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Nº 247 - TOMO 458 - 15 DE OCTUBRE DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

51ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA Presidente en ejercicio

Y EL SENADOR ARQUITECTO MARIANO ARANA Primer Vicepresidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3 y 16) Asuntos entrados

4) Exposición escrita

- El señor Senador Carlos Daniel Camy solicita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento del Senado, se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, relacionada con la problemática de las personas con discapacidad, y solicita la iniciativa para presentar una ley que otorgue un ingreso mínimo a las familias que viven esta situación.

- Se procederá de conformidad.

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6 y 13) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede las licencias solicitadas por los señores Senadores Ríos, Dalmás y Astori.

- Notas de desistimiento. Las presentan los señores León Lev, Gonzalo Gaggero y Rubén Obispo, comunicando que por esta vez no aceptan la convocatoria a integrar el Cuerpo.

7) Centro cardiovascular en Salto

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud Pública, de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Social; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; al Fondo Nacional de Recursos; a ASSE; y en todos los departamentos, a los Municipios, Juntas y Direcciones Departamentales de Salud y Juntas Autónomas.

8) Teatro Solís y Auditorio del SODRE

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Educación y Cultura, de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Social, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

9) Productores afectados por cambios climáticos

- Manifestaciones del señor Senador Arana.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a INAVI, al Banco de Seguros del Estado y al Congreso de Intendentes.

10) Flexibilización de la normativa de tránsito para los turistas en relación a las zonas de estacionamiento

- Manifestaciones del señor Penadés.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Montevideo, a los Ministerios de Turismo y Deporte y del Interior, a la Jefatura de Policía de Montevideo y a su División Tránsito, a la Cámara de Turismo del Uruguay y a la Cámara Hotelera de Montevideo.

11) Campaña publicitaria organizada por la Asociación de Transplantados del Uruguay

- Manifestaciones del señor Senador Abreu.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras al Ministerio de Salud Pública, a la Universidad de la República, al Instituto Nacional de Donación y Transplante de Células, Tejidos y Organos, a la Presidencia de la República y a la Asociación de Transplantados del Uruguay.

12) Día Internacional de la Mujer Rural

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Red de Mujeres Rurales del Uruguay, a la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay y a la Comisión Nacional Honoraria de la Mujer Rural que funciona en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

14) Régimen de trabajo

- Por moción de la señora Senadora Percovich se distribuyen las Carpetas Nº 1323/08 y 1291/08.

15) Declaración Judicial de concurso y reorganización empresarial

- Proyeco de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

17) Proyecto presentado

- El señor Senador Cid presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se regulan las técnicas de reproducción humana asistida.

- A la Comisión de Salud Pública.

18) Conmemoración del Centenario de la Fundación del Pueblo Miguelete, en el departamento de Colonia

- Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable, para los habitantes de ese pueblo, el día 27 de marzo de 2009.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) "Profesor Nicolás Ferrari"

- Proyecto de ley por el que se designa con dicho nombre la estación meteorológica del aeropuerto del departamento de Salto.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecuivo.

20) Flexibilización de las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio

- Proyecto de ley por el que se procede a su aprobación.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

21) Régimen especial para trabajadores del sector público o privado que reciban niños en adopción o legitimación adoptiva

- Proyecto de ley por el que se aprueba dicho régimen.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes..

22) Sesión extraordinaria

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve realizar sesión extraordinaria el día martes 21 de octubre.

23) Elección de las Asambleas Técnico Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública

- Proyecto de ley por el que se faculta a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas para su organización.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) Señor Carlos Alberto Modernell

- Proyecto de ley por el que se le otorga una pensión graciable.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

25) Señor Julio César Sosa Peña

- Proyecto de ley por el que se le otorga una pensión graciable.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a un funcionario público

- El Senado, en sesión secreta, concedió venia para destituir a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

27) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 14 de noviembre de 2008.

La Cámara de Senadores se reunirá en sesión ordinaria, mañana miércoles 15 de octubre, a la hora 9 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el si-guiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

1) por el que se dictan normas para la declaración judicial del concurso y la reorganización empresarial.

Carp. Nº 1227/08 - Rep. Nº 898/08 y Anexo I

2) por el que se declara feriado no laborable el 27 de marzo de 2009, para el Pueblo Miguelete, en el departamento de Colonia, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación.

Carp. Nº 1354/08 - Rep. Nº 899/08

3) por el que se designa "Profesor Nicolás Ferrari" la Estación Meteorológica del aeropuerto del departamento de Salto.

Carp. Nº 1345/08 - Rep. Nº 900/08

4) por el que se flexibiliza el régimen de acceso a los beneficios jubilatorios.

Carp. Nº 1336/08 - Rep. Nº 901/08

5) por el que se modifica el artículo 33 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, que establece el régimen de medio horario para las trabajadoras del sector público o privado que reciban niños en adopción o legitimación adoptiva.

Carp. Nº 1247/08 - Rep. Nº 902/08

6) por el que se otorga una pensión graciable al señor Carlos Alberto Modernell.

Carp. Nº 1304/08 - Rep. Nº 903/08

7) por el que se otorga una pensión graciable al señor Julio César Sosa Peña.

Carp. Nº 1305/08 - Rep. Nº 90408

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Andújar, Antía, Astori, Camy, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallinal, Gargano, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, López, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Penadés, Percovich, Saravia, Tajam, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, el Presidente del Cuerpo, señor Rodolfo Nin Novoa, y los señores Senadores Da Rosa, Heber, Ríos, Sanguinetti y Xavier; y con aviso, el señor Senador Opertti.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 47 minutos)

Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Cámara de Representantes remite:

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Tabaré Hackenbruch, referidas a diversas dificultades que afectan al sector granjero.

- A LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA.

- copia de la versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el señor Representante Rubén Martínez Huelmo, referidas a la destacada actuación en Europa de los remeros salteños señores Matías Silva y Martín Pérez.

- TENGASE PRESENTE.

La Corte Electoral remite nota relacionada con el proyecto de ley por el que se faculta a esa Corporación a disponer la extensión horaria de sus oficinas con motivo de las próximas Elecciones de las Asambleas Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se dictan normas para la declaración judicial del concurso y la reorganización empresarial.

- por el que se declara feriado no laborable el 27 de marzo de 2009, para el Pueblo Miguelete, en el departamento de Colonia, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación.

- por el que se designa "Profesor Nicolás Ferrari" la Estación Meteorológica del aeropuerto del departamento de Salto.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se flexibiliza el régimen de acceso a los beneficios jubilatorios.

- por el que se modifica el artículo 33 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, que establece el régimen de medio horario para las trabajadoras del sector público o privado que reciban niños en adopción o legitimación adoptiva.

- por el que se otorga una pensión graciable al señor Carlos Alberto Modernell.

- por el que se otorga una pensión graciable al señor Julio César Sosa Peña.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

El señor Senador Carlos Daniel Camy solicita se curse una exposición escrita, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento del Senado, con destino a la Presidencia de la República, relacionada con la problemática de las personas con discapacidad, y solicita la iniciativa para una ley que otorgue un ingreso mínimo a las familias que viven esta situación.

- HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Junta Departamental de Flores remite nota por la que comunica su apoyo al planteamiento efectuado por el señor Edil Ervin González de su similar de Río Negro, en relación al crédito conocido como "limpia sueldos".

- TENGASE PRESENTE."

4) EXPOSICION ESCRITA

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar el envío de la exposición escrita presentada por el señor Senador Camy, la cual ya ha sido repartida.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

(Texto de la exposición escrita:)

"Montevideo, 14 de octubre de 2008.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.

Al amparo del artículo 172 del Reglamento de la Cámara de Senadores presento la siguiente exposición escrita:

La legislación nacional ha venido evolucionando en la consideración de las situaciones de discapacidad, reconociendo progresivamente derechos de diversa naturaleza.

Entre dichos derechos, en los últimos años ha venido modificándose el régimen de prestaciones no contributivas, desarrollado a partir de la Ley N° 6.874, de 11 de febrero de 1919. Esta norma -precursora a nivel internacional, en cuanto a la protección de las personas mayores y de los discapacitados- está en proceso de evolución hacia un esquema cada vez más alejado de políticas asistencialistas. Una de las primeras manifestaciones de esa tendencia de las prestaciones no contributivas es la ocurrida, precisamente, en cuanto al régimen aplicable a los discapacitados severos por imperio de las Leyes Nos. 16.095, de 26 de octubre de 1989 y 16.592, de 13 de octubre de 1994. El proceso de cambio legislativo en cuanto a los regímenes aplicables a personas con discapacidad reconoce también hitos importantes en las Leyes Nos. 17.266 y 17.847.

La Ley N° 16.095 creó un sistema de protección integral a las personas discapacitadas tendiente a asegurar, entre otros aspectos, rehabilitación social, seguridad económica, así como otorgarles los beneficios, las prestaciones y estímulos que permitan neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca. El artículo 5 establece los derechos de los discapacitados, sin perjuicio de los que surgen de las normas nacionales y convenios internacionales del trabajo y de las declaraciones de los derechos de los impedidos y de los retrasados mentales de la ONU. Este artículo dice expresamente que "Los discapacitados gozarán de todos los derechos sin excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza, color, sexo, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si se refiere personalmente al impedido como a su familia" (destacado nuestro). Entre los derechos que se mencionan, en el literal E) se encuentra el derecho a la seguridad económica.

Sin embargo, los esquemas legislativos de protección no han todavía alcanzado a las familias que han debido dedicar significativos esfuerzos a la atención de sus miembros con discapacidad severa. El texto que se transcribe a continuación intenta introducir un primer paliativo orientado a brindar un ingreso mínimo a aquellos miembros de la familia que se han dedicado preponderantemente al cuidado de esos miembros de su familia, postergando su inserción laboral entre otras cosas:

Artículo 1. (Ambito subjetivo y cuantía).- Las madres o los padres que se hubieren dedicado preponderantemente a la atención de un hijo discapacitado severo serán beneficiarios de una pensión no contributiva cuyo monto será igual al vigente para los beneficiarios comprendidos en el artículo 43 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Artículo 2. (Condiciones de acceso y término).- La prestación se generará a partir del cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad del beneficiario o del fallecimiento del hijo discapacitado severo. En este último caso se servirá por los mismos lapsos que corresponda a los beneficiarios de pensión de sobrevivencia previstos en el literal A) del artículo 25, de conformidad a los indicado en el artículo 26 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Artículo 3. (Carencia de recursos).- El acceso a la prestación no está sujeto a carencia de recursos.

Artículo 4. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales.

Por lo expuesto, solicito se remita la presente exposición al Poder Ejecutivo a fin de que tome la iniciativa correspondiente en un proyecto de ley que contemple la problemática mencionada.

Saluda a Ud. Atte.

Carlos Camy. Senador."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión extraordinaria del 13 de octubre faltaron con aviso los señores Senadores José Amorín y Francisco Gallinal y a la del 14 de octubre faltaron con aviso los señores Senadores Isaac Alfie y Didier Opertti.

A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 13 de octubre faltaron con aviso los señores Senadores Amorín, Lara Gilene, Mujica y Ríos.

6) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia llegada a la Mesa.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia los días 15 a 17 del presente mes".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de octubre de 2008.

Señor Rodolfo Nin Novoa

Presidente del Senado

Presente.

De mi consideración:

Por la presente solicito a Usted licencia por motivos de índole particular, entre los días 15 al 17 del presente mes.

Asimismo, solicito se cite a mi suplente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente,

Dr. Eduardo J. Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que los señores León Lev y Gonzalo Gaggero han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado el señor Luis Oliver quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Dalmás solicita licencia por el día 16 de octubre de 2008".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 15 de Octubre de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

Por intermedio de la presente la suscrita Senadora Susana Dalmás solicita al Cuerpo se me conceda licencia por el día 16 de Octubre de 2008, por razones particulares, y se proceda a convocar al suplente respectivo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente,

Susana Dalmás. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar la licencia solicitada.

(Se vota:)

-16 en 17. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que el señor Rubén Obispo ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado el señor José Carlos Mahía, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

7) CENTRO CARDIOVASCULAR EN SALTO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa y, como de costumbre, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Señor Presidente: el litoral norte del país tendrá posiblemente un Centro Cardiovascular en Salto que atenderá las necesidades de no menos de 300.000 personas, dando mejores respuestas asistenciales para infartos de miocardio u otros problemas del corazón. Están de acuerdo el Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos y ASSE en reconocer que es necesario un centro de estas características, pero si bien la decisión política está tomada, todavía faltan detalles de la implementación de este IMAE, Instituto de Medicina Altamente Especializada.

El armado de la infraestructura demandaría medio año, y se necesitan inversiones, equipamiento y técnicos muy especializados, con muy alta idoneidad.

Esto no hace más que confirmar lo apropiado de los reclamos que hemos realizado de esa zona, pues debe haber un centro cardiovascular en el litoral norte del país y Salto reúne las condiciones para albergarlo. También deberá instalarse otro en la zona noreste para atender Rivera, Tacuarembó y Cerro Largo, teniendo en cuenta que en el sur, en Montevideo hay cinco. En el Uruguay en lugar de transportarse a los enfermos deben trasladarse los médicos, es decir, las personas sanas.

El IMAE en el ‘corredor’ del litoral, equidistante entre Artigas y Mercedes, atendería dos casos por día, unos 600 por año. Pero cómo se va a hacer, dónde, quién y en qué tiempo, todavía está a consideración de las autoridades. También está en estudio si será una inversión pública, privada o mixta, sabiendo que, contando con el dinero, el centro estaría funcionando en seis o siete meses.

Estas interrogantes son las que exasperan a los habitantes del interior de la República. En el Ministerio de Salud Pública continúa apostándose a la centralización de servicios, con algunos esbozos de regionalización en la prestación de alta tecnología. Se impide al interior contar con más institutos de medicina altamente especializada, en constante lucha contra la burocracia y la falta de voluntad política.

Más allá de los anuncios sobre el centro cardiológico salteño, no podemos olvidar la no muy lejana desilusión de los sanduceros, que vieron irse su litotriptor para el Hospital Maciel de Montevideo, con promesa de llevarles uno mejor, que nunca llegó.

Esta visión responde a una formación centralista que atraviesa todos los ámbitos, agravada por intereses de quienes no ceden parcelas de poder.

Asimismo se anunció el traslado de parte de la operativa del Hospital de Ojos de Montevideo al Hospital de Carmelo, en el suroeste del Uruguay, pero quienes residen al norte del país seguirán padeciendo los mismos problemas de lejanía que si el hospital siguiera funcionando sólo en Montevideo, y con dificultades adicionales para el transporte.

Debe apuntarse a una regionalización real, parte indisoluble de la descentralización

Solicito que mis palabras pasen a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Salud Pública, de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Social; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; al Fondo Nacional de Recursos; a ASSE, y en todos los departamentos, a los Municipios, Juntas y Direcciones Departamentales de Salud y Juntas Autónomas".

8) TEATRO SOLIS Y AUDITORIO DEL SODRE

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro asunto, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Ha finalizado un período de diez años de obras que permitieron remozar el Teatro Solís de Montevideo, emblemático edificio de 152 años.

Completan casi 20.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la cultura. Un aporte muy significativo que los ciudadanos capitalinos sabrán evaluar en cuanto a la relación costo-beneficio, teniendo en cuenta que se trata de una inversión del orden de los US$ 5:000.000 que el Gobierno municipal consideró entre sus prioridades, aunque el Solís solamente sea utilizado por menos del 1% de la población montevideana.

Se ha cuestionado que se invierta dinero de los contribuyentes en una acción que quita recursos a obras y servicios. Pero no puede objetarse que el Gobierno municipal invierta en recuperar este teatro, que es de su patrimonio y forma parte del acervo cultural de todo el país.

Sin embargo, no puede ocultarse que tradicionalmente el Gobierno nacional nunca ha vacilado en utilizar los recursos del país, aportados por todos los uruguayos, para financiar obras en exclusivo beneficio de la capital montevideana.

Es el caso del Auditorio del SODRE, donde durante muchos años se han invertido millones y millones de dólares en una obra faraónica construida en Montevideo, con el dinero de todos los uruguayos, para ser disfrutada sólo por los capitalinos -no muchos, en realidad- por cuanto el SODRE es un ente de carácter nacional que históricamente ha funcionado en y para Montevideo.

Mientras tanto, el Gobierno no tiene plata, por ejemplo, para expropiar quince hectáreas de campo en Purificación, tal como mandata la ley, en una prueba más de que la cultura en Uruguay sigue la óptica capitalina. Nada se aparta de la concepción eminentemente centralista que tanto daño le ha hecho al país y que sigue tratando como si fueran de segunda a los ciudadanos del interior del Uruguay.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Educación y Cultura, de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Social, y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador Lapaz.

(Se vota:)

-17 en 18. Afirmativa.

9) PRODUCTORES AFECTADOS POR CAMBIOS CLIMATICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: lamento que no se pueda contestar en este momento, pero posiblemente tendremos oportunidad de hacerlo. De todos modos, hay cosas que nos preocupan a todos los uruguayos y, particularmente, a los Legisladores. Hace pocos días -el Presidente habrá sido sensible a lo ocurrido- varios productores se vieron afectados por heladas fuera del período normal. Sabemos que este tipo de accidentes meteorológicos, motivados por fuertes vientos, granizadas o, como en este caso, heladas, no son raros en el país. Según se nos ha informado, este fenómeno climático ha afectado a cultivos de cebada, de trigo y, especialmente, a la viña. Se nos ha comunicado por parte de algunos de los operadores de INAVI, que se han efectuado no menos de 600 denuncias y que se calcula que hay alrededor 700 productores afectados en mayor o menor grado de importancia.

Como dije, señor Presidente, esta situación no es excepcional porque, por ejemplo, según se nos ha informado, se produjeron fuertes granizadas en 1984 y heladas en 1989 y 1991. También sabemos que el Banco de Seguros del Estado ofrece un seguro contra este tipo de accidentes meteorológicos, en particular contra las heladas que, supuestamente, está vigente desde 1992, e incluso llegó a existir un convenio con INAVI que contemplaba esa cobertura. Habitualmente, para el caso de las granizadas, INAVI se maneja con un fondo especial que surge de un porcentaje derivado de la comercialización de cada litro de vino pero, de acuerdo con las informaciones que hemos obtenido, no resulta suficiente. Más allá del tipo de convenios existentes entre el Banco de Seguros del Estado y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para subsidiar los seguros de los granjeros, posiblemente sea útil en un futuro, que esperemos no sea muy lejano, coordinar todos los instrumentos en forma conjunta como apoyo a las situaciones imprevisibles. Cuando mencionamos "todos los instrumentos", nos referimos, obviamente, a los fondos solidarios frente a situaciones imprevistas, a seguros contratados con el Banco de Seguros del Estado y también a procedimientos técnicos que hoy existen, de prevención contra este tipo de accidentes meteorológicos. Tenemos entendido que existen, incluso en el país, procedimientos patentados no sólo en el Uruguay sino también en el extranjero, para controlar situaciones de emergencia ante heladas, cuyos costos son relativamente acotados y convenientes y que no afectan el medio ambiente, como sí ocurre con la quema de neumáticos, que es un procedimiento particularmente nocivo para el medio ambiente y que se contradice con la aspiración de que el Uruguay siga siendo considerado, a nivel internacional, como país natural.

Por todo lo expuesto, confiamos en que la coordinación de todos estos procedimientos aseguren, en un futuro, mejores condiciones a todos los productores, y particularmente a los de este sector. Vaya nuestra inquietud y nuestra solidaridad a los productores afectados. Confiamos, asimismo, en que en un futuro no muy lejano se puedan alcanzar soluciones acordes a nivel público y privado.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a INAVI, al Banco de Seguros del Estado y al Congreso de Intendentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

10) FLEXIBILIZACION DE LA NORMATIVA DE TRANSITO PARA LOS TURISTAS EN RELACION A LAS ZONAS DE ESTACIONAMIENTO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Penadés.

SEÑOR PENADES.- Señor Presidente: en la mañana de hoy quisiéramos manifestar nuestra preocupación sobre una situación que se está viviendo en el departamento de Montevideo, relacionada con el turismo.

A esta altura creo que nadie discute la trascendencia del sector servicios y del turismo, especialmente, en la economía de nuestro país. En el marco de la actividad turística es muy importante reconocer que Montevideo va adquiriendo una mayor relevancia y muestra de ello es la permanente presencia de turistas que, por diversas razones, eligen a este departamento como uno de sus destinos. Al hacer esta afirmación no nos estamos refiriendo exclusivamente al turismo externo, sino también a quienes por razones de trabajo o por simple paseo acuden a la capital desde el interior del país. Por ello hoy queremos referirnos a un problema relacionado con la ubicación de los hoteles en el departamento de Montevideo y al tránsito. Somos conscientes de que existen normas municipales que en algunos casos prohíben el estacionamiento en determinadas calles de la ciudad para que no se vea afectado el tránsito, lo cual consideramos que es positivo. Sin embargo, si la norma misma tiene razón de ser, creemos que no puede desconocer el perjuicio que también puede ocasionar cuando es aplicada sin racionalidad. ¿Es coherente, señor Presidente, intentar potenciar el departamento de Montevideo como destino turístico y, al mismo tiempo, pretender secuestrar el automóvil de un turista que se detiene frente a un hotel céntrico para consultar una tarifa, como ha sucedido? ¿Es aceptable que personas que acuden a Montevideo por razones médicas -en algunos casos, con dificultades para desplazarse- no puedan abordar un vehículo en la puerta de un hotel por estar prohibido estacionar en la arteria en la que este establecimiento está ubicado? Obviamente, estamos hablando de un tiempo de diez o quince minutos, que en todas partes del mundo se permite para que los turistas puedan ascender o descender en todas las arterias, esté prohibido o no el estacionamiento permanente.

Creemos que es muy importante que la Intendencia Municipal de Montevideo busque una solución a este tema. Para nosotros, esa solución pasa por habilitar un determinado metraje frente a los hoteles, a fin de permitir el ascenso y descenso de turistas por un tiempo determinado, de manera de evitar que inmediatamente después de haber estacionado un auto y bajarse la persona para averiguar un precio, o efectuar un registro -o, incluso, tratándose de un remise, esperar el ascenso de algún turista u otra clase de pasajero que, por razones médicas, necesita ser trasladado a un centro hospitalario de nuestra capital-, sea multado o guinchado, como lamentablemente ha ocurrido en varias oportunidades. Además, todo esto acarrea un perjuicio a los establecimientos hoteleros que se encuentran ubicados en el Centro de Montevideo, fundamentalmente. Entendemos que esa es una zona donde la Intendencia capitalina debería trabajar a fin de rehabilitarla, rejerarquizarla y potenciarla.

En definitiva, consideramos que es fundamental buscar una solución al respecto y de manera rápida, ya sea vía modificación de la normativa o dando instrucciones a los inspectores municipales para que sean lo suficientemente tolerantes como para tener en cuenta lo que hemos señalado, en todas las avenidas y arterias de nuestra ciudad.

Es así que esperamos que la Intendencia Municipal de Montevideo sea sensible al requerimiento que estamos realizando. Somos conscientes de que se ha trabajado en este tema, que ha sido abordado con las autoridades del Ministerio de Turismo y Deporte y de la propia Comuna. Asimismo, somos conscientes de que se ha dictado una resolución por parte de las autoridades municipales para intentar resolver este problema; pero, lamentablemente, al parecer, aún no ha llegado a manos de los inspectores de tránsito, dado que siguen aplicando la normativa a rajatabla, generando así un inconveniente a los turistas, cosa que creemos va a contrapelo de la propia campaña que el referido Ministerio está llevando adelante con relación a atender bien a los turistas en nuestro país.

En consecuencia, con la esperanza de que este problema sea solucionado, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Intendencia Municipal y a la Junta Departamental de Montevideo, a los Ministerios de Turismo y Deporte y del Interior -fundamentalmente, a la Jefatura de Policía de Montevideo y a su División Tránsito-, a la Cámara de Turismo del Uruguay y a la Cámara Hotelera de Montevideo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Penadés.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

11) CAMPAÑA PUBLICITARIA ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE TRANSPLANTADOS DEL URUGUAY

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en el día de hoy, en el Edificio Libertad, la Asociación de Transplantados del Uruguay lanza una campaña publicitaria para incentivar la donación de órganos. Se trata de una cultura que en el Uruguay todavía no está totalmente instalada. Existen dos leyes, la Nº 14.005, del año 1971, y la Nº 17.668, de 2003, que contienen avances importantes en esta materia, no obstante carecer de ciertos elementos o instrumentos que en algunas legislaciones han recibido la aceptación de la ciudadanía por significar una especie de decisión que se incluye en la propia norma, más allá de la resolución o de la voluntad del eventual donante, cuando esté en condiciones de consentir o de negar conforme a las condiciones establecidas en la ley.

Evidentemente, este es un tema muy sensible para el Uruguay de hoy. En esta materia, el uruguayo tiene una especial solidaridad. De hecho, hay cerca de 363.000 ciudadanos que han definido ya su voluntad de ser donantes; sin embargo, se necesitan más personas que lo hagan. De cualquier manera, esta es una cifra que seguramente seguirá aumentando. Además, se sabe cuáles son los transplantes que se producen en determinadas especializaciones. Actualmente, hay un tema específico vinculado al transplante de corazón, como podemos constatar casi a diario a través de la prensa nacional -evidentemente, todas estas cuestiones son dramáticas y muy duras-, pero también todos sabemos que se realizan transplantes a nivel renal, que llegan a una cifra aproximada de 140 por año. Estas intervenciones son llevadas a cabo por profesionales de primer nivel que trabajan con un gran sentido de humanidad y profesionalidad y, afortunadamente, tienen mucho éxito, lo que es digno de resaltar.

Además, en este tipo de cosas debemos destacar también la actividad llevada adelante por el Estado, el sector público y, sobre todo, el Instituto Nacional de Donación y Transplante de Células, Tejidos y Órganos (INDT), que realiza una labor ejemplar. Este Instituto ha sido reconocido a nivel internacional por su objetividad, profesionalidad y por la forma en que administra estos temas de especial sensibilidad para los aspirantes a ser transplantados, muchos de los cuales lamentablemente fallecen sin poder tener esa oportunidad. En este sentido, hay que destacar que esto no ha sido motivo de ninguna queja, por la forma transparente y ejemplar con que este tipo de situaciones se maneja en el país.

Como es sabido, por una iniciativa del señor Senador Larrañaga del año 2000, el tercer domingo de noviembre de cada año es el "Día del Transplantado". Entonces, creo importante que en el día de hoy se lance esta campaña a la que he hecho referencia, a fin de que todos los uruguayos tengamos una especial sensibilidad -la mayoría de nosotros la tiene- para poder reconocer la relevancia que tiene un tema de esta naturaleza, que hace también a la forma de interpretar la vida en sociedad y a la solidaridad entre todos los uruguayos.

Simplemente, quería hacer mención al lanzamiento de esta campaña publicitaria que tiene lugar en el día de hoy en el Edificio Libertad, así como también expresar el reconocimiento a los organismos actuantes en la materia y el deseo de incentivar a toda la ciudadanía a seguir trabajando en ella.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Salud Pública, a la Universidad de la República, al Instituto Nacional de Donación y Transplante de Células, Tejidos y Órganos, a la Presidencia de la República y a la Asociación de Transplantados del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

12) DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: hoy se conmemora el "Día Internacional de la Mujer Rural". Sinceramente, no quería dejar pasar una sesión más sin trasladar al Cuerpo el esfuerzo que han estado haciendo las mujeres rurales en nuestro país, desde hace 18 años, para organizarse, tener una institucionalidad y profesionalizarse. Para ello, han dialogado con las distintas autoridades del Estado uruguayo en ese esfuerzo que realizan para que sus familias no se vayan del campo, tratando a su vez de complementar los recursos de las pequeñas producciones que tienen.

En nuestro país tenemos la Red de Mujeres Rurales, que fundamentalmente trabaja y se organiza en el área lechera del sur del país, y la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay, que está consolidada a nivel de todo el territorio nacional. Concretamente, realizan sus asambleas en forma anual, en distintos departamentos y se han ido integrando a las políticas públicas del país. De hecho, hoy integran el Plan de Igualdad de Oportunidades del Instituto de las Mujeres, por lo que, por un lado, reciben todos los beneficios correspondientes y, por otro, también realizan el aporte de su saber.

También han celebrado convenios con varias instituciones del Estado y han logrado, en ese esfuerzo de capacitación permanente que realizan desde hace muchos años, registrar la marca "Delicias Criollas", que tiene una calidad reconocida tanto en el mercado nacional como en el internacional. Asimismo, han logrado incorporar mujeres de todos los departamentos, que se organizan, sobre todo, para lograr una determinada calidad en los productos que elaboran. A pesar de que las conocemos por los alimentos que elaboran y que se exhiben en las góndolas de los supermercados o en las ferias que se organizan, quiero destacar que también llevan a cabo una muy importante tarea de tipo social con la comunidad, que está conectada con las escuelas, con los liceos y con las mujeres que están menos integradas y más aisladas en el medio rural, a las que les llevan conocimientos con relación al cuidado de la salud, de la familia y en cuanto a los beneficios de los servicios universales que les corresponden que, a veces, desconocen por ese aislamiento que en el interior profundo tienen estas mujeres tan reproductoras de calidad, de educación y de hábitos saludables para sus familias.

Por lo tanto, quería hacerles este homenaje por su sistemática organización y capacitación.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a la Red de Mujeres Rurales del Uruguay, a la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay y a la Comisión Nacional Honoraria de la Mujer Rural que funciona en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

13) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Astori solicita licencia el día 16 de octubre del presente año".

-Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 15 de octubre de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

De mi mayor consideración:

A través de la presente solicito al Cuerpo me conceda licencia por motivos personales por el día jueves 16 de octubre del presente año. Solicito asimismo se convoque a mi suplente correspondiente.

Sin otro particular, saluda al señor Presidente muy atentamente,

Danilo Astori. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Por lo tanto, queda convocado el señor Senador Carlos Baráibar.

14) REGIMEN DE TRABAJO

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: solicito que se repartan las Carpetas Nº 1323/08, que corresponde a una venia de destitución que debería ser votada hoy en forma urgente por una cuestión de fechas, y la Nº 1291/08, que viene de la Cámara de Representantes y que corresponde a la extensión horaria para los funcionarios de la Corte Electoral a los efectos de la realización de la elección de las Asambleas Técnico-Docentes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se procederá.

15) DECLARACION JUDICIAL DE CONCURSO Y REORGANIZACION EMPRESARIAL

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se dictan normas para la declaración judicial del concurso y la reorganización empresarial. (Carp. Nº 1227/08 - Rep. Nº 898/08 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1227/08

Rep. N° 898/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DECLARACION JUDICIAL DE CONCURSO

CAPITULO I

PRESUPUESTOS DEL CONCURSO

Artículo 1°. (Presupuesto objetivo).- La declaración judicial de concurso procede respecto de cualquier deudor que se encuentre en estado de insolvencia.

Se considera en estado de insolvencia, independientemente de la existencia de pluralidad de acreedores, al deudor que no puede cumplir con sus obligaciones.

Artículo 2°. (Presupuesto subjetivo).- La declaración judicial de concurso procederá respecto de cualquier deudor, persona física que realice actividad empresaria o persona jurídica civil o comercial.

Se considera actividad empresaria a la actividad profesional, económica y organizada con finalidad de producción o de intercambios de bienes o servicios.

Se encuentran excluidos del régimen de esta ley el Estado, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados, los Gobiernos Departamentales y las entidades de intermediación financiera, en este último caso con excepción de las normas relativas a la calificación del concurso, contenidas en el Título IX.

En el caso de los deudores domiciliados en el extranjero, se aplicará lo dispuesto en el Título XIII de esta ley. Las personas físicas no comprendidas en la presente ley se seguirán regulando por el Título VII del Libro II del Código General del Proceso (Concurso civil) y normas concordantes.

Artículo 3°. (Concurso de la herencia).- Procederá el concurso de la herencia del deudor fallecido, en los siguientes casos:

1) Cuando la herencia hubiera sido aceptada a beneficio de inventario.

2) Cuando, declarado en concurso el deudor, éste hubiera fallecido durante la tramitación del mismo. En este caso, el concurso del deudor continuará de pleno derecho como concurso de la herencia, sin retrotraer las actuaciones.

Artículo 4°. (Presunciones relativas de insolvencia).- El estado de insolvencia del deudor se presume en los siguientes casos:

1) Cuando exista un pasivo superior al activo, determinados de acuerdo con normas contables adecuadas.

2) Cuando existan dos o más embargos por demandas ejecutivas o por ejecuciones contra el deudor por un monto superior a la mitad del valor de sus activos susceptibles de ejecución.

3) Cuando existan una o más obligaciones del deudor, que hubieran vencido hace más de tres meses.

4) Cuando el deudor hubiera omitido el pago de sus obligaciones tributarias por más de un año.

5) Cuando exista cierre permanente de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolla su actividad.

6) Cuando el Banco Central del Uruguay hubiera dispuesto la suspensión de una o más cuentas corrientes del deudor o la clausura de las cuentas corrientes del deudor en el sistema bancario.

7) Cuando, en el caso de acuerdo privado de reorganización, el deudor omita presentarse en plazo al Juzgado (artículo 220), no se inscriba el auto de admisión (artículo 223), se rechace, anule o incumpla el acuerdo.

Estas presunciones son relativas, admitiendo en todos los casos prueba en contrario, en los términos de la ley.

Artículo 5°. (Presunciones absolutas de insolvencia).- El estado de insolvencia del deudor se presume, en forma absoluta, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor solicite su propio concurso.

2) Cuando el deudor hubiera sido declarado en concurso, quiebra o cualquier otra forma de ejecución concursal por Juez competente del país donde el deudor tenga su domicilio principal.

3) Cuando el deudor hubiera realizado actos fraudulentos para la obtención de créditos o para sustraer bienes a la persecución de los acreedores.

4) Cuando exista ocultación o ausencia del deudor o de los administradores, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir con sus obligaciones.

Artículo 6°. (Legitimación para solicitar la declaración de concurso).- Pueden solicitar la declaración judicial de concurso:

1) El propio deudor. En el caso de personas jurídicas, la solicitud deberá ser realizada por sus órganos con facultades de representación o por apoderado con facultades expresas para la solicitud.

2) Cualquier acreedor, tenga o no su crédito vencido.

3) Cualquiera de los administradores o liquidadores de una persona jurídica, aun cuando carezcan de facultades de representación, y los integrantes del órgano de control interno.

4) Los socios personalmente responsables de las deudas de las sociedades civiles y comerciales.

5) Los codeudores, fiadores o avalistas del deudor.

6) Las Bolsas de Valores y las instituciones gremiales de empresarios con personería jurídica.

7) En el caso de la herencia, podrá además pedirlo cualquier heredero, legatario o albacea.

Artículo 7°. (Solicitud de concurso por el deudor).- En el caso de solicitud de concurso por parte del deudor, además de cumplir con lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, deberá acompañar los siguientes documentos:

1) Memoria explicativa conteniendo la siguiente información relativa al deudor:

A) Historia económica y jurídica, indicando la actividad o actividades a las que se dedica o se dedicó en el pasado; las oficinas, establecimientos o explotaciones de las que fuera titular; así como las causas del estado en que se encuentra.

B) Si fuera una persona casada, se indicará el nombre del cónyuge, así como el régimen patrimonial del matrimonio.

C) Si fuera una persona jurídica, se indicará el nombre y domicilio de los socios, asociados o accionistas de los que tenga constancia, de los administradores, liquidadores y, en su caso, de los miembros del órgano de control interno, así como si forma parte de un grupo de empresas, enumerando las entidades que estén integradas en el mismo.

2) Inventario de bienes y derechos de los que sea titular a la fecha de solicitud del concurso, con estimación de su valor, del lugar donde se encuentran los bienes y, en su caso, de los datos de identificación registral. Si alguno de los bienes se encontrara gravado por derechos reales o hubiera sido embargado se indicarán, según los casos, las características del gravamen y de su inscripción registral, si correspondiere, y el Juzgado actuante y las actuaciones en las cuales el embargo hubiera sido trabado.

3) Relación de los acreedores por orden alfabético, indicando su nombre, número de Registro Unico Tributario (RUT) o documento de identidad según corresponda, domicilio, monto y fecha de vencimiento de sus créditos, así como la existencia de garantías personales o reales, sobre bienes del deudor o de terceros. Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se indicará la clase de reclamación, el Juzgado, los autos en que se tramita y el estado de los procedimientos.

4) Si el deudor estuviera obligado a llevar contabilidad, acompañará los estados contables que determine la reglamentación y, en su caso, la memoria del órgano de administración y el informe del órgano de control interno, correspondientes a los tres últimos ejercicios, si existieran. Los estados contables deberán ser acompañados de informe firmado por contador público o establecer expresamente la causa por la cual no fue posible obtener dicha firma. Si el deudor hubiera contratado auditoría externa de sus estados contables, acompañará igualmente los informes de auditoría correspondientes a los estados contables presentados. En caso de falta de presentación de cualquiera de estos recaudos, indicará la causa por la cual no puede aportarlos.

5) Si el deudor fuera una persona jurídica, testimonio de los estatutos o del contrato social y de sus modificaciones, así como de la autorización estatal y de la inscripción registral, si correspondiere.

6) En el caso de las personas jurídicas deberá acompañarse también testimonio notarial de la resolución del órgano de administración, aprobando la presentación. La solicitud de declaración judicial de concurso y los documentos mencionados en el presente artículo deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en la solicitud y en los documentos en que falte, indicando la causa.

En caso de omitirse la presentación de alguno de los recaudos establecidos precedentemente, el Juez la rechazará de plano, sin que esta decisión cause estado. La decisión judicial será apelable por el deudor con efecto suspensivo.

Artículo 8°. (Solicitud de concurso por otros legitimados).- Fuera de los casos de solicitud de la declaración de concurso por el propio deudor (numeral 1) del artículo 6°), los solicitantes, además de cumplir con lo dispuesto por los artículos 117 y 118 del Código General del Proceso, deberán aportar los elementos de juicio que acrediten la existencia de una presunción de insolvencia.

No podrá desistirse de la solicitud de declaración de concurso y los solicitantes del concurso serán responsables por los perjuicios causados al deudor por el carácter abusivo o por la falta de fundamento de la solicitud. El Juez podrá exigirles la constitución de contracautela por los perjuicios que su solicitud pudiera causar, estando eximidos de esta obligación los acreedores laborales.

Artículo 9°. (Solicitudes conjuntas).- Dos o más deudores podrán presentar conjuntamente solicitudes de declaración judicial de concurso, adjuntando a la solicitud cada uno de ellos los documentos a que se refiere el artículo 7°. Cuando formen parte de un mismo grupo deberán presentar los estados contables referidos en el numeral 4) del artículo 7° en forma consolidada.

El acreedor podrá promover la declaración judicial de concurso de varios de sus deudores, personas físicas o jurídicas, cuando se configuren respecto de todos los deudores presunciones de insolvencia y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1) Exista confusión entre los patrimonios de los deudores.

2) Cuando formen parte de un mismo grupo.

Artículo 10. (Obligación de solicitar el concurso).- El deudor tendrá la obligación de solicitar su propio concurso dentro de los treinta días siguientes a que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia. En el caso de las personas jurídicas, la obligación recae en cada uno de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno.

En el caso de las personas físicas o jurídicas obligadas a llevar contabilidad, se presume absolutamente que dicho conocimiento se produjo en la fecha en que preparó o debió hacer preparado estados contables.

Artículo 11. (Clases de concurso).- El concurso será voluntario cuando sea solicitado por el propio deudor, a condición de que no exista una solicitud de concurso previa, promovida por alguno de los restantes legitimados legalmente. El concurso será necesario en los restantes casos.

CAPITULO II

DECLARACION JUDICIAL DE CONCURSO

SECCION 1

JUEZ COMPETENTE

Artículo 12. (Competencia).- Los Juzgados de Concursos conocerán en primera instancia en todos los procedimientos concursales cuya competencia corresponda al departamento de Montevideo. También conocerán en los procedimientos concursales originados fuera del departamento de Montevideo cuyo pasivo sea superior a 35.000.000 UI (treinta y cinco millones de unidades indexadas).

En los demás procedimientos concursales fuera del departamento de Montevideo, serán competentes los Tribunales que determine la legislación procesal vigente.

El Tribunal que entienda en el concurso será también competente en las acciones sociales de responsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades concursadas (artículos 83 y 393 y siguientes de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989).

En el caso de deudores del exterior, se aplicarán las disposiciones del artículo 239.

Artículo 13. (Competencia en caso de solicitudes conjuntas).- En caso de solicitudes conjuntas, las mismas se tramitarán ante la misma sede, en expedientes separados.

Artículo 14. (Domicilio procesal).- Todos los comparecientes en el procedimiento concursal deberán constituir domicilio dentro del radio del Juzgado. De no hacerlo se lo tendrá por constituido en los estrados.

SECCION 2

TRAMITE POSTERIOR A LA SOLICITUD

Artículo 15. (Concurso solicitado por el deudor).- Si el concurso es solicitado por el deudor, directamente o a través de sus representantes, el Juez se expedirá, sin más trámite, dentro de los dos días de presentada la solicitud.

Artículo 16. (Concurso solicitado por otros legitimados).- Si el concurso es solicitado por cualquiera de los restantes legitimados, el Juez procederá de la siguiente forma:

1) Dará traslado al deudor por el plazo que estime razonable, según la importancia y la complejidad del asunto, el cual no podrá exceder de diez días.

2) Si el deudor se allanara a la solicitud o no se opusiera dentro del término legal, el Juez decretará el concurso sin más trámite, en el plazo de dos días.

3) Si el deudor se opusiera a la solicitud, se sustanciará por el procedimiento de los incidentes.

4) El deudor deberá presentar con la oposición todos los documentos y elementos que le permitan probar su derecho.

5) En el caso de un deudor obligado a llevar libros, el mismo deberá presentar igualmente con la oposición sus libros y demás documentos contables. Si los elementos presentados por el deudor no fueran suficientes a juicio del Juez, éste podrá decretar una pericia contable, que deberá realizarse en un plazo máximo de diez días hábiles. El perito será designado por el Juez de la nómina de profesionales inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales.

6) Para el caso de hacerse lugar a la solicitud de concurso, los honorarios del perito serán un crédito de la masa. Para el caso de que no se haga lugar a la solicitud, los honorarios del perito serán de cargo del solicitante.

7) Presentada por el deudor la oposición o presentado el informe del perito, en su caso, el Juez convocará audiencia en un plazo máximo de cinco días.

8) Si el deudor no concurriera a la audiencia u obstaculizara en cualquier forma la indagatoria sobre la situación de insolvencia invocada, se declarará sin más trámite su concurso.

9) Dentro del plazo de cinco días de realizada la audiencia, el Juez decidirá sobre la declaración judicial del concurso.

Artículo 17. (Información relevante a juicio del Tribunal).- En todos los casos, en esta etapa del proceso o en ulteriores instancias, los acreedores podrán presentar o el Juez podrá solicitar informes para la mejor instrucción del proceso a las asociaciones representativas de acreedores. Dichos informes no generarán costos para la masa.

Artículo 18. (Medidas cautelares anteriores a la declaración del concurso).- En cualquier estado de los procedimientos antes de la declaración judicial de concurso, a pedido y bajo la responsabilidad del solicitante, el Juez podrá decretar medidas cautelares, tendientes a proteger la integridad del patrimonio del deudor. Estas medidas podrán consistir en el embargo preventivo de los bienes y derechos del deudor, en la intervención de sus negocios o en alguna otra adecuada a los fines perseguidos.

Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el concurso o desestimada la solicitud.

SECCION 3

SENTENCIA DE DECLARACION DE CONCURSO

Artículo 19. (Contenido de la sentencia).- La sentencia judicial que declare el concurso del deudor deberá contener:

1) Declaración de concurso del deudor.

2) Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, según corresponda.

3) Designación de síndico o interventor, según corresponda.

4) Convocatoria de la Junta de Acreedores a celebrarse dentro del plazo máximo de ciento ochenta días.

5) Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones, y publicación de un extracto de la misma en el Diario Oficial.

En caso de solicitudes conjuntas de concurso (artículo 9°), el Juez designará en todos los procedimientos al mismo síndico o interventor.

Artículo 20. (Inscripción de la sentencia).- El Juzgado comunicará directamente al Registro la inscripción de la sentencia, dentro de las veinticuatro horas de dictada. El Registro la inscribirá de inmediato y el importe de la tasa registral tendrá el carácter de crédito de la masa.

No existiendo recursos suficientes disponibles para cubrir las tasas registrales para la presente inscripción en el Registro, así como de toda otra inscripción registral o solicitud de información del mismo tipo que prevea la presente ley, el Tribunal las ordenará de oficio sin cargo.

Artículo 21. (Publicación del extracto de la sentencia).- La publicación del extracto de la sentencia será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de dictada la misma. La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales lo publicará de inmediato y el costo de la publicación tendrá la calidad de crédito de la masa, las publicaciones del extracto de sentencia de que trata este artículo, así como toda otra publicación en el Diario Oficial de que trate la presente ley, deberá ser por el término de tres días.

En caso de que no existan recursos suficientes para la realización de cualquiera de las publicaciones que se deben realizar durante el concurso, el Tribunal ordenará la publicación sin costo en el Diario Oficial por igual término que en el inciso anterior, oficiando a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales.

Artículo 22. (Recursos contra la sentencia).- La sentencia que declare el concurso será apelable por el deudor o por cualquiera que tenga un interés legítimo, dentro del plazo de seis días de la última publicación. El recurso no tendrá efecto suspensivo.

CAPITULO III

MEDIDAS CAUTELARES POSTERIORES A LA DECLARACION DE CONCURSO

Artículo 23. (Medidas sobre la persona del deudor).- Conjuntamente con la sentencia de concurso o en cualquier momento posterior de los procedimientos, el Juez, actuando de oficio o a instancia de parte, podrá disponer alguna de las siguientes medidas cautelares:

1) Intervención de las comunicaciones del deudor relacionadas con la actividad profesional del giro. Aquellas de carácter privado y personal serán entregadas al titular destinatario.

2) Prohibición al deudor de cambiar de domicilio y/o de salir del país sin la previa autorización del Tribunal. En caso de personas jurídicas esta medida podrá ser dispuesta respecto de todos o de algunos de sus administradores o liquidadores.

Artículo 24. (Embargo preventivo de los bienes y derechos de administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno).- En caso de concurso necesario de las personas jurídicas, siempre que de un examen preliminar del estado patrimonial del deudor resulte que su activo no es suficiente para satisfacer su pasivo, conjuntamente con la sentencia o en cualquier momento posterior, el Juez dispondrá el embargo preventivo de los bienes de sus administradores, liquidadores o integrantes del órgano de control interno.

Artículo 25. (Embargo de personas vinculadas anteriormente).- El Juez, de manera fundada, también podrá trabar embargo sobre los bienes de ex administradores, ex liquidadores o ex integrantes del órgano de control interno, siempre que de un examen preliminar de los hechos surja que, durante el plazo de dos años anteriores a la declaración de concurso, conocieron el estado de insolvencia de la persona jurídica deudora.

Estos embargos se conservarán hasta la finalización de los procedimientos concursales, salvo que haya recaído una sentencia judicial sobre la responsabilidad de cualquiera de los sujetos mencionados en el inciso anterior.

TITULO II

SINDICO E INTERVENTOR

CAPITULO I

NOMBRAMIENTO

Artículo 26. (Condiciones subjetivas).- El síndico o el interventor será designado por el Juez en la sentencia que declare el concurso, de entre aquellos profesionales universitarios o sociedades de profesionales o instituciones gremiales representativas con actuación en materia concursal con personería jurídica inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales que llevará la Suprema Corte de Justicia. Las mismas personas elegibles como síndicos lo serán como interventores.

En los concursos radicados en el interior del país y en los pequeños concursos (Título XII), la designación podrá recaer en profesionales universitarios no inscriptos en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales, a condición de que sean abogados, contadores públicos o licenciados en administración de empresas con un mínimo de cinco años de ejercicio profesional o egresados de los cursos de especialización para síndicos e interventores concursales.

Artículo 27. (Inscripción en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales).- Cada cuatro años la Suprema Corte de Justicia llamará a interesados para integrar una lista con un mínimo de treinta titulares y treinta suplentes preferenciales, elegibles como síndicos e interventores concursales.

Para ser inscripto en el Registro de Síndicos e Interventores Concursales se requerirá ser profesional universitario y tener un mínimo de cinco años de ejercicio profesional. La selección se realizará teniendo en cuenta los antecedentes y experiencia de los postulantes, otorgando prioridad a los egresados de los cursos de especialización para síndicos e interventores concursales, dictados por entidades universitarias o instituciones gremiales de profesionales universitarios. Hasta tanto no existan egresados de estos cursos en número suficiente, se dará prioridad a los abogados, contadores públicos o licenciados en administración de empresas.

Podrán también inscribirse sociedades de profesionales, con o sin personería jurídica, a condición de que la ma-yoría de sus socios cumplan con los requisitos establecidos precedentemente, así como instituciones gremiales representativas en materia concursal con personería jurídica.

Vencido el plazo de cuatro años los síndicos o interventores concursales anteriores podrán participar en la nueva elección.

Las designaciones de síndicos o interventores se mantendrán aun cuando hubiera vencido el plazo de sus inscripciones.

Artículo 28. (Incompatibilidad y prohibiciones).- No podrán ser nombrados síndicos o interventores:

1) Quienes no puedan ser administradores de sociedades comerciales.

2) Quienes hubieran prestado cualquier clase de servicios profesionales al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste en los últimos cinco años.

3) Quienes, en el último año, hubieran sido nombrados síndicos o interventores en dos concursos. A estos efectos, los nombramientos efectuados en sociedades pertenecientes al mismo grupo se computarán como uno sólo. En el caso de sociedades de profesionales e instituciones gremiales de empresarios con personería jurídica, este número se elevará a diez.

Artículo 29. (Aceptación).- El nombramiento de síndico o de interventor será comunicado al interesado por el medio más rápido.

Dentro de los cinco días siguientes a la comunicación, el nombrado deberá comparecer ante el Juzgado para aceptar el cargo. No podrá rehusar el cargo, salvo que medie causa grave, la cual será apreciada por el Juez con criterio estricto, o que renuncie además a su inscripción en el Registro de Síndicos o Interventores Concursales.

En caso de falta de aceptación el Juez procederá de inmediato a un nuevo nombramiento.

Aceptado el cargo el nombrado sólo podrá renunciar por causa grave.

Artículo 30. (Auxiliares).- Cuando la complejidad del concurso así lo exija, el síndico o el interventor podrá solicitar del Juez autorización para nombrar auxiliares. La resolución judicial que conceda la autorización especificará las funciones a desarrollar por dichos auxiliares, así como la retribución que les corresponda, la cual será de cargo del síndico o del interventor, salvo casos de gran complejidad a juicio del Juez.

El nombramiento y la aceptación de los auxiliares serán puestos en conocimiento del Juez del concurso. Hasta que esta comunicación tenga lugar, los auxiliares no podrán comenzar el ejercicio de las funciones encomendadas.

Artículo 31. (Recusación).- El síndico o el interventor podrá ser recusado por cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración del concurso.

Son causas de recusación las circunstancias constitutivas de incompatibilidad o de prohibición, así como las establecidas por la ley procesal para la recusación de los peritos.

El procedimiento de recusación será el establecido en la ley procesal para la recusación de peritos y no tendrá efecto suspensivo.

CAPITULO II

ESTATUTO JURIDICO

Artículo 32. (Ejercicio del cargo).- El síndico o el interventor deberá desempeñar su cargo con la diligencia de un ordenado administrador y de un representante leal.

Artículo 33. (Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa).- El síndico y el interventor no podrán adquirir por sí o por persona interpuesta bienes y derechos que integren la masa activa del concurso.

Si lo hicieren, quedarán inhabilitados como síndicos e interventores y deberán reintegrar a la masa, sin contraprestación alguna, el bien o derecho que hubieran adquirido.

Artículo 34. (Retribución).- Los síndicos e interventores tendrán derecho a ser retribuidos con cargo a la masa.

La reglamentación aprobará el arancel aplicable a la actividad de los síndicos e interventores atendiendo a la cuantía del activo, a la complejidad del concurso, a la duración de sus funciones y al resultado de su gestión.

El Juez, previo informe del síndico o del interventor, fijará la cuantía de la retribución y la forma en que deba ser pagada.

La decisión judicial que fija la retribución del síndico o del interventor podrá ser recurrida por los mismos, así como por las personas legitimadas para solicitar la declaración judicial de concurso, quienes deberán expresar la suma que consideran que corresponde pagar. El recurso tendrá efecto suspensivo respecto del importe por el que exista controversia.

Artículo 35. (Responsabilidad).- El síndico, el interventor y los auxiliares cuyo nombramiento hubiera autorizado el Juez del concurso responderán frente al deudor y frente a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa del concurso por los actos y omisiones contrarios a la ley o por los realizados sin la debida diligencia.

La acción se promoverá, en vía ordinaria, ante el Juez del concurso y prescribirá a los dos años a partir del momento en que, por cualquier causa, el síndico o el interventor hubiera cesado en su cargo.

Si la sentencia contuviera condena a indemnizar daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa, tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos del proceso y se le satisfaga hasta el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 36. (Separación).- Cuando concurra justa causa, el Juez, de oficio o a petición de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso, podrá disponer el cese del síndico o del interventor.

Artículo 37. (Nuevo nombramiento).- En los casos de cese del síndico o del interventor el Juez del concurso procederá de inmediato a un nuevo nombramiento.

CAPITULO III

RENDICION DE CUENTAS

Artículo 38. (Rendición de cuentas del síndico).- El síndico rendirá cuentas de su gestión:

1) Cuando lo solicite la Comisión de Acreedores.

2) Al solicitar la suspensión o conclusión del concurso.

3) En caso de cese antes de la conclusión del concurso y si lo solicitara el nuevo síndico o la Comisión de Acreedores. El plazo para la presentación de esta solicitud será de un mes a contar desde la fecha en que el cese se hubiera producido.

Artículo 39. (Rendición de cuentas del interventor).- El interventor deberá rendir cuentas de su gestión cuando lo acuerde el Juez del concurso a solicitud de la Comisión de Acreedores.

Artículo 40. (Aprobación de las cuentas).- Las cuentas presentadas por el síndico o el interventor y la documentación respaldante quedarán de manifiesto en el Juzgado por el plazo de quince días. Durante este plazo el deudor, la Comisión de Acreedores y los demás interesados que hubieran comparecido en el procedimiento podrán formular observaciones.

En caso de que no se formularán observaciones el Juez aprobará las cuentas presentadas, no admitiéndose contra el auto de aprobación recurso alguno.

En caso de que se formularán observaciones la sentencia que recaiga en este procedimiento podrá ser recurrida con efecto suspensivo.

Artículo 41. (Sanción por rechazo de las cuentas).- Si las cuentas no fueran aprobadas, el síndico o el interventor quedará inhabilitado para intervenir como síndico o como interventor en cualquier otro concurso de acreedores durante el período que fije el Juez del concurso, que no podrá ser inferior a cinco ni superior a veinte años.

Esta sanción será aplicada, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad patrimonial y criminal que su actuación pueda haber generado.

CAPITULO IV

REGISTRO DE SINDICOS E INTERVENTORES CONCURSALES

Artículo 42. (Actos y hechos inscribibles en el Registro).- La Suprema Corte de Justicia llevará un Registro de Síndicos e Interventores Concursales en el cual se inscribirá la siguiente información:

1) El nombre y antecedentes personales y profesionales de todos aquellos profesionales universitarios que hubieran sido inscriptos, como titulares o como suplentes, en el Registro.

2) Las designaciones y ceses de síndicos e interventores, indicando la causa de los ceses producidos.

3) Las negativas de aceptación de las designaciones de síndico e interventor, indicando las causas invocadas en la negativa.

4) Las recusaciones promovidas contra síndicos e interventores, indicando los fundamentos y el resultado de las mismas.

5) Las acciones de responsabilidad promovidas contra síndicos e interventores, indicando el fundamento y el resultado de las mismas.

6) El rechazo de las cuentas rendidas por el síndico o el interventor y la sanción impuesta al mismo.

7) Cualquier otro hecho o circunstancia que, a juicio del Juez del concurso pueda incidir en una futura decisión de designación del síndico o del interventor.

Artículo 43. (Comunicación de los datos al Registro).- El Juez del concurso deberá comunicar al Registro, dentro de los tres días siguientes de ocurrido, todo hecho o acto registrable del cual haya tenido conocimiento.

TITULO III

EFECTOS DE LA DECLARACION DE CONCURSO

CAPITULO I

EFECTOS SOBRE EL DEUDOR

Artículo 44. (Continuación de la actividad del deudor).- La declaración judicial de concurso no implica el cese o clausura de la actividad del deudor, salvo que el Juez disponga lo contrario, lo que podrá hacer en cualquier momento durante el concurso, a solicitud del deudor, de los acreedores, del síndico o interventor, o de oficio.

Artículo 45. (Suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- La declaración judicial de concurso producirá los siguientes efectos en la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso.

1) Si el concurso fuera necesario, se suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, sustituyéndolo en la administración y disposición de sus bienes por un síndico.

2) Si el concurso fuera voluntario, se suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, con el alcance dispuesto en el numeral 1), solamente cuando el activo no sea suficiente para satisfacer el pasivo. En los demás casos, se limitará la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa y se designará un interventor que coadministrará los bienes conjuntamente con el mismo.

3) En el caso de concurso voluntario, si durante el desarrollo de los procedimientos se pusiera de manifiesto que, en el momento de la declaración judicial, la relación entre activo y pasivo era distinta a la tenida en cuenta para suspender o limitar la legitimación del deudor, el Juez modificará de oficio la medida adoptada, transformando la suspensión en limitación o la limitación en suspensión, según corresponda.

4) En caso de haberse dispuesto la limitación de la legitimación del deudor, en cualquier momento el Juez, previa solicitud fundada de los interventores y vista al deudor, podrá disponer la suspensión de la legitimación del deudor, cualquiera sea la situación patrimonial de éste.

5) En todos los casos de conversión de la limitación de la legitimación para disponer y obligar la masa en suspensión o viceversa, el Juez dispondrá las mismas medidas de publicidad acordadas para la sentencia de declaración judicial de concurso.

6) Se exceptúan de la suspensión o limitación de la legitimación del deudor los actos personalísimos o referidos a bienes inembargables, la presentación de propuestas de convenio y la impugnación o interposición de recursos contra la actuación del síndico o del interventor y contra las resoluciones judiciales.

Artículo 46. (Efectos generales de la suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- La suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, dispuesta en la sentencia de declaración judicial de concurso o en cualquier resolución judicial posterior, producirá los siguientes efectos:

1) Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y disposición que realice el deudor respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del concurso, incluida la aceptación o repudiación de herencias, legados y donaciones.

2) Solamente el síndico estará legitimado para realizar actos de administración y disposición sobre los bienes y derechos que forman la masa activa del concurso, en los términos de la presente ley.

3) El síndico sustituirá al deudor en todos los procedimientos jurisdiccionales o administrativos en curso en que éste sea parte, con excepción de aquellos fundados en relaciones de familia que no tengan contenido patrimonial.

4) En los casos de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, los pagos realizados al deudor no tendrán efecto liberatorio para los acreedores, salvo los realizados de buena fe en el período que medie entre la sentencia declaratoria del concurso y la registración y publicación de la misma.

Artículo 47. (Efectos generales de la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso).- La limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, dispuesta en la sentencia de declaración judicial de concurso o en cualquier resolución judicial posterior, producirá los siguientes efectos:

1) El deudor requerirá de la autorización del interventor para contraer, modificar o extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar poderes; o para realizar cualquier acto jurídico relativo a bienes de la masa activa.

2) Se exceptúan del régimen establecido en el numeral 1) las operaciones ordinarias del giro del deudor, las cuales serán realizadas por éste bajo el control del interventor. No se considerarán operaciones ordinarias del giro los actos relativos a bienes de uso registrables, la venta o arrendamiento del establecimiento comercial y la emisión de obligaciones negociables.

3) Serán ineficaces frente a la masa los actos de administración y disposición detallados en el numeral 1), que realice el deudor respecto de los bienes o derechos que integren la masa activa del concurso, sin autorización del interventor.

Artículo 48. (Régimen de los órganos de la persona jurídica deudora en caso de suspensión de la legitimación para disponer y obligar la masa del concurso).- La suspensión de la legitimación de las personas jurídicas para disponer y obligar la masa del concurso producirá además los siguientes efectos respecto al funcionamiento de sus órganos sociales:

1) El síndico ejercitará las facultades conferidas por la ley y los estatutos a los administradores o liquidadores, que perderán el derecho a percibir cualquier tipo de remuneración.

2) Se suspende la obligación legal o estatutaria de convocar reuniones o asambleas de socios o accionistas. Si las mismas fueran convocadas, cualquier resolución que éstas adopten requerirá, para su validez, que sea ratificada por el síndico.

3) El órgano de control interno quedará suspendido en sus funciones.

Artículo 49. (Régimen de los órganos de la persona jurídica deudora en caso de limitación de la legitimación para disponer y obligar la masa del concurso).- La limitación de la legitimación de las personas jurídicas para disponer y obligar la masa del concurso producirá además los siguientes efectos respecto al funcionamiento de sus órganos sociales:

1) Los órganos de la persona jurídica se mantendrán en funcionamiento, con las limitaciones establecidas en este artículo.

2) La convocatoria de cualquier reunión o asamblea de socios o accionistas, por parte de administradores o liquidadores, requerirá la autorización del interventor.

3) El interventor podrá solicitar al Juez, en forma fundada, la suspensión del órgano de control interno, asumiendo sus funciones.

Artículo 50. (Designación de un administrador o una Comisión de Acreedores por los acreedores).- Sin perjuicio del régimen de suspensión o limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar la masa del concurso, en cualquier estado de los procedimientos, en audiencia o mediante acta notarial, acreedores quirografarios con derecho de voto, que representen por lo menos la mayoría del pasivo quirografario con derecho de voto, podrán nominar un administrador del patrimonio y del giro del deudor durante el concurso.

En este caso, el administador designado por los acreedores sustituirá al síndico o al deudor, según los casos, en la función de conservación o administración del patrimonio y del giro del deudor.

Igual mayoría de acreedores tendrá la facultad de designar una Comisión de Acreedores que controle el desarrollo de los procedimientos y colabore en la búsqueda de soluciones a la situación de insolvencia del deudor.

Artículo 51. (Acciones contra los socios).- La declaración judicial de concurso tendrá los siguientes efectos respecto de las acciones contra los socios de la sociedad deudora:

1) Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el caso, la promoción de la acción contra los socios personalmente responsables por las obligaciones sociales anteriores a la declaración de concurso, con excepción de aquellas acciones correspondientes a obligaciones laborales y tributarias.

2) Corresponderá exclusivamente al síndico o al interventor, según el caso, la acción para obtener el pago íntegro de las aportaciones comprometidas por los socios o accionistas, así como el cumplimiento de las prestaciones accesorias. En caso de insuficiencia de bienes propios de la sociedad deudora, el síndico podrá reclamar a los socios o accionistas el pago íntegro de los aportes comprometidos y no rea-lizados, aun cuando no estuviera vencido el plazo establecido para el cumplimiento de dicha obligación.

Artículo 52. (Acción social de responsabilidad contra los administradores, integrantes del órgano de control interno y liquidadores).- Corresponderá al síndico o al interventor, según el caso, la representación de la sociedad para la promoción de la acción social de responsabilidad contra los administradores, los integrantes del órgano de control interno y los liquidadores, sin requerir para esto la previa conformidad de la reunión o asamblea de socios o accionistas.

Si el síndico o el interventor fueran omisos, dicha acción podrá ser promovida por los acreedores. Si la sentencia contuviera condena a indemnizar a la sociedad daños y perjuicios, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa activa, tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos y se le satisfaga el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 53. (Deber de cooperación y de información del deudor).- Están alcanzados por el deber de cooperación e información el deudor y los administradores y liquidadores de la persona jurídica, así como los que hubieran revestido esta calidad en los dos años anteriores a la declaración judicial de concurso. De acuerdo con el mismo, deberán comparecer personalmente ante el Juez del concurso y ante el síndico o el interventor cuantas veces sean requeridos y facilitar toda la cooperación e información necesaria o conveniente para el interés del concurso.

Artículo 54. (Derecho a alimentos).- En caso de limitación de la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, el deudor persona física tendrá derecho a percibir alimentos con cargo a la masa.

En caso de suspensión de dicha legitimación, solamente tendrá derecho de alimentos cuando la masa activa fuera superior a la masa pasiva.

Las personas respecto de las cuales el deudor tuviera obligación de alimentos, sólo tendrán derecho a los mismos cuando no pudieran percibirlos en monto suficiente de otra persona obligada a prestarlos.

CAPITULO II

EFECTOS SOBRE LOS ACREEDORES

SECCION 1

ACREEDORES COMPRENDIDOS

Artículo 55. (Composición de la masa pasiva).- Todos los acreedores del deudor, cualquiera sea su naturaleza, nacionalidad o domicilio, quedarán comprendidos en la masa pasiva del concurso, siendo representados por el síndico o el interventor y alcanzados por los efectos del concurso, sin más excepciones que las establecidas en la presente ley.

Se otorgará un tratamiento igualitario a todos los acreedores pertenecientes a una misma clase, sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas en la ley.

SECCION 2

MORATORIA PROVISIONAL

Artículo 56. (Prohibición de promover nuevos juicios).- Declarado judicialmente el concurso, los acreedores del deudor por créditos anteriores a la fecha de la declaración no podrán promover contra el deudor procedimientos judiciales o arbitrales de ningún tipo. Las actuaciones judiciales o arbitrales que se realicen serán nulas.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior, los procedimientos que se funden en relaciones de familia siempre que no tengan contenido patrimonial y los procesos de conocimientos referidos en el segundo inciso del artículo 39.

Artículo 57. (Procesos en trámite).- Los procesos judiciales de conocimiento o los procesos arbitrales contra el deudor, que se encuentren en trámite a la fecha de declaración del concurso, continuarán ante la sede que esté conociendo en los mismos, hasta que recaiga sentencia o laudo firme.

Los síndicos o los interventores, en este último caso con autorización del Juez del concurso, podrán allanarse total o parcialmente a la demanda, desistir de los recursos interpuestos o transar el juicio.

En todos los casos, las costas y costos impuestos al deudor tendrán la calidad de créditos concursales, cualquiera sea la fecha de la sentencia que condene al pago de los mismos.

Artículo 58. (Sentencias y laudos firmes).- Las sentencias o laudos firmes, sean éstos anteriores o posteriores a la declaración del concurso, que reconozcan al demandante un crédito contra el deudor, anterior éste a la declaración del concurso, quedarán firmes y el Juez del concurso reconocerá al crédito el tratamiento concursal que corresponda, cualquiera sea la fecha de la resolución.

La misma solución se aplicará a las sentencias extranjeras a laudos arbitrales contra el deudor, pronunciados en el exterior, una vez que las mismas sean reconocidas en el país, de conformidad con lo dispuesto por la ley procesal.

Artículo 59. (Competencia exclusiva del Juez del concurso en materia de ejecuciones).- El Juez del concurso será el único competente para conocer en los procedimientos de ejecución y para disponer la adopción o el levantamiento de medidas cautelares sobre los bienes y derechos que integran la masa activa.

Los acreedores laborales tendrán la opción de verificar sus créditos dentro del procedimiento concursal, promover un proceso de conocimiento ante la judicatura competente en materia laboral o verificar parte de sus créditos en el proceso concursal y los restantes en sede laboral, sin perjuicio de las acciones de ejecución y las medidas cautelares, que serán en todos los casos competencia del Juez del concurso.

Artículo 60. (Prohibición de nuevas ejecuciones y suspensión de las ejecuciones en curso).- Declarado el concurso, ningún acreedor podrá promover ejecución contra el deudor por créditos anteriores a la declaración.

Las ejecuciones que se encuentren en trámite, así como los embargos que se hubieran trabado, quedarán en suspenso desde el momento de la declaración, procediendo su acumulación al concurso.

Artículo 61. (Situación de los créditos prendarios e hipotecarios).- En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios, la prohibición de promover ejecuciones y la suspensión de las ejecuciones en curso caducarán transcurridos ciento veinte días de la sentencia declaratoria del concurso.

En estos casos la ejecución deberá promoverse o continuará, según los casos, ante el Juez del concurso.

Artículo 62. (Situación de los créditos laborales).- Existiendo recursos líquidos suficientes o bienes fácilmente realizables en la masa activa y siempre que la disposición de los mismos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor, el síndico o el interventor previa autorización judicial dispondrá el pago anticipado de los créditos laborales de cualquier naturaleza que se hubieran devengado y no estuvieran prescriptos.

En este caso, no será necesaria la verificación del crédito en el concurso ni sentencia laboral previa que lo reconozca.

La solicitud de pago anticipado podrá ser denegada, total o parcialmente, solamente en los casos en que los créditos laborales no surjan de la documentación del empleador o cuando existan dudas razonables sobre el origen o legitimidad de los mismos.

Cuando el crédito laboral hubiera sido verificado en el concurso o hubiera recaído sentencia firme de la judicatura competente reconociendo su existencia, el síndico o el interventor procurarán la obtención de los recursos necesarios para la cancelación de los mismos, pudiendo solicitar autorización al Juez para la venta anticipada de activos del concurso, si fuera necesario, siempre que la disposición de dichos recursos no afecte la viabilidad de la continuación del giro del deudor.

En caso de que los bienes de la masa activa fuesen insuficientes para la cancelación de los créditos laborales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 183.

SECCION 3

EFECTOS SOBRE LOS CREDITOS

Artículo 63. (Conversión a moneda nacional y reajuste de las obligaciones).-Los créditos expresados en moneda extranjera se convertirán a moneda nacional al tipo de cambio comprador interbancario de la fecha de declaración del concurso, salvo los créditos prendarios e hipotecarios expresados en moneda extranjera, hasta el límite de su respectiva garantía.

A partir de la fecha de declaración de concurso y hasta la fecha de pago, todos los créditos serán ajustados de acuerdo con los criterios establecidos por el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Artículo 64. (Suspensión del devengamiento de los intereses).- Desde la declaración de concurso, se suspenderán el devengamiento de los intereses salvo los créditos prendarios e hipotecarios hasta el límite de su respectiva garantía, y los créditos laborales.

La suspensión del devengamiento de intereses se establece sin perjuicio de lo que resulte pactado en el convenio o acuerdo privado de reorganización entre el deudor y sus acreedores y de la compensación establecida por el artículo 188 en caso de resultar un remanente luego de la liquidación del patrimonio del deudor.

Artículo 65. (Prohibición de compensación).- Declarado el concurso no procederá la compensación legal de los créditos con las deudas del deudor, salvo que estuvieran en situación de ser compensados antes de la declarción del concurso.

Artículo 66. (Suspensión del derecho de retención).- Declarado el concurso no podrá ser invocado el derecho de retención sobre bienes y derechos integrantes de la masa activa.

Artículo 67. (Suspensión de la prescripción y caducidad).- Desde la declaración del concurso quedarán suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones contra el deudor por créditos anteriores a la declaración. También quedarán suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de las acciones sociales de responsabilidad contra los administradores, liquidadores e integrantes del órgano de control interno.

CAPITULO III

EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS

Artículo 68. (Contratos pendientes de ejecución).- En caso de existir a la fecha de declaración del concurso, contratos de los cuales deriven obligaciones del deudor pendientes de ejecución, se procederá de la forma siguiente:

1) El síndico o el deudor con la autorización del interventor, tendrá la facultad de rescindir unilateralmente el contrato, notificando este hecho a la contraparte, dentro del plazo establecido para que los acreedores presenten la solicitud de reconocimiento de sus créditos.

2) En cualquier momento, dentro de dicho plazo, la contraparte del deudor podrá exigir, según los casos, al síndico o al deudor y al interventor, que manifiesten si resolverán o no el contrato. En este caso, si no ejercieran la facultad de resolución dentro de los cinco días siguientes a la recepción del requerimiento, ya no podrán ejercitarla con posterioridad, salvo que el Juez apruebe un convenio que no implique la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor o disponga la liquidación de la masa activa.

3) El Juez fijará la indemnización de daños y perjuicios que cause la resolución, crédito que tendrá la consideración de concursal.

4) En caso de no optarse por la resolución del contrato cuando el cumplimiento del contrato por parte del deudor implique riesgo manifiesto y grave para la otra parte, ésta podrá solicitar al Juez que rescinda el contrato o que se garantice suficientemente el cumplimiento del mismo.

5) Serán nulas las estipulaciones contractuales que declaren resuelto el contrato o atribuyan la facultad de resolución a cualquiera de las partes, en caso de insolvencia o de declaración de concurso del deudor.

Artículo 69. (Contratos de trabajo).- Los contratos de trabajo celebrados por el deudor no resultarán rescindidos por efecto de la declaración de concurso.

Artículo 70. (Contratos del personal de alta dirección).- En el caso del personal de alta dirección, el síndico o el interventor, por razones fundadas, podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este crédito concursal.

Se considera personal de alta dirección a los directores, gerentes generales y todo aquél que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del deudor.

El síndico podrá solicitar al Juez el aplazamiento del pago de este crédito concursal hasta que quede firme la sentencia de calificación.

TITULO IV

FORMACION DE LA MASA ACTIVA

CAPITULO I

COMPOSICION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 71. (Principio de universalidad).- La masa activa del concurso estará integrada por la totalidad del patrimonio del deudor a la fecha de la declaración y por los bienes y derechos que adquiera hasta la conclusión del procedimiento.

Componen el patrimonio del deudor los bienes y derechos propios y los gananciales cuya administración le corresponda por ley o por capitulación matrimonial, con excepción de aquellos bienes y derechos que tengan el carácter de inembargables.

Artículo 72. (Bienes adquiridos por el cónyuge del deudor).- Se presumirá en beneficio de la masa, salvo prueba en contrario, que los bienes y derechos adquiridos por el cónyuge del deudor, dentro del año anterior a la declaración de concurso, respecto de los cuales no pueda justificar la procedencia del precio, constituyen donación del deudor.

Se tendrá por justificada la procedencia del precio cuando, en el momento de la adquisición, el cónyuge titular de los bienes o derechos recibiera sueldo, ejerciera profesión o tuviera a su disposición dinero, en todos los casos, por importe suficiente.

La presunción no regirá cuando los cónyuges estuvieran separados judicialmente.

Artículo 73. (Cuentas indistintas).- En caso de declaración de concurso del titular de una cuenta indistinta, abierta con un año o menos de antelación a la fecha de dicha declaración, se presume que la totalidad del saldo anterior de dicha cuenta es propiedad del deudor, salvo prueba en contrario.

CAPITULO II

CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 74. (Conservación de la masa activa).- En caso de suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, el síndico deberá conservar los bienes y derechos que integren la masa activa del concurso.

Los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa conservación podrán ser enajenados de inmediato mediante la modalidad que disponga el Tribunal a propuesta del síndico.

Deberá realizar además todos los actos necesarios para entrar en posesión de los libros legales y de los documentos relativos a la masa activa y a la actividad profesional o empresarial del deudor.

Artículo 75. (Administración de la masa activa).- El síndico o el deudor, con la autorización y control del interventor, deberán administrar la masa activa del modo más conveniente para la satisfacción de los acreedores.

Hasta la resolución judicial que apruebe el convenio o disponga la apertura de la liquidación, la enajenación o el gravamen de bienes de uso o de derechos de cualquier clase, cuyo valor sea superior al 5% (cinco por ciento) del valor total de la masa activa, requerirá la autorización del Juez del concurso.

Artículo 76. (Administración de las cuentas bancarias del deudor).- El síndico y el interventor, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán la facultad de administrar y obtener información sobre las cuentas bancarias del deudor, sin que les sea oponible el secreto profesional de las entidades de intermediación financiera.

Artículo 77. (Inventario de la masa activa).- El síndico o el interventor deberá elaborar el inventario de la masa activa, con valoración de los bienes y derechos de que se compone a la fecha de la declaración del concurso y de presentación del inventario, indicando las variaciones que hubiera experimentando entre ambos momentos.

Deberá recurrir al asesoramiento de expertos independientes para la valoración de los elementos de la masa activa, solicitando previamente la autorización del Juez del concurso.

El inventario será presentado al Juez del concurso, conjuntamente con la nómina de acreedores, y quedará de manifiesto en el Juzgado a disposición de los acreedores.

Artículo 78. (Impugnación del inventario).- Dentro del plazo establecido para la impugación de la lista de acreedores, cualquier interesado podrá impugnar el inventario, solicitando la inclusión o la exclusión de bienes y derechos, así como la modificación de la valoración de los elementos de la masa activa.

Artículo 79. (Rehabilitación de contratos que hubieran caducado o hubieran sido resueltos).- El síndico o el interventor tendrá la facultad de rehabilitar los contratos de mutuo pagaderos en cuotas de capital o de intereses, las compraventas a crédito de bienes muebles o inmuebles, las promesas de enajenación de inmuebles a plazos, los arrendamientos y los créditos de uso que hubieran caducado por incumplimiento del deudor de la obligación de pagar el precio y/o de realizar los pagos periódicos comprometidos, en los siguientes términos y condiciones:

1) La rehabilitación deberá ser notificada al titular del crédito antes de que finalice el plazo para presentar la solicitud de reconocimiento de créditos, previa consignación de los importes pendientes de pago y de los intereses moratorios.

2) No debe de haber recaído sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada disponiendo la resolución del contrato por incumplimiento.

3) El síndico o el interventor asumirá, por el deudor, la obligación de continuar realizando los pagos periódicos en los plazos de sus sucesivos vencimientos, los que serán créditos contra la masa.

CAPITULO III

REINTEGRACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 80. (Objeto de la reintegración).- En el caso de que, a la fecha de declaración del concurso, el pasivo fuera superior al activo susceptible de ejecución forzada, el síndico ejercitará las acciones revocatorias que correspondan para reintegrar a la masa activa los bienes y derechos que hubieran salido del patrimonio del deudor en las situaciones previstas en los artículos siguientes.

Artículo 81. (Actos revocables de pleno derecho).- Son revocables de pleno derecho los siguientes actos realizados por el deudor:

1) Actos a título gratuito realizados dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso, salvo los regalos y liberalidades de costumbre y las donaciones a favor del personal que tengan manifiesto carácter remuneratorio. Se considerarán incluidos los actos en que la contraprestación recibida por el deudor hubiera sido notoriamente inferior al valor del bien transferido.

2) Actos de constitución o de ampliación de derechos reales de garantía sobre bienes o derechos del deudor, otorgados en los seis meses anteriores a la declaración de concurso, en garantía de obligaciones preexistentes no vencidas o que se hubieran contraído con el mismo acreedor concomitantemente con la extinción de las anteriores.

3) Pagos realizados por el deudor dentro de los seis meses anteriores a la declaración de concurso, por créditos que aún no se hallaran vencidos.

4) Actos de aceptación por el deudor de cualquier clase de requerimiento resolutorio de contratos, dentro de los seis meses anteriores a la declaración de concurso.

Artículo 82. (Actos revocables en fraude de los acreedores o con conocimiento de la insolvencia).- Son revocables los actos y omisiones del deudor en perjuicio de los acreedores, realizados en los dos años anteriores a la declaración de concurso, cuando el deudor hubiera actuado en fraude y perjuicio de los acreedores y la contraparte hubiera conocido o debido conocer que el deudor se hallaba en estado de insolvencia.

Se presume el conocimiento del estado de insolvencia en el caso de personas especialmente relacionadas con el deudor.

En ningún caso la revocación afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe, corresponderá a la contraparte indemnizar a la masa por el valor de los bienes o derechos objeto de la acción revocatoria, que ya no se encuentren en su patrimonio.

Artículo 83. (Irrevocabilidad de las operaciones ordinarias).- En ningún caso serán objeto de revocación las operaciones ordinarias del giro a que se dedica el deudor.

Artículo 84. (Prescripción).- Las acciones revocatorias a que se refieren los artículos anteriores prescribirán a los dos años de la declaración del concurso.

Artículo 85. (Legitimación activa de los acreedores).- Si el síndico no promoviera la acción revocatoria antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores, el acreedor o los acreedores cuyos créditos representen por lo menos el 5% (cinco por ciento) del pasivo total del deudor podrán promover la acción por cuenta de la masa.

Si la sentencia acogiera la acción promovida, el acreedor que hubiera ejercitado la acción en interés de la masa activa tendrá derecho a que, con cargo a esa indemnización, se le reembolsen los gastos del proceso y se le satisfaga hasta el 50% (cincuenta por ciento) del crédito que no hubiera percibido en el concurso.

Artículo 86. (Legitimación pasiva).- La demanda de revocación deberá dirigirse contra las siguientes personas, según corresponda:

1) El deudor.

2) La contraparte en el acto objeto de revocación o quien se haya beneficiado con dicho acto u omisión, aunque el bien o el derecho no estuviese ya en su patrimonio.

3) La persona que haya adquirido a título gratuito o a título universal el bien o el derecho de quien hubiera sido parte en el acto objeto de revocación o se hubiera beneficiado del mismo.

4) Las demás personas que, actuando de mala fe, hubieran adquirido a cualquier título el bien o el derecho de quien hubiera sido parte en el acto objeto de revocación o se hubiera beneficiado del mismo.

Artículo 87. (Efectos de la sentencia de revocación).- La sentencia que acoja la acción revocatoria tendrá el siguiente contenido:

1) Condenará al demandado a reintegrar a la masa activa los bienes o derechos indebidamente adquiridos, con sus frutos.

2) Si los bienes o derechos no se encontraran en su patrimonio, lo condenará a entregar el valor que hubieran tenido al salir del patrimonio del deudor o en cualquier otro momento posterior, si hubiera sido mayor, más el interés legal.

3) Quedarán sin efecto los derechos reales de garantía que se hubieran constituido, ordenándose la cancelación de las inscripciones registrales correspondientes.

4) En caso de pagos realizados por el deudor o por un tercero, se condenará a quien los haya recibido a reintegrarlos a la masa, con más sus intereses.

5) El crédito que resulte a favor del demandado como consecuencia de la revocación, tendrá el carácter de crédito concursal.

6) Si se hubiera probado que el demandado conocía el estado de insolvencia del deudor en el momento de la realización del acto o de la omisión, perderá el derecho a cobrar su crédito en el concurso.

CAPITULO IV

REDUCCION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 88. (Separación de bienes y derechos).- Los bienes y derechos que, en el momento de declaración del concurso, se encuentren en posesión del deudor pero sean propiedad ajena, se entregarán a sus titulares, previa resolución del Juez del concurso, con informe favorable del síndico o del interventor.

Si el informe fuera desfavorable la solicitud deberá reiterarse dentro del plazo y por el procedimiento establecido para la impugnación del inventario.

Artículo 89. (Bienes no separables).- No serán susceptibles de separación los bienes y derechos de propiedad ajena sobre los que el deudor tenga derecho de uso o de garantía.

Artículo 90. (Imposibilidad de separación).- Si los bienes y derechos susceptibles de separación hubieran sido enajenados por el deudor antes de la declaración de concurso a un tercero de buena fe, el titular perjudicado podrá optar entre exigir la cesión del derecho a recibir la contraprestación, si todavía el adquiriente no la hubiera realizado, o solicitar el reconocimiento en el concurso del crédito correspondiente al valor que tuvieran los bienes y derechos en el momento de la enajenación o en cualquier otro posterior, si fuera mayor, más el interés legal.

El crédito que resulte a favor del titular perjudicado tendrá la calidad de crédito concursal.

El perjudicado tendrá diez días, a partir de la resolución judicial que le hubiera reconocido su derecho, para solicitar la verificación de su crédito.

CAPITULO V

DEUDAS DE LA MASA ACTIVA

Artículo 91. (Créditos contra la masa).- Serán créditos contra la masa:

1) Las costas y costos del proceso concursal, excluidos los honorarios profesionales de quienes patrocinen al deudor.

2) Las retribuciones del síndico o del interventor.

3) Los gastos de conservación, administración, valoración y liquidación de la masa activa.

4) Los créditos nacidos después de la declaración de concurso, incluidos los provenientes de la rehabilitación de contratos que hubieran caducado, salvo que la ley los considere créditos concursales.

5) Los pagos por alimentos y entierro del deudor y de las personas frente a las cuales éste tenga deber legal.

Artículo 92. (Régimen de los créditos contra la masa).- Los créditos contra la masa se pagarán, a medida que venzan, fuera del procedimiento de concurso.

Su pago se realizará con cargo a los bienes de la masa que no estén gravados con prenda o hipoteca.

TITULO V

FORMACION DE LA MASA PASIVA

CAPITULO I

VERIFICACION DE LOS CREDITOS

SECCION 1

SOLICITUD DE VERIFICACION

Artículo 93. (Comunicación a los acreedores).- Dentro de los quince días después a su designación, el síndico o el interventor notificará por carta u otro medio fehaciente a los acreedores cuya identidad conste en la contabilidad y documentos del deudor, o que resulten conocidos de alguna otra forma, la declaración de concurso, la sede ante la cual se tramita, el nombre del síndico o interventor y la fecha fijada para la Junta de Acreedores. Igual comunicación será remitida a quienes conste que sean codeudores, fiadores o avalistas del deudor.

Esta comunicación se realizará sin perjuicio de la derivada de la publicación de la sentencia de declaración de concurso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21.

Artículo 94. (Plazo para la solicitud de verificación).- Los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos dentro del plazo de sesenta días, contados desde la fecha de declaración judicial de concurso.

La no finalización de la verificación de los créditos, en ningún caso será causal de suspensión de la Junta de Acreedores.

Artículo 95. (Solicitud de verificación).- Los acreedores deberán presentarse en el Juzgado en escrito dirigido al síndico o al interventor, con el siguiente contenido:

1) Solicitud de verificación de los créditos, indicando la fecha, causa, cuantía, vencimiento y calificación solicitada de los mismos.

2) Documento o documentos originales o medios de prueba que permitan acreditar la existencia de sus créditos.

3) En caso de acreedores domiciliados en el exterior, deberán constituir domicilio en la sede del Juzgado.

La solicitud de verificación de crédito no estará sujeta a ningún honorario, tributo o costo de especie alguna para el acreedor.

Artículo 96. (Emisión de obligaciones negociables).- En caso de emisión de obligaciones negociables, la solicitud de verificación formulada por el fiduciario, si lo hubiere, beneficiará a todos los obligacionistas.

Artículo 97. (Solicitudes de verificación múltiples).- En caso de concursos de deudores solidarios, el acreedor tendrá la carga de solicitar la verificación de la totalidad del crédito en cada uno de los concurso, declarando esta circunstancia en todos los procedimientos.

Artículo 98. (Solicitud del codeudor, fiador o avalista).- La solicitud de verificación formulada por el codeudor, fiador o avalista del deudor beneficia al acreedor.

Artículo 99. (Efectos de la falta de solicitud).- Los acreedores, hubieran sido o no notificados por el síndico o el interventor, que no se hubieran presentado a verificar sus créditos en el plazo establecido, deberán verificar los mismos judicialmente y a su costa, perdiendo el derecho a percibir la participación que les hubiere correspondido con los pagos ya realizados.

Artículo 100. (Excepciones a la necesidad de verificación).- No requerirán verificación los créditos reconocidos por sentencias judiciales o laudos arbitrales. Sin embargo, esta circunstancia no exonerará a su titular de la obligación de denunciar el mismo dentro del mismo plazo establecido legalmente para las solicitudes de verificación, con iguales efectos que los establecidos para el caso de falta de presentación de los créditos a la verificación, respecto al derecho a percibir su participación sobre los pagos ya realizados.

SECCION 2

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION

Artículo 101. (Preparación de la lista de acreedores).- Dentro de los treinta días siguientes, a contar de la terminación del plazo para solicitar la verificación de créditos, el síndico o el interventor preparará la lista de acreedores con el siguiente contenido:

1) La nómina de los acreedores que forman la masa pasiva, hayan solicitado o no la verificación de sus créditos, ordenados por orden alfabético, indicando respecto de cada crédito la fecha, causa, cuantía, vencimiento, garantías personales o reales y calificación jurídica, distinguiendo la parte correspondiente al principal y a los intereses.

2) La nómina de acreedores excluidos, indicando las razones de exclusión de cada uno de ellos.

La lista de acreedores quedará de manifiesto en el Juzgado a disposición de los acreedores. El síndico o el interventor comunicará a los acreedores que se hubieran presentado a verificar sus créditos si los mismos fueron verificados y, en caso afirmativo, las condiciones de la verificación.

Artículo 102. (Cómputo de los créditos).- A los efectos de la determinación de la masa pasiva, los créditos se computarán de la siguiente forma:

1) Todos los créditos se expresarán en dinero.

2) Los créditos en moneda extranjera se computarán en moneda nacional, al tipo de cambio comprador interbancario vigente a la fecha de declaración del concurso.

3) Los créditos por prestaciones no dinerarias se computarán por su valor a la fecha de declaración del concurso.

4) Los créditos por prestaciones periódicas, dinerarias o no dinerarias, se computarán por su valor actual a la fecha de declaración del concurso.

Artículo 103. (Créditos condicionales y litigiosos).- Los créditos con condición suspensiva o resolutoria se incluirán en la lista de acreedores haciendo constar expresamente el carácter de créditos condicionales. La posterior inclusión o exclusión del crédito como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento de la condición, no afectará la validez de las actuaciones realizadas hasta el momento.

Los créditos que no puedan hacerse efectivos contra el deudor concursado sin la previa excusión del patrimonio del deudor principal se considerarán créditos con condición suspensiva.

Los créditos litigiosos se incluirán en la lista como créditos condicionales.

Artículo 104. (Impugnación de la lista).- Dentro del plazo de quince días, contados desde la puesta de manifiesto de la lista de acreedores o de la recepción de comunicación de verificación o rechazo de los créditos, según los casos, cualquier interesado podrá impugnar la inclusión o la exclusión de los créditos, la cuantía de los verificados y la calificación jurídica que se les hubiera atribuido.

La acción se dirigirá contra el síndico o el interventor, en caso de demandarse la inclusión o la modificación de la cuantía o de la calificación de un crédito del impugnante, y se dirigirá contra el titular del crédito impugnado, en los demás casos.

Artículo 105. (Resolución judicial sobre la lista de acreedores y el inventario).- Si no existieran impugnaciones dentro del plazo establecido para la impugnación de la lista de acreedores y el inventario, el Juez aprobará ambos documentos.

En caso de existir impugnaciones, el Juez dictará sentencia aprobando la lista de acreedores y el inventario o introduciendo a los mismos las modificaciones motivadas por las impugnaciones deducidas.

En cualquiera de ambos casos, si existiera déficit patrimonial, el Juez lo declarará expresamente, fijando la diferencia entre el activo y el pasivo a la fecha de declaración del concurso de acreedores.

Artículo 106. (Efectos de la aprobación judicial).- Los créditos contenidos en la lista de acreedores aprobada por el Juez se tendrán por verificados y reconocidos dentro y fuera del concurso.

Si la sentencia judicial fuera recurrida, a solicitud del recurrente, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia que resuelva el recurso.

Artículo 107. (Efectos de la sentencia sobre los acuerdos de la Junta de Acreedores).- En ningún caso la resolución de los recursos interpuestos contra la aprobación judicial de la lista de acreedores o el inventario invalidará las decisiones de la Junta de Acreedores, salvo que se cumplan acumulativamente las siguientes condiciones:

1) Que el voto del acreedor excluido, reducido en la cuantía de su crédito o calificado como subordinado, hubiera sido esencial para la adopción del acuerdo.

2) Que dentro del mes siguientes de que la sentencia haya quedado firme, el acreedor comparezca ante el Juez del concurso manifestando su disconformidad con el acuerdo adoptado en la Junta de Acreedores.

CAPITULO II

CLASES DE CREDITOS

Artículo 108. (Clases de créditos).- Los créditos que componen la masa pasiva del deudor se clasificarán en créditos privilegiados, créditos quirografarios o comunes y créditos subordinados.

Por su parte, los créditos privilegiados se clasificarán, a su vez, en créditos con privilegio especial y créditos con privilegio general.

Artículo 109. (Créditos con privilegio especial).- Son créditos con privilegio especial los garantizados por prenda o hipoteca.

Los créditos con privilegio especial deberán estar inscriptos a la fecha de declaración del concurso en el Registro Público correspondiente, salvo los créditos emergentes de contratos de prenda común que serán considerados privilegiados cuando hayan sido otorgados en documento público o en documento privado con fecha cierta o comprobada.

Artículo 110. (Créditos con privilegio general).- Son créditos con privilegio general, en el orden planteado.

1) Los créditos laborales de cualquiera naturaleza, devengados hasta con dos años de anterioridad a la declaración del concurso, siempre y cuando no hubieran sido satisfechos en la forma prevista en el artículo 62, hasta por un monto de 260.000 UI (doscientos sesenta mil unidades indexadas) por trabajador. Tendrán también este privilegio los créditos del Banco de Previsión Social por los aportes personales de los trabajadores, devengados en el mismo plazo.

No gozarán del privilegio previsto en el inciso anterior, los créditos de los directores o administradores, miembros del órgano de control interno y liquidadores de la deudora, los cuales tendrán naturaleza de quirografarios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 201.

2) Los créditos por tributos nacionales y municipales, exigibles hasta con dos años de anterioridad a la declaración del concurso.

3) El 50% (cincuenta por ciento) de los créditos quirografarios de que fuera titular el acreedor que promovió la declaración del concurso, hasta el 10% (diez por ciento) de la masa pasiva.

Estos privilegios se establecen sin perjuicio del derecho conferido por la ley a los acreedores a la satisfacción parcial de los créditos no pagados a través del concurso, cuando hubieran ejercitado acciones en interés de la masa.

Artículo 111. (Créditos subordinados).- Son créditos subordinados:

1) Las multas y demás sanciones pecuniarias, de cualquier naturaleza.

2) Los créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor.

Artículo 112. (Personas especialmente relacionadas con el deudor).- Se consideran personas especialmente relacionadas con el deudor:

1) En el caso de las personas físicas:

A) El cónyuge o el concubino o quien lo hubiera sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

B) Los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor o de cualquiera de las personas comprendidas en el literal A) que antecede.

C) Los cónyuges o concubinos de los ascendientes, descendientes y hermanos del deudor.

D) Las personas que hubieran convivido con el deudor en los últimos dos años, salvo que sean titulares de créditos de naturaleza salarial.

2) En el caso de las personas jurídicas:

A) Los socios ilimitadamente responsables y los socios y accionistas limitadamente responsables, que sean titulares de más del 20% (veinte por ciento) del capital social.

B) Los administradores de derecho o de hecho y los liquidadores, así como quienes lo hubieran sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso.

C) Las sociedades que formen parte de un mismo grupo de sociedades. Se entenderá que existe un grupo de sociedades cuando una sociedad se encuentre sometida al poder de dirección de otra o cuando varias sociedades resulten sometidas al poder de dirección de una misma persona física o jurídica o de varias personas que actúen sistemáticamente en concierto.

3) También tendrán esta consideración los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes originariamente a las personas especialmente relacionadas con el deudor, que hubieran sido adquiridos en los dos años anteriores a la declaración de concurso.

Artículo 113. (Cancelación de las garantías).- Si el acreedor declarado especialmente relacionado con el deudor no recurriera la resolución judicial aprobatoria de la lista de acreedores, el Juez del concurso dispondrá, cuando corresponda, la cancelación de todas las garantías de dicho crédito inscritas en los Registros Públicos.

Si el acreedor recurriera dicha resolución se estará a lo que resulte del recurso.

Artículo 114. (Créditos del Estado y de los Entes públicos).- El Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y las personas públicas no estatales y demás Entes públicos participarán en el concurso por los créditos que mantengan contra el deudor, pudiendo intervenir en los órganos y procedimientos concursales y votar o consentir las propuestas de convenio o de acuerdo privado de reorganización con cualquiera de los contenidos propuestos por el deudor, cuando la participación en la votación de los mismos corresponda a la naturaleza de su crédito.

Los certificados, comprobantes o cualquier otro documento o constancia de hallarse al día en el cumplimiento de obligaciones tributarias o paratributarias exigidos por la ley para la celebración de determinados negocios jurídicos o para la registración, eficacia o perfeccionamiento de los mismos, no serán requeridos en caso de concurso ni implicarán un obstáculo para la liquidación de la masa activa.

En ningún caso los Registros exigirán la presentación de estos certificados para registrar la transferencia de los bienes realizada en el marco del procedimiento concursal.

TITULO VI

JUNTA Y COMISION DE ACREEDORES

CAPITULO I

JUNTA DE ACREEDORES

Artículo 115. (Constitución de la Junta de Acreedores).- La Junta de Acreedores se reunirá en el lugar, día y hora fijados en la sentencia de declaración de concurso, bajo la presidencia del Juez del concurso.

Las Juntas de Acreedores sólo podrán prorrogarse con carácter excepcional. La solicitud de prórroga planteada por el deudor, será resuelta por el Tribunal en audiencia, atendiendo el voto mayoritario de los acreedores concursales presentes.

El Actuario del Juzgado del concurso actuará como Secretario de la Junta.

La inasistencia del síndico o del interventor, sin justa causa, será sancionada por el Juez con multa de hasta el 5% (cinco por ciento) del total del pasivo concursal.

La Junta se considerará válidamente constituida cualquiera que sea el número de acreedores y el porcentaje de pasivo concurrentes, asista o no el deudor.

Artículo 116. (Prórroga de las sesiones).- En caso de ser imposible agotar el Orden del Día en la sesión de un solo día, el Presidente podrá acordar la prórroga de las sesiones de la Junta de Acreedores durante uno o más días hábiles consecutivos.

Artículo 117. (Deber de asistencia personal del deudor).- El deudor deberá asistir personalmente a la Junta de Acreedores y permanecer hasta su terminación, salvo dispensa del Juez. En caso de personas jurídicas, el deber de asistencia corresponde a los administradores o liquidadores que tengan poder de representación.

Artículo 118. (Derecho de asistencia).- Todos los acreedores concursales cuyos créditos hubiesen sido verificados tendrán derecho de asistencia a la Junta.

El Presidente podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. La Junta de Acreedores podrá revocar esta autorización en cualquier momento.

Artículo 119. (Representación voluntaria de los acreedores).- Los acreedores podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea o no acreedor.

No será válida la representación conferida al deudor o a personas especialmente relacionadas con éste, sean o no acreedores.

La facultad del representante de asistir a la Junta de Acreedores comprende la de votar en ella en nombre del representado.

Artículo 120. (Representación legal de pequeños acreedores).- Los pequeños acreedores ordinarios que no asisten a la Junta serán representados legalmente por el síndico o el interventor a los solos efectos de la consideración y votación de la propuesta del convenio presentada por el deudor.

Se consideran pequeños acreedores aquellos que sean titulares de un crédito por importe inferior a 50.000 UI (cincuenta mil unidades indexadas) y los que, aun superando esa cifra, sean titulares de un crédito inferior al cociente de dividir por diez mil el total del pasivo.

En ningún caso tendrán la consideración de pequeños acreedores el Estado, los demás Entes públicos, las entidades de intermediación financiera, las compañías de seguros y las sociedades administradoras de fondos de ahorro provisional y de fondos de inversión.

Artículo 121. (Lista de asistentes).- Antes de entrar en el Orden del Día, el Secretario confeccionará la lista de asistentes, en la que hará constar la identidad de cada uno de éstos, así como el importe y la calificación de los créditos de que fuera titular. Si el acreedor asistiera por medio de representante voluntario o fuera representado legalmente por el síndico o el interventor, se consignará esta circunstancia en el acta, con indicación de la identidad del representante.

Artículo 122. (Orden del Día).- La Junta de Acreedores considerará necesariamente el siguiente Orden del Día:

1) Informe del síndico o del interventor.

2) Propuesta del convenio, si se hubiera presentado.

3) Nombramiento de la Comisión de Acreedores.

Artículo 123. (Informe del síndico o del interventor).- El informe del síndico o del interventor tendrá el siguiente contenido.

1) Memoria explicativa de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a que se dedica o hubiera dedicado y de las oficinas, establecimientos y explotaciones de que fuera titular, así como de las causas del estado en que se encuentra.

2) Estado de la contabilidad del deudor, con expresión de las infracciones legales y reglamentarias en que hubiera incurrido.

3) Memoria de la tramitación del concurso de acreedores, con expresión de las principales resoluciones y actuaciones realizadas por el síndico o el interventor.

4) En caso de que, en el momento de la declaración de concurso, el activo fuera inferior al pasivo, el informe contendrá la relación de los bienes y derechos que deban ser objeto de reintegración a la masa activa, con expresión de la causa y de la persona o personas a las que afecte o pueda afectar la revocación. Si ya se hubiesen ejercitado acciones de integración de la masa activa, así se indicará expresamente.

5) La forma más conveniente de proceder a la liquidación de la masa activa, para el caso de que no se apruebe un convenio entre el deudor y sus acreedores ni se logre realizar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento.

6) La tasación a valor de liquidación de la empresa en partes. Dicha tasación deberá ser realizada por el síndico con el asesoramiento de un experto independiente, aprobado por el Tribunal del concurso, a su costo. La tasación deberá expresarse en unidades indexadas.

Artículo 124. (Derecho de información de los acreedores).- El informe del síndico o del interventor a ser considerado en la Junta de Acreedores deberá ser presentado al Juzgado con una anticipación mínima de treinta días a la fecha fijada para la Junta de Acreedores, quedando de manifiesto el mismo, a disposición de los acreedores, los que podrán solicitar, a su costa, copia de estas actuaciones.

Artículo 125. (Adopción de resoluciones).- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 144, la adopción de decisiones por la Junta de Acreedores requerirá el voto a favor de acreedores quirografarios que representen una porción del pasivo del deudor con derecho a voto superior a la que vote en contra, siempre que los votos favorables representen, como mínimo, la cuarta parte del pasivo quirografario del deudor, deducida la parte correspondiente a los acreedores sin derecho de voto.

La votación será nominal y pública, en el orden en que los acreedores figuren en la lista aprobada por el Juez.

Las decisiones de la Junta de Acreedores no serán impugnables, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la decisión judicial que las homologue.

Artículo 126. (Acreedores sin derecho de voto).- No tendrán derecho de voto en la Junta de Acreedores:

1) Las personas especialmente relacionadas con el deudor, mencionadas en el artículo 112.

2) Los acreedores quirografarios cuyos créditos se encuentren adecuadamente garantizados con derechos reales de garantía sobre bienes o derechos de terceros, o en cualquier otra forma.

3) Los acreedores que, después de la declaración judicial de concurso, hubieran adquirido el crédito por actos inter vivos, salvo que la adquisición hubiera tenido lugar a título universal o como consecuencia de ejecución judicial o extrajudicial.

4) Los acreedores en situación de conflicto de intereses.

Artículo 127. (Voto de los acreedores privilegiados).- El acreedor privilegiado que vote en la Junta de Acreedores se entenderá que renuncia a su privilegio general o especial, transformándose en un acreedor quirografario.

Si un mismo acreedor fuera titular de créditos quirografarios y privilegiados, se entenderá que vota exclusivamente por los créditos quirografarios, salvo que, al emitir el voto, manifieste que vota por la totalidad de los créditos.

Artículo 128. (Acta de la Junta de Acreedores).- El Secretario extenderá acta de la Junta, en la que se contendrá una relación de lo acaecido en ella, los votos emitidos por cada acreedor y los acuerdos adoptados. Cualquiera que fuera el número de sesiones se levantará una sola acta.

Los asistentes tendrán derecho a que conste en el acta el sentido de sus intervenciones y que se adjunten a ella los escritos que presenten si no figurasen ya en los autos.

Artículo 129. (Aprobación judicial de las resoluciones de la Junta).- Los acuerdos de la Junta de Acreedores deberán ser homologados por el Juez del concurso.

CAPITULO II

COMISION DE ACREEDORES

Artículo 130. (Comisión de Acreedores).- La Junta de Acreedores podrá nombrar una Comisión de Acreedores, compuesta de tres miembros titulares y tres suplentes preferenciales.

Artículo 131. (Elección de los miembros de la Comisión de Acreedores).- Cada uno de los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores se elegirá mediante votación.

Serán elegidos miembros titulares de la Comisión de Acreedores aquellos tres acreedores que obtengan un voto favorable representativo de mayor proporción del pasivo quirografario.

Serán elegidos miembros suplentes de la Comisión de Acreedores, por su orden, los acreedores que le sigan en la votación.

Cada acreedor votará asignando el importe de su participación en el pasivo quirografario de la masa pasiva a los candidatos, pudiendo optar por adjudicar todo el monto de su crédito a uno solo o distribuirlo entre varios.

Artículo 132. (Oposición a la aprobación judicial de la Comisión de Acreedores).- Cualquier acreedor podrá oponerse a la aprobación judicial de la elección de los miembros de la Comisión de Acreedores alegando infracción a la ley.

Artículo 133. (Aceptación).- Los miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores deberán manifestar su aceptación o rechazo dentro de las venticuatro horas de haber sido designados. En caso de rechazo de la designación se completará la lista con los acreedores que hubieran seguido en número de votos. En caso de falta de manifestación se presumirá que el acreedor ha aceptado el cargo y asume, a partir de ese momento, los cometidos y responsabilidades inherentes al mismo.

Artículo 134. (Carácter gratuito del cargo).- Los cargos de miembros titulares y suplentes de la Comisión de Acreedores serán gratuitos.

Los miembros titulares de la Comisión de Acreedores tendrán derecho a ser reembolsados de los gastos en que incurran por razón del ejercicio del cargo.

Artículo 135. (Vacantes en la Comisión de Acreedores).- Las vacantes que se produzcan entre los miembros titulares de la Comisión de Acreedores serán cubiertas por los suplentes en el orden por el que hubieran sido elegidos.

Agotada la lista de suplentes, las vacantes serán cubiertas por el Juez del concurso.

Artículo 136. (Funcionamiento de la Comisión de Acreedores).- La Comisión de Acreedores tendrá los cometidos que le asigna la presente ley, adoptando sus decisiones por mayoría de sus integrantes.

El régimen de organización y funcionamiento de la Comisión de Acreedores será establecido por la propia Comisión y, si no existiera acuerdo, por el Juez del concurso.

Artículo 137. (Separación de los miembros de la Comisión de Acreedores).- Cuando exista justa causa, el Juez, actuando de oficio o a petición de cualquiera de las personas legitimadas para solicitar la declaración de concurso, del síndico o del interventor, podrá separar del cargo a los miembros de la Comisión de Acreedores.

TITULO VII

CONVENIO

CAPITULO I

PROPUESTA DEL CONVENIO

Artículo 138. (Presentación de la propuesta).- Con una anticipación no menor de sesenta días a la fecha de reunión de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar al Juez del concurso una o varias propuestas de convenio, acompañadas de un plan de continuación o de liquidación.

El plan de continuación deberá contener un cuadro de financiamiento, en el que se describirán los recursos necesarios para la continuación total o parcial de la actividad profesional o empresarial del deudor durante el período de cumplimiento del convenio, así como sus diferentes orígenes. El plan deberá incluir una fórmula de pago a los acreedores con privilegio especial.

La propuesta deberá estar firmada por el deudor y, en caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores, acompañando testimonio de la resolución social aprobando la presentación de la propuesta. Si faltara la firma de alguno de ellos, se indicará en el documento, con expresión de la causa.

En el caso de que la propuesta implique obligaciones de pago a cargo de cualquiera de los acreedores o de terceros, el documento en el que conste deberá contener, además de la firma o firmas requeridas precedentemente, la de quienes pudieran resultar obligados.

Artículo 139. (Contenido de la propuesta).- La propuesta podrá consistir en quitas y/o esperas, cesión de bienes a los acreedores, constitución de una sociedad con los acreedores quirografarios, capitalización de pasivos, creación de un fideicomiso, reorganización de la sociedad, administración de todo o parte de los bienes en interés de los acreedores o tener cualquier otro contenido ilícito, incluso el previsto en el numeral 2) del artículo 174 de la presente ley, o cualquier combinación de las anteriores.

Artículo 140. (Prohibición de propuestas condicionales).- Las propuestas que sometan la eficacia del convenio a cualquier clase de condición se tendrán por no presentadas.

Se exceptúa de lo dispuesto precedentemente el caso de concurso de sociedades del mismo grupo, en que la propuesta que presente cualquiera de ellas podrá condicionarse a la aprobación judicial del convenio de una o varias sociedades del mismo grupo.

Artículo 141. (Irrevocabilidad e inmodificabilidad de las propuestas).- El deudor no podrá revocar la propuesta o las propuestas de convenio que hubiera presentado.

El deudor sólo podrá modificar la propuesta o propuestas de convenio que hubiera presentado si las modificaciones cumplen acumulativamente con los siguientes requisitos:

1) No alteran sustancialmente la propuesta.

2) Comportan condiciones más favorables para todos los acreedores quirografarios o para algunos de ellos.

3) Se introducen con una anticipación mínima de quince días a la fecha fijada para la Junta de Acreedores.

Artículo 142. (Informe especial sobre el plan de continuación o de liquidación).- En el caso de que el deudor hubiera presentado propuesta de convenio, el síndico o el interventor deberá emitir un informe especial sobre la viabilidad del plan de continuación o de liquidación, el cual deberá ser presentado al Juzgado y puesto a disposición de los acreedores con una anticipación mínima de quince días a la fecha prevista para la celebración de la Junta de Acreedores.

En caso de que se hubieran modificado la propuesta o propuestas de convenio, el síndico o el interventor deberá ampliar su informe, el cual deberá ser puesto a disposición de los acreedores con una anticipación mínima de cinco días a la fecha fijada para la celebración de la Junta.

CAPITULO II

CONSIDERACION Y VOTACION DE LA PROPUESTA

Artículo 143. (Consideración de la propuesta).- La propuesta o propuestas de convenio presentadas por el deudor, el plan de continuación o de liquidación y el informe especial que sobre este plan hubiera emitido el síndico o el interventor serán considerados por la Junta de Acreedores.

En el caso de que el deudor hubiere presentado varias propuestas de convenio, las mismas serán consideradas en un mismo acto de votación, siendo aceptada la que hubiera recibido mayor número de adhesiones. En caso de igualdad de votos entre dos o más propuestas, se procederá a una segunda votación respecto a ellas para definir la que habrá de aceptarse.

Artículo 144. (Mayorías necesarias para la aceptación de la propuesta).- Para que la propuesta de convenio se considere aceptada, será necesario que voten a favor de la misma acreedores que representen, como mínimo, la mayoría del pasivo quirografario del deudor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior:

A) Cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al 50% (cincuenta por ciento) del monto de los créditos quirografarios y/o plazos de pago superiores a diez años, será necesario que voten a favor de la misma, acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario con derecho a voto.

B) Cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro de los créditos quirografarios en plazo no superior a dos años o en el pago inmediato a los créditos quirografarios vencidos con quita inferior al 25% (veinticinco por ciento), será suficiente que voten a favor acreedores que representen una porción del pasivo del deudor con derecho a voto superior a la que vote en contra, siempre que los votos favorables representen, como mínimo, la cuarta parte del pasivo quirografario del deudor, deducido el pasivo sin derecho a voto.

Artículo 145. (Ventajas a favor de acreedores).- Cuando una propuesta contenga ventajas a favor de uno o varios acreedores o de una o varias clase de créditos, además de las mayorías establecidas en el artículo 144, será necesario que voten a favor de la propuesta acreedores que representen una porción del pasivo no beneficiado superior a la correspondiente a aquellos acreedores que hubieran votado en contra.

Artículo 146. (Consentimiento individual de los acreedores).- Cuando la propuesta de convenio suponga nuevas obligaciones para uno o varios acreedores será necesario el consentimiento individual de los afectados, el cual deberá ser presentado antes de que la propuesta sea sometida a votación.

No será necesario el consentimiento individual de los acreedores especialmente relacionados con el deudor cuando la propuesta prevea la conversión de los créditos de que fueran titulares esos acreedores en acciones o en participaciones sociales de la sociedad deudora.

CAPITULO III

CONVENIOS DE CESION DE ACTIVO

Artículo 147. (Cesión total o parcial de activo).- En caso de convenio de cesión total de activo en pago o para pago de los acreedores se considerarán cedidos los bienes y derechos que figuren en el inventario aprobado por el Juez del concurso.

En caso de convenio de cesión parcial de activo la propuesta deberá ir acompañada de la relación de los bienes o derechos objeto de la cesión.

En todos los casos deberán previamente salvaguardarse los derechos de los acreedores privilegiados.

Artículo 148. (Convenio de cesión en pago).- Cuando la propuesta de convenio tenga como objeto la cesión total o parcial del activo en pago a acreedores, será necesario el consentimiento individual de los cesionarios.

Artículo 149. (Convenio de cesión para pago).- Cuando la propuesta de convenio tenga como objeto la cesión total o parcial de activo para pago de los acreedores deberá establecerse el plazo máximo para la enajenación, el cual no podrá ser superior a dos años.

Salvo pacto en contrario, la facultad de enajenar se considerará atribuida al síndico o al interventor.

Artículo 150. (Convenio de asunción del pasivo).- Salvo pacto en contrario, en caso de convenio de cesión total o parcial del activo a un acreedor o a un tercero, con obligación de pagar por cuenta del deudor a los acreedores quirografarios y subordinados la totalidad o parte de los créditos, se considerarán cedidas las acciones de reintegración de la masa activa.

Salvo pacto en contrario, el cesionario no asumirá responsabilidad alguna por los créditos que, en el momento de la presentación de la propuesta de convenio, no hubieran solicitado verificación, cuando la misma sea necesaria.

CAPITULO IV

APROBACION JUDICIAL DEL CONVENIO

SECCION 1

OPOSICION A LA APROBACION DEL CONVENIO

Artículo 151. (Legitimación para la oposición).- Podrán oponerse a la aprobación judicial del convenio:

1) Los acreedores que hayan sido privados ilegítimamente del derecho de voto y los que hayan votado en contra la propuesta del convenio.

2) El síndico o el interventor.

Artículo 152. (Causas de oposición).- Cualquiera de los legitimados previstos en el artículo 151 podrá oponerse a la aprobación judicial del convenio alegando infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta o en el contenido del convenio. Para que un acreedor asistente a la Junta pueda oponerse por infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta será necesario además que haya denunciado la infracción durante la Junta o en el momento en que se hubiera producido.

El acreedor o acreedores que representen, por lo menos, el diez por ciento del pasivo quirografario del deudor y el síndico o el interventor podrán oponerse además a la aprobación judicial del convenio alegando alguna de las siguientes causas:

1) Que el voto o los votos decisivos para la aceptación de la propuesta han sido emitidos por quien no era titular real del crédito o han sido obtenidos mediante maniobras que afecten o puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores quirografarios.

2) Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.

Artículo 153. (Plazo de oposición).- El plazo de oposición será de cinco días a contar desde el siguiente al de la conclusión de la Junta de Acreedores.

Artículo 154. (Aprobación judicial en caso de falta de oposición).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 153 sin que se hubiere formulado oposición, el Juez dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de acreedores.

Artículo 155. (Procedimiento en caso de oposición).- En caso de haberse formulado oposiciones, una vez tramitado el incidente, el Juez dictará sentencia aprobando o no el convenio, sin que en ningún caso pueda modificarlo.

Si el convenio no hubiera sido aprobado por infracción legal en la constitución o en la celebración de la Junta, en la misma sentencia el Juez convocará una nueva Junta para someter a votación la propuesta que hubiera obtenido mayoría en la anterior, la cual habrá de celebrarse dentro del mes siguiente al de la fecha de la sentencia. La convocatoria de la nueva Junta será objeto de la misma publicidad que la sentencia de declaración de concurso.

Artículo 156. (Publicidad de la aprobación judicial del convenio).- La resolución judicial por la que se apruebe el convenio, una vez firme, será objeto de la misma publicidad que la sentencia de declaración de concurso.

SECCION 2

EFECTOS DE LA APROBACION JUDICIAL DEL CONVENIO

Artículo 157. (Vigencia de los efectos).- El convenio producirá sus efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiera aprobado.

Artículo 158. (Ambito subjetivo del convenio).- El convenio será obligatorio para el deudor y para los acreedores quirografarios y subordinados cuyos créditos fueran anteriores a la declaración judicial de concurso, incluidos los que, por cualquiera causa, no hubieran sido verificados.

Artículo 159. (Efecto novatorio sobre los créditos).- Por virtud del convenio, los créditos quirografarios y subordinados quedarán definitivamente extinguidos en la parte en que se hubiera hecho condonación al deudor, salvo que en el propio convenio se disponga lo contrario o que la sentencia de calificación condene a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial.

Los créditos quirografarios y subordinados serán exigibles conforme a lo pactado, salvo que la sentencia de calificación condene a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial.

Artículo 160. (Subsistencia de las garantías personales).- Los acreedores que no hayan votado a favor de la propuesta de convenio, conservarán las acciones que les correspondan por la totalidad de los créditos contra los obligados solidarios y contra los fiadores o avalistas del deudor.

Artículo 161. (Efecto extintivo de la suspensión o de la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso).- A partir del momento en que alcance firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, cesará la suspensión o la limitación de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, salvo que en el propio convenio se disponga lo contrario o que el Juez, en esa misma resolución, hubiera acordado la prórroga de la suspensión o de la limitación, la cual en ningún caso podrá ser superior a tres meses.

Artículo 162. (Convocatoria a la asamblea de socios o accionistas).- Si el deudor fuera una persona jurídica que tuviera suspendida su legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, el síndico, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, convocará a la asamblea de socios o accionistas para el nombramiento de administradores o de liquidadores.

CAPITULO V

ADHESIONES A LA PROPUESTA DE CONVENIO

Artículo 163. (Presentación del convenio).- Antes de la celebración de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar adhesiones a una propuesta de convenio suscrita por acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto. Cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al 50% (cincuenta por ciento) del monto de los créditos quirografarios y/o plazos de pago superiores a diez años, será necesario contar con adhesiones a la misma de acreedores quirografarios que representen las dos terceras partes del pasivo quirografario con derecho a voto.

En este caso, luego de haber recaído aprobación judicial de la lista de acreedores, el Juez dispondrá la suspensión de la Junta y abrirá plazo de oposición para la aprobación del convenio.

Artículo 164. (Procedimiento de aprobación del convenio).- La resolución judicial que suspenda la junta mandará publicar un extracto de la propuesta de convenio en el Diario Oficial, por el plazo de tres días, convocando a los acreedores concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de veinte días a partir de la última publicación. Esta publicación será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado dentro de las veinticuatro horas de dispuesta por el Juez. El texto íntegro de la propuesta estará, en todo momento, a disposición de los acreedores en la sede del Tribunal.

Podrán oponerse a la aprobación del convenio los acreedores quirografarios y subordinados del deudor, con excepción de aquellos que lo hubieran suscripto, y el síndico o el interventor, por cualquiera de las causales previstas en el artículo 152.

Transcurrido el plazo legal sin que se hubiera formulado oposición el Juez dictará auto en el primer día hábil posterior aprobando el convenio de acreedores.

En caso de mediar oposiciones, las mismas se tramitarán por el procedimiento previsto en el artículo 155 y la decisión que apruebe o rechace el convenio tendrá los efectos previstos en los artículos 157 a 162.

CAPITULO VI

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO

Artículo 165. (Información sobre cumplimiento del convenio).- Cada seis meses, a contar desde la fecha en que hubiera adquirido firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, el deudor emitirá informe sobre el estado de cumplimiento de ese convenio, que entregará al Juez del concurso y a la Comisión de Acreedores.

Sin perjuicio de esto, el deudor deberá informar del estado de cumplimiento del convenio a la Comisión de Acreedores cada vez que sea requerido por ésta.

Artículo 166. (Cumplimiento del convenio).- Una vez cumplido íntegramente el convenio, el deudor presentará al Juez solicitud de conclusión del concurso de acreedores, acompañando los documentos que lo acrediten.

Artículo 167. (Apertura de la liquidación por incumplimiento del convenio).- En caso de incumplimiento del convenio, cualquier acreedor podrá solicitar del Juez del concurso la apertura de la liquidación de la masa activa.

A petición del solicitante, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad de la masa activa. Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el incumplimiento o desestimada la solicitud.

Si el Juez considera acreditado el incumplimiento del convenio, dictará sentencia declarando incumplido el convenio y ordenando la liquidación de la masa activa.

En la misma sentencia el Juez suspenderá la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso.

TITULO VIII

LIQUIDACION Y PAGO

CAPITULO I

LIQUIDACION DE LA MASA ACTIVA

Artículo 168. (Apertura de la liquidación).- El Juez del concurso ordenará la liquidación de la masa activa en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor así lo pida en la solicitud de declaración judicial de concurso.

2) En caso de falta de presentación o de aceptación de la propuesta de convenio por la Junta de Acreedores.

3) En caso de falta de aprobación judicial del convenio.

4) En caso de incumplimiento del convenio.

5) Cuando, en cualquier estado del procedimiento, así lo soliciten, en la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que representen la mayoría de los créditos quirografarios con derecho a voto.

Artículo 169. (Resolución de liquidación de la masa activa).- La resolución judicial que ordene la liquidación contendrá necesariamente los siguientes pronunciamientos:

1) La suspensión de la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, con nombramiento del interventor como síndico. Si el deudor ya tuviera suspendida la legitimación para disponer y obligar a la masa del concurso, continuará el síndico nombrado.

2) Fecha de la licitación para la adquisición en bloque de la empresa en funcionamiento, que no podrá superar los noventa días de decretada la liquidación, y pliego conteniendo las bases del llamado a licitación para la explotación de la empresa, aprobado por el Tribunal a propuesta del síndico (artículo 172). La fecha de la licitación podrá ser prorrogada en forma excepcional y por una única vez hasta por noventa días.

3) Si el deudor fuera persona jurídica, la resolución contendrá, además, la declaración de disolución de la persona jurídica deudora y el cese de los administradores.

La resolución judicial que ordene la liquidación de la masa activa se notificará a los miembros de la Comisión de Acreedores y se inscribirá y publicará en igual forma que la sentencia de declaración del concurso.

Deberá comenzar a ejecutarse inmediatamente aunque no sea firme.

Artículo 170. (Efectos de la apertura de la liquidación).- La apertura de la liquidación de la masa activa producirá el vencimiento anticipado de todos los créditos anteriores a la declaración judicial de concurso.

Será además justa causa para la resolución anticipada de los contratos celebrados por el deudor con obligaciones total o parcialmente pendientes de ejecución. El crédito correspondiente a la indemnización por los daños y perjuicios que cause la resolución, fijado por el Juez, tendrá la consideración de crédito concursal.

Artículo 171. (Venta en bloque de la empresa en funcionamiento).- En todos los casos se procurará en primer lugar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento.

Artículo 172. (Venta en bloque de la empresa).- Se procederá a subastar la empresa en funcionamiento mediante proceso licitatorio en las condiciones que establezca la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo, sobre las siguientes bases:

A) En los pliegos de condiciones se establecerán requisitos mínimos para la aceptación de los postulantes, vinculados a sus antecedentes comerciales, situación patrimonial, garantías de mantenimiento de oferta, ausencia de vínculos especiales con el deudor (artículo 112), cumplimiento de normas laborales y tributarias, y demás aspectos vinculados a la selección de oferentes calificados para la continuidad del giro empresarial.

B) Podrán formularse ofrecimientos por parte de la cooperativa o sociedad comercial de trabajadores de la empresa subastada que se constituya y esté integrada de forma tal que más del 50% (cincuenta por ciento) de la propiedad correspondiera a los trabajadores que desarrollaban actividad personal en la misma en el inicio del proceso concursal y que, en caso de adoptar la forma de sociedad anónima o en comandita por acciones, las acciones de los trabajadores sean nominativas no endosables. La misma podrá hacer valer en su oferta los créditos laborales a ser renunciados por sus miembros. El magistrado actuante podrá considerar, a solicitud de parte, como integrante de la oferta, la circunstancia prevista en el inciso tercero del numeral 2) del artículo 174.

El ofrecimiento formulado por esta cooperativa o sociedad comercial tendrá preferencia por sobre los restantes oferentes en caso de igualdad de condiciones propuestas.

C) Se abrirá un período para la formulación de ofertas, las que no serán inferiores al 50% (cincuenta por ciento) del valor de tasación de la empresa (numeral 6) del artículo 123). Se aceptará la mayor oferta al contado, salvo que acreedores que representen el 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario acepten una oferta a crédito superior, siempre que la misma no implique perjuicios en los derechos de los acreedores privilegiados.

La venta la otorgará el Juez del concurso y éste hará la tradición (artículo 770 del Código Civil).

Artículo 173. (Efectos de la adjudicación).- La adjudicación será título hábil suficiente para la transmisión de la propiedad de los bienes referida en el artículo 172, en las condiciones establecidas en el artículo 177, y a todos los efectos registrales.

Artículo 174. (Liquidación por partes de la masa activa).- En caso de no lograrse la venta en bloque de la empresa en funcionamiento ya sea al contado o a crédito, el síndico presentará a la Comisión de Acreedores un proyecto actualizado de liquidación, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la resolución judicial que declare desierta la licitación, en el que se determinarán para cada clase de bienes y derechos que integran la masa activa, las reglas particulares conforme a las cuales deberán enajenarse.

Si el proyecto fuera aprobado por la Comisión, la enajenación de los bienes y derechos se ajustará a lo determinado por el síndico. Si no lo fuere o en todo lo no previsto en el proyecto, el síndico procederá a enajenar la masa activa de acuerdo con las siguientes reglas:

1) En caso de existir diversas unidades productivas, las mismas se enajenarán como un todo, salvo que sea más conveniente para la masa la previa división o la realización aislada de los elementos que los componen, en cuyo caso, antes de proceder a su enajenación, deberá emitirse un informe justificativo.

2) En caso de que exista riesgo de que los créditos laborales comprendidos en el numeral 1) del artículo 110 no pueden ser satisfechos en su totalidad, el Juez previa vista al síndico, podrá designar depositaria de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos, a una cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal (artículo 6° de la Ley N° 17.794, de 22 de julio de 2004).

Los créditos laborales privilegiados que pudieren existir en la masa del concurso serán compensados y computados como aporte de los trabajadores a la cooperativa constituida.

El Juez del concurso podrá disponer que el organismo de seguridad social correspondiente vierta la suma de la indemnización por seguro de paro, a los efectos de que sea computada como aporte de los trabajadores.

3) Los bienes inmuebles, muebles y derechos de propiedad intelectual e industrial, se liquidarán de acuerdo con las disposiciones que regulan la vía de apremio.

4) Los valores que tengan oferta pública se negociarán en los mercados formales en que los mismos tengan cotización.

Antes de proceder a la liquidación, las reglas conforme a las cuales debe proceder el síndico a enajenar los bienes y derechos que integran la masa activa serán puestas en conocimiento del Juez del concurso.

Artículo 175. (Liquidación anticipada de la masa activa).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 174, en cualquier estado del procedimiento, en la Junta de Acreedores o fuera de ella, acreedores que representen la mayoría de los créditos quirografarios del deudor con derecho a voto podrán resolver la liquidación de la masa activa del concurso en los términos de los artículos 171 a 174.

El Juez, previa vista al síndico o el interventor y al deudor, dispondrá de inmediato la liquidación en la forma resuelta, transformando al interventor en síndico, si correspondiere.

Artículo 176. (Bienes litigiosos).- La enajenación de los bienes o derechos cuya titularidad o disponibilidad se encuentre en litigio se realizará una vez recaída resolución judicial firme, salvo decisión en contrario de la Comisión de Acreedores.

El Juez del concurso, oída la otra parte del litigio, podrá autorizar también la enajenación de bienes o derechos de imposible, de difícil o de muy costosa conservación o que corran peligro de sufrir grave deterioro o de disminuir considerablemente de valor, antes de que recaiga resolución judicial firme.

El producto de la enajenación se consignará a nombre de quien corresponda a las resultas del litigio.

Artículo 177. (Pasivos del deudor vinculados a los activos, al establecimiento o a la explotación).- No será de aplicación al adquirente de los activos del deudor, del establecimiento o de la explotación del deudor, enajenados en el proceso de liquidación de la masa activa, la responsabilidad que la ley pone a cargo de los sucesores o adquirentes por obligaciones comerciales, laborales, municipales, tributarias o de cualquier otra naturaleza.

Artículo 178. (Información sobre la liquidación).- Cada seis meses, a contar desde la fecha de la resolución judicial ordenando la liquidación de la masa activa, el síndico emitirá un informe sobre el estado de la liquidación, que entregará al Juez del concurso y la Comisión de Acreedores.

Sin perjuicio de esto, el síndico deberá informar sobre el estado de la liquidación a la Comisión de Acreedores cada vez que sea requerido por ésta.

Artículo 179. (Separación del síndico por prolongación indebida de la liquidación).- Transcurridos dos años desde la fecha de la resolución judicial ordenando la liquidación de la masa activa, sin que éste hubiera finalizado, cualquier interesado podrá solicitar al Juez del concurso la separación del síndico y el nombramiento de uno nuevo.

El Juez, previa audiencia del síndico y de la Comisión de Acreedores, decretará la separación y el nombramiento de nuevo síndico si el informe de la Comisión de Acreedores fuera favorable a la separación y, aunque no lo fuera, si no existiera justa causa para la dilación.

El síndico separado por prolongación indebida de la liquidación perderá el derecho a percibir las retribuciones devengadas, debiendo reintegrar a la masa activa las cantidades que, en concepto de retribución, hubiera percibido desde la resolución judicial de su designación.

Artículo 180. (Solicitud de conclusión o de suspensión del concurso de acreedores).- Una vez que el producto obtenido en la liquidación de toda la masa activa haya sido íntegramente utilizado en el pago de los acreedores, el síndico presentará solicitud de conclusión o de suspensión del concurso.

CAPITULO II

PAGO A LOS ACREEDORES

Artículo 181. (Pago a los acreedores con privilegio especial).- Los créditos con privilegio especial se pagarán con el producido de la enajenación de los bienes gravados.

Artículo 182. (Pago a los restantes acreedores).- En forma independiente del pago a los acreedores con pri-vilegio especial, el sindico pagará con el producido de la realización de los bienes que integran la masa activa, por su orden, a los acreedores con privilegio general, a los acreedores quirografarios y a los acreedores subordina-dos.

Artículo 183. (Orden de pago a los acreedores con privilegio general).- Si la masa activa que quedara una vez satisfechos los créditos con privilegio especial fuera insuficiente para satisfacer todos los créditos con privilegio general, el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 110, a prorrata dentro de cada número.

Artículo 184. (Pago a los acreedores quirografarios).- Los créditos quirografarios serán satisfechos a prorrata, conjuntamente con los créditos con privilegio especial en la parte que no hubieran sido satisfechos con el importe de los bienes gravados.

Salvo autorización del Juez del concurso, oída la Comisión de Acreedores, el pago de los créditos quirografarios se realizará una vez íntegramente satisfechos los créditos privilegiados.

Artículo 185. (Cuotas de los acreedores quirografarios).- El pago de los créditos quirografarios se efectuará en función de la liquidez de que dispongan los síndicos mediante entrega de cuotas a cuenta de, por lo menos, el 5% (cinco por ciento) del monto de los créditos.

Artículo 186. (Reserva a favor de créditos condicionales y litigiosos).- Si existieran créditos condicionales o créditos litigiosos, el síndico reservará las cantidades correspondientes para poder atender al pago en caso de cumplimiento de la condición o cumplir la resolución que recaiga en el litigio.

Artículo 187. (Pago a los acreedores subordinados).- El pago de los créditos subordinados se realizará una vez íntegramente satisfechos los créditos quirografarios.

Si los fondos que quedaran una vez satisfechos los créditos quirografarios fueran insuficientes para satisfacer a todos los créditos subordinados, el pago se realizará por el orden establecido en el artículo 111, a prorrata dentro de cada número.

Artículo 188. (Remanente de la liquidación).- Si una vez pagados los créditos subordinados quedara un remanente, el síndico lo distribuirá entre los acreedores con privilegio general y quirografarios, a prorrata de sus respectivos créditos, con un monto máximo equivalente a la tasa media de interés del sistema bancario para familias, por plazos mayores a un año, que publique el Banco Central del Uruguay para créditos en unidades indexadas o, en su defecto, al interés legal computado sobre sus respectivos créditos, por el plazo que medió entre la declaración judicial de concurso y el pago de los mismos.

Si todavía quedara un remanente se realizará similar operación con los créditos subordinados, en el orden previsto por la ley.

Artículo 189. (Pago de créditos y vencimientos).- Si el pago de un crédito anterior a la declaración de concurso se efectuara antes de la fecha en que hubiera vencido de

no haberse producido la apertura de la liquidación, se hará por su valor actual, realizando el descuento que corresponda.

A solicitud del síndico, el Juez podrá autorizar el pago de créditos del deudor posteriores a la declaración de concurso que todavía no hubieran vencido, fijando el descuento que corresponda.

Artículo 190. (Pago de crédito verificado en dos o más concursos de deudores solidarios).- En el caso de que el crédito hubiera sido verificado en dos o más concursos de deudores solidarios, la suma de lo percibido en todos los concursos no podrá exceder del importe del crédito.

El síndico podrá retener el pago hasta que el acreedor acredite fehacientemente lo percibido hasta la fecha en los concursos de los deudores solidarios. Una vez efectuado el pago, lo pondrán en conocimiento del síndico o del interventor de los demás concursos.

El deudor solidario no podrá reclamar de los codeudores mientras que el acreedor no haya sido íntegramente satisfecho.

Artículo 191. (Derecho del acreedor sobre la cuota del deudor solidario).- El acreedor que, antes de la declaración de concurso, hubiera cobrado parte del crédito de un fiador o avalista o de un deudor solidario tendrá derecho a que le sea atribuida la cuota que a éstos corresponda en el con-curso del deudor hasta cubrir el importe total de su crédito.

TITULO IX

CALIFICACION DEL CONCURSO

Artículo 192. (Clases de concursos).- El concurso de acreedores se calificará como culpable o como fortuito.

El concurso se calificará como culpable cuando en la producción o en la agravación de la insolvencia hubiera existido dolo o culpa grave del deudor o, en caso de personas jurídicas, de sus administradores o de sus liquidadores, de derecho o de hecho.

En los demás casos se calificará como fortuito.

Artículo 193. (Presunciones absolutas de culpabilidad).- El concurso se calificará como culpable, además, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones con la finalidad de retrasar, dificultar o impedir la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución que se hubiera iniciado o fuera de previsible iniciación.

2) Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso de acreedores los fondos o los bienes propios del deudor hubieran sido manifiestamente insuficientes o inadecuados para el ejercicio de la actividad o actividades a las que se hubieran dedicado.

3) Cuando, antes de la declaración del concurso de acreedores, hubieran salido indebidamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

4) Cuando no hubiera llevado contabilidad de ninguna clase, estando legalmente obligado a ello, o cuando hubiere llevado doble contabilidad o hubiere cometido falsedad en la contabilidad.

5) Cuando el deudor hubiera cometido falsedad en cualquiera de los documentos adjuntando a la solicitud de declaración judicial de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento.

Artículo 194. (Presunciones relativas de culpabilidad).- Se presume la existencia de culpa grave del deudor, salvo prueba en contrario, en los siguientes casos:

1) Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de solicitar la declaración judicial de concurso.

2) Cuando el deudor hubiera incumplido el deber de cooperación con los órganos concursales, no les hubiera facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiera asistido a la Junta de Acreedores.

3) Cuando el deudor hubiera incumplido con su obligación de preparar, en tiempo y forma, los estados contables anuales, estando legalmente obligado a ello.

Artículo 195. (Cómplices).- Se consideran cómplices las personas que, con dolo o con culpa grave, hubieran cooperado con el deudor o, en el caso de personas jurídicas deudoras, con los administradores y liquidadores a la realización de cualquier acto que hubiera producido o agravado la insolvencia.

Artículo 196. (Formación del incidente de calificación).- En la misma resolución por la que apruebe el convenio u ordene la liquidación de la masa activa, el Juez del concurso mandará formar el incidente de calificación, que se abrirá con la solicitud de declaración del concurso de acreedores y los documentos adjuntos y con la sentencia que lo hubiera declarado.

No procederá la formación del incidente de calificación cuando concurran acumulativamente las siguientes condiciones:

1) El concurso de acreedores fuera voluntario.

2) El convenio aprobado permita la satisfacción íntegra de los créditos concursales en un plazo no superior a dos años o, en caso de liquidación, que de lo actuado resulte que el activo del deudor es suficiente para satisfacer su pasivo.

Artículo 197. (Comparecencia de los interesados).- Dentro de los quince días siguientes a contar desde la publicación en el Diario Oficial de la resolución judicial que ordene la formación del incidente de calificación, cualquier acreedor o persona que acredite un interés legítimo podrá comparecer ante el Juez del concurso, denunciando los hechos que considere relevantes para la calificación del concurso como culpable.

Artículo 198. (Informe del síndico o del interventor y dictamen del Ministerio Público).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 197, el síndico o el interventor, dentro de los quince días siguientes, presentará al Juez del concurso un informe documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso de acreedores, con propuesta de resolución.

Si se propusiera que el Juez califique como culpable el concurso, expresará la identidad de las personas a las que debe afectar la calificación, así como la identidad de las personas a las que debe calificarse de cómplices, justificando la causa.

Del informe del síndico o del interventor se dará traslado al Ministerio Público para que emita dictamen en el plazo de cinco días. Si el Ministerio Público no emitiera dictamen, se entenderá conforme con la propuesta de calificación.

Artículo 199. (Tramitación del incidente de calificación).- Si el informe del síndico o del interventor y el dictamen del Ministerio Público coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el Juez, sin más trámites, ordenará el archivo de las actuaciones.

En otro caso, emplazará al deudor y a todas las personas que, según resulte de lo actuado, pudieran ser afectadas por la calificación del concurso o ser declaradas cómplices, a fin de que, en el plazo de diez días, aleguen cuanto convenga a su derecho.

Artículo 200. (Oposición a la calificación).- Si el deudor o alguno de los comparecientes formulase oposición, el Juez la sustanciará por el procedimiento de los incidentes. De ser varias las oposiciones, se sustanciarán conjuntamente en el mismo procedimiento.

En caso de que ni el deudor ni los demás comparecientes formularan oposición, el Juez dictará sentencia en el plazo de cinco días.

Artículo 201. (Sentencia de calificación).- La sentencia que declare culpable al concurso tendrá el siguiente contenido:

1) La declaración del concurso como culpable, con expresión de la causa o de las causas en que se fundamente la calificación.

2) La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como de las personas declaradas cómplices.

3) La inhabilitación del deudor o de los administradores o liquidadores, aun de hecho, y miembros del órgano de control interno de la persona jurídica deudora para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período. Las inhabilitaciones se inscribirán en el Registro Nacional de Actos Personales.

4) La pérdida de cualquier derecho que tuvieran los cómplices como acreedores concursales y la condena a reintegrar los bienes y derechos que pertenecieran a la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados, cuya cuantía se determinará en período de ejecución de sentencia.

En el caso de que el deudor cuyo concurso hubiera sido calificado como culpable fuese una persona jurídica, la sentencia de calificación podrá contener, además, la condena a los administradores y liquidadores, de derecho o de hecho, e integrantes del órgano de control interno, o a algunos de ellos, a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva.

Las disposiciones sobre calificación del concurso se establecen sin perjuicio de las normas penales que correspondiera aplicar, en caso de que alguno de los involucrados hubieran incurrido en conductas delictivas tipificadas por las referidas normas.

Artículo 202. (Sustitución de los inhabilitados).- En caso de inhabilitación del deudor persona física, el Juez, en resolución posterior, oídos previamente los interesados, nombrará un curador que se encargue de la administración de los bienes del inhabilitado.

En caso de que la inhabilitación de los administradores o de los liquidadores de la persona jurídica deudora impida a la misma formar su voluntad corporativa, el síndico o el interventor convocarán una asamblea de socios o accionistas para el nombramiento de administradores o de liquidadores.

Artículo 203. (Cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial).- Si en el convenio se hubiera acordado una quita al deudor de parte de sus créditos quirografarios, los importes que se obtengan en la ejecución de la condena a la cobertura de la totalidad o parte del déficit patrimonial, se destinarán al pago de la parte condonada.

Si existiera un resto y el convenio contuviera una espera para el pago de los créditos quirografarios, las cantidades a que se refiere el inciso anterior se destinarán al pago anticipado de los últimos plazos.

Artículo 204. (Calificación del concurso en caso de incumplimiento del convenio).- En caso de incumplimiento del convenio el concurso se calificará culpable cuando en ese cumplimiento hubiera existido dolo o culpa del deudor.

TITULO X

SUSPENSION Y CONCLUSION DEL CONCURSO

CAPITULO I

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 205. (Presupuestos para la suspensión y conclusión del concurso).- Para que el Juez pueda acordar la suspensión o la conclusión del concurso de acreedores será necesario que se den los siguientes presupuestos:

1) Que exista causa legal de suspensión o de conclusión del concurso de acreedores.

2) Que sea improcedente la reintegración de la masa activa o, en caso contrario, que se hubieran ejecutado íntegramente las sentencias firmes de las acciones revocatorias o adquirido firmeza las resoluciones judiciales que las hubieran desestimado.

3) Que fuera improcedente la promoción del incidente de calificación, que el concurso hubiera sido calificado como fortuito o que se hubiere ejecutado íntegramente la sentencia firme de calificación del concurso como culpable.

Artículo 206. (Informe sobre la reintegración de la masa activa).- En el caso de que exista causa de suspensión o de conclusión, el síndico emitirá un informe sobre la existencia de actos del deudor anteriores a la declaración judicial de concurso que sean susceptibles de revocación.

Si el informe fuera favorable al ejercicio de acciones revocatorias, el síndico estará obligado a ejercitarlas en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de emisión del informe.

Si el informe fuera desfavorable, el acreedor o los acreedores cuyos créditos representen, al menos, el 5% (cinco por ciento) del total pasivo podrán ejercitar las acciones revocatorias por cuenta de la masa, solicitando expresamente en la demanda que se notifique al síndico.

CAPITULO II

SUSPENSION DEL CONCURSO

Artículo 207. (Causas de suspensión del concurso).- Será causa de suspensión del concurso de acreedores la inexistencia o el agotamiento de la masa activa sin íntegra satisfacción de los acreedores.

Artículo 208. (Procedimiento).- La solicitud de suspensión del concurso por inexistencia o agotamiento de la masa activa será presentada por el síndico cuando del estado de las cuentas de la liquidación surja que se ha producido la causal de suspensión prevista en el artículo 207.

De la solicitud de suspensión y de las cuentas de las cuales surja la configuración de la causal se dará traslado al deudor, a la Comisión de Acreedores y a los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento, con la advertencia de que las cuentas quedarán de manifiesto en el Juzgado por el plazo de quince días.

Dentro del plazo a que se refiere el inciso anterior, cualquier persona a la que se hubiera dado traslado de la solicitud podrá oponerse a la suspensión del concurso de acreedores o impugnar las cuentas.

En caso de falta de oposición y de impugnación, el Juez dispondrá la suspensión del concurso de acreedores, con aprobación de las cuentas.

En caso de oposición o de impugnación, éstas se sustanciarán por el procedimiento de los incidentes.

Artículo 209. (Medidas cautelares en caso de suspensión del concurso).- La resolución judicial de suspensión del concurso de acreedores podrá disponer las medidas cautelares que el Juez considere oportunas.

Artículo 210. (Reapertura del concurso suspendido).- El concurso suspendido será reabierto a solicitud del deudor o de cualquier acreedor concursal cuando, dentro del plazo de cinco años a contar desde la firmeza del auto de suspensión, ingresen o aparezcan nuevos bienes o derechos en el patrimonio del deudor.

En este caso, los acreedores posteriores a la suspensión concurrirán con los anteriores.

CAPITULO III

CONCLUSION DEL CONCURSO

Artículo 211. (Causas de conclusión del concurso).- Son causas de conclusión del concurso de acreedores:

1) El íntegro cumplimiento del convenio.

2) La íntegra satisfacción de los acreedores.

3) El transcurso de diez años desde la suspensión del concurso de acreedores, en los términos establecidos en el artículo 213.

Artículo 212. (Conclusión del concurso en caso de cumplimiento del convenio o de íntegra satisfacción de los acreedores).- La solicitud de conclusión del concurso por cumplimiento del convenio o por íntegra satisfacción a los acreedores será presentada por el deudor acompañando la documentación en la cual se sustenta el pedido.

En los casos en que el deudor estuviera separado de la administración de la masa activa, el Juez podrá pedir al síndico la presentación de las cuentas de la liquidación.

El Juez dará traslado de la solicitud al síndico o al interventor, a la Comisión de Acreedores y a los interesados que hubieran comparecido en el procedimiento.

Dentro del plazo de quince días de haber sido notificados, las personas a las que se hubiera dado traslado de la solicitud podrán oponerse a la conclusión del concurso de acreedores o impugnar las cuentas presentadas.

En caso de falta de oposición o de impugnación, el Juez pronunciará sentencia declarando la conclusión, con aprobación de las cuentas presentadas por el síndico, en su caso.

Artículo 213. (Conclusión del concurso por el transcurso de diez años de la suspensión).- En el caso de que hubieran transcurrido diez años de la suspensión del concurso por inexistencia o agotamiento de la masa activa, sin que se hubiera reabierto el concurso suspendido, el Juez de oficio pronunciará sentencia declarando extinguidos los créditos concursales en la parte que no hubieran sido satisfechos y dando por concluido el procedimiento. Para que opere la extinción deberán concurrir acumulativamente las siguientes circunstancias:

A) Que se trate de un concurso voluntario.

B) Que el mismo hubiera sido calificado como fortuito.

C) Que el deudor hubiera cumplido con su deber de

cooperación con el alcance establecido en el artículo 53.

Si el deudor fuera persona jurídica, la sentencia la declarará extinguida, ordenando la cancelación de su personería jurídica.

TITULO XI

ACUERDO PRIVADO DE REORGANIZACION

CAPITULO I

CELEBRACION DEL ACUERDO

Artículo 214. (Oportunidad de suscripción del acuerdo).- Antes de la declaración judicial de concurso el deudor podrá suscribir un acuerdo privado de reorganización con acreedores representativos del 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario con derecho a voto.

Será de aplicación al acuerdo privado de reorganización lo dispuesto en los artículos 140 y 145.

Artículo 215. (Modalidades de acuerdo).- Una vez obtenidas las mayorías exigidas por el artículo 214, el deudor tendrá la opción de seguir el procedimiento puramente privado de instrumentación del acuerdo, requiriendo la actuación de un escribano público, o solicitar su homologación judicial.

CAPITULO II

ACUEDO PURAMENTE PRIVADO

Artículo 216. (Instrumentación).- De optarse por el procedimiento puramente privado, una vez obtenidas las mayorías del artículo 214, el acuerdo privado de reorganización será obligatorio para todos los acreedores quirografarios y subordinados, siempre que se notifique a los acreedores no firmantes la adhesión al acuerdo de las mayorías necesarias, y que éstos, dentro del plazo de veinte días, no manifiesten su oposición al deudor.

Artículo 217. (Notificación).- La notificación a los acreedores no firmantes se hará por medio de escribano público y al practicarse se acompañará la siguiente documentación:

1) Los documentos exigidos por el artículo 7° para la solicitud de concurso por parte del deudor.

2) Propuesta de acuerdo privado de reorganización con el contenido previsto en los artículos 138 y 139, suscrita por acreedores representativos del 75% (setenta y cinco por ciento) del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto, con indicación del nombre del acreedor firmante, el monto de su crédito quirografario, la fecha de la firma; en el caso de personas jurídicas se indicará además el nombre del representante y el acto o negocio jurídico del cual emana su poder de representación. La firma puesta en representación de cada acreedor implicará declaración expresa del firmante de la existencia de fa-cultades de representación y de la vigencia de su mandato.

Los documentos mencionados en el presente artículo deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de algunos de ellos, se señalará en los documentos en que falte, indicando la causa.

Artículo 218. (Protocolización).- Si vencido el plazo de veinte días los acreedores no firmantes no presentan su oposición al deudor, el acuerdo privado de reorganización se tendrá por aceptado. En tal caso el deudor deberá hacer protocolizar el acuerdo suscrito por la mayoría de acreedores, ante escribano público, con las diligencias de notificación a los acreedores no firmantes. Desde ese momento el acuerdo se tendrá por homologado y el escribano protocolizante podrá expedir a los interesados las copias que se soliciten.

Artículo 219. (Publicación).- Será de cargo del deudor la publicación por tres días de un extracto del acuerdo privado de reorganización en el Diario Oficial, identificando al escribano público interviniente e indicando su domicilio.

Artículo 220. (Oposición al acuerdo).- Si dentro del plazo de veinte días, cualquiera de los acreedores no firmantes quisiera oponerse al acuerdo celebrado, deberá notificar su oposición al deudor por cualquier medio fehaciente. Serán causas de oposición:

1) Que el contenido del acuerdo es contrario a la ley.

2) Que las firmas de acreedores por créditos decisivos para formar las mayorías requeridas legalmente no corresponden a los titulares reales del crédito o han sido obtenidas mediante maniobras que afecten o puedan afectar a la paridad de trato entre los acreedores quirografarios.

3) Que el cumplimiento del convenio es objetivamente inviable.

4) Que existe ocultación o exageración fraudulenta del activo o del pasivo.

En tal caso, el deudor tendrá un plazo de diez días para presentar ante el Juez competente los antecedentes del caso a los efectos de que resuelva la oposición presentada y dicte la homologación judicial del acuerdo, en los términos establecidos en el Capítulo IV del presente Título, requiriendo la inmediata notificación al acreedor o a los acreedores disidentes, quienes deberán ratificar su oposición en el plazo de seis días.

De no presentarse el deudor al Juzgado en el plazo de diez días, cualquier acreedor podrá solicitar la declaración del concurso al Juez, quien la decretará sin más trámite.

Será competente para entender en la oposición y en la homologación judicial del acuerdo privado de reorganización el mismo Juez competente para declarar el concurso. En el caso de que existiera una solicitud de concurso en trámite el acuerdo privado de reorganización deberá ser presentado en dicho procedimiento.

CAPITULO III

ACUERDO SOMETIDO A HOMOLOGACION JUDICIAL

Artículo 221. (Requisitos).- De optarse por la homologación judicial del acuerdo, el deudor deberá presentarse al Juzgado acompañando la documentación referida en el artículo 217. La solicitud de homologación del acuerdo privado de reorganización, así como todos los documentos presentados deberán estar firmados por el propio deudor y, en el caso de personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores. Si faltara la firma de algunos de ellos, se señalará en la solicitud y en los documentos en que falte, indicando la causa.

El deudor deberá depositar además, a la orden del Juzgado, fondos suficientes para atender los gastos de inscripción y publicación de la resolución judicial que admita el acuerdo.

Artículo 222. (Auto de admisión).- Presentada la solicitud en debida forma, con los requisitos establecidos en el artículo 221, o en el caso de presentación al Juzgado del acuerdo puramente privado con oposiciones, en las condiciones del inciso segundo del artículo 220, el Juez deberá, en el plazo de dos días, dictar una resolución con el siguiente contenido:

1) Admisión de la propuesta presentada.

2) Suspensión del procedimiento de concurso, en caso de que el mismo hubiera sido solicitado.

3) Inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Actos Personales, Sección Interdicciones.

4) Publicación íntegra del auto de admisión y de un extracto de la propuesta de acuerdo privado de reorganización en el Diario Oficial, por el plazo de tres días, convocando a los acreedores concursales a presentar sus oposiciones en el plazo de veinte días a partir de la última publicación.

Artículo 223. (Inscripción del auto de admisión).- La inscripción del auto de admisión del acuerdo será comunicada por el Juzgado del Registro, dentro del plazo de veinticuatro horas de dictado el mismo.

En caso de que no se realice la inscripción pertinente, cualquier acreedor podrá solicitar el concurso al Juez, quien lo decretará sin más trámite.

Artículo 224. (Publicación del auto de admisión y de la propuesta).- La publicación del auto de admisión y de la propuesta de acuerdo privado de reorganización será ordenada y tramitada directamente por el Juzgado, dentro de las veinticuatro horas de dictado el mismo.

Artículo 225. (Efectos del auto de admisión).- El auto de admisión debidamente inscripto y publicado producirá los siguientes efectos:

1) El deudor requerirá autorización del Juez para contraer, modificar o extinguir obligaciones; conferir, modificar o revocar poderes; o para realizar cualquier acto jurídico relativo a los bienes que integran su patrimonio. En especial requerirá autorización para la realización de actos relativos a bienes registrales, para la venta o arrendamiento del establecimiento comercial y para la emisión de obligaciones negociables. Se encuentran excluidas del requisito de la autorización las operaciones ordinarias del giro del deudor.

2) No podrá declararse el concurso del deudor, excepto a su propia solicitud. Si existieran solicitudes de concurso en trámite, las mismas quedarán en suspenso.

3) No podrán promoverse ejecuciones contra el deudor por créditos anteriores a la presentación de la propuesta de acuerdo. Las ejecuciones que se encuentren en trámite y los embargos trabados sobre los bienes del deudor quedarán en suspenso. La moratoria provisional, tendrá un plazo máximo de un año.

4) En el caso de los créditos prendarios e hipotecarios no podrán promoverse las respectivas ejecuciones por un plazo de ciento veinte días a contar del auto de admisión y las ejecuciones en curso se suspenderán por igual término.

5) El Juez que admitió el acuerdo privado de reorganización será el único competente para conocer en los procedimientos de ejecución y para disponer medidas cautelares sobre los bienes que integran el activo del deudor.

6) El Juez, de oficio o a solicitud de cualquier interesado, podrá adoptar medidas cautelares sobre los bienes que integran el patrimonio del deudor, en beneficio de toda la masa de acreedores, en caso de considerarlo necesario.

Artículo 226. (Oposición a la aprobación del acuerdo).- Dentro de los veinte días contados desde la última publicación del auto de admisión, podrán oponerse a la aprobación judicial del acuerdo los acreedores quirografarios o subordinados del deudor, con excepción de aquellos que lo hubieran suscripto. Serán causas de oposición las establecidas en el artículo 220.

CAPITULO IV

TRAMITE DE LA OPOSICION Y HOMOLOGACION

Artículo 227. (Homologación judicial en caso de falta de oposición).- Transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 226 sin que se hubiere formulado oposición o, de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 220, el acreedor no se presentare a ratificar su oposición, el Juez homologará el acuerdo privado de reorganización el primer día hábil posterior.

Artículo 228. (Procedimiento en caso de oposición).- En caso de oposición o de ratificación de la oposición, según el caso, el Juez designará un interventor, durante el trámite de las oposiciones, el cual tendrá las facultades de control sobre la actividad del deudor que el numeral 1) del artículo 225 confiere al Juez.

Tramitado el incidente, el Juez dictará sentencia homolongado o rechazando el acuerdo, sin que en ningún caso pueda modificarlo.

Artículo 229. (Publicidad de la aprobación judicial del convenio).- La resolución judicial por la que se homologue el acuerdo, una vez firme, será objeto de la misma publicidad que el auto de admisión.

Artículo 230. (Efectos del acuerdo homologado).- A partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiera homologado, el acuerdo privado de reorganización producirá los efectos previstos por los ar-tículos 158 a 161 para el convenio.

Artículo 231. (Efectos del rechazo del acuerdo).- En el mismo auto de rechazo del acuerdo privado de reorganización, el Juez declarará el concurso del deudor.

En este caso el concurso se considerará declarado a solicitud del deudor.

CAPITULO V

CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO

Artículo 232. (Vigencia del acuerdo).- El acuerdo producirá sus efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza la resolución judicial que lo hubiere aprobado o, en el caso del acuerdo puramente privado, desde el día siguiente a la última publicación.

Artículo 233. (Cumplimiento total del acuerdo).- Una vez cumplidas íntegramente por el deudor las obligaciones emergentes del acuerdo, el deudor solicitará al Juez que así lo declare, acompañando los documentos que lo acrediten. En caso de existir un concurso en trámite, solicitará además la conclusión del concurso de acreedores.

Artículo 234. (Incumplimiento del acuerdo).- En caso de incumplimiento del acuerdo privado de reorganización, cualquier acreedor podrá solicitar al Juez que declare el concurso.

A petición del solicitante, el Juez del concurso podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad de la masa activa.

Las medidas cautelares quedarán sin efecto una vez declarado el incumplimiento o desestimada la solicitud.

Artículo 235. (Declaración judicial de incumplimiento del acuerdo).- Si el Juez considera acreditado el incum-plimiento del acuerdo, dictará sentencia declarando incumplido el mismo y disponiendo la declaración de concurso.

La declaración de incumplimiento del acuerdo determinará que el deudor pierda la facultad de proponer un convenio en el trámite del concurso, debiendo procederse a la liquidación de la masa activa.

Se suspenderá además la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso.

TITULO XII

PEQUEÑOS CONCURSOS Y ABANDONO DE LA EMPRESA

Artículo 236. (Concepto).- Se consideran pequeños concursos aquéllos correspondientes a los deudores que, a la fecha de declaración judicial de concurso, tengan un pasivo no superior a 3:000.000 UI (tres millones de unidades indexadas).

Artículo 237. (Régimen aplicable).- Los pequeños concursos se regirán por las disposiciones comprendidas en la presente ley, con las siguientes excepciones:

1) La Junta de Acreedores será convocada con un plazo máximo de noventa días, dentro del cual el síndico o el interventor deberá realizar la verificación de créditos.

2) Los acreedores serán convocados exclusivamente a través de la publicación de la sentencia que declare el concurso.

3) Los acreedores deberán presentarse a verificar sus créditos en un plazo de quince días a partir de la última publicación de la sentencia.

4) El síndico o el interventor deberá presentar el inventario de la masa activa y la lista de acreedores dentro de los diez días siguientes.

5) El plazo para la impugnación del inventario y de la lista de acreedores será de cinco días.

6) El deudor podrá presentar una propuesta de convenio hasta cinco días antes de la fecha fijada para la Junta de Acreedores.

Artículo 238. (Abandono de la empresa).- Cuando existan exclusivamente acreedores laborales y el deudor no se hubiera presentado a promover su propio concurso, se podrá aplicar a solicitud de los acreedores la disposición del numeral 2) del artículo 174, asignando a la cooperativa de trabajadores u otra modalidad empresarial que éstos determinen, en forma provisional, el uso precario de la empresa.

En este caso, el Juez dará ingreso a la solicitud, que deberá contener los elementos necesarios para la admisión de acuerdo con el artículo 7°. Se harán las publicaciones con el llamado a acreedores y se notificará personalmente al deudor. En caso de no presentarse otros acreedores que los laborales u oposición del deudor, la cesión precaria se transformará en definitiva.

Tanto la cesión precaria como la definitiva podrán otorgarse en caso de existir otro u otros acreedores que consientan expresamente esta adjudicación.

La cesión definitiva podrá darse siempre que la cooperativa o la sociedad comercial esté integrada de la forma establecida en el literal b) del artículo 172.

TITULO XIII

REGIMEN INTERNACIONAL DEL CONCURSO

CAPITULO I

COMPETENCIA Y LEY APLICABLE AL CONCURSO CON ELEMENTO EXTRANJERO

Artículo 239. (Competencia internacional para la declaración del concurso).- Los Jueces uruguayos serán competentes para declarar el concurso cuando:

1) El domicilio o el centro efectivo de actividad del deudor se encuentre en territorio nacional.

2) El deudor tenga o haya tenido oficina, establecimiento o explotación en territorio nacional, aun cuando su domicilio o centro efectivo de actividad se encuentre en el exterior.

Artículo 240. (Bienes y derechos comprendidos).- El concurso del deudor comprenderá la totalidad de los bienes y derechos que formen el patrimonio del deudor, se encuentren éstos ubicados en el país o en el exterior.

Se encuentra exceptuado el caso en el cual el deudor hubiera sido igualmente declarado en concurso, quiebra o similar en otro Estado, donde tuviera su domicilio, centro efectivo de su actividad, oficina, establecimiento o explotación. En este caso, con relación a los bienes y derechos ubicados en el Estado extranjero donde el concurso, quiebra o similar se hubiera declarado, el concurso local incluirá en su masa activa el remanente de los bienes o derechos resultantes, luego de concluido el procedimiento.

Artículo 241. (Ley aplicable al concurso).- La ley uruguaya será la aplicable a todos los concursos declarados en la República, con excepción de las normas relativas a los efectos de la declaración del concurso sobre los contratos celebrados por el deudor que se regirán por la ley aplicable al contrato.

Artículo 242. (Principio del trato nacional).- No existirá ninguna diferencia en el tratamiento de los acreedores nacionales y extranjeros, salvo los créditos laborales con privilegio general, que tendrán preferencia para cobrarse sobre los bienes ubicados en el territorio nacional.

Cuando se acredite que en el Estado del domicilio del deudor los acreedores uruguayos no son admitidos en igualdad de condiciones con los nacionales, se estará al principio de reciprocidad. No se aplicará el principio de reciprocidad en el caso de los créditos prendarios e hipotecarios.

CAPITULO II

EFICACIA EN EL PAIS DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES EXTRANJERAS EN MATERIA DE CONCURSOS

Artículo 243. (Requisitos para el reconocimiento de la sentencia extranjera).- La sentencia de Juez extranjero declarando el concurso o quiebra de un deudor será reconocida en nuestro país, siempre que:

1) Haya sido dictada por Juez competente.

2) La declaración judicial haya quedado firme.

3) El deudor haya tenido oportunidad de defensa.

4) No sea contraria al orden público internacional.

5) Se cumplan los demás requerimientos contenidos en los artículos 537 a 543 del Código General del Proceso.

Artículo 244. (Medidas cautelares en caso de solicitud de reconocimiento).- Al admitir el trámite de solicitud de reconocimiento, el Juez podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para asegurar la integridad del patrimonio que el deudor tuviera en territorio uruguayo.

Artículo 245. (Declaración de concurso en el país).- En el caso de declaración por Juez extranjero de concurso o quiebra de un deudor que tenga o haya tenido su domicilio, centro efectivo de actividad, oficina, establecimiento o explotación en la República, cualquiera de los sujetos legitimados podrá solicitar la apertura del concurso en el país.

En este caso, existirá presunción absoluta de la insolvencia del deudor y el concurso tendrá la calidad de necesario.

Artículo 246. (Pluralidad de concursos).- En caso de existir más de un procedimiento de concurso o quiebra del mismo deudor, en nuestro país y en uno o más países del exterior, el Juez del concurso y el síndico o el interventor procurarán actuar en forma coordinada con sus similares del exterior, aplicándose a su respecto las normas que rigen la cooperación internacional.

Los créditos, con excepción de aquellos con privilegio especial, cobrados en el extranjero con posterioridad a la declaración del concurso en el país se imputarán al dividendo a ser percibido en el concurso local.

CAPITULO III

CONVENIOS INTERNACIONALES

Artículo 247. (Prevalencia de los convenios internacionales).- Las disposiciones contenidas en este Título serán de aplicación en defecto y en cuanto no se opongan a las de los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.

TITULO XIV

DISPOSICIONES PENALES

Artículo 248. (Fraudes concursales).- El deudor que, fuera de lo establecido en el artículo 253 del Código Penal y en oportunidad de la solicitud del concurso o en cualquier etapa posterior, exagere u oculte su activo o su pasivo, reconozca o aparente privilegios inexistentes o constituidos ilícitamente, sustraiga o esconda los libros sociales, acuerde u otorgue a sus acreedores con cargo a la mesa activa ventajas particulares en razón de su voto, será castigado con un año de prisión a cinco años de penitenciaría.

En el caso de las personas jurídicas, incurrirán en este delito los socios, directores, administradores, de hecho o de derecho, que hayan aprobado la realización o hayan realizado los actos constitutivos del delito.

Artículo 249. (Obligación de denunciar).- El Juez del concurso, los síndicos, los interventores, los auxiliares, los técnicos o los peritos en el ejercicio de sus funciones, que tuvieran conocimiento de hechos o circunstancias que en su opinión configuren alguno de los delitos previstos en el artículo 248 o de cualquier otra figura delictiva, tendrán la obligación de denunciarlo a la justicia penal competente.

TITULO XV

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 250. (Incidente concursal).- En todos los casos en que la ley no disponga un procedimiento especial o establezca plazos o soluciones procesales especiales, las oposiciones, impugnaciones y demás controversias que se susciten durante el trámite del concurso serán sustanciadas ante el propio Juez del concurso por el procedimiento de los incidentes establecido en el Código General del Proceso, con las siguientes peculiaridades:

1) Se aplicarán en todos los casos las normas para los incidentes fuera de audiencia.

2) Todos los actos procesales serán notificados en la oficina.

3) El Juez deberá fijar los plazos para las actuaciones procesales, de modo que los mismos no determinen una demora respecto de los restantes plazos establecidos por la ley para las etapas del concurso.

Artículo 251. (Publicidad de los procedimientos).- Todos los procedimientos referidos en la presente ley serán públicos, salvo resolución fundada del Tribunal. Se promoverá la difusión de las resultancias de los procesos concursales a los efectos de informar a todas las personas directa o indirectamente interesadas en los mismos.

Artículo 252. (Régimen de recursos).- Todas las resoluciones judiciales recaídas en el procedimiento concursal y en cualquiera de sus incidentes serán recurribles con reposición, la que deberá ser interpuesta dentro del plazo de seis días de notificada.

Admitirán además recurso de apelación las resoluciones judiciales que se establecen a continuación:

1) Con efecto no suspensivo: la sentencia que declare el concurso (artículo 19), la referente a la recusación del síndico o del interventor (artículo 31), la pronunciada en caso de impugnación del inventario (artículo 78), la recaída sobre la impugnación de la lista de acreedores (artículo 105), la recaída sobre la oposición a la designación de la Comisión de Acreedores (artículo 132), la que declare el incumplimiento del convenio (artículo 167), la que disponga la liquidación de la masa activa (artículo 169), y la que declare el incumplimiento del acuerdo privado de reorganización (artículo 234).

2) Con efecto suspensivo: la sentencia que recaiga en caso de observaciones a las cuentas rendidas por el síndico o el interventor (inciso tercero del artículo 40), la que acoja total o parcialmente la acción revocatoria (artículo 87), la que se pronuncia sobre las oposiciones a la aprobación del convenio (artículo 155), la que resuelva las oposiciones a la calificación del concurso (artículo 200), la que resuelva las oposiciones o impugnaciones a la suspensión del concurso (artículo 208), la que resuelva las oposiciones a la conclusión del concurso por cumplimiento del convenio o íntegra satisfacción de los acreedores (artículo 211) y la que resuelva las oposiciones al acuerdo privado de reorganización (artículo 228).

Ninguna resolución judicial recaída en el procedimiento judicial o en alguno de sus incidentes admitirá casación, con excepción de la sentencia que hubiera calificado el concurso como culpable (artículo 201).

Artículo 253. (Derecho procesal supletorio).- En lo no previsto por la presente ley para la tramitación procesal del concurso de acreedores se estará a lo establecido por el Código General del Proceso.

Todos los plazos establecidos en la presente ley serán perentorios e improrrogables.

Artículo 254. (Disposiciones tributarias).- En los procedimientos concursales se aplicarán las siguientes disposiciones tributarias:

1) Desde la fecha del auto judicial de declaración de concurso, todos los créditos concursales serán considerados incobrales a efectos de los tributos recaudados por la Dirección General Impositiva. Los ingresos derivados de la cobranza de los referidos créditos concursales estarán gravados, cuando corresponda, por los respectivos tributos a medida que se produzcan los respectivos cobros.

2) El deudor tendrá la facultad de diferir hasta en cinco ejercicios la renta bruta generada por las quitas que obtuviera en el concurso.

3) Estará exonerada de todo tributo, con exclusión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Específico Interno, cuando corresponda, la venta privada o en subasta pública y la cesión de bienes a los acreedores realizadas durante el proceso de liquidación de la masa activa del concurso.

4) No serán aplicables a los síndicos o interventores las normas sobre responsabilidad de los administradores representantes por obligaciones tributarias, salvo que hubieran actuado con dolo.

TITULO XVI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES

Artículo 255. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia a los ciento ochenta días de su promulgación y será aplicable a los concursos promovidos a partir de dicha fecha.

En el caso de rechazos, anulaciones o rescisiones de concordatos preventivos o moratorios promovidos antes de su vigencia, el Juez dispondrá, de oficio, el concurso del deudor, aplicándose el procedimiento concursal previsto en la presente ley, con la sola excepción de que el concurso se considerará necesario y no será admisible la aprobación de un convenio por la Junta de Acreedores.

Artículo 256. (Derogaciones).- A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedarán derogadas las siguientes disposiciones: el Libro IV, del Concordato Preventivo y de las Quiebras, artículos 1523 a 1781, inclusive, el Título XIX, de las Moratorias, artículos 1764 a 1785, inclusive, antigua numeración, y el numeral 2) del artículo 29, el primer inciso del artículo 69, los artículos 113 y 131, el inciso cuarto del artículo 246, el numeral 2) del artículo 384, el inciso primero del artículo 385 y el artículo 670 del Código de Comercio; los Títulos XVII, XVIII y XIX de la Parte II del Libro IV, artículos 2359 a 2389, inclusive (excepto el primer inciso del artículo 2372), y el numeral 6) del artículo 2086 del Código civil; los artículos 13 a 41 y 45 a 75, inclusive, de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893; la Ley N° 5.548, de 29 de diciembre de 1916; la Ley N° 7.334, de 23 de diciembre de 1920; la Ley N° 7.566, de 12 de abril de 1923; la Ley N° 8.045, de 11 de noviembre de 1926; el artículo 11 del Decreto-Ley N° 14.188, de 5 de abril de 1974; el numeral 3) del artículo 24 del Decreto-Ley N° 14.827, de 20 de setiembre de 1978; el Decreto-Ley N° 15.119, de 8 de abril de 1981; el artículo 56 del Decreto-Ley N° 15.645, de 17 de octubre de 1984; los artículos 31 y 32 del Decreto-Ley N° 15.646, de 11 de octubre de 1984; los artículos 213 y 214 de la Ley N° 15.851, de 24 de diciembre de 1986; los artículos 114 y 396 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989; el inciso segundo del artículo 57 de la Ley N° 16.074, de 10 de octubre de 1989; el artículo 264 de la Ley N° 16.462, de 11 de enero de 1994; el inciso segundo del artículo 12 y los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 y 29 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, y toda otra disposición que se oponga a lo dispuesto por la presente ley.

Artículo 257.- Mientras no exista un Tribunal de Apelaciones con competencia en materia concursal, la Suprema Corte de Justicia distribuirá la competencia entre los Tribunales de Apelaciones en lo Civil de forma tal que a uno de ellos acudan, en segunda instancia, todos los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia en materia concursal, liberándolos de doble número de expedientes provenientes de otras materias.

Artículo 258. (Secretarios Contadores).- Créanse dos cargos de Secretarios Contadores (uno para cada Juzgado Letrado de Concursos) los cuales deberán tener título de contador público. A los efectos, habilítase una partida anual de 549.000 UI (quinientas cuarenta y nueve mil unidades indexadas).

Artículo 259. (Arancel de honorarios).- En un plazo máximo de ciento ochenta días a partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo deberá aprobar una reglamentación estableciendo el arancel de honorarios aplicable a los síndicos, inteventores, auxiliares, expertos en valoración y rematadores que actúen en los procedimientos concursales.

Artículo 260. (Unidad de Evaluación de Síndicos).- Créase la Unidad de Evaluación de Síndicos, dependiente de la Suprema Corte de Justicia, integrada por cinco miembros: dos Jueces titulares de los Juzgados de Concursos, uno designado por el Colegio de Abogados del Uruguay, uno por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, y uno nombrado por la Suprema Corte de Justicia. Tendrá por cometido dictaminar respecto de la actuación de los síndicos y de los interventores en los procesos concursales en que hubieran participado, a los efectos de lo establecido en el artículo 27 de la presente ley, en las condiciones que establezca la Suprema Corte de Justicia en ejercicio de su poder de reglamentación.

Artículo 261.- Sustitúyese el numeral 5) del artículo 159 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, por el siguiente:

"5) Por la decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso".

Artículo 262. (Privilegios marítimos y aeronáuticos).- Declárase que los privilegios previstos por los artículos 1037, 1038 y 1193 del Código de Comercio y por los artículos 52 a 57 inclusive del Código Aeronáutico no resultan de aplicación en caso de concurso.

Artículo 263. (Capacidad del deudor concursado).- Declárase que la norma contenida en el inciso primero del artículo 1280 del Código Civil no resulta de aplicación al deudor concursado.

Artículo 264. (Armonización con el régimen anterior).- Las referencias a la quiebra y/o liquidación judicial, contenidas en los artículos 135 y 509 de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, y en el artículo 104 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, deben entenderse realizadas a los casos de decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso.

Las referencias a concurso, quiebra y/o concordato contenidas en los artículos 90 y 108 del Decreto-Ley N° 14.701, de 12 de setiembre de 1977, y en el numeral 6) del artículo 36 del Decreto-Ley N° 14.412, de 8 de agosto de 1975, deben entenderse realizadas a los casos de con-curso.

Todas las demás disposiciones legales contenidas en leyes anteriores, cuando se refieran a situaciones de quiebra y/o de liquidación judicial deben entenderse realizadas a la decisión judicial de liquidación de la masa activa del concurso. Cuando se refieran a situaciones de concurso, concordatos o moratorias deben entenderse realizadas a los casos de concurso.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1° de julio de 2008.

Uberfil Hernández 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se dictan normas sobre la declaración judicial del concurso y la reorganización empresarial.

Los fenómenos de crisis económica son una consecuencia inevitable y natural de la economía de mercado. Los mercados se caracterizan, entre otros elementos, por un natural proceso en el cual nuevas empresas entran en ellos y otras lo abandonan. La propia actividad económica implica que nacen oportunidades en algunos sectores y lentamente desaparecen oportunidades en otros. Además, las empresas operan generalmente en situaciones de relativa incertidumbre respecto a su entorno y a la factibilidad de mediano plazo de las decisiones económicas que toman. Asimismo, los resultados económicos y financieros no siempre están acompasados y sus desajustes pueden traducirse en dificultades para que las empresas cumplan con normalidad con el pago de sus obligaciones. En última instancia, la propia actividad empresarial implica asumir riesgos respecto al resultado de la misma. Por todo ello, las dificultades económicas y financieras de las empresas no pueden disociarse de su actividad, y no deben asociarse a comportamientos patológicos, sino que pueden ser entendidas como un resultado natural de la propia actividad económica.

Las empresas para operar requieren financiamiento que no necesariamente debe ser otorgado por entidades financieras. Muchas veces son los propios proveedores de las empresas los que dan crédito a la misma, a través del llamado crédito comercial. Este crédito nace basándose en determinados códigos informales de conducta empresarial y, en caso de que fallen, en instrumentos formales que protejan los derechos de las partes y encaucen un entendimiento. Sin embargo, la forma en la que estos procedimientos estén diseñados afecta no solo el resultado de las instancias formales, sino el propio proceso de inversión en el cual los agentes buscan garantías que aseguren su inversión o, directamente, retiran o niegan el financiamiento a las empresas.

La incertidumbre propia de la actividad empresarial requiere por tanto, las reglas y normas claras que permitan, en la medida de lo posible, una previsibilidad que incentive los procesos genuinos de inversión. Parte de esas reglas definen y estructuran la forma en la que, en caso de enfrentar dificultades económicas, las empresas disponen de un proceso que mitigue sus efectos, acelerando la salida de aquellas empresas no viables económicamente y reestructurando aquellos que sí lo son. Por ello, contar con adecuados procedimientos concursales constituye uno de los ingredientes de suma importancia para el desarrollo de una economía sólida, eficiente y productiva.

Sin embargo, los procedimientos judiciales no pueden sustituir la posibilidad de que deudor y acreedor negocien una solución de viabilidad al emprendimiento. Así en la mayoría de los casos, las dificultades financieras se resuelven con acuerdos entre el deudor y alguno de sus acreedores, evitando con ello una instancia judicial que siempre es costosa para las partes. Esta instancia se vuelve indispensable cuando el proceso de negociación entre deudor y múltiples acreedores adquiere una complejidad importante, o está en juego la propia continuidad de la unidad productiva.

La ley concursal no puede impedir las crisis pero sí procurar que las mismas tengan el menor costo para la economía, asegurando la mejor satisfacción de los acreedores (a través de la preservación del valor de los activos del deudor y su rápida reasignación) y defendiendo a los demás agentes económicos de una posible competencia desleal.

Una ley concursal debe proponer mecanismos oportunos, rápidos y eficientes. El objetivo del presente proyecto de "Legislación Concursal y Reorganización Empresarial" es dotar a las empresas en dificultades financieras de un instrumento que permita la supervivencia de las unidades productivas económicamente viables, así como la eficiente y equitativa liquidación de las que no lo sean, protegiendo de esta forma la inversión, el empleo de los trabajadores y las relaciones comerciales sanas y leales.

Para su diseño, se instrumentó una mecánica de trabajo que implicó distintas instancias de consulta con todos los actores involucrados, tanto a través de dos talleres de amplia participación, así como en reuniones particulares en donde se expuso el alcance de la legislación prevista. En ese marco, se recibieron comentarios y se mantuvieron reuniones con representantes de diversas organizaciones: la Suprema Corte de Justicia, los titulares de los Juzgados de Concursos, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Educación y Cultura, el Banco de Previsión Social, el Banco de la República Oriental del Uruguay, la Dirección General Impositiva, las Facultades de Derecho de la Universidad de la República (Institutos de Derecho Comercial y de Derecho del Trabajo) y de la Universidad Católica, el PIT-CNT, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Liga de Defensa Comercial, la Asociación de Bancos Privados, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, Administradores y Economistas, la Asociación de Peritos, profesionales independientes y Legisladores.

Estas instancias de intercambio permitieron introducir distintos cambios al proyecto presentado en el segundo taller concursal, que convocara a unos 120 asistentes, y que se tradujera en la incorporación de modificaciones en un 20% del articulado original.

Debe señalarse que se contó con la desinteresada colaboración de los doctores Ricardo Olivera García, Israel Creimer y Siegbert Rippe en el diseño y redacción del articulado.

El diseño de un procedimiento de esta naturaleza representa un desafío importante, en la medida en que se requiere un delicado balance entre los intereses de las diversas partes involucradas. No debe olvidarse que el procedimiento concursal solo tiene sentido cuando la empresa enfrenta dificultades para el pago a sus acreedores y, por ello, es impensable que las partes atraviesen un procedimiento de estas características sin tener que realizar algún sacrificio o concesión.

Mención aparte debe realizarse respecto de la situación de los trabajadores en situaciones de dificultades financieras de las empresas. El proyecto prevé una serie de elementos que intenta, en la medida de lo posible, mitigar los efectos que la problemática concursal implica sobre los puestos de trabajo. En ese sentido, se han implementado instrumentos que buscan proteger al trabajador, entre los que se incluye la posibilidad de realizar un pago anticipado de las deudas laborales, la liberación de la obligación de constitución de contracautela, la posibilidad de que se constituya una cooperativa o sociedad comercial de trabajadores que es depositaria de los bienes y la participación de los trabajadores en la licitación de la empresa en funcionamiento para su eventual gestión. Asimismo se establece que los intereses que eventualmente generen los créditos laborales se continuarán devengando aun con posterioridad a la declaración de concurso (artículo 64). Todos estos elementos están también delicadamente balanceados con la viabilidad de la unidad productiva, que es la única que, en última instancia, permitirá la continuidad de las fuentes laborales.

Panorama del Régimen Vigente

El régimen vigente en materia concursal en Uruguay consagra un sistema ineficiente y perverso, basado en arcaicas concepciones hace tiempo superadas, el cual dista mucho de cumplir con los objetivos antes mencionados. Los procedimientos de ejecución concursal (quiebra, liquidación judicial) han demostrado ser depredadores del magro patrimonio del deudor en crisis, lo cual provoca el natural desinterés de los acreedores tanto por provocar como por seguir estos procedimientos.

Tampoco el deudor se ve estimulado a transitar el camino de los procedimientos concursales, los cuales provocarán la clausura de su negocio, lo inhabilitarán para el ejercicio de su profesión y lo condenarán a verse privado de por vida de un patrimonio propio, sin perjuicio de los efectos sobre su libertad personal.

Finalmente, la economía ve desaparecer una unidad empresarial y productiva, muchas veces viable, la cual sufre el lento proceso de su desmantelamiento, con la pérdida de puestos de trabajo y el perjuicio de cuantos dependían económicamente de la misma.

La inoperancia de los procedimientos de ejecución concursal castiga igualmente la figura de los procesos preventivos (fundamentalmente, el concordato). El riesgo casi inexistente de que un acreedor solicite su quiebra determina que los deudores no tengan incentivo para acudir temporáneamente a procedimientos solutorios de la situación. El tempor por la pérdida de crédito que el concordato provoca determina que el deudor extienda su situación de dificultad hasta el momento en que muy poco queda por hacer.

La situación límite en que se encuentran los deudores concordatarios y la escasa posibilidad que perciben los acreedores de la satisfacción de sus créditos determina que estos se vean dispuestos a consentir propuestas ruines o de cumplimiento imposible, y que prosperen maniobras fraudulentas, como el ocultamiento y simulación de activos y pasivos o la compra de adhesiones y de créditos, que generalmente resultan impunes.

Se provoca además la presencia en la plaza de deudores que progresivamente languidecen, compitiendo deslealmente con los restantes operadores enfrentados al cumplimiento regular de sus obligaciones, lo cual determina muchas veces que la crisis no resuelta de una empresa se traslade a otras empresas del sector.

Este panorama se traduce en una retracción del crédito, en un mayor costo del mismo y en una excesiva apelación a las garantías reales, con los costos de transacción y la inmovilización que la misma provoca. Esta situación transforma la reforma del régimen concursal de una cuestión técnico-jurídica en un imperativo social y económico ineludible para dotar al mercado de soluciones adecuadas a los problemas de crisis.

En Uruguay el régimen concursal ha permanecido sustancialmente incambiado desde finales del siglo XIX. A lo largo del siglo XX, se ensayaron diversas iniciativas legislativas en la materia, en el entendido de que el sistema no daba respuesta ni al deudor ni a los acreedores, los cuales, a excepción de una modificación en el año 1926, han fracasado. Recientemente, en el año 2001 se introdujeron algunas modificaciones y se crearon dos juzgados especializados en la materia. Sin embargo, la verdadera superación de los problemas que enfrenta el tratamiento de las crisis empresariales exige una revisión total del régimen. El principal problema que enfrentan los concordatos preventivos no consiste en el mal funcionamiento de su procedimiento, sino del mal funcionamiento del sistema en su conjunto. Sin una revisión integral de los procedimientos de ejecución concursal resulta imposible superar la total y absoluta ineficiencia de los procedimientos concursales en nuestro Derecho.

Es por esa razón que se propone la aprobación de una ley general de concursos, que sustituya todos los procedimientos concursales vigentes: quiebra, liquidación judicial, concurso civil, concordatos preventivos y resultorios, y moratorias.

Pilares orientadores de la reforma.

Las reformas propuestas se apoyan en nueve pilares fundamentales:

1. SIMPLIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS

La legislación actual cuenta con distintos procedimientos para las distintas figuras jurídicas, así como una partición del procedimiento que no se justifica ni en términos de la actividad de las distintas empresas, ni de forma de obtener un panorama global de la empresa para estudiar así su viabilidad. Siguiendo las tendencias legislativas modernas, se prevé un único procedimiento concursal, el cual subsume los anteriores procedimientos preventivos y de ejecución, brindando diferentes alternativas de refinanciación, reorganización o ejecución colectiva, según la situación patrimonial del deudor y las mejores formas de obtener un eficiente repago de sus obligaciones.

Debe señalarse que el proyecto establece un procedimiento para empresas, quedando vigente el Código General del Proceso para aquellos deudores personas físicas por deudos de consumo. Ello, en el entendido de que las soluciones que refieren a la conservación o liquidación de unidades productivas no son directamente aplicables al endeudamiento por actos referidos a su actividad como consumidores. En efecto, la propia existencia del procedimiento concursal para las empresas radica en que las unidades productivas tienen, en general, un valor mayor en funcionamiento que en partes.

Es por ello que el procedimiento concursal se traduce en una etapa que permite una solución a la unidad productiva, y en última instancia conservar un valor social.

El proyecto simplifica la multiplicidad de procedimientos actuales y prevé un procedimiento único para todas las empresas (artículos 1° y 2°), detallado y previsible, con plazos perentorios como una solución general.

Ello no obsta de reconocer las particularidades asociadas a la realidad de las pequeñas empresas, que cuentan con una regulación especial que se traduce en un procedimiento abreviado para pequeños concursos (Título XII).

Este procedimiento coexiste con la adhesión a convenios y la celebración de acuerdos privados entre el deudor y sus acreedores, en los cuales se busquen soluciones negociadas a los problemas de dificultad económica, rescatando la tradición del concordato extrajudicial o privado.

2. INSTRUMENTAR UN PROCEDIMIENTO UNICO

Las soluciones a las dificultades tanto financieras como económicas, solo pueden estudiarse en un procedimiento único que evalúe la viabiidad de la empresa tomando en cuenta todas las opciones posibles para la misma. A este procedimiento único se le dio el nombre de "concurso", más genérico que el de quiebra o concordato y con menores connotaciones peyorativas. En ese sentido, el proyecto prevé que las empresas entren en un solo proceso con tres etapas: concurso (artículos 1° y 2°), venta en bloque (artículos 171 a 173) y liquidación en partes (artículo 174). Con la consagración de un único procedimiento, se pretende evitar los problemas que actualmente plantea la concatenación de quiebras y concordatos, así como un mayor equilibrio del poder negociador del deudor concordatario y de los acreedores.

A través de un único procedimiento, con o sin desapoderamiento, con suspensión o simple limitación de la capacidad del deudor, el deudor tendrá una instancia para negociar con el conjunto de sus acreedores una solución adecuada según la problemática particular que enfrente. Sin embargo, esta negociación no puede disociarse de las etapas siguientes del procedimiento, en las cuales el deudor abandona la unidad productiva y se busca una solución para la empresa con un nuevo inversor o múltiples inversores (en caso de que la empresa sea vendida en partes, cada una en funcionamiento).

El proyecto incorpora la posibilidad de que la unidad productiva sea vendida como un todo. El actual procedimiento de quiebra no prevé esta situación ya que cuando esta es declarada, la empresa finaliza su actividad y sus bienes son rematados en partes. En el proyecto, cuando la instancia de negociación entre acreedores y deudores fracasa y se pasa a la liquidación como un todo, la unidad productiva continúa en funcionamiento pasándose a buscar un inversor que tome a su cargo la unidad productiva y, con su venta, liquidar las deudas del anterior deudor.

Respecto del proceso de negociación, los Títulos VI y VII, establecen los órganos representativos de los acreedores (Junta y Comisión de Acreedores) tanto en funciones de apoyo (Comisión) como decisorias (Junta). Por su parte, el Título VII regula las propuestas de convenio y la forma en la que se consideran las mismas.

3. FACILITAR EL ACCESO DE PROCEDIMIENTO

El proyecto de ley pretende que el concurso abarque la mayor cantidad posible de las situaciones reales de insolvencia. Para esto, se propone estimular el acceso al concurso de deudores y acreedores.

En lo que refiere al deudor, dicho estímulo consiste en la calificación como voluntario del concurso por él promovido, permiténdole mantener su actividad económica bajo el control de un interventor y tener derecho a la percepción de alimentos. Además, en caso de lograrse la satisfacción de los acreedores en los términos de la ley, se lo calificará preceptivamente como fortuito.

En lo que refiere al acreedor instante del concurso, el estímulo consiste en el otorgamiento a su crédito de un privilegio parcial. Se abre la posibilidad para que aquellos que tengan información sobre las probables dificultades de las empresas la presenten e inicien el concurso (artículo 6°). En la actualidad, algunos acreedores pueden pedir la quiebra, que implica el cierre de la empresa y la venta en parte de sus bienes, mientras que el concordato solo puede ser solicitado por el deudor.

Con ello se facilita el acceso temporáneo al procedimiento legitimando el inicio de las acciones a todos aquellos agentes involucrados en la actividad financiera de la empresa. A su vez, se establecen garantías para las partes a fin de evitar los usos espurios del instrumento. Con ello se busca mantener un delicado balance entre los intereses de deudores (evitar abusos) y acreedores (un efectivo cobro de sus créditos).

El proyecto incorpora también una serie de alertas tempranas basadas en elementos objetivos para iniciar los procedimientos (artículos 4° y 5°). Estas establecen una serie de criterios que señalan una posible, o segura, situación de insolvencia empresarial, y son una referencia para las partes y para el Juez a la hora de aplicación de la legislación.

Todos estos elementos flexibilizan, facilitan y agilitan el inicio de los procedimientos concursales, procedimientos en los cuales la detección pronta de una situación de dificultad es clave para una solución que evite la destrucción de valor.

4. DAR UN MARCO FLEXIBLE PARA QUE LAS PARTES ACUERDEN

A diferencia de la legislación actual, el proyecto incorpora la posibilidad de que el deudor presente propuestas múltiples (artículo 138). El deudor conoce de primera mano su situación y las posibles vías de solución, y los acreedores pueden ponderar en forma diferente las opciones propuestas y permitir adoptar aquella que obtenga el mayor número de adhesiones.

Otro elemento importante a la hora de buscar soluciones a dificultades empresariales es que las propuestas sean flexibles (artículo 139). Las situaciones de dificultad requieren de soluciones acordes a la problemática, a la realidad de la empresa, de los acreedores y del mercado donde operan. Por ello, la solución nunca puede ser única y general para todas las empresas.

El proyecto amplía las opciones disponibles para las partes en el entendido de que son solo ellas las que pueden encontrar el camino para resolver sus dificultades. Las soluciones pueden ser quitas, esperas, capitalizaciones, constitución de fideicomisos, transformación de deuda en acciones, venta de activos para el pago, etcétera.

Por último, el proyecto prevé el Acuerdo Privado de Reorganización (Título XI) a través del cual el deudor puede arribar a acuerdos con sus acreedores sin necesidad de acudir a la instancia judicial.

5. MEJORAR LOS PROCESOS DE DECISION

El éxito o fracaso de las negociaciones depende también de la forma en la que se estructuren los procesos de decisión. En ese sentido, la legislación actual incluye una detallada clasificación de los acreedores, principalmente de los acreedores quirografarios, que no obedecen a ninguna racionalidad asociada a la problemática empresarial. El proyecto prevé la simplificación de las categorías de acreedores (artículos 108 y 111). Los créditos con privilegio especial (prenda o hipoteca) y con privilegio general (créditos laborales) con un tope por monto y aportes personales al Banco de Previsión Social; créditos por tributos nacionales y municipales; el 50% del crédito quirografario que promovió la declaración de concurso; créditos quirografarios; y créditos subordinados (multas y sanciones pecuniarias, créditos de personas especialmente relacionados con el deudor) los cuales resultan postergados en su cobro a los acreedores quirografarios, en oportunidad de liquidación de la masa activa.

Al igual que en la legislación actual, el procedimiento concursal está previsto para los acreedores quirografarios, que no admiten otra diferencia que la establecida anteriormente.

Asimismo, se instrumentó una importante simplificación de las votaciones (artículos 144 a 146). El sistema de doble mayoría actual para viabilizar la salida de la situación de dificultad financiera, ha sido completamente desvirtuado y es común observar comportamientos tanto del deudor como de algunos acreedores para manipular las mayorías requeridas. Se prevé un mecanismo de mayoría simple del total del crédito como régimen general, una mayoría especial de dos tercios cuando la solución implique un importante sacrificio a los acreedores, y una mayoría simple que represente el 25% del crédito quirografario cuando la solución no implique desventajas importantes a los acreedores. Con ello se pretende establecer un mecanismo ágil que preserve las garantías de las partes, pero que sirva para encontrar una rápida solución.

Asimismo, se prevé que los acreedores con garantías reales sean incluidos en el plan de financiamiento que presente el deudor (artículo 138).

Si bien los acreedores con garantías reales no participan del procedimiento, sus decisiones pueden hacer fracasar todos los intentos de conciliación entre el deudor y acreedores quirografarios. Estos tienen que conocer qué acciones pretenden seguir los acreedores privilegiados e incorporarlas a la hora de discutir las opciones disponibles.

Debe señalarse que el proyecto prevé la suspensión transitoria en la ejecución de los créditos con privilegio especial, de modo de permitir la búsqueda de soluciones para la situación global del deudor.

Si el mecanismo previsto para deudor y acreedores falla, se pasa a la licitación de la empresa en bloque. En esta etapa, el Juez establece condiciones mínimas objetivas que deben cumplir los potenciales adquirentes de la empresa y elige la oferta de mayor precio. Se buscó simplificar las posibles opciones para determinar el marco de puja entre oferentes y se redujo al mínimo la actuación del Juez en la decisión final.

6. REDUCIR LOS COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS

El costo de los procedimientos puede medirse tanto en tiempo como en dinero, y su excesiva duración conspira con la conservación del valor de la empresa. Por ello, se establecen plazos breves y perentorios en el procedimiento, de forma de acelerarlo lo más posible. Asimismo, se reduce al mínimo la suspensión del procedimiento por las apelaciones de las partes (artículo 251), buscando balancear sus derechos y evitar el uso espurio del mecanismo para dilatarlo innecesariamente.

La especialización de la judicatura (artículo 12) es un requisito fundamental dada la especificidad de la problemática. El proyecto prevé mantener la competencia de los juzgados civiles del interior para aquellos concursos inferiores a 35 millones de unidades indexadas. Asimismo se establecen los cargos de actuarios contadores auxiliares del Juez de concursos. Con ello se busca, en el marco de la realidad del Poder Judicial, implementar una incipiente especialización y reforzar la misma en Montevideo, donde se tramitarán los concursos más exigibles. A su vez, se busca reducir el costo del procedimiento para los acreedores, los que pueden ser representados tanto por otros acreedores como por el Síndico o Interventor (artículos 119 y 120). Con ello se busca minimizar el costo que tiene la comparecencia en la Junta de Acreedores para algunos de ellos, sin entorpecer la resolución de la situación.

Por último, se introducen incentivos a los Síndicos e Interventores al adecuar sus honorarios a los resultados del procedimiento. También se prevé que el Poder Ejecutivo reglamente la forma específica en la que se remunerará a estos auxiliares de la Justicia, de forma de incentivar una actuación que beneficie a la unidad productiva, y en última instancia, a las partes.

7. FORTALECIMIENTO DE LA JUDICATURA Y ESPECIALIZACION

La complejidad de la temática y los cambios sustantivos que introduce al proyecto de ley, requieren trabajar en el fortalecimiento de los órganos de aplicación. Un paso en esa línea fue la creación de los juzgados concúrsales especializados ocurrida en 2001.

El proyecto prevé concentrar en Montevideo los concursos de mayor importancia, en los juzgados concursales. Si bien no es factible la creación de juzgados especializados departamentales, se requiere una especialización en la aplicación de la normativa por la necesaria especificidad de la temática. Por lo tanto, los Juzgados de Montevideo son la instancia clave para transitar los procedimientos de mayor complejidad, tanto en su procedimiento como en su eventual solución.

Asimismo, se prevé la creación de dos secretarios contadores que trabajarán directamente con el Juez en cada Juzgado. La temática requiere que los jueces cuenten con asesoramiento rápido y eficaz en la revisión de la información de las empresas y respecto de la actuación de los deudores. En ese sentido, contar con un asesor en la propia sede implica un paso importante para agilitar, facilitar y controlar el procedimiento y la información.

8. CONSERVACION DE LA EMPRESA VIABLE

El proyecto supera la tradicional asimilación entre los conceptos de quiebra y cese de la actividad económica del deudor. Por oposición, se consagra el principio de la continuación de la actividad económica desarrollada por el deudor, personalmente por este, bajo el control de un interventor, o a través de un Síndico.

Por lo general, más allá de los problemas derivados de su endeudamiento, la empresa en marcha tiene un valor superior al de cada uno de los elementos que la componen. En consecuencia, el mantenimiento de la actividad empresarial supone igualmente el mantenimiento de este valor económico, en beneficio de la expectativa de satisfacción de los acreedores. Además, el mantenimiento de la actividad económica implicará que no se interrumpan las relaciones de trabajo, ni se produzca el fenómeno desequilibrante para el concurso de las reclamaciones laborales masivas.

En este sentido, una de las modificaciones sustanciales del proyecto de ley es el objetivo explícito de permitir soluciones que permitan la continuidad de aquellas unidades productivas económicamente viables. Se buscó un camino intermedio entre la solución de la legislación actual, que no permite su continuidad en caso de que no haya acuerdo entre deudor y acreedores, y la conservación per se de las unidades productivas independientemente de su viabilidad económica.

Se instrumentó un mecanismo de licitación y subasta para la unidad productiva como un todo, de forma que los interesados en la misma hagan valer ofertas económicas que permitan un nuevo comienzo de la empresa. Si la voluntad del deudor y los acreedores no permite una salida que devuelva la viabilidad a la empresa, la unidad productiva no desaparece y aparece una nueva instancia en donde la búsqueda se traslada a la voluntad de nuevos empresarios.

Este es un cambio fundamental, no solo en cuanto a las posibilidades del mecanismo, sino también respecto de las posibilidades de negociación entre deudores y acreedores. Hasta ahora, la negociación era entre un deudor con un determinado plan de pagos y una empresa cerrada y en partes. Ahora la negociación entre deudor y acreedor incorpora la posibilidad de que los acreedores opten por una alternativa externa a la voluntad del deudor para continuar el emprendimiento y con ello instrumentar las transformaciones necesarias para su reinserción en el mercado.

Sin embargo, para muchos casos el mecanismo concursal debe prever una instancia donde la salida de la empresa del mercado sea ordenada tanto para el deudor como para los acreedores. En mercados pequeños como los de nuestro país, donde por razones económicas existe una estructura oligopólica en gran parte de los mercados, la operativa de empresas económicamente inviables representa un obstáculo a la competencia efectiva en los mercados. En ese sentido, y en la medida en que permanecen en el mercado empresas que no tienen un proyecto económico que les permita competir, ello se traduce en una restricción a la entrada o al crecimiento de nuevos competidores en el mercado, relajando con ello el grado de competencia o creando ventajas a favor de competidores menos eficientes.

Como ya se señalara se han establecido mecanismos especiales que otorgan determinadas preferencias a las cooperativas o sociedades comerciales de trabajadores de la empresa subastada (artículo 172 literal B) y mecanismos de resolución a favor de los acreedores laborales en caso de abandono de empresas (artículo 238).

9. SANCIONES

Por último, el proyecto adecua las sanciones penales previstas en caso que el deudor actúe en forma dolosa, y crea un incidente de calificación del deudor concursado que prevé incentivos y castigos para los deudores según su comportamiento antes y durante el concurso. Respecto de las sanciones penales, se realizó una readecuación de las figuras delictivas penales que buscan facilitar la aplicación de las mismas. Se entiende que la dureza de la legislación penal actual dificulta su aplicación y, por ello, se acomodaron las figuras y las sanciones con el objetivo de incentivar su aplicación.

Por su parte, el Título IX de la ley establece un procedimiento de calificación del concurso que tiene efectos sobre el deudor. Se prevé que el concurso pueda ser calificado como culpable o fortuito (artículo 192), se establecen presunciones absolutas (artículo 193) y relativas (artículo 194) de culpabilidad, las figuras de las cómplices (artículo 195) y las sanciones, que implican la inhabilitación de los sancionados para administrar los bienes propios o ajenos por un período de cinco a veinte años.

Ello debido a que en el primer taller concursal realizado surgió la inquietud respecto a la no aplicación de las sanciones penales, la gran mayoría de los concursos finalizan sin que la plaza conozca cuál fue el comportamiento del deudor, y si la misma obedece a cuestiones fortuitas o a elementos delictivos. En ese sentido, el objetivo principal de este procedimiento es buscar discriminar los concursos y poder establecer sanciones de tipo social e informar al mercado sobre la actuación de los deudores en estos procedimientos.

Sala de la Comisión, 5 de junio de 2008.

Javier Salsamendi, Miembro Informante; Gustavo Bernini, Diego Cánepa, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Alvaro F. Lorenzo, con salvedades que expondrá en Sala.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 137

En Montevideo, el catorce de octubre de dos mil ocho, a la hora catorce y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros: las señoras Senadores Margarita Percovich y Lucía Topolansky y los señores Senadores Sergio Abreu, Francisco Gallinal, Reinaldo Gargajo, Rafael Michelini, Carlos Moreira, Didier Opertti y Eduardo Ríos.

Preside el señor Senador Reinaldo Gargano, Vicepresidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión y la señora Gloria Mederos, Prosecretaria.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA N° 1332/2008. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE PRENSA. Se modifican e incorporan disposiciones a la Ley N° 16.099, de 3 de noviembre de 1989 y se sustituyen los artículos 138, 173 y 336 del Código Penal. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2829/2008. El señor Senador Rafael Michelini solicita que, en la oportunidad de tratase este asunto, se convoque a la señora Ministra de Educación y Cultura y al señor Subsecretario de la Cartera.

- CARPETA N° 1345/2008. "PROFESOR NICOLAS FERRARI". Se designa a la Estación Metereológica de Salto. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2846/2008.

- CARPETA N° 1354/2008. PUEBLO MIGUELETE (departamento de Colonia). Se declara feriado no laborable el 27 de marzo de 2009, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2847/2008.

- CARPETA N° 1353/2008. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS EN LA EJECUCION DE SERVICIOS PUBLICOS. Se reglamentan los artículos 24 y 25 de la Constitución de la República. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2848/2008.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA N° 1345/2008. "PROFESOR NICOLAS FERRARI". Se designa a la Estación Metereológica de Salto. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2846/2008. En consideración. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Reinaldo Gargano.

- CARPETA N° 1354/2008. PUEBLO MIGUELETE (departamento de Colonia). Se declara feriado no laborable el 27 de marzo de 2009, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2847/2008. En consideración. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Reinaldo Gargano.

- CARPETA N° 731/2006. INSTITUTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Se crea como Institución del Poder Legislativo y se determina su integración y cometidos. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por varios señoras Senadoras y señores Senadores. Distribuido N° 1467/2007. La señora Senadora Margarita Percovich solicita que este asunto sea aprobado. Se resuelve que se incluya en la próxima sesión.

- SEMINARIO SOBRE ENFOQUE DE GENERO EN EL CODIGO DEL PROCESO PENAL URUGUAYO A REALIZARSE LOS DIAS 29 Y 30 DE OCTUBRE. La señora Senadora Margarita Percovich solicita que se invite al doctor Rodrigo Jiménez Sandoval, Subdirector del Programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas, quien presenta su estudio sobre el tema motivo de la convocatoria del Seminario. Se resuelve que la Comisión reciba al doctor Jiménez Sandoval el próximo martes 28 de octubre.

- CARPETA N° 1227/2008. DECLARACION JUDICIAL DEL CONCURSO Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. Normas. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2710/08. En consideración. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA N° 1308/2008. SENADOR JULIO LARA GILENE. Oficio de la Suprema Corte de Justicia que remite Oficio N° 2947 del Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Penal de 3er. Turno por el que solicita autorización para proceder de acuerdo a lo previsto en el artículo 114 de la Constitución de la República. Distribuido N° 2768/2008. En consideración. Luego de un intercambio de opiniones se resuelve convocar al señor Senador Julio C. Lara Gilene para próximo martes 21 de octubre.

- CARPETA N° 690/2006. CODIGO AERONAUTICO (Decreto-Ley N° 14.305, de 29 de noviembre de 1974). Se sustituyen los artículos 4°, 5°, 198 y 205. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 1339/2006. Se resuelve que el mismo figure en el Orden del Día de la próxima sesión.

A la hora quince y treinta minutos se levanta la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en los Distribuidos Nos. 2855/2008 y 2856/2008, que forman parte integrante del presente documento.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria.

Reinaldo Gargano Vicepresidente

Josefina Reissig Secretaria."

"Carp. N° 1227/08

Rep. N° 898/08

Anexo I

Artículo referente

Artículo 2°

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

TITULO VII

Proceso Concursal

Artículo 452.

Ejecución colectiva.-

Procede la ejecución colectiva cuando el deudor se encontrare en estado de cesación de pagos, la que se realizará mediante el concurso necesario para el deudor civil y la quiebra para el comerciante o la sociedad comercial y la liquidación judicial para la sociedad anónima.

La quiebra y liquidación judicial se regirán por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio y por la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893, y sus modificativas.

Fuente: Ley N° 17.292, de 25/ene/2001 Artículo 29

Artículo 453.

Medidas preventivas de la ejecución.-

La ejecución colectiva del deudor comerciante podrá evitarse mediante la presentación de una solicitud de concordato preventivo o moratoria que cumpla con las exigencias previstas en el Código de Comercio, o en la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893, y concordantes.

El deudor civil podrá celebrar acuerdos de pagos con sus acreedores, en oportunidad de celebrarse la Junta de Acreedores tal como se prevé en el artículo 460.4.

Fuente: Ley N° 17.292, de 25/ene/2001 Artículo 30

Artículo 454

Clases de concurso

454.1 El concurso del deudor civil puede ser voluntario o necesario.

454.2 Será voluntario cuando el deudor solicita algún arreglo concordatario o hace cesión de sus bienes para pagar a sus acreedores.

454.3 Será necesario cuando dos o más acreedores hubieren iniciado ejecución contra el deudor y no existieren bienes bastantes para cubrir la cantidad reclamada.

Artículo 455.

Solicitud del deudor.- El deudor que solicite el concurso deberá presentarse ante el tribunal de su domicilio y acompañará:

1) Una relación detallada de todos sus bienes y derechos;

2) Un estado de deudas con expresión de procedencia, vencimiento y nombre y domicilio de cada acreedor;

3) Una memoria sobre las causas de su presentación.

Sin estos requisitos no se dará curso a la solicitud.

Artículo 456.

Solicitud de los acreedores.- Cualquier acreedor que acredite los presupuestos del concurso necesario, podrá pedir al tribunal del domicilio del deudor, que lo decre-te.

Artículo 457.

Medidas inmediatas.-

Decretado el concurso, el tribunal resolverá:

1) Notificar en el domicilio al deudor o a los acreedores que determine, en su caso y disponer la convocatoria de todos ellos a la Junta (artículo 460), la que también se publicará conforme con dispuesto en el artículo 89, con término de treinta días y publicación por el primer tercio del mismo.

2) Prevenir a los acreedores, en el edicto correspondiente, que los que comparezcan después de celebrada la Junta tomarán el concurso en el estado en que se halle.

3) Designar Síndico provisorio, que será depositario de los bienes.

4) Disponer las medidas precautorias necesarias para asegurar los bienes y créditos del deudor y el control de su correspondencia relativa a dichos bienes. El tribunal, en cualquier momento, de oficio o a petición del Síndico, podrá ampliar esas medidas o adoptar otras.

5) Requerir de los tribunales, ante los que tramiten los procesos referidos en el artículo 454.3, el envío de los mismos para su incorporación a la ejecución colectiva, incluidos los procesos de ejecución hipotecaria, prendaria y de promesa de enajenación inscripta, los que deberán continuar o podrán iniciarse ante el tribunal del concurso.

6) Intimar al deudor, en su caso, la presentación de los documentos a que refiere el artículo 455, con plazo de ocho días, bajo apercibimiento de que el Síndico formule la lista de acreedores y bienes.

7) Disponer la inscripción en el Registro General de Inhibiciones. El decreto de concurso hará exigibles todas las deudas, aun las que tuvieren plazo pendiente o estuvieren sujetas a condición, y hará cesar el curso de los intereses.

Fuente: Ley N° 17.707, de 10/nov/2003 Artículo 7°

Artículo 458.

Oposición al concurso

458.1 Si el deudor hubiere pedido el concurso estarán legitimados para oponerse a su declaración los acreedores y exclusivamente aquél si lo hubieren pedido estos.

458.2 El plazo para deducir oposición será de diez días a partir de la notificación.

458.3 El procedimiento para sustanciar la oposición será el del proceso extraordinario en lo que fuere aplicable. Serán citados a la audiencia el Síndico y el Ministerio Público, quienes actuarán como parte y como tercero, respectivamente.

458.4 En la audiencia se procurará la conciliación, se oirá a las partes y el tribunal sentenciará. La sentencia será apelable, pero la que rechace la oposición solo lo será con efecto devolutivo.

458.5 Deducida oposición, se formará con ella pieza por separado, continuándose con los trámites del concurso en el principal.

458.6 La sentencia que revoque el concurso repondrá las cosas al estado anterior a la declaración y podrá imponer a los acreedores que solicitaron el concurso el pago de las costas y costos, incluidos los honorarios del Síndico.

Artículo 459.

Notificaciones.- Decretado el concurso y notificados los acreedores, todas las demás providencias serán notificadas en la Oficina (artículos 78 y 84 a 86).

Artículo 460.

Junta de acreedores

460.1 La Junta de acreedores sesionará el día para el que hubiere sido citada, pudiendo continuar en otro, si así se decidiere. Actuará presidida por el Síndico provisorio y con los acreedores que concurran y acrediten su calidad de tales antes del día de la celebración o con los documentos que se presenten en el propio acto y sea aceptados, por el Síndico.

460.2 Los acreedores y el deudor podrán actuar por sí o por apoderado; pero este no podrá tener más de cinco votos aunque represente un mayor número de acreedores.

460.3 Las votaciones serán nominales. Los acreedores hipotecarios, prendarios y privilegiados, si votan, perderán su preferencia o privilegio.

460.4 Corresponde a la Junta.

1) Resolver, por mayoría de acreedores que representen más de la mitad de los créditos, la realización con el deudor de arreglos que obligarán a los demás. Estos podrán consistir en los previstos por la ley mercantil y en la cesión de bienes del deudor.

2) Si no se llegare a ningún acuerdo, continuará el concurso y la Junta, por la mayoría de votos indicada en el numeral anterior, designará al Síndico definitivo; en su defecto, será designado por el tribunal. En cualquiera de ambos casos, el Síndico definitivo podrá ser el mismo que fuera nombrado provisoriamente.

Artículo 461.

Oposiciones.- Cualquiera de los acreedores no presentes en la Junta o de los presentes que hubieren dejado a salvo su voto, podrá dentro del plazo de diez días a partir del siguiente al de la celebración de la Junta, para los presentes y del siguiente a la notificación, publicación para los no presentes y del siguiente a la notificación, publicación para los no presentes, deducir oposición a los arreglos realizados e impugnar la validez de los créditos aprobados.

Si se dedujere oposición se conferirá traslado al Síndico y se seguirá, en lo demás, el trámite del proceso extraordinario.

La sentencia será apelable sin efecto suspensivo.

Artículo 462.

Síndico.-

462.1 El Síndico representará a los acreedores y actuará como sustituto procesal del deudor. Iniciará o continuará todos los procesos a favor o en contra del patrimonio del concursado.

462.2 El Síndico recibirá los bienes del deudor mediante inventario y tendrá a su respecto, las responsabilidades de los depositarios y administradores.

462.3 El Síndico tendrá facultades de administración amplias, debiendo dar cuenta al tribunal de su actuación.

462.4 El Síndico dispondrá la venta de los bienes en la forma prevista para la vía de apremio (artículos 378 a 397).

Artículo 463.

Graduación de acreedores.

463.1 El Síndico formará un estado de los créditos y su graduación respectiva y deberá presentarlo al tribunal dentro de los treinta días de su nombramiento, este plazo podrá ser prorrogado por el tribunal si mediare causa que lo justifique.

463.2 Si se hubieren deducido oposiciones a los créditos, se esperará a su decisión para presentar el estado.

463.3 El Estado se pondrá de manifiesto por el plazo de quince días en el tribunal, donde podrá ser examinado por los acreedores.

463.4 Dentro del plazo indicado en el ordinal anterior, podrá deducirse oposición al estado y graduación de los créditos. Si se dedujeran oposiciones, se convocará a audiencia a todas las partes, incluyendo al Síndico y al Ministerio Público y el Tribunal decidirá todas las controversias en una sola sentencia, la que será apelable.

Artículo 464.

Distribución.-

Aprobada o ejecutoriada la graduación, si se hubieren vendido todos los bienes, se distribuirá el producto en el orden establecido por las normas del Código Civil y a prorrata entre los acreedores quirografarios.

Si algún bien no hubiera podido ser vendido por falta de postor, podrá adjudicarse por el tribunal, a propuesta del Síndico, entre uno o más acreedores designados por sorteo entre los de igual derecho, salvo acuerdo de estos.

La decisión del tribunal a respecto solo será susceptible del recurso de reposición.

Artículo 465.

Carta de pago.

Si los bienes alcanzaren para pagar la totalidad de los créditos, el tribunal otorgará carta de pago al deudor y lo rehabilitará sin más trámite.

Si no alcanzaren, la mayoría de los acreedores que representen los dos tercios de los créditos, podrá solicitar al Tribunal y este la otorgará, carta de pago que liberará totalmente al deudor y producirá su rehabilitación.

En ambos casos se comunicará al Registro General de Inhibiciones, la cancelación de la inscripción.

Artículo 466.

Falta de pago.-

En caso de que no se otorgare carta de pago, los bienes que en el futuro adquiriere el deudor entrarán en el concurso, siendo administrados por el Síndico y vendidos en la forma prevista por el artículo 462.4, hasta pagar totalmente a los acreedores.

Artículo 467.

Derechos del deudor.-

En todo caso se dejarán al deudor los bienes necesarios para atender a sus necesidades y a las de su familia.

Artículo 468.

Nulidad.-

Serán nulos todos los actos del deudor relativo a los bienes entregados a los acreedores o incluidos en el concurso. El deudor podrá instruirse, por sí o por apoderado, del estado del concurso y hacer cuantas observaciones estimare oportunas para el arreglo y mejora de la administración, así como para la liquidación de los créditos activos y pasivos.

Estos derechos los perderá si no hubiere dado cumplimiento a la intimación de presentar los documentos a que refiere el artículo 457, numeral 6.

Artículo 469.

Lista de Síndicos.-

469.1 Habrá una lista de Síndicos confeccionada por la Suprema Corte de Justicia entre personas con títulos de abogado o de contador, renovada en los períodos que la Corte decida.

469.2 En cada caso de concurso o quiebra, se designará de esa lista al Síndico que deba actuar. Elegido este, no podrá serlo nuevamente hasta transcurridos tres años desde su elección. El elegido tendrá el deber de aceptar el cargo, salvo motivo fundado excusación, a juicio del tribunal.

469.3 El Síndico actuará con asistencia letrada, salvo que sea abogado.

469.4 El Síndico y sus asesores podrán percibir a cuenta de sus honorarios y gastos, sumas que determinará el tribunal, sujetas a la liquidación final.

Artículo 470.

Expedientes.-

El tribunal, para el mejor orden del proceso de concurso, podrá disponer la formación de las piezas, separadas que estime convenientes.

Artículo 471.

Depósito.-

Los Síndicos deberán depositar el producto de las ventas a la orden del tribunal, dentro de los tres días de su cobro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 387.8, con apercibimiento de su responsabilidad personal por intereses, reajustes, daños y perjuicios y de las sanciones penales correspondientes.

Artículo referente

Artículos 7° y 8°

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

CAPITULO II

Actos de Proposición

SECCION I

De la Demanda

Artículo 117.

Forma y contenido de la demanda.- Salvo disposición expresa en contrario, la demanda deberá presentarse por escrito y contendrá:

1) La designación del tribunal al que va dirigida.

2) El nombre del actor y los datos de su documento de identidad, su domicilio real, así como el que se constituye a los efectos del juicio.

3) El nombre y domicilio del demandado.

4) La narración precisa de los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho en que se funda y los medios de prueba pertinentes, conforme con lo dispuesto en el artículo siguiente.

5) El petitorio, formulado con toda precisión.

6) El valor de la causa, que deberá ser determinado precisamente, salvo que ello no fuera posible, en cuyo caso deberá justificarse la imposibilidad y señalarse su valor estimativo, indicándose las bases en que se funda la estimación.

7) Las firmas del actor o de su apoderado y del abogado, salvo los casos exceptuados por la ley.

Artículo 118.

De la prueba en la demanda

118.1 Se acompañará a la demanda toda la prueba documentada que se intente hacer valer y los documentos que acrediten la personería, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 40, así como testimonio del acto conciliatorio en los casos en que este procede.

Si no se dispusiere de alguno de esos instrumentos, se reseñarán su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuentre y se solicitarán las medidas pertinentes para su incorporación al proceso.

118.2 También deberá indicar el actor, el nombre y domicilio de los testigos de que habrá de servirse, así como los demás medios de prueba de que habrá de valerse y solicitar su diligenciamiento.

Lo relativo a la declaración de parte se regirá por lo dispuesto en la Sección II del Capítulo III de este Libro.

118.3 Solo podrán ser propuestas posteriormente las pruebas claramente supervinientes, las referidas a hechos nuevos o a los mencionados por la contraparte al contestar la demanda o la reconverción.

Artículo referente

Artículo 12

Ley N° 16.060, de

4 de setiembre 1989

Artículo 83. (Diligencia y responsabilidad de los administradores y representantes).- Los administradores y los representantes de la sociedad deberán obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que falten a sus obligaciones serán solidariamente responsables frente a la sociedad y los socios, por los daños y perjuicios que resulten de su acción u omisión.

El Juez determinará la parte contributiva de cada responsable en la reparación del daño.

Artículo 393. (Acción social de responsabilidad).- La acción social de responsabilidad será ejercida por la sociedad, previa resolución de la asamblea de accionistas, que podrá considerarla aun cuando el asunto no figure en el orden del día.

La resolución aparejará la remoción del administrador o de los directores afectados, debiendo la misma asamblea designar sustitutos.

El nuevo administrador o el nuevo directorio serán los encargados de promover la demanda.

Si la sociedad estuviera en liquidación la acción será ejercida por el liquidador.

Artículo 394. (Ejercicio por accionistas de la acción social de responsabilidad).- La acción social de responsabilidad podrá ser ejercida por los accionistas que se hayan opuesto a la extinción de la responsabilidad (artículo 392).

Si la acción prevista en el primer inciso del artículo 393 no fuera iniciada dentro del plazo de noventa días contados desde la fecha de acuerdo, cualquier accionista podrá promoverla, sin perjuicio de la responsabilidad que resulta del incumplimiento de la medida ordenada.

Artículo 395. (Ejercicio por acreedores de la acción social de responsabilidad).- Los acreedores de la sociedad solo podrán iniciar la acción de responsabilidad cuando esta tenga por finalidad la reconstrucción del patrimonio social, insuficiente para cubrir las deudas sociales a consecuencia de los actos u omisiones generadores de responsabilidad y siempre que la sociedad o los accionistas no lo hayan promovido.

Artículo 396. (Situaciones especiales).- En caso de concordato, moratoria o liquidación judicial, la acción será resuelta y entablada por los interventores o síndicos designados en los respectivos trámites y en su defecto, por los acreedores individualmente.

Artículo referente

Artículo 63

Decreto-Ley N° 14.500, de

8 de marzo de 1976

Artículo 1°.- Para liquidar el valor de las obligaciones que se resuelvan en el pago de una suma de dinero, directamente o por equivalente, cuyo cumplimiento fuere objeto de una pretensión deducida en un proceso jurisdiccional o arbitral por una persona privada, física o jurídica, se tendrá en cuenta la variación en el valor de la moneda ocurrida durante el tiempo que mediare entre la fecha de su nacimiento y la de su extinción, sin perjuicio de lo establecido en el inciso siguiente.

Si se tratare de obligaciones convencionales sujetas a plazo o condición, el término a que alude el inciso anterior será el que medie entre la fecha de su exigibilidad y la de su extinción.

En los casos que a continuación se expresan y a los solos efectos de esta ley, se tendrá por deducida la pretensión respectiva:

A) En las ejecuciones, cuando se practique el protesto o se solicite judicialmente la intimación de pago o la citación a reconocimiento de firma;

B) En el proceso penal, cuando se solicite el embargo preventivo de los bienes del procesado.

Artículo 2°.- La variación en valor de la moneda será determinada por la evolución del índice general de los precios del consumo elaborado mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas. A estos efectos, se confrontarán el índice correspondiente al mes de la fecha de nacimiento o exigibilidad de la obligación, en su caso, con el establecido para el mes anterior de la fecha de extinción de la misma.

El índice general de los precios del consumo será publicado mensualmente en el "Diario Oficial", sin perjuicio de que, a petición de parte o de los órganos jurisdiccionales o arbitrales competentes, se expida constancia del mismo, sin costo alguno.

Si a la fecha de la extinción de la obligación no se hubiere publicado todavía el índice correspondiente al mes anterior la confrontación a que se refiere este artículo se hará con el último que haya sido publicado en la forma prevista en el inciso precedente.

Artículo 3°.- Exceptúanse de lo establecido en los artículos anteriores los siguientes casos:

A) Cuando exista o haya existido convención de las partes estableciendo un índice o procedimiento de liquidación del valor de las obligaciones distinto al previsto en el artículo 2°, en cuya hipótesis se estará a lo pactado;

B) Cuando la ley fije o haya fijado un régimen especial de ajuste del valor de las obligaciones.

C) Cuando se trate de obligaciones de personas públicas, cualquiera fuera de la naturaleza de éstas.

Artículo 4°.- En los casos en que sean de aplicación los artículos 1°, 2° y 3° de la presente ley, la tasa fijada en el artículo 2.207 del Código Civil, será del 6% (seis por ciento) anual.

Los intereses, a las tasas legales o convencionales que correspondan, comisiones y demás ilíquidos, se calcularán en todo caso sobre el valor de la obligación actualizado conforme a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 5°.- Derógase el inciso primero del artículo 11 de la Ley N° 14.188, de 5 de abril de 1974.

Esta derogación no será aplicable para los procesos en trámite a la fecha de vigencia de esta ley, que se regirán exclusivamente por la disposición citada.

Artículo 6°.- El procedimiento previsto en la presente ley para la liquidación del valor de las obligaciones se aplicará también al saldo pendiente de pago, del precio de venta obtenido en remate judicial a partir de los noventa días de haber quedado ejecutoriado el auto que lo aprueba.

El mejor postor podrá hacer entregas a cuenta del precio en todo tiempo, con entera independencia del estado de los procedimientos y del otorgamiento de la escritura de compra-venta.

Las sumas consignadas por el mejor postor -tanto la seña como las entregas ulteriores que se autorizan en el inciso precedente- deberán ser depositadas en el Banco Hipotecario del Uruguay, sus Sucursales o Agencias, en cuenta especial de valores que se abrirá al efecto, a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos.

Aprobada la liquidación se abonará al actor el monto de su crédito actualizado conforme a esta ley, y el remanente de la venta de los valores, que hará el Banco Hipotecario del Uruguay, corresponderá al demandado.

Artículo 7°.- Toda consignación de importes en procesos jurisdiccionales o arbitrales podrá efectuarse en los valores aludidos en la forma prevista en el inciso tercero del artículo 6°. Las sumas en consignación hasta la fecha, podrán sustituirse por las especies referidas en esta disposición, debiendo los Jueces autorizarla expresamente.

Artículo 8°.- El procedimiento de liquidación del valor de las obligaciones establecido por la presente ley se aplicará a aquellas que nacieren después de la fecha de su vigencia.

Artículo 9°.- Las partes podrán establecer cualquier clase de estipulación que tenga por finalidad mantener el valor de las obligaciones contraídas.

Artículo 10.- Quedan comprendidas en el artículo anterior las cláusulas en moneda extranjera. A los efectos establecidos por el artículo 874 del Código del Procedimiento Civil y disposiciones complementarias los documentos que contengan obligación de pagar sumas de dinero expresada en cualquier especie de moneda extranjera, constituirán título que trae aparejada ejecución en la moneda especificada y se considerará líquida la respectiva cantidad.

Artículo 11.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley N° 14.095, de 17 de noviembre de 1972, el Banco Central del Uruguay podrá fijar, tanto para las instituciones o empresas financieras como para los particulares, las diversas tasas de interés, de las comisiones o de cualquier otro cargo que se pueda cobrar o pagar en las distintas operaciones.

Artículo 12.- Comuníquese, etc.

Artículo referente

Artículo 172

CODIGO CIVIL

770. En las ventas fozadas, que se hacen por decreto judicial, a petición de un acreedor, en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el Juez, su representante legal.

Artículo referente

Artículo 174

Ley N° 17.794, de

22 de julio de 2004

Artículo 6°. (Liquidación o cesación de pagos).- En los casos de empresas privadas a cuyo respecto se haya iniciado un proceso de liquidación, el Juez competente podrá designar depositaria de los bienes de la empresa, confiriendo facultades de uso precario de los mismos a la cooperativa de trabajo que se constituya con la totalidad o parte del personal. A tal efecto, el Juez deberá contar con la conformidad expresa de los órganos de la liquidación y auxiliares de la Justicia que corresponda, según la etapa y características del procedimiento liquidatorio iniciado.

Para la designación a que refiere el inciso anterior la cooperativa deberá justificar su viabilidad -discriminando la que resulte de la actividad de administración que desarrollará- mediante la presentación de un proyecto técnicamente fundado.

Las disposiciones precedentes respetarán los principios y legislación concursal vigente.

En tales casos y a solicitud de parte, el organismo de previsión social podrá disponer el pago al contado y por adelantado de los importes del subsidio por desempleo que les correspondiere a los trabajadores socios, siempre que los mismos sean destinados en su totalidad, como aportación de partes sociales a la cooperativa a efectos de su capitalización.

Artículo referente

Artículo 243

CODIGO DEL PROCESO PENAL

CAPITULO IV

Del Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Extranjeras

Artículo 537.

Reglas generales.-

537.1 El presente capítulo se aplicará a las sentencias dictadas en país extranjero en materia civil, comercial, de familia laboral y contencioso administrativa: también comprenderá las sentencias dictadas en tales materias por Tribunales Internacionales, cuando éstas refieran a personas o intereses privados.

Así mismo, incluirá a las sentencias recaídas en materia penal en cuanto a sus efectos civiles.

537.2 La naturaleza jurisdiccional de la sentencia extranjera y la materia sobre la que hubiere recaído, serán calificadas por los tribunales del Estado de origen del fallo y según su propia ley.

Artículo 538.

Efectos de las sentencias.-

538.1 Las sentencias extranjeras tendrán en la República efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a las disposiciones del presente capítulo.

538.2 Las sentencias extranjeras deberán ser reconocidas y ejecutadas en la República, si correspondiere, sin que proceda su revisión sobre el fondo del asunto objeto del proceso en que se hubieren dictado.

538.3 El reconocimiento es el acto o secuela de actos procesales cumplidos al simple efecto de establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo.

538.4 La ejecución es el acto o secuela de actos procesales dirigidos a obtener al cumplimiento de las sentencias extranjeras de condena.

Artículo 539.

Eficacia de las sentencias.-

539.1 Las sentencias extranjeras tendrán eficacia en la República, si reunieren las siguientes condiciones:

1) Que cumplan las formalidades externas necesarias para ser consideradas auténticas en el Estado de origen;

2) Que la sentencia y la documentación anexa que fuere necesaria estén debidamente legalizadas de acuerdo con la legislación de la República, excepto que la sentencia fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las autoridades administrativas competentes;

3) Que se presenten debidamente traducidas, si correspondiere;

4) Que el tribunal sentenciante tenga jurisdicción en la esfera internacional para conocer en el asunto, de acuerdo con su derecho, excepto que la materia fuera de jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios;

5) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en legal forma de acuerdo con las normas del Estado de donde provenga el fallo;

6) Que se haya asegurado la debida defensa de las partes;

7) Que tengan autoridad de cosa juzgada en el Estado de donde provenga el fallo;

8) Que no contraríen manifiestamente los principios de orden público internacional de la República.

539.2 Los comprobantes indispensables para solicitar el cumplimiento de la sentencia extranjera son:

1) Copia auténtica de la sentencia;

2) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se ha dado cumplimiento a los numerales 5° y 6° del ordinal precedente.

3) Copia auténtica con certificación de que la sentencia ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 540.

Efectos imperativos y probatorios.- Cuando sólo se tratare de hacer valer los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, deberá presentarse la misma ante el tribunal pertinente y acompañar la documentación referida en el artículo 539.2.

En este caso, el tribunal se pronunciará sobre el mérito de la sentencia extranjera, en relación al efecto pretendido, en la sentencia que dictare, previa comprobación, con audiencia del Ministerio Público, de que se han cumplido las condiciones indicadas en el artículo 539.1.

Artículo 541.

Ejecución.-

541.1 Unicamente serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de condena.

541.2 La ejecución se pedirá ante la Suprema Corte de Justicia.

Formulada la petición, se dispondrá el emplazamiento de la parte contra quien se pida según lo dispuesto en la Sección II, Capítulo II, Título VI del Libro I, a la que se conferirá traslado por veinte días.

Se oirá seguidamente al Fiscal de Corte y se adoptará resolución, contra la que no cabrá recurso alguno.

541.3 Si se hiciere lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia al tribunal competente para ello, a efectos de que proceda conforme con los trámites que correspondan a la naturaleza de la sentencia (Título V del Libro II).

Artículo 542.

Resoluciones en jurisdicción voluntaria.- Los actos de jurisdicción voluntaria extranjeros, surtirán efectos en la República siempre que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 539, en lo que fuere pertinente.

Artículo 543.

Laudos arbitrales extranjeros. Lo dispuesto en este Capítulo será aplicable a los laudos dictados por Tribunales Arbitrales extranjeros, en todo lo que fuere pertinente.

Artículo referente

Artículo 248

CODIGO PENAL

Artículo 253.

(De la quiebra fraudulenta).-

El quebrado fraudulento será castigado con dos a ocho años de penitenciaría y dos a diez años de inhabilitación comercial o industrial.

Artículo referente

Artículo 256

CODIGO DE COMERCIO

29.

Están prohibidos por incapacidad legal:

Los que se hallan en estado de interdicción.

Los quebrados que no hayan obtenido rehabilitación.

69.

En caso de quiebra, el negociante que se encontrase no haber llevado los libros en la forma y con los requisitos prescritos en los artículos precedentes, será reputado culpable en los términos establecidos en el título - Del estado de quiebra y sus diferentes clases.

Los libros fallidos aun debidamente llevados, siempre admiten prueba en contrario (artículo 76).

113.

El corredor que quebrare, será suspendido de sus funciones y podrá en seguida ser destituido por el Juez competente (artículo 1641).

131.

Los barraqueros y administradores de depósito tienen privilegio y derecho de retención en los efectos existentes en sus barracas o almacenes, al tiempo de la quiebra del comerciante propietario de los efectos, para ser pagados de los salarios y de los gastos hechos en su conservación, con la preferencia establecida en el título - De la graduación de acreedores.

246.

La condición resolutoria se entiende implícitamente comprendida en todos los contratos bilaterales sinalagmáticos, para el caso en que una de las partes no cumpla su compromiso. Más en los contratos, en que haya hechos ya realizados, los que se han cumplido quedan firmes y producen en cuanto a ellos, las obligaciones del contrato.

Siendo implícita la condición, el contrato no se resuelve ipso jure como cuando se ha pactado la condición resolutoria. La parte a quien se ha faltado, puede optar entre forzar a la otra a la ejecución de la convención cuando es posible, o pedir la resolución con daños y perjuicios (Art. 218).

La resolución debe reclamarse judicialmente, y según las circunstancias, pueden los Tribunales conceder un plazo al demandado.

El derecho a pedir la resolución del contrato, cesa en caso de quiebra.

384.

Los efectos consignados, se entienden especialmente obligados al pago de las anticipaciones que se hubieren hecho, gastos de transporte, conservación y demás legítimos, así como a las comisiones e intereses respectivo.

Son consecuencia de dicha obligación:

Que ningún comisionista puede ser compelido a entregar los efectos que recibió en comisión, sin que previamente se le reembolse de sus anticipaciones, gastos, comisiones e intereses si los hubiere.

Que en caso de falencia será pagado preferentemente o con privilegio sobre el producto de los mismos géneros.

385.

Para gozar de la preferencia establecida en el artículo precedente, es menester que los efectos estén en poder del consignatario, o que se hallen a su disposición, y que a los menos se haya verificado la expedición a la dirección del consignatario, y que éste haya recibido un duplicado del conocimiento o carta de porte de fecha anterior a la declaración de la quiebra.

670.

Si pendiente el riesgo de las cosas aseguradas, fuese el asegurador declarado en quiebra, podrá el asegurado pedir la rescisión del contrato, o una fianza bastante de que el concurso satisfará plenamente las obligaciones del asegurador.

El asegurador tiene el mismo derecho contra el asegurado, cuando no haya recibido el premio del seguro.

En el caso de no darse por el concurso fianza bastante, puede el asegurador pedir la cesión gratuita de los derechos, resultantes de cualquier reaseguro que se hubiese verificado.

LIBRO IV

DEL CONCORDATO PREVENTIVO Y DE LAS QUIEBRAS

TITULO UNICO

Sección I

Del concordato preventivo

1523.

El deudor comerciante y las sociedades comerciales, con excepción de las anónimas, que se rigen en esta materia por la ley de 2 de Junio de 1893, pueden evitar que se les declare en quiebra, obteniendo de sus acreedores un concordato preventivo de acuerdo con las prescripciones de este Título.

El concordato preventivo puede celebrarse en dos modos; judicial y extrajudicialmente; y para la homologación se observará lo prescripto en los artículos siguientes.

DEL CONCORDATO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL

1524.

Para que pueda darse curso a la solicitud sobre homologación del concordato extrajudicial se requiere la presentación de los documentos siguientes:

Proyecto de concordato aceptado y firmado al mismo tiempo: a) por la mayoría de los acreedores civiles o comerciales, que representen a lo menos las tres cuartas partes del pasivo total del deudor; y b) por la mayoría de personas que representen tres cuartas partes de la suma de los créditos de entre los acreedores comerciantes cuyos créditos comerciales provengan originariamente de operaciones comprendidas en el giro regular de sus negocios y estén asentadas en los respectivos libros llevados por ellos en forma. Se designará claramente a los acreedores que se consideran pertenecientes a esta segunda categoría.

Memoria explicativa de las causas de la suspensión de pagos o del mal estado de los negocios.

Estado estimativo y detallado del activo y estado del pasivo con expresión del importe, la causa y el plazo de los créditos que represente cada acreedor, así como de la naturaleza de los mismos a fin de establecer si son hpotecarios, prendarios, privilegiados o quirografarios, si son civiles o comerciales, y en este último caso, si pertenecen o no a la segunda categoría del inciso 1° de este artículo.

Se indicará además el domicilio de cada acreedor y de cada deudor.

Tratándose de una sociedad, se acompañará el documento probatorio de la sociedad, si lo hubiere, y de su registro, si este requisito se hubiera cumplido; se expresará en todo caso el nombre de todos los socios y la calidad que se les atribuye; y respecto de los socios personal e ilimitadamente responsables, se presentará el estado de activo y del pasivo.

1525.

La mayoría absoluta de los acreedores pertenecientes a la segunda categoría del inciso 1° del artículo anterior, que reúnan más de la mitad de los créditos de la misma, podrán designar, al firmar el contrato o en cualquier momento después, una o más personas que fiscalicen la marcha de los negocios del deudor. El interventor cesará si a consecuencia de las oposiciones deducidas resultara dudosa la mayoría antes expresada.

Cuando cese así el interventor, o en caso de que no se hubiera nombrado ninguno, el contador que se designe con arreglo al artículo 1530 tendrá las mismas funciones.

1526.

Presentada la solicitud de acuerdo con el artículo 1524, el Juez, en un mismo auto, ordenará:

La publicación íntegra del concordato.

La concesión al deudor de una moratoria provisional conforme a los artículos 1546 y 1547.

La inscripción en el Registro de Interdicciones de la solicitud de concordato (artículo 1555). Tratándose de una sociedad, la inscripción comprenderá la firma social y el nombre de los socios personalmente responsables.

1527.

Los acreedores disidentes, aun en el caso de que hayan firmado el concordato, podrán deducir sus reclamaciones dentro del término de treinta días contados desde el primero de la publicación ordenada por el artículo 1526, y podrán fundarse en que el concordato no cuenta realmente con las mayorías exigidas por el artículo 1524, o en que el deudor oculta sus bienes o exagera su activo o aumenta o disimula falsamente su pasivo, o en que se ha valido de medios fraudulentos para obtener la adhesión de sus acreedores.

En caso de concordato solicitado por una sociedad, serán causas legales de oposición el hecho de ocultar la existencia de algún socio solidariamente responsable, ocultar sus bienes o exagerar su solvencia.

1528

Aún sin deducir oposición, cualquier acreedor podrá, dentro del mismo plazo señalado en el artículo anterior, pedir que, respecto de uno o más acreedores que figuren en el pasivo como pertenecientes a la segunda categoría del inciso 1° del artículo 1524, se compruebe si concurren realmente las circunstancias que determina la inclusión en dicha categoría. En tal caso, el Juez ordenará, a costa del concordatario, la compulsa o exhibición parcial de los libros del acreedor o acreedores indicados, de acuerdo con los artículos 72 y 73, tomándose copia de los asientos compulsados y haciéndose constar, en cuanto a éstos, cualquier particularidad que presenten contra lo dispuesto en el artículo 66, y en cuanto a los libros en general, si se hallan o no en las condiciones del artículo 65. El Juez, al dictar sentencia, rectificará, con arreglo al resultado de esas compulsas, los cómputos de votos a que se refiere el artículo 1524.

1529.

Salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el Juez homologará el concordato, siempre que no se dedujera reclamación, conforme a lo dispuesto por el artículo 1527.

1530.

Deducida alguna reclamación, el Juez dará traslado al deudor por el término de tres días y señalará oportunamente un término en ningún caso mayor de veinte días, para la prueba de los hechos alegados, designando a la vez un contador titulado para que dentro de los diez días siguientes al vencimiento del término de prueba informe sobre los hechos discutidos y, en general, sobre el estado de los negocios sobre las causas invocadas en la memoria y sobre la conducta comercial del deudor en cuanto pueda apreciarse por el examen de la contabilidad y de la prueba producida.

Durante el mismo plazo común y perentorio de diez días después de vencido el término de prueba, las partes alegarán respecto de la prueba producida. Vencido ese plazo y agregado el informe del contador, el Juez fallará dentro de los cinco días.

DEL CONCORDATO PREVENTIVO JUDICIAL

1531.

La solicitud de concordato preventivo judicial se presentará acompañada de los documentos a que se refieren los artículos 2° y 3° del artículo 1524.

1532.

Presentada en esa forma la solicitud de concordato judicial el Juez, en un mismo auto, proveerá:

Lo dispuesto en los numerales 2° y 3° del artículo 1526.

La designación de un contador titulado que intervenga en el giro de los negocios del deudor e informe, dentro de los quince días, respecto de las causas invocadas en la memoria, del estado de los negocios y de los hechos resultantes de la contabilidad que puedan tener importancia para juzgar la conducta comercial del deudor.

La convocatoria de los acreedores por medio de edictos, para una reunión que tendrá lugar treinta días después. Se prevendrá en los avisos que el balance y demás documentos presentados por el deudor, así como el informe del contador, una vez producido, pueden en todo tiempo ser examinadas en la oficina. Se hará saber igualmente el día preciso hasta el cual pueden ser presentadas las observaciones sobre la verdad, cantidad y calidad de los créditos, de acuerdo con el artículo siguiente.

1533.

Dentro del plazo de veinte días, contados desde la fecha del auto de convocatoria podrán los acreedores hacer verbalmente y ante el Actuario las observaciones que tuviesen por conveniente, respecto de la verdad, cantidad y calidad de los créditos pasivos declarados por el deudor.

El Actuario labrará en cada caso un acta que firmará con el acreedor disidente, y entregará inmediatamente la copia de ella al deudor, quien, a su vez, podrá exponer en la misma forma lo que considere favorable.

1534.

Vencidos los veinte días, el Actuario pondrá constancia de las reclamaciones deducidas o certificará que no se ha presentado ninguna, pasando el expediente al despacho del Juez.

1535.

Dentro del mismo plazo de veinte días los acreedores podrán pedir, y el Juez deberá ordenar de inmediato, la justificación de que trata el artículo 1528.

1536.

La mayoría de los acreedores pertenecientes a la segunda categoría del inciso 1° del artículo 1524, cuyos créditos resulten de la relación presentada por el deudor y no hayan sido objeto de observación, o que lo justifiquen con sus liros de comercio llevados en forma y reúnan más de la mitad de los créditos incluidos en dicha categoría, podrán nombrar el Contador a que se refiere el inciso 2° del artículo 1532. Si lo hubiesen, cesará por el hecho en sus funciones el designado por el Juzgado.

La omisión de créditos hecha por el deudor en la relación que presenta de su pasivo, se tendrá como presunción de fraude, que el Juez apreciará según la influencia que la omisión pueda producir respecto del cómputo de las mayorías y demás circunstancias.

1537.

Si producida la oposición el Juez considerara necesaria la prueba, ordenará que ésta se presente en la audiencia de que trata el artículo 1540, sin perjuicio de que las partes puedan entre tanto pedir el diligenciamiento anticipado de cualquier probanza, a excepción del examen de los testigos residentes en el Departamento de la Capital, que se hará precisamente en la audiencia. No será admisible en esa audiencia la declaración de testigos cuyo nombre y domicilio no haya sido expresado con cinco días, por lo menos, de anticipación, en un acta que el Actuario autorizará, dando copia a la contraparte dentro de las veinticuatro horas.

1538.

La resolución del Juez dictada de acuerdo con el artículo 1540 no tendrá otros efectos que los relativos al voto del acreedor para resolver sobre el concordato, pudiendo ambas partes renovar la discusión en cuanto al fondo de su derecho; pero el fallo en que este nuevo juicio se pronuncie no modificará lo resuelto en el primero.

1539.

Los acreedores cuyos créditos no resulten de la relación presentada por el deudor y que no hayan reclamado dentro del plazo del artículo 1533, serán, sin embargo, admitidos a la reunión (1540), si exhibieran documentos de fecha comprobada anteriores a la solicitud del concordato y que no sean observados. Si fueran observados, y siempre que esos votos pudieran decidir de la aceptación del concordato, resolverá el Juez las observaciones al pronunciarse sobre la homologación y con carácter de inapelable.

1540.

El día designado en la convocatoria según el artículo 1532, se reunirán los acreedores bajo la presidencia del Juez y con asistencia del contador nombrado. El Juez recibirá personalmente las pruebas de que trata el artículo 1537, tomando de las declaraciones de los testigos las anotaciones que crea convenientes, oirá a las partes y resolverá de plano e inapelablemente sobre las reclamaciones de que trata el artículo 1533 y las justificaciones pedidas conforme al artículo 1535. Recibirá en seguida los documentos que, de acuerdo con el artículo 1539, presentaren otros acreedores, a los que se tomará, en todo caso el voto, sin perjuicio de la resolución correspondiente en caso de ser observados.

En seguida se procederá a recoger los votos de los acreedores presentes sobre la propuesta o propuestas formuladas por el deudor, labrándose un acta del resultado de la reunión.

1541.

Dentro de los cinco días siguientes a la reunión resolverá el Juez sobre la homologación del concordato, pronunciándose a la vez sobre los créditos de que trata el artículo 1539.

Si el concordato hubiese sido aceptado por las mayorías exigidas por el inciso 1° del artículo 1524, le prestará el Juez su aprobación, salvo lo dispuesto en el artículo 1524; en caso contrario, lo declarará rechazado.

1542.

Rechazado el concordato, el deudor podrá pedir, dentro del tercer día de ser notificado, nueva convocatoria por edictos, para una reunión que tendrá lugar dentro de los diez días siguientes, para resolver sobre la propuesta que el deudor debe formular al pedir la Convocatoria; y el Juez la decretará, siempre que la propuesta no sea igual o notoriamente más gravosa para los acreedores que las rechazadas por éstos.

1543.

La nueva convocatoria quedará sin efecto en cualquier momento que acreedores, capaces por su número o por el monto de sus créditos de impedir la aprobación del concordato, rechacen expresamente la nueva propuesta. Este rechazo dejará igualmente sin efecto los recursos que el deudor hubiera interpuesto contra la resolución denegatoria de la segunda convocatoria.

1544.

Hasta que se dicte sentencia homologatoria del concordato, cualquier acreedor podrá oponerse a éste si el deudor ha alterado conscientemente el estado de su activo o valídose de medios fraudulentos para obtener la adhesión de los acreedores. En tal caso, y si el concordato reuniera los votos exigidos para su aprobación, el Juez, previa audiencia del deudor, abrirá un término de prueba no mayor de veinte días. Las partes alegarán de bien probado dentro del término común y perentorio de cinco días, vencido el cual el Actuario pondrá los autos al despacho.

El Juez resolverá dentro de los cinco días.

DISPOSICIONES COMUNES A LOS CONCORDATOS PREVENTIVOS JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL

1545.

Si la solicitud sobre concordato extrajudicial o judicial se presentase en la forma establecida respectivamente en los artículos 1524 y 1531, el Juzgado concederá al deudor una moratoria provisional, la que no aprovechará a los codeudores y fiadores.

Para que se dé curso a la solicitud de concordato, el deudor deberá, además, comprobar que se halla inscripto en el Registro Público de Comercio y presentar sus libros de contabilidad debidamente rubricados.

Los comerciantes por menor, cuyo capital en existencias sea inferior a dos mil pesos, sólo tendrán la obligación de llevar un libro borrador rubricado. No se entenderá que los libros de comercio están en forma, sino cuando estén debidamente asentados en ellos, las operaciones de comercio registradas con arreglo a las prescripciones de la ley, quedando al arbitrio del Juez la apreciación de si se ha cumplido con lo establecido por el artículo 54 del Código de Comercio.

1546.

La moratoria provisional suspende todo procedimiento para el cumplimiento en vía de apremio, de las sentencias declarativas de derechos creditorios puramente personales contra el concordato.

1547.

No se suspenderá por la moratoria el curso de los juicios de cualquier naturaleza, pendientes o que se inicien, hasta dictarse sentencia que cause ejecutoria. En las ejecuciones que se inicien por créditos puramente personales, no se trabará embargo en las mercaderías, máquinas, muebles y útiles del establecimiento comercial del deudor, o que pertenezcan al giro de sus negocios comerciales. La falta de embargo no obstará a la prosecución de la vía ejecutiva.

Tampoco se suspenderá el cumplimiento de las sentencias, ni se negará la traba de embargo en las ejecuciones contra los bienes del deudor dados en prenda o hipoteca para el pago de los respectivos créditos y en las ejecuciones de créditos privilegiados, en los límites dentro de los cuales la ley les concede preferencia.

1548.

de los documentos mencionados en los artículos 1524 y 1531 presentará el deudor un duplicado; en caso contrario, el Actuario expedirá un testimonio de ellos a costa del deudor.

El contador nombrado de acuerdo con los artículos 1539 y 1532 acompañará igualmente un duplicado de su informe.

Estas copias y testimonios se extenderán en papel simple y quedarán en la oficina para conocimiento de los interesados.

1549

La notificación de los autos dictados de acuerdo con los artículos 1526 y 1532 se hará dentro de las veinticuatro horas.

1550.

Las publicaciones prescriptas por los artículos 1526, inciso 1° y 1532 inciso 3°, se harán de inmediato en el "Diario Oficial" y en otros dos diarios de los de mayor circulación, durante el término de veinte días incluidos los feriados.

Un ejemplar de las primeras publicaciones será entregado al Actuario a más tardar dentro del tercer día a contar desde la notificación del auto que la ordenó. Si así no se hiciera, la solicitud sobre concordato perderá el efecto establecido por el artículo 1552, proveyéndose en consecuencia a las peticiones de declaración de quiebra ya presentadas o que se presentaren mientras aquel requisito no sea cumplido.

1551.

Antes de que el Juez se pronuncie sobre la homologación deberá acreditarse que han sido hechas las publicaciones prescriptas por los artículos 1526 y 1532. La prueba podrá hacerse por certificación del Director de la Biblioteca Nacional, o del Actuario, a quien deberán presentarse los respectivos ejemplares de los diarios. Si esa justificación no se hubiera hecho, el Juez podrá denegar de plano la homologación o conceder al deudor un plazo no mayor de dos días para presentar aquellos comprobantes, bajo apercibimiento de la misma denegación.

1552.

Presentada en forma una solicitud sobre concordato preventivo judicial o extrajudicial, no podrá proveerse a ningún pedido de declaración de quiebra, aun cuando éste fuera de fecha anterior. Si el auto de quiebra estuviera ya dictado, pero no ejecutoriado aún, se suspenderá el procedimiento de la quiebra si fuera presentado en forma un concordato extrajudicial para su homologación; pero no se dará curso a las solicitudes de concordato judicial, sino en el caso de que el auto de quiebra quedara sin efecto en virtud de recursos interpuestos contra él.

Ejecutoriado el auto de quiebra, no habrá lugar al concordato preventivo.

1553.

Ejecutoriada la sentencia que rechaza el concordato, procede la declaración de quiebra.

Si aquella sentencia fuera consentida, el Actuario pondrá inmediatamente los autos al despacho. En tal caso, o al poner el cúmplase en caso de que la sentencia hubiese sido apelada y confirmada, el Juez decretará la quiebra si el deudor tuviera su domicilio en Montevideo, o, en caso contrario, remitirá el expediente, a los mismos efectos, al Juez Letrado Departamental correspondiente. Si en los procedimientos sobre concordato judicial el deudor hiciera uso del recurso que le acuerda el artículo 1542, la declaración de quiebra no procederá hasta que el concordato sea rechazado en la segunda reunión, o se produzca la manifestación prevista en el artículo 1543, o quede ejecutoriada la resolución del Juez denegando la segunda convocatoria.

1554.

La declaración de quiebra, pronunciada de acuerdo con el artículo anterior, se reputará hecha a pedido del deudor. En consecuencia, no serán admisibles los recursos de éste contra el auto de quiebra (artículo 1589 del Código de Comercio), y la solicitud sobre concordato se considerará como equivalente de la manifestación impuesta por el artículo 1578.

Lo mismo será en el último supuesto del inciso final del artículo 1559.

1555.

Durante los procedimientos a que dé lugar la solicitud sobre el concordato no podrá el deudor vender, hipotecar o gravar de otro modo sus bienes raíces, arrendarlos, vender los valores muebles de su activo o darlos en prenda, sino con venia del Juez, en caso de necesidad o manifiesta utilidad, y con audiencia del interventor o en su defecto del Ministerio Público.

1556.

Los acreedores hipotecarios, prendarios y privilegiados no podrán votar sobre el concordato sino mediante la renuncia a sus derechos de preferencia. Podrán conservar esos derechos respecto de una parte de sus créditos, votando en el concordato por la otra parte, que no será menos de la mitad.

La renuncia quedará sin efecto si el concordato no fuese homologado.

1557.

La sentencia que se pronuncie sobre el concordato, además de notificarse al deudor y los opositores, si los hubiere, será publicada de acuerdo con el artículo 1550, durante el plazo de diez días, y será apelable en relación por el deudor o por cualquier acreedor cuyo crédito resulte comprobado. El término para el recurso se contará desde la última publicación para los que no hubieran sido personalmente notificados.

El Tribunal resolverá dentro de diez días de recibidos los autos.

1558.

Homologado el concordato, podrá pedirse su anulación mediante la prueba de ocultación del activo o de exageración del pasivo, o de maniobras dolosas del deudor o de terceros para formar la mayoría.

La acción de nulidad expira a los seis meses, contados desde la última publicación de la sentencia homologatoria (1557).

1559.

Son aplicables al concordato preventivo las disposiciones de los artículos 1702, 1703, 1706, 1707 y 1710.

A los efectos de la primera de las disposiciones citadas, e igualmente para los del artículo 1561, se considerarán acreedores anteriores al concordato los que lo fueran antes de la fecha de la presentación de la respectiva solicitud (artículos 1524 y 1531).

1560.

Lo dispuesto en los dos primeros incisos del artículo 1553 es aplicable al caso de anulación del concordato.

En el caso de rescisión por falta de cumplimiento del concordato, bastará para declarar la quiebra que el deudor no haya opuesto excepción legal al ser requerido para el pago (artículo 1580).

El concordato podrá limitar estas excepciones y facilitar aquella declaración. Así, podrá estipularse que la prueba del pago sea hecha necesariamente con los comprobantes de las consignaciones de las sumas debidas, a la orden del Juzgado. Podrá igualmente establecerse que no encontrándose agregados al expediente esos comprobantes del pago de una suma ya vencida, proceda de plano la declaración de quiebra, sea a solicitud de cualquier acreedor, sea sin ese pedido.

1561.

En los casos de rescisión o anulación de que trata el artículo precedente, los acreedores anteriores al concordato recobrarán, frente al deudor, la integridad de sus derechos, pero no podrán figurar en la mesa, frente a los nuevos acreedores, sino por la cuota de sus créditos primitivos correspondientes a la parte de dividendo prometido que no hayan recibido.

Lo misma será si el concordato es declarado en quiebra sin que haya procedido anulación o rescisión del concordato.

1562.

Los honorarios del contador y del interventor que hayan intervenido en el juicio serán fijados por el Juez e incluidos en la planilla de costas, que se tasará una vez terminado el juicio. Esos honorarios, salvo pacto en contrario, serán pagados por el deudor concordatario; el auto que los fije será aplicable en relación.

1563.

Serán considerados parte en el juicio de concordato todos los acreedores y deudores en lo relativo a la comprobación de su crédito o de su deuda, y en las cuestiones sobre ocultación del activo las personas a quienes los acreedores disidentes señalarán en el concepto de haber recibido cualesquiera bienes del deudor.

1564.

El Juez, cuando lo crea necesario, podrá autorizar al interventor para designar uno o más empleados que lo auxilien en sus funciones de fiscalización.

1565.

Si en el concordato se estipulara que el deudor quede sujeto para el manejo de sus negocios, a la fiscalización de un interventor, sin designarlo, o si el designado hubiera de ser reemplazado, la elección se hará salvo pacto en contrario, por los acreedores de la segunda categoría del inciso 1° del artículo 1524, a mayoría absoluta de votos que representen más de la mitad del importe de los créditos.

Si después de tres votaciones sucesivas no se formara mayoría en la audiencia a que deberán ser citados por edictos aquellos acreedores, ni se hubiera hecho la designación por la correspondiente mayoría en escrito presentado en los autos, el interventor será nombrado por el Juez de la causa.

Lo mismo se hará respecto de la persona o personas encargadas de la liquidación del activo en el caso de concordato por entrega de bienes.

1566.

La extinción de los créditos por la parte de que se haya hecho remisión al deudor (artículo 1710) no priva a cada uno de los acreedores de la acción que de acuerdo con los artículos 228 y 229 pudiera ejercitar contra terceros para cobrar íntegramente su crédito; ni de la que pudiera deducir contra terceros o contra el propio deudor para hacer efectivo el mismo cobro en los bienes que hubieran sido ocultados o simuladamente enajenados; ni de la que pudiera dirigir con aquel mismo fin contra el socio solidario que hubiera sido ocultado en la solicitud de concordato.

Estas acciones procederán aún después de vencido el plazo del artículo 1558.

Los acreedores que las dedujeren y los que se adhirieran a ella antes de la apertura del término de prueba, tendrán derecho a cobrarse preferentemente, sin perjuicio de las indeminizaciones que conforme con las reglas de la gestión oficiosa de negocios correspondan entre ellos y frente a los demás acreedores que aprovechen los resultados del pleito.

1567.

De las solicitudes sobre concordato preventivo conocerán en todo caso los Jueces de Comercio de la Capital.

El Juez que decretó la homologación, del concordato será competente para entender en las acciones sobre nulidad, cumplimiento o rescisión del concordato.

1568.

En caso de anulación de un concordato preventivo no se dará curso a ninguna nueva solicitud del mismo género.

La declaración de quiebra, fundada en la falta de cumplimiento de las obligaciones del concordato, no podrá obstaculizarse por la presentación de un nuevo concordato. Sin embargo, aquellas obligaciones podrán ser modificadas mediante el otorgamiento de plazos, de quitas y aun de la remisión total, pero se exigirá para ello que entre los acreedores anteriores al concordato y reconocidos en el juicio respectivo, se formen a favor de aquellas concesiones las mismas mayorías que según los artículos 1524 y 1541 son necesarias para la aprobación del concordato.

1569.

Durante los procedimientos a que dé lugar la solicitud del concordato, el deudor deberá permanecer en el territorio nacional, y no podrá salir de él sino con autorización del Juez y por causa de grave necesidad.

El Juez podrá denegar esa autorización discrecionalmente y sin expresión de causa. Si el deudor se ausentara quebrantando esta prohibición, se le considerará fugado y se declarará la quiebra de oficio. La ausencia se considerará justificada si el deudor, citado en su domicilio comercial a petición de cualquier acreedor y bajo apercibimiento de lo que éste artículo dispone, no comparece al Juzgado de la causa o al de su domicilio dentro del plazo que se le haya seña-lado ni justifica de otro modo su permanencia en el país.

La misma disposición será aplicable, en caso de sociedad, a los socios solidarios que tengan su domicilio en la República.

1570.

Si la sentencia sobre homologación de concordato o sobre nulidad del mismo (artículos 1530, 1544 y 1558) declara probado alguno de los hechos de que trata el artículo siguiente, se remitirá testimonio de ella al Juez de Instrucción para que inicie el correspondiente sumario. Lo mismo podrá ordenar el Juez cuando lo juzgue prudente, en los casos del artículo 1540.

Fuera de los casos del inciso anterior, se iniciará igualmente sumario por los mismos hechos, a petición del Ministerio Público o en virtud de denuncia privada.

El juicio penal, que se seguirá en todo caso de oficio, no se paralizará aunque el concordato sea homologado, o el auto de quiebra sea repuesto o revocado, o los procedimientos del concurso cesen o se paralicen por cualquier causa.

1571.

El concordatario que conscientemente exagere el activo, oculte la existencia de uno o más acreedores, simule la existencia de algún socio solidario, o exagere la solvencia de los socios verdaderos, será considerado como autor del delito de estafa.

El concordatario que oculte sus bienes, o exagere conscientemente el pasivo, será equiparado al quebrado fraudulento (artículo 1662). El mismo delito constituirá, en el concordato de una sociedad, la ocultación de un socio solidario, o la ocultación de sus bienes o la exageración de sus deudas.

Los que no siendo acreedores voten o intenten votar fraudulentamente como tales en el concordato, los acreedores verdaderos que exageren fraudulentamente el monto de sus créditos, y los que hubieren estipulado con el concordatario o con un tercero ventajas particulares, en razón de su voto, que hagan su condición mejor que la establecida en el concordato para la generalidad de los acreedores, serán considerados cómplices de quiebra fraudulenta.

La responsabilidad de estos actos alcanzará, conforme a las reglas generales, a los autores, cómplices y encubridores.

TITULO XIX

DE LAS MORATORIAS

1764.

Las moratorias o esperas se conceden exclusivamente a los comerciantes que prueban que la imposibilidad de pagar de pronto a sus acreedores, proviene de accidentes extraordinarios, imprevistos o de fuerza mayor, artículo 1608, y que justifican al mismo tiempo por medio de un balance exacto y documentado que tienen fondos bastantes para pagar íntegramente a sus acreedores, mediante cierto plazo o espera.

1765.

La petición de moratoria debe presentarse ante el Juzgado competente para la declaración de quiebra.

A la petición de moratoria acompañará:

La prueba de los accidentes imprevistos que se invoquen.

Un estado del activo y del pasivo con los comprobantes respectivos, y un inventario estimativo de los bienes.

Una relación de los nombres y domicilios de los acreedores y del importe de sus créditos respectivos.

1766.

Estimando el Juzgado que el suplicante se encuentra en el caso del artículo 1764, podrá expedir una orden inmediatamente para suspender la ejecución de las sentencias que se hubiesen pronunciado o se pronunciasen, continuando sin embargo el curso ordinario de las ejecuciones.

1767.

Ya sea que se expida la orden o no, a que se refiere el artículo precedente, el Juzgado convocará inmediatamente a los acreedores para que nombre dos personas de entre ellos mismos, que verifiquen la exactitud del balance presentado, con vista de los libros y papeles que el deudor deberá exhibir en su escritorio.

1768.

Una vez que los acreedores nombrados para verificar el balance hayan desempeñado su cometido, lo pondrán en conocimiento del Juez de la quiebra, y éste convocará a los acreedores para que se reúnan bajo su presidencia el día y hora que tenga a bien designar. Ese día no podrá ser prorrogado y la convocación se hará por edictos que se publicarán en la forma establecida en el artículo 1571.

1769.

Reunidos los acreedores en el día señalado, se leerá el informe de los nombrados para la verificación del balance (artículo 1767) se oirá verbalmente a los acreedores y al deudor, que podrán asistir por sí o por medio de apoderados, se procederá a recoger los votos de los acreedores y se formará de todo un acta, que el actuario pondrá al despacho del Juez al día siguiente de celebrada la reunión.

El Juez, para resolver tomará en consideración las circunstancias o accidentes extraordinarios alegados por el deudor, la probabilidad que pueda existir de que por medio de la moratoria sean íntegramente pagos los acreedores, y los indicios de mala fe que puedan haberse encontrado en los procedimientos del deudor.

En esta misma reunión nombrarán los acreedores, dos de entre ellos para que intervengan en los procedimientos del deudor durante el término de la moratoria, en el caso de que ésta fuese concedida.

1770.

En el caso de que los dos tercios de los acreedores personales, cuyos créditos formen las tres cuartas de la deuda sometida a los efectos de la moratoria, o los tres cuartos de los acreedores que representen los dos tercios de los créditos, se hayan opuesto a ella, será de plano denegada por el Juzgado, sin otro examen.

En tal caso queda sin efecto alguno la suspensión provisoria de los procedimientos ejecutivos.

1771.

Si no ha votado contra la concesión de la moratoria el número de acreedores determinado en el artículo precedente, el Juzgado la concederá o negará, debiendo estarse a su resolución.

Para mejor proveer, puede mandar el Juzgado que se proceda a cualquier examen o diligencia que juzgue conveniente para el más completo conocimiento del verdadero estado de los negocios del deudor.

1772.

En ningún caso la moratoria puede exceder del término de un año.

Ese término se contará desde la suspensión provisoria (Art. 1766) o no habiendo mediado esa suspensión, desde la fecha en que el Juzgado haya concedido la moratoria definitiva.

1773

Si después de haberse presentado la petición de moratoria, uno o más acreedores solicitan la declaración de quiebra, usando de la facultad que les concede el artículo 1530, se procederá en la forma siguiente:

Si el Juzgado ha concedido la suspensión provisoria (Art. 1766), no se proveerá la solicitud de los acreedores, hasta que se haya resuelto definitivamente sobre la concesión o denegación de la moratoria.

Si se ha negado la suspensión provisoria, puede el Juzgado, habiendo motivo suficiente, hacer la declaración de quiebra, sin perjuicio de la resolución ulterior sobre la petición de moratoria.

1774.

La concesión de la moratoria se publicará por edictos en la forma establecida en el artículo 11571.

En los edictos se hará constar el nombre de los interventores nombrados.

1775.

En la moratoria concedida a una sociedad colectiva, la resolución debe contener el nombre de todos los socios, y esos nombres deben también figurar en los edictos.

1776.

Publicado el nombre de los interventores en la forma prescripta en el artículo 1774, no puede el deudor enajenar ni gravar en manera alguna sus bienes muebles o raíces, recibir ni pagar cantidades, ni ejercer acto alguno de administración, sin la asistencia o autorización de los interventores, so pena de nulidad de los actos que de otro modo se celebraren.

1777.

Mientras dure el término de la moratoria, los créditos que existan al tiempo de pedirla, sólo pueden pagarse proporcionalmente a la cuota que represente cada acreedor, sin perjuicio de las disposiciones del artículo 1779.

1778.

El efecto de la moratoria es suspender toda y cualesquiera ejecución y suspender igualmente la obligación de pagar las deudas puramente personales del que ha obtenido la moratoria.

El curso ordinario de las causas pertinentes o que de nuevo se iniciaren, sólo se suspende en cuanto a la ejecución.

1779.

La moratoria no tiene efecto suspensivo en las ejecuciones que provengan:

De hipotecas, prendas u otros derechos reales.

De arrendamientos de terrenos o fincas.

De alimentos.

De salarios de criados, jornaleros y dependientes de comercio, y honorarios de abogado, procurador y médico.

De créditos que provengan de suministros hechos al deudor para su subsistencia y la de su familia durante los seis meses anteriores a la concesión de la moratoria.

1780.

La moratoria es personal al deudor.

En ningún caso aprovecha a los codeudores o fiadores, salvo expresa estipulación en contrario.

1781.

La moratoria puede ser revocada, a instancia de los interventores o de cualquier otro acreedor si se probare que el deudor procede de mala fe, u obra en cualquier manera, en perjuicio de los acreedores.

Puede igualmente ser revocada la moratoria aunque no haya mediado culpa del deudor, si los interventores demuestran que, pendiente el plazo, se ha deteriorado de tal modo el estado de los negocios del deudor, que su activo no alcanza ya para el íntegro pago de las deudas.

1782.

En todos los casos en que se revoque la moratoria, el Juzgado procederá inmediatamente a hacer la declaración de quiebra en la forma determinada en el Título II, De la declaración de quiebra.

1783.

La moratoria para cuya concesión haya dejado de cumplirse alguna de las formalidades prescriptas en este título, puede en cualquier tiempo ser revocada.

1784.

El honorario de los interventores será fijado por el Juez según la importancia de los bienes y la naturaleza del giro, pero en ningún caso esa estimación excederá de una suma proporcional a cien pesos mensuales a cada uno.

1785.

Los interventores pueden ser removidos con causa justificada, convocándose nuevamente a los acreedores para que los sustituyan, y en tal caso los que así hubiesen sido removidos no tendrán derecho a percibir honorarios.

Tampoco lo percibirán si renunciasen el cargo sin causa, reputándose tales las enumeradas en el artículo 1763.

CODIGO CIVIL

2086. El mandado se acaba:

1°. Por el desempeño del encargo para que fue constituido.

2°. Por la expiración del tiempo o por el evento de la condición prefijados para que termine el mandato.

3°. Por la revocación del mandato.

4°. Por la renuncia del mandatario.

5°. Por la muerte del mandante o del mandatario.

6°. Por la quiebra o insolvencia del uno o del otro.

7°. Por la incapacidad sobreviniente del uno o del otro.

8° DEROGADO por Ley N° 16.603, de 19/10/94, en virtud del Art. 1° de la Ley N° 10.783, de 18/9/46.

9°. Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandante ha sido dado en ejercicio de ellas.

LIBRO CUARTO

De las Obligaciones

Segunda Parte

DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS

TITULO XVII

De la Cesión de Bienes

2359. La cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos al acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halle en estado de pagar sus deudas.

2360. Esta cesión de bienes será admitida por el Juez con conocimiento de causa y el deudor podrá implorarla no obstante cualquier estipulación en contrario.

2361. Para obtener la cesión, deberá el deudor probar su inculpabilidad en el mal estado de sus negocios, siempre que lo exigiere alguno de los acreedores.

2362. Los acreedores serán obligados a aceptar la cesión, excepto en los casos siguientes:

1°. Si el deudor ha sido condenado por hurto, robo, falsificación o quiebra fraudulenta.

2°. Si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores.

3°. Si ha dilapidado sus bienes.

4°. Si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado de sus negocios o se ha valido de cualquier otro medio fraudulento, para perjudicar a sus acreedores.

2363. El deudor no está obligado a comprender en los bienes que cede, aquellos que no son embargables para el pago por acción ejecutiva.

No son embargables:

1°. Las remuneraciones por cualquier concepto, de los empleados públicos y privados y las pensiones, jubilaciones y retiros.

Cuando se tratare de deudas por tributos, de pensiones alimenticias decretadas judicialmente, podrán embargarse hasta la tercera parte; en los casos de pensiones alimenticias en favor de menores e incapaces servidas por sus ascendientes, serán embargables hasta la mitad.

2°. Las prendas de uso personal del deudor y de su familia y los muebles y útiles contenidos en su casa habitación, salvo que la deuda provenga de la adquisición de los mismos muebles o de alquileres de la casa, se exceptúan de la inembargabilidad, los bienes suntuarios de alto valor.

3°. Los libros relativos a la actividad laboral del deudor.

4°. Las máquinas e instrumentos de que se sirva el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o arte o para el ejercicio de su oficio o profesión, salvo el caso de bienes prendados para garantizar el precio de la adquisición.

5°. Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado.

6°. Los utensillios del deudor, artesano o trabajador del campo, necesarios para su trabajo individual. Tratándose del trabajador del campo, además; un arado, una sembradora, una cortadora, una rastra, un vehículo, una yunta de caballos con los arneses correspondientes, una yunta de bueyes, una vaca, dos cerdos, los animales menores y aves para el consumo de la familia durante un año y la semilla de la cosecha anual próxima en una cantidad que no exceda de la necesaria para el cultivo de una chacra de cincuenta hectáreas.

El beneficio que acuerda este inciso no podrá invocarse contra el vendedor en su reclamación del precio de las cosas que se declaran inembargables.

7°. Los alimentos y combustibles que existan en poder del deudor, hasta la concurrencia de lo necesario para el consumo de su familia durante tres meses.

8°. Los derechos cuyo ejercicio es meramente personal, como los de uso y habitación.

9°. Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega, por tasación aprobada judicialmente; pero podrán embargarse por el valor nacional que después adquiriesen.

10 Las propiedades y rentas públicas y municipales, sin perjuicio de lo establecido en la ley procesal.

11 Las cosas sagradas y religiosas y los bienes afectados al culto de cualquier religión.

12 Los derechos funerarios.

13 El derecho de propiedad literaria y artística del autor

y de sus herederos. Ningunos otros bienes se considerarán exceptuados, salvo lo que declare una ley especial; con todo, no podrá impedirse que funcionen, mientras permanezcan embargados, los telégrafos, ferrocarriles, tranvías, diques y toda otra empresa de utilidad pública, así como las cosas afectadas a un servicio público.

NOTA: Por Ley N° 16.603, de 19/X/94 la redacción del artículo está adaptada al texto de los Arts. 381 y 382 inc. 2° Código General del Proceso, el texto del numeral 1° está adaptado al Art. 214 del Código del Niño; y el texto del numeral 6° surge del Art. 26 de la Ley N° 8.153, de 16/12/27.

2364. La cesión de bienes produce los efectos siguientes:

1°. El cedente no puede ser reconvenido judicialmente por ninguno de los acreedores, mientras no se resuelva acerca de ella.

2°. Admitida que sea, da a los acreedores la facultad de disponer de los bienes y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos, pero no les transfiere la propiedad.

3°. Los créditos se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechos.

4°. El deudor que después de la cesión adquiere bienes, goza del beneficio de competencia con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1494.

2365. Podrá el deudor arrepentirse de la cesión antes de la venta de los bienes o de cualquier parte de ellos y recobrar los que existan, pagando a sus acreedores.

2366. Hecha la cesión de bienes, podrán los acreedores dejar al deudor la administración de ellos y hacer con él los arreglos que tuvieren por conveniente, siempre que en ello se conformare la mayoría de los acreedores concurrentes.

El acuerdo de la mayoría obtenido en la forma prescripta por la ley procesal, es obligatorio para todos los acreedores que hayan sido citados, según se prescriba en la misma.

Pero los acreedores privilegiados, prendarios o hipotecarios, no serán perjudicados por la resolución de la mayoría, si se hubieren abstenido de votar.

2367. La cesión de los bienes de un deudor no aprovecha a sus codeudores solidarios ni a los fiadores, sino hasta el importe de los pagos hechos con los bienes cedidos.

Tampoco aprovecha a los herederos del que hizo la cesión, si han aceptado la herencia sin beneficio de inventario.

TITULO XVIII

De los créditos privilegiados

2368. Privilegio es un favor especial con que la ley mira ciertos créditos personales en concurso de acreedores, sin que por eso pasen en caso alguno contra terceros poseedores.

2369. La primera clase de créditos personales privilegiados comprende los que nacen de las causas que aquí se enumeran.

1°. Las costas y costos judiciales en el interés común de los acreedores y los gastos de administración durante el concurso.

2°. Las expensas funerales del deudor difunto.

3°. Los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor.

4°. El honorario del abogado, procurador y médico y los salarios de los dependientes y criados por lo que se les adeuda en todo el año anterior a la declaración del concurso, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1224 a 1226.

Para los efectos del privilegio, el honorario del abogado y procurador será regulado en la forma establecida por la ley procesal y con prescindencia de toda iguala o contrato que se invoque por el interesado.

5°. Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante el último año.

El Juez, a petición de los acreedores, tendrá la facultad de tasar este cargo, si le pareciere excesivo.

6°. Los atrasos de impuestos públicos o municipales.

7°. Las sumas que los despachantes de Aduana pagan a ésta por los derechos correspondientes a las mercaderías cuyo derecho se les encomienda y las abonadas por concepto de derechos fiscales de Aduana, eslingaje, almacenaje, acarreos y demás gastos correspondientes a las mercaderías hasta llegar a su destino.

8°. El precio de venta de la uva adquirida para vinificar.

NOTA: El texto del inc. 7° está dado por la Ley N° 16.603, de 19/10/94 en virtud de la Ley N° 8.301 de 15/10/28.

2370. A la segunda clase de créditos personales privilegiados corresponde:

1°. El precio del transporte, sobre los efectos transportados.

2°. El haber de los posaderos por razón de hospedaje, sobre los efectos existentes en la posada.

3°. Las semillas, su importe, gastos de cultivo, recolección y conservación, anticipados al deudor y los créditos de fomento agrario concedidos por el Banco de la República sobre las cosechas del último año.

4°. Los alquileres y rentas de bienes raíces, sobre los bienes muebles propios del arrendatario y que éste tiene dentro de la finca arrendada; y también sobre la cosecha del año, tratándose de heredades.

A la misma clase pertenecen los privilegios especiales establecidos expresamente a favor de ciertos créditos por la ley comercial.

NOTA: El texto del numeral 3° está dado por el Art. 11 de la Ley N° 8.461 de 5/9/29.

2371. La tercera clase de créditos personales privilegiados comprende:

1°. Los del Fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales.

2°. Los de los establecimientos nacionales de caridad o de educación y los de las municipalidades, Iglesias y comunidades religiosas, contra los recaudadores y administradores de sus fondos.

3°. DEROGADO por Ley N° 16.603, de 19/X/94, en virtud del Art. 2° de la Ley N° 10.783, de 18/9/46.

4°. Los de los hijos, por los bienes de su propiedad no existentes en especie, que fueron administrados por sus padres, sobre los bienes de éstos.

5°. Los de las personas que están bajo tutela o curaduría, contra los respectivos tutores o curadores y fiadores de éstos.

6°. DEROGADO por Ley N° 16.603, de 19/X/94. Ver nota 294 y 332.

NOTA: El texto del numeral 4° corresponde al Art. 1°, Ley N° 15.855 de 25/3/87.

TITULO XIX

De la graduación de acreedores y distribución de los bienes en concurso

2372. Los bienes todos del deudor, exceptuándose los no embargables (artículo 2363), son la garantía común de sus acreedores y el precio de ellos se distribuye entre éstos a prorrata, a no ser que haya causas legítimas de preferencia (artículo 1295).

La ley no reconoce otras causas de preferencia que la prenda, la hipoteca y los privilegios.

2373. Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de dominio y existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor como usufructuario o prendario o del derecho de retención que le concedan las leyes, en todos los cuales podrán subrogarse los acreedores.

2374. Son nulos todos los actos ejecutados por el deudor relativamente a los bienes de que ha hecho cesión o de que se ha abierto concurso a los acreedores.

2375. Los diversos créditos contra el deudor concursado se pagarán según el orden de precedencia y sobre los bienes que se les asignan en los grados siguientes.

2376. El primer grado comprende los créditos enumerados en el artículo 2369.

Estos créditos afectan todos los bienes del deudor, salvo lo dispuesto por los artículos 2380 y 2383 y no habiendo lo necesario para cubrirlos íntegramente, preferirán unos a otros en el orden de su numeración en el citado artículo 2369, cualquiera que sea su fecha; y los comprendidos en cada número concurrirán a prorrata.

2377. El segundo grado comprende los créditos enumerados en el artículo 2370 y los indicados en el mismo con referencia a la ley comercial.

Estos créditos son pagados con el producto de los bienes en que tienen su respetivo privilegio; y en el caso de concurrir algunos contra la misma especie, se pagarán a prorrata.

Afectando a una misma especie créditos del primer grado y del segundo, excluirán éstos a aquéllos, pero si fuesen insuficientes los demás bienes para cubrir los créditos del primer grado, tendrán éstos la preferencia en cuanto al déficit y concurrirán en dicha especie en el orden y forma que se expresa en el artículo anterior.

2378. El tercer grado comprende los privilegios enumerados en el artículo 2371.

Estos créditos prefieren indistintamente unos a otros, según las fechas de las causas, es a saber:

La fecha del nombramiento de administradores y recaudadores, respecto de los créditos de los números primero y segundo del citado artículo 2371.

La del nacimiento del hijo, en los del número cuarto del referido artículo.

La del discernimiento de la tutela o curatela, en los del número quinto del mismo artículo.

NOTA: Por Ley N° 16.603, de 19/10/94 se eliminó el anterior inciso 4° en virtud de la derogación de los numerales 3 y 6 del Art. 2371.

2379. Las preferencias de los créditos del tercer grado afectan todos los bienes del deudor, pero no dan derecho contra terceros poseedores y sólo tienen lugar después de cubiertos los créditos de los dos primeros grados, de cualquiera fecha que éstos sean.

2380. Son acreedores hipotecarios los que tienen garantidos sus créditos con hipoteca convencional, especial y registrada, según lo dispuesto en el Título XV. Parte Segunda de este Libro; y los demás a quienes se reconoce esa calidad en el artículo 2383.

Prendarios, son los que tienen sus créditos garantidos en prenda de que se encuentren en posesión y con tal que el contrato conste por escritura pública o por documento privado, cuya fecha resulte comprobada con arreglo al artículo 1587.

Todos los demás acreedores que no tienen alguna de las causas expresadas de preferencia, son simples o quirografarios.

2381. Los acreedores hipotecarios y prendarios a que se refiere el artículo anterior, no están obligados a aguardar a las resultas del concurso general para proceder a ejercitar sus acciones contra los respectivos inmuebles o muebles hipotecados o dados en prenda.

La acción se ejercitará con completa independencia del concurso general, y éste sólo tendrá derecho a percibir el saldo que deje la ejecución, después de cubierto el crédito hipotecario o prendario y las costas y costos del juicio.

2382. A cada propiedad raíz gravada con hipoteca, podrá abrirse a petición de los respectivos acreedores o de cualquiera de ellos, un concurso particular para que se les pague inmediatamente según el orden de las respectivas inscripciones.

En este concurso se pagarán ante todo, las costas y costos judiciales causados en él.

2383. Para los efectos de la prelación en este concurso particular de acreedores hipotecarios, se considerarán también como hipoteca:

1°. Los censos debidamente inscritos.

2°. Los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa, siempre que el contrato de construcción o las deudas, hayan sido inscritos en el registro respectivo. Estos créditos concurrirán indistintamente entre sí y con las hipotecas, estableciéndose la prelación según las fechas de las respectivas inscripciones.

2384. El concurso, con autorización del Juez, puede levantar la hipoteca o retirar la prenda, pagando el importe de la deuda.

En tal caso, la cosa hipotecada o dada en prenda, vuelve a la masa concursada.

2385. Las preferencias del primer grado a que estaban afectos los bienes del deudor difunto, afectarán de la misma manera los bienes del heredero, salvo que éste haya aceptado la herencia con beneficio de inventario o que los acreedores gocen del beneficio de separación, pues en ambos casos afectarán solamente los bienes inventariados o separados.

2386. La misma regla se aplica a los créditos del tercer grado, los cuales conservarán su fecha sobre todos los bienes del heredero, cuando no tengan lugar los beneficios de inventario o separación y sólo la conservarán en los bienes inventariados o separados, cuando tengan lugar los respectivos beneficios.

2387. El cuarto y último grado comprende los créditos que no gozan de preferencia. Estos créditos se pagarán a prorrata sobre el sobrante de la masa concursada, sin consideración a su fecha.

2388. Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit a la lista de los créditos de cuarto grado, con los cuales concurrirán a prorrata.

2389. Los intereses seguirán hasta la extinción de la deuda y se cubrirán con la preferencia que corresponda a sus respectivos capitales.

Ley N° 2.230, de

2 de junio de 1993

Artículo 1°.- Las sociedades anónimas debidamente autorizadas y registradas en consonancia con las dispo-siciones de los Arts. 405 y 407 del Código de Comercio,

se disuelven y liquidan en los casos y según las formas que se prescriben en los respectivos capítulos de la presente ley.

CAPITULO I

De los casos de disolución necesaria

Artículo 2°.- Las sociedades anónimas se disuelven de necesidad:

1°. Por haber acabado la empresa que fue objeto especial de su formación.

2°. Por la expiración del término de su duración fijado en los estatutos, si estos no autorizan a la Asamblea General de accionistas para prorrogarlo o si la Asamblea General no ha usado de ese derecho antes de vencerse el término primitivo.

3°. Por haber perdido el setenta y cinco por ciento del capital integrado.

4°. Por no poder llenar la sociedad el fin para que fue creada.

Artículo 3°.- Se produce el caso previsto en el inciso 4° del Art. Anterior:

1°. Cuando no alcance a suscribirse a lo menos el veinte por ciento del capital autorizado.

2°. Cuando no pueda cobrarse en dinero efectivo a lo menos el veinticinco por ciento del capital suscrito indicado como mínimo en el inciso precedente.

Artículo 4°.- El Poder Ejecutivo al conceder la autorización prevista en el Art. 405 del Código de Comercio, señalará un término prudencial dentro del cual deban verificarse las condiciones exigidas en los dos incisos del artículo anterior.

No justificado dentro de dicho término que se han verificado, retirará la autorización concedida, lo hará publicar por diez días en la prensa, y lo avisará al Registro Público de Comercio, todo ello por cuenta y cargo de los iniciadores de la sociedad.

Artículo 5°.- Esos mismos iniciadores responderán personal y solidariamente de las obligaciones contraídas hasta la constitución definitiva de la Sociedad en las condiciones de los dos inciso del artículo 3°.

Se considerarán iniciadores los que formen los estatutos y los presenten a la aprobación del Poder Ejecutivo y los que admitan puestos de directores o gerentes.

Artículo 6°.- Los tres artículos anteriores se entenderán como sustitutivos del inciso final del artículo 422 del Código de Comercio.

Sin embargo, después de verificadas las condiciones exigidas por el artículo 3°, una Asamblea General de accionistas, extraordinariamente convocada con arreglo a los Estatutos, y en la cual estén representadas dos terceras partes de acciones, podrá resolver en todo tiempo por dos tercios de votos presentes, la disolución de la Sociedad si a juicio de ellos ésta no llena los fines para que fue creada, determinando a la vez la forma de liquidación cuando los Estatutos no la hayan determinado.

CAPITULO II

De las obligaciones y responsabilidades de los administradores en los casos de disolución necesaria

Artículo 7°.- En los casos de los Incisos 1° y 2° del artículo 2°, los administradores de la Sociedad iniciarán los procedimientos de liquidación prevenidos en los estatutos.

Si no hubiese ninguna regla prevenida en los estatutos, convocarán a asamblea de accionistas por medio de avisos que expresen el motivo de la convocatoria con término de un mes y advertencia de que se estará a lo que resuelvan los concurrentes.

En el ínterin deberán limitase los administradores a la guarda y conservación de los valores, respondiendo personal y solidariamente si infringieren esa limitación.

Artículo 8°.- En el caso del inciso 3° del artículo 2°, así que los administradores hayan comprobado la pérdida del setenta y cinco por ciento del capital integrado, publicarán avisos anunciando que la Sociedad se ha disuelto y entra en liquidación; y se abstendrán de hacer ninguna operación nueva, siendo responsables personal y solidariamente hacia los terceros con quienes contraten y hacia los accionistas por el perjuicio que puede resultarles.

Si la forma de la liquidación no estuviese determinada en los estatutos, los administradores procederán como se indica en el inciso 2° del artículo anterior.

Artículo 9°.- En el caso del inciso 4° del artículo 2°, una vez que el Poder Ejecutivo haya retirado la autorización de la sociedad, los iniciadores de ésta publicarán avisos expresando el local y las horas a que puedan concurrir los acreedores para ser pagados.

No haciéndolo podrán los interesados usar del derecho que les acuerda el artículo 5° contra cualquiera de los iniciadores.

Artículo 10.- Los avisos de que habla este capítulo se publicarán por diez veces a los menos en dos periodicos de notoria circulación.

Artículo 11.- Los administradores de las sociedades anónimas son responsables personal y solidariamente hacia ellas y hacia terceros por inejecución o mal desempeño del mandato y por violación de las leyes, estatutos o reglamentos sociales.

Quedan exentos de estas responsabilidades los directores que no hubieren concurrido a la sesión en que fuese adoptada la resolución que cause la responsabilidad o que si hubiesen concurrido, protestasen contra las deliberaciones de la mayoría haciendo constar en el acta su protesta y dando cuenta de ella en la primera asamblea ordinaria o extraordinaria de accionistas.

Artículo 12.- En todos los casos de disolución que especifica este capítulo, la liquidación será enteramente privada mientras se satisfaga sin interrupción las obligaciones sociales.

Asimismo los acuerdos voluntarios entre la liquidación y sus acreedores respecto a la forma, especie, o plazos de los pagos, serán válidos salvo lo dispuesto en los artículos 228 y 229 del Código de Comercio y las nulidades especiales a que haya lugar si llegase a pronunciarse la liquidación judicial de la sociedad.

CAPITULO III

De la liquidación judicial

Artículo 13.- La liquidación judicial de las sociedades anónimas se regirá por las disposiciones del Código de Comercio sobre quiebras con las modificaciones que establece este capítulo.

Artículo 14.- No son aplicables a las sociedades anónimas las disposiciones del Código de Comercio referentes a la persona del fallido y a la calificación de la quiebra. Las responsabilidades civiles y criminales de los directores y administradores de sociedades anónimas quedan fijadas en los artículos 44 y 76 de la presente ley.

Artículo 15.- La liquidación judicial de las sociedades anónimas sólo pueden decretarse a pedido de sus directores o administradores en caso de cesación del pago corriente de las obligaciones sociales y a pedido de uno o más acreedores que presenten títulos ejecutivos contra los cuales no se oponga alguna excepción legal.

Artículo 16.- La petición de liquidación judicial se presentará ante el Juez de Comercio de turno.

Si fuera de los representantes o administradores de la Sociedad, deberá ir acompañada de una memoria sobre las causas del desastre, del balance los negocios sociales del inventario estimado de los bienes y de una lista de los acreedores en que se exprese el importe, plazo y naturaleza de los créditos que cada uno represente.

Mediante estos requisitos la liquidación judicial será inmediatamente decretada por el Juez.

Artículo 17.- Si la petición de liquidación judicial proviniese de uno o más acreedores de la sociedad, el Juez podrá oir previamente a los representantes o administradores de ella, pero deberá resolver dentro de los cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación del escrito.

Artículo 18.- La declaración de liquidación judicial de las sociedades anónimas se publicarán en la forma prescripta por el artículo 1538 del Código de Comercio.

Artículo 19.- Los recursos legales contra las sentencias que recaigan en las peticiones de liquidación judicial, se regirán por el Título III del Libro de las quiebras del Código de Comercio, pero el plazo para deducirlos será sólo de diez días contados desde la modificación personal, si la sentencia fuese contraria a la petición y desde la primera publicación por la prensa si fuese favorable.

Artículo 20.- Declarada la liquidación, el Juez de Comercio en el mismo auto adoptará las medidas provisorias que prescribe el artículo 1565 del Código de Comercio en los incisos 2°, 3°, 4° y 5° y nombrará dos síndicos provisorios elegidos necesariamente entre los doce mayores acreedores personales no privilegiados, según resulte de los libros.

A los efectos de este artículo se considerarán acreedores los tenedores de las obligaciones al portador que conste en los libros haberse emitido y cuyos tenedores deberán presentarlas al Juez de Comercio que ordenará su registro y depósito en la Oficina de Crédito Público.

No podrán ser investidas de la sindicatura las personas que ya ejerzan otras tres sindicaturas judiciales.

En los casos de alzamiento en que no haya o no se encuentren los libros, los síndicos provisorios serán nombrados por orden rigurosamente numérico de una lista de treinta comerciantes, que será formada al principio de cada año judicial, por la Alta Corte de Justicia o el Tribunal que haga sus veces.

Artículo 21.- Los acreedores designados por el Juez expresarán si acepta o no el cargo en el acto de la notificación.

Si no aceptan, el actuario dará cuenta sin más trámite y el Juez lo sustituirá en el día.

Después de aceptado el cargo los síndicos no pueden renunciarlo sino por causa de enfermedad o de ausencia forzosa, debidamente justificadas.

Artículo 22.- Los síndicos provisorios tomarán inmediata posesión de los bienes sociales bajo inventario en la forma del Art. 1575 del Código de Comercio y deberán conservarlo bajo la responsabilidad de depositarios, no pudiendo ejercer a su respecto sino actos de simple administración.

Artículo 23.- Dentro de los treinta días siguientes a la toma de posesión de los bienes, presentarán los síndicos al Juez de Comercio un balance de los negocios sociales, un inventario estimativo de los bienes de la sociedad y una lista de los acreedores con las calidades prevenidas en la parte final del Art. 16.

Si esos documentos ya hubiesen sido presentados por los representantes o administradores de la sociedad, los síndicos podrán referirse a ellos, pero siempre bajo la responsabilidad de sus propias informaciones.

Al mismo tiempo los síndicos informarán sobre las causas que a su juicio produjeron la liquidación forzosa de la sociedad sobre la solvencia y sobre la manera más conveniente de llevar a cabo la liquidación.

Artículo 24.- En la misma oportunidad de que habla el artículo anterior, si los síndicos hubiesen hallado causa suficiente para hacer efectiva alguna responsabilidad civil o criminal contra los administradores de la sociedad, lo harán presente en el informe con las explicaciones del caso.

El Juez de Comercio hará sacar testimonio de esa parte del informe de los síndicos para formar expediente separado, del cual se dará vista al ministerio público para las últerioridades a que haya lugar.

Artículo 25.- Los síndicos que dejen transcurrir el término fijado en el artículo 23 para expedir su informe, in-curren en multa de cincuenta pesos por cada día de demo-ra.

Esta multa se hará efectiva de oficio y por vía de apremio.

Artículo 26.- Una vez presentado el informe de los síndicos, el Juez de Comercio convocará a los acreedores de la sociedad fijando día, hora y local de la reunión con un plazo no menor de quince días.

La reunión tendrá por objeto ocuparse del concordato, si se hubieren ofrecido, y de la liquidación definitiva de la sociedad, con declaración de la solvencia o insolvencia de la masa.

El edicto de convocatoria se publicará de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 1571 del Código de Comercio.

Artículo 27.- Durante el plazo de la convocatoria todos los documentos que hubiese presentado la sociedad, los que forzosamente deberán presentar los síndicos y la propuesta de concordato, si la hubiese, estarán a disposición de los acreedores en el local del Juzgado y esta circunstancia se hará presente en el edicto respectivo, así como que las deliberaciones tendrán lugar sea cual sea el número de acreedores que asista.

Artículo 28.- La proposición de concordato debe presentarse a nombre de la sociedad por quienes la representen legítimamente y en virtud del mandato expreso, ya emane de los estatutos o de autorización especial acordada en asamblea o fuera de ella, en documento público o privado, individual o colectivo, por accionistas que representen dos terceras partes del capital social.

Artículo 29.- El concordato en cualquiera de sus formas para que pueda tener homologación judicial deberá ser aceptado por acreedores que representen tres cuartas partes de la totalidad de los créditos personales no privilegiados que hayan sido reconocidos provisoriamente según lo dispuesto en los artículos siguientes.

Aunque reúna el indicado número de votos, deberá negarse la homologación judicial si hay prueba o presunción defraude en los actos preparatorios del concordato o si en este no se establece perfecta igualdad para el pago de todos los créditos de la misma categoría.

Artículo 30.- Reunidos los acreedores bajo la presidencia del Juez de Comercio el día, a la hora y en el local designado para la convocatoria respectiva, dispondrá el Juez que se dé lectura de los documentos especificados en los artículos 16 y 23 y enseguida se procederá a la verificación de créditos, lo que podrá hacerse en una sola votación si no hubiese objeción alguna de los síndicos ni de los acreedores presentes.

Si hubiese tales observaciones, cada crédito objetado debe ser materia de una votación especial.

Artículo 31.- Concluida la verificación se procederá a tomar la votación sobre el concordato, empezando por los créditos verificados, y se especificará el resultado que arroje.

A continuación se tomarán los votos de los acreedores objetados, consignando distintamente el resultado de esa segunda votación.

Artículo 32.- En la misma forma prescripta por el artículo anterior se votará en seguida sobre la declaración de solvencia o insolvencia de la masa y liquidación definitiva de la sociedad.

Aun los acreedores que hayan votado por la aceptación del concordato votarán nuevamente sobre la declaración expresada, para el caso de que no sea homologado el concordato.

Artículo 33.- Cuando no haya tiempo de terminar ordenadamente las deliberaciones de la reunión, el Juez de Comercio podrá aplazarla para continuar al día siguiente sin necesidad de nueva convocatoria.

Artículo 34.- De todo lo ocurrido en la reunión se labrará acta en la cual deberá necesariamente constar:

1°. La lista de los acreedores comparecientes, sea cual sea el título que aleguen, con indicación del monto y naturaleza de cada crédito.

2°. Las controversias que se hayan suscitado y muy especialmente las que se refieran a la validez o cantidad de cada crédito, expresando claramente cuál ha sido la opinión de los síndicos.

3°. El voto de todos los acreedores presentes en las diferentes votaciones prescriptas por los artículos 30, 31 y 32.

Artículo 35.- Dentro de los diez días siguientes a la reunión general de acreedores el Juez de Comercio fallará en una misma sentencia:

1°. Sobre las controversias relativas a la validez o monto de créditos.

2°. Sobre la homologación del concordato, si éste se hubiera ofrecido, o sobre la liquidación definitiva de la sociedad y declaración de solvencia o insolvencia de la masa, sino hubiese habido proposición de concordato o este no obtuviese la homologación requerida.

La resolución del Juez sobre la validez o monto de créditos solo tendrá por defecto mantener o eliminar el voto del acreedor a quien corresponda en las deliberaciones de la reunión general, y no podrá por consiguiente invocarse como cosa juzgada en ninguna otra ulterioridad ni contra la sociedad en liquidación ni contra el respectivo acreedor.

Artículo 36.- La sentencia de que habla el artículo anterior se publicará en dos diarios de reconocida circulación durante cinco días.

Podrán apelar de la sentencia los representantes o administradores de la sociedad y cualquiera de sus acreedores, dentro de los ocho siguientes a la última publicación, rigiéndose el recurso por lo dispuesto en el Art. 1647 del Código de Comercio.

Artículo 37.- La reunión de acreedores establecida por el Art. 26 no será necesaria si los representantes o administradores de la Sociedad, en las condiciones exigidas por el Art. 28, se presentasen al Juez de Comercio acompañando el concordato que hubiesen celebrado privadamente, suscrito por acreedores que representen la cantidad de créditos requerida por el Art. 29.

Artículo 38.- En el caso del artículo anterior, el Juez de Comercio, previo informe de los síndicos, mandará publicar el concordato en dos diarios de reconocida circulación durante diez días y señalará un plazo no menor de quince días y no mayor de treinta a contar desde la primera publicación, para que los acreedores puedan deducir sus observaciones o reclamos sobre el concordato, ó manifestar su adhesión.

Durante el plazo indicado los documentos de que habla el Art. 27 y el informe de los síndicos sobre el concordato estarán a disposición de los acreedores en el local del Juzgado, y esta circunstancia se hará constar en el emplazamiento.

Artículo 39.- Las observaciones o reclamos de los acreedores podrán recaer sobre la validez o el monto de los créditos cuyos dueños suscriban el concordato y de los que figuren en la lista formada por los síndicos, así como sobre la improcedencia del concordato.

Artículo 40.- Vencido el plazo fijado para deducir observaciones y reclamos, el Juez de Comercio procederá como lo indica el Art. 35 y se observará igualmente lo dispuesto en el Art. 36.

Artículo 41.- Los acreedores prendarios, hipotecarios o privilegiados solo podrán votar en la reunión general de que habla el Art. 26 o intervenir en los procedimientos de que habla el Art. 37 perdiendo ipso facto e irrevocablemente el carácter prendario, hipotecario o privilegiado de sus créditos.

Artículo 42.- Cuando la homologación del concordato haya pasado en autoridad de cosa juzgada, el Juez de Comercio le hará dar inmediato cumplimiento; y los sindicos provisorios, cesando en sus funciones, rendirán cuenta de su administración en la forma dispuesta por el Art. 1652 del Código de Comercio.

Son aplicables al concordato de las sociedades anónimas los Arts. 1648, 1649, 1650 y 1654 del mismo Código.

Son igualmente aplicables los Art. 1656 y siguientes relativos a la intervención de un acreedor mientras se cumplen las estipulaciones del concordato, salvo que en el mismo concordato se estipule expresamente su inaplicabilidad.

En el caso general del inciso anterior los administradores que frusten los efectos de la intervención disponiendo de alguna parte de los fondos o existencias sin noticia del interventor, incurrirán en responsabilidad civil ilimitada además de la criminal que les incumba.

Artículo 43.- Los representantes o administradores contraen asimismo responsabilidad civil ilimitada además de la criminal que se establecerá:

1°. Si para determinar o facilitar la aceptación del concordado han disimulado de cualquier manera que sea una parte de su activo.

2°. Si han hecho intervenir en las deliberaciones uno o más acreedores supuestos o cuyos créditos se hayan exagerado.

3°. Si han omitido o preferido algunos acreedores en la lista de ellos.

4°. Si hubiesen pactado ventajas especiales a favor de uno o más acreedores para obtener o asegurar su adhesión al concordato.

Artículo 44.- Incurren también en responsabilidad civil y criminal las personas que hayan cooperado a la ejecución de cualquiera de los delitos especificados en el artículo anterior.

Artículo 45.- Después de pasada en autoridad de cosa juzgada la sentencia que homologa el concordato, los acreedores solo podrán solicitar su anulación por causa de dolo descubierto con posterioridad a la homologación y consistente en alguno de los actos que enumera el artículo 43.

La acción de nulidad queda prescripta al año de la homologación del concordato.

La anulación del concordato libra ipso jure a los fiadores.

Artículo 46.- En caso de falta de cumplimiento del concordato, cualquier acreedor puede pedir su rescisión.

La rescisión por falta de cumplimiento no libra a los fiadores que hayan garantido su ejecución parcial o total, si ellos han sido personalmente citados en el juicio de rescisión.

Artículo 47.- Las obligaciones que el concordato imponga a la sociedad celebrante y sus fiadores, deberán cumplirse íntegramente por la entrega del dinero, valores o documentos estipulados dentro de los treinta días siguientes a la sentencia homologatoria que cause cosa juzgada, a no ser que el concordato mismo disponga expresamente otra cosa.

Los bienes sociales permanecerán, entre tanto, en poder de los síndicos o de los administradores e interventor nombrado.

Artículo 48.- Anulado o rescindido el concordato, reviven los derechos primitivos de los acreedores deducidas las cantidades que hayan percibido durante la subsistencia de aquel.

Sin embargo, en caso de nueva liquidación judicial, habiendo acreedores de origen posterior a la homologación del concordato, los acreedores antiguos no podrán hacer valer contra la liquidación la parte de sus créditos que hubiesen antes renunciado sino después de estar íntegramente pagados los nuevos acreedores.

Artículo 49.- Las funciones y cometidos de los síndicos provisorios, serán las establecidas en el título 6° del libro 4° del Código de Comercio.

Artículo 50.- Les está prohibido instaurar cuestiones contenciosas, a menos que se trate de interrumpir una prescripción.

Artículo 51.- Cuando por no haberse presentado concordato o no haber sido este homologado, se resuelva la liquidación definitiva de la sociedad y esta resolución pase en autoridad de cosa juzgada, el Juez de Comercio nombrará síndicos definitivos en la forma que prescribe el artículo 20, para que liquiden la sociedad en la forma ordinaria de las quiebras, siendo una de sus primeras incumbencias promover el expediente sobre la fijación de la época de la efectiva cesación de pagos. Los acreedores que fuesen síndicos provisorios podrán ser electos síndicos definitivos.

La prohibición del inciso último del artículo 20, es aplicable a los síndicos definitivos.

Artículo 52.- Si la resolución de liquidación declarase la insolvencia de la masa, esa liquidación se hará con absoluta prescindencia de los accionistas de la sociedad.

Si se hubiese declarado la solvencia de la masa, la asamblea de accionistas puede nombrar un interventor en la liquidación.

Las funciones de ese interventor serán de simple examen y consejo, salvo lo dispuesto en el artículo 60.

La omisión de la asamblea de accionistas en el nombramiento del interventor, no entorpecerá en ningún caso la marcha de la liquidación.

Artículo 53.- La venta de los bienes muebles tendrá lugar en remate público por el rematador que los síndicos designen, bajo su propia responsabilidad.

El remate será al mejor postor y le precederán avisos explicativos de la especie y calidad de los objetos, lugar y hora a que se haya de efectuar la venta y demás particularidades dignas de mención: dichos avisos se publicarán durante quince días por lo menos en dos diarios de reconocida circulación.

Artículo 54.- La venta de los bienes inmuebles pertenecientes a la masa declarada insolvente se efectuará también al mejor postor por el martillero acreditado que los síndicos designen en cada caso bajo su propia responsabilidad, debiendo ser precedida de avisos publicados los treinta días anteriores en dos periódicos de notoria circulación, en los cuales se den indicaciones precisas e inequívocas del área, situación, edificación y demás particularidades del predio en venta.

Artículo 55.- Los bienes inmuebles de la masa declarada insolvente serán tasados por tres peritos uno de los cuales designaran los síndicos, el otro los representantes de la Sociedad y el tercero el Juez de Comercio.

Artículo 56.- Aprobadas las tasaciones se procederá a la venta en la forma dispuesta en el artículo 54 admitiéndose la mejor postura que supere las dos terceras partes de la tasación.

Artículo 57.- Si no hubiese postura admisible, se sacará nuevamente a remate, con prevención de que se admitirá cualquier postura que exceda de la mitad de la tasación, y si aun entonces no pudiese realizarse la venta se adjudicarán los bienes a los acreedores por el mismo precio admisible a tercero, en pago de sus créditos en la proporción que les corresponda.

Artículo 58.- Las cuestiones entre la liquidación y los accionistas de la Sociedad sobre integración de acciones, intereses penales, caducidad de acciones u otra que se refiera a la responsabilidad limitada de dichos accionistas, se resolverán con arreglo a los estatutos y si en estos no hubiese disposición expresa aplicable al caso prevalecerán las prescripciones del Código de Comercio.

Artículo 59.- Los síndicos definitivos de la liquidación podrán ser destituidos por el Juez de Comercio por dolo, negligencia, ineptitud o simple morosidad, previa audiencia del Ministerio Público.

La mayoría de los acreedores representando más de la mitad de los créditos personales no privilegiados, podrán pedir la remoción de los síndicos definitivos aún sin expresión de causa y el Juez de Comercio la acordará de plano.

En los casos previstos por este artículo el nuevo nombramiento se hará como lo dispone el artículo 20.

Artículo 60.- Fuera del caso de concordato y una vez resuelta la liquidación definitiva de la sociedad el traspaso del activo y del pasivo a una tercera persona, y en general toda forma de liquidación que no sea la realización de los bienes sociales para pagar las deudas según se vayan realizando, solo podrá resolverse en reunión general y por mayoría numérica de acreedores presentes, que a la vez representen tres cuartas partes de la totalidad de los créditos personales no privilegiados y ya reconocidos.

Cuando la mayoría numérica de los acreedores presentes, no alcance a representar la indicada cantidad de créditos, podrá pedir al Juez que les conceda hasta treinta días de plazo para presentar nuevas adhesiones escritas de acreedores con cuyos créditos se llegue al límite establecido.

Si se hubiese declarado la solvencia de la masa se necesitará, además, el consentimiento del interventor que represente a la sociedad en liquidación, con arreglo al artículo 52.

Artículo 61.- Los síndicos definitivos publicarán en dos periódicos de notoria circulación un balance trimestral del estado de la liquidación.

La omisión será causa bastante para ser removidos por el Juez de Comercio.

Artículo 62.- Las reglas de liquidación establecidas en los artículos 1681 a 1690 del Código de Comercio, serán observadas en cuanto no se opongan a otras disposiciones expresadas de esta ley.

Artículo 63.- Los síndicos están sujetos a las responsabilidades civiles y penales en que incurran según las reglas del derecho común.

Artículo 64.- Producida la suspensión de pago de una sociedad que disfrute algún favor o privilegio legislativo, la Asamblea General Legislativa resolverá si ha de retirarlo o mantenerlo en beneficio de la misma sociedad reconstituida o de quien la suceda.

Artículo 65.- Si se tratase de la liquidación de sociedades, cualquiera que sea su naturaleza que tengan por objeto la explotación de ferrocarriles, provisión de agua, alumbrado público, canales de riego y navegación u otros objetos análogos de interés común nacional o municipal, su funcionamiento y explotación no podrán suspenderse.

Podrá, sin embargo, suspenderse la parte que dichas obras estuviesen en construcción, siempre que esta suspensión no causare perjuicio al funcionamiento regular de la parte que se encuentre en explotación.

Artículo 66.- Cuando se tratare de empresas que explotaren concesiones de los poderes públicos, hecha la declaración de la liquidación judicial, se comunicará al Poder Ejecutivo, a fin de que nombre la persona que ha de representarlo en el concurso, sean o no acreedores.

Artículo 67.- La explotación de las obras se continuará bajo la dirección de los síndicos, a cuyas órdenes quedará sometido todo su personal.

CAPITULO IV

Del concordato preventivo

Artículo 68.- Toda sociedad anónima puede evitar la declaración de liquidación judicial por la concesión de moratorias o por la celebración de un concordato que en este caso se llama preventivo.

Las moratorias se regirán por el capítulo respectivo del Código de Comercio y podrán pedirla los administradores de sociedades anónimas sin necesidad de autorización especial de los accionistas, aunque los estatutos guarden silencio a tal respecto.

Artículo 69.- Los administradores de sociedades anónimas que pretendan la homologación de un concordato preventivo, se presentarán por escrito ante el Juez de Comercio acompañando las bases circunstanciadas del concordato, suscritas o no por acreedores sociales, y todos los documentos mencionados en el artículo 46.

Si esos documentos aparecen en forma regular y no resulta de ellos o de otras circunstancias, presunción de fraude o mala fe contra la sociedad postulante, el Juez de Comercio dará por admitida la gestión de concordato preventivo y el auto que así lo resuelva tendrá estos efectos jurídicos.

1°. No podrá ningún acreedor pedir la liquidación judicial de la sociedad y si ya la hubiese pedido alguno, sin haberla obtenido, quedará aplazada.

2°. No podrá ningún acreedor personal iniciar ejecución contra la sociedad, y si alguna hubiese pendiente, quedará en suspenso.

Artículo 70.- Admitida la gestión de concordato preventivo, el Juez de Comercio nombrará en el mismo auto dos acreedores, elegidos entre los doce que lo sean por mayor cantidad y no privilegiados, para que previo examen de los libros y demás papeles de la sociedad, informen sobre la exactitud de los documentos anexos a dicha gestión y sobre las bases del concordato.

Artículo 71.- Los acreedores designados presentarán su informe dentro de los quince días siguientes a la aceptación del cargo.

Si los negocios de la sociedad fuesen muy complicados, dichos acreedores podrán pedir prórroga del plazo y el Juez la concederá no excediendo de otros quince días.

Artículo 72.- Presentado el informe, si las bases del concordato no estuviesen ya aceptadas por acreedores que alcancen a representar tres cuartas partes de la totalidad de los créditos personales no privilegiados, se procederá como lo disponen los artículos 25, 27, 30, 31, 33, 34, 35 y 36 de la presente ley, en cuanto son aplicables.

Si se hubiese obtenido la aceptación indicada en el inciso anterior, se procederá como lo disponen los artículos 38, 39 y 40.

Las referencias a los síndicos provisorios se entenderán transportadas a los acreedores informantes.

Artículo 73.- Se aplicarán igualmente al concordato preventivos, todas las disposiciones de la presente ley sobre el concordato ofrecido, aceptado y homologado en la liquidación judicial de las sociedades anónimas.

Artículo 74.- Mientras dure la tramitación del concordato preventivo, la sociedad que lo haya promovido, no podrá enajenar ni hipotecar bienes raíces ni constituir prendas ni contraer nuevas obligaciones de ninguna especie sin autorización del Juez de Comercio, quien la acordará o denegará en conocimiento de causa o intervención del Ministerio Público.

Artículo 75.- Cuando el concordato preventivo haya sido desechado y la resolución que así lo establezca haya pasado en autoridad de cosa juzgada, el Juez de Comercio decretará inmediatamente la liquidación judicial de la sociedad.

CAPITULO V

Responsabilidades penales

Artículo 76.- Los directores y administradores de sociedad anónima que cometan fraude, simulación, infracción de estatutos o de una ley cualquiera de orden público, sufrirá la pena señalada en los artículos 272 y 274 del Código Penal para los quebrados fraudulentos.

Está comprendida en la penalidad de este artículo, la suposición de capitales ilícitos en los anuncios y prospectos sociales.

Para prevenir la responsabilidad del inciso anterior, los administradores de sociedades anónimas deberán especificar en sus anuncios y prospectos cuál es el capital autorizado, cuál el capital suscrito y cuál el capital realizado.

Si los estatutos contuviesen alguna disposición que en cualquier forma exima a los accionistas de la integración ulterior de las acciones suscritas, dicha disposición será siempre publicada en los anuncios y prospectos de la sociedad.

Artículo 77.- Los cómplices incurren en la mitad de la pena.

CAPITULO VI

Disposiciones especiales sobre Bancos

Artículo 78.- Las disposiciones de los capítulos anteriores, comprenden a las instituciones bancarias constituidas en forma de sociedades anónimas con las modificaciones que expresan los artículos subsiguientes.

Artículo 79.- En liquidación judicial de Bancos de depósitos y descuentos, tengan o no el derecho de emisión los acreedores podrán resolver en la reunión general de que habla el artículo 26 o en cualquier otra oportunidad después de resuelta la liquidación definitiva, siempre que representen las tres cuartas partes de la totalidad de los créditos personales no privilegiados, que la liquidación entregue a los acreedores que los soliciten certificados al portador por la totalidad o parte de sus créditos contra el Banco y que dichos certificados sirvan para cancelar los créditos a favor del Banco en la totalidad o en parte de cada crédito.

Artículo 80.- Declarada la liquidación judicial de un Banco de emisión fiduciaria, el Poder Ejecutivo nombrará un delegado que en unión de los síndicos provisorios y con aprobación del Juez de Comercio, se incautará del numerario y de valores suficientes para responder a los billetes.

Los valores serán realizados sin demora con autorización del mismo Juez.

Estos procedimientos relativos a la emisión no impedirán el curso regular de la liquidación tal como lo reglamenta el capítulo respectivo.

El honorario que según tasación corresponda al delegado del Poder Ejecutivo, será abonado por la liquidación del Banco y tendrá el mismo privilegio de las costas judiciales.

Artículo 81.- En la liquidación judicial de los Bancos de crédito territorial cuyo único negocio ordinario consiste en la emisión de cédulas hipotecarias, el concordato puede recaer precisamente sobre el servicio de dichas cédulas, y el voto de sus tenedores en cualquiera de las deliberaciones a que dé lugar la liquidación no altera la situación legal de esos acreedores.

Esta disposición es igualmente aplicable a las moratorias y al concordato preventivo.

Artículo 82.- Los Bancos de emisión fiduciaria solo podrán iniciar la gestión de concordato preventivo justificando que tienen en caja el numerario suficiente para efectuar la conversión total de sus billetes en circulación.

El Juez de Comercio autorizará al Banco para continuar la conversión, de manera que dichos billetes jamás podrán ser materia del concordato ofrecido.

Ni el concordato preventivo ni el concordato homologado en liquidación judicial podrán restituir al Banco el derecho de emisión.

Disposiciones transitorias

Artículo 83.- Los representantes del Banco Inglés del Río de la Plata en liquidación, podrán dentro de los ocho días siguientes a la promulgación de esta ley iniciar gestión de concordato preventivo.

Si no lo hicieran o no llegare a homologarse el concordato ofrecido se procederá a la liquidación judicial en la forma que esta ley dispone.

Artículo 84.- Toda sociedad anónima que se halle en liquidación está sometida, en cuanto a los procedimientos ulteriores, a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 85.- Son igualmente aplicables a las liquidaciones pendientes las disposiciones de la presente ley que fijen el sentido de puntos de derechos controvertidos y no resueltos todavía por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Artículo 86.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la H. Cámara de Representantes, en Montevideo a 31 de Mayo de 1893.

MIGUEL HERRERA Y OBES, Presidente; Santiago Maciel, Secretario-Redactor.

Ministerio de Hacienda

Montevideo, junio 2 de 1893.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el R. N.

HERRERA Y OBES - Eugenio J. Madalena.

Ley N° 5.548, de

29 de diciembre de 1916

Artículo 1°. Ningún concordato será homologado si no asegura suficientemente a los acreedores no privilegiados, ni hipotecarios, ni prendarios, el pago del cincuenta por ciento, por lo menos, del capital adeudado, en un plazo no mayor de diez y ocho meses.

Artículo 2°.- Las firmas de los acreedores, puestas al pie de un proyecto de concordato, caducarán si, transcurridos treinta días desde sus respectivas fechas, no hubiese sido solicitada la homologación de aquél.

Artículo 3°.- Modifícase el Inciso 2°, del artículo 1545 del Código de Comercio en la siguiente forma:

"Para que se dé curso a la solicitud de concordato, el deudor deberá, además, comprobar que se halla inscripto en el Registro Público de Comercio y presentar sus libros de contabilidad debidamente rubricados. Los comerciantes por menor, cuyo capital en existencias sea inferior a dos mil pesos, sólo tendrán la obligación de llevar un libro borrador rubricado".

Artículo 4°.- Los contratos de compraventa de mercaderías entre comerciantes, a mayor plazo de ciento ochenta días, deberán constatarse en documentos negociables. La omisión de este requisito tendrá el mismo carácter que la omisión del timbre correspondiente, y aparejará la aplicación, en cuanto fuere posible, de las mismas disposiciones relativas a ésta que la ley de Timbres y Papel Sellado contenga.

Artículo 5°.- Prorrógase por un año más el plazo a que se refiere el artículo 4° de la Ley de 25 de Enero de 1916.

Artículo 6°.- Derógase el artículo 62 del Código de Comercio.

Artículo 7°.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, en Montevideo, a 27 de diciembre de 1916.

R. J. ARECO. M. Magariños Solsona, 1er. Secretario.

Ministerio de Instrucción Pública

Montevideo, diciembre 29 de 1916.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, insértese, etc.

VIERA, Rodolfo Mezzera.

Ley N° 7.334, de

23 de diciembre de 1920

Artículo 1°.- Declárase que la ley de 29 de diciembre de 1916 no es aplicable al concordato de las Sociedades Anónimas que se rigen por la ley de Junio 2 de 1893.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Honorable Senado, en Montevideo, a 14 de diciembre de 1920.

JOSE ESPALTER, Presidente. Ubaldo Ramón Guerra, Secretario.

Ministerio de Instrucción Pública

Montevideo, Diciembre 23 de 1920.

Cúmplase, acúsese recibo, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes.

VIERA.

Rodolfo Mezzera.

T. Vidal Belo, Secretario.

Ley N° 7.566, de

12 de abril de 1923

Artículo 1°.- En cualquier estado de los procedimientos de concordato de una Sociedad Anónima, si los opositores no representasen el diez por ciento de los créditos, el Juez deberá homologar el concordato, no obstante esa oposición, siempre que cualquier interesado consigne la cantidad suficiente para responder a los créditos de los opositores, más una suma prudencial para los gastos complementarios que pudieran deberse.

La apelación de la sentencia que homologue el concordato se acordará sólo en la relación y el superior fallará dentro del término que establece el artículo 1701 del Código de Comercio.

Los opositores harán valer los derechos de que estuvieran asistidos sobre la suma consignada.

La homologación deja también a salvo cualquier acción por fraude o dolo.

Artículo 2°.- Esta ley es aplicable a los concordatos en trámite en la fecha de la promulgación de la misma.

Artículo 3°.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Representantes, en Montevideo, a los nueve días del mes de Abril del año mil novecientos veintitrés.

AURELIANO RODRIGUEZ LARRETA, Presidente. Arturo Miranda, Secretario.

Consejo Nacional de Administración

Ministerio de Instrucción Pública

Montevideo, Abril 12 de 1923.

Cúmplase, acúsese recibo, publíquese e insértese en el R. N.

Por el Consejo:

SOSA.

Pablo Blanco Acevedo.

Manuel V. Rodríguez, Secretario.

Ley N° 8.045, de

11 de noviembre de 1926

Artículo 1°.- Para la validez del concordato privado concertado entre el deudor y sus acreedores, no se requiere que esté garantido, ni que el deudor esté inscripto en el Registro Público de Comercio, ni que presente libros de contabilidad llevados en la forma prescripta por la ley.

El plazo para el pago de estos concordatos no podrá ser mayor de veinticuatro meses.

Artículo 2°.- El concordato privado, una vez que se hubiesen obtenido las mayorías exigidas por el artículo 1524, inciso 1° del Código de Comercio, será obligatorio para todos los acreedores, sin necesidad de homologación judicial, siempre que se hubiera notificado a los acreedores no firmantes, y que éstos, dentro del plazo de veinte días, no hayan manifestado su oposición, al concordato en la forma prevenida en los artículos siguientes.

La notificación se hará judicialmente o por medio de escribano y será necesario que al practicarla se haga entrega al acreedor de un estado demostrativo de la actuación comercial del deudor, con la nómina completa y especifica según clase de deudores y acreedores, con sus domicilios y una copia del concordato en la que se indicará el nombre de los aceptantes. Al firmarse dicho concordato, el deudor deberá establecer domicilio legal dentro del radio de la ciudad de Montevideo, para todos los efectos jurídicos del asunto.

Artículo 3°.- Si vencido el plazo de veinte días, los acreedores no firmantes no hubieran manifestado su oposición al concordatario, el concordato privado se tendrá por aceptado. En tal caso el deudor concordatario deberá hacer protocolizar ante un escribano público, uno de los ejemplares del concordato celebrado, con las diligencias de notificación a los acreedores que no lo hubieran firmado. Desde ese momento el concordato se tendrá por homologado, y el escribano protocolizante podrá expedir a los interesados las copias que se soliciten.

Artículo 4°.- Si dentro del plazo de veinte días, cualquiera de los acreedores no firmantes quisiera oponerse al concordato celebrado, deberá notificar su oposición al concordato judicialmente, o por medio de escribano público, manifestando concretamente las razones de su oposición.

En tal caso, el deudor concordatario, dentro de diez días, a más tardar, presentará ante uno de los Juzgados de Comercio de la Capital, todos los antecedentes del caso, notificándose de inmediato al acreedor o acreedores disidentes.

Si el deudor concordatario no se presenta en tiempo, cualquiera de los acreedores reconocidos en el concordato, podrá solicitar la quiebra, bastando para declararla la presentación de un ejemplar del concordato firmado por el deudor y siempre que su firma sea reconocida judicialmente o dada por reconocida.

Artículo 5°.- El acreedor o acreedores que hubieran manifestado su oposición, una vez notificados de la presentación del deudor concordatario al Juzgado, según lo dispuesto en el artículo anterior, están obligados a formalizar su oposición dentro del término de seis días. Si no lo hicieran serán de su cargo todas las costas y costos ocasionados por la presentación del deudor al Juzgado, y el Juez, sin más trámite, declarará homologado el concordato. Si el acreedor o acreedores dedujeran oposición por las causas expresadas al comunicar al concordatario su disidencia, y no otras, el Juez resolverá sobre la homologación solicitada, y al sentenciar, resolverá sobre las condenaciones según el derecho común.

Para la homologación del concordato privado, en este caso, regirán todas las disposiciones del concordato preventivo extrajudicial, sin más excepciones que las establecidas en el artículo 1° de esta ley.

Artículo 6°.- En cualquier estado de los procedimientos de concordato, si los opositores no representaren el 10% de los créditos, el Juez deberá homologar el concordato, no obstante esa oposición, siempre que cualquier interesado consigne la cantidad suficiente para responder a los créditos de los opositores, más una suma prudencial para los gastos complementarios que pudieran deberse. Los opositores harán valer los derechos de que estuvieran asistidos sobre la suma consignada.

La homologación deja también a salvo cualquier acción por fraude o dolo.

Artículo 7°.- Una vez aceptado el concordato privado a que se refiere esta ley en la forma indicada por el artículo 8° o dictada la sentencia que lo homologue en su caso, se publicarán en el "Diario Oficial" durante diez días.

Artículo 8°.- Los acreedores cuyos créditos no resultaren de la relación presentada por el deudor, podrán pedir la anulación del concordato privado solicitado por éste, mediante la prueba requerida por el artículo 1558 del Código de Comercio.

Sólo podrán ejercitar este derecho dentro del plazo de diez días contados desde la última publicación.

También será causa de anulación la falta de las mayorías exigidas por la ley después de computados los créditos omitidos. En este caso procederá la quiebra de oficio.

Artículo 9°.- Es aplicable al concordato privado creado, por esta ley, lo dispuesto por los artículos 1558 y 1559 del Código de Comercio.

Artículo 10.- Las publicaciones dispuestas por los ar-tículos 1526, 1532 y 1550 del Código de Comercio, se harán solamente en el "Diario Oficial" y por el término de diez días. Para las publicaciones a que se refiere esta ley, el referido "Diario Oficial" aplicará el 50% de su tarifa, siempre que el activo del deudor sea inferior a diez mil pesos.

Artículo 11.- El deudor comerciante y las sociedades comerciales, con excepción de las anónimas, podrá celebrar arreglos con sus acreedores en la forma de concordato extrajudicial o de concordato privado, sobre la base de la liquidación en su activo por cuenta de sus acreedores. En ese caso no regirá ninguna de las limitaciones estableci-

das en los artículos 1° y 3° de la ley de 29 de diciembre de 1916.

Artículo 12.- El concordato de liquidación, a que se refiere el artículo anterior, queda sometido para su validez, a todas las disposiciones que rigen el concordato extrajudicial o el concordato privado, según el Código de Comercio o las disposiciones pertinentes de esta ley.

Artículo 13.- En el concordato de liquidación, deberá establecerse necesariamente la persona o personas que han de encargarse de la liquidación del activo del deudor por cuenta de sus acreedores. Una vez obtenidas las mayorías exigidas por el Inciso 1° del artículo 1524 del Código de Comercio, la persona o personas designadas en la propuesta del concordato quedará definitivamente nombrada como liquidador interventor; y el deudor concordatario, deberá otorgar a su favor un poder amplio y completo y ponerlo en posesión de su comercio y de todos sus bienes, para continuar provisoriamente el giro de los negocios. Todo sin perjuicio de la aceptación u homologación definitiva del concordato.

Artículo 14.- El liquidador, inmediatamente de recibido el comercio, practicará un balance del activo y pasivo del deudor y lo hará conocer a los acreedores firmantes de la propuesta de concordato y todos los demás que figuren en la relación del deudor. Este balance servirá de base para la liquidación y prorrateo que se realizará cuando sea aceptado u homologado el concordato.

Artículo 15.- Será causa bastante de oposición a la propuesta de concordato de liquidación, aun respecto de los acreedores que ya lo hubiesen firmado, el hecho de comprobarse diferencias entre el balance practicado por el liquidador y el presentado por el deudor con su propuesta de concordato, siempre que esas diferencias modificaren el resultado del prorrateo en más de un 15%. Si algún acreedor, en ese caso, notificase al liquidador su oposición al con-cordato, el liquidador pasará los antecedentes al Juzgado, aplicándose las disposiciones pertinentes del concordato extrajudicial o del concordato privado, según los casos.

Artículo 16.- En cualquier estado del procedimiento en el concordato preventivo judicial, la doble mayoría legal establecida en el inciso 1° del artículo 1524 del Código de Comercio, podrá pedir al Juzgado que suspenda el procedimiento, manifestando que opta por la liquidación e indicando la pesona o personas que se encargarán de la liquidación. Comprobado que la liquidación está suscripta por las mayorías aludidas, el Juzgado sin más trámite, pondrá al liquidador designado en posesión del comercio y demás bienes del deudor, para continuar provisoriamente el giro de los negocios. El liquidador procederá, en tal caso, como lo disponen los artículos precedentes. Todo, sin perjui-

cio de la aceptación u homologación definitiva del concor-dato.

Artículo 17.- En todos los casos de concordato de liquidación, el deudor tendrá derecho al beneficio de competencia.

Artículo 18.- El inciso 2° del número 1 del artículo 1524 del Código de Comercio, quedará redactado así: "Se designará claramente a los acreedores que se consideran pertenecientes a esta segunda categoría", suprimiéndose la parte final de este inciso.

Artículo 19.- El artículo 1536 del Código de Comercio quedará redactado en estos términos: "La mayoría de los acreedores pertenecientes a la segunda categoría del inciso 1° del artículo 1524, cuyos créditos resulten de la relación presentada por el deudor y no hayan sido objeto de observación, o que lo justifiquen con sus libros de comercio llevados en forma y reúnan más de la mitad de los créditos incluidos en dicha categoría, podrán nombrar el Contador a que se refiere el inciso 2° del artículo 1532. Si lo hiciesen, cesará por el hecho en sus funciones el designado por el Juzgado. La omisión de créditos hecha por el deudor en la relación que presenta de su pasivo, se tendrá como presunción de fraude, que el Juez apreciará según la influencia que la omisión pueda producir respecto del cómputo de las mayorías y demás circunstancias".

Artículo 20.- Si alguno o algunos de los acreedores que representen por lo menos un 20% del pasivo, se opusiesen al concordato, fundados en falta o deficiencia de garantía en los casos en que la ley exige esa seguridad, el Juzgado resolverá la oposición como artículo de previo y especial pronunciamiento. Si la sentencia declarase la insuficiencia de la garantía, señalará término breve para que el concordatario proponga otra, y si ésta tampoco satisficiese, se tendrá por desechado el concordato.

Artículo 21.- Agrégase al inciso 2° del artículo 1545 del Código de Comercio lo siguiente: "No se entenderá que los libros de comercio están en forma, sino cuando estén debidamente asentados en ellos, las operaciones de comercio registradas con arreglo a las prescripciones de la ley, quedando al arbitrio del Juez la apreciación de si se ha cumpli-do con lo establecido por el artículo 54 del Código de Comercio.

Artículo 22.- Comuníquese, etc.

Sala de Sesiones del Honorable Senado, en Montevideo a 3 de Noviembre de 1926.

D. TERRA, Presidente - Ubaldo Ramón Guerra, 1er. Secretario.

Ministerio de Instrucción Pública

Montevideo, Noviembre 11 de 1926.

Cúmplase, acúsese recibo, publíquese e insértese en el R. N. - Por el Consejo: MARTINEZ - CARLOS M. PRANDO - Manuel V. Rodríguez, Secretario.

Decreto-Ley N° 14.188, de

5 de abril de 1974

Artículo 11.- Los créditos reconocidos por sentencias dictadas por los Juzgados competentes en la materia que regla esta ley, generarán un interés mensual equivalente al recargo que generen las obligaciones fiscales, a contar de la fecha de la demanda.

Se ejecutarán por el procedimiento previsto por los artículos 494 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; y en lo que no excedan el importe correspondiente a tres meses de salarios, por la vía del artículo 211 del Código citado. En caso de quiebra, o concurso, los acreedores no están obligados a aguardar sus resultas para ejercitar las acciones que correspondieran (artículos 1.737 del Código de Comercio y 2.381 del Código Civil).

Decreto-Ley N° 14.827, de

20 de setiembre de 1978

CAPITULO VII

Artículo 24. (Causas de la disolución).- La cooperativa se disolverá:

1) Por terminación del objeto para el que fue creada o por imposibilidad de cumplir sus fines;

2) Por resolución de la Asamblea Extraordinaria convocada especialmente a este objeto o por fusión con otra sociedad y por mayoría absoluta de socios.

En ambos casos la disolución deberá acordarse por mayoría absoluta del total de componentes del cuerpo social que represente por lo menos los tres cuartos del capital integrado.

En primera citación, la Asamblea Extraordinaria no podrá resolver sin la presencia de la mayoría que acaba de mencionarse. En segunda citación, que deberá efectuar con un intervalo mínimo de dos horas, podrá sesionar cualquiera sea el número de asistentes y adoptará decisión por simple mayoría de los presentes;

3) En caso de quiebra de la sociedad, siempre que no se haya acordado un concordato o cuando éste haya sido rechazado;

4) A propuesta del Poder Ejecutivo, por la autoridad judicial que corresponda.

Decreto-Ley N° 15.119, de

8 de abril de 1981

Artículo 1°.- El procedimiento de liquidación del valor de las obligaciones establecido por la Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, se aplicará a los concursos civiles y comerciales en trámite judicial a la fecha de entrada en vigencia de dicha ley, siempre que en tales casos los deudores hayan hecho cesión de bienes a sus acreedores.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Decreto-Ley N° 15.645, de

17 de octubre de 1984

Artículo 56.- Son aplicables a las Cooperativas Agrarias las disposiciones contenidas en la Sección I del libro IV del Código de Comercio, sin que por ello adquirieran naturaleza comercial.

Decreto-Ley N° 15.646, de

11 de octubre de 1984

Artículo 31.- Cuando los agentes de retención o de percepción de tributos recaudados por la Dirección General Impositiva se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso o moratoria o de liquidación judicial de sociedad anónima, la Dirección General Impositiva no estará obligada a aguardar sus resultas para ejercer las acciones tendientes al cobro o aseguramiento de los créditos de naturaleza tributaria emergentes de las obligaciones como agente de retención o de percepción (artículos 1737 del Código de Comercio y 2381 del Código Civil).

Artículo 32.- En los casos de quiebras y concursos, cuando la ejecución de créditos de naturaleza tributaria, emergentes de la calidad de agentes de retención y de percepción, concurra con la de créditos laborales (artículo 11 de la Ley N° 14.188, de 5 de abril de 1974), éstos se cobrarán con preferencia a aquéllos.

Ley N° 15.851, de

24 de diciembre de 1986

Artículo 213.- Cuando los agentes de retención o de percepción del impuesto creado por la Ley N° 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, se encuentren en situación de concordato, quiebra, concurso o moratoria o de liquidación judicial o de sociedad anónima, los Gobiernos Departamentales no estarán obligados a aguardar sus resultados para ejercer las acciones tendientes al cobro o asesoramiento de los créditos de naturaleza tributaria, emergente de las obligaciones como agentes de retención o de percepción (artículo 1737 del Código de Comercio y 2381 del Código Civil).

Artículo 214.- En los casos de quiebras y concursos, cuando la ejecución de créditos de naturaleza tributaria, emergentes de la calidad de agentes de retención y de percepción del impuesto creado por la Ley N° 12.700, de 4 de febrero de 1960 y modificativas, concurra con la de créditos laborales (artículo 11 del Decreto-Ley N° 14.188, de 5 de abril de 1974), éstos se cobrarán con preferencia a aquéllos.

Ley N° 16.060, de

4 de setiembre de 1989

Artículo 114. (Quiebra o liquidación judicial de la sociedad transformada).- Si la sociedad transformada quebrara o se liquidara judicialmente dentro de los seis meses de inscripto su nuevo tipo social en el Registro Público de Comercio, los acreedores por obligaciones contraídas con anterioridad a esa inscripción podrán solicitar la quiebra de los socios que sean solidariamente responsables, siempre que se compruebe que en aquel momento la sociedad se encontraba en estado de cesación de pagos.

Artículo 396. (Situaciones especiales).- En caso de concordato, moratoria o liquidación judicial, la acción será resuelta y entablada por los interventores o síndicos designados en los respectivos trámites y en su defecto, por los acreedores individualmente.

Ley N° 16.074, de

10 de octubre de 1989

Artículo 57.- Las liquidaciones que practique el Banco de Seguros del Estado por capitales necesarios para servicios de rentas, indemnizaciones temporarias, gastos de asistencia médica, primas de pólizas y adicionales, multas y cualquier otro crédito contra el patrono generado por la aplicación de la presente ley constituirán título ejecutivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 353 del Capítulo IV, Sección II del Código General del Proceso y se reajustarán de acuerdo al Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976.

Los créditos de la víctima o de los derecho-habientes contra patronos no asegurados, gozarán del privilegio del numeral 4° del artículo 2369 del Código Civil y numeral 4° del artículo 1732 del Código de Comercio.

Ley N° 16.462, de

11 de enero de 1994

Artículo 264.- En caso de concurso, quiebra o liquidación, se hubiere concurrencia de dos o más créditos laborales reconocidos por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, se aplicará al cobro de los créditos referidos el criterio de prorrata establecido por el artículo 2.372, del Código Civil, aun para aquellas situaciones en que habiendo ejecuciones pendientes el dinero no hubiere sido todavía distribuido.

Ley N° 17.292, de

25 de enero de 2001

Artículo 12.- Créanse dos Juzgados de Concursos, por transformación de dos Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil.

Estos tribunales conocerán en primera instancia en todos los procedimientos concursales: concursos civiles, concordatos, moratorias de sociedades anónimas, quiebras y liquidaciones judiciales cuya competencia corresponda al departamento de Montevideo.

Artículo 13.- El fuero de atracción previsto en el artículo 1575 del Código de Comercio y en el numeral 5° del artículo 457 del Código General del Proceso, será aplicable a todos los procesos concursales.

El Tribunal del concurso asimismo será competente:

A) En las acciones sociales de responsabilidad promovidas contra los administradores o directores de sociedades (artículos 83 y 393 y siguientes de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989).

B) En las acciones reivindicatorias y revocatorias concursales previstas en el Código de Comercio.

Artículo 14.- Sustitúyense los artículos 70 de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893 y 1767 del Título XIX del Código de Comercio, los cuales quedarán redactados de la siguiente forma:

"ARTICULO 70 y ARTICULO 1767.- Admitida la gestión el Juez nombrará en el mismo acto dos acreedores elegidos entre los doce de mayor monto que no sean privilegiados, ni sociedades vinculadas, controlantes o integrantes de un mismo grupo económico con la gestionante, con la finalidad de intervenir e informar sobre el giro de los negocios. La intervención que tendrá el alcance del artículo 316 del Código General del Proceso, supondrá en todos los casos el control de los movimientos de dinero y mercaderías del giro de la gestionante y ésta deberá rendir cuenta a los Acreedores Informantes de tales movimientos habidos desde la fecha de los Estados Contables adjuntos a la gestión hasta el momento de la efectiva intervención. La intervención será practicada individualmente por el acreedor que haya aceptado el cargo y hasta el momento que el otro acreedor acepte su designación, a partir del cual la intervención será ejercida en forma conjunta. Los acreedores designados deberán informar, previo examen de los libros y demás papeles de la sociedad, sobre la marcha del giro empresarial, la exactitud de los documentos anexos a la gestión y sobre las bases de la petición concursal. La designación podrá recaer en entidades gremiales representativas con actuación en materia concursal".

Artículo 15.- Constatada la demora en la aceptación de los cargos previstos en los artículos 20 y 70 de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893, el Tribunal designará de inmediato, como Síndico provisorio o como informante, a una persona que figure en la lista de Síndicos de acuerdo a lo previsto en el artículo 469.2 del Código General del Proceso.

La referida lista podrá integrarse por representantes de instituciones gremiales con personería jurídica.

Artículo 16.- En todo concurso civil, concordato preventivo o moratoria, se podrá crear, a iniciativa de cualquier acreedor concursal, del contador interventor o de los Acreedores Informantes, una Comisión de Acreedores de hasta cinco miembros, integrada por alguno o algunos de los acreedores concursales o entidades gremiales representativas de acreedores. También podrán integrarlas acreedores hipotecarios, prendarios y privilegiados sin que ello implique la renuncia a sus derechos prevista en el artículo 1556 del Código de Comercio y artículo 41 de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893.

La constitución de la Comisión se efectuará en una reunión de acreedores celebrada judicial o extrajudicial-mente, con asistencia de acreedores que representen al menos el 50% (cincuenta por ciento) de los créditos quirografarios denunciados por el deudor. Si la reunión se celebrara extrajudicialmente, se labrará acta firmada por los asistentes y protocolizada notarialmente, cuyo testimonio se agregará al expediente judicial para el conocimiento del Juez del concurso.

Artículo 17.- La Comisión de Acreedores tendrá como cometidos.

A) Asesorar al Tribunal, al Interventor, al Síndico o a los Acreedores Informantes en todos aquellos asuntos en que su opinión le sea requerida.

B) Proponer medidas urgentes para la conservación de los bienes del deudor y el control de sus actividades, pudiendo solicitar al Tribunal la ampliación de las facultades del o de los interventores designados.

C) Intervenir en las tratativas con el deudor analizando la factibilidad de las fórmulas de acuerdo propuestas.

D) En caso de que se celebre un concordato extrajudicial o privado la Comisión de Acreedores cumplirá los cometidos que le asigne dicho acuerdo.

E) Recomendar la quiebra, liquidación judicial o concurso necesario, cuando de su labor de asesoramiento se haya constatado la inviabilidad de la fórmula concursal o una situación patrimonial deficitaria, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 de la presente ley.

Artículo 18.- Las publicaciones dispuestas por las normas vigentes que regulan los distintos procesos concursales se efectuarán en el Diario Oficial y en un medio de prensa escrita de la ciudad del Juzgado interviniente, por el término de tres días.

En el caso de concursos necesarios, quiebras o liquidaciones judiciales cuando no existan recursos disponibles ni suficientes para cubrir el costo de las publicaciones, el Tribunal ordenará su realización sin cargo, oficiando a la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales.

Tratándose de procesos concursales preventivos el deudor deberá acreditar ante el Tribunal las publicaciones realizadas acompañando un ejemplar que será entregado al Actuario dentro del término de quince días hábiles a contar de la notificación del auto que las ordenó. Si así no lo hiciere el Tribunal revocará el auto de admisión o la moratoria concedida y decretará el concurso necesario, la quiebra o liquidación judicial.

Modifícanse las normas concursales vigentes en cuanto establecen la publicación íntegra de los textos concordatarios o de las sentencias, disponiendo que bastará que se publique un extracto de su contenido previo control de la Oficina Actuaria.

Artículo 19.- En todos los procedimientos concursales preventivos, deberá disponerse, por el Juez del concurso, en el auto de admisión, la inscripción de la solicitud en el Registro Nacional de Actos Personales. El deudor deberá acreditar la inscripción en el plazo de diez días hábiles a contar de la fecha de libramiento del oficio. En caso de omisión, la sede, sin más trámite, revocará el auto de admisión y decretará el concurso necesario, la quiebra o la liquidación judicial del deudor.

También se ordenará la inscripción de las quiebras, liquidaciones judiciales o concursos necesarios que se decreten y no existiendo recursos suficientes disponibles para cubrir las tasas registrales para la inscripción de estas interdicciones o para la obtención de informaciones requeridas por el Tribunal, éste las dispondrá de oficio sin cargo.

Artículo 20.- Si por cualquier causa, el proceso de quiebra, liquidación judicial o concurso necesario se encontrare paralizado por un término que exceda los seis meses, cualquier acreedor, que justifique su crédito, podrá pedir la clausura de los procedimientos con iguales efectos a los previstos para la clausura de la quiebra por insuficiencia de activo (artículos 1711 y siguientes del Código de Comercio).

Artículo 21.- En los procesos concursales preventivos que se encuentren paralizados en sus trámites por un término que exceda los seis meses o en que se constate la inactividad del deudor en la explotación de su giro o la insuficiencia de sus activos para cumplir con los pagos por él ofrecidos, a pedido de cualquier acreedor y previa vista del Ministerio Público y del deudor, el Tribunal podrá decretar el concurso necesario, la quiebra o liquidación judicial.

Se exceptúa de lo dispuesto precedentemente, los casos en que el deudor presente al Tribunal un acuerdo, firmado por las mayorías de acreedores, exigidas por las distintas normas concursales, en el cual se acepten las circunstancias referidas.

Artículo 22.- En los distintos procedimientos de concordato preventivo judicial o concurso civil, las Juntas de Acreedores sólo podrán prorrogase con carácter excepcional. La solicitud de prórroga planteada por el deudor, será resuelta por el Tribunal en audiencia, atendiendo el voto mayoritario de los acreedores concursales presentes.

Artículo 23.- Agrégase al artículo 1771 del Título XIX del Código de Comercio el siguiente inciso:

"Si el Tribunal deniega la moratoria, decretará sin más trámite la liquidación judicial de la sociedad anónima solicitante, salvo que ésta demuestre que canceló el pasivo personal concursal o logró la adhesión de sus acreedores para un concordato preventivo".

Artículo 24.- En los casos de concordatos preventivos, moratorias o concursos civiles voluntarios, los créditos de los acreedores, se considerarán incobrables a todos los efectos de los tributos recaudados por la Dirección General Impositiva, desde el momento de la concesión de la moratoria provisional. Los tributos correspondientes deberán liquidarse por los acreedores a medida que se produzca la cobranza concursal respectiva. Igual tratamiento de incobrabilidad recibirán desde el auto declaratorio, los créditos respecto de cuyos deudores se hayan decretado la quiebra, liquidación judicial o el concurso necesario.

Artículo 25.- A partir de la sanción de la presente ley, en los distintos procedimientos concursales comerciales que se inicien, la moratoria provisional dispuesta por el artículo 1545 del Código de Comercio así como la prevista en los numerales 1 y 2 del artículo 69 de la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893, no podrá exceder del término de un año contado desde la fecha de su concesión. El Tribunal, excepcionalmente, podrá extender este plazo, cuando el mismo resulte necesario para culminar los procedimientos pendientes para la homologación del concordato presentado.

Artículo 26.- Sustitúyese el numeral 1°) del artículo 1019 del Código de Comercio, por el siguiente:

"1°. Las acciones provenientes de vales, conformes o pagarés contra el librador, si la deuda no ha sido reconocida por documento separado.

Los cuatro años se contarán desde el vencimiento o desde la fecha de la sentencia de condenación prevista en el artículo 1606 de este Código en su caso".

Artículo 27.- Sustitúyese el artículo 1026 del Código de Comercio por el siguiente:

"ARTICULO 1026.- Las prescripción se interrumpe por cualquiera de las maneras siguientes:

1°. Por el reconocimiento que el deudor hace del derecho de aquél contra quien prescribía.

2°. Por medio de emplazamiento judicial notificado al prescribiente. El emplazamiento judicial interrumpe la prescripción, aunque sea decretado por Juez incompetente.

3° Por medio de intimación judicial, practicada personalmente al deudor, o por edictos al ausente cuyo domicilio se ignorase.

4° Por la admisión de una pretensión concursal deducida por el deudor.

La prescripción interrumpida comienza a correr de nuevo: en el primer caso, desde la fecha del reconocimiento; en el segundo, desde la fecha de la última diligencia judicial que se practicare en consecuencia del emplazamiento; en el tercero, desde la fecha de la intimación o de la última publicación en el Diario Oficial; en el caso del numeral 4°), comienza a correr de nuevo, una vez concluido el proceso concursal.

En materia de títulos valores cuando haya recaído sentencia de condena se aplicará lo dispuesto por los artículos 1216 y 1220 del Código Civil".

Artículo 28.- Las resoluciones adoptadas por el Tribunal Concursal serán impugnables en los plazos y por los medios previstos en el Capítulo VII del Título VI del Libro I del Código General del Proceso. En todos los casos la apelación de las resoluciones que se adopten en materia concursal no tendrá efecto suspensivo salvo que el Tribunal superior así lo disponga (numeral 2°) del artículo 251 del Código General del Proceso).

Artículo 29.- Modifícase el artículo 452 del Código General del Proceso, por el siguiente:

"ARTICULO 452. (Ejecución colectiva).- Procede la ejecución colectiva cuando el deudor se encontrare en estado de cesación de pagos, la que se realizará mediante el concurso necesario para el deudor civil y la quiebra para el comerciante o la sociedad comercial y la liquidación judicial para la sociedad anónima.

La quiebra y la liquidación judicial se regirán por las disposiciones pertinentes del Código de Comercio, y por la Ley N° 2.230, de 2 de junio de 1893 y sus modificativas".

Artículo referente

Artículo 261

Ley N° 16.060 de

4 de setiembre de 1989

Artículo 159. (Causas).- Las sociedades se disolverán:

1) Por decisión de los socios de acuerdo a lo establecido en cada tipo social.

2) Por la expiración del plazo.

3) Por el cumplimiento de la condición a la que se subordinó su existencia.

4) Por la consecución del objeto social o la imposibilidad sobreviniente de lograrlo.

5) Por la quiebra o liquidación judicial. La disolución quedará sin efecto si se homologara un concordato resolutorio.

6) Por pérdidas que reduzcan el patrimonio social a una cifra inferior a la cuarta parte del capital social integrado.

7) Por fusión o escisión en los casos previstos por la ley.

8) Por reducción a uno del número de socios según se dispone en el artículo 156.

9) Por la imposibilidad de su funcionamiento, por la inactividad de los administradores o de los órganos sociales o por la imposibilidad de lograr acuerdos sociales válidos, sin perjuicio de lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 184.

10) Por la realización continuada de una actividad ilícita o prohibida o por la comisión de actos ilícitos de tal gravedad que se desvirtúe el objeto social.

11) En los demás casos establecidos por la ley.

Artículo referente

Artículo 262

Código de Comercio

LIBRO III - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE RESULTAN DE LA NAVEGACION

TITULO I - DE LOS BUQUES

Artículo 1037.- Cuando un buque sea ejecutado y vendido judicialmente para pagar a los acreedores del mismo buque o de su dueño, tendrán privilegio las obligaciones siguientes:

1. Las costas y costos judiciales.

2. Los salarios de asistencia, los de salvamento y los gastos de pilotaje.

3. Los derechos de puerto.

4. Los salarios de los depositarios y gastos necesarios para la guarda del buque.

5. El alquiler de los almacenes donde se hayan depositado los aparejos y pertrechos del buque.

6. Los sueldos del capitán, oficiales y tripulación.

7. El pago de las velas, jarcias y demás cosas necesarias, así como los gastos de conservación y reparación del buque y de sus aparejos.

8. Las sumas prestadas al capitán o pagadas por su cuenta para las necesidades del buque, así como el reembolso del precio de los efectos que hayan tenido que vender para cubrir las deudas arriba mencionadas; y finalmente, el principal y premio de las cantidades tomadas a la gruesa.

Las deudas enunciadas en los números 2, 3, 6, 7 y 8 no gozan del privilegio, sino en cuanto han sido contraídas a causa del último viaje del buque y eso:

Para las mencionadas en los números 2, 3 y 8, si han sido contraídas durante el viaje.

Para las mencionadas en los números 6 y 7, si han sido contraídas desde el día en que el buque quedó en estado de hacer viaje hasta el día en que el viaje se considera terminado.

Para el mismo objeto, el viaje se considera terminado veintiún días después de la llegada del buque a su destino, y más pronto cuando se han descargado los últimos efectos.

Las deudas enunciadas en los números 4 y 5 gozan del privilegio, si han sido contraídas desde el día en que el buque entró al puerto hasta el día de la venta.

9. Los gastos de refacción necesaria al buque y sus aparejos, que no sean de los mencionados en el número 7 durante los tres últimos años, contados desde el día en que se acabó la refacción.

10. Las deudas provenientes de la reconstrucción del buque y los réditos devengados en los tres últimos años.

11. Las cantidades tomadas a la gruesa sobre el casco del buque y aparejos, para los pertrechos, armamento y apresto, si el contrato ha sido celebrado y firmado antes que el buque saliera del puerto donde tales obligaciones se contrajeron.

12. El premio de los seguros hechos para el último viaje sobre el casco, quilla, aparejos, pertrechos, armamento y apresto del buque.

13. La indemnización que se deba a los cargadores por falta de entrega de efectos y por reembolso de averías sufridas por culpa del capitán o de la tripulación.

14. El precio de compra del buque no pagado, con los intereses debidos de los dos últimos años.

Artículo 1038.- Los créditos especificados en el artículo anterior preferirán entre sí por el orden de los números en que están colocados. Los comprendidos en el mismo número, se dividirán entre sí a prorrata; salvo el caso del artículo 1316.

Sin embargo, en el caso de estar hipotecado el buque y concurrir alguno o algunos de los créditos mencionados en los números 9, 10, 13 y 14 de dicho artículo 1037 con un crédito hipotecario sobre el mismo buque, en tanto serán ellos considerados con privilegio, en cuando consten por documentos de fecha cierta, inscripto en el Registro Público de comercio.

En este caso, esos créditos privilegiados y el crédito hipotecario serán pagados por el orden de las fechas de la inscripción en el registro respectivo.

LIBRO III - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE RESULTAN DE LA NAVEGACION

TITULO VI - DE LAS CONTRATAS Y DE LOS SUELDOS DE LOS OFICIALES Y AGENTE DE MAR, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Artículo 1193.- Todos los individuos de la tripulación tienen privilegio en el buque y fletes para el pago de los suel-dos vencidos en el último viaje con la preferencia establecida en el artículo 1037. En ningún caso será oído el demandado sin que previamente deposite la cantidad estipulada.

Por individuos de tripulación u hombres del mar, se entienden para el efecto expresado, y para todos los demás previstos en este artículo, el capitán, oficiales, marineros, y todas las demás personas empleadas en el servicio del buque, con excepción de los sobrecargos.

Artículo referente

Artículo 262

Código Aeronáutico

TITULO IV - AERONAVES

CAPITULO V - CREDITOS PRIVILEGIADOS

Artículo 52. (Principio).- Los créditos privilegiados establecidos en el presente Capítulo son preferidos a cualesquiera otros generales o especiales. El acreedor no podrá hacer valer su privilegio sobre la aeronave, si no lo hubiera inscripto en el Registro Nacional de Aeronaves dentro de los sesenta días a partir de la fecha de la conclusión de las operaciones y de los actos o servicios que lo han originado.

Artículo 53. (Extensión de los privilegios).- En caso de deterioro o inutilización del bien objeto del privilegio, éste será ejercido sobre los materiales o efectos recuperados o sobre su producido, aun luego de cancelada la matrícula.

Artículo 54. (Graduación).- Tendrán privilegio sobre la aeronave:

1° Los emolumentos de la tripulación por el último mes de trabajo.

2° Los créditos por gastos de causídicos que beneficien al acreedor hipotecario.

3° Los créditos por derechos de utilización de aeródromos o de los servicios accesorios o complementarios de la aeronavegación.

4° Las indemnizaciones debidas en las hipótesis de los artículos 104 y 163 y los créditos provenientes de la búsqueda, asistencia o salvamento de la aeronave.

5° Los créditos por aprovisionamiento y reparaciones hechas fuera del punto de destino para continuar el viaje.

Artículo 55. (Privilegios sobre la carga).- Los privilegios sobre la carga se extinguen en caso de que no se ejercieren las acciones pertinentes dentro de los quince días de haber finalizado las operaciones de descarga, no siendo necesario, a los efectos de su ejercicio, el que se encuentren inscriptos.

Artículo 56. (Funcionamiento de los privilegios).- Los créditos relativos a un mismo viaje son privilegiados en el orden que se establece en el presente Capítulo. Tratándose de privilegios de la misma categoría, los créditos se cobrarán a prorrata. Los créditos privilegiados del último viaje son preferidos a los de los viajes precedentes.

Artículo 57. (Extinción de los privilegios).- Los privilegios se extinguen:

1° Como consecuencia de la extinción de la obligación principal;

2° Por el transcurso de un año desde su inscripción salvo caso de renovación de la misma;

3° En caso de venta judicial de la aeronave, luego de pagados los créditos privilegiados de mejor grado.

Artículo referente

Artículo 263

Código Civil

LIBRO CUARTO - DE LAS OBLIGACIONES

PRIMERA PARTE - DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL

TITULO I - DE LAS CAUSAS EFICIENTES DE LAS OBLIGACIONES

CAPITULO I - DE LOS CONTRATOS EN GENERAL

SECCION II - DE LOS REQUISITOS ESENCIALES PARA LA VALIDEZ DE LOS CONTRATOS

2° - DE LA CAPACIDAD DE LOS CONTRAYENTES

Artículo 1280.- Son también incapaces los menores adultos que se hallan bajo la patria potestad o que no han obtenido habilitación de edad con arreglo a lo dispuesto en el Título VIII del Libro Primero y los comerciantes fallidos.

Pero la incapacidad de estas personas no es absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes.

Artículo referente

Artículo 264

Ley N° 16.060 de

4 de setiembre de 1989

Artículo 135. (Quiebra o liquidación judicial de la sociedad incorporante o de la que se crea).- Si la nueva sociedad o la incorporante quebrara o se liquidara judicialmente dentro del plazo de sesenta días de inscripta la fusión, cualquier acreedor anterior tendrá derecho a solicitar la separación de los patrimonios a efectos de que los créditos sean pagos con los bienes de las respectivas masas.

Artículo 509. (Muerte, incapacidad, quiebra o liquidación judicial de un partícipe).- La muerte, incapacidad, quiebra o liquidación judicial de un consorcio será causa legítima para la rescisión del contrato de consorcio a su respecto.

Artículo referente

Artículo 264

CODIGO DE COMERCIO

Sección VI

Del protesto

Artículo 90.- No será necesario el protesto en los casos de concurso, quiebra o concordato, sea del girado, del librador, endosantes o avalistas. En esos casos bastará con la presentación del testimonio de la resolución respectiva.

Tampoco será necesario el protesto en los casos a que hace referencia el artículo 96.

Sección VII

De las acciones por falta de aceptación o por falta de pago

Artículo 108.- Contra la ejecución de las letras de cambio no se admitirán más excepciones que la de falsedad material, compensación de crédito líquido y exigible, prescripción, caducidad, pago y espera o quita concedida por el demandante que se pruebe por escritura pública o por documento privado judicialmente reconocido o concordato homologado.

También serán admisibles las excepciones procesales de inhabilidad del título (falta de alguno de los requisitos esenciales exigidos por el artículo 3°), falta de legitimación activa o pasiva del demandante o del demandado, falta de representación, litis pendencia o incompetencia, sea de jurisdicción o por razón de cantidad.

Cualquier otra excepción fundada en las relaciones personales entre el actor y el demandado, no obstará al progreso del juicio ejecutivo.

Artículo referente

Artículo 264

CODIGO DE COMERCIO

Sección VII

De las acciones por falta de aceptación o por falta de pago

Artículo 104.- En caso de quiebra del girado, aceptante o no, el tenedor de la letra de cambio tiene su derecho expedito contra los que sean responsables a las resultas de la letra.

El librador, endosante y avalista, en caso de reclamación, pueden diferir el pago hasta el día del vencimiento, dando fianza bastante a juicio del tenedor o depositar el importe o abonarlo con descuento de los intereses por el tiempo que falte para su vencimiento.

Artículo Referente

Artículo 264

Decreto-Ley N° 14.412 de

8 de agosto de 1975

Artículo 36.-

6°) Cuando el banco tuviere conocimiento que el librador hubiere sido declarado en quiebra o en concurso civil con anterioridad a la fecha de la creación del cheque. De igual forma se procederá cuando el banco tuviere conocimiento de la quiebra o concurso civil del beneficiario o del endosante, salvo el caso de expreso mandato judicial."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: estamos frente a un proyecto de ley que tiene una especial importancia, porque refiere a la declaración judicial de concurso y la reorganización empresarial. Esto no se resume exclusivamente a lo que en forma habitual recoge la prensa respecto a la ley de quiebras. Son normas que tratan de evitar que se llegue a la etapa final de la liquidación de una determinada empresa. Estos temas se unifican en un cuerpo normativo que tiene la característica de los códigos.

El actual régimen se basa en el Código de 1866, si bien hay leyes de 1893 sobre concordato preventivo, y de 1916 y 1926 que refieren al tema de la jurisdicción. En realidad, en este momento hay dieciséis procedimientos concursales distintos en el país y esto lleva a la necesidad de unificar el sistema normativo, lo que se ha intentado a través de proyectos que vienen arrastrándose desde hace varios años y que no se han podido concretar hasta la fecha. Quiere decir que si el Senado hoy da su voto afirmativo, vamos a tener una ley que es de vital importancia para la economía y para las relaciones de carácter empresarial y laboral en el país.

El actual régimen es perverso, evita soluciones tempranas y promueve el deterioro empresarial porque, en realidad, cada vez que existe una dificultad en un concurso de una empresa particular, el inicio del concordato y la cesación de pagos termina con la liquidación judicial de la empresa, con el debido perjuicio para los trabajadores, para el sector empresarial y para todos los actores económicos que están involucrados en ese tema. Precisamente, estamos tratando de modificar ese sistema de modo tal que comiencen a implementarse mecanismos en los que funcione la alerta temprana, es decir, la posibilidad de que la empresa no ingrese en cesación de pagos, donde haya incentivos a los acreedores y al propio deudor que permitan un camino de recuperación de esas empresas, incluso planteando la posibilidad, con procedimientos muy claros y definidos, de que los acreedores y, en particular, los trabajadores, puedan tener la posibilidad, mediante una cooperativa, de acceder y poder trabajar o tomar a su cargo la empresa.

El régimen vigente no permite recomponer una empresa cuando es viable. Es más: cuando se produce la liquidación, no se hace en forma eficiente, de forma tal que siempre quedan por el camino los restos de una actividad con consecuencias negativas para todos los que de alguna forma han participado.

El objetivo de este proyecto de ley es lograr un proceso concursal rápido para proteger la inversión, el empleo y las relaciones comerciales. Con esto apuntamos a minimizar la pérdida de valor de las empresas y, obviamente, a reducir la tendencia a la crisis empresarial.

Este sistema que se está proponiendo contiene una serie de principios que se han manejado en el ámbito de la discusión de este proyecto de ley. Debemos reconocer que en la Cámara de Representantes se ha trabajado muy bien. Allí se celebraron talleres de trabajo en los que participaron y emitieron su opinión todos los actores de la vida económica y social del país y hubo discusiones de toda naturaleza. Más allá de las dificultades que tenemos para legislar y elaborar un Código de esta naturaleza, el espíritu que reinó en la Cámara de Representantes no sólo fue profesional, sino que además tuvo como resultado una cantidad de aportes que han permitido trasladar al Senado la aprobación de este proyecto de ley.

También es cierto que algunos de los comparecientes del Poder Ejecutivo advirtieron que ciertas modificaciones que se introdujeron en esa Cámara no eran las más adecuadas; pero ocurre que en la legislación sobre códigos hay que emplear el principio de la lata del supermercado: si uno toma la de abajo, se le caen todas las de arriba. Entonces, decidimos que si bien algunas latas no estaban bien acomodadas, era preferible que este proyecto permaneciera intacto y, por lo tanto, tenemos que aprobarlo tal como viene de la Cámara de Representantes.

Esta iniciativa contiene normas muy importantes en la simplificación de los procedimientos. Establece un mecanismo uniforme para todas las empresas; obviamente no incluye a todas las personas por deudas de consumo -que se rigen por las normas del Código General del Proceso- y contiene procesos previsibles con plazos preventorios.

Asimismo, establece algo muy importante, que es el procedimiento único en tres etapas. La primera de ellas, tiene que ver con el concurso de acreedores y de negociación con el deudor, como sucede en cualquier tipo de solicitud de concordato. El acreedor se presenta y, en este caso, hay sistemas de incentivo que son muy importantes por el alerta temprana. Es decir, para que el acreedor o el deudor tengan un tratamiento preferencial, se les incentiva para que se presenten antes de que se produzca una situación irreversible. Sin embargo, cuando se presenta el concurso de acreedores al pedido de concordato, inmediatamente se llama a una Junta de Acreedores y comienza a trabajar el Juez de la causa -en este caso, precisamente, hay modificaciones por el tema jurisdiccional y de especialización- sobre lo que establece un concordato general o, al menos, sus líneas básicas. Ellas son una quita y una espera; un tiempo para pagar -más allá del vencimiento de los plazos- y una quita en cuanto a que se ofrece pagar menos para rescatar a la empresa. En los tiempos actuales ello no ha funcionado y este procedimiento procura adelantarse para rescatar, incluso en estas etapas, la vida de la empresa.

La segunda etapa -es la novedad importante a destacar- tiene que ver con la licitación para la venta en bloque de la empresa en funcionamiento. Es decir, no es lo mismo el interesado en una empresa fundida y cerrada con cesación de pagos, que la venta en bloque de la empresa en funcionamiento que, de alguna forma, puede haber un interesado y el Juez es el que administra ese llamado. Entonces, cuando se presentan los distintos interesados, es obvio que están al tanto de que se trata de una empresa que no ha cerrado sus puertas y que no tiene daños irreversibles, como generalmente sucede con las que lo han hecho por encontrarse en cesación de pagos. Hay un elemento muy importante a tener en cuenta en esta etapa, porque en ella se permite a los propios trabajadores en cooperativa a que se presenten para tener cierta preferencia, en condiciones que selecciona el propio Juez, pero que abre la oportunidad de que -cumpliendo con esas condiciones- los propios trabajadores, mediante esa cooperativa, puedan hacerse cargo de la empresa y realizar un planteo en competencia con otros interesados en su venta en bloque, antes de que cierre.

La tercera etapa es la que se da cuando no hay ningún tipo de acuerdo o cuando la situación es irreversible, por lo que en ese caso se produce la liquidación de los activos y la liquidación judicial de las empresas o de los empresarios en este caso -porque es un concepto global-, como sucede actualmente pero con plazos más reducidos.

Asimismo, se facilita el acceso al procedimiento y se incorpora el concepto del alerta temprana. Es decir que hay un delicado balance en estos temas entre el acreedor y el deudor que siempre supone que alguien no puede pagar; hay un deudor que tiene una dificultad para concretar sus créditos, trasladando sus dificultades al resto de los compromisos de carácter comercial, más los temas de relación laboral. Esta alerta temprana está establecida en los artículos 4º y 5º, y consiste en un incentivo que da el proyecto de ley a quienes alertan de la situación de la empresa para ingresar en esa etapa preventiva y no enfrentarse a una situación de carácter irreversible. Los que plantean el alerta temprana son estimulados a través de créditos y de privilegios parciales en su cobro.

Por otro lado, está el marco flexible para que las partes acuerden, tema que es muy importante, porque hay una amplitud de opciones en plazos, en quitas, en cesión de bienes, en capitalizaciones y en fideicomisos. El proyecto de ley refiere a la organización empresarial con el sentido de facilitar los acuerdos privados de reorganización de la empresa para que se produzca su venta en bloque. Es decir que todo el objetivo de la norma está no sólo en su cumplimiento sino, además, en tratar de tener la sensibilidad social de no enfrentar a la empresa a una situación de carácter terminal, tema que está contenido en el artículo 75 del proyecto de ley. También es cierto que la venta en bloque de la empresa es uno de los elementos más distintivos de la iniciativa.

Por otra parte, se mejoran los procesos de decisión y se simplifican las categorías de acreedores para reducir privilegios de votación, el Juez fija condiciones mínimas, se eligen ofertas de mejor precio y, obviamente, como dije, se facilita la formación de cooperativas de trabajadores para el mantenimiento de las empresas.

Además, se reduce el costo de los procedimientos en los plazos, ya que son más breves y perentorios; se minimiza la suspensión de las actividades por apelación, que generalmente se daba antes cuando ésta se suspendía; los honorarios se limitan -ha habido preocupación en determinados sectores de profesionales respecto de este tema-; se restringen los costos de publicación y se facilita la representación del acreedor. También es muy importante la especialización de la judicatura y la creación de Juzgados especializados en el tema, particularmente en Montevideo -existe una discusión respecto a cómo se maneja el tema en el interior de la República-; se establece un límite de forma tal que aquellos concursos pequeños se manejen en el ámbito de las jurisdicciones departamentales y los más grandes a las judicaturas especializadas, que son las que deben administrar todo este proceso nuevo y moderno.

El otro punto a considerar está contenido en el Título VIII y es el de la conservación de la empresa viable. En todos los casos se va a privilegiar la venta en bloque de la empresa, según lo que establece el propio artículo 171, en el que se dice: "En todos los casos se procurará en primer lugar la venta en bloque de la empresa en funcionamiento". Se establece el proceso licitatorio en las condiciones que determine el Poder Ejecutivo y que estará a cargo del Juez especializado, en este caso, en temas de carácter comercial. Es muy importante para la empresa viable la posibilidad de las propuestas que se hacen en esta situación de concordato. En el literal B) del artículo 172, se señala: "Podrán formularse ofrecimientos por parte de la cooperativa o sociedad comercial de trabajadores de la empresa subastada que se constituya y esté integrada de forma tal que más del 50% (cincuenta por ciento) de la propiedad correspondiera a los trabajadores que desarrollaban actividad personal en la misma en el inicio del proceso concursal y que, en caso de adoptar la forma de sociedad anónima o en comandita por acciones, las acciones de los trabajadores sean nominativas no endosables. La misma podrá hacer valer en su oferta los créditos laborales a ser renunciados por sus miembros". Sigue el texto del literal, y termina expresando: "El ofrecimiento formulado por esta cooperativa o sociedad comercial tendrá preferencia por sobre los restantes oferentes en caso de igualdad de condiciones propuestas".

Es decir que en este tema hay una mezcla de objetivos por mantener la empresa y también uno de carácter social, en el entendido de que los trabajadores que estén en condiciones de formar su propia empresa para continuar la actividad que se encuentra en peligro, cumpliendo determinados requisitos y en igualdad de condiciones, tengan preferencia para ser adjudicatarios de la venta del bloque.

Finalmente, cabe mencionar la adecuación de sanciones penales y sociales. Se clasifica en forma unificada los distintos concursos, voluntarios y no voluntarios, fortuitos y culpables y se tipifica el delito de fraude concursal sobre la base de determinadas presunciones. Hay una discusión sobre las presunciones que determinan cuál es la etapa de la empresa en materia de cesación de pagos o de ingreso al concurso. En el proyecto de ley original se establecían presunciones absolutas, es decir que cuando se daban determinadas condiciones, era absolutamente inevitable llevar a la empresa al procedimiento y, en todo caso, al inicio de lo que es el concurso de carácter judicial. Sin embargo, en la Cámara de Representantes se cambiaron algunos de los temas, dándoles el carácter de presunciones relativas, es decir que estas admiten la prueba en contrario y, por ende, por el sólo hecho de cumplirse ciertas circunstancias, no necesariamente se debería ir a la liquidación, tal como establecía el proyecto de ley original.

En síntesis, a los efectos de no cansar al Cuerpo, cabe decir que este es un tema de una profundidad muy importante y de una gran especialización. En el seno de la Comisión han comparecido representantes de sectores gremiales y profesionales, así como del Ministerio de Economía y Finanzas, que ha tenido una activa participación a través de sus técnicos, y también se contó con el apoyo de la Cátedra de Derecho Comercial. Allí, sus titulares hicieron un aporte absolutamente generoso a este proyecto de ley sobre la base de que, tratándose de un Código y ante la necesidad de modernizar la legislación actual, las disfuncionalidades o discrepancias que pudieran surgir respecto de ciertos artículos, serían ajustadas a la realidad y analizadas por los propios actores en función de cómo esta norma impacte en la actividad comercial del país.

Por lo expuesto, y con el consentimiento de la unanimidad de los miembros de la Comisión, aconsejamos el voto afirmativo de este proyecto de ley para la declaración judicial del concurso y la reorganización empresarial.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: en este caso, el señor Senador Abreu le ha ahorrado al oficialismo la pesada tarea de informar este proyecto de ley, y lo ha hecho con sabiduría y profundidad dado que, por su profesión y su idoneidad en la materia, era el más indicado de los miembros de la Comisión para hacerlo.

La verdad es que en la Comisión, independientemente del articulado que el señor Senador ha detallado y especificado, tuvimos una duda existencial: o actuábamos como Legisladores y nos metíamos de lleno en el proyecto -porque siempre puede mejorarse-, o lo hacíamos como integrantes de un Parlamento del que se quieren respuestas en tiempo y forma, y con pragmatismo aprobábamos esta iniciativa tal cual venía de la Cámara de Representantes. Todos sabíamos que el trabajo realizado en la referida Cámara fue muy serio y sólido y que se lograron acuerdos dentro y entre los partidos para sacar el proyecto adelante, pero también éramos conscientes de que había algunos aspectos que habían merecido sugerencias del Poder Ejecutivo y que habían quedado en cierta forma por el camino, sobre las que había una opinión conteste en cuanto a atenderlas en esta instancia. Sin embargo, sabíamos que eso iba a insumir un trabajo de algunos meses en el Senado y que las eventuales modificaciones harían que el texto volviera a la Cámara de Representantes, lo que podría, a su vez, determinar un nuevo capítulo en la Asamblea General. Esto, evidentemente, no le hacía nada bien a una iniciativa que, si bien merece algunas modificaciones, es muy buena. Además, los planteos llegarían a tiempos electorales, lo que constituiría situaciones o escenarios cuyas consecuencias no podríamos prever.

Por lo tanto, tuvimos que poner en la balanza si estudiábamos el proyecto a fondo e introducíamos las modificaciones, o si lo aprobábamos tal cual venía de la Cámara de Representantes. Cabe destacar que esta alternativa también se planteó a nivel del Poder Ejecutivo, que no era ajeno a la situación. Incluso, algunos Ministros nos transmitieron inquietudes concretas y plantearon ciertas modificaciones, pero les señalamos que si había que incluirlas, así se haría -como en otras tantas oportunidades- por ley separada, estudiando cada caso adecuadamente, ya que ahora había que apretar el acelerador para aprobar este texto tal cual está porque, notoriamente, beneficia al Uruguay y a su sector productivo.

Más allá del articulado, quiero expresar con énfasis que este es un proyecto de ley productivo. Alguien me podrá decir que se trata de normas referidas a cuando una empresa está en situación delicada, pero es un proyecto productivo porque tiene como norte que la producción, el núcleo de actividad, la empresa, en las diferentes circunstancias, pueda considerarse como prioridad.

Cuando hablo de la empresa, me refiero a la infraestructura, al capital, al patrimonio, al núcleo de las máquinas y de la parte edilicia, así como al capital de giro y, fundamentalmente, al capital humano. En nuestro país, hasta ahora la normativa sólo contempla dos situaciones: la empresa está bien o está quebrada y hay que desguazarla. No hay término medio; ni siquiera los acreedores, si quieren ayudar, tienen un marco normativo para hacerlo. La normativa plantea la igualdad de todos los acreedores y entonces, reitero, se empieza a desguazar a la empresa y si un acreedor se lleva una máquina para cobrarse, aunque esta sea el núcleo principal y con ello se deteriora y se desarma un patrimonio superior -como lo es la empresa en su conjunto-, no importa, porque esa máquina tiene que salir para pagar la deuda correspondiente. En este proyecto se plantean las diferentes hipótesis y siempre se privilegia que la empresa pueda continuar funcionando en beneficio de todos: de los propios acreedores -de los que están para cobrar en el primer lugar y en el último-, de los créditos laborales, de sus trabajadores y del propio país, ya que si esa empresa sigue funcionando, continuará pagando impuestos, vendiéndole al mercado interno, exportando e integrando así la cadena productiva del país.

Naturalmente, pueden haber circunstancias en las cuales la empresa igualmente tenga que ir a una liquidación definitiva, pero eso se plantea en última instancia y no constituye el privilegio que tiene como centro este proyecto de ley. Incluso se contemplan situaciones en las que el núcleo de actividad, los propios trabajadores, una cooperativa o alguna otra forma jurídica, puedan intervenir para dar otra oportunidad a la empresa. Ayer mismo discutíamos un proyecto de ley sobre un seguro de desempleo -no pretendo reavivar esa discusión en este momento-, y si esta iniciativa se aprueba ahora, seguramente habrá algunas herramientas adicionales para mejorar las condiciones a efectos de volver a poner a ese núcleo de actividad en funcionamiento.

Seguramente, estas situaciones se podrán comprender mejor por la gente del interior que por la de Montevideo porque, si en un pueblo o en una localidad hay un núcleo de actividad, una empresa o un emprendimiento que presenta problemas de causa externa o por su propio manejo, el proyecto de ley prevé un abanico de opciones para que dicha empresa no caiga ni colapse dejando al pueblo o localidad sin el motor que permite vivir a gran parte de su población.

En consecuencia, veo aquí beneficios de todo tipo. Además, me alegro de que esta iniciativa sea aprobada por unanimidad, así como de que el Miembro Informante sea el señor Senador Abreu, quien con detalle y sabiduría ha informado el proyecto mejor de lo que lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. También me alegro de que hayamos tomado la opción de no corregir el texto enviado por la Cámara de Representantes a pesar de que en este caso teníamos de aliado para hacerlo al propio Poder Ejecutivo y a varios de sus Ministros que querían introducir algunas modificaciones. Aquí primó el pragmatismo para que este conjunto de normas sirviera a la sociedad teniendo en cuenta, además, que siempre lo podemos mejorar.

En definitiva, estamos dando un paso adelante que constituye un avance sustancial en la legislación que regula el manejo de las empresas con relación a sus acreedores en situaciones de dificultad.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el Miembro Informante fue muy claro en su exposición. El código legal que tenemos en esta materia es literalmente centenario y, obviamente, los tiempos cambian. El Uruguay tiene que modernizar su legislación en este sentido y en una cantidad de otros aspectos relacionados con la empresa, con el comercio y con la industria, adecuándolos al tiempo que vivimos, que es el tiempo real: el tiempo de las computadoras y de las comunicaciones.

En virtud de que el señor Senador Sanguinetti está de licencia, voy a hablar en representación del Partido Colorado. El proyecto de ley tiene como base y núcleo central una iniciativa elaborada en la Legislatura pasada. Recuerdo que en aquel momento se contrató a los doctores Rippe, Olivera García y Creimer, y la doctora Holtz participó por el Ministerio de Economía y Finanzas. En mi calidad de Ministro, en ese momento estaba interesado en que el proyecto de ley fuera aprobado pero, obviamente -como sabemos, se trata de un Código con 264 artículos-, las prioridades surgieron por otro lado y no hubo tiempo de estudiarlo.

Pensamos que la iniciativa fue desmejorada. Algunos de sus artículos realmente nos generan enormes dudas. De todas maneras, en aras de lo que señalaba el señor Senador Abreu, hay que dar el paso; tiempo habrá -seguramente muy pronto- para modificar las cosas que no van a funcionar muy bien y se tendrá que volver a la redacción original, que en forma casi íntegra, con algunas pequeñas diferencias -que eran mínimas-, fue la que presentó este Poder Ejecutivo.

En términos generales, el Partido Colorado va a votar en forma afirmativa este proyecto de ley; quizás, si se vota artículo por artículo, se pronunciará en contra de alguno de ellos. A grandes rasgos estamos de acuerdo y nos parece importante y positivo avanzar y recoger alguna experiencia en el tema a efectos de poder hacer las correcciones, ya no en abstracto, sino basados en la práctica. Creo que ese es el mayor valor de la iniciativa. Como bien decía el señor Senador Michelini, uno podría pensar que determinadas cosas van a funcionar mal por esto o por aquello y seguramente va a ser así, pero es mejor que ello suceda porque de esa forma se facilitan los acuerdos y los cambios.

En síntesis, esta es la justificación de nuestro voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: entendemos que, por la simplificación de los procedimientos, por la instrumentación de un procedimiento único, por la reducción de los costos, por el fortalecimiento de la judicatura y por la consagración del principio de la continuación de la actividad económica del deudor -superando la tradicional asimilación entre los conceptos de quiebra y de cese de actividad económica-, en la medida en que genera mayores certezas y credibilidades, tanto hacia el interior del país como hacia el exterior, y facilita la continuidad del funcionamiento de empresas con dificultades, con los consiguientes beneficios hacia la colectividad en su conjunto, la gente, los trabajadores y el público en general, este proyecto de ley es beneficioso y lo vamos a votar con mucha convicción.

Por otra parte, los señores Senadores Abreu y Michelini han hecho consideraciones muy compartibles, que saludamos.

Por todos esto motivos, votaremos afirmativamente este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: propongo que el texto del proyecto de ley sea votado en bloque y que se desglosen los artículos sobre los que el señor Senador Alfie va a hacer algún planteo. Pensamos que estamos casi ante un Código y que, por ello, todos sus artículos están interconectados, con cierta salvedad, pues alguna disposición puede ser considerada por separado sin afectar el contexto. En general, como se trataría de un Código, creemos que es mejor no tratar individualmente cada artículo dentro de los distintos Capítulos, a efectos de no quitar la imprescindible ligazón que unos tienen con otros.

Por todo esto, sugiero que los artículos del proyecto de ley sean votados en bloque, se desglosen los artículos que se propongan y se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE.- Antes de votar la moción del señor Senador Gargano, sería conveniente agotar la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: suscribimos íntegramente las expresiones del señor Miembro Informante, en el sentido de que estamos ante un buen proyecto de ley. Como tal, pudo haber sido perfectible pero, por razones de técnica legislativa y de interés general, es bueno que se apruebe en el día de hoy y que cuente -y nos congratulamos de que sea así- con el voto de todas las colectividades políticas, porque estamos ante una de esas iniciativas que tienen un sano sentido y van a obtener un buen resultado.

Quienes hemos ejercido la profesión de abogado durante muchos años y hemos propiciado y promovido en algunos casos esta clase de procesos -liquidaciones, quiebras y concordatos-, hemos conocido circunstancias que llevan muchísimo tiempo y que a veces tienen finales muy malos, que pasan por la muerte de las empresas, la extinción de las unidades productivas y la consiguiente pérdida de puestos de trabajo. A esto se suma la no satisfacción de los créditos de los acreedores, que provoca una enorme desconfianza en el mercado de créditos, no ya en el de los bancarios -porque aunque los bancos se han equivocado mucho en esto en el correr de los últimos tiempos, son los que tienen las garantías reales y toman todos los recaudos-, sino en el de los acreedores comerciales, que casi siempre son las víctimas en estos procesos pues, a veces, actuando de muy buena fe, en forma desprevenida y con el afán natural de cualquier empresario de aumentar sus ventas y sus beneficios, se ven defraudados y terminan ingresando en los procesos de concordatos en los que los créditos son pagados tarde, mal o nunca. En algunas oportunidades, todo esto provoca restricciones en los créditos comerciales y una retracción de la actividad económica. Pero esta iniciativa viene a crear confianza empresarial y siempre que tenemos procesos seguros, dotados de certeza jurídica, de cierta previsibilidad y, además, de velocidad, surte un efecto muy bueno. En lo personal, creo en la sana actividad comercial. En el día de ayer estuvimos conversando acerca de un tema sobre el que, inclusive, nuestra bancada votó en forma dividida; me refiero a un proyecto de ley de extensión de un subsidio de desempleo de una empresa que seguramente estaba incursa en uno de estos procedimientos que prevé la legislación uruguaya vigente y que condujo a una de esas situaciones que se prolongan durante varios años, que terminan con la ocupación de los trabajadores, con actuaciones indefinidas y con acreedores esperando, es decir, con esas largas agonías que no queremos ver más en el Uruguay. En algunas épocas hemos visto que los concordatos se han multiplicado, preocupando a todo el mundo y provocando una enorme retracción económica y una crisis de confianza. Precisamente, esa falta de confianza hoy está afectando a los mercados bursátiles internacionales, ¡y vaya si vale lo psicológico en todo esto! Ojalá que lo que estamos votando nos dé esa inyección de confianza, previsibilidad y seguridad jurídica que reclama una sociedad ordenada y dispuesta a crecer económicamente.

Con mucho gusto y congratulándonos por la unanimidad de pareceres en estos aspectos, vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley.

SEÑOR MICHELINI.- Queremos que quede constancia de que por primera vez estamos de acuerdo con el señor Senador Moreira.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, algo va a pasar.

Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: también me quiero congratular por la votación de esta iniciativa, porque tuve la oportunidad de participar durante el período anterior en la Comisión de Constitución y Legislación, en la que intentamos concretar estas normas. En ese sentido, quiero rescatar el procedimiento que se utilizó en esa oportunidad, ya que el equipo económico -recuerdo que nos reuníamos en la Sala Paulina Luisi del Edificio Anexo- consultó a todos los actores involucrados, que son muchos y distintos. Aclaro que no soy abogada y que aprendí muchísimo sobre los procedimientos administrativos. Además, quiero destacar que gracias a esas instancias se llega a un acuerdo con las distintas visiones, que hoy nos permite aprobar una ley, más allá de que en el futuro -como ya se ha dicho- se le hagan modificaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Hay una moción del señor Senador Michelini para que se suprima la lectura y otra del señor Senador Gargano para que el articulado se vote en bloque, más allá de que se puedan desglosar algunos artículos, si así lo solicitara algún señor Senador.

Se van a votar las mociones presentadas.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Solicito el desglose de los artículos 63, 172 y 174.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no hay más solicitudes, se va a votar en bloque el articulado, a excepción de los artículos 63, 172 y 174.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los artículos 63, 172 y 174.

(Se vota:)

- 24 en 26. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado, por ser igual al considerado.)

16) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"La Cámara de Representantes remite aprobado un proyecto de ley por el que se reforma el régimen previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

- A LA COMISION DE ASUNTOS LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL."

17) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Cid presenta, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se regulan las técnicas de reproducción humana asistida.

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"PROYECTO DE LEY SOBRE TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA

Exposición de motivos

Los modernos avances y descubrimientos científicos y tecnológicos, en especial en los campos de la Biomedicina y la Biotecnología han posibilitado, entre otros, el desarrollo y utilización de técnicas de reproducción asistida con el objetivo de resolver la esterilidad de la pareja humana. Las técnicas utilizadas se consideran de baja y alta complejidad tecnológica en función de los recursos utilizados. La Fecundación In Vitro (FIV) con Transferencia de Embriones (TE) (FIVTE), de mayor complejidad técnica, se dio a conocer universalmente en 1978 con el nacimiento de la niña Louise Brown, en el Reino Unido.

En nuestro país desde 1987 un equipo médico está trabajando en el campo de la Reproducción Asistida, pero hoy día existen varios equipos que prestan asistencia a las parejas infértiles.

Las Técnicas de Reproducción Asistida han abierto expectativas y esperanzas en el tratamiento de la esterilidad humana, cuando otros métodos de tratamiento de la pareja han fracasado.

Se admite que alrededor de un 15% de la población puede tener algún tipo de problema reproductivo, aunque esto constituye una estimación basada en los datos de algunas clínicas especializadas y a la asimilación de datos internacionales.

Sin embargo en algunos países como España esta cifra es más elevada de acuerdo a los datos comunicados en junio de 2006 donde se estima que la infertilidad está entre el 15 y el 18% de las parejas y que esta cifra estaría evidenciando un crecimiento en el número de las parejas afectadas por esta patología.

El desarrollo de estas técnicas que persiguen en su esencia un fin altruista como es la posible construcción integral de la familia, determina sin embargo inquietud e incertidumbre en relación con la potencialidad y las posibles consecuencias derivadas de su utilización. Ya no sólo es factible utilizarlas como alternativa a la esterilidad. El disponer en el laboratorio de óvulos y espermatozoides, le permite al médico lograr la fecundación y hace posible su manipulación con fines diagnósticos, terapéuticos, y también de investigación básica o experimental e inclusive de ingeniería genética. Esta posibilidad de por sí escalofriante por lo que significa el poder gobernar la vida humana con otros objetivos diferentes de la felicidad conyugal, propicia temor e incertidumbre con variados alcances en lo social, ético, biomédico y jurídico.

Como se señala en la legislación Española «no parece haber duda que la investigación científica continuará su expansión y progreso, y que solo debe ser limitada si es en base a criterios fundados que eviten su colisión con los derechos humanos y con la dignidad de las personas y las sociedades. Es necesario por ello una colaboración abierta, pero rigurosa entre la sociedad y la ciencia, de modo que, desde el respeto por los derechos fundamentales de los hombres, la ciencia pueda actuar dentro de los límites, en las prioridades y con los ritmos que la sociedad le señale. Tratándose de asuntos de enorme responsabilidad, no pueden recaer ni deben dejarse a la libre decisión de los científicos únicamente, que por otra parte necesitan la referencia legislativa que encuadre su labor.»

La utilización de estas técnicas ha determinado una serie de problemas a nivel mundial que abarcan diferentes aspectos y que se vinculan en lo jurídico como sucede con respecto a la filiación de los niños nacidos con estas técnicas, el arrendamiento de vientres de personas de escasos recursos económicos (Baby M), la creación de bancos de semen, la utilización de la técnica por personas que no tienen la mencionada imposibilidad etc.

En nuestro medio se ha recurrido a estas técnicas con frecuencia sin que se hayan violentado aspectos éticos y sociales, la prudencia con que los médicos actuantes han operado a sido la clave para evitarlos, hasta ahora, y como ha expresado la Dra. María Inés Varela de Motta en la Revista Uruguaya de Derecho de Familia «la misma prudencia aconseja prever situaciones a las que nuestra legislación actual no da siquiera un esbozo de solución». Frente a este vacío jurídico es el parlamento como legítimo representante de la sociedad el que debe establecer los criterios y límites en la utilización de estos procedimientos, no sólo para proteger a la sociedad, esencia y fin de su labor, pero también para delimitar claramente el ámbito en que los profesionales de la salud desenvolverán su trabajo.

Desde una perspectiva ética y social se expresan divergencias en las opiniones sobre las técnicas de Reproducción Humana Asistida. Su aceptación o su rechazo se producirán desde el supuesto de una correcta información, y deben producirse sin motivaciones interesadas, ni presiones ideológicas o confesionales. Si bien la aceptación social de determinados procedimientos médicos es fundamental en su validación, la visión médica referente al marco normativo y ético resulta imprescindible y es así que la referencia al código de ética elaborado por el Sindicato Médico del Uruguay y la Federación Médica del Interior, las Convenciones Internacionales y el Consenso Latinoamericano en Aspectos Etico-Legales de REÑACA relativos a estas técnicas deben ser tenidos en cuenta en la elaboración legislativa, así como la opinión de distinguidos eticisistas que han expresado su opinión en diferentes publicaciones.

La legislación comparada también cumple un papel imprescindible ya que países como los Estados Unidos de Norte América desde 1980 a través del Comité Ad Hoc sobre Inseminación Artificial de la Asociación Americana de Fertilidad, Australia en 1982, Francia en 1984, Gran Bretaña a través del informe Warnock, el CAHBI (Comité Ad Hoc de Expertos en Bioética) de la Comunidad Europea en 1989, la legislación Española de noviembre de 1988 todos ellos han aportado criterios sobre los temas de Reproducción Asistida de indudable valor referencial, aunque no necesariamente compartidos en todos sus extremos.

Es importante señalar que la Ley Española Nº 35 de noviembre de 1988 fue la base del presente Proyecto por considerar que la misma cumple con criterios de afinidad cultural, abarca todos los aspectos que el Legislador debe abordar en el tema, desde los criterios médicos, los legales, la integración de la comunidad en su determinismo, etc. Además hemos tomado en cuenta como base de estudio el Proyecto de Ley presentado en 1991 por los Dres. Hugo Batalla y Carlos Cassina «Reproducción Asistida-Modificación al Código Civil» así como las propuestas formuladas por el Diputado Jorge Orrico que colaboró como asesor en el campo legal del actual Proyecto.

Los avances científicos históricamente han ido por delante del Derecho, que se retrasa en su adaptación a las consecuencias de aquellos. Este asincronismo entre la ciencia y el Derecho origina un vacío jurídico respecto de problemas concretos, que deben solucionarse y que resultan en fundamento esencial para la elaboración del presente proyecto.

En esta perspectiva es que se inscriben estas técnicas de reproducción asistida que como ya fue señalado en nuestro país se vienen practicando desde hace años y aun no han motivado la concreción legislativa que permita dar respuesta a los vacíos en los aspectos jurídicos, administrativos, civil y penal. Es necesario entonces una revisión de todos los elementos que confluyen en la realización de estas técnicas, procurando la adaptación del Derecho en lo que proceda, con respecto a: el material embriológico utilizado, los donantes de dichos materiales, las receptoras de esas técnicas, y a los varones a ellas vinculados, así como la condición civil de la pareja, los hijos, la manipulación a que las técnicas pueden dar lugar (estimulación ovárica, crioconservación de gametos y embriones, diagnóstico prenatal etc.).

El material biológico utilizado en estas prácticas, es el de las primeras fases del desarrollo embrionario donde la terminología de los diferentes estados de la evolución era confusa cuando no ambigua. En diciembre de 1995 como señalamos previamente, se suscribe en la reunión de REÑACA (CHILE) la unificación en la terminología con la participación de los integrantes de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. Esta entidad ha permitido llevar adelante un registro de los procedimientos, publicar anualmente las tasas de embarazo, su devenir y los resultados perinatales, al tiempo que ha planteado diferentes aspectos vinculados a los procedimientos para ser sometidos a su análisis ético.

Entre los aportes realizados figura el haber establecido de manera consensuada un listado de definiciones sobre los momentos evolutivos del embrión, las diferentes técnicas utilizadas, así como la elaboración de indicadores únicos para evaluar los resultados de esas técnicas.

Fruto de la elaboración de consenso surge la revisión en la terminología que se viene aplicando y que revisaremos con el fin de clarificar la misma.

El término «prembrión» también denominado «embrión preimplantado», que se corresponde con la fase de preorganogénesis designa el grupo de células resultantes de la división progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta aproximadamente catorce días más tarde, es ahora modificado por el nombre de Conceptus que refiere al estado de desarrollo que se inicia una vez completada la fecundación y que termina con la aparición de la hendidura primitiva 12 a 17 días después de la fecundación.

Por embrión se entiende al conceptus en división, comienza con la aparición de la hendidura primitiva y se extiende hasta la octava semana de gestación.

Las consideraciones precedentes son coincidentes con el criterio de no mantener el óvulo fecundado in vitro más allá del día 14 al que sigue a su fecundación. Finalmente, se define el feto -fase más avanzada del desarrollo embriológico- como el embrión con apariencia humana en donde ya están los órganos formados, esta etapa se extiende desde la octava semana hasta el nacimiento.

Es importante señalar la importancia de este esfuerzo latinoamericano de unificación en la terminología ya que existen escuelas médicas que denominan estas diferentes etapas en forma diferente.

En consecuencia, las distintas fases del desarrollo humano son embriológicamente diferenciables, con lo que su valoración desde la ética, y su protección jurídica también deberá serlo, permitiendo ajustar la labor del Legislador a la realidad biológica.

Debemos tomar en cuenta que las técnicas modernas facilitan la disponibilidad de gametos y óvulos fecundados o no y que estos pueden ser utilizados tanto para realizar las técnicas de Reproducción Asistida en las personas que los aportan, pero también es posible que se utilicen en manipulaciones diversas, de carácter diagnóstico, terapéutico, de investigación, experimentación e incluso con finalidades farmacéuticas. Se hace evidente entonces que los materiales embriológicos no pueden ser utilizados de forma incontrolada, y que su disponibilidad, uso y transporte deben ser regulados y autorizados, al igual que los Centros y Servicios que los manipulen o en los que se depositen.

La colaboración de donantes de material reproductor, diferentes a la pareja que accede a estas técnicas determina que los futuros hijos tengan la aportación genética de los donantes, determinando la aparición de situaciones relacionadas con el Derecho de Familia, la maternidad, la paternidad, la filiación y la sucesión. Es necesario por tanto, establecer los requisitos del donante y de la donación, así como las obligaciones, responsabilidades o derechos, si los hubiere, respecto de los donantes con los hijos así nacidos.

Desde una perspectiva biológica, la maternidad puede ser plena o genética o no plena -no genética- dependiendo si la madre ha aportado o no su óvulo. En la maternidad biológica plena la madre ha gestado al hijo con su propio óvulo y en su útero; si a su vez el óvulo ha sido fertilizado con el semen de su esposo o concubino se la llama Fertilización In Vitro con Transferencia de Embriones (FIVTE) Homóloga; en la no plena o parcial, la mujer sólo aporta la gestación (maternidad de gestación) en este caso el óvulo es donado, si el espermatozoide es el de su pareja masculina se la llama FIVTE Heteróloga. La paternidad sólo puede ser genética, por razones obvias.

Los Centros donde se realicen estas técnicas contarán con los medios necesarios para sus fines y deberán someterse a los requisitos legales de acreditación, autorización, evaluación y control oportunos. Los equipos sanitarios que en ellos actúen habrán de estar calificados y actuarán bajo la responsabilidad de la/las jefatura/as del Centro o Servicio.

En esta Ley se excluye la posibilidad de acceder a técnicas de Reproducción Asistida específicamente en la situación denominada como de maternidad subrogada y por lo tanto el reconocimiento de la maternidad exclusivamente en la mujer que tiene el parto.

Se entiende por maternidad subrogada al embarazo y parto obtenido con la transferencia de un concepto en división obtenido con gametos de terceros, con la intención o el convenio de entregar el recién nacido a uno o los progenitores.

Alberto Cid. Senador.

PROYECTO DE LEY

TECNICAS DE REPRODUCCION

HUMANA ASISTIDA

ARTICULO 1º.- (Ámbito de aplicación y finalidades de la reproducción humana asistida).

Teniendo como base sustancial el respeto a la dignidad humana y a la vida, la presente ley regula las técnicas de Reproducción Humana Asistida de baja y alta complejidad médica, científica y clínicamente indicadas que se realizarán en Centros autorizados por el Ministerio de Salud Pública.

La utilización de estas técnicas tendrá como fin favorecer la solución de los problemas reproductivos derivados de la esterilidad o de la infertilidad humana de la pareja (articulo 6º), y cuando no se disponga de otros medios terapéuticos eficaces para resolverlos o estos hubieren fracasado.

Cuando el Ministerio de Salud Pública lo autorice, estas técnicas podrán utilizarse en la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, con suficientes garantías diagnósticas.

La investigación con gametos sólo podrá realizarse en los términos señalados en el artículo 13 de esta ley.

ARTICULO 2º.- (Requisitos)

Las Técnicas de Reproducción Humana Asistida se realizarán solamente cuando se cumplan todas las prescripciones establecidas en el presente artículo y en el artículo 6º, y:

a) Cuando haya posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo grave para la salud de la mujer o la posible descendencia.

b) En mujeres con reserva ovárica demostrable, mayores de edad, civilmente capaces y en buen estado de salud sicofísica, si las han solicitado y aceptado libre y conscientemente, y han sido debidamente informadas por escrito sobre las mismas (artículo 6º).

La información contendrá los posibles riesgos para la descendencia y embarazo y abarcará todas las consideraciones de carácter biológico, jurídico, ético y económico que se relacionen con las técnicas.

La mujer receptora de estas técnicas podrá determinar la suspensión en cualquier momento, siempre que esa resolución se tome previamente a la fecundación del óvulo, debiendo atenderse esa determinación.

Por escrito, y como requisito previo, la pareja deberá autorizar la entrega en custodia y a los solos fines de la presente ley, al Centro actuante en el procedimiento, de los embriones que se hubieren obtenido, excedentarios, y no utilizados (artículo 10).

Similar entrega, y con esos alcances, se entenderá realizada igualmente cuando el Centro actuante constate fehacientemente el desinterés de la pareja, durante el plazo de veinticuatro meses, contados desde la fecundación.

Todos los datos relativos a la utilización de estas técnicas, así como los demás extremos contenidos en esta ley deberán recogerse en las historias clínicas individuales, llevadas en reserva y estricto secreto por los Centros, particularmente en lo relativo a la identidad de los intervinientes (artículos 17 y 22).

ARTICULO 3º.- (Prohibición de fines ajenos a la procreación. Origen).

Se prohibe la fecundación de óvulos humanos, con cualquier fin distinto a la procreación humana (artículo 21).

La fecundación prevista en la presente ley lo será siempre con la utilización de gametos del integrante masculino de la pareja involucrada. Cuando ello no fuere posible por las causas determinadas en el artículo 6º, se podrá proceder de acuerdo a lo establecido en el mismo.

ARTICULO 4º.- (Número de embriones transferibles).

En aplicación de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, se inseminarán sólo los óvulos necesarios para transferir al útero, el número de los mismos considerado científicamente más adecuado, para asegurar razonablemente el embarazo y evitar la multigestación.

Los embriones a obtenerse lo serán siempre con el límite de tres por ciclo de tratamiento. Todos los óvulos fertilizados en un ciclo de tratamiento deberán ser transferidos a la cavidad uterina de la paciente, quedando prohibido desechar o eliminar embriones.

Si la transferencia a la paciente no fuera posible por circunstancias supervinientes, se procederá necesariamente a la criopresevación de esos embriones, por el mínimo plazo posible.

Quedará constancia en la historia clínica del número de embriones obtenidos y de los transferidos, con indicación de la circunstancia y destino de cada uno.

ARTICULO 5º.- (Entrega en custodia)

La entrega en custodia de gametos y embriones, se hará por escrito, en forma gratuita y en absoluta reserva (artículos 2º y 6º).

El acto referido a los gametos sólo será revocable cuando el titular de los mismos, por infertilidad sobrevenida, les precisase para sí, y cuando aquéllos estén disponibles.

Antes de la formalización de la entrega en custodia referida en el inciso 1º de este artículo, quienes la realizan habrán de ser informados de los fines y consecuencias de tal acto con los alcances del artículo 2º, de todo lo cual se dejará constancia en la historia clínica respectiva (artículo 6º).

La entrega será reservada, custodiándose los datos de identidad en el más estricto secreto, y en clave, en los bancos respectivos y en el Registro Nacional que será llevado por el Ministerio de Salud Pública. Bajo ninguna circunstancia el donante, ajeno a la pareja, podrá reclamar derechos de paternidad o maternidad de la criatura concebida en las técnicas que regula esta ley.

La pareja receptora de los gametos tiene derecho a obtener información general sobre el fenotipo a recibir, que no incluya la identidad del mismo.

Sólo en circunstancias extraordinarias, que comporten un comprobado peligro para la vida del hijo, se podrá revelar la identidad del donante, siempre que ello sea indispensable para evitar ese peligro. Ese conocimiento tendrá carácter restringido, no implicará publicidad de la identidad ni producirá ninguno de los efectos jurídicos derivados de la filiación.

Igualmente el hijo nacido en virtud de estas técnicas, una vez cumplidos los dieciocho años de edad, podrá solicitar fundadamente se le informe de la identidad del dador. En este caso, y el previsto anteriormente, la petición respectiva se formulará ante Juez competente (artículo 11 del Código General del Proceso), el que determinará en definitiva si hay mérito para la misma. En todos los casos se procurará conservar, hasta lo estrictamente necesario, la reserva sobre la identidad de los dadores.

Las filiaciones comprobadas por efecto de la aplicación de este artículo no produce derechos civiles de clase alguna.

El dador deberá tener más de dieciocho años y ser civilmente capaz. En el estudio y evaluación del estado sicofísico del mismo se seguirá un protocolo, de carácter general, donde se incluirán sus características. Este estudio procurará descartar que padezca enfermedades genéticas, hereditarias o infecciosas.

La donación altruista de gametos será gratuita.

Los Centros autorizados y el Registro Nacional adoptarán las medidas oportunas para que de un mismo origen no nazcan más de seis hijos.

ARTICULO 6º.-

Los procedimientos de reproducción sólo podrán ser solicitados por parejas heterosexuales estables. En cada caso deberá firmarse la solicitud correspondiente. Desde ese momento los solicitantes son los responsables de todas las formas biológicas, derivadas de la utilización de estas técnicas durante todas las etapas, hasta el nacimiento.

Siempre habrá consentimiento por escrito, de ambos integrantes de la pareja. El consentimiento del marido o concubino se hará antes de la utilización de las técnicas y con los mismos alcances que para la mujer establece el Artículo 2º, y deberá también revestir el carácter de expresión libre, consciente y formal. Reunidos tales requisitos el marido o concubino será considerado legalmente padre del hijo concebido.

En casos no ocasionales de impotencia, infertilidad masculina extrema o azoospermia del esposo o concubino se podrá recurrir a las técnicas aceptadas para la utilización de material reproductivo de terceros, con la finalidad de obtener la inseminación de la integrante de la pareja estable.

La elección del dador, si lo hubiere, será responsabilidad del equipo médico que aplica la técnica, en consulta con la pareja solicitante. Se procurará que tenga la máxima similitud fenotípica e inmunológica y las mayores posibilidades de compatibilidad con la mujer receptora.

En ningún caso podrá practicarse la inseminación con semen del marido o concubino fallecido.

En los juicios de divorcio, una vez decretada la separación provisional de los cónyuges, la mujer no podrá ser fecundada artificialmente hasta la sentencia ejecutoriada del referido juicio, siempre que el mismo hubiere determinado la disolución del vínculo.

ARTICULO 7º.- (Filiación y secreto en la inscripción)

La filiación de los nacidos con las técnicas de reproducción humana asistida se regulará por las normas vigentes, con los agregados contenidos en esta ley.

En ningún caso la inscripción en el Registro Civil reflejará datos de los que pueda inferirse que la concepción ha tenido origen en la aplicación de las técnicas que esta ley regula.

Los usuarios de las técnicas de Reproducción Humana Asistida no podrán impugnar la filiación del hijo resultante de su aplicación.

La revelación de la identidad del padre fisiológico, en los casos en que proceda con arreglo en el artículo 5º de esta ley, no implicará determinación legal de la filiación.

ARTICULO 8º.- (Reproducción Asistida y artículo 215 del Código Civil)

No podrá determinarse legalmente la filiación, ni reconocerse efecto o relación jurídica alguna entre el hijo nacido por la aplicación de las técnicas reguladas de esta ley y el marido o concubino fallecido cuando el material reproductor no se halle en el útero de la mujer en la fecha de muerte del varón, o cuando el nacimiento se produjere después de los 300 días de su fallecimiento (articulo 215 del Código Civil.)

ARTICULO 9º.- (Filiación. Falsa maternidad. Prohibiciones y delito).

La filiación materna de los hijos nacidos por la aplicación de las técnicas reguladas por esta ley, estará determinada por el parto o la cesárea en su caso.

Es nulo todo contrato, oneroso o gratuito, por el cual una de las partes provee un embrión humano para su gestación en el útero de una mujer, obligándose ésta a entregar el nacido a la otra parte o a un tercero.

Si se llevare a cabo igualmente lo prohibido, la madre del nacido será, a todos los efectos, quien le gestare.

Quien dé su consentimiento, intervenga como intermediario, o realice o colabore con la transferencia embrionaria, en las condiciones referidas a este artículo, o la fomente a través de la publicidad, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría

ARTICULO 10.- (Conservación de gametos y Embriones)

El semen sólo podrá crioconservarse en los bancos de gametos autorizados por el Ministerio de Salud Publica en las condiciones que establezca la reglamentación.

La conservación de óvulos con fines de reproducción humana asistida deberá ser autorizada por el Ministerio de Salud Pública cuando existan garantías científicas razonables de viabilidad y de la ausencia de riesgos para el embrión.

Los embriones excedentarios, no utilizados por imposibilidad, sobrantes de una fertilización in vitro, no transferidos al útero, o provenientes de las circunstancias pre-vistas en el inciso 3º del Artículo 4º se crioconservarán en los bancos autorizados (Artículo 2º, párrafos 7 y 8; Artícu-lo 5º).

El Ministerio de Salud Pública podrá modificar las condiciones de conservación establecidas en este artículo cuando los avances técnicos lo hagan posible y útil, y se hallen orientados a la mejor y más pronta disposición y preservación de los elementos genéticos involucrados.

Los embriones, gametos, semen y en su caso los óvulos, crioconservados no podrán ser dispuestos sino para la mujer en cuya fertilización frustrada se hubieron. Sin perjuicio de lo anterior, y cuando se hubiere frustrado el objetivo original la pareja interviniente podrá autorizarla, sólo para los embriones de su origen, a los efectos de que se utilicen en Reproducción Asistida de quien se hallare, en todo lo demás, comprendido en las normas de la presente ley.

ARTICULO 11.- (Finalidad de la diagnosis)

Toda intervención diagnóstica sobre el embrión in vitro, no podrá tener otra finalidad que la valoración de su viabilidad o la detección de enfermedades hereditarias.

ARTICULO 12.- (Requisitos para tratamientos en el embrión)

Las técnicas diagnósticas o terapéuticas a realizar sobre el embrión, se autorizarán cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) que se haya informado en forma precisa a los integrantes de la pareja , de los procedimientos a utilizar así como de los riesgos. En todos los casos estas maniobras deberán estar autorizadas en forma expresa.

b) Que se trate de enfermedades con diagnóstico preciso, y se ofrezcan garantías razonables de éxito.

c) Que no se influyan sobre los caracteres hereditarios no patológicos, ni se busque la selección de caracteres del individuo o de la raza.

d) Si se realiza en centros sanitarios debidamente autorizados.

ARTICULO 13.- (Investigación y experimentación).

Los gametos podrán utilizarse con fines de investigación básica o experimental que respeten la dignidad de la vida humana.

Se autoriza la investigación dirigida a perfeccionar las técnicas para la obtención, maduración y conservación de ovocitos.

Los gametos utilizados en investigación o experimentación no podrán ser empleados para obtener embriones.

Se prohibe la experimentación con embriones o fetos en cualquier etapa evolutiva, viables o no. (Inciso final Artículo 1º).

ARTICULO 14.- (Embriones no viables)

Los embriones abortados serán considerados no viables y en ningún caso podrán ser transferidos nuevamente al útero.

ARTICULO 15.- (Régimen jurídico de Instituciones y Servicios de reproducción asistida)

Tanto los Centros de Reproducción Asistida como todas las instituciones o servicios en los que se utilicen técnicas de reproducción asistida o sus derivaciones, así como la recepción, conservación y distribución de material biológico humano destinados a los fines previstos en la presente ley, se regirán por ésta y por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Salud Pública.

Los referidos Centros, Instituciones o Servicios deben proporcionar al Ministerio de Salud Pública, a la Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida y a los observadores epidemiológicos reconocidos y autorizados, todos los datos necesarios para el cumplimiento de las facultades de investigación y contralor que ejercen.

Los cobros, cuando procedan, de los centros autorizados por la aplicación de las técnicas regladas por esta ley serán exclusivamente de reembolso de los gastos y honorarios estrictamente devengados.

Los Centros de Reproducción Humana Asistida harán conocer, en oportunidad de brindar la información procedente (Artículos 2º y 6º) un estimado de gastos y honorarios a devengar, con un detalle aproximado de los mismos.

ARTICULO 16.- (Dirección médica. Objeción de conciencia).

Los Centros e Instituciones o Servicios que utilicen técnicas de reproducción humana asistida, serán dirigidas por médicos que tendrán la responsabilidad directa por la adecuada aplicación de la presente ley.

Igualmente deberán serlo quienes en los mismos realicen, controlen y dirijan los actos médicos previstos por esta ley.

Cuando la intervención en las técnicas regladas de personas no autorizadas implique el ejercicio ilegal de la medicina, se duplicarán las penas previstas para este delito, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal por la comisión de otros ilícitos.

Los técnicos, auxiliares o personal en general, de los Centros, Instituciones o Servicios, tanto sean funcionarios públicos o privados, podrán objetar válidamente por razones de conciencia, su participación en los procedimientos autorizados. Los objetores no podrán ser objeto de sanción de naturaleza alguna.

ARTICULO 17.- (Historias clínicas)

Los Centros de Reproducción Humana Asistida, y las Instituciones y Servicios intervinientes serán responsables de mantener historias clínicas actualizadas, que deberán ser llevadas por los médicos intervinientes y custodiarse con el debido secreto y protección, donde constarán todas las referencias exigibles sobre los usuarios, así como los consentimientos firmados para la realización de las técnicas.

ARTICULO 18.- (Infracciones)

Son infracciones:

a) El incumplimiento de los requisitos de instalación y funcionamiento de los Centros de Reproducción Humana Asistida.

b) La vulneración por los equipos de trabajo de lo establecido en la presente ley y sus normas reglamentarias, en el tratamiento de los usuarios de estas técnicas.

c) La omisión de datos, consentimientos y referencias exigidas por la presente ley (Artículo 15), así como el incumplimiento del registro de los datos.

d) Importar o exportar embriones. La reglamentación de esta ley establecerá en que situaciones y trámites se podrán recuperar los embriones en los casos que la mujer haya sido tratada en el exterior y tuviera embriones sobrantes.

e) Mezclar semen de diverso origen humano o utilizar mezcla de óvulos de distintas mujeres, en la aplicación de las prácticas reguladas por la presente ley.

ARTICULO 19.- (Contralor y Sanciones)

El Ministerio de Salud Pública llevará un registro de los establecimientos públicos y privados que realicen los procedimientos reglados por esta ley, así como de sus directores médicos y de los técnicos actuantes, y demás datos similares que disponga el decreto reglamentario.

Al mismo Ministerio corresponderá el control de dichos establecimientos y de las normas y procedimientos de Reproducción Humana Asistida, así como la imposición de las sanciones dispuestas en el presente artículo.

Sin perjuicio de las eventuales responsabilidades penales, las infracciones a lo dispuesto en el artículo 18, podrán dar lugar a una de las siguientes sanciones administrativas, según la gravedad o el número de incumplimientos.

- Observación;

- Amonestación;

- Multa de hasta 500 unidades reajustables;

- Suspensión hasta un máximo de dos años;

- Clausura definitiva.

En las tres últimas sanciones se procederá, a costa del infractor, a la publicación de las mismas.

Estas sanciones serán aplicadas por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Salud Pública, sin perjuicio del debido proceso administrativo.

La clausura definitiva requerirá además la intervención judicial.

ARTICULO 20.- (Delito de clonación)

El que, con el fin de crear por clonación, seres humanos idénticos, conteniendo el mismo patrimonio genético que un progenitor, manipule células humanas o material genético, o transfiera a una mujer un embrión de los referidos será castigado con dos a seis años de penitenciaría.

Si llegare a crear uno o más seres humanos clonados, la pena será de tres a nueve años de penitenciaría.

ARTICULO 21.- (Delito de alteración de la especie humana)

El que realizare cualquier procedimiento dirigido a generar descendencia que signifique la transformación o alteración de la especie humana, será castigado con veinte meses de prisión a cinco años de penitenciaría.

Sin perjuicio de la definición precedente, están comprendidos en la misma los siguientes procedimientos:

a) Fecundar óvulos humanos con cualquier fin distinto a la procreación humana, en especial cuando el objetivo sea la comercialización, o la utilización industrial, de todo o parte del material obtenido;

b) Alterar o predeterminar las características genéticas de un ser humano;

c) Transformar o crear un ser humano individualizado en el laboratorio;

d) Utilizar técnicas de ectogénesis;

e) Combinar, para lograr la fecundación, gametos humanos con gametos de otras especies;

f) La selección del sexo o cualquier otra manipulación genética con fines terapéuticos no autorizados;

g) Emplear ácido desoxirribonucleico humano (ADN) con el fin de producir células capaces de desarrollarse hasta constituir un individuo;

h) Utilizar cualquier forma del desarrollo de la vida humana, desde la fecundación del óvulo al nacimiento, con fines farmacéuticos, terapéuticos, o de experimentación;

i) Estimular al desarrollo de un óvulo, o parteno-génesiss, por medios térmicos, físicos o químicos sin que sea fecundado por un espermatozoide;

j) Experimentar con embriones humanos o investigar en ellos, en este último caso fuera de las normas legales.

ARTICULO 22.- (Delito de Violación de Secreto)

El que revelare los procedimientos llevados a cabo en virtud de esta ley, -fuera de las circunstancias autorizadas-, de modo tal que, directa o indirectamente, se identifiquen los intervinientes en los mismos, será castigado con tres meses de prisión a tres años de Penitenciaría".

ARTICULO 23.- (Comisión Honoraria de Reproducción Asistida)

Créase la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida que funcionará en el ámbito del Ministerio de Salud Pública.

Serán cometidos de la Comisión Honoraria de Reproducción Asistida:

a) Asesorar al Ministerio de Salud Pública sobre las políticas en materia de reproducción asistida, y sobre el texto y la aplicación de las normas legales y reglamentarias pertinentes.

b) Elaborar y proponer al Ministerio de Salud Pública los criterios para la creación del Registro Unico, donde se inscribirán con carácter obligatorio los establecimientos privados y públicos que trabajen en la disciplina y los técnicos que realicen tareas en las mismas.

c) Proponer los criterios técnicos, asesorar al Ministerio de Salud Pública sobre el cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley a requerimiento de aquel, asesorar en cuanto a la pertinencia de aplicar sanciones administrativas y controlar su cumplimento por los involucrados y los organismos públicos de control.

e) Recopilar, actualizar y difundir información en los temas de reproducción humana.

f) Desempeñar otros cometidos que determine la reglamentación.

La Comisión Honoraria de Reproducción Humana Asistida será designada por el Poder Ejecutivo a propuesta del Ministerio de Salud Pública.

Estará integrada por dos representantes del Ministerio de Salud Pública, uno de los cuales la Presidirá, un delegado de la Facultad de Medicina, un representante de la Sociedad de Ginecotología con reconocida experiencia en el tema, un representante de las instituciones o servicios que utilicen técnicas de reproducción asistida.

ARTICULO 24.- (Reglamentación)

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro del plazo de ciento ochenta días de su promulgación.

Alberto Cid. Senador."

18) CONMEMORACION DEL CENTENARIO DE LA FUNDACION DEL PUEBLO MIGUELETE, EN EL DEPARTAMENTO DE COLONIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable el 27 de marzo de 2009, para pueblo Miguelete, en el departamento de Colonia, con motivo de conmemorarse el centenario de su fundación. (Carp. Nº 1354/08 - Rep. Nº 899/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. Nº 1354/08

Rep. Nº 899/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

Proyecto de Ley

Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para pueblo Miguelete, departamento de Colonia, el día 27 de marzo de 2009, con motivo del 100º aniversario de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga, durante la fecha indicada en el artículo 1º de esta ley, a los trabajadores de las actividades públicas y privadas nacidos o radicados en pueblo Miguelete.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de octubre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha considerado el proyecto de ley por el que se declara feriado no laborable el día 27 de marzo de 2009 para el pueblo Miguelete, departamento de Colonia, con motivo de conmemorarse el centenario de su funda-ción.

El proyecto de ley fue presentado por el Representante Nacional por el departamento de Colonia, Carlos González Alvarez, el día 12 de agosto de 2008.

Habiéndose declarado de interés departamental y nacional el centenario de dicho pueblo, la presente propuesta permitirá una mayor concurrencia de trabajadores públicos y privados a los festejos programados para dicha conmemoración.

Esta Comisión entiende oportuno aconsejar a la Cámara la declaración de feriado no laborable el día 27 de marzo del 2009 para los nacidos o residentes en el mencionado pueblo, otorgándose goce de licencia paga a los ciudadanos referidos.

Por lo expuesto, se aconseja al Cuerpo la aprobación del siguiente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 17 de setiembre de 2008.

Alvaro F. Lorenzo, Miembro Informante; Gustavo Bernini, Eleonora Bianchi, Gustavo Borsari Brenna, Diego Cánepa, Luis Alberto Lacalle Pou, Jorge Orrico, Javier Salsamendi.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º- Declárase feriado no laborable para la ciudad de Miguelete, departamento de Colonia, el día 27 de marzo de 2009, con motivo del 100 aniversario de su fundación.

Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga durante la fecha indicada en el artículo 1º de esta ley a los trabajadores de las actividades públicas y privada nacidos o radicados en la ciudad de Miguelete.

Montevideo, 12 de agosto de 2008.

Carlos González Alvarez

Representante por Colonia.

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el mes de marzo de 2009 se cumplen los cien años de la fundación de la ciudad de Miguelete del departamento de Colonia.

Los festejos previstos para conmemorar el centenario de dicha ciudad ya tienen otorgado el carácter de interés departamental (Resolución 877/008 de la Intendencia de Colonia) y es interés nacional declarado por resolución de la Presidencia de la República (EC/949) del 14 de julio.

La declaración de feriado no laborable para los trabajadores públicos y privados radicados o nacidos en dicha ciudad permitirá una mayor concurrencia y atención a los festejos programados para homenajear a la ciudad en su centenario.

A la fecha ya está creada una Comisión de vecinos que forman la Comisión del Centenario de Miguelete, la cual está trabajando en todo lo relacionado con dicha conmemoración.

La Comisión nos solicita que el Parlamento declare feriado no laborable para los nacidos y/o residentes de la mencionada ciudad el día 27 de marzo de 2009

Es tradicional que el Parlamento declare feriado no laborable cuando se conmemoren fechas importantes de alguna ciudad.

Ese será un día de singular importancia para la ciudad de Miguelete, porque permitirá desarrollar actividades culturales, reforzar las actividades productivas y comerciales y estrechar los lazos entre todos sus habitantes, sin distinción generacional, elevando entonces el sentimiento de identidad y de pertenencia en una jornada de entendimiento y reflexión con la gran participación popular que posibilita un día franco como el que proponemos.

Montevideo, 12 de agosto de 2008.

Carlos González Alvarez

Representante por Colonia."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Este proyecto de ley declara feriado no laborable para el Pueblo Miguelete situado en el departamento de Colonia, el 27 de marzo de 2009. Se trata de un pueblo cercano a la capital y muy entrañable para muchos de los que lo conocemos. En el artículo 1º se indica la fecha en que se cumplen cien años de su fundación, mientras que en el artículo 2º se establece que ese día se otorgará licencia paga a los trabajadores de las actividades pública y privada nacidos o radicados en el Pueblo Miguelete.

En consecuencia, propongo que se vote afirmativamente, ya que cuenta con el apoyo de todos los integrantes de la Comisión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Declárase feriado no laborable para pueblo Miguelete, departamento de Colonia, el día 27 de marzo de 2009, con motivo del 100º aniversario de su fundación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Otórgase goce de licencia paga, durante la fecha indicada en el artículo 1º de esta ley, a los trabajadores de las actividades pública y privada nacidos o radicados en pueblo Miguelete".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

19) "PROFESOR NICOLAS FERRARI"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Profesor Nicolás Ferrari’ la Estación Meteorológica del aeropuerto del departamento de Salto (Carp. Nº 1345/08 - Rep. Nº 900/08)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1345/08

Rep. N° 900/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Profesor Nicolás Ferrari" la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de la ciudad capital del departamento de Salto.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1° de octubre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, ha considerado el proyecto de ley por el que se designa Profesor Nicolás Ferrari la estación meteorológica de Salto.

Con fecha 11 de julio de 2005, el Poder Ejecutivo, conforme a lo preceptuado por el numeral 13) del artículo 85 de la Constitución de la República, remitió el proyecto de ley de referencia.

Se trata de designar la estación meteorológica ubi-

cada en el aeropuerto de la ciudad de Salto, dependiente de la Dirección Nacional de Meteorología -Ministerio de Defensa Nacional-, con el nombre del Profesor Nicolás Fe-rrari.

El profesor Nicolás Ferrari fue un hombre dedicado por completo al estudio y difusión de la meteorología en una época en que esta ciencia tenía muy pocos cultores.

Ferrari fue un adelantado en los estudios de las manchas solares y los fenómenos climáticos. Con muy pocos recursos económicos y medios tecnológicos, se dedicó a investigar, llegando a extremos que definen su vocación; siendo Jefe de la Dirección Nacional de Meteorología, la estación meteorológica de Salto estuvo ubicada muchos años en su casa.

Además, desarrolló una sostenida actividad docente en secundaria, dejando su impronta vocacional en varias generaciones de alumnos. Muchos de ellos aún recuerdan haber visitado la azotea de su domicilio particular, donde el profesor tenía instalado su observatorio que compartía generosamente con sus alumnos.

Aportó a la sociedad salteña sus conocimientos, los que fueron especialmente útiles en el medio rural, ya que ofrecía diariamente a través de los medios de comunicación, un pronóstico detallado del tiempo.

Resulta un acto de justicia que la estación lleve su nombre; significa un reconocimiento a este funcionario, investigador avanzado para sus tiempos y docente, que vive en la memoria de la sociedad salteña.

Por lo expuesto, esta Asesora tiene el honor de recomendar a este Cuerpo, la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 20 de agosto de 2008.

Gustavo Bernini, Miembro Informante; Alvaro Alonso, Diego Cánepa, Luis Alberto Lacalle Pou, Alvaro F. Lorenzo, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Javier Salsamendi.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de

Defensa Nacional

Montevideo, 11 de julio de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General,

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo cumple en remitir a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, conforme a lo preceptuado por el numeral 13) del artículo 85 de la Constitución de la República por el cual se designa con el nombre de "Profesor Nicolás Ferrari" la estación meteorológica de Salto.

Motiva la presente iniciativa, el reconocimiento al profesor Nicolás Ferrari quien fue funcionario de la Dirección Nacional de Meteorología, cuya abnegación al trabajo le llevó incluso a que la propia estación meteorológica de Salto estuviera ubicada en su domicilio particular. Se debe destacar además que en el período que se desempeñó como Jefe de esa estación meteorológica ofició de portavoz de la ciencia meteorológica, redundando esto en un gran beneficio para la comunidad y para el organismo que representaba y de quien dependía, esto es, la Dirección Nacional de Meteorología - Ministerio de Defensa Nacional.

Por los fundamentos expuestos, se eleva a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley, cuya aprobación se encarece.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente de la Asamblea General, con la mayor consideración.

TABARE VAZQUEZ, (Presidente de la República); Azucena Berrutti.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase a la actual estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de la ciudad de Salto con el nombre de "Profesor Nicolás Ferrari", en honor a su trayectoria como funcionario de la misma.

Montevideo, 11 de julio de 2005.

Azucena Berrutti."

SEÑOR PRESIDENTE.- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- A través de este proyecto de ley se designa con el nombre de "Profesor Nicolás Ferrari" la Estación Meteorológica de Salto. Se trata de un homenaje que se realiza a este ciudadano, que fue un hombre que se dedicó por completo al estudio y difusión de la meteorología en una época en que esta ciencia tenía muy pocos cultores. El informe expresa que fue un adelantado en los estudios de las manchas solares y los fenómenos climáticos y que con muy pocos recursos económicos y medios tecnológicos, se dedicó a investigar llegando a extremos que definen su vocación. Ocupó el cargo de Jefe de la Dirección Nacional de Meteorología y, precisamente, la Estación Meteorológica de Salto estuvo ubicada muchos años en su casa. Desarrolló una sostenida actividad docente en Secundaria, dejando su impronta vocacional en varias generaciones de alumnos.

Por todos estos motivos, la Comisión, por unanimidad, propone al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley por el que se denomina la Estación Meteorológica de Salto con el nombre de "Profesor Nicolás Ferrari".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Desígnase ‘Profesor Nicolás Ferrari’ la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de la ciudad capital del departamento de Salto".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

20) FLEXIBILIZACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESO AL BENEFICIO JUBILATORIO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se flexibiliza el régimen de acceso a los beneficios jubilatorios (Carp. Nº 1336/08 - Rep. Nº 901/08)".

(Antedecentes:)

"Carp. N° 1336/08

Rep. N° 901/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

FLEXIBILIZACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUBILACION COMUN

Artículo 1°. (Acceso a la jubilación común).- Sustitúyese el artículo 18 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 18. (Jubilación común).- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Al cumplir sesenta años de edad.

2) Un mínimo de treinta años de servicios, con cotización efectiva para los períodos cumplidos en carácter de trabajador no dependiente o con registración en la historia laboral para los períodos cumplidos en carácter trabajador dependiente.

Esta causal se configurará aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha de cese en la actividad".

Artículo 2°. (Asignación de jubilación común).- Sustitúyese el literal A) del artículo 29 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 45% (cuarenta y cinco por ciento) cuando se computen como mínimo treinta años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley.

2) Se adicionará:

A) Un 1% (uno por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de servicios que exceda de treinta hasta los treinta y cinco años de servicios.

B) Un 0,5% (medio por ciento) del referido sueldo básico, por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

C) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse completado treinta y cinco años de servicios, un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por años con un máximo de 30% (treinta por ciento); de no contarse a dicha edad con treinta y cinco años de servicios, se adicionará un 2% (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de edad que supere los sesenta, hasta llegar a los setenta años de edad o hasta completar treinta y cinco años de servicios, si esto ocurriere antes.

3) Tratándose de actividades bonificadas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la presente ley, los porcentajes previstos en el numeral 2) del literal A) del presente artículo, se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados".

Artículo 3°. (Acceso a la jubilación común en el régimen de transición).- Sustitúyese el inciso primero del artículo 67 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 67. (Causal de jubilación común).- Para configurar causal de jubilación común se requiere un mínimo de treinta años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente ley y el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:".

CAPITULO II

DE LA JUBILACION POR INCAPACIDAD TOTAL Y EL SUBSIDIO TRANSITORIO POR INCAPACIDAD PARCIAL

Artículo 4°. (Jubilación por incapacidad total).- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 19. (Jubilación por incapacidad total).- La causal de jubilación por incapacidad total se configura por la ocurrencia de cualesquiera de los siguientes presupuestos:

A) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley.

Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

C) La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida después del cese en la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley, como mínimo siempre que el afiliado haya mantenido residencia en el país desde la fecha de su cese y no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la presente ley.

Quienes habiéndose incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, no configuren la causal de jubilación por incapacidad total, por no reunir los requisitos antes establecidos, podrán acceder a la prestación asistencial no contributiva por invalidez, en las condiciones previstas por el artículo 43 de la presente ley".

Artículo 5°. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, con la modificación parcial introducida por la Ley N° 17.859, de 20 de diciembre de 2004, por el siguiente:

"ARTICULO 22. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

A) No menos de dos años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley.

Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma que los demás períodos de inactividad compensada. Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el literal A) del artículo 327 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992".

CAPITULO III

FLEXIBILIZACION DE LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA JUBILACION POR EDAD AVANZADA

Artículo 6°. (Acceso a la jubilación por edad avanzada).- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 20. (Jubilación por edad avanzada).- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al reunir los siguientes requisitos mínimos de edad y de servicios reconocidos conforme al artículo 77 de la presente ley, se esté o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal:

A) Setenta años de edad y quince años de servicios, o

B) Sesenta y nueve años de edad y diecisiete años de servicios, o

C) Sesenta y ocho años de edad y diecinueve años de servicios, o

D) Sesenta y siete años de edad y veintún años de servicios, o

E) Sesenta y seis años de edad y veintitrés años de servicios, o

F) Sesenta y cinco años de edad y veinticinco años de servicios.

Las modalidades de configuración de la causal previstas en los precedentes literales D), E) y F) entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2010.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio".

Artículo 7°. (Asignación de jubilación por edad avan-zada).- Sustitúyese el literal C) del artículo 29 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo por cada año que exceda de los respectivos mínimos de servicios que exige el artículo 20 de la presente ley, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 8°. (Acceso a la jubilación por edad avanzada en el régimen de transición).- Las modificaciones introducidas por el artículo 6° de la presente ley en cuanto a la configuración de la causal por edad avanzada, serán también de aplicación a las situaciones previstas por el artículo 64 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, sin perjuicio de los derechos de quienes hubieren configurado dicha causal al amparo de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

Cuando en los casos referidos en el inciso anterior se accediere a la jubilación por edad avanzada en las modalidades previstas en los literales B) a F) del inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, en la redacción dada por el artículo 6° de la presente ley, será de aplicación lo dispuesto por el inciso final de dicho artículo.

CAPITULO IV

DEL SUBSIDIO ESPECIAL DE INACTIVIDAD COMPENSADA

Artículo 9°. (De la prestación).- Institúyese un subsidio denominado "subsidio especial de inactividad compensada", de carácter mensual y en dinero, a otorgarse y servirse por el Banco de Previsión Social, en beneficio de quienes reúnan los requisitos que se establecen en el artículo siguiente.

Esta prestación se servirá por un período máximo de dos años o hasta que el beneficiario configure cualquier causal de jubilación o retiro, si esto ocurriere antes.

Los haberes del subsidio especial de inactividad compensada se devengarán a partir de la fecha de la solicitud por parte del interesado.

Artículo 10. (Condiciones de acceso).- Tendrán derecho a este subsidio quienes cumplan, en forma conjunta, las siguientes condiciones:

A) Contar, al momento de solicitar el subisidio, con cincuenta y ocho o más años de edad y con veintiocho o más años de servicios, reconocidos conforme al artículo 77 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, o la normativa que corresponda según el ámbito de inclusión de los mismos.

B) Haber permanecido en situación de desocupación en el país por un período no inferior a un año, inmediatamente anterior a la fecha de solicitud del beneficio.

C) Que la referida situación de desempleo sea forzosa y no imputable a la voluntad del trabajador, y provenga del cese por despido que no obedezca a razones disciplinarias, en actividades comprendidas en el régimen del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, concordantes y modificativas, háyase o no tenido derecho a subsidio por desempleo.

La reglamentación de la presente ley establecerá los mecanismos de totalización del período mínimo de servicios exigido, en caso de que éste se conforme con actividades de diferentes inclusiones.

A los efectos del cálculo de los mínimos requeridos en el literal A) del presente artículo, se tendrán en cuenta las bonificaciones de servicios que en cada caso correspondieren.

Artículo 11. (Monto de la prestación).- El monto del subsidio especial por inactividad compensada será el equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses de trabajo efectivo inmediatamente previos al cese referido en el literal C) del artículo 10 de la presente ley, actualizadas hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la prestación, de acuerdo a la variación operada en el Indice Medio de Salarios elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

No obstante, el monto del subsidio no podrá ser inferior a 1 BPC (una Base de Prestaciones y Contribuciones) ni superior a 8 BPC (ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones), al valor que esta unidad tuviere a la fecha de inicio del servicio de la prestación.

El subsidio será ajustado de conformidad con la variación del Indice de Precios al Consumo en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 12. (Efectos del subsidio).- El subsidio especial por inactividad compensada constituye asignación computable y materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social para con el Banco de Previsión Social, y los períodos por los que se sirva serán computables a los efectos jubilatorios en dicho instituto.

Inclúyese este subsidio entre las partidas exceptuadas del pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, a que refiere el inciso segundo del literal C) del artículo 2° del Título 7 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 8° de la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006.

Artículo 13. (Incompatibilidades).- El subsidio instituido por la presente ley es incompatible con la percepción de ingresos provenientes de actividades remuneradas de cualquier naturaleza, así como con el cobro de todo tipo de jubilación, pensión, retiro o subsidio, salvo que se tratare de pensiones de sobrevivencia, en cuyo caso se abonará la cantidad en que el subsidio especial de inactividad compensada las superare.

CAPITULO V

DEL COMPUTO FICTO DE SERVICIOS A LA MUJER POR CARGAS DE FAMILIA

Artículo 14. (Cómputo ficto).- A los efectos del cómputo de años de servicio a que refiere la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, las mujeres tendrán derecho a computar un año adicional de servicios por cada hijo nacido vivo o por cada hijo que hayan adoptado siendo éste menor o discapacitado, con un máximo total de cinco años.

En todos los casos, los servicios computados fictamente conforme a lo previsto por el presente artículo, serán considerados ordinarios (artículo 36 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y no podrán utilizarse para reformar cédula jubilatoria alguna.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales, si fuera necesario.

Artículo 16. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro del término de treinta días siguientes al de su promulgación.

Artículo 17. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia el primer día del cuarto mes siguiente al de su promulgación, salvo las disposiciones contenidas en el Capítulo I que regirán, como máximo, a partir del 1° de julio de 2009.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 1° de octubre de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Comisión de

Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Seguridad Social, por unanimidad de presentes, ha aprobado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre "Beneficios Jubilatorios. Flexiblilización de las condiciones de acceso".

Los sistemas de seguridad social, en particular los regímenes de jubilaciones, deben ser revisados periódicamente con la finalidad de detectar qué tan adecuados son sus desempeños respecto a los objetivos que tienen planteados.

El diseño del régimen jubilatorio actual en nuestro país impone que, para acceder al beneficio de la jubilación común, deba contarse con 35 años de servicios registrados en la historia laboral, además de los requisitos de edad. Antes de la jubilación por edad avanzada (que se alcanza con 70 años de edad y 15 años de servicios), y salvo las hipótesis de incapacidad total, no existe posibilidad de obtener jubilación alguna para quienes no hubieran podido comprobar 35 años de servicios. Así, por ejemplo, una persona con 68 años de edad y 33 años de servicios reconocidos, no tiene derecho a ninguna jubilación.

Diversas investigaciones académicas, ya sea sobre la base del estudio de los datos del INE como de los registros de historia laboral del BPS, son coincidentes en concluir que una proporción importante de los trabajadores tendrá serias dificultades para obtener la jubilación en el futuro. Los grupos más afectados son los trabajadores de relativamente menores ingresos, con menor nivel de educación formal y las mujeres.

El significativo descenso en las tasas de desempleo, así como el aumento de la tasa de empleo, no debe ocultar que un número importante de trabajadores tendrá serias dificultades para acceder a la jubilación, porque su historia laboral del pasado ya es un hecho irreversible y porque, pese a la mejoría lograda en el mercado laboral, aún queda mucho por avanzar en este plano.

Dicha necesidad, se entendió prioritaria frente a otros aspectos estructurales que tendrían que tratarse en el mediano y largo plazo, en el marco conceptual de abordar la seguridad social como una política de Estado, haciendo partícipes de la misma a todos los actores políticos y sociales involucrados en el tema.

A partir de dicha caracterización, se convocó en el año 2007 y parte del 2008, al diálogo nacional sobre seguridad social, de donde surgieron las diversas iniciativas que conforman el presente proyecto.

En línea con tales consensos, el proyecto que se acompaña flexibiliza las condiciones de acceso a la jubilación común y a la jubilación por edad avanzada.

Asimismo, tiene en cuenta las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral de los trabajadores cercanos a la edad de retiro que pierden el empleo, para quienes propone un dispositivo especial que oficie como puente hacia la causal jubilatoria. Dicha prestación está diseñada cuidadosamente para que cumpla con el objetivo perseguido, sin generar incentivos no deseados como el adelanto del retiro.

En otro orden, se entiende que el requisito de un mínimo de actividad inmediatamente previo a la incapacidad ya sea para acceder a una jubilación definitiva o a un subsidio transitorio constituye un escollo injustificado, especialmente en situaciones como las de los trabajadores temporarios, zafrales, a la orden o cuya modalidad de trabajo supone interrupciones periódicas (trabajadores embarcados de la pesca, trabajadores que laboran por turnos y en forma cíclica, etcétera).

Tampoco resulta razonable, en los casos de incapacidad acaecida después del cese, requerir que aquélla sobrevenga necesariamente dentro de los dos años de producido éste. Tal exigencia supone dejar sin derecho jubilatorio alguno a trabajadores que se encuentran desocupados por razones ajenas a su voluntad, que han cotizado por períodos prolongados y que ya no tendrán posibilidad de hacerlo en virtud de su incapacidad.

Finalmente, el proyecto también contempla la situación desigual que existe entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, en el que las mujeres registran una menor densidad de cotización a la seguridad social, entre otros motivos debido a la interrupción de la vida laboral con motivo de la maternidad.

La seguridad social debería fomentar y basarse en los principios de la igualdad de género. No obstante, esto significa no sólo trato igualitario para hombres y mujeres en situaciones iguales o similares, sino también medidas para garantizar la igualdad de hecho para las mujeres. La sociedad obtiene un enorme beneficio del cuidado no remunerado que proporcionan las mujeres, en especial a los niños, los padres y los familiares impedidos. Las mujeres no deberían verse más tarde perjudicadas por el sistema por haber hecho esta contribución durante la edad en que podían trabajar.

En este sentido, y cumpliendo con el objetivo de igualdad que implica dar un tratamiento diferente ante situaciones desiguales, el proyecto contiene una medida que tiende a paliar la menor cotización de las mujeres a la seguridad social, fruto de la maternidad.

II - CONTENIDOS DEL PROYECTO

1 - Flexibilización del acceso a la jubilación común.

Las disposiciones contenidas en el Capítulo I del proyecto (artículos 1° a 3°) introducen modificaciones en la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, a través de las cuales se habita, a partir del 1° de julio de 2009 y para las actividades incluidas en el régimen administrado por el Banco de Previsión Social, la configuración de causal de jubilación común con 30 años de servicios, manteniéndose el mínimo de 60 años de edad.

Para este punto de partida con menor exigencia de servicios que la prevista en el régimen vigente, se establece una tasa de reemplazo del 45%. En el tramo de entre 30 y 34 años de servicios inclusive, se agregan a esa tasa dos puntos porcentuales por cada año de edad que exceda de los 60, con un máximo de 20 puntos, y un punto por cada año de servicios que exceda de los 30, con un máximo de 4 puntos. Para el tramo de 35 o más años de servicios, se mantienen las actuales tasas de reemplazo. Como se advierte en el siguiente cuadro, el conjunto presenta absoluta consistencia y continuidad, tanto en lo que refiere a la causal común como en relación con la causal de edad avanzada.

A vía de ejemplo, a un afiliado que inicia el goce de su jubilación a los 66 años de edad con 33 años de servicios, le correspondería una tasa de reemplazo del 60%, a la que llegaría adicionado a los 45 puntos porcentuales mínimos, 12 puntos porcentuales porque el retiro se efectiviza 6 años después de la edad mínima y 3 puntos porcentuales porque en el momento de retiro acredita 3 años, adicionales a los mínimos requeridos.

2 - Flexibilización del acceso a la jubilación por incapacidad total y al subsidio transitorio por incapacidad parcial.

A través del Capítulo II del proyecto (artículos 4° y 5°), se sustituye el texto de los artículos 19 y 22 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, que regulan las condiciones para acceder a la jubilación por incapacidad total y al subsidio transitorio por incapacidad parcial en el Banco de Previsión Social.

La modificación propuesta elimina la exigencia de actividad en los "seis meses inmediatamente previos a la incapacidad".

Asimismo, en el caso de la jubilación por incapacidad sobrevenida después del cese en la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, se elimina el requisito de que esa incapacidad acaezca dentro de los dos años siguientes a dicho cese, manteniéndose en vigencia los demás requisitos y exigiéndose que el beneficiario hubiese mantenido radicación en el país desde el cese en la actividad hasta el momento en que sobreviene la incapacidad.

3 - Flexibilización del acceso a la jubilación por edad avanzada.

El Capítulo III del proyecto (artículos 6° a 8°) flexibiliza las condiciones de acceso a la jubilación por edad avanzada en el sistema de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995. En tal sentido, el artículo 6° que da nueva redacción al artículo 20 de esa ley, admite que dicha jubilación pueda alcanzarse hasta con 65 años de edad, requiriéndose, por cada año de edad menor a 70, dos años más de servicio que los 15 exigidos para configurar la causal en el régimen vigente.

Consecuentemente, será posible acceder a esta jubilación no solamente con 70 años de edad y 15 años de servicios, sino también con 69 de edad y 17 de servicios, o 68 y 19, 67 y 21, 66 y 23, y 65 y 25 años de edad y de servicios, respectivamente.

La entrada en vigencia de estas nuevas modalidades de acceso a la jubilación se estructura en dos etapas (2009 y 2010), según se tenga más o menos edad.

El artículo 7° adecua el diseño de las tasas de reemplazo correspondientes, considerando los nuevos mínimos de edad y de servicios con que se puede configurar la causal, y el artículo 8° extiende esta solución a quienes se encuentren en el régimen de transición a que refiere el Título VI de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

4 - Subsidio especial por desempleo para personas de 58 años o más con 28 años o más de servicios reconocidos.

El Capítulo IV del proyecto establece esta prestación, a la que podrán acceder trabajadores con 58 o más años de edad y con 28 o más años de servicios, que hayan permanecido en situación de desocupación forzosa por un período no menor a un año, inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio.

El monto de la prestación, regulado en el artículo 11, guarda similitud con el previsto para el último mes de subsidio por desempleo en los casos de despido, en el proyecto de ley relativo a esa materia que fuera remitido recientemente a consideración del Parlamento.

El término máximo de duración del beneficio es de dos años (artículo 9°) y, dado que se trata de un subsidio por inactividad compensada, constituye asignación computable y materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social para con el Banco de Previsión Social y el período por el cual se sirve se computará a los efectos jubilatorios en ese Instituto (artículo 12).

El propósito que lo inspira justifica se consagre la incompatibilidad de este subsidio con la percepción de ingresos provenientes de actividades remuneradas, jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios, salvo que se trate de pensiones de sobrevivencia, en cuyo caso será incompatible hasta la cantidad concurrente (artículo 13).

5 - Cómputo especial de servicios reconocidos para mujeres.

Finalmente en el Capítulo V (artículo 14), y teniendo en cuenta los fundamentos expresados al comienzo de esta exposición de motivos, se propone computar a las mujeres un año adicional de servicios, por cada hijo nacido vivo o por cada hijo adoptado siendo menor o discapacitado, con un máximo de 5 años adicionales.

Por los contenidos y fundamentaciones de este proyecto de ley, vuestra Asesora recomienda a esta Cámara, la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 24 de setiembre de 2008.

José Luis Blasina, Miembro Informante; Pablo Abdala, Esteban Pérez.

Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 8 de setiembre de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo a fin de remitir para su consideración un Proyecto de Ley por el cual se instituyen diversas medidas de flexibilización de las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio.

EXPOSICION DE MOTIVOS

I.- FUNDAMENTOS DEL PROYECTO

Los sistemas de seguridad social, en particular los regímenes de jubilaciones, deben ser revisados periódicamente con la finalidad de detectar qué tan adecuados son sus desempeños respecto a los objetivos que tienen planteados.

El diseño del régimen jubilatorio actual en nuestro país impone que, para acceder al beneficio de la jubilación común, deba contarse con 35 años de servicios registrados en la historia laboral, además de los requisitos de edad. Antes de la jubilación por edad avanzada (que se alcanza con 70 años de edad y 15 años de servicios), y salvo las hipótesis de incapacidad total, no existe posibilidad de obtener jubilación alguna para quienes no hubieran podido comprobar 35 años de servicios. Así, por ejemplo, una persona con 68 años de edad y 33 años de servicios reconocidos, no tiene derecho a ninguna jubilación.

Este diseño, que liga estrechamente las prestaciones a la pertenencia al mercado formal de trabajo, con altas exigencias de periodicidad, torna ilusorias las posibilidades de jubilarse para un número importante de trabajadores. De acuerdo a los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la suma de los porcentajes de desempleo y de trabajo no registrado en la seguridad social, ha oscilado entre el 30% y 45% de la po-blación económicamente activa (PEA) en las últimas décadas.

Diversas investigaciones académicas, ya sea sobre la base del estudio de los datos de la ECH, del INE como de los registros de historia laboral del BPS, son coincidentes en concluir que una proporción importante de los trabajadores tendrá serias dificultades para obtener la jubilación en el futuro. Los grupos más afectados son los trabajadores de relativamente menores ingresos, con menor nivel de educación formal y las mujeres.

En los últimos años, Uruguay ha experimentado un descenso significativo de la tasa de desempleo abierto. Según estimaciones del INE para localidades de 5.000 habitantes o más, en 2004 el desempleo alcanzaba al 13% de la población económicamente activa, mientras que en 2007 se reducía a 9.6%. En el trimestre abril-junio de 2008, último dato disponible, el desempleo se ubicó en 7.8%, confirmándose una tendencia sistemática a la baja en este indicador. A ello se suma el aumento de la tasa de empleo, el sostenido incremento de los salarios reales y la notoria mejora de los indicadores de calidad del empleo o de trabajo registrado en la seguridad social. Todos estos datos configuran un cuadro de mejora global del funcionamiento del mercado de trabajo uruguayo en los últimos años. Esto se ha dado en el contexto de profundos cambios en las instituciones laborales, principalmente en el campo de la negociación salarial a través de la reinstalación de los Consejos de Salarios por rama de actividad con participación tripartita.

Esta mejora, sin embargo no debe ocultar que un conjunto importante de trabajadores tendrá serias dificultades para acceder a la jubilación, porque su historia laboral del pasado ya es un hecho irreversible y porque, pese a la mejoría lograda en el mercado laboral, aún queda mucho por avanzar en este plano. El Gobierno entiende que se debe adecuar la legislación a las tendencias observadas en el mercado laboral en las últimas décadas, dotando de una mayor flexibilidad al actual sistema jubilatorio, con el fin de no perder los importantes niveles de cobertura alcanzados en materia de protección social en la vejez y, a la vez, asegurando su sostenibilidad financiera en el corto, mediano y largo plazo.

Teniendo en cuenta dicha necesidad así como que la seguridad social es una política de Estado que involucra a toda la sociedad, el Gobierno, a través de la Comisión Sectorial de Seguridad Social -cuyo ejecutivo integran OPP, MTSS, BPS, MIDES, MEF y MSP-, convocó en 2007 al Diálogo Nacional sobre Seguridad Social (DNSS), con el apoyo de la Universidad de la República, el Sistema de Naciones Unidas en Uruguay y la Agencia Española de Cooperación Internacional. Su objetivo fue promover un amplio proceso de diálogo sobre la seguridad social en Uruguay, incluyendo a todos los actores relevantes de la sociedad, con el propósito de generar insumos para eventuales reformas y fortalecer la gobernabilidad democrática.

En este Diálogo se acordó proponer: "...la revisión de los parámetros de acceso a las prestaciones de IVS", de modo de "facilitar el acceso a la jubilación para aquellos trabajadores que no tuvieron continuidad laboral formal que les permita alcanzar los 35 años de servicios requeridos por la Ley N° 16.713" y, concretamente, "la habilitación del acceso a una jubilación con treinta años de servicios, analizando los restantes parámetros", así como la implementación de "...soluciones que contemplen la menor densidad de cotización de la mujer a causa del tiempo destinado a los cuidados familiares" (DNSS, Informe final de la Comisión Ejecutiva General).

Por su parte, en el acto de cierre de dicho evento, el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, subrayó que "...ahora hay que trabajar. Sobre los acuerdos logrados para concretarlos en leyes, decretos, normas, que los afiancen, que los aseguren, que les den institucionalidad...".

En línea con tales consensos, el Proyecto que se acompaña flexibiliza las condiciones de acceso a la jubilación común y a la jubilación por edad avanzada.

Asimismo, tiene en cuenta las dificultades para reinsertarse en el mercado laboral de los trabajadores cercanos a la edad de retiro que pierden el empleo, para quienes propone un dispositivo especial que oficie como puente hacia la causal jubilatoria. Dicha prestación está diseñada cuidadosamente para que cumpla con el objetivo perseguido, sin generar incentivos no deseados como el adelanto del retiro.

En otro orden, se entiende que el requisito de un mínimo de actividad inmediatamente previo a la incapacidad -ya sea para acceder a una jubilación definitiva o a un subsidio transitorio- constituye un escollo injustificado, especialmente en situaciones como las de los trabajadores temporarios, zafrales, a la orden o cuya modalidad del trabajo supone interrupciones periódicas (trabajadores embarcados de la pesca, trabajadores que laboran por turnos y en forma cíclica, etc.).

Tampoco resulta razonable, en los casos de incapacidad acaecida después del cese requerir que aquélla sobrevenga necesariamente dentro de los dos años de producido este. Tal exigencia supone dejar sin derecho jubilatorio alguno a trabjadores que se encuentran desocupados por razones ajenas a su voluntad, que han cotizado por períodos prolongados y que ya no tendrán posibilidad de hacerlo en virtud de su incapacidad.

Finalmente, el Proyecto también contempla la situación desigual que existe entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo, en el que las mujeres registran una menor densidad de cotización a la seguridad social, entre otros motivos debido a la interrupción de la vida laboral con motivo de la maternidad.

Las conclusiones del Informe de la Comisión de la Seguridad Social de la Conferencia Internacional del Trabajo de junio de 2001, en sus actas provisionales de la octogésima novena reunión, establecen, entre las premisas básicas para una reforma de la seguridad social, lo siguiente: "La seguridad social debería fomentar y basarse en los principios de la igualdad de género. No obstante, esto significa no solo trato igualitario para hombres y mujeres en situaciones iguales o similares, sino también medidas para garantizar la igualdad de hecho para las mujeres. La sociedad obtiene un enorme beneficio del cuidado no remunerado que proporcionan las mujeres, en especial a los niños, los padres y los familiares impedidos. Las mujeres no deberían verse más tarde perjudicadas por el sistema por haber hecho esta contribución durante la edad en que podían trabajar".

En este sentido, y cumpliendo con el objetivo de igualdad que implica dar un tratamiento diferente ante situaciones desiguales, el Proyecto contiene una medida que tiende a paliar la menor cotización de las mujeres a la seguridad social, fruto de la maternidad.

II.- CONTENIDOS DEL PROYECTO

1.- Flexibilización del acceso a la jubilación común

Las disposiciones contenidas en el Capítulo I del Proyecto (artículos 1° a 3°) introducen modificaciones en la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, a través de las cuales se habilita, a partir del 1° de julio de 2009 y para las actividades incluidas en el régimen administrado por el Banco de Previsión Social, la configuración de causal de jubilación común con 30 años de servicios, manteniéndose el mínimo de 60 años de edad.

Para este punto de partida con menor exigencia de servicios que la prevista en el régimen vigente, se establece una tasa de reemplazo del 45%. En el tramo de entre 30 y 34 años de servicios inclusive, se agregan a esa tasa dos puntos porcentuales por cada año de edad que exceda de los 60, con un máximo de 20 puntos, y un punto por cada año de servicios que exceda de los 30, con un máximo de 4 puntos. Para el tramo de 35 o más años de servicios, se mantienen las actuales tasas de reemplazo. Como se advierte en el siguiente cuadro, el conjunto presenta absoluta consistencia y continuidad, tanto en lo que refiere a la causal común como en relación con la causal de edad avanzada.

Tasa de reemplazo según edad y años de actividad

A vía de ejemplo, a un afiliado que inicia el goce de su jubilación a los 66 años de edad con 33 años de servicios, le correspondería una tasa de reemplazo del 60%, a la que llegaría adicionando a los 45 puntos porcentuales mínimos, 12 puntos porcentuales porque el retiro se efectiviza 6 años después de la edad mínima y 3 puntos porcentuales porque en el momento de retiro acredita 3 años adicionales, a los mínimos requeridos.

2.- Flexibilización del acceso a la jubilación por incapacidad total y al subsidio transitorio por incapacidad parcial.

A través del Capítulo II del Proyecto (artículos 4° y 5°), se sustituye el texto de los artículos 19 y 22 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, que regulan las condiciones para acceder a la jubilación por incapacidad total y al subsidio transitorio por incapacidad parcial en el Banco de Previsión social.

La modificación propuesta elimina la exigencia de actividad en los "seis meses inmediatamente previos a la incapacidad".

Asimismo, en el caso de la jubilación por incapacidad sobrevenida después del cese en la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, se elimina el requisito de que esa incapacidad acaezca dentro de los dos años siguientes a dicho cese, manteniéndose en vigencia los demás requisitos y exigiéndose que el beneficiario hubiese mantenido radicación en el país desde el cese en la actividad hasta el momento en que sobreviene la incapacidad.

3.- Flexibilización del acceso a la jubilación por edad avanzada.

El Capítulo III del Proyecto (artículos 6° a 8°) flexibiliza las condiciones de acceso a la jubilación por edad avanzada en el sistema de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995. En tal sentido, el artículo 6° -que da nueva redacción al artículo 20 de esa ley- admite que dicha jubilación pueda alcanzarse hasta con 65 años de edad, requiriéndose, por cada año de edad menor a 70, dos años más de servicio que los 15 exigidos para configurar la causal en el régimen vigente.

Consecuentemente, será posible acceder a esta jubilación no solamente con 70 años de edad y 15 años de servicios, sino también con 69 de edad y 17 de servicios, o 68 y 19, 67 y 21, 66 y 23 y 65 y 25 años de edad y de servicios, respectivamente.

La entrada en vigencia de estas nuevas modalidades de acceso a la jubilación se estructura en dos etapas (2009 y 2010), según se tenga más o menos edad.

El artículo 7° adecua el diseño de las tasas de reemplazo correspondientes, considerando los nuevos mínimos de edad y de servicios con que se puede configurar la causal, y el artículo 8° extiende esta solución a quienes se encuentren en el régimen de transición a que refiere el Título VI de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995.

4.- Subsidio especial por desempleo para personas de 58 años o más con 28 años o más de servicios reconocidos.

El Capítulo IV del Proyecto establece esta prestación, a la que podrán acceder trabajadores con 58 o más años de edad y con 28 o más años de servicios, que hayan permanecido en situación de desocupación forzosa por un período no menor a un año, inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio.

El monto de la prestación, regulado en el artículo 11, guarda similitud con el previsto para el último mes de subsidio por desempleo en los casos de despido, en el Proyecto de Ley relativo a esa materia que fuera remitido recientemente a consideración del Parlamento.

El término máximo de duración del beneficio es de dos años (artículo 9°) y, dado que se trata de un subsidio por inactividad compensada, constituye asignación com-putable y materia gravada a los efectos de las contri-buciones especiales de seguridad social para con el Banco de Previsión Social y el período por el cual se sirve se computará a los efectos jubilatorios en ese Instituto (ar-tículo 12).

El propósito que lo inspira justifica se consagre la incompatibilidad de este subsidio con la percepción de ingresos provenientes de actividades remuneradas, jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios, salvo que se trate de pensiones de sobrevivencia, en cuyo caso será incompatible hasta la cantidad concurrente (artículo 13).

5.- Cómputo especial de servicios reconocidos para mujeres.

Finalmente, en el Capítulo V (artículo 14), y teniendo en cuenta los fundamentos expresados al comienzo de esta exposición de motivos, se propone computar a las mujeres un año adicional de servicios, por cada hijo nacido vivo o por cada hijo adoptado siendo menor o discapacitado, con un máximo de 5 años adicionales.

Saludamos a ese Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Eduardo Bonomi, Felipe Michelini, Miguel Fernández Galeano, Daisy Tourné, Víctor Rossi, Héctor Lescano, Marina Arismendi, Andrés Berterreche, Mario Bergara, Daniel Martínez, Carlos Colacce, José Bayardi, Gonzalo Fernández.

Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY

CAPITULO I

Flexibilización de las condiciones de acceso a la jubilación común

Artículo 1°. (Acceso a la jubilación común).- Modi-fícase el numeral 2) del inciso primero del artículo 18 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"2) Un mínimo de treinta años de servicios, con cotización efectiva para los períodos cumplidos en carácter de trabajador no dependiente o con registración en la historia laboral para los períodos cumplidos en carácter de trabajador dependiente".

Artículo 2°. (Asignación de jubilación común).- Modifícase el literal A) del artículo 29 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 45% (cuarenta y cinco por ciento) cuando se computen como mínimo treinta años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley.

2) Se adicionará:

a) un 1% (uno por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de servicios que exceda de treinta, hasta los treinta y cinco años de servicios;

b) un 0.5% (medio por ciento) del referido sueldo básico, por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco al momento de configurarse la causal, con un tope del 2.5% (dos y medio por ciento);

c) a partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse completado treinta y cinco años de servicios, un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento); de no contarse a dicha edad con treinta y cinco años de servicios, se adicionará un 2% (dos por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año de edad que supere los sesenta, hasta llegar a los setenta años de edad o hasta completar treinta y cinco años de servicios, si esto ocurriere antes.

3) Tratándose de actividades bonificadas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la presente ley, los porcentajes previstos en el precedente numeral 2 se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados".

Artículo 3°. (Acceso a la jubilación común en el régimen de transición).- Modifícase el primer párrafo del inciso primero del artículo 67 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 67. (Causal de jubilación común).- Para configurar causal de jubilación común, se requiere un mínimo de treinta años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente ley, y el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:".

CAPITULO II

De la jubilación por incapacidad total y el subsidio transitorio por incapacidad parcial

Artículo 4°. (Jubilación por incapacidad total).- Sustitúyese el artículo 19 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 19. (Jubilación por incapacidad total).- La causal de jubilación por incapacidad total, se configura por la ocurrencia de cualesquiera de los siguientes presupuestos:

A) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley.

Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, a causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

C) La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida después del cese en la actividad o del vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley, como mínimo, siempre que el afiliado haya mantenido residencia en el país desde la fecha de su cese y no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la presente ley.

Quienes habiéndose incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, no configuren la causal de jubilación por incapacidad total, por no reunir los requisitos antes establecidos, podrán acceder a la prestación asistencial no contributiva por invalidez, en las condiciones previstas por el artículo 43 de la presente ley".

Artículo 5°. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- Sustitúyese el artículo 22 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, con la modificación parcial introducida por la Ley N° 17.859, de 20 de diciembre de 2004, por el siguiente:

"ARTICULO 22. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

A) No menos de dos años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley.

Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses.

B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo.

Si la incapacidad se hubiese originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma que los demás períodos de inactividad compensada. Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total.

Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el literal a) del artículo 327 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992".

CAPITULO III

Flexibilización de las condiciones de acceso a la jubilación por edad avanzada

Artículo 6°. (Acceso a la jubilación por edad avanzada).- Sustitúyese el artículo 20 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"ARTICULO 20. (Jubilación por edad avanzada).- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al reunir los siguientes requisitos mínimos de edad y de servicios reconocidos conforme al artículo 77 de la presente ley, se esté o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal:

a) setenta años de edad y quince años de servicios, o

b) sesenta y nueve años de edad y diecisiete años de servicios, o

c) setenta y ocho años de edad y diecinueve años de servicios, o

d) sesenta y siete años de edad y veintiún años de servicios, o

e) sesenta y seis años de edad y veintitrés años de servicios, o

f) sesenta y cinco años de edad y veinticinco años de servicios.

Las modalidades de configuración de la causal previstas en los precedentes literales d), e) y f) entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2010.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio".

Artículo 7°. (Asignación de jubilación por edad avanzada).- Modifícase el literal C) del artículo 29 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"C) Para la jubilación por edad avanzada, el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mismo por cada año que exceda de los respectivos mínimos de servicios que exige el artículo 20 de la presente ley, con un máximo del 14% (catorce por ciento)".

Artículo 8°. (Acceso a la jubilación por edad avanzada en el régimen de transición).- Las modificaciones introducidas por el artículo 6° de la presente ley en cuanto a la configuración de la causal por edad avanzada, serán también de aplicación a las situaciones previstas por el artículo 64 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, sin perjuicio de los derechos de quienes hubieren configurado dicha causal al amparo de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley indicada en último término.

Cuando, en los casos referidos en el inciso anterior, se accediere a la jubilación por edad avanzada en las modalidades previstas en los literales b) a f) del inciso primero del artículo 20 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, será de aplicación lo dispuesto por el inciso final de dicho artículo.

CAPITULO IV

Del subsidio especial de inactividad compensada

Artículo 9°. (De la prestación).- Institúyese un subsidio denominado: "subsidio especial de inactividad compensada", de carácter mensual y en dinero, a otorgarse y servirse por el Banco de Previsión Social, en beneficio de quienes reúnan los requisitos que se establecen en el artículo siguiente.

Esta prestación se servirá por un período máximo de dos años o hasta que el beneficiario configure cualquier causal de jubilación o retiro, si esto ocurriere antes.

Los haberes del subsidio especial de inactividad compensada se devengarán a partir de la fecha de la solicitud por parte del interesado.

Artículo 10. (Condiciones de acceso).- Tendrán derecho a este subsidio quienes cumplan, en forma conjunta, las siguientes condiciones:

1) contar, al momento de solicitar el subsidio, con 58 (cincuenta y ocho) o más años de edad y con 28 (veintiocho) o más años de servicios, reconocidos conforme al artículo 77 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995 o la normativa que corresponda según el ámbito de inclusión de los mismos;

2) haber permanecido en situación de desocupación en el país, por un período no inferior a un año, inme-diatamente anterior a la fecha de solicitud del beneficio;

3) que la referida situación de desempleo sea forzosa y no imputable a la voluntad del trabajador, y provenga del cese por despido que no obedezca a razones disciplinarias, en actividades comprendidas en el régimen del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, concordantes y modificativas, háyase o no tenido derecho a subsidio por desempleo.

La reglamentación de la presente ley establecerá los mecanismos de totalización del período mínimo de servicios exigido, en caso de que este se conforme con actividades de diferentes inclusiones.

A los efectos del cálculo de los mínimos requeridos en el numeral 1) del inciso primero del presente artículo, se tendrán en cuenta las bonificaciones de servicios que en cada caso correspondieren.

Artículo 11. (Monto de la prestación).- El monto del subsidio especial por inactividad compensada, será el equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses de trabajo efectivo inmediatamente previos al cese referido en el numeral 3 del artículo 10 de la presente ley, actualizadas hasta el mes inmediato anterior al inicio del servicio de la prestación, de acuerdo a la variación operada en el Indice Medio de Salarios elaborado conforme al artículo 39 de la Ley N° 13.728, de 17 de diciembre de 1968.

No obstante, el monto del subsidio no podrá ser inferior a 1 (una) BPC (Base de Prestaciones y Contribuciones) ni superior a 8 (ocho) BPC (Bases de Prestaciones y Contribuciones), al valor que esta unidad tuviere a la fecha de inicio del servicio de la prestación.

El subsidio será ajustado de conformidad con la variación del Indice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central.

Artículo 12. (Efectos del subsidio).- El subsidio especial por inactividad compensada constituye asignación computable y materia gravada a los efectos de las contri-buciones especiales de seguridad social para con el Banco de Previsión Social, y los períodos por los que se sirva serán computables a los efectos jubilatorios en dicho Instituto.

Inclúyese este subsidio entre las partidas exceptuadas del pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, a que refiere el inciso segundo del literal C) del artículo 2° del Título 7 del Texto Ordenado 1996, en la redacción dada por el artículo 8° de la Ley N° 18.083, de 27 de diciembre de 2006.

Artículo 13. (Incompatibilidades).- El subsidio instituido por la presente ley es incompatible con la percepción de ingresos provenientes de actividades remuneradas de cualquier naturaleza, así como con el cobro de todo tipo de jubilación, pensión, retiro o subsidio, salvo que se tratare de pensiones de sobrevivencia, en cuyo caso se abonará la cantidad en que el subsidio especial de inactividad compensada las superare.

CAPITULO V

Del cómputo ficto de servicios a la mujer por cargas de familia

Artículo 14. (Cómputo ficto).- A los efectos del cómputo de años de servicios a que refiere la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995, las mujeres tendrán derecho a computar un año adicional de servicios por cada hijo nacido vivo, o por cada hijo que hayan adoptado siendo este menor o discapacitado, con un máximo total de cinco años.

En todos los casos, los servicios computados fictamente conforme a lo previsto por el presente artículo, serán considerados ordinarios (artículo 36 de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y no podrán utilizarse para reformar cédula jubilatoria alguna.

CAPITULO VI

Disposiciones generales

Artículo 15. (Financiación).- Las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley serán atendidas por Rentas Generales, si fuera necesario.

Artículo 16. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro del término de treinta días siguientes al de su promulgación.

Artículo 17. (Vigencia).- La presente ley entrará en vigencia el primer día del cuarto mes siguiente al de su promulgación, salvo las disposiciones contenidas en el Capítulo I, que regirán a partir del 1° de julio de 2009.

Eduardo Bonomi, Felipe Michelini, Miguel Fernández Galeano, Daisy Tourné, Víctor Rossi, Héctor Les-

cano, Marina Arismendi, Andrés Berterreche, Mario Bergara, Daniel Martínez, Carlos Colacce, José Bayardi, Gonzalo Fernández.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY N° 16.320

Artículo 327.- Con cargo al Fondo de Reconversión Laboral, cuyos beneficiarios serán los trabajadores amparados al Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, se atenderán las siguientes prestaciones:

a) actividades de formación para la recapacitación profesional prestadas a través de otros organismos estatales o entidades privadas. La ejecución de dichos programas se realizará mediante un contrato a formalizarse entre la Dirección Nacional de Empleo y las entidades seleccionadas por la Junta para impartir efectivamente los cursos:

b) un beneficio extraordinario para el trabajador que se recapacite, consistente en una prestación adicional a la establecida por el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, por el plazo que dure la recapacitación. El beneficio, cuyo porcentaje se establecerá sobre el monto mensual del subsidio por desempleo, se seguirá percibiendo una vez vencido el amparo previsto por el Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, en aquellos casos en que la duración de la recapacitación lo requiera. Dichos porcentajes los fijará la Junta Nacional de Empleo, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores a recapacitar, las disponibilidades del Fondo y las condiciones establecidas en el literal i) del artículo 324.

Para que se generen las prestaciones referidas precedentemente, se requerirá la resolución del Director Nacional de Empleo que incorpore al o a los trabajadores al régimen previsto en esta norma, previo dictamen preceptivo y vinculante de la Junta Nacional de Empleo.

Si el personal recapacitado es reincorporado por la misma empresa, ésta reembolsará al Fondo los gastos de recapacitación y la reglamentación establecerá los plazos y condiciones en que se hará el pago.

LEY N° 16.713

Artículo 18. (Jubilación común).- Para configurar causal de jubilación común, se exigirán los siguientes requisitos:

1) Al cumplir sesenta años de edad.

2) Un mínimo de treinta y cinco años de servicios, con cotización efectiva para los períodos cumplidos en carácter de trabajador no dependiente o con registración en la historia laboral, para los períodos cumplidos en carácter de trabajador dependiente. Esta causal se configurará, aun cuando los mínimos de edad requeridos se alcancen con posterioridad a la fecha de cese en la actividad.

Artículo 19. (Jubilación por incapacidad total).- La causal de jubilación por incapacidad total, se configura por la ocurrencia de cualesquiera de los siguientes presupuestos:

A) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida en actividad o en período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado y siempre que se acredite no menos de dos años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 77 de la presente ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad.

B) La incapacidad absoluta y permanente para todo trabajo, o causa o en ocasión del trabajo, cualquiera sea el tiempo de servicios.

C) La incapacidad laboral absoluta y permanente para todo trabajo, sobrevenida dentro de los dos años siguientes al cese en la actividad o al vencimiento del período de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que hubiera originado la incapacidad, cuando se computen diez años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 77 de la presente ley, como mínimo, siempre que el afiliado no fuera beneficiario de otra jubilación o retiro, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual definido en la presente ley.

Quienes habiéndose incapacitado en forma absoluta y permanente para todo trabajo, no configuren la causal de jubilación por incapacidad total, por no reunir los requisitos antes establecidos, podrán acceder a la prestación asistencial no contributiva por invalidez, en las condiciones previstas por el artículo 43 de la presente ley.

Artículo 20. (Jubilación por edad avanzada).- La causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir setenta años, siempre que se acrediten quince años de servicios reconocidos, de acuerdo al artículo 77 de la presente ley, se encuentre o no en actividad a la fecha de configuración de tal causal.

La jubilación por edad avanzada es incompatible con cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo la prestación que provenga del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio.

Artículo 22. (Subsidio transitorio por incapacidad parcial).- El derecho a percibir el subsidio transitorio por incapacidad parcial, se configura en el caso de la incapacidad absoluta y permanente para el empleo o profesión habitual, sobrevenida en actividad o en períodos de inactividad compensada, cualquiera sea la causa que la haya originado, siempre que se acredite:

A) No menos de dos años de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 de la presente ley, de los cuales seis meses, como mínimo, deben haber sido inmediatamente previos a la incapacidad.

Para los trabajadores que tengan hasta veinticinco años de edad sólo se exigirá un período mínimo de servicios de seis meses que deberán ser inmediatamente previos a la incapacidad.

B) Que se trate de la actividad principal, entendiéndose por tal la que proporciona el ingreso necesario para el sustento.

C) Que se haya verificado el cese del cobro de las retribuciones de actividad en la que se produjo la causal del subsidio transitorio y durante el período de percepción del mismo.

Si la incapacidad se hubiere originado a causa o en ocasión del trabajo, no regirá el período mínimo de servicios referido.

Esta prestación se servirá, de acuerdo al grado de capacidad remanente y a la edad del afiliado, por un plazo máximo de tres años contados desde la fecha de la incapacidad o desde el vencimiento de la cobertura de las prestaciones por enfermedad y estará gravada de igual forma que los demás períodos de inactividad compensada. Si dentro del plazo antes indicado la incapacidad deviene absoluta y permanente para todo trabajo, se configurará jubilación por incapacidad total. Los beneficiarios de este subsidio quedan comprendidos en lo dispuesto por el literal a) del artículo 327 de la Ley N° 16.320, de 1° de noviembre de 1992.

Artículo 29. (Asignación de jubilación).- La asignación de jubilación será:

A) Para la jubilación común, el resultado de aplicar sobre el sueldo básico jubilatorio respectivo, los porcentajes que se establecen a continuación:

1) El 50% (cincuenta por ciento) cuando se computen como mínimo treinta y cinco años de servicios reconocidos de acuerdo al artículo 77 de la presente ley.

2) Se adicionará un 0,5% (medio por ciento) del sueldo básico jubilatorio por cada año que exceda de treinta y cinco años de servicios, al momento de configurarse la causal, con un tope del 2,5% (dos y medio por ciento).

3) A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro, después de haberse configurado causal, se adicionará un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento). Si no se hubiera configurado causal, por cada año de edad que supere los sesenta se adicionará un 2% (dos por ciento) hasta llegar a los setenta años de edad, o hasta la configuración de la causal, si ésta fuera anterior.

4) Tratándose de actividades bonificadas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 de la presente ley, los porcentajes previstos en los numerales 2) y 3) precedentes se aplicarán sobre la edad y el tiempo de servicios bonificados.

B) Para jubilación por incapacidad total, el 65% (sesenta y cinco por ciento) del sueldo básico jubilatorio.

C) Para la jubilación por edad avanzada el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo básico jubilatorio al configurarse la causal, más el 1% (uno por ciento) del mis-mo, por cada año que exceda los quince años de servicios, con un máximo del 14% (catorce por ciento).

Artículo 36. (Clasificación de los servicios).- Los servicios se clasifican en ordinarios y bonificados. Servicios ordinarios son aquellos que corresponden al tiempo de trabajo registrado en la historia laboral.

Servicios bonificados son aquellos para cuyo cómputo se adiciona tiempo suplementario ficto a la edad real y al período de trabajo registrado en la historia laboral.

Artículo 64. (Ambito de aplicación).- Los afiliados al Banco de Previsión Social que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cuenten con cuarenta o más años de edad cumplidos, y no configuren causal jubilatoria al 31 de diciembre de 1996, por actividades comprendidas en dicho organismo, se regirán por las disposiciones de este Título, salvo que realicen la opción prevista en el artículo siguiente.

Artículo 67. (Causal de jubilación común).- Para configurar causal de jubilación común, se requiere un mínimo de treinta y cinco años de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente ley y el cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1) Para el hombre, el cumplimiento de sesenta años de edad.

2) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) Cincuenta y seis años a partir del 1° de enero de 1997.

b) Cincuenta y siete años a partir del 1° de enero de 1998.

c) Cincuenta y ocho años a partir del 1° de enero de 2000.

d) Cincuenta y nueve años a partir del 1° de enero de 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003 la edad mínima de jubilación de la mujer, por la causal común, será de sesenta años.

Artículo 68. (Causal de jubilación por edad avanzada).- Para configurar causal de jubilación por edad avanzada se requiere:

A) Un mínimo de servicios reconocidos en las condiciones establecidas en el artículo 77 de la presente ley de:

a) Once años de servicios a partir del 1° de enero de 1997.

b) Doce años de servicios a partir del 1° de enero de 1998.

c) Trece años de servicios a partir del 1° de enero de 2000.

d) Catorce años de servicios a partir del 1° de enero de 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003 se requerirá un mínimo de quince años de servicios.

B) El cumplimiento de una edad mínima, de acuerdo al siguiente detalle:

1) Para el hombre, el cumplimiento de setenta años de edad.

2) Para la mujer, el cumplimiento de una edad mínima de:

a) Sesenta y seis años a partir del 1° de enero de 1997.

b) Sesenta y siete años a partir del 1° de enero de 1998.

c) Sesenta y ocho años a partir del 1° de enero del 2000.

d) Sesenta y nueve años a partir del 1° de enero de 2001.

A partir del 1° de enero del año 2003, se requerirá, para la mujer un mínimo de 70 años de edad para configurar la causal de edad avanzada.

Artículo 77. (Reconocimiento de servicios).- Los servicios de los afiliados al Banco de Previsión Social, prestados con anterioridad a la implementación de la historia laboral, se reconocerán por el mencionado organismo cuando sean acreditados ante el mismo mediante prueba documental tanto en los años de actividad, como en el monto computable y en el caso de los no dependientes las aportaciones correspondientes.

La reglamentación podrá admitir otros medios de prueba, a los efectos de acreditar servicios anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la historia laboral, solamente cuando se trate de una única pasividad. Los trabajadores dependientes no deberán probar la aportación ni serán responsables por la misma. Los afiliados activos deberán efectuar, en los plazos, forma, condiciones y requisitos para la reglamentación a dictar establezca, una declaración detallada de todos sus servicios anteriores.

Vencidos los plazos establecidos por dicha reglamentación no se admitirá la denuncia de servicios anteriores.

Los servicios posteriores a la implementación efectiva de la historia laboral, sólo se reconocerán en tanto estén registrados en la misma.

DECRETO LEY N° 15.180

Promulgación: 20/08/1981 Publicación: 07/09/1981

Reglamentada por: Decreto N° 14/982 de 19/1/1982.

Artículo 1°

(Campo de aplicación).- El régimen de prestaciones que establece la presente ley cubre la contingencia del desempleo forzoso y comprende obligatoriamente a todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a terceros.

Los empleados correspondientes a las actividades no comprendidas en regímenes de prestaciones o subsidios de paro o desocupación vigentes a la fecha de promulgación de la presente ley, se incorporarán al régimen previsto en la misma en la oportunidad, forma y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo.

Artículo 2°

(De la prestación). La prestación por desempleo consistirá en un subsidio mensual en dinero que se pagará a todo empleado comprendido en la presente ley, que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral. Los desocupados deberán solicitar la prestación por desempleo en la forma que determine la reglamentación y dentro del plazo de treinta días bajo pena de caducidad.

Artículo 3°

(Período previo de generación).- Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere que el empleado haya revistado como mínimo en la planilla de control de trabajo de alguna empresa seis meses previo a configurarse la causal respectiva tratándose de afiliados por mes.

Sin perjuicio de la existencia precedente se requerirá para los remunerados por día o por hora haber computado ciento cincuenta jornales, para los empleados con remuneración variable, se exigirá haber percibido un mínimo de seis salarios mínimos nacionales mensuales en el período comprendido.

En todos los casos el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los doce meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal, facultándose al Poder Ejecutivo para extender este plazo hasta veinticuatro meses para el caso de ocupados en actividades que así lo justifiquen.

Artículo 4°

(Exclusiones).- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores no tendrán derecho al subsidio por desempleo:

A) Los que perciban o que se acojan a la jubilación;

B) Los que se encuentren en estado de huelga y por el

período del mismo;

C) Los que fuesen despedidos o suspendidos por razones disciplinarias de acuerdo a lo que determine la reglamentación.

D) Los que perciban otros ingresos, en la cuantía y condiciones que establezca el Poder Ejecutivo. (*)

Artículo 5°

(Causales).- Son causales para el otorgamiento del subsidio por desempleo:

A) El despido;

B) La suspensión del trabajo;

C) La reducción en el mes de las jornadas de trabajo o en el día de las horas trabajadas, en un porcentaje de un 25% (veinticinco por ciento) o más del legal o habitual en épocas normales, salvo que la even-tualidad del trabajo reducido hubiese sido pactada expresamente o sea característica de la profesión o empleo, o que se trate de empleados mensuales.

Artículo 6°

(Monto del subsidio).- El monto del subsidio por desempleo será:

A) Para los empleados despedidos o en situación de suspensión total de la actividad:

1) Con remuneración mensual fija o variable, el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal, no pudiendo ser inferior a la mitad del salario mínimo nacional mensual vigente a la fecha.

2) Con remuneración por día o por hora el equivalente a doce jornales mensuales, el monto de cada cual se obtendrá dividiendo el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los seis meses inmediatos anteriores a configurarse la causal por ciento cincuenta no pudiendo ser el mismo inferior al 50% (cincuenta por ciento) del salario mínimo nacional que corresponde a los empleados por jornal;

B) Para los empleados en situación de suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido -lo que será reglamentado por el Poder Ejecutivo- la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado conforme al literal anterior y lo efectivamente percibido en el período durante el cual se sirve el subsidio;

C) Si el empleado fuere casado o si tuviere a su cargo familiares incapaces hasta el tercer grado de afinidad o consanguinidad, ascendientes o descendientes menores de veintiún años de edad, percibirá un suplemento del 20% (veinte por ciento) del subsidio que correspondiera conforme a lo establecido en los literales anteriores.

Facúltase al Poder Ejecutivo para incrementar los porcentajes establecidos en los literales anteriores en función de las posibilidades financieras del sistema y la situación del mercado de trabajo no pudiendo exceder en ningún caso del 80% (ochenta por ciento).

En ningún caso las posteriores a servir podrán superar el equivalente a ocho salarios mínimos nacionales.

Artículo 7°

(Término de la prestación).- El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un término máximo de seis meses y calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6°.

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de setenta y dos jornales, no pudiendo excederse mensualmente de los límites establecidos en el artículo 6°.

En ambos casos el término se computará desde la fecha de iniciación de la prestación por cada período de cotización.

Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido al menos doce meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho.

Artículo 8°

(Cese de la prestación).- Cesará el derecho a percibir el subsidio por desempleo:

A) Cuando el empleado se reintegre a cualquier actividad remunerada;

B) Cuando rechazare sin causa legítima un empleo conveniente;

C) Cuando se acoja a la jubilación.

Artículo 9°

(Despido ficto).- Se considerará que se ha producido el despido del empleado suspendido en forma total de su empleo si al término del período máximo de la prestación, no se reintegrado al trabajo, pudiendo reclamar la indemnización que le correspondiere.

El empleado que se encontrare percibiendo el subsidio por más de tres meses en situación de trabajo reducido podrá optar por considerarse despedido y reclamar la indemnización a que tuviere derecho.

Artículo 10

(Desocupación especial).- Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas.

En cada caso el Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse a los empleados suspendidos, despedidos, o en situación de trabajo reducido el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones computables y que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año.

Artículo 11

(Efectos del subsidio).- Son computables a los efectos jubilatorios el período y los montos del subsidio por desempleo como trabajado efectivamente y se deducirán de él los aportes personales que correspondan para todo el sistema de seguridad social los que no se computarán a ningún efecto para una nueva prestación.

Durante el período en que el empleado perciba subsidio por desempleo no se generará derecho a licencia, feriados pagos y sumas para el mejor goce de la licencia.

Artículo 12

(Desocupados que se acojan a la jubilación).- El empleado que perciba subsidio por desempleo, que configure causal de jubilación y se acoja a la pasividad cesará de percibirlo desde la fecha en que formule la solicitud. La Dirección de las Pasividades correspondiente le servirá un adelanto prejubilatorio a partir de la misma en las condiciones que establezca la reglamentación respectiva.

Artículo 13

Las empresas están obligadas a llenar los formularios que el empleado necesite para gestionar el cobro del beneficio, dentro de los diez días hábiles de producido el despido o la suspensión así como suministrar la información que requiera la administración o exhibir la documentación que ésta estime pertinente.

Sin perjuicio de las multas que puedan aplicarse, las sumas que la administración abonare por información, inexacta de las empresas, podrán ser repetidas contra és-tas.

Artículo 14

(Penalidades).- Las infracciones a todas las leyes, decretos y resoluciones cuyo contralor corresponda a la Dirección de los Seguros por Desempleo (DISEDE), se sancionarán de acuerdo a lo establecido en el inciso siguiente.

El monto de las multas aplicables, se graduará según la gravedad de la infracción, en una cantidad fijada entre los importes de uno a cincuenta jornales o días de sueldo de cada trabajador comprendidos en la misma, o que pueda ser afectado por ella. En caso de reincidencia se duplicará la escala anterior, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder.

Artículo 15

Facúltase a la Dirección de los Seguros por Desempleo (DISEDE) a retener de las prestaciones a servir, las sumas que los beneficiarios hubieren percibido indebidamente.

Artículo 16

(Derogaciones).- Deróganse todas las disposiciones vigentes a la fecha de promulgación de esta ley, que establecieron regímenes generales o particulares de subsidio por desempleo, paro, desocupación y demás prestaciones anexas, Bolsas de Trabajo, así como toda otra disposición que se oponga a la presente ley.

No obstante, facúltase al Poder Ejecutivo para mantener el servicio de las prestaciones en la forma, plazo y condiciones que al efecto establezca. También podrá mantener en funcionamiento y en iguales condiciones las actuales Bolsas de Trabajo, sin perjuicio de la depuración de sus registros.

Artículo 17

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todas las prestaciones concedidas a partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 18

Comuníquese, etc.

Decreto N° 14/982

Visto: la Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, por la que se establece el régimen de prestaciones destinadas a cubrir la contingencia del desempleo forzoso y el Proyecto de Reglamentación de dicho ordenamiento legal elaborado por la Dirección General de la Seguridad Social.

Atento: a lo preceptuado por el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República,

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1°

El régimen de prestaciones por desempleo comprende obligatoriamente a todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a terceros y se encuentren amparados por las normas que rigen a la Dirección de Pasividades de la Industria y el Comercio.

Los empleados no comprendidos en el inciso anterior se incorporarán en la oportunidad, forma y condiciones que se establecerán en cada caso.

Artículo 2°

La prestación por desempleo consistirá en un subsidio mensual en dinero que se pagará a todo empleado comprendido en la ley que se reglamenta y que se encuentre en situación de desocupación forzosa no imputable a su voluntad o capacidad laboral.

Entiéndese a tales efectos por capacidad laboral la aptitud psicofísica para el desempeño de la tarea habitual, debiendo apreciarse aquella únicamente al momento en que se genera el derecho a la prestación.

Artículo 3°

El desocupado deberá solicitar la prestación por desempleo, bajo pena de caducidad, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a:

A) La interrupción de la actividad remunerada (despido o suspensión total) de empleados despedidos o suspendidos;

B) El primer día hábil siguiente a la finalización del mes en que se produjo la reducción del trabajo o suspensión parcial.

Vencido el término en día inhábil, quedará este prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Artículo 4°

En caso de que la empresa no entregue la documentación con la información necesaria requerida por la Dirección de los Seguros por Desempleo, dentro del plazo previsto en el artículo 27 de este decreto, el empleado deberá solicitar el subsidio dentro del plazo reglamentario, prestando declaración jurada respecto del incumplimiento del empleador, lo que se hará constar expresamente en el formulario correspondiente.

Artículo 5°

Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere:

A) Para los empleados con remuneración mensual, haber computado 180 días, continuos o no, de permanencia en la planilla de control de trabajo u otro documento equivalente, de una o más empresas;

B) Para los remunerados por día o por hora, haber computado 150 jornales en iguales condiciones;

C) Para los empleados con remuneración variable, haber percibido el equivalente a seis salarios mínimos nacionales mensuales, en iguales condiciones.

En todos los casos el mínimo de relación laboral exigido deberá hacerse cumplido en los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 6°

Se tendrá como tiempo efectivamente trabajado a los efectos de la generación del subsidio por desocupación, los lapsos en que el solicitante percibió los subsidios previstos por la Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975 y modificativas, o el salario por maternidad servido por la Dirección de las Asignaciones Familiares.

Artículo 7°

En caso de que el empleado no revistare en la planilla de control de trabajo o instrumento equivalente, o que no documentare los servicios dentro del plazo correspondiente, podrá acreditar, mediante cualquier medio de prueba, la existencia de la relación laboral y de los demás requisitos exigidos.

La prueba será valorada por la Administración en oportunidad de decidir sobre el derecho a la prestación.

Artículo 8°

La Dirección de los Seguros por Desempleo podrá disponer la realización de toda clase de investigaciones y contralores tendientes a constatar o verificar los hechos declarados por los empleadores o los solicitantes, u otros que tengan relación con el otorgamiento de las prestaciones.

Artículo 9°

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, no tendrán derecho al subsidio por desempleo:

A) Los que perciban jubilación o adelanto prejubilatorio,

B) Los que se encuentren en estado de huelga y por el período del mismo;

C) Los que fueran despedidos o suspendidos por razones disciplinarias.

Para la determinación de esta exclusión, se estará a las pruebas que surjan del expediente administrativo, a los antecedentes del empleado y a la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

1) Dolo o falta grave en el desempeño de la actividad a causa del trabajo o en ocasión del mismo;

2) Abandono voluntario de la ocupación sin autorización del empleador o sin mediar causa justificada;

3) Embriaguez en horas de trabajo;

4) Bajo rendimiento intencional;

5) Inasistencia injustificada;

6) Daño o deterioro intencional a bienes propiedad de la empleadora o terceros;

7) Negativa injustificada a cumplir órdenes emanadas de la empresa;

8) Inobservancia a normas dictadas por la empresa o autoridad competente, tendientes a garantir la seguridad de personas y bienes;

9) Llegadas tarde reiteradas e injustificadas;

10) Otros hechos de análogas características a las descriptas precedentemente.

D) Los que perciban otros ingresos provenientes de actividades remuneradas al servicio de terceros o por cuenta propia. En caso de ingresos de otra naturaleza y siempre que los mismos fueren inferiores al monto de la prestación, se abonará la diferencia.

En ningún caso se tomarán en cuenta:

1) Las rentas vitalicias por accidente laboral o incapacidad servidas por el Banco de Seguros del Estado;

2) Las asignaciones familiares;

3) El hogar constituido;

4) Las pensiones alimenticias con destino a menores o incapaces;

5) La vivienda propia que ocupen los beneficiarios;

6) Los ingresos complementarios voluntariamente servidos por los empleadores durante el período desocupacional, sea en forma voluntaria o provenientes de laudos o convenios colectivos que establezcan subsidios por desempleos propios.

7) La indemnización por despido;

8) Las licencias no gozadas, y el salario vacacional;

9) Los feriados pagos;

10) El sueldo anual complementario.

Artículo 10

Las inasistencias por razón de enfermedad que hayan sido certificadas por la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad, se considerarán justificadas.

Las demás certificaciones serán apreciadas por la Administración.

Artículo 11

Son causales para el otorgamiento del subsidio por desempleo:

A) La ruptura del vínculo laboral por despido;

B) La suspensión de la relación laboral;

C) La reducción en el mes de las jornadas de trabajo o

de las horas en el día, en un porcentaje de un 25% o más del legal o habitual en épocas normales. A tales efectos se tomará el número de jornadas efectivamente trabajadas en el mes, o de horas en el día o de las remuneraciones percibidas en su caso, en los últimos doce meses de actividad del empleado, inmediatos anteriores a la reducción.

No corresponderá servir el subsidio por desocupación parcial cuando el trabajo reducido hubiere sido pactado expresamente o sea característica de la profesión o empleo o se trate de empleados con remuneración mensual.

Artículo 12

El monto del subsidio por desempleo para los empleados con remuneración mensual, fija o variable, despedidos o en situación de suspensión total de la actividad, será el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 meses inmediatos anteriores a configurarse la causal.

Artículo 13

El monto mensual del subsidio por desempleo para empleados con remuneración por día o por hora despedidos o en situación de suspensión total de la actividad, será el equivalente a 12 (doce) jornales.

El monto del jornal se obtendrá dividiendo por 150 (ciento cincuenta) el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 meses inmediatos anteriores a configurarse la causal.

Artículo 14

El subsidio previsto en los dos artículos anteriores no podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo nacional mensual vigente a la fecha de configurarse la causal, en el caso de empleados con remuneración mensual, fija o variable, o al 50% (cincuenta por ciento) del salario mínimo nacional que corresponda a los empleados jornaleros, vigente a la misma fecha.

Artículo 15

Se encuentran en situación de suspensión total de la actividad, los empleados que durante el mes calendario no hayan percibido remuneraciones computables de especie alguna, con excepción del sueldo anual complementario y los feriados pagos.

Artículo 16

A los fines de la ley que se reglamenta, se consideran remuneraciones computables, las que constituyen materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

Artículo 17

El monto del subsidio para el despedido o suspendido totalmente se mantendrá durante todo el término de la prestación, cuando esta sea continua.

En caso de ser discontinua, se atenderá para fijar su monto, al promedio de retribuciones percibidas por trabajo efectivo en los últimos seis meses inmediatos anteriores a la nueva prestación, manteniéndose como mínimo el monto de la inicial.

Artículo 18

El subsidio mensual para jornaleros y destajistas en situación de suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido, -sea continua o discontinua- será equivalente a la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado conforme a los artículos 13 y 14 del presente reglamento, al momento de configurarse la causal, manteniéndose como mínimo el jornal base inicial, y las remuneraciones nominales computables, efectivamente percibidas en el mes durante el cual se sirve el subsidio, con excepción del sueldo anual complementario y los feriados pagos.

Artículo 19

El subsidio por suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido se servirá por mes calendario y solo puede ser solicitado una vez vencido el mismo.

Cuando la suspensión parcial o el trabajo reducido abarcara varios meses calendario, deberá solicitarse el beneficio separadamente, por cada uno de dichos meses.

Artículo 20

El beneficiario tiene derecho al suplemento del 20% del subsidio, en los siguientes casos:

A) Cuando fuere casado;

B) Cuando tuviere a su cargo incapaces que sean familiares por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive. Se entiende por incapaces, a los menores de edad, los ciegos, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, los dementes o imposibilitados físicamente;

C) Cuando tuviere a su cargo descendientes menores de 21 años de edad, o ascendientes.

Se considera que los familiares indicados están a cargo del empleado cuando este les proporciona exclusivamente o en su mayor parte los medios de subsistencia.

Sin perjuicio de ello, no se considera a cargo del empleado el familiar que tenga ingresos propios que superen el salario mínimo nacional mensual, vigentes a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 21

El monto de las prestaciones a servir mensualmente no puede superar, por todo concepto, la equivalente a 8 (ocho) salarios mínimos nacionales mensuales vigentes a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 22

El subsidio por desempleo se servirá:

A) Por un término máximo de 6 (seis) meses para los empleados con remuneración mensual fija o variable;

B) Por un total de 72 (setenta y dos) jornales para los empleados remunerados por día o por hora, no pudiendo excederse mensualmente del límite establecido en el artículo 13 del presente Decreto.

Artículo 23

La prestación por desempleo se liquidará a partir del día siguiente al que se generó el derecho a la misma, tratándose de empleados despedidos o suspendidos totalmente y a partir del primer día siguiente a la finalización del mes calendario, en los casos de empleados en situación de desocupación parcial.

Artículo 24

El subsidio por desocupación, proveniente de despido, suspensión total o parcial de la actividad o trabajo reducido, se servirá hasta agotarse el término máximo de duración de las prestaciones (6 meses o 72 jornales según los casos), salvo que entre la última prestación percibida y el nuevo período desocupacional haya transcurrido un mínimo de 12 meses, 6 de ellos de aportación efectiva, y el beneficiario reúna las condiciones exigidas por el artículo 5° de este reglamento para generar derecho a una nueva prestación.

Artículo 25

Las prestaciones por desocupación estarán sujetas a las deducciones por aportes a la Dirección General de la Seguridad Social, retenciones y sanciones legalmente autorizadas.

Asimismo, se descontarán las sumas que los beneficiarios hubieren percibido indebidamente de la Dirección de los Seguros por Desempleo.

Artículo 26

Cesará el derecho a percibir el subsido por desempleo:

A) Cuando el empleado se reintegre a cualquier actividad remunerada;

B) Cuando rechazare sin causa legítima un empleo conveniente;

Se entiende que son causas legítimas para el rechazo de un empleo conveniente, entre otras:

a) Que el empleo no esté de acuerdo con las aptitudes físicas, intelectuales o profesionales del desocupado;

b) Cuando la ocupación ofrecida pueda significar una pérdida de aptitud en la profesión u oficio que venía desarrollando;

c) Que el trabajo ofertado obligue a radicarse fuera de la localidad en que se domicilia con su familia, siempre que esta se encuentre a su cargo;

d) Cuando la remuneración ofrecida por el empleo ofertado sea manifiestamente inferior a la que se abona en el gremio en que actuaba al momento de producirse la desocupación. El empleado tendrá la carga de la prueba y la Administración resolverá tomando en consideración los antecedentes del trabajador, la índole de las dificultades, impedimentos o carencias esgrimidas por el empleado, para estimar la ocupación ofrecida;

C) Cuando se encuentre percibiendo el beneficio por desempleo y teniendo configurada causal jubilatoria, solicitare la jubilación. En tal caso, el cese se operará a partir de la fecha del servicio de la pasividad o del prejubilatorio.

Artículo 27

Son obligaciones de las empresas cuya actividad esté comprendida en la ley que se reglamenta y sujetas a contralor de la Dirección de los Seguros por Desempleo:

a) Llenar los formularios con la información requerida por los mismos, que entregue dicha Dirección, dentro de los diez días hábiles siguientes al despido, suspensión o finalización del mes en que se produjo la suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido;

b) Suministrar toda la información que requiera la Dirección de los Seguros por Desempleo, ya tenga vinculación directa o indirecta con la relación laboral del empleado desocupado;

c) Exhibir toda la documentación que requiera dicha Dirección, tendiente a controlar o comprobar los hechos informados, con la declaración presentada ante la misma;

d) Aportar las pruebas a la Dirección de los Seguros por Desempleo, de los hechos invocados para despedir o suspender y/o reducir la actividad del empleado;

e) Comunicar a la Dirección de los Seguros por Desempleo, dentro de 5 días hábiles, cuando se produzca el reintegro del trabajador a la actividad remunerada en la empresa;

f) Comunicar a dicha Dirección, dentro del quinto día hábil, cuando el empleado no se reintegre al trabajo una vez finalizado el período de suspensión, o sin haber este vencido, fuere convocado por el empleador y no se presentare.

Las obligaciones previstas en los literales b), c) y d) deberán cumplirse dentro del plazo que fije la Dirección de los Seguros por Desempleo.

Sin perjuicio de las multas que puedan aplicarse, las sumas que la Administración abonare por información inexacta de las empresas, podrán ser repetidas contra estas.

Artículo 28

El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que imponen el ordenamiento legal, decretos o resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo, la Dirección General de la Seguridad Social, o la Dirección de los Seguros por De-sempleo y cuyo contralor se atribuya a esta última Di-rección, será sancionado con multas cuyos montos se graduarán según su gravedad, en una suma fijada entre los importes de 1 a 50 jornales o días de sueldo de cada em-pleado comprendido en el mismo o que pueda estar afec-tado por aquel, al momento de acaecer dicho incumplimiento.

En caso de reincidencia, se duplicará la escala anterior. Se entiende por reincidencia la comisión de una nueva infracción antes de transcurridos cinco años de la aplicación por la Administración, por resolución firme, de la sanción correspondiente a la infracción anterior.

Las precedentes sanciones serán sin perjuicio de las penales que puedan corresponder.

Artículo 29

Son obligaciones de los solicitantes del subsidio por desempleo o de los desocupados que se encuentran gozando de dicho beneficio entre otras:

a) Procurarse un nuevo empleo dentro del plazo más breve posible;

b) Reintegrarse al trabajo al finalizar el período de suspensión total o cuando lo solicite el empleador en cualquier momento.

c) Comunicar dentro de los cinco días hábiles a la Dirección de los Seguros por Desempleo, cuando se produzca el reintegro a la actividad que venía desarrollando o el reintegro a cualquier actividad remunerada;

d) Suministrar toda información o medio de prueba que le solicite la Administración;

e) Concurrir en las oportunidades que lo cite la Dirección de los Seguros por Desempleo;

f) Comunicar todo cambio de domicilio;

g) Declarar bajo juramento todos y cada uno de los ingresos que perciba, cualquiera sea el concepto.

Artículo 30

A los efectos dispuestos en el artículo 17 de la ley que se reglamenta, las prestaciones deberán considerarse concedidas atendiendo a la fecha del cese que genera el derecho a las mismas para el caso de ruptura o suspensión del vínculo laboral, o a la fecha de finalización del mes en que se produjo la reducción del trabajo.

Artículo 31

Prorróganse las prestaciones que sirven los sistemas privados de seguros de paro a que hace referencia el artículo 27 de la Ley N° 12.570, de 23 de octubre de 1958, en la redacción dada por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 13.108, de 23 de octubre de 1962 y artículos 33 a 37 del Decreto de 27 de julio de 1962.

Artículo 32

Declárase que la Comisión Administradora de los Servicios de Estiba (CASE) se encuentra excluida del régimen previsto en la ley que se reglamenta.

Sin perjuicio de ello, queda facultada para proceder a la depuración de los registros que administra.

Artículo 33

Comuníquese, etc.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 98

En Montevideo, el día catorce de octubre de dos mil ocho, a la hora quince y dieciséis minutos se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus miembros la señora Senadora Susana Dalmás, los señores Senadores, Francisco Gallinal, Isaac Alfie, Eduardo Ríos y Eduardo Lorier.

Falta con aviso el señor Senador Julio Lara Gilene.

Preside el señor Senador Víctor Vaillant, Presidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría los señoras Secretarias de Comisión Gabriela Gazzano y Dinorah Amato.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2854/2008, que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1. Carpeta N° 1344/2008. Dinorah Améndola. Pensión Graciable. Distribuido N° 2850/2008.

2. Carpeta N° 1352/2008. Gualberto José Antonio Rodríguez Larreta. Pensión Graciable. Distribuido N° 2849/2008.

3. Solicitud de audiencia de los trabajadores de Creditel S.A. a fin de exponer su posición sobre el proyecto de Reforma de la Caja Bancaria.

4. Solicitud de audiencia de los trabajadores de OCA S.A., a fin de exponer su posición sobre el proyecto de Reforma de la Caja Bancaria.

5. La Junta Departamental de Maldonado remite versión taquigráfica de las palabras pronunciadas por el Edil Hebert Núñez, sobre la situación que atraviesan los trabajadores de las fábricas de ladrillos de dicho departamento.

6. El Senado remite versión taquigráfica de lo expresado en Sala por el señor Senador Francisco Gallinal, referido a la problemática surgida ante la Ley sobre Licencias Especiales de los Trabajadores del Sector Privado.

7. Nota de la señora Mirta Rodríguez con el fin de hacer llegar su opinión sobre el proyecto a estudio por la Comisión de flexibilización de las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1. Se reciben a los trabajadores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios.

2. Carpeta N° 1336/2008. Flexibilización de las condiciones de acceso al beneficio jubilatorio. Distribuido N° 2831/2008.

Se vota en bloque. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante, al señor Senador Víctor Vaillant. Informe verbal.

3. Carpeta N° 1304/2008. Señor Carlos Alberto Modernell. Pensión graciable. Distribuido N° 2763/2008.

La Comisión aprueba texto sustitutivo.

Se vota en bloque. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante, a la señora Senadora Susana Dalmás.

Informe verbal.

Texto del proyecto sustitutivo aprobado por la Comisión:

"Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al señor Carlos Alberto Modernell, cédula de identidad N° 799.096-1 equivalente a 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Artículo 2°.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc."

4. Carpeta N° 1305/2008. Señor Julio César Sosa Peña. Pensión graciable, Distribuido N° 2762/2008.

La Comisión aprueba texto sustitutivo.

Se vota en bloque. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante, al señor Senador Eduardo Lorier.

Informe verbal.

Texto del proyecto sustitutivo aprobado por la Comisión:

"Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al señor, Julio César Sosa Peña, cédula de identidad N° 1.170.096-2 equivalente a 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Artículo 2°.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc."

5. Carpeta N° 1247/2008. Se modifica el artículo 33 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001. Trabajadoras del sector público o privado que reciban niños en adopción o legitimización adoptiva. Se establece régimen de medio horario. Distribuido N° 2733/2008.

La Comisión aprueba texto sustitutivo.

Se vota en bloque. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante, a la señora Senadora Susana Dalmás.

Informe verbal.

Texto del proyecto sustitutivo aprobado por la Comisión:

"Artículo 1°.- Agrégase al artículo 33 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, el siguiente inciso:

'Los y las trabajadoras del sector público o privado, que reciban niños en adopción o legitimización adoptiva, podrán hacer uso, además de la licencia establecida en el inciso primero de este artículo y a continuación de la misma, de la reducción a la mitad del horario de trabajo, por un plazo de seis meses.'

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 36 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

'ARTICULO 36.- Los trabajadores del sector privado que hagan uso de la licencia especial prevista y por el período de la misma, serán beneficiarios como única compensación por dicha inactividad de un subsidio a cargo del Banco de Previsión Social, que se regirá en lo pertinente de acuerdo a lo establecido para el subsidio por maternidad en los artículos 15 y 17 del Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y las disposiciones modificativas y concordantes. Durante el período de reducción horaria el subsidio se reducirá en un 50% (cincuenta por ciento).

El funcionario público continuará percibiendo su retribución habitual del organismo en el cual cumple funciones, durante el goce de la licencia especial y el período de reducción horaria'."

RESOLUCIONES:

1. Se resuelve no conceder las audiencias solicitadas a quienes lo hicieron interesados por el proyecto de Reforma de la Caja Bancaria.

Los Senadores Isaac Alfie y Francisco Gallinal dejan constancia que discrepan con la resolución adoptada.

2. Se resuelve fijar como único punto del Orden del Día, el estudio de la Reforma de la Caja Bancaria.

A la hora dieciséis y diez minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Víctor Vaillant Presidente

Gabriela Gazzano Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vailllant.

SEÑOR VAILLANT.- Se trata de un proyecto de ley que tuvo iniciativa del Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción de la Cámara de Representantes y que tiene que ver con la flexibilización de las condiciones de acceso a los beneficios jubilatorios que brinda el Banco de Previsión Social.

Si los señores Senadores me permiten, me gustaría comenzar haciendo un diagnóstico de la realidad que justifica la necesidad de este proyecto de ley, para luego entrar a analizar su contenido.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Arana)

-Es clara la situación que el país ha vivido en los últimos años, particularmente en lo que tiene que ver con el desempleo, que ha sido oscilante y, en algunos momentos, muy alto. También ha habido una importante cantidad de trabajo informal -esto es, no registrado y, por tanto, sin aportes al Banco de Previsión Social-, lo que traerá como consecuencia que un porcentaje importante de nuestros trabajadores asalariados vayan a tener dificultades a la hora de pretender jubilarse por no contar con los años de servicio exigidos por el actual régimen.

Es indudablemente cierto que en los últimos tiempos -por lo menos en los últimos tres años y medio- el desempleo ha caído en forma muy importante -casi a la mitad-, pero ello no significa que eso sea suficiente. El hecho de que la situación de desempleo en el país haya mejorado no modifica lo que tiene que ver con los tiempos pasados, que ya es irreversible. Lo cierto es que muchos trabajadores no han tenido empleo o lo han tenido en el área informal -según estudios que se han hecho, se trata de entre el 30% y el 45% de los trabajadores del país-, por lo que su situación se torna irreversible ya que su historia laboral está constituida, los años han transcurrido y hubo aportes que no se realizaron.

Además, me importa señalar que en estudios realizados se ha identificado que esos trabajadores son los de menores ingresos y los de menor nivel de educación y, dentro de ellos, particularmente las mujeres.

Otro elemento que compone este diagnóstico tiene que ver con aquellos trabajadores que quedan desempleados a una edad avanzada pero no suficiente para ampararse al régimen jubilatorio vigente, es decir, sin tener 60 años de edad y 35 de servicios registrados. Esto les genera una situación extremadamente difícil, en tanto esa edad es temprana para jubilarse pero tardía para conseguir empleo.

La última parte del diagnóstico que pretende encarar este proyecto tiene que ver con la situación de las mujeres ya que estas, muchas veces, a lo largo de su vida tienen que dejar de trabajar para dedicarse a la atención de sus hijos, sobre todo cuando ellos son pequeños. Esto se traduce en algo que se visualiza claramente en los estudios realizados: las mujeres tienen más dificultades para concretar los años de servicio requeridos debido a que algunos de ellos los debieron destinar exclusivamente a la atención de sus hijos.

Por estas razones es que surge esta iniciativa del Poder Ejecutivo, con el objetivo de enmendar la situación a través de la flexibilización del sistema.

Concretamente, el proyecto plantea cinco propuestas básicas. En primer lugar, establece la flexibilización de acceso a la jubilación común. Como se sabe, en la actualidad, para jubilarse se necesitan como mínimo 60 años de edad y 35 de servicio, y si se cumple con dichos requisitos se accede a una jubilación cuya prestación se establece en torno al 50% del salario. La flexibilización del acceso a la jubilación común propuesta en este articulado permite que una persona con 60 años de edad pueda jubilarse con 30 de servicio, en lugar de con 35 -es decir que baja cinco años la exigencia de años de servicios- y establece una tasa de reemplazo de 45% en lugar del 50%. O sea que disminuye la exigencia de los años de servicio y, naturalmente, establece una tasa distinta. A su vez, esa tasa de 45% a la que se accede con 30 años de servicio y 60 de edad se va incrementando -entre los 30 y los 34- agregando dos puntos porcentuales por cada año de edad que exceda los 60, con un máximo de 20, y un punto porcentual por cada año de servicio que exceda los 30, con un máximo de cuatro. Para el tramo que supera los 35 años, sigue vigente lo establecido en la Ley Nº 16.713.

Simplemente a título de ejemplo de cómo se traduce esto en la realidad, podemos señalar que un trabajador que tiene 60 años de edad y 30 de actividad, a partir de la aprobación de esta ley, se jubilará con un 45% de tasa de reemplazo, y un trabajador que tiene 64 años de edad y 30 de servicio lo hará con un 53%. Sin embargo, si en lugar de tener 30 años de servicio tiene reconocidos 31, lo hará con el 54%, y si en lugar de tener 30 tiene 34, se jubilará con un 57%.

El segundo aspecto que trata el proyecto, flexibiliza el acceso a la jubilación por incapacidad total o al subsidio transitorio por incapacidad parcial. En este caso, sustituye los artículos 19 y 22 de la Ley Nº 16.713 modificando las condiciones que regulan el acceso a la jubilación por incapacidad total y el subsidio transitorio por incapacidad parcial, eliminando la exigencia de actividad previa en los seis meses inmediatos anteriores a la generación de la incapacidad. Hasta el momento, una persona que se va a jubilar por incapacidad debe tener registrado con anterioridad trabajo reconocido y, particularmente, tiene que cumplir con el requisito de que parte de esa actividad se haya dado en el período inmediatamente anterior. Esto significa muchas veces un impedimento para acceder a la prestación por incapacidad.

Asimismo, se establece una modificación en lo que tiene que ver con la incapacidad que se genera después del cese. En el régimen actual se establece un determinado tiempo después del cese a partir del cual se pierde el derecho a la prestación por incapacidad, lo que se elimina con este proyecto.

El tercer aspecto que encara este proyecto es la flexibilización del acceso a la jubilación por edad avanzada. Se admite que dicha jubilación pueda alcanzarse con 65 años de edad requiriéndose, por cada año de edad menor a 70, dos años más de servicio de los quince exigidos para configurar la causal en el régimen vigente. Actualmente se exigen 70 años de edad y 15 de servicios. Mediante esta flexibilización, también se podrá acceder a esta jubilación con, por ejemplo, 69 años y 17 de servicios; o 68 y 19, 67 y 21, 66 y 23, o 65 y 25 años de edad y de servicios, respectivamente.

En cuarto lugar, se establece un subsidio especial por desempleo para personas de 58 años de edad o más y de 28 años o más de servicios reconocidos. Con esto se pretende mejorar la situación de aquellos que no tienen la edad suficiente para acogerse al sistema jubilatorio en el régimen actual pero, a su vez, su edad les imposibilita acceder al mercado de trabajo. El Capítulo IV del proyecto establece esta prestación, a la que podrán acceder trabajadores con 58 o más años de edad y con 28 o más años de servicios, que hayan permanecido en situación de desocupación forzosa por un período no menor a un año, inmediatamente anterior a la solicitud del beneficio. De manera que, en cierta medida, podemos entender este beneficio como una prestación puente que va a permitir a las personas en esta situación llegar a la jubilación común. El monto de esta prestación guarda similitud con lo previsto para el último mes de subsidio por desempleo en los casos de despido, en el proyecto de ley relativo a esa materia que fuera remitido recientemente a consideración del Parlamento. El término máximo de duración del beneficio es de dos años, en la medida en que, al exigirse una edad de 58 años, al cumplirse ese plazo la persona estaría llegando a la edad jubilatoria. Además, dado que se trata de un subsidio por inactividad compensada, constituye asignación computable y materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social para con el Banco de Previsión Social. Es decir que esos dos años van a ser también computables a los efectos de la jubilación común, a la que la persona podrá acceder cuando cumpla 60 años.

Finalmente, se crea un cómputo especial de servicios reconocidos para las mujeres. Como se recordará, en el diagnóstico identificamos la situación de las mujeres que a veces tienen que abandonar transitoriamente su situación laboral para poder atender a sus hijos. De manera que en este caso, para compensar esa situación, se propone computar a las mujeres un año adicional de servicios por cada hijo nacido vivo o por cada hijo adoptado, siendo este menor o discapacitado, con un máximo de cinco años adicionales. Ello significa que una mujer con 60 años de edad, 25 años registrados en el Banco de Previsión Social y cinco hijos podrá acceder a la jubilación, puesto que se baja el mínimo de años de trabajo de 35 a 30 y se le permite a la mujer computar un año adicional por cada hijo.

Este es, en resumen, el contenido de este proyecto, que en la discusión particular podremos analizar con más detalle.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: el señor Miembro Informante ha resaltado con mucha precisión los aspectos más salientes de este proyecto de ley, pero ha cometido también algún error. Por ejemplo, un 8% de desempleo, que es la tasa aproximada al día de hoy, no es la mitad de 11,8%, que era la tasa en el momento en que asumió el actual Gobierno.

Por nuestra parte pensamos que este proyecto de ley tiene algunos elementos claramente positivos. En especial, queremos destacar la norma que establece que cuando una persona de 58 años de edad o más queda desempleada, podrá acceder a un subsidio en las condiciones que establece el artículo 10 del proyecto. Este es un problema que muchas veces se había intentado solucionar y creemos que la disposición que se propone es correcta.

De la misma manera, en cuanto a la jubilación por edad avanzada, el artículo 7º establece una solución que, aunque difícilmente les sirva a las personas, es relativamente adecuada para determinados casos.

Con respecto al resto de las soluciones, queremos realizar algunos comentarios.

En primer lugar, creemos que la baja de la cantidad de años en las condiciones que se establecen en el artículo 2º implica engañar a la gente, lisa y llanamente. Concretamente, se establece que a una persona que cumple 65 años se le reduce la jubilación del 50% al 45% si tiene 30 años de servicios en lugar de 35, y que se le adiciona un 1% por cada año de trabajo que exceda los 30 a partir de ese momento. Me parece que esto es claramente incompatible con un cálculo actuarial. De hecho, de este mismo artículo surge que por cada año de diferimiento se agrega a la jubilación bastante más de un 1%; en realidad el porcentaje está entre el 2% y 3%, según la persona haya configurado la causal o no. En este sentido, creo que hay que leer con detenimiento los literales B) y C) del numeral 2 del artículo 2º. Concretamente, el literal B) dice que se adicionará un 0,5% del sueldo básico jubilatorio, por cada año de servicios que exceda de treinta y cinco -no de treinta- al momento de configurarse la causal. Por el régimen anterior se agregaba un 0,5% por cada año que se difiriera al momento de configurarse la causal y se requerían 35 años. Por lo tanto, es casi virtual la baja a 30 años; diría, para que nadie se agravie, que es un saludo a la bandera.

De la misma manera, el literal C) dice: "A partir de los sesenta años de edad, por cada año de edad que se difiera el retiro después de haberse completado treinta y cinco años de servicios" -no treinta-, "un 3% (tres por ciento) del sueldo básico jubilatorio por año con un máximo de 30% (treinta por ciento); de no contarse a dicha edad con treinta y cinco años de servicios, se adicionará un 2% (dos por ciento)", etcétera. Esta última norma es igual a la ley actual. Por lo tanto, señor Presidente, no nos parece que esto cambie sustancialmente las cosas; en realidad, creo que está hecho para cumplir.

Me parece que se puede admitir menos de 35 años de servicio para acceder a la jubilación. Hoy el sistema tiene 12 años de vigencia y le falta tiempo para poder madurar definitivamente, pero cualquier persona que llega a los 65 años, de acuerdo con la Ley Nº 16.713 y alguna modificación, aun cuando no tuviera 35 años de servicios, puede retirar su "jubilación", entre comillas, de la AFAP: contrata el seguro de renta vitalicia. Es decir que ya no precisa los 35 años de servicios, y además esta jubilación no tiene tope, como todo el mundo sabe. Nos parece que la solución a este artículo debe ser igual a esa, o sea, mantener determinadas condiciones razonables, pero dejar en 65 años la edad jubilatoria y no llevarla a 60. ¿Por qué? Porque, en realidad, las jubilaciones se pueden volver impagables. Hoy día, 60 años es una edad muy baja para una esperanza de vida de 70 años, tanto aquí como en los países desarrollados del mundo, o sea en aquellos que tienen una esperanza de vida parecida a la nuestra. En todos ellos hay una edad mínima de 65 años y en algunos casos se llega a los 69 en el sistema público, no en los sistemas complementarios. Esta es la única manera que tienen los sistemas de sustentarse y, además, queda bastante claro que una mayor esperanza de vida supone que las personas llegan a esas edades razonablemente bien. De lo contrario, no sería sostenible vivir muchos años, amén del hecho de que trabajar hace bien.

En definitiva, no nos parece que el artículo 2º surta mucho efecto y, además, la solución no nos convence.

Con respecto al tema de las jubilaciones por incapacidad y por incapacidad parcial, es mucho más opinable. En ese caso, los cambios planteados no sé si son buenos o malos; las condiciones de antes son las que tradicionalmente rigieron en el Uruguay y no han cambiado sustancialmente.

En cuanto a la bonificación que se propone para las mujeres, nos parece correcta, pero con una edad jubilatoria de 65 años y no de 60, teniendo en cuenta los motivos expresados anteriormente.

Por su parte, pienso que al artículo 11 debería hacérsele una ligerísima corrección en su inciso segundo referido al monto de la prestación del subsidio que se da a las personas mayores de 58 años, al momento de quedar cesantes por despido. Dice textualmente su inciso segundo: "No obstante, el monto del subsidio no podrá ser inferior a 1 BPC (una Base de Prestaciones y Contribuciones) ni superior a 8 BPC (ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones), al valor que esta unidad tuviere a la fecha de inicio del servicio de la prestación". El siguiente inciso expresa: "El subsidio será ajustado de conformidad con la variación del Índice de Precios al Consumo, en las mismas oportunidades en que se ajusten las remuneraciones de los funcionarios públicos de la Administración Central".

A mi criterio, hay una especie de contradicción y para evitarla, debería decirse: "No obstante, el monto inicial del subsidio no podrá ser inferior". A partir de ese monto inicial, el ajuste es automático por la propia ley, pudiendo quedar por encima del límite máximo o por debajo del mínimo.

No vamos a extendernos mucho más con esta fundamentación. Como está claro, vamos a acompañar algunos artículos y otros no, pero no por una cuestión de maldad ni nada por el estilo. Creo que esta ley de licencias para estudio en el sector privado termina dándonos la razón: no se vota a favor del bien y en contra del mal sin que pase nada, porque a veces hacerlo así da el resultado contrario.

En resumen, esta es la justificación de por qué acompañaremos algunos artículos y otros no.

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: este proyecto de ley, que modifica aunque sea parcialmente el régimen de seguridad social actual del país, no es el último que vamos a votar durante el transcurso de este mes. Existe una interpretación de carácter constitucional en función de la cual se establece que en el año previo a la instancia electoral no se pueden aprobar leyes que modifiquen sistemas de seguridad social. Ese criterio será o no compartido, pero lo cierto es que hay quienes así lo sostienen y en esa línea de razonamiento el Gobierno ha decidido aprobar antes del 25 de octubre un conjunto de proyectos de ley de singular importancia. Uno de ellos ya pasó por el Senado de la República y fue el de la reforma de la Caja Policial, otro es el que estamos considerando en el día de hoy, y otro -no menos importante- es el de la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias, que ingresó en el día de ayer a Comisión y que va a integrar -según ha decidido la mayoría del Frente Amplio- el Orden del Día de la sesión del próximo martes, prácticamente sin dar lugar a su tratamiento en ese ámbito o, por lo menos, sin recibir en audiencia a todas las delegaciones que han solicitado poder expresar su opinión con respecto a él. Pero ahora no me voy a referir a este tema que, como dije, quedará para el martes próximo.

Ahora vamos a hablar de este proyecto de ley que llega bajo esa condición y que, por reunir un conjunto de modificaciones lógicas y dotadas de un sustento económico y jurídico más que razonable, vamos a acompañar con nuestro voto. No abundaremos en argumentos porque creo que la explicación que ha dado el señor Miembro Informante, con respecto al alcance de este proyecto de ley, es por demás elocuente. A su vez, los razonamientos efectuados por el señor Senador Alfie en cuanto a algunos artículos en particular también con compartibles y, en consecuencia, sería innecesario abordar temas que ya han sido tratados con solvencia por los compañeros integrantes del Cuerpo. No obstante, me voy a permitir hacer una única referencia con respecto al origen de esta iniciativa, surgida de un trabajo realizado por la Comisión Sectorial de Seguridad Social que en el año 2007 convocó al diálogo nacional sobre seguridad social y en el que participaron la Universidad de la República, el Sistema de las Naciones Unidas en el Uruguay, la Agencia Española de Cooperación Internacional; actuaron como órganos ejecutivos la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Salud Pública, contando además con la participación de los partidos políticos.

Este es el resultado de ese trabajo, cuyo valor positivo no podemos dejar de señalar. En alguna medida se destacan avances pero, francamente, pensamos que el resultado del trabajo sobre este proyecto de ley no guarda proporción con los anuncios que se hicieron en su momento. De alguna manera, debemos alegrarnos de que esto sea así porque uno de los motivos por los cuales se convocó al diálogo de la seguridad social y uno de los planteamientos que se escuchó con mayor énfasis de parte de algunos sectores, vinculados incluso al Gobierno nacional, fue el de la posibilidad de derogar, modificar o establecer un régimen de transición para las AFAP y, en consecuencia, culminar con la aplicación de un sistema de estas características. Este proyecto no solamente no introduce ninguna modificación al régimen de las AFAP sino que, por el contrario, lo ratifica en todos sus términos. Por lo tanto, al culminar el período de Gobierno de este Poder Ejecutivo en materia de seguridad social -como va a ocurrir el 25 de octubre-, vamos a encontrarnos con que uno de los temas que plantearon en su momento con mayor énfasis, en cuanto a las reivindicaciones que el oficialismo pretendía realizar, naufragó como tantos otros, y el régimen de las AFAP sigue tan campante, sin que se hayan introducido las modificaciones que en algún momento se anunciaron, que fueron motivo de nuestra preocupación pero que, felizmente, han quedado por el camino. Entonces, ese también es un motivo más para votar a favor de este proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: realmente, voy a votar con alegría este proyecto de ley. Esta iniciativa moderniza la legislación uruguaya en materia de seguridad social. Toma de la experiencia internacional aspectos muy importantes, como el hecho de volver computables los años de desempleo de la gente que está casi al borde de la posibilidad de jubilarse y se queda sin trabajo, dadas las crisis cíclicas que sufre el sistema como, decía Kondratieff, y que la experiencia parece darle la razón. Por lo tanto, este proyecto representa un avance. Es una pena que esto no se le hubiera ocurrido antes a otras administraciones porque tal vez en los años 2002 ó 2003 , varias personas podrían haberse acogido a ese régimen, ya que hubo quienes quedaron al borde de la jubilación y no tenían como acceder a ella, teniendo que pasar por tremendas penurias. Estoy hablando de personas con 47, 48, 50 ó 55 años que perdieron sus trabajos y no consiguieron otro.

Si bien esta solución no es espectacular, sí va a ser importante para aquellas personas que se sientan amparadas. ¡Ojalá nunca tengan que recurrir a ella, puedan completar sus años de trabajo y tener una jubilación entera!

En segundo lugar, este proyecto de ley revela la buena administración que este Gobierno ha hecho de la seguridad social, incrementando en forma espectacular el número de contribuyentes a la seguridad social, volviendo blanco el trabajo en negro y regularizando la situación de la gente. Digo esto porque en la actualidad hay una contribución regular a la seguridad social, ya que también se ha hecho contribuir a los patronos, incrementando de esta forma el número de contribuyentes. Además, esto ha tenido la virtud de que las transferencias que la Tesorería Central del Estado necesariamente tenía que hacer por montos muy abultados al sistema de seguridad social, por la escasa cantidad de contribuyentes que había con relación al número de jubilados, disminuyan, y esta es otra de las virtudes que ha tenido la Administración actual.

Por otra parte, saludo la actitud que tienen los redactores de este proyecto de ley, en torno a los problemas de la jubilación por edad avanzada, así como el subsidio que se otorga a las personas con discapacidad o, en el caso concreto de las mujeres que tienen hijos a su cargo, a quienes se les computan años a los efectos jubilatorios. Me parece que este es un avance muy importante, modernizador de la legislación de la seguridad social y está acorde con las posibilidades que el país tiene hoy. Ojalá mañana pueda hacerse algo más, ya no en el sentido de las edades, sino en los cómputos de retiro, que es uno de los factores fundamentales por los cuales a menudo la gente trabaja muchos más años para poder llegar a tener una tasa de reemplazo mayor.

Por todas estas razones, voy a votar con alegría este avance y espero que en el futuro podamos materializar alguno de los logros que hoy no estamos en condiciones de alcanzar, más allá de las dificultades que encontramos al iniciar la gestión. Podemos discutir eternamente el tema de cuántos eran los desocupados y los ocupados al principio de la gestión de este Gobierno, pero lo cierto es que había un millón de pobres, la actividad era escasa y recién se estaba saliendo del pozo -que era muy profundo- como rebote de la situación en la que se había caído. La realidad ha mostrado que el país ha crecido, se ha administrado honrada, limpia y transparentemente, y uno de los efectos de ello es la nueva situación que hoy tiene la seguridad social.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Casi como fundamento de voto y como integrante de la Comisión que estudió el tema, siento una gran satisfacción al aprobar este proyecto de ley. Una de las razones ya se ha expresado en Sala, en cuanto a que es el resultado de un trabajo conjunto de las autoridades de la seguridad social, de los Ministerios, del Gobierno y de los actores sociales involucrados en el tema, así como también de los Legisladores. En lo que me es personal, participé en algunas de esas reuniones y creo que lo que se logró lejos está de ser un saludo a la bandera -como se ha dicho aquí-, porque es el resultado de los máximos acuerdos posibles en el marco de la situación económica y social del país, y responde a la experiencia de la puesta en práctica de un sistema de seguridad social, que nunca hemos planteado derogar en su totalidad. Si bien en su momento discutimos el establecimiento de ese nuevo régimen en distintos aspectos, hasta el día de hoy en ningún programa oficial de nuestra fuerza política se ha plasmado la derogación total de ese nuevo régimen de seguridad social. Sí sabemos, antes que nada, que de ser posible lo iremos adecuando, por un lado, a nuestro pensamiento y a nuestra forma de ver las cosas y, por otro, a las necesidades de la sociedad y del país en su conjunto, de acuerdo con las posibilidades económicas.

Por eso creo que solamente quienes nunca han vivido de cerca, por su edad o por su condición económica, la realidad de poder acceder o tener causal jubilatoria -más allá de que el sueldo básico jubilatorio o la tasa de reemplazo sean un poco más bajos-, pueden decir que esto no tiene importancia. Creo que para un país como el nuestro, donde ha habido tanta informalidad y situaciones de crisis muy importantes que hicieron estragos en nuestra sociedad, sobre todo desde el punto de vista de los trabajadores y, también, por qué no, de los empresarios, el hecho de que se pueda flexibilizar el acceso a la causal de jubilación por un lado y que, por otro, se establezca este subsidio transitorio hasta alcanzar la causal jubilatoria por desempleo, es un avance muy importante. Además, creo que la seguridad social y el sistema en general han sido y serán objeto de modificaciones permanentemente, porque considero que cada equis cantidad de años deberán adecuarse las situaciones a las posibilidades del país, por un lado, y a la realidad social, por otro. Como se ha dicho aquí, ojalá que no fuera necesario utilizar algunos de estos instrumentos; ojalá que muchas personas, a pesar de estar en una edad de vida útil, se retiren y den paso a los jóvenes; también, ojalá que muchos más jóvenes se quedaran en el país y pudieran acceder a sus puestos de trabajo.

Por lo tanto, vamos a votar afirmativamente la totalidad del proyecto de ley.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para contestar una alusión.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- La señora Senadora preopinante aludió directamente a mi persona y quiero invitarla a conocer mi origen para que se dé cuenta de que todo lo que dijo no tiene asidero.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: deseo dejar constancia de que no aludí a ningún integrante de este Senado en particular, y mucho menos a su origen.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

SEÑOR MICHELINI.- Solicito que se suprima la lectura.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar si se suprime la lectura.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 7º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 8º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 9º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

En consideración el artículo 10.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-21 en 22. Afirmativa.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Aquí se dijo que las personas de 47, 50, 52 ó 55 años que hubieran perdido el trabajo, se iban a beneficiar con esta ley. En realidad, la norma es muy clara y establece que para tener ese derecho -con el cual estamos de acuerdo-, al momento de solicitar el subsidio, es necesario contar con 58 o más años de edad y con 28 o más años de trabajo. Queda claro, entonces, que no hablamos de personas de 47, 50, 52 ni 55 años.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- En consideración el artículo 11.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 14.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 16.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

En consideración el artículo 17.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Como decía la señora Senadora Dalmás, seguramente debamos introducir muchas modificaciones en materia de seguridad social. La importancia de este proyecto de ley es que permite la inclusión de esas miles y miles de personas que han quedado, sistemáticamente, excluidas de la seguridad social y aunque sea en escasa forma, ahora van a tener una retribución correspondiente a las distintas participaciones informales en el mercado de trabajo. Sin duda, esta iniciativa constituye una mejora. Repito, tal como se ha señalado por varios Legisladores, la seguridad social debe ir adecuándose no solamente al grado de formalidad que se tenga en materia de aportes, sino también a la pirámide demográfica del país. En consecuencia, de aquí en adelante tendremos que seguir realizando ajustes de acuerdo con las realidades de inclusión que existan en la seguridad social lo cual, además, es el gran debate que nos merecemos a nivel de la sociedad uruguaya para lograr tener un sistema de protección social que incluya el trabajo no remunerado de miles de uruguayos y uruguayas en el cuidado de nuestros viejos, de nuestros enfermos y de nuestros niños.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Ha quedado sancionado el proyecto de ley que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

21) REGIMEN ESPECIAL PARA TRABAJADORES DEL SECTOR PUBLICO O PRIVADO QUE RECIBAN NIÑOS EN ADOPCION O LEGITIMACION ADOPTIVA

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se modifica el artículo 33 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, por el que se establece el régimen de medio horario para las trabajadoras del sector público o privado que reciban niños en adopción o legitimación adoptiva. (Carp. Nº 1247/08 - Rep. Nº 902/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1247/08

Rep. N° 902/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Agrégase al artículo 33 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, el siguiente inciso:

"Los y las trabajadoras del sector público o privado, que reciban niños en adopción o legitimización adoptiva, podrán hacer uso, además de la licencia establecida en el inciso primero de este artículo y a continuación de la misma, de la reducción a la mitad del horario de trabajo, por un plazo de seis meses".

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 36 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 36.- Los trabajadores del sector privado que hagan uso de la licencia especial prevista y por el período de la misma, serán beneficiarios como única compensación por dicha actividad de un subsidio a cargo del Banco de Previsión Social, que se regirá en lo pertinente de acuerdo a lo establecido para el subsidio por maternidad en los artículos 15 y 17 del Decreto-Ley N° 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y las disposiciones modificativas y concordantes. Durante el período de reducción horaria el subsidio se reducirá en un 50% (cincuenta por ciento).

El funcionario público continuará percibiendo su retribución habitual del organismo en el cual cumple funciones, durante el goce de la licencia especial y el período de reducción horaria".

Sala de la Comisión, 14 de octubre de 2008.

Susana Dalmás, Miembro Informante; Eduardo Ríos, Víctor Vaillant, Eduardo Lorier.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Agrégase al artículo 33 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001, el siguiente inciso:

"Las trabajadoras del sector público y/o privado, que reciban niños en adopción o legitimación adoptiva, podrán hacer uso, además de la licencia establecida en el inciso primero de este artículo y a continuación de la misma, de la reducción a la mitad del horario de trabajo, por un plazo de seis meses".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 5 de agosto de 2008.

Alberto Perdomo Gamarra Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Legislación del Trabajo

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión asesora recomienda al Cuerpo aprobar el proyecto de ley relativo al medio horario de trabajo para las madres adoptivas.

Esta adecuación de la legislación vigente es absolutamente necesaria para tratar con un tema tan delicado e importante como la adopción.

La adecuación de la legislación al tema de atención a la maternidad y paternidad adoptiva, requiere de una postura que acepte y asuma la importancia de apoyar los vínculos que dicha institución crea, en beneficio de niños, niñas y adolescentes, postura ésta que tiene raigambre constitucional y consagración en la normativa internacional, integrada a nuestro derecho.

Partiendo de considerar que la sociedad estima positivamente dicho beneficio, resulta indispensable que la dinámica jurídica vaya recogiendo los conceptos que más se adecuen a la consagración del mismo, dotándolo de las herramientas que hagan posible su vigencia efectiva.

Se considera de vital importancia para el desarrollo afectivo del niño, la presencia de la madre adoptiva, dado que el niño con el cuidado que recibe de su madre es capaz de tener una experiencia personal y así empieza la evolución de lo que podría denominarse la "continuidad existencial" que lleva a que se constituya en un ser individual.

En los primeros meses de vida la madre no sólo es necesaria en referencia a las necesidades primarias biológicas, sino que también el niño requiere la presencia de su madre, respecto a las también primarias necesidades psicológicas ya señaladas.

El niño adoptado ha vivido una experiencia de abandono pérdida que dificulta su sano desarrollo, por lo que es preciso entonces que se le brinde sostén afectivo adecuado, no sólo para su correcta evolución, sino también para paliar una situación anterior frustrante.

Si bien estos planteos están dirigidos fundamentalmente a la importancia que tiene la presencia de la madre para el desarrollo afectivo del niño en sus primeros meses de vida, no podemos dejar de lado ni menguar la idéntica transcendencia de esta presencia, en el niño legítimado de mayor edad.

Se trata de una situación nueva, un encuentro con el niño con dos padres y por lo tanto con características similares a la de la adopción de un recién nacido. También se da un primer período de acomodación, de encuentro afectivo, en donde padres e hijos deben aprender su rol. La legitimación de un niño mayor revive en él experiencias tempranas angustiantes tales como las del abandono. El nuevo hijo pone a prueba a sus padres y eso exige paciencia y aplomo por parte de éstos. La posibilidad de brindar un continente afectivo cálido le permite incorporar dentro de sí experiencias y objetivos gratificantes que facilitan su desarrollo.

Por las consideraciones precedentes, vuestra Asesora se permite aconsejar al Cuerpo, la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 8 de abril de 2008.

Jorge Pozzi, Miembro Informante; Juan José Bentancor, Tabaré Hackenbruch Legnani, Pablo Iturralde Viñas, Ivonne Passada, Pablo Abdala, según lo establecido en el inciso 2° del artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes, acompaña informe.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial

y Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 28 de diciembre de 2007.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Presente.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley relativo al medio horario de trabajo para las madres adoptivas.

La adecuación de la legislación al tema de atención a la maternidad y paternidad adoptiva, requiere de una postura que acepte y asuma la importancia de apoyar los vínculos que dicha institución crea, en beneficio de niños, niñas y adolescentes, postura ésta que tiene raigambre constitucional y consagración en la normativa internacional, integrada a nuestro derecho.

Partiendo de considerar que la sociedad estima positivamente dicho beneficio, resulta indispensable que la dinámica jurídica vaya recogiendo los conceptos que más se adecuen a la consagración del mismo, dotándolo de las herramientas que hagan posible su vigencia efectiva.

Con ese fin el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay ha planteado, en su rol de autoridad en la materia llevada adelante a través del Departamento de Legitimación Adoptiva (Art. 158 del Código de la Niñez y la Adolescencia), la necesidad de ir adecuando la legislación para la mejor aplicación de la normativa a la luz de la experiencia que, desde distintas aristas, presenta el tema de adopción.

En ese sentido dicho Instituto señala que los esfuerzos para asegurar mejor condiciones de vida para las familias adoptivas combinando el trabajo y la familia, implica velar por los intereses superiores de los adoptados y para que éstos no resulten discriminados con respecto a los hijos biológicos.

Por otra parte el Departamento de Legitimación Adoptiva del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, señalan que se ha dicho que el derecho de los padres adoptivos a contar con licencia, en oportunidad de recibir un niño en adopción, constituye un derecho del primer mundo, expresa que esto no nos debería detener, recordando que nuestro país, fue la avanzada en Latinoamérica, consagrado el instituto de la Legitimación Adoptiva por lo que deberá ahora contemplar dicho temperamento, dotando a los involucrados en tal vínculo jurídico, al igual que en el caso de la Adopción de instrumentos que faciliten la integración familiar, entre los que se puede contar la licencia por adopción, de la que ahora nos ocupamos.

Se considera de vital importancia para el desarrollo afectivo del niño, la presencia de la madre adoptiva, dado que el niño con el cuidado que recibe de su madre es capaz de tener una experiencia personal y así empieza la evolución de lo que podría denominarse la "continuidad existencial" que lleva a que se constituya en un ser individual.

En los primeros meses de vida la madre no sólo es necesaria en referencia a las necesidades primarias biológicas, sino que también el niño requiere de la presencia de su madre, respecto a las también primarias necesidades psicológicas ya señaladas.

El niño adoptado ha vivido una experiencia de abandono-pérdida que dificulta su sano desarrollo, por lo que es preciso entonces que se le brinde sostén afectivo adecuado, no solo para su correcta evolución, sino también para paliar una situación anterior frustrante.

Si bien estos planteos están dirigidos fundamentalmente a la importancia que tiene la presencia de la madre para el desarrollo afectivo del niño en sus primeros meses de vida, no podemos dejar de lado ni menguar la idéntica trascendencia de esta presencia, en el niño legitimado de mayor edad.

Se trata de una situación nueva, un encuentro con el niño con dos padres y por lo tanto con características similares a la de adopción de un recién nacido. También se da un primer período de acomodación, de encuentro afectivo, en donde padres e hijos deben aprender su rol. La legitimación de un niño mayor revive en él experiencias tempranas angustiantes tales como las del abandono. El nuevo hijo pone a prueba a sus padres y eso exige paciencia y aplomo por parte de éstos. La posibilidad de brindar un continente afectivo cálido le permite incorporar dentro de si experiencias y objetivos gratificantes que facilitan su desarrollo.

Por los fundamentos expuestos el Poder Ejecutivo promueve el presente proyecto de ley atendiendo la iniciativa del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.

Saludan al Sr. Presidente con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Mujica, Danilo Astori, Jorge Lepra, Héctor Lescano, Eduardo Bonomi, Víctor Rossi, Ma. Julia Muñoz, Jorge Brovetto, Marina Arismendi, Mariano Arana, Daisy Tourné.

PROYECTO DE LEY

RELATIVO AL MEDIO HORARIO DE TRABAJO PARA LAS MADRES ADOPTIVAS

Artículo Unico.- Agrégase el artículo 33 de la Ley N° 17.292, de 25 de enero de 2001 el siguiente inciso:

"Las trabajadoras del sector público y/o privado, que reciban niños en adopción o legitimación adoptiva, podrán hacer uso además de la licencia establecida en el inciso primero de este Artículo y a continuación de la misma, de la reducción a la mitad del horario de trabajo, por un plazo de 6 (seis) meses."

Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, José Mujica, Danilo Astori, Jorge Lepra, Héctor Lescano, Eduardo Bonomi, Víctor Rossi, Ma. Julia Muñoz, Jorge Brovetto, Marina Arismendi, Mariano Arana, Daisy Tourné."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Este proyecto de ley, aprobado por la Cámara de Representantes, propone la modificación del artículo 33 de la Ley Nº 17.292, como así también la de su artículo 36 a través de un sustitutivo producto del trabajo realizado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social. Concretamente señor Presidente, esto refiere a los y las trabajadoras del sector público o privado que reciban niños en adopción o legitimación adoptiva. De acuerdo con la Ley Nº 17.292, acceden al derecho de hacer uso de licencia pero, en este caso, se entendió conveniente agregar que debe reducirse a la mitad su horario de trabajo por un plazo de seis meses, tal como ocurre en el caso de la lactancia para una madre natural. A nuestro juicio, esto se hace más necesario en el caso de los padres adoptivos. Está absolutamente conocido y estudiado que no solamente desde el punto de vista humano y afectivo es necesaria la presencia de la madre y el padre al lado de ese niño para rehacer su posibilidad de desarrollo y continuar su vida con una nueva realidad, como lo es la de pertenecer a una familia, adaptándose unos a otros y tratando de generar esa situación de hogar que no se logra en un momento. Entonces, todo esto se compensa, de alguna manera, con la posibilidad de que la madre o el padre puedan estar más tiempo junto a ese niño, para lo cual es una gran ayuda la reducción de la jornada laboral a la mitad por determinado tiempo. ¿Por qué la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social resolvió agregar, además, una modificación al artículo 36 en la que se establece la forma de remuneración de esas licencias para el sector privado? Consideramos que era necesario -con esto está de acuerdo el Banco de Previsión Social- que durante el período de reducción horaria el subsidio servido por el Banco de Previsión Social también se reduzca en un 50%. Quiere decir que en caso de aprobarse este proyecto de ley, el padre o la madre adoptantes atendiendo a lo que ya rige -o sea al artículo 35 de la Ley Nº 17.292 que está en vigencia-, podrán hacer uso de la licencia especial, pero sólo uno u otro de los integrantes del matrimonio. La idea es que ambos puedan acceder a la permanencia junto al niño y durante ese período él se adapte de la mejor manera, al igual que los padres, a la nueva realidad e integración del hogar.

Por estas razones, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado propone al Cuerpo la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-15 en 17. Afirmativa.

En discusió particular.

Léase el artículo 1º del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º.- Agrégase al artículo 33 de la Ley Nº 17.292, de 25 enero de 2001, el siguiente inciso:

‘Los y las trabajadoras del sector público o privado, que reciban niños en adopción o legitimación adoptiva, podrán hacer uso, además de la licencia establecida en el inciso primero de este artículo y a continuación de la misma, de la reducción a la mitad del horario de trabajo, por un plazo de seis meses’."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

-16 en 18. Afirmativa.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: no desconocemos el buen propósito de esta norma, porque entendemos la adaptación que requiere para los padres y para el núcleo familiar la adopción de un niño. Sin embargo, a la luz de la experiencia que hemos vivido con las licencias por estudio, tema que vamos a volver a analizar en este Parlamento porque se trata de un beneficio que ha resultado excesivo, me parece que dar una licencia especial en todos los casos a la madre cuando se trata de niños que ya tienen unos cuantos años, sinceramente puede resultar en un exceso. Más allá de la humanidad que asiste a iniciativas de este tipo por lo que tiene que ver con el proceso de adaptación, creo que debería contemplarse establecer una edad mínima, porque normalmente esas licencias se dan en función del período de amamantamiento o de otras situaciones especiales. Reitero que, sin perjuicio de que considero que este es un tema en el que existen razones de auténtica humanidad, no lo voy a acompañar.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el artículo 2º del proyecto de ley.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Modifícase el artículo 36 de la Ley Nº 17.292, de 25 de enero de 2001, el que quedará redactado de la siguiente manera:

‘Artículo 36.- Los trabajadores del sector privado que hagan uso de la licencia especial prevista y por el período de la misma, serán beneficiarios como única compensación por dicha inactividad de un subsidio a cargo del Banco de Previsión Social, que se regirá en lo pertinente de acuerdo a lo establecido para el subsidio por maternidad en los artículos 15 y 17 del Decreto Ley Nº 15.084, de 28 de noviembre de 1980, y las disposiciones modificativas y concordantes. Durante el período de reducción horaria el subsidio se reducirá en un 50% (cincuenta por ciento).

El funcionario público continuará percibiendo su retribución habitual del organismo en el cual cumple funciones, durante el goce de la licencia especial y el período de reducción horaria’."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

22) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- En primer lugar, quiero proponer que se ponga a votación la realización de una sesión extraordinaria para el próximo martes, a partir de la hora 10, tal como hemos acordado con todos los grupos políticos que integran este Cuerpo.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar la moción de orden presentada.

(Se vota:)

-17 en 19. Afirmativa.

23) ELECCION DE LAS ASAMBLEAS TECNICO DOCENTES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Quiero pedir que se declare urgente y se considere de inmediato la Carpeta Nº 1291 que ya ha sido repartida.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar lo solicitado por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

-18 en 19. Afirmativa.

En consecuencia, corresponde pasar a considerar el asunto cuya urgencia acaba de ser votada: "Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se faculta a la Corte Electoral a disponer la extención horaria de sus oficinas para la organización de la elección de las Asambleas Técnico-Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública. Carp. Nº 1291/2008 - Dist. Nº 2852/2008)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1291/08

Dist. 2852/2008

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Extiéndanse las facultades otorgadas a la Corte Electoral por la Ley N° 17.956, de 27 de marzo de 2006, a fin de contar con norma legal que habilite al citado organismo a retribuir la mayor permanencia de su personal en el desarrollo de las tareas relativas a la elección de las Asambleas Técnico-Docentes de la Administración

Nacional de Educación Pública, a celebrarse próximamente.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 8 de octubre de 2008.

Alberto Perdomo Gamarra Presidente

José Pedro Montero Secretario.

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas para la organización de la elección de las Asambleas Técnico Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, a celebrarse el próximo 22 de octubre y a retribuir la mayor carga horaria resultante sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 17 de setiembre de 2008.

José Mujica Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 3 de setiembre de 2008.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a efectos de elevar el Proyecto de Ley referente a la solicitud de la Corte Electoral de solventar gastos que demanda la elección de Delegados a las Asamblea Nacionales de Docentes.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República, en ejercicio de la Presidencia; Mario Bergara.

Ministerio de

Economía y Finanzas

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día 30 de julio de 2008 resolvió solicitar la suma de $ 4:000.000,oo (pesos uruguayos cuatro millones) para solventar los gastos que demanda la elección de Delegados a las Asamblea Nacionales de Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre de 2008.

Esta solicitud se formula en base a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley N° 16.035, de 29 de abril de 1989, que establece que "el importe de los gastos que la Corte Electoral estimare necesario para solventar la realización de las elecciones, será puesto a su disposición por el Poder Ejecutivo con la antelación imprescindible y con cargo a Rentas Generales".

Para poder llevar a cabo la tarea es fundamental autorizar al personal a trabajar en horario extraordinario y remunerar esa extensión horaria.

Las dificultades expresamente explicitadas en los mensajes que dieron mérito a la sanción de las Leyes Nos. 17.755, de 1° de abril de 2004 y 17.862, de 28 de febrero de 2005, se han agudizado porque el número de funcionarios que han resuelto acogerse a la jubilación con posterioridad a las elecciones continúa disminuyendo los recursos humanos con los que puede contar el organismo y hacen imposible cumplir en tiempo y forma adecuada con la organización de actos electorales que, como el de las Asambleas Nacionales de Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, la ley ha puesto de su cargo.

La autorización a disponer la extensión horaria y sus efectos consecuentes otorgada por las mencionadas normas legales permitió a la Corte Electoral compensar la escasez de personal y la insuficiencia de sus retribuciones y de ese modo organizar sin contratiempos las elecciones nacionales y departamentales.

Por las razones expuestas la Corte Electoral solicita la remisión a la Asamblea General y la aprobación del siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase a la Corte Electoral a disponer la extensión horaria de sus oficinas para la organización de la elección de las Asambleas Técnico Docentes de la Administración Nacional de Educación Pública, a celebrarse el próximo 22 de octubre y a retribuir la mayor carga horaria resultante sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 334 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Mario Bergara.

DISPOSICION CITADA

Ley N° 15.903,

de 10 de noviembre de 1987

Artículo 334.- Facúltase a la Corte Electoral para establecer las cuarenta horas semanales efectivas de labor para los funcionarios que opten por este régimen.

No podrán gozar del mismo:

A) Los funcionarios que cumplan sus tareas en horarios especiales.

B) Aquellos que estén en comisión en otros organismos, con excepción de lo dispuesto en el artículo 20 de la presente ley.

C) Los funcionarios que realicen permanentemente tareas de carácter externo.

D) Quienes no obtengan un puntaje de calificación superior al 50% (cincuenta por ciento) del máximo.

La Contaduría General de la Nación habilitará en el Rubro 0 los créditos que correspondan para mantener la relación porcentual de la suma de las retribuciones por treinta y por cuarenta horas semanales, 33% (treinta y tres por ciento).

A estos fines realizará los incrementos necesarios en los subrubros con los que se atienden las remuneraciones ordinarias de los funcionarios electorales (sueldo básico, compensación máxima al grado y el aumento a que se refiere el inciso segundo, del artículo 50 de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986), con la sola excepción de las partidas que, a la fecha de la presente ley, estuvieren congeladas.

Se harán efectivas a los funcionarios que voluntariamente hubieren cumplido cuarenta horas semanales, a partir del 1° de mayo de 1987, las retribuciones complementarias que correspondieren.

Esta disposición entrará en vigencia el 1° de mayo de 1987."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq Mariano Arana).- En discusión.

SEÑOR GARGANO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: el texto del proyecto de ley que estamos considerando y que debe aprobarse necesariamente en el día de hoy, tiene como objetivo eliminar la fecha de la realización de horas extra por parte de la Corte Electoral para atender las Asambleas Técnico-Docentes que se iban a llevar a cabo el día 22 de octubre. En virtud de que ese evento se ha aplazado y en la ley se establecía esa fecha concreta, se elaboró este nuevo texto que elimina esa fecha, de modo que la realización de las horas extra se concrete cuando sea necesario, es decir cuando la ANEP así lo determine.

Esa es la fundamentación del cambio que se introduce a través de este proyecto de ley y cuya aprobación proponemos en este Cuerpo, ya que en la Cámara de Representantes el trámite ha sido cumplido.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se va a votar si se acepta las modificaciones introducidas en la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyeco de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

24) SEÑOR CARLOS ALBERTO MODERNELL

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Se pasa a considerar el punto que figura en sexto término del Orden del Día: "proyecto de ley por el que se otorga una pensión graciable al señor Carlos Alberto Modernell. (Carp. Nº 1304/08 - Rep. Nº 903/08)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1304/08

Rep. N° 903/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al señor Carlos Alberto Modernell, cédula de identidad N° 799.096-1 equivalente a 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Artículo 2°.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de la Comisión, 14 de octubre de 2008.

Susana Dalmás, (Miembro Informante); Víctor Vaillant, Eduardo Ríos, Eduardo Lorier.

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 4 de setiembre de 2008.

Sr. Presidente de la Asamblea General:

Sr. Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que se concede una pensión graciable al Sr. Carlos Alberto Modernell, en atención a su meritoria trayectoria como destacado artista carnavalero.

La actual situación económica justificada en fojas 1, complementa las causales que justifican la presente iniciativa.

El proyecto de ley, en su artículo primero, incluye el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el artículo segundo se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo a efecto de la tramitación ante el BPS, se expresa que la cédula de identidad del beneficiario Sr. Carlos Alberto Modernell es N° 799.096/1.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Danilo Astori, María Simon.

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- CONCEDESE una pensión graciable, al Sr. Carlos Alberto Modernell, cédula de identidad N° 799.096/1 equivalente a cuatro prestaciones básicas.

Artículo Segundo.- PRECISASE que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Danilo Astori, María Simon.

ANTECEDENTE

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha aprobado la siguien-te

MINUTA DE COMUNICACION

La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo, tenga a bien tomar la iniciativa sobre el proyecto de ley referido al beneficio de pensión graciable para el señor Carlos Modernell.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 4 de mayo de 2005.

Beatriz Argimón

1ra. Vicepresidenta

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

CAMARA DE REPRESENTANTES

Montevideo, 10 de mayo de 2005.

Señor Presidente de la República

doctor Tabaré Vázquez.

Por resolución de la Cámara de Representantes, tengo el honor de remitir al señor Presidente la minuta de comunicación aprobada, en sesión de 4 de mayo del año en curso, por la que se solicita al Poder Ejecutivo la remisión de la correspondiente iniciativa a fin de conceder una pensión graciable al señor Carlos Modernell.

Esta comunicación se remite en la fecha en cumplimiento de prescripciones reglamentarias.

Saludo al señor Presidente con mi más alta consideración.

Nora Castro

Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

-Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley por el que se propone, como reconocimiento a su actividad artística en la cultura carnavalera, al señor Carlos Modernell, titular de la Cédula de Identidad Nº 799.096-1 una pensión graciable equivalente a cuatro Bases de Prestación y Contribución. Esto lo hemos considerado en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social y, por tal razón, recomendamos al Cuerpo su aprobación en virtud de las características de esta persona, de la situación en que se encuentra en estos momentos y por haber sido considerada esta iniciativa por la Comisión de Educación y Cultura del Ministerio correspondiente.

SEÑORA LOPEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Arq. Mariano Arana).- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA LOPEZ.- Señor Presidente: no quiero dejar pasar esta oportunidad sin hacer uso de la palabra, porque todos sabemos que el carnaval es una de las expresiones populares que más identifican a nuestra cultura. Sin duda, se trata de una práctica cultural muy democratizadora, ya que al igual que el fútbol convoca a los más variados sectores de la sociedad uruguaya. Tal como vemos que sucede en el estadio, también al Teatro de Verano concurren Ministros, académicos, decanos, universitarios y Legisladores, quienes muchas veces con enfervorizada pasión alientan a los conjuntos de su preferencia, del mismo modo que lo hacen con los equipos de fútbol. Esto, frecuentemente, se contradice con el estereotipo más común que se tiene de las personas que ocupan los cargos que mencionamos. Es así que en ese espacio democratizador vemos a estas personas confundirse con el resto de la gente, compartiendo los mismos códigos y el mismo lenguaje. Sin duda, como sabemos, el comportamiento en los espectáculos de fútbol no siempre es tan académico y quizás allí radique la principal diferencia entre ambos tipos de eventos. El carnaval se diferencia del fútbol en un sentido, ya que en ese tipo de espectáculos no se ejerce la violencia con las mismas características en que se lo hace, lamentablemente, en el fútbol. Durante el concurso y luego de los fallos -que son controvertidos, como todos los fallos en los que se realiza la valoración de una actividad artística, que de hecho son subjetivos-, no se registran roturas de instalaciones ni nada por el estilo.

Quiero destacar la figura del señor Carlos Modernell porque, lamentablemente, no figura su currículo en este expediente.

Es de resaltar su carrera como letrista de carnaval. En su haber está la gran recordada retirada de la murga "Patos Cabreros", de 1961, que expresa "Se van, se van los Patos" -algunos señores Senadores habrán cantado esto en algún asado- y la presentación de "La Milonga Nacional", "Qué es una murga mamá" -aunque luego el "Canario" Luna, como machista que es la rebautizó "Qué es una murga papá"-, de 1963. En 1973 escribió para las cinco categorías que integran el concurso de carnaval y se le dieron premios, del 1º al 3º, en todas ellas. Además, fue el único letrista que escribió un tango al excelente compositor Alberto Mastra, que muchos veteranos tangueros de aquí podrán recordar. En el título de dicho tango está expresado lo que significaba Alberto Mastra, pues se titulaba: "El pequeño gigante"; este tango logró el primer premio de un concurso realizado por AGADU en homenaje a Mastra.

En esa química entre carnaval y fútbol, de la que hablábamos anteriormente, se recuerdan -y hasta hoy se siguen emitiendo- sus intervenciones en los relatos deportivos mediante el personaje popularizado como "El Gauchito del Talud". Dicho personaje debutó junto a Víctor Hugo Morales hace treinta años y aún sigue vigente. El Gauchito del Talud comenta el partido desde una perspectiva graciosa y picante, pero también crítica.

(Ocupa la Presidencia el señor Senador Mujica)

-Me complace enormemente que se reconozcan estos valores porque, como afirmaba el recientemente designado Director Nacional de Cultura, profesor y académico Hugo Achugar, el reconocimiento respetuoso de nuestra diversidad cultural expresa la gran riqueza de nuestra identidad como uruguayos y uruguayas.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Carlos Alberto Modernell.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Han sufragado diecinueve señores Senadores; dieciséis lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado de la votación es: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

25 ) SEÑOR JULIO CESAR SOSA PEÑA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo lugar del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se otorga una pensión graciable al señor Julio César Sosa Peña. (Carp. Nº 1305/08 - Rep. Nº 904/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1305/08

Rep. N° 904/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Concédese una pensión graciable al señor Julio César Sosa Peña, cédula de identidad N° 1.070.096-2 equivalente a 4 BPC (cuatro Bases de Prestaciones y Contribuciones).

Artículo 2°.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, etc.

Sala de la Comisión, 14 de octubre de 2008.

Eduardo Lorier, Miembro Informante; Víctor Vaillant, Eduardo Ríos, Susana Dalmás.

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 8 de setiembre de 2008.

Sr. Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

Sr. Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo con el objeto de someter a su consideración el adjunto Proyecto de Ley, por el que concede una pensión graciable al Sr. Julio César Sosa Peña, en atención a su meritoria trayectoria como destacado artista carnavalero.

La actual situación económica justificada en fojas 1, complementa las causales que justifican la presente iniciativa.

El Proyecto de Ley, en su Artículo Primero, incluye el nombre del beneficiario así como el monto de la pensión. En el Artículo Segundo se establece que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales.

Asimismo a efecto de la tramitación ante el BPS, se expresa que la Cédula de Identidad del beneficiario Sr. Julio César Sosa Peña, es N° 1.170.096/2.

El Poder Ejecutivo saluda al Presidente de la Asamblea General con su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Mario Bergara, María Simon.

Ministerio de Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY

Artículo Primero.- CONCEDESE una pensión gracia-ble, al Sr. Julio Cesar Sosa Peña, cédula de identidad

N° 1.170.096/2 equivalente a cuatro prestaciones básicas.

Artículo Segundo.- PRECISASE que la erogación resultante, será atendida por Rentas Generales.

Artículo Tercero.- COMUNIQUESE, publíquese, etc.

Mario Bergara, María Simon.

Montevideo, 8 de agosto de 2006.

Sr. Ministro de Educación y Cultura

Ing. Quim. Jorge Brovetto.

Presente.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted con el fin de solicitarle el tratamiento de la pensión graciable del señor Julio César Peña de acuerdo a la Ley N° 17.968, aprobada el 16 de Mayo de 2006 en el cual se establece la creación de una Comisión Permanente para el tratamiento de las pensiones graciables a nivel del Poder Ejecutivo.

El señor Julio César Peña, cuyo nombre artístico es "Kanela" se encuentra, a sus 64 años atravesando un momento delicado en lo económico y a pesar de ser una persona muy renombrada, con tantos premios y reconocimientos por su labor artística, no recibe ningún ingreso mensual fijo, por lo tanto se le dificulta mucho poder llevar una vida digna.

Sensibles a esta situación y convencidos de su gran aporte y dedicación a la cultura uruguaya que lleva ya más de 50 años, es que solicitamos se le otorgue una pen-

sión graciable en reconocimiento a su rica y vasta trayectoria.

Adjunto a esta nota encontrará el vasto currículo del señor Julio César Peña "Kanela" y esperando una resolución favorable a esta solicitud.

Saluda atte.

Enrique Pintado

Representante Nacional.

CURRICULUM DE JULIO SOSA (Kanela)

Nombre: Julio César Sosa Peña.

Nacido en Nico Pérez 4ª Sección del departamento de Florida, el 5 de setiembre de 1943 o sea presentado en ese año y reconocido en la misma fecha como mellizo, siendo nacido en el año 1933, quien nació en 1943 es mi hermano Eleuterio Sosa. Todo se debió a que en el campo el juez pasaba cada tanto tiempo y citaba al Juzgado, pero mis padres en su ignorancia nos anotaban por grupos. Por lo tanto fuera de papeles tengo 72 años, adjunto fotocopia de partida de nacimiento de ambos.

Ya teniendo 12 años y 12 hermanos de los 16 que seríamos más tarde, comienzo mi vida como vendedor de empanadas y pasteles en la vieja estación AFE de Nico Pérez (Florida), y sin saber leer ni escribir, un día sentí las aspiraciones de artista, viendo el circo y la calesita que llegó al pueblo donde entablé amistad con el bailarín Alejandro Flores, a su vez coreógrafo de la trouppe circense, y por una semana fui su asistente y el circo partió. Sentí en mi sangre de muchacho de campo la fuerza de la danza que no fue bien vista por mi familia de troperos y arreadores de ganado. Por lo que se me exigió más trabajo, pero ya en la estancia de los Gallinal como peón de campo.

Pero pasado un tiempo, a los 14 años junté unos pesos y mis tarecos y me fui a la gran capital en busca de mi destino y un mejor pasar.

Para mi familia no fue fácil y volví a mis pagos, sentí que solo me habían contado un mundo de fantasías, que no existía, fue para mí una triste experiencia, al tiempo mi padre en sus idas y venidas trayendo ganado a la tablada en Montevideo, compra un terreno en el Cerrito de la Victoria, y se levanta ranchada en el año 1945, comienza para mí otra vida de lucha y pobreza defendiéndome en la vieja estación Reducto vendiendo diarios y lustrando zapatos, en las noches vendiendo empanadas en los prostíbulos del "Cerrito".

En 1949 me hablan para integrar el cuerpo de baile de Carlos Albin (Pirulo), en el Royal Pigalle y el Chanteclaire y de ahí que paso por todos los cabaret de la época (Moulin rouge, Bonanza, Club de Paris, Seis Cuarenta) y haciendo giras por los cabarets del Interior, en Paysandú (La Manchega), en Salto (Tango Bar y El Sótano), Tacuarembó (La esquila), regrese a Paysandú y trabaje por 3 años (en Mandrágora), y es en el 49 donde comienzo en el Carnaval con los hermanos Molina en la "Candombera de la Unión", luego paso a los "Granaderos del Amor" (Revista) 2 años.

En el año 1955 se fundan las Llamadas, desfilo al frente de "Fantasía Negra" con los hermanos Jiménez y Pedro Ferreira, junto a La Negra Johnson, por 5 años 1er. Premio y tres primeros premios como bailarín.

En 1959 salgo como primer bailarín con Pedro Ferreira en "Acuarelas de Candombe" y Dandis Cubanos. En esa fecha también participó en el festival de las Américas en Quito (Ecuador), ganando el trofeo de las Américas.

En 1964 saco mi propio conjunto asociado con Carlos Modernell y Rosa Luna hasta el año 1975, ya saco el título como único director hasta 1977, que sacó "Kanela y su Baracutanga" hasta el año 2001, después dirijo como Director a "Tronar de Tambores" hasta el año 2006. Ya comienzo para el 2007 con el mismo título que será "Kanela y su Tronar de Tambores" bajo mi dirección responsable.

Premios obtenidos: 24 primeros premios como bailarín (Llamadas, Teatro, Desfile), y 2 como figura de Carnaval, 3 a la trayectoria, 6 primeros premios de Llamadas, 5 primeros premios oficiales, primer premio como mejor bailarín de la Cumbre del Carnaval en Aruba, premio reconocimiento colectividades uruguayas en New York (EE.UU.), primer premio en conjunto del desfile de la Hispanidad.

Reconocimiento Junta Departamental de Montevideo, Cámara de Diputados, prensa oral, escrita y televisada, Intendencias de Florida (homenaje), Cerro Largo (Melo), Colonia, San José (Homenaje), Flores (Homenaje), Durazno, Rivera, Maldonado, San Carlos, DAEPCU, Canelones, Mercedes.

Fui funcionario de la Intendencia Municipal de Montevideo durante 10 años, UTU 3 años, vendedor, comerciante durante 10 años, modista y confeccionista de carnaval, coreógrafo de carnaval durante 45 años.

Este currículum es a los efectos de ser presentado ante la Cámara Legislativa de Representantes con el motivo de una pensión graciable y de reconocimiento a mi trayectoria artística en lo popular y en lo laboral, ya que a esta altura del tiempo he recibido tantos homenajes, los que agradezco, pero los años han pasado y he brindado a mi pueblo y a la cultura, todo de mí, hoy espero un reconocimiento de mis gobernantes sean del partido político que sean, ya que tanto blancos, colorados y frenteamplistas sin distinciones les brindé mi apoyo, hoy mi situación económica es mala, pido que se me contemple con dignidad y respeto lo que creo merecer.

Les saluda muy atte., un luchador de la cultura popular uruguaya.

Julio Sosa (Kanela)."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión.

Se pasará a tomar la votación en la forma de estilo.

Repártanse las bolillas de votación.

(Así se hace)

-Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: se trata de una pensión graciable a otorgar al señor Julio César Sosa Peña, más conocido como "Kanela".

Este hombre ha obtenido una cantidad importantísima de premios en la vida de nuestro carnaval. Concretamente, obtuvo veinticuatro primeros premios como bailarín en llamadas, teatros y desfiles, dos como figura de carnaval, tres a la trayectoria, seis primeros premios de llamadas, cinco primeros premios oficiales, primer premio como mejor bailarían de la Cumbre de Carnaval en Aruba, un premio y reconocimiento de las colectividades uruguayas en Nueva York y primer premio en conjunto del desfile de la Hispanidad.

Su currículo es muy extenso. "Kanela" vino del interior, del departamento de Florida, pues es nacido en la localidad de Nico Pérez. Tuvo actividades muy diversas, entre ellas, como tropero y luego hombre de carnaval, como lo conocemos ahora.

El Poder Ejecutivo entiende que, dada su situación, merece recibir una pensión graciable.

Es cuanto tenía para informar.

SEÑORA LOPEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA LOPEZ.- El señor Presidente y los señores Senadores me disculparán, pero no quiero dejar pasar la oportunidad que se me brinda para hablar del carnaval y de lo que significa en la cultura popular.

En el caso de Julio Sosa "Kanela", nadie puede discutir su representatividad en el tema de la cultura afrouruguaya.

Personalmente, me interesa destacar que integra una de las aristas más auténticas de la cultura uruguaya, que es la afrouruguaya. Si recorremos todo el espectro de los países de América a los que se trajeron esclavos del continente africano, vemos que todos ellos fueron desarrollando sus expresiones ancestrales, articulándolas de alguna forma con el contexto y las costumbres de las sociedades ajenas, a las que fueron sometidos. Así, se fue desarrollando una cultura afroamericana distinta en cada país en el que crecían las nuevas generaciones de afrodescendientes. Si uno recorre América, puede identificar la diversidad en la expresión afro que, desde una misma raíz étnica, se manifiesta en formas muy distintas, como ser las Diabladas en Bolivia, el Samba en el Brasil, la Rumba en Cuba y el Candombe en el Uruguay, ese toque y repique único que surge de nuestra cuerda de tambores. Como se suele decir: "El candombe es de los negros y lo bailan los demás". Es muy raro que una uruguaya o un uruguayo en el país y, sobre todo, fuera de él, no sienta que algo en su cuerpo se moviliza cuando escucha un repique de tambor.

Es nada más y nada menos que en el marco de esta expresión de nuestra cultura, donde el señor Julio Sosa, "Kanela", se ha destacado e impuesto, dando a sus creaciones un estilo particular y personal. Es uno de los artistas de la cultura afrouruguaya que -tal como expresó el señor Senador Lorier- ha representado con éxito en el mundo nuestras características culturales, habiendo sido reconocido oficialmente en la Junta Departamental.

Por todo ello, entiendo de justicia que, en una situación de emergencia como la que "Kanela" vive actualmente, los representantes del pueblo se acuerden de los referentes del pueblo. No obstante ello, reitero mis expresiones de ayer con respecto a esta modalidad de pensión graciable.

Era cuanto quería expresar.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: simplemente, quiero refrendar la totalidad de las expresiones vertidas por la colega y compañera del Senado, señora Senadora López, tanto en su primera intervención como en la última. Además, quiero destacar -en alguna oportunidad lo he hecho en forma pública- la invalorable colaboración que ella ha tenido en el ámbito de la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, que no hace más que ratificar y consolidar lo que ha manifestado ahora a nivel teórico.

De manear que quería poner de relieve esa postura, pues creo que es de estricta justicia.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta del resultado de la votación correspondiente a la pensión graciable a conceder al señor Julio César Sosa Peña.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

Han sufragado veinte señores Senadores; dieciocho lo han hecho por la afirmativa.

SEÑOR PRESIDENTE.- En consecuencia, el resultado de la votación es: Afirmativa.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º.- Precísase que la erogación resultante será atendida por Rentas Generales".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

26) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SU CARGO A UN FUNCIONARIO PUBLICO

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde votar la urgencia de la consideración de la Carpeta Nº 1323/08, que refiere a una venia de destitución de un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

-Corresponde que el Senado pase a sesión secreta.

(Así se hace. Es la hora 12 y 17minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 12 y 18 minutos)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

El Senado, en sesión secreta concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir a un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

27) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 12 y 19 minutos, presidiendo el señor Senador Mujica y estando presentes los señores Senadores Alfie, Arana, Astori, Cid, Couriel, Dalmás, Fernández Huidobro, Gargano, López, Lorier, Michelini, Moreira, Oliver, Percovich, Saravia, Tajam, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR SENADOR JOSE MUJICA Presidente en ejercicio

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.