrá que corregir por este Gobierno u otro, aunque en realidad el actual podría hacerlo porque todavía le queda más de un año de mandato. En ese sentido, tendría tiempo para buscar una salida, por ejemplo, para que, fundamentalmente en el corazón de la cuenca lechera, se inserte la gente que falta para trabajar porque es muy difícil encontrar trabajadores para este sector.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: nosotros hemos votado afirmativamente el proyecto de ley en general y vamos a acompañar varios de sus artículos.

Lamentablemente, en el momento de la votación no estuvo presente el señor Senador Gallinal, que integra la Comisión y que quería hacer algunas observaciones, sobre todo relacionadas con su discrepancia por las modificaciones que se introdujeron en el Senado. Por lo que pude saber, sin tener los informes correspondientes, el señor Senador Gallinal sostenía que era mejor mantener las disposiciones tal como venían de la Cámara de Representantes, pues de alguna manera contemplaban esa hora más que se computaba en forma mensual y otorgaba una mayor flexibilidad. Pues bien, sin perjuicio de esas observaciones -que seguramente el señor Senador Gallinal hará públicas en algún momento-, queremos decir que es importante acompañar este proyecto de ley porque nos parece que es un gran paso para los trabajadores rurales.

También coincido con lo que señalaba -no sé si fue totalmente apreciado- el señor Senador Amaro en su fundamento de voto. Nos parece que el avance en el trabajo de campo quizás se da más en sociedad que en salario. En este sentido, me gustaría ver una mayor participación de los trabajadores en la producción porque, ese sí, sería un paso significativo. La idea es que el personal permanente no solamente tenga animales propios y actúe como socio minoritario, sino que también participe de las ganancias de esa producción, y todo esto está atado a la prosperidad. Sabemos que en el campo el trabajador y el patrón -no en todos los casos, pero sí muchas veces- son compañeros de tareas, y en esa relación humana hay una sociedad en la producción que sólo la prosperidad puede premiar. Creo que esa prosperidad -en la pequeña empresa agropecuaria, en la mediana y en la grande también- está unida a que se pague bien, que es lo que queremos, y esa mejor paga se produce cuando ese trabajador no solamente recibe un salario, sino que participa de las ganancias de la empresa.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Hemos acompañado este proyecto de ley en el entendido de que es un paso más que se da, complementario de la Ley Nº 10.809, de 1946, y del Decreto-Ley Nº 14.785, de 1978, que se conocen como "Estatuto del Trabajador Rural". Concretamente, en este caso se consagra la limitación de la jornada.

Comparto algunos de los comentarios que realizó el señor Senador Campanella en el sentido de que se trata de una ley que, en muchos aspectos, va a ser de muy difícil fiscalización y contralor. A su vez, también es verdad que muchas veces esta limitación de ocho horas no se ajusta a lo que es la realidad de la vida del campo, porque en algunos casos es cierto que los días de lluvia el trabajador cumple otro tipo de tareas, pero en otros casos no es así; simplemente, se toma como un día de descanso. Esto depende, en general, de la relación que exista entre el trabajador y el empresario o el productor agropecuario. De cualquier manera, creo que el hecho de que esta limitación quede establecida en la ley es una conquista y un paso importante que debe valorarse como tal.

El país ha vivido un proceso muy fuerte -lo hemos analizado aquí en muchas oportunidades- de despoblamiento de las áreas rurales, y las condiciones de vida del trabajador rural tienen mucho que ver con este fenómeno. De manera que, coherentes con esa visión de defensa de la radicación de población en el medio rural, hemos acompañado esta norma que busca acompasar a los trabajadores del campo a las normas vigentes en materia de limitación y regulación de la jornada laboral para el resto de las actividades.

Finalmente, quiero señalar que comparto también las expresiones del señor Senador Fernández Huidobro en el sentido de que por otros temas hemos visto las Barras del Senado colmadas y sin embargo hoy, cuando se aprueba una ley que, sin duda, tiene mucha importancia para la sociedad y para mucha gente en este país, hay un vacío absoluto.

SEÑOR LORIER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: nosotros queremos inscribir esta iniciativa dentro del conjunto de leyes que nuestro Gobierno ha venido aprobando para mejorar las condiciones de trabajo en nuestro país. En este sentido, quiero mencionar, por ejemplo, la ley de libertades sindicales, la que ampara a las empleadas domésticas y la que dispuso la instauración y el efectivo funcionamiento de los Consejos de Salarios. Estas son sólo algunas de las leyes que hemos venido aprobando y que significan protecciones reales para nuestros trabajadores.

Queremos destacar especialmente la importancia que tiene esta ley en particular para un sector de los más explotados y esquilmados de la sociedad uruguaya. Esto es así, señor Presidente, y no hay argumento que pueda desconocerlo. Desde las raíces mismas de nuestra historia, los trabajadores rurales han sufrido las más tremendas explotaciones y bien lo saben aquellos luchadores, entre los que voy a mencionar solamente a dos: el "Barbudo" Fernández, que ya está muerto, y Pedrito Aldrovandi, un hombre que muchas veces concurrió a dar la pelea junto con los trabajadores y los peones de los tambos que, en medio de la bosta, del barro, de las colas de las vacas que los dejaban sin vista, de toda esa miseria, supieron luchar. Quizás hoy no estén aquí porque al trabajador rural siempre le ha sido muy difícil organizarse; es más, por ese motivo recién hoy estamos aprobando este proyecto de ley. Si bien es cierto que las leyes surgen de un Gobierno como el nuestro, también surgen de la lucha y de la organización popular, y para estos trabajadores es muy difícil lograrlo. Entonces, a todos esos trabajadores que, como bien decía el "Ñato", han luchado, han muerto y se han sacrificado por esta ley, queremos decirles emocionadamente que la estamos acompañando.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: he votado con mucha convicción y sentimiento este proyecto de ley por las razones que expresé en el informe y por lo que han manifestado varios señores Senadores en esta ocasión.

Quiero señalar, además, que es cierto que hace tiempo que en muchísimos establecimientos y empresas agropecuarias se aplica el límite de la jornada laboral; no creo que en todos ellos se trabaje más de ocho horas. Estoy absolutamente convencido de que no es así, que hay normas que se respetan por la vía de los hechos y de los acuerdos; pero las leyes no se hacen para quienes, ya avanzados, inmersos en una cultura distinta, respetan los derechos de los trabajadores y, por la vía de los hechos, establecen mecanismos de relaciones laborales no impuestos por la ley; las leyes se hacen -y deben hacerse- para los otros, porque así como reconocemos que existe una gran cantidad de establecimientos y, seguramente, de empresas agropecuarias donde los trabajadores gozan de la limitación de ocho horas desde hace mucho tiempo, en esa misma afirmación estamos admitiendo que hay otros en que ello no sucede. Entonces, para esos casos es necesaria la norma, que puede parecer reiterativa en aquellos establecimientos donde esta cultura ya existe desde hace mucho tiempo.

Será difícil, sin duda, el control y la fiscalización de la aplicación de la norma, pero a partir de la vigencia de esta ley, aun difícil, será posible, mientras que anteriormente era imposible porque no había una norma que obligara a establecer ese control.

Finalmente, quiero hacer referencia a las Barras, destacando lo que dije al empezar la fundamentación de voto. En ese momento expresé: "Voto por convicción", y así lo he hecho. Es más; en el día de hoy, en este Parlamento, quienes hemos propuesto este proyecto de ley y lo hemos sancionado, lo estamos haciendo por convicción. Si algo queda absolutamente claro en este momento es eso, porque nadie puede decir que el Senado, con relación a este tema, esté actuando por coacción de ningún tipo; al contrario, estamos obrando por pura convicción y creo que está bien que así sea. En definitiva, me hubiese gustado encontrar las Barras llenas, pero también pienso que está bien.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Deseo dejar constancia, desde la Presidencia, que me hago eco de las expresiones muy decididas que aquí se han vertido acerca del apoyo a este proyecto de ley.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para otra cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se vote en bloque el articulado y se desglose el artículo 3º.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 22. Afirmativa.

Se pasa a votar en bloque el proyecto de ley en consideración, con excepción del artículo 3º.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Se pasa a considerar el artículo 3º.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- A los efectos de que en la ley no surja ningún tipo de confusión, habría que hacer algún agregado al artículo 3º. Allí establecemos que las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras y creo que es necesario hacer referencia a la Ley Nº 15.996, que establece dicho régimen. En definitiva, proponemos simplemente que al final el artículo 3º se agregue: "Ley Nº 15.996", con la fecha correspondiente -no la tengo en mi memoria- que solicito se busque por Secretaría.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se pasa el artículo 3º, con el agregado que acaba de realizar el señor Senador Vaillant.

(Se vota:)

-20 en 22. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1°. (Jornada laboral).- Declárase que la duración máxima de la jornada laboral de todo trabajador rural será de ocho horas diarias.

ARTICULO 2°. (Ciclo semanal).- El ciclo semanal no podrá exceder de las cuarenta y ocho horas por cada seis días trabajados.

ARTICULO 3°. (Pagos de horas extraordinarias).- Las horas que excedan la jornada legal serán abonadas como horas extras (Ley N° 15.996, de 17 de noviembre de 1988).

ARTICULO 4°. (Descansos intermedios y entre jornadas).- El descanso intermedio, en caso de jornada de trabajo continua, será como mínimo de media hora, la que deberá remunerarse como trabajo efectivo.

El descanso entre jornada y jornada no podrá ser inferior a doce horas continuas. Cuando la duración del descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, el descanso entre jornadas podrá ser inferior a las doce horas, pero nunca menor a nueve horas corridas.

ARTICULO 5°. (Descanso semanal).- El descanso semanal será preferentemente el día domingo, sin perjuicio de lo cual, las partes podrán convenir que dicho descanso será en otro día de la semana, ya sea fijo o rotativo.

ARTICULO 6°. (Descansos en la ganadería y agricultura de secano).- La extensión del descanso durante la jornada estará supeditada a los ciclos estacionales (primavera/verano y otoño/invierno), siendo facultad del empleador fijar la duración del descanso intermedio de conformidad a los mismos. El descanso intermedio tendrá como mínimo una duración de dos horas corridas.

La duración del descanso entre jornadas, cuando el descanso intermedio sea igual o superior a las tres horas corridas, podrá ser inferior a doce horas pero nunca menor de nueve horas continuas.

El descanso semanal será preferentemente el día domingo, aunque, mediando acuerdo entre las partes, podrá fijarse en otro día (fijo o rotativo) de la semana.

Existiendo acuerdo, el trabajador podrá optar por un régimen de acumulación de los días de descanso semanal a períodos mensuales. En tal caso, el tiempo de descanso generado deberá ser gozado en forma íntegra y sin interrupciones dentro de los primeros veinte días del mes siguiente. El inicio del goce de dicho descanso será acordado por las partes.

ARTICULO 7°. (Tambos).- En el caso del personal afectado al horario de ordeño en los tambos, cuando el descanso dentro de la jornada sea superior o igual a cinco horas, la duración del mismo entre jornadas será como mínimo de siete horas continuas.

ARTICULO 8°. (Esquila).- La jornada laboral en la esquila, durante el período de zafra, será de ocho horas diarias, las cuales deberán ser distribuidas en cuartos.

Tres descansos interrumpen la jornada. Un primer y tercer descanso intermedio no menor de media hora, y un descanso central no menor a una hora y media. Estos descansos, en todos los casos, no serán pagos.

ARTICULO 9°. (Horario).- El horario en el establecimiento o empresa será determinado por el empleador en función de los ciclos productivos.

ARTICULO 10. (Convenios colectivos).- Mediante convenios colectivos se podrán acordar regímenes diferentes, siempre y cuando éstos resulten más favorables al previsto en la presente ley.

ARTICULO 11. (Facultades de seguimiento).- Créa-

se una Comisión de Seguimiento, integrada por los de-legados del Poder Ejecutivo, del sector empresarial y de los trabajadores en los Consejos de Salarios de los Grupos Nos. 22, 23 y 24, a la cual podrán integrarse representantes designados por las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, y por las de Asuntos Laborales y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, respectivamente, con la finalidad de realizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación del régimen de jornada y descanso semanal.

Esta Comisión podrá ser convocada por cualquiera de los sectores con carácter obligatorio, luego de tres meses de vigencia de esta ley. Dentro del término de un año, contado a partir de los tres meses de vigencia de la presente ley, deberá presentar un informe evaluatorio de la aplicación del nuevo régimen, así como las eventuales correcciones o modificaciones que considere pertinente."

19) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Formulo moción en el sentido de que las cuatro carpetas que figuran en el Orden del Día y que aún nos quedan pendientes, sean tratadas en la sesión extraordinaria del día de mañana.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente; sin perjuicio de recoger la inquietud de la señora Senadora Percovich y sabiendo que algunos señores Senadores debemos trabajar dentro de veinte minutos, sugiero que en ese tiempo tratemos los asuntos vinculados a convenios internacionales porque, si bien son varios, son concisos, tienen informes y cuentan con consenso.

(Apoyados)

20) ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA PORTUGUESA SOBRE COOPERACION ECONOMICA

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no hay inconveniente por parte de la señora Senadora Percovich, el Senado pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica, firmado en Lisboa, el 20 de setiembre de 2007. (Carp. Nº 1237/08 - Rep. Nº 961/08)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1227/08

Rep. N° 961/08

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 23 de julio de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Ecónomica, firmado en Lisboa, el 20 de setiembre de 2007.

El Acuerdo consta de un Preámbulo y doce Artículos.

Los fundamentos del Acuerdo se extraen de lo expresado en el Preámbulo en el sentido de que está dirigido a intensificar las relaciones económicas existentes entre las Partes, sobre una base de equidad y reciprocidad de ventajas que permitan un aprovechamiento completo de las posibilidades creadas por el desarrollo económico e industrial, y que propicien la mejoría del nivel y la calidad de vida de las respectivas poblaciones. Asimismo fundamentan el Acuerdo en:

a) el Acuerdo-Marco Interregional de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y el MERCOSUR y sus Estados Partes por otro, suscripto en Madrid el 15 de diciembre de 1995;

b) el Acuerdo-Marco de Cooperación, entre la Comunidad Económica Europea y la República Oriental del Uruguay, suscripto en Bruselas el 4 de Noviembre de 1991.

Se tienen presentes las normas de la Organización Mundial del Comercio, de la cual los dos Estados son miembros.

Los Artículos 1° y 2° establecen el objeto del Acuerdo, consistente en la promoción de la cooperación económica como factor de intensificación y diversificación de las relaciones bilaterales, y las formas de cooperación.

El Artículo 3° contempla la promoción a las iniciativas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) radicadas en sus territorios, en particular las que tiendan a la simplificación de formalidades administrativas y la creación de empresas comunes para operar en terceros países.

Los incentivos son previstos en el Artículo 4°.

El Artículo 5° establece que se asegurará la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, particularmente de los aspectos relacionados con el comercio, de acuerdo con las respectivas legislaciones internas y con las convenciones internacionales que las vinculen.

Se prevé la negociación de un Acuerdo para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. (Artículo 6°).

Para la ejecución del Acuerdo, se creará una Comisión Mixta, de la que formarán parte representantes de las Partes, que se reunirá alternadamente en Uruguay y en Portugal, en fecha y lugar a acordar por vía diplomática, que tendrá por objeto supervisar la cooperación económica entre las Partes, e identificar las áreas de cooperación más relevantes, recomendando medidas concretas a aplicar.

El Artículo 8° establece que las Convenciones Multilaterales sobre la materia objeto del Acuerdo que vinculen a ambas Partes prevalecerán sobre las disposiciones del Acuerdo.

Los Artículos 10, 11 y 12 se refieren a la vigencia y denuncia (cinco años, renovable automáticamente por períodos sucesivos de un año), la entrada en vigor (30 días después de la fecha de la recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, de que fueron cumplidos los requisitos de derecho interno de las Partes, necesarios a tal efecto), y el registro del Acuerdo en la Secretaría de las Naciones Unidas.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de Acuedos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General, las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TabarE VAZquez, Presidente de la República; Danilo Astori, Danilo Astori, Gonzalo Fernández, Daniel Martínez, María Simon.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 28 de julio de 2008.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase el Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica, firmado en Lisboa, el 20 de setiembre de 2007.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Danilo Astori, Gonzalo Fernández, Daniel Martínez, María Simon.

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA PORTUGUESA SOBRE COOPERACION ECONOMICA

La República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa, en adelante designadas las "Partes";

Conscientes da importancia de la cooperación económica para el desarrollo y la diversificación de las relaciones entre las Partes;

Con la intención de intensificar las relaciones económicas existentes entre las Partes, sobre una base de equidad y reciprocidad de ventajas, que permitan un aprovechamiento completo de las posibilidades creadas por el desarrollo económico e industrial y que propicien la mejoría del nivel y la calidad de vida de las respectivas poblaciones;

Considerando el Acuerdo-Marco Interregional de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y el MERCOSUR y sus Estados Partes por otro, suscripto en Madrid el 15 de Diciembre de 1995, que busca instituir una asociación interregional entre las partes, fortaleciendo las relaciones económicas existentes, y el Acuerdo-Marco de Cooperación, entre la Comunidad Económica Europea, y la República Oriental del Uruguay, suscritpo en Bruselas el 4 de Noviembre de 1991.

Considerando también que la participación de la República Oriental del Uruguay y de la República Portuguesa en organizaciones regionales de integración económica, particularmente del Uruguay en el MERCOSUR y de Portugal en la Comunidad Europea, contribuye a la intensificación de las relaciones bilaterales entre los dos Estados y a consolidar la aproximación entre Europa y América Latina;

Teniendo presentes las normas de la Organización Mundial del Comercio, de la cual los dos Estados son miembros;

Respetando la legislación nacional de cada una de las Partes y teniendo en consideración los compromisos asumidos por ambas en el orden internacional;

ACUERDAN lo siguiente:

Artículo 1°

Objeto de la cooperación

1. Las Partes promoverán entre si la cooperación económica como factor de intensificación y diversificación de sus relaciones bilaterales.

2. Las Partes definirán los sectores en los cuales incidirá la cooperación, teniendo en consideración el desarrollo equilibrado de las relaciones bilaterales y las respectivas prioridades en materia de política económica.

Artículo 2°

Formas de cooperación

Sin perjuicio de otras medidas que favorezcan el desarrollo de la cooperación, las Partes, de acuerdo con el Derecho aplicable:

a) Incentivarán la promoción de contactos entre sus instituciones públicas y privadas, incluyendo el intercambio de especialistas, bajo los términos a acordar entre las entidades involucradas;

b) Apoyarán la realización de ferias comerciales, exposiciones y simposios, así como otras iniciativas destinadas a fomentar la cooperación entre sus agentes económicos y respectivas organizaciones representativas;

c) Facilitarán el desarrollo de nuevas formas de cooperación, tales como la creación de empresas mixtas, las inversiones cruzadas, la subcontratación, los contratos de gestión, la investigación, el intercambio de tecnologías y la producción conjunta de bienes;

d) Facilitarán información a los agentes económicos de las Partes sobre las oportunidades concretas de cooperación y desarrollo de las relaciones bilaterales;

e) Apoyarán a las organizaciones económicas y empresas de los dos Estados, en la concertación, entre ellas, de programas de largo plazo, protocolos y contratos;

f) Apoyarán la realización de acciones de formación con interés específico para la actividad económica, teniendo en cuenta la preparación técnica de empresarios, gestores y de mandos medios y superiores de las empresas.

Artículo 3°

Cooperación empresarial

Las Partes promoverán las iniciativas de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) radicadas en sus territorios, en particular las que tiendan a la simplificación de formalidades administrativas y la creación de empresas comunes para operar en terceros países.

Artículo 4°

Incentivos a la cooperación

1. Las Partes se comprometen a crear, en la medida de lo posible y de acuerdo con las respectivas legislaciones internas, condiciones favorables para el financiamiento de los proyectos a desarrollar al amparo del presente Acuerdo.

2. Cada una de las Partes facilitará, de acuerdo con su legislación interna, la instalación en su territorio, de oficinas que representen organizaciones económicas y empresas de la otra Parte.

Artículo 5°

Propiedad intelectual e industrial

Las Partes, en las áreas objeto de cooperación, asegurarán la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual, particularmente de los aspectos relacionados con el comercio, de acuerdo con las respectivas legislaciones internas y con las convenciones internacionales que las vinculen.

Artículo 6°

Cooperación fiscal

Las Partes harán esfuerzos para que sea concluida, entre ellas, una convención para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.

Artículo 7°

Comisión Mixta

1. Para la ejecución del presente Acuerdo, será creada una Comisión Mixta, de la que formarán parte representantes de las Partes, que se reunirá alternadamente en Uruguay y en Portugal, en fecha y lugar a acordar por vía diplomática.

2. La Comisión Mixta supervisará la cooperación económica entre las Partes, identificará las áreas de cooperación más relevantes y recomendará medidas concretas a aplicar.

3. La Comisión Mixta aprobará su reglamento interno.

Artículo 8°

Conformidad con convenciones multilaterales

Las convenciones multilaterales sobre la materia objeto del presente Acuerdo que vinculen a ambas Partes prevalecerán sobre las disposiciones de este Acuerdo.

Artículo 9°

Revisión

1. El presente Acuerdo puede ser objeto de revisión, a pedido de cualquiera de las Partes.

2. Las alteraciones entrarán en vigor en los términos previstos en el Artículo 11 del presente Acuerdo.

Artículo 10

Vigencia y denuncia

1. El presente Acuerdo permanecerá en vigor por un período de cinco años, renovable automáticamente por períodos sucesivos de un año.

2. Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación previa, por escrito y por vía diplomática, con una antelación mínima de seis meses con relación al término del período de vigencia en curso.

Artículo 11

Entrada en vigor

El presente Acuerdo entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha de la recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, de que fueron cumplidos los requisitos de derecho interno de las Partes, necesarios a tal efecto.

Artículo 12

Registro

La Parte en cuyo territorio el presente Acuerdo fuera firmado, lo someterá para su registro en la Secretaría de las Naciones Unidas inmediatamente después de su entrada en vigor, bajo los términos del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, debiendo igualmente notificar a la otra Parte de la conclusión de este procedimiento e indicar el número de registro asignado.

Hecho en Lisboa, el 20 de setiembre de 2007, en las lenguas portuguesa y castellana, haciendo ambos textos igualmente fe.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Internacionales

INFORME

Al Senado de la República:

La Comisión de Asuntos Internacionales somete a la consideración del Senado de la República el Proyecto de Ley, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo, a través del cual se propone la aprobación del Acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica, firmado en Lisboa el 20 de setiembre de 2007.

En el Mensaje remitido por el Poder Ejecutivo se señala que los fundamentos del Acuerdo se extraen de lo expresado en el Preámbulo y radican en la intensificación de las relaciones económicas entre las Partes, sobre una base de equidad y reciprocidad de ventajas que permitan un aprovechamiento completo de las posibilidades creadas por el desarrollo económico e industrial, y que propicien la mejoría del nivel y la calidad de vida de las respectivas poblaciones.

En cuanto a las fundamentaciones normativas, en el propio Preámbulo, se cita el Acuerdo-Marco Interregional de Cooperación entre la Unión Europea y el MERCOSUR, suscripto en Madrid en 1995, y el Acuerdo-Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Oriental del Uruguay, suscripto en Bruselas en 1991.

El Acuerdo consta demás de doce artículos.

Los artículos 1° y 2° establecen el objeto del Acuerdo, consistente en la promoción de la cooperación económica como factor de intensificación y diversificación de las relaciones bilaterales, y las formas de cooperación. En cuanto a estas últimas se señalan algunas modalidades a texto expreso, sin perjuicio de otras medidas que favorezcan el desarrollo de esa cooperación.

En tal sentido se señala que las Partes, de acuerdo con el Derecho aplicable:

a) Incentivarán la promoción de contactos entre sus instituciones públicas y privadas;

b) Apoyarán la realización de ferias comerciales, exposiciones y simposios;

c) Facilitarán el desarrollo de nuevas formas de cooperación;

d) Facilitarán información a los agentes económicos de las Partes sobre oportunidades concretas de cooperación y desarrollo de las relaciones bilaterales;

e) Apoyarán a organizaciones económicas y empresas de los dos Estados en la concertación de programas de largo plazo, protocolos y contratos;

f) Apoyarán la realización de acciones de formación para la actividad económica.

En el artículo 3° se establece una norma programática tendiente a la promoción de las iniciativas de las Pequeñas y Medianas empresas radicadas en los territorios de los Estados Parte, en particular aquéllas que apunten a la simplificación de formalidades administrativas.

El artículo 4° refiere a los incentivos y en el mismo se establece el compromiso de generar condiciones favorables para el financiamiento de lo proyectos a desarrollar al amparo del Acuerdo.

Por el artículo 5° se procura asegurar la protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual y, en el 6°, se asume el compromiso de hacer el esfuerzo entre las Partes a alcanzar una convención que evite la doble tributación y prevenga la evasión fiscal.

El artículo 7° crea el órgano encargado de ejecutar el Acuerdo, el que recibe el nombre de Comisión Mixta, y supervisará cooperación económica entre las Partes e identificará las áreas de cooperación más relevantes al tiempo de recomendar medidas concretas a aplicar.

En el artículo 8° se deja expresamente establecido que las convenciones multilaterales sobre la materia objeto del Acuerdo, que vinculen a ambas Partes, prevalecerán sobre las disposiciones de este último.

Por último, los artículos 9° a 11 refieren a aspectos formales tales como la posibilidad de revisar el Acuerdo, así como la vigencia, denuncia y entrada en vigor del mismo.

En síntesis, el Acuerdo que se somete a consideración de este Cuerpo implica, no solo un nuevo impulso a las relaciones comerciales entre Portugal y Uruguay, sino también a la reafirmación de las mismas entre los dos bloques a los que ambos países pertenecen, esto es la Unión Europea y el MERCOSUR.

Cabe recordar que al momento de la suscripción del Acuerdo los presidentes de Portugal y Uruguay, Tabaré Vázquez y Aníbal Cavaco Silva, ocupaban la presidencia rotativa de la Unión Europea y la presidencia pro témpore del MERCOSUR, respectivamente, y ambos mandatarios, en una rueda de prensa conjunta, abogaron por reforzar el diálogo político para lograr un convenio de asociación entre los dos bloques.

En función de lo expuesta esta Comisión manifiesta su opinión favorable en cuanto a la aprobación del proyecto de ley puesto a su consideración.

Sala de la Comisión, 11 de diciembre de 2008.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Danilo Astori, Juan José Bentancor, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, Julio María Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA N° 99

En Montevideo, el día once de diciembre de dos mil ocho, a la hora diecisiete y cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Danilo Astori, Juan José Bentancor, Alberto Couriel, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu y Jorge Larrañaga.

Preside el señor Senador Rafael Michelini, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión y el señor Jorge Fernández Rossi, Prosecretario.

ASUNTOS TRATADOS:

- Carpeta N° 1237/2008. ACUERDO ENTRE LA REPU-BLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y LA REPUBLICA PORTUGUESA SOBRE COOPERACION ECONOMICA. Men-saje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido N° 2726/2008).

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini quien lo hará en forma escrita.

- Carpeta N° 1246/2008. PROTOCOLO DE INTENCIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGAUY Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL EN EL AREA DE LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION Y PROMOCION DE LA IGUALDAD RACIAL. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido N° 2742/2008).

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Reinaldo Gargano quien lo hará en forma escrita.

- Carpeta N° 1319/2008. ACUERDO GENERAL DE COOPERACION ENTRE LA REPUBLICA DE MOZAMBIQUE Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. (Distribuido N° 2785/2008).

La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVA. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu, quien lo hará en forma escrita.

A la hora diecisiete y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman los señores Presidente y Secretario de Comisión.

Rafael Michelini Presidente

Vladimir De Bellis Martínez Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el señor Senador Michelini

SEÑOR MICHELINI.- Se trata de un acuerdo celebrado entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa que consta de 12 artículos y se basa en el Acuerdo Marco MERCOSUR-Unión Europea, suscripto en Madrid en 1995, que posteriormente generó el Acuerdo Marco de Cooperación entre la Comunidad Económica Europea y la República Oriental del Uruguay suscrito en Bruselas en 1991.

Los artículos 1º y 2º son los más importantes, pues hablan de la cooperación, particularmente de incentivar la promoción de contactos institucionales, de apoyar la realización de ferias comerciales, exposiciones y simposios, de facilitar el desarrollo de nuevas formas de cooperación, de facilitar información a los agentes económicos, de apoyar a las organizaciones económicas y empresas de los Estados parte, así como de apoyar la realización de acciones de formación con interés específico para la actividad económica.

El artículo 3º refiere a la cooperación empresarial con relación a las pequeñas y medianas empresas. El artículo 6º, que también es importante, habla de hacer esfuerzos para concluir una convención tendiente a evitar la doble tributación. Los últimos artículos son los que normalmente figuran en cualquier Acuerdo cuando son ratificados.

La Comisión de Asuntos Internacionales votó esta iniciativa por unanimidad y hoy propongo que se vote afirmativamente en el Senado.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Quería hacer una breve consideración sobre estos temas aunque, al parecer, hay que pasar muy rápidamente por los Acuerdos de Cooperación. En ese sentido, creo que nos estamos olvidando de algunos aspectos que deberíamos vincular con los acuerdos que estamos firmando, en particular este con la República de Portugal.

Aclaro que hemos acompañado el informe presentado por el Miembro Informante, pero queríamos hacer alguna precisión en cuanto a que aquí no se está hablando del impulso en las relaciones comerciales, porque ellas no tienen nada que ver en este tema, sino que se trata simplemente de la cooperación. Digo esto, señor Presidente, porque como se sabe el tema comercial está reducido al de las negociaciones que el bloque de la Unión Europea pueda realizar con el MERCOSUR, y cuando se produzcan.

Desde nuestro punto de vista uno de los fracasos más importantes que ha vivido el MERCOSUR en los últimos años de existencia fue, precisamente, no haber culminado un acuerdo con la Unión Europea. Además, no sé si todos los señores Senadores saben lo que está sucediendo. Por ejemplo, la Ronda de Doha acaba de fracasar y lo hará en forma estrepitosa. Esto quiere decir que se va a abrir la puerta a todos los países para poder desarrollar políticas proteccionistas sobre todo en el ámbito del sector agrícola. Todo lo que el Uruguay impulsó y quería impulsar se ve realmente afectado por este tema de carácter comercial, que es parte de la estrategia de nuestro país sobre todo en momentos en que la crisis internacional comienza a despertar el interés de los países desarrollados por profundizar políticas de proteccionismo.

Los Estados Unidos no acompañaron la finalización de esta Ronda. ¿Por qué lo vinculo con esto? Porque no sólo Portugal sino toda la Unión Europea es responsable de este fracaso de la Ronda Doha, como también lo son los Estados Unidos, porque más allá del cambio de su Gobierno y de todas las expectativas que está creando, en realidad hoy a los países desarrollados les queda la posibilidad de subir ocho, diez y hasta quince veces los aranceles de protección, porque no tienen el límite o porque el consolidado de la Organización Mundial del Comercio les permite tener el agua -como lo llaman en términos técnicos- para poder subir los aranceles. Esto queda libre hoy para los países desarrollados y también para los países en vías de desarrollo que han sido incluidos dentro de las cláusulas de salvaguardias que no han sido aprobadas debido al fracaso de la Ronda. Además, queda libre porque el Gobierno de los Estados Unidos, en particular, va a respaldar una política proteccionista en materia agrícola que va a tener importantes repercusiones a futuro en el ámbito de las negociaciones multilaterales. Este fracaso se debe, entre otras cosas, porque el Gobierno norteamericano no estaba en condiciones de poder culminar y ni siquiera de cumplir con el mandato del G-20 de Washington de hace pocos días, en el que se le pide a todos los países que terminen la Ronda antes de diciembre.

Creo que tenemos que traer estos temas, porque acá aprobamos Acuerdos de cooperación como si estuviéramos hablando simplemente de abrazos románticos entre Estados que tienen relaciones comerciales, que integran bloques y que, además, son responsables del proteccionismo y de muchas medidas que afectan nuestro acceso al mercado y en particular a nuestros productores y trabajadores rurales, que tendrán seguramente horas en sus jornadas laborales -como hemos votado- pero que, probablemente, tengan dificultades en la producción y en sus productos en virtud de estas políticas proteccionistas.

Creo que es bueno que reflexionemos sobre estos temas y sobre todo, porque el impulsar desde el punto de vista de nuestro bloque, del MERCOSUR, negociaciones con la Unión Europea, quizás es uno de los debe más importantes que tenemos.

Eso se debe a muchos temas pero, en particular, a determinados posicionamientos de los países grandes, que no han tenido la flexibilidad suficiente como para poder avanzar en sectores industriales porque quieren proteger sus industrias. Ello no permite a los países pequeños manejarse con asimetría y flexibilidad, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las características especiales de sus economías. Esto es muy importante porque hoy estamos enfrentados a una fractura del MERCOSUR en la reunión de Doha, que no se dio simplemente porque la ronda no se concretó. Se sabía que la Argentina iba a votar en forma distinta al Brasil y al MERCOSUR, rompiendo todo el bloque que teníamos designado y que se nos exige a los uruguayos para poder trabajar en conjunto. Cuando le conviene a los países grandes, cada uno toma por su lado; Argentina asume la conducta que le parece adecuada y Brasil, como siempre, tiene cierta distracción cuando sus intereses estratégicos no están en juego en última instancia.

Digo esto porque es la única oportunidad que tengo para reflexionar sobre el hecho de que estos acuerdos de cooperación son sólo saludos a la bandera que estamos haciendo, cuando lo que necesitamos es impulsar al Uruguay hacia acuerdos comerciales. En lugar de estar alineados como se ha estado durante un tiempo, hay que buscar la forma digna del reestablecimiento comercial para que nuestros trabajadores y productores puedan ser defendidos en el ámbito multilateral y regional. Parecería que estos acuerdos no tienen nada que ver, pero sí lo tienen porque son parte de la estrategia del país, que en muchos aspectos ha quedado por el camino.

Simplemente quería decir esto para demostrar que este tema no era de tan rápido y ágil tratamiento.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- No pensaba intervenir en la discusión pero, como leí el documento, me voy a referir a él.

Creo que debemos que reconocer que los grandes espacios económicos en el mundo -especialmente los más desarrollados- han puesto dificultades para que los menos desarrollados puedan hacer efectivo el principio de libre comercio. Esto explotó, no hay libre comercio; lo que hay es una punta de ladrones que han hecho volar la economía a través de la crisis financiera y del robo. Incluso hay uno que era el líder de la comercialización "brokers" que estafó US$ 40.000:000.000 o, según me acotan, US$ 70.000:000.000. Además, en los últimos treinta días han llevado -el señor Senador Lorier me proporcionó el documento- a más de quinientas mil personas a la desocupación en los países desarrollados.

Estoy de acuerdo en que va a haber dificultades y que se va a multiplicar el proteccionismo de los países desarrollados para, precisamente, proteger su trabajo, pero creo que nuestro país y América del Sur nunca han encontrado una forma mejor de defenderse que profundizando la unidad que tienen. Contamos con minerales, recursos energéticos, pesca y, sobre todo, agua y alimentos, que son fundamentales y de los que no se va a poder prescindir nunca. Tal vez se pueda prescindir de autos o de monitores de computadoras, pero de alimentos, no.

Es cierto que va a ser muy difícil conseguir que haya libertad de comercio porque nunca la hubo, a pesar de que siempre hemos trabajado para conseguirla. Los pasos que hemos dado han sido siempre junto con el MERCOSUR; solos, no somos nadie. Fue en 1991 que discutimos este tema y voté a conciencia la integración al MERCOSUR, creyendo que era un avance. Se nos dijo que iba a ser una maravilla, que se iba a acceder a un mercado de doscientas millones de personas y que se iban a solucionar todos los problemas, pero en realidad todos sabíamos que no iba a ser así. Se ha logrado acuerdo en cuanto al Arancel Externo Común en un 98%, pero es evidente que todavía falta un 2%. La libre circulación de los productos a través de la eliminación de la doble imposición también es difícil de lograr -porque hay que resolver los problemas del Paraguay- como también lo fue en los países de la Unión Europea.

Ahora bien, este proyecto establece cooperación en el ámbito del Acuerdo Marco con la Unión Europea, así como cooperación empresarial y mecanismos para la protección de la propiedad intelectual e industrial y cooperación en materia fiscal. A su vez, a través de una Comisión Mixta, establece mecanismos para llevar adelante las negociaciones. Es decir que no sólo se puede hacer un acuerdo global con la Unión Europea sino que además se puede avanzar en la negociación comercial bilateral. Eso es lo que queremos nosotros: acuerdos de libre comercio cuando haya efectiva y sincera igualdad, o acuerdos comerciales bilaterales, cuando se puedan hacer, porque creo que sería tonto decir que no los queremos hacer.

Vamos a votar afirmativamente este proyecto porque dice lo que acabo de mencionar, que es un avance respecto a lo que teníamos con relación a Portugal, donde podemos trabajar mucho y muy bien.

SEÑOR PRESIDENTE.- (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

"Artículo unico.- Apruébase el acuerdo entre la República Oriental del Uruguay y la República Portuguesa sobre Cooperación Económica, firmado en Lisboa, el 20 de septiembre de 2007".

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

21) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Solicito que se vote la moción que formulé en el sentido de que todos los puntos del Orden del Día de hoy que no fueron considerados, pasen para la sesión extraordinaria del día de mañana.

SEÑOR PRESIDENTE.- (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-15 en 18. Afirmativa.

22) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 14 y 22 minutos, presidiendo el señor Senador Arana y estando presentes los señores Senadores Abreu, Amaro, Antía, Baráibar, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gargano, Lorier, Michelini, Oliver, Percovich, Saravia, Tajam, Topolansky y Xavier.)

SEÑOR JOSE MUJICA Presidente en Ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.