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Nº 248 - TOMO 458 - 21 DE OCTUBRE DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

52ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDEN EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Y EL SEÑOR SENADOR ARQUITECTO MARIANO ARANA Primer Vicepresidente)

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

5, 7, y 10) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por el señor Presidente, por la señora Senadora Topolansky y por los señores Senadores Astori, Michelini, Cid y Lara Gilene.

- Notas de desistimiento. Las presentan la señora Nora Castro y los señores Héctor Tajam, Eduardo Muguruza, Saúl Posada, Carlos Gamou, Luis Rosadilla, Edgardo Carvalho, Felipe Michelini y Ricardo Alcorta, comunicando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo.

6, 9, y 11) Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias

- Proyecto de ley por el que se reforma su régimen previsional.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

8) Sesiones extraordinarias

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve celebrar sesiones extraordinarias los días miércoles y jueves.

12) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 17 de octubre de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión extraordinaria, el próximo martes 21 de octubre, a la hora 10, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se reforma el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

Carp. Nº 1356/08 - Rep. Nº 905/08 y Anexo I

2) por el cual se sustituye el artículo 7º de la Ley Nº 17.978, de 26 de junio de 2006, sobre exoneraciones tributarias establecidas a favor de las cooperativas sociales.

Carp. Nº 1302/08 - Rep. Nº 906/08

3) por el que se exonera del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y del Impuesto a las Rentas de los no residentes, a los artistas extranjeros que cumplan determinados requisitos.

Carp. Nº 780/07 - Rep. Nº 907/08

4) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería - Dirección Nacional de Industrias. (Plazo constitucional vence el 31 de diciembre de 2008).

Carp. Nº 1335/08 - Rep. 909/08

- un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección Nacional de Aduanas. (Plazo constitucional vence el 31 de diciembre de 2008).

Carp. Nº 1338/08 - Rep. 908/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Baráibar, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Domínguez, Fernández Huidobro, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Lorier, Michelini, Moreira, Mujica, Opertti, Penadés, Percovich, Ríos, Saravia, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia la señora Senadora Topolansky y los señores Senadores Astori y Sanguinetti; y con aviso, el señor Senador Long.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 10 y 8 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que acompaña un proyecto de ley por el que se incrementa la pensión graciable a favor de la señora María Tania Siver.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes:

- por los que comunica la promulgación de los siguientes proyectos de ley:

- por el que se designa "José Ignacio Uriarte" la Escuela Pública Nº 29, ubicada en La Coronilla, departamento de Rocha, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se designa "Unión Europea" la Escuela Nº 95 del departamento de Montevideo, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- por el que se suspende por el plazo de un año, la ejecución de las providencias que dispongan el lanzamiento de arrendatarios buenos pagadores de predios rurales que tengan como destino la producción lechera.

- por el que se modifican disposiciones referidas a la afectación de áreas de circulación y acceso a espacios públicos en suelos de categoría urbana.

- por el que se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación Económica entre los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados Miembros del Consejo de Cooperación de los Estados Arabes del Golfo (CCG), suscrito en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, el 10 de mayo de 2005.

- por el que se establece un plazo de dos años para que los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Interior cumplan con lo dispuesto por el artículo 4º de la Ley Nº 7.913, de 23 de octubre de 1925, sobre los campos de Guayuvirá, en el departamento de Artigas.

- AGREGUENSE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVENSE.

- por el que solicita el acuerdo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Italiana al doctor Alberto Breccia.

- A LA COMISION DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

La Suprema Corte de Justicia remite Mensajes por los que solicita, de conformidad con lo establecido por el artículo 239 numeral 4 de la Constitución de la República, la designación para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones a la doctora María del Carmen Díaz y al doctor Juan Carlos Contarin.

- A LA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS.

La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se regula en forma general el funcionamiento del sistema cooperativo.

- A LA COMISION DE POBLACION, DESARROLLO E INCLUSION.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informado un proyecto de ley por el que se reforma el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

La Comisión de Hacienda eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el cual se sustituye el artículo 7º de la Ley Nº 17.978, de 26 de junio de 2006, sobre exoneraciones establecidas a favor de las cooperativas sociales.

- por el que se exonera del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas y del Impuesto a las Rentas de los No Residentes, a los artistas extranjeros que cumplan determinados requisitos.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas.

- una funcionaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

- HAN SIDO REPARTIDOS Y ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informado un proyecto de resolución por el que se aprueba el Reglamento de los Grupos de Amistad Interparlamentarios.

La Comisión de Presupuesto eleva informado un proyecto de resolución por el que se aprueba el Proyecto de Estructura de Informática Parlamentaria de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado un proyecto de ley por el que se modifican artículos de la Ley Nº 16.811, de 21 de febrero de 1997, referente al Instituto Nacional de Semillas.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informado un proyecto de resolución por el que se dispone la colocación de un retrato o cuadro del ex Senador Zelmar Michelini, en la Antesala de la Cámara de Senadores.

- REPARTANSE E INCLUYANSE EN EL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION.

El Presidente del Cuerpo comunica que, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de Calificaciones y Concursos, se han realizado las siguientes designaciones:

- en el cargo de Jefe de Departamento del Escalafón "C" Serie Secretaría de la Cámara de Senadores, a las señoras funcionarias Sandra Siri, Alicia Denis, Sandra Berriel, Lilián Satriano, Ana Ricca y al señor funcionario Fernando Larrañaga.

- en el cargo de Oficial del Escalafón "F" Serie Intendencia de la Cámara de Senadores, a los señores funcionarios Martín Lucas, Gustavo Muñiz y Francisco Zeballos.

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Durazno remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Edgardo Lerena, sobre el tema ‘Omisión de asistencia en San Jorge por parte de una Médica’.

La Junta Departamental de Salto remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el suplente de Edil señor Paulino Delsa, en homenaje a Enrique Erro, al cumplirse veinticuatro años de su muerte.

La Junta Departamental de Artigas remite nota adjuntando copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Edil Martín Silveira Alamón, referidas al transcendido en los medios de prensa nacionales de la aparición de un posible foco de aftosa en el departamento de Artigas, el cual fue desmentido por las jerarquías del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

- TENGANSE PRESENTES."

4) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran:

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión ordinaria del 15 de octubre faltó con aviso el señor Senador Didier Opertti.

A la sesión de la Comisión de Salud Pública del 14 de octubre faltó con aviso el señor Senador Camy

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 14 de octubre faltó con aviso el señor Senador Lara Gilene y a la del 16 de octubre faltó con aviso el señor Senador Lara Gilene.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 15 de octubre faltaron con aviso los señores Senadores Andújar y Long.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 16 de octubre faltaron con aviso los señores Senadores Abreu, Andújar y Camy.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 16 de octubre faltaron con aviso los señores Senadores Andújar, Couriel y Larrañaga.

A la sesión de la Comisión Especial para el Estudio del Funcionamiento de los Partidos Políticos del 16 de octubre faltó con aviso el señor Senador Mahía.

5) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de dos solicitudes de licencia.

(Se da de las siguientes:)

"El señor Presidente del Senado solicita licencia los días 22 a 24 de octubre y 28 a 31 de octubre".

-Léanse.

(Se leen:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 20 de octubre de 2008.

Arq. Hugo Rodríguez Filippini

Secretario del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo licencia por los días 22, 23 y 24 de octubre por motivos particulares.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Rodolfo Nin Novoa

Presidente."

"Montevideo, 20 de octubre de 2008.

Arq. Hugo Rodríguez Filippini

Secretario del Senado

Presente

De mi consideración:

Por la presente le informo al Cuerpo que fui designado para representar al Gobierno Nacional en la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en San Salvador, El Salvador.

Por este motivo solicito se me conceda licencia del 28 al 31 de octubre de acuerdo al literal c) de la Ley Nº 17.827.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Rodolfo Nin Novoa

Presidente."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar las licencias solicitadas.

(Se votan:)

-18 en 20. Afirmativa.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia por el día de la fecha".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de octubre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Nova

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día de la fecha. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

Queda convocado el señor Senador Baráibar.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Topolansky solicita licencia desde el 21 hasta el 31 del corriente mes".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 20 de octubre de 2008.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que Ud. preside me conceda licencia por motivos particulares desde el 21 hasta el 31 del corriente mes.

Sin otro particular,

Lucía Topolansky. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 16 en 21. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que la señora Nora Castro y los señores Héctor Tajam, Eduardo Muguruza, Saúl Posada, Carlos Gamou y Luis Rosadilla han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Juan José Domínguez, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

6) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS

SEÑOR PENADES.- Pido la palabra para un asunto previo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: como vamos a ingresar al tema relacionado con la reforma del régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y tengo varios familiares vinculados directamente al asunto, solicito que el Senado se expida y autorice mi participación en la sesión de la mañana de hoy.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: en el mismo sentido, dado el artículo 97 del Reglamento de nuestro Senado, como estoy casada con un señor que está abarcado por el régimen de jubilaciones bancarias y algún señor Senador podría entender que estoy implicada en el asunto, también solicito la autorización del Senado para participar en esta sesión.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: en los mismos términos que el señor Senador Penadés, en mi caso concreto mi madre es jubilada de la Caja Bancaria, por lo que corresponde el pronunciamiento conforme a lo que dispone el Reglamento.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: en el mismo sentido, debo decir, concretamente, que mi hermano es jubilado de la Caja Bancaria, aunque su hijo, mi sobrino, trabaja en una institución que mayoritariamente cuestiona lo que puede beneficiar a la Caja Bancaria. De cualquier manera, me parece de estilo y de norma formular esta misma solicitud.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado debe expedirse acerca de la solicitud de la señora Senadora Dalmás y de los señores Senadores Penadés, Gallinal y Arana.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si el Senado autoriza la intervención en el tema de los mencionados Senadores.

(Se vota:)

- 19 en 24. Afirmativa.

Por lo tanto, los señores Senadores están autorizados a permanecer en Sala.

El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se reforma el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (Carp. Nº 1356/08 - Rep. Nº 905/08 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1356/08

Rep. N° 905/08

y Anexo I

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DEFINICION Y COMETIDO

CAPITULO UNICO

Artículo 1°. (Naturaleza jurídica).- La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias es persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 2°. (Cometido).- La Caja tiene el cometido de brindar coberturas en las contigencias de seguridad social que ocurran a los integrantes del colectivo que incluye, conforme a la ley.

TITULO II

AMBITO SUBJETIVO

CAPITULO UNICO

Artículo 3°. (Instituciones, entidades y empresas comprendidas).- Quedan obligatoriamente comprendidas en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

A) Los Bancos públicos y privados.

B) Todas las demás empresas de intermediación financiera autorizada por el Poder Ejecutivo (Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes).

C) El Banco de Seguros del Estado.

D) Las compañías de seguros.

E) La Bolsa de Comercio.

F) Las empresas administradoras de crédito que, en forma habitual y profesional, intervengan en el financiamiento de la venta de bienes y servicios realizada por terceros otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades similares, con recursos propios o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público.

G) Las empresas que, en forma habitual y profesional, otorguen préstamos en dinero a sujetos residentes en el país, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin; no quedan incluidos en lo dispuesto por este literal, las administradoras de fondos de ahorro provisional y los institutos de seguridad social.

H) Las cooperativas de ahorro y crédito no comprendidas en los literales anteriores.

I) Las empresas que presten servicios de transporte de valores.

J) Las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad de intermediación financiera con personalidad jurídica.

K) Las empresas que sean propiedad de las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales anteriores, que desarrollen actividades que integren la unidad técnico-económica de las mismas; se incluyen en lo previsto por este literal, los fondos de inversión y los fideicomisos.

Artículo 4°. (Inclusión).- El régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias alcanza a:

A) Todos los trabajadores de las instituciones, entidades y empresas comprendidas en su régimen, in-cluidos los indicados en los artículos 27 y 28 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, así como los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que sean remunerados por su actividad personal en régimen de subordinación, quedando excluidos aquellos que la Caja ocupe en la explotación de sus inversiones, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen las actividades respectivas.

B) Los directores, administradores, socios y síndicos, con carácter rentado, de las instituciones, entidades y empresas comprendidas en el régimen de la Caja, excepto aquellos que, al amparo de lo previsto por el literal B) del artículo 2° de la Ley N° 16.565, de 21 de agosto de 1994, hubieren optado por una afiliación diferente, en los plazos y condiciones establecidos en dicha disposición, antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

C) Los jubilados de la propia Caja.

La Caja llevará el registro de historia laboral de sus afiliados, asentando, como mínimo, servicios prestados, asignaciones computadas y aportes.

TITULO III

ORGANIZACION

CAPITULO I

DIRECCION, ADMINISTRACION Y RESPONSABILIDADES

Artículo 5°. (Organo directriz).- La Caja será dirigida y administrada por un Consejo Honorario compuesto de siete miembros e integrado de la siguiente manera:

- Un miembro designado por el Poder Ejecutivo, que lo presidirá.

- Tres miembros, que representarán a las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3°, uno de los cuales será elegido por las instituciones oficiales y los otros dos, por las restantes.

- Dos miembros, que representarán a los afiliados indicados de los literales A) y B) del inciso primero del artículo 4°, electos por dichos afiliados.

- Un miembro, que representará a los afiliados indicados en el literal C) del inciso primero del artículo 4°, electo por dichos afiliados.

Con cada Consejero titular será elegido doble número de suplentes en orden respectivo.

Agotada la lista de suplentes de representantes de las instituciones, entidades y empresas, del personal en actividad o de los jubilados, el Consejo convocará de inmediato a elecciones complementarias para el orden en que ello hubiere ocurrido.

Es condición indispensable para desempeñar cualquiera de los cargos, ser ciudadano mayor de edad y, en el caso de los cargos electivos, pertenecer al personal afiliado en actividad o en pasividad.

Artículo 6°. (Elección de los representantes de las empresas, entidades e instituciones privadas).- El Consejo Honorario reglamentará la elección de los representantes que, para la integración del mismo, corresponden a las empresas, entidades e instituciones privadas, estableciendo un procedimiento que pondere en forma equilibrada el patrimonio y la cantidad total de personal afiliado.

Con sesenta días de anticipación a cada acto eleccionario, el Consejo Honorario determinará el número de votos que corresponda a cada una de dichas empresas, entidades o instituciones.

Artículo 7°. (Facilitación para el ejercicio del cargo de Consejero).- Las empresas, instituciones y entidades afiliadas deberán facilitar a los miembros de su personal que se desempeñen como integrantes del Consejo Honorario de la Caja, el cumplimiento de las tareas derivadas del ejercicio de dichos cargos.

Artículo 8°. (Representación).- La representación legal de la Caja será ejercida por el Presidente y el Consejero Secretario o quienes los subroguen reglamentariamente, sin perjuicio de los mandatos que éstos otorguen.

Excepcionalmente, en casos de impedimentos, excusación, licencia, enfermedad o ausencia del Presidente -cuando éste no tuviere suplente en condiciones de asumir el cargo- o del Consejero Secretario, dicha representación, con las mismas facultades, estará a cargo del o de los miembros del Consejo Honorario que éste designe.

Artículo 9°. (Quórum y mayorías).- El Consejero Honorario podrá sesionar con un quórum de cuatro miembros y adoptar resoluciones válidas con idéntica mayoría de votos conformes, salvo los casos en que expresamente se establezcan quórum o mayorías especiales.

En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 10. (Renovación de los miembros del Consejo).- Los miembros del Consejo Honorario permanecerán tres años en su cargo. Los que representen a las instituciones, entidades y empresas adscritas y los que representen a los afiliados, se renovarán por terceras partes, cesando en cada año un Consejero por cada representación. Tanto éstos, como el representante del Poder Ejecutivo, podrán ser reelegidos.

Los miembros electos no podrán ingresar al Consejo estando este integrado con algún representante o trabajador de la misma institución, entidad o empresa a que aquéllos pertenezcan. Esta incompatibilidad comprende también, en su caso, al representante del Poder Ejecutivo.

No obstante la prohibición a que refiere el inciso anterior, podrán formar parte del Consejo Honorario, simultáneamente, hasta dos funcionarios o empleados de una misma institución, entidad o empresa adscrita, siempre y cuando uno de ellos represente a las de éste género y el otro, al personal.

Los Consejeros continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se hayan incorporado los que deben reemplazarlos.

Artículo 11. (Competencias y atribuciones del Consejo Honorario).- Compete al Consejo Honorario:

a) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias.

b) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseje como necesarias o convenientes.

c) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar la Caja.

d) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular de la Caja y conferir apoderamientos especiales.

e) Designar, sancionar y destituir al personal de la Caja, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución.

f) Determinar los deberes formales a cargo de los afiliados y de las empresas, instituciones y entidades comprendidas en el régimen de la Caja, así como las fechas y mecanismos de versión de las cotizaciones.

g) Sancionar a los afiliados y a las empresas, instituciones y entidades referidas en el literal anterior, que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes.

h) Fijar los montos mínimos de las prestaciones no establecidos legalmente, así como los máximos iniciales de las pasividades que se otorguen con arreglo al régimen que se sustituye en la forma y condiciones previstas en el artículo 7° de la Ley N° 16.565, de 21 de agosto de 1994, y por el inciso final del presente artículo.

i) Extender la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Conceder los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, no pudiendo superarse el índice de revaluación allí previsto.

K) Celebrar convenios en materia de seguridad social con otros organismos nacionales o extranjeros.

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

LL) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes. Las resoluciones relativas a los casos previstos por el literal H) requerirán cinco votos conformes y las relacionadas con los literales I), L) y LL) seis votos conformes. Asimismo, en los casos de los literales H) e I), dentro de los votos conformes para completar las respectivas mayorías deberá hallarse el del representante del Poder Ejecutivo. Las atribuciones referidas por los literales indicados en este inciso son indelegables.

Artículo 12. (Responsabilidad).- La Caja será civilmente responsable del daño causado a terceros en el cumplimiento de sus cometidos.

La Caja podrá pedir resarcimiento y/o repetir lo que hubiere pagado en reparación, contra los integrantes del Consejo Honorario o sus empleados, que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio y obrando con culpa grave o dolo, causaren daño.

En los casos de resoluciones del Consejo Honorario que fueren violatorias de la Constitución de la República, de las leyes o de los reglamentos, quedarán exentos de la responsabilidad a que refiere el inciso anterior:

A) Los Consejeros que hubieran hecho constar en el acta de la sesión del Consejo Honorario de que se trate, el voto negativo y su fundamento.

B) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

Los Consejeros que hayan votado negativamente podrán solicitar que se eleve al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, copia del acta y de los antecedentes respectivos, siempre que formulen dicha solicitud en la misma sesión en la que formularon su voto negativo o dentro del término perentorio de ocho días hábiles siguientes, quedando en suspenso la decisión impugnada, a la espera de lo que dictamine en definitiva el citado Poder.

Si el Poder Ejecutivo no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes al de la recepción de la copia del acta y de los antecedentes, la resolución del Consejo Honorario quedará firme y se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de los recursos que pudieran entablar los interesados contra la misma.

Artículo 13. (Inembargabilidad y exenciones).- Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece la presente ley.

No obstante, el Consejo Honorario podrá disponer, por mayoría simple, la constitución de fideicomisos financieros o de garantía, con activos de la Caja, a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones.

La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

CAPITULO II

NOTIFICACIONES, PETICIONES Y MEDIOS IMPUGNATIVOS

Artículo 14. (Notificaciones).- Las resoluciones del Consejo Honorario serán notificados personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Las citaciones y notificaciones a un colectivo de personas, se tendrán por realizadas mediante la publicación respectiva en el Diario Oficial durante tres días seguidos, resultando plenamente válida para cada uno de los miembros de aquél.

Artículo 15. (Peticiones).- La Caja está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo, dentro del término de ciento cincuenta días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la misma. La petición se entenderá por desechada si no se resuelve dentro del término indicado, configurándose resolución denegatoria ficta.

En ningún caso el vencimiento de este plazo exime a la Caja de su obligación de pronunciarse expresamente sobre el fondo del asunto.

Las decisiones, expresas o fictas, podrán ser impugnadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo siguiente.

Artículo 16. (De las impugnaciones de los actos del Consejo Honorario).- Las resoluciones del Consejo Honorario podrán ser impugnadas por razones de mérito o de legitimidad mediante el recurso de revocación interpuesto sobre el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación.

El recurso sólo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Interpuesto el recurso, el Consejo Honorario dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el solo vencimiento del plazo.

Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que ésta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Artículo 17. (Revocación de oficio).- La revocación de oficio de una resolución del Consejo Honorario, sea total o parcial, fundada en error de hecho o de derecho u otra causal de nulidad, no dará lugar a la devolución de haberes percibidos por el interesado, salvo que éste hubiera actuado de mala fe.

TITULO IV

PATRIMONIO E INVERSIONES

CAPITULO UNICO

Artículo 18. (Patrimonio).- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) Los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en el futuro.

B) El producido de las prestaciones legales de carácter pecuniario y de los tributos, que las leyes impongan en beneficio de la Caja, a los afiliados activos y pasivos y a las instituciones, entidades y empresas comprendidas en su régimen.

C) Las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas.

D) El producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan.

E) Los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Artículo 19. (Gastos de administración).- Los gastos de administración del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia, no podrán insumir más de un 7% (siete por ciento) de las entradas brutas anuales.

Artículo 20. (Estados, balances y memoria anual).- El Consejo Honorario remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación de la Caja, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo ésta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 21. (Estudio actuarial).- El Consejo Honorario hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo ésta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 22. (Inversiones).- La Caja, luego de realizar sus servicios y las reservas que la prudencia aconseje, podrá realizar las siguientes inversiones:

1) Los saldos disponibles a la entrada en vigencia de la presente ley, así como el producido de las inversiones preexistentes a ella, podrá colocarlos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y sus modificativas, y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos, pudiendo arrendarlos, enajenarlos o celebrar contratos de leasing a su respecto.

C) Préstamos a afiliados, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes.

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el 5% (cinco por ciento) del total de las inversiones. Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes de los integrantes del Consejo Honorario.

2) Con los saldos de fondos del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia, generados a partir de la vigencia de la presente ley, sólo podrá realizar las siguientes inversiones:

A) Las previstas en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico régimen se dará al producido de estas inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los incisos penúltimo y antepenúltimo del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

B) Las referidas en el literal C) del numeral 1) del inciso primero del presente artículo, hasta el 20% (veinte por ciento) de las inversiones indicadas en el numeral 2) del mismo. Idéntico régimen tendrá el producido de las inversiones a que refiere el presente literal.

El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso.

Artículo 23. (Aportación personal de activos).- La tasa de aportación personal de los afiliados activos, para la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia, será de los porcentajes que se establecen a continuación, aplicados sobre todas las asignaciones computables:

A) El 17,5% (diecisiete y medio por ciento) para los afiliados correspondientes a las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A), B), C), D), E) y J) del artículo 3° de la presente ley y los trabajadores de la propia Caja.

B) El 15% (quince por ciento) para los afiliados correspondientes a las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales F), G), H) e I) del artículo 3° de la presente ley.

En el caso de los afiliados correspondientes a las empresas comprendidas en el literal E) del artículo 3°, se aplicará la tasa que corresponda a la institución, entidad o empresa que detente la propiedad de las mismas.

Artículo 24. (Agentes de retención).- Las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3° y la propia Caja, serán agentes de retención del aporte de los afiliados indicados en los literales A) y B) del inciso primero del artículo 4°, que les presten servicios.

Artículo 25. (Financiamiento patronal).- Las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3° y la propia Caja, contribuirán al financiamiento de esta última mediante:

A) Los aportes patronales.

B) La adquisición de títulos de deuda emitidos por la Caja, en las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 26. (Aportes patronales).- Los aportes patronales para la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia, cuyo sujeto activo es la Caja, estarán constituidos por los siguientes conceptos:

A) Un aporte patronal básico consistente en un porcentaje aplicado sobre todas las asignaciones com-putables de los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el ar-tículo 4°.

B) Una prestación complementaria que se determinará en función de la naturaleza y magnitud de la actividad desarrollada por la institución, entidad o empresa contribuyente. En el caso del Banco Central del Uruguay, en el de las administradoras de grupos de ahorro previo, en el de las instituciones financieras externas (artículo 4° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982) y en el de la propia Caja, el monto de esta prestación complementaria se determinará como un porcentaje de las asignaciones computables referidas en el literal A) del presente artículo.

Artículo 27. (Aporte patronal básico).- La tasa del aporte patronal básico, a que refiere el literal A) del artículo anterior, será:

A) El 25,25% (veinticinco con veinticinco por ciento) para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A), B), C) y D) del artículo 3° y para la propia Caja.

B) El 7,5% (siete y medio por ciento) para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales E), F), G), H), I) y J) del referido artículo, sin perjuicio de las exoneraciones que correspondieren conforme al artículo 69 de la Constitución de la República.

En el caso de las empresas comprendidas en el literal K) del artículo 3°, se aplicará la tasa que corresponda a la institución, entidad o empresa que detente su propiedad.

La alícuota prevista en el literal A) del inciso primero del presente artículo, se reducirá a razón de 0,45 (cero con cuarenta y cinco) puntos porcentuales por año, a partir del 1° de enero del año civil siguiente a aquél en que las reservas financieras de la Caja alcancen el 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto estimativo de prestaciones y gastos de funcionamiento para el ejercicio siguiente, que el Consejo Honorario deberá aprobar antes del 30 de noviembre de cada año. La referida reducción alcanzará hasta un máximo de 4,5 (cuatro y medio) puntos porcentuales.

El proceso de reducción antedicho quedará en suspenso durante los ejercicios en que las reservas financieras de la Caja se encuentren por debajo del nivel exigido en el inciso anterior.

Artículo 28. (Prestación complementaria).- La prestación complementaria a que refiere el literal B) del artículo 26 se devengará y liquidará mensualmente, y será:

A) Para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A) y B) del artículo 3°, excluidos el Banco Central del Uruguay, las administradoras de grupos de ahorro previo y las instituciones financieras externas: el 4 o/ooo (cuatro por diez mil) de la suma de los siguientes conceptos:

1) El saldo al fin de cada mes de los activos propios radicados en el país, excluidos los depósitos obligatorios en concepto de encaje en el Banco Central del Uruguay.

2) La diferencia de los saldos al fin de cada mes de los activos propios radicados en el exterior y de los pasivos correspondientes a obligaciones por intermediación financiera con el sector no residente, siempre que tales activos superen a los pasivos referidos.

B) Para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales C) y D) del artículo 3°: el 14º/oo (catorce por mil) de las primas emitidas en el mes, netas de anulación.

C) Para las indicadas en los literales F), G) y H) del artículo 3°: el 4 o/ooo (cuatro por diez mil) del saldo al fin de cada mes de los activos propios radicados en el país.

D) Para el Banco Central del Uruguay, las administradoras de grupos de ahorro previo y las instituciones financieras externas: el 10% (diez por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el artículo 4°.

E) Para las indicadas en el literal I) del artículo 3°:

el 20 o/ooo (veinte por diez mil) de sus ingresos mensuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

F) Para las indicadas en el literal K) del artículo 3°: el que surja de aplicar el régimen de aportación que corresponda a la institución, entidad o empresa que detente su propiedad.

G) Para la propia Caja: el 5,5% (cinco y medio por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores comprendidos en el artículo 4°.

A los efectos de la determinación de las bases imponibles establecidas en los literales A), B) y C) del inciso primero del presente artículo, se aplicarán las normas de valuación del Banco Central del Uruguay y, en ausencia de éstas, las relativas al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Las alícuotas a que refiere el presente artículo constituyen tasas máximas, quedando el Poder Ejecutivo facultado a disminuirlas.

Artículo 29. (Emisión de títulos de deuda).- La Caja emitirá títulos de deuda cuyos adquirentes podrán ser, exclusivamente, las instituciones, entidades y empresas comprendidas en los literales A), B), C) y D) del artículo 3°.

Los referidos títulos serán nominativos y su titularidad no podrá transmitirse a terceros.

Su amortización se iniciará a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que las reservas financieras de la Caja igualen el presupuesto a que refiere el inciso tercero del artículo 27, quedando en suspenso durante los ejercicios en que no se cumpla dicha condición.

La reglamentación establecerá las condiciones de emisión y amortización, dentro de los límites legales antedichos.

Artículo 30. (Abatimiento del aporte patronal básico).- Quienes adquieran los títulos referidos en el artículo anterior tendrán derecho, por tal virtud, a un abatimiento del aporte patronal básico, equivalente a la menor de las siguientes cifras:

A) El 4,5% (cuatro y medio por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el artículo 4°.

B) El monto efectivamente invertido en los referidos títulos de deuda, en el período de devengamiento del correspondiente aporte patronal básico.

El límite establecido en el literal A) del inciso primero del presente artículo se reducirá en los mismos puntos porcentuales y oportunidades en que se reduzca el aporte patronal básico, conforme a lo previsto por los incisos tercero y final del artículo 27.

Artículo 31. (Contribución a cargo de jubilados y pensionistas).- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 1° del Código Tributario), a cargo de los jubilados y pensionistas de la misma, que tendrá la tasa que se establecen en el artículo siguiente y gravará todas las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias que la Caja abone por los siguientes conceptos:

A) Jubilaciones, tanto vigentes como futuras, acordadas conforme al régimen que se deroga por la presente ley, y las jubilaciones anticipadas transitorias.

B) Pensiones cuya causal se haya configurado con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

Artículo 32. (Tasas de la contribución a cargo de jubilados y pensionistas).- Las tasas de la contribución establecida en el artículo anterior serán las que correspondan al monto nominal de la cédula jubilatoria o pensionaria de cada contribuyente, medido en Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC, Ley N° 17.856, de 20 de diciembre de 2004), de acuerdo a la siguiente escala:

En los casos de pasividades cuyo monto nominal supere las 10 BPC (diez Bases de Prestaciones y Contribuciones), las respectivas tasas establecidas precedentemente se incrementarán en 2 (dos) puntos porcentuales a partir del 1° de enero de 2010.

Las tasas previstas para las pasividades indicadas en el inciso anterior, incrementadas conforme a lo dispuesto en el mismo, se reducirán a razón de 0,4 (cero con cuatro) puntos porcentuales por año, a partir del 1° de enero del año civil siguiente a aquél en que las reservas financieras de la Caja lleguen a representar el 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto a que refiere el inciso tercero del artículo 27. La referida reducción alcanzará hasta un máximo de 4 (cuatro) puntos porcentuales.

El proceso de reducción antedicho quedara en suspenso durante los ejercicios en que las reservas financieras de la Caja se encuentren por debajo del nivel exigido en el inciso anterior.

En ningún caso el monto de las prestaciones líquidas que surja de la aplicación de las tasas previstas en este artículo, podrán ser inferior al que corresponda a la máxima prestación líquida de la escala inmediata inferior.

Artículo 33. (Reducción de contribuciones).- Facúltase al Poder Ejecutivo, previa consulta a la Caja, a acelerar el proceso de reducción de alícuotas previsto en el inciso tercero del artículo 27 y en el inciso tercero del artículo anterior, en caso de que las reservas financieras de la Caja igualen el presupuesto referido en la primera de las disposiciones nombradas.

Artículo 34. (Asistencia de cargo del Estado).- El Estado, con cargo a Rentas Generales, verterá a la Caja:

A) Por el ejercicio 2009, una suma equivalente al doble de la diferencia entre lo recaudado por la contribución establecida en el artículo 32 por dicho año, y lo que se habría obtenido de haberse aplicado, a la misma base de cálculo de esa contribución, las alícuotas del impuesto creado por la Ley N° 17.841, de 15 de octubre de 2004, que se deroga por el artículo 93 de la presente ley.

B) A partir del 1° de enero de 2010, cada año, una suma igual a la que resulte de sumar:

1) La diferencia obtenida a través del cálculo previsto en el precedente literal A), considerando el respectivo ejercicio, y

2) La proveniente del incremento adicional de 2 (dos) puntos porcentuales de las tasas establecidas en el artículo 32, previsto para que opere desde esa fecha en el citado artículo.

Para la determinación de dichas sumas, se tendrán en cuenta las variaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 32 y en el artículo 33.

Facúltase a la Caja a descontar, mes a mes, las cantidades derivadas de la aplicación del presente artículo, de las sumas que deba verter al Estado por concepto del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que retenga de las pasividades a su cargo.

TITULO V

DEL SISTEMA PREVISIONAL

CAPITULO I

DE LAS PRESTACIONES

Artículo 35. (Prestaciones).- Las prestaciones a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias son las siguientes:

A) Por invalidez, vejez y sobrevivencia: las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial, las pensiones y el subsidio por expensas funerarias.

B) Por desocupación forzosa: el subsidio por desempleo.

CAPITULO II

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 36. (Causales).- Según la causal que la determine, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 81, la jubilación únicamente puede ser:

A) Común.

B) Por incapacidad total.

C) Por edad avanzada.

Artículo 37. (Jubilación común).- Para configurar causal de jubilación común, se requiere reunir los siguientes requisitos:

1) Un mínimo de treinta años de servicios.

2) El cumplimiento de las siguientes edades mínimas:

A) Para el hombre, sesenta años.

B) Para la mujer:

1) Cincuenta y seis años, a partir del 1° de enero de 2010.

2) Cincuenta y siete años, a partir del 1° de enero de 2011.

3) Cincuenta y ocho años, a partir del 1° de enero de 2013.

4) Cincuenta y nueve años, a partir del 1° de enero de 2015.

A partir del 1° de enero de 2017, la edad mínima de jubilación de la mujer por esta causal, será de sesenta años.

Artículo 38. (Jubilación por incapacidad total).- La causal de jubilación por incapacidad total se configura por la ocurrencia en cualesquiera de los siguientes presupuestos:

A) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos.

Para los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

C) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida después del cese en la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios reconocidos como mínimo y siempre que el afiliado haya mantenido residencia en el país desde la fecha de su cese y no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, modificativas y concordantes.

El Consejo Honorario establecerá el procedimiento para determinar la configuración de la incapacidad y la oportunidad de su ocurrencia. El grado de severidad de la incapacidad que dé mérito a la concesión de esta jubilación, se establecerá atendiendo a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

El afiliado deberá someterse a exámenes médicos periódicos en caso de que la Caja lo estime pertinente. La ausencia injustificada a los mismos aparejará la inmediata suspensión del servicio de la pasividad, sin perjuicio de su reanudación desde el momento en que se acredite el mantenimiento de la incapacidad que dio origen a aquélla.

La prestación dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes médicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Artículo 39. (Jubilación por edad avanzada).- La causal de jubilación por edad avanzada se configura siempre que no se cuente con causal de jubilación común, con la reunión de los siguientes requisitos:

A) Un mínimo de servicios de:

1) Once años, a partir del 1° de enero de 2010.

2) Doce años, a partir del 1° de enero de 2011.

3) Trece años, a partir del 1° de enero de 2013.

4) Catorce años, a partir del 1° de enero de 2015.

5) Quince años, a partir del 1° de enero de 2017.

B) El cumplimiento de las siguientes edades mínimas:

1) Para el hombre, setenta años.

2) Para la mujer:

- Sesenta y seis años, a partir del 1° de enero de 2010.

- Sesenta y siete años, a partir del 1° de enero de 2011.

- Sesenta y ocho años, a partir del 1° de enero de 2013.

- Sesenta y nueve años, a partir del 1° de enero de 2015.

- Setenta años, a partir del 1° de enero de 2017.

Asimismo, se configura al reunir:

a) Sesenta y nueve años de edad y diecisiete años de servicios o

b) Sesenta y ocho años de edad y diecinueve años de servicios o

c) Sesenta y siete años de edad y veintitún años de servicios o

d) Sesenta y seis años de edad y veintitrés años de servicios o

e) Sesenta y cinco años de edad y veinticinco años de servicios.

Las modalidades de configuración de la causal previstas en los precedentes literales C), D) y E) entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2010.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio definido en la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, modificativas y concordantes.

Artículo 40. (Cumplimiento de edad en inactividad).- Para configurar causal jubilatoria, en los casos en que se alude a un mínimo de edad, no se requiere que el mismo se cumpla en actividad.

CAPITULO III

DEL SUBSIDIO TRANSITORIO POR INCAPACIDAD PARCIAL

Artículo 41. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

A) No menos de dos años de servicios reconocidos.

Para los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

El Consejo Honorario establecerá el procedimiento para determinar la configuración de la incapacidad y la oportunidad de su ocurrencia. El grado de severidad de la incapacidad que dé mérito a la concesión de este subsidio, se establecerá atendiendo a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o, si correspondiere, desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad. Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el literal A) del artículo 327 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992, y sus modificativas.

Artículo 42. (Condiciones para el mantenimiento del subsidio por incapacidad parcial).- Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, se establecerá el momento en que deberá realizarse el examen definitivo, así como si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos, practicados por servicios de la Caja o por los que ésta indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia no justificada a los mismos aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos, se constatare el cese de la incapacidad.

Artículo 43. (Inactividad compensada).- El lapso por el cual se sirva este beneficio constituye período de inactividad compensada y se computará como tiempo trabajado.

El importe del subsidio estará sujeto al pago de las mismas contribuciones patronales y personales que graven el salario, deduciendo la Caja las correspondientes al titular, directamente de la prestación.

Artículo 44. (Incapacidad parcial y edad mínima de jubilación).- Si la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual subsistiera al cumplir el beneficiario la edad mínima requerida para la configuración de la causal común, aquélla se considerará como absoluta y permanente para todo trabajo, salvo que el beneficiario opte expresamente por reintegrarse a la actividad.

CAPITULO IV

DE LAS PENSIONES DE SOBREVIVENCIA

Artículo 45. (Causales de pensión).- Los afiliados activos, cualquiera sea el tiempo de servicios acreditados, y los jubilados, causan pensión ante el acaecimiento de los siguientes hechos:

A) La muerte o declaración judicial de ausencia, sin perjuicio de que los presuntos causahabientes puedan solicitar la liquidación provisoría de la pensión desde que esté configurada la presunción judicial de ausencia.

B) La desaparición en un siniestro o hecho conocido de manera pública y notoria, que haga presumir la muerte, previa información sumaria.

La pensión caducará desde el momento en que el causante apareciere con vida o no se obtuviera la declaración de ausencia dentro de los dos años siguientes a la fecha en que ésta pudo solicitarse. En tales casos, el Consejo Honorario podrá disponer la devolución de lo pagado.

Artículo 46. (Causante desocupado).- También causará pensión el afiliado desocupado que:

A) Fallezca durante el período de amparo al régimen de prestaciones por desempleo o dentro de los doce meses inmediatos siguientes al cese de dicha prestación o al de la actividad, cuando no tuviere derecho a aquél.

B) Fallezca después del cese en la actividad y no se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el literal anterior, siempre que compute como mínimo diez años de servicios amparados por la Caja y sus causahabientes no fueren beneficiarios de pensión generada por el mismo causante.

Artículo 47. (Beneficiarios de pensión).- Siempre que al momento de configuración de la causal no se hallaren en situación de desheredación o indignidad para suceder, tienen derecho a pensión las siguientes personas:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

D) Las personas divorciadas.

El derecho a pensión de los hijos se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando éstos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Artículo 48. (Condiciones del derecho).- El derecho de los beneficiarios quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Las personas divorciadas, siempre que no fueran declaradas culpables y acrediten además que, a la fecha de configuración de la causal, eran beneficiarias de pensión alimenticia servida por el causante, decretada u homologada judicialmente.

B) Los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres, absolutamente incapacitados para todo trabajo, siempre que acrediten, además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Los hijos adoptivos o los padres adoptantes, en todo caso, siempre que prueben, además de lo que se establece en el literal anterior, que han integrado de hecho un hogar común con el causante y convivido en su morada constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, y que esta situación fuese notoria y preexistente, por lo menos en cinco años a la fecha de configurarse la causal, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes de que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá como mínimo que haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

Esta pensión es incompatible con la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Artículo 49. (De los períodos del servicio de pensión a las personas viudas y divorciadas).- Las pensiones a personas viudas o divorciadas, que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de configuración de la causal, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, se servirán durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de las mismas las causales de pérdida de la prestación que se establecen en el artículo siguiente.

En caso de que las personas viudas o divorciadas tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha de la configuración de la causal, la pensión se servirá por el término de cinco años, y por el término de dos años cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los límites de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no regirán en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que éstos alcancen dicha edad una vez cumplidos los términos del inciso segundo, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos soteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 50. (Pérdida del derecho).- El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio las personas divorciadas.

B) Por disponer los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Por alcanzar los hijos solteros no comprendidos en el literal anterior, los veintiún años de edad, salvo que acrediten hallarse absolutamente incapacitados para todo trabajo y carecer de medios para subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

D) Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad, cuando la incapacidad fuere requisito del beneficio pensionario.

E) Por mejorar la fortuna de los beneficiarios incluidos en los literales B) y C) del artículo 48.

CAPITULO V

DETERMINACION DEL MONTO Y DEMAS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 51. (Sueldo básico de jubilación).- El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los últimos diez años de servicios registrados en la historia laboral.

Si fuere más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

Tratándose de jubilación por incapacidad total o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Artículo 52. (Asignación de jubilación).- La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se computen como mínimo treinta años de servicios reconocidos.

2) Se adicionará:

A) Un 0,5% (medio por ciento) del referido sueldo básico, por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

B) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse completado treinta y cinco años de servicios, un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento); de no contarse a dicha edad con treinta y cinco años de servicios, se adicionará un 2% (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de edad que la supere, hasta llegar a los setenta años de edad o hasta completar treinta y cinco años de servicios, si esto ocurriere antes.

C) Para la jubilación por incapacidad, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

D) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda de los quince años de servicios o de los respectivos mínimos de servicios que exigen los literales A) a E) del inciso segundo del artículo 39, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 53. (Monto del subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio calculado de acuerdo al artículo 51 de la presente ley.

Artículo 54. (Sueldo básico de pensión).- El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de configuración de la causal pensionaría, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad total.

Si el causante estuviere ya jubilado o percibiendo el subsidio transitorio por incapacidad parcial, el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad o de subsidio.

Artículo 55. (Asignación de pensión).- La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o del viudo, o hjos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

C) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o de los divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o del viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si sólo una de las categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

En todos los casos de personas divorciadas, el monto de la pensión, o de la cuota parte si concurrieren con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia servida por el causante.

Artículo 56. (Distribución de pensión).- En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará conforme a las siguientes normas:

A) A la viuda o al viudo, a la divorciada o al divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 70% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o el viudo y la divorciada o el divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o al viudo, a la divorciada o al divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran la viuda o el viudo y la divorciada o el divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

En el caso de las divorciadas o de los divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del inciso final del artículo anterior, se distribuirá en la proporción que corresponda entre los restantes beneficiarios.

Artículo 57. (Reliquidación).- Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 58. (Concepto de núcleo familiar).- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera núcleo familiar la sola existencia de hijos solteros del causante, menores de veintiún años de edad o mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 59. (Alcance de las referencias a padres e hijos).- A los efectos de la presente ley las referencias a padres e hijos comprenden a ambos sexos y a las calidades legales de legítimos, naturales, adoptantes y adoptivos.

Artículo 60. (Liquidación separada).- En cualquier caso de concurrencia de beneficiarios de pensión se liquidará por separado la parte proporcional que corresponda a cada uno de ellos.

Artículo 61. (Inicio del servicio de pasividad).- Los haberes de jubilación se devengarán a partir del cese de actividad o configuración de la causal si fuere posterior a aquél, y los de pensión desde la configuración de la causal.

No obstante, si la solicitud no se hubiere formulado dentro de los ciento ochenta días de producido el hecho determinante, los haberes se devengarán a partir de la fecha de presentación de aquélla.

Artículo 62. (Incompatibilidad).- Es incompatible el goce de jubilación otorgada por la Caja con el desempeño de actividades amparadas por la misma, salvo el caso previsto en el literal C) del inciso primero del artículo 82 de la presente ley y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 17.819, de 6 de setiembre de 2004.

Artículo 63. (Ausentismo).- La residencia en el extranjero no constituirá causal de suspensión de la percepción de jubilaciones y pensiones otorgadas por la Caja.

CAPITULO VI

DISPOSICION ESPECIAL EN MATERIA DE PENSIONES

Artículo 64. (Derechos pensionarios de los concubinos).- Declárase que, cumplido un año a partir de la entrada en vigencia de la Ley N° 18.246, de 27 de diciembre de 2007, quedarán extendidos a los concubinos y a las concubinas a que refieran los artículos 1° y 2° de dicha ley, los derechos de seguridad social previstos respectivamente para los viudos y las viudas en los Capítulos IV y V del Título V de la presente ley, conforme con lo dis-puesto por el artículo 19 de la ley indicada en primer tér-mino.

CAPITULO VII

DEL SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS

Artículo 65. (Subsidio para expensas funerarias).- Quien acredite haberse hecho cargo de los gastos del sepelio de un afiliado, tendrá derecho a un subsidio por el importe de los gastos efectivamente realizados, hasta un máximo de $ 7.100 (siete mil cien pesos uruguayos). La Caja podrá sustituir dicho subsidio por la prestación directa o por contrato de los servicios funerarios.

Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otro subsidio para expensas funerarias de otro organismo de seguridad social y deberá ser solicitado dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de fallecimiento de quien lo causa, vencido el cual cadu-cará.

CAPITULO VIII

REGULACION DE LAS PRESTACIONES

Artículo 66. (Máximos de pasividad y de subsidio transitorio para incapacidad parcial).- Los importes máximos iniciales de las asignaciones de jubilaciones y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, que se otorguen con arreglo a la presente ley, serán establecidos con carácter general por el Consejo Honorario por cinco votos conformes en ocasión de proceder a los ajustes de pasividades dispuesto por el artículo 67 de la Constitución de la República.

Dichos máximos no podrán ser superiores a $ 41.920 (cuarenta y un mil novecientos veinte pesos uruguayos) y serán de este monto en caso de no lograrse la mayoría especial requerida en el inciso anterior.

Los importes máximos iniciales de las asignaciones de pensión serán los que resulten de aplicar, a la cifra indicada en el inciso anterior, los correspondientes porcentajes previstos en el artículo 55.

CAPITULO IX

DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Artículo 67. (Régimen).- El régimen de subsidio por desempleo previsto por la Sección III de la Ley N 17.613, de 27 de diciembre de 2002, y la Ley N° 17.939, de 2 de enero de 2006, alcanzará únicamente a los afiliados correspondientes a las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A), B), C), D), E) y J) del artículo 3° de la presente ley, así como a los de las indicadas en el literal K) de dicho artículo que sean propiedad de aquéllas.

A los restantes afiliados a la Caja les corresponderán los derechos y obligaciones previstos en el régimen general estatuido por el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, y modificativas, en las condiciones allí establecidas. La Caja administrará el seguro en lo concerniente a estos afiliados y percibirá, de Rentas Generales, los fondos para el pago de las prestaciones a los trabajadores referidos en este inciso, pudiendo realizar las imputaciones necesarias de las sumas que deba verter al Estado por concepto del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que retenga.

TITULO VI

DE LOS SERVICIOS

CAPITULO UNICO

Artículo 68. (Cómputo de servicios).- Sin perjuicio de las bonificaciones que correspondieren, los servicios amparados por esta ley se computan por el tiempo calendario que medie entre la iniciación y la desvinculación o cese, incluyéndose los lapsos de goce de subsidio, así como los de inactividad en los que no pueda determinarse la configuración de cese y posterior reingreso.

Los períodos de licencia sin goce de sueldo no constituyen actividad computable, por lo cual no se considerarán como tiempo trabajado, ni deberán efectuarse contribuciones patronales y personales por ellos. Los lapsos de suspensión sin goce de sueldo o con retención del mismo y los períodos en que se efectúe retención o deducción por aplicación de sanciones o por cualquier otro concepto, serán computados por su totalidad y corresponderá el pago de las contribuciones por los importes nominales que hubiera debido percibir el afiliado.

Artículo 69. (Servicios temporarios o por temporada, zafrales o a la orden).- Los trabajadores temporarios o por temporada, zafrales o a la orden, computarán íntegramente el año en que tengan actividad cuando se cumplan en forma conjunta las siguientes condiciones:

A) Que se trate de una única actividad computable en el período.

B) Que no medie un período de inactividad mayor de seis meses, entre la finalización de una tarea y el comienzo de otra en los casos de trabajadores zafrales o temporarios o por temporada, o de dos meses tratándose de trabajadores a la orden.

C) Que se acredite haber trabajado efectivamente no menos de ciento cincuenta días o mil doscientas horas en el año de actividad en cuestión.

Artículo 70. (Servicios en minoridad).- Son computables los servicios prestados por los afiliados a partir de los dieciocho años de edad. Los prestados antes de los dieciocho y desde los quince años de edad sólo serán computados cuando la actividad esté habilitada legalmente para ejercerse a tal edad y exista registro y aportación contemporánea.

En el caso de los dependientes, el amparo no será afectado por eventuales infracciones del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 73 de la presente ley.

Artículo 71. (Servicios simultáneos amparados por la Caja).- En el caso de que un afiliado ejerza simultáneamente dos o más actividades amparados por la Caja, se acumularán sus retribuciones a los efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio.

Artículo 72. (Prueba de los servicios).- La prueba de los servicios se efectuará mediante documentos, y a falta de éstos, por otros medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico, a juicio del Consejo Honorario.

El Consejo Honorario reglamentará el procedimiento probatorio, pudiendo la Caja recabar de oficio las probanzas que estime pertinentes.

En caso de proceder la declaración de testigos fuera del departamento de Montevideo, la Caja podrá solicitar por exhorto a los Juzgados competentes que practiquen su diligenciamiento.

Artículo 73. (Plazo para la denuncia de los servicios).- Los servicios amparados por la Caja prestados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

No obstante, en el caso de servicios de dependientes, éstos podrán además denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir del cese de la relación laboral de que se trate.

Vencidos tales plazos, no se admitirá denuncia alguna.

Artículo 74. (Afiliación voluntaria).- Los afiliados a la Caja que cesen o hayan cesado en la actividad sin causal jubilatoria, podrán optar por mantener afiliación voluntaria a la misma, abonando el monto de los aportes patronales y personales sobre la base de un ingreso ficto fijado por la Caja, cuyo monto se ajustará periódicamente y se considerará asignación computable.

Esta opción deberá formularse por única vez dentro de los noventa días del cese, y solo tendrán derecho a efectuarla quienes cuenten con no menos de treinta años

-o de veinticinco años, en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 30 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007- de servicios acumulables, de los cuales un mínimo de quince deberán corresponder a afiliación efectiva y contemporánea a la Caja.

TITULO VII

DE LA MATERIA GRAVADA Y DE LAS ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPITULO UNICO

Artículo 75. (Principio de congruencia).- Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones, constituyen materia gravada por las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período, gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable sólo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Artículo76. (Principio de primacía de la remuneración real).- Las contribuciones establecidas a favor de la Caja se aplicarán sobre las remuneraciones realmente percibidas, con la sola excepción de aquellos casos en los que la materia gravada y las asignaciones computables se rijan por remuneraciones fictas.

Artículo77. (Afiliados activos. Hecho generador).- Las contribuciones establecidas a favor de la Caja, correspondientes a los afiliados en actividad, se generarán por el desarrollo de actividad personal remunerada de cualquier naturaleza, comprendida dentro de su ámbito de afiliación, sin perjuicio de las excepciones referidas en el Título VI.

Artículo 78. (Asignaciones computables y materia gravada).- En los casos de afiliados activos, constituyen asignaciones computables y materia gravada todos los ingresos que, en forma regular y permanente, sean en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, perciban los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el artículo 4°, en concepto de retribución y con motivo de su actividad personal amparada por la Caja.

Se presume que un ingreso es regular y permanente cuando es percibido en no menos de tres oportunidades a intervalos de similar duración, cualquiera sea la causa de la prestación.

Cuando algún ingreso de los indicados en este artículo sea percibido mediante asignaciones en especie o cuya cuantía real sea incierta, el monto a gravar será establecido fictamente por el Poder Ejecutivo.

Artículo 79. (Situación de los directores y administradores de sociedades anónimas).- Las remuneraciones de los directores y administradores de sociedades anónimas cuyos servicios son amparados por la Caja, constituyen asignaciones computables y materias gravadas por los montos efectivamente percibidos como consecuencia del ejercicio de dichos cargos, cualquiera sea la denominación conferida a la partida abonada.

No obstante, cuando las remuneraciones del ejercicio, por todo concepto, sean inferiores al equivalente a treinta veces el valor de la Base Ficta de Contribución creada por el artículo 155 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por cada mes del ejercicio anual o de los meses en los cuales ejerció el cargo, se estará a esta última cifra, que constituirá la materia gravada y asignación computable.

TITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 80. (Mantenimiento de derechos adquiridos).- Los afiliados que, sin ser jubilados, hayan configurado o configuren causal jubilatoria por el régimen previsional que se deroga, antes del 31 de diciembre de 2009, se regirán por el mismo, salvo que opten por quedar comprendidos en el estatuido por la presente ley.

También será de aplicación el régimen que se sustituye, sin perjuicio de la opción antedicha, a quienes hayan ingresado en el sistema de afiliación voluntaria al amparo de lo previsto por el artículo 8° de la Ley N° 16.565, de 21 de agosto de 1994, y por el artículo 30 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, antes de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 81. (Jubilación anticipada transitoria).- Será de aplicación a los beneficiarios actuales y futuros del subsidio transitorio por desempleo bancario a que refiere el literal b) del inciso primero del artículo 53 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, lo dispuesto por los artículos 3° a 5° de la Ley N° 17.939, de 2 de enero de 2006.

Las asignaciones de jubilación anticipada transitoria serán servidas con cargo al Fondo de Subsidio por Desempleo de la Caja, conforme lo prevé el artículo 6° de la ley mencionada en último término.

Artículo 82. (Afiliados incorporados por la presente ley).- Los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se desempeñaren en cualquiera de las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales F), G), H) e I) del artículo 3° o en las indicadas en el literal K) de dicho artículo que sean propiedad de aquéllas:

A) Conservarán la protección que tenían a esa fecha en materia de asistencia materno-infantil y asignaciones familiares.

B) Podrán optar, dentro de los noventa días de dicha entrada en vigencia, por permanecer amparados por el Banco de Previsión Social en el régimen de seguridad social que hasta entonces les era aplicable, siempre que, de acuerdo a las disposiciones de ese régimen, les restaren menos de cinco años para configurar causal de jubilación común, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

C) De no formular dicha opción podrán igualmente optar, dentro del mismo plazo, por continuar percibiendo la jubilación que les hubiese otorgado la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en cuyo caso no podrán acumular los nuevos servicios a aquellos que generaron esa pasividad; si escogieren la suspensión de dicha jubilación, podrán luego acumular los nuevos servicios referidos y la consecuente pasividad se determinará conforme a las disposiciones aplicadas para el cálculo de la jubilación original.

Los afiliados indicados en el inciso segundo del artículo 67 de la presente ley, tendrán derecho a las prestaciones económicas por enfermedades previstas para los afiliados al Banco de Previsión Social, las que serán servidas por la Caja con los fondos que, a tal efecto, recibirá de Rentas Generales, pudiendo la misma realizar las importaciones necesarias de las sumas que deba verter al Estado por concepto del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que retenga.

Artículo 83. (Prima por edad).- La Caja continuará sirviendo únicamente las primas por edad que, estando en curso de pago a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, correspondan a pasivos cuyas prestaciones a cargo de la institución no superen, en conjunto, el equivalente a 12 BPC (doce Bases de Prestaciones y Contribuciones).

A los efectos de ese cálculo, no se tomará en cuenta la referida prima.

Las primas por edad a que refiere el presente artículo se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades previstas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 84. (Condiciones para recibir prestaciones).- Para recibir cualquier prestación de parte de la Caja, se requiere que haya existido cotización efectiva o ponerse al día únicamente a través de los medios previstos por los artículos 29 a 37 del Código Tributario o por el mecanismo aludido en el literal L) del inciso primero del artículo 11 de la presente ley, con las contribuciones establecidas a favor de la Caja, por los servicios que generaron la correspondiente prestación, así como el cumplimiento regular de las obligaciones para con el Instituto.

Artículo 85. (Inembargabilidad e incedibilidad de prestaciones).- Las jubilaciones, pensiones y subsidios servidos por la Caja son inalienables e inembargables y toda venta o cesión que se hiciere de ellos, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de excepción establecidos legalmente.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo anterior, podrán destinarse asignaciones jubilatorias, pensionarias o subsidios, devengados o futuros, a la cancelación de las contribuciones establecidas en favor de la Caja.

Asimismo, la Caja podrá ordenar la retención de hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de las retribuciones que perciben los afiliados, así como retener igual monto nominal de los sueldos, jubilaciones, subsidios y pensiones que abone, a los efectos de hacer efectivos los créditos que tuviere contra afiliados y pensionistas, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 3° de la Ley N° 17.829, de 18 de setiembre de 2004, y sus modificativas.

Artículo 86. (Títulos ejecutivos).- Los testimonios de las resoluciones firmes del Consejo Honorario de la Caja, asentadas en actas y relativas a deudas por contribuciones de seguridad social de sus afiliados o de las instituciones, entidades o empresas comprendidas en su régimen, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

Tales créditos de la Caja quedan incluidos en el numeral 4° del artículo 2369 y en el artículo 2376 del Código Civil, cualquiera fuere el tiempo en que se hayan devengado.

Artículo 87. (Juicios ejecutivos).- En los juicios ejecutivos por cobro de las deudas a que refiere el artículo anterior, no se requerirá previamente intimación de pago ni citación a conciliación y sólo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad de la resolución declarada conforme a lo previsto por esta ley, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso.

Artículo 88. (Aplicación del Código Tributario).- La Caja tendrá, en su condición de sujeto activo de las prestaciones pecuniarias establecidas en su favor, las mismas facultades y obligaciones que el Código Tributario establece para los organismos estatales que administran los tributos regidos por dicho Código, conforme a lo previsto por el artículo 1° del referido cuerpo normativo.

Artículo 89. (Caducidad de créditos contra la Caja).- Los créditos que los afiliados o las instituciones, entidades o empresas comprendidas en su régimen, puedan tener contra la Caja, cualquiera fuera su naturaleza, provenientes de la aplicación de esta ley, caducarán de pleno derecho a los cuatro años contados de la fecha en que pudieron ser exigibles.

Esta caducidad operará en períodos mensuales y su curso se suspenderá hasta la resolución definitiva, por toda gestión fundada del interesado en vía administrativa o jurisdiccional.

Artículo 90. (Regímenes complementarios de seguridad social).- La Caja podrá organizar, establecer y administrar con independencia patrimonial, regímenes complementarios del sistema general, así como prestar servicios vinculados con su actividad.

El Consejo Honorario dictará la correspondiente reglamentación y fijará los montos a percibir por concepto de comisiones y de administración.

Artículo 91. (Aplicación del régimen pensionario).- El sistema pensionario previsto por la presente ley regirá para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su entrada en vigencia.

Artículo 92. (Créase una Comisión que tendrá los siguientes cometidos: el seguimiento de la evolución económica financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el análisis de la posible ampliación del campo afiliatorio y en particular el seguimiento de la situación de los trabajadores incorporados en el artículo 3° de la presente ley.

Dicha Comisión estará integrada por un Senador designado por la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, un Diputado designado por la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, dos delegados del Poder Ejecutivo, uno de los cuales la presidirá, dos delegados de las empresas afiliadas, dos delegados de la Asociación de Bancarios del Uruguay, dos delegados de los jubilados y un delegado de la entidad gremial más representativa de los trabajadores incorporados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias en esta ley.

La Comisión podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros, con carácter obligatorio.

Artículo 93. (Referencia a valores constantes).- Las referencias monetarias mencionadas en la presente ley están expresadas en valores correspondientes al mes de octubre de 2008 y se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades previstas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

A los efectos del primer ajuste posterior a la promulgación de la presente ley, se tendrá en cuenta la variación que haya experimentado el Indice Medio de Salarios desde la anterior revaluación de pasividades operada conforme a dicho procedimiento.

Artículo 94. (Derogaciones).- Derógase el Impuesto creado por la Ley N° 17.841, de 15 de octubre de 2004, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 95. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia el 1° de enero de 2009.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de octubre de 2008.

Alberto Perdomo Gamarra Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 29 de setiembre de 2008.

Señor Presidente

de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de remitir, para su consideración, un proyecto de ley por el cual se reforma el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Los sistemas de seguridad social, en particular los regímenes de jubilaciones, deben ser revisados periódicamente con la finalidad de detectar qué tan adecuados son sus desempeños respecto a los objetivos que tienen planteados.

El régimen general de seguridad social fue reformado el 3 de setiembre de 1995 con la aprobación de la Ley N° 16.713. A partir de ésta se creó un nuevo régimen para los colectivos amparados por el Banco de Previsión Social, con un pilar de solidaridad intergeneracional y otro de ahorro individual. Asimismo, las condiciones de acceso a las pasividades cambiaron sustancialmente.

El artículo 1° de dicha ley preveía que los regímenes aplicables a las personas públicas no estatales de seguridad social deberían adecuarse a la nueva normativa, atendiendo a sus formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades comprendidas en los mismos.

La Caja Notarial de Seguridad Social y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, modificaron sus cartas orgánicas en 2001 y 2004 respectivamente, tendiendo a igualar las condiciones de acceso a las pasividades al régimen general reformado. Hasta ahora, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias no realizó ajustes, más allá de cambios en aportes y creación de contribuciones especiales.

Atento a esto y a las notorias dificultades que atraviesa la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el Poder Ejecutivo eleva el presente proyecto de ley con el objetivo de brindar solución al subsector involucrado, así como mantener coherencia con el resto del sistema previsional.

1.- Antecedentes

La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias integra el sistema de instituciones de seguridad social. En su carácter de organismo paraestatal, tiene el cometido de brindar cobertura a los trabajadores de la actividad financiera en el país.

Desde su creación, en el año 1925, ha cumplido con los fines previstos en el marco legal que la rige a partir del financiamiento establecido, con los aportes de las empresas y de los trabajadores, y con el producido de sus inversiones.

En los últimos veinte años la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias ha impulsado distintas iniciativas para reformar su marco legal, lo que fue consagrado parcialmente con la sanción de la Ley N° 16.565, del 21 de agosto de 1994. Debido al carácter parcial de lo recogido por esta norma, la misma resultó insuficiente para salvaguardar la estabilidad y viabilidad del Instituto en el mediano y largo plazo, razón por la que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias remitió en el año 2001al Poder Ejecutivo un proyecto de ley que contenía las modificaciones que, a su juicio, era necesario introducir al marco legal vigente. Desde entonces se reconocía un escenario de crecientes dificultades y amenazas a las bases de sustento del sistema previsional, lo que se vio reflejado en un permanente deterioro de la relación activo-pasivo. Este fenómeno se acentuó en los últimos años, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Año Relación Activo/Pasivo

1965 4,5

1970 2,3

1975 1,8

1985 1,8

1990 1,3

1995 1,1

2000 1,0

2005 0,8

Fuente: IESTA - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

Entre las múltiples causas que esta situación reconoce, debemos ubicar, como principales, las reestructuras del sistema financiero estatal y privado, la introducción de tecnología sustitutiva de puestos de trabajo, la prohibición del ingreso de funcionarios a los bancos estatales que rigió hasta el año 2005, el desarrollo de procesos de tercerización de actividades financieras por parte de algunas empresas, así como los cambios demográficos y de composición del mercado de trabajo que han impactado en el conjunto de los institutos de seguridad social.

A esta realidad debemos agregar el impacto producido por la crisis del año 2002, que implicó un fuerte redimensionamiento del sistema financiero, la pérdida de miles de puestos de trabajo y, por tanto, de cotizantes activos al Instituto.

Desde hace una década, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias viene cubriendo su déficit operativo con sus reservas y con el aporte extraordinario que tanto las empresas como los jubilados y pensionistas, han realizado. Las primeras, con un 4,5% adicional al aporte patronal sobre la nómina, a partir de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, y los segundos, por lo establecido en la Ley N° 17.841, de 15 de octubre de 2004.

El resultado operativo del Fondo Jubilatorio en el año 2007 arrojó un déficit de $ 1.047 millones, según el siguiente detalle:

Actualmente se está frente al agotamiento de las reservas financieras realizables. De acuerdo a estudios técnicos y a las proyecciones actuariales realizadas, el agotamiento definitivo de las reservas de la Caja se produciría en los primeros meses del año 2009, con la lógica consecuencia de la imposibilidad de enfrentar las obligaciones legales con sus afiliados, desde allí en más.

Es preciso resaltar que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias no ha presentado problemas de gestión, mostrando absoluta transparencia en la misma. Por su parte, en los últimos tiempos, el Consejo Honorario ha tomado medidas que implicaron restricciones en los egresos, tanto en el permanente abatimiento de los costos operativos, como en aspectos previsionales en la medida que las facultades otorgadas por el marco legal vigente lo permitían.

2.- Características de la reforma

El presente proyecto de modificación del marco legal que rige a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias parte de reconocer los orígenes de su actual crisis, para corregirlos y prevenir su repetición en el futuro, dotando al Instituto de viabilidad y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. En tal sentido, adecua la normativa previsional a la realidad actual, convergiendo hacia los parámetros del conjunto del sistema de seguridad social del país.

El nuevo régimen previsional que emerge de las modificaciones propuestas, tiene las siguientes características principales:

- Se adecua razonablemente a lo establecido por la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, atendiendo especialmente a las formas de financiamiento, especificidades y naturaleza de las actividades amparadas por la Caja;

- avanza en el reconocimiento del campo afiliatorio real que corresponde al Instituto, estableciendo, por ejemplo, la incorporación de todas aquellas empresas y trabajadores cuya actividad, en forma habitual y profesional, sea intervenir en el financiamiento de la venta de bienes y servicios realizada por terceros otorgando crédito mediante el uso de tarjetas u ordenes de compra, así como también otorgar préstamos en dinero;

- inicia un proceso de modificación en las bases de contribución, procurando no depender exclusivamente del número de afiliados activos y de la masa salarial asegurada, posibilitando en el futuro la adecuación paulatina de las tasas de aportación patronales y personales al régimen general vigente;

- adecua el régimen previsional, tanto en las condiciones de acceso, como en la forma de cálculo de las prestaciones, igualando la edad de retiro para hombres y mujeres, extendiendo el período a considerar para el cálculo del sueldo básico jubilatorio y estableciendo menores tasas de reemplazo para los beneficios;

- para las pensiones, establece soluciones que guardan similitud con el régimen general;

- reconoce un adecuado equilibrio en el esfuerzo que deberán realizar el Estado, las empresas y los afiliados activos y pasivos, para superar la coyuntura económica por la que se atraviesa;

- la contribución del Estado, así como la contribución adicional de las empresas y los afiliados pasivos tendrá un carácter transitorio, pautado por la recuperación de un adecuado nivel de reservas del Instituto.

II.- CONTENIDOS DEL PROYECTO

Todas las medidas planteadas se articulan en forma integral, conformando en su conjunto un escenario de viabilidad para los próximos cuarenta años, de acuerdo a las proyecciones analizadas para su elaboración.

1.- Campo afiliatorio considerado

Se define como instituciones, entidades y empresas obligatoriamente comprendidas en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, a todas las empresas de intermediación financiera autorizadas por el Decreto-Ley N° 15.322 y sus modificativas y concordantes, las compañías de seguro, la Bolsa de Comercio, las empresas administradoras de crédito, las que en forma habitual y profesional otorguen préstamos en dinero, las cooperativas de ahorro y crédito, las que presten servicio de transporte de valores, las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad financiera, y las empresas que sean de propiedad de las instituciones, entidades y empresas indicadas anteriormente.

De acuerdo a los estudios realizados, se incorporarían a la Caja Bancaria 4.600 nuevos afiliados, lo que llevaría la relación activo/pasivo del actual 0,78 a superar la unidad a lo largo de todo el período considerado en las proyecciones.

2.- Modificación del modelo de financiamiento

Se reformula el sistema de aportación patronal al financiamiento del Instituto, a partir de desvincular parcialmente la contribución de la nómina de trabajadores para incorporar una contribución asociada a nivel de actividad financiera.

Es así que las empresas comprendidas en el régimen de la Caja, contribuirán con un aporte patronal básico, cuya alícuota será del 25.25% para las empresas financieras y de seguros que a la fecha contribuyen a la Caja Bancaria, y de un 7,50% para las que se incorporan a partir de la presente ley, la Bolsa de Comercio, las entidades gremiales y la propia Caja. A ello se suma una prestación complementaria que se determinará en función de la naturaleza y magnitud de la actividad desarrollada por la institución, entidad o empresa contribuyente.

El texto prevé la reducción de la alícuota del aporte patronal básico en hasta un 4,50%, una vez alcanzado un nivel adecuado de reservas por parte del Instituto. El Poder Ejecutivo queda facultado a acelerar el cronograma en la medida que la situación de la Caja lo permita.

3.- Régimen previsional futuro

Se adecuan los parámetros del régimen previsional convergiendo, con atención a las particularidades y especificidades del colectivo amparado, a las condiciones del régimen general que rige la seguridad social en el país.

Es así que se equipara la edad para configurar causal jubilatoria para hombres y mujeres, se aumentan los años considerados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio y se rebajan las tasas de reemplazo.

Se igualan los derechos pensionarios entre los hombres y mujeres, adecuando las condiciones de acceso a las vigentes para el régimen general.

Se establecen períodos de transición tanto, para la aplicación de las nuevas condiciones jubilatorias por edad avanzada, como para la adecuación de la edad de la mujer a los efectos jubilatorios.

Todas las modificaciones se ubican en línea con el objetivo de unificar las condiciones de acceso a los derechos jubilatorios en el conjunto de los institutos de seguridad social del país.

4.- Contribuciones adicionales de carácter transitorio

La muy grave situación económico-financiera de la Caja Bancaria, así como el hecho de que sus reservas estén prácticamente agotadas, obligan a que se deba atender el déficit financiero inmediato. Es por ello que se establecen contribuciones adicionales, de carácter transitorio, de parte del Estado, las empresas y los jubilados y pensionistas bancarios.

La asistencia del Estado se materializa a través de una contribución de igual monto que el aporte adicional que realizarán los jubilados y pensionistas cuyas pasividades correspondan al régimen que se deroga, en relación con el que hoy efectúan.

Adicionalmente, constituye aporte del Estado para enfrentar la situación existente, la recaudación que deja de percibir el Banco de Previsión Social por las empresas que pasan a incorporarse a la Caja Bancaria.

En cuanto a las empresas, el aporte adicional se ubica en un 4,5% del aporte patronal básico. Las empresas de intermediación financiera y las aseguradoras podrán abatir dicho aporte adicional, a través de la adquisición de títulos de deuda emitidos por la Caja, los que serán amortizados a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que las reservas financieras de la Caja igualen el presupuesto de pasividades y gastos de funcionamiento de un ejercicio.

El aporte de los jubilados y pensionistas del Instituto se conformará a partir de la eliminación de la partida denominada "prima por edad" para aquellos cuya pasividad supere las 12 Bases de Prestaciones y Contribuciones y un incremento del aporte que hoy realizan los jubilados y pensionistas con pasividades superiores a 10 BPC.

Todas estas contribuciones comenzarán a disminuir gradualmente a partir de que la Caja alcance un nivel de reservas financieras equivalente a un 50% del presupuesto de un ejercicio de pasividades y gastos de funcionamiento.

Saludamos a ese Cuerpo con la más alta estima y consideración.

TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi, Alvaro García.

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DEFINICION Y COMETIDO

CAPITULO UNICO

Artículo 1°. (Naturaleza Jurídica).- La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias es persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio legal en la ciudad de Montevideo.

Artículo 2°. (Cometido).- La Caja tiene el cometido de brindar coberturas en las contingencias de Seguridad Social que ocurran a los integrantes del colectivo que incluye, conforme a la ley.

TITULO II

AMBITO SUBJETIVO

CAPITULO UNICO

Artículo 3°. (Instituciones, entidades y empresas comprendidas).- Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias:

A) los bancos públicos y privados;

B) todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes);

C) el Banco de Seguros del Estado;

D) las compañías de seguros;

E) la Bolsa de Comercio;

F) las empresas administradoras de crédito que, en forma habitual y profesional, intervengan en el financiamiento de la venta de bienes y servicios realizada por terceros otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades similares, con recursos propios o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público;

G) las empresas que, en forma habitual y profesional, otorguen préstamos en dinero a sujetos residentes en el País, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin; no quedan incluidos en lo dispuesto por este literal, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y los institutos de seguridad social;

H) las cooperativas de ahorro y crédito no comprendidas en los literales anteriores;

I) las empresas que presten servicios de transporte de valores;

J) las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad de intermediación financiera con personalidad jurídica;

K) las empresas que sean propiedad de las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales anteriores, que desarrollen actividades que integren la unidad técnico-económica de las mismas; se incluyen en lo previsto por este literal, los fondos de inversión y los fideicomisos.

Artículo 4°. (Inclusión).- El régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias alcanza a:

A) todos los trabajadores de las instituciones, entidades y empresas comprendidas en su régimen, así como los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que sean remunerados por su actividad personal en régimen de subordinación, quedando excluidos aquellos que la Caja ocupe en la explotación de sus inversiones, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen las actividades respectivas;

B) los directores, administradores, socios y síndicos, con carácter rentado, de las instituciones, entidades y empresas comprendidas en el régimen de la Caja, excepto aquellos que, al amparo de lo previsto por el literal B) del artículo 2° de la Ley N° 16.565, de 21 de agosto de 1994, hubieren optado por una afiliación diferente, en los plazos y condiciones establecidos en dicha disposición, antes de la entrada en vigencia de la presente ley.

C) los jubilados de la propia Caja.

La Caja llevará el registro de historia laboral de sus afiliados, asentando, como mínimo, servicios prestados, asignaciones computadas y aportes.

TITULO III

ORGANIZACION

CAPITULO I

DIRECCION, ADMINISTRACION Y RESPONSABILIDADES

Artículo 5°. (Organo directriz).- La Caja será dirigida y administrada por un Consejo Honorario compuesto de siete miembros e integrado de la siguiente manera:

- un miembro designado por el Poder Ejecutivo que lo presidirá:

- tres miembros, que representarán a las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3°, uno de los cuales será elegido por las instituciones oficiales, y los otros dos, por las restantes;

- dos miembros, que representarán a los afiliados indicados en los literales A) y B) del inciso primero del artículo 4°, electo por dichos afiliados;

- un miembro, que representará a los afiliados indicados en el literal C) del inciso primero del artículo 4°, electo por dichos afiliados.

Con cada Consejero titular será elegido doble número de suplentes en orden respectivo.

Agotada la lista de suplentes de representantes de las instituciones, entidades y empresas, del personal en actividad o de los jubilados, el Consejo convocará de inmediato a elecciones complementarias para el orden en que ello hubiere ocurrido.

Es condición indispensable para desempeñar cualquiera de los cargos, ser ciudadano mayor de edad y, en el caso de los cargos electivos, pertenecer al personal afiliado en actividad o en pasividad.

Artículo 6°. (Elección de los representantes de las empresas, entidades e instituciones privadas).- El Consejo Honorario reglamentará la elección de los representantes que, para la integración del mismo, corresponden a las empresas, entidades e instituciones privadas, estableciendo un procedimiento que pondere en forma equilibrada el patrimonio y la cantidad total del personal afiliado.

Con sesenta días de anticipación a cada acto eleccionario, el Consejo Honorario determinará el número de votos que corresponda a cada una de dichas empresas, entidades o instituciones.

Artículo 7°. (Facilitación para el ejercicio del cargo de Consejero).- Las empresas, instituciones y entidades afiliadas deberán facilitar a los miembros de su personal que se desempeñen como integrantes del Consejo Honorario de la Caja, el cumplimiento de las tareas derivadas del ejercicio de dichos cargos.

Artículo 8°. (Representación).- La representación legal de la Caja será ejercida por el Presidente y el Consejero Secretario o quienes los subroguen reglamentariamente, sin perjuicio de los mandatos que éstos otorguen.

Excepcionalmente, en casos de impedimentos, excusación, licencia, enfermedad o ausencia del Presidente -cuando éste no tuviere suplente en condiciones de asumir el cargo- o del Consejero Secretario, dicha representación, con las mismas facultades, estará a cargo del o de los miembros del Consejo Honorario que éste designe.

Artículo 9°. (Quórums y mayorías).- El Consejero Honorario podrá sesionar con un quórum de cuatro miembros y adoptar resoluciones válidas con idéntica mayoría de votos conformes, salvo los casos en que expresamente se establezcan quórums o mayorías especiales.

En caso de empate en las votaciones, el Presidente tendrá doble voto.

Artículo 10. (Renovación de los miembros del Consejo).- Los miembros del Consejo Honorario permanecerán tres años en su cargo. Los que representen a las instituciones, entidades y empresas adscritas y los que representen a los afiliados, se renovarán por terceras partes, cesando en cada año un Consejero por cada representación. Tanto éstos, como el representante del Poder Ejecutivo, podrán ser reelegidos.

Los miembros electos no podrán ingresar al Consejo estando éste integrado con algún representante o trabajador de la misma institución, entidad o empresa a que aquéllos pertenezcan. Esta incompatibilidad comprende también, en su caso, al representante del Poder Ejecutivo.

No obstante la prohibición a que refiere el inciso anterior, podrán formar parte del Consejo Honorario, simultáneamente, hasta dos funcionarios o empleados de una misma institución, entidad o empresa adscripta, siempre y cuando uno de ellos represente a las de este genero y el otro, al personal.

Los Consejeros continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se hayan incorporado los que deben reemplazarlos.

Artículo 11. (Competencias y atribuciones del Consejo Honorario).- Compete al Consejo Honorario:

A) Sancionar su reglamento general y demás reglamentaciones que considere necesarias.

B) Proponer las reformas a la presente ley que la experiencia aconseja como necesarias o convenientes.

C) Conceder o negar todo beneficio o prestación que pueda acordar la Caja.

D) Realizar los actos, gestiones y diligencias, de administración o de dominio, necesarios para el funcionamiento regular de la Caja y conferir apoderamientos especiales.

E) Designar, sancionar y destituir al personal de la Caja, pudiendo delegar la potestad sancionatoria en la máxima jerarquía administrativa salvo en los casos de destitución.

F) Determinar los deberes formales a cargo de los afiliados y de las empresas, instituciones y entidades comprendidas en el régimen de la Caja, así como las fechas y mecanismos de versión de las cotizaciones.

G) Sancionar a los afiliados y a las empresas, instituciones y entidades referidas en el literal anterior, que incumplan la presente ley o las reglamentaciones correspondientes.

H) Fijar los montos mínimos de las prestaciones no establecidos legalmente, así como los máximos iniciales de las pasividades que se otorguen con arreglo al régimen que se sustituye, en la forma y condiciones previstas por el artículo 7° de la Ley N° 16.565, de 21 de agosto de 1994 y el inciso final del presente artículo.

I) Extender la concesión de prestaciones de seguridad social para la cobertura de otras contingencias no previstas en esta ley y cubiertas por el régimen general, previo estudio técnico de que no se afectará el cumplimiento de las consagradas legalmente así como de las posibilidades financieras que garanticen su viabilidad.

J) Conceder los ajustes previstos por el artículo 67 de la Constitución de la República, no pudiendo superarse el índice de revaluación allí previsto.

K) Celebrar convenios en materia de Seguridad Social con otros organismos nacionales o extranjeros.

L) Establecer regímenes de cancelación de adeudos generados por aportes, que aseguren convenientemente, los servicios de amortización e interés y la actualización del monto adeudado.

LL) Delegar las atribuciones que entendiere pertinentes.

Las resoluciones relativas a los casos previstos por el literal H) requerirán cinco votos conformes y las relacionadas con los literales I), L) y LL), seis votos conformes. Asimismo, en los casos de los literales H) e I), dentro de los votos conformes para completar las respectivas mayorías deberá hallarse el del representante del Poder Ejecutivo. Las atribuciones referidas por los literales indicados en este inciso son indelegables.

Artículo 12. (Responsabilidad).- La Caja será civilmente responsable del daño causado a terceros en el cumplimiento de sus cometidos.

La Caja podrá pedir resarcimiento y/o repetir lo que hubiere pagado en reparación, contra los integrantes del Consejo Honorario, o sus empleados, que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ese ejercicio, y obrando con culpa grave o dolo, causaren daño.

En los casos de resoluciones del Consejo Honorario, que fueren violatorias de la Constitución, leyes o reglamentos, quedarán exentos de la responsabilidad a que refiere el inciso anterior:

A) los consejeros que hubieran hecho constar en el acta de la sesión del Consejo Honorario de que se trate, el voto negativo y su fundamento;

B) Los ausentes de la sesión en que se adoptó la resolución ilegítima, siempre que en la primera sesión ordinaria posterior, a la que asistan, formulen la constancia prevista en el literal anterior.

Los consejeros que hayan votado negativamente podrán solicitar se eleve al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, copia del acta y los antecedentes respectivos, siempre que formulen dicha solicitud en la misma sesión en la que formularon su voto negativo o dentro del término perentorio de ocho días hábiles siguientes, quedando en suspenso la decisión impugnada, a la espera de lo que dictamine en definitiva el citado Poder.

Si el Poder Ejecutivo, no se expidiera dentro de los treinta días corridos siguientes al de la recepción de la copia del acta y los antecedentes, la resolución del Consejo Honorario quedará firme y se cumplirá de inmediato, sin perjuicio de los recursos que pudieran entablar los interesados contra la misma.

Artículo 13. (Inembargabilidad y exenciones).- Los bienes de la Caja serán inembargables, excepto para responder por las obligaciones que establece esta ley.

No obstante, el Consejo Honorario podrá disponer, por mayoría simple, la constitución de fideicomisos financieros o de garantía, con activos de la Caja, a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones.

La Caja está exonerada de toda clase de impuestos nacionales y tributos departamentales por las actuaciones y operaciones que realice, así como por sus bienes.

CAPITULO II

NOTIFICACIONES, PETICIONES Y MEDIOS IMPUGNATIVOS

Artículo 14. (Notificaciones).- Las resoluciones del Consejo Honorario serán notificadas personalmente al interesado en las oficinas de la Caja o en el domicilio constituido o conocido.

También podrá practicarse la notificación citándose al interesado por telegrama colacionado para que concurra a la oficina dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de darlo por notificado. En el telegrama deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición; su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Si el interesado no tuviere domicilio conocido en el país se le citará mediante tres publicaciones en el Diario Oficial para que concurra a notificarse en la oficina dentro del plazo de treinta días, a contar desde el siguiente al de la última publicación, bajo apercibimiento de darlo por notificado.

En las publicaciones deberá individualizarse el expediente y citarse la presente disposición, su costo deberá ser reintegrado por el interesado dentro del mismo plazo o en el acto de notificarse.

Las citaciones y notificaciones a un colectivo de personas, se tendrán por realizadas mediante la publicación respectiva en el Diario Oficial durante tres días seguidos, resultando plenamente válida para cada uno de los miembros de aquél.

Artículo 15. (Peticiones).- La Caja está obligada a decidir sobre cualquier petición que le formule el titular de un interés legítimo, dentro del término de ciento cincuenta días contados a partir del día siguiente al de la presentación de la misma. La petición se entenderá desechada si no se resuelve dentro del término indicado, configurándose resolución denegatoria ficta.

En ningún caso el vencimiento de este plazo exime a la Caja de su obligación de pronunciarse expresamente sobre el fondo del asunto.

Las decisiones, expresas o fictas, podrán ser impugnadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo siguiente.

Artículo 16. (De las impugnaciones de los actos del Consejo Honorario).- Las resoluciones del Consejo Honorario podrán ser impugnadas por razones de mérito o de legitimidad mediante el recurso de revocación interpuesto ante el mismo órgano, dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación.

El recurso sólo podrá ser interpuesto por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por la resolución impugnada.

Interpuesto el recurso, el Consejo Honorario dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver, configurándose denegatoria ficta por el solo vencimiento del plazo.

Denegado el recurso, el ocurrente podrá deducir solamente por razones de legitimidad, demanda de anulación contra la resolución impugnada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere, dentro del término de veinte días corridos siguientes al de la notificación de la denegatoria expresa o al momento en que se verificó la denegatoria ficta.

El Tribunal dará traslado de la demanda a la Caja, la que deberá evacuarlo con la remisión de los antecedentes administrativos relativos al caso, siguiéndose el procedimiento estatuido por los artículos 338 a 343 del Código General del Proceso.

El Tribunal, que fallará en única instancia, resolverá anulando total o parcialmente, o confirmando la resolución impugnada.

A petición de parte y previa vista por el término de seis días a la Caja, el Tribunal podrá disponer la suspensión transitoria, total o parcial, de la ejecución de la resolución impugnada, siempre que ésta fuera susceptible de causar un perjuicio grave, de difícil reparación o irreparable, en caso de dictarse ulteriormente un fallo anulatorio.

Mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiere otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido.

Artículo 17. (Revocación de oficio).- La revocación de oficio de una resolución del Consejo Honorario, sea total o parcial, fundada en error de hecho o de derecho u otra causal de nulidad, no dará lugar a la devolución de haberes percibidos por el interesado, salvo que éste hubiera actuado de mala fe.

TITULO IV

PATRIMONIO E INVERSIONES

CAPITULO UNICO

Artículo 18. (Patrimonio).- El patrimonio de la Caja se integra con:

A) los bienes, créditos, derechos y acciones que posee actualmente o adquiera en su futuro;

B) el producido de las prestaciones legales de carácter pecuniario y de los tributos, que las leyes impongan en beneficio de la Caja, a los afiliados activos y pasivos y a las instituciones, entidades y empresas comprendidas en su régimen;

C) las rentas, intereses y beneficios de sus actividades, inversiones y reservas;

D) el producido de sanciones, multas, recargos e intereses que correspondan;

E) los bienes, recursos y contribuciones que por cualquier título reciba.

Artículo 19. (Gastos de administración).- Los gastos de administración del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, no podrán insumir más de un 7% (siete por ciento) de las entradas brutas anuales.

Artículo 20. (Estados, balances y memoria anual).- El Consejo Honorario remitirá al Poder Ejecutivo dentro de los noventa días siguientes al cierre de cada ejercicio, una memoria completa e ilustrativa de la situación de la Caja, acompañada de los estados, balances, tasas de rentabilidad de sus inversiones y datos complementarios pertinentes. El Poder Ejecutivo recabará la auditoría externa del Tribunal de Cuentas y remitirá a la Caja el informe que produzca, así como la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo ésta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 21. (Estudio actuarial).- El Consejo Honorario hará practicar cada cinco años o antes de ese plazo si lo cree necesario o a solicitud del Poder Ejecutivo, el estudio de la situación actuarial y financiera de la Caja y lo cursará a este último.

Dicho Poder comunicará a la Caja las consideraciones que le merezca, acompañando los estudios e informes que hubiere recabado y la recomendación de las medidas que crea convenientes, debiendo ésta dar cuenta de las resoluciones adoptadas.

Artículo 22. (Inversiones).- La Caja, luego de realizar sus servicios y las reservas que la prudencia aconseje, podrá realizar las siguientes inversiones:

1) Los saldos disponibles a la entrada en vigencia de esta ley, así como el producido de las inversiones preexistentes a ella, podrá colocarlos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran, incluidos los previstos por el artículo 144 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y colocaciones bancarias en moneda nacional o extranjera.

B) Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos, pudiendo arrendarlos, enajenarlos o celebrar contratos de leasing a su respecto.

C) Préstamos a afiliados, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria y en ambos se aseguren convenientemente los servicios de amortización e interés y la actualización del capital mutuado. La Caja podrá obtener apoyo técnico y financiero de organismos nacionales o extranjeros para la realización de estos planes.

D) Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso el 5% (cinco por ciento) del total de las inversiones. Para realizar estas inversiones se requerirán seis votos conformes de los integrantes del Consejo Honorario.

2) Con los saldos de fondos del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia, generados a partir de la vigencia de esta ley, sólo podrá realizar las siguientes inversiones:

A) Las previstas en el artículo 123 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995 y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico régimen se dará al producido de estas inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los penúltimo y antepenúltimo incisos del referido artículo, correspondiendo aplicar desde el inicio los porcentajes definitivos fijados para la finalización de los mismos.

B) Las referidas en el literal C) del numeral 1) del inciso primero del presente artículo, hasta el 20% (veinte por ciento) de las inversiones indicadas en el numeral 2) del mismo. Idéntico régimen tendrá el producido de las inversiones a que refiere el presente literal.

El Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de las normas relativas a inversiones, pudiendo delegar dicha fiscalización en el Banco Central del Uruguay.

La Caja deberá enviar anualmente al domicilio de cada uno de sus afiliados la información referida a las inversiones realizadas y a su rendimiento, de acuerdo a las normas que establezca el Poder Ejecutivo o el Banco Central del Uruguay, en su caso.

Artículo 23. (Aportación personal de activos).- La tasa de aportación personal de los afiliados activos, para la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia, será de los porcentajes que se establecen a continuación, aplicados sobre todas las asignaciones computables:

A) el 17,5% (diecisiete y medio por ciento) para los afiliados correspondientes a las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A), B), C), D), E) y J) del artículo 3° de la presente ley y los trabajadores de la propia Caja;

B) el 15% (quince por ciento) para los afiliados correspondientes a las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales F), G), H) e I) del artículo 3° de la presente ley.

En el caso de los afiliados correspondientes a las empresas comprendidas en el literal K) del artículo 3°, se aplicará la tasa que corresponda a la institución, entidad o empresas que detente la propiedad de las mismas.

Artículo 24. (Agentes de retención).- Las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3° y la propia Caja, serán agentes de retención del aporte de los afiliados indicados en los literales A) y B) del inciso primero del artículo 4°, que les presten servicios.

Artículo 25. (Financiamiento patronal).- Las instituciones, entidades y empresas indicadas en el artículo 3° y la propia Caja, contribuirán al financiamiento de esta última mediante:

A) los aportes patronales; y

B) la adquisición de títulos de deuda emitidos por la Caja, en las condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 26. (Aportes patronales).- Los aportes patronales para la cobertura de las contingencias de invalidez, vejez y sobrevivencia, cuyo sujeto activo es la Caja, estarán constituidos por los siguientes conceptos:

A) un aporte patronal básico, consistente en un porcentaje aplicado sobre todas las asignaciones com-putables de los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el ar-tículo 4°;

B) una prestación complementaria que se determinará en función de la naturaleza y magnitud de la actividad desarrollada por la institución, entidad o empresa contribuyente. En el caso del Banco Central del Uruguay, en el de las administradoras de grupos de ahorro previo, en el de las instituciones financieras externas (artículo 4° del Decreto-Ley N° 15.322, de 17 de setiembre de 1982) y en el de la propia Caja, el monto de esta prestación complementaria se determinará como un porcentaje de las asignaciones computables referidas en el literal A) del presente artículo.

Artículo 27. (Aporte patronal básico).- La tasa del aporte patronal básico, a que refiere el literal A) del artículo anterior, será:

A) el 25,25% (veinticinco con veinticinco por ciento) para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A), B), C) y D) del artículo 3° y para la propia Caja;

B) el 7,5% (siete y medio por ciento) para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales E), F), G), H), I) y J) del referido artículo, sin perjuicio de las exoneraciones que correspondieren conforme al artículo 69 de la Constitución de la República.

En el caso de las empresas comprendidas en el literal K) del artículo 3°, se aplicará la tasa que corresponda a la institución, entidad o empresa que detente su propiedad.

La alícuota prevista en el literal A) del inciso primero del presente artículo, se reducirá a razón de 0,45 (cero con cuarenta y cinco) puntos porcentuales por año, a partir del 1° de enero del año civil siguiente a aquél en que las reservas financieras de la Caja alcancen el 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto estimativo de prestaciones y gastos de funcionamiento para el ejercicio siguiente, que el Consejo Honorario deberá aprobar antes del 30 de noviembre de cada año. La referida reducción alcanzará hasta un máximo de 4,5 (cuatro y medio) puntos porcentuales.

El proceso de reducción antedicho quedará en suspenso durante los ejercicios en que las reservas financieras de la Caja se encuentren por debajo del nivel exigido en el inciso anterior.

Artículo 28. (Prestación complementaria).- La prestación complementaria a que refiere el literal B) del artículo 26 se devengará y liquidará mensualmente, y será:

A) Para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A) y B) del artículo 3°, excluidos el Banco Central del Uruguay, las administradoras de grupos de ahorro previo y las instituciones financieras externas: el 4 o/ooo (cuatro por diez mil) de la suma de los siguientes conceptos:

1) el saldo al fin de cada mes de los activos propios radicados en el país, excluidos los depósitos obligatorios en concepto de encaje en el Banco Central del Uruguay.

2) la diferencia de los saldos al fin de cada mes de los activos propios radicados en el exterior y de los pasivos correspondientes a obligaciones por intermediación financiera con el sector no financiero no residente, siempre que tales activos superen a los pasivos referidos.

B) Para las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales C) y D) del artículo 3°; el 12 o/ooo (doce por diez mil) de las primas emitidas en el mes, netas de anulación.

C) Para las indicadas en los literales F), G) y H) del artículo 3°; el 4 o/ooo (cuatro por diez mil) del saldo al fin de cada mes de los activos propios radicados en el país.

D) Para el Banco Central del Uruguay, las administradoras de grupos de ahorro previo y las instituciones financieras externas: el 10% (diez por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el artículo 4°.

E) Para las indicadas en el literal I) del artículo 3°: el 20 o/ooo (veinte por diez mil) de sus ingresos mensuales, excluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

F) Para las indicadas en el literal K) del artículo 3°: el que surja de aplicar el régimen de aportación que corresponda a la institución, entidad o empresa que detente su propiedad.

G) Para la propia Caja: el 5,5% (cinco y medio por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores comprendidos en el artículo 4°.

A los efectos de la determinación de las bases imponibles establecidas en los literales A), B) y C) del inciso primero del presente artículo, se aplicarán las normas de valuación del Banco Central del Uruguay y, en ausencia de éstas, las relativas al Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).

Las alícuotas a que refiere el presente artículo constituyen tasas máximas, quedando el Poder Ejecutivo facultado a disminuirlas.

Artículo 29. (Emisión de títulos de deuda).- La Caja emitirá títulos de deuda cuyos adquirentes podrán ser, exclusivamente, las instituciones, entidades y empresas comprendidas en los literales A), B), C) y D) del artículo 3°.

Los referidos títulos serán nominativos y su titularidad no podrá transmitirse a terceros.

Su amortización se iniciará a partir del ejercicio siguiente a aquél en el que las reservas financieras de la Caja igualen el presupuesto a que refiere el inciso tercero del artículo 27, quedando en suspenso durante los ejercicios en que no se cumpla dicha condición.

La reglamentación establecerá las condiciones de emisión y amortización, dentro de los límites legales antedichos.

Artículo 30. (Abatimiento del aporte patronal básico).- Quienes adquieran los títulos referidos en el artículo anterior tendrán derecho, por tal virtud, a un abatimiento del aporte patronal básico, equivalente a la menor de las siguientes cifras:

A) el 4,5% (cuatro y medio por ciento) de las asignaciones computables de sus trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el artículo 4°;

B) el monto efectivamente invertido en los referidos títulos de deuda, en el período de devengamiento del correspondiente aporte patronal básico.

El límite establecido en el literal A) del inciso primero del presente artículo se reducirá en los mismos puntos porcentuales y oportunidades en que se reduzca el aporte patronal básico, conforme a lo previsto por los incisos tercero y final del artículo 27.

Artículo 31. (Contribución a cargo de jubilados y pensionistas).- Créase una prestación de carácter pecuniario a favor de la Caja (inciso primero del artículo 1° del Código Tributario), a cargo de los jubilados y pensionistas de la misma, que tendrá las tasas que se establecen en el artículo siguiente y gravará todas las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias que la Caja abone por los siguientes conceptos:

A) jubilaciones, tanto vigentes como futuras, acordadas conforme al régimen que se deroga por la presente, y las jubilaciones anticipadas transitorias;

B) Pensiones cuya causal se haya configurado con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

Artículo 32. (Tasas de la contribución a cargo de jubilados y pensionistas).- Las tasas de la contribución establecida en el artículo anterior serán las que correspondan al monto nominal de la cédula jubilatoria o pensionaria de cada contribuyente, medido en Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC, Ley N° 17.856, de 20 de diciembre de 2004), de acuerdo a la siguiente escala:

En los casos de pasividades cuyo monto nominal supere las 10 BPC (diez Bases de Prestaciones y Contribuciones), las respectivas tasas establecidas precedentemente se incrementarán en 2 (dos) puntos porcentuales a partir del 1° de enero de 2010.

Las tasas previstas para las pasividades indicadas en el inciso anterior, incrementadas conforme a lo dispuesto en el mismo, se reducirán a razón de 0,4 (cero con cuatro) puntos porcentuales por año, a partir del 1° de enero del año civil siguiente a aquél en que las reservas financieras de la Caja lleguen a representar el 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto a que refiere el inciso tercero del artículo 27. La referida reducción alcanzará hasta un máximo de 4 (cuatro) puntos porcentuales.

El proceso de reducción antedicho quedarán en suspenso durante los ejercicios en que las reservas financieras de la Caja se encuentren por debajo del nivel exigido en el inciso anterior.

En ningún caso el monto de las prestaciones líquidas que surja de la aplicación de las tasas previstas en este artículo, podrá ser inferior al que corresponda a la máxima prestación líquida de la escala inmediata inferior.

Artículo 33. (Reducción de contribuciones).- Facúltase al Poder Ejecutivo, previa consulta a la Caja, a acelerar el proceso de reducción de alícuotas previsto en el inciso tercero del artículo 27 y en el inciso tercero del artículo anterior, en caso de que las reservas financieras de la Caja igualen el presupuesto referido en la primera de las disposiciones nombradas.

Artículo 34. (Asistencia de cargo del Estado).- El Estado, con cargo a Rentas Generales, verterá a la Caja:

A) por el ejercicio 2009, una suma equivalente al doble de la diferencia entre lo recaudado por la contribución establecida en el artículo 32 por dicho año, y lo que se habría obtenido de haberse aplicado, a la misma base de cálculo de esa contribución, las alícuotas del impuesto creado por la Ley N° 17.841, de 15 de octubre de 2004, que se deroga por el artículo 93 de la presente;

B) a partir del 1° de enero de 2010, cada año, una suma igual a la que resulte de sumar:

1) la diferencia obtenida a través del cálculo previsto en el precedente literal A), considerando el respectivo ejercicio, y

2) la proveniente del incremento adicional de dos puntos porcentuales de las tasas establecidas en el artículo 32, previsto para que opere desde esa fecha en el citado artículo.

Para la determinación de dichas sumas, se tendrán en cuenta las variaciones resultantes de la aplicación de lo dispuesto en los incisos tercero y cuarto del artículo 32 y en el artículo 33.

Facúltase a la Caja a descontar, mes a mes, las cantidades derivadas de la aplicación del presente artículo, de las sumas que deba verter al Estado por concepto del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que retenga de las pasividades a su cargo.

TITULO V

DEL SISTEMA PREVISIONAL

CAPITULO I

DE LAS PRESTACIONES

Artículo 35. (Prestaciones).- Las prestaciones a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias son las siguientes:

A) por invalidez, vejez y sobrevivencia: las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial, las pensiones y el subsidio por expensas funerarias;

B) por desocupación forzosa: el subsidio por desempleo.

CAPITULO II

DE LAS JUBILACIONES

Artículo 36. (Causales).- Según la causal que la determine, y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 81, la jubilación únicamente puede ser:

a) común;

b) por incapacidad total;

c) por edad avanzada.

Artículo 37. (Jubilación común).- Para configurar causal de jubilación común, se requiere reunir los siguientes requisitos:

1) Un mínimo de 30 (treinta) años de servicios;

2) El cumplimiento de las siguientes edades mínimas:

A) Para el hombre, 60 (sesenta) años;

B) Para la mujer:

1) 56 (cincuenta y seis) años a partir del 1° de enero de 2010;

2) 57 (cincuenta y siete) años, a partir del 1° de enero de 2011;

3) 58 (cincuenta y ocho) años, a partir del 1° de enero de 2013.

4) 59 (cincuenta y nueve) años, a partir del 1° de enero de 2015.

A partir del 1° de enero de 2017, la edad mínima de jubilación de la mujer por esta causal, será de 60 (sesenta) años.

Artículo 38. (Jubilación por incapacidad total).- La causal de jubilación por incapacidad total se configura por la ocurrencia de cualesquiera de los siguientes presupuestos:

A) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos.

Para los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

C) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida después del cese en la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios reconocidos como mínimo y siempre que el afiliado haya mantenido residencia en el país desde la fecha de su cese y no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, modificativas y concordantes.

El Consejo Honorario establecerá el procedimiento para determinar la configuración de la incapacidad y la oportunidad de su ocurrencia. El grado de severidad de la incapacidad que dé mérito a la concesión de esta jubilación, se establecerá atendiendo a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

El afiliado deberá someterse a exámenes médicos periódicos en caso de que la Caja lo estime pertinente. La ausencia injustificada a los mismos aparejará la inmediata suspensión del servicio de la pasividad, sin perjuicio de su reanudación desde el momento en que se acredite el mantenimiento de la incapacidad que dio origen a aquélla.

La prestación dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos se constatare el cese de la incapacidad, salvo que el beneficiario contara con la edad mínima para configurar causal común.

Artículo 39. (Jubilación por edad avanzada).- La causal de jubilación por edad avanzada se configura siempre que no se cuente con causal de jubilación común, con la reunión de los siguientes requisitos:

A) un mínimo de servicios de:

1) 11(once) años, a partir del 1° de enero de 2010;

2) 12 (doce) años, a partir del 1° de enero de 2011

3) 13 (trece) años, a partir del 1° de enero de 2013.

4) 14 (catorce) años, a partir del 1° de enero de 2015.

5) 15 (quince) años, a partir del 1° de enero de 2017.

B) el cumplimiento de las siguientes edades mínimas:

1) para el hombre, setenta años;

2) para la mujer:

- 66 (sesenta y seis) años, a partir del 1° de enero de 2010;

- 67 (sesenta y siete) años, a partir del 1° de enero de 2011;

- 68 (sesenta y ocho) años, a partir del 1° de enero de 2013;

- 69 (sesenta y nueve) años, a partir del 1° de enero de 2015;

- 70 (setenta) años, a partir del 1° de enero de 2017.

Asimismo, se configura al reunir:

a) 69 (sesenta y nueve) años de edad y diecisiete años de servicios, o

b) 68 (sesenta y ocho) años de edad y diecinueve años de servicios o

c) 67 (sesenta y siete) años de edad y veintiún años de servicios o

d) 66 (sesenta y seis) años de edad y veintitrés años de servicios o

e) 65 (sesenta y cinco) años de edad y veinticinco años de servicios.

Las modalidades de configuración de la causal previstas en los precedentes literales c), d) y e) entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2010.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio definido en la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, modificativas y concordantes.

Artículo 40. (Cumplimiento de edad en inactividad).- Para configurar causal jubilatoria, en los casos en que se alude a un mínimo de edad, no se requiere que el mismo se cumpla en actividad.

CAPITULO III

DEL SUBSIDIO TRANSITORIO POR INCAPACIDAD PARCIAL

Artículo 41. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

A) No menos de dos años de servicios reconocidos.

Para los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

El Consejo Honorario establecerá el procedimiento para determinar la configuración de la incapacidad y la oportunidad de su ocurrencia. El grado de severidad de la incapacidad que dé mérito a la concesión de este subsidio, se establecerá atendiendo a los baremos aprobados para los afiliados al Banco de Previsión Social y al porcentaje de invalidez fijado por el Poder Ejecutivo para la incapacidad absoluta para todo trabajo.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o, si correspondiere, desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad. Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el literal A) del artículo 327 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Artículo 42. (Condiciones para el mantenimiento del subsidio por incapacidad parcial).- Cuando se determine la existencia de una incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, se establecerá el momento en que deberá realizarse el examen definitivo, así como si el afiliado debe someterse a exámenes médicos periódicos, practicados por servicios de la Caja o por los que ésta indique.

El beneficiario deberá necesariamente presentarse a dichos exámenes y la ausencia no justificada a los mismos aparejará la inmediata suspensión de la prestación.

Esta dejará también de servirse, si al practicarse los exámenes periódicos dispuestos, se constatare el cese de la incapacidad.

Artículo 43. (Inactividad compensada).- El lapso por el cual se sirva este beneficio constituye período de inac-tividad compensada y se computará como tiempo traba-jado.

El importe del subsidio estará sujeto al pago de las mismas contribuciones patronales y personales que graven el salario, deduciendo la Caja las correspondientes al titular, directamente de la prestación.

Artículo 44. (Incapacidad parcial y edad mínima de jubilación).- Si la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual subsistiera al cumplir el beneficiario la edad mínima requerida para la configuración de la causal común, aquélla se considerará como absoluta y permanente para todo trabajo, salvo que el beneficiario opte expresamente por reintegrarse a la actividad.

CAPITULO IV

DE LAS PENSIONES DE SOBREVIVENCIA

Artículo 45. (Causales de pensión).- Los afiliados activos, cualquiera sea el tiempo de servicios acreditados, y los jubilados, causan pensión ante el acaecimiento de los siguientes hechos:

A) la muerte o declaración judicial de ausencia, sin perjuicio de que los presuntos causahabientes puedan solicitar la liquidación provisoría de la pensión desde que esté configurada la presunción judicial de ausencia

B) la desaparición en un siniestro o hecho conocido de manera pública y notoria, que haga presumir la muerte, previa información sumaria.

La pensión caducará desde el momento en que el causante apareciere con vida o no se obtuviera la declaración de ausencia dentro de los dos años siguientes a la fecha en que ésta pudo solicitarse. En tales casos, el Consejo Honorario podrá disponer la devolución de lo pagado.

Artículo 46. (Causante desocupado).- También causará pensión el afiliado desocupado que:

A) Fallezca durante el período de amparo al régimen de prestaciones por desempleo o dentro de los doce meses inmediatos siguientes al cese de dicha prestación o al de la actividad, cuando no tuviere derecho a aquél.

B) Fallezca después del cese en la actividad y no se encuentre comprendido en las situaciones previstas en el literal anterior, siempre que compute como mínimo diez años de servicios amparados por la Caja y sus causahabientes no fueren beneficiarios de pensión generada por el mismo causante.

Artículo 47. (Beneficiarios de pensión).- Siempre que al momento de configuración de la causal no se hallaren en situación de desheredación o indignidad para suceder, tienen derecho a pensión las siguientes personas:

A) Las personas viudas.

B) Los hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo y los hijos solteros menores de veintiún años de edad excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo.

D) Las personas divorciadas.

El derecho a pensión de los hijos se configurará en el caso de que su padre o madre no tengan derecho a pensión, o cuando éstos, en el goce del beneficio, fallezcan o pierdan el derecho por cualquiera de los impedimentos establecidos legalmente.

Artículo 48. (Condiciones del derecho).- El derecho de los beneficiarios quedará sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

A) Las personas divorciadas, siempre que no fueran declaradas culpables y acrediten además que, a la fecha de configuración de la causal, eran beneficiarias de pensión alimenticia servida por el causante, decretada u homologada judicialmente.

B) Los hijos solteros mayores de veintiún años y los padres, absolutamente incapacitados para todo trabajo, siempre que acrediten, además, que carecen de medios de vida que les permitan subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

C) Los hijos adoptivos o los padres adoptantes, en todo caso, siempre que prueben, además de lo que se establece en el literal anterior, que han integrado de hecho un hogar común con el causante y convivido en su morada constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, y que esta situación fuese notoria y preexistente, por lo menos en cinco años a la fecha de configurarse la causal, aun cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente. Cuando la causal pensionaria se opere antes de que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá como mínimo que haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

Esta pensión es incompatible con la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Artículo 49. (De los períodos del servicio de pensión a las personas viudas y divorciadas).- Las pensiones a personas viudas o divorciadas, que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de configuración de la causal, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, se servirán durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de las mismas las causales de pérdida de la prestación que se establecen en el artículo siguiente.

En caso de que las personas viudas o divorciadas tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha de la configuración de la causal, la pensión se servirá por el término de cinco años, y por el término de dos años cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha.

Los límites de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no regirán en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que éstos alcancen dicha edad una vez cumplidos los términos del inciso segundo, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 50. (Pérdida del derecho).- El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio las personas divorciadas.

B) Por disponer los hijos solteros mayores de dieciocho años de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Por alcanzar los hijos solteros no comprendidos en el literal anterior, los veintiún años de edad, salvo que acrediten hallarse absolutamente incapacitados para todo trabajo y carecer de medios para subvenir a su sustento, el que debió estar a cargo del causante en forma total o principal.

D) Por recuperar la capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad, cuando la incapacidad fuere requisito del beneficio pensionario.

E) Por mejorar la fortuna de los beneficiarios incluidos en los literales B) y C) del artículo 48.

CAPITULO V

DETERMINACION DEL MONTO Y DEMAS CONDICIONES DE LAS PRESTACIONES

Artículo 51. (Sueldo básico de jubilación).- El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los últimos diez años de servicios registrados en la historia laboral.

Si fuere más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

Tratándose de jubilación por incapacidad total o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados.

La actualización se hará hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la pasividad, de acuerdo al Indice Medio de Salarios, elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

Artículo 52. (Asignación de jubilación).- La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se computen como mínimo treinta años de servicios reconocidos.

2) Se adicionará:

a) un 0,5% (medio por ciento) del referido sueldo básico, por cada año de servicios que exceda de 35 (treinta y cinco) al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

b) a partir de los 60 (sesenta) años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse completado treinta y cinco años de servicios, un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento); de no contarse a dicha edad con treinta y cinco años de servicios, se adicionará un 2% (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de edad que la supere, hasta llegar a los setenta años de edad o hasta completar treinta y cinco años de servicios, si esto ocurriere antes.

B) Para la jubilación por incapacidad, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda de los quince años de servicios o de los respectivos mínimos de servicios que exigen los literales A) a E) del inciso segundo del artículo 39, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 53. (Monto del subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El monto mensual del subsidio transitorio por incapacidad parcial será equivalente al 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio calculado de acuerdo al artículo 51 de la presente ley.

Artículo 54. (Sueldo básico de pensión).- El sueldo básico de pensión será equivalente a la jubilación que le hubiere correspondido al causante a la fecha de configuración de la causal pensionaría, con un mínimo equivalente a la asignación de la jubilación por incapacidad total.

Si el causante estuviere ya jubilado o percibiendo el subsidio transitorio por incapacidad parcial, el sueldo básico de pensión será la última asignación de pasividad o de subsidio.

Artículo 55. (Asignación de pensión).- La asignación de pensión será:

A) Si se trata de personas viudas o divorciadas, el 75% (setenta y cinco por ciento) del sueldo básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o viudo, o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

C) Si se trata de hijos en concurrencia con los padres del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión.

D) Si se trata exclusivamente de las divorciadas o divorciados, o padres del causante, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico de pensión.

E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si sólo una de las categorías tuviere núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará a esa parte.

En todos los casos de personas divorciadas, el monto de la pensión, o de la cuota parte si concurrieren con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia servida por el causante.

Artículo 56. (Distribución de pensión).- En caso de concurrencia de beneficiarios, la distribución de la asignación de pensión se efectuará conforme a las siguientes normas:

A) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 70% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que una sola de las categorías integre núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, les corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran la viuda o viudo y divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

C) En los demás casos, la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales.

En el caso de las divorciadas o divorciados en concurrencia con otros beneficiarios, el remanente que pudiera surgir de la aplicación del inciso final del artículo anterior, se distribuirá en la proporción que corresponda entre los restantes beneficiarios.

Artículo 57. (Reliquidación).- Cuando un beneficiario falleciere o perdiere su derecho a percibir la pensión, se procederá a reliquidar la asignación de pensión si correspondiera, así como a su distribución, de acuerdo con lo establecido en los artículos anteriores.

Artículo 58. (Concepto de núcleo familiar).- A los efectos de lo dispuesto en los artículos anteriores, se considera núcleo familiar la sola existencia de hijos solteros del causante, menores de veintiún años de edad o mayores de veintiún años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

Artículo 59. (Alcance de las referencias a padres e hijos).- A los efectos de esta ley las referencias a padres e hijos comprenden a ambos sexos y a las calida-

des legales de legítimos, naturales, adoptantes y adopti-vos.

Artículo 60. (Liquidación separada).- En cualquier caso de concurrencia de beneficiarios de pensión se liquidará por separado la parte proporcional que corresponda a cada uno de ellos.

Artículo 61. (Inicio del servicio de pasividad).- Los haberes de jubilación se devengarán a partir del cese de actividad o configuración de la causal si fuere posterior a aquél, y los de pensión desde la configuración de la causal.

No obstante, si la solicitud no se hubiere formulado dentro de los ciento ochenta días de producido el hecho determinante, los haberes se devengarán a partir de la fecha de presentación de aquélla.

Artículo 62. (Incompatibilidad).- Es incompatible el goce de jubilación otorgada por la Caja con el desempeño de actividades amparadas por la misma, salvo el caso previsto en el literal C) del inciso primero del artículo 82 de la presente ley y sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 17.819, de 6 de setiembre de 2004.

Artículo 63. (Ausentismo).- La residencia en el extranjero no constituirá causal de suspensión de la percepción de jubilaciones y pensiones otorgadas por la Caja.

CAPITULO VI

DISPOSICION ESPECIAL EN MATERIA DE PENSIONES

Artículo 64. (Derechos pensionarios de los concubinos).- Declárase que, cumplido un año a partir de

la entrada en vigencia de la Ley N° 18.246, de 27 de diciem-bre de 2007, quedarán extendidos a los concubinos y concubinas a que refieren los artículos 1° y 2° de dicha ley, los derechos de seguridad social previstos respectivamente para los viudos y las viudas en los Capítulos IV y V del Título V de la presente ley, conforme a lo dispues-to por el artículo 19 de la ley indicada en primer término.

CAPITULO VII

DEL SUBSIDIO PARA EXPENSAS FUNERARIAS

Artículo 65. (Subsidio para expensas funerarias).- Quien acredite haberse hecho cargo de los gastos del sepelio de un afiliado, tendrá derecho a un subsidio por el importe de los gastos efectivamente realizados, hasta un máximo de $ 7.100 (siete mil cien pesos uruguayos). La Caja podrá sustituir dicho subsidio por la prestación directa o por contrato de los servicios funerarios.

Este beneficio es incompatible con la percepción de cualquier otro subsidio para expensas funerarias de otro organismo de seguridad social y deberá ser solicitado dentro de los ciento ochenta días contados a partir de la fecha de fallecimiento de quien lo causa, vencido el cual caducará.

CAPITULO VIII

REGULACION DE LAS PRESTACIONES

Artículo 66. (Máximos de pasividad y de subsidio transitorio para incapacidad parcial).- Los importes máximos iniciales de las asignaciones de jubilaciones y del subsidio transitorio por incapacidad parcial, que se otorguen con arreglo a la presente ley, serán establecidos con carácter general por el Consejo Honorario por cinco votos conformes en ocasión de proceder a los ajustes de pasividades dispuesto por el artículo 67 de la Constitución de la República.

Dichos máximos no podrán ser superiores a $ 41.920 (cuarenta y un mil novecientos veinte pesos uruguayos) y serán de este monto en caso de no lograrse la mayoría especial requerida en el inciso anterior.

Los importes máximos iniciales de las asignaciones de pensión serán los que resulten de aplicar, a la cifra indicada en el inciso anterior, los correspondientes porcentajes previstos en el artículo 55.

CAPITULO IX

DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO

Artículo 67. (Régimen).- El régimen de subsidio por desempleo previsto por la Sección III de la Ley N 17.613, de 27 de diciembre de 2002, y la Ley N° 17.939, de 2 de enero de 2006, alcanzará únicamente a los afiliados correspondientes a las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales A), B), C), D), E) y J) del artículo 3° de la presente ley, así como a los de las indicadas en el literal K) de dicho artículo que sean propiedad de aquéllas.

A los restantes afiliados a la Caja les corresponderán los derechos y obligaciones previstos en el régimen general estatuido por el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, y modificativas, en las condiciones allí establecidas. La Caja administrará el seguro en lo concerniente a estos afiliados y percibirá, de Rentas Generales, los fondos para el pago de las prestaciones a los trabajadores referidos en este inciso, pudiendo realizar las imputaciones necesarias de las sumas que deba verter al Estado por concepto del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que retenga.

TITULO VI

DE LOS SERVICIOS

CAPITULO UNICO

Artículo 68. (Cómputo de servicios).- Sin perjuicio de las bonificaciones que correspondieren, los servicios amparados por esta ley se computan por el tiempo calendario que medie entre la iniciación y la desvinculación o cese, incluyéndose los lapsos de goce de subsidio, así como los de inactividad en los que no pueda determinarse la configuración de cese y posterior reingreso.

Los períodos de licencia sin goce de sueldo no constituyen actividad computable, por lo cual no se considerarán como tiempo trabajado, ni deberán efectuarse contribuciones patronales y personales por ellos. Los lapsos de suspensión sin goce de sueldo o con retención del mismo y los períodos en que se efectúe retención o deducción por aplicación de sanciones o por cualquier otro concepto, serán computados por su totalidad y corresponderá el pago de las contribuciones por los importes nominales que hubiera debido percibir el afiliado.

Artículo 69. (Servicios temporarios o por temporada, zafrales o a la orden).- Los trabajadores temporarios o por temporada, zafrales o a la orden, computarán íntegramente el año en que tengan actividad cuando se cumplan en forma conjunta las siguientes condiciones:

a) que se trate de una única actividad computable en el período.

b) que no medie un período de inactividad mayor de 6 (seis) meses, entre la finalización de una tarea y el comienzo de otra en los casos de trabajadores zafrales o temporarios o por temporada, o de 2 (dos) meses tratándose de trabajadores a la orden.

c) que se acredite haber trabajado efectivamente no menos de 150 (ciento cincuenta) días o 1.200 (mil doscientos) horas en el año de actividad en cuestión.

Artículo 70. (Servicios en minoridad).- Son computables los servicios prestados por los afiliados a partir de los dieciocho años de edad. Los prestados antes de los dieciocho y desde los quince años de edad sólo serán computados cuando la actividad esté habilitada legalmente para ejercerse a tal edad y exista registro y aportación contemporánea.

En el caso de los dependientes, el amparo no será afectado por eventuales infracciones del empleador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 73 de la presente ley.

Artículo 71. (Servicios simultáneos amparados por la Caja).- En el caso de que un afiliado ejerza simultáneamente dos o más actividades amparadas por la Caja, se acumularán sus retribuciones a los efectos del cálculo del sueldo básico jubilatorio.

Artículo 72. (Prueba de los servicios).- La prueba de los servicios se efectuará mediante documentos, y a falta de éstos, por otros medios probatorios admitidos por el ordenamiento jurídico, a juicio del Consejo Honorario.

El Consejo Honorario reglamentará el procedimiento probatorio, pudiendo la Caja recabar de oficio las probanzas que estime pertinentes.

En caso de proceder la declaración de testigos fuera del departamento de Montevideo, la Caja podrá solicitar por exhorto a los Juzgados competentes que practiquen su diligenciamiento.

Artículo 73. (Plazo para la denuncia de los servicios).- Los servicios amparados por la Caja prestados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, podrán denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir de su entrada en vigor.

No obstante, en el caso de servicios de dependientes, éstos podrán además denunciarse dentro del plazo de dos años contados a partir del cese de la relación laboral de que se trate.

Vencidos tales plazos, no se admitirá denuncia alguna.

Artículo 74. (Afiliación voluntaria).- Los afiliados a la Caja que cesen o hayan cesado en la actividad sin causal jubilatoria, podrán optar por mantener afiliación voluntaria a la misma, abonando el monto de los aportes patronales y personales sobre la base de un ingreso ficto fijado por la Caja, cuyo monto se ajustará periódicamente y se considerará asignación computable.

Esta opción deberá formularse por única vez dentro de los noventa días del cese, y sólo tendrán derecho a efectuarla quienes cuenten con no menos de treinta años -o de veinticinco años, en los casos previstos en el inciso segundo del artículo 30 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007-, de servicios acumulables, de los cuales un mínimo de quince deberán corresponder a afiliación efectiva y contemporánea a la Caja.

TITULO VII

DE LA MATERIA GRAVADA Y DE LAS ASIGNACIONES COMPUTABLES

CAPITULO UNICO

Artículo 75. (Principio de congruencia).- Todas las asignaciones computables a los efectos de las prestaciones, constituyen materia gravada por las contribuciones establecidas a favor de la Caja.

En caso de que una determinada asignación o partida resulte, según el período, gravada o no y modifique tal naturaleza, la misma será computable sólo por los períodos y montos en los que haya constituido materia gravada.

Artículo76. (Principio de primacía de la remuneración real).- Las contribuciones establecidas a favor de la Caja se aplicarán sobre las remuneraciones realmente percibidas, con la sola excepción de aquellos casos en los que la materia gravada y las asignaciones computables se rijan por remuneraciones fictas.

Artículo 77. (Afiliados activos. Hecho generador).- Las contribuciones establecidas en favor de la Caja, correspondientes a los afiliados en actividad, se generarán por el desarrollo de actividad personal remunerada de cualquier naturaleza, comprendida dentro de su ámbito de afiliación, sin perjuicio de las excepciones referidas en el Título VI.

Artículo 78. (Asignaciones computables y materia gravada).- En los casos de afiliados activos, constituyen asignaciones computables y materia gravada todos los ingresos que, en forma regular y permanente, sean en dinero o en especie susceptible de apreciación pecuniaria, perciban los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos, comprendidos en el artículo 4°, en concepto de retribución y con motivo de su actividad personal amparada por la Caja.

Se presume que un ingreso es regular y permanente cuando es percibido en no menos de tres oportunidades a intervalos de similar duración, cualquiera sea la causa de la prestación.

Cuando algún ingreso de los indicados en este artículo sea percibido mediante asignaciones en especie o cuya cuantía real sea incierta, el monto a gravar será establecido fictamente por el Poder Ejecutivo.

Artículo 79. (Situación de los directores y administradores de sociedades anónimas).- Las remuneraciones de los directores y administradores de sociedades anónimas cuyos servicios son amparados por la Caja, constituyen asignaciones computables y materias gravadas por los montos efectivamente percibidos como consecuencia del ejercicio de dichos cargos, cualquiera sea la denominación conferida a la partida abonada.

No obstante, cuando las remuneraciones del ejercicio, por todo concepto, sean inferiores al equivalente a 30 (treinta) veces el valor de la Base Ficta de Contribución creada por el artículo 155 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por cada mes del ejercicio anual o de los meses en los cuales ejerció el cargo, se estará a esta última cifra, que constituirá la materia gravada y asignación computable.

TITULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 80. (Mantenimiento de derechos adquiridos).- Los afiliados que, sin ser jubilados, hayan configurado o configuren causal jubilatoria por el régimen previsional que se deroga, antes del 31 de diciembre de 2009, se regirán por el mismo, salvo que opten por quedar comprendidos en el estatuido por la presente ley.

También será de aplicación el régimen que se sustituye, sin perjuicio de la opción antedicha, a quienes hayan ingresado en el sistema de afiliación voluntaria al amparo de lo previsto por el artículo 8° de la Ley N° 16.565, de 21 de agosto de 1994, y artículo 30 de la Ley N° 18.125, de 27 de abril de 2007, antes de la fecha de promulgación de la presente ley.

Artículo 81. (Jubilación anticipada transitoria).- Será de aplicación a los beneficiarios actuales y futuros del subsidio transitorio por desempleo bancario a que refiere el literal b) del inciso primero del artículo 53 de la Ley N° 17.613, de 27 de diciembre de 2002, lo dispuesto por los artículos 3° a 5° de la Ley N° 17.939, de 2 de enero de 2006.

Las asignaciones de jubilación anticipada transitoria serán servidas con cargo al Fondo de Subsidio por Desempleo de la Caja, conforme lo prevé el artículo 6° de la ley mencionada en último término.

Artículo 82. (Afiliados incorporados por esta ley).- Los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se desempeñaren en cualquiera de las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales F), G), H) e I) del artículo 3° o en las indicadas en el literal K) de dicho artículo que sean propiedad de aquéllas:

A) conservarán la protección que tenían a esa fecha en materia de asistencia materno-infantil y asignaciones familiares.

B) podrán optar, dentro de los 90 (noventa) días de dicha entrada en vigencia, para permanecer amparados por el Banco de Previsión Social en el régimen de seguridad social que hasta entonces les era aplicable, siempre que, de acuerdo a las disposiciones de ese régimen, les restaren menos de 5 (cinco) años para configurar causal de jubilación común, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.

C) de no formular dicha opción podrán igualmente optar, dentro del mismo plazo, por continuar percibiendo la jubilación que les hubiese otorgado la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en cuyo caso no podrán acumular los nuevos servicios a aquellos que generaron esa pasividad; si escogieren la suspensión de dicha jubilación, podrán luego acumular los nuevos servicios referidos y la consecuente pasividad se determinará conforme a las disposiciones aplicadas por el cálculo de la jubilación original.

Los afiliados indicados en el inciso segundo del artículo 67 de la presente ley, tendrán derecho a las prestaciones económicas por enfermedades previstas para los afiliados al Banco de Previsión Social, las que serán servidas por la Caja con los fondos que, a tal efecto, recibirá de Rentas Generales, pudiendo la misma realizar las imputaciones necesarias de las sumas que deba verter al Estado por concepto del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) que retenga.

Artículo 83. (Prima por edad).- La Caja continuará sirviendo únicamente las primas por edad que, estando en curso de pago a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, correspondan a pasivos cuyas prestaciones a cargo de la institución no superen, en conjunto, el equivalente a 12 BPC (doce Bases de Prestaciones y Contribuciones).

A los efectos de ese cálculo, no se tomará en cuenta la referida prima.

Las primas por edad a que refiere el presente artículo se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades previstas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

Artículo 84. (Condiciones para recibir prestaciones).- Para recibir cualquier prestación de parte de la Caja, se requiere que haya existido cotización efectiva o ponerse al día únicamente a través de los medios previstos por los artículos 29 a 37 del Código Tributario o por el mecanismo aludido en el literal L) del inciso primero del artículo 11 de la presente ley, con las contribuciones establecidas a favor de la Caja, por los servicios que generaron la correspondiente prestación, así como el cumplimiento regular de las obligaciones para con el Instituto.

Artículo 85. (Inembargabilidad e incedibilidad de prestaciones).- Las jubilaciones, pensiones y subsidios servidos por la Caja son inalienables e inembargables y toda venta o cesión que se hiciere de ellos, cualquiera fuere su causa, será nula, salvo los casos de excepción establecidos legalmente.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo anterior, podrán destinarse asignaciones jubilatorias, pensionarias o subsidios, devengados o futuros, a la cancelación de las contribuciones establecidas a favor de la Caja.

Asimismo, la Caja podrá ordenar la retención de hasta el 35% (treinta y cinco por ciento) de las retribuciones que perciban los afiliados, así como retener igual monto nominal de los sueldos, jubilaciones, subsidios y pensiones que abone, a los efectos de hacer efectivos los créditos que tuviere contra afiliados y pensionistas, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 3° de la Ley N° 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

Artículo 86. (Títulos ejecutivos).- Los testimonios de las resoluciones firmes del Consejo Honorario de la Caja, asentadas en actas y relativas a deudas por contribuciones de seguridad social de sus afiliados o de las instituciones, entidades o empresas comprendidas en su régimen, constituyen títulos ejecutivos siempre que cumplan con los requisitos previstos por el artículo 92 del Código Tributario.

Tales créditos de la Caja quedan incluidos en el numeral 4° del artículo 2369 y en el artículo 2376 del Código Civil, cualquiera fuere el tiempo en que se hayan devengado.

Artículo 87. (Juicios ejecutivos).- En los juicios ejecutivos por cobro de las deudas a que refiere el artículo anterior, no se requerirá previamente intimación de pago ni citación a conciliación y sólo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad de la resolución declarada conforme a lo previsto por esta ley, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso.

Artículo 88. (Aplicación del Código Tributario).- La Caja tendrá, en su condición de sujeto activo de las prestaciones pecuniarias establecidas en su favor, las mismas facultades y obligaciones que el Código Tributario establece para los organismos estatales que administran los tributos regidos por dicho Código, conforme a lo previsto por el artículo 1° del referido cuerpo normativo.

Artículo 89. (Caducidad de créditos contra la Caja).- Los créditos que los afiliados o las instituciones, entidades o empresas comprendidas en su régimen, puedan tener contra la Caja, cualquiera fuera su naturaleza, provenientes de la aplicación de esta ley, caducarán de pleno derecho a los cuatro años contados de la fecha en que pudieron ser exigibles.

Esta caducidad operará en períodos mensuales y su curso se suspenderá hasta la resolución definitiva, por toda gestión fundada del interesado en vía administrativa o jurisdiccional.

Artículo 90. (Regímenes complementarios de seguridad social).- La Caja podrá organizar, establecer y administrar con independencia patrimonial, regímenes complementarios del sistema general, así como prestar servicios vinculados con su actividad.

El Consejo Honorario dictará la correspondiente reglamentación y fijará los montos a percibir por concepto de comisiones y de administración.

Artículo 91. (Aplicación del régimen pensionario).- El sistema pensionario previsto por la presente ley regirá para las pensiones cuya causal se configure con posterioridad a su entrada en vigencia.

Artículo 92. (Referencia a valores constantes).- Las referencias monetarias mencionadas en la presente ley están expresadas en valores correspondientes al mes de octubre de 2008 y se ajustarán por el procedimiento y en las oportunidades previstas en el artículo 67 de la Constitución de la República.

A los efectos del primer ajuste posterior a la promulgación de la presente ley, se tendrá en cuenta la variación que haya experimentado el Indice Medio de Salarios desde la anterior revaluación de pasividades operada conforme a dicho procedimiento.

Artículo 93. (Derogaciones).- Derógase el Impuesto creado por la Ley N° 17.841, de 15 de octubre de 2004, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo 94. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia el 1° de enero de 2009.

Montevideo, 29 de setiembre de 2008.

Eduardo Bonomi, Alvaro García."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- En primer lugar, quiero agradecer al Senado por la autorización que me han dado para participar.

Señor Presidente: el proyecto de ley que el Senado tiene a estudio contiene una reforma integral del régimen de seguridad social que rige para los trabajadores y las empresas que se desempeñan en el marco de la actividad financiera en el país.

El instituto que abarca estos servicios de seguridad social -es decir, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias- fue fundado en 1925, en razón de que este colectivo de trabajadores y empresarios no tenía ninguna cobertura de seguridad social, habiendo servido estas prestaciones y servicios desde entonces hasta el día de hoy. Se trata de un instituto de naturaleza pública no estatal que se financia con los aportes de los trabajadores activos, de una parte de la actividad de intermediación financiera, de los pasivos, de las empresas y de lo producido por sus inversiones.

En setiembre de 1995 se sancionó la Ley Nº 16.713, que modificó en forma integral el régimen general de seguridad social para todos los trabajadores y empresas abarcados por la cobertura del Banco de Previsión Social. Tal como estipula el artículo 1º de esa ley, ese mismo año se presentaron al Poder Legislativo sendos proyectos de reforma de los demás institutos de previsión social que no estaban abarcados por ella, es decir, la Caja Policial, la Caja Militar, la Caja Profesional, la Caja Notarial y la Caja Bancaria. Dichos proyectos no fueron aprobados en aquella Legislatura y luego siguieron distintos caminos parlamentarios.

Desde 1987, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias impulsó varias iniciativas para reformar su marco legal, las que fueron consideradas solo parcialmente por la Ley Nº 16.565, de 1994, para el aumento de su campo afiliatorio. Como todos sabemos, esta no fue una solución para la viabilidad y, sobre todo, para la sustentabilidad del instituto, por lo cual en 2001 la Caja remitió un nuevo proyecto de ley al Poder Ejecutivo que no fue tratado y, menos aún, aprobado.

En 2002, con motivo de la más profunda crisis financiera ocurrida en el país, se sancionó la Ley Nº 17.613, que creó un seguro de desempleo. Luego, en 2004, con el progresivo deterioro de la situación financiera de la Caja, se aprobaron la Ley Nº 17.841, de aumento de aportes, y la Ley Nº 17.819, que contenía nuevas disposiciones de acumulación de servicios. Finalmente, en 2006, con la aprobación de la Ley Nº 18.079, se estableció una prórroga de esos aportes.

En suma, señor Presidente, todas ellas fueron soluciones parciales y transitorias.

Esta relación de hechos de la historia reciente que estamos realizando demuestra que, más allá de las adecuaciones específicas, a pesar de que todos los sectores involucrados -incluida la propia Caja- presentaron un proyecto integral para su reforma, a pesar de las consecuencias sufridas por el país con el cimbronazo económico financiero de 2002 y a pesar de la verdad aceptada por todos -incluso a nivel mundial- en el sentido de que los regímenes de seguridad social deben ser periódicamente evaluados, revisados y ajustados en razón de la situación económica, financiera y demográfica de los países, desde 1995 hasta ahora esto no se ha hecho por parte de los distintos gobiernos. Por ello, llegamos al momento actual con la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que pasamos a describir.

Existe un escenario real que amenaza las bases que sustentan el sistema, que indica que el fondo jubilatorio arrojó en 2007 un déficit de $ 1.047:000.000, por lo que, de acuerdo con un estudio técnico y con las proyecciones actuariales, sus reservas se agotarían en los primeros meses del año 2009. En consecuencia, se vería imposibilitada de cumplir sus funciones y -lo que es realmente crucial- no podría continuar brindando sus prestaciones de seguridad social.

El déficit al que nos referimos anteriormente se debe a múltiples causas, principalmente a la siguientes: a la reestructura de todo el sistema financiero; a la incorporación de nuevas tecnologías -en ambos casos con una disminución importante del número de trabajadores cotizantes-; a la prohibición del ingreso de nuevos funcionarios bancarios públicos -hasta su derogación en el año 2005-; a los procesos de ter-cerización de las actividades financieras por parte de las empresas; a los cambios demográficos y en el mercado de trabajo, que han afectado a todo el régimen general de la seguridad social; y, por último -pero no menos importante- a la gran crisis del año 2002, que en su momento significó la pérdida de 3.000 puestos de trabajo en el sector financiero.

Esta situación de déficit, a pesar de la excelente y transparente gestión de este instituto y de la recuperación parcial de los puestos de trabajo, se ha venido cubriendo, por un lado, con sus reservas y, por otro, con el aporte extraordinario de los jubilados y pensionistas que se estableció en la Ley Nº 17.841, de octubre de 2004, así como con el aporte patronal adicional del 4,5% vertido por las empresas a partir de la Ley Nº 17.613, de diciembre de 2002.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Presidencia interrumpe un instante a la señora Senadora Dalmás para rogar a las señoras Senadoras y señores Senadores que mantengan el mínimo silencio imprescindible para que la Miembro Informante pueda continuar exponiendo sus ideas.

SEÑORA DALMAS.- Gracias, señor Presidente.

De esta manera, a nuestro juicio, no queda la menor sombra de duda sobre la imperiosa necesidad de reformar este subsistema de seguridad social, lo que da lugar a la presentación del presente proyecto de ley, cuya elaboración contó con la clara voluntad política del Gobierno a partir de su inicio, en marzo del año 2005. Además, ha sido producto de muy trabajosas negociaciones y acuerdos entre el Poder Ejecutivo, los Legisladores de las Bancadas oficialistas y los intereses legítimos de todos los sectores involucrados. Todos fueron tomados en cuenta y formaron parte de las negociaciones, pero la decisión final, como ocurre siempre en estos casos, tuvo que dejar por el camino una parte de las aspiraciones de cada uno de los sectores, incluyendo al propio Gobierno. Esta solución, al tiempo que está inspirada en la necesidad de salvar un subsistema y una institución que han sido eficientes durante tantos años en la cobertura de contingencias de vida de los trabajadores, también está evitando a la sociedad uruguaya un enorme costo, que ha sido estimado en US$ 120:000.000 anuales, que el Estado tendría que asumir por mucho tiempo si todo fuera trasladado al Banco de Previsión Social.

A continuación, señor Presidente, vamos a esbozar los principales aspectos de la reforma a estudio. La reforma se basa en el reconocimiento de los verdaderos orígenes de la crisis de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Por ello, contiene los elementos para corregir esta situación y evitar que se repita en el futuro, adecuando las normas a la realidad actual y avanzando en el acercamiento al régimen general de seguridad social vigente en el país, al que aspiraba la Ley de 1995 para el régimen general.

Esta reforma tiene las características que detallaremos a continuación. Por un lado, se adecua al régimen establecido en la Ley Nº 16.713 en la forma de financiamiento, atendiendo a las especificidades de la actividad que cubre, avanzando en la inclusión del campo afiliatorio real, incorporando a todos aquellos trabajadores y empresas cuya actividad habitual y profesional sea la de intervenir en actividades financieras. Además, realiza un cambio en las bases de contribución, procurando no apoyarse exclusivamente en la masa salarial de los afiliados y, a su vez, ir adecuando paulatinamente las tasas de aportes patronales y personales a aquellas del régimen general. También acerca al régimen general las condiciones de acceso a la jubilación y pensión, así como la forma de cálculo y la edad de retiro; es decir, se extiende el período para calcular el sueldo básico jubilatorio, se establecen tasas de reemplazo menores a las actuales y se igualan las edades de retiro de hombres y mujeres. Las pensiones también son similares a las del régimen general y se basan, adicionalmente, en el esfuerzo equilibrado -esto es muy importante- que deberán realizar los afiliados activos y pasivos, las empresas y el Estado, para superar la grave crisis en esta coyuntura.

Las contribuciones adicionales y transitorias a realizar por parte de los afiliados pasivos y por el Estado, estarán pautadas por la recuperación de un razonable nivel de reservas del instituto Caja Bancaria. Todas las medidas que incluye esta reforma forman parte de un conjunto integral en un escenario de viabilidad, de acuerdo a las proyecciones realizadas para los próximos cuarenta años.

Me voy a referir ahora, señor Presidente, al contenido del proyecto de ley.

En cuanto al campo afiliatorio incluido en el proyecto, quisiera transmitirlo en forma detallada, porque se repetirá en todas las instancias de la ley. Específicamente, el artículo 3º establece: "Quedan obligatoriamente comprendidos en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias: A) los bancos públicos y privados; B) todas las demás empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo (decreto - ley Nº 15.322 de 17 de setiembre de 1982, sus modificativas y concordantes); C) el Banco de Seguros del Estado; D) las compañías de seguros; E) la Bolsa de Comercio; F) las empresas administradoras de crédito que, en forma habitual y profesional, intervengan en el financiamiento de la venta de bienes y servicios realizada por terceros otorgando crédito mediante el uso de tarjetas, órdenes de compra u otras modalidades similares, con recursos propios o en cuyo financiamiento no participe el ahorro público; G) las empresas que, en forma habitual y profesional, otorguen préstamos en dinero a sujetos residentes en el País, cualquiera sea la modalidad utilizada a tal fin; no quedan incluidos en lo dispuesto por este literal, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional y los institutos de seguridad social; H) las cooperativas de ahorro y crédito no comprendidas en los literales anteriores; I) las empresas que presten servicios de transporte de valores; J) las entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad de intermedia-ción financiera con personalidad jurídica; K) las empresas que sean propiedad de las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales anteriores, que desarrollen actividades que integren la unidad técnico - económica de las mismas; se incluyen en lo previsto por este literal, los fondos de inversión y los fideicomisos".

Como veremos, con este campo afiliatorio se incorporarán 4.600 nuevos afiliados, lo cual redundará en una relación activo-pasivo más razonable que la actual, pasando del 0,78 de este momento, a más de 1 en el período proyectado.

En el artículo 4º se establece a quiénes alcanza el régimen legal de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Por un lado, incluye a "todos los trabajadores de las instituciones, entidades y empresas comprendidas en su régimen, incluidos los indicados en los artículos 27 y 28 de la Ley Nº 18.125, de 27 de abril de 2007, así como los de la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que sean remunerados por su actividad personal en régimen de subordinación, quedando excluidos aquellos que la Caja ocupe en la explotación de sus inversiones, cuya afiliación se regirá por las leyes que amparen sus actividades respectivas". El régimen legal alcanza también a los directores, administradores, socios y síndicos, con carácter rentado, de las instituciones, entidades y empresas comprendidas en el régimen de la Caja, excepto aquellos que, al amparo de lo previsto por el literal B del artículo 2º de la Ley Nº 16.565, hubieren optado por una afiliación diferente, en los plazos y condiciones establecidos en dicha disposición. Finalmente, se incluye a los jubilados de la propia Caja.

En el Título III -el proyecto contiene 8 Títulos, 16 Capítulos y 95 artículos-, que abarca los artículos 5º al 17, se regula la organización, notificaciones, peticiones y medios impugnativos que regirán al instituto.

Por su parte, el Título IV, que contiene los artículos 18 al 34, trata sobre el patrimonio e inversiones. En este caso queremos destacar -porque no podemos referirnos a todas las disposiciones- el artículo 22, que determina cómo y en qué puede invertir la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Concretamente, este artículo dice lo siguiente: "La Caja, luego de realizar sus servicios y las reservas que la prudencia aconseje, podrá realizar las siguientes inversiones:

1) Los saldos disponibles a la entrada en vigencia de la presente ley, así como el producido de las inversiones preexistentes a ella, podrá colocarlos en:

A) Adquisición de títulos o valores de cualquier índole emitidos por el Estado o cualesquiera de los organismos que lo integran", etcétera.

Luego, el literal B) dice: "Adquisición de inmuebles y construcción de edificios o mejoras en los mismos, pudiendo arrendarlos, enajenarlos o celebrar contratos de leasing a su respecto".

Posteriormente, el literal C) agrega: "Préstamos a afiliados, para vivienda o con otra finalidad social, siempre que en el primer destino se constituya garantía hipotecaria", etcétera.

Finalmente, el literal D) señala: "Realización de otras inversiones, ya sea en forma autónoma o mediante todo tipo de figuras asociativas, siempre y cuando ofrezcan convenientes niveles de rentabilidad y seguridad y no superen en cada caso" -esto es importante- "el 5% (cinco por ciento) del total de las inversiones".

El numeral 2) de este artículo 22 establece lo siguiente: "Con los saldos de fondos del sistema de invalidez, vejez y sobrevivencia, generados a partir de la vigencia de la presente ley, sólo podrá realizar las siguientes inversiones:

A) Las previstas en el artículo 123 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, y sus modificativas, con los mismos criterios, calificaciones, límites y condiciones establecidos por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las mismas. Idéntico régimen se dará al producido de estas inversiones. No serán de aplicación los períodos de reducción e incremento del porcentaje de inversiones previstos en los incisos penúltimo y antepenúltimo del referido artículo", etcétera.

Por su parte, el literal B) expresa: "Las referidas en el literal C) del numeral 1) del inciso primero del presente artículo" -es decir, los préstamos a afiliados para vivienda o con otra finalidad social-, "hasta el 20% (veinte por ciento) de las inversiones indicadas en el numeral 2) del mismo".

Luego, el artículo 22 agrega, por supuesto, que el Poder Ejecutivo controlará el cumplimiento de estas normas referidas a inversiones.

Señor Presidente: me parece importante destacar también que este proyecto contiene un nuevo modelo de financiamiento. Concretamente, una parte de la aportación patronal va a estar vinculada a la nómina de los trabajadores y otra parte va a estar relacionada con el nivel de actividad financiera.

Es así que las empresas comprendidas en el nuevo régimen contribuirán con un aporte patronal básico y una prestación complementaria. El aporte patronal básico, que está determinado por los artículos 26 y 27, será del 25,25%, aplicado sobre las asignaciones computables de los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos de las empresas financieras y de seguros que hoy contribuyen a la Caja, y será de un 7,50% para las que se incorporan en este proyecto de ley, es decir, la Bolsa de Comercio, las entidades gremiales y la propia Caja. Este aporte podrá ser abatido mediante la adquisición de títulos de deuda emitidos por la Caja Bancaria, tal como se establece en el artículo 30 del proyecto. Se prevé para las primeras una reducción de la alícuota del aporte básico a razón de 0,45 puntos por año a partir del 1º de enero del año civil siguiente a aquel en que las reservas financieras de la Caja alcancen el 50% del presupuesto estimativo de las prestaciones y gastos de funcionamiento, con un máximo de 4,5%. Esta reducción quedará en suspenso durante los ejercicios en que las reservas financieras de la Caja se encuentren por debajo del nivel exigido. Asimismo, como ya señalamos, en el artículo 30 se ofrece la posibilidad de abatimiento de este aporte para quienes adquieran los títulos de deuda emitidos por la institución.

Hay también una prestación complementaria, que se determinará en función de la naturaleza y magnitud de la actividad desarrollada por la institución, entidad o empresa contribuyente, de la forma establecida en el artículo 28 de este proyecto. Esta se devengará y liquidará mensualmente con diversas alícuotas, según las entidades, instituciones o empresas de que se trate, con bases imponibles de acuerdo a las normas de valuación del Banco Central o, en ausencia de estas, a las relativas al IRAE. Estas alícuotas también son tasas máximas que el Poder Ejecutivo estará facultado para disminuir. Además, el aporte personal de los trabajadores activos establecido por los artículos 23 y 24, será sobre todas las asignaciones computables; por un lado, para los bancos públicos y privados, empresas de intermediación financiera autorizadas por el Poder Ejecutivo, Banco de Seguros del Estado, compañías de seguros, Bolsa de Comercio y entidades gremiales de patronos, trabajadores, jubilados y pensionistas de la actividad financiera será un 17,5% ; para las empresas y entidades comprendidas en los literales F), G), H) e I) del artículo 3º -es decir, el que se incorpora-, el aporte personal de los trabajadores activos será del 15% ; y para las empresas del literal K) -o sea aquellas cuyos propietarios sean empresas de actividad financiera-, el porcentaje de aportación será equivalente a la tasa que tenga esa institución o empresa que es propietaria.

Además de estos aportes, más allá de la adecuación al nuevo régimen, dada la situación económico financiera muy grave de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y el agotamiento inminente de sus reservas, se hace imprescindible establecer contribuciones adicionales de carácter transitorio aportadas equitativamente por los jubilados y pensionistas, las empresas y el Estado, con la finalidad de viabilizar en este momento la Caja y transformarla en sustentable en el mediano y largo plazo.

En los artículos 31, 32 y 33 vemos cómo se diseña la contribución a cargo de los jubilados y pensionistas. Para ello se crea una prestación de carácter pecuniario, a favor de la Caja, a cargo de jubilados y pensionistas, según las tasas establecidas en el artículo siguiente y gravará todas las sumas nominales correspondientes a las cédulas jubilatorias y pensionarias que la Caja abone por concepto de jubilaciones -las vigentes y las futuras- acordadas conforme al régimen anterior al que estamos derogando y jubilaciones anticipadas transitorias. Esta contribución también será definida de acuerdo con las pensiones cuya causal se haya configurado con anterioridad a la vigencia de la presente ley. Quiere decir que la contribución está a cargo de los jubilados y pensionistas por el régimen vigente antes de la nueva ley. Dicha tasa de contribución será la que corresponda al monto nominal de la cédula jubilatoria o pensionaria de cada contribuyente, medido en Base de Prestaciones y Contribuciones de acuerdo con la escala de una tabla establecida en el proyecto de ley. En ningún caso el monto de las prestaciones líquidas de esta escala podrá ser inferior al que corresponda a la máxima prestación de la escala inmediata anterior. Sin embargo, se prevé que las contribuciones sufran reducciones y, en ese sentido, se faculta al Poder Ejecutivo -obviamente, previa consulta a la Caja- a acelerar el proceso de reducción de alícuotas previsto en el inciso anterior, en caso de que las reservas financieras de la Caja igualen al presupuesto referido en la primera de estas disposiciones nombradas.

Por otra parte, como dijimos anteriormente, no sólo contribuirán transitoriamente jubilados y pensionistas, sino también el Estado. Es decir que existe una contribución o asistencia del Estado, también con carácter transitorio.

En el artículo 34 se establece que el Estado, con cargo a Rentas Generales y para el Ejercicio 2009, verterá a la Caja una suma equivalente al doble de la diferencia entre lo recaudado por la contribución establecida en el artículo 32 y lo que se habría obtenido de haberse aplicado a la misma base de cálculo de esa contribución las alícuotas del impuesto creado por la Ley Nº 17.841, del año 2004, que se deroga por este proyecto de ley. A partir del 1º de enero de 2010, el Estado contribuirá cada año con una cantidad que resulte de sumar la diferencia obtenida a través del cálculo previsto en el precedente literal A), considerando el respectivo ejercicio, y la proveniente del incremento adicional de dos puntos porcentuales de las tasas establecidas en el artículo 32, previsto para que opere desde esa fecha en el citado artículo. Por supuesto, se faculta a la Caja a descontar, mes a mes, las cantidades derivadas de la aplicación del artículo, de las sumas que deba verter al Estado por concepto del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), que retenga de las pasividades a su cargo. Esto es en cuanto a las disposiciones transitorias y especiales.

A continuación me voy a referir a los parámetros del régimen proyectado. En general, las prestaciones se adecuan atendiendo las especificidades del colectivo amparado al régimen general de seguridad social vigente en el país. En el artículo 35 se establece que las prestaciones del instituto serán por invalidez, vejez y sobrevivencia: las jubilaciones, el subsidio transitorio por incapacidad parcial, las pensiones y el subsidio por expensas funerarias. A esto se agrega algo que es importante, que es el subsidio por desempleo en el caso de la desocupación forzosa.

Otro parámetro a resaltar del régimen proyectado es el artículo 37 en el que, para configurar causal de jubilación común, se requiere reunir los siguientes requisitos. Por un lado, un mínimo de treinta años de servicios y, por otro, las siguientes edades mínimas: para el hombre, 60 años; para la mujer hay una transición por la que se pasa de los 56 años, a partir del 1º de enero de 2010, hasta llegar luego de diversos pasos -en los años 2011, 2013, 2015- al 1º de enero de 2017, exigiendo 60 años de edad.

En el artículo 39 se establece un período de transición para la aplicación de las nuevas condiciones jubilatorias por edad avanzada.

En el artículo 51 se aumentan los años considerados para el cálculo del sueldo básico jubilatorio. En efecto, los tres primeros incisos del artículo expresan: "El sueldo básico jubilatorio se calculará obteniendo el promedio mensual de las asignaciones computables actualizadas de los últimos diez años de servicios registrados en la historia laboral.

Si fuere más favorable para el afiliado, el sueldo básico jubilatorio será el promedio de los veinte años de mejores asignaciones computables actualizadas, por servicios registrados en la historia laboral.

Tratándose de jubilación por incapacidad total o de jubilación por edad avanzada, si el tiempo de servicios computado no alcanza al período o períodos de cálculo indicados en los incisos anteriores, se tomará el promedio actualizado correspondiente al período o períodos efectivamente registrados".

Mediante el artículo 52 se rebajan las tasas de reemplazo vigentes en el régimen actual. En la norma se señala: "La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se computen como mínimo treinta años de servicios reconocidos.

2) Se adicionará:

a) un 0,5% (medio por ciento) del referido sueldo básico, por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

b) a partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse completado treinta y cinco años de servicios, un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento); de no contarse a dicha edad con treinta y cinco años de servicios, se adicionará un 2% (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de edad que la supere, hasta llegar a los setenta años de edad o hasta completar treinta y cinco años de servicios, si esto ocurriere antes".

Todo esto es para la jubilación común, pero para la jubilación por incapacidad parcial o por edad avanzada, se establece:

"B) Para la jubilación por incapacidad, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo, por cada año que exceda de los quince años de servicios o de los respectivos mínimos de servicios que exigen los literales A) a E) del inciso segundo del artículo 39, con un máximo del 14% (catorce por ciento)".

Señor Presidente: reitero que no estoy haciendo referencia a todos los artículos, sino a los más relevantes.

En el artículo 66 se establecen los máximos de pasividad y de subsidio transitorio por incapacidad parcial. Se expresa: "Dichos máximos no podrán ser superiores a $ 41.920 (pesos uruguayos cuarenta y un mil novecientos veinte)"; asimismo, se estipula: "Los importes máximos iniciales de las asignaciones de pensión serán los que resulten de aplicar, a la cifra indicada en el inciso anterior, los correspondientes porcentajes previstos en el artículo 55", donde se detallan los diferentes tipos de pensiones.

En el artículo 67 del Capítulo IX se establece el régimen del subsidio por desempleo.

En el artículo 72 se alude a la prueba de los servicios; en el 73 se estipula el plazo para la denuncia de los servicios y en el 74 se hace referencia a la afiliación voluntaria. Quiero aclarar que la afiliación voluntaria es la de los afiliados que cesen o hayan cesado en la actividad sin causal jubilatoria, que tengan actividades como afiliados a otra Caja y que su actividad actual pase nuevamente al campo afiliatorio de la Caja Bancaria.

El Título VII refiere a la materia gravada y a las asignaciones computables. Por tratarse de un nuevo régimen, entendimos conveniente detallar las disposiciones generales y transitorias.

Pido a los señores Senadores que presten atención a este tema, porque es materia de debate y ha generado distintas visiones. Por ello, voy a describir lo que expresa la norma.

El artículo 80 alude al mantenimiento de los derechos adquiridos y expresa: "Los afiliados que, sin ser jubilados, hayan configurado o configuren causal jubilatoria por el régimen previsional que se deroga, antes del 31 de diciembre de 2009, se regirán por el mismo, salvo que opten por quedar comprendidos en el estatuido por la presente ley.

También será de aplicación el régimen que se sustituye," -o sea, el anterior- "sin perjuicio de la opción antedicha," -opción que ya describimos- "a quienes hayan ingresado en el sistema de afiliación voluntaria al amparo de lo previsto por el artículo 8º de la Ley Nº 16.565, de 21 de agosto de 1994," etcétera.

En el artículo 81 se establece lo relativo a la jubilación anticipada transitoria y se expresa: "Será de aplicación a los beneficiarios actuales y futuros del subsidio transitorio por desempleo bancario a que refiere el literal b) del inciso primero del artículo 53 de la Ley Nº 17.613, de 27 de diciembre de 2002, lo dispuesto por los artículos 3º a 5º de la Ley Nº 17.939, de 2 de enero de 2006". Algunos señores Senadores recordarán este punto, porque participaron en la discusión de aquellas leyes que instauraron el régimen de la jubilación anticipada transitoria.

El segundo párrafo del artículo 81 establece: "Las asignaciones de jubilación anticipada transitoria serán servidas con cargo al Fondo de Subsidio por Desempleo de la Caja, conforme lo prevé el artículo 6º de la ley mencionada en último término".

El artículo 82 se refiere a los afiliados que se incorporan por esta ley y señala: "Los trabajadores, directores, administradores, socios y síndicos que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se desempeñaren en cualquiera de las instituciones, entidades y empresas indicadas en los literales F), G), H) e I) del artículo 3º" -por eso leí especialmente el artículo 3º con todos sus literales- "o en las indicadas en el literal K) de dicho artículo que sean propiedad de aquellas:

A) conservarán la protección que tenían a esa fecha en materia de asistencia materno-infantil y asignaciones familiares;

B) podrán optar, dentro de los 90 (noventa) días de dicha entrada en vigencia, por permanecer amparados por el Banco de Previsión Social en el régimen de seguridad social que hasta entonces les era aplicable, siempre que, de acuerdo a las disposiciones de ese régimen, les restaren menos de 5 (cinco) años para configurar causal de jubilación común, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley".

Esta es una opción para aquellos que configuren causal por el Banco de Previsión Social o que le restaren menos de cinco años.

C) "de no formular dicha opción podrán igualmente optar, dentro del mismo plazo, por continuar percibiendo la jubilación que les hubiese otorgado la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, en cuyo caso no podrán acumular los nuevos servicios a aquellos que generaron esa pasividad".

Esto parece un poco complicado, pero está pensado para aquellos que tengan años reconocidos dentro del servicio de la Caja Bancaria, que hayan pasado a una actividad por la que aporten al Banco de Previsión Social y que, mediante esta norma, vuelvan a formar parte del campo afiliatorio de la Caja Bancaria.

El último párrafo del artículo 82 expresa: "Los afiliados indicados en el inciso segundo del artículo 67 de la presente ley, tendrán derecho a las prestaciones económicas por enfermedad previstas para los afiliados al Banco de Previsión Social, las que serán servidas por la Caja con los fondos que, a tal efecto, recibirá de Rentas Generales", etcétera.

Por el artículo 83, que refiere a la prima por edad, se establece: "La Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias continuará sirviendo las primas por edad que, estando en curso de pago a la fecha de entrada de vigencia de esta ley, correspondan a pasivos cuyas prestaciones a cargo de la institución no superen, en conjunto, el equivalente a 12 BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones)". Esto quiere decir que se continuará abonando la prima por edad a los jubilados que perciban menos de esa cantidad. Obviamente, en el cálculo no se toma en cuenta la propia prima que están percibiendo.

El artículo 90 establece: "La Caja podrá organizar, establecer y administrar con independencia patrimonial, regímenes complementarios del sistema general, así como prestar servicios vinculados con su actividad". Esto significa que, en esta normativa, se abre la posibilidad futura de establecer y administrar algún régimen complementario de seguridad social.

En el artículo 92 se introduce un cambio con respecto al texto original del Poder Ejecutivo -aparte de otros que no he mencionado y que también se aprobaron en la Cámara de Representantes-, por el que se crea una Comisión que tendrá como cometidos "el seguimiento de la evolución económica financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, el análisis de la posible ampliación del campo afiliatorio y en particular el seguimiento de la situación de los trabajadores incorporados en el artículo 3º de la presente ley". Seguidamente, el artículo describe cómo se integra dicha Comisión y establece que podrá ser convocada por cualquiera de sus miembros. Esto implica que, si existieran dudas sobre la evolución que sufrirá el nuevo régimen para los afiliados o los trabajadores incorporados en esta oportunidad a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, esta Comisión tendrá la posibilidad de monitorear el desarrollo de la situación.

Por último, queda el artículo 95, que establece: "La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 2009".

De este modo, llegamos a las conclusiones finales que nos merece el estudio de este proyecto de ley. Creo que absolutamente todos estamos de acuerdo en que es necesario implementar de inmediato una solución para resolver la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, tanto por el interés del país como por el del colectivo de trabajadores que cubre y que, sumado a sus familias, involucra a 120.000 personas. El Estado, hasta hoy y desde hace muchos años, se ha mostrado omiso, no en todos los aspectos, pero sí en encontrar una solución de fondo. El primer proyecto que elaboró la propia Caja data de 1987, y estamos en 2008. Incluso en este Gobierno, si bien ya describí las dificultades que se plantearon -lo digo antes de que me lo recuerden los compañeros del Senado-, han pasado cuatro años.

En consecuencia, afirmamos que es necesario apoyar con nuestro voto este proyecto de ley, por las siguientes razones.

En primer lugar, porque a causa de la falta de acciones antes referida, en pocos meses este instituto colapsaría, lo que implicaría una importantísima crisis en el sistema de seguridad social y un perjuicio enorme para sus afiliados, en especial para los jubilados y pensionistas, quienes necesitan -como todos los trabajadores- una mínima certeza para desarrollar sus vidas dignamente. Por otro lado, es sabido que existe una fecha límite determinada constitucionalmente, que se cumple el próximo 25 de octubre, que hace imperioso concretar una solución inmediata.

En segundo término, afirmamos que el sistema proyectado no perjudica a los trabajadores ni a las empresas que constituyen el nuevo campo afiliatorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. A los primeros les asegura los mismos beneficios jubilatorios y pensionarios que reciben los demás afiliados, iguales derechos maternoinfantiles, las mismas asignaciones familiares e idéntico subsidio por enfermedad y desempleo que los que tienen hoy, con el mismo nivel de aporte personal de los trabajadores al Banco de Previsión Social. Esta afirmación que hacemos aquí se basa en simulaciones que se hicieron sobre supuestos mesurados, obteniéndose como resultado, por ejemplo, que para el caso de un hombre de 60 años con 30 años de trabajo reconocidos y aportados, en ningún salario de los estudiados la prestación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias será menor a la que se pueda obtener por la suma de la pasividad del Banco de Previsión Social más lo obtenido por la AFAP. A su vez, las empresas, habida cuenta de la rebaja sustancial de sus aportes anteriores por efecto de la reforma tributaria, se verán beneficiadas -aunque algunos, en su análisis, no lo entiendan así en este momento- por el cambio parcial del criterio de aportación, tendiendo a fijar este sobre la base de una tributación a la actividad real de la empresa, contemplando las especialidades y con tasas máximas previstas, que además podrán ser reducidas, ahora y en el futuro, por el Poder Ejecutivo.

En tercer lugar, entendemos que debemos votar este proyecto de ley porque constituye una solución integral y no una salida parcial o transitoria como las anteriores. Aquí, todas las partes involucradas contribuyen de manera equitativa con sus aportes específicos: los trabajadores activos, actualmente afiliados, hacen su contribución manteniendo sus aportes personales superiores a aquellos que ingresan -17,5% contra 15%- y sus futuras prestaciones serán menores, con requisitos más exigentes para jubilarse; en el caso de las empresas financieras, los jubilados y pensionistas que perciban más de 10 BPC, cumplirán con aportes adicionales transitorios, y el Estado, por su parte, hará una contribución equivalente, también transitoria, que irá disminuyendo hasta el momento en que se alcance el equilibrio de la institución y se llegue a un nivel de reservas suficiente.

En cuarto término, creemos que este es un muy buen diseño de subsistema de seguridad social que atiende, en la realidad que percibimos, tres aspectos fundamentales. El primero refiere a la creciente tendencia a la aportación empresarial por el nivel de actividad y ya no exclusivamente por la nómina de los trabajadores, dada la situación de reducción del número de empleados activos que se constata en la actividad financiera mundial por la creciente incorporación de tecnología.

El segundo aspecto a destacar es que se trata de un muy buen diseño, porque establece la necesaria corrección del peso de las prestaciones jubilatorias y pensionarias futuras sobre el equilibrio financiero de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. El tercer aspecto a tener en cuenta es que nos resulta muy importante la inclusión en el campo afiliatorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, de todas las empresas que realizan actividades financieras y que deberían haber estado incluidas desde siempre.

Algunos se preguntarán si esta es la mejor opción de salida para la crisis de este Instituto. Puedo decir que es la mejor que se pudo diseñar, teniendo en cuenta la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, la posible articulación de todos los legítimos intereses que están en juego, los estudios y cálculos actuariales serios que se realizaron y las proyecciones de futuro que se llevaron adelante con prudencia y responsabilidad, así como la necesaria equiparación posible de este subsistema con el régimen general de seguridad social.

Señor Presidente: quisiéramos compartir la siguiente aspiración. En función de los acuerdos alcanzados, este proyecto será aprobado por mayoría; pretendemos que a partir de la promulgación de la ley, los análisis que sobre esta reforma del sistema previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias se realicen en forma pública por parte de los formadores de opinión, conteniendo visiones críticas o laudatorias de las mismas, sean sustentados por argumentos rigurosos y no falaces, así como también con la prudencia y sobriedad necesarias, que son características que no abundan últimamente. Esta es una preocupación que nos aqueja, porque en el mundo de hoy existe un factor determinante de las situaciones más críticas en la economía y en otras actividades de la sociedad, que se denomina "expectativas".

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone la señora Senadora.

Se va a votar.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

Puede continuar la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Muchas gracias, señor Presidente, pero ya estoy finalizando mi exposición.

Estaba diciendo que en el mundo de hoy hay un factor que cada vez tiene más trascendencia, y es el que se refiere a las expectativas. Cada uno de nosotros hemos visto cómo ese factor ha incidido en temas tales como la inflación, la actividad financiera y bancaria y en todo el contexto de la gran crisis financiera mundial que se está produciendo en estos momentos; gran parte del contenido de esas expectativas se expresan determinando hechos y tendencias que luego se convierten en una especie de profecía autocum-plida.

Más allá de las concepciones y de los distintos matices, creo que todos los integrantes de este Cuerpo queremos que la grave situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias se solucione, y deseamos el bienestar de todos aquellos que a partir de ahora se incorporan al régimen. Sin embargo, parte del éxito o del fracaso de este proyecto pasará por la confianza y participación de todos los involucrados en el tema, es decir, sus principales actores.

Por todo lo expuesto y porque fervientemente deseamos que se encuentre una solución, recomendamos al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley, quedando a las órdenes en caso de que existan interrogantes y estemos en condiciones de evacuarlas.

SEÑOR PRESIDENTE.- Abriendo la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: nuestra vinculación con el tema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, como Legislador, comenzó hace siete años, como consecuencia de las dificultades que desde entonces venía arrastrando esa institución de previsión social. Dicha situación llevó a la Administración que regía los destinos del país en aquel período, a buscar una solución, contando para ello con la participación de todos los sectores involucrados en la temática. A esos efectos se procedió a designar, con carácter extraordinario -había muy pocos antecedentes de experiencias similares- una Comisión de carácter interinstitucional con el propósito de analizar la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y de efectuar un diagnóstico, para luego proponer la solución correspondiente al Poder Ejecutivo y al Parlamento Nacional. La referida Comisión estuvo integrada por representantes del Poder Ejecutivo, más concretamente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de los Ministerios de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, así como por tres Senadores: el doctor Korzeniak por el Frente Amplio, el doctor Correa Freitas por el Partido Colorado, y quien habla en nombre del Partido Nacional. En dicha Comisión también había representantes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay. Cuando estábamos en la definición del diagnóstico y en la evaluación de posibles soluciones, azotó al país la crisis de los años 2001 y 2002, lo que significó la pérdida, prácticamente de un plumazo, de aproximadamente 3.000 trabajadores de la actividad bancaria y financiera. En consecuencia, se vieron frustradas las posibilidades de que la Comisión interinstitucional propusiera una solución de fondo. Sin embargo, todos los partidos políticos llegamos a un acuerdo en el sentido de aprobar una ley -si no me equivoco fue la Nº 17.841, de 2004- mediante la cual se establecía un adicional al Impuesto a las Retribuciones Personales, equivalente a lo que correspondía aumentar las jubilaciones en ese período. Reitero que se aprobó un Impuesto a las Retribuciones Personales de carácter adicional, con el propósito de facilitar el subsidio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, para que esta pudiera seguir cumpliendo con sus obligaciones.

En el proyecto de ley se establecía que ganara quien ganara las elecciones del año 2004, en el primer año de la nueva Administración o en los primeros dos años se iba a buscar una solución de fondo.

Esa ley que estableció el Impuesto a las Retribuciones Personales de carácter adicional, tenía una vigencia ya marcada en el tiempo y obligó a que, en el transcurso de esta Legislatura, se aprobara una nueva norma -también con la participación de todos los partidos políticos- prorrogando la vigencia del citado adicional mientras se terminaba de definir un proyecto de ley para dar solución al problema de la Caja Bancaria.

Durante esta Legislatura, continuamos directamente involucrados en el tema, ya no integrando la Comisión Interinstitucional de la que formábamos parte en aquel entonces, sino a nuestra iniciativa. Realizamos intervenciones en la hora previa del Senado reclamando al Poder Ejecutivo que hiciera uso de la iniciativa que tiene con carácter exclusivo para poder tratar este tema. Es bueno que la ciudadanía sepa que el Parlamento solamente puede aprobar un proyecto de ley vinculado a los sistemas previsionales una vez que tiene en sus manos una iniciativa del Poder Ejecutivo, porque sin ella tiene absolutamente vedado aprobar una norma relacionada a los mecanismos jubilatorios. En atención a esa situación, en la hora previa del Senado reclamábamos al Poder Ejecutivo que hiciera uso de su iniciativa.

En la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado de la República convocamos, desde la oposición, a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, así como a los representantes de las partes para intentar activar la discusión del tema. Si bien concurrieron a su ámbito, nunca se envió la iniciativa del Poder Ejecutivo ni se mostró disposición a trabajar en la materia. Desde el Directorio del Partido Nacional se aprobó una declaración hace dos años, también alertando al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de legislar sobre el tema, porque era una granada que nos iba a explotar en las manos y que requería de una solución.

Desde nuestro sector político, Correntada Wilsonista, convocamos a un seminario que se realizó en el edificio anexo del Palacio Legislativo, cuyo tema era "Solución del problema de la Caja Bancaria", del que participó el Poder Ejecutivo, representado por el señor Baz -asesor del Ministro de Trabajo y Seguridad Social en materia previsional-, así como la Asociación de Bancos, AEBU, los pasivos y los representantes de la Caja Bancaria. Allí se expresaron un conjunto de consideraciones que buscaban poner solución a este tema.

Durante todo este tiempo, el Poder Ejecutivo no hizo uso de su facultad exclusiva y, entonces, nos vimos impedidos de ingresar al fondo del asunto. Por lo tanto, continuamos advirtiendo de la gravedad de la situación, porque nos temíamos que termináramos en lo que estamos viviendo hoy: lamentablemente, estábamos anunciando el fin de una película que ya advertíamos que finalizaría como ocurre en estos momentos. Se escucha cómo alegremente se señala, desde el Gobierno y de parte del Poder Ejecutivo, que de acuerdo con las normas constitucionales, el próximo 25 de octubre vence el plazo para aprobar una disposición que contenga resoluciones en materia de previsión social. Hoy estamos legislando contrarreloj y se nos señala que faltan cuatro días para que venza el plazo constitucional. La semana pasada, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social decidió por mayoría no recibir a ninguna de las delegaciones que habían solicitado tener la oportunidad de expresar su posición en su ámbito, por supuesto que con el voto contrario del Partido Nacional y del Partido Colorado, representado en la persona del señor Senador Alfie. Reitero que en esa instancia la Bancada oficialista resolvió no recibir absolutamente a nadie. Hoy se señala que faltan cuatro días para que venza el plazo mencionado -ese día en la Comisión faltaban siete u ocho días para que ello ocurriera-, si bien en realidad debería decirse que al día de hoy el Gobierno perdió 1.326 días que dispuso para enviar la iniciativa, de manera tal que el Parlamento resolviera el tema y ahora no tuviera que apagar un incendio, tal como está sucediendo en esta circunstancia. No hubo la más mínima intención de buscar consenso.

Las referencias que ha hecho la señora Senadora Miembro Informante están circunscriptas a los consensos -como bien señaló- entre las Bancadas oficialistas -léase o entiéndase entre los distintos sectores que conforman el Frente Amplio-, porque nosotros nunca fuimos objeto de consulta, a pesar de que lo reclamamos en más de una oportunidad. Los acuerdos que se lograron se alcanzaron solamente con los sectores directamente vinculados a la Caja Bancaria, los pasivos de esa institución, AEBU y la Asamblea que se realizó hace aproximadamente un mes, pero se excluyó a todas las demás partes del país. Entonces hoy estamos contrarreloj, no para solucionar el tema de fondo, sino apagar un incendio o, en todo caso, amainarlo para ver cómo sigue después este tema.

Más aún, digo con todo respeto que los integrantes del Partido Nacional estábamos convencidos de que estaría presente en Sala el ex Ministro de Economía y Finanzas, actual señor Senador Astori, defendiendo el proyecto de ley. Tengo la mejor opinión de la señora Senadora Dalmás y ha hecho un informe muy bien elaborado, con la importancia y el respeto que ella da a todos y a cada uno de los temas que ingresan a consideración de este Cuerpo, pero la responsabilidad de resolver el tema durante estos 1.326 días que han transcurrido hasta hoy, en los que el Gobierno no ha actuado, descansa en el Poder Ejecutivo, básicamente en el equipo económico, que fue el que, a través del economista Masoller, compareció el jueves pasado a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social intentando defender un proyecto de ley que no va encontrando los caminos para resolver esta temática -solo va a prolongar una agonía y lo que es peor, agrava muchas de las situaciones vinculadas al área de la previsión social, particularmente en lo que tiene que ver con la Caja Bancaria.

Queda claro, pues -es algo que me parece indiscutible-, que el Poder Ejecutivo es el único que tiene la facultad de enviar una iniciativa, que nosotros la demandamos insistentemente como Partido Nacional durante estos 1.326 días. Precisamente, en el día 1.326 se estudia en el Senado y en el 1.320 se analiza en la Cámara de Representantes, habiendo en ambos casos una cerrada negativa de la mayoría a escuchar opiniones ajenas y a buscar soluciones conjuntas. Como muy bien me acota el señor Senador Abreu, estamos en un régimen unicameral en lo que tiene que ver con este tema, excepto en el caso de la Caja Policial que, como bien lo advertimos cuando se discutió en Sala, ahora vuelve a la Cámara de Senadores al filo del plazo, porque a último momento parecería que se dieron cuenta de lo que les veníamos señalando desde hace mucho tiempo.

A título personal, debo decir que he trabajado mucho por este tema porque siempre advertí la gravedad del problema y creo que es una responsabilidad conjunta encontrarle una solución. Más allá de la soberbia con que se ha movido el Gobierno y el equipo económico en esta materia, no estoy dispuesto a aceptar que se me excluya alevosamente, con la representación que invisto, de la posibilidad de incidir en la definición de estos temas. Estoy convencido de que dentro de pocos años el Parlamento se verá en la necesidad de aprobar nuevas leyes para tratar de solucionar este problema. Sé, también, que el problema volverá agravado puesto que ahora ya no comprende solamente a la Caja Bancaria, sino que incorpora a otros sectores y, además, sé que tengo el derecho a seguir peleando por las soluciones que creo que el país necesita. De todas formas, voy a mantener mi palabra, la cual he comprometido durante estos siete años en cada una de las instancias en las que participé junto con la Caja Bancaria y distintos representantes de la vida de la sociedad, en la búsqueda de la solución a un problema que aqueja a 26.000 familias, entre activos y pasivos que pertenecen a la Caja.

Solamente por ese motivo otorgaré un voto favorable en general, dado que si nada se aprueba, en marzo, en abril o en mayo del año que viene esta Caja deberá cerrar sus puertas y no podrá pagar un solo peso a los 15.000 ó 16.000 pasivos que hoy están amparados bajo este sistema. Sin embargo, adelanto que votaremos en contra, en particular, prácticamente todos los artículos relacionados con esta novedad que desea introducir el Poder Ejecutivo. Se trata de una decisión de carácter personal que hemos adoptado junto con el señor Senador Antía que es conveniente que quede clara, más allá de las distintas exposiciones que realizarán los compañeros de mi Partido.

Si me permite, señor Presidente, quisiera hacer un análisis del proyecto de ley que tenemos a consideración, el que ha sido informado por la señora Senadora Dalmás y que, a nuestro juicio, plantea dos problemas en forma simultánea. El déficit por el que hoy atraviesa la institución en lo que tiene que ver con el cumplimiento de sus obligaciones alcanza los US$ 60:000.000 anuales. Quiere decir, entonces, que esa es la suma que hay que conseguir para solucionar solamente el déficit y así financiar el pago de las obligaciones que debe afrontar la Caja, lo cual se hace prácticamente en un 100% a través de tributos, ya sea impuestos o nuevas aportaciones.

Otro aspecto de fondo que incluye esta iniciativa está vinculado a la reforma del sistema jubilatorio de la operativa bancaria. Es así que intenta resolver ambos temas, pero en ambos casos lo hace mal. En primer lugar, carga sobre la sociedad, a través de nuevos gravámenes, la obtención de recursos para subsidiar la operativa y, en segundo término, realiza una reforma timorata, sin perspectivas, sin proyección ni soluciones de fondo que, en el mejor de los casos, en nuestra visión, alcanzará para que durante los próximos cuatro o cinco años la Caja cumpla con sus obligaciones, pero no más. Allí será cuando se replanteará este problema en forma agravada. Aquí tenemos un parche que no trae una solución definitiva, y vamos a explicar por qué decimos esto.

El jueves pasado, en la única instancia que tuvo la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para abordar el tema, recibimos a los Subsecretarios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas con sus respectivos asesores, quienes concurrieron con el propósito de explicar los alcances de este proyecto. En esa ocasión preguntamos lo que hoy hemos afirmado, en virtud de que no hemos obtenido respuesta. ¿Por qué el Poder Ejecutivo esperó hasta hoy para hacer uso de la iniciativa cuando desde el Parlamento y la propia Comisión, reiteradamente, se la había convocado? También preguntamos si el Gobierno creía que ésta era una solución definitiva para la Caja Bancaria. Concretamente, planteamos al economista Masoller y al Subsecretario Bruni si estaban en condiciones de garantizar, dentro de los límites en los que un Gobierno puede hacerlo, que efectivamente esto resuelve la situación de la Caja Bancaria, que es más que un parche, que va al fondo del asunto, que dará estabilidad a la institución para que pueda continuar desenvolviéndose en el transcurso de los próximos años y que permitirá que el sistema económico y financiero tengan la tranquilidad de que no es un peligro que, incluso, puede generar complicaciones adicionales en el resto del sistema económico nacional. Las respuestas que recibimos, señor Presidente, no hicieron otra cosa que confirmar que, efectivamente, esto no es más que un parche y que no se trata de una solución. Asimismo, preguntamos cuál creía el Gobierno que iba a ser la relación entre activos y pasivos dentro de 15 ó 20 años, la que en la actualidad está por debajo del 1 a 1, lo que ya es grave. Quiere decir que hay menos de un activo por cada pasivo y estamos convenci-dos de que cuando esto se transforme en ley se mantendrá la relación de 0,95 a 1. Ante esta interrogante, se nos contestó que se estimaba que en un plazo de 30 años la relación sería de 1,3 activos por cada pasivo. Sin duda, no vamos a tener la oportunidad de ver qué pasó con la Caja Bancaria. No hay ninguna institución de previsión social, en el mundo, que sea capaz de autosustentarse o de sobrevivir si no tiene, por lo menos, una relación activo-pasivo del orden de 2,5 ó 3 a 1. En este caso, nos están diciendo que dentro de 30 años la relación podría llegar a 1,3 activos por cada pasivo.

Por otro lado, preguntamos al Gobierno cómo explicaba el ingreso compulsivo de nuevos cotizantes y aportantes, provenientes del Banco de Previsión Social, al sistema de la Caja Bancaria. Decimos que esto se hace compulsivamente porque, en efecto, a través de la ley se obligará a quienes hasta hoy están amparados por el doble régimen del Banco de Previsión Social y de las AFAP, sin consulta, a ingresar a este nuevo sistema. Y lo que es más grave aun, señor Presidente, esto se realiza bajo un régimen absolutamente digitado, y este es otro tema sobre el cual nunca obtuvimos una respuesta por parte del Gobierno. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué en un conjunto de trabajadores que se desempeñan dentro de una misma área, a algunos se los obliga a ingresar a este sistema y a otros se los deja afuera? Faltan elementos de fondo, criterios de carácter general y abstracto, así como objetivos que puedan fundamentar una decisión de esta naturaleza. A esto podemos agregar que lo que se está haciendo no alcanza ni siquiera para mitigar en el corto plazo las dificultades por las que atraviesa la institución, porque los 4.600 nuevos aportantes que tendrá la Caja Bancaria a partir de la aprobación de esta iniciativa, no ayudan a mitigar la falta de recursos, o lo hacen ínfimamente, porque de esta manera -como he estado explicando- la relación activo-pasivo aumenta en un mínimo prácticamente insignificante. Entonces, nos preguntamos por qué se hace todo esto. ¿Cuál es la necesidad de hacer pasar a la sociedad y, en particular a estos ciudadanos, por una situación de estas características? En definitiva, esto tampoco tiene explicación.

Nos preguntamos por qué no se respetan los derechos adquiridos, que ciertamente los hay. Nos referimos a los de gente que, en un criterio general y abstracto, no solamente ha venido aportando al Banco de Previsión Social, sino que también tiene su cuenta de ahorro individual dentro del régimen de las AFAP, y a partir de ahora ya no la tendrá más. Realmente, esta gente va a perder el derecho que fue generando en el transcurso de este tiempo.

Fíjense los señores Senadores lo que nos contestó el señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social cuando concurrió a la Comisión a fin de abordar esta temática. Concretamente, nos dijo -voy a leer textualmente la versión taquigráfica- lo siguiente: "Pero, además, hay otro tema en el que también se ha insistido mucho. Me refiero a la posibilidad de que no se siga aportando a una AFAP. Al respecto, voy a decir dos cosas, sin pretender en absoluto ingresar en una discusión sobre la filosofía de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional. Ante todo, señalo que hay aproximadamente 800 jubilaciones concedidas bajo el sistema de las AFAP y, según tengo entendido, el valor promedio no llega a los $ 3.000. Se me dirá que eso se agrega a la jubilación por el sistema de reparto". ¡Por supuesto que es así, porque para eso se creó el régimen de las AFAP! Se creó para que el trabajador aportara a un régimen tradicional de solidaridad y de coparticipación, como el del Banco de Previsión Social, y obtuviera su jubilación a través de él, pero a su vez pudiera incrementar sus recursos -una vez que ingresara a la categoría de pasivo- a través del pago de un seguro -no una jubilación- que le serviría la AFAP por el resto de sus días, como producto de los ahorros que hubiera generado en su cuenta individual durante su vida activa.

Entonces, el ejemplo que trajo el señor Subsecretario, en realidad, se vuelve en contra de él mismo y de su argumentación. Pensemos que, a apenas diez años de la implementación de este sistema, un trabajador de recursos no muy importantes es capaz de generar un seguro adicional a su jubilación del orden de los $ 3.000; en todo caso, veremos cuánto podrá generar efectivamente, cuando a través del régimen de las AFAP se empiecen a pagar jubilaciones y seguros de gente que haya completado su ciclo de trabajo…

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción para prorrogar el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 24. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: a mí me consta que el señor Subsecretario y algunos integrantes del Gobierno -más concretamente el propio Presidente del Banco de Previsión Social- tienen una opinión contraria al régimen de las AFAP. Sin embargo, si algo se ha venido demostrando hasta hoy es que ese es el sistema que permite verdaderamente solucionar el grave problema de las jubilaciones, que es uno de los más importantes que atraviesa el país. La única solución legislativa que hasta el presente se ha encontrado en el Uruguay para eliminar efectivamente el tope de las jubilaciones -reitero que este es uno de los grandes problemas que tiene el país- es el régimen de las AFAP. Prueba de ello es que ya hay 800 trabajadores que, a pesar de que el sistema tiene solo diez años de vigencia, hoy se están retirando, recibiendo una contribución o el pago de un seguro que se ubica largamente por encima de los mínimos jubilatorios que tiene el país, y cabe acotar que seguramente, con el transcurso de los años y la consolidación del sistema, la situación terminará siendo aún más positiva.

Durante su comparecencia en Comisión, el señor Subsecretario realizó otras consideraciones sobre el tema de las AFAP, pero no me voy a extender sobre ellas ahora porque entiendo que no vienen al caso. De todas maneras, conocer sus expresiones no deja de ser interesante para quienes han seguido activamente esta temática, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que ella ha sido discutida en el Parlamento. Entiendo que sería bueno que todos pudieran acceder a los razonamientos vertidos en este sentido.

Creemos que esta iniciativa genera un problema muy grave, porque reitero que se están vulnerando derechos adquiridos. Así pues, los sectores directamente vinculados a las instituciones a las que compulsivamente se obligará a ingresar a la Caja Bancaria, están pensando seriamente en la posibilidad de promover un recurso de referendo contra esta norma y, en particular, contra los artículos que los perjudican lisa, llana y abiertamente. Aun sin necesidad de recurrir al mencionado recurso, creo que el solo hecho de la defensa judicial de sus derechos les permitirá alcanzar pronunciamientos favorables en los que se reconozcan sus derechos. En consecuencia, esto va a generar un nuevo problema al sistema, porque ¿qué hará el Gobierno si en el día de mañana, por medio de un pronunciamiento judicial o por vía de un referendo, se determina que quienes ingresaron al nuevo régimen quedan nuevamente fuera del sistema? Eso llevaría a salir a buscar otros aportantes.

Pero, además, el proyecto de ley no distingue entre dos situaciones que son claramente diferentes. Ciertamente, debió haberlo hecho, por lo menos para respetar mínimamente los derechos de quienes hoy son trabajadores afiliados al Banco de Previsión Social y están aportando al régimen de las AFAP. Una cosa es el trabajador que hoy se desempeña en estas empresas, que aporta al Banco de Previsión Social y a las AFAP, habiendo generando un derecho adquirido, y otra muy distinta es aquel que todavía no forma parte del sistema y que en el día de mañana, cuando ingrese a cualquiera de estas empresas, lo hará también, directamente, al régimen de la Caja Bancaria, sin haber pasado antes por otros sistemas. En consecuencia, aquí se está abriendo un flanco jurídico y judicial muy grave e importante que -mucho nos tememos- terminará trayendo nuevos problemas al sistema que hoy se está pergeñando.

Pensamos, también, que hay una total falta de coherencia entre las distintas iniciativas vinculadas a la seguridad social que el Poder Ejecutivo ha enviado en masa al Parlamento en el transcurso de los últimos días. Da la impresión de que a último momento se acordaron de que el 25 de octubre vence el plazo y, de golpe y porrazo, mandaron tres, cuatro y hasta cinco iniciativas vinculadas a este tema. Lo más grave de todo es que son proyectos de ley contradictorios entre sí. Por un lado, se establece un régimen general vinculado al Banco de Previsión Social en el que se disminuyen las exigencias y requisitos para poder jubilarse, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la cantidad de años de trabajo. La iniciativa a este respecto ya fue aprobada, y seguramente será promulgada por el Poder Ejecutivo en el correr de las próximas horas. Por otro lado, se propone un régimen especial para los policías según el cual, contrariamente a lo que se establece en el régimen general, se aumenta la exigencia de cantidad de años trabajados a efectos de acceder al régimen de jubilación, cuando en realidad a este sector de la población habría que disminuírselos o, por lo menos, mantenerlos en el nivel en que están, porque si una razón de ser tiene la llamada Caja Policial es precisamente la de crear un marco jurídico en materia de jubilación especial, de amparo preferente para los policías, en función de la azarosa vida que deben llevar y de los riesgos a los que permanentemente están expuestos en el ejercicio de su responsabilidad. Sin embargo, el Poder Ejecutivo nos envía proyectos que disminuyen la cantidad de años de trabajo que se exigen en el sistema general, y en el sistema particular, donde habría que disminuirlos, los aumenta. Esto refleja una contradicción absolutamente insostenible, que como todos sabemos explotó en la Cámara de Representantes a instancias del propio Poder Ejecutivo, que sobre la marcha advierte que se está equivocando, y a último momento, aunque sea en forma parcial, logra modificar aquel proyecto de ley elevando los topes jubilatorios, para finalmente enviarlo otra vez a consideración de la Cámara de Senadores.

Para culminar mi intervención, señor Presidente, quiero hacer referencia al alto costo que se hace pagar a los pasivos como consecuencia de esta reforma. Lo hemos señalado en más de una oportunidad: en el Uruguay, los únicos habitantes que además de pagar IRPF -como lo hacen hoy con un nuevo nombre, pues ahora se denomina IASS- tributan por concepto de IRP, son los jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Ahora, por si ello fuera poco, se les incorpora un nuevo IASS, lo que significa que van a pagar tres impuestos: el Impuesto a las Retribuciones Personales -IRP, que fue el subsidio que se estableció en forma transitoria hasta que llegara la solución definitiva-, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en su nueva versión, o sea, el IASS, y este nuevo impuesto, que podríamos llamar IASS II, que consiste en un 4% sobre el monto de sus jubilaciones, y se divide en un 2% que pagarán desde el año 2009 y otro 2% a partir de 2010.

Lo más triste y grave es que de parte del Gobierno se ha dicho a los pasivos -y se ha insistido en ello-, que en el transcurso de los próximos años, en un plazo de aproximadamente cuatro o cinco años, van a dejar de pagar este nuevo impuesto que se establece, porque se supone que en ese período se va a lograr la estabilidad del sistema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Sin embargo, el proyecto de ley no prevé la derogación del nuevo impuesto. Por lo tanto, si el argumento es que los jubilados van a dejar de pagar el IASS II en un plazo de aproximadamente cinco años porque se va a estabilizar la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, desde ya me adelanto a decir que lo van a seguir pagando, porque en este sistema, con estas condiciones y en las circunstancias que está viviendo el país, no se van a solucionar sus problemas sino que, por el contrario, se van a agravar. Prueba de ello es la redacción del artículo 92, en función del cual se crea una Comisión con el cometido de hacer el seguimiento de la evolución financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En mi opinión, esto es como un pedido de disculpas, o algo así como adelantarse y plantear que cuando este nuevo sistema fracase, se va a realizar un monitoreo que permanentemente nos va a advertir sobre la situación.

En consecuencia, nos preguntamos para qué existe la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias; para qué existe su Directorio; para qué existe una representación del Poder Ejecutivo en ese Directorio; para qué existe el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y para qué existe la nueva Dirección de esta Cartera, que fuera creada en la Rendición de Cuentas, precisamente para controlar todos los temas de la seguridad social.

Además, tal como ha sucedido durante todos estos años, ese control es el que el Gobierno se impone a sí mismo por su propia gente. Basta conocer la integración de la Comisión que se crea para darse cuenta de quiénes son sus miembros, o sea, quiénes se van a autocontrolar.

En definitiva, creemos que esta no es una manera adecuada de legislar. Pensamos que, una vez más, el Gobierno cometió el error de encerrarse en sus propias mayorías, diálogos y discursos, buscando soluciones a sus problemas internos -es pública y notoria la diferencia existente dentro de sus propios sectores-, pero se olvidó de lo principal, o sea, de atender la situación de una institución y de la sociedad en su conjunto.

Por los motivos expuestos, señor Presidente, vamos a dar nuestro voto en la forma en que hemos señalado: vamos a votar franca, decidida y convencidamente en contra de un conjunto de artículos que creemos le hacen mucho daño al sistema. Además, estamos dispuestos a adherirnos a los recursos de referendo que se promuevan para la derogación de los artículos que proponen el ingreso compulsivo de determinados sectores de la sociedad a este nuevo sistema, así como la creación de nuevos tributos para financiarlo. En esta actitud, señalamos que no pasará mucho tiempo antes de que tengamos que asumir nuevamente la responsabilidad de encarar el tema con la misma decisión, buena voluntad y buena fe con que lo hemos hecho durante todos estos años en la búsqueda de soluciones que, a nuestro juicio, el país necesita cada vez más.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: claramente el señor Senador Gallinal adelantó ciertos aspectos críticos de este proyecto de ley, algunos de los cuales han sido recogidos de las inquietudes planteadas en la Comisión por el Partido Colorado.

Lo primero que quiero destacar, señor Presidente, es que el 25 de octubre no vence ningún plazo y prueba de ello son otras leyes que fueron aprobadas en anteriores ocasiones sobre el mismo tema. Por ejemplo, el 7 de enero de 2004 se aprobó la Ley de Reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios y, si mal no recuerdo, en octubre de 2004 se celebraron elecciones nacionales. Asimismo, en junio de 1994, se había aprobado la anterior ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Reitero: enero de 2004 y junio de 1994. Imagino que los profesionales, donde hay tantos abogados y constitucionalistas de nota, habrían interpuesto recursos al respecto al habérseles recortado beneficios. Por lo tanto, aquí lo que hay es una decidida intención de parte del Gobierno de evitar la discusión de los temas, el debate de los argumentos y de las razones, en mi opinión porque carece completamente de ellos.

Resulta muy difícil resumir por qué vamos a votar en contra de esta iniciativa, tanto en general como en particular, pues las razones se cuentan por centenas. Entre otras cosas, podemos decir que mediante este proyecto de ley se plantea una reforma para que todo el mundo esté peor que antes, o en el mejor de los casos igual, ya que tendrá lugar una transición. Por mi parte, no concibo una reforma con estas características, pues las reformas dan ganadores y perdedores -eso es verdad-, pero se instrumentan para que el futuro sea mejor y sostenible. En este caso, todos son perdedores y el futuro es insostenible, y lo voy a demostrar de la siguiente manera.

En primer lugar, queremos dejar claramente establecido que estamos a favor del salvataje de los actuales pasivos-jubilados y pensionistas- de la Caja Bancaria, de la misma manera que estamos a favor del salvataje -se podría denominar de esta forma- de los activos que luego se van a jubilar en un régimen de transición. Eso está claro. ¿Cuál es el costo de ese salvataje? Menor al de esta ley, y ese es el punto a destacar. No es que nosotros queramos que no cobren, sino todo lo contrario: queremos que sigan cobrando las jubilaciones -que ya están bastante disminuidas por los impuestos- y que los futuros jubilados que no tienen más remedio que hacerlo por el régimen de la Caja Bancaria, también cobren lo que les corresponde, a la vez que se hace una transición ordenada hacia el régimen general. Pese a que mucha gente nos ha llamado para decirnos que no se debe poner ni un peso en esas jubilaciones, nosotros entendemos que no podemos dejar desamparadas a las personas que aportaron toda la vida. Ahora bien, para eso se precisan impuestos, al igual que para esta reforma, solo que en menor cuantía; entonces, solucionemos el tema.

Por todo esto quiero que quede claro que estamos a favor, pero no podemos votar el salvataje sin una solución de fondo, no podemos apoyar algo que en quince años nos va a conducir a un problema mayor que el actual, con la misma angustia que hoy vemos en los pasivos y en los trabajadores de muchos sectores que dependen de que se vote o no un complemento de jubilación. Todos los estudios técnicos realizados por especialistas indican que las jubilaciones más humildes son las que más se recortan en el futuro, llegándose en algunos casos hasta casi el 50%, aunque puede ser más, y eso depende del supuesto de la simulación. Entonces, creo que no se puede perjudicar de esta manera a la población más humilde por un acuerdo político-sindical y, además, no hay derecho a que la población -es decir todos- tenga que poner US$ 60:000.000 por año, perjudicando a un grupo enorme de personas, en general las más humildes, sin solucionar el problema de fondo. Por lo tanto, quiero que quede claro nuevamente que estamos a favor de que la sociedad no desampare a los pasivos que aportaron toda su vida, ni a los actuales trabajadores.

Actualmente contamos con un sistema general que se muestra sumamente exitoso, que no es la copia de otros, sino que es pionero en el mundo por su diseño y fue creado por técnicos uruguayos a la luz de las enseñanzas de las experiencias internacionales; en él se combina lo mejor de un sistema de capitalización individual con la imprescindible protección social del Estado a los más humildes y sin topes jubilatorios. Este sistema comenzó a ser copiado en otros lugares del mundo, en especial en América, y soportó la crisis financiera de 2002; salió indemne, sin que ningún trabajador perdiera un solo peso de sus aportes e, incluso, con cuentas muy capitalizadas. Este es el sistema que soluciona a largo plazo los problemas de la seguridad social o, por lo menos -para no ser absolutos en los términos-, es el que tiene más perspectivas de hacerlo y, por lo tanto, es el que queremos.

Nos llama la atención que un proyecto de ley de esta envergadura, que requiere un proceso largo de estudio, concienzudo, y que precisa evaluar las proyecciones a treinta, cuarenta o cincuenta años, con análisis de simulación y en el que están en juego dos generaciones, ingrese el 29 de setiembre en la Cámara de Representantes sin ningún estudio y con una planilla elaborada exclusivamente por el Poder Ejecutivo, desechando los estudios técnicos del Instituto de Estadística de la Universidad de la República. Creo que no se solicitaron nuevamente los estudios técnicos porque sabían que daban distintos, pero personalmente me preocupé por pedirlos y los voy a comparar porque sus resultados son bien diferentes a los del Ministerio de Economía y Finanzas.

Reitero que este proyecto de ley no tuvo un previo análisis y se pretende que se apruebe en ambas Cámaras en un período de veinticinco días. Pienso que es una irresponsabilidad aprobar esta iniciativa en ese lapso y no nos podemos hacer cómplices de ella. Desde mi punto de vista, esto es propio de quienes no creen en la discusión, de quienes no creen en la democracia representativa, de quienes se sienten débiles a la hora de discutir el tema de fondo. En la Cámara de Representantes se recibió de forma apurada a algunas delegaciones, que apenas pudieron leer el texto y, naturalmente, sin previo análisis. A su vez, muchas se mostraron sorprendidas porque se enteraron por la prensa que pasarían a tributar a esta Caja, cuando lo que se les había prometido era lo contrario. Se debe tener en cuenta que la enorme mayoría de los colectivos a los que se les impone el pasaje, están en contra. Entiendo que sería bueno que las personas tuvieran un plazo, que puede ser corto, para optar libremente si pasan o no a la Caja Bancaria. Seguramente, los individuos sabrán mejor que los burócratas ilustrados qué es lo que más les sirve; la gente suele no precisar tutelaje y mucho menos en este sentido.

Por otra parte, llama la atención que el pasaje por Comisión haya sido formal, donde el Poder Ejecutivo compareció apenas dos horas y media y cuando la oposición pidió que concurrieran -como es de estilo- quienes habían pedido audiencia y algunos especialistas en el tema para sacarnos algunas dudas, le fue negado. Lo peor no fue el hecho de que lo negaran sino que algún Senador oficialista expresara que el circo ya lo habían hecho en la Cámara de Representantes y que eso no iba a suceder otra vez. Creo que esa no es la forma de concebir la democracia. Esto no es un circo y la gente no se acerca a la Comisión porque crea que lo es sino que, en el acierto o en el error, compartiendo o no lo que pensamos, viene a dar sus argumentos. Muchas veces concurren para defender cosas que uno considera pequeñas cuando se tiene en cuenta la totalidad, pero que ellos sienten que eso es lo que deben hacer. Quiero recordar que hasta hace cuatro años quienes hoy ocupan el Gobierno mandaban veinte delegaciones a las Comisiones por el mismo tema, las que siempre repetían lo mismo; sin embargo, se las recibía a todas y no había ningún problema. En aquella época todo giraba en torno a las cámaras de televisión, espacios radiales y otros medios de prensa; era la forma de copar espacios y repetir el verso del hoy Partido gobernante.

Como dije anteriormente, la delegación del Poder Ejecutivo permaneció por apenas dos horas y media en la Comisión y se les consultó sobre la forma en que estaba hecha la proyección. Con relación a eso, debo decir que nos asaltan enormes dudas. Quedó claro, por lo expresado en Comisión por el Poder Ejecutivo, que lo que se dijo en la Cámara de Representantes no es correcto puesto que no se trata de la proyección elaborada por el Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, sino que vino directamente de parte del Poder Ejecutivo. Es más, cuando uno analiza la proyección de este Instituto, advierte dos enormes diferencias que cambian sustancialmente el resultado. Una de ellas refiere al supuesto sobre la cantidad de aportantes, no por el salto, discreto en su número, que se da al agregar nuevos aportantes, sino por la tendencia. El sistema financiero y la Caja Bancaria habían mostrado que la cantidad de aportantes cae en el largo plazo, en el entorno del 1% anual. Pues bien, en esta proyección esa cifra no cae y, además, sube un poco; digamos que queda constante.

Otro aspecto a destacar de esta proyección es que en el futuro el número de pasivos caerá en forma dramática -cosa poco creíble-, producto de un corrimiento artificial de la edad de retiro y, sobre todo, de no respetar las tasas de mortalidad específicas del sector. Este aspecto había sido tenido en cuenta en la proyección que elaboró el Instituto de Estadística, puesto que había elaborado tablas de mortalidad específicas para este sector que, afortunadamente, muestra una mayor expectativa de vida.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Arana)

-Obviamente, estamos hablando de tres factores críticos: más cantidad de aportantes, menor tiempo en el que se recibe la prestación y una edad de retiro artificialmente corrida hacia adelante. Todo esto ha dado un determinado resultado; está claro que cada uno puede llegar al resultado que quiera, pero el real es uno solo y no precisamente el que muestra el Poder Ejecutivo. Esa es la verdad.

Otro aspecto clave está en pensar que los impuestos creados se van a pagar sin que nada pase en la sociedad. Esto no es así porque cuando se crean impuestos está claro que no se puede tomar la base y tirarla hacia delante sin que nada suceda. La gente reacciona y de alguna manera encuentra mecanismos para eludir la carga impositiva, que en este caso es la desintermediación.

A continuación, voy a hacer algunos comentarios de carácter general. Lo cierto es que la Caja Bancaria está actuarial y financieramente quebrada. Su deuda, pesos más, pesos menos -depende de la cotización del dólar-, asciende a US$ 1.200:000.000. Esta cifra es algo superior a la que el país efectivamente utilizó para salir de la crisis de 2002. Esta deuda es la que vamos a pagar todos nosotros, con estos impuestos; será a plazo, pero es lo que vamos a terminar pagando. Este proyecto de ley permite llevar la relación activo-pasivo de 0,74 a 1 en el comienzo, y con los números que presentó el Poder Ejecutivo dudo que en algún momento esa relación pase de 1,2. Por tanto, en un sistema puro de reparto como este, algo así es absolutamente insostenible. Todos sabemos que en este tipo de sistemas se necesita una relación activo-pasivo de 3,5 ó 4 a 1 para que los aportes sean normales.

Si bien el aporte inicial que recibirá esta Caja por parte de los trabajadores que se incorporan es relevante para ellos, apenas cubre el 10% del déficit actual. En realidad, este aporte representa menos del 2,5 % del presupuesto total.

Por otro lado, se incorporan colectivos que nada tienen que ver con la actividad, y ello se hace sin explicación alguna. Digo esto porque en la Comisión no se dio ninguna explicación razonable al respecto y tampoco se dijo por qué se dejó fuera a otros colectivos que, en todo caso, desempeñan una actividad que se asemeja mucho más a la financiera como, por ejemplo, las redes de cobros y pagos, las casas de cambio o las empresas que se dedican a hacer giro de dinero. Queda claro que tanto el cambio como los giros de dinero son actividades mucho más asimilables a la actividad bancaria. En consecuencia, como bien expresaba el señor Senador Gallinal, se generan problemas de inconstitucionalidad por lesión de derechos de los trabajadores -los que tienen interés legítimo y personal-, por reducirse su pasividad. Seguramente, en el futuro estos trabajadores también verán reducido su salario, porque si bien hoy se dice que continuarán aportando lo mismo que aportaban al Banco de Previsión Social, como esto no es sostenible, en algún momento aportarán como los demás, cosa que ya sucedió.

En el mundo moderno, donde los sistemas de reparto puro no pueden sobrevivir, progresivamente se va elevando la edad de retiro, en términos generales como consecuencia del aumento de la expectativa de vida de la población. Días atrás comentábamos que en el mundo comparable la edad de retiro ya estaba en 67 años y en algunos países que tienen una expectativa de vida muy parecida a la del Uruguay, llegaba a los 70. Ante esto, queda claro que no se puede establecer un sistema de reparto en sectores cerrados, cualquiera sea éste. Esto tiene dos razones y una de ellas es que la economía es dinámica, lo que hace que algunos sectores crezcan y otros caigan y hasta desaparezcan. Aquellos que alguna vez fueron importantes y crecieron, dejan de serlo en el futuro. Los sectores de mayor relevancia en la economía están cambiando constantemente y de hecho, justamente, el crecimiento se da por los sectores que crecen y que innovan. A su vez, algunos sectores llegan a desaparecer, tal como lo hemos visto en la actividad económica. En este caso en particular, si bien está claro que este se sector no va a desaparecer, porque es la sangre de la economía, la tecnología avanza a un ritmo tal que provoca la destrucción constante de puestos de trabajo y, por lo menos, los destruye en términos relativos al crecimiento general de dichos puestos. Entonces, está claro que cuando la tecnología destruye los puestos de trabajo de un sector, éste se queda sin base de aportación y no tiene financiamiento a largo plazo. Lo increíble de la solución que se plantea es que pretende que al grupo minoritario, al deficitario y al quebrado, en lugar de integrarlo al colectivo general -como suele suceder-, se le agrega aportantes para sostenerlo por un tiempo. La solución debería ser al revés porque, de lo contrario, sería lo mismo que si en lugar de liquidar un banco quebrado -salvando todo lo que sea posible, vendiendo los activos buenos y demás a otro banco para que los ahorristas pierdan lo menos posible, o no pierdan-, obligáramos a los ahorristas de un banco solvente a pasar su dinero al banco quebrado y a esperar qué les deparará el futuro. Esto es bastante ilógico, a tal punto que no conozco a nadie en el mundo que lo haya hecho.

Como decíamos, esta ley solo tiene perdedores o, en todo caso, personas a las que esta situación les podría resultar indiferente. Entonces, no existen quienes ganen, por lo menos bajo una óptica de bienestar de la sociedad; quizás sí existan desde otro punto de vista, tal vez ideológico. Es probable que alguien piense que esto es una victoria, aunque sea temporal y pírrica; precisamente, el horizonte de esa victoria va a ser muy corto.

¿Por qué digo que nadie gana? Porque a los actuales jubilados se les aumenta el impuesto que pagan entre un 22,2% y, en algunos casos, un 100%, según el monto de la pasividad. Lo más increíble es que el incremento del impuesto en términos porcentuales crece a medida que la pasividad es menor y no al revés, porque se aumentan dos puntos fijos en toda la escala; me estoy refiriendo al artículo 32 del proyecto de ley.

A su vez, a los futuros jubilados que ya están en el régimen actual, se les disminuye de manera muy importante el monto de su jubilación, ya que difícilmente la tasa de reemplazo supere el 55%.

Por su parte, a los futuros jubilados que hoy pertenecen al Banco de Previsión Social, como dijimos, se les disminuye el importe de su jubilación entre un 35% y un 50%, según el caso. Esto sucede con la particularidad de que los más perjudicados serán los que perciban los menores ingresos, en función de lo establecido en los artículos 8º y 28 de la Ley Nº 16.713, mal llamada "de las AFAP", de 3 de setiembre de 1995, que permite que los trabajadores de menores sueldos aporten por un monto de hasta la mitad de sus salarios a una cuenta de ahorro individual, y que por la otra mitad, por la que aportan al Banco de Previsión Social, se les compute como una vez y media, como base de su futura jubilación. Este era el esquema redistributivo que tenía y tiene la otra ley.

Señor Presidente: quiero recalcar algo que dijo el señor Senador Gallinal, que recogió un razonamiento que hicimos en Comisión cuando concurrió el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, doctor Bruni. El señor Subsecretario dijo que el retiro promedio de las AFAP era de $ 3.000, a lo que le manifestamos que si era así, nosotros nos iríamos de la Comisión mucho más maravillados de lo que pensábamos. Estamos hablando de $ 3.000 de promedio en 12 años de servicios, de acumulación. Esta sería la jubilación que están brindando. Se trata, más o menos, de un tercio de la jubilación que se brindaría al final; los números dan aproximadamente eso. Hablamos de una jubilación promedio que, solo en lo que tiene que ver con la parte de las AFAP, sería de $ 8.000, a lo que habría que sumarle lo correspondiente al Banco de Previsión Social. Esta estimación de jubilación habría sido calculada con tasas de rentabilidad de los ahorros inferiores, concretamente la mitad de las que se han obtenido en la práctica hasta el momento.

Me he tomado el trabajo, ahora que tenemos la dicha de contar con Internet y con la información pública, de calcular cuál ha sido el rendimiento promedio de los fondos acumulados en las cuentas de ahorro individual de los trabajadores desde creado el sistema. Así, tenemos que el rendimiento promedio del valor de la cuota se ubica entre un valor mínimo de 9,7% anual real -por encima de los salarios, que es como se mide- y uno máximo de 10,8%. Cuando se hacen los cálculos de futuros beneficios, se toman parámetros conservadores; así, se toman tasas de rendimiento de los fondos o de interés real de 4,5% a 5%. Es según esos cálculos que la pasividad futura será entre un 35% y un 50% inferior. Si los números a largo plazo fueron estos -lo que me parece difícil, aunque el sistema ya tiene doce años, funciona así y en Chile, en sus primeros veinte años, arrojó tasas similares a estas-, no quiero ni saber de cuánto podría ser la caída de la pasividad real. Es mejor que no haga este cálculo para no amargarme o, lo que es peor, para no amargar a otros; por suerte, esto todavía no me tocó.

Por tanto, señor Presidente, según estos números, los jubilados que pasen a la Caja Bancaria -las personas de menores ingresos-, a valores de hoy, podrían perder aproximadamente $ 3.000 por mes de jubilación. Realmente, esto configura el único caso de solidaridad invertida: los que menos tienen, más pierden.

A este respecto, cabe señalar que la virtud de la otra ley era, precisamente, cómo redistribuía en el medio y, además, que recaudaba -y lo sigue haciendo- para no tener déficit y para poder llevar a cabo esa redistribución.

Asimismo, a los trabajadores activos -también perdedores- que ya están dentro del régimen, se les sigue cobrando un aporte personal superior al del resto. Lo increíble es que al final los trabajadores activos también van a tener una jubilación inferior a la que les correspondería por el binomio Banco de Previsión Social - cuenta de ahorro personal; no solo se trata de los que se incorporan, sino también de los que están activos. Seguramente esto no sucederá en todos los casos; a quienes están en el régimen de transición no les pasaría esto, porque, sea cual sea el régimen que los abarque, van a cobrar más o menos lo mismo. Sin embargo, a los más jóvenes, los que podrían acumular aportes, formar su capital y contar con un sistema más moderno, se lo impedimos; es decir, igualmente sufren las consecuencias.

Respecto de las empresas quiero decir que las que quedan bajo el régimen de la Caja Bancaria, verán aumentado su aporte, lo que surge claramente de lo establecido en los artículos que van del 25 al 30 del proyecto. En realidad, más precisamente, desde el punto de vista económico el efecto de un impuesto a los activos termina siendo un impuesto al crédito, porque nadie puede pensar que los bienes de uso -es decir, el activo fijo, a saber, los locales, las computadoras, los muebles, etcétera- van a pagar un impuesto; esto hay que generarlo. Tampoco nadie puede pensar que la caja de los bancos vaya a pagar un impuesto; esto también hay que generarlo. Entonces, lo único que puede generar ingresos son los créditos y los servicios y, por lo tanto, éstos se encarecen para pagar, precisamente, el impuesto sobre todos los activos.

Esto hace que el proyecto de ley reintroduzca el IMABA con otro nombre; de hecho, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas sobre los intereses es el IMABA visto del lado del pasivo bancario en lugar de los activos. No obstante, en este proyecto de ley tenemos al IMABA propiamente dicho, pero con otro nombre. A este respecto, cabe decir que los cálculos que ha acercado el Poder Ejecutivo, que son coincidentes con lo expresado en la Cámara de Representantes por el Presidente de la Asociación de Bancos del Uruguay, nos indican que equivale a diez puntos de aporte patronal. O sea que si bien formalmente se reduce el aporte en cinco puntos, en definitiva se establecen diez por ese concepto; estamos hablando, pues, del aumento del costo del crédito. En otros casos, lisa y llanamente, se aumenta el aporte en diez puntos, bajo el eufemismo de prestación complementaria.

Además, se establece la obligación de comprar un bono que, claramente, valuado a precio de mercado, vale cero o algo muy parecido a cero. A los bancos se les establece la obligación de comprar un bono o pagar un 4,5% más de aporte patronal. Es obvio que van a comprar el bono -y voy a explicar los motivos- que, repito, a precio de mercado, vale cero. Precisamente, en la reunión de la Comisión se lo expresamos al señor Subsecretario de Economía y Finanzas; le dijimos que por los cálculos que mostraba -creo que pagaba 0,5% anual-, este bono estaba fuera de mercado, porque con ese interés se trataba, directamente, de una leva de capital, y el señor Subsecretario me respondió que se trataba de un bono en no condiciones de mercado.

SEÑOR AMARO.- Formulo moción para que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 23. Afirmativa.

Continúa en uso de la palabra el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Lo cierto es que el bono vale cero por varias razones. En primer lugar, porque un bono de una institución quebrada su valor es cero porque no lo podrá pagar; además, ni siquiera tiene fecha de repago, porque se dice que cuando las reservas lleguen a determinado nivel va a empezar a amortizar. Pero, en segundo término, el señor Subsecretario nos dijo que para los bancos este bono no iba a valer cero porque se iba a sacar una normativa especial del Banco Central. Quisiera ver al Superintendente de Bancos sacando una normativa especial para que este bono, que vale cero, represente algo en los balances; solo con una garantía estatal que lo respalde podrá valer algo.

Además, le recordamos al señor Subsecretario las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que dicen claramente que a los activos que devengan interés hay que valuarlos al menor valor entre el nominal y el valor actual que surge de descontar los flujos de fondos que genera a tasa de mercado. Por ejemplo, un activo que se rescate dentro de 30 años, a cualquier tasa de mercado -5% o 6%- y que no paga intereses, vale prácticamente cero, en realidad menos de 20%. El valor actual de un bono cupón cero -es eso a lo que nos estamos refiriendo- a 30 años de plazo, con una tasa del 6%, vale muy poco. Es decir que esto no puede ser valuado como un activo de los bancos; en el fondo, los bancos lo consideran como un impuesto más.

Lo más grave de esto es que, hasta donde recuerdo, esta es la primera vez que en el Uruguay se obliga a los bancos, o a cualquier institución, a tomar compulsivamente un bono. Si algo hicimos razonablemente bien durante la crisis fue, justamente, no obligar -como sí hizo la Argentina con el Ministro Cavallo- a los bancos, a las instituciones de seguros, a las AFJP -las AFAP en el Uruguay-, etcétera, a tomar obligatoriamente bonos del Estado. Este camino es muy peligroso; todos sabemos cómo termina cuando el nivel de deuda se impone compulsivamente y se llega a un momento en que no se puede pagar. Esto solo sucede cuando alguien debe tomar obligatoriamente la deuda, transformándose en un tomador infinito, porque cuando el tomador es libre de evaluar la capacidad de repago, llega a un punto en que dice "no va más".

En definitiva, en el futuro, todos los uruguayos vamos a estar expuestos a una reclamación y a tener que pagar ese bono, incluso con intereses; es un enorme pasivo contingente.

Este proyecto de ley genera más y nuevos impuestos. En su momento se nos dijo que el nuevo sistema tributario venía para simplificar, y si uno mira la cantidad de tributos puede ver que esto es cierto en cuanto a la cantidad de nombres de impuestos. Sin embargo, no lo fue fácticamente, porque la mayoría de los tributos que se derogaron se sustituyeron por otros, se creó el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas -que son siete tributos en uno-, se instauró una Comisión para el Banco Central y algunas otras cosas más, y ahora se agregan cuatro nuevos impuestos.

Ya hemos mencionado que, de acuerdo con el artículo 28, se crea un IMABA con diferentes tasas según la institución. No voy a entrar en la discusión de si es o no un impuesto. Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico el contador Eibe explicaba que no se trata de un impuesto porque no lo recauda el Estado sino una persona pública no estatal; pero lo cierto es que es el mismo perro con distinto collar. Desde el punto de vista del efecto económico, que es lo que importa, es un impuesto sobre el crédito, igual que el IMABA.

Además este impuesto tiene una estructura rudimentaria y anticompetitiva, y voy a explicar por qué. Decimos que tiene una estructura rudimentaria porque grava la totalidad de los activos, es decir que también incluye la inversión, dejando exenta solo una parte del encaje bancario, el dinero que los bancos tienen depositado en el Banco Central. Técnicamente hablando, los encajes se componen por la caja de los bancos y el dinero de éstos depositado en el Banco Central. La caja de los bancos -que, reitero, también compone el encaje- tampoco genera interés y va a pagar un impuesto, con la agravante de que esto perjudica a los bancos que brindan más servicios, los que tienen más red, porque son los que necesitan más caja. Aquellas instituciones que cuenten con pocas sucursales necesitarán poca caja porque tienen todo concentrado. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Lo que va a suceder es que los bancos se van a ver incentivados a tener menos sucursales, a concentrar más la red y a cargar menos el crédito con un impuesto para competir mejor. Aquellos que tengan menos red, podrán competir mejor en determinados créditos.

También decimos que esto es anticompetitivo porque el IMABA -que podrá gustar o no, pero básicamente estaba concebido como el cierre del Impuesto al Patrimonio- tenía dos exoneraciones clave: el préstamo para inversiones estaba exonerado y, además, el crédito para la prefinanciación de exportaciones. En realidad no se podían exonerar, pero tenía una tasa de 0,01%. En este caso, como se aplicaría sobre todos los activos cualquiera sea su destino, aun cuando se trate de promover las exportaciones o la inversión, también quedaría gravado. A su vez, tal como se establece, que va a gravar los activos menos los pasivos en el exterior, va a promover que los bancos, de alguna manera, buqueen -como se dice en la jerga-, o sea, registren la mayor cantidad posible de sus créditos fuera del sistema uruguayo, ya sea en zona franca, desde la casa matriz o de una sucursal de afuera, a fin de evitar el impuesto. Directamente, porque el "spread" que se genera en este tipo de operaciones es muy bajo frente a lo que reciben del exterior y si no hacen eso, la utilidad no les va a compensar el impuesto. En consecuencia, lo que va a suceder es que no se pasarán estas operaciones internamente; las operaciones con el exterior directamente se realizarán todas afuera, las ganancias quedarán afuera, los trabajadores irán también afuera y lo que se logrará es encoger la base en lugar de ampliarla.

Decimos que este impuesto será de cargo de los tomadores de crédito, como también lo es a largo plazo, en general, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Ahora bien, pensemos en cuánto es el monto de este impuesto: se trata de casi un 0,5% anual, ya que un 0,04% mensual daría 0,48% al cabo del año. Con tasas de interés normales -digamos, 6% en dólares-, el IRPF de 12% da 0,72. Como por cada peso de un depósito hay apenas un tercio de crédito, hay que multiplicar por tres su incidencia en el crédito; eso solo da más de dos puntos, a lo cual se le agrega medio punto más. Entonces, en poco tiempo nos va a quedar un IMABA que, en lugar de ser de un punto y medio, estará por encima de dos puntos y medio. A un mundo con crédito caro, como el que se viene, le agregamos más costos.

Ese es el primer impuesto que se crea. El segundo es una sobretasa de aporte patronal de 10% de determinados contribuyentes, entre ellos, el Banco Central. ¿Quién paga esa sobretasa en el presupuesto del Banco Central? La sociedad en su conjunto, pues este es un impuesto más que debe enfrentar.

El tercer impuesto, pese a que la tasa es baja, es algo insólito: reaparece el impuesto a las ventas, en este caso para las transportadoras de caudales. En el mundo, este impuesto a las ventas comenzó a desaparecer a fines de los años cincuenta, porque se empezaron a probar los efectos perjudiciales que tenía para la asignación de recursos en la economía. En el Uruguay, fue derogado a principios de los años setenta, pero acá se lo hace reaparecer en el literal E) del artículo 28.

A su vez, se suma un cuarto impuesto: un adicional al IRP -en realidad, no sé cómo llamarlo-, que se suma al IASS ya existente que, como dijimos, subía la carga entre 22% y 100%. Quiero recordar que el impuesto, que fue creado en el año 2004, fue vetado por el Gobierno anterior y, lamentablemente, por un voto no pudimos sostener el veto.

Entonces, queda más que claro que todo el proyecto se sostiene en base a transferencias de la sociedad, y aun cuando se argumente que es sustentable y sostenible -lo que dudamos-, en realidad, las proyecciones que muestra el Poder Ejecutivo nos dicen que casi un 40% del total de las erogaciones se van a financiar con impuestos generales. Cualquier cosa es sostenible si se le pone un caño grande como un gasoducto por el cual se le pasa gas todo el tiempo. Con el 40% del total de erogaciones sostenidas por impuestos generales o sobretasas de impuestos, cualquier cosa puede ser sostenible, ello es bastante obvio, pero no es esta la forma de decir si algo es sostenible o sostenido; para hacer esa aseveración debemos converger en una situación de equilibrio sin asistencia.

Como se dijo, las transferencias son varias: vía impuestos diversos, vía bono competitivo, o directamente mediante una transferencia desde rentas generales. En este último caso, al comienzo hay un aporte igual, de monto similar al aumento del monto del impuesto a las pasividades. Asimismo, Rentas Generales va a aportar lo que deja de percibir el Banco de Previsión Social por aportes personales y patronales de los trabajadores que pasan a la Caja Bancaria. Por su parte, la sociedad paga el dinero recaudado por el IMABA; en especial, lo hacen los tomadores de crédito, y ya vimos cómo afecta esto desde el punto de vista económico y cómo retrae la actividad comercial.

El Banco Central y otros agentes van a tener impuestos adicionales, porque pagan más aportes patronales. Esos son impuestos que de alguna manera se le cobran a la sociedad. Como dijimos, aparece el impuesto a las ventas y, además, se obliga a las instituciones a tomar de manera compulsiva un bono que emitirá la Caja Bancaria. Este bono, clara y reconocidamente, está fuera de las condiciones del mercado. Si estuviera en condiciones de mercado, si la Caja fuera solvente a largo plazo, si estas proyecciones fueran reales y si, como nos dicen, la Caja Bancaria va a tener, en dólares constantes, un patrimonio del orden de los US$ 750:000.000 en crecimiento -crece cada año-, el bono es bueno y vale; con ese patrimonio se puede emitir el bono y alguien lo puede comprar. El tema pasa porque alguien crea en esto; por algo se hace un bono compulsivo y casi sin intereses. De lo contrario, se lo pone en el mercado y la gente puede comprarlo o no. Estoy casi seguro de que este bono también va a ser rescatado y asumido por la sociedad. En la norma existe una serie de iniquidades, algunas explicables y otras medio extrañas. Personalmente, planteé al señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social cómo es que aquí se mantienen treinta años de actividad con el 50% de la tasa de reemplazo, cuando a los policías se les exigió treinta y cinco años de trabajo. No entendí la explicación; leí la versión taquigráfica pero, realmente, sigo sin entenderla. Voy a pedir a alguien que entienda lingüística que realice la exégesis de sus dichos. De la misma manera, se planteó que el tope de jubilación, en la Caja Policial, era de $ 20.000 -ahora parece que cambia-, pero acá es del doble. La respuesta realmente me asombró, pues se nos dijo: "No, pero acá ganan más". Por supuesto que ganan más; no estoy diciendo que esté mal el tope en este sistema de reparto; lo que estoy señalando es que en el otro lado también hay algunos que ganan más. Entonces, me pregunto: ¿por qué no poner este mismo tope más alto para los policías? Ese es el punto. Quizás para la mayoría de los policías el tope de $ 20.000 es suficiente pero, ¿por qué no se estipula el de $ 40.000 y quedamos igual? De todas maneras, si el de $ 20.000 no opera porque los salarios son más bajos, tampoco operará el e $ 40.000. De esta manera no generamos innecesarias rispideces y enojos si total en la Caja Policial muy pocos tendrían realmente su jubilación con tope.

Se acaba de votar una ley según la cual el que tiene treinta años de trabajo cobra 45% de tasa de reemplazo y acá se pasa a 50%. Eso no se entiende si uno lo mira normalmente, pero se comprende si se tiene en cuenta lo siguiente. En el Banco de Previsión Social, la tasa de reemplazo va a ser muy superior porque tiene el aporte complementario de su cuenta individual -va a pasar largamente el 50%-, pero acá se quiso compensar esa reducción enorme en el monto de jubilación, con 5 puntos más de tasa de reemplazo.

A su vez, hay aspectos poco comprensibles. La única ley que estipulaba treinta años de trabajo para acceder a la jubilación era la relativa a los profesionales. El argumento, compartible o no -salvo en el caso de alguna profesión muy estresante, no era esencialmente compartido-, era que una persona, luego de cursar sus estudios, tiene menos tiempo para trabajar y para completar los treinta y cinco años de actividad. Ahora bien, los profesionales que aportaban a la Caja Profesional debían cumplir treinta años de trabajo, pero cuando lo hacían a las dos Cajas, también se les exigía treinta y cinco años. En términos generales, tal como dice la ley de la Caja Profesional, se les sigue exigiendo treinta y cinco años.

Todo esto muestra una serie de asimetrías, que son producto de este apuro de hoy; ya he dado mi opinión acerca de por qué se actúa de esta forma y se llega a estos resultados.

En resumen, estamos ante un proyecto de ley muy malo, que provoca perjuicios en general y que no beneficia a nadie, quizás producto de presiones y de cierta ideología más que del mesurado análisis y de la racionalidad. Esta iniciativa es una curita de cortísimo plazo y muy costosa para la sociedad; como corolario, acarreará perjuicios que todos terminaremos pagando. No obstante, el Poder Ejecutivo argumentó que esta norma es fantástica. Creo que la mejor prueba de que es fantástica sería que los trabajadores decidieran si quieren quedarse en el régimen general o pasar al que se crea; es más, sería bueno que los actuales trabajadores de la Caja Bancaria pudieran decidir en el mismo sentido, para saber cuántos quedan y cuántos van a un régimen general. Me refiero a que puedan decidir ellos, tanto los que se quiere incorporar compulsivamente, como los que actualmente están amparados.

El Partido Colorado va a votar en contra de este proyecto de ley. Es sabido que ha pagado importantes costos por impulsar reformas que realmente solucionen problemas a largo plazo -discúlpenme, señores Senadores, la franque-za-, en lugar de tirar la pelota hacia delante. Acá tiramos la pelota y la hacemos deslizar por una pendiente llena de nieve, por lo que va creciendo y creciendo. Así, tal como están las cosas, en el futuro el problema solo se va a agrandar; si no aumenta desde el punto de vista de los números estéticos, será porque el impuesto dedicado que se transfiere es muy grande, pero de hecho, internamente, en los números actuariales, solo se agrandará.

Entendemos que esta no es una solución y por eso no creemos conveniente votarla.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Michelini solicita licencia por el día de la fecha"

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de octubre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Rodolfo Nin Novoa

Presente.-

De mi mayor consideración:

Por la presente, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 17.827, solicito a Usted se me conceda licencia durante el día de la fecha, por motivos personales.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente,

Rafael Michelini. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que los señores Edgardo Carvalho, Felipe Michelini y Ricardo Alcorta han presentado nota de desistimiento informando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria al Cuerpo por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Antonio Gallicchio, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

8) SESIONES EXTRAORDINARIAS

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: como seguramente la consideración del punto del Orden del Día que estamos analizando se va a extender durante toda esta sesión, vamos a solicitar al Cuerpo que se realice una sesión extraordinaria el día de mañana, a partir de la hora 10, para continuar con el resto de los asuntos previstos para hoy. A su vez, como hay otros proyectos de ley que seguramente ingresarán al Parlamento -como el relativo a la reestructura de la Dirección de Informática Parlamentaria-, también vamos a solicitar que se celebre sesión extraordinaria el día jueves. Además, ya ha ingresado el proyecto de ley marco sobre cooperativismo, y vamos a proponer que se trate en el ámbito de las Comisiones de Población, Desarrollo e Inclusión -adonde fuera derivado en el día de hoy- y de Constitución y Legislación integradas.

En definitiva, estoy proponiendo al Cuerpo la celebración de dos sesiones extraordinarias, los días miércoles y jueves respectivamente, y la integración de las Comisiones mencionadas.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 18 en 22. Afirmativa.

9) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Continúa en consideración el primer punto del Orden del Día.

SEÑOR LARRAÑAGA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LARRAÑAGA.- En primer lugar, señor Presidente, quiero dejar dos constancias: una implica un reconocimiento y la otra una disposición.

La primera, refiere al reconocimiento público que hacemos -y que expresamos de manera muy clara en esta sesión del Senado- a la seriedad con que la gremial de AEBU ha trabajado respecto a situaciones realmente graves y complicadas para la vida del país. No puedo dejar de rescatar el hecho de que, en plena crisis del año 2002 tuvimos, desde nuestro Partido Nacional, una relación muy estrecha y directa con dicha gremial, lo que nos llevó a conocer a varios de sus principales referentes, quienes actuaron con enorme responsabilidad en aquellos tiempos extremadamente complejos para la vida de todos los uruguayos. Quiero reconocer, también, que dicha gremial ha estado informando permanentemente a los Legisladores del Partido Nacional, actuando así de manera completamente diferente a como lo ha hecho el Gobierno.

También dejo expresa constancia de la disposición que siempre hemos tenido -y tenemos- para buscar soluciones que impliquen respuestas a temas tan sensibles, que involucran a trabajadores y a jubilados, máxime cuando se trata de respetar derechos adquiridos, en una ecuación extremadamente compleja de la relación activo-pasivo que ha determinado la actual crisis, que no es más que la crónica de una muerte anunciada desde hace muchísimos años.

En consecuencia, adelantamos que no vamos a votar en general ni en particular este proyecto de ley, básicamente por las argumentaciones que expuso nuestro compañero de Partido, el señor Senador Gallinal, y lo expresado por el señor Senador Alfie, que me precedió en el uso de la palabra. Pero también lo hacemos por consideraciones y argumentaciones de carácter político que quiero traer a consideración de este Senado.

El proyecto de ley que hoy estamos analizando ingresó a la Cámara de Representantes el 2 de octubre y se aprobó en el Plenario el 14; su consideración en Comisión fue sumamente breve -apenas tres sesiones-, y se me dijo que su tratamiento comenzó, incluso, sin contar con el articulado. Todos sabemos que el tema entró a este Senado el miércoles de la semana pasada, y hoy, martes, lo estamos tratando en el Plenario, luego de una sola sesión de la Comisión en la que, según me expresa el señor Senador Gallinal, lo único que se hizo fue resolver que no se recibirían delegaciones.

Señor Presidente: este Parlamento se está lloviendo, y no me refiero sólo a la Banca del señor Senador Moreira -donde caen gotas de lluvia en este momento-, sino a que el Parlamento uruguayo se está vaciando de contenido. Lamentablemente, creo que el tratamiento parlamentario de este proyecto de ley, al igual que ocurrió con otros, es verdaderamente penoso; es un mero trámite. ¿Por qué no sustituimos, entonces, el régimen bicameral? Es a esta conclusión a la que ineludiblemente tenemos que arribar.

Estas circunstancias me impiden tener una disposición positiva, porque no es serio traer al Plenario un proyecto de ley mal concebido, mal procesado, mal articulado y mal negociado, con respecto al cual nunca se consultó al Partido Nacional.

El proyecto vino cerrado y constituye una solución polémica y perjudicial que provoca perjuicios y daños directos e indirectos a sectores muy importantes del país. Si no es así, que se contesten algunas de las interrogantes que fueron formuladas en Sala por los señores Senadores Gallinal y Alfie, aunque en realidad creo que va a ser complejo contestar esas preguntas.

El Gobierno hace un fuerte hincapié en los tiempos; pero vamos a entendernos: ¿acaso se trata de un problema nuevo? La desfinanciación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias tiene años, y no es culpa de este Gobierno del Frente Amplio. Entonces, me pregunto si es lógico que se venga a tratar en este Senado en 12 ó 13 días, y la verdad es que me parece que no, señor Presidente. El problema del tiempo, pues, no es un argumento válido.

No iba a decir lo que expresaré a continuación, pero no puedo evitarlo porque creo que grafica, y muchas veces es bueno poder ilustrar determinadas situaciones. Lamentablemente, en este tema el Gobierno acude al verbo "frangollar", que significa actuar deprisa y mal. En este tema el Gobierno ha actuado como frangollero, y tengo que decirlo claramente, porque me parece que desde ningún punto de vista, por la gravedad del tema que estamos considerando y por la situación de los trabajadores, jubilados y demás involucrados, directa o indirectamente, en este tema, podemos darle un tratamiento de estas características.

Me pregunto si este proyecto tiene un respaldo social o ha logrado determinado consenso. Esta iniciativa llega aquí sin conocimiento ni acuerdo de algunos sectores directamente involucrados y afectados, que compulsivamente se ven incorporados al régimen previsional. Esto va a perjudicar a muchas instituciones y a miles de personas, precisamente a aquellas que se incluye en este régimen; además, va a causar un perjuicio al Banco de Previsión Social, porque se le quitan alrededor de 5.000 activos jóvenes que van a pasar a aportar en el nuevo régimen.

Por otra parte, esta iniciativa va a tener consecuencias para las cooperativas -o por lo menos para muchas de ellas-, porque por la vía del aporte complementario al patronal, que se les impone, se va a causar un perjuicio a todo el entramado de cooperativas sociales, de ahorro y crédito y administradoras de crédito. Todas estas instituciones, sin excepción, han anunciado que se va a resentir el crédito que otorgan, que se va a encarecer, del mismo modo que se verán afectados los beneficios que brindan a sus afiliados. Esto es indiscutible, y me parece que el razonamiento sobre la voluntariedad de la inclusión tendría que reflejar perfectamente la bondad de este proyecto de ley, en caso de que tuviera los atributos que se le adjudican.

No hay que olvidar a la institución ANDA, que cuenta con 140.000 afiliados, que en forma indirecta también se verán perjudicados por el nuevo régimen. Según se me ha expresado, tomando en cuenta a ANDA y a las cooperativas de ahorro y crédito, entre directivos, trabajadores y afiliados, estamos hablando de cerca de 300.000 personas a las que se involucra en este tema. El sábado, cuando regresaba de Paysandú, vi un campamento de miles de personas que, según se me dijo, era de los afiliados de ANDA, que rechazan -me informaron que reunieron alrededor de 15.000 firmas- la reforma que hoy se pretende sancionar en el Senado de la República. Realmente esto es una paradoja, porque por un lado el Gobierno dice "Vivan las cooperativas", y por otro les da con el palo de amasar con la ley que reformó el sistema tributario y con esta iniciativa legislativa.

Aquí se ha dicho que se incorpora de forma compulsiva a 5.000 trabajadores de todas esas empresas que he mencionado. Sin embargo, creo que además de compulsiva, esa incorporación es discrecional, porque no todos los que se encuentren en una misma o similar posición van a ser incluidos en el nuevo régimen, ya que algunas empresas están expresamente exceptuadas de la incorporación al sistema propuesto. Incluso, un señor Diputado del oficialismo dijo en la Cámara de Representantes -eso se publicó en todos los medios de prensa- que era la última vez que votaba algo que contuviera este tipo de discrecionalidades, que no contaban con su respaldo.

Pero además, señor Presidente, este proyecto de ley va a tener consecuencias negativas para la propia Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que se pretende beneficiar. Esta solución no es de fondo y eso lo saben los involucrados, los convidados a este régimen de manera forzosa, el propio Gobierno, los Legisladores oficialistas, los Legisladores de la oposición y los técnicos que han estudiado esta reforma. En definitiva, todos sabemos que hay un agujero de US$ 60:000.000, y que el déficit alcanzaría los US$ 100:000.000 si no se contabilizaran los aportes extraordinarios de los bancos y de los pasivos; también sabemos que la incorporación de estos nuevos aportantes -es lo que se me ha dicho- apenas representaría algo así como US$ 500.000; es decir que solamente se cubriría el 2,5% del abultado déficit que tiene la Caja. Entonces, estamos ante la mera prolongación de una agonía. Hay quien habla de 7 u 8 años, otros de 3 ó 4, pero el problema lo vamos a volver a tener, porque esta solución implica igualar hacia abajo, perjudicando a otros sectores y a la propia actividad que se dice respaldar, pero sin lograr una solución para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Me refiero a una solución que brinde el respaldo que estábamos decididos a dar cuando nos reunimos con la gremial, más allá de los costos políticos que esto pudiera acarrearnos. Por nuestra parte, estábamos dispuestos a pagar esos costos políticos, como ya lo hemos hecho en muchas oportunidades.

Seguimos expresando que si se pudiera abrir este proyecto de ley, estaríamos dispuestos a poner la cara para respaldar y ayudar a encontrar una solución al problema de la Caja Bancaria, pero no lo haremos al galope ni aceptamos que se nos exija su aprobación luego de siete u ocho días de análisis. No aceptamos seguir ese camino desde ningún punto de vista. Creemos que esta iniciativa es una improvisación.

Reconozco que los problemas económicos se arreglan con dinero y que los grandes problemas a veces requieren grandes soluciones, pero en un agujero de un barco no se puede poner una curita o un parche para subsanarlo. En un país serio, un régimen previsional también es algo serio y, por ende, no se puede andar cambiando las reglas a los aportantes cada poco tiempo. Lo que se nos plantea hoy no es serio y representa una solución mala, porque constituye un retroceso, un voluntarismo erróneo y equivocado, ya que no transita por lo que puede significar un camino prolijo.

La incorporación de los nuevos colectivos es objetable desde distintos enfoques. Se me ha expresado por parte de varios constitucionalistas que el proyecto de ley es violatorio de los artículos 8º y 67 de la Constitución de la República, porque en este régimen se evidencia una injusticia descomunal, pues hay hijos y entenados. Entonces, una salida de estas características no es una solución.

Como ya dijimos, se incorporan algunas empresas a la Caja Bancaria y se deja afuera a otras con total ausencia de un criterio razonable. Además, se establece un tratamiento desigual entre los hoy afiliados al Banco de Previsión Social, lo que viola el principio de igualdad recogido por la Constitución de la República. Según sólidos estudios especializados, los trabajadores que se incorporan tendrán jubilaciones más bajas que si se mantuvieran en el régimen del Banco de Previsión Social, hecho que es reconocido por todos. ¿Cómo se puede incorporar compulsivamente a trabajadores que tienen un régimen jurídico y un derecho adquirido? ¿Cómo se los puede poner a todos en una bolsa, perjudicando a algunos en sus haberes jubilatorios futuros? ¿Dónde está el principio de igualdad preservado por la Constitución? ¿Dónde está el sentido elemental de justicia que debe tener un proyecto de ley como este? Hay cálculos que estiman la reducción en un 10%, 20% ó 30%, mientras que otros hacen referencia a una pérdida de futuros haberes jubilatorios del entorno del 40%. ¿Por qué se grava de esa manera a trabajadores, buscando socorrer, quizás con un propósito legítimo, la situación de otros trabajadores, cuando seguramente esto ameritaría otro instrumento legislativo de una magnitud distinta y con otras soluciones?

El proyecto de ley incrementa los costos de las empresas que se incorporan, mediante el establecimiento de impuestos -tema al que ya se hizo referencia- que realmente equivalen a los porcentajes que se han mencionado en la exposición anterior. Desde el punto de vista económico financiero, la incorporación de estos colectivos a la Caja Bancaria también va a generar un desfinanciamiento del Banco de Previsión Social, porque a algunos de sus aportantes se los coloca en otro sistema.

Creo que todos compartimos la necesidad de encontrar una solución a alrededor de treinta mil compatriotas, activos o pasivos, afiliados a la Caja Bancaria, pero no esta salida, de la que no comparto el fondo ni la forma en que fue instrumentada. Este Gobierno lleva algo más de tres años de gestión, y este problema ya estaba en la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, se nos viene a decir que si no lo votamos somos imprudentes, o que si expresamos algunas de nuestras legítimas convicciones, no actuamos con la prudencia que, se dice, no abunda en el sistema político de nuestro país. Nos parece una calificación inaceptable -lo digo respetuosamente-, porque creemos que no es justo poner una etiqueta de esas características a quienes nos oponemos a votar un proyecto de ley de esta naturaleza, con ausencia de rigor técnico, de financiamiento económico y de respuesta final a la solución de este problema.

Además, como dijo el señor Senador Gallinal, este proyecto de ley es hijo de la presión, porque no es el del Poder Ejecutivo ni el del anterior Ministro de Economía y Finanzas, pues se sabe que este último tenía una iniciativa distinta. Hubiera sido bueno que el debate se diera en este ámbito con quien fuera Ministro de Economía y Finanzas y actual Senador de la República, pero lamentablemente hoy no se encuentra en Sala para defender este proyecto de ley que envió a consideración del Parlamento. Me parece que eso tampoco puede ser así. No se trata de hacer fintas o de escabullir el bulto, el debate, porque de esa manera no se contribuye a dar transparencia al diálogo democrático de un país. Lo digo claramente y lo expreso de manera directa, ante todos los actores presentes, que no es nuestra culpa ni nuestra responsabilidad que no se esté defendiendo el proyecto de ley por parte de quien lo envió a este Parlamento para su consideración.

Por las razones expuestas, adelanto que no voy a votar en general ni en particular esta solución.

Nada más. Muchas gracias.

10) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia el día 23 de octubre de 2008".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de octubre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.-

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito se me conceda licencia al Cuerpo por razones personales el día jueves 23 de octubre de 2008.

Solicito se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, saludo al Sr. Presidente.

Alberto Cid. Senador.".

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-22 en 24. Afirmativa.

Queda convocado el señor Milton Antognazza.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia los días 22 y 23 de octubre."

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 21 de octubre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa.

De mi mayor consideración.

Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia para los días 22 y 23 de octubre del corriente por motivos personales.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente,

Julio C. Lara Gilene. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-23 en 25. Afirmativa.

Queda convocado el señor Jorge Romero.

11) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- El Senado continúa con la consideración del asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el se reforma el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias".

Prosiguiendo con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: sabemos de algunas cosas y de otras no. No nos especializamos en este tema, pero hemos mantenido abierto nuestro despacho para recibir los reclamos de mucha gente. Incluso, confieso que las 20.000 firmas que juntó ANDA están en mi despacho. No sé qué voy a hacer, pero las tengo porque alguien tenía que recibirlas, y me parece que es bueno dar fe pública de ello.

También he hablado -pues se me apersonaron- con muchas otras personas porque, en definitiva, es lo que me corresponde como Legislador. En mi cabeza me he hecho la idea de que estamos ante una situación que tiene problemas muy de fondo, que van a golpear durante mucho tiempo y que ya están golpeando a este país, manifestándose en los más diversos frentes. La seguridad social se vuelve crecientemente insostenible por los brutales cambios demográficos que se vienen operando en el país hace no menos de cuarenta años. Ocurre que los temas demográficos nunca son de corto plazo ni ocupan la agenda política, pero, sin embargo, están y se manifiestan en estos días. Por ejemplo, no se podía terminar en fecha la zafra de caña de azúcar en Bella Unión porque faltaba mano de obra. El año pasado también hubo carencias en ese sentido, pero se solucionó con la llegada de brasileños, pero este año no vinieron. Un viejo "peludo" hace dos años me advirtió: "Mirá que si se plantan diez mil hectáreas no las van a cortar, porque son las cuatro de la tarde, porque el país cambió", etcétera. Las cuatro bodegas más grandes del Uruguay acaban de importar máquinas por valor de US$ 250.000 para hacer frente a la zafra de la vendimia porque no quieren que les suceda lo que ya les ha ocurrido. En el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hay un conjunto de llamados declarados desiertos.

¿Qué están indicando todas estas situaciones? ¿Que el problema de la Caja Bancaria es coyuntural o de corto plazo? No; este problema no es causa, sino consecuencia. Esta es una de las tantas consecuencias, en una sociedad que se está desangrando lentamente, porque está desangrándose demográficamente y se ha convertido en el país más congelado de América Latina. Tal vez no haya problema más dramático en el Uruguay que éste, que no tiene solución fácil.

Aclaro que no estoy haciendo un reproche hacia nadie, porque esta es una tragedia nacional. El Salvador, que es un poco más grande que Canelones, tiene trece millones de habitantes, y Paraguay, solamente en la Argentina, tiene un millón y medio de ciudadanos.

Nosotros somos un país altamente congelado; por tanto, todo lo que hagamos en estos años con respecto al tema de la seguridad social serán parches, y eso le va a acontecer a cualquier partido político que esté en el Gobierno en tanto debamos lidiar con esta dramática situación. Debemos llamar a las cosas por su nombre. El Uruguay adoptó una conducta demográfica hace más de cincuenta años, propia de un país altamente industrializado, cuando no lo era. Las razones pueden ser discutibles y no importan en este momento. Hay nuevos trabajos de un viejo historiador que sostiene que el viejo liberalismo político del Uruguay, que separó muy tempranamente a la Iglesia Católica del Estado, contribuyó a crear un modo de ser en el tratamiento de estos temas por parte de la sociedad uruguaya. Repito que esto puede ser muy discutible, pero no tiene sentido debatirlo en el día de hoy.

Aun así, convengamos en que este animal existe, porque este problema llegó para quedarse y no se soluciona de manera fácil, sencilla. Pueden haber sirvientas peruanas o ecuatorianas trabajando en Carrasco -y las hay- y cada vez habrá más, pero estamos lejos de tener una política inmigratoria, de nacionalizar, de premio o de cuidado del vientre de los pobres, etcétera. Tal vez debamos discutir muchísimos de esos problemas entendiendo que lo más que podremos hacer, en todo caso, son cosas para quince o veinte años.

En definitiva, señor Presidente, con este problema de base acepto que este es un parche, porque estoy convencido de que cada poco tiempo habrá que retocar los temas vinculados a la seguridad social, y el gran dilema desde el punto de vista estratégico que enfrenta el Uruguay es el siguiente: un aumento de la productividad promedio de carácter empresarial para que pueda hacer frente a una creciente transferencia de valor que el campo del trabajo tendrá que generar para mantener nuestros sectores pasivos. Este es el drama de fondo, señor Presidente. Acepto la discusión y pregunto si tiene algo de simpático esto de toquetear a algunos trabajadores. No, para nada. ¿Pero dónde está la solución mágica, de fondo? Si se quieren rescatar los derechos adquiridos de la gente que está en este sistema tributario, hay que empezar por reconocer que para que eso tenga vigencia es necesario transferir recursos de algún otro lugar y, en tal caso, la pregunta es de dónde saco. Indudablemente, a quien vaya a tocar va a saltar, porque es natural que así sea. En este mundo las cosas son así.

¿Acaso nos enteramos ahora de esta situación? ¿Es en estos últimos meses que tomamos súbita conciencia del drama de la Caja Bancaria? ¡Por favor! Ya en 1995 había informes que advertían de esta situación. Esto es más viejo que el agujero del mate. ¿Por qué no lo enfrentamos antes? ¿Por qué no se intentó solucionar antes? Será porque somos uruguayos, porque somos los del último momento o por lo que fuera.

¿Este Gobierno tiene responsabilidad porque vino apurado? Sí, la tiene. Pero los otros Gobiernos, que nos dan clase sobre lo mal que está esto, ¿por qué no enfrentaron esta situación antes? ¿Saben por qué? Porque todos somos uruguayos; si fuéramos alemanes, esto no nos pasaría. Esa es la verdad.

¿Qué aquí hay una transferencia compulsiva? Claro que sí. Chocolate por la noticia. ¿Por qué nos vamos a horrorizar de que haya una transferencia compulsiva? Todo lo que significa seguridad social es compulsivo. Pagamos nuestra jubilación porque nos obligan, porque nos descuentan y porque no hay más remedio. Es así. Si no lo fuera, no pagaríamos nada. Todos los impuestos son iguales: son compulsivos. Entonces, no debemos asustarnos de lo compulsivo. Se puede criticar que sea injusto, y esa crítica puede ser muy noble; de la misma manera, se puede criticar el hecho de que algunos ingresen y otros queden fuera del sistema, lo que también puede ser noble. Pero, reitero, no nos asustemos que esto sea compulsivo.

Se ha dicho que se está a favor del salvataje de la Caja Bancaria. Si realmente eso es así, entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. Se podrá decir que esta presión tributaria está mal dirigida, que es demasiado intensa, etcétera, pero si se está a favor del salvataje de la Caja Bancaria, se deberá partir de la base de aceptar, como principio, que se les sacará a algunos para darles a otros. De lo contrario, se haría magia. Pero como aquí magia no hay -por desgra-cia-, no existe otro método más que ese, y esto es de una lógica pavorosa.

Esto es como la deuda externa. Pertenezco a un cuadro de fútbol al que siempre se criticó porque antes decía que no había que pagar la deuda externa, y que no lo haría; sin embargo, ahora, cuando todo el sistema político se avino a la idea de que en realidad hacemos como que pagamos pero no pagamos, en una especie de calesita, se nos reprocha. Sin embargo, la realidad es que hemos llegado a un acuerdo de Estado nacional que no está suscrito y que, en los hechos, vendría a funcionar como una gigantesca bicicleta en la que todos los gobiernos -sean los que fueren- irán dando vueltas hacia delante. El tema que hoy nos ocupa tiene algo parecido a esto que estamos diciendo. Si no le saco impuesto a esto, se lo voy a sacar a otro, pero voy a hacer una transferencia. Es de una lógica evidente. Y si no se quiere esto, entonces hay que decirlo. Acepto que se discuta diciéndose que esto puede ser poco equitativo, pero de ninguna manera acepto la filosofía que se maneja, si es que en realidad se está de acuerdo con que hay que rescatar a la Caja Bancaria.

Es claro que si dejamos esto en el marco de las grandes generalidades, todo resultaría mucho más cómodo, porque se diluiría en la masa de tributación global y no aparecerían de manera tan evidente las víctimas que van a pagar. Así, uno se saca de encima el eventual costo político; pero de cualquier manera, le estoy metiendo la jeringa a mi pueblo.

En realidad, esta discusión es muy útil porque todos aprendemos. Como no soy abogado, no sabía que esto se podía votar en enero o febrero. Recién ahora me entero de eso. Entonces, parece que hemos andado apurados en base a una chambonada. Nuestro apuro ha sido inútil; ha sido algo así como un apuro de estampida. Pero como no soy abogado -ya lo dije-, no puedo razonar como tal y tengo que llamar a la gente instruida en estos temas para que me aclare cómo son las cosas.

Evidentemente, este no deja de ser un asunto muy interesante. Sin embargo, hubiera querido tener el máximo de tiempo posible para entenderme, o no, con la oposición, de manera de no quedar dando la imagen de que uno los quiere trillar, porque esa es una de las cosas que más detesto. A este respecto, debo señalar que los partidos tienen que pasar por cierta vía crucis cuando son gobierno. Recuerdo una noche en que el ex Senador Atchugarry estaba sentado en este lugar que ocupo, en una instancia en la que tuvimos que votar un proyecto de ley de Presupuesto con trescientos artículos que no se conocían. En aquel momento dije muchas cosas y grité bastante, pero jamás se me ocurrió tratar a mi colega Atchugarry de antidemocrático. Simplemente, no le daba el tiempo; la cosa se enredó y el Gobierno tenía que sacar su Presupuesto porque tenía un plazo determinado.

En definitiva, concuerdo con la idea de que los sistemas de reparto puro difícilmente pueden aguantar en el tiempo. Esto es una lógica hija del sentido común. La economía, en su devenir, determina la aparición de nuevos sectores y la desaparición o el debilitamiento de otros. Por eso, en tiempos de fragoroso cambio, los modelos cerrados -como éste- se harán estratégicamente insostenibles para las sociedades, y este es un tema que el Uruguay debe tener en cuenta.

Por otra parte, quiero reconocer otro factor de la realidad. Me gusta usar el sentido común, pero de ninguna manera me gusta tener que meter la mano en el bolsillo de los trabajadores de ANDA, ni de ningún otro lado. Tampoco me gustan -la verdad sea dicha- las contradicciones entre trabajadores. Ahora bien, mucho menos me gusta un conflicto con AEBU en esta coyuntura. Pero lo peor que hay es no reconocer la realidad. Y cuando tenemos el potro de las finanzas internacionales con un entrevero tal que no se sabe en qué va a terminar, quiero que acá haya el mayor grado de paz, pues somos cuatro gatos locos y no tenemos responsabilidad en todo aquello. A su vez, cuando en las luchas gremiales se encienden los motores, se sabe dónde se arranca, pero no dónde se termina, y creo que el Uruguay necesita paz en este terreno, además de un frente común, a pesar de todos los pesares.

Seguramente, la experiencia y la práctica nos irán dando elementos nuevos. No debemos estar cerrados para procesar los cambios que haya que procesar, porque una cosa es que se vote una ley y otra distinta es que se termine la democracia y la discusión. Francamente, aquellos que tienen aportes para realizar o que, de pronto, pueden encontrar soluciones mejores, tendrán abierta la puerta de nuestro despacho, como corresponde, porque este no es un problema simple ni sencillo, ni tampoco termina hoy. ¡Ojalá se terminara hoy! Pero teniendo en cuenta lo que dije al principio, me parece que este problema se va a mantener por el transcurso de una época.

Finalmente, como todos sabemos, por lejos, el mayor gasto que tiene el Estado es el de las transferencias al sistema de seguridad social; por lo tanto, debemos ser conscientes de que en los años venideros esos gastos van a tender a aumentar.

Por otra parte, en lo que se enmarca como un problema de Estado, tenemos dos grandes disyuntivas: el Uruguay se olvida de sus viejos o el Uruguay se bate por sus viejos. Si tal como corresponde opta por este último camino, o sea el de batirse por sus viejos, tendrá que encontrar las formas del engranaje productivo, que al final, al igual que el dedo de Dios, genere nuevos panes y nuevos peces, a efectos de sostener el sistema de seguridad del futuro. Espero que esto quede anotado como un desafío y como un interrogante para todos nosotros.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: antes que nada, debo señalar que en nombre de nuestro Partido han hecho uso de la palabra los señores Senadores Gallinal y Larrañaga, con respecto a cuyas exposiciones nada debemos agregar ni puntualizar porque fueron lo suficientemente claras como para definir una posición contraria al proyecto de ley que estamos analizando.

No obstante, quiero decir que comprendemos la posición personal manifestada por el señor Senador Gallinal al referirse a su dedicación durante siete años -tal como señaló en Sala- a encontrar una solución al problema de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. Quizás podríamos resaltar el desconocimiento, la descortesía y la falta de consideración de parte del Gobierno al trabajo logrado después de esos años de dedicación, que, tal como él lo ha señalado, lo lleva a dar una señal positiva en la votación general para señalar que queremos tener una solución de fondo para la Caja Bancaria que, por cierto, no es la que hoy se propone. Después de escuchar su intervención como Miembro Informante de la minoría, queda claro que en esta iniciativa no se refleja nada de ese trabajo. De todos modos, no queremos que se interprete -tiene razón en ese sentido- que no tenemos voluntad política para buscar una solución de fondo a este problema.

Como dije antes, señor Presidente, comprendemos la situación personal del señor Senador Gallinal pero, en este caso, quienes no trabajamos tantos años y con tanta dedicación en este tema, no quisiéramos dar una señal que pudiera ser malinterpretada. En síntesis, reitero, comprendiendo su situación personal, vamos a votar en contra en general así como la mayoría de los artículos que contiene este proyecto de ley.

En el transcurso de este debate se han expresado muchas contradicciones, y a quienes no integramos la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social nos llama la atención que no se haya dado respuesta a algunas interrogantes. Cuando la señora Senadora Dalmás pide que las argumentaciones sean sustentadas y respaldadas con estudios, en una especie de reflexión altruista, resulta bastante injusto, sobre todo porque tuvimos solamente una sesión en la Comisión, a pesar de que el proyecto había ingresado en setiembre y hace tres años que estamos solicitando su tratamiento. Entonces, el pedido de la señora Senadora en nombre del oficialismo, en el sentido de que desarrollemos una discusión sustentada en cálculos actuariales -porque ello reflejaría un análisis más técnico respecto al rescate de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias- hubiera sido aceptable hace un año, porque habríamos tenido el tiempo suficiente de consultar a nuestros técnicos sobre cuál es efectivamente la mejor solución, ya que quienes no integramos la Comisión no hemos tenido la oportunidad de estudiar este tema a fondo. Por lo tanto, apenas después de una semana de ser aprobado el proyecto en la Cámara de Representantes, no se nos puede pedir que tengamos esta discusión a fondo y con respaldo actuarial, que no nos detengamos solamente en los cuestionamientos de orden político y que hagamos un desarrollo técnico de los posibles escenarios que se puedan dar en uno u otro caso según las soluciones que se aporten. No, señor Presidente; no es de recibo. Lo hubiera sido un año atrás.

Ahora bien, a la pregunta de por qué el Gobierno espera todo este tiempo y termina antes del vencimiento o no vencimiento -como se le quiera llamar- del 25 de octubre presentando este proyecto de ley, no hemos tenido respuesta; el país no ha tenido una respuesta. ¿Por qué se perdieron estos tres años? La respuesta del señor Senador Mujica, ya en horas de la tarde -por cierto, válida como respuesta- es que somos uruguayos y, como tales, dejamos para último momento los temas difíciles. Sin embargo, me permito discrepar con ese razonamiento; no es válido. Por nuestra parte, instrumentamos una reforma de la seguridad social mucho más dura, profunda y jugada, a finales del Gobierno del Partido Nacional la que, lamentablemente, no contó con los votos necesarios para ser sancionada. Luego, al principio del Gobierno del doctor Sanguinetti -posterior al del Partido Nacional- con la señora Senadora Dalmás nos reunimos en el Victoria Plaza Hotel -la señora Senadora lo recordará- a efectos de estudiar el grave problema de la seguridad social nacional, porque prácticamente estallaba. En aquel entonces la búsqueda de una solución no se dejó para último momento; tanto es así, que se presentaron cuatro iniciativas en el propio Gobierno del Partido Nacional, que no fueron votadas, entre otros, por Legisladores del actual Gobierno, y participaron de la discusión en el Banco de Previsión Social, con sus técnicos. El General Seregni los mandó a trabajar allí para que analizaran todos los corrimientos y los estudios actuariales que hoy nos reclama la señora Senadora Dalmás, pero que no instrumentó el Gobierno con la oposición.

A esto se agrega que desde el Gobierno del Partido Nacional, cuando el doctor Lacalle era Presidente de la República, se llamó al Presidente del Frente Amplio, General Seregni, así como al doctor Tabaré Vázquez, quienes concurrieron en nombre de la coalición al séptimo piso del Edificio Libertad a observar las gráficas del problema que estábamos teniendo con relación a los activos y los pasivos, que era más o menos la misma situación que padece actualmente la Caja Bancaria.

¿La actitud que tomó el Gobierno actual con respecto a la Caja Bancaria es la misma que adoptó el Gobierno del Partido Nacional cuando trató este tema, pero para todos los trabajadores aportantes al Banco de Previsión Social? No; no es la misma. En este caso, legítimamente, con la mayoría absoluta que tiene el Frente Amplio en las dos Cámaras, se quiere imponer una solución sin discutirla con el resto de las fuerzas políticas. Tampoco fue esa la actitud del Presidente Sanguinetti cuando, antes de asumir su Gobierno, nos invitó a trabajar en el Hotel Victoria Plaza para buscar una solución a aquella fallida reforma de la seguridad social. Fue así que creo que en el primer año de Gobierno se envió un proyecto sobre este tema, y hubo tiempo para estudiarlo técnicamente y en profundidad. En esa oportunidad, a pesar de haberse tenido tiempo y de haberse llevado a cabo una discusión profunda, no se contó con el voto del Frente Amplio, que se opuso al sistema mixto -de las AFAP y el Banco de Previsión Social-, al igual que lo hace ahora -tal como lo dicen algunos voceros de la actual Administración, como el actual Presidente del Banco de Previsión Social, señor Ernesto Murro-, que aprobó el Parlamento en aquel momento.

Luego de las manifestaciones del señor Senador Mujica, por lo menos hemos llegado a algunas conclusiones. El mencionado señor Senador del oficialismo dijo, y por lo tanto asume, que este proyecto es un parche, y así es; por lo menos, se dice la verdad. Además, el señor Senador Mujica hizo una segunda reflexión, pero antes de referirme a ella, quiero aclarar que es el único Senador que ha contestado a algunas de las afirmaciones que se han hecho, aunque me señalan que la señora Senadora Dalmás también va a responder, y ojalá se dé respuesta a nuestros cuestionamientos, de manera tal de mejorar el nivel de la discusión que tenemos, que es el de hablar nosotros contra la pared mientras otros simplemente levantan las manos.

El señor Senador Mujica agregó que también es cierto que el sistema de reparto no brinda soluciones. Es decir que el Senador del oficialismo reconoce que tiene razón el señor Senador Alfie en su cuestionamiento. También admite que fueron presionados por AEBU en el debate y que no quieren tener líos con este gremio. Obviamente, nadie quiere buscar conflictos simplemente por buscarlos. ¿Quién quiere tener un conflicto con cualquier parte de la sociedad? Nadie; pero también es cierto que acá hay temas que no se han respondido con claridad, ni a nosotros ni a la ciudadanía. Por ejemplo, ¿por qué vamos a incorporar a la Caja Bancaria a 4.600 o, para redondear la cifra, a 5.000 empleados que no pertenecen a ella y que no quieren ingresar, cuando con eso no se soluciona el tema de fondo? ¿Por qué no se dice al Senado de la República y al país cuál es la razón por la que se envía a la Caja Bancaria, en forma compulsiva, a 5.000 personas que están manifestando en la calle que no desean que así ocurra?

Realmente, el señor Senador Alfie, en el día de hoy, fue como una topadora financiera por el razonamiento que ha hecho, y espero que algunos de los cuestionamientos que realizó en base a números, sean respondidos. Tal como dijo, es como si mañana hubiera una institución financiera quebrada y le pasáramos ahorristas de otra que da ganancias, para que también pierdan, a pesar de que la solución es un parche.

El señor Senador Mujica acaba de decir en su intervención que es verdad que un sistema de reparto en la Caja Bancaria no es solución. Entonces, ¿por qué se propone un sistema de reparto cuando se sabe que no soluciona el problema? ¿Cuál es la razón para seguir con el mismo esquema y obligar a aquellos que están en el régimen mixto del Banco de Previsión Social y de aportes de capitalización personal, a pasarse a un sistema de reparto que ya sabemos que no funciona? ¿Precisamos? Yo creo que precisan los funcionarios. Me parecería mucho más democrático que se les diera la oportunidad de elegir y que, por sí solos, haciendo sus cálculos jubilatorios, pudieran definir a qué sistema quieren ir. En definitiva, se está obligando a estas 5.000 personas a pasar a un agujero negro, a un barril sin fondo, a un sistema que no funciona, tal como se ha dicho claramente, para que tampoco funcione con ellos.

Creo que el pueblo necesita una respuesta del oficialismo, porque no entendemos la razón de esta solución, a no ser que haya una concepción ideológica, que es lo peor que podemos tener en temas como éste; que acá se introduzca una concepción ideológica a favor de un sistema de reparto que no da resultado. Si es eso lo que sucede hay que decirlo; hay que decir que se está en contra del sistema mixto, de que haya una jubilación mínima del Banco de Previsión Social y un sistema de ahorro de cuentas individuales. En ese caso, también habría que señalar que se está en contra de un sistema de seguridad social que hoy le está dando un ahorro importante al país. Además, ¡vaya si el Gobierno utiliza esos fondos de ahorro previsional para respaldar sus propios papeles, sus propios bonos! Son los primeros que los compran, lo que, indirectamente, le permite al Gobierno cumplir con sus obligaciones. Entonces, me pregunto si existe este enamoramiento o este sustento ideológico por parte de la fuerza que está gobernando, que le imposibilita buscar para la Caja Bancaria un sistema mixto igual al que tienen todos los trabajadores uruguayos. Además, podría ser un sistema estatal, ya que tenemos una AFAP -República AFAP- que es del Estado, de todos nosotros, que administra nuestras cuentas personales y que cuenta con la mayoría de los aportantes que, de alguna manera, la eligen entre las varias que existen porque les da más garantías. Eso es votar con los pies. Ahí el trabajador sería libre de elegir. ¿Por qué la sociedad no asume la deuda implícita con los jubilados bancarios, como se hizo con los jubilados del BPS? Si se trata del mismo sistema, ¿por qué no ponemos la plata de la sociedad? En este caso, me gustaría que se justificara este hecho diciendo: "Esta bien. Nos salió mal. No es un buen sistema. La sociedad uruguaya va a tener que asumir la deuda con los jubilados para que estos no sean quienes tengan que pagar las consecuencias de un sistema que no funciona". En otra oportunidad ya se tuvo que asumir una situación similar con los jubilados; basta con acordarnos que hace muchos presupuestos transferimos al Banco de Previsión Social, luego de votada la Reforma de la Seguridad Social, casi la mitad de lo que recaudamos de IVA -aproximadamente once puntos- para asistir y pagar la deuda implícita -que hicimos explícita- generada con respecto a las futuras jubilaciones. Según se nos ha dicho, la proporción de jubilaciones viene bajando en los once puntos que destinamos de IVA para transferir al Banco de Previsión Social. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar si esto está dando resultado en el Banco de Previsión Social. ¿Por qué no buscamos asumir la deuda con los jubilados bancarios sin llenarlos de impuestos y sin ponerles -como decía el señor Senador Gallinal- tres IRP, como son el IASS I, el IASS II y el IRP adicional? ¿Por qué no dejamos de cobrarle a quien no es culpable de esta situación, es decir, a los jubilados bancarios? ¿Por qué no asumimos esa carga como lo hicimos con los actuales jubilados, a través de los once puntos de IVA que transferimos al Banco de Previsión Social y dejamos que los nuevos aportantes vayan a una cuenta individual del Estado, si es que hay desconfianza en el sistema privado? Tenemos al Estado en ese mercado a través del República AFAP, que nos da garantías. Insisto, ¿por qué no proceder de esa manera? ¿Cuál es el argumento? ¿Es de índole ideológico? ¿En el Gobierno hay anteojeras? ¿No se quiere reconocer lo que salió bien? ¿Cuál es el argumento para no obrar como lo hicimos con el obrero, el carpintero, los profesores, los docentes, los empleados públicos? ¿Esa decisión es válida en todos esos casos, pero no lo es para la Caja Bancaria? ¿Cuáles son las razones que tienen para rebatir estos argumentos? Son todas interrogantes que tengo.

No puedo participar en un proyecto de solución que se dice a sí mismo que va a fracasar, porque esto lo han dicho señores Senadores del oficialismo. Ya se sabe que va a fracasar. Entonces, cuando se argumenta que la culpa es de los uruguayos por ser de determinada manera, no estoy de acuerdo; creo que la culpa es de los uruguayos que están en el Gobierno y que no se han animado a presentar una solución. Es más, la culpa es de la inoperancia para poner más ideas sobre la mesa, para no abrir el espectro y para no permitir que se encuentren puntos en común. En realidad, todos tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo: la Caja Bancaria o los jubilados? Pongámonos de acuerdo. El primer objetivo es que los jubilados no sufran, que no sean los que deban pagar más; debemos salvarlos porque no son culpables. El segundo es que la carga que tienen los activos les dé la posibilidad de tener, en el futuro, una jubilación digna en base a sus ahorros y a sus sueldos. El tercer objetivo es que aquellas personas que están en transición puedan optar sin tener que pagar las consecuencias. Ahí estaremos todos de acuerdo en que la sociedad debe cargar con lo que le corresponde, pero no de esta manera, con estos impuestos.

Durante el debate se nos dijo que va a haber un 10% de aumento de los aportes patronales; esto va directamente en contra de lo que se está buscando. Si en un sistema de reparto estamos buscando que haya tres activos por cada pasivo, debemos tener en cuenta que al encarecer el costo laboral, se tomarán menos empleados en el sistema financiero para poder acrecentar los activos en función de los pasivos que tenemos. Creo que de alguna manera estamos estableciendo impuestos que, como se ha dicho, van contra la exportación y la inversión, tal como ha sostenido el señor Senador Alfie. Hemos consultado sobre esto, pero no se ha respondido nada. Esperamos que nos den respuestas. Hasta ahora los impuestos al sistema bancario no castigaban las exportaciones y los créditos a las inversiones, pero con este nuevo sistema que se instrumenta para solventar la Caja sí vamos a hacerlo y atentaremos contra la idea de que el sistema financiero funcione mejor. Si no funciona mejor, no va a poder tomar más empleados y de esta manera la relación va a ser de menos de 0,98 activo por cada pasivo.

Señor Presidente: no queremos un país "plaza financiera", pero sí queremos tener una plaza financiera, que es muy distinto. No hay que confundir: el país tiene que ser productivo, agrario, industrial, de servicios y entre estos debe haber una plaza financiera; no tenemos que ir en contra de ella, ni ser exclusivamente ella, pero insisto en que debemos tenerla, como la tienen otros países, y emplean en ella a mucha gente. Eso ocurría en nuestro país cuando la Caja Bancaria funcionaba bien: había 40.000 activos por 10.000 pasivos, estableciendo una relación de 4 a 1. Reitero que eso pasó en otra época, que es parte de la historia.

Quiero insistir en esto: no vayamos en contra de algo que tenemos que ayudar a que funcione. Lamentablemente, después de la crisis de 2002, en el Uruguay ha quedado una desconfianza natural en nuestro sistema, que sufrió bancarrota y terminó por quedarse con los ahorros de la gente. Actualmente, los ahorros son a la vista y con temor; no se hacen depósitos a largo plazo porque no se confía en el sistema financiero. No culpemos a la gente por no confiar en el sistema financiero, sino a lo que pasó con él y a las conexiones que se dieron con Argentina, que terminaron generando la crisis de 2002. La gente tiene razón en desconfiar y más aún cuando va a pedir créditos, que ya ni se están solicitando, sobre todo en el sector agropecuario, porque la última vez que solicitaron un crédito casi se quedan sin sus campos y no hubo ley, refinanciación, ni nada. Sí hubo un crecimiento del valor de la propiedad que posibilitó que ese pequeño pedazo de tierra pudiera solventar la deuda generada con el Banco de la República o con la banca privada. El aumento del patrimonio que hemos visto en estos últimos años y que se generó sobre todo en el sector agropecuario, posibilitó que mucha gente pudiera pagar sus deudas, perdiendo muy poco de él.

Esta es la verdad de la situación. Ahora, señor Presidente, tenemos bonos compulsivos, encarecimiento del trabajo, sistema de reparto que no funciona, impuestos y tasas que, lamentablemente, generan situaciones por las que los jubilados bancarios van a pagar tres "IRP" con distinto nombre. Ante esto, me pregunto ¿y el IRPF que recauda la Dirección General Impositiva por los bancarios? Según los números que manejamos, se trata de casi US$ 50:000.000; de ellos, aproximadamente US$ 30:000.000 corresponderían a los activos, y los restantes US$ 20:000.000, a los pasivos. Como decía, este monto está destinándose a la DGI.

SEÑOR PENADÉS.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR PENADES.- Formulo moción en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Ya termino, señor Presidente; estaba redondeando mi exposición.

Quiero plantear otra duda con respecto al IRPF que están pagando los activos y los pasivos bancarios y que hoy va a la Dirección General Impositiva. ¿Necesitamos todos estos impuestos? ¿Por qué no destinamos esos fondos para ayudar a su Caja? Según nuestros números, la DGI está recaudando US$ 50:000.000 por este concepto. Se me dirá que lo están gastando en otra cosa, pero me pregunto: ¿por qué no se ajusta el Gobierno, en lugar de ajustar a la gente? Se castiga con impuestos a los jubilados bancarios, al crédito, a las exportaciones, a los créditos de inversión, y esto no se justifica, señor Presidente, porque se tiene la plata. El Gobierno está recaudando US$ 50:000.000 por impuestos a los bancarios jubilados y activos; no necesita más impuestos si se ajusta el cinturón, si recorta el gasto y si no sigue gastando en reestructuras. Hay un artículo de la Rendición de Cuentas que habilita a hacer reestructuras en todos los Ministerios; si el Gobierno no aplica esa disposición, le sobra plata para la Caja Bancaria. Todas las reestructuras implican incremento de costos y de salarios, que son aumentos encubiertos, porque vivimos de reestructura en reestructura en el Estado, y Juan Pueblo es el que paga. Ahora tenemos un problema en la Caja Bancaria; entonces, ¿no es buena cosa que el Gobierno se ajuste el cinturón y no la gente? ¿No sería buena cosa que el señor Ministro de Economía y Finanzas, en lugar de pedir a sus correligionarios que levanten la mano a desgano y poco convencidos para votar nuevos impuestos, dijera que no va a aplicar el ar-tículo de la Rendición de Cuentas que habilita las reestructuras en todos los Ministerios? Ese artículo tiene un costo de muchos millones de dólares y se le votó alegremente a este Gobierno. Me parece que lo lógico sería que con ese dinero se solucionara el problema de la Caja Bancaria y que no se les aumentaran los impuestos a los jubilados bancarios. Les estamos cobrando a los jubilados tres impuestos. ¿Esa es la manera de atender a los jubilados? No, señor Presidente. Aquí hay una obsesión por mantener un sistema de reparto que no funciona, y seguir asistiendo a la Caja Bancaria con ese fin es destinar dinero a un barril sin fondo, porque vamos a asignar recursos ahora y vamos a tener que volver a hacerlo dentro de cuatro o cinco años.

Por lo expuesto, señor Presidente, no podemos votar esta solución, y vamos a acompañar la propuesta planteada por el señor Senador Larrañaga, quizás en nombre de todo el Partido Nacional. Si no hay apuro, como dijo el señor Senador Mujica, lo lógico es que el proyecto vuelva a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para que podamos estudiarlo en profundidad y para que se escuche otro tipo de soluciones, que son mejores para los jubilados bancarios y también para los activos. Y aclaro que esto no es ir en contra de la Caja, porque puede funcionar como el BPS, en un sistema mixto, o como administradora de cuentas personales, como lo hace el Banco de la República con su AFAP. No estamos abogando por la eliminación de la Caja. Queremos que el costo sea menor, y esta solución lleva a que sea mayor para los jubilados bancarios, para los activos y para la sociedad en su conjunto.

Estas son las razones por las cuales no vamos a acompañar este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: no voy a repetir muchos de los argumentos que se han esgrimido en esta sesión, pero sí quiero hacer algunas reflexiones.

Me viene a la mente que hace muchos años, cuando asumía el señor López Michelsen la Presidencia de Colombia, el Primer Ministro inglés, Harold Wilson, le preguntó qué respaldo parlamentario tenía, y cuando López Michelsen le dijo que tenía mayoría, la respuesta de Harold Wilson fue: "Lo compadezco". "¿Por qué me compadece?", le preguntó López Michelsen, y Harold Wilson le contestó: "Porque le va a ser mucho más difícil encontrar el consenso dentro de su partido que fuera".

Esta es una constante que se viene dando en esta suerte de queja reiterativa que tenemos. Nos estamos manejando en un sistema de funcionamiento parlamentario totalmente ausente de la participación bicameral, aunque en algunos temas podríamos estar de acuerdo, como ha sucedido con la ley concursal, o como puede ocurrir, incluso, con la ley de cooperativas, sobre la base de que hemos trabajado y tenemos ciertas coincidencias. Pero hay normas que necesitan una elaboración más profunda, un trabajo en conjunto; no alcanza con que un gobierno con mayorías existentes laude y negocie internamente estos temas y después imponga, con un criterio de celeridad, aquellos acuerdos que no puede modificar, por la simple razón de que está manejando una suerte de equilibrio inestable.

Este tema está en la base del sistema bicameral. Recuerdo haber leído que cuando se discutía la Constitución de 1917, el doctor Washington Beltrán, que tenía 36 años y fue uno de los constituyentes más brillantes que tuvo el país, dijo que el sistema bicameral es como una taza y un plato: el plato tiene el rol de contener los desbordes que se producen en la taza. Y diría que esto podría funcionar en forma muy positiva partiendo de la base de que, como el Gobierno tiene mayoría, no necesariamente tiene que sujetarse a negociaciones con la oposición, sino que simplemente debe tratar de darle viabilidad a sus proyectos. De manera que sería posible que participáramos todos, con nuestros aportes y discrepancias, sin que hubiera que establecer límites u obstáculos al funcionamiento parlamentario.

Esta es la primera reflexión que quería hacer, porque el tema es, obviamente, de carácter político, y esta discusión se va a repetir, en una instancia o en otra, porque es un tema que afecta no sólo la técnica legislativa, sino también la base del diálogo político que tenemos que construir. Con ese diálogo político estamos construyendo instituciones que necesitan credibilidad, y si nos manejamos con los tiempos suficientes, podemos lograrla adecuadamente.

Recientemente aprobamos el proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que volvió luego de dos años y medio, con la premura de tener que ser aprobado en dos días. Ahora tenemos a consideración otro proyecto de ley que tiene una vieja historia. El primero fue presentado por el Ministro de Economía y Finanzas; proponía menores prestaciones que antes y elevar la edad de retiro. Los bancos no aceptaron esto último, los activos no aceptaron las menores prestaciones y los jubilados tampoco quisieron pagar más impuestos. Dados estos tres elementos, se rompió el diálogo interno, y luego de un tiempo comenzó una nueva instancia que ahora se transforma en un elemento perentorio. Parece que algunos aspectos, simplemente por estar establecidos en la Constitución, deben ser aprobados antes de determinada fecha para poder disponer de los recursos que se precisan.

A nuestro juicio, este tema tiene dos aspectos que nos parecen muy preocupantes. Los señores Senadores Larrañaga y Gallinal ya los han expuesto, pero creo que es importante reiterarlos porque comprometen el futuro del sistema. En primer lugar, considero que la ampliación del campo afiliatorio no tiene un sentido adecuado ni una argumentación que pueda ser defendida desde el punto de vista de la coherencia jurídica y de la naturaleza de las instituciones. Si utilizamos este criterio cada vez que se necesiten recursos para la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias -eso va a volver a suceder-, simplemente se aumentará el campo afiliatorio haciendo grandes esfuerzos en la forma en que debe participar cada uno de ellos y, en particular, con la compulsividad de tomar decisiones en el ámbito legislativo sin hacer las consultas del caso. Esto es lo que manifiestan las cooperativas en sus reclamos. ¡Vaya si es un sistema social que tenemos que defender con la fuerza suficiente como para que sea el gran eje que necesita el país entre un sistema capitalista totalmente desprovisto, a veces, de un sistema solidario, y uno socializante o estatista, carente a menudo de la eficiencia adecuada! Aquí se toma como elemento, sin realizar consultas y en forma compulsiva, que las cooperativas -nada menos- tienen que ser parte obligada de este sistema.

No vamos a ingresar en lo que significan los aportes, el tema de la edad y todo lo que de alguna manera sabemos, porque técnicamente se ha manejado, pero por lo menos quedan, entre otras dudas, los topes que se van a establecer. ¿Se manejarán los tres topes que actualmente están dentro del sistema? ¿Con qué criterio se va a utilizar el sistema que se está planteando? Quienes de alguna forma han estudiado este tema, sostienen que el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias es estructuralmente inviable por dos razones: por un tema de relación económica y por una cuestión de carácter demográfico, y anuncian -nosotros no somos especialistas en esto- que puede haber una postergación del problema, pero que irreversiblemente esto se volverá a plantear de la misma manera, porque este es solo un paliativo como el que se utilizó en 1994 con la ampliación de los campos afiliatorios.

Por lo tanto, este es un tema que, desde el punto de vista de la viabilidad, de por sí está comprometido en un futuro no lejano, sino cercano. Sin embargo, hay otro asunto que no estamos en condiciones de analizar o que aún no se ha abordado. El señor Senador Larrañaga mencionaba los problemas constitucionales …

Pido al señor Presidente que ponga un poco de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- La Mesa solicita a los señores Senadores que respeten la exposición que está realizando el señor Senador.

Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Gracias, señor Presidente.

Como decía el señor Senador Astori, la soberbia es de los que no quieren escuchar.

El problema es que hoy estamos enfrentados a un tema constitucional. ¿Sabe cuál es? Que aquí estamos violando el principio de igualdad frente a las cargas públicas establecido en la Constitución. Si bien la ley puede ser retroactiva, de acuerdo con los artículos 7º, 24 y 31 del Código Civil, en los casos en que se aplica una visión retroactiva que vulnera el principio de igualdad ante las cargas públicas, existen notorios y continuados antecedentes jurisprudenciales que declaran la inconstitucionalidad de este tema. Quiere decir que con la fragilidad de la viabilidad económica y desde el punto de vista jurídico, un planteo de inconstitucionalidad cuenta con serias posibilidades de tener andamiento en el ámbito jurisprudencial y, en consecuencia, va a afectar en forma directa el funcionamiento del sistema, sobre todo en el caso de cooperativas y otras organizaciones que tendrán argumentos fundados para sostener que se ha violado no solo el principio de seguridad jurídica -que es adicional-, sino también el principio de igualdad ante las cargas públicas.

Nosotros advertimos esto y podríamos haber trabajado en base a estas condiciones, pero como de alguna manera todo viene impuesto y en paquete, puede suceder lo que ocurrió con el IRPF. Seguramente los señores Senadores recordarán que la Suprema Corte de Justicia se pronunció en forma adversa, revocó determinado tributo respecto de las pasividades y eso provocó en el ámbito político lo que todos sabemos, y no nos gustaría que se repitiera.

Ahora estamos dando una solución frágil desde el punto de vista estructural y mucho más aún desde el jurídico, porque no se trata de una solución a largo plazo y, además, empeora la situación de un colectivo de trabajadores. Es muy cierto lo que se dice en cuanto a que los trabajadores, en este caso, tienen visiones encontradas y, entre otras cosas, ellas son parte de la imperatividad con que se actuó sin consultar a muchos de los que están involucrados en este tema. Lo peor es que no transparenta la realidad, que consiste en que la mayor asistencia financiera que va a recibir el Banco de Previsión Social, obviamente, requerirá determinados recursos y todos sabemos quiénes los vamos a financiar. Podríamos haber considerado otra opción o discutido aspectos relativos a cómo manejar una mezcla entre los aportes al Banco de Previsión Social, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias e, incluso, a las empresas privadas de previsión. Sin embargo, este tema ha quedado absolutamente cerrado y lamentablemente se convertirá en ley, consagrando desde el punto de vista económico y de los derechos de los trabajadores, una mayor inseguridad e inestabilidad, porque no tiene el debido sustento económico y menos aún el jurídico, frente a la Constitución.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Quisiera comenzar mi intervención leyendo el artículo que me parece es la base de lo que hoy estamos discutiendo en este proyecto de ley. Me refiero al artículo 229 de la Constitución de la República, que dice: "El Poder Legislativo, las Juntas Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias, con excepción de las asignaciones a que se refieren los artículos 117, 154 y 295". Creo que esa es la explicación de por qué estamos discutiendo hoy, tan sobre la fecha de vencimiento del plazo establecido en esta disposición.

No voy a referirme a todo lo que se ha dicho en esta sesión sobre el proyecto de ley. Lo he leído y lo voy a votar con la seguridad de que los compañeros Diputados de mi sector político que trabajaron a fondo en esta iniciativa junto con los de los restantes sectores -este tema fue largamente discutido en la Cámara de Representantes-, actuaron con la intención de mejorar las cosas para todos. Asimismo, si se resolviera de la forma que algunos plantean, pasando a todos los bancarios al sistema ordinario, el Estado se vería sometido a un costo aproximado de US$ 150:000.000. A partir de allí se hizo una serie de argumentaciones. He leído la norma y, en base a cálculos actuariales, he podido comprobar -también lo han hecho nuestros compañeros y quienes elaboraron esta iniciativa- que los funcionarios de las cooperativas de ahorro y crédito no se van a ver perjudicados en sus emolumentos jubilatorios, claro está, si la ley funciona tal como se prevé. Me parece que cuando se afirma que estos funcionarios se van a ver perjudicados, hay que demostrarlo. Hay que decir que van a perder, por ejemplo, el 40% de lo que podrían ganar con este sistema; que los que ahora perciben -no sé, exactamente, cuánto ganan ahora, y no querría arriesgar cifras- $ 5.000, $ 7.000 u $ 8.000 por mes, van a recibir $ 16.000 en el año 2025, cuando se jubilen, y entonces se podrá expresar que el cálculo les va a salir mal de acuerdo con la nueva ley.

En función de lo que nos señalan nuestros compañeros, esto no va a ocurrir, entre otras cosas porque hay diferencias entre los aportes que se van a realizar, según el carácter de la institución que incorpore a los funcionarios al sistema. Acá tenemos a la señora Miembro Informante que cuenta absolutamente con todos los elementos y podrá contestar lo que se ha dicho sobre el mecanismo que se implementa.

Voy a hacer alusión a algunos aspectos que considero necesarios. Estoy leyendo un libro escrito por un historiador uruguayo de gran porte, el profesor Rilla -que, aunque quizás no mucha gente lo lea, dada su relevancia, aconsejo hacerlo-, que refiere a cómo los partidos políticos utilizan la historia para hacerla jugar a favor de su posición; estoy hablando de la vieja historia, que se guarda en un cajón y de la que se sacan las partes buenas para hacerlas funcionar ahora. Aquí estamos ante la historia de una institución, que es la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, y debemos decir que no ocurrió con ella lo que sucedió con otras cajas no estatales, que fueron surgiendo después de la crisis que se dio en la década del cincuenta con nuestras cajas de jubilaciones, que perecieron por el asalto que les hizo el Estado para pagar las deudas y gastó todo el dinero que había sido acumulado por parte de quienes contribuían, entre ellos mi padre, por ejemplo, que bramaba porque le había tocado una jubilación mínima en función de que las cajas estaban fundidas; les habían robado todos los depósitos para pagar la deuda pública. Eso es así, ¿verdad? Creo que no me equivoco. Sin embargo, la Caja Bancaria nació en 1925, es decir, antes de que eso ocurriera, y ha tenido una trayectoria que no hay que olvidar porque, mientras el sistema anduvo bien y funcionó espléndidamente, en estos 45 años, nadie se acordó de ella.

En el mundo, como acá se decía, esa sangre del sistema económico capitalista es el sistema financiero, que ahora está un poco anémico pues ha recibido un tajo tan grande en la yugular, que esa sangre está inundando al mundo. ¡Pobres de nosotros si el sistema financiero es la sangre del sistema económico capitalista! Seguramente nos va a tocar pagar algún precio por el desastre que ha ocurrido en el mundo en el último mes. Solamente en los Estados Unidos se han gastado, para poder salvar el sistema financiero, US$ 700.000:000.000. Según algún cálculo que se ha realizado, la tercera parte de esa cifra bastaría para superar el hambre y las enfermedades mortales que padece África, que es el continente globalmente considerado como el más atrasado o el que tiene menor capacidad de desarrollo.

Por otro lado, quiero decir que esta Caja fue expresión de la solidez del ahorro sectorial de los bancarios. Como sector fundaron la primera forestación del país en Piedras Coloradas, una localidad de mi departamento. Esa forestación todavía sigue funcionando, aunque han tenido que vender algunas áreas para seguir financiándose. De hecho, ha realizado inversiones productivas que sirvieron para dar trabajo, y no solo para pagar buenas jubilaciones.

Por otra parte, si bien tengo anotadas varias crisis financieras que han ocurrido en nuestro país, voy a mencionar solo las que viví. En concreto, el sistema financiero tuvo una crisis en la década de los sesenta. ¿Acaso nos olvidamos de que se fundieron el Banco Mercantil, las cajas populares y los bancos? Por ejemplo, la Caja de Paysandú, al igual que otras, se fundió y explotó, dejando un tendal de gente sin empleo y perjudicada a nivel económico, es decir, sin capacidad de aportar a ninguna caja. Pero esto no paró ahí. El sistema financiero, ese aparato circulatorio del sistema capitalista, siguió funcionando de la manera en que lo entendían conveniente los que gobernaban en determinada época, hasta 1982, cuando volvió a explotar. Como recordarán los señores Senadores, ese año se hizo polvo la "tablita"; se fijaba el tipo de cambio y en enero ya se sabía cuánto iba a valer el dólar en el mes de diciembre, aplicándose un mecanismo de ancla cambiaria que dio "tremendos resultados" a este país. Entonces, quedó un tendal de gente endeudada y de bancos que también sufrieron duramente, porque la gente no podía pagar, pues habían convenido préstamos en dólares. Hace una semana estuve con gente de Artigas que cayó en esa situación, porque fue a pedir dinero para cubrir sus deudas y le dijeron que solo le prestaban en dólares. Como tenían que pagar, aceptaron el crédito en dólares y después no les alcanzaron los pesos para comprar los dólares con los que debía pagar la deuda contraída.

¿Hay una medición exacta de cuánta gente quedó en la calle, fuera del sistema, por la crisis de la "tablita"? Creo que eso no se ha medido bien, pero sí hemos medido bien lo que pasó en 2002, cuando hubo otra brutal crisis financiera -tal como mencionaban recién algunos señores Senadores- que liquidó gran parte del sistema financiero uruguayo. Cayeron los bancos La Caja Obrera, de Montevideo y Comercial, así como el de Crédito, que también quedó por el camino, aunque lo hizo con un poco más de lentitud porque el señor Eliseu Cristiano Netto, aquel Director brasileño del Banco de Crédito (representante de la Secta Moon), negoció hasta último momento para ver si se salvaba. Entonces, hubo que hacer un esfuerzo enorme.

Aquí se decía que esto era un parche, aludiendo a que no se trataba de una solución final al problema jubilatorio. Respecto a ello, quiero decir lo siguiente: no hay sistemas finales para los sistemas de seguridad social, sino que tienen que ir adaptándose a cada realidad económica y social que hay en el mundo porque, de lo contrario, perecen; si no tienen los ojos puestos en esa realidad social, perecen. Si hay cambios, tienen que tratar de acomodarse a la nueva realidad, de forma de poder salvar los intereses de la mayor cantidad de gente posible. Creo que aquí se ha hecho un esfuerzo importante para tratar de salvar los puestos de trabajo, pero también para salvar a las instituciones que prestan estos servicios.

(Ocupa la Presidencia el señor Rodolfo Nin Novoa)

- Quiero recordar que en el momento de la crisis de 2002, cuando se elaboró la ley -y no estoy equivocado, porque estuve en el tratamiento de ese proyecto-, en lo que respecta a la Caja Bancaria, a los funcionarios les hicimos aportar parte de sus emolumentos y a los jubilados otro porcentaje para sostener al sistema bancario y pagarle un seguro de paro a la gente que quedaba sin empleo. ¿Esto es mentira? No, señor Presidente, fue así; se hizo de esa manera, yo lo voté y todos los que estamos aquí lo votamos, luego de discutirlo a una velocidad infernal. Recuerdo que quien luego fue Ministro de Economía y Finanzas -se hizo bien en recordarlo recién-, en la última Rendición de Cuentas no trajo precisamente una rendición, porque no la tenían -sólo existía un repartido inicial-, sino una "hoja de ruta", que en realidad eran tres hojitas de papel donde estaban los números de los artículos que había que votar. ¿Recuerda, señor Presidente? Entonces, votamos, hicimos confianza y votamos, porque era una situación de emergencia, mucho más grave que la que estamos viviendo ahora. ¡Y vaya si colaboramos, aun desconociendo el contenido de aquello! Pero no sólo nosotros, sino también integrantes de otros partidos, todos hicimos confianza en que los cuatro o cinco que habían trabajado en el tema lo habían hecho en forma honesta y sincera. En consecuencia, hubo que hacer arreglos en el sistema de seguridad social bancario. Me hago cargo de que los viejos bancarios jubilados hoy sienten estos recortes que se hacen a sus ingresos, aunque seguramente menos que los jubilados del sistema del Banco de Previsión Social, donde las jubilaciones mínimas están muy por debajo de las bancarias a pesar de los esfuerzos enormes que se han hecho para tratar de subirlas, ya que se trata de 600.000 jubilados y la situación no es sencilla desde el punto de vista financiero.

Acá se ha hablado de las AFAP y debo decir que estoy asombrado de que al día de hoy se siga haciendo ese tipo de afirmaciones. No sé si leí mal los datos o si hay gente que buenamente se equivoca y lee erróneamente, pero tengo aquí el repartido del Banco Central del Uruguay -supongo que hay que tener cierta confianza en los datos que proporciona- que habla de la rentabilidad real neta proyectada en Unidades Reajustables de las AFAP, señalando que en el último año móvil todas dieron pérdida: -7,48%, -8,04%, -7,10% y -7,19%. Ahora bien, las comisiones de las administradoras no bajaron, porque allí, pierda o gane la empresa, la comisión se cobra siempre. En los últimos cinco años móviles sólo hay tres administradoras que tienen algo así como 0,05%, un 0,25% y un 0,58% de ganancia, es decir, que ni siquiera llegan a un 1% de ganancia neta. Pero se dice que este sistema funciona y que hay que meter en él a todo el mundo, obligatoriamente. Recuerdo que acá hubo una campaña muy buena y se hizo la cuadratura del círculo para los capitalistas -como muchas veces digo-, obligando a la gente -porque se hablaba de "obligatoriedad"- que tenía menos de determinada edad y ganaba más de cierta cantidad, a aportar a las AFAP. Reitero que era obligatorio depositar allí y le hacían pagar las comisiones que establecían las Administradoras de Fondos Previsionales, que luego terminaron dando estas rentabilidades negativas que reflejan los datos que hoy estamos señalando. Se dice que esto anda tan bien, que algunos señores Senadores afirman que habría que incluir a todo el mundo en las AFAP, obligatoriamente, como se hizo en la Argentina. Sin embargo, estoy leyendo -a lo mejor leo mal y me equivoco- que hoy en la Argentina el Estado está pagando casi el 75% de las jubilaciones que debían pagar las AFAP, porque estas hicieron los depósitos de sus fondos fuera del país, en esos Bonos que hoy se están cayendo a pedazos en el sistema financiero norteamericano. Así lo apoya también una publicación nacional -en la que sé que muchos señores Senadores tienen confianza- que dice que las AFAP uruguayas perdieron US$ 593:000.000 al caer los valores que tenían depositados en el sistema financiero norteamericano. ¡Y las nuestras son solo cinco! Imagínense ustedes lo que está pasando en la Argentina, donde se dice que hoy la Presidenta va a mandar al Parlamento un proyecto de ley por el que se pasa al sistema de seguro estatal a todos los que estaban afiliados a las AFAP, para poder buscar la posibilidad de pagar las jubilaciones, porque si la situación continúa así, las Administradoras de Fondos Previsionales quiebran. En realidad, quiebran los que depositaron su dinero allí, porque los que cobraron las comisiones ya se las llevaron y no los agarra nadie.

SEÑOR RIOS.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR RIOS.- Coadyuvando con el desarrollo de las ideas que expresaba el señor Senador Gargano, debo decir que recientemente he recibido un libro del Instituto Mexicano de la Seguridad Social, que es un organismo muy importante en ese país, que maneja US$ 40.000:000.000 emergentes del trabajo y de los servicios que otorga. Este Instituto hizo un estudio en toda Latinoamérica con respecto a la situación real del sistema de seguridad social y, básicamente, en todos los países en los que hubo o hay AFAP, se constató que el sistema ha fracasado. Por lo menos así lo señalan todos los autores que se consideran en esta materia. Este estudio fue realizado y supervisado por el doctor Néstor De Buen, que es un "pope" -salvando la palabra- en el Derecho del Trabajo español, que actualmente está radicado en México.

A esta conclusión se llega por diferentes razones; aquí será por el uso y abuso que señalaba el señor Senador Gargano, por los aspectos demográficos que mencionaba el señor Senador Mujica, o por factores de informalidad que se dan en países como Perú, etcétera, pero lo que queda claro es que hay que reiniciar un camino en la seguridad social, porque el de las AFAP ha fracasado en todos sus aspectos y su utilidad ya no es un tema de discusión a nivel técnico jurídico.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Creo que hay que estudiar de nuevo todo el sistema de la seguridad social. Seguramente, la próxima Administración deberá tener a su cargo el análisis de toda la seguridad social, porque no hay duda de que la crisis mundial del sistema financiero va a repercutir en la economía y va a crear problemas también en este aspecto y no sólo desde el punto de vista estrictamente financiero.

Hay cosas que no se han dicho aquí, pero yo las voy a decir. En el día de hoy, un banco, o diría más, cinco de los principales Bancos de la plaza montevideana juntos, no tienen la cantidad de funcionarios que tenía la Caja Popular de Paysandú cuando yo tenía 14 ó 15 años. Esto ocurre porque hay nuevas tecnologías y nuevas máquinas, que hacen el trabajo de diez o quince personas; son computadoras y nuevos sistemas de gestión. A esto se suma la voracidad del sistema financiero, y vamos a no echar en saco roto este otro factor porque, por un depósito de US$ 5.000 o US$ 10.000, ¿a quién le pagan más del 0,65% anual? Creo que a nadie, salvo que tenga un amigo que le haga una pierna. Sin embargo, se recoloca el dinero en el exterior a tasas más elevadas, aunque de ahora en más eso no va a ocurrir, porque los Bancos Centrales van a bajar los intereses para reanimar las economías norteamericana y europea. Por ende, las tasas de interés en nuestro país van a bajar aún más.

El sistema financiero uruguayo es sólido porque no ha tenido más corridas, ya que muchos de los banqueros ladrones están presos, y aunque a otros todavía no se los ha detenido, quizás tengamos suerte y lo logremos. Considero que las soluciones que podemos imaginar siempre van a ser de carácter temporal, por lo que habrá que ir adaptándolas de la mejor forma, a fin de no perjudicar a nadie y buscar una solución para la mayoría. Si los partidarios de que el sistema financiero funcione como un sistema circulatorio del capitalismo ven que se les pone una carga -esto es cierto, pero también se le impuso a otros sectores- la trasladan y, en última instancia, todos los costos los pagamos nosotros. Bertolt Brecht decía -lo voy a manifestar porque como tengo fueros no me van a hacer un juicio por difamación- que robar un banco es malo, pero peor es fundarlo. Es cierto que ellos nunca pierden plata. Siendo Canciller me enteré de que uno de los involucrados que no había sido detenido se encontraba en Estados Unidos, y el informante decía -en su momento lo expresé públicamente- que manejaba unos US$ 400:000.000 de la plaza financiera; en este país había dejado el tendal, pero se había llevado el dinero para las islas Caimán. De pronto esa información no era cierta, aunque creo que los informantes y cazarrecompensas norteamericanos, en general, no mienten, siempre andan con el rifle bajo el brazo y cuando ven una presa, no están errados. Esa es la historia de lo que se ha vivido en el Uruguay.

Ahora nos encontramos ante esta solución, que para mí es correcta y es la mejor que se pudo lograr con el esfuerzo de un conjunto de instituciones y de gente que, con muy buena información, aportó lo necesario para llegar a esta solución. Sin embargo, creo que va a ser temporal, porque en materia de seguridad social o económica las soluciones no pueden ser eternas, ya que cambian en la medida en que se transforman las realidades económicas.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR GARGANO.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el señor Senador Gargano leyó bien el informe del Banco Central, pero sólo el del último año, y como este sistema tiene doce años hay que leer todo y hacer el promedio, que fue lo que hice; yo no me referí al último año, que dio un resultado negativo, porque estamos hablando de procesos de treinta años.

Ahora me voy a remitir a los rendimientos de las AFAP. Los primeros cinco años, el promedio anual de rentabilidad neta de las AFAP -me remito al mismo informe del Banco Central que utilizó el señor Senador- es de entre 9,09% y 10,4% anual acumulativo. Recalco que estoy hablando de rentabilidad neta de comisiones expresada en unidades salariales, como corresponde. En los siguientes cinco años -no olvidemos que el sistema comenzó en abril de 1996, pero el primer aporte que se transfirió fue en junio de ese año- la rentabilidad estuvo entre el 14,6% y el 16,4%. Si se hace el promedio, este nos dará por encima del 10%, más cerca del 13% en los primeros 10 años. Al año siguiente la rentabilidad fue de entre un 4% y un 5%, lo que baja el promedio, pero estamos hablando de un año en once. Como decía el señor Senador, al año siguiente el promedio es de -7%. Por tanto, cuando se hace el promedio general, la AFAP con menor rentabilidad tiene un 9,7% anual acumulativo, mientas que la de mayor rentabilidad, alcanza al 10,8%.

Es así como se deben medir estas cosas. No se puede tomar el rendimiento de un año, porque de hacerlo, también podría decirse que el mismo es de 16% o 20%, como también mostrara, lo que es incorrecto, aunque ese porcentaje puede haber rendido el ahorro en algún período excepcional. Pensar que el promedio pudiera ser de 9% o 10%, sería algo excepcional, pero seguramente dé un 5% y, a pesar de lo dicho por el señor Senador Ríos, ese porcentaje es extraordinario para una jubilación.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: no tengo los datos de los últimos quince años, ni tampoco de los próximos quince años, y uno no sabe qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, en este año se perdieron US$ 593:000.000. Si hacemos el cálculo entre los años a que hacía mención el señor Senador Alfie, en que hubo una buena rentabilidad, y este, en que hubo una pérdida muy importante sólo en el mes de setiembre, ¡por Dios!... Yo que soy ateo mencioné a Dios, seguro algo me va a pasar. A veces hay que pedir cuentas a Dios, porque nadie da las cuentas claras ni exactas. Discutimos largamente sobre la ley de las AFAP, sobre su porvenir y demás, y el señor Senador Alfie lo recordará, porque en aquel entonces era asesor del Ministro de Economía y Finanzas. También recordará que teníamos posiciones distintas.

Creo que hay realidades como la argentina y la nuestra que demuestran que ese es un negocio redondo para quienes fundaron esas organizaciones, porque trabajan con el dinero ajeno. Es cierto que en esto también está el Banco de la República. Al respecto, puedo decir que el ex Ministro de Economía y Finanzas y ex Senador Atchugarry me preguntó por qué no era partidario de las AFAP, si se le iba a dar al Banco de la República una parte importante. Le dije que me parecía bien, y que en el país existe una conciencia tan grande acerca de la seguridad que hay que tener, que una parte importante se le daba al Banco de la República. En este país la gente tiene más confianza en el Estado -a pesar de que ha sido muy mal manejado durante mucho tiempo- que en el sector privado, que la ha estafado reiteradamente. La gente sabe que si el Estado lo hace mal, puede cambiar esa realidad con el voto y es lo que seguramente hizo en el año 2004. Por tanto, si nosotros lo hacemos mal, tengan la seguridad de que la sociedad va a cambiar al Gobierno, pero creo que lo estamos haciendo bien y esto es una prueba de ello. En cambio, hay otros países como Argentina que han tenido que recurrir a decisiones como la que está impulsando la señora Presidenta en el sentido de liquidar el sistema jubilatorio privado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Ha llegado a la Mesa una moción en el sentido de que se prorrogue el tiempo de que dispone el orador.

Se va a votar.

(Se vota:)

- 19 en 21. Afirmativa.

Puede continuar el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Me comprometo a finalizar mi exposición en un par de minutos.

Se debe prestar mucha atención a lo que establece el proyecto de ley que estamos considerando en el día de hoy y ver cómo camina. Si fuera necesario, dentro de un par de años se le pueden introducir modificaciones, como se ha hecho con tantas otras iniciativas y tributos, porque no hay realidades eternas. Los dogmáticos en materia económica que decían que el Estado no servía para nada, hoy están llorando a gritos para que este los auxilie, y eso sucede tanto en los Estados Unidos, como en Inglaterra, en Alemania y hasta en Suiza, que es la reina de los relojes y del chocolate, además de las cajas fuertes, a donde todo el mundo llevaba el dinero porque sólo tenía la cuenta en números. Esto da la pauta de que se han derrumbado los muros y de que estamos ante una realidad en la que nadie confía en los bancos.

Tengo en mi poder unos artículos que son ejemplarizantes y que toman en cuenta los hechos que están sucediendo en el mundo actual. En ellos se dice que las dos cosas que están en alza actualmente, especialmente en los Estados Unidos y en Europa, son las cajas de seguridad -porque la gente no confía más en los bancos y entonces pone su dinero en los cofres- y Marx, porque los actuales teóricos del sistema capitalista están diciendo que tenía razón en determinados aspectos.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR BARAIBAR.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR BARAIBAR.- Señor Presidente: a los efectos de que quede registrado en la versión taquigráfica de este debate sobre una instancia tan trascendente como esta, voy a mencionar algunos antecedentes.

Como dijo el señor Senador Gargano, si fuera necesario, dentro de algunos años tendremos que volver a discutir estos temas vinculados a la seguridad social, porque está en su naturaleza que los ajustes se realicen en un país tan expuesto a las modificaciones como el nuestro.

Tengo en mi poder -no lo voy a leer para abreviar el debate- el documento en el que se traduce el apoyo del Presidente del Consejo Honorario de la Caja Bancaria al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento. Se trató en un ámbito absolutamente representativo, junto con la gremial que agrupa a los trabajadores, que discutió largamente sobre la iniciativa en una Asamblea -también obran en mi poder declaraciones de los jubilados y pensionistas de la AEBU- que contó con la asistencia de 5.700 empleados, realizada el pasado 7 de setiembre. La carta firmada por su Presidente, señor Hebert Díaz y el Secretario, señor Roli Giraldi, que fue elevada a los parlamentarios, dice: "Como es de su conocimiento las reservas financieras del instituto, se agotarán en pocos meses, por lo que es impostergable llegar a la solución definitiva a la brevedad. Es por ello y con esas consideraciones que invitamos a que acompañe, desde su posición destacada por la ciudadanía, en el esfuerzo por culminar con éxito una tarea que redundará en beneficio de toda la comunidad".

Durante estos quince días, hemos asistido -si bien no estuve en la Comisión y he estado atendiendo algún otro tema- a un debate mediático y a una movilización realmente trascendente. ¿Qué ha ocurrido? Hemos asistido a la comparecencia de delegaciones de empresas junto con los trabajadores a la Comisión de Seguridad Social -hecho que no me parece mal, pero que no es habitual-; se han realizado comunicados en forma conjunta de las empresas y trabajadores en todos los medios de difusión, y la asistencia obligatoria de trabajadores a reuniones en donde los miembros informantes fueron contratados por las empresas. También se produjo la comparecencia de delegaciones de trabajadores a la Comisión presidida por los Gerentes Financieros y de Recursos Humanos de las empresas. Esto sorprende porque, si bien no estoy en desacuerdo con que exista un encuentro entre el capital y el trabajo, entre el dueño de la empresa y el trabajador, no entiendo por qué últimamente hay tanto entusiasmo de empresarios en esta situación, teniendo en cuenta que no son los más condescendientes con el actual Gobierno. Sin duda, lo que ocurre es que la modificación se producirá para las empresas y que ello repercutirá en sus dueños; entonces, ponen por delante, como escudo, la situación de los trabajadores.

Se ha dicho que la Caja Bancaria está quebrada y que esta solución es un parche, porque sólo permitirá sostenerla unos cinco o seis años. En ese documento, se dice: "No hay solución posible con una relación Activo-Pasivo de uno a uno. El desarrollo tecnológico va a hacer que la actividad financiera se achique cada vez más. Ya se incorporaron 5.000 trabajadores en el año 1994 y no solucionó nada. La mejor solución sería que la Caja Bancaria pase al Banco de Previsión Social y que el Estado asuma el déficit". Los comentarios que hemos escuchado en estos últimos tiempos tienen que ver con todos esos temas. Si bien se nos ha pedido que seamos breves en nuestra exposición, quiero aclarar que tenemos respuestas para todos estos asuntos y las voy a expresar para que quede constancia en la versión taquigráfica de este debate, así como para el atento seguimiento que han realizado los sectores involucrados presentes en las barras.

En este material que estoy citando, se dice que la incorporación de tecnología afecta fuertemente la utilización de mano de obra, generando muchas dificultades a la seguridad social. Esto es así para todas las actividades económicas y no especialmente para la actividad financiera. Los datos del INE revelan que en los últimos veinte años el personal ocupado en la actividad financiera se incrementó -escúchese bien este dato, porque hasta ahora no se ha citado- en un 15%, a pesar de que en la Caja Bancaria los afiliados hayan disminuido en un 27%, con lo cual, mientras presenciábamos la disminución del empleo en los bancos, asistíamos al desarrollo de nuevas modalidades empresariales en el sistema financiero con un crecimiento de más del 300% del personal ocupado. Este dato es sorprendente, porque el aumento de la actividad bancaria está ligada no tanto al incremento de los trabajadores sino al de la actividad, fundamentalmente a través de métodos muy tecnificados.

A su vez, continúa diciendo que las soluciones propuestas en este proyecto de ley corrigen las causas que llevaron a la Caja Bancaria a la situación de crisis en la que se encuentra: por un lado reconocer las transformaciones que ha tenido el negocio financiero en los últimos años, incorporando a las empresas y trabajadores que en forma habitual y profesional intervengan en el financiamiento de bienes y servicios, y por otro lado, propiciando una modificación en la base del financiamiento de la seguridad social no atada exclusivamente a los aportes sobre el trabajo. Este es un elemento clave de este proyecto de ley innovador, porque no sólo tiene que ver con el aporte del trabajador, sino también con la actividad desarrollada en momentos en que la tecnificación hace que la población laboral sea menor, aunque el movimiento financiero sea mayor.

Otra de las objeciones que se han escuchado, tiene que ver con que los trabajadores pierden beneficios. También se expresa en el documento: "Los trabajadores que se incorporan siendo de bajos salarios van a financiar las jubilaciones de bancarios que ganan mucho más. Se los obliga a pasar de un régimen jubilatorio seguro y que funciona bien a uno que está quebrado. Se pierden beneficios y tendrán peores jubilaciones". Sobre estos temas, se dice que la sola lectura del proyecto de ley muestra sin lugar a dudas que ni uno solo de los beneficios que perciben los trabajadores en el Banco de Previsión Social ha de ser rebajado o eliminado, por lo que esa afirmación sólo pretende generar de forma malintencionada inquietud en los trabajadores. Tanto la exposición de motivos como el texto del proyecto expresan con meridiana claridad que la incorporación de empresas y trabajadores no financiará el déficit actual de la Caja Bancaria. El déficit financiero será cubierto exclusivamente por las contribuciones temporarias de los jubilados, empresas actualmente comprendidas y el Estado, siendo la adecuación de los parámetros jubilatorios, la modificación de la forma contributiva de las empresas y la incorporación de nuevos sectores de actividad quienes sustenten el equilibrio de largo plazo de la Caja. Más adelante, señala que los resultados obtenidos en estudios indican que, para un hombre de 60 años de edad y con 30 de trabajo reconocidos y aportados, en ningún salario de los estudiados es posible constatar que la prestación de ningún trabajador actual o que se incorpore a la Caja Bancaria, será menor que la que pueda obtener por la vía del pilar solidario del Banco de Previsión Social más el obtenido por la AFAP. Los trabajadores que tienen los beneficios en el artículo 8º de la Ley 16.713 tampoco serán afectados.

También podríamos hacer referencia a que desde 1987 -es decir, después de la dictadura-, se intentó hacer una nueva propuesta por parte de la Caja Bancaria y se han presentado distintos proyectos. Hay un episodio que no recordaba y tiene que ver con que en 2001, la Caja -ante la pasividad de las autoridades- pudo acordar institucionalmente un proyecto de ley que elevó a consideración del Poder Ejecutivo. La respuesta fulminante del Gobierno del doctor Batlle y del Ministro de Economía y Finanzas de ese entonces, economista Bensión, fue la inmediata destitución del entonces Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y delegado del Poder Ejecutivo, señor Yamandú D’Elía.

En el documento se señala que luego de la crisis de 2002, que agravó el problema, en un intento de solución de salvataje, la organización gremial de los propios afiliados promovió la casi única solución transitoria que era posible sin la iniciativa privativa del Poder Ejecutivo: un impuesto a los jubilados que al menos permitiera el tiempo necesario para encarar soluciones de fondo, ya que se agotaban rápidamente las reservas. Con la firma de Legisladores de todos los partidos -entre los que cabe citar a los entonces señores Senadores Korzeniak, Correa Freitas, Gallinal, Carvalho y Atchugarry- se impulsó la iniciativa que luego se consagró en Ley Nº 17.841, pero el Poder Ejecutivo la vetó y el Parlamento, haciendo honor a su papel y responsabilidad, lo levantó con votos de todos los partidos, incluido el del sector mayoritario del Gobierno que integraba el propio señor Senador Atchugarry.

No quiero extenderme por respeto a las personas que hoy están en la Barra, pero debo decir que cuento también con un documento -que adelanto que está a disposición de todo aquel que le interese, y también para ser utilizado en futuros análisis del tema-, en el que se brindan las respuestas a algunas preguntas planteadas. Por ejemplo, se pregunta: ¿por qué no cerrar la Caja y pasar todo al Banco de Previsión Social? Respondemos: esta ley evita a la sociedad hacerse cargo de un problema de enorme magnitud. El cierre de la Caja supondría un enorme costo, estimado en más de US$ 120:000.000 anuales por muchos años, cuando las empresas pasarían de un aporte de 30,75% a uno del 7,5% y los trabajadores del 17,5% al 15% hasta los $ 17.156; de ahí en más, los aportes serían a las AFAP.

¿Por qué reformar ahora en tan escaso tiempo? Ya se ha dicho que este proyecto de ley debe ser aprobado antes del 25 de octubre; además, no podemos esperar al año que viene para hacerlo, debido a la situación crítica que ya todos conocemos.

¿Este proyecto cumple con la ley general respecto a la adecuación de otros sistemas? Sí; cumple con el artículo 1º de la Ley Nº 16.713 -pendiente desde 1995-, adecuando razonablemente el sistema previsional bancario, pero respetando sus particularidades y formas de financiamiento. Esto implica avanzar y facilitar el camino hacia una solución integral.

¿A cuántas personas abarca actualmente el problema de la Caja? A unas 120.000 personas.

¿Por qué se afirma que es una ley integral y no un "parche"? Es muy extenso y rico el argumento relativo a los aspectos financieros y actuariales que contiene este informe, por lo cual no voy a detallarlo.

¿Participaron los involucrados? Participaron las partes que actualmente están vinculadas a la Caja: los trabajadores a través de su organización más representativa, que es AEBU; los bancos mediante la Asociación de Bancos; y las empresas aseguradoras. Ahí estuvo buena parte del tiempo en que se demoró la elaboración de este proyecto de ley, porque se buscó el acuerdo entre los sectores involucrados. Nosotros tenemos el defecto de respetar el derecho de los trabajadores, así como a una organización como AEBU, con la historia que tiene. Queríamos alcanzar un acuerdo y, obviamente, para ello debíamos negociar con la Caja Bancaria y con la Asociación de Bancos, todo lo cual insumió varios meses. No voy a negar que teníamos nuestras diferencias, que partían de la falta de acuerdo, pero una vez alcanzado, el mismo será respaldado por la totalidad de la Bancada del Frente Amplio en el Senado, tal como ocurrió a nivel de la Cámara de Representantes.

¿Por qué a los nuevos sectores no se les otorgó la posibilidad de elegir en qué sistema quieren aportar? Esa opcionalidad no existe en el Derecho uruguayo ni en el Derecho comparado en materia de seguridad social. No es la excepción que quienes realizan una actividad aporten al organismo de previsión que les corresponde, sino que es la regla. Esto no es ni nunca fue opcional, sino que es obligatorio para todos los habitantes del país.

¿Es excepcional en el país que un trabajador pase de un sistema a otro, ya sea individual o colectivamente? Absolutamente no.

¿Por qué se afirma que en el año 1994 se incorporaron 5.000 trabajadores y aun así no se solucionó el problema? Es falso que se hayan incorporado 5.000 trabajadores; fueron exactamente 1.415.

¿Existen antecedentes de pasajes de colectivos de un sistema previsional a otro? No es excepcional que la normativa legal se vaya desajustando en el tiempo en virtud de nuevas realidades y merezca modificaciones.

¿Existen perjuicios para los nuevos sectores que se incorporan? Absolutamente no. Se respetan íntegramente los derechos, para que ningún trabajador resulte perjudicado por la nueva situación. Estos trabajadores accederán a los mismos beneficios jubilatorios que todos los demás afiliados a la Caja, pero manteniendo exactamente el nivel de aportación personal que tienen actualmente en el Banco de Previsión Social. No hay cambio alguno, y la ley no prevé aumentos posteriores ni escalonados. Esos trabajadores mantienen idénticos derechos materno-infantiles, de asignaciones familiares, de subsidio por enfermedad y de subsidio por desempleo de que hoy gozan. Las empresas también mantienen el mismo nivel de aportación patronal sobre la nómina que tienen en el Banco de Previsión Social, muy alejado del que pagan las actuales empresas afiliadas.

¿Cómo opera el impuesto previsto en la ley de 4 por 10.000 y otras modalidades? Esto apunta al tema de la tributación por la actividad y no tanto por la cantidad de trabajadores afiliados.

Los trabajadores que ingresan, por aportar menos que los actuales -situación que se mantendrá- ¿tendrán derechos jubilatorios y pensionarios inferiores a estos? No; los derechos serán idénticos en forma de cálculo, cuantía, topes, etcétera, para todos los afiliados a la Caja.

Los trabajadores que ingresan, por dejar de aportar al Banco de Previsión Social y eventualmente a una AFAP, ¿resultarán perjudicados al pasar al régimen de Caja Bancaria? De ninguna manera. Cuadros comparativos demuestran que habrá condiciones superiores en la Caja y también simulaciones de casos concretos por uno y otro sistema.

¿Qué garantías existen de que el sistema propuesto resulte viable en el mediano y largo plazo? Se establece que hay un horizonte razonable, con la relatividad que siempre tienen los sistemas jubilatorios.

En resumen, señor Presidente, este es un documento serio que está a disposición de todos los colegas. Sé que no estamos ante el proyecto ideal, pero sí ante el mejor posible.

Por otra parte, quisiera hacer una consideración de tipo político. Estamos en el cuarto año de la Legislatura y en la consideración de esta iniciativa se vuelve a dar algo que ha sido una conducta habitual de parte de la oposición, fundamentalmente de la que tiene más votos, es decir, el Partido Nacional. Hemos discutido las leyes de reforma impositiva, de reforma de la salud, otras vinculadas con normas laborales y hoy tenemos a consideración un proyecto referido al régimen jubilatorio. En todos los casos se ha dado el mismo modelo: se argumenta que no ha habido tiempo para discutir. Realmente, me gustaría que alguna vez se dijera: acá está el proyecto del Partido Nacional, del Partido Colorado, o de ambos; esta es nuestra alternativa. No lo hay, como no lo ha habido para la reforma impositiva, para la reforma de la salud, ni para ningún otro proyecto. El único proyecto que presentan es el de oponerse al que trae el Poder Ejecutivo, y oponerse a él, cuando lo apoya todo el Frente Amplio, es volver al pasado.

Por último, quisiera hacer un comentario. Quédense tranquilos de que el Senador Astori va a estar en este Senado. Fue el Ministro más interpelado, ya que fue citado a Sala en seis oportunidades, e incluso lo citaron por un proyecto que ni siquiera era ley; además, cuando sucedió el problema con PLUNA permaneció en el Ministerio para poder concurrir al Senado. En lo que resta de este año y durante todo 2009 va a discutir mucho, por lo que no faltarán oportunidades en ese sentido. Pido que no majadeen con el tema de que Astori no está, porque no tiene ningún fundamento; estamos hablando de un hombre que durante 20 años fue Legislador, y conoce y respeta el ámbito parlamentario. Del mismo modo, pido que se respete a un hombre que fue Ministro durante cuatro años y que ahora debe cambiar su vida, ajustando sus tiempos y obligaciones.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Confieso que no iba a hablar, pero ahora se me despertó el interés.

En cuanto a lo que se sostiene a propósito de que no hemos presentado ningún proyecto en esta materia, debo reiterar lo que señaló el señor Senador Gallinal en el sentido de que no tenemos facultades para hacerlo, ya que la iniciativa debe ser del Poder Ejecutivo. Quiere decir que no lo hemos presentado, no porque no podamos hacerlo desde el punto de vista de la elaboración -que podría ser un proyecto mejor que éste, que no es bueno-, sino porque no tenemos potestades constitucionales para ello.

Luego de que leyera tan rápidamente el informe, pienso el motivo de la intervención del señor Senador Baráibar fue defender al ex Ministro que participó de todas estas tratativas y que, como bien manifestó el señor Senador Larrañaga, hoy no está presente. Nos hubiera encantado escuchar de quien prácticamente fue el gestor intelectual de esta iniciativa, las razones y las virtudes que adornan este proyecto, que no parecen ser tantas, porque evidentemente no ha sido consensuado con las fuerzas políticas -hay dos partidos que prácticamente no lo votan- ni con un núcleo de trabajadores que se incorporan a esta Caja. Según surgen de las versiones taquigráficas recogidas durante el rapidísimo trámite que se le dio al tema en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, todos formularon críticas muy duras desde todo punto de vista. He conversado con representantes de las cooperativas de crédito -según ellos mismos han señalado, hay 62 en el país, nuclean a 800.000 uruguayos y no son las grandes instituciones del sistema capitalista que tanto se han deplorado aquí y que forman parte de esta crisis que se vive a nivel mundial, sino que se trata de organizaciones de trabajadores sin fines de lucro-, quienes se han manifestado en contra de este proyecto de ley. Entonces, francamente, no veo el interés compartido o la legitimidad de esta iniciativa, cuando entre 4.600 y 5.000 trabajadores están en desacuerdo. La realidad es que no he podido constatar que ninguna esté a favor de todo esto. Además, en este sistema han ingresado algunas transportadoras de caudales, aunque a mi entender no desarrollan una actividad financiera, sino simplemente de transporte. Sin embargo, han quedado fuera algunas redes de pagos; al parecer, algunas ingresan y otras no, en algo que resulta bastante inexplicable.

Aquí se han brindado hoy algunas cifras, aunque de manera entrecruzada porque, claro está, la velocidad de tratamiento de esta iniciativa ha sido tan acelerada, que difícilmente existan datos como para afirmar una determinada posición. Es así que en el material de que dispongo leo que un señor que viene por la Cooperativa OCA dice que la relación activo-pasivo actual es de 0,78 activos por un pasivo, y ahora, con la incorporación de estos más de 4.500 trabajadores, pasaría a ser de 0,85. Este señor sostiene que eso serviría apenas para cubrir las 150 jubilaciones más caras que hoy paga la Caja Bancaria. No sé si todo es verdad, pero lo cierto es que no hemos tenido ocasión de constatarlo.

Aquí se ha hablado también y de manera muy reiterada sobre el dinamismo de los instrumentos legales. Al parecer, eso significa que hay que aprobar leyes para luego modificarlas. Así aprobamos la Ley de Tercerizaciones -que al poco tiempo modificamos-, la Ley de Ordenamiento Territorial -a la que introdujimos algunos cambios la semana pasada, aunque es seguro que deberemos volver a modificarla-, la Ley de Retiros Policiales -con respecto a la cual nos acabamos de enterar de que quizás el próximo jueves esté de nuevo en este ámbito para ser modificada- y la Ley de Reforma Tributaria. Por nuestra parte, nos preguntamos qué forma de legislar es esa, señor Presidente. ¿Qué seguridad jurídica estamos ofreciendo al país cuando legislamos para aprobar y verificar qué efecto tienen las leyes, esperando a ver si el dinamismo de la realidad nos lleva a cambiarlas? Como es sabido, en los últimos diez días aprobamos tres modificaciones en materia de sistemas jubilatorios: la del régimen general del Banco de Previsión Social, la de la Caja Policial y la que hoy nos ocupa.

Creemos que es muy claro lo que se establece en el artículo 229 de la Constitución de la República. Ahora bien, discrepemos con el señor Senador Alfie y digamos que dicha disposición rige en este caso. Entonces, ¿tenemos que llegar al último día y atrasar el reloj? ¿No habría sido mejor un tratamiento dilatado y exhaustivo de la iniciativa, escuchando a todas las partes? Los representantes de las cooperativas y las administradoras de crédito han dicho que no fueron escuchados; sólo asistieron en una oportunidad a la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, pero nunca fueron recibidos en esta Cámara, y según tenemos entendido, fue el pasado jueves que se reunió la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social para aprobar este proyecto de ley.

¿Acaso vamos a obtener buenos instrumentos legales aprobando normas de esta manera y a esta velocidad? Creemos que no. Quizás por eso ahora algunos representantes del Colegio de Abogados y de la Asociación de Escribanos del Uruguay están diciendo que las leyes son cada vez peores y que generan verdaderos problemas de interpretación, así como de ejecución y aplicación, por lo que requieren de modificaciones posteriores. Quien habla es Legislador de este Período -es claro que aquí hay otros Senadores mucho más veteranos-, pero fácilmente puede advertir que es muy mala la calidad de las leyes que estamos votando. No podemos hacer experimentos con la gente, señor Presidente. Por lo que he escuchado aquí y por las opiniones que he podido conocer, tengo la sensación de que, efectivamente, esta es una solución transitoria.

Todos hemos podido escuchar al señor Senador Alfie -que realmente sabe mucho sobre estos temas- cuando habló de esa emisión de títulos que termina siendo una adquisición que, aunque parezca voluntaria, en realidad no lo es porque representa una rebaja del 4,5% en determinados aportes. Asimismo, habló del encarecimiento de los créditos, que va a generar estas prestaciones adicionales que acá se comprometen, lo que llevará, por ejemplo, a una elevación de los aportes patronales. Recordemos que el crédito no es para multimillonarios, sino para los socios de las cooperativas. Se trata de pequeños créditos de consumo que se van a encarecer hasta en un 2,5%. ¡Y se ha hablado de la crisis de Wall Street y de las pérdidas de los gigantes financieros del mundo, cuando aquí se trata de créditos de $ 8.000 o de $ 10.000 para 800.000 uruguayos! Evidentemente, no estamos hablando de la crisis de Wall Street, de manera que la mención que al respecto hizo el señor Senador Gargano no es de aplicación. Estos no son banqueros ladrones; son cooperativas que les prestan a los uruguayos más pobres, los cuales a su vez son socios y no toman dinero de otros. En definitiva, aquí se trata del aporte de los socios.

Entonces, vamos a dividir las aguas y a no confundir las cosas. Situemos el tema en sus justos términos. Si se deplora y se agravia a las AFAP diciendo que son realmente malas, nos preguntamos por qué no enviaron a este Parlamento un proyecto de ley para modificar ese régimen. Porque es claro que la iniciativa que ahora nos ocupa no tiene por objeto la modificación del sistema de las AFAP. Por supuesto que no. Esta norma toma a aproximadamente 4.600 trabajadores que pertenecen a un sistema mixto, entre reparto y AFAP, y los integra a una Caja que está fundida, que tiene una relación activo-pasivo que es única en el mundo. Esto no tiene nada que ver con las AFAP. Reitero: si se quiere modificar el régimen de las AFAP por considerarse que son muy malas, envíen un proyecto de ley. ¿Por qué no lo han hecho? Si tanta gente ha estado hablando mal de las AFAP, ¿por qué no se ha enviado una iniciativa al respecto, a los efectos de que se discuta?

SEÑOR HEBER.- Muy bien.

SEÑOR MOREIRA.- Por mi parte, considero que las cifras brindadas por el señor Senador Alfie no pueden ser discutidas por nadie. Que se perdió dinero en el último año es algo indudable porque, ¿quién no lo perdió, en medio de esta crisis mundial que se desató en el mes de setiembre? Por supuesto que es así, porque se trata de una situación de coyuntura única en las últimas décadas. Por eso, me parece que aquí algunos señores Senadores se han ido del tema.

Considero que la señora Senadora Dalmás brindó todos los argumentos relacionados con este proyecto de ley y, a mi entender, su exposición fue muy correcta, si bien es cierto que discrepo con muchas de sus expresiones. Evidentemente, creemos que esta es una solución inconveniente. Ninguno de nosotros dirá que quiere que los jubilados bancarios o los pensionistas dejen de cobrar; claro que no. Se trata de derechos adquiridos que siempre se han preservado a lo largo de la historia del Uruguay. Todas las colectividades políticas están de acuerdo con preservar y mantener esos derechos e, incluso, quizás, con un período de transición para las personas que están muy cerca de esa etapa; pero de ahí a seguir alimentando algo que es muy artificial, hay una distancia muy considerable.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MOREIRA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: tuvimos la intención de solicitar una interrupción al señor Senador Baráibar porque realizó un cuestionamiento que entendimos no era de recibo. Ahora, por vía de la interrupción que nos ha concedido el señor Senador Moreira, vamos a poder contestar.

Ante todo, creemos que es encomiable y digna de elogio la defensa que hace el señor Senador Baráibar. Primero, porque debe hacerla dos veces: una en la Cámara de Representantes y otra en este ámbito. Como el señor Senador Astori se encuentra en uso de licencia, el señor Senador Baráibar se ve obligado a salir a defender la posición del oficialismo por partida doble, en reiteración real, podríamos decir. Evidentemente, debemos comprender y respetar este tipo de situaciones, y quien habla es el primero en hacerlo. Comprendo y respeto al señor Senador Baráibar, porque su esfuerzo es encomiable y digno del mejor elogio. Se merece cobrar un sueldo doble, aunque sé que percibe uno simple, aun trabajando en las dos Cámaras.

A todo esto agrego que el Partido Nacional presentó propuestas relacionadas con este tema. El señor Senador Moreira ha dicho y reiterado, con mucha razón, que el único que tiene iniciativa en esta materia es el Poder Ejecutivo. Nosotros no la tenemos, y es importante que esto le quede claro a la gente, que se pregunta por qué el Senado demoró hasta el 21 de octubre, cuando faltan cuatro días para el vencimiento del plazo; aunque quizás deberíamos decir que faltaban cuatro días porque, de acuerdo con lo expresado por el señor Senador Mujica, ese plazo no existiría. Desde ya adelantamos que, en ese sentido, vamos a formular una moción concreta.

Tal como dijimos, hemos presentado soluciones alternativas, y lo hicimos en ocasión del seminario al que convocamos, en el que participaron todos los sectores involucrados. La primera solución que presentamos fue separar el problema crónico que tiene la Caja Bancaria de los temas de fondo y darle una asistencia financiera para que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones mientras buscamos una solución definitiva. Además, propusimos hasta el origen de los recursos, lo que fue reiterado por el señor Senador Heber. Para nosotros bastaría con destinar a la Caja Bancaria lo que se recauda por el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de los propios bancarios a fin de asistirla, y mientras tanto buscaríamos la solución de fondo. Pero acá no hay una solución.

En la Comisión dije que el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social me había contestado que dentro de treinta años, la relación activo-pasivo iba a ser de 1,3 a 1. Asimismo, el equipo económico manifestó: "En cuanto a los números concretos de la relación activo-pasivo, no sé si el señor Senador Gallinal tiene el informe -de lo contrario, se lo acercaremos-, porque en el último cuadro está proyectada la evolución de los afiliados actuales y los nuevos, y se muestra cuál sería la relación resultante". Esto viene a cuenta de la pregunta que hice con respecto a qué sucedería dentro de 15 ó 20 años con la relación activo-pasivo. Y la respuesta fue: "Se espera que dentro de quince años -en el 2023- esa relación sea del orden del 1,14 y también dentro de veinte años -de acuerdo con la otra pregunta que hacía el señor Senador- se mantendría ese mismo guarismo". Quiere decir que recién dentro de treinta años ese guarismo mejoraría llegando a 1,3.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: el señor Senador Gallinal ha abundado en argumentos en el mismo sentido que expresé. En cuanto a esa equivalencia necesaria, dije que la modificación no iba a ser sustancial, ya que, según se dice, tiene que haber 3,5 activos por cada pasivo para que una Caja de Jubilaciones y Pensiones pueda tener viabilidad y sustentabilidad en el tiempo. Evidentemente, esto ha quedado harto probado; el señor Senador Mujica ya hoy se refirió a los cambios demográficos y de tecnificación, lo que provoca la reducción del personal de estas empresas y parece conducir al camino inexorable de ingresar en el régimen general. En mi opinión, ese va a ser el desenlace de este asunto, y aquí estamos tomando una solución transitoria, de muy corto plazo.

Por discrepar con esta propuesta y, además, por lo que han expresado quienes integran el Movimiento Cooperativo -que son 62 cooperativas que nuclean a cientos de miles de uruguayos- en el sentido de que en lugar de tener una tasa de reemplazo del 98% -porque tienen un promedio de edad de 28 años y retribuciones inferiores a $ 12.000-, tendrían una del 50%, no vamos a acompañar esta solución puesto que no nos parece justa, sobre todo porque no resuelve el problema de fondo. Para nosotros, se está imponiendo un sacrificio excesivo a un colectivo muy grande de gente joven y trabajadora que percibe retribuciones muy bajas y no se está llegando a una solución de fondo para el tema.

En consecuencia, reitero, vamos a votar negativamente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra, para una exposición final, la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: a esta altura del debate y luego de que han intervenido tantos señores Senadores de mi Bancada, nos parece que una buena parte de las preguntas realizadas por distintos integrantes de la oposición ya están contestadas.

Por supuesto que esta no es una solución definitiva -tal como alguien dijo aquí; no recuerdo quién fue-, lo que no quita que sea una solución integral, es decir, que atienda todos los aspectos y no solamente el déficit actual, aun en el entendido de que va a tener que seguir siendo analizada en el tiempo. Y si en un plazo de quince años se llega a una relación activo-pasivo de uno a uno, creo que será un éxito, obviamente teniendo en cuenta el marco en que se vienen dando los sistemas de seguridad social, sobre la base de la contribución por la nómina de los trabajadores e incluso en los aspectos mixtos en el mundo.

En varias oportunidades se dijo que habría algunas entidades o empresas que se estarían dejando afuera -por lo menos eso fue lo que escuché-, aunque no sé a cuáles se hizo referencia concretamente; lo que sí sabemos es que constituye una sana tendencia poner en un colectivo jubilatorio a todas las empresas administradoras de crédito, bancos y aquellas que participan en la actividad financiera o aquellas que -como es el caso de las del literal K- son propiedad de las instituciones financieras y desarrollan actividades que integran la unidad técnico-económica de las mismas. A su vez, aquellas que no están descriptas en esta serie de ítems -que creemos abarcan a todas las actividades financieras o integran una unidad técnico-económica con la actividad financiera- estarán fuera, tal como lo estuvieron en algún momento las que tenían estas características y fueron incorporadas en 1994, creo que con estos criterios y no con criterios arbitrarios. Pero en aquel momento, el número que componía ese campo afiliatorio, así como otras razones que no vamos a exponer ahora, dieron a esta solución un carácter transitorio que no terminó de laudar el problema. Creo que esta es la explicación, por lo menos desde el punto de vista racional.

También se ha expresado que esta propuesta vulnera derechos adquiridos. Si los derechos adquiridos se refieren al cambio de parámetros o de elementos por pasar a un campo afiliatorio diferente, corresponde recordar que eso se produce en el país en forma permanente. A lo largo de la historia ha habido personas que por pertenecer a determinada actividad están afiliadas a una Caja y luego pasaron en masa a otra. Lo mismo sucede con los profesionales y nunca nadie planteó que se vulneraran los derechos adquiridos, porque los parámetros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios son diferentes. Entonces, nos parece que tampoco es de recibo ese argumento, además de que normalmente no se puede seleccionar -por lo menos en el sistema actual- a qué colectivo o campo afiliatorio uno pertenece; la persona desarrolla una actividad determinada y el campo afiliatorio es consecuencia de ello.

Por su parte, el señor Senador Alfie planteó en determinado momento el tema de los títulos de deuda y dijo que las empresas estarían compulsivamente obligadas a comprar. Esto no es así. En el artículo correspondiente se aclara que las empresas podrán adquirir títulos de deuda si desean entrar en el proceso de rebaja del aporte patronal, pero no tendrán que hacerlo necesaria ni compulsivamente. La ley es muy clara en ese sentido.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA DALMAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: cuando hablamos de que se vulneran derechos adquiridos, entre otros, nos estamos refiriendo especialmente a los de aquellos trabajadores que hoy pertenecen a las cooperativas, a ANDA y a otras instituciones, que están aportando al Banco de Previsión Social y tienen derecho a jubilarse al amparo del régimen de las AFAP, derecho que, en función de lo que aquí se propone, perderían.

Las preguntas refieren, entonces, a dos temas. En primer lugar, ¿qué va a pasar con el ahorro individual que realizaron durante todos estos años? ¿Qué destino va a tener? ¿Se va a devolver, les van a dar la plata? En segundo término, ¿cómo se restituye ese derecho adquirido que se pierde respecto al régimen de las AFAP?

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: el segundo tema, relacionado con el derecho a continuar bajo el régimen de las AFAP, según mi opinión ya ha sido contestado, porque en los distintos sistemas hay variantes y, obviamente, se acepta pacíficamente que pasemos de uno a otro. Por ejemplo, puede haber gente que haya estado incluida en el régimen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias que, por distintas razones, cambió de actividad, comenzó a aportar a una AFAP y después volvió a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias. En ese caso, existen distintas posibilidades para acumular los años de servicios, pero el hecho de que no aporte a una AFAP no influye en su haber jubilatorio.

En lo que respecta al dinero que ya fue aportado, va a seguir cobrando la rentabilidad que corresponda, porque ese capital es de la persona y, por lo tanto, no puede ser vulnerado. Ese capital, producto del ahorro individual, correrá la misma suerte que su administradora de fondos: rendirá su consiguiente porcentaje y seguirá siendo suyo, por lo que ganará los intereses que produzca. Esto, por lo menos para mí, está claro.

Una y otra vez se ha dicho en Sala que los trabajadores de las empresas que se incorporan se verán perjudicados debido a que ya no tendrán derecho a seguir aportando a una cuenta de ahorro individual, y que perderían beneficios, o sea que tendrán una jubilación menor. Sobre estas manifestaciones quiero decir lo siguiente.

Existen ejemplos comparativos elaborados caso por caso sobre datos provenientes del Banco de Previsión Social, del Banco Central del Uruguay, de la Dirección General Impositiva y de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias para el caso de los trabajadores afiliados a esta última, y sobre datos de estos organismos, del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Facultad de Ciencias Económicas y del Instituto Nacional de Estadística para el resto de los funcionarios. Debe haber muchos ejemplos, pero puedo decir que con relación a una persona de sexo masculino, de 60 años de edad y con 30 años de aportes, con una densidad de cotización de 1, puede haber dos supuestos: uno respecto a la evolución salarial del 2% anual y la rentabilidad del fondo promedio de un 2% anual, nos daría que con un sueldo inicial de $ 5.000, por el régimen del Banco de Previsión Social más el de la AFAP tendría una jubilación de $ 4.249, mientras que por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias sería de $ 5.852. El estudio sigue con una serie de datos por el estilo -que puedo brindar a los señores Senadores-, hasta llegar al caso de un sueldo inicial de más de $ 25.000, en cuyo caso -rentabilidad, por cierto, beneficiosa- por el Banco de Previsión Social más AFAP recibiría una jubilación de $ 15.302, mientras que por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias recibiría $ 22.000. Quien tuviera un sueldo inicial de $ 30.000, con la suma del Banco de Previsión Social más AFAP tendría una jubilación de $ 18.065, mientras que por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias sería de $ 26.440. Finalmente, con un sueldo inicial de $ 35.000, sumando el Banco de Previsión Social más AFAP recibiría una jubilación de $ 20.154, mientras que por la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias sería de $ 30.847.

Reitero que simplemente estoy refiriendo los datos que se me han entregado como resultado del trabajo de todos los organismos que mencioné.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora?

SEÑORA DALMAS.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: la señora Senadora leyó el supuesto clave: una rentabilidad del 2% y una edad de retiro de 60 años. Pero si la rentabilidad promedio está entre 9,7% y 10,6%, si además, tal como aparece en las páginas oficiales, tomamos un porcentaje de entre 4,5% y 5% -algo normal, nada excepcional- y ponemos la edad que utilizó el Poder Ejecutivo como media de jubilación, los números cambian drásticamente, porque la tasa es exponencial, no lineal. Está bien lo que dice la señora Senadora; cualquiera puede traer una computadora y, en cuestión de treinta segundos, se obtiene ese dato. Pero el tema es si el supuesto refleja la realidad o no. Por lo pronto, si la historia vale, ni aquí ni en el mundo se refleja esa realidad; está muy lejos de ello, y afortunadamente es mucho mejor.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar la señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: por cierto, los datos, los supuestos y la posibilidad de que sean verídicos, son opinables. Por mi parte, tomo como referencia estos supuestos y estos indicadores base, sobre los que se realizaron los cálculos por parte de todos estos organismos; por algo todos ellos entienden que la rentabilidad del fondo a considerar podría ser esa. Pero admito que es un tema opinable.

En otro orden de cosas, en cuanto a quiénes participaron y quiénes no, quiénes fueron escuchados y quiénes no, me parece que ingresaríamos en una discusión eterna. He tenido ese problema hasta en lo personal, vinculado a mi familia, pero pienso que ser escuchado no significa que se tome todo lo que uno diga; a veces, ser escuchado significa que se va a analizar esa opinión en todos sus aspectos, cotejando y viendo si tiene alguna parte de razón, pero no tomando a pie juntillas lo que uno diga. En mi opinión, de una u otra manera, tal vez no en esta instancia pero sí en otras, todos los sectores han podido participar.

Acá se habló muy despectivamente de la Comisión creada por el artículo 92, que no viene a pedir disculpas por nada, sino a cumplir una tarea necesaria a la luz de todos los problemas, de la dinámica de la economía y de todos los impactos que recibimos del exterior. Pienso que no es una mala idea -como tampoco lo fue en el año 2003, tal como lo señalaba el señor Senador Gallinal- la creación de la Comisión multisectorial, y si el Gobierno la impulsó estuvo muy bien, pues era necesaria

SEÑOR GALLINAL.- Pero fue para crear un proyecto, no para controlar.

SEÑORA DALMAS.- Pues bien, lo que quiero decir es que esa Comisión se organizó para elaborar un proyecto. Es más; tengo el acta aprobada por consenso en ese ámbito, que es algo tangible. En ella figuran las firmas del señor Senador Gallinal, del economista Tabaré Vera de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del escribano Daniel García Zeballos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del doctor Rubén Correa Freitas del Partido Colorado, del doctor Korzeniak del Frente Amplio -que lamentablemente no está presente en el Senado en estas instancias-, del doctor Edgardo Carvalho del Nuevo Espacio -hoy parte del Frente Amplio- y de tres delegados de AEBU. O sea que era una Comisión realmente interpartidaria. Esta Comisión multisectorial de aquellas épocas -que, después de todo, no son tan remotas porque estamos hablando del año 2003- realizó un acta en la que enumeró las características del proyecto que recomienda, aunque no lo articula. Allí se dice que la Caja -que en ese momento se financiaba exclusivamente con los aportes de empresas y trabajadores, más lo producido por las inversiones- debe tener un equilibrio económico y que se había visto afectada por una suma de variables negativas, las que enumera. Lo más interesante es que hace referencia a lo que sería necesario hacer y menciona que habría que elaborar un proyecto que previera una recuperación del campo afiliatorio, incorporando empresas que realizan actividades financieras. Quiere decir que ya en ese momento se planteaba el criterio básico de lo que se está haciendo hoy, no por una razón mezquina de incorporar más gente para mejorar el cálculo actuarial, sino para reunir a todas las empresas que están en la misma actividad. Además, señor Presidente, creo que se está haciendo de buena manera, aunque esto también es opinable.

Reitero que se trata de un muy buen diseño para una situación muy crítica y, pese a que algunos lo ven como una característica muy negativa, creo que tendremos que seguir estudiando el tema en el futuro. La prueba de ello está en que en un artículo del proyecto de ley se establece la posibilidad de que en algún momento se instauren regímenes complementarios. Quiere decir que esta iniciativa ya está adelantando que este es un tema que debemos analizar profundamente y en cada momento. Más allá de que los organismos del Estado que acá se nombraron tienen la responsabilidad de controlar, monitorear y alertar sobre qué está pasando, antes de que llegue la sangre al río -como en la ley de quiebras-, creo que vamos a poder seguir trabajando. Si hay nuevas normativas legales, bienvenidas sean si lo que hacen es -como todos queremos- mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, en particular, de los que han aportado y trabajado toda la vida.

Es cuanto quería decir, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa desea agradecer y felicitar el comportamiento de la Barra, que a lo largo de estas seis horas de discusión ha permanecido en un respetuoso y ordenado silencio, por lo cual suponemos que son conocedores del Reglamento en el sentido de que no se puede hacer ningún tipo de exclamación a favor o en contra de las medidas tomadas en este recinto. Por lo tanto exhortamos a que sigan así, por lo menos hasta el final.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 27. Afirmativa.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: de mi intervención durante el tratamiento de este proyecto de ley se desprendería un voto negativo en general y también en particular a los artículos. Quiero dejar expresa constancia de mi voto favorable ya que es un homenaje, no a mi trabajo, sino al que desarrolló mucha gente durante siete años con el propósito de construir una alternativa para la Caja Bancaria y defender a 26.000 familias que de ella dependen. Lo hice como homenaje a un trabajo que tenía como propósito evitar lo que está sucediendo hoy: que el Parlamento terminara corriendo detrás del problema para ver si puede -y no lo va a lograr- apagar un incendio. También lo hice para expresar simbólicamente mi mejor disposición a buscar una solución de consenso para problemas de tal profundidad y dimensión y porque, aunque la ciudadanía felizmente será la que determine quién tendrá la responsabilidad de conducir los destinos del país a partir del 1º de marzo de 2010, desde ya estamos asumiendo la responsabilidad de trabajar en un tema que, a partir de ahora, va a necesitar una solución mucho más profunda y de mayor cirugía que la que estamos aplicando. Lo digo porque tengo la convicción de que, en definitiva, esto se va a terminar agravando.

Entonces, queda asumido el desafío porque, lamentablemente, en poco tiempo vamos a terminar estudiando nuevamente este tema, pero agravado.

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión particular.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Propongo que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR CID.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Quiero plantear la posibilidad de desglosar artículos, dado que algunos de ellos son muy neutrales y están en la línea de argumentación de algunos señores Senadores. Es el caso de la Comisión de Seguimiento, que podría ser acompañada por varios Senadores.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Por mi parte, quiero señalar que no voy a pedir el desglose de ningún artículo porque nuestra intención es votar masivamente en contra de todos ellos.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Propongo que se voten todos los artículos en bloque.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Fernández Huidobro.

SEÑOR FERNANDEZ HUIDOBRO.- Solicito que se suprima la lectura y se voten en bloque todos los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por varios señores Senadores en el sentido de suprimir la lectura y votar en bloque el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 1º a 95.

(Se vota:)

- 17 en 24. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

(Aplausos en la Barra)

12) SE LEVANTA LA SESION

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Solicito que el resto del Orden del Día pase para la sesión extraordinaria de mañana, que fuera votada más temprano.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 19 en 23. Afirmativa.

En consecuencia, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 16 y 05 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Amaro, Antía, Arana, Baráibar, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Domínguez, Fernández Huidobro, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Heber, Lorier, Moreira, Mujica, Percovich, Ríos, Saravia, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.