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Nº 256 - TOMO 459 - 19 DE NOVIEMBRE DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

60ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR SENADOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Auntos entrados

4 y 9) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por el señor Presidente del Cuerpo y los señores Senadores Cid y Lapaz.

- Notas de desistimiento. Las presentan, habiéndose votado oportunamente la licencia del señor Senador Julio Lara Gilene, el señor Jorge Romero y en virtud del pasaje del señor Senador Mujica a la Presidencia del Senado por el día 20 del corriente, la señora Nora Castro y los señores Eduardo Muguruza, Saúl Posada, Carlos Gamou y Luis Rosadilla informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo.

5 y 7) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar a varios Fiscales Letrados

- Concedidas.

6) Institución Nacional de Derechos Humanos

- Proyecto de ley por el que se procede a su creación y se establecen normas para su funcionamiento.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

8) Código Aeronáutico

- Proyecto de ley por el que se modifican los artículos 4º, 5º, 198 y 205.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

10) Misión de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH)

- Proyecto de ley por el que se prorroga el plazo de permanencia fuera del país de nuestros efectivos.

- Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Libro sobre energía

- Manifestaciones del señor Senador Campanella.

12) Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, concedió la venia solicitada por el Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

13) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 18 de noviembre de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, mañana miércoles 19 de noviembre, a la hora 9 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos y se establecen normas para su funcionamiento.

Carp. Nº 731/06 - Rep. Nº 944/08

2) por el que se modifican los artículos 4º, 5º, 198 y 205 del Código Aeronáutico, aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974.

Carp. Nº 690/06 - Rep. Nº 943/08

3) por el que se prorroga el plazo de permanencia de los efectivos pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas en la Misión de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH).

Carp. Nº 1366/08 - Rep. Nº 941/08

4) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública, del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. (Plazo Constitucional vence el 7 de enero de 2009).

Carp. Nº 1348/08 - Rep. Nº 945/08

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, del Centro Departamental de Tacuarembó. (Plazo Constitucional vence el 7 de enero de 2009).

Carp. Nº 1349/08 - Rep. Nº 946/08

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, de la Dirección General de la Salud. (Plazo Constitucional vence el 7 de enero de 2009).

Carp. Nº 1350/08 - Rep. Nº 947/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

Asisten: los señores Senadores Amaro, Antía, Antogna-zza, Astori, Bentancor, Campanella, Da Rosa, Dalmás, Domínguez, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Heber, Long, Michelini, Moreira, Mujica, Penadés, Percovich, Ríos, Tajam, Topolansky, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Abreu, Arana, Cid, Couriel, Lapaz, Lara Gilene, Sanguinetti y Saravia; y con aviso los señores Senadores Alfie, Camy, Larrañaga, Lorier y Opertti.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 46 minutos)

-Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensajes por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se establecen disposiciones relacionadas con la creación de seguros obligatorios que cubran daños que sufran terceras personas, como consecuencia de accidentes causados por vehículos automotores.

- por el que se designa ‘Maestra Micaela Drovandi’ el Liceo de José Enrique Rodó, departamento de Soriano, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Profesor Homero Macedo Gorosito’ el Liceo Nº 3 de la ciudad capital del departamento de Treinta y Tres, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Alejandría’ la Escuela Nº 161 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa ‘Don Albérico Passadore’ la Escuela Técnica de Colón del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional.

- por el que se designa ‘España’ la Escuela Nº 95, de la ciudad de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE."

4) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiéndose votado oportunamente la licencia del señor Senador Julio Lara Gilene, se comunica al Cuerpo que el señor Jorge Romero ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Walter Campanella, a quien se invita a pasar a Sala.

Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia los días 19 y 20 de noviembre de 2008."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 19 de noviembre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Sr. Presidente se me conceda licencia al Cuerpo los días 19 y 20 de noviembre, con motivo de asistir a la reunión conjunta de las Comisiones de Energía, Minería y Medio Ambiente del Parlamento Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Brasilia.

Solicito se cite al suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda muy atentamente,

Alberto Cid. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 16. Afirmativa.

Queda convocado el señor Milton Antognazza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lapaz solicita licencia los días 19, 20 y 25 de noviembre de 2008."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, noviembre 18 de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

De conformidad con el literal C del artículo 1º de la Ley Nº 17.827, solicito licencia los días miércoles 19, jueves 20 y martes 25 de noviembre de 2008, con motivo de viajar en misión oficial a la ciudad de México, D.F., para participar en el Foro Globe de Legisladores de las Américas.

Sin otro particular saluda a usted atte.

Gustavo J. Lapaz. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Presidente del Senado solicita licencia el día 20 de noviembre de 2008."

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 19 de noviembre de 2008.

Arq. Hugo Rodríguez Filippini

Secretario del Senado

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente le solicito al Senado me conceda licencia por razones personales por el día 20 de noviembre.

Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,

Rodolfo Nin Novoa. Presidente."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

5) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR A VARIOS FISCALES LETRADOS

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: solicito que se declare la urgencia del tratamiento de las carpetas

Nº 1384/08 y Nº 1386/08, provenientes de la Comisión de Asuntos Administrativos, referentes a designaciones de Fiscales Letrados y, además, que dichas carpetas se repartan.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción de la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-14 en 16. Afirmativa.

Procédase a su distribución.

6) INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos y se establecen normas para su funcionamiento. (Carp. Nº 731/06 - Rep. Nº 944/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 731/06

Rep. N° 944/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

CAPITULO I

CREACION

Artículo 1°. (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

Artículo 2°. (Autonomía).- La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pu-diendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.

CAPITULO II

COMPETENCIA

Artículo 3°. (Efectos de las resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrá modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales.

Artículo 4°. (Competencia).- La INDDHH será competente para:

a) Proponer la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales relacionados con derechos humanos.

b) Proponer la denuncia de tratados internacionales que a juicio de la INDDHH sean violatorios de los derechos humanos.

c) Promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales, se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos en los que el Estado sea parte.

d) Emitir opiniones y recomendaciones sobre los informes que el Estado se proponga presentar o que hubiere presentado a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados internacionales relacionados con derechos humanos y sobre las observaciones que dichos órganos internacionales de contralor hubieran emitido respecto de los informes del Estado.

e) Colaborar con las autoridades competentes en los informes que el Estado deba presentar a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.

f) Realizar, con el alcance y extensión que considere pertinente, estudios e informes sobre la situación nacional, departamental o zonal, relacionados con los derechos humanos; sobre derechos humanos especialmente considerados y sobre cuestiones específicas relacionados con los derechos humanos.

g) Recomendar y proponer la adopción, supresión o modificación de prácticas institucionales, prácticas o medidas administrativas y criterios utilizados para el dictado de actos administrativos o resoluciones, que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

h) Emitir opiniones, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o propuestas de reformas constitucionales relacionados con los derechos humanos.

i) Recomendar a las autoridades competentes, la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

j) Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley.

k) Proponer a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que haya constatado, establecer el plazo en el cual deberán ser cumplidas y sugerir las medidas reparatorias que estime adecuadas, sin perjuicio de realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones similares o semejantes.

l) Proponer a las autoridades competentes, en el curso de una investigación que está realizando de oficio o a denuncia de parte, la adopción de las medidas provisionales de carácter urgente que considere pertinentes para que cese la presunta violación de los derechos humanos, impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

m) Cooperar, para la promoción y protección de los derechos humanos, con los órganos internacionales encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado; con instituciones u organizaciones internacionales regionales o instituciones nacionales, que sean competentes en la promoción y protección de los derechos humanos.

n) Colaborar con las autoridades competentes en la educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza y especialmente, colaborar con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura en los programas generales y especiales de formación y capacitación en derechos humanos destinados a los funcionarios públicos, particularmente en los previstos en el artículo 30 de la Ley N° 18.026, de 26 de setiembre de 2006.

o) Informar y difundir de la forma más amplia posible, a la opinión pública, los derechos humanos, las normas nacionales e internacionales que los regulan y los mecanismos de protección nacional e internacional.

Artículo 5°. (Alcance).- La competencia de la INDDHH, con las excepciones que expresamente se establecen, se extiende a todos los Poderes y organismos públicos cualesquiera sea su naturaleza jurídica y función, sea que actúen en el territorio nacional o en el extranjero.

Quedan comprendidas en la competencia de la INDDHH las entidades paraestatales, sociedades de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas que presten servicios públicos o sociales.

La competencia de la INDDHH en relación con personas privadas se entenderá con los organismos públicos de su contralor y supervisión, conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley.

Artículo 6°. (Inhibición).- La INDDHH no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo. En caso de denuncias, procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de esta. Sin perjuicio, la INDDHH tendrá competencia para efectuar propuestas sobre aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones en relación con la función administrativa de los organismos con función jurisdiccional y su organización.

Artículo 7°. (Impugnabilidad).- Las resoluciones de la INDDHH que correspondan al ámbito de las competencias establecido en el artículo 4° de esta ley, deberán ser fundadas y no admitirán recurso; los demás actos administrativos podrán ser impugnados con los recursos y acciones previstos en la Constitución de la República.

Artículo 8°. (Difusión pública de resoluciones).- Cuando la INDDHH emita recomendaciones, opiniones o propuestas sin haber mediado solicitud previa de los organismos involucrados en las mismas y considere que no se verifican situaciones graves o urgentes a resolver, dichas recomendaciones, opiniones o propuestas se comunicarán a las autoridades u organismos involucrados sin que la INDDHH le de difusión pública durante el plazo que ésta determine para cada caso.

Lo dispuesto precedentemente no aplicará ante supuestos de denuncias que se regularán por el procedimiento correspondiente, ni cuando la INDDHH sesione en Asamblea Nacional de Derechos Humanos o cuando se trate de brindar informes anuales o especiales a la Asamblea General.

Artículo 9°. (Principio de buena fe).- La INDDHH y sus miembros deberán actuar de buena fe. La violación del principio de buena fe implicará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Los miembros de la INDDHH estarán impedidos de emitir en forma pública y a título personal, opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la INDDHH sin expresa autorización previa de la INDDHH. La prohibición no aplicará respecto de casos en que la INDDHH hubiere adoptado resoluciones que sean públicas, cuando la INDDHH funcione en régimen de Asamblea Nacional de Derechos Humanos o en el supuesto previsto en el inciso tercero del artículo 68 de esta ley.

La violación de la prohibición establecida en el inciso precedente se considerará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Artículo 10. (Coordinación).- El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se establezcan en el futuro, coordinarán sus funciones con las de la INDDHH y para el caso en que reciban denuncias sobre violaciones de los derechos humanos las comunicarán a la INDDHH.

CAPITULO III

PROCEDIMIENTO DE DENUNCIAS

Artículo 11. (Legitimación activa).- Las denuncias de parte por presuntas violaciones a los derechos humanos, podrán formularse a la INDDHH por cualquier persona física o jurídica, sin limitación alguna, incluidos los órganos estatales. Especialmente, podrán formular denuncias a la INDDHH, las Comisiones Parlamentarias, las respectivas Cámaras legislativas, la Asamblea General y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

No constituirá impedimento para formular denuncias, la minoría de edad, la discapacidad intelectual, la nacionalidad o la vinculación jerárquica o funcional con el Estado en cualquiera de sus dependencias.

Artículo 12. (Reserva).- Se le garantizará al denunciante la reserva de su identidad excepto cuando exista dispensa expresa del denunciante, requerimiento judicial o corresponda que la INDDHH ponga en conocimiento de la justicia la violación de los derechos humanos involucrados.

Artículo 13. (Forma y requisitos).- La presentación de las denuncias a la INDDHH se podrá hacer por escrito fundado y firmado sin otras formalidades especiales, debiendo contener los datos de nombre y domicilio del denunciante, o bien en forma oral en las oficinas de la INDDHH; en este último caso el funcionario que la reciba labrará un acta con la constancia de nombre y domicilio la que será firmada por el denunciante y el receptor. Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, se dejará constancia de ello en el acta respectiva. En defecto del domicilio del denunciante, se consignará el lugar donde pueda ser contactado o ubicado.

Cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos o el denunciante no pueda trasladarse por cualquier razón, las denuncias podrán dirigirse a la INDDHH por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de ser ratificadas por el denunciante de conformidad a lo previsto en el artículo precedente.

No se admitirán denuncias anónimas, sin perjuicio de las facultades de la INDDHH para proceder de oficio.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

La INDDHH recibirá las denuncias cualquiera fuera la hora de su presentación, aún fuera de horarios de oficinas o en días inhábiles.

Artículo 14. (Plazo).- El plazo para la presentación de las denuncias o para la actuación de oficio, será de seis meses contado a partir de haberse tomado conocimiento de los actos o hechos que la motivan.

En casos debidamente fundados y cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, dicho plazo podrá ser ampliado por la INDDHH.

Cuando se trate de violaciones a los derechos humanos que puedan ser consideradas genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no existirá limitación de plazo para la presentación de las denuncias.

Artículo 15. (Protección de la comunicación).- Queda prohibida la detención, demora, registro, examen, intercepción, censura, violación, alteración o destrucción de cualquier comunicación de o hacia la INDDHH. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conservaciones personales, telefónicas o de cualquier otro tipo, entre la INDDHH y las personas.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 del Código Penal y demás normas concordantes y complementarias.

Artículo 16. (Efectos de la presentación de denuncias).- La presentación de una denuncia ante la INDDHH no será obstativa para el ejercicio de las demás vías legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición del denunciante.

La presentación de denuncias ante la INDDHH no suspenderá, ni interrumpirá los términos de prescripción o caducidad de plazos para el ejercicio de las demás acciones legales correspondientes. Tales circunstancias deberán ser puestas en conocimiento del denunciante.

Artículo 17. (Rechazo de denuncias).- La INDDHH rechazará sin más trámite la denuncia cuando la misma fuera presentada fuera de los plazos previstos en el inciso primero del artículo 14 de esta ley, o sea notoriamente improcedente por incompetencia, inadmisibilidad manifiesta, falta de fundamentos o evidente mala fe.

Artículo 18. (Formalidades del rechazo).- La INDDHH notificará de inmediato al denunciante la resolución que rechaza la denuncia o las limitaciones para su intervención ante el supuesto previsto en el artículo precedente y le brindará información para que acuda ante los organismos correspondientes la cual se consignará en la resolución.

En el caso de que la denuncia sea rechazada por falta de fundamentos, la INDDHH otorgará al denunciante un plazo razonable para su fundamentación.

Artículo 19. (Casos en trámite).- Cuando la denuncia refiera a hechos que estén en trámite de resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH no intervendrá en el caso concreto, pero ello no impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en la denuncia. La INDDHH velará porque los órganos con función jurisdiccional, el Contencioso Administrativo o la Administración, en su caso, resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las demandas, denuncias o recursos que hayan sido formuladas o interpuestas.

Artículo 20. (Sustanciación).- Admitida la denuncia, la INDDHH realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservada, tendiente a esclarecer los hechos denunciados.

Cuando la INDDHH resuelva actuar de oficio ante presuntas violaciones de los derechos humanos, procederá de acuerdo a las normas previstas en este capítulo en cuanto sean de aplicación.

La INDDHH labrará acta de todas sus actuaciones cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 21. (Relacionamiento con el organismo denunciado).- En todos los casos, la INDDHH se pondrá en contacto en un plazo máximo de cinco días hábiles con las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia. La INDDHH estará facultada además, si lo estima pertinente, para comunicarse e informar el motivo de su intervención a las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, quienes con asistencia letrada obligatoria, podrán efectuar descargos, aportar pruebas y articular defensas. Las autoridades del organismo al cual pertenezcan las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, no podrán prohibir a los funcionarios denunciados o involucrados, responder o entrevistarse con la INDDHH.

Las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia, deberán informar por escrito a la INDDHH sobre la materia objeto de la investigación, proporcionando fundamentos, motivaciones y demás elementos relacionados con el asunto, remitiendo, además, copia de todos los antecedentes. Asimismo, podrá informar a la INDDHH sobre las medidas correctivas que se proponga adoptar en relación con la violación de los derechos humanos denunciada.

El plazo para informar será determinado por la INDDHH en función de la gravedad de los hechos, pudiendo conceder prórrogas cuando exista fundamento razonable para las mismas; dicho plazo, incluidas las prórrogas, nunca excederá de treinta días hábiles.

Artículo 22. (Respuesta al denunciante).- La INDDHH comunicará al denunciante las respuestas que diere el organismo o entidad involucrado en la denuncia. El denunciante estará facultado a realizar las observaciones que convengan a su interés.

Artículo 23. (Negativa de colaboración).- La negativa a presentar el informe o su omisión, podrá ser considerada por la INDDHH como una obstrucción en el cumplimiento de sus funciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, la INDDHH podrá dar la más amplia publicidad al hecho con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud. El incumplimiento será incluido en el Informe Anual o Especial, independientemente de que la INDDHH prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuadas.

Artículo 24. (Medidas provisionales urgentes).- En cualquier instancia del trámite, la INDDHH podrá proponer a los organismos o entidades involucrados en la denuncia, la adopción de medidas provisionales de carácter urgente con el fin de que cese la presunta violación a los derechos humanos objeto de la investigación, impedir la consumación de perjuicios o el incremento de los ya generados o el cese de los mismos. Si la autoridad respectiva omitiera adoptar las medidas de urgencia recomendadas, la INDDHH podrá proceder de conformidad a lo previsto en el artículo anterior. Sin perjuicio, la INDDHH estará facultada, en cualquier momento, para recurrir ante el Poder Judicial a efectos de solicitar las medidas cautelares que entienda del caso, interponer recursos de amparo o de habeas corpus.

Artículo 25. (Medidas definitivas).- Finalizada la investigación, si existiera mérito, la INDDHH propondrá a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que hubiere constatado y establecerá el plazo en el cual deberán ser cumplidas, sugiriendo las medidas reparatorias que estime adecuadas.

Artículo 26. (Alcance de recomendaciones y propuestas).- Las recomendaciones y propuestas de la INDDHH se referirán al objeto concreto de la denuncia, pero, además, la INDDHH podrá realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones iguales o semejantes a las que motivaron la denuncia.

Artículo 27. (Archivo de las actuaciones).- En caso de no existir mérito para la denuncia, se procederá a su archivo, comunicándolo al denunciante, a las autoridades respectivas y a los funcionarios denunciados o involucrados en la denuncia si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Si en el curso de la investigación se lograra una solución satisfactoria por la cual el organismo o entidad involucrado se obliga a adoptar medidas que a juicio de la INDDHH puedan subsanar la violación de los derechos humanos denunciada, se consignará en acta por escrito y la INDDHH archivará las actuaciones, sin perjuicio de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas. En ningún caso el acuerdo será obstativo para la reapertura de la investigación por incumplimiento o por reiteración de los hechos denunciados. El acuerdo se comunicará al denunciante y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Artículo 28. (Publicidad de los incumplimientos).- Si las autoridades respectivas incumplen las obligaciones que habían asumido, no aceptan las propuestas de la INDDHH o incumplen total o parcialmente su implementación en los plazos establecidos, la INDDHH dará la más amplia difusión pública al texto de las recomendaciones efectuadas y sus antecedentes, o, en su caso, a las obligaciones que las autoridades habian asumido, todo con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud y sin perjuicio de su inclusión en el Informe Anual o, en su caso, en el Informe Especial que resuelva presentar.

Artículo 29. (Relación con personas no estatales).- Si las denuncias se relacionaran con servicios prestados por personas públicas no estatales o por personas privadas, las actuaciones y las recomendaciones se entenderán con las autoridades competentes para su contralor y supervisión, a quienes la INDDHH podrá instar el ejercicio de las fa-cultades de inspección y sanción que pudieran corresponder.

Artículo 30. (Denuncia penal).- Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o en virtud de sus investigaciones, la INDDHH considere que se verificaría un supuesto presumiblemente delictivo, lo deberá poner en conocimiento de la justicia competente.

Artículo 31. (Suspensión de la intervención).- Cuando estando en curso la investigación de una denuncia, el caso se someta a resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH suspenderá su intervención en el asunto comunicándoselo al denunciante, al organismo o entidad denunciado o involucrado en la denuncia y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones. Sin perjuicio, la INDDHH proseguirá la investigación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 19 de esta ley.

Artículo 32. (Criterio para adoptar resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH se adoptarán en base a elementos de convicción suficientes considerando la totalidad de los elementos probatorios del caso.

Artículo 33. (Registro estadístico).- La INDDHH llevará un registro estadístico de todas las denuncias que reciba, los casos en que intervenga de oficio y las resoluciones que adopte.

Artículo 34. (Protección a los denunciantes).- Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado a la INDDHH cualquier información, resulte verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

CAPITULO IV

FACULTADES

Artículo 35. (Facultades).- En ejercicio de sus funciones, la INDDHH tiene facultades para:

a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitada a registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes.

b) Entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documento, realizar interrogatorios o cualquier otro procedimiento razonable, todo ello sin sujeción a las normas de procedimiento que rigen la producción de la prueba siempre que no afecte los derechos esenciales de las personas.

c) Entrevistarse con cualquier persona y solicitarle el aporte de informes o documentación que fuere necesaria para dilucidar el asunto en el cual intervenga y realizar todas las demás acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.

d) Solicitar, ante quien corresponda, la adopción de cualquier medida cautelar con el fin de impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

e) Presentar denuncias penales e interponer recursos de habeas corpus o amparo, sin perjuicio de solicitar otras medidas judiciales cautelares que considere pertinentes.

f) Ingresar, con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación.

g) Mantener contacto y suscribir acuerdos de cooperación con comités u organismos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos, organizaciones académicas, organizaciones sociales y con expertos independientes, todo para el mejor ejercicio de sus funciones.

h) Suscribir convenios con las Juntas Departamentales, Juntas Locales o con las Intendencias Departamentales en todo lo que sea necesario para el mejor desempeño de sus funciones.

i) Adoptar e interpretar las resoluciones y reglamentos que entienda pertinentes para el mejor funcionamiento interno de la INDDHH.

CAPITULO V

ESTRUCTURA DE LA INDDHH

Artículo 36. (Composición).- La INDDHH será un órgano que se integrará con cinco miembros procurando asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación.

Artículo 37. (Sistema de elección).- Los miembros de la INDDHH serán elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General especialmente convocada al efecto. Si no se obtuviera ese número de sufragios en dos votaciones sucesivas, se citará a la Asamblea General a una nueva sesión dentro de los veinte días corridos siguientes, en la cuál los miembros de la INDDHH serán electos por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, pudiendo celebrarse hasta dos votaciones sucesivas.

A los efectos de la votación:

a) se marcará claramente, en la nómina de los candidatos habilitados, aquellos por quienes se vota, hasta el número de cargos que deban elegirse;

b) será obligatorio, al marcar candidatos en la nómina, respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Serán nulos los votos que se emitan en contravención con lo dispuesto en el inciso precedente.

Si realizado el escrutinio aún restan para elegir miembros de la INDDHH, se procederá de acuerdo al inciso primero para los pendientes, eliminándose los candidatos que no hubieran superado un quinto del total de votos de componentes de la Asamblea General. Sin perjuicio, se mantendrán para la votación sucesiva, por lo menos, los diez candidatos más votados, no rigiendo a su respecto la eliminación prevista en el inciso precedente.

Artículo 38. (Elección de la totalidad de cargos).- No se admitirá la elección parcial. Resultarán electos como miembros de la INDDHH los candidatos que hubieren recibido el número de votos requerido según la votación que se trate, siempre y cuando se hubieren obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles.

Si finalizado el proceso de elección, no se hubiesen obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles aunque algún candidato hubiere obtenido el número de votos requerido, no resultará electo ningún miembro para la INDDHH, debiendo procederse de conformidad a lo previsto en el artículo 44 de esta ley.

Artículo 39. (Proposición de candidatos).- Podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos.

Los candidatos deberán aceptar por escrito su postulación, declarando si tienen o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. Para el caso en que si tuvieran incompatibilidades, las detallarán y manifestarán su voluntad de hacerlas cesar si resultan electos.

Los mismos podrán ser propuestos hasta veinte días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 40. (Comisión especial).- Para la elección de los miembros de la INDDHH, la Asamblea General designará una Comisión Especial con integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

La Comisión Especial recibirá la postulación de candidatos y eliminará los que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 45. Las resoluciones en la Comisión se adoptarán en mayoría de votos de sus miembros y no serán susceptibles de recurso alguno.

Dicha Comisión podrá recibir a los postulantes y oir sus propuestas para el funcionamiento de la INDDHH.

Asimismo, esta Comisión elaborará la nómina de candidatos habilitados, la que será comunicada a la Presidencia de la Asamblea General, hasta cinco días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 41. (Duración del mandato).- Los miembros de la INDDHH serán elegidos para un período de cinco años y podrán ser reelectos para el inmediato sucesivo.

Si hubiesen sido reelectos de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, para volver a ser miembro de la INDDHH se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

En ocasión de la renovación de los miembros de la INDDHH, se procurará que algunos sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH.

Artículo 42. (Oportunidad de la elección).- La elección de los miembros del la INDDHH se llevará a cabo dentro de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura.

Cuando sea necesario llenar una vacante, la elección se llevará a cabo dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes a la fecha en que se haya producido, salvo que la misma se haya verificado en el período de seis meses previo a la fecha de la elección ordinaria, en cuyo caso se resolverá en ésta.

El miembro que resulte electo para cubrir una vacante, lo será hasta finalizar el período quinquenal que estuviese corriendo. Si el lapso fuese menor a la mitad del período no será impedimento para la posterior elección y reelección sucesiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.

Artículo 43. (Posesión de cargos).- Los miembros de la INDDHH asumirán funciones dentro de los cuarenta y cinco días corridos posteriores a su elección. Los que terminan su mandato continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos.

Artículo 44. (Segunda elección).- Si no hubiesen sido elegidos los nuevos miembros de la INDDHH o cubierto una vacante por no haberse obtenido las mayorías requeridas y sin perjuicio de que los miembros de la INDDHH que terminan su mandato continúen en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos, el proceso de elección recomenzará conforme a lo previsto en los artículos 37 a 40 de esta ley, transcurridos cuarenta y cinco días corridos desde la finalización del proceso de elección que le haya precedido.

Artículo 45. (Requisitos para ser miembro de la INDDHH).- Los miembros de la INDDHH deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser personas de alta autoridad moral.

b) Contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos.

c) Ser ciudadanos uruguayos, naturales o legales. En este último caso, deberán tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

d) Estar en el pleno goce de los derechos cívicos.

e) No haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante dos años anterior a su designación. Exceptúense los cargos electivos de la Universidad de la República.

Artículo 46. (Incompatibilidades).- El cargo de miembro de la INDDHH es incompatible con:

a) El ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la INDDHH.

b) El ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia de INDDHH.

c) El ejercicio de funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares.

d) La actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto.

Artículo 47. (Cese de incompatibilidades).- Si la persona designada como miembro de la INDDHH estuviera afectada por alguna de las incompatibilidades referidas en el artículo precedente, no podrá tomar posesión del cargo hasta tanto haga cesar la actividad que determina la incompatibilidad.

Si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En caso de que durante la vigencia del mandato del miembro de la INDDHH surgieren incompatibilidades supervinientes, deberá renunciar al cargo o hacer cesar la incompatibilidad en el plazo de diez días hábiles durante el cual se abstendrá de participar en la INDDHH.

Artículo 48. (Decisión sobre incompatibilidades).- En caso de que no se procediera de acuerdo a lo previsto en el inciso final del artículo precedente, la INDDHH con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad, sin perjuicio de las facultades de destitución de la Asamblea General.

La INDDHH antes de tomar una decisión, oirá al miembro al que se le atribuye la incompatibilidad.

La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus antecedentes, será remitida al Presidente de la Asamblea General a los efectos previstos en el literal f) del artículo 52 de esta ley.

Artículo 49. (Declaración jurada).- Los miembros de la INDDHH quien ejerza la dirección de la Unidad Técnica-Administrativa y los funcionarios rentados de carácter no administrativo de la INDDHH, deberán presentar declaraciones juradas de bienes en los términos requeridos por la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 50. (Inhibición posterior al cese).- Los miembros de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política, ser candidatos a cargos públicos electivos o asesores de personas que hubieran estado involucradas en denuncias ante la INDDHH, como denunciantes o denunciados.

Artículo 51. (Actuación independiente).- Los miembros de la INDDHH no estarán sujetos a mandato imperativo, ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

Artículo 52. (Cese del cargo).- El cargo de miembro de la INDDHH cesará por:

a) Expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de los casos en que se extienda hasta que asuma un nuevo miembro.

b) Fallecimiento.

c) Incapacidad superviniente.

d) Renuncia aceptada.

e) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso; durante el procesamiento quedará automáticamente suspendido en sus funciones.

f) Destitución por el mismo número de votos por los que fueron electos, en sesión especial de la Asamblea General convocada al efecto, procediendo la misma en los siguientes casos:

(i) Por asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura.

(ii) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

(iii) Por haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo.

(iv) Por incompatibilidad superviniente en caso de que no hubiera presentado renuncia o dejado sin efecto la misma.

En caso de renuncia la misma deberá presentarse a la INDDHH quien, de aceptarla, la comunicará a la Presidencia de la Asamblea General.

En cualquiera de las hipótesis de cese se procederá a designar un sustituto de conformidad al procedimiento previsto para cubrir vacantes y hasta tanto no se produzca la designación, la INDDHH funcionará con el número de miembros restante.

Artículo 53. (Remuneración).- La remuneración del miembro de la INDDHH será igual a la establecida para los Subsecretarios de Estado.

Artículo 54. (Presidencia de la INDDHH).- La INDDHH designará de entre sus miembros, por mayoría absoluta de votos, al Presidente de la INDDHH quien tendrá las funciones señaladas en esta ley y en el Reglamento de la INDDHH.

Si para la elección resultare necesario efectuar más de una votación, se eliminarán sucesivamente los nombres que reciban menor número de votos.

El Presidente de la INDDHH durará en sus funciones un año y su cargo será de rotación obligatoria entre los miembros de la INDDHH.

Si el Presidente renunciare al cargo o dejare de ser miembro de la INDDHH, ésta elegirá en la primera sesión que celebre con posterioridad a la fecha de la renuncia o vacancia, a un sucesor para desempeñar el cargo, por el tiempo que reste de mandato. Si dicho período fuese inferior a tres meses, podrá ser releecto para el período ordinario sucesivo.

Artículo 55. (Atribuciones del Presidente).- Son atribuciones del Presidente de la INDDHH:

a) Representar a la INDDHH.

b) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la INDDHH, de conformidad con la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

c) Dirigir las sesiones de la INDDHH someter a su consideración las materias que figuren en el Orden del Día, conceder el uso de la palabra y decidir las cuestiones de orden que se susciten durante las sesiones de la INDDHH.

d) Hacer cumplir las decisiones de la INDDHH.

e) Ejercer cualquiera otras funciones que le sean conferidas por esta ley o por el Reglamento de la INDDHH.

CAPITULO VI

FUNCIONAMIENTO DE LA INDDHH

Artículo 56. (Sesiones Ordinarias).- La INDDHH se reunirá en sesiones ordinarias las veces que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, conforme al Reglamento que la propia INDDHH adopte por mayoría absoluta de votos. Las reuniones serán privadas, a menos que la INDDHH determine lo contrario.

Artículo 57. (Quórum para sesionar).- Para constituir quórum para sesionar será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la INDDHH.

Artículo 58. (Quórum para adoptar resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH se adoptarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, con excepción del supuesto previsto en el inciso tercero del artículo 68 de la presente ley, o de los casos en que la presente ley exija mayoría absoluta.

Artículo 59. (Actas).- De toda sesión se levantará un acta resumida en la que constará día y hora en que la misma se celebró, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, los nombres de los que votaron a favor y en contra y cualquier declaración especialmente hecha para que conste en acta.

Artículo 60. (Voto fundado).- Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar el fundamento de su voto por escrito, el cual deberá incluirse a continuación de la resolución. Si la decisión versare sobre un informe, propuesta o recomendación, se incluirá a continuación de dicho informe, propuesta o recomendación. Cuando la decisión no conste en un documento separado, se transcribirá en el acta de la sesión, a continuación de la decisión de que se trate.

Artículo 61. (Excusación).- Los miembros de la INDDHH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de una denuncia sometida a consideración de la INDDHH en el caso en que tuvieran un interés particular en el asunto o que previamente hubieran participado o actuado como asesores o representantes del denunciante o del organismo o institución involucrada en la denuncia o hubieran ocupado un cargo jerárquico en el mismo. Cualquier miembro de la INDDHH podrá solicitar la inhibición de otro miembro. La INDDHH decidirá si es procedente la inhibición.

Artículo 62. (Sesiones Extraordinarias - Asamblea Nacional de Derechos Humanos).- La INDDHH estará facultada, en cualquier momento, para convocar períodos de sesiones extraordinarias y públicas de la INDDHH, en las cuales participarán con voz, pero sin derecho a voto, las organizaciones sociales y organismos gubernamentales, en la forma y condiciones que determina la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

Los períodos de sesiones extraordinarias de la INDDHH se denominarán "Asamblea Nacional de Derechos Humanos".

Artículo 63. (Periodicidad de Sesiones Extraordinarias).- La INDDHH celebrará, por lo menos, un período de sesiones extraordinarias en el año. Sin perjuicio, estará además obligada a convocar a otro período de sesiones extraordinarias en el año, cuando así se lo solicite por escrito, con indicación del temario a tratar, una mayoría superior al veinte por ciento del total de las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

El derecho de las organizaciones sociales a solicitar la convocatoria de un período de sesiones extraordinaria de la INDDHH sólo podrá ejercerse una vez, por año y transcurrido el primer año de funcionamiento de la INDDHH.

Artículo 64. (Organizaciones sociales).- Estarán habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH:

a) Las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una organización internacional con estatuto consultivo ante organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos o del MERCOSUR.

b) Las organizaciones sociales nacionales, excluidos los partidos políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos:

(i) reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de competencia, especialmente aquellas cuya finalidad sea de defensa y promoción de los derechos humanos;

(ii) sin finalidad de lucro, no siendo indispensable la personería jurídica;

(iii) no estén comprendidas en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 80 numeral 6 de la Constitución de la República.

c) Sin perjuicio, podrán igualmente participar aquellas organizaciones sociales que sin contar con alguno de los requisitos enunciados en los numerales (i) y (ii) del literal precedente, sean especialmente autorizadas por la INDDHH; su participación se limitará a los términos que disponga la INDDHH.

Las organizaciones sociales que deseen participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH deberán registrarse ante la INDDHH de la forma y con la antelación que establezca el Reglamento de la INDDHH.

La INDDHH podrá denegar en forma fundada y por mayoría absoluta de votos, la participación de una organización social que hubiere solicitado su registro.

Artículo 65. (Organismos gubernamentales y otras entidades).- Todos los organismos y entidades objeto del contralor de la INDDHH sean o no de carácter estatal, estarán habilitados a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, si conviniera a su interés hacerlo, de conformidad a lo que establezca el Reglamento. No se requerirá autorización de la INDDHH. Estarán facultados para participar, especialmente, Representantes de las Comisiones parlamentarias, Comisionados parlamentarios y Defensores del Vecino.

Artículo 66. (Orden del Día de Sesiones Extraordinarias).- El Orden del Día y programa de trabajo de los períodos de sesiones extraordinarios será el establecido por la INDDHH. Para las sesiones extraordinarias convocadas a solicitud de las organizaciones sociales, el programa de trabajo deberá comprender el temario presentado en la solicitud de convocatoria.

Artículo 67. (Período entre sesiones extraordinarias).- Durante el período entre sesiones extraordinarias, la INDDHH preparará:

a) El programa de trabajo que será tratado en la próxima sesión extraordinaria, el cual difundirá a la ciudadanía con antelación suficiente a la misma.

b) Los proyectos de informes, relatorías, propuestas, recomendaciones, estudios y otros trabajos que estime pertinentes, pudiendo designar al efecto expertos independientes o Grupos de Trabajo integrados por miembros de la INDDHH que lo presidirán, Representantes de organizaciones sociales, de organismos o instituciones estatales o de objeto del contralor de la INDDHH, en cuanto correspondan por la temática a la que se refieran.

Artículo 68. (Funcionamiento especial de la INDDHH en recepción e instrucción de denuncias).- La INDDHH designará dos de sus miembros titulares excluido el Presidente, quienes, alternadamente, en régimen de turnos mensuales y de acuerdo a lo que determine el Reglamento de la INDDHH, tendrán a su cargo la recepción e instrucción de las denuncias conforme al procedimiento dispuesto en esta ley.

Sin perjuicio del régimen de turnos que se establece, los miembros de la INDDHH que tendrán a cargo la recepción e instrucción de denuncias, actuarán en forma coordinada o conjunta cuando las circunstancias lo requieran o lo establezca expresamente el Reglamento.

Cuando, de acuerdo a lo previsto en la presente ley, se deban recomendar medidas provisionales de carácter urgente o comparecer ante el Poder Judicial para solicitar medidas cautelares, deducir recursos de amparo o de habeas corpus, y no fuere posible tomar resolución en sesión de la INDDHH, cualquier miembro de la misma que haya participado en la recepción o instrucción de la denuncia, estará facultado para resolver y actuar en nombre de la INDDHH.

Cuando proceda de acuerdo al inciso precedente, el miembro de la INDDHH dará noticia inmediata al Presidente de la INDDHH.

Artículo 69. (Informe Anual).- La INDDHH presentará un Informe Anual a la Asamblea General dentro de los primeros ciento veinte días de cada año. A tales efectos, la INDDHH será recibida y escuchada en sesión especial de la Asamblea General.

Artículo 70. (Contenido del Informe Anual).- El Informe Anual contendrá:

a) Recomendaciones, propuestas, opiniones, estudios, relatorías e informes que la INDDHH entienda pertinente en relación con cualquiera de los temas de su competencia.

b) Memoria de las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos celebradas en el año, sus resoluciones, recomendaciones, propuestas y conclusiones en relación con estudios, informe y relatorías.

c) Detalle circunstanciado de las resoluciones adoptadas por la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia durante el año al que refiera el informe, de las actividades realizadas durante el período y las planificadas para el año siguiente.

d) Detalle y análisis estadístico de las denuncias recibidas durante el año al que refiera el informe y sus características, incluyendo las denuncias que fueron rechazadas y sus causas, las que fueron objeto de investigación y su resultado, y las que se encuentren en trámite y su estado. No se incluirán datos personales de los denunciantes.

e) Detalle circunstanciado de los casos en que existió negativa a presentar informes a la INDDHH (artículo 23 de esta ley); omisión en adoptar medidas de urgencia solicitadas por la INDDHH (artículo 24 de esta ley); no se hayan aceptado respuestas de la INDDHH o se constate incumplimiento, total o parcial, de obligaciones asumidas por las autoridades (artículo 28 de esta ley); o se hubiese negado acceso a documentación invocando el carácter secreto o reservado (inciso tercero del artículo 73 de esta ley).

f) Detalle circunstanciado de las recomendaciones y propuestas de la INDDHH que hayan sido cumplidas.

g) Cualquier otro tema relacionado con aspectos de funcionamiento interno de la INDDHH, de relacionamiento institucional o de modificaciones legales a su régimen vigente.

Artículo 71. (Informes Especiales).- Sin perjuicio del Informe Anual, la INDDHH podrá presentar a la Asamblea General, en cualquier momento, los informes especiales que entienda pertinente.

Artículo 72. (Publicidad).- El Informe Anual será publicado de forma tal que se asegure su más amplia difusión nacional. Sin perjuicio, la INDDHH podrá ordenar, además, la publicación y amplia difusión de informes especiales, comunicados, propuestas, recomendaciones, opiniones, relatorías o cualquier otro tema relativo a su actividad o competencia, salvo en los casos en que la presente ley disponga lo contrario.

Artículo 73. (Obligación de colaborar con la INDDHH).- Todos los funcionarios de organismos objeto de la competencia de la INDDHH, tienen la obligación de colaborar con la INDDHH.

A los efectos previstos en el inciso anterior, todos los organismos e instituciones públicas harán conocer entre sus funcionarios la presente obligación y harán efectiva la responsabilidad disciplinaria para el caso de incumplimiento. Asimismo, deberá comunicarse idéntica obligación a las empresas de servicios públicos tercerizados o concesionarios en el acto mismo del contrato a celebrarse, debiendo constar a texto expreso en los documentos que se suscriban.

Los organismos públicos sólo podrán negarse a la exhibición de aquellos documentos que hubiesen sido calificados como secretos, reservados o confidenciales, mediante resolución expresa y fundada del jerarca máximo del organismo.

La INDDHH pondrá este hecho en conocimiento inmediato a la Asamblea General a través de su Presidente e incluirá la relación de la situación planteada en su Informe Anual o en informe especial producido a esos efectos.

Artículo 74. (Funcionamiento permanente).- La actividad de la INDDHH no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos la relación de la INDDHH con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente. Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17) del artículo 168 de la Constitución de la República.

CAPITULO VII

PRESUPUESTO

Artículo 75. (Principio General).- El presupuesto de la INDDHH deberá ser el adecuado para garantizar su funcionamiento autónomo y deberá asegurar la infraestructura y dotación de personal necesaria para el buen desempeño de la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia.

Artículo 76. (Presupuesto - Procedimiento).- La INDDHH elaborará su proyecto de presupuesto el que será puesto a consideración de la Cámara de Diputados, dentro de los primeros noventa días de haber asumido la nueva dirección de la INDDHH.

La Cámara de Diputados no podrá modificar el proyecto de presupuesto, salvo en disminuir su monto con el voto conforme de dos tercios de sus integrantes.

Si transcurridos treinta días corridos desde que el día en que el proyecto de presupuesto fue puesto a consideración de la Cámara de Diputados sin que ésta hubiese alcanzado la mayoría de votos para su disminución, se considerará fictamente aprobado el proyecto de presupuesto propuesto por la INDDHH, el cual deberá ser incluido y aprobado en la consideración del presupuesto quinquenal de dicha Cámara o de sus modificaciones, según la instancia más próxima, considerando lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 108 de la Constitución de la República.

Artículo 77. (Rendición de Cuentas).- La INDDHH rendirá cuentas anuales a la Cámara de Diputados.

Las partidas presupuestadas anualmente no gastadas en el año, se acumularán y quedarán disponibles para el año siguiente.

En ocasión de la rendición de cuentas anual, la INDDHH podrá solicitar ampliación presupuestal para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 76 de esta ley.

Artículo 78. (Otros Recursos).- La INDDHH podrá obtener recursos provenientes de convenios de asistencia y cooperación de organizaciones internacionales o extranjeras en tanto correspondan al ámbito de sus competencias, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La INDDHH podrá recibir donaciones, herencias o legados, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, quien dispondrá lo pertinente para que el producido de dichos bienes sea en beneficio de la INDDHH.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

Artículo 79.- Para la primera elección de miembros de la INDDHH, las organizaciones sociales que podrán proponer candidatos serán las que, a juicio de la Comisión Especial prevista en el artículo 40, reúnan los requisitos establecidos en los literales a) y b) del artículo 64 de esta ley.

Artículo 80.- Los miembros de la primera INDDHH deberán ser electos antes de los ciento veinte días siguientes a la promulgación de esta ley. El mandato de los miembros de la primera INDDHH será hasta el tercer período legislativo del período de gobierno siguiente.

Artículo 81.- Serán de cargo de rentas generales los recursos necesarios para la instalación de la INDDHH hasta tanto resulte aprobado y disponible su presupuesto. El Poder Ejecutivo afectará, como sede de la INDDHH, un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará.

Artículo 82.- Dentro de los treinta días corridos desde la aprobación de la presente ley, la Asamblea General llamará a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para cubrir hasta veinte cargos administrativos y tres cargos técnicos.

Sin perjuicio y además, la INDDHH dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta diez funcionarios públicos de cualquier dependencia o poder del Estado, todo de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Ley N° 17.556, de 18 de setiembre de 2002, no rigiendo la prohibición establecida en el artículo 507 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 83.- La INDDHH celebrará, durante su primer año de funcionamiento, por lo menos dos períodos de sesiones extraordinarias.

Artículo 84.- Cualquier reglamentación de la presente ley requerirá de la opinión favorable de la INDDHH.

Sala de la Comisión, el 11 de noviembre de 2008.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Francisco Gallinal, Abayubá Martorell, Rafael Michelini.

PROYECTO DE LEY

INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Capítulo I - Creación

Artículo 1°. (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

Artículo 2°. (Autonomía).- La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.

Capítulo II - Competencia

Artículo 3°. (Efectos de las resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrá modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales.

Artículo 4°. (Competencia).- La INDDHH será competente para:

a) Proponer la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales relacionados con derechos humanos.

b) Proponer la denuncia de tratados internacionales que a juicio de la INDDHH sean violatorios de los derechos humanos.

c) Promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales, se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos en los que el Estado sea parte.

d) Emitir opiniones y recomendaciones sobre los informes que el Estado se proponga presentar o que hubiere presentado a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados internacionales relacionados con derechos humanos y sobre las observaciones que dichos órganos internacionales de contralor hubieran emitido respecto de los informes del Estado.

e) Colaborar con las autoridades competentes en los informes que el Estado deba presentar a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados internacionales relacionadas con los derechos humanos.

f) Realizar, con el alcance y extensión que considere pertinente, estudios e informes sobre la situación nacional, departamental o zonal, relacionados con los derechos humanos; sobre derechos humanos especialmente considerados y sobre cuestiones específicas relacionados con los derechos humanos.

g) Recomendar y proponer la adopción, supresión o modificación de prácticas institucionales, prácticas o medidas administrativas y criterios utilizados para el dictado de actos administrativos o resoluciones, que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

h) Emitir opiniones, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o propuestas de reformas constitucionales relacionados con los derechos humanos.

i) Recomendar a las autoridades competentes, la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

j) Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley.

k) Proponer a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que haya constatado, establecer el plazo en el cual deberán ser cumplidas y sugerir las medidas reparatorias que estime adecuadas, sin perjuicio de realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones similares o semejantes.

l) Proponer a las autoridades competentes, en el curso de una investigación que está realizando de oficio o a denuncia de parte, la adopción de las medidas provisionales de carácter urgente que considere pertinentes para que cese la presunta violación de los derechos humanos, impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

m) Cooperar, para la promoción y protección de los derechos humanos, con los órganos internacionales encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado; con instituciones u organizaciones internacionales regionales o instituciones nacionales, que sean competentes en la promoción y protección de los derechos humanos.

n) Colaborar con las autoridades competentes en la educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza y, especialmente, colaborar con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura en los programas generales y especiales de formación y capacitación en derechos humanos destinados a los funcionarios públicos, particularmente en los previstos en el artículo 30 de la Ley N° 18.026.

o) Informar y difundir de la forma más amplia posible, a la opinión pública, los derechos humanos, las normas nacionales e internacionales que los regulan y los mecanismos de protección nacional e internacional.

Artículo 5°. (Alcance).- La competencia de la INDDHH, con las excepciones que expresamente se establecen, se extiende a todos los Poderes y organismos públicos cualesquiera sea su naturaleza jurídica y función, sea que actúen en el territorio nacional o en el extranjero.

Quedan comprendidas en la competencia de la INDDHH las entidades paraestatales, sociedades de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas que presten servicios públicos o sociales.

La competencia de la INDDHH en relación con personas privadas se entenderá con los organismos públicos de su contralor y supervisión, conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley.

Artículo 6°. (Inhibición).- La INDDHH no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo. En caso de denuncias, procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la presente ley. Sin perjuicio, la INDDHH tendrá competencia para efectuar propuestas sobre aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones en relación con la función administrativa de los organismos con función jurisdiccional y su organización.

Artículo 7°. (Impugnabilidad).- Las resoluciones de la INDDHH que correspondan al ámbito de las competencias establecido en el artículo 4°, deberán ser fundadas y no admitirán recurso; los demás actos administrativos podrán ser impugnados con los recursos y acciones previstos en la Constitución de la República.

Artículo 8°. (Difusión pública de resoluciones).- Cuando la INDDHH emita recomendaciones, opiniones o propuestas sin haber mediado solicitud previa de los organismos involucrados en las mismas y considere que no se verifican situaciones graves o urgentes o resolver, dichas recomendaciones, opiniones o propuestas se comunicarán a las autoridades u organismos involucrados sin que la INDDHH le de difusión pública durante el plazo que esta determine para cada caso.

Lo dispuesto precedentemente no aplicará ante supuestos de denuncias que se regularán por el procedimiento correspondiente, ni cuando la INDDHH sesione en Asamblea General de Derechos Humanos o cuando se trate de brindar informes anuales o especiales a la Asamblea General.

Artículo 9°. (Principio de buena fe).- La INDDHH y sus miembros deberán actuar de buena fe. La violación del principio de buena fe implicará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Los miembros de la INDDHH estarán impedidos de emitir en forma pública y a título personal, opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la INDDHH sin expresa autorización previa de la INDDHH. La prohibición no aplicará respecto de casos en que la INDDHH hubiere adoptado resoluciones que sean públicas, cuando la INDDHH funcione en régimen de Asamblea Nacional de Derechos Humanos o en el supuesto previsto en el artículo 69 inciso tercero.

La violación de la prohibición establecida en el inciso precedente se considerará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Artículo 10. (Coordinación).- El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se establezcan en el futuro, coordinarán sus funciones con las de la INDDHH y para el caso en que reciban denuncias sobre violaciones a los derechos humanos las comunicarán a la INDDHH.

Capítulo III - Procedimiento de denuncias

Artículo 11. (Legitimación activa).- Las denuncias de parte por presuntas violaciones a los derechos humanos, podrán formularse a la INDDHH por cualquier persona física o jurídica, sin limitación alguna, incluidos los órganos estatales. Especialmente, podrán formular denuncias a la INDDHH, las Comisiones Parlamentarias, las respectivas Cámaras legislativas, la Asamblea General y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

No constituirá impedimento para formular denuncias, la minoría de edad, la discapacidad intelectual, la nacionalidad o la vinculación jerárquica o funcional con el Estado en cualquiera de sus dependencias.

Artículo 12. (Reserva).- Se le garantizará al denunciante la reserva de su identidad excepto cuando exista dispensa expresa del denunciante, requerimiento judicial o corresponda que la INDDHH ponga en conocimiento de la justicia de violación de los derechos humanos involucrados.

Artículo 13. (Forma y requisitos).- La presentación de las denuncias a la INDDHH se podrá hacer por escrito fundado y firmado sin otras formalidades especiales, debiendo contener los datos de nombre y domicilio del denunciante, o bien en forma oral en las oficinas de la INDDHH; en este último caso el funcionario que la reciba labrará un acta con la constancia de nombre y domicilio la que será firmada por el denunciante y el receptor. Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, se dejará constancia de ello en el acta respectiva. En defecto del domicilio del denunciante, se consignará el lugar donde pueda ser contactado o ubicado.

Cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos o el denunciante no pueda trasladarse por cualquier razón, las denuncias podrán dirigirse a la INDDHH por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de ser ratificadas por el denunciante de conformidad a lo previsto en el artículo precedente.

No se admitirán denuncias anónimas, sin perjuicio de las facultades de la INDDHH para proceder de oficio.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

La INDDHH recibirá las denuncias cualquiera fuera la hora de su presentación, aun fuera de horarios de oficinas o en días inhábiles.

Artículo 14. (Plazo).- El plazo para la presentación de las denuncias o para la actuación de oficio, será de seis meses contado a partir de haberse tomado conocimiento de los actos o hechos que la motivan.

En casos debidamente fundados y cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, dicho plazo podrá ser ampliado por la INDDHH.

Cuando se trate de violaciones a los derechos humanos que puedan ser consideradas genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no existirá limitación de plazo para la presentación de las denuncias.

Artículo 15. (Protección de la comunicación).- Queda prohibida la detención, demora, registro, examen, intercepción, censura, violación, alteración o destrucción de cualquier comunicación de o hacia la INDDHH. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conservaciones personales, telefónicas o de cualquier otro tipo, entre la INDDHH y las personas.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 del Código Penal y demás normas concordantes y complementarias.

Artículo 16. (Efectos de la presentación de denuncias).- La presentación de una denuncia ante la INDDHH no será obstativa para el ejercicio de las demás vías legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición del denunciante.

La presentación de denuncias ante la INDDHH no suspenderá, ni interrumpirá los términos de prescripción o caducidad de plazos para el ejercicio de las demás acciones legales correspondientes. Tales circunstancias deberán ser puestas en conocimiento del denunciante.

Artículo 17. (Rechazo de denuncias).- La INDDHH rechazará sin más trámite la denuncia cuando la misma fuera presentada fuera de los plazos previstos en el artículo 14 inc. 1 o sea notoriamente improcedente por incompetencia, inadmisibilidad manifiesta, falta de fundamentos o evidente mala fe.

Artículo 18. (Formalidades del rechazo).- La INDDHH notificará de inmediato al denunciante la resolución que rechaza la denuncia o las limitaciones para su intervención ante el supuesto previsto en el artículo precedente y le brindará información para que acuda ante los organismos correspondientes la cual se consignará en la resolución.

En el caso de que la denuncia sea rechazada por falta de fundamentos, la INDDHH otorgará al denunciante un plazo razonable para su fundamentación.

Artículo 19. (Casos en trámite).- Cuando la denuncia fuera a hechos que estén en trámite de resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH no intervendrá en el caso concreto, pero ello no impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en la denuncia. La INDDHH velará por que los órganos con función jurisdiccional, el Contencioso Administrativo o la Administración, en su caso, resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las demandas, denuncias o recursos que hayan sido formuladas o interpuestas.

Artículo 20. (Sustanciación).- Admitida la denuncia, la INDDHH realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservada, tendiente a esclarecer los hechos denunciados.

Cuando la INDDHH resuelva actuar de oficio ante presuntas violaciones de los derechos humanos, procederá de acuerdo a las normas previstas en este capítulo en cuanto sean de aplicación.

La INDDHH labrará acta de todas sus actuaciones cuando las circunstancias así lo requieran.

Artículo 21. (Relacionamiento con el organismo denunciado).- En todos los casos, la INDDHH se pondrá en contacto en un plazo máximo de cinco días hábiles con las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia. La INDDHH estará facultada además, si lo estima pertinente, para comunicarse e informar el motivo de su intervención a las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, quienes con asistencia letrada obligatoria, podrán efectuar descargos, aportar pruebas y articular defensas. Las autoridades del organismo al cual pertenezcan las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, no podrán prohibir a los funcionarios denunciados o involucrados, responder o entrevistarse con al INDDHH.

Las máximas autoridades del organismo o entidad involucrados en la denuncia, deberán informar por escrito a la INDDHH sobre la materia objeto de la investigación, proporcionando fundamentos, motivaciones y demás elementos relacionados con el asunto, remitiendo, además, copia de todos los antecedentes. Asimismo, podrá informar a la INDDHH sobre las medidas correctivas que se proponga adoptar en relación con la violación de los derechos humanos denunciada.

El plazo para informar será determinado por la INDDHH en función de la gravedad de los hechos, pudiendo conceder prórrogas cuando exista fundamento razonable para las mismas; dicho plazo, incluidas las prórrogas, nunca excederá de treinta días hábiles.

Artículo 22. (Respuesta al denunciante).- La INDDHH comunicará al denunciante las respuestas que diere el organismo o entidad involucrado en la denuncia. El denunciante estará facultado a realizar las observaciones que convengan a su interés.

Artículo 23. (Negativa de colaboración).- La negativa a presentar el informe o su omisión, podrá ser considerada por la INDDHH como una obstrucción en el cumplimiento de sus funciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, la INDDHH podrá dar la más amplia publicidad al hecho con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud. El incumplimiento será incluido en el Informe Anual o especial, independientemente de que la INDDHH prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuadas.

Artículo 24. (Medidas provisionales urgentes).- En cualquier instancia del trámite, la INDDHH podrá proponer a los organismos o entidades involucrados en la denuncia, la adopción de medidas provisionales de carácter urgente con el fin de que cese la presunta violación a los derechos humanos objeto de la investigación, impedir la consumación de perjuicios o el incremento de los ya generados o el cese de los mismos. Si la autoridad respectiva omitiera adoptar las medidas de urgencia recomendadas, la INDDHH podrá proceder de conformidad a lo previsto en el artículo anterior. Sin perjuicio, la INDDHH estará facultada, en cualquier momento, para recurrir ante el Poder Judicial a efectos de solicitar las medidas cautelares que entienda del caso, interponer recursos de amparo o de habeas corpus.

Artículo 25. (Medidas definitivas).- Finalizada la investigación, si existiera mérito, la INDDHH propondrá a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de los derechos humanos que hubiere constatado y establecerá el plazo en el cual deberán ser cumplidas, sugiriendo las medidas reparatorias que estime adecuadas.

Artículo 26. (Alcance de recomendaciones y propuestas).- Las recomendaciones y propuestas de la INDDHH se referirán al objeto concreto de la denuncia, pero, además, la INDDHH podrá realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones iguales o semejantes a las que motivaron la denuncia.

Artículo 27. (Archivo de las actuaciones).- En caso de no existir mérito para la denuncia, se procederá a su archivo, comunicándolo al denunciante, a las autoridades respectivas y a los funcionarios denunciados o involucrados en la denuncia si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Si en el curso de la investigación se lograra una solución satisfactoria por la cual el organismo o entidad involucrado se obliga a adoptar medidas que a juicio de la INDDHH puedan subsanar la violación de los derechos humanos denunciada, se consignará en acta por escrito y la INDDHH archivará las actuaciones, sin perjuicio de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas. En ningún caso el acuerdo será obstativo para la reapertura de la investigación por incumplimiento o por reiteración de los hechos denunciados. El acuerdo se comunicará al denunciante y a los funcionarios denunciados o involucrados sí los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Artículo 28. (Publicidad de los incumplimientos).- Si las autoridades respectivas incumplen las obligaciones que habían asumido, no aceptan las propuestas de la INDDHH o incumplen total o parcialmente su implementación en los plazos establecidos, la INDDHH dará la más amplia difusión pública al texto de las recomendaciones efectuadas y sus antecedentes, o, en su caso, a las obligaciones que las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud y sin perjuicio de su inclusión en el Informe Anual o, en su caso, en el Informe Especial que resuelva presentar.

Artículo 29. (Relación con personas no estatales).- Si las denuncias se relacionaran con servicios prestados por personas públicas no estatales o por personas privadas, las actuaciones y las recomendaciones se entenderán con las autoridades competentes para su contralor y supervisión, a quienes la INDDHH podrá instar el ejercicio de las fa-cultades de inspección y sanción que pudieran corresponder.

Artículo 30. (Denuncia penal).- Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o en virtud de sus investigaciones, la INDDHH considere que se verificaría un supuesto presumiblemente delictivo, lo deberá poner en conocimiento de la justicia competente.

Artículo 31. (Suspensión de la intervención).- Cuando estando en curso la investigación de una denuncia, el caso se someta a resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH suspenderá su intervención en el asunto comunicándoselo al denunciante, al organismo o entidad denunciado o involucrado en la denuncia y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones. Sin perjuicio, la INDDHH proseguirá la investigación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 19.

Artículo 32. (Criterio para adoptar resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH se adoptarán en base a elementos probatorios del caso.

Artículo 33. (Registro estadístico).- La INDDHH llevará un registro estadístico de todas las denuncias que reciba, los casos en que intervenga de oficio y las resoluciones que adopte.

Artículo 34. (Protección a los denunciantes).- Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado a la INDDHH cualquier información, resulte verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Capitulo IV - Facultades

Artículo 35. (Facultades).- En ejercicio de sus funciones, la INDDHH tiene facultades para:

a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitada a registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes.

b) Entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documento, realizar interrogatorios o cualquier otro procedimiento razonable, todo ello sin sujeción a las normas de procedimiento que rigen la producción de la prueba siempre que no afecte los derechos esenciales de las personas.

c) Entrevistarse con cualquier persona y solicitarle el aporte de informes o documentación que fuere necesaria para dilucidar el asunto en el cual intervenga y realizar todas las demás acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.

d) Solicitar, ante quien corresponda, la adopción de cualquier medida cautelar con el fin de impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

e) Presentar denuncias penales e interponer recursos de habeas corpus o amparo, sin perjuicio de solicitar otras medidas judiciales cautelares que considere pertinentes.

f) Ingresar, con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación.

g) Mantener contacto y suscribir acuerdos de cooperación con comités u organismos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos, organizaciones académicas, organizaciones sociales y con expertos independientes, todo para el mejor ejercicio de sus funciones.

h) Suscribir convenios con las Juntas Departamentales, Juntas Locales o con las Intendencias Departamentales en todo lo que sea necesario para el mejor desempeño de sus funciones.

i) Adoptar e interpretar las resoluciones y reglamentos que entienda pertinentes para el mejor funcionamiento interno de la INDDHH.

Capitulo V - Estructura de la INDDHH

Artículo 36. (Composición).- La INDDHH será un órgano que se integrará con cinco miembros procurando asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación.

Artículo 37. (Sistema de elección).- Los miembros de la INDDHH serán elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General especialmente convocada al efecto. Si no se obtuviera ese número de sufragios en dos votaciones sucesivas, se citará a la Asamblea General a una nueva sesión dentro de los veinte días corridos siguientes, en la cual los miembros de la INDDHH serán electos por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, pudiendo celebrarse hasta dos votaciones sucesivas.

A los efectos de la votación: a) se marcará claramente, en la nómina de los candidatos habilitados, aquellos por quienes se vota, hasta el número de cargos que deban elegirse; b) será obligatorio, al marcar candidatos en la nómina, respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Serán nulos los votos que se emitan en contravención con lo dispuesto en el inciso precedente.

Si realizado el escrutinio aún restan para elegir miembros de la INDDHH, se procederá de acuerdo al inciso primero para los pendientes, eliminándose los candidatos que no hubieran superado un quinto del total de votos de componentes de la Asamblea General. Sin perjuicio, se mantendrán para la votación sucesiva, por lo menos, los diez candidatos más votados, no rigiendo a su respecto la eliminación prevista en el inciso precedente.

Artículo 38. (Elección de la totalidad de cargos).- No se admitirá la elección parcial. Resultarán electos como miembros de la INDDHH los candidatos que hubieren recibido el número de votos requerido según la votación que se trate, siempre y cuando se hubieren obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles.

Si finalizado el proceso de elección, no se hubiesen obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles aunque algún candidato hubiere obtenido el número de votos requerido, no resultará electo ningún miembro para la INDDHH, debiendo procederse de conformidad a lo previsto en el artículo 44.

Artículo 39. (Proposición de candidatos).- Podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

Los candidatos deberán aceptar por escrito su postulación, declarando si tienen o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. Para el caso en que si tuvieran incompatibilidades, las detallarán y manifestarán su voluntad de hacerlas cesar si resultan electos.

Los candidatos podrán ser propuestos hasta veinte días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 40. (Comisión especial).- Para la elección de los miembros de la INDDHH, la Asamblea General designará una Comisión Especial con integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

La Comisión especial recibirá la postulación de candidatos y eliminará los que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 45. Las resoluciones en la Comisión se adoptarán en mayoría de votos de sus miembros y no serán susceptibles de recurso alguno.

La Comisión especial elaborará la nómina de candidatos habilitados, la que será comunicada a la Presidencia de la Asamblea General, hasta cinco días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

Artículo 41. (Duración del mandato).- Los miembros de la INDDHH serán elegidos para un período de cinco años y podrán ser reelectos para el inmediato sucesivo.

Si hubiesen sido reelectos de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, para volver a ser miembro de la INDDHH se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

En ocasión de la renovación de los miembros de la INDDHH, se procurará que algunos sean reelectos a los efectos garantizar continuidad en la experiencia de gestión de la INDDHH.

Artículo 42. (Oportunidad de la elección).- La elección de los miembros de la INDDHH se llevará a cabo dentro de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura.

Cuando sea necesario llenar una vacante, la elección se llevará a cabo dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes a la fecha en que se haya producido, salvo que la misma se haya verificado en el período de seis meses previos a la fecha de la elección ordinaria, en cuyo caso se resolverá en esta.

El miembro que resulte electo para cubrir una vacante, lo será hasta finalizar el período quinquenal que estuviese corriendo. Si el lapso fuere menor a la mitad del período no será impedimento para la posterior elección y reelección sucesiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 41.

Artículo 43. (Posesión de cargos).- Los miembros de la INDDHH asumirán funciones dentro de los cuarenta y cinco días corridos posteriores a su elección. Los que terminan su mandato continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos.

Artículo 44. (Segunda elección).- Si no hubiesen sido elegidos los nuevos miembros de la INDDHH o cubierto una vacante por no haberse obtenido las mayorías requeridas y sin perjuicio de que los miembros de la INDDHH que terminan su mandato continúen en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos, el proceso de elección recomenzará conforme a lo previsto en los artículos 37 a 40, transcurridos cuarenta y cinco días corridos desde la finalización del proceso de elección que le haya precedido.

Artículo 45. (Requisitos para ser miembro de la INDDHH).- Los miembros de la INDDHH deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser personas de alta autoridad moral.

b) Contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos.

c) Ser ciudadanos uruguayos, naturales o legales. En este último caso, deberán tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

d) Estar en el pleno goce de los derechos cívicos.

e) No haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante dos años anterior a su designación. Exceptúense los cargos electivos de la Universidad de la República.

Artículo 46. (Incompatibilidades).- El cargo de miembro de la INDDHH es incompatible con:

a) El ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la INDDHH.

b) El ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia de la INDDHH.

c) El ejercicio de funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares.

d) La actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto.

Artículo 47. (Cese de incompatibilidades).- Si la persona designada como miembro de la INDDHH estuviera afectada por alguna de las incompatibilidades referidas en el artículo precedente, no podrá tomar posesión del cargo hasta tanto haga cesar la actividad que determina la incompatibilidad.

Si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 12 de la Ley N° 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En caso de que durante la vigencia del mandato del miembro de la INDDHH surgieren incompatibilidades supervenientes, deberá renunciar al cargo o hacer cesar la incompatibilidad en el plazo de diez días hábiles durante el cual se abstendrá de participar en la INDDHH.

Artículo 48. (Decisión sobre incompatibilidades).- En caso de que no se procediera de acuerdo a lo previsto en el inciso final del artículo precedente, la INDDHH con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad, sin perjuicio de las facultades de destitución de la Asamblea General.

La INDDHH antes de tomar una decisión, oirá al miembro al que se le atribuye la incompatibilidad.

La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus antecedentes, será remitida al Presidente de la Asamblea General a los efectos previstos en el artículo 52 literal f.

Artículo 49. (Declaración jurada).- Los miembros de la INDDHH, quien ejerza la dirección de la Unidad Técnico-Administrativa y los funcionarios rentados de carácter no administrativo de la INDDHH, deberán presentar declaraciones juradas de bienes en los términos requeridos por la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

Artículo 50. (Inhibición posterior al cese).- Los miembros de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política, ser candidatos a cargos públicos electivos o asesores de personas que hubieran estado involucradas en denuncias ante la INDDHH, como denunciantes o denunciados.

Artículo 51. (Actuación independiente).- Los miembros de la INDDHH no estarán sujetos a mandato imperativo, ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

Artículo 52. (Cese del cargo).- El cargo de miembro de la INDDHH cesará por:

a) Expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de los casos en que se extienda hasta que asuma un nuevo miembro.

b) Fallecimiento.

c) Incapacidad superveniente.

d) Renuncia aceptada.

e) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso; durante el procesamiento quedará automáticamente suspendido en sus funciones.

f) Destitución por 2/3 de votos del total de componentes de la Asamblea General en sesión especial convocada al efecto, procediendo la misma en los siguientes casos:

(i) Por asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura.

(ii) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

(iii) Por haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo.

(iv) Por incompatibilidad superveniente en caso de que no hubiera presentado renuncia o dejado sin efecto la misma.

En caso de renuncia la misma deberá presentarse a la INDDHH quien, de aceptarla, la comunicará a la Presidencia de la Asamblea General.

En cualquiera de las hipótesis de cese se procederá a designar un sustituto de conformidad al procedimiento previsto para cubrir vacantes y hasta tanto no se produzca la designación, la INDDHH funcionará con el número de miembros restante.

Artículo 53. (Remuneración).- La remuneración del miembro de la INDDHH será igual a la establecida para los Ministros de Estado.

Artículo 54. (Presidencia de la INDDHH).- La INDDHH designará de entre sus miembros, por mayoría absoluta de votos, al Presidente de la INDDHH quien tendrá las funciones señaladas en esta ley y en el Reglamento de la INDDHH.

Si para la elección resultare necesario efectuar más de una votación, se eliminarán sucesivamente los nombres que reciban menor número de votos.

El Presidente de la INDDHH durará en sus funciones un año y su cargo será de rotación obligatoria entre los miembros de la INDDHH.

Si el Presidente renunciare al cargo o dejare de ser miembro de la INDDHH, esta elegirá en la primera sesión que celebre con posterioridad a la fecha de la renuncia o vacancia, a un sucesor para desempeñar el cargo, por el tiempo que reste de mandato. Si dicho período fuese inferior a tres meses, podrá ser reelecto para el período ordinario sucesivo.

Artículo 55. (Atribuciones del Presidente).- Son atribuciones del Presidente de la INDDHH:

a) Representar a la INDDHH.

b) Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la INDDHH, de conformidad con la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

c) Dirigir las sesiones de la INDDHH, someter a su consideración las materias que figuren en el Orden del Día, conceder el uso de la palabra y decidir las cuestiones de orden que se susciten durante las sesiones de la INDDHH.

d) Hacer cumplir las decisiones de la INDDHH.

e) Ejercer cualquiera otras funciones que le sean conferidas por esta ley o por el Reglamento de la INDDHH.

Artículo 56. (Unidad Técnico-Administrativa).- Los servicios de secretaría de la INDDHH estarán a cargo de una Unidad Técnico-Administrativa especializada. Esta unidad dispondrá de los recursos y del personal necesario para cumplir las tareas de la INDDHH.

Capitulo VI - Funcionamiento de la INDDHH

Artículo 57. (Sesiones Ordinarias).- La INDDHH se reunirá en sesiones ordinarias las veces que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, conforme al Reglamento que la propia INDDHH adopte por mayoría absoluta de votos. Las reuniones serán privadas, a menos que la INDDHH determine lo contrario.

Artículo 58. (Quórum para sesionar).- Para constituir quórum para sesionar será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio de la INDDHH.

Artículo 59. (Quórum para adoptar resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH se adoptarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, con excepción del supuesto previsto en el artículo 69 inciso tercero o de los casos en que la presente ley exija mayoría absoluta.

Artículo 60. (Actas).- De toda sesión se levantará un acta resumida en la que constará día y hora en que la misma se celebró, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, los nombres de los que votaron a favor y en contra y cualquier declaración especialmente hecha para que conste en acta.

Artículo 61. (Voto fundado).- Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar el fundamento de su voto por escrito, el cual deberá incluirse a continuación de la resolución. Si la decisión versare sobre un informe, propuesta o recomendación, se incluirá a continuación de dicho informe, propuesta o recomendación. Cuando la decisión no conste en un documento separado, se transcribirá en el acta de la sesión, a continuación de la decisión de que se trate.

Artículo 62. (Excusación).- Los miembros de la INDDHH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de una denuncia sometida a consideración de la INDDHH en el caso en que tuvieran un interés particular en el asunto o que previamente hubieran participado o actuado como asesores o representantes del denunciante o del organismo o institución involucrada en la denuncia o hubieran ocupado un cargo jerárquico en el mismo. Cualquier miembro de la INDDHH podrá solicitar la inhibición de otro miembro. La INDDHH decidirá si es procedente la inhibición.

Artículo 63. (Sesiones Extraordinarias - Asamblea Nacional de Derechos Humanos).- La INDDHH estará facultada, en cualquier momento, para convocar períodos de sesiones extraordinarias y públicas de la INDDHH, en las cuales participarán con voz, pero sin derecho a voto, las organizaciones sociales y organismos gubernamentales, en la forma y condiciones que determina la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

Los períodos de sesiones extraordinarias de la INDDHH se denominarán: 'Asamblea Nacional de Derechos Humanos'.

Artículo 64. (Periodicidad de Sesiones Extraordinarias).- La INDDHH celebrará, por lo menos, un período de sesiones extraordinarias en el año. Sin perjuicio, estará además obligada a convocar a otro período de sesiones extraordinarias en el año, cuando así se lo solicite por escrito, con indicación del temario a tratar, una mayoría superior al veinte por ciento del total de las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

El derecho de las organizaciones sociales a solicitar la convocatoria de un período de sesiones extraordinaria de la INDDHH sólo podrá ejercerse una vez, por año y transcurrido el primer año de funcionamiento de la INDDHH.

Artículo 65. (Organizaciones sociales).- Estarán habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH:

a) Las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una organización internacional con estatuto consultivo ante organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos o del MERCOSUR.

b) Las organizaciones sociales nacionales, excluidas los partidos políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos:

(i) reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de competencia, especialmente aquellas cuya finalidad sea de defensa y promoción de los derechos humanos;

(ii) sin finalidad de lucro, no siendo indispensable la personería jurídica;

(iii) no estén comprendidas en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 80 numeral 6 de la Constitución de la República.

c) Sin perjuicio, podrán igualmente participar aquellas organizaciones sociales que sin contar con alguno de los requisitos enunciados en los numerales (i) y (ii) del literal precedente, sean especialmente autorizadas por la INDDHH; su participación se limitará a los términos que disponga la INDDHH.

Las organizaciones sociales que deseen participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH deberán registrarse ante la INDDHH de la forma y con la antelación que establezca el Reglamento de la INDDHH.

La INDDHH podrá denegar en forma fundada y por mayoría absoluta de votos, la participación de una organización social que hubiere solicitado su registro.

Artículo 66. (Organismos gubernamentales y otras entidades).- Todos los organismos y entidades objeto del contralor de la INDDHH sean o no de carácter estatal, estarán habilitados a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, si conviniera a su interés hacerlo, de conformidad a lo que establezca el Reglamento. No se requerirá autorización de la INDDHH. Estarán facultados para participar, especialmente, Representantes de las Comisiones parlamentarias, Comisionados parlamentarios y Defensores del Vecino.

Artículo 67. (Orden del Día de Sesiones Extraordinarias).- El Orden del Día y programa de trabajo de los períodos de sesiones extraordinarias será el establecido por la INDDHH. Para las sesiones extraordinarias convocadas a solicitud de las organizaciones sociales, el programa de trabajo deberá comprender el temario presentado en la solicitud de convocatoria.

Artículo 68. (Período entre sesiones extraordinarias).- Durante el período de sesiones extraordinarias, la INDDHH preparará:

a) El programa de trabajo que será tratado en la próxima sesión extraordinaria, el cual difundirá a la ciudadanía con antelación suficiente a la misma.

b) Los proyectos de informes, relatorías, propuestas, recomendaciones, estudios y otros trabajos que estime pertinentes, pudiendo designar al efecto expertos independientes o Grupos de Trabajo integrados por miembros de la INDDHH que los presidirán, representantes de organizaciones sociales, de organismos o instituciones estatales o de objeto del contralor de la INDDHH, en cuanto correspondan por la temática a la que se refieran.

Artículo 69. (Funcionamiento especial de la INDDHH en recepción e instrucción de denuncias).- La INDDHH designará dos de sus miembros titulares excluido el Presidente, quienes, alternadamente, en régimen de turnos mensuales y de acuerdo a lo que determine el Reglamento de la INDDHH, tendrán a su cargo la recepción e instrucción de las denuncias conforme al procedimiento dispuesto en esta ley.

Sin perjuicio del régimen de turnos que se establece, los miembros de la INDDHH que tendrán a cargo la recepción e instrucción de denuncias, actuarán en forma coordinada o conjunta cuando las circunstancias lo requieran o lo establezca expresamente el Reglamento.

Cuando, de acuerdo a lo previsto en la presente ley, se deban recomendar medidas provisionales de carácter urgente o comparecer ante el Poder Judicial para solicitar medidas cautelares, deducir recursos de amparo o de habeas corpus, y no fuere posible tomar resolución en sesión de la INDDHH, cualquier miembro de la misma que haya participado en la recepción o instrucción de la denuncia, estará facultado para resolver y actuar en nombre de la INDDHH.

Cuando proceda de acuerdo al inciso precedente, el miembro de la INDDHH dará noticia inmediata al Presidente de la INDDHH.

Artículo 70. (Informe Anual).- La INDDHH presentará un Informe Anual a la Asamblea General dentro de los primeros ciento veinte días de cada año. A tales efectos, la INDDHH será recibida y escuchada en sesión especial de la Asamblea General.

Artículo 71. (Contenido del Informe Anual).- El Informe Anual contendrá:

a) Recomendaciones, propuestas, opiniones, estudios, relatorías e informes que la INDDHH entienda pertinente en relación con cualquiera de los temas de su competencia.

b) Memoria de las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos celebradas en el año, sus resoluciones, recomendaciones, propuestas y conclusiones en relación con estudios, informe y relatorías.

c) Detalle circunstanciado de las resoluciones adoptadas por la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia durante el año al que refiera el informe, de las actividades realizadas durante el período y las planificadas para el año siguiente.

d) Detalle y análisis estadístico de las denuncias recibidas durante el año al que refiera el informe y sus características, incluyendo las denuncias que fueron rechazadas y sus causas, las que fueron objeto de investigación y su resultado, y las que se encuentren en trámite y su estado. No se incluirán datos personales de los denunciantes.

e) Detalle circunstanciado de los casos en que existió negativa a presentar informes a la INDDHH (artículo 23); omisión en adoptar medidas de urgencia solicitadas por la INDDHH (artículo 24); no se hayan aceptado respuestas de la INDDHH o se constate incumplimiento, total o parcial, de obligaciones asumidas por las autoridades (artículo 28); o se hubiese negado acceso a documentación invocando el carácter secreto o reservado (artículo 74 inciso 3).

f) Detalle circunstanciado de las recomendaciones y propuestas de la INDDHH que hayan sido cumplidas.

g) Cualquier otro tema relacionado con aspectos de funcionamiento interno de la INDDHH, de relacio-namiento institucional o de modificaciones legales a su régimen vigente.

Artículo 72. (Informes Especiales).- Sin perjuicio del Informe Anual, la INDDHH podrá presentar a la Asamblea General, en cualquier momento, los informes especiales que entienda pertinente.

Artículo 73. (Publicidad).- El Informe Anual será publicado de forma tal que se asegure su más amplia difusión nacional. Sin perjuicio, la INDDHH podrá ordenar, además, la publicación y amplia difusión de informes especiales, comunicados, propuestas, recomendaciones, opiniones, relatorías o cualquier otro tema relativo a su actividad o competencia, salvo en los casos en que la presente ley disponga lo contrario.

Artículo 74. (Obligación de colaborar con la INDDHH).- Todos los funcionarios de organismos objeto de la competencia de la INDDHH, tienen la obligación de colaborar con la INDDHH.

A los efectos previstos en el inciso anterior, todos los organismos e instituciones públicas harán conocer entre sus funcionarios la presente obligación y harán efectiva la responsabilidad disciplinaria para el caso de incumplimiento. Asimismo, deberá comunicarse idéntica obligación a las empresas de servicios públicos tercerizados o concesionarios en el acto mismo del contrato a celebrarse, debiendo constar a texto expreso en los documentos que se suscriban.

Los organismos públicos sólo podrán negarse a la exhibición de aquellos documentos que hubiesen sido calificados como secretos, reservados o confidenciales, mediante resolución expresa y fundada del jerarca máximo del organismo.

La INDDHH pondrá este hecho en conocimiento inmediato a la Asamblea General a través de su Presidente e incluirá la relación de la situación planteada en su Informe Anual o en informe especial producido a esos efectos.

Artículo 75. (Funcionamiento permanente).- La actividad de la INDDHH no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos la relación de la INDDHH con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente. Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (artículo 168 numeral 17 de la Constitución de la República).

Capitulo VII - Presupuesto

Artículo 76. (Principio General).- El presupuesto de la INDDHH deberá ser el adecuado para garantizar su funcionamiento autónomo y deberá asegurar la infraestructura y dotación de personal necesaria para el buen desempeño de la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia.

Artículo 77. (Presupuesto - Procedimiento).- La INDDHH elaborará su proyecto de presupuesto el que será puesto a consideración de la Cámara de Diputados, dentro de los primeros noventa días de haber asumido la nueva dirección de la INDDHH.

La Cámara de Diputados no podrá modificar el proyecto de presupuesto, salvo en disminuir su monto con el voto conforme de dos tercios de sus integrantes.

Si transcurridos treinta días corridos desde que el día en que el proyecto de presupuesto fue puesto a consideración de la Cámara de Diputados sin que esta hubiese alcanzado la mayoría de votos para su disminución, se considerará fictamente aprobado el proyecto de presupuesto propuesto por la INDDHH, el cual deberá ser incluido y aprobado en la consideración del presupuesto quinquenal de dicha Cámara o de sus modificaciones, según la instancia más próxima, considerando lo dispuesto en el artículo 108 incisos 1 y 2 de la Constitución de la República.

Artículo 78. (Rendición de Cuentas).- La INDDHH rendirá cuentas anuales a la Cámara de Diputados.

Las partidas presupuestadas anualmente no gastadas en el año, se acumularán y quedarán disponibles para el año siguiente.

En ocasión de la rendición de cuentas anual, la INDDHH podrá solicitar ampliación presupuestal para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 77.

Artículo 79. (Otros Recursos).- La INDDHH podrá obtener recursos provenientes de convenios de asistencia y cooperación de organizaciones internacionales o extranjeras en tanto correspondan al ámbito de sus competencias, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La INDDHH podrá recibir donaciones, herencias o legados, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, quien dispondrá lo pertinente para que el producido de dichos bienes sea en beneficio de la INDDHH.

Capitulo VIII - Disposiciones Transitorias y Especiales

Artículo 80.- Para la primera elección de miembros de la INDDHH, las organizaciones sociales que podrán proponer candidatos serán las que, a juicio de la Comisión Especial prevista en el artículo 40, reúnan los requisitos establecidos en el artículo 65 literales a) y b).

Artículo 81.- Los miembros de la primera INDDHH deberán ser electos antes de los ciento veinte días siguientes a la promulgación de esta ley. El mandato de los miembros de la primera INDDHH será hasta el tercer período legislativo del período de gobierno siguiente.

Artículo 82.- Serán de cargo de rentas generales los recursos necesarios para la instalación de la INDDHH hasta tanto resulte aprobado y disponible su presupuesto. El Poder Ejecutivo afectará, como sede de la INDDHH, un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará.

Artículo 83.- Dentro de los treinta días corridos desde la aprobación de la presente ley, la Asamblea General llamará a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para cubrir hasta veinte cargos administrativos y tres cargos técnicos que se integrarán a la unidad administrativa prevista en el artículo 56 de la presente ley.

Sin perjuicio y además, la INDDHH dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta diez funciona-

rios públicos de cualquier dependencia o poder del Estado, todo de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Ley N° 17.556, de 18 de setiembre de 2002, no rigiendo la prohibición establecida en el artículo 507 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 84.- La INDDHH celebrará, durante su primer año de funcionamiento, por lo menos dos períodos de sesiones extraordinarias.

Artículo 85.- Cualquier reglamentación de la presente ley requerirá de la opinión favorable de la INDDHH.

Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La evolución histórica del Derecho Internacional, fundamentalmente a partir de la segunda guerra mundial, consolidó, como derechos humanos, las condiciones necesarias e indispensables para la plena realización de la persona y el desarrollo integral de las sociedades y los pueblos.

El sistema de los derechos humanos, como una indivisible e interdependiente unidad dinámica y en evolución, ha adquirido, entre otras, una dimensión jurídica-normativa que necesariamente obliga a los Estados y a la comunidad internacional, a realizar y mantener esfuerzos continuos y permanentes para su efectiva vigencia. Los Estados, en cuanto responsables de garantizar que las personas bajo su jurisdicción gocen plenamente de los derechos humanos, son los principales obligados por su mandato jurídico, el cual exige una real y adecuada implementación.

La evolución histórica, normativa e institucional del Uruguay, incorporó -desde la primera hora- los derechos humanos como principios esenciales de su ordenamiento jurídico, en consonancia con la evolución del derecho internacional. Sin embargo, en las últimas décadas, fundamentalmente a raíz del quiebre institucional en 1973 y de la dictadura, se evidenció un estancamiento -que no ha sido aún definitivamente superado- en el proceso de incorporación de los avances del derecho internacional de los derechos humanos.

Actualmente, los actores políticos y sociales han adquirido un avanzado grado de consenso sobre la necesidad de reafirmar y profundizar el ideal de los derechos humanos como principio rector de la convivencia social y de la actuación pública. Este convencimiento en que la altura de los derechos humanos debe ser un ideal común de la sociedad, genera la necesidad de introducir reformas en el modelo institucional del Estado para garantizar su efectiva realización.

En tal sentido, recogiendo la experiencia internacional, la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos -en adelante INDDHH-, concebida como un órgano independiente del Gobierno, con autonomía jurídica, operacional y financiera, cuya función se defina concretamente para la protección y promoción de los derechos humanos, significaría un instrumento adicional a los mecanismos ya existentes, coadyuvante para otorgar mayores garantías a las personas en el goce de sus derechos humanos y para que las leyes, prácticas administrativas y políticas públicas, se desarrollen en consonancia con los mismos. Los Principios Relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales (Principios de París), adoptados por la Resolución 48/134 de la Asamblea General de las NNUU de 20 de diciembre de 1993, constituyen una guía indicativa en cuanto estándar internacional comprobado.

En América del Sur, solamente Brasil, Chile y Uruguay no disponen de una INDDHH. Se tendrá especialmente presente que la posibilidad de establecer una INDDHH en el Uruguay fue recomendada por el Comité sobre los Derechos del Niño en 1996, cuando sugirió que se den los pasos necesarios para asegurar una coordinación institucional para la protección y promoción de los derechos humanos de los niños y que el Gobierno considerara el establecimiento de un órgano consultivo independiente competente en materia de derechos del niño.

No debe escapar al análisis que desde 1985 se han sucedido, desde diversos sectores políticos, propuestas para establecer la figura del 'Defensor del Pueblo' como un organismo de competencia nacional para la protección del ciudadano frente a la estructura estatal, orientado, básicamente, a controlar los abusos de la burocracia en la relación 'administración pública-administrado'. Si bien ninguno de dichos proyectos resultó aprobado, si se han sancionado normativas que incorporan órganos de alcance sectorial restringidos a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y al contralor de la gestión municipal -Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Ley N° 17.684; Defensor del Vecino en Montevideo, Maldonado y Rocha.

Es de hacer notar que desde una perspectiva histórica comparativa, las instituciones de 'Ombudsman' y de 'Defensor del Pueblo', surgen asociadas a la idea principal de vigilar la legalidad y equidad de quehacer del Estado, protegiendo los derechos de los particulares que se consideran víctimas de actos injustos por parte de la administración pública. Posteriormente, acompasando el desarrollo y evolución del derecho internacional de los derechos humanos, la necesidad de su implementación en los órdenes jurídicos internos y la conciencia de los actores sociales en exigir la responsabilidad del Estado, dichas instituciones han asumido, con frecuencia cada vez mayor, competencias en la esfera de promoción y protección de los derechos huma-nos.

En consonancia con dicha tendencia, el estado actual del debate en Uruguay constata la necesidad de dar un salto cualitativo respecto del nivel de las propuestas históricas en relación con las competencias de un 'Defensor del Pueblo', superando las tradicionales funciones de defen-

sa de los derechos de los administrados, por un especial énfasis en la promoción y protección de todos los dere-chos humanos y, especialmente, en el seguimiento de las obligaciones que los derechos humanos imponen al Es-tado.

El convencimiento absoluto en la matriz conceptual de los derechos humanos, determina, en definitiva, la necesidad de concebir una INDDHH como una institución del Poder Legislativo, autónoma, independiente y separada del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, con atribuciones y funciones adecuadas para la protección de los derechos humanos en toda su extensión, de alcance nacional, con funcionamiento permanente y sin limitaciones temáticas o sectoriales, dentro del marco constitucional.

Al mantener su distancia real del Gobierno, puede aportar una contribución excepcional a los esfuerzos del país por proteger las libertades fundamentales de sus habitantes y por crear una cultural integral de respeto, promoción y plena vigencia de los derechos humanos, en su concepción de un todo interdependiente e indivisible -derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales-. Teniendo como cometidos fundamentales observar y controlar la realización efectiva de los derechos humanos en el plano nacional mediante el examen sistémico de la política de derechos humanos de todo el quehacer estatal y, además, intervenir en denuncias sobre violaciones de los derechos humanos, implica una expansión de las salvaguardas existentes.

La INDDHH no sustituye ni desplaza las competencias originales de los diversos Poderes del Estado. En ningún caso la INDDHH ejercería función jurisdiccional ni tendría facultades para revocar actos administrativos; no desempeñaría funciones ejecutivas, ni legislativas. Sus cometidos se acotarían a sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin interferir con las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos Poderes correspondan.

En relación con la intervención en las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, es muy importante insistir en que no se trata de sustituir al Poder Judicial, ni de afectar la autonomía de su función jurisdiccional. El Poder Judicial, en una sociedad democrática, es una estructura básica para la protección de los derechos humanos y no puede ser reemplazado por la INDDHH. La institucionalización de un órgano independiente al Poder Judicial con facultades para recibir denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, no implica ignorar la competencia natural del Poder Judicial. La INDDHH satisface necesidades que el Poder Judicial no puede. En tal sentido, la experiencia internacional comparada resalta que una INDDHH posibilita un mecanismo mediador, disuasivo y conciliador de comprobada eficacia por sus respuestas ágiles, informales, rápidas y sin costo.

En el entendido que nuestra sociedad se encuentra en condiciones de madurez para incorporar una INDDHH con las características propuestas, no existen obstáculos jurídicos para su creación, la cual puede establecerse por ley o mediante forma constitucional.

Tengamos presente que desde 1934, nuestra Constitución estableció órganos constitucionalmente independientes de los tres Poderes esenciales del Estado, con funciones claramente definidas, optimizando las garantías ciudadanas y los mecanismos de contralor del sistema democrático -Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Tribunal de lo Contencioso Administrativo-. Por lo tanto, nada obstaría a que la INDDHH tuviera una jerarquía similar.

Si bien el rango constitucional potenciaría la independencia de la INDDHH, garantizaría su existencia a largo plazo, jerarquizaría los derechos humanos, permitiría una mejor adecuación de sus funciones en relación con las competencias, constituciones de otros poderes u organismos autónomos y le otorgaría mayor legitimidad popular, es notorio y evidente que dicha opción resulta inconveniente desde el momento que dilatará el proceso de creación.

Consecuentemente, siendo posible establecer la INDDHH mediante ley, resulta preferible esta vía; no obstante, no debe excluirse para el futuro y en cuanto resulte oportuno, su consolidación normativa a nivel constitucional, en el entendido que para lograr un cambio significativo se requiere, muchas veces, de pasos sucesivos.

Por lo expuesto, se somete a vuestra consideración el presente proyecto de ley para la creación de una Institución Nacional de Derechos Humanos la que tendrá por cometido, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

El proyecto consta de ochenta y cinco artículos divididos en siete capítulos. El Capítulo I refiere a la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos como una institución del Poder Legislativo con funcionamiento autónomo, no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. El Capítulo II establece sus competencias. El Capítulo III refiere al procedimiento de denuncias. El Capítulo IV enumera las facultades de la Institución. El Capítulo V da cuenta de su estructura y del mecanismo de elección de sus miembros. El Capítulo VI regula el funcionamiento de la INDDHH, previendo sesiones extraordinarias en 'Asamblea Nacional de Derechos Humanos', con amplia participación de la sociedad civil. El Capítulo VII regula el presupuesto y recursos de la institución. Finalmente, el Capítulo VIII prevé disposiciones transitorias y especiales relacionadas, fundamentalmente, con la instalación de la primera INDDHH.

Creemos que la pronta aprobación del presente proyec-to de ley será un paso trascendente en la construcción de una cultura integral de los derechos humanos en el Uruguay.

Montevideo, 14 de diciembre de 2006.

Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Alberto Breccia, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Víctor Vaillant, Rodolfo Nin Novoa.

DISPOSICIONES CITADAS

Artículo referente

ARTICULO 4°

Ley N° 18.026, de

25 de setiembre de 2006

TITULO VI

PREVENCION - PROGRAMAS DE CAPACITACION

Artículo 30. (Difusión y programas de formación).- El Estado se obliga a informar y difundir, de la forma más amplia posible, las normas de derecho interno e internacional que regulan los crímenes y delitos que se tipifican. Se implementarán programas de formación y capacitación continua en la materia destinados a los funcionarios públicos, especialmente, a todos los niveles del personal docente, judicial, policial, militar y de relaciones exteriores. Se diseñarán programas especiales de formación continua y completa en derecho internacional humanitario destinados especialmente al personal militar.

Artículo referente

ARTICULO 47

Ley N° 17.296, de

21 de febrero de 2001

Artículo 12.- Los funcionarios públicos, designados para ocupar cargos políticos o de particular confianza, quedarán suspendidos en el ejercicio de los cargos presupuestados o funciones contratadas respectivos, con excepción de los docentes.

Dentro de la reserva del cargo, el funcionario mantendrá todos los derechos funcionales, especialmente el de la carrera administrativa y las retribuciones que por cualquier concepto venía percibiendo hasta la toma de posesión del cargo a que hace mención el párrafo precedente, cualquiera sea su naturaleza, financiadas con recursos de Rentas Generales o de afectación especial, con los ajustes salariales dispuestos por el Poder Ejecutivo.

En los casos de este artículo no regirá la prohibición establecida por el artículo 32 de la Ley N° 11.923, de 23 de marzo de 1953.

Artículo referente

ARTICULO 49

Ley N° 17.060, de

23 de diciembre de 1998

CAPITULO V

Declaración jurada de bienes e ingresos de las autoridades y funcionarios públicos

Artículo 10.- El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros de Estado, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, los Senadores, los Representantes Nacionales y los Intendentes Municipales deberán formular una declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título.

Artículo 11.- También están comprendidos en la obligación del artículo precedente los funcionarios que se enumeran:

A) Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República.

B) Subsecretarios de Estado, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Director y Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil y Procurador General del Estado en lo Contencioso Administrativo.

C) Miembros de los Tribunales de Apelaciones, Fiscales Letrados, Jueces, Actuarios y Alguaciles.

D) Titulares de los cargos con jerarquía de Dirección General o Nacional e Inspección General de los Ministerios.

E) Director de Recaudación, Director Técnico Fiscal, Director de Sistemas de Apoyo, Director de Fiscalización y Director de Administración de la Dirección General Impositiva, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

F) Miembros de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

G) Miembros de la Junta del Instituto Nacional de Carnes y Director Nacional de Carnes.

H) Miembros del Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

I) Decanos de las Facultades de la Universidad de la República y miembros de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico-Profesional.

J) Interventores de organismos e instituciones públicas o privadas intervenidas por el Poder Ejecutivo.

K) Secretarios y Prosecretarios de las Cámaras de Representantes y de Senadores y de la Comisión Administrativa, y Director y Subdirector de Protocolo del Poder Legislativo.

L) Directores, Gerentes Generales, Subgerentes Generales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y Gerentes de la banca estatal.

LL) Tenientes Generales, Vicealmirantes, Generales, Contralmirantes y Brigadieres Generales en actividad, Jefes, Subjetes, Inspectores, Comisarios y Directores de Policía.

M) Ediles de las Juntas Departamentales y sus correspondientes suplentes, los titulares de cargos políticos o de particular confianza de los órganos de los Gobiernos Departamentales, miembros de las Juntas Locales (artículo 288 de la Constitución de la República), así como los ciudadanos que hayan asumido las atribuciones de las Juntas Locales mientras sus autoridades no se designen.

N) Representantes del Estado en los directorios de los organismos paraestatales y en las empresas de economía mixta.

Ñ) Embajadores de la República, Ministros del Servicio Exterior y personal diplomático que se desempeñe como Cónsul o Encargado de Negocios, con destino en el extranjero.

O) Gerentes, Jefes de Compras y ordenadores de pago de todos los organismos públicos cualquiera sea la denominación de su cargo.

P) La totalidad de funcionarios que ocupen cargos de particular confianza y aquellos que cumplan funciones de carácter inspectivo.

Q) La totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, dependientes de las Direcciones General del Despacho y Tributación Aduanera, Dirección General Contable y de Contralor, Dirección General de Vigilancia y Operaciones de la Capital, Dirección General del Interior, Junta de Aranceles e Inspección General de Servicios.

Artículo 12.- Dicha declaración jurada contendrá una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles e ingresos propios del declarante, de su cónyuge, de la sociedad conyugal que integra, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela; de la participación que posea en sociedades nacionales o extranjeras, personales con o sin personalidad jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en comandita por acciones o "holdings", así como de aquellas sociedades en las que desempeñe el cargo de Director o Gerente, y de los bienes de que dispongan el uso exclusivo, y de los ingresos del declarante y su cónyuge.

En su caso, dicha declaración jurada deberá ser suscrita por el cónyuge, en lo referente a los ingresos y bienes de su pertenencia.

Se especificará el título y fecha de la última procedencia dominial de cada uno de los bienes en propiedad, alquiler o uso, monto y lugar de depósitos de dinero y otros valores en el país o en el exterior.

Se incluirán, asimismo, rentas, sueldos, salarios o beneficios que se continúen percibiendo.

Las declaraciones se presentarán en sobre cerrado ante la Junta. La Junta abrirá los sobres conteniendo las declaraciones del Presidente y Vicepresidente de la República y dispondrá su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13.- Para la presentación de la declaración jurada inicial se dispondrá de un plazo de treinta días. Este plazo comenzará a computarse una vez cumplidos sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.

Para la primera declaración jurada a partir de la promulgación de la presente ley regirá lo dispuesto en el artículo 38.

Las declaraciones subsiguientes se formularán cada dos años contados a partir de la respectiva declaración inicial, siempre que el funcionario continuare en el ejercicio del cargo. Toda vez que cesare en el mismo deberá presentar una declaración final dentro de los treinta días del cese.

Artículo 14.- La Junta llevará un registro de las declaraciones juradas de los funcionarios referidos en la presente ley y expedirá los certificados de haber recibido las mismas.

La Junta proporcionará los instructivos o formularios que correspondan para la correcta declaración jurada.

Las declaraciones se conservarán por un período de cinco años contados a partir del cese del funcionario en su cargo o su fallecimiento. Vencido el mismo, procederá a su destrucción, labrándose acta notarial de dicho acto, salvo que el interesado hubiera solicitado su devolución, en cuyo caso se le entregará.

Artículo 15.- La Junta tendrá a su cargo la custodia de las declaraciones juradas que reciba en cumplimiento de la presente ley, y sólo procederá a su apertura:

A) A solicitud del propio interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal.

B) De oficio, cuando la Junta así lo resuelva en forma fundada, por mayoría absoluta de votos de sus miembros. También cuando se haya incurrido en alguna de las situaciones previstas en los numerales 2) y 3) del artículo 17 de la presente ley, si la Junta lo entendiera procedente en el curso de una investigación promovida ante la misma.

Artículo 16.- En caso de no presentación de la declaración jurada en los plazos previstos por el artículo 13 de la presente ley, la Junta cursará aviso a los funcionarios omisos. Si en los quince días posteriores no cumplieran con la obligación o no justificaran un impedimento legal, la Junta publicará en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional el nombre y cargo de los funcionarios que hayan omitido realizar la declaración dispuesta en los ar-tículos 10 y 11 de la presente ley, sin perjuicio de lo que se establecerá en el artículo siguiente.

Artículo 17.- Se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública:

1) La no presentación de la declaración jurada al cabo del trámite previsto en el artículo anterior.

2) La inclusión en la declaración jurada inicial de cada declarante de bienes y valores patrimoniales pertenecientes a terceros o inexistentes.

3) La ocultación en las declaraciones juradas subsiguientes de bienes que se hubieran incorporado al patrimonio del declarante o de las restantes personas a que refiere el artículo 12 de la presente ley.

De producirse la modalidad prevista en los numerales 2) y 3) de este artículo, la Junta iniciará las acciones previstas en el numeral 3) del artículo 4° de la presente ley.

Artículo 18.- Si durante el año electoral se formula una denuncia o se procede a la apertura del sobre por cualquiera de las causales indicadas en el artículo 15 de la presente ley, referente a un funcionario que se postule a cualquier cargo electivo, el interesado podrá urgir a la Junta a que dicte la resolución con una anticipación de, por lo menos, treinta días al acto eleccionario. La Junta no recibirá denuncias dentro de los noventa días anteriores al acto eleccionario.

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo y los titulares de los distintos organismos a los que alcanzare esta ley deberán comunicar a la Junta los nombres de todas las personas que a la fecha de su promulgación estén comprendidas en los artículos 10 y 11 de la presente ley. Asimismo deberán comunicar dentro de los treinta días de acaecidas las alteraciones que se produzcan en dicha nómina.

Artículo referente

ARTICULO 83

Ley N° 17.556, de

18 de setiembre de 2002

Artículo 67. (Pases en comisión).- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986, en la redacción dada por el artículo 40 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, por el siguiente:

"ARTICULO 32.- Autorízase el traslado de funcionarios de organismos públicos estatales y no estatales para desempeñar, en comisión, tareas de asistencia directa al Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros de Estado, Subsecretarios y Legisladores nacionales a expresa solicitud.

Los Legisladores no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión simultáneamente.

Los Subsecretarios de Estado no podrán tener más de cinco funcionarios en comisión cada uno. Estas solicitudes deberán ser formuladas por el jerarca del Inciso.

El plazo del traslado en comisión se extenderá por todo el período de ejercicio del cargo por parte de quien formule la solicitud, salvo que este resolviera dejarlo sin efecto. Al asumir un nuevo jerarca, este podrá mantener hasta por 90 días los funcionarios que tenía en comisión su precedecesor, en tanto transcurra el período procedimental relativo a la renovación o sustitución de los mismos.

Los indicados traslados en comisión no tendrán otro efecto que la prestación de la actividad al servicio y a la orden de quien formula la solicitud. Los funcionarios mantendrán su condición, ya sea de presupuestados o contratados, debiendo considerárseles como si prestaran servicios en su lugar de origen, en particular en cuanto refiera a la carrera administrativa, a la renovación de sus contratos, a la bonificación de sus servicios a los efectos jubilatorios, y a su remuneración, cualquiera sea su naturaleza, incluyendo aquellas que tengan por condición la prestación efectiva de tareas en el organismo. Lo dispuesto no será de aplicación para aquellas partidas que por norma legal expresa tuviesen un tratamiento diferente.

Cuando los funcionarios provinieren de la Administración Central o de los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, y cuenten con una antigüedad superior a cinco años en comisión, podrán solicitar su incorporación definitiva al organismo en que vinieren desempeñando funciones (excluidos los Incisos 01 y 02) mediante el mecanismo de redistribución dispuesto por la presente ley.

Las cantidades máximas de funcionarios en comisión simultáneamente, dispuestas en este artículo, no se aplicarán respecto de aquellos funcionarios que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se encontraren desempeñando tareas en régimen de comisión, sin perjuicio de su derecho a optar por la incorporación definitiva al inciso correspondiente, con las exclusiones referidas en el inciso precedente."

Artículo referente

ARTICULO 83
Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996

Artículo 507.- Los pases en comisión de los funcionarios del Poder Judicial, regulados por el artículo 20 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, con las modificaciones introducidas por los artículos 41 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, 15 de la Ley N° 16.226, de 29 de octubre de 1991 y 40 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, deberán ser dispuestos con la autorización del órgano jerarca, quién tendrá derecho a negarse cuando se afecte negativamente el servicio. Los funcionarios técnicos del Poder Judicial están excluidos del sistema antes mencionado. Cada Legislador no podrá solicitar, al amparo de estas normas, más de un funcionario judicial.

Estas disposiciones regirán para solicitudes que realicen a partir de la vigencia de la presente ley.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 140

En Montevideo, el once de noviembre de dos mil ocho, a la hora catorce y cuarenta y cinco minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros las señoras Senadoras Margarita Percovich y Lucía Topolansky y los señores Senadores Abayubá Martorell, Rafael Michelini y Romeo Pérez Antón.

Faltan con aviso los señores Senadores Sergio Abreu, Carlos Moreira, Didier Opertti y Eduardo Ríos.

Preside el señor Senador Rafael Michelini, en calidad de Presidente ad hoc.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión y la señora Gloria Mederos, Prosecretaria.

ASUNTOS ENTRADOS:

- La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores remiten el Mensaje N° 484, relativo a "PREPARACION DEL INFORME ROU AL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU - EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL (EPU)/ PLAZO 13 DE NOVIEMBRE PARA EL INFORME DE BASE DE CADA INSTITUCION DEL ESTADO". Fue repartido en el día 10 de noviembre y reenviado por mail a los despachos de las señoras Senadoras y señores Senadores miembros de la Comisión.

- Invitación remitida por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura a la inauguración de la Muestra "Señales Eticas del 83", a realizarse el próximo 14 de noviembre, a las 18 horas, en el Subte Municipal (Plaza Eduardo Fabini). En el día de la fecha fue reenviado por mal a las señoras Senadores y señores Senadores miembros de la Comisión, y se reparte en sesión de esta Asesora.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA N° 731/2006. INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Se crea como institución del Poder Legislativo y se determina su integración y cometidos. Proyecto de ley con exposición de motivos de las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y de los señores Senadores Alberto Breccia, Alberto Cid, Alberto Couriel, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Rafael Michelini, Enrique Rubio, Jorge Saravia, Víctor Vaillant y del señor Presidente del Senado, Rodolfo Nin Novoa. Distribuido N° 1467/2007.

Propuestas de modificación al articulado presentadas por la señora Senadora Margarita Percovich. En consideración. La señora Senadora Margarita Percovich realiza una exposición sobre las modificaciones propuestas. El señor Presidente ad hoc propone votar el proyecto de ley en su totalidad y desglosar los artículos 39, 40, 52, 53 y 56. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a la consideración de los artículos desglosados.

ARTICULO 39. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

ARTICULO 40. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

ARTICULO 52. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

ARTICULO 53. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

ARTICULO 56. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. SUSTITUTIVO.

Queda aprobado el proyecto de ley sustitutivo. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA N° 690/2006. CODIGO AERONAUTICO (Decreto-Ley N° 14.305, de 29 de noviembre de 1974). Se sustituyen los artículos 4°, 5°, 198 y 205. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 1339/2006. En consideración. Se vota el artículo único, considerando individualmente los artículos del Código Aeronáutico que se modifican en el mismo.

ARTICULO 4° DEL CODIGO AERONAUTICO. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 5° DEL CODIGO AERONAUTICO. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 198 DEL CODIGO AERONAUTICO. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 205 DEL CODIGO AERONAUTICO. En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El artículo 2° del proyecto de ley se suprime.

Queda aprobado el proyecto de ley sustitutivo. Se designa Miembro Informante al señor Senador Rafael Michelini, quien lo hará en forma verbal.

Los textos de posproyectos de ley sustitutivos aprobados se adjuntan a la presente Acta como Anexos.

A la hora quince y treinta minutos se levanta al sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 2916/2008 y 2917/2008, que forman parte integrante del presente documento.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente ad hoc y la señora Secretaria.

Rafael Michelini

Presidente ad hoc

Josefina Reissig

Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: este proyecto de ley surge a iniciativa de la entonces Subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, señora Belela Herrera, de las Naciones Unidas y del Alto Comisionado del referido organismo, en razón de que nuestro país carecía de un mecanismo de control del cumplimiento de los compromisos establecidos por los sucesivos gobiernos democráticos, relacionado con el ejercicio de los derechos humanos, en toda su amplitud, por parte del Estado.

Distintos gobiernos uruguayos han ratificado permanentemente varios Tratados y Convenciones, muchos de ellos específicos sobre determinados sujetos de derecho, y en todos se compromete a llevar adelante una serie de políticas nacionales, así como también a realizar cambios y a llenar vacíos legales. Para ello se crea en nuestro país un Grupo de Trabajo en la órbita de las Naciones Unidas, contando con el soporte técnico del referido organismo, que estuvo integrado por los cuatro Partidos Políticos que cuentan con representación parlamentaria en este Período legislativo, así como por las organizaciones sociales especializadas en el tema. Dicho Grupo de Trabajo contó con una importante y permanente concurrencia de sus miembros y llevó a cabo su tarea durante casi un año y medio. En el referido grupo se acordó la forma que debería tener este mecanismo en el país, que vendría a ser como un Ombudsman.

En diferentes Legislaturas, distintos Legisladores presentaron proyectos de ley al respecto, sobre todo en el período inmediato a la recuperación democrática, ya que en esos momentos se sentía esa carencia en nuestro país. Me gustaría recordar muy especialmente al doctor Batalla y al doctor Daniel Díaz Maynard, pues ambos presentaron proyectos al respecto, los que nunca llegaron a contar con la aprobación plena de ambas Cámaras.

En el Grupo de Trabajo se llegó a un acuerdo sobre el texto, el que luego fue presentado a las distintas Bancadas. Los integrantes de ese grupo de trabajo -algunos se encuentran presentes en Sala-, junto al señor Vicepresidente de la República -que siempre apoyó en los trabajos que se realizaron respecto de este tema- y al señor Presidente de la Cámara de Representantes, firmamos el texto y nos comprometimos a presentar el proyecto de ley en ambas Cámaras.

Este proyecto ingresó a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, donde estuvo casi dos años. Para su análisis se contó con la presencia del Grupo de Trabajo, que acordó el pre-proyecto del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, los que brindaron sus opiniones al respecto.

En la Comisión de Constitución y Legislación nos fijamos un plazo para la consideración de este proyecto, a efectos de que en este Período legislativo quedara aprobado en ambas Cámaras, porque pensamos que sería bueno que para el 60º Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Uruguay contara con esta institución que en este proyecto de ley ha recibido el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el entendido de que es el último de los países de América Latina y de América Central en tener un organismo de esta naturaleza. Además, en este caso tiene la característica de estar integrado por cinco miembros, lo que le da una conformación más completa y diversa de la variedad de derechos que hoy deben ser respetados y cuyo ejercicio debe ser habilitado por el Estado.

El proyecto de ley consta de siete capítulos, de los cuales el I, "Creación", contiene los dos artículos centrales. El artículo 1º refiere a la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos como un organismo adjunto al Poder Legislativo. Este fue uno de los temas que más se debatió en el seno de la Comisión pero, en vista de las dificultades existentes en la estructura constitucional uruguaya para que se cumpla el requerimiento de autonomía del Estado, no encontramos un lugar más autónomo y representativo que el Poder Legislativo. Hacemos esta aclaración porque el Poder Judicial tiene otras funciones que no son las que, precisamente, se dan a una institución nacional que asesora y recomienda. Por lo tanto, en aquellos casos en que haya presunción delictiva, pasará el asunto al Poder Judicial.

Además, la experiencia del Comisionado Parlamentario nos ha dejado una serie de elementos para considerar en la reglamentación que tenga o se dé esta Institución Nacional en sus relaciones con el Poder Legislativo, y nos pareció que nos daba elementos para pensar que si estaba establecida en el ámbito de esta Casa, podía funcionar más ajustadamente. Decimos esto, considerando que el Comisionado Parlamentario tuvo que ir creando reglas -que con él fue discutiendo la Comisión Especial que estudió el tema- para que no se vieran desmerecidas su autonomía y actuación. El artículo 1º también define sus cometidos, que serán: "la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional".

El artículo 2º es el que define su funcionamiento autónomo, al que luego se refieren otros artículos, como es el caso del 51, que establece las características con que deberán actuar los miembros integrantes de esta Institución.

En el Capítulo II, "Competencia", el artículo 3º define los efectos de las resoluciones y el artículo 4º establece las competencias, en el que quedan claramente precisadas sus características, que serán: la de órgano asesor; la de proponer recomendaciones para recibir las denuncias, la de hacer propuestas con relación a algunos elementos que sean violatorios de tratados internacionales que el Uruguay ha suscrito y la de proponer que se suscriban algunos, así como la adopción de medidas que se consideren adecuadas para el ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta los vacíos legislativos o las prácticas administrativas que vayan en contra de los compromisos del Estado. También se le consagran otras competencias, tales como: emitir opiniones y recomendaciones, colaborar con las autoridades, realizar estudios e informes, recomendar y proponer la adopción de prácticas institucionales mejores, emitir opiniones sobre proyectos de ley, proponer algunas derogaciones que vayan en contra de estos presupuestos que tiene el país, investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, proponer, cooperar, etcétera.

El artículo 5º del Capítulo III establece su alcance, que abarcará a todas las instituciones públicas, las personas privadas y organismos paraestatales o personas públicas no estatales que cumplen servicios del Estado y puedan estar implicadas en violaciones al respecto, siempre con relación a los organismos públicos.

No le compete lo que esté en vía jurisdiccional, más allá de algún tema general en el que pueda hacer una recomendación.

Cabe aclarar que para las competencias que se establecen en el artículo 4º de este Capítulo, no se admiten recursos, si bien en las otras sí.

En el artículo 8º, entre las competencias que se le asignan, se establece la difusión pública de sus resoluciones, la comunicación a los organismos que esté investigando o de sus resoluciones, pero no de las denuncias que, obviamente, son de carácter privado.

El artículo 9º establece que este organismo y sus miembros deberán actuar de buena fe, que no pueden opinar personalmente, sino que deben expresarse como Institución Nacional, es decir, en acuerdo con los demás integrantes.

El artículo 10 refiere a la coordinación. Nos pareció importante incluirlo, porque existe el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, que deberá coordinar con esta Institución o, incluso, debería ser uno de sus cinco miembros porque, más allá de que tiene una especificidad -que es el seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos en las cárceles-, deberá ser una de las competencias que tiene este organismo nacional y que ya está cumpliendo el referido Comisionado. La coordinación también se deberá establecer con los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se establezcan en el futuro. Actualmente, se ha logrado nombrar el de Montevideo, que ya tiene una institucionalidad reconocida por los vecinos, la Junta Departamental y el Ejecutivo Comunal, con una práctica interesante y las mismas competencias que el órgano nacional. Además, el Defensor del Vecino de Montevideo cuenta con una buena infraestructura, que ha ofrecido para que la Institución Nacional funcione en esa casa -muy amplia para él-, ya que el Palacio Legislativo no es funcional para albergar otra oficina. En el caso de Colonia y de Maldonado, también existe una normativa aprobada por sus Juntas Departamentales, pero todavía no han implementado la nominación de sus Defensores del Pueblo. Como decía, la coordinación entre todos esos organismos se establece en el artículo 10.

En el Capítulo III, "Procedimiento de denuncias", se establece quiénes pueden formular las denuncias, es decir, todas las personas, por supuesto que con todas las Comisiones parlamentarias, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura que, seguramente, coordinará con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el artículo 12, se establece la reserva que se debe mantener con respecto a las denuncias recibidas.

En el artículo 13, que refiere a la forma y a los requisitos, se dice que deberán hacerse por escrito y deberán estar fundadas.

El artículo 14 establece el plazo para la presentación de las denuncias o para la actuación de oficio, que sólo será de seis meses contados a partir del hecho que se denuncia y que en algún caso especial, aunque haya perimido el plazo, la Institución puede entender que la denuncia de todos modos debe ser presentada.

En el artículo 17 se establece la forma de rechazo de las denuncias, de las que están fuera de plazo y de las que, obviamente, son improcedentes.

También se explicitan las formas administrativas, los casos en trámite, las formalidades del rechazo y cómo se sustancian una vez admitida la denuncia. Al respecto se establece que se realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservada, con los propios jerarcas de la Institución o del organismo que sea motivo de la denuncia, y después se resuelve hacer la investigación más profunda, es decir, si se actúa o no. Se da un plazo de cinco días para establecer el contacto con las máximas autoridades del organismo. En lo que tiene que ver con el rol de los jerarcas, en el artículo 73 se prevé que todos los funcionarios de organismos tienen la obligación de colaborar. En tal sentido no pueden prohibir, por ejemplo, que un funcionario que hizo una denuncia formule declaraciones ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. El organismo denunciado debe responder por escrito y se da un plazo de treinta días a las instituciones indagadas.

A su vez, los artículos 22 y 23 establecen una serie de formalidades. En el caso de que una institución se niegue a colaborar, el único recurso que tiene la Institución Nacional de Derechos Humanos es dar la más amplia publicidad al hecho, así como también está obligada a dar la más amplia difusión a sus informes, los cuales debe rendir anualmente, al igual que sucede con el Comisionado Parlamentario, quien los presenta ante la Comisión Especial y la Asamblea General. Entonces, allí se dejará constancia de aquellos organismos que se nieguen a dar respuesta a la Institución Nacional de Derechos Humanos, frente a una denuncia. Como decía, este es el único elemento de fuerza con que cuenta dicho organismo.

Asimismo, en cualquier instancia del trámite y para el caso de que existiera una vulneración en curso, de carácter grave, el artículo 24 establece que podrán adoptarse medidas provisionales urgentes para impedir que dicha vulneración se siga cometiendo. Ante esa situación existirá una rápida coordinación con las jerarquías de turno. Vale reiterar que hablamos de recomendaciones y pueden hacerse otras sugerencias para eliminar los problemas existentes. Si no hay mérito, se comunica, se labra acta y se archiva. Ello no obsta a que esa investigación sobre determinado problema pueda reabrirse posteriormente, si existiera mérito.

El artículo 29 define la relación con las instituciones que no son estatales, pero solamente tratándose de aquellas que tengan vinculación con servicios que brinden las instituciones del Estado. Si hay un hecho presuntamente delictivo debe pasar a la jurisdicción competente y cuando se somete a resolución jurisdiccional de otros organismos puede efectuarse alguna recomendación general sobre el tema. Esto también tiene que ver con lo previsto en el artículo 19. Podría decirse que hay una conexión entre los artículos 31 y 19.

El criterio para adoptar resolución es, obviamente, la convicción suficiente y el artículo 33 obliga a llevar un registro de las denuncias y resoluciones que después serán motivo de ese informe anual que llegará a la Asamblea General. Asimismo, se prevé la forma de proteger a los denunciantes.

En el Capítulo IV se establecen las facultades de esta Institución, particularmente en el artículo 35 en el cual voy a detenerme puesto que considero que es una de las disposiciones más importantes. Es así que la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el ejercicio de sus funciones, tiene facultades para hacer visitas de inspección, pedir informes, examinar expedientes y archivos, entrevistarse con cualquier persona, solicitar ante el jerarca correspondiente la adopción de una medida cautelar para impedir la consumación de perjuicios, presentar denuncias penales, interponer recursos de habeas corpus o amparo sin perjuicio de solicitar otras medidas judiciales, mantener contactos y suscribir acuerdos de cooperación con los organismos internacionales que tienen estas mismas facultades y suscribir convenios con las Juntas Departamentales, Juntas Locales o con las Intendencias Departamentales respetando la existencia de un organismo a nivel departamental en esta materia, tal como se establecía en el artículo relativo a la coordinación.

Por su parte, en el Capítulo V se define la estructura de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Al respecto el artículo 36 señala que dicha Institución "será un órgano que se integrará con cinco miembros procurando asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación". En este caso, tratamos de tomar la misma figura que se ha utilizado para la creación del Tribunal de la Corte Penal Internacional, de manera de continuar con el cumplimiento de los Tratados suscritos por el país. Sin duda, el sistema de elección nos involucra directamente a los parlamentarios.

Vale destacar que este tema fue muy discutido, pero entendemos que no hay mayor legitimidad que la que surge de que el Parlamento y los Legisladores de ambas Cámaras, reunidos en la Asamblea General -sea cual sea su composición-, electos por el pueblo, apoyen con su voto la elección de los integrantes de esta Institución. Es un procedimiento que prevé alcanzar el mayor acuerdo, en tanto se establece que se requerirán los dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, la que será convocada a ese solo efecto. Asimismo, si no se alcanzara un acuerdo que permitiera llegar a esa mayoría especial, se otorga un plazo de veinte días para seguir buscando un consenso, luego del cual será citada nuevamente la Asamblea General que podrá elegir a los miembros de esta Institución por mayoría absoluta de votos. Es bueno destacar que se permiten dos votaciones sucesivas en esta segunda instancia para el caso de que exista la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Un aspecto importante consiste en que si en esta primera elección no se llegara a la integración de los cinco miembros, no se instalará la Institución Nacional de Derechos Humanos. Por lo tanto, eso obliga a los Legisladores de todos los partidos a dar legitimidad a la elección de esos miembros.

En lo que tiene ver con la forma de recepcionar las propuestas de los candidatos, quiero señalar lo siguiente. Entonces, se recibirán las propuestas de las organizaciones habilitadas por el artículo 64 -cuando lleguemos al capítulo correspondiente diremos cuáles son- y de los parlamentarios. Esta es otra de las modificaciones que realizamos en la Comisión ya que nos pareció que, al igual que en el caso del Comisionado Parlamentario, los Legisladores tenemos derecho a hacer propuestas, desde nuestra visión, acerca de quiénes son las personas que consideramos idóneas para cumplir ese rol.

Por otro lado, se crea una Comisión Especial, y cabe señalar que esto fue sugerido a las Naciones Unidas por los Legisladores que formamos parte del grupo de trabajo, porque nos pareció que funcionó muy bien la Comisión que eligió al Comisionado Parlamentario. Incluso, consideramos que eso también da fuerza a los miembros que sean electos. En definitiva, se tratará de una Comisión Especial de la Asamblea General que recibirá las postulaciones de la sociedad civil y de los Legisladores. A su vez, se establece la forma de recibir a los postulantes y se prevé la posibilidad de que asistan para defender su postulación, tal como se hizo con el Comisionado Parlamentario.

En el artículo 42, que hace referencia a la oportunidad de la elección, se establece que la elección de los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos "se llevará a cabo dentro de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura".

Por nuestra parte, pensábamos que este proyecto de ley iba a estar aprobado, por lo menos, un año y medio antes; sin embargo, ya nos encontramos en el tercer período legislativo. Es así que, cuando falta tan poco para el año próximo, nos ha parecido oportuno abocarnos a la elección en la Asamblea General de estos miembros. Por lo tanto, hemos hecho llegar a la Mesa una modificación para este artículo. Concretamente, proponemos que en él se establezca que la elección de los miembros de la Institución Nacional no podrá extenderse más allá de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura. Esto significa que, para después de la primera elección realizada, la renovación de los miembros no podrá extenderse más allá del tercer período legislativo de la siguiente Legislatura.

Me parece importante hablar también de los requisitos para ser miembro de esta Institución Nacional, los que figuran en el artículo 45 del proyecto de ley. Concretamente, los miembros deberán ser personas de alta autoridad moral; contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos; ser ciudadanos uruguayos, naturales o legales -estableciéndose que en el último caso deberán tener un mínimo de diez años de ciudadanía-; estar en el pleno goce de los derechos cívicos y no haber desempeñado cargos públicos electivos o de particular confianza política durante dos años anteriores a su designación. Se puntualiza, luego, que se exceptúan los cargos electivos de la Universidad de la República.

En el artículo 46, por su parte, se establecen las incompatibilidades, que son las mismas establecidas para el cargo de Comisionado Parlamentario. Así pues, no podrán ser miembros de la Institución Nacional quienes estén en el ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de la INDDHH; quienes ejerzan otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia de derechos humanos; quienes ejerzan funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares y quienes desarrollen actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto. Como se puede observar, son muy estrictas las incompatibilidades que se establecen, porque también son muy importantes las posibilidades de asesoramiento que tienen.

En el artículo 47 se alude al cese de incompatibilidades, mientras que en el artículo 48 se hace referencia a las decisiones sobre las mismas y procedimientos a seguir.

En el artículo 49, referido a la declaración jurada, hemos presentado una modificación. Eliminamos lo referido a la Unidad Técnico-Administrativa que se creaba, pues nos parecía que eso iba a requerir un presupuesto específico y una iniciativa del Poder Ejecutivo para votarla, etcétera, o una decisión del propio Parlamento. Más adelante, al establecer las formas de integrar un funcionamiento adecuado para la Institución Nacional, se habla de concursos dentro de los propios funcionarios del ámbito público y, obviamente, de los pases en comisión. Por lo tanto, la declaración jurada se podrá pedir, según el artículo 49, a los miembros de la Institución Nacional de Derechos Humanos y a los funcionarios no administrativos, que tienen que presentar, como todos nosotros, la declaración jurada.

En el artículo 50 se hace referencia a la inhibición posterior al cese, estableciéndose que los miembros de la Institución Nacional no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política, ser candidatos a cargos públicos electivos o asesores de personas que hubieran estado involucradas en denuncias ante la Institución Nacional, como denunciantes o denunciados. Como veremos, se es bastante estricto en la calidad de los postulantes a esta Institución.

El artículo 51 alude a la actuación independiente, reafirmándose lo establecido en el artículo 2º con relación a la autonomía que tienen los miembros de la Institución Nacional, los que no estarán sujetos a ningún mandato imperativo ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

El artículo 52 establece todo lo relativo al cese del cargo, de manera similar a lo que rige en el caso del Comisionado Parlamentario.

El artículo 53 tiene que ver con la remuneración. En este caso, realizamos una modificación en Comisión porque, si bien en el proyecto original se establecía que el salario del miembro de la Institución sería similar al de los Ministros de Estado, en concreto propusimos que fuera del rango de los Subsecretarios de Estado, pues nos parecía más adecuado.

En los dos artículos siguientes se establecen las normas de funcionamiento de la Institución Nacional, aludiendo a la Presidencia y a las atribuciones y responsabilidades del Presidente, etcétera.

En el Capítulo VI se alude al funcionamiento de la Institución Nacional y abarca varios artículos.

En el artículo 62 se hace referencia a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, con las instituciones de la sociedad civil.

Esta Institución, además de su funcionamiento ordinario, podrá reunirse en Asamblea Extraordinaria al menos una vez al año, y ante un pedido especial puede hacer una segunda Asamblea. De esa forma se constituirá en la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, en la que participarán varias organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas de derechos humanos.

El artículo 64 define cuáles son las organizaciones sociales que estarán habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la Institución Nacional. Concretamente, serán: las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una organización internacional con estatuto consultivo ante organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos o del MERCOSUR, así como las organizaciones sociales nacionales, excluidos los partidos políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos: una reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de competencia; sin finalidad de lucro, no siendo indispensable la personería jurídica y que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 80, numeral 6 de la Constitución de la República. De todas maneras, las Comisiones parlamentarias que lo deseen y otras instituciones, como la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura o del Ministerio de Relaciones Exteriores, podrán ir como observadores a estas instancias extraordinarias anuales.

En el artículo 65 se establece quiénes son sujetos de contralor de la Institución Nacional.

Las disposiciones siguientes se refieren al Orden del Día y al período entre sesiones extraordinarias, así como también a cuándo se harán los informes, relatorías y propuestas. Se establece también que se designarán dos miembros para recibir las denuncias, a fin de que siempre haya un turno de personas dedicadas a esa tarea.

En el artículo 72 se determina que existirá la más amplia publicidad con relación a todos los informes.

En el artículo 74 se establece que esta Institución Nacional, más allá de funcionar en la órbita del Poder Ejecutivo, no tiene receso.

El Capítulo VII comprende los artículos 75 a 78.

En el artículo 75, se establece un principio general de autonomía para funcionar. Para ello, se determina -en el artículo 76- la necesidad de contar con un presupuesto digno.

En el artículo 77 se alude a los procedimientos para la Rendición de Cuentas, lo que dependerá de la Cámara de Representantes, pues será ella quien se encargará de incluir en su propio presupuesto el funcionamiento de la Institución Nacional.

El Capítulo VIII -último del proyecto de ley- hace referencia a las Disposiciones Transitorias y Especiales. También en este caso hemos realizado alguna modificación porque se trata de la creación, por primera vez, de una institución de este tipo.

Olvidé decir en su momento algo que es importante tener en cuenta y que no fue previsto en el caso del Comisionado Parlamentario. Por este proyecto de ley, la Institución Nacional puede obtener recursos provenientes de convenios de asistencia y cooperación, ya que para todos los organismos de derechos humanos existen fondos de financiación de las Naciones Unidas y sus organismos. En el artículo 78 del Capítulo VII, que habla del presupuesto, se establece que podrá suscribir estos convenios para obtener recursos que no recaigan solamente en el Presupuesto del Poder Legislativo.

En las Disposiciones Transitorias y Especiales -el ar-tículo 79 establece que para la primera elección de miembros de la Institución Nacional, las organizaciones sociales podrán proponer candidatos, tal como ya lo leímos y está previsto en los artículos 40 y 64-, también hemos hecho una propuesta de modificación para el artículo 80. Dada la fecha en que estamos votando este proyecto de ley, los miembros de la primera Institución Nacional, según nuestra propuesta, deberán ser electos en la Legislatura siguiente a la de promulgación de esta ley, lo cual difiere de lo establecido anteriormente cuando se hablaba de que ello tendría que ocurrir antes de los 120 días siguientes, en virtud de que pensábamos que esto iba a ser votado antes. Lo cierto es que no nos parece que sea conveniente poner a la Asamblea General en esta situación de decidir. Inclusive, nos parece más representativo que sea la próxima Legislatura, con su nueva integración, la que tenga que encargarse de la primera elección de miembros de la Institución Nacional.

También, con respecto a este Capítulo de Disposiciones Transitorias y Especiales, donde además se establece que se llamará a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, etcétera, vamos a proponer que se agregue otra disposición, que es especial y no transitoria, aunque el Capítulo lleva ese título. Concretamente, planteamos que esta Institución Nacional se convierta en el mecanismo especial de referencia para el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que nosotros aprobamos en este período legislativo. En ese sentido, el Alto Comisionado nos viene exigiendo un mecanismo especial. Los Legisladores y los integrantes del Poder Ejecutivo, especialmente de la Cancillería -que es la que recibe el reclamo de las Naciones Unidas-, esperábamos la votación de este instrumento de responsabilidad para que no hubiera distintos mecanismos frente a estos Tratados. Entendemos que esta Institución Nacional deberá hacer recomendaciones a aquellos organismos que tienen responsabilidades; por ejemplo, el INAU y la ANEP tienen responsabilidades con relación a la Convención de Derechos del Niño. Seguramente, la Institución Nacional va a colaborar en los informes-país y con el Instituto de las Mujeres cuando tenga que concurrir a dar los informes de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación. Lamentablemente, no pude concurrir al evento que tuvo lugar en Ginebra, hace quince días, señor Presidente, pero sé que participó una amplia delegación oficial. Lo mismo sucede con respecto a otras Convenciones sobre las que hay que dar referencia.

Traigo esta propuesta con satisfacción, en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación. Creo que somos varios los Legisladores que, ya sea por su participación en el grupo de trabajo, en el seguimiento del tema en la Comisión de Constitución y Legislación o por su labor en distintos asuntos relacionados con los derechos humanos, como por ejemplo la discapacidad -acerca del cual también hace poco aprobamos una Convención-, hemos estado en contacto con la necesidad de contar con esta referencia que se ha reclamado al país durante muchos años y que nos pone a la altura de otros países de América Latina y el Caribe en los que ya funciona este tipo de instituciones.

Muchas gracias.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: el Partido Nacional va a votar afirmativamente este proyecto de ley en el convencimiento de que la incorporación a nuestro sistema de una institución que tenga la responsabilidad de velar por la defensa de los derechos humanos en una acción complementaria de la que ejercen los distintos Poderes del Estado, es de suma importancia y significa adecuarse a los desafíos de los tiempos modernos. De la misma manera en que las libertades nunca están definitivamente conquistadas, tampoco está asegurada la defensa permanente de los derechos humanos, y consideramos fundamental cada nuevo elemento, cada nuevo ingrediente que se pueda sumar para luchar contra la injusticia. En consecuencia, en todos los casos estamos dispuestos a ayudar en la elaboración de estos instrumentos que, seguramente, van a tener una vida fecunda y muy activa en el cumplimiento de los objetivos que se determinan a través del proyecto de ley.

No por casualidad, señor Presidente, expreso estos conceptos haciendo referencia a que la Institución que hoy estamos creando va a tener una actividad que defino -sin que ello implique restarle importancia ni jerarquía- de carácter complementario. Aquí todos estamos absolutamente convencidos de que la gran tarea en defensa de los derechos humanos es realizada por el Estado, por sus instituciones y Poderes: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cada uno en el cabal cumplimiento de sus responsabilidades y de sus funciones. El Poder Legislativo puede desarrollar su acción a través de la creación de leyes o de la responsabilidad de contralor de la acción del Poder Ejecutivo. Por su parte, éste, a través de sus distintos Ministerios -casi me animo a decir que todos, porque los derechos humanos no suponen solamente la defensa de la vida y la lucha contra la tortura, el secuestro, sino también velar por la educación de los niños, por la salud de la población y por la mejora de su calidad de vida-, deberá ayudar en esta tarea. Lo mismo podríamos decir de la acción que desarrolla el Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes y con dictar justicia en todos los casos en que su participación sea requerida. En suma, las tareas desarrolladas por estos tres Poderes son absolutamente insustituibles y nadie está pensando que en el día de mañana haya que sustituir a uno u otro para poder defender efectivamente los derechos humanos en un país, especialmente en el nuestro, sino que simplemente se considera que la existencia de una institución ajena a los Poderes, está necesariamente involucrada en uno de ellos, porque en la Constitución no hay margen para otro mecanismo. Tal cual está estructurado nuestro sistema jurídico e institucional, hoy no existen posibilidades de crear un organismo autónomo por fuera de los Poderes del Estado y, en consecuencia, no hubo otra alternativa que establecer en el artículo 1º que esta es una institución del Poder Legislativo. Ese hecho nos lleva a su creación y a la búsqueda del mayor respaldo posible para que pueda cumplir eficazmente sus tareas. Diría, señor Presidente, salvando algunas diferencias, que es una especie de Comisionado Parlamentario en materia de derechos humanos. Así como hoy existe un Comisionado Parlamentario en el tema carcelario, cuya tarea o responsabilidad primera es, precisamente, velar por la defensa de los derechos humanos de quienes están privados de su libertad, nosotros estamos creando un Comisionado Parlamentario que estará presidido por un organismo colegiado y que tendrá responsabilidades con características más o menos similares -quizás un poco más exigentes-, pero no ya referidas exclusivamente a los derechos humanos de quienes están privados de su libertad, sino a los de todos y cada uno de quienes habitan el territorio nacional. Esa es, en consecuencia, la dimensión enorme que adquiere la creación de esta Institución.

Quiero señalar, señor Presidente, que nuestro voto como Partido responde a la historia de nuestra colectividad que, desde el día mismo de su creación hasta hoy, ha ejercido una tarea permanente en la defensa y reivindicación de las libertades públicas, en la búsqueda de la profundización de la democracia y, muy especialmente, en la defensa de los derechos humanos en todas sus formas. Creo, contrariamente a lo que se expresa en la exposición de motivos, que esto no surge exclusivamente como una respuesta a los duros años que le tocó vivir al país desde 1973 a 1985; que esa afirmación de alguna manera nos encierra en un tema que ha acaparado, con buen criterio, los titulares desde 1985 hasta hoy, pero limitando su alcance, que es proteger los derechos humanos por lo que pasó en ese tiempo. Por supuesto, esos son ejemplos de extremos absolutamente repudiables que, sin lugar a dudas, merecen la máxima de las condenas de todos los que integramos este Parlamento, pero que no se agota en esa circunstancia. Creo que, lamentablemente, a pesar de la evolución del mundo y de la propia humanidad, cada tiempo plantea un nuevo desafío en materia de defensa de los derechos humanos, en cada tiempo aparece una nueva forma de violentarlos y en cada tiempo esas nuevas formas nos muestran que tiene un alcance cada vez más grande. En consecuencia, todo lo que signifique fortalecer los sistemas institucionales para protegerse, precaver y condenar la violación de los derechos humanos, nunca va a estar de más.

Me parece que hay elementos más que suficientes para acompañar -diría, acompañar con entusiasmo- este proyecto de ley, y así lo hemos hecho, como decía la señora Senadora Percovich, trabajando en la Comisión. El año pasado nos cupo la responsabilidad de presidir la Comisión de Constitución y Legislación y, por ello, tuvimos la oportunidad de vivir, a iniciativa de los partidos políticos, la feliz circunstancia de presidir una sesión de carácter público en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo y de las Naciones Unidas. En esa ocasión conmemoramos un nuevo aniversario del "Día de los Derechos Humanos" en el mundo y todos lo partidos nos comprometimos a, en los plazos más breves posibles, aprobar este proyecto y transformarlo en ley. Hoy estamos cumpliendo con ese objetivo y sorteando algunas objeciones que tendríamos para hacerle, ya no desde el punto de vista sustantivo, sino formal. Pero entendemos que debemos dejar que se cree esta Institución, que empiece a actuar y vaya cumpliendo con sus responsabilidades para luego, sobre la marcha, corregir algo si resultara necesario, porque es preciso que esta ley tenga nacimiento de una vez por todas.

Quiero destacar que va a ser muy importante la labor de quienes tengan la responsabilidad de su conducción de acuerdo con lo que se establece en el artículo 36 del Capítulo V, donde se fija en cinco el número de miembros de la Institución y se indican algunas condiciones de difícil interpretación. Allí se expresa: "La INDDHH será un órgano que se integrará con cinco miembros procurando asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación".

Creo que cuando se hace referencia a principios que deberán guiar esa integración, además de esos principios de equidad de género y no discriminación, podrían mencionarse otros mucho más importantes; por lo tanto, no comprendo el porqué de esta puntualización. Más allá de esto, y porque también hay que aprender a separar lo principal de lo accesorio, creo que lo más importante es que cuando esta Institución Nacional de Derechos Humanos se integre a través de la Asamblea General, no debemos caer en una politización de su composición. Hablo de politización en el sentido de que no se debería tratar de una pura y simple representación partidaria, aunque esto tampoco quiere decir que allí no puedan estar dirigentes políticos de importante trayectoria que, para ocupar una representación de este tipo, cuenten con el respeto de todos los partidos. Es más, pienso que probablemente podremos elegir personas de esas características. Si hoy como Partido se nos preguntara en quién podríamos pensar para integrar una Institución como esta -si vale la expresión, "lo tengo en la punta de la lengua"- y que contara con el apoyo de todos los integrantes del Cuerpo -lo voy a decir a modo de ejemplo y no para que se lo llame, porque entiendo que ciudadanos de esa trayectoria le darían una gran jerarquía a una Institución de esta naturaleza-, probablemente, por la unanimidad del Partido Nacional, nombraríamos al doctor Alberto Zumarán, quien ya actuó en muchas oportunidades en este tipo de tareas. Por ejemplo, lo hizo en su momento en "Uruguay Transparente". Lo digo, repito, no para que se convoque al doctor Zumarán -que tiene otras responsabilidades y que probablemente esté llamado a cumplirlas dentro de nuestro Partido-, sino para que los integrantes del Cuerpo vean cómo podemos encarar la creación de esta Institución y qué importancia mayúscula le damos a su integración. Se establece expresamente que para designar a sus miembros se necesita contar con la anuencia de dos tercios de los integrantes de la Asamblea General, pero también se disponen votaciones sucesivas en determinados plazos, en función de los cuales se sustituyen esos dos tercios por mayoría absoluta. En consecuencia, vamos a intentar que en la integración de esta Institución estén presentes representantes de nuestra sociedad que reúnan las características a que he hecho referencia.

En definitiva, señor Presidente, vamos a votar con mucho gusto este proyecto de ley y aspiramos a que en breve plazo la Cámara de Representantes lo haga suyo, para que esta Institución pueda comenzar a funcionar, si dentro de los plazos a que refiere esta iniciativa -que serán modificados- se puede lograr su integración. Posteriormente, el Poder Legislativo podrá dar todo su apoyo para que, eficaz y eficientemente, pueda cumplir con todas y cada una de sus responsabilidades.

En lo personal, reservo para la discusión en particular la introducción de alguna pequeña modificación que se sumaría a las propuestas por la señora Senadora Percovich, que fueron consultadas y nosotros compartimos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Xavier.

SEÑORA XAVIER.- Señor Presidente: voy a ser muy breve, porque el informe de la señora Senadora Percovich ha sido realmente extraordinario y las reflexiones del señor Senador Gallinal, muy interesantes.

Sin duda, este es un punto de llegada muy importante, pero a su vez un enorme desafío para este país y en particular para nosotros, cuando debamos empezar, junto a otros, a implementar esta Institución. Creo que el hecho de que Chile, Brasil y Uruguay no tuvieran un instituto de esta naturaleza refleja los resabios que culturalmente nos quedaron después de los períodos dictatoriales. La creación de este instituto no pretende sustituir situaciones devenidas de ese período, pero sí fortalecer los aspectos de democracia y ciudadanía que permitan profundizarlas.

Pienso que es importante destacar el aporte de todos los que participaron en este proceso, que llevó mucho tiempo y que contó con el invalorable apoyo de las Naciones Unidas. Quiero reconocer especialmente el apoyo del señor Presidente del Senado, que fue decisivo para que la aprobación de este proyecto pudiera concretarse en esta Legislatura, así como el trabajo de la señora Belela Herrera, una persona competente, idónea, comprometida con estos temas a lo largo de su vida, que se constituyó en un soporte invalorable para concretar este proyecto. Esto no desmerece, por supuesto, el aporte que realizaron tantos otros hombres y mujeres, vinculados desde diferentes ámbitos: los parlamentarios, los integrantes de organizaciones no gubernamentales, las agencias de cooperación, los Ministerios involucrados, etcétera.

En definitiva, fue un proceso largo y trabajoso, de mutuo respeto, en el que hubo además concesiones, porque estamos innovando en la materia, pues más allá de que tengamos los principios de París como rectores para una norma de esta naturaleza, hay que tener en cuenta que este instituto deberá aplicarse en una realidad con las improntas que, sin duda, nos dejaron determinados períodos en los aspectos culturales e intelectuales. Además, tenemos el desafío de incorporar los derechos de última generación, que son los que permiten que hombres y mujeres puedan ser ciudadanos plenos.

Insisto en que no me voy a extender porque ha sido brillante y muy claro el informe de la señora Senadora Percovich, pero quiero reafirmar que en estos temas el compromiso es lo que caracteriza a esta democracia representativa uruguaya, que además se abre a la participación ciudadana de una manera sustancialmente diferente. Me parece que este elemento tendrá asegurada su sustentabilidad y garantía en la medida en que podamos profundizar esa participación.

Quiero enfatizar, además, lo que han señalado algunos compañeros en el sentido de que no sustituye competencias de poderes del Estado, aunque sí genera sugerencias para que los organismos competentes puedan llevar adelante determinados actos.

Por otra parte, destaco que más allá de las idas y venidas -que la práctica dirá si fueron correctas o no-, los mecanismos de exclusión y las características que deberán tener quienes integrarán este organismo fueron sumamente meditados, con gran ponderación y ecuanimidad. Espero que cuando tengamos que proponer nombres de hombres y mujeres para llevar adelante esta organización, podamos tener el acierto y la ponderación que tuvimos en la elaboración de este trabajoso proyecto.

En definitiva, esperamos cumplir el objetivo de que esta norma quede sancionada el día 10 de diciembre, nuevo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Amaro.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: compartimos plenamente los argumentos expuestos en profundidad por la señora Senadora Percovich, así como la fundamentación del señor Senador Gallinal, y adelantamos que nuestro Partido va a dar su voto favorable a este proyecto. Creemos que todo lo que trate de proteger los derechos humanos merece el mayor de los apoyos, y en este caso, además, nos encontramos ante un proyecto bien redactado y estudiado, que seguramente llevó mucho tiempo y dedicación a la Comisión respectiva.

Quiero citar un fragmento de la exposición de motivos, que dice: "Actualmente, los actores políticos y sociales han adquirido un avanzado grado de consenso sobre la necesidad de reafirmar y profundizar el ideal de los derechos humanos como principio rector de la convivencia social y de la actuación pública. Este convencimiento en que la cultura de los derechos humanos debe ser un ideal común de la sociedad, genera la necesidad de introducir reformas en el modelo institucional del Estado para garantizar su efectiva realización".

Precisamente, creo que en este proyecto de ley se está logrando esa efectiva realización, porque tenemos la seguridad de que este instituto va a tener una total independencia, no va a estar sujeto a ninguna jerarquía, va a tener un funcionamiento autónomo y no va a recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad. Además, como decía el señor Senador Gallinal, vamos a proponer los mejores actores para su integración, porque se trata de un tema que nos interesa sobremanera a todos los uruguayos, que hemos pasado por épocas muy difíciles.

Hoy tenemos un ejemplar sistema republicano, democrático y representativo, y estoy seguro de que el proyecto de ley que seguramente se aprobará en el día de hoy, va a reafirmar estos principios.

SEÑOR PRESIDENTE.- En función de los aportes que se han hecho en Sala, tanto en las exposiciones como en las mociones presentadas, deduzco que votaríamos la iniciativa por capítulos.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- En virtud de que se trata de un proyecto extenso, sugiero que después de aprobarlo en general votemos en bloque el articulado, desglosando los artículos 10 -para el que el señor Senador Vaillant tiene una propuesta-, 42, 49, 80, 82 y 85. Con respecto a estos últimos artículos, ya hemos acercado a la Mesa las respectivas modificaciones.

SEÑOR GALLINAL.- Solicitamos que además se desglosen los artículos 36 y 37.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: deseo expresar mi más sincera satisfacción por la votación de este proyecto de ley, pues creo que estamos dando un paso importante a nivel nacional e internacional. Toda la experiencia que se recoge en el tema de los derechos humanos surge a partir de que se constata su violación, pero existen pocos trabajos tendientes a identificar desde el inicio el peligro de violación de los derechos humanos; precisamente, esto no ocurre desde el comienzo ni de cualquier forma, sino que siempre aparecen indicios que se ubican en el límite de esa situación. Naturalmente, los esfuerzos que las organizaciones sociales realizan a nivel nacional e internacional tienden a ver de qué manera se atacan los problemas para no tener que constatar después violaciones de los derechos humanos en toda su dimensión, porque a esa altura la pradera ya está incendiada y los efectos ya ocurrieron. Se trata de identificar los problemas desde el comienzo e ir evaluando las situaciones, para que el nivel del mar no sea superado y, cuando queramos acordar, los hechos ya hayan ocurrido.

Precisamente, esta iniciativa es una respuesta en esa dirección, porque cuando se dan situaciones de violación de derechos humanos empieza a tallar el tema político partidario y no se puede identificar o separar lo que es una violación de lo que representa el legítimo juego político de los partidos frente a la aceptación y la confianza de la ciudadanía. Me parece que este es un buen camino para tratar de identificar -con neutralidad, con prestigio y mediante una institución- y detectar el inicio de la violación de los derechos humanos, sin que entren en el juego político partidario.

Por estas razones, señor Presidente, he acompañado con mucha alegría este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción presentada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en bloque el proyecto de ley, con excepción de los artículos 10, 36, 37, 42, 49, 80, 82 y 85.

(Se votan:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 10.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: mediante este artículo se establece la necesidad de la coordinación entre instituciones preexistentes -que se identifican- y otras que eventualmente se constituyan. Asimismo, se las obliga a coordinar sus funciones con la Institución Nacional de Derechos Humanos que se crea.

Si bien compartimos el objetivo en cuanto a la necesidad de esta coordinación, creemos que no es acertada la forma en que se hace el planteo porque se está estableciendo la obligación de que el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones, coordinen sus funciones con las de la INDDHH cuando, desde mi punto de vista, debería ocurrir a la inversa. Me refiero a que la INDDHH debe coordinar en esas áreas específicas con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, con los Defensores del Vecino y con las demás instituciones, no solo porque son preexistentes, sino porque se trata de instituciones que actúan con similares objetivos pero en áreas específicas. Incluso, una de ellas ha sido creada en la órbita del Gobierno Municipal de Montevideo.

Por esa razón, me permito proponer una redacción sustitutiva, que comprende el objetivo que se busca con esta disposición. En ese caso, el artículo 10 podría expresar: "En la órbita de la competencia del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se establezcan en el futuro, la INDDHH deberá coordinar sus funciones con estas instituciones".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en primer lugar el artículo 10 tal como vino de la Comisión.

(Se vota:)

-0 en 20. Negativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 10 en la redacción dada por el señor Senador Vaillant.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 36.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: creo que la redacción que se propone para el artículo 36 es jurídicamente incorrecta, porque expresa que "La INDDHH será un órgano que se integrará con cinco miembros", etcétera. Me parece que la Institución es, sencillamente, la Institución. Por ello, creo que la redacción correcta podría ser la siguiente: "La INDDHH estará presidida por un órgano colegiado de cinco miembros que se denominará Consejo Directivo y que tendrá a su cargo la dirección y representación de la Institución. En su integración se procurará asegurar la representación pluralista", y luego el artículo seguiría tal como está para no generar dificultades.

SEÑOR PRESIDENTE.- Solicito al señor Senador Gallinal que reitere la redacción del artículo.

SEÑOR GALLINAL.- El artículo diría: "La INDDHH estará presidida por un órgano colegiado de cinco miembros que se denominará Consejo Directivo y que tendrá a su cargo la dirección y representación de la Institución". Ahí podemos agregar "sin perjuicio de las facultades que se le otorgan por la presente ley" o "y demás facultades que se le otorgan por la presente ley". Luego el artículo continuaría: "En su integración se procurará asegurar la representación pluralista", siguiendo tal como está redactado.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- No me parece mal la propuesta del señor Senador Gallinal pero quiero hacerle una consulta: ¿eso implica que se considera Institución Nacional a los cinco miembros como Consejo Directivo y a la Asamblea Nacional?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Así es, señora Senadora. Institución Nacional se considera a todo lo que se está definiendo en la ley y no solo al órgano de cinco miembros. En realidad, el Consejo Directivo es la jerarquía principal de la Institución Nacional de Derechos Humanos y, efectivamente, atiende al objetivo al que se refiere la señora Senadora Percovich.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- A su vez, habría que ajustar el artículo 37 a la redacción del 36.

SEÑOR PRESIDENTE.- De todas maneras, el artículo 37 también está desglosado.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 36 tal como viene de Comisión.

(Se vota:)

-0 en 19. Negativa.

Se va a votar el artículo sustitutivo propuesto por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 37.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Tal como señalaba la señora Senadora Topolansky, debería decir: "Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH". De esa forma quedaría adecuado a la redacción del artículo 36.

SEÑOR PRESIDENTE.- En este caso no es necesario votar negativamente.

Se va a votar el artículo 37 con el aditivo propuesto por el señor Senador Gallinal, que es congruente con el artículo 36.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 42.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- En este caso reitero lo que dije en la fundamentación: hay que adecuar la elección de los miembros y, en todo caso, también podríamos hacer referencia al Consejo. Es decir que el artículo diría: "La elección de los miembros del Consejo de la INDDHH no podrá extenderse más allá de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura". Esto estaba pensado para otra fecha y, por lo tanto, habría que agregar lo del Consejo al texto que el señor Presidente tiene en la Mesa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese lectura al artículo 42 sustitutivo.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Art. 42.- (Oportunidad de la elección).- La elección de los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrá extenderse más allá de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura". Luego continúa igual.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 49.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: lo único que hacemos en este caso es eliminar la Unidad Técnica-Administrativa que ya habíamos eliminado en la Comisión. Entonces, el artículo quedaría: "Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH y los funcionarios rentados de carácter no administrativo de la INDDHH, deberán presentar declaraciones juradas de bienes en los términos requeridos por la Ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998".

SEÑORA TOPOLANSKY.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero proponer que la Secretaría revise en general el articulado para ver todas las veces que hay que agregar "Consejo Directivo", a los efectos de que quede coherente.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- En la línea de lo que ha dicho la señora Senadora Topolansky, he detectado que hay deficiencias en la redacción o vocablos que se repiten, por lo que me parece que hay que hacer una revisión, de manera que cuando pase a la Cámara de Representantes, no haya problemas con el texto.

SEÑOR MICHELINI.- Propongo que se vote que se corrija la redacción.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.-Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- En la misma línea, señor Presidente, en los artículos 38 a 51 se debe hacer referencia al Consejo Directivo. Luego, el Capítulo VI debería titularse "Funcionamiento del Consejo Directivo de la INDDHH". O sea que la facultad que le otorgamos a la Mesa comprendería todas estas correcciones.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Con la propuesta del señor Senador Gallinal, la INDDHH pasa a ser el Consejo Directivo y la Asamblea. Sin embargo, en el Capítulo de Funcionamiento de la INDDHH el artículo que crea las sesiones extraordinarias o Asamblea Nacional de Derechos Humanos -el artículo 62- se refiere a todas las instituciones. Por lo tanto, más allá de la revisión de las funciones del Consejo Directivo, me parece que el nombre del Capítulo hay que dejarlo tal como está.

SEÑOR MICHELINI.- Estoy de acuerdo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 49 con el aditivo propuesto por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Di por hecho que se saca la Unidad Técnico-Administrativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- Lo que se votó la propuesta de la señora Senadora Percovich con el agregado de "Consejo Directivo".

En consideración el artículo 80.

Con respecto a este artículo quisiera hacer una pregunta, porque de la primera lectura me surge que puede haber alguna confusión en cuanto a si el mandato del primer Consejo Directivo dura ocho años o tres.

Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- El primer Consejo dura hasta el tercer período legislativo, aunque depende de cuándo se lo elija; pero se establece un plazo de renovación del tercer período legislativo. A la vez, se establece que hay algunos miembros que deberán ser reelectos para mantener la experiencia que viene desarrollando la Institución, a fin de no perder la memoria institucional. Por lo tanto, aquí tiene lugar una renovación parcial. Claro está que esto estaba pensado para más tiempo; en este caso, en los primeros seis meses deberán ser electos en la Asamblea General los integrantes del Consejo Directivo de la próxima Legislatura. A su vez, esos cargos cesarían en el tercer período de la siguiente Legislatura, por lo que durarán ocho años en sus funciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Para aclarar este artículo, me parece que podríamos mencionar el número de la Legislatura; estamos en la XLVI Legislatura, la próxima es la XLVII y, por lo tanto, el mandato de los miembros de la primera INDDHH durará hasta el tercer período de la XLVIII Legislatura.

SEÑORA PERCOVICH.- De acuerdo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 80 tal como quedaría redactado.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Los miembros de la primera INDDHH deberán ser electos en la legislatura siguiente a la promulgación de esta ley. El mandato de los miembros de la primera INDDHH será hasta el tercer período legislativo de la XLVIII Legislatura".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 80 con la redacción aportada por la señora Senadora Percovich y las modificaciones propuestas desde la Mesa.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 82.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: aquí se nos hizo una sugerencia por parte de Secretaría. Este artículo refiere al llamado que debe llevar a cabo la Asamblea General para realizar un concurso entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para la provisión de cargos administrativos y técnicos. Entonces, la disposición debería decir: "Dentro de los treinta días corridos desde la primera elección del Consejo Directivo de la INDDHH, la Asamblea General llamará a concurso", continuando tal como figura actualmente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el primer inciso del artículo 82 tal como quedaría redactado.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Dentro de los treinta días corridos desde la primera elección del Consejo Directivo, la Asamblea General llamará a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para cubrir hasta veinte cargos administrativos y tres cargos técnicos".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 82 con la modificación propuesta.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 85.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: se trata de un artículo aditivo que se ha agregado al final del capítulo relativo a las "Disposiciones Transitorias y Especiales".

Su texto es el siguiente: "La INDDHH llevará a cabo en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las funciones del mecanismo nacional de prevención al que se refiere el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Tratado Internacional del que la República es Parte.

A tal efecto, la INDDHH deberá cumplir con las exigencias que, para el mecanismo nacional, prevé el mencionado Protocolo dentro de sus competencias y atribuciones".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 85 propuesto.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quiero solicitar que se reconsidere el artículo 84.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración nuevamente el artículo 84.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: he solicitado la reconsideración de este artículo, que dice: "Cualquier reglamentación de la presente ley requerirá de la opinión favorable de la INDDHH" porque, como miembro de la Comisión, puedo decir que no tuvimos en cuenta algunos detalles. En primer lugar, los miembros del Consejo Directivo no van a estar en la primera reglamentación. En segundo término, independientemente de que se requiera la opinión favorable de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cabe señalar que el Poder Ejecutivo actuará como lo estime pertinente. Entonces, prefiero que se elimine esta disposición; haremos, pues, una tradición de consultas permanentes una vez que se haya instalado el Consejo Directivo y esté funcionando.

En definitiva, señor Presidente, propongo que se vote negativamente el artículo 84, por lo que el artículo 85, que recién hemos votado, pasará a ser 84.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reconsideración del artículo 84.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración, nuevamente, el artículo 84.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción formulada por el señor Senador Michelini en el sentido de eliminar el artículo 84 y sustituirlo por el recientemente votado artículo 85, que quedará como 84.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Capítulo I

Creación

ARTICULO 1°. (Creación).- Créase la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido, en el ámbito de competencias definido por esta ley, la defensa, promoción y protección en toda su extensión, de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional.

ARTICULO 2°. (Autonomía).- La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad.

Capítulo II

Competencia

ARTICULO 3°. (Efectos de las resoluciones).- Las resoluciones de la INDDHH tendrán el carácter de recomendaciones y, consecuentemente, no podrán modificar ni anular actos administrativos o jurisdiccionales.

ARTICULO 4°. (Competencia).- La INDDHH será competente para:

a) Proponer la suscripción, aprobación, ratificación, adhesión e implementación de tratados internacionales relacionados con derechos humanos.

b) Proponer la denuncia de tratados internacionales que a juicio de la INDDHH sean violatorios de los derechos humanos.

c) Promover la adopción de las medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos en los que el Estado sea parte.

d) Emitir opiniones y recomendaciones sobre los informes que el Estado se proponga presentar o que hubiere presentado a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado, en virtud de tratados internacionales relacionados con derechos humanos y sobre las observaciones que dichos órganos internacionales de contralor hubieran emitido respecto de los informes del Estado.

e) Colaborar con las autoridades competentes en los informes que el Estado deba presentar a los órganos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado, en virtud de tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.

f) Realizar, con el alcance y extensión que considere pertinente, estudios e informes sobre la situación nacional, departamental o zonal, relacionados con los derechos humanos, sobre derechos humanos especialmente considerados y sobre cuestiones específicas relacionadas con los derechos humanos.

g) Recomendar y proponer la adopción, supresión o modificación de prácticas institucionales, prácticas o medidas administrativas y criterios utilizados para el dictado de actos administrativos o resoluciones, que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

h) Emitir opiniones, recomendaciones y propuestas sobre proyectos de ley o propuestas de reformas constitucionales relacionados con los derechos humanos.

i) Recomendar a las autoridades competentes la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos.

j) Conocer e investigar presuntas violaciones a los derechos humanos, a petición de parte o de oficio, de acuerdo al procedimiento que se establece en la presente ley.

k) Proponer a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que haya constatado, establecer el plazo en el cual deberán ser cumplidas y sugerir las medidas reparatorias que estime adecuadas, sin perjuicio de realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones similares o semejantes.

l) Proponer a las autoridades competentes, en el curso de una investigación que esté realizando de oficio o a denuncia de parte, la adopción de las medidas provisionales de carácter urgente que considere pertinentes para que cese la presunta violación de los derechos humanos, impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

m) Cooperar, para la promoción y protección de los derechos humanos, con los órganos internacionales encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado, con instituciones u organizaciones internacionales regionales o instituciones nacionales, que sean competentes en la promoción y protección de los derechos humanos.

n) Colaborar con las autoridades competentes en la educación en derechos humanos en todos los niveles de enseñanza y, especialmente, colaborar con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura en los programas generales y especiales de formación y capacitación en derechos humanos destinados a los funcionarios públicos, particularmente en los previstos en el artículo 30 de la Ley N° 18.026, de 26 de setiembre de 2006.

o) Informar y difundir de la forma más amplia posible a la opinión pública, los derechos humanos, las normas nacionales e internacionales que los regulan y los mecanismos de protección nacional e internacional.

ARTICULO 5°. (Alcance).- La competencia de la INDDHH, con las excepciones que expresamente se establecen, se extiende a todos los Poderes y organismos públicos cualesquiera sea su naturaleza jurídica y función, sea que actúen en el territorio nacional o en el extranjero.

Quedan comprendidas en la competencia de la INDDHH las entidades paraestatales, sociedades de economía mixta, personas públicas no estatales y entidades privadas que presten servicios públicos o sociales.

La competencia de la INDDHH en relación con personas privadas se entenderá con los organismos públicos de su contralor y supervisión, conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley.

ARTICULO 6°. (Inhibición).- La INDDHH no tendrá competencia en asuntos que se encuentren en trámite de resolución en la vía jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo. En caso de denuncias, procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de esta ley. Sin perjuicio, la INDDHH tendrá competencia para efectuar propuestas sobre aspectos generales y realizar informes o emitir opiniones en relación con la función administrativa de los organismos con función jurisdiccional y su organización.

ARTICULO 7°. (Impugnabilidad).- Las resoluciones de la INDDHH que correspondan al ámbito de las competencias establecido en el artículo 4º de esta ley, deberán ser fundadas y no admitirán recurso; los demás actos administrativos podrán ser impugnados con los recursos y acciones previstos en la Constitución de la República.

ARTICULO 8°. (Difusión pública de resoluciones).- Cuando la INDDHH emita recomendaciones, opiniones o propuestas sin haber mediado solicitud previa de los organismos involucrados en las mismas y considere que no se verifican situaciones graves o urgentes a resolver, dichas recomendaciones, opiniones o propuestas se comunicarán a las autoridades u organismos involucrados sin que la INDDHH le dé difusión pública durante el plazo que ésta determine para cada caso.

Lo dispuesto precedentemente no aplicará ante supuestos de denuncias que se regularán por el procedimiento correspondiente, ni cuando la INDDHH sesione en Asamblea Nacional de Derechos Humanos o cuando se trate de brindar informes anuales o especiales a la Asamblea General.

ARTICULO 9°. (Principio de buena fe).- La INDDHH y sus miembros deberán actuar de buena fe. La violación del principio de buena fe implicará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH -que se crea por el artículo 36 de la presente ley- estarán impedidos de emitir, en forma pública y a título personal, opiniones, recomendaciones o propuestas sobre temas que sean competencia específica de la INDDHH sin expresa autorización previa del Consejo Directivo de la INDDHH. La prohibición no aplicará respecto de casos en que el Consejo Directivo de la INDDHH hubiere adoptado resoluciones que sean públicas, cuando la INDDHH funcione en régimen de Asamblea Nacional de Derechos Humanos o en el supuesto previsto en el inciso tercero del artículo 68 de esta ley.

La violación de la prohibición establecida en el inciso precedente se considerará falta grave a los deberes inherentes al cargo.

ARTICULO 10. (Coordinación).- La INDDHH deberá coordinar sus funciones con el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, los Defensores del Vecino y demás instituciones similares que se establezcan en el futuro.

Capítulo III

Procedimiento de denuncias

ARTICULO 11. (Legitimación activa).- Las denuncias de parte por presuntas violaciones a los derechos humanos podrán formularse al Consejo Directivo de la INDDHH por cualquier persona física o jurídica sin limitación alguna, incluidos los órganos estatales. Especialmente, podrán formular denuncias al Consejo Directivo de la INDDHH, las Comisiones Parlamentarias, las respectivas Cámaras legislativas, la Asamblea General y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura.

No constituirá impedimento para formular denuncias la minoría de edad, la discapacidad intelectual, la nacionalidad o la vinculación jerárquica o funcional con el Estado en cualquiera de sus dependencias.

ARTICULO 12. (Reserva).- Se le garantizará al denunciante la reserva de su identidad excepto cuando exista dispensa expresa del denunciante, requerimiento judicial o corresponda que el Consejo Directivo de la INDDHH ponga en conocimiento de la justicia la violación de los derechos humanos involucrados.

ARTICULO 13. (Forma y requisitos).- La presentación de las denuncias al Consejo Directivo de la INDDHH se podrá hacer por escrito fundado y firmado sin otras formalidades especiales, debiendo contener los datos de nombre y domicilio del denunciante, o bien en forma oral en las oficinas de la INDDHH; en este último caso el funcionario que la reciba labrará un acta con la constancia de nombre y domicilio, la que será firmada por el denunciante y el receptor. Si el denunciante no supiere o no pudiere firmar, se dejará constancia de ello en el acta respectiva. En defecto del domicilio del denunciante, se consignará el lugar donde pueda ser contactado o ubicado.

Cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos o el denunciante no pueda trasladarse por cualquier razón, las denuncias podrán dirigirse a la INDDHH por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de ser ratificadas por el denunciante de conformidad a lo previsto en el artículo precedente.

No se admitirán denuncias anónimas, sin perjuicio de las facultades del Consejo Directivo de la INDDHH para proceder de oficio.

El trámite será gratuito y no requerirá asistencia letrada.

El Consejo Directivo de la INDDHH recibirá las denuncias cualquiera fuera la hora de su presentación, aún fuera de horarios de oficinas o en días inhábiles.

ARTICULO 14. (Plazo).- El plazo para la presentación de las denuncias o para la actuación de oficio, será de seis meses contado a partir de haberse tomado conocimiento de los actos o hechos que la motivan.

En casos debidamente fundados y cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, dicho plazo podrá ser ampliado por el Consejo Directivo de la INDDHH.

Cuando se trate de violaciones a los derechos humanos que puedan ser consideradas genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no existirá limitación de plazo para la presentación de las denuncias.

ARTICULO 15. (Protección de la comunicación).- Queda prohibida la detención, demora, registro, examen, intercepción, censura, violación, alteración o destrucción de cualquier comunicación de o hacia la INDDHH. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones personales, telefónicas o de cualquier otro tipo, entre la INDDHH y las personas.

Su violación será considerada de acuerdo a lo previsto en el artículo 296 del Código Penal y demás normas concordantes y complementarias.

ARTICULO 16. (Efectos de la presentación de denuncias).- La presentación de una denuncia ante la INDDHH no será obstativa para el ejercicio de las demás vías legales que el ordenamiento jurídico pone a disposición del denunciante.

La presentación de denuncias ante la INDDHH no suspenderá ni interrumpirá los términos de prescripción o caducidad de plazos para el ejercicio de las demás acciones legales correspondientes. Tales circunstancias deberán ser puestas en conocimiento del denunciante.

ARTICULO 17. (Rechazo de denuncias).- El Consejo Directivo de la INDDHH rechazará sin más trámite la denuncia cuando la misma fuera presentada fuera de los plazos previstos en el inciso primero del artículo 14 de esta ley, o sea notoriamente improcedente por incompetencia, inadmisibilidad manifiesta, falta de fundamentos o evidente mala fe.

ARTICULO 18. (Formalidades del rechazo).- El Consejo Directivo de la INDDHH notificará de inmediato al denunciante la resolución que rechaza la denuncia o las limitaciones para su intervención ante el supuesto previsto en el artículo precedente y le brindará información para que acuda ante los organismos correspondientes, la cual se consignará en la resolución.

En el caso que la denuncia sea rechazada por falta de fundamentos, el Consejo Directivo de la INDDHH otorgará al denunciante un plazo razonable para su fundamentación.

ARTICULO 19. (Casos en trámite).- Cuando la denuncia refiera a hechos que estén en trámite de resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, la INDDHH no intervendrá en el caso concreto, pero ello no impedirá la investigación sobre los problemas generales planteados en la denuncia. La INDDHH velará porque los órganos con función jurisdiccional, el Contencioso Administrativo o la Administración, en su caso, resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las demandas, denuncias o recursos que hayan sido formuladas o interpuestas.

ARTICULO 20. (Sustanciación).- Admitida la denuncia, el Consejo Directivo de la INDDHH realizará una investigación inmediata de carácter sumario, informal y reservada, tendiente a esclarecer los hechos denunciados.

Cuando el Consejo Directivo de la INDDHH resuelva actuar de oficio ante presuntas violaciones de los derechos humanos, procederá de acuerdo a las normas previstas en este capítulo en cuanto sean de aplicación.

El Consejo Directivo de la INDDHH labrará acta de todas sus actuaciones cuando las circunstancias así lo requieran.

ARTICULO 21. (Relacionamiento con el organismo denunciado).- En todos los casos, el Consejo Directivo de la INDDHH se pondrá en contacto en un plazo máximo de cinco días hábiles con las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia. El Consejo Directivo de la INDDHH estará facultado además, si lo estima pertinente, para comunicarse e informar el motivo de su intervención a las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, quienes con asistencia letrada obligatoria, podrán efectuar descargos, aportar pruebas y articular defensas. Las autoridades del organismo al cual pertenezcan las personas denunciadas o involucradas en la denuncia, no podrán prohibir a los funcionarios denunciados o involucrados, responder o entrevistarse con el Consejo Directivo de la INDDHH.

Las máximas autoridades del organismo o entidad involucrado en la denuncia deberán informar por escrito a la INDDHH sobre la materia objeto de la investigación, proporcionando fundamentos, motivaciones y demás elementos relacionados con el asunto, remitiendo, además, copia de todos los antecedentes. Asimismo, podrá informar a la INDDHH sobre las medidas correctivas que se proponga adoptar en relación con la violación de los derechos humanos denunciada.

El plazo para informar será determinado por el Consejo Directivo de la INDDHH en función de la gravedad de los hechos, pudiendo conceder prórrogas cuando exista fundamento razonable para las mismas; dicho plazo, incluidas las prórrogas, nunca excederá de treinta días hábiles.

ARTICULO 22. (Respuesta al denunciante).- El Consejo Directivo de la INDDHH comunicará al denunciante las respuestas que diere el organismo o entidad involucrado en la denuncia. El denunciante estará facultado a realizar las observaciones que convengan a su interés.

ARTICULO 23. (Negativa de colaboración).- La negativa a presentar el informe o su omisión podrá ser considerada por la INDDHH como una obstrucción en el cumplimiento de sus funciones y, sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá dar la más amplia publicidad al hecho con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud. El incumplimiento será incluido en el Informe Anual o Especial, independientemente de que la INDDHH prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuadas.

ARTICULO 24. (Medidas provisionales urgentes).- En cualquier instancia del trámite, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá proponer a los organismos o entidades involucrados en la denuncia, la adopción de medidas provisionales de carácter urgente con el fin de que cese la presunta violación a los derechos humanos objeto de la investigación, impedir la consumación de perjuicios o el incremento de los ya generados o el cese de los mismos. Si la autoridad respectiva omitiera adoptar las medidas de urgencia recomendadas, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá proceder de conformidad a lo previsto en el artículo anterior. Sin perjuicio, el Consejo Directivo de la INDDHH estará facultado, en cualquier momento, para recurrir ante el Poder Judicial a efectos de solicitar las medidas cautelares que entienda del caso, interponer recursos de amparo o de habeas corpus.

ARTICULO 25. (Medidas definitivas).- Finalizada la investigación, si existiera mérito, el Consejo Directivo de la INDDHH propondrá a las autoridades competentes la adopción de las medidas que considere pertinentes para poner fin a la violación de derechos humanos que hubiere constatado y establecerá el plazo en el cual deberán ser cumplidas, sugiriendo las medidas reparatorias que estime adecuadas.

ARTICULO 26. (Alcance de recomendaciones y propuestas).- Las recomendaciones y propuestas del Consejo Directivo de la INDDHH se referirán al objeto concreto de la denuncia, pero, además, podrá realizar recomendaciones generales para eliminar o prevenir situaciones iguales o semejantes a las que motivaron la denuncia.

ARTICULO 27. (Archivo de las actuaciones).- En caso de no existir mérito para la denuncia, se procederá a su archivo, comunicándolo al denunciante, a las autoridades respectivas y a los funcionarios denunciados o involucrados en la denuncia si los mismos hubiesen sido contactados por el Consejo Directivo de la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

Si en el curso de la investigación se lograra una solución satisfactoria por la cual el organismo o entidad involucrado se obliga a adoptar medidas que a juicio del Consejo Directivo de la INDDHH puedan subsanar la violación de los derechos humanos denunciada, se consignará en acta por escrito y la INDDHH archivará las actuaciones, sin perjuicio de controlar el efectivo cumplimiento de las obligaciones asumidas. En ningún caso el acuerdo será obstativo para la reapertura de la investigación por incumplimiento o por reiteración de los hechos denunciados. El acuerdo se comunicará al denunciante y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones.

ARTICULO 28. (Publicidad de los incumplimientos).- Si las autoridades respectivas incumplen las obligaciones que habían asumido, no aceptan las propuestas de la INDDHH o incumplen total o parcialmente su implementación en los plazos establecidos, la INDDHH dará la más amplia difusión pública al texto de las recomendaciones efectuadas y sus antecedentes o, en su caso, a las obligaciones que las autoridades habían asumido, todo con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud y sin perjuicio de su inclusión en el Informe Anual o, en su caso, en el Informe Especial que resuelva presentar.

ARTICULO 29. (Relación con personas no estatales).- Si las denuncias se relacionaran con servicios prestados por personas públicas no estatales o por personas privadas, las actuaciones y las recomendaciones se entenderán con las autoridades competentes para su contralor y supervisión, a quienes el Consejo Directivo de la INDDHH podrá instar al ejercicio de las facultades de inspección y sanción que pudieran corresponder.

ARTICULO 30. (Denuncia penal).- Cuando, por la naturaleza de los hechos denunciados o en virtud de sus investigaciones, el Consejo Directivo de la INDDHH considere que se verificaría un supuesto presumiblemente delictivo, lo deberá poner en conocimiento de la justicia competente.

ARTICULO 31. (Suspensión de la intervención).- Cuando estando en curso la investigación de una denuncia, el caso se someta a resolución jurisdiccional ante los organismos competentes o ante el Contencioso Administrativo, el Consejo Directivo de la INDDHH suspenderá su intervención en el asunto comunicándoselo al denunciante, al organismo o entidad denunciado o involucrado en la denuncia y a los funcionarios denunciados o involucrados si los mismos hubiesen sido contactados por la INDDHH o comparecido en las actuaciones. Sin perjuicio, el Consejo Directivo de la INDDHH proseguirá la investigación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 19 de esta ley.

ARTICULO 32. (Criterio para adoptar resoluciones).- Las resoluciones del Consejo Directivo de la INDDHH se adoptarán en base a elementos de convicción suficientes considerando la totalidad de los elementos probatorios del caso.

ARTICULO 33. (Registro estadístico).- El Consejo Directivo de la INDDHH llevará un registro estadístico de todas las denuncias que reciba, los casos en que intervenga de oficio y las resoluciones que adopte.

ARTICULO 34. (Protección a los denunciantes).- Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona u organización por haber comunicado a la INDDHH cualquier información, resulte verdadera o falsa, y ninguna de estas personas u organizaciones sufrirá perjuicios de ningún tipo por este motivo.

Capítulo IV

Facultades

ARTICULO 35. (Facultades).- En ejercicio de sus funciones, el Consejo Directivo de la INDDHH tiene facultades para:

a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de su competencia, pudiendo concurrir con peritos, asesores o con quien estime del caso, estando habilitada a registrar la inspección o visita por los medios y con los soportes tecnológicos que estime pertinentes.

b) Entrevistarse con cualquier autoridad, pedir informes, examinar expedientes, archivos y todo tipo de documento, realizar interrogatorios o cualquier otro procedimiento razonable, todo ello sin sujeción a las normas de procedimiento que rigen la producción de la prueba siempre que no afecte los derechos esenciales de las personas.

c) Entrevistarse con cualquier persona y solicitarle el aporte de informes o documentación que fuere necesaria para dilucidar el asunto en el cual intervenga y realizar todas las demás acciones tendientes al esclarecimiento de los hechos.

d) Solicitar, ante quien corresponda, la adopción de cualquier medida cautelar con el fin de impedir la consumación de perjuicios, el incremento de los ya generados o el cese de los mismos.

e) Presentar denuncias penales e interponer recursos de habeas corpus o amparo, sin perjuicio de solicitar otras medidas judiciales cautelares que considere pertinentes.

f) Ingresar, con o sin previo aviso a los lugares de detención, hospitales, establecimientos militares y cualquier otro establecimiento en que existan personas privadas de libertad o en régimen de internación.

g) Mantener contacto y suscribir acuerdos de cooperación con comités u organismos encargados del contralor internacional de las obligaciones contraídas por el Estado en virtud de tratados de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos, organizaciones académicas, organizaciones sociales y con expertos independientes, todo para el mejor ejercicio de sus funciones.

h) Suscribir convenios con las Juntas Departamentales, Juntas Locales o con las Intendencias Departamentales en todo lo que sea necesario para el mejor desempeño de sus funciones.

i) Adoptar e interpretar las resoluciones y reglamentos que entienda pertinentes para el mejor funcionamiento interno de la INDDHH.

Capítulo V

Estructura de la INDDHH

ARTICULO 36. (Composición).- La INDDHH estará presidida por un órgano colegiado de cinco miembros que se denominará Consejo Directivo y que tendrá a su cargo la dirección y representación de la institución, sin perjuicio de las facultades que se le otorgan por la presente ley. En su integración se procurará asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no discriminación.

ARTICULO 37. (Sistema de elección).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH serán elegidos por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General especialmente convocada al efecto. Si no se obtuviera ese número de sufragios en dos votaciones sucesivas, se citará a la Asamblea General a una nueva sesión dentro de los veinte días corridos siguientes, en la cual los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH serán electos por mayoría absoluta de votos del total de componentes de la Asamblea General, pudiendo celebrarse hasta dos votaciones sucesivas.

A los efectos de la votación:

a) se marcará claramente, en la nómina de los candidatos habilitados, aquellos por quienes se vota, hasta el número de cargos que deban elegirse;

b) será obligatorio, al marcar candidatos en la nómina, respetar la representación equilibrada de mujeres y hombres.

Serán nulos los votos que se emitan en contravención con lo dispuesto en el inciso precedente.

Si realizado el escrutinio aún restan para elegir miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, se procederá de acuerdo al inciso primero para los pendientes, eliminándose los candidatos que no hubieran superado un quinto del total de votos de componentes de la Asamblea General. Sin perjuicio, se mantendrán para la votación sucesiva, por lo menos, los diez candidatos más votados, no rigiendo a su respecto la eliminación prevista en el inciso precedente.

ARTICULO 38. (Elección de la totalidad de cargos).- No se admitirá la elección parcial. Resultarán electos como miembros del Consejo Directivo de la INDDHH los candidatos que hubieren recibido el número de votos requerido según la votación que se trate, siempre y cuando se hubieren obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles.

Si finalizado el proceso de elección no se hubiesen obtenido las mayorías para cubrir la totalidad de los cargos elegibles aunque algún candidato hubiere obtenido el número de votos requerido, no resultará electo ningún miembro para el Consejo Directivo de la INDDHH, debiendo procederse de conformidad a lo previsto en el artículo 44 de esta ley.

ARTICULO 39. (Proposición de candidatos).- Podrán proponer candidatos a la Asamblea General las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, y los parlamentarios y las parlamentarias podrán recibir propuestas y formular una lista de candidatos

Los candidatos deberán aceptar por escrito su postulación, declarando si tienen o no incompatibilidades para el ejercicio del cargo. Para el caso en que sí tuvieran incompatibilidades, las detallarán y manifestarán su voluntad de hacerlas cesar si resultan electos.

Los mismos podrán ser propuestos hasta veinte días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

ARTICULO 40. (Comisión especial).- Para la elección de los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, la Asamblea General designará una Comisión especial con integrantes de todos los partidos políticos con representación parlamentaria.

La Comisión especial recibirá la postulación de candidatos y eliminará los que no reúnan los requisitos exigidos por el artículo 45 de esta ley. Las resoluciones en la Comisión se adoptarán por mayoría de votos de sus miembros y no serán susceptibles de recurso alguno.

Dicha Comisión podrá recibir a los postulantes y oír sus propuestas para el funcionamiento del Consejo Directivo de la INDDHH.

Asimismo, esta Comisión elaborará la nómina de candidatos habilitados, la que será comunicada a la Presidencia de la Asamblea General, hasta cinco días hábiles antes de la primera sesión de la Asamblea General convocada para la elección.

ARTICULO 41. (Duración del mandato).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH serán elegidos para un período de cinco años y podrán ser reelectos para el inmediato sucesivo.

Si hubiesen sido reelectos de conformidad a lo dispuesto en el inciso precedente, para volver a ser miembro del Consejo Directivo de la INDDHH se requerirá que hayan transcurrido cinco años desde la fecha de su cese.

En ocasión de la renovación de los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, se procurará que algunos sean reelectos a los efectos de garantizar continuidad en la experiencia de gestión de INDDHH.

ARTICULO 42. (Oportunidad de la elección).- La elección de los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrá extenderse más allá de los primeros cinco meses del tercer período legislativo de cada Legislatura.

Cuando sea necesario llenar una vacante, la elección se llevará a cabo dentro de los cuarenta y cinco días corridos siguientes a la fecha en que se haya producido, salvo que la misma se haya verificado en el período de seis meses previo a la fecha de la elección ordinaria, en cuyo caso se resolverá en ésta.

El miembro que resulte electo para cubrir una vacante, lo será hasta finalizar el período quinquenal que estuviese corriendo. Si el lapso fuese menor a la mitad del período no será impedimento para la posterior elección y reelección sucesiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de esta ley.

ARTICULO 43. (Posesión de cargos).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH asumirán funciones dentro de los cuarenta y cinco días corridos posteriores a su elección. Los que terminan su mandato, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos.

ARTICULO 44. (Segunda elección).- Si no hubiesen sido elegidos los nuevos miembros del Consejo Directivo de la INDDHH o cubierto una vacante por no haberse obtenido las mayorías requeridas y sin perjuicio de que los miembros que terminan su mandato continúen en el ejercicio de sus funciones hasta que asuman los sustitutos, el proceso de elección recomenzará conforme a lo previsto en los artículos 37 a 40 de esta ley, transcurridos cuarenta y cinco días corridos desde la finalización del proceso de elección que le haya precedido.

ARTICULO 45. (Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo de la INDDHH).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser personas de alta autoridad moral.

b) Contar con experiencia y notoria versación en materia de derechos humanos.

c) Ser ciudadanos uruguayos, naturales o legales. En este último caso deberán tener un mínimo de diez años de ciudadanía.

d) Estar en el pleno goce de los derechos cívicos.

e) No haber desempeñado cargos públicos electivos o

de particular confianza política durante los dos años anteriores a su designación. Exceptúanse los cargos electivos de la Universidad de la República.

ARTICULO 46. (Incompatibilidades).- El cargo de miembro del Consejo Directivo de la INDDHH es incompatible con:

a) El ejercicio de actividades que pudieran afectar su independencia, su imparcialidad o la dignidad o prestigio de la INDDHH.

b) El ejercicio de otra actividad remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la investigación académica y actividades de capacitación en materia de INDDHH.

c) El ejercicio de funciones o cargos directivos o de asesoramiento en partidos políticos, sindicatos, comisiones, asociaciones, sociedades civiles o comerciales, fundaciones o similares.

d) La actividad política partidaria y gremial o sindical, con excepción del voto.

ARTICULO 47. (Cese de incompatibilidades).- Si la persona designada como miembro del Consejo Directivo de la INDDHH estuviera afectada por alguna de las incompatibilidades referidas en el artículo precedente, no podrá tomar posesión del cargo hasta tanto haga cesar la actividad que determina la incompatibilidad.

Si ocupara algún cargo público, quedará comprendido en lo establecido por el artículo 12 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

En caso que durante la vigencia del mandato del miembro del Consejo Directivo de la INDDHH surgieren incompatibilidades supervenientes, deberá renunciar al cargo o hacer cesar la incompatibilidad en el plazo de diez días hábiles durante el cual se abstendrá de participar en el Consejo Directivo de la INDDHH.

ARTICULO 48. (Decisión sobre incompatibilidades).- En caso de que no se procediera de acuerdo a lo previsto en el inciso final del artículo precedente, el Consejo Directivo de la INDDHH con el voto afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros, determinará si existe una situación de incompatibilidad, sin perjuicio de las facultades de destitución de la Asamblea General.

El Consejo Directivo de la INDDHH antes de tomar una decisión, oirá al miembro al que se le atribuye la incompatibilidad.

La decisión sobre incompatibilidad, con todos sus antecedentes, será remitida al Presidente de la Asamblea General a los efectos previstos en el literal f) del artículo 52 de esta ley.

ARTICULO 49. (Declaración jurada).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH y los funcionarios rentados de carácter no administrativo de la INDDHH, deberán presentar declaraciones juradas de bienes en los términos requeridos por la Ley Nº 17.060, de 23 de diciembre de 1998.

ARTICULO 50. (Inhibición posterior al cese).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrán, hasta transcurridos tres años desde la fecha del cese, ocupar cargos públicos de particular confianza política, ser candidatos a cargos públicos electivos o asesores de personas que hubieran estado involucradas en denuncias ante la INDDHH, como denunciantes o denunciados.

ARTICULO 51. (Actuación independiente).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no estarán sujetos a mandato imperativo, ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad, debiendo desempeñar sus funciones con plena autonomía, de acuerdo a su criterio y bajo su responsabilidad.

ARTICULO 52. (Cese del cargo).- El cargo de miembro del Consejo Directivo de la INDDHH cesará por:

a) Expiración del plazo de su nombramiento, sin perjuicio de los casos en que se extienda hasta que asuma un nuevo miembro.

b) Fallecimiento.

c) Incapacidad superviniente.

d) Renuncia aceptada.

e) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso; durante el procesamiento quedará automáticamente suspendido en sus funciones.

f) Destitución por el mismo número de votos por los que fueron electos, en sesión especial de la Asamblea General convocada al efecto, procediendo la misma en los siguientes casos:

(i) Por asumir una conducta que lo hiciere indigno de su investidura.

(ii) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo.

(iii) Por haber incurrido en falta grave a los deberes inherentes al cargo.

(iv) Por incompatibilidad superviniente en caso de que no hubiera presentado renuncia o dejado sin efecto la misma.

En caso de renuncia la misma deberá presentarse al Consejo Directivo de la INDDHH quien, de aceptarla, la comunicará a la Presidencia de la Asamblea General.

En cualquiera de las hipótesis de cese se procederá a designar un sustituto de conformidad al procedimiento previsto para cubrir vacantes y, hasta tanto no se produzca la designación, el Consejo Directivo de la INDDHH funcionará con el número de miembros restante.

ARTICULO 53. (Remuneración).- La remuneración del miembro del Consejo Directivo de la INDDHH será igual a la establecida para los Subsecretarios de Estado.

ARTICULO 54. (Presidencia de la INDDHH).- El Consejo Directivo de la INDDHH designará de entre sus miembros, por mayoría absoluta de votos, al Presidente de la INDDHH quien tendrá las funciones señaladas en esta ley y en el Reglamento de la INDDHH.

Si para la elección resultare necesario efectuar más de una votación, se eliminarán sucesivamente los nombres que reciban menor número de votos.

El Presidente de la INDDHH durará en sus funciones un año y su cargo será de rotación obligatoria entre los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH.

Si el Presidente renunciare al cargo o dejare de ser miembro del Consejo Directivo de la INDDHH, ésta elegirá en la primera sesión que celebre con posterioridad a la fecha de la renuncia o vacancia, a un sucesor para desempeñar el cargo, por el tiempo que reste de mandato. Si dicho período fuese inferior a tres meses, podrá ser reelecto para el período ordinario sucesivo.

ARTICULO 55. (Atribuciones del Presidente).- Son atribuciones del Presidente de la INDDHH:

a) Representar a la INDDHH.

b) Convocar a las sesiones ordinarias del Consejo Directivo y extraordinarias de la INDDHH, de conformidad con la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

c) Dirigir las sesiones de la INDDHH, someter a su consideración las materias que figuren en el Orden del Día, conceder el uso de la palabra y decidir las cuestiones de orden que se susciten durante las sesiones de la INDDHH.

d) Hacer cumplir las decisiones de la INDDHH.

e) Ejercer cualquiera otras funciones que le sean conferidas por esta ley o por el Reglamento de la INDDHH.

Capítulo VI

Funcionamiento de la INDDHH

ARTICULO 56. (Sesiones Ordinarias).- El Consejo Directivo de la INDDHH se reunirá en sesiones ordinarias las veces que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, conforme al Reglamento que el propio Consejo Directivo de la INDDHH adopte por mayoría absoluta de votos. Las reuniones serán privadas, a menos que el Consejo Directivo de la INDDHH determine lo contrario.

ARTICULO 57. (Quórum para sesionar).- Para constituir quórum para sesionar será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio del Consejo Directivo de la INDDHH.

ARTICULO 58. (Quórum para adoptar resoluciones).- Las resoluciones del Consejo Directivo de la INDDHH se adoptarán por el voto de la mayoría de los miembros presentes, con excepción del supuesto previsto en el inciso tercero del artículo 68 de la presente ley, o de los casos en que la presente ley exija mayoría absoluta.

ARTICULO 59. (Actas).- De toda sesión se levantará un acta resumida en la que constará día y hora en que la misma se celebró, los nombres de los miembros presentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, los nombres de los que votaron a favor y en contra y cualquier declaración especialmente hecha para que conste en acta.

ARTICULO 60. (Voto fundado).- Los miembros, estén o no de acuerdo con las decisiones de la mayoría, tendrán derecho a presentar el fundamento de su voto por escrito, el cual deberá incluirse a continuación de la resolución. Si la decisión versare sobre un informe, propuesta o recomendación, se incluirá a continuación de dicho informe, propuesta o recomendación. Cuando la decisión no conste en un documento separado, se transcribirá en el acta de la sesión, a continuación de la decisión de que se trate.

ARTICULO 61. (Excusación).- Los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de una denuncia sometida a consideración de la INDDHH en el caso en que tuvieran un interés particular en el asunto o que previamente hubieran participado o actuado como asesores o representantes del denunciante o del organismo o institución involucrada en la denuncia o hubieran ocupado un cargo jerárquico en el mismo. Cualquier miembro del Consejo Directivo de la INDDHH podrá solicitar la inhibición de otro miembro. El Consejo Directivo de la INDDHH decidirá si es procedente la inhibición.

ARTICULO 62. (Sesiones Extraordinarias - Asamblea Nacional de Derechos Humanos).- El Consejo Directivo de la INDDHH estará facultado, en cualquier momento, para convocar períodos de sesiones extraordinarias y públicas de la INDDHH, en las cuales participarán con voz pero sin derecho a voto, las organizaciones sociales y organismos gubernamentales, en la forma y condiciones que determina la presente ley y el Reglamento de la INDDHH.

Los períodos de sesiones extraordinarias de la INDDHH se denominarán "Asamblea Nacional de Derechos Humanos".

ARTICULO 63. (Periodicidad de Sesiones Extraordinarias).- La INDDHH, celebrará, por lo menos, un período de sesiones extraordinarias en el año. Sin perjuicio, estará además obligada a convocar a otro período de sesiones extraordinarias en el año, cuando así se lo solicite por escrito, con indicación del temario a tratar, una mayoría superior al veinte por ciento del total de las organizaciones sociales habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH.

El derecho de las organizaciones sociales a solicitar la convocatoria de un período de sesiones extraordinarias de la INDDHH sólo podrá ejercerse una vez por año y transcurrido el primer año de funcionamiento de la INDDHH.

ARTICULO 64. (Organizaciones sociales).- Estarán habilitadas a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH:

a) Las organizaciones sociales nacionales que estén afiliadas a una organización internacional con estatuto consultivo ante organismos internacionales del sistema Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos o del Mercosur.

b) Las organizaciones sociales nacionales, excluidas los partidos políticos, que reúnan acumulativamente los siguientes requisitos:

i) reconocida reputación y trayectoria en su esfera particular de competencia, especialmente aquellas cuya finalidad sea la defensa y promoción de los derechos humanos;

ii) sin finalidad de lucro, no siendo indispensable la personería jurídica;

iii) no estén comprendidas en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 80 numeral 6º) de la Constitución de la República.

c) Sin perjuicio, podrán igualmente participar aquellas organizaciones sociales que sin contar con alguno de los requisitos enunciados en los numerales (i) y (ii) del literal precedente, sean especialmente autorizadas por la INDDHH; su participación se limitará a los términos que disponga la INDDHH.

Las organizaciones sociales que deseen participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH deberán registrarse ante el Consejo Directivo de la INDDHH de la forma y con la antelación que establezca el Reglamento de la INDDHH.

El Consejo Directivo de la INDDHH podrá denegar en forma fundada y por mayoría absoluta de votos, la participación de una organización social que hubiere solicitado su registro.

ARTICULO 65. (Organismos gubernamentales y otras entidades).- Todos los organismos y entidades objeto del contralor de la INDDHH sean o no de carácter estatal, estarán habilitados a participar en las sesiones extraordinarias de la INDDHH, si conviniera a su interés hacerlo, de conformidad a lo que establezca el Reglamento. No se requerirá autorización del Consejo Directivo de la INDDHH. Estarán facultados para participar, especialmente, Representantes de las Comisiones parlamentarias, Comisionados parlamentarios y Defensores del Vecino.

ARTICULO 66. (Orden del Día de Sesiones Extraordinarias).- El Orden del Día y programa de trabajo de los períodos de sesiones extraordinarias será el establecido por el Consejo Directivo de la INDDHH. Para las sesiones extraordinarias convocadas a solicitud de las organizaciones sociales, el programa de trabajo deberá comprender el temario presentado en la solicitud de convocatoria.

ARTICULO 67. (Período entre sesiones extraordinarias).- Durante el período entre sesiones extraordinarias, el Consejo Directivo de la INDDHH preparará:

a) El programa de trabajo que será tratado en la próxima sesión extraordinaria, el cual difundirá a la ciudadanía con antelación suficiente a la misma.

b) Los proyectos de informes, relatorías, propuestas, recomendaciones, estudios y otros trabajos que estime pertinentes, pudiendo designar al efecto expertos independientes o Grupos de Trabajo integrados por miembros de la INDDHH que los presidirán, representantes de organizaciones sociales, de organismos o instituciones estatales o de objeto del contralor de la INDDHH, en cuanto correspondan por la temática a la que se refieran.

ARTICULO 68. (Funcionamiento especial del Consejo Directivo de la INDDHH en recepción e instrucción de denuncias).- El Consejo Directivo de la INDDHH designará dos de los miembros titulares excluido el Presidente, quienes, alternadamente, en régimen de turnos mensuales y de acuerdo a lo que determine el Reglamento de la INDDHH, tendrán a su cargo la recepción e instrucción de las denuncias conforme al procedimiento dispuesto en esta ley.

Sin perjuicio del régimen de turnos que se establece, los miembros del Consejo Directivo de la INDDHH que tendrán a cargo la recepción e instrucción de denuncias, actuarán en forma coordinada o conjunta cuando las circunstancias lo requieran o lo establezca expresamente el Reglamento.

Cuando, de acuerdo a lo previsto en la presente ley, se deban recomendar medidas provisionales de carácter urgente o comparecer ante el Poder Judicial para solicitar medidas cautelares, deducir recursos de amparo o de habeas corpus, y no fuere posible tomar resolución en sesión del Consejo Directivo de la INDDHH, cualquier miembro del mismo que haya participado en la recepción o instrucción de la denuncia, estará facultado para resolver y actuar en nombre de la INDDHH.

Cuando proceda de acuerdo al inciso precedente, el miembro el Consejo Directivo de la INDDHH dará noticia inmediata al Presidente de la INDDHH.

ARTICULO 69. (Informe Anual).- El Consejo Directivo de la INDDHH presentará un Informe Anual a la Asamblea General dentro de los primeros ciento veinte días de cada año. A tales efectos, el Consejo Directivo de la INDDHH será recibido y escuchado en sesión especial de la Asamblea General.

ARTICULO 70. (Contenido del Informe Anual).- El Informe Anual contendrá:

a) Recomendaciones, propuestas, opiniones, estudios, relatorías e informes que el Consejo Directivo de la INDDHH entienda pertinente en relación con cualquiera de los temas de su competencia.

b) Memoria de las Asambleas Nacionales de Derechos Humanos celebradas en el año, sus resoluciones, recomendaciones, propuestas y conclusiones en relación con estudios, informe y relatorías.

c) Detalle circunstanciado de las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo de la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia durante el año al que refiera el informe, de las actividades realizadas durante el período y las planificadas para el año siguiente.

d) Detalle y análisis estadístico de las denuncias recibidas durante el año al que refiera el informe y sus características, incluyendo las denuncias que fueron rechazadas y sus causas, las que fueron objeto de investigación y su resultado, y las que se encuentren en trámite y su estado. No se incluirán datos personales de los denunciantes.

e) Detalle circunstanciado de los casos en que existió negativa a presentar informes a la INDDHH (artículo 23 de esta ley); omisión en adoptar medidas de urgencia solicitadas por la INDDHH (artículo 24 de esta ley); no se hayan aceptado propuestas de la INDDHH o se constate incumplimiento, total o parcial, de obligaciones asumidas por las autoridades (artículo 28 de esta ley); o se hubiese negado acceso a documentación invocando el carácter secreto o reservado ( inciso tercero del artículo 73 de esta ley).

f) Detalle circunstanciado de las recomendaciones y propuestas de la INDDHH que hayan sido cumplidas.

g) Cualquier otro tema relacionado con aspectos de funcionamiento interno de la INDDHH, de relacionamiento institucional o de modificaciones legales a su régimen vigente.

ARTICULO 71. (Informes Especiales).- Sin perjuicio del Informe Anual, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá presentar a la Asamblea General, en cualquier momento, los informes especiales que entienda pertinente.

ARTICULO 72. (Publicidad).- El Informe Anual será publicado de forma tal que se asegure su más amplia difusión nacional. Sin perjuicio, el Consejo Directivo de la INDDHH podrá ordenar, además, la publicación y amplia difusión de informes especiales, comunicados, propuestas, recomendaciones, opiniones, relatorías o cualquier otro tema relativo a su actividad o competencia, salvo en los casos en que la presente ley disponga lo contrario.

ARTICULO 73. (Obligación de colaborar con la INDDHH).- Todos los funcionarios de organismos objeto de la competencia de la INDDHH, tienen la obligación de colaborar con la INDDHH.

A los efectos previstos en el inciso anterior, todos los organismos e instituciones públicas harán conocer entre sus funcionarios la presente obligación y harán efectiva la responsabilidad disciplinaria para el caso de incumplimiento. Asimismo deberá comunicarse idéntica obligación a las empresas de servicios públicos tercerizados o concesionarios en el acto mismo del contrato a celebrarse, debiendo constar a texto expreso en los documentos que se suscriban.

Los organismos públicos sólo podrán negarse a la exhibición de aquellos documentos que hubiesen sido calificados como secretos, reservados o confidenciales, mediante resolución expresa y fundada del jerarca máximo del organismo.

El Consejo Directivo de la INDDHH pondrá este hecho en conocimiento inmediato de la Asamblea General a través de su Presidente e incluirá la relación de la situación planteada en su Informe Anual o en Informe Especial producido a esos efectos.

ARTICULO 74. (Funcionamiento permanente).- La actividad de la INDDHH no se verá interrumpida por el receso de las Cámaras, ni por su disolución de acuerdo al mecanismo previsto en la Sección VIII de la Constitución de la República. En tales casos la relación de la INDDHH con el Poder Legislativo se realizará a través de la Comisión Permanente. Tampoco interrumpirá su actividad en los casos de suspensión de la seguridad individual (artículo 31 de la Constitución de la República) o de adopción de medidas prontas de seguridad (numeral 17) del artículo 168 de la Constitución de la República).

Capítulo VII

Presupuesto

ARTICULO 75. (Principio General).- El presupuesto de la INDDHH deberá ser el adecuado para garantizar su funcionamiento autónomo y deberá asegurar la infraestructura y dotación de personal necesaria para el buen desempeño de la INDDHH en todos los ámbitos de su competencia.

ARTICULO 76. (Presupuesto - Procedimiento).- El Consejo Directivo elaborará el proyecto de presupuesto de la INDDHH, el que será puesto a consideración de la Cámara de Diputados dentro de los primeros noventa días de haber asumido la nueva dirección de la INDDHH.

La Cámara de Diputados no podrá modificar el proyecto de presupuesto, salvo en disminuir su monto con el voto conforme de dos tercios de sus integrantes.

Si transcurridos treinta días corridos desde que el día en que el proyecto de presupuesto fue puesto a consideración de la Cámara de Diputados sin que ésta hubiese alcanzado la mayoría de votos para su disminución, se considerará fictamente aprobado el proyecto de presupuesto propuesto por la INDDHH, el cual deberá ser incluido y aprobado en la consideración del presupuesto quinquenal de dicha Cámara o de sus modificaciones, según la instancia más próxima, considerando lo dispuesto en los incisos primero y segundo del artículo 108 de la Constitución de la República.

ARTICULO 77. (Rendición de Cuentas).- La INDDHH rendirá cuentas anuales a la Cámara de Diputados.

Las partidas presupuestadas anualmente no gastadas en el año, se acumularán y quedarán disponibles para el año siguiente.

En ocasión de la rendición de cuentas anual, la INDDHH podrá solicitar ampliación presupuestal para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 76 de esta ley.

ARTICULO 78. (Otros Recursos).- La INDDHH podrá obtener recursos provenientes de convenios de asistencia y cooperación de organizaciones internacionales o extranjeras en tanto correspondan al ámbito de sus competencias, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

La INDDHH podrá recibir donaciones, herencias o legados, dando cuenta inmediata a la Asamblea General, quien dispondrá lo pertinente para que el producido de dichos bienes sea en beneficio de la INDDHH.

Capítulo VIII

Disposiciones Transitorias y Especiales

ARTICULO 79.- Para la primera elección de miembros del Consejo Directivo de la INDDHH, las organizaciones sociales que podrán proponer candidatos serán las que, a juicio de la Comisión Especial prevista en el artículo 40, reúnan los requisitos establecidos en los literales a) y b) del artículo 64 de esta ley.

ARTICULO 80.- Los miembros del primer Consejo Directivo de la INDDHH deberán ser electos en la Legislatura siguiente a la promulgación de esta ley. El mandato de los miembros del primer Consejo Directivo de la INDDHH será hasta el tercer período legislativo de la XLVIIIa. Legislatura.

ARTICULO 81.- Serán de cargo de rentas generales los recursos necesarios para la instalación de la INDDHH hasta tanto resulte aprobado y disponible su presupuesto. El Poder Ejecutivo afectará, como sede de la INDDHH, un inmueble emblemático y simbólico para la naturaleza de la función que desarrollará.

ARTICULO 82.- Dentro de los treinta días corridos desde la primera elección del Consejo Directivo, la Asamblea General llamará a concurso de oposición y méritos entre funcionarios públicos, preferentemente especializados en derechos humanos, para cubrir hasta veinte cargos administrativos y tres cargos técnicos.

Sin perjuicio y además, el Consejo Directivo de la INDDHH dispondrá de la facultad de solicitar en comisión hasta diez funcionarios públicos de cualquier dependencia o Poder del Estado, todo de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Ley Nº 17.556, de 18 de setiembre de 2002, no rigiendo la prohibición establecida en el artículo 507 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

ARTICULO 83.- La INDDHH celebrará, durante su primer año de funcionamiento, por lo menos dos períodos de sesiones extraordinarias.

ARTICULO 84.- La INDDHH llevará a cabo, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las funciones del mecanismo nacional de prevención al que se refiere el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Tratado Internacional del que la República es parte.

A tal efecto, la INDDHH deberá cumplir con las exigencias que, para el mecanismo nacional, prevé el mencionado Protocolo dentro de sus competencias y atribuciones."

7) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESIGNAR A VARIOS FISCALES LETRADOS

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: si la Bancada oficialista, y en particular la señora Senadora Percovich, están de acuerdo, me parece que sería oportuno pasar a considerar ahora las solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar a varios Fiscales Letrados, considerando que las carpetas correspondiente ya han sido repartidas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada, en el sentido de alterar el Orden del Día.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada anteriormente: "Solicitudes de venia del Poder Ejecutivo para designar Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de Tercer Turno al doctor Diego Pérez Echavarría; trasladar a la doctora Angelita Romano Trosino para ocupar el cargo de Fiscal Letrada Departamental de Paso de los Toros; y designar Fiscales Letrados Adjuntos Nacionales a la doctora Silvia Arroyo Ferreiro, a la doctora Elsa Mabel Enciso Pérez, a la doctora María del Rosario Fernández Schiavo y a la doctora Estela Inés Reyno Prado. (Carp. Nº 1384/2008)".

(Antecedentes:)

"Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 3 de noviembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de solicitar las venias requeridas por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para una vez obtenidas, proceder a la designación del Señor Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de Tercer Turno y del Señor Fiscal Letrado Departamental de Paso de los Toros, así como de los Señores Fiscales Letrados Adjuntos Nacionales, todos pertenecientes al Escalafón "N" Magistrados, cuyos nombres y méritos se individualizan en los respectivos oficios oportunamente remitidos.

Así, el Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Rafael Ubiría, elevó a consideración del Ministerio de Educación y Cultura -en el marco de la competencia que le asigna el numeral 5° del artículo 7° del Estatuto del Ministerio Público y Fiscal-, el nombre del Señor Fiscal Letrado Departamental propuesto para ocupar la Fiscalía Nacional y de las Señoras Secretarias Letradas de las sedes nacionales que, a su criterio y en virtud de los argumentos que expone, se encontrarían en condiciones de acceder a los respectivos cargos. (Oficios Nos. 101/08 y 102/08 de fecha 30 de setiembre y N° 103/08 de fecha 2 de octubre de 2008).

Las mencionadas propuestas del Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, en su calidad de jerarca de la Unidad Ejecutora - Ministerio Público y Fiscal - jerarquizada a su vez al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura (artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.365), deben ajustarse a las disposiciones de rango legal que regulan el ingreso y la carrera administrativa de los miembros del Ministerio Público y Fiscal (artículos 21, 22 y 31 del mencionado Decreto-Ley).

El Poder Ejecutivo -como órgano jerarca máximo en materia administrativa-, tiene la responsabilidad de analizar la correspondencia legal de las propuestas sugeridas, así como la oportunidad y mérito de las mismas. Efectuado el análisis de rigor, se cumple con enviar las presentes solicitudes de venia al cuerpo legislativo.

En efecto:

El Dr. Diego Pérez Echavarría, ingresó al Ministerio Público y Fiscal el 26 de junio de 1995, en el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Tacuarembó. Con fecha 11 de febrero de 1999 es trasladado a la Fiscalía Letrada Departamental de Lavalleja de Segundo Turno, donde actualmente se desempeña.

La Dra. Angelita Romano Trosino, ingresó al Ministerio Público y Fiscal en calidad de contratada, el 28 de octubre de 1999, cumpliendo tareas de Secretario Letrado en las Fiscalías Letradas Departamentales de Pando de Primer y Segundo Turnos. Por Resolución del Poder Ejecutivo, de 31 de mayo de 2001, es presupuestada en el cargo de Secretario Letrado (Escalafón "A", Grado 13). Finalmente, por Resolución de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación N°A/140/01, es trasladada a la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Noveno Turno, donde presta servicios actualmente.

La Dra. Silvia Arroyo Ferreiro ingresó al Ministerio Público y Fiscal, por Concurso de Oposición y Méritos, el 5 de diciembre de 1991, en un cargo vacante de Secretario Letrado de Fiscalía Nacional (Escalafón "A", Grado 13), en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Cuarto Turno, donde actualmente se desempeña.

La Dra. María del Rosario Fernández Schiavo se incorporó al Ministerio Público y Fiscal, proveniente de la Universidad de la República, el 20 de julio 1993, en el cargo de Asesor I - Abogado (Escalafón "A", Grado 13), habiéndose desempeñado en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Segundo Turno, en la Fiscalía Letrada Nacional de Hacienda, y en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Tercer Turno, donde a la fecha presta funciones en su carácter de Secretario Letrado (Escalafón "A", Grado 13).

La Dra. Estela Inés Reyno Prado ingresó al Ministerio Público y Fiscal el 1° de febrero de 1994, en el cargo de Asesor I - Abogado (Escalafón "A" Grado, 13), en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Sexto Turno. Posteriormente se desempeñó en la Fiscalía Letrada Nacional de Menores de Segundo Turno, en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Tercer Turno y actualmente, en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Sexto Turno, en el cargo de Secretario Letrado (Escalafón "A", Grado 13).

La Dra. Elsa Mabel Enciso Pérez se incorpora al Ministerio Público y Fiscal proveniente de la Universidad de la República - Facultad de Veterinaria - el 19 de julio de 1994 en el cargo de Asesor I - Abogado (Escalafón "A", Grado 13), en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Primer Turno, sede en la cual hoy cumple funciones en su carácter de Secretario Letrado (Escalafón "A", Grado 13).

En base a las razones expuestas, es que se solicita al Senado de la República la venia que habilite las designaciones de:

- Sr. Fiscal Letrado Departamental de Lavalleja de Segundo Turno (Escalafón "N" Magistrado), Dr. Diego Pérez Echavarría, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de Tercer Turno (Escalafón "N" Magistrados);

- Sra. Secretaria Letrada de Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Noveno Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. Angelita Romano Trosino, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Paso de los Toros (Escalafón "N" Magistrados);

- Sra. Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Cuarto Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. Silvia Arroyo Ferreiro, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de Aduana y Hacienda de Segundo Turno (Escalafón "N" Magistrados);

- Sra. Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. María del Rosario Fernández Schiavo, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Segundo Turno (Escalafón "N" Magistrados);

- Sra. Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Sexto Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. Estela Inés Reyno Prado, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de Aduana y Hacienda de Primer Turno (Escalafón "N" Magistrados);

- Y Sra. Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Primer Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. Elsa Mabel Enciso Pérez, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Adjunto en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Primer Turno (Escalafón "N" Magistrados).

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ

Presidente de la República

María Simon

Ministra de Educación y Cultura."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: cualquiera de los miembros de la Comisión de Asuntos Administrativos podría haber informado este asunto.

El Poder Ejecutivo ha solicitado venia para designar al doctor Diego Pérez Echavarría como Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de Tercer Turno, quien hoy se está desempeñando como Fiscal Letrado Departamental de Lavalleja de Segundo Turno. Asimismo, pide el traslado para ocupar el cargo de Fiscal Letrada Departamental de Paso de los Toros de la doctora Angelita Romano Trosino, que actualmente se está desempeñando en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Noveno Turno. Por otra parte, se están proponiendo como Fiscales Letrados Adjuntos Nacionales a la doctora Silvia Arroyo Ferreiro, a la doctora Elsa Mabel Enciso Pérez, a la doctora María del Rosario Fernández Schiavo y a la doctora Estela Inés Reyno Prado, cuyos antecedentes se adjuntan. Estas últimas cuatro designaciones se incluyen en la carpeta Nº 1384, que ya ha sido distribuida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la designación del doctor Diego Pérez Echavarría como Fiscal Letrado Nacional de lo Penal de Tercer Turno.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la designación de la doctora Angelita Romano Trosino como Fiscal Letrado Departamental de Paso de los Toros.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la designación de la doctora Silvia Arroyo Ferreiro como Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de Aduana y Hacienda de Segundo Turno.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la designación de la doctora Elsa Mabel Enciso Pérez como Fiscal Letrado Adjunto en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Primer Turno.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la designación de la doctora María del Rosario Fernández Schiavo como Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Décimo Segundo Turno.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la designación de la doctora Estela Inés Reyno Prado como Fiscal Letrado Adjunto de la Fiscalía Letrada Nacional de Aduana y Hacienda de Primer Turno.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar la otra carpeta cuya urgencia fue votada: "Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para designar Fiscales Letradas Departamentales a las Doctoras Sylvia Daniela Lovesio Donati y Alicia Alba Ghione Core. (Carp. Nº 1386/2008)".

(Antecedentes:)

"MINSITERIO DE EDUCACION Y CULTURA

Montevideo, 4 de noviembre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de solicitar las venias requeridas por el numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República, para una vez obtenidas, proceder a la designación de los Señores Fiscales Letrados Departamentales de Paysandú de Tercer Turno y de Young (Escalafón "N" Magistrados) cuyos nombres y méritos se individualizan en el presente texto.

Así, el Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Rafael Ubiría, elevó a consideración del Ministerio de Educación y Cultura -en el marco de la competencia que le asigna el numeral 5° del artículo 7° del Estatuto del Ministerio Público y Fiscal-, los nombres de las Señoras Secretarias Letradas, de las sedes nacionales que, a su criterio y en virtud de los argumentos que expone, se encontrarían en condiciones de acceder a los respectivos cargos. (Oficio N° 98/08 de fecha 17 de setiembre de 2008).

Las mencionadas propuestas del Sr. Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, en su calidad de jerarca de la Unidad Ejecutora -Ministerio Público y Fiscal- jerarquizada a su vez al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura (artículo 1° del Decreto-Ley N° 15.365), deben ajustarse a las disposiciones de rango legal que regulan el ingreso y la carrera administrativa de los miembros del Ministerio Público y Fiscal, artículos 22 y 31 del mencionado Decreto-Ley.

El Poder Ejecutivo -como órgano jerarca máximo en materia administrativa- tiene la responsabilidad de analizar la correspondencia legal de las propuestas sugeridas, así como la oportunidad y mérito de las mismas. Efectuado el análisis de rigor, se cumple con evitar las solicitudes de venia al cuerpo legislativo.

En efecto:

La Dra. Sylvia Daniela Lovesio Donati ingresó al Ministerio Público y Fiscal el 6 de junio de 1997, en un cargo de Asesor Letrado (Escalafón "A", Grado 13), el que posteriormente, por una reestructura de cargos y regularización al 1° de enero de 1998, pasó a denominarse Secretario Letrado (Escalafón "A", Grado 13). Actualmente se viene desempeñando en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Tercer Turno, en el cumplimiento de tareas de asistencia técnica a su jerarca.

Por su parte, la Dra. Alicia Alba Ghione Core ingresó al Ministerio Público y Fiscal el 1° de abril de 2001, habiéndose desempeñado en la Fiscalía Letrada Nacional de Aduana de Primer Turno, en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Duodécimo Turno y en la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Décimo Primer Turno, donde cumple tareas de asistencia técnica actualmente.

En base a las razones expuestas, es que se solicita al Senado de la República la venia que habilite las designaciones de:

a) Sra. Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Civil de Tercer Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. Sylvia Daniela Lovesio Donati, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Paysandú de 3° Turno (Escalafón "N" Magistrados).

b) Sra. Secretaria Letrada de la Fiscalía Letrada Nacional de lo Penal de Décimo Primer Turno (Escalafón "A" Profesional), Dra. Alicia Alba Ghione Core, para ocupar el cargo de Fiscal Letrado Departamental de Young (Escalafón "N" Magistrados).

El Poder Ejecutivo saluda al Señor Presidente de la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Felipe Michelini."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en la Carpeta Nº 1386/08, que ya fue distribuida, aparece la propuesta para designar Fiscales Letrados Departamentales. En primer lugar, se propone designar como Fiscal Letrado Departamental de Paysandú de 3º Turno a la doctora Sylvia Daniela Lovesio Donati.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: la segunda propuesta de la Carpeta Nº 1386 es para designar como Fiscal Letrado Departamental de Young a la doctora Alicia Alba Ghione Core.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) CODIGO AERONAUTICO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifican los artículos 4º, 5º, 198 y 205 del Código Aeronáutico, aprobado por el Decreto-Ley Nº 14.305, de 29 de noviembre de 1974. (Carp. Nº 690/06 - Rep. Nº 943/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 690/06

Rep. N° 943/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo Unico.- Modifícanse los artícuos 4°, 5°, 198 y 205 del Código Aeronáutico, aprobado por el Decreto-Ley N° 14.305, de 29 de noviembre de 1974, los cuales quedarán redactados de la siguiente forma:

"ARTICULO 4°. (Aeronaves uruguayas y extranjeras utilizadas por personas físicas o jurídicas de nacionalidad uruguaya).- Estarán sometidos a la legislación de la República Oriental del Uruguay y serán juzgados por sus autoridades.

1°) Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos, faltas o infracciones administrativas cometidas a bordo de aeronaves uruguayas o de aeronaves privadas extranjeras, cuyo arrendatario o fletador sea una persona física o jurídica de nacionalidad uruguaya, si los mismos han tenido lugar sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales nacionales o donde ningún Estado ejerce soberanía.

2°) Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos, faltas o infracciones administrativas, cometidos a bordo de aeronaves privadas uruguayas o de aeronaves privadas extranjeras, cuyo arrendatario o fletador sea una persona física o jurídica de nacionalidad uruguaya, en vuelo sobre territorio y aguas jurisdiccionales de un Estado extranjero. Se exceptúan aquellos casos en que se hubiera lesionado a personas o bienes que se encuentren en el mismo o se afectara la seguridad, el interés legítimo o el orden público de ese Estado".

ARTICULO 5°. (Aeronaves privadas extranjeras).- Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos, faltas o infracciones administrativas cometidas a bordo de una aeronave privada extranjera en vuelo sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales uruguayas, se regirán por la legislación del Estado de matrícula de la aeronave y serán juzgados por sus autoridades, salvo en los siguientes casos en que se aplicarán las normas uruguayas e intervendrán sus autoridades:

1°) Cuando se afecte la seguridad del Estado o el orden público o se infrinjan disposiciones de carácter militar o fiscal.

2°) Cuando se transgredan leyes o reglamentos propios de la circulación aérea.

3°) Cuando se lesionen los intereses generales del Estado, o se causen daños a las personas y bienes situados en territorio uruguayo.

4°) Cuando se cometa un delito en la aeronave extranjera y se hubiera realizado en la República el primer aterrizaje posterior al hecho, con excepción del caso en que mediare pedido de extradición".

"ARTICULO 198 (Violencia y amenazas en aeronaves).- Comete delito el que en una aeronave en vuelo:

1°) Realizare cualquier acto de violencia contra la misma, su tripulación u otras personas a bordo.

2°) Amenazare a cualquier miembro de la tripulación cuando dicho acto interfiriere en el desempeño de las funciones, o disminuyere la capacidad del mismo para el cumplimiento de las mismas.

3°) Se apoderare de la aeronave o de su carga o la hiciere cambiar de ruta, empleando como medio el fraude o la violencia.

La pena será de seis meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría.

El que cometiere los hechos anteriormente descriptos mientras la aeronave esté realizando las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, será castigado con la misma pena.

Si a consecuencia de los hechos referidos, sobrevinieren como resultado, accidentes, daños materiales, lesión o muerte de una o varias personas, la pena será de cinco a veinticinco años de penitenciaría".

"ARTICULO 205 (Peligro por actos contrarios a la seguridad operacional y el orden a bordo).- Comete delito el que:

1°) Ejecutare funciones aeronáuticas careciendo de habilitación.

2°) Sin autorización efectuare vuelos arriesgados poniendo en peligro la vida o bienes de terceros.

3°) Ejecutare vuelos estando bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o sustancias psico-trópicas.

4°) Desobedeciere las instrucciones legítimas impartidas por el Comandante de la aeronave, o por otro miembro de la tripulación en nombre del mismo, con la finalidad de garantizar la seguridad de la aeronave o de las personas o bienes a bordo de la misma, o con la finalidad de mantener el orden y la disciplina a bordo.

5°) Consumiere en forma intoxicante alcohol, drogas, medicamentos o sustancias de diversos tipos que por su acción sobre el sistema nervioso pueda afectar las facultades mentales o sensoriales de otros órganos o sistemas, si dicho acto fuere susceptible de poner en peligro la seguridad operacional de la aeronave o la seguridad de las personas a bordo, o si comprometiere el orden y la disciplina a bordo.

6°) Fumare a bordo de la aeronave.

7°) Destruyere o alterare un detector de humo o cualquier otro dispositivo relacionado con la seguridad a bordo de una aeronave.

8°) Hiciere funcionar cualquier artículo o aparato electrónico portátil a bordo, cuando ello haya sido prohibido por el Comandante de la aeronave u otro miembro de la tripulación en nombre del mismo.

Los hechos previstos serán castigados con pena de multa de 20 UR (veinte unidades reajustables) a 100 UR (cien unidades reajustables).

Si a consecuencia de cualquiera de los hechos descriptos precedentemente sobrevinieran accidentes o daños materiales, la pena será de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Si resultare lesión de una o varias personas, la pena será de dieciocho meses de prisión a seis años de penitenciaría, si se ocasionare la muerte de una o varias personas la pena será de dos a doce años de penitenciaría.

Idéntica pena se aplicará en supuestos en que el mismo hecho causare uno o varios resultados conjuntos de lesión y muerte".

Sala de la Comisión, el 11 de noviembre de 2008.

Rafael Michelini, Miembro Informante; Francisco Gallinal, Abayubá Martorell, Margarita Percovich.

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 6 de noviembre de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple con remitir a su consideración el presente Proyecto de Ley acorde a lo dispuesto por el numeral 7° del artículo 168 de la Constitución de la República, por el cual se modifican los artículos 4°, 5°, 198 y 205 del Código Aeronáutico, aprobado por el Decreto-Ley N° 14.305, de 29 de noviembre de 1974, en virtud a las siguientes consideraciones.

La aviación enfrenta permanentemente problemas que pueden poner en riesgo uno de sus pilares básicos: la seguridad.

Los llamados pasajeros insubordinados, perturbadores o indisciplinados ("unruly passengers" en inglés), por distintas causas, (exceso de alcohol o drogas, tensión previa al viaje y durante el mismo, temor a los atentados, pro-hibiciones a que se ven sometidos, etc.) cometen actos o agresiones físicas o verbales contra integrantes de la tri-pulación, contra otros pasajeros, o causan daños a deter-minados bienes. En suma, se trata de pasajeros que no respetan las normas de conducta a bordo de las aeronaves o que no siguen las instrucciones de los miembros de la tripulación, perturbando de ese modo el orden a bordo, llegando, en algunos casos, a amenazar la seguridad de la aeronave.

En el ámbito internacional, existe el Convenio de Tokio de 1963 sobre las infracciones y ciertos actos cometidos a bordo de aeronaves, ratificado por Uruguay por el Decreto-Ley N° 14.436, de 7 de octubre de 1975. Dicho Convenio tiene carácter preventivo, ya que pretende evitar la comisión de delitos u otros actos a bordo de aeronaves que pueden poner en peligro la seguridad de ésta o de las personas o bienes de la misma, o el buen orden y la disciplina a bordo. Si ello ocurre, se dispone la adopción de medidas para que dichos delitos o actos sean enjuiciados y sancionados.

En cuanto a la aplicabilidad del Convenio de Tokio al problema de los pasajeros insubordinados, si bien en principio el tema estaría contemplado, existen ciertos vacíos.

De acuerdo al Convenio, hay obligación por parte de los Estados Miembros de ejercer jurisdicción y aceptar la entrega de personas que hubieran cometido infracciones graves, pero no existiría tal obligación en el caso de infracciones menos graves (que serían las conductas que más frecuentemente asumen los pasajeros insubordinados).

Al haberse demostrado que la normativa internacional vigente no es suficiente, uno de los caminos sugeridos para resolver el problema a corto plazo, es el dictado de normas nacionales.

En vista de ello, la Organización de Aviación Civil Internacional (en adelante OACI), instó a sus Estados Miembros a que adecuaran su legislación interna a los efectos de contemplar casos no previstos, para lo cual puso a disposición de los mismos, una legislación modelo inserta como Apéndice de la Resolución A 33-4 adoptada por la Asamblea de la OACI en 2001.

Ese texto de orientación contiene una lista de infracciones tipificadas para incluirlas en el derecho interno, contempla la extensión de la jurisdicción sobre esas infracciones y mecanismos adecuados para tratarlas. En general, se mantienen en el Proyecto propuesto, los lineamientos establecidos en la Ley Modelo de la OACI.

No obstante ello, hubo un apartamiento con respecto al numeral 4.1.4 a) y b), que supone la extensión de la jurisdicción de los Tribunales de la República a los delitos cometidos a bordo de aeronaves extranjeras en vuelo fuera del territorio nacional, si a) el aterrizaje siguiente de dicha aeronave es en Uruguay, y b) el Comandante de la misma entrega al presunto autor a las autoridades competentes, solicitando su juzgamiento y afirmando que ni él, ni el explotador de la aeronave, han hecho ni harán una solicitud similar a ningún otro Estado. En este punto, no se consideró oportuno en el momento actual, la inclusión en la legislación interna del numeral 4.1.4. a) y b) del modelo de la OACI.

En definitiva, tomando como base la propuesta de la OACI, y atendiendo la problemática de los pasajeros insubordinados, se ha elaborado un Proyecto de Ley que introduce modificaciones al Código Aeronáutico Uruguayo (Decreto-Ley N° 14.305, de 29 de noviembre de 1974) en los artículos 4° (Aeronaves uruguayas), 5° (Aeronaves privadas extranjeras), 198 (Violencia en aeronaves) y 205 (Peligro por hecho aviatorio impropio).

FUNDAMENTOS DE LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS

En el proyecto de modificación del artículo 4° se prevé el sometimiento a la legislación nacional no sólo de los hechos, actos y delitos ocurridos a bordo de aeronaves de matrícula uruguaya, sino también a bordo de aeronaves privadas extranjeras, cuando el arrendatario o fletador de la misma sea una persona física o jurídica de nacionalidad uruguaya.

La modificación proyectada, responde a las nuevas tendencias en la materia, impulsadas por la misma OACI, que surgen como consecuencia del uso cada vez más difundido de aeronaves en régimen de arrendamiento y fletamento. A nivel internacional, ocurre con frecuencia, que una aerolínea de nacionalidad de un Estado utiliza, por la vía de uno de estos contratos, aeronaves que se encuentran matriculadas en otro. Jurídicamente, esta tendencia al uso de aeronaves en arrendamiento y la necesidad de que se contemplaran los aspectos jurídicos involucrados en ello, llevó a que se introdujera en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago) un artículo denominado 83 bis) que se aprobó por el Protocolo adoptado por la Asamblea de la OACI el 6 de octubre de 1980. Este Protocolo entró en vigencia para los Estados ratificantes el 20 de junio de 1997. Nuestro país lo ratificó por el Decreto-Ley N° 15.168, de 10 de agosto de 1981, habiéndose depositado el instrumento de ratificación el 7 de enero de 1982.

De acuerdo al artículo 83 bis del Convenio de Chicago, los Estados pueden celebrar acuerdos de transferencia de funciones y responsabilidades del Estado de matrícula de la aeronave hacia el Estado del explotador, en los casos de arrendamientos, fletamentos e intercambio de aeronaves. Las funciones que se pueden transferir son las referidas en los artículos 12, 30, 31 y 32 a) del Convenio de Chicago, que hacen a componentes esenciales de la seguridad operacional y de su supervisión continuada.

En el mismo marco de esta tendencia, la OACI recomienda que, en materia de jurisdicción sobre las infracciones que cometan los pasajeros insubordinados o perturbadores, se atribuya la misma al Estado del explotador o del fletador, aun cuando la aeronave esté matriculada en otro Estado (ver artículo 4.1.2) de la "Legislación Modelo sobre ciertas Infracciones Cometidas a Bordo de Aeronaves Civiles".

Esta realidad de utilización de aeronaves arrendadas o fletadas, no es extraña a nuestro país, donde las empresas, han utilizado largamente aeronaves arrendadas o fletadas de matrícula extranjera. La propuesta de modificación del artículo 4° reconoce esta realidad, ajena a la época en que se sancionó el Código Aeronáutico y recoge los precedentes de los Convenios de la OACI y sus textos de orientación, dando una solución adecuada a la nueva realidad. Así, el elemento más importante en la aviación comercial actual no es tanto la propiedad de la aeronave (a la que habitualmente sigue la matrícula de la misma) sino la explotación y la utilización de ella. Por consiguiente, la equiparación de aeronaves nacionales y de las extranjeras en las condiciones del artículo 4° es procedente y, además, brinda un mayor marco de seguridad jurídica para los pasajeros uruguayos.
En cuanto a la modificación al artículo 5°, se modifica su redacción a efectos de armonizarlo con las conductas previstas por el artículo 4°.

Con relación a la modificación del artículo 198, a efectos de adecuar la Legislación Nacional con lo establecido en el artículo 1.1) de la Legislación modelo propuesta por la OACI, se entendió pertinente modificar el artículo 198 del Código Aeronáutico, que no abarcaba todos los casos previstos en el citado inciso.

Ello motivó el agregado de un nuevo numeral al artículo 198 del Código Aeronáutico, que pasa ahora a ser numeral 2° y que contempla el caso de las amenazas a bordo de una aeronave civil contra un miembro de la tripulación.

La intimidación es, en nuestro Derecho Penal, sinónimo de amenaza cuando no es física; si lo es, se transforma en violencia. En cuanto a la amenaza, se entendió que no se encuentra comprendida en el concepto penal de violencia.

Con respecto a la agresión física, la misma está implícita en el concepto de violencia ya contemplado en el inciso 1 de este artículo.

La inclusión de la amenaza llevó, en consecuencia, a un cambio en el nomen juris del artículo. Se incluyó en el acápite del mismo la expresión "aeronave en vuelo", que ya figuraba originalmente en los incisos del artículo 198, pues se entendió que esta nueva redacción facilitaba la comprensión del texto, evitando inútiles repeticiones.

Asimismo, para simplificar la redacción del artículo se sustituyó en el último párrafo del mismo la expresión "previstos precedentemente" por "referidos".

Por último, la modificación al artículo 205, bajo el acápite de "Peligro por hecho aviatorio impropio", el Código Aeronáutico establece una serie de conductas que configuran delitos.

Como forma de adecuar el Código Aeronáutico a la Legislación modelo propuesta por la OACI, se consideró pertinente agregar los numerales 4° a 8° tipificando como delitos determinadas conductas, y adecuando en consecuencia el nomen juris del artículo, el que pasa a ser "Peligro por actos contrarios a la seguridad operacional y el orden a bordo".

Así en el numeral 4° se establece como delito la desobediencia a instrucciones legítimas impartidas por el Comandante de la aeronave u otros miembros de la tripulación en su nombre.

En el numeral 5° se tipifica el consumo en forma intoxicante de alcohol, drogas, etc., para cuya redacción se contó con el valioso aporte de especialistas vinculados a la Medicina Aeronáutica, quienes definieron con precisión los múltiples componentes químicos que afectan los diferentes sistemas del organismo humano.

Asimismo, se han incorporado como conductas delictivas el fumar a bordo, la destrucción de detectores de humo y el funcionamiento de aparatos electrónicos, en circunstancias prohibidas por la tripulación (numerales 6°, 7° y 8°).

Si bien estas prohibiciones ya se encontraban previstas en materia de aviación civil y comercial, no eran punibles, por lo que la modificación propuesta apunta, a la necesidad de que sean efectivamente sancionadas como delitos.

Conductas tales como fumar y consumir drogas, no constituyen delitos para nuestro Derecho Penal. No obstante ello, el fundamento de la propuesta de penalizar estas conductas, radica en las particularidades del ambiente en que se desarrollan (aeronaves en vuelo) y el riesgo que ello implica.

Finalmente, se adecuan los montos de las penas establecidas utilizando como unidad de cuenta la Unidad Reajustable (UR).

Por los fundamentos expuestos, se remite a consideración de ese Cuerpo, el adjunto Proyecto de Ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda a usted, con la más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José Bayardi, Danilo Astori, José Mujica, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Jorge Lepra, Héctor Lescano, Mariano Arana, Víctor Rossi, José Díaz, Marina Arismendi, María Julia Muñoz, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto.

Ministerio de Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 4°, 5°, 198 y 205 del Código Aeronáutico, aprobado por el Decreto-Ley N° 14.305, de 29 de noviembre de 1974, los cuales quedarán redactados de la siguiente forma:

"ARTICULO 4°. (Aeronaves uruguayas y extranjeras utilizadas por personas físicas o jurídicas de nacionalidad uruguaya).- Estarán sometidos a la legislación de la República Oriental del Uruguay y serán juzgados por sus autoridades:

1°. Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos, faltas o infracciones administrativas cometidas a bordo de aeronaves uruguayas o de aeronaves privadas extranjeras, cuyo arrendatario o fletador sea una persona física o jurídica de nacionalidad uruguaya, si los mismos han tenido lugar sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales nacionales o donde ningún Estado ejerce soberanía.

2°. Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos, faltas o infracciones administrativas cometidas a bordo de aeronaves privadas uruguayas o de aeronaves privadas extranjeras, cuyo arrendatario o fletador sea una persona física o jurídica de nacionalidad uruguaya, en vuelo sobre territorio y aguas jurisdiccionales de un Estado extranjero. Se exceptúan aquellos casos en que se hubiera lesionado a personas o bienes que se encuentren en el mismo o se afectara la seguridad, el interés legítimo o el orden público de ese Estado.

ARTICULO 5°. (Aeronaves privadas extranjeras).- Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos, faltas o infracciones administrativas cometidas a bordo de una aeronave privada extranjera en vuelo sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales uruguayas se regirán por la legislación del Estado de matrícula de la aeronave y serán juzgados por sus autoridades salvo en los siguientes casos en que se aplicarán las normas uruguayas e intervendrán sus autoridades:

1°. Cuando se afecte la seguridad del Estado o el orden público o se infrinjan disposiciones de carácter militar o fiscal.

2°. Cuando se transgredan Leyes o Reglamentos propios de la circulación aérea.

3°. Cuando se lesionen los intereses generales del Estado, o se causen daños a las personas y bienes situados en territorio uruguayo.

4°. Cuando se cometa un delito en la aeronave extranjera y se hubiera realizado en la República el primer aterrizaje posterior al hecho, con excepción del caso en que mediare pedido de extradición.

ARTICULO 198. (Violencia y amenazas en aeronaves).- Comete delito el que en una aeronave en vuelo:

1°. Realizare, cualquier acto de violencia contra la misma, su tripulación u otras personas a bordo.

2°. Amenazare a cualquier miembro de la tripulación, cuando dicho acto interfiriere en el desempeño de las funciones, o disminuyere la capacidad del mismo para el cumplimiento de las mismas.

3°. Se apoderare de la aeronave, o de su carga o la hiciere cambiar de ruta, empleando como medio el fraude o la violencia.

La pena será de seis meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría.

El que cometiere los hechos anteriormente descriptos mientras la aeronave esté realizando las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, será castigado con las misma pena.

Si a consecuencia de los hechos referidos, sobrevinieren como resultado, accidentes, daños materiales, lesión o muerte de una o varias personas, la pena será de cinco a veinticinco años de penitenciaría.

ARTICULO 205. (Peligro por actos contrarios a la seguridad operacional y el orden a bordo).- Comete delito el que:

1°. Ejecutare funciones aeronáuticas careciendo de habilitación.

2°. Sin autorización efectuare vuelos arriesgados poniendo en peligro la vida o bienes de terceros.

3°. Ejecutare vuelos estando bajo los efectos del alcohol, estupefacientes o sustancias psico-trópicas.

4°. Desobedeciere las instrucciones legítimas impartidas por el Comandante de la aeronave, o por otro miembro de la tripulación en nombre del mismo, con la finalidad de garantizar la seguridad de la aeronave o de las personas o bienes a bordo de la misma, o con la finalidad de mantener el orden y la disciplina a bordo.

5°. Consumiere en forma intoxicante alcohol, drogas, medicamentos o sustancias de diversos tipos que por su acción sobre el sistema nervioso puedan afectar las facultades mentales o sensoriales de otros órganos o sistemas, si dicho acto fuere susceptible de poner en peligro la seguridad operacional de la aeronave o la seguridad de las personas a bordo, o si comprometiere el orden y la disciplina a bordo.

6°. Fumare a bordo de la aeronave.

7°. Destruyere o alterare un detector de humo o cualquier otro dispositivo relacionado con la seguridad a bordo de una aeronave.

8°. Hiciere funcionar cualquier artículo o aparato electrónico portátil a bordo, cuando ello haya sido prohibido por el Comandante de la aeronave u otro miembro de la tripulación en nombre del mismo.

Los hechos previstos serán castigados con pena de multa de 20 UR (veinte Unidades Reajustables) a 100 UR (cien Unidades Reajustables).

Si a consecuencia de cualquiera de los hechos descriptos precedentemente sobrevinieran accidentes o daños materiales la pena será de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Si resultare lesión de una o varias personas, la pena será de dieciocho meses de prisión a seis años de penitenciaría; si se ocasionare la muerte de una o varias personas, la pena será de dos a doce años de penitenciaría.

Idéntica pena se aplicará en supuestos en que el mismo hecho causare uno o varios resultados conjuntos de lesión y muerte."

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, etc.

José Bayardi, Danilo Astori, José Mujica, Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Jorge Lepra, Héctor Lescano, Mariano Arana, Víctor Rossi, José Díaz, Marina Arismendi, María Julia Muñoz, Eduardo Bonomi, Jorge Brovetto.

DISPOSICIONES CITADAS

CODIGO AERONAUTICO

Decreto-Ley N° 14.305 de

29 de noviembre de 1974

Artículo 4°. (Aeronaves uruguayas).- Estarán sometidos a la legislación de la República Oriental del Uruguay y serán juzgados por sus autoridades:

1° Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos o faltas cometidos a bordo de las aeronaves uruguayas sea sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales nacionales o donde ningún Estado ejerce soberanía.

2° Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos o faltas cometidos a bordo de las aeronaves privadas uruguayas en vuelo sobre territorio y aguas jurisdiccionales de un Estado extranjero, salvo en aquellos casos en que se hubiera lesionado a personas o bienes que se encuentren en el mismo o se afectara la seguridad e interés legítimo o el orden público de ese Estado.

Artículo 5°. (Aeronaves privadas extranjeras).- Los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos o faltas cometidos a bordo de una aeronave privada extranjera en vuelo sobre el territorio o las aguas jurisdiccionales uruguayas, se regirán por la legislación del Estado de matrícula de la aeronave y serán juzgados por sus autoridades, salvo en los siguientes casos en que se aplicarán las normas uruguayas e intervendrán sus autoridades:

1° Cuando se afecte la seguridad del Estado o el orden público o se infrinjan disposiciones de carácter militar o fiscal.

2° Cuando se transgredan leyes o reglamentos propios de la circulación aérea.

3° Cuando se lesionen los intereses generales del Estado, o se causen daños a las personas y bienes situados en territorio uruguayo.

4° Cuando se cometa un delito en la aeronave extranjera y se hubiera realizado en la República el primer aterrizaje posterior al hecho, con excepción del caso en que mediare pedido de extradición.

Artículo 198. (Violencia en aeronaves).- Comete delito el que:

1° Realizare, en una aeronave en vuelo, cualquier acto de violencia contra la misma, su tripulación o personas a bordo.

2° Se apoderare de la aeronave, o de su carga o la hiciere cambiar de ruta hallándose en vuelo, empleando como medio el fraude o la violencia.

La pena será de seis meses de prisión a dieciséis años de penitenciaría.

El que cometiere los hechos anteriormente descriptos mientras la aeronave esté realizando las operaciones inmediatamente anteriores al vuelo, será castigado con la misma pena.

Si a consecuencia de los hechos previstos precedentemente, sobrevinieran como resultado, accidentes, daños materiales, lesión o muerte de una o varias personas, la pena será de cinco a veinticinco años de penitenciaría.

Artículo 205. (Peligro por hecho aviatorio impropio).- Comete delito el que:

1° Efectuara funciones aeronáuticas careciendo de habilitación.

2° Sin autorización efectuare vuelos arriesgados poniendo en peligro la vida o bienes de terceros.

3° Efectuara vuelos estando bajo acción de bebidas alcohólicas, estimulantes o estupefacientes.

Los hechos previstos serán castigados con pena de multa de $ 50.000 (cincuenta mil pesos) a $ 2:000.000 (dos millones de pesos).

Si a consecuencia de cualquiera de los hechos descriptos precedentemente sobrevinieran accidentes o daños materiales, la pena será de seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

Si resultare lesión de una o varias personas, la pena será de dieciocho meses de prisión a seis años de penitenciaría; si se ocasionare la muerte de una o varias personas la pena será de dos a doce años de penitenciaría.

Idéntica pena se aplicará en supuestos en que el mismo hecho causare uno o varios resultados conjuntos de lesión y muerte."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Michelini.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: la Comisión de Constitución y Legislación del Senado me ha encomendado informar un proyecto sobre el que, con franqueza, debimos habernos expedido antes.

Con fecha 6 de noviembre de 2006 el Poder Ejecutivo envió una serie de modificaciones a lo que es el Código Aeronáutico vigente en el país, con respecto a los artículos 4º, 5º, 198 y 205 que, de alguna forma, toma las sugerencias de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). ¿Por qué el Poder Ejecutivo envió este proyecto? Por tres razones. En primer lugar, porque a partir de setiembre de 2001 notoriamente cambiaron todas las normas de seguridad a nivel de la aviación y de los aeropuertos, y la legislación uruguaya no estaba acorde a algunos de esos cambios necesarios, incluso, para que nuestros aeropuertos se consideren seguros.

En segundo término, la Organización de Aviación Civil Internacional entendió que era muy difícil elaborar una normativa internacional que sustituyera rápidamente lo que nosotros llamamos el Convenio de Tokio a nivel aeronáutico, suscrito en 1963 y que el Uruguay ratificó por un decreto-ley de 7 de octubre de 1975, en plena dictadura. Pero este Código es de prevención y, por lo tanto, no acomete una serie de aspectos que ya no son de prevención, sino de actuación dentro de las aeronaves. Entonces, como la Organización de Aviación Civil Internacional entiende que elaborar un nuevo Código Aeronáutico llevaría mucho tiempo, brinda una serie de referencias para que se vayan cambiando las legislaciones nacionales.

Con este proyecto de ley no sólo se da respuesta a esos dos aspectos, es decir, el del cambio de la realidad y el de las sugerencias que da la Organización de Aviación Civil Internacional por el impedimento de elaborar rápidamente un Código Aeronáutico que todos suscriban.

En tercer lugar, tuvo lugar un hecho notorio con un uruguayo que, por un sinfín de avatares, tuvo una conducta sorpresiva en una aeronave y este hecho terminó juzgándose bajo la legislación de los Estados Unidos porque no existían normas que permitieran que esa persona fuera juzgada o, en todo caso, evaluada por las normas uruguayas. Entonces, lo que aconseja el Poder Ejecutivo es adecuar la normativa nacional a la internacional, en función de lo sugerido por la Organización de Aviación Civil Internacional. Dicha adecuación será para contar con una normativa que haga posible no solo los aspectos de prevención del Convenio de Tokio, sino que se adapte a las nuevas realidades. Además, la intención es dar más garantías, no solo a los ciudadanos uruguayos sino también a los extranjeros que viajen en aeronaves uruguayas o que lleguen a nuestro destino. De este modo, podrá ser aplicable la normativa que estaríamos aprobando.

Por todas estas razones, aconsejamos la sustitución de los artículos 4º, 5º, 198 y 205 del Código Aeronáutico dejando constancia de que, a nuestro entender, debimos aprobar este proyecto de ley, por lo menos, un año antes.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único del proyecto de ley.

SEÑOR MICHELINI.- Formulo moción para que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo único.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

9) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Senado que en virtud del pasaje del señor Senador Mujica a la Presidencia del Senado por el día 20 del corriente, la señora Nora Castro y los señores Eduardo Muguruza, Saúl Posada, Carlos Gamou y Luis Rosadilla han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Víctor Semproni.

10) MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DE HAITI (MINUSTAH)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se prorroga el plazo de per-manencia de los efectivos pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas en la Misión de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH). (Carp. Nº 1366 /08 - Rep. Nº 941/08."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1366/08

Rep. N° 941/08

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 20 de octubre de 2006.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir el presente Proyecto de Ley, a efectos de que ese Cuerpo conceda la autorización establecida en el numeral 12 del artículo 85 de la Constitución de la República, a fin de que se prorrogue el plazo de permanencia de los efectivos pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas en la Misión de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH).

La participación en la referida Misión, se enmarca en la contribución con Contingentes para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas en dicha República, que fuera autorizada por las Leyes Nos. 17.785, de 22 de junio de 2004, 17.860, de 28 de diciembre de 2004, 17.926, de 15 de diciembre de 2005, 17.992, de 20 de julio de 2006, 18.163, de 29 de julio de 2007 y 18.225, de 22 de diciembre de 2007.

Por la norma legal mencionada en último término, se autorizó la permanencia de los efectivos nacionales en la mencionada Misión de Mantenimiento de la Paz, hasta el 31 de diciembre de 2008.

Atento a la inminente preclusión del plazo, se solicita la extensión del mismo, acorde a lo establecido por la Resolución 1840 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada en su 5993 Sesión, celebrada el 14 de octubre de 2008, que dispuso la prórroga del mandato de la MINUSTAH hasta el 15 de octubre de 2009, y la intención de renovarlo por períodos sucesivos.

Los países latinoamericanos participan con efectivos militares, policiales y civiles en la citada MINUSTAH y realizan el seguimiento de la misma a través del denominado Grupo de 2x9, quien en la reunión periódica de consulta entre viceministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay, reunidos en Montevideo en agosto pasado, han reafirmado su compromiso con la MINUSTAH.

En dicho encuentro se respaldó al Gobierno del Presidente René Préval por su determinación para enfrentar con vocación inclusiva y democrática los desafíos que plantean los problemas de seguridad, reconstrucción institucional y recuperación socioeconómica de Haití.

Estos países, expresaron asimismo su convencimiento que la sostenibilidad de los logros en materia de seguridad, fortalecimiento institucional y desarrollo socioeconómico de Haití corresponde primordialmente al Gobierno y pueblo haitiano, en esta etapa con el apoyo de la MINUSTAH. En tal sentido, reiteraron su postura que el mandato se renueve por doce meses y manifestaron que, de conformidad con los alcances reflejados en las resoluciones del Consejo de Seguridad 1542 (2004), 1608 (2005), 1702 (2006), 1743 (2007) y 1780 (2007), la MINUSTAH deberá orientar progresivamente sus prioridades en la medida que evolucione la situación en el país. Propusieron que debería favorecerse una más amplia participación de la MINUSTAH en actividades de fortalecimiento de las instituciones y de la infraestructura productiva del país.

También reafirmaron su total respaldo a la labor llevada a cabo por la MINUSTAH en apoyo del pueblo y gobierno haitiano, a la vez que manifestaron su firme decisión de continuar contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad, la protección y promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones, pilares imprescindibles para afianzar la gobernabilidad democrática en el país y para sentar las bases de un desarrollo económico sostenible, justo y equitativo.

En dicha reunión también, encomendaron al Gobierno del Uruguay la tarea de transmitir las consideraciones de los Miembros del Mecanismo al Gobierno de Haití y a las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad y del Secretario General de la Organización. En particular, los siguientes conceptos:

Se considera que a la fecha la MINUSTAH ha logrado significativos avances en su misión central de propiciar el reestablecimiento de la estabilidad y de alcanzar un entorno de seguridad; como correlato de lo cual, entre otras cosas, a diferencia de cuatro años atrás, el Estado haitiano, a través de un gobierno democrático emanado de elecciones libres constatadas por la comunidad internacional, ejerce total presencia en el territorio nacional.

Se concluye que el mandato de la MINUSTAH de propiciar la estabilidad en materia de seguridad está avanzando en gran medida por las acciones específicas de capacitación, apoyo y fortalecimiento a las instituciones nacionales de seguridad. Es por ello que la misión de la comunidad internacional debe contemplar una nueva etapa, donde el énfasis sea contribuir al fortalecimiento de las instituciones del Estado, el logro de progresos sustanciales en materia de desarrollo social y económico, servicios básicos, administración de justicia e infraestructura.

Las condiciones de seguridad son esenciales para avanzar en estos objetivos, pero también es necesario comprender que, sin un real fortalecimiento del Estado Haitiano, una dinámica de concertación política y un umbral básico de desarrollo humano, no va a haber una definitiva superación de las condiciones que hicieron necesaria la acción de Naciones Unidas.

Se considera que se debe mantener y profundizar el compromiso a mediano y largo plazo de la comunidad internacional, en términos políticos, financieros y de presencia en el terreno. Para ello, es imprescindible que las Naciones Unidas instrumenten un necesario y efectivo esquema de coordinación de las donaciones y la cooperación internacional destinada a Haití y al mismo tiempo reforzar las capacidades del gobierno haitiano para que pueda orientar dicha coordinación en función de las prioridades del país, de modo de maximizar la contribución de las agencias del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales de ayuda financiera y de asistencia y de los países donantes y amigos.

Recomendación que el estado uruguayo ha llevado a cabo en los foros indicados así como en otras instancias de coordinación internacional que han surgido, como la reciente reunión de Ministros de Defensa de las Américas, llevada a cabo en Banff, Canadá en el pasado mes de setiembre.

Por otro lado, la situación en la hermana República de Haití, se ha visto notablemente deteriorada con posterioridad a esa reunión, por la devastación sufrida durante la actual temporada de huracanes en lo que respecta a daños inmediatos y de mediano y largo plazo en sectores de agricultura e infraestructura, así como repercusiones en la estabilidad y la situación de seguridad en ese país, como reconoce la Resolución 1840 recientemente emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuando se prorroga el actual mandato de la MINUSTAH.

Es de destacar en este sentido, la labor que durante estos acontecimientos, han desarrollado los contingentes compatriotas en esas situaciones de emergencia humanitaria.

Por los fundamentos anteriormente expuestos se solicita la atención de ese Cuerpo al Proyecto de Ley que se acompaña, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, atentamente.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Dr. José A. Bayardi, Daisy Tourné, Gonzalo Fernández.

Ministerio de Defensa Nacional

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Prórrogase hasta el 31 de diciembre de 2009, la permanencia fuera del País del Contingente Militar desplegado en la República de Haití, autorizado por las Leyes Nos. 17.992, de 20 de julio de 2006, 18.163, de 29 de julio de 2007 y 18.225, de 22 de diciembre de 2007.

Dr. José A. Bayardi, Daisy Tourné, Gonzalo Fernández.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

ACTA N° 74

En Montevideo, el día diez de noviembre del año dos mil ocho, a la hora diecisiete y diez minutos, en la Sala de Ministros, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Senador Jorge Saravia, Vicepresidente de la Comisión.

Asisten sus miembros señores Senadores Eleuterio Fernández Huidobro y Reinaldo Gargano.

Actúa en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora María Celia Desalvo y el Prosecretario, señor Jorge Fernández.

Abierto el acto, se da cuenta de los siguientes asuntos entrados:

1) Carpeta N° 1366/2008. MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DE HAITI (MINUSTAH). Se prorroga el plazo de permanencia fuera del país de los efectivos pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas que participan en la misma. Mensaje y Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2900/2008.

2) Carpeta N° 1374/2008. EJERCICIO COMBINADO "RIO I". Se autoriza el ingreso al territorio nacional de dos aeronaves de Estado, de carácter No Bélico de la Fuerza Aérea Argentina, con sus respectivas tripulaciones y de tres señores Oficiales y un Personal Subalterno de la Fuerza Aérea Argentina y la salida del territorio nacional de dos aeronaves de Estado, de carácter No Bélico de la Fuerza Aérea Uruguaya, con sus respectivas tripulaciones y de nueve señores Oficiales y un Personal Subalterno de la Fuerza Aérea Uruguaya, a efectos de realizar dicho Ejercicio, entre el 1° y el 5 de diciembre de 2008. Se aprueba el Acuerdo Técnico que regirá dicho Ejercicio. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2899/2008.

Acto seguido se pone a consideración la Carpeta N° 1374/2008. Se vota: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD de señores Senadores presentes. Se designa Miembro Informante al señor Senador Eleuterio Fernández Huidobro (informe verbal).

A continuación, se pone a consideración la Carpeta N° 1366/2008. Se vota: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD de señores Senadores presentes. Se designa Miembro Informante al señor Senador Reinaldo Gargano (informe verbal).

De lo actuado, se toma versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2912/2008 que forma parte de este documento.

A la hora diecisiete y veinte minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Jorge Saravia

Vicepresidente

María Celia Desalvo

Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Comisión de Defensa Nacional hace suya la iniciativa del Poder Ejecutivo, en el sentido de prorrogar la presencia en la Misión de Mantenimiento de la Paz, de las Fuerzas Armadas Uruguayas en Haití hasta el 31 de diciembre de 2009. Sabemos que allí estamos cumpliendo una labor de socorro a un pueblo tremendamente castigado por la miseria, el hambre y la violación de los derechos humanos. Por esos motivos entendemos que nuestras Fuerzas, que han participado de forma ejemplar, deben continuar haciéndolo aunque eso signifique un costo para el país, porque estaremos realizando un acto de solidaridad con un pueblo hermano, el primer pueblo independiente de América.

Era cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2009, la permanencia fuera del país del Contingente Militar desplegado en la República de Haití, autorizado por las Leyes 17.992, de 20 de julio de 2006, 18.163, de 29 de julio de 2007 y 18.225, de 22 de diciembre de 2007".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado.)

11) LIBRO SOBRE ENERGIA

SEÑOR CAMPANELLA.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR CAMPANELLA.- Señor Presidente: quiero agradecer al Presidente del Cuerpo y a los compañeros Senadores, quienes han recibido este libro que, como dice la dedicatoria, pretende ser un aporte en un tema extremadamente difícil y por ello hemos tratado de analizarlo de la forma más científica posible. Simplemente, pretendió ser un aporte que queremos hacer porque todos los días un uruguayo o una familia de uruguayos se queda sin luz. Considero que si pensamos en grande podemos resolver este tema entre todos, asumiendo el compromiso que acordamos con el actual señor Ministro de Industria, Energía y Minería el 18 de marzo pasado. Como dije, se trata de un tema importante y lo debe discutir la sociedad entera; por ello, en vez de preocuparnos, preferimos ocuparnos. Asimismo, hemos solicitado también una entrevista al señor Presidente para conversar sobre el tema.

Nuevamente quisiera agradecer la amabilidad de los señores Legisladores que se dispongan a leer este trabajo, que fuera realizado por un importante equipo de técnicos.

Muchas gracias.

12) SOLICITUDES DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 11y 38 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 11 y 43 minutos)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).- El Senado, en sesión secreta, ha concedido las venias solicitadas por el Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos, por la causal de ineptitud física, a tres funcionarios del Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

13) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 11 y 43 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores senadores Antía, Antognazza, Campanella, Da Rosa, Dalmás, Domínguez, Fernández Huidobro, Gargano, Heber, Michelini, Moreira, Mujica, Percovich, Tajam, Topolansky y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.