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Nº 224 - TOMO 454 - 15 DE JULIO DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

28ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LOS PROSECRETARIOS ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO Y DOCTOR ERNESTO LORENZO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes. Reiteración

- El Señor Senador Moreira solicita al Senado la

reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relativo a las transferencias de fondos en calidad de aportes dispuestos por el Directorio de PLUNA Ente Autónomo con destino a PLUNA S.A.

- Oportunamente será tramitado.

5) Exposiciones escritas

- El señor Senador Amaro solicita se curse una exposición escrita con destino a la señora Ministra doctora María Julia Muñoz, al Director General de ASSE doctor Tabaré González y a la Dirección y personal del laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Florida, relacionada con la destacada labor que lleva a cabo el mencionado laboratorio.

- El señor Senador Lapaz solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas: con destino a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Embajada de Colombia en nuestro país, relacionada con el éxito obtenido por las Fuerzas Armadas de Colombia en la última operación militar que realizara; y, con destino a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las Asociaciones y Federaciones Rurales, a la Confederación Granjera del Uruguay, a los Centros Comerciales e Industriales y a los Municipios y Juntas Departamentales y Autónomas de nuestro país, relacionada con la importación de frutas y verduras.

- Se procederá de conformidad.

6) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7, 14 y 19) Solicitudes de licencia e integración del Cuerpo

- El Senado concede licencia a la señora Senadora Xavier y a los señores Senadores Fernández Huidobro, Ríos, Cid y Mujica.

- Notas de desistimiento. Las presentan las señoras Nora Castro y Hyara Rodríguez y los señores José Korzeniak, Manuel Núñez, Daniel Olesker, Hugo Rodríguez, Elías Yafalian, Manuel Laguarda, Héctor Tajam, Eduardo Muguruza, Saúl Posada, León Lev y Gonzalo Gaggero informando que, por esta vez, no aceptan la convocatoria al Cuerpo.

8) Antenas de telefonía celular. Posibles efectos en la salud humana

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud Pública, de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a ANTEL, a ANCEL, Movistar y Claro, a la Universidad de la República, a la Facultad de Medicina, al INAU, a las Comisiones de Salud Pública de ambas Cámaras y a los Gobiernos y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

9) Hermandad en Puente Fray Bentos-Puerto Unzué

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, de Desarrollo Social y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Embajada y Consulados argentinos en Uruguay; a los Centros Comerciales e Industriales del litoral y a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

10) Puente Paysandú-Colón. Falta de personal

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del propio señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, del Interior y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Dirección Nacional de Migraciones, a la Comisión Administradora del Río Uruguay y a los Gobiernos Departamentales y Juntas Autónomas del país.

11) Archivo de Carpetas

- Por moción de la Señora Senadora Percovich, el Senado resuelve enviar al archivo las siguientes carpetas de la Comisión de Constitución y Legislación: 99/2005; 101/2005; 115/2005; 117/2005; 125/2005; 131/2005; 138/2005; 168/2005; 205/2005; 237/2005; 238/2005; 241/2005; 247/2005; 350/2005; 351/2005; 368/2005; 390/2005; 438/2005; 458/2006; 494/2006; 500/2006; 522/2006; 572/2006; 638/2006; 653/2006; 683/2006; 700/2006; 702/2006 y 898/2007.

12) Licencias especiales para trabajadores de la actividad privada

- Proyecto de ley por el que se instrumenta su otorgamiento.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

13 y 15) Sesión extraordinaria

- El Senado resuelve realizar una sesión extraordinaria el día de mañana para tratar el proyecto de ley por el que se modifican disposiciones relativas a la adopción.

16 y 21) Frutas y hortalizas. Modificación de la carga tributaria

- Por moción del señor Senador Saravia, el Senado resuelve que se trate en forma urgente.

- Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a fijar en 0% la alícuota del Impuesto al Valor Agregado y a exonerar de ese tributo a las exportaciones.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

17) Solicitudes de Acuerdo del Poder Ejecutivo para Acreditar como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la República ante el Gobierno del Reino de Suecia, al Doctor Manuel Vieira Merola y ante el Gobierno de la República Islámica de Irán, al Doctor Fernando Arroyo.

- Concedidas. Se comunicará al Poder Ejecutivo

18) Consorcios de exportación

- Proyecto de ley por el que se dictan normas para su constitución y funcionamiento.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

20) Proyecto presentado

- El señor Presidente del Senado, don Rodolfo Nin Novoa, las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier, y los señores Senadores Eber Da Rosa, Gustavo Lapaz, Sergio Abreu, Gustavo Penadés, Ruperto Long, Carlos Moreira, Enrique Antía, Luis A. Heber, Francisco Gallinal, Mariano Arana, Carlos Baráibar, Alberto Cid, José Mujica, Rafael Michelini, Víctor Vaillant, Rodolfo Nin Novoa, Reinaldo Gargano, Luis Oliver y Jorge Saravia, presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional el Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó.

- A la Comisión de Salud Pública.

22) Alteración del Orden del Día

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve considerar los asuntos que figuran en séptimo, octavo y noveno término del Orden del Día.

23) Funcionarios eventuales de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado

- Proyecto de ley por el que se autoriza la celebración de contratos de función pública con carácter permanente.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

24) Prórroga de la hora de finalización de la sesión

- Por moción de la señora Senadora Percovich, el Senado resuelve que se prorrogue la sesión hasta agotar la consideración del Orden del Día.

25) Extensión del subsidio por desempleo a trabajadores de BAO S.A.

- Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a conceder extensión del subsidio.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

26) Extensión del subsidio por desempleo a trabajadores de RILOMAN S.A.

- Proyecto de ley por el que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a conceder nuevamente extensión del subsidio.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

27)Acceso a la Información Pública.

- Proyecto de ley por el que se establecen normas.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

28) Cómputo de servicios a efectos jubilatorios

- Proyecto de ley por el que se reconocen en forma ficta aquellos resultantes de convenios colectivos.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

29) Solicitud de Venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

- El Senado, en sesión secreta, resolvió devolver al Poder Ejecutivo la solicitud de venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura a fin de ampliar antecedentes, y conceder las venias solicitadas para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública y a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

30) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 11 de julio de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria el próximo martes 15 de julio, a la hora 9 y 30,  a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

1) por el que se otorgan a los trabajadores de la actividad privada licencias especiales para determinadas situaciones.

Carp. Nº 1142/08 - Rep. Nº 777/08

2) por el que se introducen modificaciones referidas a la adopción al Código de la Niñez y la Adolescencia.

Carp. Nº 615/06 - Rep. Nº 794/08  y  Anexos I y II

3) Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales, relacionados con las solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República:

- ante el Gobierno del Reino de Suecia, al doctor Manuel Vieira Merola.

Carp. Nº 1217/08 - Rep. Nº 795/08

- ante el Gobierno de la República Islámica de Irán, al doctor Fernando Arroyo.

Carp. Nº 1215/08 - Rep. Nº 796/08

  Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley :

4) por el que se crean los Consorcios de Exportación y se establecen normas para su funcionamiento.

Carp. Nº 185/05 -Rep. Nº 797/08

5) por el que se establecen normas para el Acceso a la Información Pública.

Carp. Nº 541/06 -Rep. Nº 798/08

6) por el que se aprueba a los efectos jubilatorios, el cómputo ficto de servicios resultante de convenios colectivos

Carp. Nº 398/05 -Rep. Nº 799/08

7) por el que se autoriza a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a celebrar contratos de función pública de carácter permanente con los trabajadores que actualmente desempeñan tareas en dicha Administración y que fueran contratados en condición de eventuales, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 17.960, de 26 de abril de 2006.

Carp. Nº 1213/08 -Rep. Nº 800/08

8) por el que se otorgan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de BAO.

Carp. Nº 1214/08 - Rep. Nº 801/08

9) por el que se otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender nuevamente el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A.

Carp. Nº 1222/08 -Rep. Nº 802/08

10) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Educación yCultura - Dirección Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos Históricos. (Plazo constitucional vence el 22 de julio de 2008).

Carp. Nº 1151/08 - Rep. Nº 791/08

- un funcionario del Ministerio de Salud Pública - Centro Departamental de San José. (Plazo constitucional vence el 28 de setiembre de 2008).

Carp. Nº 1218/08 - Rep. Nº 790/08

- un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. (Plazo constitucional vence el 19 de agosto de 2008).

Carp. Nº 1177/08 - Rep. Nº 792/08

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Administración de los Servicios de Salud del Estado. (Plazo constitucional vence el 9 de setiembre de 2008).

Carp. Nº 1205/08 - Rep. Nº 793/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Arana, Baráibar, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallinal, Gamou, Gargano, Heber, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, López, Michelini, Moreira, Mujica, Oliver, Penadés, Percovich, Sanguinetti, Saravia, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Fernández Huidobro y Ríos y la señora Senadora Xavier; con aviso, el señor Senador Lorier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 39 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"El Poder Ejecutivo remite Mensaje comunicando la promulgación del proyecto de ley por el que se modifica el régimen tributario de las jubilaciones y pensiones.

- AGREGUESE A SUS ANTECEDENTES Y ARCHIVESE.

El Ministerio de Economía y Finanzas remite respuesta al pedido de informes solicitado por el señor Senador Luis A. Heber, relacionado con la cantidad de funcionarios públicos presupuestados y contratados al 1° de marzo de 2005.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR HEBER.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social remite información proporcionada por el Banco de Previsión Social, en respuesta al pedido de informes presentado por el señor Senador Isaac Alfie, referida a la cantidad de empresas unipersonales con hasta un dependiente, que son contribuyentes de dicho Organismo.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR ALFIE.

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite respuesta a un pedido de informes del señor Senador Luis A. Heber, referido con la cantidad de funcionarios públicos presupuestados y contratados durante el período 2005-2008.

- OPORTUNAMENTE FUE ENTREGADA AL SEÑOR SENADOR HEBER.

La Cámara de Representantes remite aprobado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal correspondiente al Ejercicio 2007.

- A LA COMISION DE PRESUPUESTO INTEGRADA CON HACIENDA.

El Señor Senador Carlos Moreira, conforme a lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 17.673, de 21 de julio de 2003, solicita al Senado la reiteración de un pedido de informes con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relativo a las transferencias de fondos en calidad de aportes dispuestos por el Directorio de PLUNA Ente Autónomo con destino a PLUNA S.A.

- SE VA A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

El señor Senador Juan Justo Amaro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino a la señora Ministra doctora María Julia Muñoz, al Director General de ASSE doctor Tabaré González, y a la Dirección y personal del laboratorio de análisis clínicos del Hospital de Florida, relacionada con la destacada labor que lleva a cabo el mencionado laboratorio de análisis clínicos.

- HA SIDO REPARTIDA. SE VA A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

El señor Senador Gustavo Lapaz, conforme a lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento del Cuerpo, solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

- con destino a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Embajada de Colombia en nuestro país, relacionada con el éxito obtenido por las Fuerzas Armadas de Colombia en la última operación militar que realizara.

- con destino a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Economía y Finanzas, de Trabajo y Seguridad Social y de Desarrollo Social; a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a las Asociaciones y Federaciones Rurales; a la Confederación Granjera del Uruguay; a los Centros Comerciales e Industriales; a los Municipios y Juntas Departamentales y Autónomas de nuestro país, relacionada con la importación de frutas y verduras.

- HAN SIDO REPARTIDAS. SE VAN A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Asuntos Administrativos eleva informadas las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a fin de destituir de sus cargos a:

- un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura.

- una funcionaria y un funcionario del Ministerio de Salud Pública.

- un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios eleva informado un proyecto de ley por el que se crean los Consorcios de Exportación y se establecen normas para su funcionamiento.

La Comisión de Asuntos Internacionales eleva informadas las siguientes solicitudes de acuerdo para acreditar en calidad de Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de la República:

- ante el Gobierno de la República Islámica de Irán, al señor Fernando Arroyo.

- ante el Gobierno del Reino de Suecia, al doctor Manuel Vieira Merola.

La Comisión de Constitución y Legislación eleva informado un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, relativas a adopción.

La Comisión de Educación y Cultura eleva informado el proyecto de ley por el que se crean normas para el Acceso a la Información Pública.

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social eleva informados los siguientes proyectos de ley:

- por el que se aprueba a los efectos jubilatorios, el cómputo ficto de servicios resultante de convenios colectivos.

- por el que se autoriza a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a celebrar contratos de función pública de carácter permanente con los trabajadores que actualmente desempeñan tareas en dicha Administración y que fueran contratados en condición de eventuales, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 17.960, de 26 de abril de 2006.

- por el que se otorgan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de BAO.

- por el que se otorgan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender nuevamente el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A.

- HAN SIDO REPARTIDOS. ESTAN INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Junta Departamental de Salto remite adjunta versión taquigráfica de fecha 30 de junio de 2008, relacionada con el tema: ‘Software Libre, su aplicación sobre todo en el ámbito municipal o público’.

Las Juntas Departamentales de Flores y Río Negro remiten oficios comunicando la integración de sus Mesas para el Período 2008-2009.

- TENGANSE PRESENTES."

4) PEDIDO DE INFORMES. REITERACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la reiteración del pedido de informes del señor Senador Moreira con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

(Se vota:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

5) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar el envío de las exposiciones escritas presentadas por los señores Senadores Amaro y Lapaz.

(Se votan:)

- 11 en 12. Afirmativa.

(Texto de las exposiciones escritas:)

"Montevideo, 9 de julio de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicito se curse la presente exposición escrita a la Sra. Ministra de Salud Pública, Dra. María Julia Muñoz, al Director General de ASSE, Dr. Tabaré González, a la Dirección del Hospital Raúl Amorín Call, a la Comisión de Usuarios del Hospital Florida y a la Dirección y perso-nal del laboratorio de análisis clínico del Hospital Florida.

El próximo 25 de agosto nuevamente el departamento de Florida se viste de fiesta para conmemorar un nuevo aniversario de nuestra Declaratoria de la Independencia.

En la oportunidad y en el marco de los actos a realizarse en la ciudad, nuestro principal nosocomio abre sus puertas para también adherirse a estos festejos, pero por circunstancias particulares, ya que nuestro Hospital "Raúl Amorín Call" cumple 100 años de existencia y de atención a la salud de los más humildes de nuestra comunidad.

Desde siempre Florida ha colaborado con las necesidades y las dificultades del hospital, ya que el mismo es un orgullo para todos, por su infraestructura y por la excelente atención de sus funcionarios médicos y no médicos a pesar, por supuesto, de alguna diferencia que siempre es buena tenerla.

Uno de los insignes capitales de nuestro hospital local es el Laboratorio de Análisis Clínicos que allí funciona. El trabajo, la dedicación y el esfuerzo de su personal ha sido un referente nacional al punto de haberse editado una publicación especializada denominada "Guía Práctica de Obtención de Muestras para Análisis Clínicos" que fuera realizada, como decíamos, por el propio personal del laboratorio.

La tarea de laboratorio es indispensable para el diagnóstico y tratamiento del paciente, así como para la prevención e investigación de enfermedades por lo que queríamos resaltarlo. Este proceso que es bastante anónimo para el ciudadano común pero no por ello menos importante, diríamos que todo lo contrario, se fundamenta en un sistema de control de calidad continua, cumpliendo con modernas normas regionales e internacionales.

Todo el equipamiento es sometido permanentemente a los controles y procesos de mantenimiento requeridos por sus fabricantes de forma de garantizar su correcto funcionamiento. Los mismos están conectados a un servidor al que le transmiten los resultados eliminando la posibilidad de errores debido a la transcripción de datos, como también minimiza los tiempos de emisión de los estudios realizados.

La apuesta permanente a la capacitación del personal habla a las claras de la profesionalidad y la voluntad de superación en pro del mejoramiento del servicio.

También es importante mencionar que en el mismo se trabaja en el área de análisis veterinarios contribuyendo en definitiva al mejoramiento del estatus sanitario regional al tratarse de que el mismo se encuentra emplazado en el corazón de una basta zona agro productiva.
Por tanto entendemos necesario y así lo estamos planteando por medio de esta exposición, declarar este laboratorio como LABORATORIO REGIONAL.

Entendemos que en el centenario del Hospital de Florida y como reafirmación de la calidad de sus servicios, ésta es la mejor ocasión para expresar este merecido reconocimiento.

Juan Justo Amaro. Senador."

"Montevideo, julio 15 de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Técnico Agropecuario Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

De conformidad con el artículo 172 del Reglamento de esta Cámara, quiero plantear la incuestionablemente exitosa operación militar de las Fuerzas Armadas de Colombia que ha arrojado luz sobre el oscuro panorama de la tremenda guerra que vive ese país. Y no debe tenerse duda alguna acerca de que se trata de algo más que un alarde de profesio-nalismo, perseverancia, seria logística, poderosa inteligencia, planificación y lucidez en la aplicación político y militar.

En los últimos cincuenta años, América ha visto instalarse y desarrollarse a las nefastas teoria y praxis de la destrucción del sistema democrático. Escuelas de subversión y sabotaje, y de intervención en los asuntos internos de los demás países del continente.

Quizás no haya sido el menor de los éxitos de esta fuerza negativa el lograr establecer dobles criterios de consideración ética. Así lo que en un extremo del espectro político se condenaba y con razón en las dictaduras militares, en el otro se justificaba y justifica hasta el día de hoy a pesar de los atropellos a los derechos humanos, de la negación del sistema democrático y de la conculcación de los derechos ciudadanos.

Apelando a este modo parcial y maniqueo, en todo el mundo se construyeron visiones sesgadas de mirar las cosas y, en consecuencia y consecuentes, aparecieron grupos políticos para los cuales no había un sistema de medida parejo para las violaciones al derecho, a las constituciones, y a las garantías mínimas de los ciudadanos.

Esa hemiplejia política ha estado presente entre nosotros por largo tiempo, y tuvimos que soportar -incluso algunas subsisten- a organizaciones de todo tipo que aplaudían la acción de las guerrillas y hasta se procuró implantarlas, trasplantando la experiencia con sus mitos sin fundamento y sus ritos de tortura y muerte a nuestra vida ciudadana.

Todo ello bajo un manto de comprensión y justificación que, aunque no resiste el más leve análisis, se convirtió en una suerte de evangelio de las teorías llevadas a la práctica. En España, Alemania, América Central y del Sur se sembró el odio del cual son herederas las temibles y ahora alicaídas FARC. Su más lejano origen está en diferencias políticas internas dentro de un país que llegó a llamar a un período de su historia "la violencia". Pero Colombia ya ha padecido a estas siniestras fuerzas durante demasiado tiempo, mientras que esa orgía de sangre y privaciones de libertad se ha extendido desde lo pretendidamente político o ideológico hacia el campo claramente delictivo.

Sin duda, el tenue disfraz con el que se ha pretendido disimular los verdaderos propósitos de esa acción resulta penosamente escaso para ocultar la cruda realidad de una organización basada en el secuestro y el comercio de droga.

Colombia ha visto instalarse al miedo en todos los ámbitos de la vida cotidiana, y las FARC han logrado la ocupación de importantes porciones de territorio, desde donde se extienden tentáculos que incluyen atentados contra gobernantes, militares y la sufrida población. Hubo quienes llegaron a proclamar que estas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, en su ámbito de violencia y de destrucción, estaban formando al "hombre nuevo".

Esa es una típica afirmación de cuño marxista que pretende la tabla rasa, la destrucción de todo lo anterior, como si solamente mediante el arrasamiento de una civilización y una cultura pueda iniciarse un tiempo de renovación del concepto del homo y su cultura, creando una nueva civilización. Muchos fueron los gobiernos colombianos que tuvieron que enfrentar esa fuerza multiplicada en sus efectos nefastos por el hecho de actuar fuera de toda norma y de todo parámetro ético, al tiempo que debieron volcar enormes recursos en gasto militar de la guerra no convencional, que hubieran estado mejor aplicados al desarrollo social.

A su vez, en este enfrentamiento, esas fuerzas se han topado con la fortaleza de carácter de un Presidente que ha demostrado que es capaz de asumir el drama de la Jefatura de Estado en circunstancias extremas, que se puso al frente de una acción denodada para terminar con la inmoral guerrilla, y muestra de que dentro de la ley, con el pulso sereno y la mano firme, no hay crisis que no sea reversible.

Se ha dejado un mensaje positivo en todo el mundo, en el marco de un acontecimiento fortalecedor de los valores, a veces disminuidos, del sistema democrático, que siempre vence cuando detrás de la ley y de la razón hay perfiles de coraje como el demostrado en Colombia. Solicito que mis palabras pasen a: Presidencia de la República; todos los Mi-nisterios y OPP; y Embajada de Colombia en nuestro país.

2) TEMA: IMPORTACION DE FRUTAS Y VERDURAS

Deseo unirme a quienes advierten que se debe estar alerta ante la decisión de importar frutas y verduras. Recuérdese cuando se comenzaron a cerrar industrias en todo el país, con el auge de la importación barata. Bien se sabe lo que se sintió en algunos departamentos, y los que mejor aguantaron la embestida fueron aquellos cuyo sector más fuerte era el agropecuario. Incluso, en 2001 se sufrió el golpe de la aftosa, pero muy rápido se salió adelante, aunque se soporta un dólar barato, que complica y mucho. Ahora se habla de esa importación, sin pensar en que hay mucha mano de obra en las chacras y mucha gente vinculada al sector -barracas, fleteros, repuesteros-.

El día en que esa maquinaria se pare, no va a haber plan de contención que aguante los problemas de la gente. La decisión del gobierno de traer frutas y verduras del exterior tiene como objetivo bajar su costo en aras de mantener contenida a la inflación. Pero desde la Confederación Granjera del Uruguay se afirma que la disposición fue un anuncio para la tribuna, porque hoy los productos de granja tienen los precios más bajos del último año. Aseguran que papa, boniato y zanahoria están en los precios más ínfimos desde hace un año y las manzanas nacionales son las más baratas de toda la región. En cuanto al ajo, afirman que las compras hay que hacerlas a China y están fuera de plazo, arriesgando a generar una sobreoferta cuando el producto llegue al mercado local. Respecto a la cebolla, en los últimos meses ya se estaban realizando importaciones, de modo que no hay demasiada novedad si ahora se abre el mercado. Este tema puede ser mirado desde diferentes ópticas, incluso desde las distintas regiones del país. Pero los actores políticos, gremiales de trabajadores y de productores, comerciantes y empresarios, deben estar alertas pues por pagar un peso menos algún producto ocasionalmente, podemos enfrentar una ola de cesantías de trabajadores de chacras y empresas vinculados a la producción de frutas y hortalizas.

Es más, estas decisiones de la macroeconomía pueden parecer razonables desde un escritorio en la capital montevideana, pero es el momento de mostrar nuestra realidad y evitar se perjudique a un sector clave por desconocimiento de lo que realmente pasa en el interior del país, sobre todo en el rural y profundo.

Pido que la versión taquigráfica de mis términos se remita a: Presidencia de la República; Ministerios de: Ganadería, Agricultura y Pesca, Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, Desarrollo Social, y OPP; Asociaciones y Federaciones Rurales; Confederación Granjera del Uruguay; Centro Comerciales e Industriales; y a los Municipios y Juntas Departamentales y Autónomas de nuestra patria.

También solicito a Usted que se agregue toda esta exposición escrita al Acta en el Diario de Sesiones de esta Cámara Alta.

Sin otro particular saluda al Sr. Presidente muy atte.

Gustavo J. Lapaz. Senador."

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión ordinaria del 9 de julio de 2008, faltaron con aviso los señores Senadores Lorier y Sanguinetti.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Administrativos del 9 de julio, faltó con aviso el señor Senador Lara Gilene.

A la sesión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios del 9 de julio, faltó con aviso la señora Senadora Castro.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 10 de julio, faltaron con aviso los señores Senadores Abreu y Ramela.

A la sesión de la Comisión de Educación y Cultura del 10 de julio, faltó con aviso el señor Senador Sanguinetti.

A la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del 10 de julio, faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar y Gallinal.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del 10 de julio, faltaron con aviso los señores Senadores Lara Gilene y Ramela.

A la sesión de la Comisión de Asuntos Internacionales del 10 de julio, faltó con aviso el señor Senador Sanguinetti.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 14 de julio, faltó con aviso el señor Senador Lorier.

A la sesión de la Comisión Especial de Deporte del 14 de julio, faltaron con aviso los señores Senadores Baráibar y Ríos.

7) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"La señora Senadora Xavier solicita licencia el día 15 de julio".

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de julio de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 17.827, solicito a Usted se me conceda licencia por el día 15 de Julio.

Sin otro particular lo saluda atentamente.

Dra. Mónica Xavier. Senadora."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunica al Cuerpo que la señora Hyara Rodríguez y los señores José Korzeniak, Manuel Núñez, Daniel Olesker, Hugo Rodríguez, Elías Yafalian y Manuel Laguarda han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocada por el período de esta licencia la señora Sara López, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Fernández Huidobro solicita licencia los días 15 y 16 de julio".

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de julio de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted tenga a bien gestionar licencia para el día martes 15 y miércoles 16 de julio de 2008 por razones personales.

Sin otro particular, le saluda atentamente:

E. Fernández Huidobro. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 13. Afirmativa.

Se comunica al Cuerpo que la señora Nora Castro y los señores Héctor Tajam, Eduardo Muguruza y Saúl Posada han presentado notas de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que queda convocado el señor Carlos Gamou, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Ríos solicita licencia del 10 de julio al 8 de setiembre de 2008, inclusive".

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 14 de julio de 2008.

Sr. Presidente del Senado

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Cuerpo se me otorgue licencia a partir del día 10 de julio del corriente año hasta el 8 de setiembre de 2008 inclusive. Solicito se convoque a mi suplente correspondiente, de conformidad con el literal A) del artículo 1º de la Ley Nº 17.827. Adjunto certificado médico comprobante.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.

Dr. Eduardo Ríos. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-12 en 14. Afirmativa.

Queda convocado el suplente respectivo.

Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Cid solicita licencia por el día 16 de julio".

Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 16 de julio de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

Presente.-

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente solicito al Sr. Presidente se me conceda licencia al Cuerpo el día 16 de julio del mes corriente, por razones personales, y se convoque al suplente correspondiente.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar al Señor Presidente.

Alberto Cid. Senador"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

-13 en 14. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al señor Milton Antognazza.

8) ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR. POSIBLES EFECTOS EN LA SALUD HUMANA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Muchas gracias, Señor Presidente.

"Quiero referirme al debate instalado en diversos países, incluido Uruguay, sobre la ubicación de las antenas de telefonía celular y las posibles consecuencias en la salud humana.

Vecinos de varias zonas de la ciudad de Salto han manifestado preocupación por la ocurrencia de algunas enfermedades, entre ellas cáncer. Han contabilizado en nueve meses ocho casos -sí ocho- en 150 metros a la redonda de esas antenas.

Según informes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, hay relación entre estas tecnologías y la presencia de leucemia, afecciones de la piel y enfermedades respiratorias, constatándose además que los marcapasos sufren alteraciones. Por otra parte, ingenieros de las grandes empresas de telefonía celular sostienen que no producen daño.

Sin certeza sobre eventuales daños, la preocupación existe, la gente está realmente preocupada. Los vecinos y algunos facultativos insisten en que en varios países de Europa se adoptó el principio de precaución y se sacaron las antenas de las ciudades llevándolas al medio rural.

En ese sentido, creo que deberían evaluarse los costos de ese traslado, considerando la tranquilidad social que daría a los habitantes de esas zonas, posiblemente afectados por la actividad de esas antenas.

En vistas a concretar tal iniciativa -evaluación y eventual traslado- deseo que mis palabras sean trasmitidas a la Presidencia de la República; a los Ministerios de: Salud Pública, de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a ANTEL; a ANCEL, Movistar y Claro; a la Universidad de la República; a la Facultad de Medicina; al INAU; a las Comisiones de Salud Pública de ambas Cámaras y a los Gobiernos y Juntas Departamentales y Autónomas de nuestra patria".

9) HERMANDAD EN PUENTE FRAY BENTOS-PUERTO UNZUE

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema en la media hora previa, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Quiero hacer referencia a lo ocurrido en oportunidad de una reunión binacional en Salto, cuando la delegación argentina pretendió que en la reunión se emitiera un comunicado contra la empresa Botnia.

Esto implicaba asumir tal postura como una definición política del encuentro y, frente a ella, un empresario afirmó que ‘de este lado no nos metemos en política’ y terminó su alocución tomando como lema de su respuesta la frase: ‘La hermandad no sólo se habla, se cultiva’, ya que los comerciantes argentinos habían usado la palabra ‘hermandad’ en varias oportunidades durante el encuentro.

Luego de la reunión formal, un comerciante argentino comentó que la búsqueda de una manifestación contra Botnia se debe a que en su país ya nadie cree en el eventual éxito y en la pertinencia de la protesta basada en el corte del paso por el puente General San Martín que une Fray Bentos con Gualeguaychú.

A esta altura, más que pensar en declaraciones de ese tipo, sería bueno pensar en concretar iniciativas que aseguren el libre tránsito de personas y bienes entre los dos países, resultado que es de esperar sea alcanzado rápidamente.

En respaldo a tal logro quiero que mis dichos sean enviados a la Presidencia de la República; a los Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, de Desarrollo Social y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Embajada y Consulados argentinos en Uruguay; a los Centros Comerciales e Industriales del litoral; a las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país".

10) PUENTE PAYSANDU-COLON. FALTA DE PERSONAL

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema en la media hora previa, continúa en el uso de la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Deseo traer a este recinto la preocupación de los usuarios por las carencias de la Oficina de Migraciones que funciona en el puente General Artigas y, en particular, por la falta de funcionarios en esa dependencia.

Esto trae aparejado que el servicio no sea acorde a las necesidades de una repartición de esas características.

Solo dos funcionarios atienden las casetas de entrada y salida de personas del país -peatones, viajeros en autos particulares, incluyendo turistas y pasajeros de ómnibus-, lo que hace imposible el buen funcionamiento de la unidad inspectiva.

La Ley de Rendición de Cuentas dispuso el ingreso de diez nuevos funcionarios para la Unidad Ejecutora, de los cuales cinco tendrían como destino Paysandú.

Sin embargo, a este control no se sumó ningún funcionario y, al contrario, sí se agregó trabajo, ya que desde marzo la oficina se encuentra conectada a la Red Sistema RAMM (Registro y Auditoría de Movimientos Migratorios).

Para evitar largas colas en el puente internacional General Artigas, es necesario el inmediato nombramiento de funcionarios para este cruce fronterizo, por lo que pido que mis palabras se remitan a la Presidencia de la República; a los Ministerios de: Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, del Interior y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a la Dirección Nacional de Migraciones; a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); y a los Gobiernos Departamentales y Juntas Autónomas de nuestro Uruguay".

Muchas gracias Señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador Lapaz.

(Se votan:)

-12 en 12. Afirmativa. UNANIMIDAD.

11) ARCHIVO DE CARPETAS

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en nombre de la Comisión de Constitución y Legislación, solicitamos que se envíen al archivo las siguientes carpetas: 99/2005; 101/2005; 115/2005; 117/2005; 125/2005; 131/2005; 138/2005; 168/2005; 205/2005; 237/2005; 238/2005; 241/2005; 247/2005; 350/2005; 351/2005; 368/2005; 390/2005; 438/2005; 458/2006; 494/2006; 500/2006; 522/2006; 572/2006; 638/2006; 653/2006; 683/2006; 700/2006; 702/2006 y 898/2007.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

-13 en 13. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Presidencia hace notar el escaso quórum con que está sesionando el Cuerpo que, de mantenerse, no lo habilitaría a votar proyecto de ley alguno.

12) LICENCIAS ESPECIALES PARA TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PRIVADA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa al Orden del Día con la consideración del asunto que figura en primer término: "Proyecto de ley por el que se otorgan a los trabajadores de la actividad privada licencias especiales para determinadas situaciones. (Carp. Nº 1142/08 - Rep. Nº 777/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1142/08

Rep. N° 777/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°. (Ambito de aplicación).- Todos los trabajadores de la actividad privada, tendrán derecho a las licencias especiales, con goce de sueldo, que establece la presente ley.

Constituyen derechos mínimos de los trabajadores y no podrán ser descontados del régimen general de licencias.

La fecha para el goce de las mismas será de libre disponibilidad del trabajador dentro de las previsiones que señala esta ley para cada caso.

Artículo 2°. (Licencia por estudio).- Se establece una licencia especial de dieciocho días por año civil, con un máximo de seis días por examen o prueba de revisión, evaluación o similares, que podrá ser utilizada por aquellos empleados que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 3°. (Obligatoriedad de preaviso).- Para gozar del derecho previsto en el artículo 2° de la presente ley los trabajadores deberán realizar, un aviso previo y fehaciente al empleador con un plazo mínimo de diez días hábiles.

El no cumplimiento del aviso en el plazo establecido dará el derecho al empleador a negar la licencia especial solicitada.

Artículo 4°. (Documentación a presentar).- Quienes hubieran gozado de la licencia a que refiere el artículo 2° de la presente ley, deberán justificar ante el empleador mediante la presentación de certificado expedido por el Instituto en el cual cursen sus estudios, haber rendido sus pruebas o exámenes.

La no presentación de la documentación referida en el inciso precedente implicará la pérdida del derecho a solicitar nuevamente este tipo de licencia por el término de un año y habilitará a su empleador a descontar de los haberes mensuales los días solicitados, como si se tratare de inasistencias sin previo aviso.

Para obtener la licencia a que refiere el artículo 2° de la presente ley, quienes la solicitaren por primera vez, deberán justificar estar inscriptos en los cursos respectivos, con el certificado correspondiente expedido por la institución de que se trate. En los años sucesivos deberá acreditarse el haber aprobado por lo menos un examen o curso, suspendiéndose el ejercicio del derecho a tal licencia en el año posterior a aquel en que no hubiera cumplido con dicha condición. El derecho se restablecerá al año siguiente.

Artículo 5°. (Licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva).- En ocasión del nacimiento de sus hijos, los padres que se encuentren comprendidos en el artículo 1° de la presente ley tendrán derecho a una licencia especial que comprenderá el día del nacimiento y los dos días siguientes.

En un plazo máximo de veinte días hábiles deberá acreditar el hecho ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 6°. (Licencia por matrimonio).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días por matrimonio. Uno de los tres días deberá necesariamente coincidir con la fecha en que se celebra el mismo.

Los trabajadores que utilicen la licencia especial prevista en este artículo deberán realizar un aviso fehaciente al empleador, de la fecha de casamiento en un plazo mínimo de treinta días previos al mismo. Este plazo podrá reducirse cuando por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo.

En un plazo máximo de treinta días deberá acreditar el acto de celebración del matrimonio ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 7°. (Licencia por duelo).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días hábiles con motivo del fallecimiento del padre, madre, hijos, cónyuge, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos y hermanos.

La acreditación del hecho así como la sanción por no hacerlo se regirá por lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° de la presente ley.

Artículo 8°. (Orden público).- Las licencias reguladas en la presente ley deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

Tampoco será válido ningún pacto o convenio a través del cual se renuncie a las mismas, pero en el caso de trabajadores que acordaren o hubieren acordado regímenes más favorables se estará a lo dispuesto en éstos.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por la presente ley generará derecho a salario vacacional.

Sala de la Comisión 3 de julio de 2008.

Víctor Vaillant, (Miembro Informante); Isaac Alfie, (Con salvedades); Alberto Cid, Susana Dalmás, Julio Lara Gilene, Romeo Pérez Antón, Luis Oliver. Senadores.

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Ambito de aplicación).- Todos los trabajadores de la actividad privada, tendrán derecho a las licencias especiales, con goce de sueldo, que establece la presente ley.

Constituyen derechos mínimos de los trabajadores y no podrán ser descontadas del régimen general de licencias.

La fecha para el goce de las mismas será de libre disponibilidad del trabajador dentro de las previsiones que señala esta ley para cada caso.

Artículo 2°. (Licencia por estudio).- Se establece una licencia especial de doce días por año civil, con un máximo de seis días por examen o prueba de revisión, evaluación o similares, que podrá ser utilizada por aquellos empleados que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 3°. (Obligatoriedad de preaviso).- Para gozar del derecho previsto en el artículo 2° de la presente ley los trabajadores deberán realizar, sin excepción, un aviso previo y fehaciente al empleador con un plazo mínimo de diez días hábiles.

El no cumplimiento del aviso en el plazo establecido dará el derecho al empleador a negar la licencia especial solicitada.

Este plazo podrá reducirse cuando por razones de fuerza mayor no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo, debiendo hacerlo con la mayor antelación posible.

Artículo 4°. (Documentación a presentar).- Quienes hubieren gozado del beneficio establecido en el artículo 2° deberán acreditar ante el empleador haber rendido sus pruebas o exámenes, dentro del mes siguiente al último día de esta licencia, mediante la presentación de certificado expedido por el Instituto en el cual cursen sus estudios.

La no presentación de la documentación referida en el inciso precedente implicará la pérdida del derecho a solicitar nuevamente este tipo de licencia por el término de un año y habilitará a su empleador a descontar de los haberes mensuales los días solicitados, como si se tratare de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 5°. (Licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva).- En ocasión del nacimiento de sus hijos, los padres que se encuentren comprendidos en el artículo 1° de la presente ley tendrán derecho a una licencia especial que comprenderá el día del nacimiento y los dos días hábiles siguientes.

En un plazo máximo de viente días hábiles deberá acreditar el hecho ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 6°. (Licencia por matrimonio).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días por matrimonio. Uno de los tres días deberá necesariamente coincidir con la fecha en que se celebra el mismo.

Los trabajadores que utilicen la licencia especial prevista en este artículo deberán realizar un aviso fehaciente al empleador, de la fecha de casamiento en un plazo mínimo de treinta días previos al mismo. Este plazo podrá reducirse cuando por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo.

En un plazo máximo de treinta días deberá acreditar el acto de celebración del matrimonio ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 7°. (Licencia por duelo).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días hábiles con motivo del fallecimiento del padre, madre, hijos, cónyuge, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos y hermanos.

La acreditación del hecho así como la sanción por no hacerlo se regirá por lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° de la presente ley.

Artículo 8°. (Orden público).- Las licencias reguladas en la presente ley deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

Tampoco será válido ningún pacto o convenio a través del cual se renuncie a las mismas, pero en el caso de trabajadores que acordaren, o hubieren acordado regímenes más favorables se estará a lo dispuesto en éstos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 9 de abril de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

Comisión de

Legislación del Trabajo

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo eleva a consideración del Plenario un proyecto de ley referente a las licencias de los trabajadores de la actividad privada, cuya iniciativa corresponde a varios señores Legisladores.

El mismo tiende en su parte medular a llenar un vacío existente en nuestra legislación, con respecto al derecho de los trabajadores de la actividad privada a gozar bajo determinadas circunstancias de licencias especiales.

Es la búsqueda incesante de acompasar nuestra legislación laboral con la de los países más desarrollados en este tema, la que ha motivado que se trabajara en este tema y acordara el proyecto que se envía.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Legislación del Trabajo aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que informa.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2007.

Jorge Pozzi, Miembro Informante; Tabaré Hackenbruch Legnani, Ivonne Passada.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Ambito de aplicación).- Todos los trabajadores de la actividad privada, tendrán derecho a las licencias especiales, con goce de sueldo, que establece la presente ley.

Constituyen derechos mínimos de los trabajadores y no podrán ser descontados del régimen general de licencias.

La fecha para el goce de las mismas será de libre disponibilidad del trabajador dentro de las previsiones que señala esta ley para cada caso.

Artículo 2°. (Licencia por estudio).- Se establece una licencia especial de doce días por año civil, con un máximo de seis días por examen o prueba de revisión, evaluación o similares, que podrá ser utilizada por aquellos empleados que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 3°. (Obligatoriedad de preaviso).- Para gozar del derecho previsto en el artículo 2° de la presente ley los trabajadores deberán realizar, sin excepción, un aviso previo y fehaciente al empleador con un plazo mínimo de diez días hábiles.

El no cumplimiento del aviso en el plazo establecido dará el derecho al empleador a negar la licencia especial solicitada.

Este plazo podrá deducirse cuando por razones de fuerza mayor no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo, debiendo hacerlo con la mayor antelación posible.

Artículo 4°. (Documentación a presentar).- Quienes hubieren gozado del beneficio establecido en el artículo anterior deberán acreditar ante el empleador haber rendido sus pruebas o exámenes, dentro del mes siguiente al último día de esta licencia, mediante la presentación de certificado expedido por el Instituto en el cual cursen sus estudios.

La no presentación de la documentación referida en el inciso precedente implicará la pérdida del derecho a solicitar nuevamente este tipo de licencia por el término de un año y habilitará a su empleador a descontar de los haberes mensuales los días solicitados.

Artículo 5°. (Licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva).- En ocasión del nacimiento de sus hijos, los padres que se encuentren comprendidos en el artículo 1° de la presente ley tendrán derecho a una licencia especial que comprenderá el día del nacimiento y los dos días hábiles siguientes.

En un plazo máximo de veinte días hábiles deberá acreditar el hecho ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 6°. (Licencia por matrimonio).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días por matrimonio. Uno de los tres días deberá necesariamente coincidir con la fecha en que se celebra el mismo.

Los trabajadores que utilicen la licencia especial prevista en este artículo deberán realizar un aviso fehaciente al empleador, de la fecha de casamiento en un plazo mínimo de treinta días previos al mismo. Este plazo podrá reducirse cuando por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo.

En un plazo máximo de treinta días deberá acreditar el acto de celebración del matrimonio ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 7°. (Licencia por duelo).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días hábiles con motivo del fallecimiento del padre, madre, hijos, cónyuge, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos y hermanos.

La acreditación del hecho así como la sanción por no hacerlo se regirá por lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° de la presente ley.

Artículo 8°. (Orden público).- Las licencias reguladas en la presente ley deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

Tampoco será válido ningún pacto o convenio a través del cual se renuncie a las mismas, pero en el caso de trabajadores que acordaren o hubieren acordado regímenes más favorables se estará a lo dispuesto en éstos.

Sala de la Comisión, 4 de diciembre de 2007.

Jorge Pozzi, Miembro Informante; Tabaré Hackenbruch Legnani, Ivonne Passada.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Este proyecto de ley puesto a consideración del Parlamento Nacional viene a suplir el vacío legal existente en nuestro país con respecto al derecho de los trabajadores de la actividad privada a gozar bajo determinadas circunstancias de licencias especiales.

Está ampliamente desarrollado en nuestra sociedad el concepto que Uruguay supo ser un ejemplo y vanguardia en la legislación social en general y en la legislación de protección de derechos de los trabajadores en particular.

Sin embargo esto hoy es más parte del mito que de la realidad ya que nuestra sociedad se encuentra lamentablemente en una situación de rezago considerable en el reconocimiento y la ampliación de dichos derechos incluso a nivel regional o continental; este proyecto de ley es también un aporte en la recuperación de la avanzada en los derechos sociales de nuestros trabajadores.

I) Disposiciones generales y ámbito de aplicación.

El proyecto comienza con la definición del ámbito de aplicación del mismo y define con precisión las características generales que tendrán estas licencias especiales.

En el artículo 1° establece que la ley alcanzará a todos los trabajadores de la actividad privada afiliados al Banco de Previsión Social.

Las licencias especiales serán con goce de sueldo y no podrán ser descontadas del régimen general de licencias que se encuentra previsto en la Ley N° 12.353 con sus modificativas y concordantes.

Se define que los derechos contenidos en el proyecto de ley serán considerados como derechos mínimos de los trabajadores. Esto está íntimamente ligado a las disposiciones generales previstas en el artículo 8° donde se establece la prohibición de sustituir las licencias especiales por salario o cualquier otra compensación, a su vez tampoco será válido y se considerará absolutamente nulo cualquier convenio o pacto por el cual se renuncie a las mismas.

En consonancia con la definición dada en el primer artículo, en cuanto a considerar como mínimos los derechos contenidos en el proyecto, al final del artículo 8° se establece que los trabajadores que hubiesen acordado o acordaren regímenes más favorables que los previstos en la norma se estará a lo dispuesto en éstos.

Estos principios de irrenunciabilidad y de especificidad que informan todo el proyecto son los pilares del régimen que se instaura con la creación de forma sistémica y en una sola norma de las licencias especiales para los trabajadores de la actividad privada.

II) Licencia por estudios.

Los artículos 2°, 3° y 4° están referidos a la regulación de la licencia especial por estudio.

Tomando en cuenta los elementos expresados en las disposiciones generales en el artículo 2° se establecen doce días de licencia con un máximo de tres por prueba, examen, revisión o similar que el estudiante trabajador tenga. El artículo 3° define la documentación a presentar y el plazo para el mismo así como las consecuencias de su no presentación y el artículo 4° dispone la obligatoriedad del preaviso al empleador para que éste pueda realizar las necesarias previsiones del caso y las consecuencias para el trabajador en el caso de no cumplir con esta carga.

No es necesario ahondar mucho en las razones que fundamentan el otorgar al protección legal al derecho de los trabajadores a tener las condiciones para desarrollar sus estudios.

En nuestro país donde existe un gran consenso sobre la importancia de la educación, de lo que significa el mejoramiento del personal para una empresa y la necesidad de apostar a la excelencia y calidad en todos los ámbitos del desarrollo nacional es indudable que esta disposición contará con el apoyo decidido de la gran mayoría de los ciudadanos y de los actores económicos.

Es importante destacar que otra razón poderosa para impulsar este proyecto y en particular esta licencia especial es la profunda inequidad existente entre las condiciones de los funcionarios públicos y los trabajadores de la actividad privada con respecto a las licencias especiales en general y por estudio en particular, actualmente de acuerdo a la Ley N° 16.104 en sus artículos 33 y 34, los funcionarios públicos cuentan con una licencia complementaria por estudio de 30 (treinta) días hábiles, los trabajadores privados ninguno.

III) Licencia por paternidad.

El artículo 5° establece el derecho a la licencia por paternidad y las obligaciones del trabajador para ejercer el mismo.

En este caso la inequidad de los trabajadores privados con los públicos es aún mayor ya que de acuerdo a lo establecido por el artículo 29 de la Ley N° 16.104, en la redacción dada por el artículo 26 de la Ley N° 17.930 (Ley de Presupuesto) los funcionarios padres tienen derecho a diez días hábiles mientras que los privados hoy no tienen ningún día de licencia reconocido a nivel legal.

La importancia de otorgar el derecho de unos días de licencia a los padres es, no sólo de estricta justicia con el mismo sino también en el bebé recién nacido y en el comienzo de la paternidad.

Es pacífico entre los pediatras destacar la importancia del involucramiento de la figura paterna desde el comienzo y es considerado un aporte indudable para el bebé, el padre y la madre.

La decisión de otorgar tres días como derecho mínimo de los trabajadores se tomó como un comienzo del proceso en Uruguay, tomando como base la mayoría de los acuerdos colectivos, para ir aumentando en el futuro cuando se universalice este derecho.

IV) Licencia por matrimonio.

El artículo 6° regula y establece el derecho de licencia especial por motivo del matrimonio con las características generales de las licencias especiales creadas en este proyecto de ley.

También en este caso la diferencia de situación entre los trabajadores públicos y privados es enorme; los primeros tienen, de acuerdo a la Ley N° 16.104, en su artículo 32 la cantidad de 15 (quince) días a partir de la celebración y los privados ninguno.

El proyecto establece un mínimo de tres días hábiles y la obligación de que por lo menos un día, debe ser el de la celebración del mismo.

V)Licencia por duelo.

El artículo 7° establece el derecho a una licencia especial por el fallecimiento de un familiar directo que de forma taxativa establece el artículo.

Razones obvias de humanidad respaldan la pertinencia de la licencia por duelo y de la importancia del mismo.

En definitiva este proyecto de ley viene a suplir un gran vacío que existe en nuestro ordenamiento jurídico y a comenzar a recuperar el terreno perdido por nuestra sociedad en general y por los derechos de los trabajadores en particular, en los últimos cuarenta años del país, a su vez se busca con equilibrio y sensatez dar los primeros pasos en la dirección correcta de establecer los derechos mínimos de los trabajadores con fuerza de ley y dejar abierta la posibilidad que sean mejorados a través de la negociación colectiva.

Montevideo, 25 de abril de 2007.

Diego Cánepa, Representante por Montevideo; Roque F. Ramos Espíndola, Representante por Montevideo; Horacio Yanes, Representante por Canelones; Gustavo Bernini, Representante por Montevideo; Edgardo Ortuño, Representante por Montevideo, Juan Andrés Roballo, Representante por Montevideo.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 85

En Montevideo, el día tres de julio de dos mil ocho, a la hora dieciséis y cincuenta minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus Miembros, los señores Senadores Isaac Alfie, Julio C. Lara Gilene, Luis Oliver y Romeo Pérez.

Preside el señor Senador Víctor Vaillant Presidente de la Comisión.

Falta con aviso la señora Senadora Susana Dalmás.

Asiste el señor Director de Area Gestión Legislativa, César González.

Actúan en Secretaría las señoras Gabriela Gazzano y Dinorah Amato Secretarias de Comisión.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2583/2008, que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADOS:

1. Carpeta N° 1213/2008. Funcionarios Eventuales de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Se autoriza la celebración de contratos de función pública con carácter permanente. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 2569/2008.

2. Carpeta N° 1214/2008. Extensión del Subsidio por desempleo a trabajadores de BAO. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender el subsidio. Distribuido N° 2571/2008.

3. La Junta Departamental de Maldonado, remite Oficio 294/2008, adjuntando la versión taquigráfica de la Comisión de Trabajo, relacionado con las condiciones laborales del personal de la firma Polakof y Cía. y FUECI.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1. Carpeta N° 1142/2008. Trabajadores de la actividad pri-vada. Licencias especiales. Otorgamiento. Distribuido N° 2394/2008.

Se consideran los artículos 1° a 8° inclusive:

Artículo 1°. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 2°. Se vota: 5 en 6. Afirmativa. Aprobado con modificaciones. El Senador Alfie solicita dejar en actas su voto discorde por considerar que el texto aprobado provocará efectos adversos.

Artículo 3°. Se vota: 6 en 6. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 4°. Se considera por incisos.

Se vota inciso 1°: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Se vota inciso 2°: 4 en 5. Afirmativa. Aprobado con modificaciones.

Se vota inciso 3°: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 5°. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Artículo 6°. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 7°. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado sin modificaciones.

Artículo 8°. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Aprobado con modificaciones.

Se designa como Miembro Informante al señor Senador Víctor Vaillant. Informe Verbal.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO APROBADO POR LA COMISION.

"Artículo 1°. (Ambito de aplicación).- Todos los trabajadores de la actividad privada, tendrán derecho a las licencias especiales, con goce de suelo, que establece la presente ley.

Constituyen derechos mínimos de los trabajadores y no podrán ser descontadas del régimen general de licencias.

La fecha para el goce de las mismas será de libre disponibilidad del trabajador dentro de las previsiones que señala esta ley para cada caso.

Artículo 2°. (Licencia por estudio).- Se establece una licencia especial de dieciocho días por año civil, con un máximo de seis días por examen o prueba de revisión, evaluación o similares, que podrá ser utilizada por aquellos empleados que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 3°. (Obligatoriedad de preaviso).- Para gozar del derecho previsto en el artículo 2° de la presente ley los trabajadores deberán realizar, un aviso previo y fehaciente al empleador con un plazo mínimo de diez días hábiles.

El no cumplimiento del aviso en el plazo establecido dará el derecho al empleador a negar la licencia especial solicitada.

Artículo 4°. (Documentación a presentar).- Quienes hubieran gozado de la licencia a que refiere el artículo 2° de la presente ley, deberán justificar ante el empleador mediante la presentación de certificado expedido por el instituto en el cual cursen sus estudios, haber rendido sus pruebas o exámenes.

Para obtener la licencia a que refiere el artículo 2° de la presente ley, quienes la solicitaren por primera vez, deberán justificar estar inscriptos en los cursos respectivos, con el certificado correspondiente expedido por la institución de que se trate. En los años sucesivos deberá acreditarse el haber aprobado por lo menos un examen o curso, suspendiéndose el ejercicio del derecho a tal licencia en el año posterior a aquel en que no hubiera cumplido con dicha condición. El derecho se restablecerá el año siguiente.

La no presentación de la documentación referida en el inciso precedente implicará la pérdida del derecho a solicitar nuevamente este tipo de licencia por el término de un año y habilitará a su empleador a descontar de los haberes mensuales los días solicitados, como si se tratare de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 5°. (Licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva).- En ocasión del nacimiento de sus hijos, los padres que se encuentren comprendidos en el artículo 1° de la presente ley tendrán derecho a una licencia especial que comprenderá el día del nacimiento y los dos días siguientes.

En un plazo máximo de veinte días hábiles deberá acreditar el hecho ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 6°. (Licencia por matrimonio).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días por matrimonio. Uno de los tres días deberá necesariamente coincidir con la fecha en que se celebra el mismo.

Los trabajadoresa que utilicen la licencia especial prevista en este artículo deberán realizar un aviso fehaciente al empleador, de la fecha de casamiento en un plazo mínimo de treinta días previos al mismo. Este plazo podrá reducirse cuando por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo.

En un plazo máximo de treinta días deberá acreditar el acto de celebración del matrimonio ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

Artículo 7°. (Licencia por duelo).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días hábiles con motivo del fallecimiento del padre, madre, hijos, conyuge, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos y hermanos.

La acreditación del hecho así como la sanción por no hacerlo se regirá por lo dispuesto en el inciso final del artículo 6° de la presente ley.

Artículo 8°. (Orden público).- Las licencias reguladas en la presente ley deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

Tampoco será válido ningún pacto o convenio a través del cual se renuncie a las mismas, pero en el caso de trabajadores que acordaren o hubieren acordado regímenes más favorables se estará a lo dispuesto en éstos.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por la presente ley generará derecho a salario vacional."

RESOLUCIONES:

1. Se resuelve postergar para la próxima sesión la con-sideración de la Carpeta N° 1053/2008. Negociación Colectiva del Sector Público. Se establecen normas. Distribuido N° 2251/2008.

2. Se resuelve aceptar la postergación solicitada por el Congreso de Intendentes para el próximo jueves diecisiete de julio, a fin de conocer la opinión de dicho Congreso sobre la Carpeta N° 945/2007. Trabajo de Peones Prácticos y Obreros No Especializados. Se regula su distribución en obras efectuadas por el Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Distribuido N° 2041/2008, que se encuentra a estudio de esta Asesora.

A la hora dieciocho y veintiocho minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Víctor Vaillant Presidente

Gabriela Gazzano Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: este es un proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Representantes en el mes de abril de 2007. Esa Cámara lo aprobó en abril de 2008 y, por tanto, pasó al Senado; a su vez, el Plenario lo derivó a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social la que, luego de analizarlo, lo elevó nuevamente al Cuerpo para su aprobación.

Esencialmente, se trata de un proyecto de ley que pretende otorgar licencias especiales a los trabajadores de la actividad privada -beneficio del que hoy gozan casi exclusivamente los funcionarios públicos- para los casos, fundamentalmente, de estudio, pero también licencias especiales menores para las circunstancias de nacimiento, casamiento o fallecimiento.

Como acabamos de señalar, en el ámbito privado no existe una norma que regule esta situación, si bien en algunos casos hay sectores empresariales que otorgan licencias especiales a sus trabajadores, ya sea por propia voluntad o por exigencias de convenios que así lo establecen. Sin embargo, la inmensa mayoría de los trabajadores de la actividad privada no goza de ese beneficio y sólo podrían acceder a él en la medida en que una norma lo haga obligatorio.

Este proyecto de ley, además de hacer justicia en lo que tiene que ver con la situación de igualdad de trabajadores de la actividad privada con funcionarios públicos, también da respuesta a otra necesidad del presente de nuestra sociedad. Cada vez más aparece nítidamente la conveniencia de que los trabajadores se capaciten para acceder a puestos de trabajo. Recientes datos aportados por relevamientos hechos por el Instituto Nacional de Estadística indican que la desocupación sigue descendiendo en el país, de modo que a nivel nacional está apenas por encima del 7%, mientras que en Montevideo se ubica por debajo de ese porcentaje. Junto con ello, aporta otros datos que nos permiten entender que será bastante difícil continuar bajando ese índice, en tanto comienza a aparecer una desocupación estructural. Me refiero a que ese promedio de alrededor del 7% de desocupación llega a niveles mucho más bajos en determinadas áreas del quehacer, en empleos fundamentalmente calificados, en donde en algunos casos hay plena ocupación, pero aumenta significativamente en aquellos sectores de la población que no tienen la capacitación mínima para acceder a los puestos de trabajo que se van creando en el mundo moderno. Por lo tanto, la formación tiene que ver con la posibilidad real de poder acceder a puestos de trabajo en el presente y más aún en el futuro.

En tal sentido, la norma no sólo pretende hacer justicia e ir acercando la situación de los trabajadores privados con la de los públicos, sino que también da respuestas a una necesidad de toda la sociedad, habilitando a que los jóvenes que estudian no tengan que dejar de hacerlo para trabajar cuando su situación económica así lo exige. Asimismo, habilita a que quienes hoy son trabajadores y sienten la necesidad de formarse y tienen la posibilidad de hacerlo, lo lleven a cabo amparados por una norma que, de alguna manera, les facilite los estudios del caso.

El proyecto de ley establece una licencia para quienes trabajan y estudian. El texto original que venía de la Cámara de Representantes establecía doce días de licencia a esos efectos, pero la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado resolvió modificar esa cifra y llevarla a dieciocho días. Lo hizo teniendo en cuenta, fundamentalmente, dos aspectos: el primero, que los trabajadores de la actividad pública gozan de treinta días; y, el segundo, que quienes hacen el esfuerzo de estudiar trabajando y, por ende, realizan un esfuerzo adicional, encuentran más dificultades para presentarse a los exámenes y tener la alternativa de salvarlos. Esta modificación fue introducida porque la Comisión consideró que doce días eran exiguos, por lo que propone a este Plenario llevarla a dieciocho días, que serán utilizables en forma fraccionada y en cantidad no mayor de seis días por examen, lo que se hará naturalmente con la voluntad del trabajador estudiante.

Además, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social ha introducido otra modificación al proyecto de ley que, de alguna manera, exige una contraparte. En el texto que venía de la Cámara de Representantes se exigía que quienes pretendieran ampararse a esta norma para gozar de la licencia especial por estudio, debían justificar que estaban cursando sus estudios y, asimismo, acreditar la fecha de los exámenes que ameritaban la solicitud correspondiente. Sin embargo, no se establecía ninguna obligación en cuanto a, efectivamente, rendir y aprobar algunos de esos exámenes. Entonces, se entendió conveniente, por un lado, aumentar los días dándoles mayores posibilidades y, por otro, establecer una exigencia que protegiera del posible mal uso que se pudiera hacer de una norma de estas características. Para ello, a partir de la modificación realizada en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado, se resuelve exigir que hayan salvado por lo menos un examen de los rendidos en el año anterior. En el primer año de estudio, para gozar de este beneficio alcanza con presentar documentación en la que se acredite la condición de estudiante y la fecha de realización de los exámenes; en el segundo año, la persona debe presentar la constancia de que por lo menos uno de los exámenes rendidos el año anterior fue salvado.

A continuación, están las modificaciones más importantes que introdujo la Comisión a este proyecto de ley que vino de la Cámara de Representantes.

El artículo 2º establece el derecho al goce de dieciocho días de esta licencia especial.

Por otro lado, al artículo 3º se le introduce una modificación, en tanto se eliminó un inciso tercero que venía en el texto aprobado por la Cámara de Representantes, porque la Comisión entendió que no era necesario y, además, resultaba contradictorio con el espíritu de esta iniciativa. En este artículo me permito adelantar que a la hora de que este Cuerpo ingrese a la discusión particular del proyecto de ley -si es que resulta aprobado en general-, voy a plantear, luego de una consulta previa que he realizado a los integrantes de la Comisión, una modificación que no proviene de su seno pero que entendemos debe realizarse. Me refiero a que el texto que nosotros mismos modificamos en el ámbito de la Comisión no estaba previsto qué sucedía en el caso de aquellos empleos de carácter transitorio, zafrales o coyunturales, como suele ocurrir en los grandes centros comerciales en ocasión del aumento significativo por las ventas de las fiestas de fin de año o las que suceden eventualmente en zonas balnearias con el incremento del trabajo en los meses de enero y febrero. En aquellos casos en que los empresarios toman trabajadores por uno o dos meses y se vieran obligados a otorgarles la posible licencia especial por dieciocho días en ese período para rendir los exámenes, parecería poco racional. Por lo tanto, nos permitimos sugerir -los compañeros de la Comisión lo han compartido- una modificación que exige los seis meses mínimos de antigüedad en la empresa para gozar de este derecho que le va a conceder el presente proyecto de ley.

El artículo 1º del proyecto de ley refiere al ámbito de aplicación.

Por su parte, el artículo 2º refiere a la licencia por estudio.

El artículo 3º reglamenta la obligatoriedad de preaviso.

El artículo 4º define la documentación a presentar y, justamente, es aquí donde se ha incluido la modificación que exige el haber salvado un examen.

El artículo 5º refiere a la licencia por paternidad, que es de tres días.

Los artículos 6º y 7º aluden a las licencias por matrimonio y por duelo, respectivamente, estableciéndose también tres días en ambos casos.

El artículo 8º establece la condición de orden público y en su inciso final -que fue agregado- define con claridad que "ninguna de las licencias especiales prescriptas por la presente ley generará derecho a salario vacacional". Tengamos en cuenta que este último viene a ser una norma que acompaña una remuneración a la licencia ordinaria para el mejor goce de las vacaciones; sin embargo, en el caso de esta iniciativa no se trata de una licencia para el mejor goce de las vacaciones, sino para los estudios. Por lo tanto, no corresponde que sea incorporado en este proyecto el salario vacacional.

Hasta aquí nuestro informe sobre esta iniciativa.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: ante todo, queremos señalar que en Comisión pretendimos incluir ciertas modificaciones a este proyecto de ley; algunas de ellas fueron recibidas totalmente, otras en forma parcial y otras no fueron aceptadas.

Debemos destacar que estamos totalmente de acuerdo, en general, con lo que la iniciativa establece desde su artículo 5º al final. En realidad, se trata de costumbres nacionales, acontecimientos esporádicos que, además de ser de justicia, a mi entender, no generan ningún tipo de distorsión.

El problema de este proyecto de ley es que hace obligatorio algo que, en general, se realiza por convenio y que atiende básicamente a estudiantes que están desarrollando estudios referidos al trabajo que desempeñan. A nuestro entender, esta iniciativa determinará que, finalmente, no se contrate a determinados muchachos porque una licencia adicional de dieciocho días es demasiado, o que directamente se los contrate con un sueldo menor para que el costo de esos días de licencia se diluya en el año entero.

Además, el artículo 4º establece que se debe haber aprobado un examen o curso, lo que nos parece muy poco exigente. Esto podría ser visto de la siguiente manera, aunque no es exactamente lo mismo. Hay como una beca general que, en este caso, si bien en teoría es pagada por la empresa, en los hechos terminará siendo solventada por el propio asalariado o, en todo caso, en un subsidio cruzado de determinados asalariados a otros. Para tener derecho a dieciocho días de licencia al año siguiente, hay que salvar un solo examen -reitero, uno solo- en el año previo. En una carrera de enseñanza terciaria -cualquiera de ellas, incluso Magisterio o Profesorado- hay de veinticinco a treinta materias; por lo tanto, creemos que exigir la aprobación de una sola es un despropósito y hará que mucha gente pueda querer tener esta licencia casi eterna. El tema es el peligro potencial y no lo efectivo; las empresas encuentran allí un costo contingente muy importante y se cubrirán, castigando a los bien intencionados. En definitiva, no consideramos que sea bueno regular este aspecto por ley, sino a través de convenios colectivos. A nuestro entender, este tipo de disposiciones deben ser acordadas directamente entre las partes y no pueden ser norma general.

Además, en todo caso, observando lo que establece el artículo 2º, advertimos que se incluyen más exigencias pa-ra salvar la enseñanza secundaria básica -algo que deberíamos tener mucho más sólido, por decirlo así- que un estudio de carácter superior. ¿Por qué? Porque en el primer caso hay que salvar el curso entero, no solamente un examen; en cambio, en los demás casos, sí es posible salvar un examen.

En consecuencia, no estamos de acuerdo con el artículo 2º ni con el inciso final del artículo 4º -aunque sí acompañaremos todas las demás disposiciones contenidas en esta norma-; la razón de nuestro voto es clara, es más que factible que se termine perjudicando a quien se busca beneficiar y beneficiando a otros que no se desea. Esta es, repito, la razón de fondo de nuestro rechazo a las disposiciones citadas, y de hecho se trata de algo que en Economía se ve constantemente.

Reiteramos que acompañamos la iniciativa en general, aunque no estamos de acuerdo con lo establecido en los mencionados artículos.

SEÑORA DALMAS.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: hemos analizado y colaborado en la redacción de este proyecto de ley, al igual que los demás señores Senadores que integran la Comisión. Decididamente, vamos a apoyar la iniciativa, porque tenemos la convicción de que hay ciertos derechos que son inherentes a la vida de los trabajadores o buenos para su desarrollo y que, por lo tanto, entendemos que no deben quedar librados al convenio de cada empresa. Creemos que hay un mínimo que debe ser universalizado y establecido en una ley. Así lo ha sido históricamente para los funcionarios públicos, y también deberían acceder a este derecho los trabajadores del sector privado.

Debemos decir que, ciertamente, los datos de la realidad muestran que en las tendencias modernas de relaciones laborales en el Primer Mundo -esto es, el mundo desarrollado-, muchas veces se trata de promover por distintas vías -algunas de ellas tal vez impensables para el Uruguay o América Latina, como por ejemplo, estudios de tipo artístico, de terapia psicológica, etcétera- el cultivo de la personalidad de los trabajadores y el desarrollo de sus posibilidades de educación y progreso permanentes en cuanto a las herramientas necesarias para desempeñar sus tareas. Entonces, realmente me parece que hacemos bien en facilitar la posibilidad de que esto sea así.

A propósito, quiero decir que en el Uruguay -a pesar de que no estamos en el Primer Mundo-, hoy por hoy hay multinacionales que están otorgando diez días de licencia para un solo examen, incluso existiendo la posibilidad de tener tres exámenes más en el año; sé que esto es así porque tengo familiares directos que me lo han hecho saber. Entonces, estamos hablando de un aspecto que es relativo.

En definitiva, me parece bueno que, efectivamente, estas licencias que en la actualidad rigen para los trabajadores públicos -en distintas instrumentaciones-, existan como mínimo para los privados. Obviamente, si alguna empresa quisiera instrumentar licencias mayores por otras razones, lo podría hacer. Este es un mínimo indispensable que se generaliza y universaliza para todos los trabajadores del país.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 1º. (Ambito de aplicación).- Todos los trabajadores de la actividad privada, tendrán derecho a las licencias especiales, con goce de sueldo, que establece la presente ley.

Constituyen derechos mínimos de los trabajadores y no podrán ser descontadas del régimen general de licencias.

La fecha para el goce de las mismas será de libre disponibilidad del trabajador dentro de las previsiones que señala esta ley para cada caso".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 2º (Licencia por estudio).- Se establece una licencia especial de dieciocho días por año civil, con un máximo de seis días por examen o prueba de revisión, evaluación o similares, que podrá ser utilizada por aquellos empleados que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-16 en 19. Afirmativa.

Léase el artículo 3º.

SEÑOR VAILLANT.- ¿Me permite, señor Presidente, antes de que se dé lectura al mencionado artículo?

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: habíamos anunciado que en este artículo íbamos a proponer una modificación por lo que, si le parece conveniente, puedo darle lectura con el agregado que vamos a proponer.

SEÑOR PRESIDENTE.- Me parece correcto, señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- La redacción sería la siguiente: "Artículo 3º. (Obligatoriedad de preaviso).- Para gozar del derecho previsto en el artículo 2º de la presente ley los trabajadores deberán" -aquí incorporamos el nuevo texto- "tener más de seis meses de antigüedad en la empresa y realizar" -y ahora continúa la redacción tal como estaba propuesta- "un aviso previo y fehaciente al empleador con un plazo mínimo de diez días hábiles.

El no cumplimiento del aviso en el plazo establecido dará el derecho al empleador a negar la licencia especial solicitada".

Este es el artículo 3º con la modificación que estamos sugiriendo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 3º con el agregado propuesto por el señor Senador Vaillant.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

Léase el artículo 4º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 4º.- (Documentación a presentar).- Quienes hubieran gozado de la licencia a que refiere el artículo 2º de la presente ley, deberán justificar ante el empleador mediante la presentación de certificado expedido por el instituto en el cual cursen sus estudios, haber rendido sus pruebas o exámenes.

La no presentación de la documentación referida en el inciso precedente implicará la pérdida del derecho a solicitar nuevamente este tipo de licencia por el término de un año y habilitará a su empleador a descontar de los haberes mensuales los días solicitados, como si se tratare de inasistencias sin previo aviso.

Para obtener la licencia a que refiere el artículo 2º de la presente ley, quienes la solicitaren por primera vez, deberán justificar estar inscriptos en los cursos respectivos, con el certificado correspondiente expedido por la institución de que se trate. En los años sucesivos deberá acreditarse el haber aprobado por lo menos un examen o curso, suspendiéndose el ejercicio del derecho a tal licencia en el año posterior a aquel en que no hubiera cumplido con dicha condición. El derecho se restablecerá al año siguiente".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-17 en 20. Afimativa.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: no participé de la discusión general y no he votado estos artículos. Se podrá decir que la licencia por paternidad, adopción, legitimación adoptiva y demás es un derecho que tienen los funcionarios públicos y que de esta forma se quiere equiparar ahora a los privados. No me parece bien esta medida y no creo que sea necesario implementarla. Entiendo que en este país es necesario más trabajo y menos licencia. Lo digo con mucha franqueza, por más que sé que esto no genera simpatías con los funcionarios públicos ni con los demás trabajadores del país. Considero que está mal dar todos estos días de licencia porque, a nuestro juicio, no son necesarios. Digo esto, incluso, discrepando con otros integrantes de mi Bancada.

Quiero dejar establecido claramente que no voy a votar ninguno de estos artículos porque no me parece que sea el camino adecuado cuando precisamos más trabajo y más dedicación. Aclaro que aquí también incluyo a los funcionarios públicos y no sólo a los privados. Si tenemos que equiparar, en todo caso tendríamos que hacerlo al revés, es decir, equiparar los funcionarios públicos a los privados en cuanto al régimen de trabajo que tienen. Los funcionarios tienen una licencia anual que pueden gozar en sus vacaciones, pero no me parece adecuado dar este tipo de licencia por estudios. ¿Cómo hicieron los que ya se han recibido? ¿Tenían licencia? No tenían y, sin embargo, se recibieron.

Repito que no me parece que éste sea un buen camino y, entonces, este fundamento de voto lo hago extensivo al resto de los artículos.

Es todo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el artículo 5º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 5º.- (Licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva).- En ocasión del nacimiento de sus hijos, los padres que se encuentren comprendidos en el artículo 1º de la presente ley tendrán derecho a una licencia especial que comprenderá el día del nacimiento y los dos días siguientes.

En un plazo máximo de veinte días hábiles deberá acreditar el hecho ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: quiero plantear una duda, aunque sé que esto es una exquisitez; supongo que nadie podría entenderlo de una forma distinta. Lo cierto es que cuando se habla de los padres, en plural, alguien podría pensar que estamos hablando del padre y de la madre. Sé que esto puede generar controversias. Naturalmente, la licencia de las madres ya está regida. Entonces, si se pasa el plural a singular y, en lugar de expresar "los padres que se encuentren comprendidos", se establece "el padre que se encuentre comprendido", me parece que quedaría mejor y no daría lugar a ninguna confusión.

Reitero que sé que es una exquisitez. Si los señores Senadores de la Comisión están de acuerdo, perfecto; de lo contrario, queda constancia de mis palabras para que nadie crea que este artículo deroga las licencias maternales.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra para hacer una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- Personalmente, no tengo inconveniente en modificar la redacción porque el espíritu es exactamente el que refiere el señor Senador Michelini. En realidad, pensamos que la redacción había quedado clara, pero aceptamos la sugerencia para despejar cualquier duda que pudiera haber. Como saben los señores Senadores, las madres gozan de licencias especiales mucho más importantes que las de los padres en el caso de nacimientos. Aquí estamos incorporando a los padres varones y, por lo tanto, reitero, no tengo inconveniente en aceptar la modificación que propone el señor Senador Michelini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Entonces, con el cambio del plural por el singular -es decir, "los padres" por "el padre"- y la correspondiente adecuación del resto del inciso, se va a votar el artículo 5º.

(Se vota:)

-19 en 21. Afirmativa.

Léase el artículo 6º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 6º.- (Licencia por matrimonio).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días por matrimonio. Uno de los tres días deberá necesariamente coincidir con la fecha en que se celebra el mismo.

Los trabajadores que utilicen la licencia especial prevista en este artículo deberán realizar un aviso fehaciente al empleador, de la fecha de casamiento en un plazo mínimo de treinta días previos al mismo. Este plazo podrá reducirse cuando por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo.

En un plazo máximo de treinta días deberá acreditar el acto de celebración del matrimonio ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 21. Afirmativa.

Léase el artículo 7º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 7º.- (Licencia por duelo).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días hábiles con motivo del fallecimiento del padre, madre, hijos, cónyuge, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos y hermanos.

La acreditación del hecho así como la sanción por no hacerlo se regirá por lo dispuesto en el inciso final del artículo 6º de la presente ley".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Quisiera saber cómo se contabilizan los tres días de licencia. En el artículo anterior se dice claramente que comprende el nacimiento y dos días más. Me gustaría que el Miembro Informante me explicara este punto.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- El artículo 7º establece con claridad que los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días hábiles.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Quisiera saber por qué se habla de días corridos en otros artículos y de hábiles en este caso.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- En realidad, en general se respetó la redacción aprobada por la Cámara de Representantes, pero particularmente, en el seno de la Comisión, un señor Senador de la oposición -no recuerdo en este momento quién fue ni tengo aquí la versión taquigráfica- planteó la necesidad de que en algún caso no se hablara de días hábiles. Esa propuesta fue aceptada; es decir que cuando se acordó entre todos los integrantes de la Comisión que se tratara de días hábiles, así se estableció en el texto.

Por lo tanto, la respuesta es que hubo una actitud discrecional, al igual que cuando se estableció una licencia de tres días y no de cuatro o de dos. Tal vez en el espíritu del legislador haya incidido la distinta causa de la licencia y por esa razón se haya entendido que en algunos casos debía tratarse de días hábiles y, en otros, de días corridos.

No obstante, no es un tema que haga al fondo del proyecto, por lo que si hay una propuesta para modificar el criterio, estamos dispuestos a considerarla.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 7º.

(Se vota:)

-18 en 21. Afirmativa.

Léase el artículo 8º.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo 8º. (Orden público).- Las licencias reguladas en la presente ley deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

Tampoco será válido ningún pacto o convenio a través del cual se renuncie a las mismas, pero en el caso de trabajadores que acordaren o hubieren acordado regímenes más favorables se estará a lo dispuesto en éstos.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por la presente ley generará derecho a salario vacacional".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 8º.

(Se vota:)

-21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"ARTICULO 1º. (Ambito de aplicación).- Todos los trabajadores de la actividad privada, tendrán derecho a las licencias especiales con goce de sueldo, que establece la presente ley.

Constituyen derechos mínimos de los trabajadores y no podrán ser descontadas del régimen general de licencias.

La fecha para el goce de las mismas será de libre disponibilidad del trabajador dentro de las previsiones que señala esta ley para cada caso.

ARTICULO  2º. (Licencia por estudio).- Se establece una licencia especial de dieciocho días por año civil, con un máximo de seis días por examen o prueba de revisión, evaluación o similares, que podrá ser utilizada por aquellos empleados que cursen estudios en Institutos de Enseñanza Secundaria Básica y Superior, Educación Técnico-Profesional Superior, Enseñanza Universitaria, Instituto Normal y otros de análoga naturaleza pública o privada, habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura.

ARTICULO 3º. (Obligatoriedad de preaviso).- Para gozar del derecho previsto en el artículo 2º de la presente ley los trabajadores deberán tener más de seis meses de antigüedad en la empresa y realizar un aviso previo y fehaciente al empleador con un plazo mínimo de diez días hábiles.

El no cumplimiento del aviso en el plazo establecido dará el derecho al empleador a negar la licencia especial solicitada.

ARTICULO  4º. (Documentación a presentar).- Quienes hubieran gozado de la licencia a que refiere el artículo 2º de la presente ley, deberán justificar ante el empleador mediante la presentación de certificado expedido por el instituto en el cual cursen sus estudios, haber rendido sus pruebas o exámenes.

La no presentación de la documentación referida en el inciso precedente implicará la pérdida del derecho a solicitar nuevamente este tipo de licencia por el término de un año y habilitará a su empleador a descontar de los haberes mensuales los días solicitados, como si se tratare de inasistencias sin previo aviso.

Para obtener la licencia a que refiere el artículo 2° de la presente ley, quienes la solicitaren por primera vez deberán justificar estar inscriptos en los cursos respectivos, con el certificado correspondiente expedido por la institución de que se trate. En los años sucesivos deberá acreditarse el haber aprobado por lo menos un examen o curso, suspendiéndose el ejercicio del derecho a tal licencia en el año posterior a aquel en que no hubiera cumplido con dicha condición. El derecho se restablecerá al año siguiente.

ARTICULO 5º. (Licencia por paternidad, adopción y legitimación adoptiva).- En ocasión del nacimiento de sus hijos, el padre que se encuentre comprendido en el artículo 1º de la presente ley tendrá derecho a una licencia especial que comprenderá el día del nacimiento y los dos días siguientes.

En un plazo máximo de veinte días hábiles deberá acreditar el hecho ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

ARTICULO 6º. (Licencia por matrimonio).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días por matrimonio. Uno de los tres días deberá necesariamente coincidir con la fecha en que se celebra el mismo.

Los trabajadores que utilicen la licencia especial prevista en este artículo deberán realizar un aviso fehaciente al empleador, de la fecha de casamiento en un plazo mínimo de treinta días previos al mismo. Este plazo podrá reducirse cuando por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, no pueda cumplirse con lo dispuesto en ese tiempo.

En un plazo máximo de treinta días deberá acreditar el acto de celebración del matrimonio ante su empleador mediante la documentación probatoria pertinente y, en caso de no hacerlo, los días le podrán ser descontados como si se tratara de inasistencias sin previo aviso.

ARTICULO 7º. (Licencia por duelo).- Los trabajadores tendrán derecho a disponer de una licencia de tres días hábiles con motivo del fallecimiento del padre, madre, hijos, cónyuge, hijos adoptivos, padres adoptantes, concubinos y hermanos.

La acreditación del hecho así como la sanción por no hacerlo se regirá por lo dispuesto en el inciso final del artículo 6º de la presente ley.

ARTICULO 8º. (Orden público).- Las licencias reguladas en la presente ley deberán gozarse efectivamente, no pudiendo sustituirse por salario o compensación alguna.

Tampoco será válido ningún pacto o convenio a través del cual se renuncie a las mismas, pero en el caso de trabajadores que acordaren o hubieren acordado regímenes más favorables se estará a lo dispuesto en éstos.

Ninguna de las licencias especiales prescriptas por la presente ley generará derecho a salario vacacional".

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Creo que este proyecto da un paso adelante en un camino que estamos siguiendo con varios proyectos que hemos venido aprobando en esta Cámara y que apunta a adjudicar mayores responsabilidades a padres y madres con relación a la venida de los niños a las familias. De manera que me congratulo de esta iniciativa que vino de la Cámara de Representantes y se mejoró aquí, en el Senado.

13) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: nos consta que existe la intención de agotar el Orden del Día porque dentro de pocos días vamos a estar analizando la Rendición de Cuentas y ese proyecto va a concentrar el trabajo de este Cuerpo y especialmente de las Comisiones correspondientes; pero estábamos proponiendo a las Bancadas del Frente Amplio y del Partido Colorado, que se postergara el segundo punto del Orden del Día hasta después del tratamiento de los demás asuntos, en caso de que fuera posible o, de lo contrario, se realizara una sesión extraordinaria en el día de mañana solamente para considerar este tema, ya que tiene la suficiente importancia y dimensión como para merecer una consideración de esas características. Hacíamos la propuesta, además, porque queríamos tener un ámbito de conversación final con los compañeros de nuestra Bancada sobre este punto. Lamentablemente no hemos logrado un entendimiento en ese sentido, de manera que vamos a solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos, para intentar lograr alguna suerte de acuerdo con ese objetivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gallinal.

(Se vota:)

-22 en 23. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por el término de cinco minutos.

(Así se hace. Es la hora 10 y 25 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 10 y 34 minutos)

14) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica al Cuerpo que los señores León Lev y Gonzalo Gaggero han presentado notas de desistimiento informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria al Cuerpo, por lo que, en aplicación de las disposiciones legales vigentes, queda convocado por el período de esta licencia el señor Luis Oliver, quien ya ha prestado el juramento de estilo.

15) SESION EXTRAORDINARIA

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: en el cuarto intermedio acordamos sustraer del Orden del Día el segundo punto, relativo a las modificaciones referidas a la adopción al Código de la Niñez y la Adolescencia, y pasarlo para la hora 9 y 30 de mañana a fin de tratarlo en una sesión extraordinaria sin media hora previa.

Formulo moción en ese sentido.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción planteada por la señora Senadora Percovich en el sentido de que se suspenda la sesión ordinaria del día de mañana y se realice una sesión extraordinaria, sin media hora previa, para considerar las modificaciones referidas a la adopción al Código de la Niñez y la Adolescencia.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNAMIDAD.

16) FRUTAS Y HORTALIZAS. MODIFICACION DE LA CARGA TRIBUTARIA

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: solicitamos que se reparta y se trate como urgente la Carpeta Nº 1220, Distribuido Nº 2585, "IVA. Aplicación a frutas y horta-lizas".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Saravia.

(Se vota:)

- 18 en 21. Afirmativa.

Procédase a su distribución.

17) SOLICITUDES DE ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO PARA ACREDITAR COMO EMBAJADORES EXTRAORDINARIOS Y PLENIPOTENCIARIOS DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA, AL DOCTOR MANUEL VIEIRA MEROLA Y ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN, AL DOCTOR FERNANDO ARROYO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Informes de la Comisión de Asuntos Internacionales, relacionados con las solicitudes de acuerdo remitidas por el Poder Ejecutivo, a fin de acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República:

- ante el Gobierno del Reino de Suecia, al doctor Manuel Vieira Merola.

(Carp. Nº 1217/08 - Rep. Nº 795/08)

- ante el Gobierno de la República Islámica de Irán, al doctor Fernando Arroyo.

(Carp. Nº 1215/08 - Rep. Nº 796/08)

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1217/08

Rep. N° 795/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el

Gobierno del Reino de Suecia, al doctor Manuel Vieira Merola.

Sala de la Comisión, 10 de julio de 2008.

Reinaldo Gargano, Miembro Informante; Sergio Abreu, Mariano Arana, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 26 de junio de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al Doctor Manuel Vieira Merola.

La capacidad y eficiencia que el Doctor Manuel Vieira Merola ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de Suecia.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Pedro Vaz.

Manuel Gonzalo Vieira Merola

Currículum vitae

Fecha de nacimiento: 3 de noviembre de 1949.

Estado civil: casado con Marta E. Dieste.

Hijos: Francisca, Juan Manuel y Martín.

Estudios

Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales con los títulos de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (1977) y Doctor en Diplomacia (1979):

Egresado de los cursos de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. (1980; 1986; 1996).

Realizó el "Curso de Derecho Internacional" (Academia de La Haya) en 1992.

Habla español, inglés, francés y portugués.

Actuación en el Ministerio de Relaciones Exteriores

Ingresó por concurso en 1979.

Funciones y cargos:

En Cancillería:

1979 - 1982, Tercer y Segundo Secretario en el Departamento de Asuntos Diplomáticos.

1987 - 1990 Primer secretario en Dirección de Asuntos Bilaterales.

1996 - 1998 Sub-Director del Instituto Artigas del Servicio Exterior (Academia Diplomática).

2002-2004 Director Oganismos Económicos Multilaterales.

Delegaciones, Misiones etc.

Delegado a la 31 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Delegado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (1984).

Delegado del Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Instituto Antártico uruguayo. (1988-1990).

En el exterior:

1982-1985 Secretario de Embajada y Cónsul en Madrid, España.

1985-1986 Encargado de Negocios en Berna, Suiza.

1986-1987 Secretario de Embajada en Berna, Suiza.

1990-1991 Cónsul General en Rótterdam, Países Bajos.

1992-1995 Consejero en Embajada en La Haya, Países Bajos.

1997-2002 Consejero en Embajada de Lisboa, Portugal.

2005 al presente, Cónsul General, Miami, Estados Unidos.

Promociones en el Servicio Exterior:

En 1996, ascenso a Consejero por Concurso de oposición y méritos.

En 2003, ascenso a Ministro Consejero por concurso de oposición y méritos.

Abril 2008.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA N° 87

En Montevideo, el día tres de julio de dos mil ocho, a la hora diecisiete y trece minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Sergio Abreu, Mariano Arana, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Reinaldo Gargano, Luis Alberto Heber y Jorge Larrañaga.

Faltan con aviso el señor Senador Julio María Sanguinetti.

Preside el señor Senador Sergio Abreu, Vicepresidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión, y el señor Jorge Fernández Rossi.

Concurren los señores Embajadores Fernando Alberto Arroyo y Manuel Vieira Mérola, acompañados por el Director y Sub Director de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro Consejero Osvaldo González Garderes y Consejero Jorge Seré, respectivamente, quienes informan sobre los lineamientos de trabajo que desarrollarán en los destinos a los que fueron propuestos.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en el Distribuido N° 2593/2008, que forma parte de este documento.

ASUNTOS ENTRADOS:

- CARPETA N° 1223/2008. LIBERACION DE INGRID BETANCOURT, TRES CIUDADANOS NORTEAMERICANOS Y ONCE MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO. Proyecto de comunicación presentado por los señores Senadores Sergio Abreu, Enrique Antía, Luis Alberto Heber, Eber Da Rosa, Pablo Iturralde, Jorge Larrañaga, Carlos Moreira y Gustavo Penadés. (Distribuido N° 2592/2008).

- La Dirección de Relaciones Institucionales del Ministerio de Relaciones Exteriores remite fax cursado por la Embajada de la República de Angola, comunicando la visita oficial que realizará el señor Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Angola y su voluntad de mantener una audiencia con el señor Presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA N° 1215/2008. MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO ACUERDO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN AL SEÑOR FERNANDO ARROYO. (Distribuido N° 2562/2008).

Se considera y se aprueba el proyecto de resolución por 6 votos en 6 Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Mariano Arana, quien lo hará en forma verbal.

- CARPETA N° 1217/2008. MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO SOLICITANDO ACUERDO PARA ACREDITAR EN CALIDAD DE EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y PLENIPOTENCIARIO DE LA REPUBLICA ANTE EL GOBIERNO DEL REINO DE SUECIA AL SEÑOR MANUEL VIEIRA MEROLA (Distribuido N° 2564/2008).

Se considera y se aprueba el proyecto de resolución por 6 votos en 6 Senadores presentes. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Reinaldo Gargano, quien lo hará en forma verbal.

- Carpeta N° 1223/2008, referida como asunto entrado.

A solicitud del señor Senador Reinaldo Gargano se requerirá al Ministerio de Relaciones Exteriores, se remita copia de la declaración realizada por nuestro país con relación al tema y se considerará el proyecto de comunicación contenido en la Carpeta en una próxima sesión de la Comisión.

- El señor Senador Sergio Abreu manifiesta su inquietud en cuanto a que se informe en la Comisión el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco sobre Comercio e Inversión entre la República Oriental del Uruguay y los Estados Unidos de América.

Los señores Senadores Reinaldo Gargano y Alberto Couriel realizan aclaraciones al respecto.

A la hora dieciocho y veinticinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman los señores Vicepresidentes y Secretario de la Comisión.

Sergio Abreu Vicepresidente

Vladimir De Bellis Martínez Secretario."

"Carp. N° 1215/08

Rep. N° 796/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el Acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Islámica de Irán, al señor Fernando Arroyo.

Sala de la Comisión, 10 de julio de 2008.

Mariano Arana, Miembro Informante; Sergio Abreu, Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Antonio Gallicchio, Reinaldo Gargano. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Montevideo, 16 de junio de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Presente.

Señor Presidente:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, con el fin de solicitar su conformidad, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 12 del artículo 168 de la Constitución de la República, para acreditar en calidad de Embajador de la República, al señor Fernando Arroyo.

La capacidad y eficiencia que el señor Fernando Arroyo ha puesto de manifiesto en las actividades desarrolladas a lo largo de su carrera profesional, según se manifiesta en el currículum vitae que se adjunta, constituye a juicio del Poder Ejecutivo, un factor evidente de idoneidad para las responsabilidades que el Gobierno de la República se propone asignarle como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Islámica de Irán.

El Poder Ejecutivo confía en que ese Cuerpo habrá de manifestar su conformidad con el propósito antes expuesto, accediendo a la solicitud que se le formula por el presente Mensaje.

El Poder Ejecutivo saluda a la Cámara de Senadores con su más alta consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidente; Gonzalo Fernández, Pedro Vaz.

Curriculum Vitae

FERNANDO ALBERTO ARROYO

Nacido en Montevideo el 22.12.1955

Casado con Simona Van Diese en 1987, sin hijos.

Título: Doctor en Diplomacia.

Idiomas: Francés, inglés, italiano, portugués, ruso básico, árabe basico.

Carrera Profesional

1982: Ingreso al Servicio Exterior por concurso de oposición y méritos.

Afectado a la Dirección General para Asuntos Políticos y a la Dirección General para Asuntos Consulares.

1984-1987: Tercer Secretario, Embajada del Uruguay en los Países Bajos.

1987-1990: Segundo Secretario y Cónsul, Embajada del Uruguay en la Unión Soviética.

1990-1992: Dirección General para Asuntos de Política Exterior.

1992-1993: Segundo Secretario y Cónsul, Embajada del Uruguay en El Líbano y Chipre.

1993-1997: Primer Secretario, Cónsul y Encargado de Negocios durante un año, Embajada del Uruguay en Arabia Saudita.

1998: Ascenso al rango de Consejero por concurso.

1998-2000: Sub-Director, Dirección de Programación Comercial. Organización de misiones comerciales a Francia, Egipto, Marruecos y Túnez, entre otros.

2000-2005: Consejero, Embajada del Uruguay en Bélgica.

2006: Dirección de Integración y MERCOSUR.

2006: Ascenso a Ministro Consejero por concurso.

2006-2008: Director Adjunto de Asuntos Económicos Bilaterales."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo relacionada con la Carpeta Nº 1217/08.

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de Suecia, al doctor Manuel Vieira Merola".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado aprobó por unanimidad recomendar al Cuerpo que se otorgue la venia para designar como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno del Reino de Suecia al doctor Manuel Vieira Merola, quien tiene una extensa trayectoria como diplomático y una exitosa labor en sus destinos. Específicamente mencionaría el Consulado de Miami que, a mi entender, es uno de los principales que el país tiene en el exterior por el nivel de trabajo y responsabilidad que reviste. Por lo tanto, creemos acertada la designación y esperamos que complete en forma eficiente su estancia en Suecia, en donde hay una colonia muy importante de uruguayos y existen posibilidades de ampliar las relaciones comerciales y culturales.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se pasa a considerar la solicitud de acuerdo del Poder Ejecutivo relacionada con la Carpeta Nº 1215/08.

Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Concédese al Poder Ejecutivo el acuerdo solicitado para acreditar en calidad de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Gobierno de la República Islámica de Irán, al señor Fernando Arroyo".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: el Embajador Fernando Arroyo es un funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores que ingresó al Servicio Exterior en 1982 por concurso de oposición y méritos. Entre 1984 y 1987 actuó como Tercer Secretario de la Embajada del Uruguay en los Países Bajos; entre 1989 y 1990, lo hizo como Segundo Secretario y Cónsul de la Embajada del Uruguay en la Unión Soviética; entre 1990 y 1992, en la Dirección General para Asuntos de Política Exterior; entre 1992 y 1993, fue Segundo Secretario y Cónsul de la Embajada del Uruguay en el Líbano y Chipre; y entre 1993 y 1997 se desempeñó como Primer Secretario, Cónsul y Encargado de Negocios durante un año de la Embajada del Uruguay en Arabia Saudita, tal como se señala en el repartido que tenemos a nuestra vista. Además de estas actuaciones, entre los años 2000 y 2005 fue Consejero de la Embajada del Uruguay en Bélgica y, además, formó parte de la Dirección de Integración y MERCOSUR en la Cancillería. Fue ascendido a Ministro Consejero por concurso y en estos dos últimos años actuó como Director Adjunto de Asuntos Económicos Bilaterales.

En consecuencia, se trata de una persona de larga experiencia y probada aptitud técnica para representarnos ante un país como la República Islámica de Irán, con el que tenemos relaciones desde 1976. La Comisión de Asuntos Internacionales entendió que esta propuesta está muy bien fundamentada por la Cancillería y aprobó unánimemente la designación.

Es cuanto tenemos para informar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se comunicará al Poder Ejecutivo que fueron aceptados ambos acuerdos.

18) CONSORCIOS DE EXPORTACION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el que se crean los Consorcios de Exportación y se establecen normas para su funcionamiento. (Carp. Nº 185/05 - Rep. Nº 797/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 185/05

Rep. N° 797/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Concepto).- Se denominará "Consorcio de Exportación" a la asociación que se constituirá mediante contrato entre dos o más personas, físicas o jurídicas, por el cual se vincularán por el tiempo contractual para la realización de actividades de comercialización de bienes o servicios al exterior. Esta asociación podrá adoptar las formas previstas en el Capítulo III, Secciones I y II (de los grupos de interés económico y de los consorcios) de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales).

Artículo 2°. (Objeto).- El objeto principal o exclusivo será el de facilitar, promover, preparar, celebrar, ejecutar o tramitar la exportación de los bienes o servicios producidos por sus integrantes. La producción de los bienes a exportar puede ser individual o conjunta de los miembros del Consorcio de Exportación, considerándose especialmente la complementación productiva entre los integrantes del Consorcio de Exportación y/o terceros.

Artículo 3°. (Denominación, forma y contenido del contrato).- El contrato del Consorcio de Exportación se instrumentará por escrito y deberá contener:

1) Lugar y fecha del otorgamiento e individualización de los otorgantes.

2) Su denominación, con el aditamento "Consorcio" o bien "Grupo de Interés Económico" o su sigla "GIE", según corresponda.

3) Su duración, objeto y domicilio.

Además para los Consorcios de Exportación que opten por la forma de consorcio se agregará:

A) La determinación de la participación de cada contratante en los negocios a celebrar o los criterios para determinarla, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades.

B) Normas sobre administración, representación de sus integrantes y control del consorcio y de aquéllos, en relación con el objeto del contrato.

C) Forma de liberación sobre los asuntos de interés común, estableciéndose el numero de votos que corresponda a cada partícipe.

D) Condiciones de admisión de nuevos integrantes, causas de exclusión o alejamiento de partícipes y normas para la cesión de las participaciones de los miembros.

E) Contribución de cada integrante para los gastos comunes, si existieran.

F) Si se pacta o no la solidaridad entre los miembros.

G) Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros.

Artículo 4°. (Capital).- El capital del Consorcio de Exportación que adopte la forma de Grupo de Interés Económico se integrará de igual forma que lo dispuesto para las sociedades de responsabilidad limitada, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989 (Sociedades Comerciales).

Artículo 5°. (Participaciones de los miembros).- La participación de cada integrante del Consorcio de Exportación no podrá exceder del doble ni ser inferior a la mitad de la que le hubiere correspondido si todos sus miembros tuvieran igual participación.

Los integrantes del Consorcio de Exportación que formen parte de un mismo grupo económico se tomarán como una unidad a los efectos de la aplicación de este artículo. La determinación del alcance del concepto de grupo económico a los efectos indicados, resultará de la reglamentación.

Artículo 6°. (Resoluciones de los miembros. Mayorías).- Salvo que en el contrato constitutivo se establezca otra cosa, la asamblea de los miembros del Consorcio de Exportación constituido como GIE adoptará sus resoluciones por mayoría, entendiéndose por tal la mayoría absoluta del capital. La modificación del contrato constitutivo y la disolución anticipada de los Consorcios de Exportación requerirán, salvo disposición contractual en contrario, el consentimiento de al menos dos tercios del capital.

En el caso de constituirse como consorcios, el contrato establecerá la forma de tomar resoluciones.

Artículo 7°. (Responsabilidad).- Los miembros de los Consorcios de Exportación que adopten la forma de GIE, no responderán por las obligaciones contraídas por éstos.

Cada integrante de los Consorcios de Exportación que adopte la forma de consorcio, deberá desarrollar su actividad en las condiciones que se prevean, respondiendo personalmente frente a los terceros por las obligaciones que contraigan en relación con la parte de la tarea, servicios o suministros a su cargo, sin solidaridad, salvo pacto en contrario.

Artículo 8°. (Modalidades de actuación).- En sus relaciones externas, los Consorcios de Exportación podrán actuar como mediadores entre sus integrantes y los terceros que con ellos contraten, como mandatarios, comisionistas o consignatarios de sus miembros o bajo cualquier otra modalidad establecida en el contrato constitutivo o dispuesta por dichos miembros. Los Consorcios de Exportación que adopten la forma de GIE podrán actuar, además como intermediarios comerciales por cuenta propia.

Los miembros del Consorcio de Exportación podrán autorizar que hasta un 30% (treinta por ciento) de lo bienes en cuya compra o venta participe anualmente el consorcio, se destinen a terceros no miembros del mismo o hayan sido producidos por dichos terceros.

Artículo 9°. (Representación).- En sus relaciones con terceros, los administradores del consorcio lo obligarán por todo acto comprendido en su objeto o conexo con el mismo.

Artículo 10. (Financiamiento del Consorcio de Exportación).- Los Consorcios de Exportación se financiarán en la forma establecida en el contrato constitutivo o, en su defecto, como lo determinen sus miembros.

Artículo 11. (Apoyo institucional).- El Poder Ejecutivo promoverá la constitución y desarrollo de los Consorcios de Exportación y adoptará las medidas necesarias para que los Ministerios con competencia en las materias relacionadas con el objeto de dichos consorcios, presten a éstos la máxima colaboración y las mayores facilidades para el cumplimiento de sus cometidos.

El Poder Ejecutivo establecerá la naturaleza y el alcance de dichas medidas y las comunicará a la Asamblea General.

Artículo 12. (Autoridad de aplicación).- La supervisión y el control de los Consorcios de Exportación estarán a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, el que llevará un registro de los mismos. A los efectos de la inscripción en dicho registro, se deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos de constitución e inscripción en el Registro Nacional de Comercio dependiente de la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura que, según la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, correspondan a la forma jurídica elegida.

Artículo 13. (Neutralidad fiscal).- Los Consorcios de exportación se regirán por el principio de neutralidad fiscal. En consecuencia, las rentas que accidentalmente obtengan y el patrimonio de que sean titulares se imputarán a sus miembros, a los efectos tributarios, en proporción a su participación en el consorcio. Al reglamentar las disposiciones contenidas en la presente ley, el Poder Ejecutivo cuidará que de la existencia y del funcionamiento de los Consorcios de Exportación no derive para ellos ni para sus miembros la pérdida de beneficios o un costo tributario superior al que se generaría si las operaciones canalizadas a través de los consorcios hubieran sido llevadas a cabo directamente por sus miembros.

A tales efectos, se podrá asimilar a exportaciones las ventas que dichos miembros y los terceros autorizados, en las condiciones que establece el inciso segundo del artículo 8° de la presente ley, realice el Consorcio de Exportación la asociación integradora, para la posterior reventa de los bienes adquiridos por éstos en el exterior del país.

Artículo 14. (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del IRAE a los miembros de los Consorcios de Exportación que hayan adoptado la forma de consorcio, a los que se les hayan asignado rentas según el inciso primero del artículo 13 de la presente ley. Igual facultad se establece para los Consorcios de Exportación que hayan optado por la forma de GIE.

Artículo 15. (Impuesto al Patrimonio).- Facúltase al Poder Ejecutivo a no imputar como activo gravado del Impuesto al Patrimonio por los bienes que se les asignan, según el inciso primero del artículo 13 de la presente ley, a los miembros del Consorcio de Exportación que hayan adoptado la forma de consorcio. Igual facultad se establece para los Consorcios de Exportación que hayan optado por la forma de GIE.

Artículo 16. (Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales).- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales a la enajenación de bienes inmuebles y de los derechos de usufructo efectuada por los miembros de los Consorcios de Exportación a favor de éste para el cumplimiento de sus cometidos, así como las que realicen dichos consorcios, en el marco del proceso de su liquidación, a favor de sus miembros.

Artículo 17. (Criterios de concesión y pérdida de beneficios).- A los efectos de que se les concedan los beneficios previstos en los artículos anteriores, el Poder Ejecutivo actuará asesorado por la Comisión de Aplicación (COMAP) prevista en la Ley N° 16.906, de 7 de enero de 1998 (Promoción de Inversiones).

A su vez, los Consorcios de Exportación deberán acreditar:

A) Haberse inscripto en el registro en las condiciones que establece el artículo 12 de la presente ley.

B) Que la mayoría de sus miembros que representen al menos un 50% (cincuenta por ciento) del capital de la asociación integradora, sean titulares de pequeñas o medianas empresas, definidas de acuerdo con los criterios que a tales efectos determine el Poder Ejecutivo.

C) Presentar un informe de exportaciones a la COMAP, con la periodicidad y la información que la reglamentación indique.

Los criterios que se deberán tomar en cuenta para el otorgamiento de los beneficios serán:

La importancia de las pequeñas y medianas empresas en la oferta exportable del Consorcio de Exportación.

El incremento de las exportaciones de los partícipes por la canalización de su oferta a través del Consorcio de Exportación.

El empleo generado en los participes por el incremento de exportaciones señalado en el punto anterior.

El contenido de valor agregado nacional de las exportaciones canalizadas a través del Consorcio de Exportación.

La importancia de la investigación y desarrollo y la innovación en las exportaciones canalizadas a través del Consorcio de Exportación.

La complementación productiva entre los partícipes.

Dichos beneficios cesarán:

A) En el caso de que los Consorcios de Exportación realicen actividades ajenas a su objeto o incumplan cualquiera de las disposiciones de la presente ley.

B) En caso de que no se cumpla con los criterios tenidos en cuenta para el otorgamiento de los beneficios.

C) En el caso de que no acrediten dentro del plazo de veinticuatro meses, contado a partir del momento de su registro, que por su intermedio o en virtud de su participación se realizaron exportaciones por un mínimo de US$ 100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América). Se faculta al Poder Ejecutivo a variar anualmente este tope en términos absolutos o porcentuales.

Se faculta al Poder Ejecutivo para determinar, en caso de que se produzca la pérdida de los beneficios mencionados, el procedimiento para la reliquidación de los impuestos adeudados y de las sanciones que eventualmente correspondan.

Artículo 18. (Conservación de ventajas financieras y tributarias).- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para que la participación de los consorcios de exportación en operaciones de comercio exterior no represente para éstos ni para sus miembros la pérdida total o parcial de las ventajas derivadas de la aplicación del régimen general vigente para la prefinanciación de exportaciones.

Artículo 19. (Régimen jurídico).- Los Consorcios de Exportación se regirán, en todo lo no modificado en la presente ley, por las normas establecidas en el Capítulo III, de los Grupos de Interés Económico y de los Consorcios, de la Ley N° 16.060, de 4 de setiembre de 1989, (Sociedades Comerciales), y sus modificativas.

Artículo 20. (Reglamentación).- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de noventa días contado desde la fecha de su promulgación.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 3 de junio de 2008.

Uberfl Hernández 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY Nª 16.060, DE 4 DE SETIEMBRE DE 1989

Artículo 1. (Concepto).- Habrá sociedad comercial cuando dos o más personas, físicas o jurídicas se obliguen a realizar aportes para aplicarlos al ejercicio de una actividad comercial organizada, con el fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que ella produzca.

Artículo 489. (Concepto).- Dos o más personas físicas o jurídicas podrán constituir un grupo de interés económico con la finalidad de facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros o mejorar o acrecer los resultados de esa actividad.

Por sí mismo, no dará lugar a la obtención ni distribución de ganancias entre sus asociados y podrá constituirse sin capital.

Será persona jurídica.

Artículo 490. (Contrato constitutivo).- El contrato constitutivo del grupo se otorgará en escritura pública o privada que deberá contener:

1) El lugar y la fecha de su otorgamiento.

2) La individualización de sus integrantes.

3) La denominación del grupo que se integrará con las palabras "Grupo de Interés Económico" o su sigla ("GIE").

4) El plazo por el que el grupo se constituya, que deberá ser determinado.

5) El objeto.

6) Su domicilio.

Artículo 491. (Inscripción).- El contrato se inscribirá en el Registro Público de Comercio a los efectos de su regularidad, formándose un legajo (artículo 11).

Artículo 492. (Modificaciones del contrato).- Las modificaciones del contrato se realizarán con iguales formalidades que las requeridas para su constitución.

Artículo 493. (Prohibición de representar las participaciones por títulos negociables).- La participación de los integrantes del grupo no podrán ser representada por títulos negociables. Cualquier estipulación en contrario será nula.

Artículo 494. (Administración y representación).- El contrato organizará la administración y representación. En su defecto se aplicará lo dispuesto para las sociedades anónimas.

En sus relaciones con los terceros, los administradores obligarán al grupo por todo acto comprendido en su objeto.

Artículo 495. (Responsabilidad por las obligaciones contraídas por el grupo).- Los miembros del grupo serán responsables por las obligaciones contraídas por éste. Esa responsabilidad será subsidiaria, y solidaria.

Artículo 496. (Asambleas).- La asamblea de los miembros del grupo estará facultada para adoptar cualquier decisión, incluso la disolución anticipada o la prórroga de su duración en las condiciones establecidas en el contrato constitutivo.

Todas las resoluciones se adoptarán por unanimidad y cada miembro tendrá un voto, salvo estipulación contraria.

La asamblea se reunirá obligatoriamente a pedido de cualquiera de los miembros del grupo.

Artículo 497. (Nuevos miembros).- El grupo podrá aceptar nuevos miembros en las condiciones establecidas en el contrato constitutivo.

Artículo 498. (No cedibilidad de las participaciones. Retiro de los miembros).- Las participaciones de los miembros no será cedibles.

Todo miembro del grupo podrá receder en las condiciones establecidas en el contrato.

Artículo 499. (Disolución).- El grupo económico se disolverá anticipadamente si lo resuelven sus asociados y por las demás causas previstas para la disolución de las sociedades en lo compatible.

La muerte, incapacidad o quiebra de una persona física o la disolución, quiebra o liquidación judicial de una persona jurídica, no disolverá el grupo, salvo disposición en contrario.

Artículo 500. (Remisión).- Salvo disposición expresa en el contrario o en este Capítulo, se aplicará lo dispuesto para las sociedades en general y para las colectivas en particular.

Artículo 501. (Concepto).- El consorcio se constituirá mediante contrato entre dos o más personas, físicas o jurídicas, por el cual se vincularán temporariamente para la realización de una obra, la prestación de determinados servicios o el suministro de ciertos bienes.

El consorcio no estará destinado a obtener y distribuir ganancias entre los partícipes sino a regular las actividades de cada uno de ellos.

No tendrá personalidad jurídica. Cada integrante deberá desarrollar la actividad en las condiciones que se prevean, respondiendo personalmente frente al tercero por las obligaciones que contraiga en relación con la parte de la obra, servicios o suministros a su cargo, sin solidaridad, salvo pacto en contrario.

Artículo 502. (Forma y contenido del contrato).- El contrato de consorcio se instrumentará por escrito y deberá contener:

1) Lugar y fecha del otorgamiento e individualización de los otorgantes.

2) Su denominación, con el aditamento "Consorcio".

3) Su objeto, duración y domicilio.

4) La determinación de la participación de cada contratante en el negocio a celebrar o los criterios para determinarla, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades.

5) Normas sobre administración, representación de sus integrantes y control del consorcio y de aquellos, en relación con el objeto del contrato.

6) Forma de deliberación sobre los asuntos de interés común, estableciéndose el número de votos que corresponda a cada partícipe.

7) Condiciones de admisión de nuevos integrantes, causas de exclusión o alejamiento de partícipes y normas para la cesión de las participaciones de los miembros del consorcio.

8) Contribución de cada integrante para los gastos comunes, si existieran.

9) Sanciones por el incumplimiento de las obligaciones de los miembros.

Artículo 503. (Inscripción y publicación).- El contrato de consorcio y sus modificaciones se inscribirán en el Registro Público de Comercio, debiendo publicarse un extracto que contendrá la denominación, la individualización de sus integrantes, el objeto, la duración, el domicilio y los datos referentes a su inscripción.

Artículo 504. (Administración del consorcio).- Los consorcios serán administrados por uno o más suministradores o gerentes.

Se les aplicarán en lo compatible, las normas generales de esta ley y las especiales de las sociedades colectivas, sobre administración.

Artículo 505. (Representación).- La representación del consorcio será ejercida por el administrador o las personas que el consorcio designe.

Artículo 506. (Condición jurídica del administrador).- La actuación y responsabilidad del administrador del consorcio se regirá por las reglas del mandato.

Artículo 507. (Resoluciones del consorcio).- Las modificaciones del contrato de consorcio y su rescisión, se resolverá por unanimidad. Las demás resoluciones se adoptarán por mayoría de votos. Todo, salvo pacto en contrario.

Artículo 508. (Rescisión parcial del contrato).- En caso de rescisión parcial del contrato de consorcio, la participación del integrante saliente acrecerá la de los restantes si ello fuera posible, según las circunstancias del caso.

Artículo 509. (Muerte, incapacidad, quiebra o liquidación judicial de un partícipe).- La muerte, incapacidad, quiebra o liquidación judicial de un consorciado será causa legítima para la rescisión del contrato de consorcio a su respecto.

LEY N° 16.906 DE 7 DE ENERO DE 1998

Artículo 1. (Interés nacional).- Declárase de interés nacional la promoción y protección de las inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros en el territorio nacional.

Artículo 2. (Igualdad).- El régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por inversiones extranjeros será el mismo que el que se concede a los inversores nacionales.

Artículo 3. (Requisitos).- Las inversiones serán admitidas sin necesidad de autorización previa o registro.

Artículo 4. (Tratamiento).- El Estado otorgará un tratamiento justo a las inversiones, comprometiéndose a no perjudicar su instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

Artículo 5. (Libre transferencia de capitales).- El Estado garantiza la libre transferencia al exterior de capitales y de utilidades, así como de otras sumas vinculadas con la inversión, la que se efectuará en moneda de libre convertibilidad.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Industria, Energía,

Comercio, Turismo y Servicios

ACTA N° 58

En Montevideo, el día dos de julio de dos mil ocho, a la hora dieciséis y diez minutos, se reúne la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señores Senadores Isaac Afie, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Antonio Gallicchio y Luis Alberto Heber.

Faltan con aviso el señor Senador Pablo Iturralde y por concurrir a otra Comisión el señor Senador Luis Rosadilla.

Preside el señor Senador Luis Alberto Heber, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión, y la funcionaria Ana Verissimo.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada figura en los Distribuidos Nos. 2573 y 2574/2008, que forman parte de este documento.

ASUNTO ENTRADO:

Carpeta N° 1209/2008. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN EL TERRITORIO NACIONAL. Se dictan normas para su regulación y promoción. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido N° 2547/2008).

ASUNTOS CONSIDERADOS:

- Se recibe al doctor Eduardo Touyá para conocer su opinión respecto al proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, por el que se regula la utilización y control de las radiaciones ionizantes y se le asignan competencias a la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección. (Carpeta N° 1038/2007 - Distribuido N° 2235/2007).

El señor Presidente da la bienvenida al doctor Touyá y le cede el uso de la palabra.

Una vez que se retira de Sala se comienza el tratamiento del segundo punto del Orden del Día.

- Carpeta N° 185/2005. CONSORCIOS DE EXPORTACION. Se establecen normas para su funcionamiento. Modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. (Distribuidos Nos. 2529/2008 y 2530/2008).

Se lee el proyecto con las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. Se vota 3 en 4. Afirmativa.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Ruperto Long quien lo hará en forma verbal.

RESOLUCIONES:

- Se resuelve invitar al Director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, doctor Alejandro Nader a la hora 16 de la próxima sesión, a efectos de brindar su opinión en relación al proyecto de ley por el que se establecen normas sobre protección y seguridad radiológica.

- Se resuelve invitar al Director Nacional de Energía y Tecnología Nuclear, doctor Ramón Méndez a la hora 16 y 30 de la próxima sesión, a efectos de brindar su opinión en relación al proyecto de ley por el que se dictan normas para la regulación y promoción del uso eficiente de la energía en el territorio nacional.

A la hora dieciséis y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Luis Alberto Heber Presidente

Vladimir De Bellis Martínez Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Gracias señor Presidente.

Con mucho orgullo y satisfacción me corresponde informar este proyecto de ley, cuya versión original presentamos en el correr del año 2005 y aprobamos por unanimidad en el Senado luego de su tratamiento en la Comisión correspondiente. Posteriormente fue enviado a la Cámara de Representantes donde se le introdujeron una serie de modificaciones en las que tuvimos oportunidad de participar, para someterlo nuevamente ahora a nuestra consideración. Desde ya adelanto que la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios de este Cuerpo aprobó esta iniciativa tal cual vino de la Cámara de Representantes, por lo que si en la mañana de hoy se procediera a su aprobación, quedaría sancionado el proyecto.

Quiero referirme con brevedad a este tema porque el Senado ya lo analizó en la ocasión correspondiente, aunque de eso hace más de tres años. De todas maneras, no quiero dejar de destacar la importancia de la sanción de este proyecto, puesto que diversas iniciativas en ese sentido se han planteado en forma recurrente desde la reinstauración del régimen democrático. En el transcurso de los años se ha pretendido impulsar la creación de una ley que fomentara y estableciera el marco normativo para los consorcios de exportación, pero nunca se logró. Por lo tanto, podría decir que lo que logremos en la mañana de hoy -aunque sorprenda- tiene características bastante históricas, puesto que ya llevamos quince años discutiendo el tema de los consorcios de exportación y por primera vez estaríamos en posición de sancionar una norma de esta naturaleza. El señor Senador Abreu, que bien conoce estos temas, me corrige y me dice que hace veinte años que está a consideración.

SEÑOR MICHELINI.- Tenía que ser en un gobierno progresista.

SEÑOR LONG.- En realidad, tenía que haber gente con la tenacidad y la voluntad de sacar adelante la iniciativa, como sucede con algunos de los que estamos aquí. De todas maneras, dejando las chanzas aparte, ha habido aquí una buena conjunción de trabajo de diversas personas de todos los partidos y creo que cada uno ha tenido su cuota parte de mérito.

Ahora bien, ¿por qué es tan importante este proyecto de ley? Porque el 98% de las unidades productivas en el país corresponden a micro, pequeñas y medianas empresas, a las que les resulta extremadamente difícil salir a competir al exterior en forma individual. Estas empresas tienen dificultades de escala como para pretender introducirse en mercados importantes -y, a veces, simplemente, en los mercados vecinos-, ya que no cuentan con un volumen de producción suficiente y no tienen la posibilidad de abordar todos los costos que implica la búsqueda de negocios concretos en el exterior, incluyendo los estudios de mercado. Todos sabemos que estos procesos no se concretan sólo con una ida al exterior, sino que para alcanzar los primeros resultados se requieren meses o años de trabajo.

En definitiva, este proyecto de ley permitirá que las micro, pequeñas y medianas empresas -aunque también otras, del tamaño que sean-, se vean beneficiadas al poderse asociar para generar una operación de exportación y, sobre todo, para darle a las mismas continuidad en el tiempo. Esto quiere decir que no solo podrán asociarse para una operación concreta sino que también podrán formar un consorcio de exportación que permanecerá para facilitar las exportaciones a lo largo del tiempo.

Apostando al comercio exterior de las micro, pequeñas y medianas empresas, países como España o Italia también han introducido este instrumento con singular éxito. En nuestro país, una cantidad de organizaciones, tales como DINAPYME, la Cámara de Industrias, Uruguay XXI y el propio LATU, han procurado que las empresas se asocien para llevar adelante esos emprendimientos. Sin embargo, al no tener un marco normativo, es difícil que la idea pueda concretarse y, sobre todo, si se llega a materializar, que tenga permanencia y continuidad.

De todas maneras nos interesa señalar y destacar los esfuerzos que se han realizado en el transcurso del tiempo porque, aun sin esta norma, cientos de empresas han intentado llevar adelante estos proyectos. Es más, en forma permanente se realizan actividades que los difunden -incluso algunas de ellas son de carácter internacional, impulsadas por la ONUDI-, pero todas terminan en la dificultad práctica por no contar con el instrumento que se crea a través de esta norma.

Me voy a referir ahora a lo que concretamente establece el proyecto de ley y, sobre todo, a los cambios que se le introdujeron en la Cámara de Representantes. Me apresuro a decir que la Comisión correspondiente de dicha Cámara nos invitó a participar del análisis del proyecto de ley, que fue muy cuidadoso, y no sólo así lo hicimos sino que, con posterioridad, trabajamos en estas modificaciones en las que destaco el aporte de los señores Representantes Asti y Gandini, sin perjuicio de mencionar también el trabajo realizado por los demás miembros de la referida Comisión.

Los artículos 1º, 2º y 3º del proyecto son muy importantes porque definen el concepto y las características principales de estos consorcios. En los mismos, a la definición que había tomado en su oportunidad el Senado de la República en el sentido de que esos consorcios de exportación debían tomar la forma de grupo de interés económico tal cual está previsto en la ley actual, se agrega la posibilidad de utilizar la forma de consorcio. Esto puede sonar un poco raro, pero quienes estén familiarizados con el tema saben que la denominación de consorcio se emplea solamente para aquellas sociedades que tienen un fin muy específico y que finalizan una vez que éste se cumple, por lo que, al no mantenerse, son de carácter accidental.

Por lo tanto, el Senado, en su oportunidad, había entendido que la forma más adecuada era la de grupo de interés económico, y eso se mantiene. No obstante, se abre esta otra posibilidad, que entendemos puede tener interés en casos en los cuales la operación de tipo comercial -la exportación- no esté destinada a permanecer en el tiempo, sino que se realiza por única vez. También puede aplicarse a un determinado conjunto de empresas que quiera experimentar la posibilidad de constituir un grupo sin que tenga como objetivo, al menos inicialmente, permanecer en el tiempo.

En definitiva, se abre una nueva alternativa; la ley va a reconocer como consorcio de exportación a cualquiera de las dos modalidades jurídicas que por la misma se establezca.

Luego, en los artículos 4º, 5º y 6° se establecen algunos pequeños ajustes en cuanto a la integración del capital, a la participación de los miembros y a la toma de las resoluciones, pero entendimos que ellos no implican ninguna modificación esencial con respecto a lo que se había aprobado en el Senado.

Más adelante, el artículo 7º -que corresponde al artículo 6º de la versión que aprobó el Senado- mantiene algo que nos parece esencial. Me refiero a que los miembros de los consorcios de exportación que adopten esta forma no responderán por las obligaciones contraídas por éstos. Esta es una de las dificultades más grandes que se tenía en la actualidad para conformar algún tipo de sociedad, porque llevaba a que las empresas que se asociaban en un proceso de exportación -por el cual, lógicamente, todas las empresas que participan de alguna forma se comprometen específicamente con esa exportación- comprometieran todo su patrimonio. Esto provocaba, en definitiva, que las empresas optaran por no avanzar por este camino, ya que les implicaba una forma de asociación totalmente distinta a la que se pretendía con los demás integrantes del consorcio de exportación.

También se mantiene, en virtud del artículo 8º, la posibilidad de que estas operaciones que se concreten, no solamente se vinculen a productos de los integrantes del consorcio de exportación, sino a que hasta un 30% de los bienes que participen de la operación puedan ser producidos por terceros no miembros del consorcio. Esto nos parece importante porque muchas veces, para complementar una operación o por el simple transporte -por ejemplo, para completar un contenedor- puede ser útil o necesario que también se incluya algún producto de empresas no integrantes del consorcio.

Luego, el artículo 11 mantiene, en definitiva, la necesidad de que el Poder Ejecutivo instrumente medidas de apoyo institucional a los Consorcios de Exportación, las cuales deberá comunicar oportunamente a la Asamblea General.

El artículo 12 modifica levemente la forma en que se deberá registrar o inscribir el consorcio, estableciendo una modalidad que, en términos generales, tampoco se aparta de lo que oportunamente habíamos aprobado.

El artículo 13 mantiene la idea de la neutralidad fiscal como concepto básico; esto quiere decir que la asociación de estas empresas, en primera instancia, no genera ningún tipo de impuesto adicional. En particular, deja establecido que se podrá asimilar a exportaciones las ventas que dichos miembros y los terceros autorizados, en las condiciones que mencioné recientemente, realicen al consorcio de exportación. Reitero que estamos hablando de la posibilidad de asimilar a una exportación la venta de las empresas al consorcio de exportación. Este artículo es absolutamente esencial porque uno de los problemas que actualmente tenemos es que las empresas que intentan asociarse para exportar, a veces quedan en una situación sumamente compleja desde el punto de vista impositivo. Entonces, aquí se establece la solución con toda claridad.

A continuación, en los artículos 14, 15 y 16 se otorga al Poder Ejecutivo la posibilidad de exonerar a los Consorcios del IRAE, del Impuesto al Patrimonio y del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales, respectivamente. Esto plantea una diferencia con lo que habíamos aprobado en la Cámara de Senadores, porque en ese proyecto se hacía referencia, específicamente, al Impuesto a las Comisiones, al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales y a una cierta reducción en el aporte patronal a la previsión social. De todas maneras, entendimos que, en esta etapa, lo que interesa es definir esencialmente la forma jurídica y el tratamiento impositivo, a la vez de abrir posibilidades de beneficios adicionales, tal como sucede en los países que mencioné con anterioridad y, más recientemente, también en países de la región que, por lo tanto, compiten con nosotros.

En definitiva, se deja claro el régimen impositivo y se abre la puerta para nuevas exoneraciones, lo cual nos parece positivo. Confiamos en que el Poder Ejecutivo aplique estas disposiciones porque, en su oportunidad, discutimos extensamente con el Ministerio de Economía y Finanzas acerca de la ventaja de que se establezca el instrumento de los consorcios de exportación y de la necesidad de que el país haga los esfuerzos pertinentes para que el mayor número posible de empresas haga uso de él.

El artículo 17 detalla el proceso que deben seguir los consorcios de exportación para poder ser beneficiarios de estas ventajas impositivas que se van a concretar a partir de la aprobación de este texto. En esta disposición se establece que el Poder Ejecutivo actuará con el asesoramiento previo de la Comisión de Aplicación (COMAP).

El artículo 18 establece los requisitos para conservar dichas ventajas financieras y tributarias y el 19 precisa que estos consorcios se regirán, en todo lo que esta iniciativa no estipule en forma específica, por las normas establecidas en el Capítulo III, de los Grupos de Interés Económico y de los Consorcios, de la Ley Nº 16.060, de Sociedades Comerciales.

Finalmente, el artículo 20 establece la exigencia de que el Poder Ejecutivo reglamente la ley dentro de un plazo de noventa días, lo que nos parece esencial porque hay muchas empresas expectantes de su aprobación. Muchas unidades productivas vienen trabajando en el tema desde hace tiempo, pero no han tenido la oportunidad de pasar a una forma real de funcionamiento bajo el nombre de consorcio de exportación, por lo que confiamos en que se apruebe rápidamente la correspondiente reglamentación.

Quiero terminar expresando el reconocimiento a quienes oportunamente impulsaran proyectos de ley similares, como lo hicieron en su momento el ex Senador Juan Raúl Ferreira y el Diputado Sebastián Da Silva. En este sentido, quiero recordar muy particularmente al doctor Eugenio Xavier de Mello, que es un experto en el tema y un reconocido Director del Instituto de Derecho Comercial de la Universidad de la República; sin su aporte esencial no hubiéramos podido resolver los diversos desafíos que este proyecto de ley nos presentó, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, en donde también compareció.

Por lo tanto, vuelvo al comienzo y reitero que en la mañana de hoy tenemos la oportunidad singular de aprobar, luego de tantos años, un proyecto de ley que da a las micro y pequeñas empresas de nuestro país -sin excluir, por supuesto, a las grandes, que también podrán hacer uso de este instrumento- nuevas herramientas para salir a la conquista del mercado exterior, que es algo absolutamente indispensable para el desarrollo del Uruguay.

Muchas gracias.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: como miembro de la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios -que este año presido-, debo decir que nos complace enormemente este proyecto de ley, que viene siendo estudiado muy dedicadamente por el señor Senador Long. Esta iniciativa fue negociada con la Cámara de Representantes y vuelve al Senado como un proyecto acordado entre todas las fuerzas políticas. Quizás éste sea el trámite que muchas veces tendríamos que seguir con los proyectos de ley; una vez que se aprueban en el Senado, deberíamos tener una especie de dedicación personalizada, de modo que la otra Cámara entienda las razones por las que se establecieron las distintas normas y así poder negociar una por una.

Debo destacar el trabajo realizado por el señor Senador Long en el sentido de aunar criterios y buscar consensos. A nuestro juicio, este proyecto de ley constituye una herramienta eficaz, como lo señalaba en sus últimas palabras, sobre todo para quien no sabe cómo conquistar y salir a los mercados y cómo mandar las muestras de sus productos. Este consorcio de exportación, no solamente prefinancia las exportaciones como indica el artículo 18, sino que otorga una herramienta al Poder Ejecutivo para exonerar impuestos.

Quiero señalar especialmente que se establecen las facultades del Poder Ejecutivo. Ojalá las use porque todavía no somos un país agresivo en materia de exportaciones de todos nuestros productos. Un país como el Uruguay, sin infraestructura ni mercado, realmente necesita una mayor agresividad en la conquista de mercados en el exterior. El consorcio que presenta el señor Senador Long en este proyecto de ley es una herramienta a ser usada por quienes a veces no tienen condiciones de viajar, conquistar mercados y mostrar sus productos.

Por otro parte, las exoneraciones que se plantean no son relevantes, en función de que en nuestro país no tenemos una gran exportación de las pequeñas y medianas empresas. Aquí exportan los grandes empresarios. Eso está bien; no estamos en contra de ello, pero creemos que para que exista una cultura de exportación es necesario saber hacerlo. Esta herramienta del consorcio es una más y se dará a las pequeñas y medianas empresas para que puedan conquistar mercados, afincarse en determinados lugares, a veces sin condiciones ni dimensiones como para hacerlo por sí solas. Pienso que ahí es donde el Estado tiene que ayudar. ¿Cómo puede hacerlo? No cobrando impuestos. Actualmente, no cobra impuestos por lo que no existe. De existir estos consorcios, lo más importante sería el trabajo que generarían en nuestro país al lanzar a los pequeños y medianos empresarios uruguayos, quienes tienen que entender que el mercado lo tenemos afuera y que no se trata sólo de disputarnos el reducido mercado que desgraciadamente tenemos en el Uruguay. En ese sentido, creo que ésta es una herramienta eficaz y ojalá que le sea útil al Gobierno en función de lo que este proyecto de ley establece.

Es cuanto quería manifestar. Destaco la labor persistente y cotidiana -quizás no tenga demasiada prensa y muchas veces no se perciba- del trabajo realizado por el señor Senador Long para sacar adelante este proyecto de ley.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Creo que el proyecto de ley que tenemos a consideración es de gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta la estructura de nuestro sistema de producción y de exportación. Está orientado exclusivamente a las pequeñas y medianas empresas, que en nuestro país representan cerca del 60% o 70% del Producto Bruto Interno y el 60% o 70% de la mano de obra ocupada, pero sólo el 7% de las exportaciones.

De manera que este tema está vinculado a la estrategia que el país tiene que desarrollar para que las exportaciones se diversifiquen en productos y existan empresas que tengan la capacidad de asociarse en la difícil tarea del comercio exterior.

En cuanto a las dificultades que se presentan en el exterior actualmente, debemos señalar que para vender allí los productos, éstos deben cumplir cuatro requisitos: calidad, marca, precio -que a veces no es el que define, porque de acuerdo con la calidad del producto y el nicho de mercado que se exija, puede ser alto- y, sobre todo, continuidad. El gran problema de las pequeñas y medianas empresas es cómo asegurar la continuidad frente a la demanda permanente de los mercados externos. Esta dificultad ya existe para los grandes exportadores y sería aún mayor para los más chicos.

El esfuerzo que se ha realizado tiene aspectos de carácter institucional y tributario. Se ha tratado de incorporar el concepto de la neutralidad fiscal como incentivo al funcionamiento de estos consorcios. Ese elemento es uno de los más idóneos y novedosos.

Por otra parte, señor Presidente, este proyecto de ley fue presentado hace muchos años. La primera vez fue en el año 1986 ó 1987 y, en esa oportunidad, con el asesoramiento del contador Enrique Iglesias, lo presentó el entonces Senador Ferreira Sienra. Tratando de reconocer la realidad, recién hoy podemos concretar esta iniciativa que durante varias legislaturas tuvo solamente media sanción.

Asimismo, quiero resaltar que respecto a los beneficios a que se hace referencia en el artículo 17, no se realiza simplemente una enumeración, sino que se establece que cesarán, por ejemplo, en el caso de que no se acrediten dentro del plazo de 24 meses, contado a partir del momento de su registro, las exportaciones por un mínimo de US$ 100.000 y, obviamente, se faculta al Poder Ejecutivo a variar anualmente este tope. Quiere decir que la empresa no solamente tiene que estar registrada, sino que también debe registrar negocios dentro de los 24 meses para poder utilizar los beneficios que se incorporan mediante esta norma. Se trata de una batería orientada a una estructura de exportación. Estos instrumentos no son los que definen en última instancia cómo se maneja el país en su diversificación y en su estrategia, pero desde hace mucho tiempo constituyen nuevas modalidades que el Uruguay debería apoyar en materia legislativa.

En algunos sectores de las pequeñas y medianas empresas, inclusive existe cooperación externa por parte de países como Alemania, que tiene un sistema de financiamiento a través del Banco de la República, que ayuda al pequeño exportador, entre otras cosas, para buscar una estructura que pueda evitarle estar todos los días en el circuito financiero levantando y pagando cheques, que es lo que generalmente les sucede a los pequeños y medianos empresarios.

Reitero que este tema nos parece muy importante y quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el señor Senador Long en este trabajo, resaltando su tenacidad. Esta idea que era compartida por todos quedó por el camino durante mucho tiempo con medias sanciones y hoy, después de más de 20 años, la hacemos realidad no sólo con el aporte de técnicos como el doctor Eugenio Xavier De Mello -que durante muchos años ha demostrado una gran preocupación a este respecto-, sino también contando con la tenacidad del señor Senador Long -que es una virtud que tiene en abundancia- y su capacidad para encontrar entendimientos. Esto es algo que va más allá de la tozudez de las personas; se trata de buscar líneas de entendimiento en temas tan importantes como éste. Con respecto a éste y a otros tantos asuntos tenemos necesidad de conversar durante un largo rato. Creo que el ejemplo que ha dado el Senado, en particular el señor Senador Long trabajando para lograr estos entendimientos, debería contagiarnos a todos para conseguir lo mismo en otros temas de igual o mayor importancia que el país tiene pendientes.

Por lo expuesto, señor Presidente, con mucho gusto apoyamos este proyecto de ley en tanto constituye una señal importante para los futuros desafíos legislativos que tenemos en otra cantidad de áreas.

Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Sin perjuicio de ratificar lo que han expresado mis compañeros de Bancada sobre este proyecto de ley, quiero decir que, particularmente, es de suma importancia para muchos pequeños empresarios del interior del país. Quienes hemos sido Intendentes departamentales en varias oportunidades, y a los efectos de promover a pequeños empresarios en nuestros respectivos departamentos, hemos buscado ámbitos que permitan articular escalas, niveles de calidad y volúmenes para que, en definitiva, estos pequeños empresarios -apoyados a nivel de estructuras más bien locales- encuentren caminos para colocar sus productos en el exterior. En ocasiones, cuando uno realizaba esos intentos se encontraba con la enorme dificultad de que no existían instrumentos o canales que permitieran organizar esas formas de articulación necesarias para que estos pequeños empresarios tuvieran posibilidades de salir a colocar productos de un país que, sabemos, tiene una de sus principales debilidades estructurales básicas en la falta de mercado interno.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que no sólo es necesario encarar el tema desde un punto de vista estrictamente economicista ya que también hay involucrados aspectos de índole cultural; hay que tratar de convencer, crear estímulos y orientar a ese pequeño empresario en el sentido de que la única forma a través de la cual puede superar barreras, encontrar mejores oportunidades y sortear dificultades, es a través de la asociación o del acuerdo con otros pequeños emprendimientos que se encuentran en otras partes del país.

En concreto, señor Presidente, considero que se trata de un proyecto de ley trascendente, que da un paso importante para que, por este camino, muchos pequeños empresarios puedan encontrar formas de organización absolutamente necesarias para promover las exportaciones y salir a conquistar otros horizontes como modo de expandirse y crecer. A su vez, será de utilidad para las Intendencias Municipales que, en infinidad de casos, trabajan en la dirección de apuntalar y apoyar a estas pequeñas y medianas empresas, a los efectos de encontrar ámbitos institucionales dentro de la organización del Estado que permitan fomentar este tipo de acuerdos de exportación.

Como bien decía el señor Senador Abreu, debemos tener en cuenta la larga historia de esta iniciativa que hoy, felizmente, logra su consagración legislativa. ¡Ojalá genere los frutos que todos esperamos de ella! ¡Ojalá no quede simplemente en la letra de la ley, sino que efectivamente se lleve adelante lo que pretende impulsar este proyecto de ley a los efectos de lograr los objetivos que persigue!

Finalmente, quiero sumar mis palabras de felicitación al señor Senador Long porque estas iniciativas son las que verdaderamente contribuyen al crecimiento del país y de muchos pequeños empresarios, para quienes necesitamos mejores perspectivas y posibilidades porque en ello les va la vida, también, a las localidades y a la gente que en pequeños núcleos o estructuras trabaja con ellos. Sin dudas, esto constituye un dato esperanzador para el fu-turo.

En conclusión, repito que acompaño con mucho gusto este proyecto de ley dado que es muy importante a los efectos de orientar a los pequeños empresarios para que puedan salir a conquistar otras perspectivas de mercado a través de instrumentos como el que se prevé en esta iniciativa.

Muchas gracias.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: quiero sumar mi voz a esta sucesión de reconocimientos que se han efectuado en Sala. Coincido con los señores Senadores preopinantes en cuanto a que se trata de un muy buen proyecto de ley fruto, no sólo de la tenacidad, sino también de la inspiración, del trabajo y de la capacidad de mi compañero el señor Senador Long. Entiendo que se trata de un proyecto fermental, porque la pequeña y la mediana empresa son el sustento económico y social de la realidad uruguaya. Soy hijo de un departamento donde no han existido latifundios y en el que la presencia de la gran industria ha sido algo excepcional. Ahora estamos recibiendo a este fenómeno de ENCE como algo extraordinario en la historia de Colonia, departamento que es fruto de la pequeña producción agrícola, comercial, industrial y artesanal.

Precisamente, esta iniciativa alienta un aspecto esencial para el Uruguay, tal como lo establece su artículo 2º cuando habla de considerar especialmente la complementación productiva entre los integrantes de los consorcios. Por ejemplo, en materia de lácteos -aquí está el ex Ministro Mujica que siempre ha defendido mucho la producción láctea como factor de arraigo y permanencia de la familia en el campo- hemos visto cómo su producción alienta el valor agregado. Los suizos comenzaron agregando valor a la leche al fabricar quesos, pero ahora no alcanza con fabricar quesos artesanales sino que hay que industrializar y acceder a los mercados de exportación, en los cuales hoy la colocación es muy fluida. Precisamente, este proyecto de ley da forma jurídica a eso permitiendo establecer este tipo de consorcio para una o más operaciones, a la vez que libera a sus integrantes de la responsabilidad solidaria frente a terceros. Tengamos en cuenta que muchas veces eso constituye un impedimento real, porque no es fácil depender del incumplimiento de otro que forma parte de esa cadena productiva; entre otras cosas, eso lleva a que mucha gente desista de asociarse con otro para exportar. Muchas veces he visto productores que quieren integrarse y producir, por ejemplo, lácteos a los efectos de acceder a mercados con mejores precios pero que se encuentran limitados por su escala y que además desisten porque esa complementación productiva puede implicar que mañana deban asumir obligaciones frente a terceros u obligaciones tributarias derivadas de la actividad de otro socio. Sin dudas, todo eso lleva a que los acuerdos se tornen imposibles. Precisamente, este proyecto de ley contempla esa posibilidad mediante esa forma inteligente de complementación productiva en la cual se elimina esa solidaridad frente a terceros, salvo que las partes la pacten expresamente -esto también está contemplado en la iniciativa- y se consagra la neutralidad impositiva que hace que cada uno responda por sus propias obligaciones.

A mi juicio, se trata de una manera inteligente de propiciar la apertura de los mercados internacionales para la pequeña empresa. Confieso que desconocía la cifra que manejó el señor Senador Abreu, pero sí sé que más del 90 % de las empresas que hay en Uruguay son micro y pequeñas empresas, pero su participación en la exportación es muy exigua. Entonces, estos mecanismos legales son una forma muy inteligente de propiciar eso y creo que le van a hacer mucho bien al país. Estas pequeñas empresas tienen estabilidad, dan trabajo y afincan a los trabajadores en los departamentos, por lo que, reitero, aquí se cumple con varias finalidades muy inteligentes.

Por lo tanto, quiero reiterar mi reconocimiento a todos los que participaron de esta iniciativa, y muy especialmente a mi compañero, el señor Senador Long, porque creo que hoy, sin ningún ruido -la verdad es que hoy acabo de descubrir este proyecto de ley, como tantas veces ocurre en estos Cuerpos legislativos-, se va a aprobar una medida bien importante para el país -¡y vaya si lo es!- que no ha tenido difusión pero que estoy seguro generará efectos muy positivos.

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Señor Presidente: no voy a felicitar al señor Senador Long -en definitiva, ésta es nuestra tarea-, pero sí hacerle un reconocimiento por el empeño y dedicación que puso en este tema para lograr que esta iniciativa se plasme en ley -si el Senado decide aprobarla- en el día de hoy.

También quiero hacer un reconocimiento a los Diputados que aportaron más ideas que los Senadores, mejorando muchísimo el proyecto original del señor Senador Long y el que finalmente salió del Senado.

A su vez, deseo hacer un reconocimiento al Gobierno, porque muchas veces se nos ha criticado que no escuchamos las iniciativas de la oposición y acá, sin duda, hay una muestra de como se obtienen resultados a partir de iniciativas interesantes, buenas y con un trámite parlamentario exigente. Este proyecto de ley no se trató a la ligera; por el contrario, se hizo un estudio, se trabajó en una Cámara y luego en la otra y, cuando volvió al Senado, no se aprobó a las corridas, sino que también se lo analizó en profundidad. Por lo tanto, vaya mi reconocimiento también al Gobierno y a la Bancada oficialista. No es casualidad que se haya planteado este proyecto de ley porque, independientemente de que la iniciativa haya sido del señor Senador Long, hemos puesto mucho énfasis en las exportaciones. Este año, nuestro país va a exportar más de US$ 10.000:000.000 entre bienes y servicios cuando, en 2004, no llegaba a US$ 3.500:000.000 por ese mismo concepto. Son muy pocos años transcurridos si los comparamos con el enorme salto que hemos dado. Habrá condiciones y factores internacionales de todo tipo que pueden haber influido, pero en estos años el Uruguay ha pasado a ubicarse entre los tres países de América Latina con mejor desempeño económico, lo cual nos llena de orgullo. Además, somos de los países en los que más han impactado los precios internacionales, como el del petróleo, lo que hace que el esfuerzo realizado merezca aún un mayor reconocimiento.

Este esfuerzo que todo el país está poniendo en la exportación, con este proyecto de ley tiene una herramienta adicional. Eso es lo que tenemos que hacer: poner una herramienta arriba de la mesa. Pero con esto no alcanza. Nosotros estamos estableciendo un marco y ahora este proyecto debe contar con una apoyatura económica que le dé viabilidad. Las empresas chicas -me lo decía recién el señor Senador Oliver- muchas veces tienen problemas de financiamiento que, en algunos casos, se pueden solucionar vía los consorcios de exportación en la medida en que sean más las que requieran ese financiamiento.

Reitero que no alcanza con el marco legal que estamos creando a iniciativa del señor Senador Long, sino que necesitamos difusión y, sin duda, financiamiento. Los otros días comentaba que si no le estamos vendiendo a los Estados Unidos todo lo que nos quisiera comprar, es porque se abrió el mercado ruso. Precisamente, el señor Senador Gargano -que ha vuelto a integrar el Senado- fue uno de los responsables de la apertura de ese mercado, en el que actualmente colocamos carne a mejor precio de lo que lo haríamos en el mercado norteamericano. Los consorcios de exportación bien difundidos, con financiamiento adecuado y con un Ministerio de Relaciones Exteriores que los impulse, pueden transformarse en un instrumento más eficaz. Tal como lo expresa la legislación que estamos aprobando, con las modificaciones que se introdujeron en la Cámara de Representantes, las empresas chicas que logran un producto al que se le agrega calidad trabajando con menos unidades, a menor escala y con menor volumen, pero con más diferenciación y valor agregado, con este instrumento podrán lograr que si se produce una caída de nuestros volúmenes de exportación en el concierto internacional, no caigan también los valores de colocación de nuestros productos.

En consecuencia, estamos aprobando una buena herramienta y una buena iniciativa, fruto del trabajo en conjunto de legisladores de la oposición y del Gobierno en ambas Cámaras, y esperamos que ahora los empresarios privados, las empresas pequeñas, aprecien este instrumento.

Felicitamos entonces la iniciativa que el Senado está aprobando en el día de hoy.

SEÑOR PRESIDENTE.- Dado que este proyecto de ley tuvo su origen en la Cámara de Senadores y posteriormente se le introdujeron modificaciones en la de Representantes, corresponde someter a votación si se aceptan o no estas modificaciones.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Quiero adherir con mucho entusiasmo a este proyecto de ley, pues creo que realmente va en la línea de lo que el país necesita y de lo que se está impulsando. Tengo una gran satisfacción al reconocer la tarea que se ha desarrollado en la Comisión, particularmente por parte del señor Senador Long, porque creo que es importantísimo que esto se lleve adelante.

Sinceramente, desconocía la escasa incidencia que este factor tenía en las exportaciones, en contraposición con lo que significa para el empresariado uruguayo la presencia de las pequeñas y micro empresas.

Coincido también en la importancia que esto puede tener a nivel departamental, incluyendo Montevideo, pero mucho más todavía en aquellos departamentos alejados de la capital. Los Intendentes Municipales siempre han hecho un gran esfuerzo para tratar de impulsar las pequeñas iniciativas -que a veces son de altísima calidad pero de escasísima posibilidad-, difundiéndolas y aceptándolas. La calidad y el alto precio no necesariamente están siempre conjugados; es muy importante dar difusión e impulso a todo aquello que permita incrementar el monto de exportaciones clave para un país como el nuestro, pero también hay que estimular a muchísima gente para que aplique la creatividad en todos los terrenos, esto es, el artesanal, el industrial y en pequeñas iniciativas que, en la medida en que se consorcien, pueden llegar a tener un efecto realmente multiplicador.

Quiero decir además que, en los casos particulares que hemos visto incluso antes de la creación del Ministerio de Desarrollo Social, gracias a iniciativas impulsadas y apoyadas desde organismos internacionales se dieron estímulos a gente de muy escasos recursos, pero con capacidad y voluntad de salir adelante en las dificultades que muchos de nuestros sectores poblacionales están enfrentando, para impulsar formas de creatividad de empleo, así fueran de carácter no permanente. En ese sentido, todo lo que hoy está haciendo el referido Ministerio va en esta misma línea y me congratulo por todo ello, señor Presidente.

19) SOLICITUDES DE LICENCIA E INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia el día 17 de julio".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 15 de julio de 2008.

Sr. Presidente

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE.-

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia por motivos particulares el día jueves 17 de julio y se convoque a mi suplente respectivo.

Saludo a usted muy atentamente.

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de otra solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Mujica solicita licencia desde el día 22 al 26 de julio".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 15 de julio de 2008.

Sr. Presidente

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

PRESENTE.-

De mi consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside me conceda licencia por motivos particulares desde el día 22 al 26 de julio y se convoque a mi suplente respectivo.

Saludo a usted muy atentamente.

José Mujica. Senador."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se conceden las licencias solicitadas.

(Se vota:)

- 20 en 22. Afirmativa.

Oportunamente se convocará al suplente respectivo.

20) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un proyecto presentado.

(Se da del siguiente:)

"Las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier, y los señores Senadores Eber Da Rosa, Gustavo Lapaz, Sergio Abreu, Gustavo Penadés, Ruperto Long, Carlos Moreira, Enrique Antía, Luis A. Heber, Francisco Gallinal, Mariano Arana, Carlos Baráibar, Alberto Cid, José Mujica, Rafael Michelini, Víctor Vaillant, Rodolfo Nin Novoa, Reinaldo Gargano, Luis Oliver y Jorge Saravia, presentan, con exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se declara de interés nacional el Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó (CERENET) dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

- A LA COMISION DE SALUD PUBLICA."

(Texto del proyecto de ley presentado:)

"Proyecto de ley

Artículo 1- Declárese de interés nacional el Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó (CERENET) dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y todas las actividades llevadas a cabo por dicho Centro, así como aquellas que tuvieren vinculación directa o indirecta con la ejecución de las mismas.

Artículo 2- Publíquese.

Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Eber Da Rosa, Gustavo Lapaz, Sergio Abreu, Gustavo Penadés, Ruperto Long, Carlos Moreira, Enrique Antía, Luis A. Heber, Francisco Gallinal, Mariano Arana, Carlos Baráibar, Alberto Cid, José Mujica, Rafael Michelini, Víctor Vaillant, Rodolfo Nin Novoa, Reinaldo Gargano, Luis Oliver, Jorge Saravia. Senadores.

Exposición de motivos

El Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó creado en el mes de setiembre de 2001 constituye un referente Nacional e Internacional en dicha materia, en razón de sus técnicas de avanzada y número de pacientes que atiende, resolución positiva en los casos tratados y posicionamiento del País a nivel Internacional.

En sus casi diez años de existencia, el Centro permitió asistir oportunamente a víctimas de accidentes de tránsito con hematomas intracraneanos, al norte del Río Negro, disminuyendo la mortalidad y morbilidad por estas lesiones. Con anterioridad a su creación el promedio de traslado de estos pacientes hacia Montevideo era de 10 horas; siendo actualmente de 3 horas hasta este Centro, lo que permite que sean operados dentro del tiempo útil.

La existencia del Centro disminuyó también la mortalidad en el tratamiento de hemorragias cerebrales por hipertensión arterial y malformaciones vasculares, así como permitió el tratamiento oportuno y de acuerdo a estándares internacionales de los pacientes con tumores intracraneanos.

La creación del Centro significó además un aumento de cerca de un 32% de las intervenciones neuroquirúrgicas en hemorragias cerebrales y tumores intracraneanos en el Sector Público a nivel nacional, lo que implica que mejoró el acceso de esos pacientes a la asistencia y permitió salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los pacientes de toda la región norte del país.

El Centro Regional de Neurocirugía de Tacuarembó logró mediante la incorporación de neurocirujanos jóvenes, el desarrollo de la neurocirugía funcional, extendiendo las utilidades de la estereotaxia al tratamiento de trastornos psiquiátricos y neurológicos; en el tratamiento del dolor, en el diagnóstico de lesiones intracraneales, en el desarrollo de la neuroendoscopía en la que también es pionero; en la introducción de equipamiento de avanzada para la cirugía tumoral y de base de cráneo, en la cirugía de urgencia de los aneurismas intracraneanos. La existencia de este Centro de forma independiente, ha permitido que a través de la competencia beneficiosa, se haya estimulado el desarrollo de esta especialidad en el país y acelerado la incorporación de los especialistas más jóvenes a la práctica diaria.

El Centro ha estimulado y financiado la formación de los nuevos neurocirujanos en el exterior, en centros de avanzada en Brasil, Chile y Argentina, así como en España e Italia. Asimismo ha promovido la asistencia de profesores de esos centros al Hospital de Tacuarembó como forma de actualizar los conocimientos y la práctica del tratamiento de estas enfermedades en nuestro medio.

Es de destacar que esto además ha contribuido al desarrollo de otros hospitales de la región, así como estimulado al desarrollo de especialidades afines, lo que en última instancia mejora la atención sanitaria que brinda nuestro país a toda la población, especialmente a la de menos recursos económicos. Esto constituye un ejemplo de una política de equidad en salud y una forma de demostrar que el desarrollo del sector público redunda en beneficio de toda la salud, aún de la privada.

Este proceso se ha mantenido como política de estado del departamento y a nivel nacional por encima de los cambios en la administración de gobierno, y hacia el futuro aspiramos se siga sosteniendo en sucesivas administraciones.

En siete años de existencia en el Centro de Tacuarembó se resuelven todo tipo de urgencias neuroquirúrgicas, siendo el único centro público que atiende tanto adultos como a niños. Se realizan cirugías complejas para malformaciones vasculares y tumores intracraneanos, incluidos tumores de base de cráneo y de hipófisis. Se realizan cirugías de columna, tanto para tumores como para enfermedades degenerativas. Es el centro del país donde se realizan más intervenciones de neurocirugía funcional y con una gama de posibilidades mayor. Actualmente tiene un promedio de intervenciones neuroquirúrgicas igual que en los hospitales de referencia en Montevideo. Se realizan alrededor de 250 intervenciones anuales. Este centro funciona dentro del Hospital Regional de Tacuarembó, donde funciona un CTI de adultos y uno de niños que son de referencia nacional y recientemente se ha creado un Centro de Rehabilitación y está en desarrollo un Centro de Tratamiento oncológico de avanzada.

En principio el mismo fue pensado para pacientes del norte del Río Negro, pero actualmente el 20% de los pacientes que allí se atienden son provenientes del sur del país, así como uruguayos residentes en el exterior que han viajado para operarse en este hospital dados los resultados logrados. Es así que en siete años ha atendido a 3000 pacientes y se han realizado hasta el momento 1500 intervenciones.

En los últimos tres años el CERNENET ha incorporado siete procedimientos de avanzada, que no en forma casual se iniciaron en el sector de la salud pública del Uruguay. Esto se enmarca en un Centro Hospitalario donde la autoridad competente (UNIT) ha otorgado la certificación de calidad en varios de sus servicios. En el 2006 el INACAL reconoce por primera vez a un Hospital Público por su trabajo en la mejora continua de sus procesos en el "Premio Nacional de Calidad".

La optimización de estos Servicios coloca al Centro Regional de Tacuarembó en el más alto nivel de atención, tanto en el sector público como en el privado, posicionándolo como de vanguardia en el MERCOSUR".

Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky, Mónica Xavier, Eber Da Rosa, Gustavo Lapaz, Sergio Abreu, Gustavo Penadés, Ruperto Long, Carlos Moreira, Enrique Antía, Luis A. Heber, Francisco Gallinal, Mariano Arana, Carlos Baráibar, Alberto Cid, José Mujica, Rafael Michelini, Víctor Vaillant, Rodolfo Nin Novoa, Reinaldo Gargano, Luis Oliver, Jorge Saravia. Senadores."

21) FRUTAS Y HORTALIZAS. MODIFICACION DE LA CARGA TRIBUTARIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto cuya urgencia fue votada oportunamente: "Proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a fijar en 0% (cero por ciento) la alícuota del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las enajenaciones de las frutas y hortalizas que determine".

(Antecedentes:)

"Ministerio de

Economía y Finanzas

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente Proyecto de Ley tiene por objeto la disminución de los precios de venta al público de ciertas frutas y verduras.

Por efectos climáticos coyunturales el precio de algunas frutas y verduras ha tenido un sensible incremento en los últimos tiempos. Es propósito del Poder Ejecutivo contribuir en la medida de lo posible a mitigar tales efectos, dada la relevancia nutricional que el consumo de dichos bienes tiene en nuestra población.

A tales efectos, se entiende conveniente promover una disminución sustancial de la carga tributaria incluida en el precio de los productos hortifrutícolas, facultando al Poder Ejecutivo a exonerar su importación y a otorgar a su enajenación en plaza un tratamiento similar al de los productos exportados por un lapso de 120 días, prorrogable por única vez.

Rodolfo Nin Novoa.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a:

A) Fijar en 0% (cero por ciento) la alícuota del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las enajenaciones de las frutas y hortalizas que determine.

B) Exonerar de dicho tributo a las importaciones de los bienes a que refiere el literal anterior.

La facultad establecida precedentemente podrá ser ejercida por un lapso de ciento veinte días a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley. El período de aplicación podrá ser prorrogado por única vez por otros ciento veinte días.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Mario Bergara."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: solicitamos la declaración de urgencia y el tratamiento de este asunto porque, como todos sabemos, el Senado se apresta a estudiar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal y, además, estamos a mitad del invierno, que es el momento en el que los valores de las frutas y las verduras, en algunos casos, se han disparado. Por lo tanto, si lo consideráramos después de esa instancia y teniendo en cuenta el tiempo que insumiría el análisis de este proyecto de ley en la Cámara de Representantes, no tendría razón de ser. Entonces, queremos que quede constancia en la versión taquigráfica de que la solicitud de su declaración de urgencia obedece a esos motivos.

Este proyecto de ley tiene por objeto la disminución de los precios de venta al público de ciertas frutas y verduras, porque ello afecta el bolsillo del sector de menores ingresos, además de tener un componente en la estructura inflacionaria. Esta situación se da desde hace unos cuantos inviernos por diferentes motivos. Por un lado están los factores climáticos que afectan a los productores hortícolas y frutícolas en el país y, por otro, tenemos situaciones que arrastra el sector granjero desde hace mucho tiempo por problemas de escala y de dificultades de estructura. Eso hace que, una vez llegado el invierno, no se puedan hacer algunas inversiones ni desarrollar una producción más intensiva y a mayor escala.

Por lógica, se trata de un sector atado al mercado interno, pues a él va más del 75% de lo que produce la granja en el país. Por esa razón, decimos que es un sector que tiene grandes dificultades en las diferentes áreas de producción, porque no ha despegado como lo han hecho otros de mayor exportación, que están colocados en los mercados internacionales. Hay que decir, asimismo, que no más de un 20% o un 25% de este sector va a la exportación y el resto se destina al mercado interno con las consabidas dificultades. Entonces, esta iniciativa apunta a ayudar al mercado interno.

A continuación, plantearemos algunas modificaciones a este proyecto de ley. Todos sabemos que el IVA a la fruta importada se destina al Fondo Granjero para financiar el sector. Su ampliación se vería dificultada, por lo que vamos a plantear su reducción por un buen tiempo más, porque el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se vería desfinanciado, pues en su órbita se encuentra el Fondo Granjero. Hemos consultado a representantes de esa Cartera y nos han manifestado su acuerdo con un planteo que también hicimos a los señores Senadores que integran la Comisión de Hacienda, en el sentido de reducir el plazo de la facultad que se da de ciento veinte días con opción a otros ciento veinte, y llevarlo a sesenta días con opción a otros sesenta. Haciéndonos eco de algunos planteos de las gremiales granjeras de productores que nos hacían ver esa situación del Fondo Granjero, sugerimos esta modificación que, lógicamente, fue aceptada por representantes del Poder Ejecutivo y por nuestra Bancada, razón por la cual lo planteamos ahora en el Plenario.

Como contrapartida, algunas cooperativas granjeras que trabajan en el sector y tienen posibilidades de disponer de cámaras, adelantarán para los primeros días de agosto la puesta en el mercado de la fruta que normalmente sale en setiembre y octubre -que es la de primera calidad, de atmósfera controlada-, como modo de colaborar con el Gobierno para trabajar en la disminución de los precios.

Este proyecto de ley es muy sencillo, ya que tiene un solo artículo -pues el segundo refiere a su comunicación-, que dice:

"Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a:

"A) Fijar en 0% (cero por ciento) la alícuota del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las enajenaciones de las frutas y hortalizas que determine.

B) Exonerar de dicho tributo a las importaciones de los bienes a que refiere el literal anterior.

La facultad establecida precedentemente podrá ser ejercida por un lapso de ciento veinte días a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley. El período de aplicación podrá ser prorrogado por única vez por otros ciento veinte días".

La modificación que planteamos consiste, concretamente, en reducir ese plazo de ciento veinte días a sesenta días.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: voy a apoyar con mucho énfasis esta iniciativa porque creo que puede revertir una situación que pasa a ser preocupante, no sólo en el ámbito regional e internacional, sino también nacional, en todo lo que tiene que ver con el incremento de los precios de productos alimenticios.

Además, son muy importantes las informaciones que ha brindado el señor Senador Saravia en cuanto a la voluntad acorde de buena parte de los productores granjeros, en el sentido de adelantar la puesta en el mercado interno de productos a un costo mucho más reducido de lo que se ve hoy en las ferias y comercios de abastecimiento.

Creo que todos nosotros, en tanto legisladores, debemos ser voceros de la forma responsable con que los intermediarios deberían actuar frente a este esfuerzo conjugado del Estado y de los propios productores, para que las disminuciones significativas de productos de alta calidad generados en el país puedan transferirse y beneficiar a los consumidores.

Nada más. Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: como este proyecto de ley fue declarado urgente y se solicitó su consideración en el día de hoy, en nombre del Partido Nacional pedimos un cuarto intermedio de quince minutos para intercambiar información sobre algunos criterios entre los integrantes de la Bancada, a los efectos de tener una posición más clara sobre su alcance.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción presentada por el señor Senador Da Rosa, en el sentido de que el Senado pase a un cuarto intermedio por quince minutos.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

El Senado pasa a cuarto intermedio por quince minutos.

(Así se hace. Es la hora 11 y 39 minutos)

(Vueltos a Sala)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, continúa la sesión.

(Es la hora 12)

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: la Bancada de Senadores del Partido Nacional, luego de haber examinado el tema, quiere señalar lo siguiente.

Ante todo, comprendemos la premura del tiempo y el hecho de que este Senado se apresta a considerar, en los próximos días, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, lo que ha motivado que esta iniciativa fuera presentada con carácter de urgente.

Sin embargo, en la sesión de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca que tendrá lugar el día jueves de esta semana, está previsto recibir a algunos productores hortícolas y frutícolas, quienes expondrán sobre la situación y las dificultades por las que están atravesando en estos momentos. Entonces, ante todo, parecería lógico escuchar lo que tienen que decir esos productores y después el Poder Ejecutivo, particularmente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Luego sí estaríamos en condiciones de adoptar posición definitiva con relación al proyecto de ley.

De todas maneras, podemos decir que nos preocupan, básicamente, dos cosas. Por un lado, el hecho de que aquí se consagra una facultad genérica al Poder Ejecutivo, en cuanto se establece un 0% de alícuota del IVA a las enajenaciones de frutas y hortalizas, con lo que se abre una especie de cheque -por decirlo así- al Gobierno. Está claro que se refiere a las frutas y hortalizas que determine el Poder Ejecutivo; sin embargo, no sabemos concretamente cuáles podrán ser las afectadas por la fijación de la alícuota cero y cuáles no, y esto es algo que nos interesaría conocer con exactitud.

Por otra parte, lo establecido en el literal B) nos lleva a una cuestión mucho más amplia, que es el análisis profundo de toda la problemática de la granja nacional, uno de los sectores productivos más débiles, fuertemente golpeado por distintos factores que actualmente están incidiendo en la ecuación económico-financiera de cualquier pequeño empresario o productor hortícola o frutícola. En este marco, la importación de bienes -que, obviamente, va a competir con esa producción nacional-, es un factor que complicará aún más esa difícil ecuación de la que hablábamos hace un momento. En definitiva, creemos que el productor nacional se verá afectado.

Pero, además, en la medida en que estas cosas sean dispuestas de manera tan discrecional, tenemos el temor de que mañana se pueda determinar que también se faculta al Poder Ejecutivo a fijar la tasa cero para la importación de pollo o de carne de cerdo, por ejemplo, lo que -obviamente- sería tremendamente peligroso para los sectores vinculados a esta producción, en un mercado que todos sabemos es muy complicado.

En consecuencia, consideramos que esta iniciativa otorga una excesiva discrecionalidad.

Al mismo tiempo, entendemos que lo establecido en el literal B) puede dificultar aún más las cosas, constituyéndose en un elemento negativo para la situación de la granja y la rentabilidad del productor granjero que, como todos sabemos, hoy es golpeado por el precio del combustible y de los fertilizantes, entre otros costos que son realmente altos. Naturalmente, todo esto está generando dificultades y problemas en un sector verdaderamente importante de la producción nacional.

Asimismo, es fundamental tomar en cuenta otro aspecto que también nos lleva a tener reservas y a buscar mayor información antes de poder asumir una posición definitiva sobre este proyecto de ley.

Sabemos que a través de la iniciativa se busca, entre otras cosas, disminuir la carga impositiva sobre determinados rubros, concretamente, sobre ciertas frutas y hortalizas. En este sentido, se establece una generalización, pues se hace referencia no sólo a las frutas y hortalizas producidas a nivel nacional, sino también a las importadas, de acuerdo con lo que se establece en el literal B). Sin embargo, hay que ver hasta qué punto este tema constituye uno de los factores claves en el problema de los picos inflacionarios o de la disparada de la inflación en el sector de la granja. Nosotros tenemos la convicción de que los picos inflacionarios o los factores que empujan a la inflación en este momento se deben mucho más intensamente a otros factores que al tema de la incidencia de la granja y, concretamente, de las frutas y verduras. Pienso que estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Incluso, ha habido declaraciones de jerarcas del Gobierno en las cuales se ha sostenido públicamente en los últimos días que, en realidad, el tema de la granja, de la fruta y la hortaliza no es un factor tan gravitante o importante, sino más bien marginal en lo que tiene que ver con la incidencia sobre el problema de las disparadas inflacionarias que se puedan producir. Naturalmente, vemos con mucha prevención lo que puede significar bajar a cero el IVA para las importaciones de frutas y verduras -que, obviamente, van a competir con la fruta y verdura a nivel nacional-, a lo que se suma una gran discrecionalidad que dispone este proyecto de ley, ya que da una facultad genérica al Poder Ejecutivo para que determine cuál es la fruta y la verdura que incide sobre la inflación, y cuál no. Seguramente, esto hará que algunos rubros sean alcanzados por este proyecto de ley, fijándose en cero la alícuota, y otros no, por lo que no serán objeto de ninguna rebaja en la alícuota del IVA. Todos estos factores, indudablemente, son complejos. Además, estamos convencidos -esto lo hemos analizado detenidamente- de que el tema del precio de la fruta y la verdura sea un factor central en el problema inflacionario o en las dificultades que deriven de los picos de inflación que se puedan producir en la economía uruguaya.

Por lo tanto, estas razones son las que nos llevan a expresar que deberíamos postergar por unos días la consideración de este proyecto de ley, sin perjuicio de que pueda ser tratado en una sesión extraordinaria o por algún otro mecanismo que establezca el Senado. Pero pensamos que es necesario examinar más detenidamente estos temas y, sobre todo, escuchar la voz de los horticultores y fruticultores que asistirán a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para dar su punto de vista sobre la problemática de la granja, que preocupa mucho en este momento y genera dificultades financieras bastante importantes. A su vez, nos gustaría escuchar la opinión del Ministerio sobre este tema.

Aclaro que no estamos diciendo con esto que nos oponemos al proyecto de ley cerradamente, pero sí consideramos que faltan elementos de información importantes o convincentes para fijar una posición definitiva sobre esta iniciativa que hoy llega a consideración del Senado con carácter urgente.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: este proyecto de ley es muy simple y no es otra cosa que una herramienta coyuntural que el Poder Ejecutivo entiende que necesita para influir positivamente a favor del consumo. En realidad, las importaciones de frutas y verduras están reguladas en nuestro país. Para comprobarlo, bastaría leer el último suplemento de "El País", donde el amigo Preve, como siempre, se dedica a pegar y a pegar, en nombre del más puro y crudo liberalismo, reprochando a esta y a todas las habidas Administraciones, por los siglos de los siglos, el uso de un mecanismo espurio como es el otorgamiento de los AFIDI -que tiene que ver con las cuestiones sanitarias- a los efectos de preservar las posibilidades de la granja. Esa es la realidad; no es un invento de este Gobierno y, es más, es algo que viene de muy atrás y todos lo hemos venido aplicando con mayor o menor suceso. Esa es la verdad y sobre ella, naturalmente, este proyecto no dice nada. ¿Qué importaciones han pagado y pagan IVA? Esencialmente, la de las bananas, que es la importación inexorable siempre y cuyo producido ha servido para muchas cosas, incluso, para licuar buena parte de la deuda de la granja. Téngase presente y recuérdese que cada chiquilín uruguayo cuando consume una banana está contribuyendo en algo; en lo personal, considero que esta es una política correcta. Si analizamos la recaudación de este impuesto, podemos ver que esencialmente está constituido en un 90% por la banana. ¿Pero qué pasa en esta coyuntura? En mi humilde opinión, ese proyecto establece demasiados días y por eso propusimos a los compañeros bajar ese lapso a la mitad, ya que no se pueden razonar estas cosas si no se tiene en cuenta el almanaque. El Uruguay va a tener abundancia de frutas de febrero para adelante, por una cuestión de almanaque. En este momento tenemos este fenómeno. La cosecha de manzanas fue pobre, muy castigada por enfermedades, y las que están depositadas no llegan a fin de año por lo que debemos importar.

Hay otro rubro fundamental que es la papa, y la cantidad que va a haber disponible hacia fin de año va a ser poca. ¿Por qué lo sabemos? Por la semilla que se plantó. No se pueden hacer milagros; pero los problemas de escasez se arreglan con abundancia. Si este proyecto termina sus posibilidades activas en enero, les estoy dando una buena señal a los plantadores de papa de otoño, es decir, que tienen que sembrar en enero y febrero del año que viene, en un cultivo carísimo, en el que hay que meter no menos de US$ 4.000 por hectárea. Esa es la principal cosecha de papa del Uruguay, que hay que hacerla, además, con semilla importada canadiense. Si tengo este impuesto que está amenazando con que es fácil traer papa de Balcarce, lo van a pensar dos o tres veces. Quiero que los tipos que van a invertir en eso se sientan con un margen positivo de seguridad, porque cuando hablamos de horticultura, no hablamos de cualquier cosa. Acá nadie va a importar lechuga, acelga o espinaca; se trata de muy pocos rubros, y el fundamental es la papa.

Entonces, hoy tenemos que tratar de evitar que los pocos a quienes les va a quedar papa el mes que viene y el siguiente te abusen, porque de lo contrario le van a cobrar $ 40 o $ 45 al consumidor. Pero a su vez, no tenemos que abusar sobre la voluntad de siembra de esos productores a la entrada del verano. Quedan siete u ocho grandes productores de papa; acá se produce la mitad. Son gente muy racional, que saca las cuentas; no son como los antiguos paisanos, que plantaban una o media cuadrita todos los años. Eso no existe más; hoy son verdaderos empresarios. Por eso nos movemos en tratar de cortar la posibilidad del abuso.

Pongamos más datos sobre el terreno. El costo de siembra de una hectárea de papa es de US$ 4.000, groseramente, produce un promedio de 14.000 o 15.000 quilos, que se venden a $ 15 o $ 16 en el mercado y la buena papa a alrededor de $20, saquen la cuenta de la recaudación bruta por hectárea. Está con un precio bueno, pero si no tratamos de importar algo hacia los meses que vienen, a la gente le van a cobrar la papa a $40 o $50. Estamos entre la espada y la pared. Y la papa no es cualquier cultivo.

Téngase presente que este Gobierno cuida mucho esas cosas; a veces la embocamos y otras nos podemos equivocar, como cualquiera, pero estas situaciones las hemos pensado y las pensamos. Con los AFIDI tenemos el elemento para regular la importación y no crear crisis de sobreabundancia. Esa es la verdadera barrera que tenemos. Creo que todavía la granja necesita un tiempo de administración de estas cosas, y la apertura total es desastrosa, lo mismo que el encerramiento total, porque caemos en el abuso en la otra punta.

Estos son los problemas que tiene este Poder Ejecutivo. De ahí que convenimos en una propuesta de tres meses y tres meses, pero de nada sirve esta cuestión del IVA si no estuvieran los AFIDI. Esto significa que hay que pedir y conseguir una autorización; no equivale a libertad de importación. Es falso afirmar eso; no hay libertad de importación. De la misma manera, los pollos no pueden venir del Brasil, porque nos estamos defendiendo de la enfermedad de Newcastle. La barrera es de carácter sanitario. No es un liberalismo puro; es el liberalismo que se aplica en el mundo en que vivimos.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: creo que es un tema que tiene gran profundidad porque se refiere a la política comercial, y ya no a la interna; es la política comercial del país en su expresión externa.

Lo que dice el señor Senador Mujica es cierto. Nosotros tuvimos que aplicar -y aplicamos- medidas restrictivas no arancelarias, e incluso dejamos vigente durante mucho tiempo este decreto de los AFIDI, que son acreditaciones fitosanitarias, es decir, barreras no arancelarias de carácter sanitario establecidas para limitar el ingreso de determinados productos que, de otra manera, ingresarían por las obligaciones que el país asume en sus compromisos multilaterales o regionales para la apertura. Pero todos los países juegan en esa flexibilidad.

En lo que tenemos que manejarnos con mucho cuidado es en que, aun existiendo el decreto y las posibilidades de que la AFIDI se aplique en forma selectiva, al decretar o establecer por ley una liberación de carácter general, de acuerdo a como el Poder Ejecutivo lo determine, estamos mostrando, desde el punto de vista de la política exterior comercial, que no existiría un gran sustento histórico para la existencia de esta restricción fitosanitaria. Es cierto que siempre se han utilizado estas restricciones, a veces con razón y otras no tanto; es claro que esto último también ha existido. Por ejemplo, en plena crisis con la República Argentina, se utilizaron algunas medidas que provocaron, entre otras cosas, ácidas críticas de estos mismos periodistas, que en realidad no están criticando el liberalismo converso de un Gobierno, sino el proteccionismo de los que se suponía que eran gobiernos liberales. Este proteccionismo es parte de lo que se desarrolló como estrategia durante mucho tiempo. Entonces, la preocupación es que frente a esta liberalización o a esta norma, el país no quede expuesto a un análisis en la región y fuera de ella sobre la forma en que aplica las restricciones a las importaciones con criterios diferentes a los que critican generalmente los países o incluso nosotros.

En nuestro caso hemos criticado las restricciones por la aftosa, la mosca, etcétera; el mundo del sector agrícola ganadero está lleno de restricciones no arancelarias, porque la respuesta de la restricción arancelaria es el antídoto de la medida para restringir la apertura que se hizo con la baja del arancel. Ahora bien, una cosa es que lo hagan los países grandes -que por eso son grandes- y otra es que lo hagamos nosotros en forma tan descubierta, como para que después el propio Brasil o la propia Argentina, que ya vienen criticando estas medidas desde hace mucho tiempo, nos digan que ahora liberamos por ley la importación y entonces el tema sanitario no era tan importante. Ese es el tema de fondo, al que tenemos que buscar una salida. Por supuesto que estoy de acuerdo con el IVA, etcétera, pero lo que tenemos que ver es cómo hacemos una política consistente en materia comercial que, por la asimetría en que vivimos en este mundo de fuertes frente a débiles, no se nos torne después en un elemento contrario a nuestros intereses.

SEÑOR MUJICA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR ABREU.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: en mi humilde experiencia diplomática…

SEÑOR ABREU.- De diplomático no tiene nada.

SEÑOR MUJICA.- Créame que sí, porque reiteradamente tuve que recibir afectuosamente al Embajador del Brasil. ¿Sabe cuál es el camino? El de la verdad. El camino más racional y más corto es el de la verdad. Nosotros tenemos que defender nuestros pollitos porque no tenemos respuesta para Canelones. No se puede tapar el cielo con un harnero. Y lo que tenemos que manejar en nuestras relaciones domésticas es el camino de la verdad. En ciertos casos debemos seguir ciertas formalidades, pero en el problema de fondo, el camino es el de la verdad: nos tenemos que defender. Además, eso es lo que más se entiende y es lo más racional.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: comprendo el tema, pero depende de las circunstancias y de lo que se maneje. A veces, para los países más grandes el camino de la verdad es el más dañino porque no sólo tienen una actitud contradictoria sino que, además, se aprovechan de nuestras explicaciones y de nuestra buena fe. Mi temor es que, en ese camino de sinceridad, por decir la verdad, actúen todos de la misma manera. Creo que es bueno decir la verdad, que es algo que tenemos que proteger.

Es más, esto se mantuvo a rajatabla en gobiernos en que campeaba el liberalismo, al igual que sucedió con muchos otros temas que hacen referencia al pragmatismo con que se deben manejar los asuntos de carácter comercial y, en particular, los que tienen que ver con el relacionamiento exterior. Me pregunto por qué agitamos el AFIDI en lugar de manejarnos con un criterio que no nos vulnere tanto. Digo esto porque se hace una apertura sin hacer ninguna referencia al tema sanitario. Además, a la hora de la negociación, aunque se reconozca nuestra verdad, el otro país nos pasa por arriba con su mentira a fin de hacer primar su interés. Ese es mi temor, incluso en la Organización Mundial del Comercio, donde deberemos explicar cómo nos vamos a manejar. El tema del pollo es muy importante y eso lo sabe Brasil; en cualquier momento vamos a decir, con el fin de proteger a los productores, que los pollos no pueden entrar porque tienen pie plano.

Es cierto que el consumidor es importante, ¿pero qué señal le estamos dando al pequeño productor que tiene dificultades? Digo esto porque muchos granjeros se nos han acercado y nos han transmitido su preocupación.

Por otra parte, más allá del costo que pudiéramos pagar, ¿quién nos garantiza que vamos a bajar el índice de inflación? Ese es el otro gran problema que tenemos que discutir.

En definitiva, me parece que, con este mecanismo, no sólo estamos fragilizando a un sector que sufre enormemente, sino a todo el país. Mi visión es que este tipo de mecanismo se debería manejar con un poco más de discreción. Tal vez me equivoque, porque los tiempos cambian y las cosas se dicen de modo diferente.

En consecuencia, no tengo problemas con el tema del IVA, pero analizaría un poco más la manera de aplicar la política comercial. Además, esto lo haría en una Comisión en la que no necesariamente debería haber versión taquigráfica. Por tanto, nuestra intención sería la de postergar este proyecto -no ya para votar-, como forma de ver si podemos encontrar un funcionamiento un poco más sistemático.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: voy a ser muy breve y luego solicitaré que se vote este proyecto de ley.

El tema de la inflación tiene varios componentes y este es un elemento más que ayuda a su control. Además, no hay que ponerle tanto dramatismo al tema porque los granjeros -lo he hablado con muchas cooperativas en estos días- saben bien que la fijación del IVA para las frutas y verduras importadas se debió a una coyuntura de endeudamiento especial y a una situación económica que se arrastraba desde el pasado. El Fondo Granjero daba el 65% para solucionar el endeudamiento y el 35% restante para ayudar a la reconversión, pero esto es circunstancial. La sociedad puso mucho dinero para cancelar el endeudamiento de este sector y bienvenido sea. Creo que debe ser así cuando hay un sector que tiene dificultades, pero en este momento el sector entiende -así lo han dicho muchas gremiales, aunque hay muchas otras que no están de acuerdo- que es un momento de colaborar, sobre todo teniendo en cuenta que es sólo por sesenta días.

Cabe destacar que en este momento hay cincuenta mil cajones de frutas de hoja caduca de primera calidad en cámaras de atmósfera controlada, los que serán liberados en setiembre y octubre. Hoy en los supermercados esa fruta está a $ 45. El proyecto de ley también prevé que el 1º de agosto se empiecen a liberar los primeros veinticinco mil cajones, como manera de colaborar y como contrapartida para que el Poder Ejecutivo no importe, salvo que a fin de año escasee la fruta. En realidad, seguramente escasee la fruta porque las chacras, sobre todo de manzana, perdieron un 30% de sus plantaciones en el verano por problemas fitosanitarios, por lo que se va a necesitar importar.

Por otra parte, es una medida coyuntural y un elemento más que se agrega en el intento de lograr un equilibrio en el esquema inflacionario de aquí a fin de año, de manera de ayudar a la gente de menores ingresos.

Más allá de que estoy de acuerdo con que concurran todos los productores a las Comisiones, propongo que el proyecto de ley se vote. Además, tienen la oportunidad de participar en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes y, si se entiende que hay que hacer alguna modificación -previa consulta con el Poder Ejecutivo-, vamos a apoyarla.

SEÑOR HEBER.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: creo que los señores Senadores Da Rosa y Abreu fueron muy claros en cuanto a nuestra intención a esperar hasta el jueves para recibir a representantes de la granja y del Ministerio. Decimos esto con todo respeto por un ex Ministro como es el señor Senador Mujica, con quien podemos coincidir en muchas de sus reflexiones. La oposición necesita garantías, y de esta manera estamos dando un cheque en blanco a una exoneración en la que no sabemos qué productores serán incluidos por el Poder Ejecutivo.

También queremos escuchar la opinión de la granja sobre el literal B). Queremos ver si esto es necesario porque los sistemas de protección que históricamente ha tenido la granja en los últimos tiempos no le han permitido su desarrollo. Lamentablemente en nuestro país la granja no es exportadora sino que estamos como a la defensiva. Quizás protegerse sea el único camino; hay muchos países que lo hacen. No podemos pensar que esta actitud es mala para nosotros y buena para los demás. En ese sentido, estoy abierto en buscar una solución pero, como decía muy bien el señor Senador Abreu, cuidando los instrumentos porque somos acusados de no tener una competencia limpia en varios productos agropecuarios y, en especial, en el tema de la granja. Como se trata de un tema delicado donde está en juego la definición de qué granja queremos y cómo la apuntalamos mejor para que pueda crecer y no abastecer solamente al mercado interno sino también exportar a la región, pretendemos tener la oportunidad de debatirlo el día jueves, con los apuros del caso. Realmente no creo que dos días de diferencia puedan determinar que se salga bien o no de la situación. No entiendo la urgencia con la que el Gobierno envía este proyecto de ley, que impediría la posibilidad de escuchar al señor Ministro sobre qué productos se va a aplicar y a los afectados. Ya hemos recibido quejas de algunos granjeros que señalan que el literal B) de este artículo los perjudica. En definitiva, todo depende de los productos que el Poder Ejecutivo determine que van a estar exonerados de IVA. Nosotros, como no somos parte del Gobierno, debemos fiscalizarlo y para ello necesitamos saber cuáles son esos productos. ¿Cómo vamos a apoyar la exoneración genérica que solicita el Gobierno cuando esta no abarca a todas las frutas y hortalizas? Si fuera así, se trataría de una situación más transparente. En el caso de que el pedido del Gobierno fuera para exonerar a todas las frutas y hortalizas por sesenta días, no dependería de su discrecionalidad, aunque quizás precisa que se actúe de esta forma. Entonces, debemos saber qué frutas y hortalizas, dónde y por qué. Como oposición estas son las preguntas que debemos realizar. Si bien no tenemos una oposición frontal al proyecto de ley, con este apuro no se nos está facilitando que lo podamos acompañar. Considero que las urgencias van en contra de la información que la oposición necesita para apoyar esta iniciativa. Quizás sea buena, pero frente a la incertidumbre de no saber qué va a hacer el Poder Ejecutivo, nuestro Partido se ve impedido de poder habilitar un instrumento que le puede servir al país. Digo claramente que no tengo inconvenientes en brindar herramientas al Poder Ejecutivo para defender la producción nacional. Ahora bien, debemos discutir si esos instrumentos realmente la defienden o la perjudican. Esa es la gran pregunta y la gran discusión que por lo menos quiere tener nuestro Partido que cuenta con delegados en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Aquí no está en discusión el concepto de ayudar al Gobierno a proteger el consumo y la producción nacional, pero lo que sí queremos debatir es si esas herramientas son eficaces. Ese es un análisis que nos merecemos teniendo en cuenta, además, que presentimos que a veces estamos cerca de encontrar una herramienta común. Cuando escucho a algunos señores Senadores del oficialismo y a nuestros expertos, tengo la sensación de que muchas veces estamos cerca de llegar a una definición común para crear una herramienta que le sirva al país. Sin embargo, muchas veces las urgencias evitan que tengamos la información necesaria para que sea posible ese encuentro.

En definitiva, más allá de que este proyecto de ley sea o no bueno, no podemos acompañar una iniciativa que no nos brinda claridad.

SEÑOR MOREIRA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Moreira.

SEÑOR MOREIRA.- Señor Presidente: ratifico lo señalado por mis compañeros de Bancada en el sentido de que no alcanzamos a comprender la razón por la cual debemos votar en forma urgente este proyecto de ley. Me parece razonable contar con más elementos de juicio, teniendo en cuenta además que los integrantes de la Confederación de Granjeros han solicitado una audiencia a la Comisión respectiva.

Considero que el motivo por el cual estamos tratando esta iniciativa tiene que ver con la suba que han experimentado algunos productos de la granja, y esa percepción la tiene toda la población de nuestro país. Ahora bien, no se trata de un tema que haya surgido la semana pasada, sino que se dio durante todo el año pasado y parte de éste. Estimo que es notable luchar contra ese problema, pero que no es pertinente votar en forma urgente un proyecto de ley que atribuye absoluta discrecionalidad al Poder Ejecutivo en cuanto a la nómina de productos que eventualmente pueden estar exonerados, cuando en realidad se trata de un problema que se viene dando desde hace un año. Aclaro que no digo que las razones por las cuales esto sucede sean imputables al Gobierno, pero reitero que se trata de una situación que no empezó ayer. En estas instancias, reitero, no entendemos la urgencia de tratar la iniciativa y votarla sobre tablas, sin contar con los elementos de juicio suficientes.

Escuché con mucha atención al señor Senador Mujica quien, por su propia formación y porque además fue Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca durante más de tres años, sin duda es la persona que más sabe en este recinto sobre el tema, cuando señaló que el problema de las frutas y hortalizas importadas se reduce fundamentalmente a la banana que representa -si no escuché mal- el 90% de las importaciones. Personalmente considero que la exoneración se va a centrar en la papa, que es de gran consumo popular. Recuerdo que se habló del morrón, pero a diferencia de la papa se puede cocinar sin él. Se podría decir que la papa se asemeja a lo que ocurre con la leche. Entonces, me pregunto, si la exoneración refiere a la papa, ¿por qué en vez de establecer la discrecionalidad para que lo determine el Poder Ejecutivo, no decimos directamente que se trata de la papa? Por ejemplo, el artículo podría decir: "Exonérese a la importación de papa del pago del impuesto al valor agregado" y se acaba la discusión aquí. Aclaro que puede tratarse de la papa y de algunos productos más. Lo que cuestiono es por qué el Poder Ejecutivo no envía un proyecto de ley, fundamentando su importancia debido a las circunstancias del mercado, de la producción, de la mala cosecha, o de lo que sea, y enumera los productos que abarca. Personalmente prefiero legislar sin cheques en blanco y sobre cosas concretas.

Entendemos perfectamente que es muy grave que el ciudadano uruguayo deba pagar $ 40 o $ 50 el kilo de papas; y si para evitarlo es necesario votar una iniciativa de esta naturaleza, estamos dispuestos a apoyarla, pero pretendemos que las cosas se expliquen. Luego de escuchar al señor Senador Mujica entendí un poco más el tema y creo que el problema se da con la papa o quizás, con ese producto y algún otro. Entonces, insisto en preguntar por qué en el proyecto de ley no se establece claramente de qué productos se trata.

Asimismo, en la iniciativa original se hablaba de 120 días, más otros 120 días, y ahora se modifica ese plazo a 60 días. Creo que quizás de esa manera, se podría ver frustrada la hipótesis de que los productores uruguayos tienen que plantar la papa en el mes de enero.

Por otra parte, en cuanto a las trabas fitosanitarias, quiero señalar que quien las utiliza -bien o mal- es el Poder Ejecutivo y no es resorte del Parlamento. El Poder Legislativo puede votar la aprobación, la exoneración y la disminución de impuestos, pero la aplicación de decretos que establecen trabas no arancelarias -como las fitosanitarias- o los certificados que otorga el INAVI a través de etiquetas para permitir o no el ingreso de vinos y así regular el mercado, es responsabilidad del Poder Ejecutivo vía reglamentaria y normalmente lo hace con buen criterio. No obstante, esa no es una competencia de este proyecto de ley, aunque sí lo es la exoneración de impuestos. No me parece que esté mal que pidamos mayores definiciones y no un margen tan amplio de discrecionalidad como este, que tiene lugar no sólo con respecto a las importaciones sino también en cuanto a la venta y a la enajenación en el mercado de la producción nacional.

Entonces, creo que es razonable y ponderado pedir un pequeño margen de estudio y de elaboración en un tema que, reitero, no surgió la semana pasada ni el mes pasado, pues la inflación viene de atrás y es una de las grandes prioridades de este y de todos los Gobiernos. Seamos honestos: no es tan terrible esperar una semanita más. Si el tema se limita a determinados artículos que, sin duda, son de mayor consumo popular, ¿por qué no se los determina en el proyecto de ley y se los menciona especialmente? De esa forma, habríamos votado la iniciativa con las dos manos.

Para finalizar, reiteramos la moción realizada en ese sentido por el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR AMARO.-Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: nos cuesta mucho decir que no al Poder Ejecutivo sobre este y otros temas, y seguramente vamos a votar este proyecto de ley. Aclaro que estoy hablando a título personal y, por ello, pido disculpas a los compañeros de mi Partido. No me gusta negar herramientas al Poder Ejecutivo cuando las solicita para abordar un tema de interés público.

Si no escuché mal, el señor Senador Saravia -lo digo con mucho respeto hacia su persona- expresó que la iniciativa iba a ser votada en el día de hoy. Luego de escuchar lo expuesto por los señores Senadores del Partido Nacional -aspectos que comparto-, me parece que el Cuerpo viene trabajando bien desde que se aprobó el proyecto de ley de seguridad policial. Creo que todo lo que podamos votar en forma conjunta le hace bien al Senado y al país; me refiero a demostrar que los partidos estamos trabajando para que las cosas funcionen mejor, porque los temas no están solamente en el ámbito de la mayoría, sino también en el de la oposición. Nosotros actuamos en el Senado en forma constructiva.

Por ello, me parece una buena cosa esperar cierto plazo para aprobar la iniciativa, máxime cuando una Comisión de granjeros se va a presentar ante la Comisión parlamentaria respectiva, al igual que lo hará el señor Ministro del ramo. Entonces, creo que sería muy bueno que el Partido de Gobierno, el oficialismo, que cuenta con la mayoría necesaria para aprobar el proyecto de ley en el día de hoy o cuando quiera -así funcionan las mayorías democráticas-, entienda nuestra posición, pues estamos dispuestos a votar esta o cualquiera otra iniciativa en la que se solicite una cuestión de interés público que nosotros también estamos reclamando.

En síntesis, el Senado quedaría muy bien si postergara por algunas horas -serían sólo tres o cuatro días-, la aprobación de este proyecto de ley, porque podría celebrarse una sesión extraordinaria el lunes próximo o cuando la Mesa lo indique.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en términos globales, acompañamos la iniciativa, por la situación que se vive en materia de precios de los alimentos. Sin perjuicio de ello, entendemos que tal como está planteado el proyecto de ley, no va a tener ningún efecto significativo, más allá -y pido disculpas por el término que voy a emplear- de embromar durante un tiempo a algunos productores.

Las reglas de juego tienen que ser claras y estables. No se puede decir al productor: "Su regla de juego es que usted está protegido de esta manera y cuando, por equis circunstancia, tenga un precio mejor, lo voy a embromar y le voy a bajar artificialmente el precio hasta que aumente la oferta".

Por otra parte, creo que no está bien la discrecionalidad que se le otorga al Poder Ejecutivo en cuanto a que se dice sí a algunas cosas y no a otras. Para que estas normas tengan efecto, usualmente, debe comprenderse todo, puesto que en la economía hay bienes que son sustitutos de otros y operan los cambios en la demanda de los mismos. En general, se depende mucho de a cuál bien se le da la exención y a cuál no. Cuando aquí se votó la rebaja del IVA a determinadas carnes -pollo y cerdo-, particularmente voté en contra, porque pensaba que ello no tendría ningún efecto; esas carnes son marginales, tienen un precio de referencia de la carne vacuna. Entonces, el espejo es la carne vacuna y, como bien sustituto, la carne de pollo y la carne de cerdo que, además, no tienen ninguna posibilidad de comercio internacional en Uruguay, porque la regulación lo impide, terminamos formando su precio en función de la oferta y demanda del mercado interno, a la "sombra" de la carne vacuna. Decíamos que la medida no iba a tener ningún efecto, lo que al final efectivamente ocurrió. Y eso se dio, no por el poder de la palabra ni de la adivinación, sino básicamente porque así funcionan las cosas en economía.

En este caso, que la medida tenga algún efecto, depende del tipo de bien o de producto sobre el que se realice la exoneración; hay que ver si es un bien tan fuerte que hace de sostén o referencia del mercado o no.

Señor Presidente: los Senadores del Partido Colorado hemos presentado un proyecto de ley -hace por lo menos dos meses- mediante el cual facultábamos al Poder Ejecutivo a fijar a tasa cero el IVA de toda la canasta básica, justamente para evitar esta clase de problemas. El costo de la medida era realmente menor frente a lo que el Gobierno anuncia de aumento de gastos y, si no estoy equivocado, en términos anuales, era de alrededor de US$ 95:000.000. La aplicación además podría ser transitoria y, en la medida en que "afloje" la situación de precios en el mundo, lo que no depende de nosotros ni del Gobierno, volver a recaudar. Desde nuestra óptica, un uso mucho más responsable del dinero de la gente. Por lo tanto, el único argumento para votar a favor este proyecto es que el Gobierno pide un instrumento para paliar la situación y nosotros no queremos negárselo. Sin embargo, el que esto tenga algún efecto o no dependerá de cómo lo aplique y sobre qué bienes. Más allá de todo esto, creemos que el país debe definir en términos de largo plazo la política sobre estos bienes. Decimos esto porque entendemos que una política que se aplique a cualquier sector debe ser estable, y que cualquier sector que quiera crecer debe enfrentarse a la competencia porque, de lo contrario, no podrá hacerlo. Está claro que en nuestro país ningún sector puede crecer exclusivamente al amparo del mercado interno.

En consecuencia, todo esto está enmarcado en otro aspecto, pero para que la granja crezca, el Uruguay necesita dos cosas: mercados a los que vender -es decir, que se realicen acuerdos comerciales con mercados grandes que permitan vender productos de granja enfriados o congelados, como se hace en la mayor parte del mundo- y libertad de comercio interno. De otra forma, la problemática de la granja no tendría solución. Finalmente, lo único que logramos con casos como este es perjudicar al buen productor -que en algún momento hizo inversiones por precaución o para cubrir o proteger del clima su producción- ahora que puede obtener un mejor precio. Por lo tanto, con medidas como esta, cada vez habrá menos inversión en este sector. Entonces votamos en general el proyecto de ley pero no en particular.

SEÑOR VAILLANT.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR VAILLANT.- He pedido para hacer uso de la palabra, porque siento que estamos considerando un proyecto de ley respecto al cual no se han escuchado fuertes argumentaciones en contra. Por el contrario, da la sensación de que estamos de acuerdo y que todas las Bancadas de este Senado tenemos la misma preocupación. Sin embargo, se corre el riesgo de que el proyecto de ley se vote sólo por mayoría, lo que no sería coherente de acuerdo con algunas de las expresiones que los señores Senadores de la oposición han planteado.

En lo personal, entiendo la preocupación de la oposición y creo que es válido demorar por un tiempo la aprobación de esta iniciativa, lo que permitiría escuchar las opiniones a que se hizo referencia. No obstante, quiero dejar constancia de que tenemos un problema de tiempo -y los señores Senadores estarán de acuerdo con eso-, porque estamos por comenzar el tratamiento de la Rendición de Cuentas, lo que implica la suspensión de las sesiones ordinarias del Cuerpo.

Por otro lado, el Presidente del Senado me hacía notar, muy inteligentemente, que el proyecto de ley que estamos considerando establece que entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su promulgación. Por lo tanto, sería bueno que en los días que quedan del mes de julio se promulgara este proyecto para que entrara en vigencia en el mes de agosto. En cambio, si esto sucediera en agosto, la iniciativa entraría en vigencia en setiembre y, desde el punto de vista temporal, se perderían la razón y la coyuntura que obligan a realizar un planteo como el que presenta el Gobierno respecto a este tema.

Considero que existe una solución a la que muchas veces ha recurrido este Senado. Nuestro país tiene un Parlamento bicameral -a pesar de que algunos de nosotros pensamos que debería ser unicameral-, y por eso propongo que votemos este proyecto de ley y permitamos que todas las discusiones y las opiniones que puedan requerirse para una mayor tranquilidad, se procesen en la Cámara de Representantes. Creo que no es oportuno trancar el tratamiento de este asunto en el Senado, dado que la Cámara de Representantes ya ha terminado con la consideración de la Rendición de Cuentas y tiene tiempo disponible como para analizarlo.

Esta convocatoria que estoy haciendo no pretende desatender la preocupación de los señores Senadores de la oposición, sino que busca encontrar un mecanismo que permita contemplar todas las situaciones. Me refiero a nuestra urgencia y también a los lógicos planteos que hace la oposición, que pueden ser resueltos en la Cámara de Representantes.

En síntesis, propongo que aprobemos todos juntos este proyecto de ley y que lo pasemos a la Cámara de Representantes, que tendrá el tiempo suficiente para analizar lo que quede pendiente.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Realmente me resulta poco simpático no acceder al pedido racional que hace la oposición, pero estamos muy limitados por las fechas. Sé lo que va a suceder en setiembre; y no son los "pobrecitos productores", puesto que el negocio de la papa no es para chiquitos. A los pequeños productores no les queda ni una bolsa de papa. La verdad es que hay tres o cuatro que compran en grande y especulan. En lo personal, no les quiero hacer el juego permitiéndoles manejar el precio, y quiero dar al Poder Ejecutivo la posibilidad de amenazarlos y decirles que si se pasan de la raya, se podría favorecer la importación. En la actualidad, esa es la única forma de defender al consumidor.

Todo esto está laudado por la semilla que se plantó. Quizás en otras cosas no se pueda ser tan enfáticamente claro, pero, en este caso, está registrado cuántas semillas se importaron y cuántas se plantaron. Además, se plantó tarde debido a la sequía. Aclaro que me estoy refiriendo exclusivamente a la papa. Por lo expuesto, estoy convencido de que es urgente dar esta herramienta.

El comercio internacional de la papa es ridículo. En nuestro país se importa papa de Brasil o de Argentina, fundamentalmente de Balcarce y en este momento, su precio es de aproximadamente $ 9 o $ 10, y aquí se vende a $ 14 o $ 15. Esa es la razón por la que se quiere incidir en este asunto. Sin embargo, si surgen otros elementos estamos dispuestos a tener una discusión abierta y a convocar al Ministerio para el día jueves, con la intención de seguir trabajando. Si eso sucede y tuviéramos que dar marcha atrás, tendremos que hacer una reunión urgente sobre este tema, lo que sería una salida que nos permitiría tener en cuenta la racionalidad de todo lo que aquí se ha conversado.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores inscriptos, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 17 en 25. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

- "Artículo 1º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a:

A) Fijar en 0% (cero por ciento) la alícuota del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las enajenaciones de las frutas y hortalizas que determine.

B) Exonerar de dicho tributo a las importaciones de los bienes a que refiere el literal anterior.

La facultad establecida precedentemente podrá ser ejercida por un lapso de sesenta días a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley. El período de aplicación podrá ser prorrogado por única vez por otros sesenta días."

-En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-15 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase al Poder Ejecutivo a:

A) Fijar en 0% (cero por ciento) la alícuota del Impuesto al Valor Agregado aplicable a las enajenaciones de las frutas y hortalizas que determine.

B) Exonerar de dicho tributo a las importaciones de los bienes a que refiere el literal anterior.

La facultad establecida precedentemente podrá ser ejercida por un lapso de sesenta días a partir del primer día del mes siguiente al de la promulgación de la presente ley. El período de aplicación podrá ser prorrogado por única vez por otros sesenta días.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de julio de 2008.

Rodolfo Nin Novoa Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

22) ALTERACION DEL ORDEN DEL DIA

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una moción de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Solicito que se altere el Orden del Día y se pasen a considerar los asuntos que figuran en séptimo, octavo y noveno término del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va votar la moción presentada.

(Se vota:)

- 19 en 24. Afirmativa.

23) FUNCIONARIOS EVENTUALES DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se autoriza a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a celebrar contratos de función pública de carácter permanente con los trabajadores que actualmente desempeñan tareas en dicha Administración y que fueran contratados en condición de eventuales, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 17.960, de 26 de abril de 2006. (Carp. Nº 1213/08 - Rep. Nº 800/08)".

(Antecedentes:)

"Carp.N° 1213/08

Rep. N° 800/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguien-te

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Facúltase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado a celebrar contratos de función pública de carácter permanente con los trabajadores que actualmente desempeñan tareas en dicha Administración y que fueran contratados en condición de eventuales, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 17.960, de 26 de abril de 2006.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 18 de junio de 2008.

Uberfil Hernández 1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

Comisión de

Legislación del Trabajo

INFORME

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Legislación del Trabajo eleva a consideración del Pleno el siguiente proyecto referente a los funcionarios eventuales de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado; cuenta con la iniciativa del señor Representante Gustavo Bernini y quien informa este proyecto. El mismo, modifica la Ley N° 17.960, de 26 de abril de 2006, que ampara a los trabajadores del programa OSE-CREDIMAT.

En efecto, aquella ley votada por el Parlamento le otorgaba a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), la facultad de contratar a estos trabajadores con carácter de eventuales y de acuerdo a las necesidades del servicio. Inmediatamente comenzaron a desempeñar sus tareas en toda la República.

Sin embargo la facultad otorgada por la ley de celebrar contratos de carácter eventual con estos trabajadores, en los hechos le permitió al Ente contratarlos pero en desigualdad de condiciones con otros trabajadores contratados antes y después que ellos.

Es así que, por ejemplo, los contratos sólo pueden ser por seis meses, teniendo los trabajadores dificultades para acceder a créditos, o no pudiendo percibir beneficios como otros funcionarios públicos contratados.

Habiendo desempeñado esta tarea por más de dos años, la modificación que se propone permitirá a OSE celebrar contratos de trabajo por un año, con posibilidades de ser renovados.

La modificación que planteamos es en definitiva el cambio de la palabra "eventual" por "contratos de función pública de carácter permanente", a los efectos que se pueda contratar a estos trabajadores con las mismas condiciones que al resto de los trabajadores que el Ente ya contrata.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Legislación del Trabajo, aconseja al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley que se informa.

Sala de la Comisión, 10 de junio de 2008.

Jorge Pozzi, Miembro Informante; Juan José Bentancor, Tabaré Hackenbruch Legnani, Ivonne Passada, Pablo Abdala, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 132 del Reglamento de la Cámara de Representantes, acompaña el informe.

DISPOSICION CITADA

LEY N° 17.960

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO (OSE)

SE LA FACULTA A CELEBRAR CONTRATOS DE FUNCION PUBLICA CON TRABAJADORES PROYECTO OSE-CREDIMAT

El Senado y la Camara de Representantes de la Repú-blica Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:

Artículo Unico.- Facúltase a la Administración de las Obras Sanitarias del Estado (OSE), a celebrar contratos de función pública de carácter eventual y de acuerdo a las necesidades del servicio, con los trabajadores que desempeñaban tareas para el proyecto OSE-CREDIMAT, al 1° de abril de 2005.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 18 de abril de 2006.

RODOLFO NIN NOVOA, Presidente. Santiago González Barboni, Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Asuntos

Laborales y Seguridad Social

ACTA N° 86

En Montevideo, el día diez de julio de dos mil ocho, a la hora dieciséis y cuarenta minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.

Asisten sus Miembros la señora Senadora Susana Dalmás, los señores Senadores, Francisco Gallinal, Alberto Cid y Luis Oliver.

Preside el señor Senador Víctor Vaillant Presidente de la Comisión.

Faltan con aviso los señores Senadores Julio Lara Gilene y Carlos Ramela.

Actúan en Secretaría las señoras Secretarias de Comisión Gabriela Gazzano, y Rosa De León.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2594/2008, que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS ENTRADO:

Carpeta N° 1222/2008. Extensión del subsidio por desempleo a trabajadores de RILOMAN S.A. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a conceder extensión del subsidio. Distribuido N° 2588/2008.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1. Carpeta N° 1222/2008. Extensión del subsidio por desempleo a trabajadores de RILOMAN S.A. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a conceder extensión del subsidio. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2588/2008.

Se vota el artículo único 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Víctor Vaillant, Presidente de la Comisión. Informe Verbal.

2. Carpeta N° 1213/2008. Funcionarios Eventuales de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado. Se autoriza la celebración de contratos de función pública con carácter permanente. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 2569/2008.

Se vota el artículo único 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Francisco Gallinal. Informe Verbal.

3. Carpeta N° 1214/2008. Extensión del Subsidio por desempleo a trabajadores de BAO S.A. Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Socail a extender el subsidio. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2571/2008.

Se vota el artículo único 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Susana Dalmás. Informe verbal.

4. Carpeta N° 398/2005. Cómputo Ficto de Servicios a efectos Jubilatorios. Se reconocen en forma ficta aquellos resultantes de convenios colectivos. Proyecto de ley aprobado por Cámara de Representantes. Distribuido N° 568/2005.

Se vota en bloque: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid. Informe Verbal.

5. Carpeta N° 1053/2008. Negociación Colectiva del Sector Público. Se establecen normas. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2251/2008.

Se solicita reconsideración de los artículos 3° y 4° del proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión.

Se vota 5 en 5: Afirmativa. UNANIMIDAD.

Artículo 3° con el texto sugerido por la señora Senadora Susana Dalmás.

Se vota 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Senadora Dalmás presenta un artículo aditivo 3/1.

Se vota 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Senadora Dalmás propone dejar en suspenso la renumeración de los artículos hasta finalizar el estudio del proyecto.

Artículo 4° del proyecto de ley sustitutivo aprobado por la Comisión.

Se vota 0 en 5. Negativa. Suprimido.

Artículo 4° sustitutivo propuesto por la señora Senadora Susana Dalmás.

Se vota 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

RESOLUCION:

Se resuelve el siguiente Orden del Día de la próxima sesión de la Comisión:

1. Recibir en audiencia a los representantes del Congreso de Intendentes.

2. Carpeta N° 1053/2008. Negociación Colectiva del Sector Público. Se establecen normas. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2251/2008.

3. Carpeta N° 945/2007. Trabajo de Peones Prácticos y Obreros No Especializados. Se regula su distribución en obras efectuadas por el Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2041/2008.

A la hora diecisiete y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Víctor Vaillant Presidente

Gabriela Gazzano Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Gallinal.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: este proyecto de ley fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, y fue presentado originalmente en la Cámara de Representantes por los señores Representantes Bernini y Pozzi. A su vez, esta iniciativa está directamente vinculada a la Ley Nº 17.960, de 26 de abril de 2006, cuyo proyecto de ley presentáramos conjuntamente con el señor Senador Saravia.

Cuando comenzó esta Administración, un conjunto de trabajadores vinculados a OSE a través de lo que se denominó el proyecto CREDIMAT, se acercaron buscando una posible solución para la situación de eventual desempleo a la que se veían enfrentados, puesto que, si bien sus servicios seguían siendo necesarios para la Administración y, en este caso particular para OSE, no existía ningún instrumento legal que permitiera a su Directorio solucionar la problemática. A nuestra solicitud, recibimos al Directorio de OSE en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, el que nos manifestó que, efectivamente, no tenía un instrumento a través del cual poder contemplar la situación de, aproximadamente -recién consulté al señor Senador Amaro sobre este particular-, setenta trabajadores que hoy están desempeñando funciones en OSE. ¿Qué fue lo que hicimos en aquella circunstancia con el señor Senador Saravia? Presentamos un proyecto de ley que facultaba a OSE a celebrar contrato de función pública de carácter eventual y de acuerdo con las necesidades del servicio con los trabajadores que realizaban tareas en el proyecto OSE-CREDIMAT al 1º de abril de 2005. Vale recordar que en aquella instancia se planteó una discusión a propósito de si trabajaban para OSE o en carácter de privados. Incluso, estábamos ante las puertas de una eventual disputa judicial porque había algunos documentos que, efectivamente, acreditaban que una parte de sus haberes se habían abonado a través de la propia OSE.

Obviamente, la situación de "eventuales" es de cierta inestabilidad. Entonces, esta nueva iniciativa faculta nuevamente a OSE a celebrar contrato de función pública de carácter permanente con los trabajadores del proyecto OSE-CREDIMAT que actualmente prestan tareas en el Organismo. A nuestro juicio, se trata de una iniciativa de total justicia que llevará tranquilidad y certidumbre a estas setenta familias, lo cual siempre es bueno para quien desempeña tareas laborales.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, con el voto conforme de todos sus integrantes, recomienda al Plenario la aprobación de este proyecto de ley tal como viene de la Cámara de Representantes para, de esa forma, transformarse en ley.

Muchas gracias.

SEÑOR AMARO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR AMARO.- Señor Presidente: el Miembro Informante, señor Senador Gallinal, expuso el significado de este proyecto de ley que hoy, seguramente, será aprobado por el Senado y que, en gran medida, repara una situación injusta y discriminatoria. Estos obreros de OSE, de esta forma, pasarán a tener la calidad de funcionarios contratados permanentes, condición que le brindará mayor tranquilidad a ellos y, por supuesto, a sus familias. Nosotros sabemos muy bien lo que significa tener una familia y no contar con un trabajo estable, motivo por el cual apoyamos con toda nuestra convicción este proyecto de ley, al igual que lo hicimos con los anteriores. Nos alegramos porque el tiempo nos está dando la razón y sin temor a equivocarnos nos permitimos recordar que nuestros lineamientos siempre tendieron a que estos obreros fueran contratados por el Organismo. En consecuencia, hoy la casa está en orden y nos sentimos muy felices.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Adelanto que voy a ser breve. Cuando en 2005 se inició todo este proceso teníamos una preocupación para la que, justamente, este proyecto de ley trae una solución a través de la cual estos trabajadores y sus familias tendrán la seguridad de un contrato de función pública por más tiempo. Recuerdo que en aquel entonces muchos de ellos nos contaban que sus esposas estaban embarazadas y que percibían bajos ingresos. Entonces, junto con el señor Senador Gallinal entendimos que debíamos ayudarlos ante lo cual el Directorio de OSE nos pidió que le otorgáramos una herramienta legal para poder solucionar este tema. Transcurrido el tiempo, estos trabajadores han demostrado ser muy buenos obreros y, además, que habían cumplido su función permanentemente con gran nivel, lo que es reconocido, precisamente, por OSE.

En definitiva, señor Presidente, este proyecto de ley dará tranquilidad a todas estas familias y por ese motivo lo apoyamos con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo único.- Facúltase a la Administración de las Obras Sanitarias del estado a celebrar contratos de función pública de carácter permanente con los trabajadores que actualmente desempeñan tareas en dicha Administración y que fueran contratados en condición de eventuales, de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 17.960, de 26 de abril de 2006."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR MICHELINI.- Pido la palabra para fundamentar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MICHELINI.- Simplemente deseo decir que me alegro por la aprobación de este proyecto de ley y que felicito la iniciativa de los Diputados Bernini y Pozzi.

24) PRORROGA DE LA HORA DE FINALIZACION DE LA SESION

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- A los efectos de agotar la consideración de los puntos del Orden del Día, solicito que se postergue el horario de finalización de la sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

25) EXTENSION DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO A TRABAJADORES DE BAO S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del asunto que figura en 8º término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se otorgan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de BAO. (Carp. Nº 1214/08 - Rep. Nº 801/08)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1214/08

Rep. N° 801/08

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 16 de junio de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Alto Cuerpo un Proyecto de Ley que otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender el subsidio de desempleo a los trabajadores de BAO.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto que se acompaña tiene el propósito de contribuir con el fortalecimiento de la única empresa jabonera del país.

Desde 1863 BAO SA es parte del mercado nacional, en enero de 2007 se procedió a la liquidación de la empresa y posterior ocupación preventiva por los trabajadores, en agosto comenzaron las conversaciones entre trabajadores y nuevo grupo económico y el Gobierno, a efectos de lograr la reactivación de la misma, el mantenimiento de la planta física y de los puestos de trabajo.

Se trabajó en un proyecto donde se procuró evitar la paralización de la planta que estuvo durante 10 meses ocupada por los trabajadores, se iniciaron negociaciones que culminaron en el ofrecimiento de los inversionistas de mantener la totalidad de la planilla de funcionarios, sus respectivas categorías laborales, salarios y beneficios actuales.

La Planta, en el presente cuenta con 12 trabajadores en actividad y 17 trabajadores amparados al subsidio por desempleo.

En diciembre del 2007 se celebró acuerdo con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Bonomi, el SubSecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Martín Ponce de León, los representantes de los trabajadores José Prieto, Raúl Barreto, Carlos Tarragona, Juan Bocca y de los inversores Ernesto Puch y Eduardo Calache, el que permite la reactivación de la empresa de jabones BAO y a través del cual se procura obtener de las partes intervinientes los máximos esfuerzos por consolidar el emprendimiento industrial.

Saludamos a ese Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

RODOLFO NIN NOVOA, Vicepresidente de la República en ejercicio de la Presidencia; Danilo Astori, Eduardo Bonomi, Jorge Bruni.

Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de BAO, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que hayan agotado el plazo máximo de cobertura (ar-tículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981), así como aquellos que aún continúen en el goce del referido beneficio. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Danilo Astori, Eduardo Bonomi, Jorge Bruni.

DISPOSICIONES CITADAS

Artículo 7°

(Término de la prestación). El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un término máximo de seis meses y calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6°;

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de setenta y dos jornales, no pudiendo excederse mensualmente de los límites establecidos en el artículo 6°.

En ambos casos el término se computará desde la fecha de iniciación de la prestación por cada período de cotización.

Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido al menos doce meses, seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho. (*)

Artículo 10

(Desocupación especial). Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas.

En cada caso el Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse a los empleados suspendidos, despedidos, o en situación de trabajo reducido el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones computables y que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año. (*)

(*) Reglamentados por el Decreto N° 14/982.

DECRETO N° 14/982

Visto: la Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, por la que se establece el régimen de prestaciones destinadas a cubrir la contingencia del desempleo forzoso y el Proyecto de Reglamentación de dicho ordenamiento legal elaborado por la Dirección General de la Seguridad Social.

Atento: a lo preceptuado por el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República,

El Presidente de la República

DECRETA:

Reglamentario/a de: Decreto-Ley N° 15.180 de 20/08/1981.

Artículo 1

El régimen de prestaciones por desempleo comprende obligatoriamente a todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a terceros y se encuentren amparados por las normas que rigen a la Dirección de Pasividades de la Industria y el Comercio.

Los empleados no comprendidos en el inciso anterior se incorporarán en la oportunidad, forma y condiciones que se establecerán en cada caso.

Artículo 2

La prestación por desempleo consistirá en un subsidio mensual en dinero que se pagará a todo empleado comprendido en la ley que se reglamenta y que se encuentre en situación de desocupación forzoso no imputable a su voluntad o capacidad laboral.

Enriéndese a tales efectos por capacidad laboral la aptitud psicofísica para el desempeño de la tarea habitual, debiendo apreciarse aquella únicamente al momento en que se genera el derecho a la prestación.

Artículo 3

El desocupado deberá solicitar la prestación por desempleo, bajo pena de caducidad, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a:

A) La interrupción de la actividad remunerada (despido o suspensión total ) de empleados despedidos o suspendidos;

B) El primer día hábil siguiente a la finalización del mes en que se produjo la reducción del trabajo o suspensión parcial.

Vencido el término en día inhábil, quedará este prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Artículo 4

En caso de que la empresa no entregue la documentación con la información necesaria requerida por la Dirección de los Seguros por Desempleo, dentro del plazo previsto en el artículo 27 de este decreto, el empleado deberá solicitar el subsidio dentro del plazo reglamentario, prestando declaración jurada respecto del incumplimiento del empleador, lo que se hará constar expresamente en el formulario correspondiente.

Artículo 5

Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere:

A) Para los empleados con remuneración mensual, haber computado 180 días, continuos o no, de permanencia en la planilla de control de trabajo u otro documento equivalente, de una o más empre-sas;

B) Para los remunerados por día o por hora, haber computado 150 jornales en iguales condiciones;

C) Para los empleados con remuneración variable, haber percibido el equivalente a seis salarios mínimos nacionales mensuales, en iguales condiciones.

En todos los casos el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 6

Se tendrá como tiempo efectivamente trabajado a los efectos de la generación del subsidio por desocupación, los lapsos en que el solicitante percibió los subsidios previstos por la Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975 y modificativas, o el salario por maternidad servido por la Dirección de las Asignaciones Familiares.

Artículo 7

En caso de que el empleado no revistare en la planilla de control de trabajo o instrumento equivalente, o que no documentare los servicios dentro del plazo correspondiente, podrá acreditar, mediante cualquier medio de prueba, la existencia de la relación laboral y de los demás requisitos exigidos.

La prueba será valorada por la Administración en oportunidad de decidir sobre el derecho a la prestación.

Artículo 8

La Dirección de los Seguros por Desempleo podrá disponer la realización de toda clase de investigaciones y contralores tendientes a constatar o verificar los hechos declarados por los empleadores o los solicitantes, u otros que tengan relación con el otorgamiento de las prestaciones.

Artículo 10

Las inasistencias por razón de enfermedad que hayan sido certificadas por la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad, se considerarán justificadas.

Las demás certificaciones serán apreciadas por la Administración.

Artículo 11

Son causales para el otorgamiento del subsidio por desempleo:

A) La ruptura del vínculo laboral por despido;

B) La suspensión de la relación laboral;

C) La reducción en el mes de las jornadas de trabajo o de las horas en el día, en un porcentaje de un 25% o más del legal o habitual en épocas normales. A tales efectos se tomará el número de jornadas efectivamente trabajadas en el mes, o de horas en el día o de las remuneraciones percibidas en su caso, en los últimos doce meses de actividad del empleado, inmediatos anteriores a la reducción.

No corresponderá servir el subsidio por desocupación parcial cuando el trabajo reducido hubiere sido pactado expresamente o sea característica de la profesión o empleo o se trate de empleados con remuneración mensual.

Artículo 12

El monto del subsidio por desempleo para los empleados con remuneración mensual, fija o variable, despedidos o en situación de suspensión total de la actividad, será el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 meses inmediatos anteriores a configurarse la causal.

Artículo 13

El monto mensual del subsidio por desempleo para empleados con remuneración por día o por hora despedidos o en situación de suspensión total de la actividad, será el equivalente a 12 (doce) jornales.

El monto del jornal se obtendrá dividiendo por 150 (ciento cincuenta) el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 meses inmediatos anteriores a configurarse la causal.

Artículo 14

El subsidio previsto en los dos artículos anteriores no podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo nacional mensual vigente a la fecha de configurarse la causal, en el caso de empleados con remuneración mensual, fija o variable, o al 50% (cincuenta por ciento) del salario mínimo nacional que corresponda a los empleados jornaleros, vigente a la misma fecha.

Artículo 9

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, no tendrán derecho al subsidio por desempleo:

A) Los que perciban jubilación o adelanto prejubilatorio;

B) Los que se encuentren en estado de huelga y por el período del mismo;

C) Los que fueran despedidos o suspendidos por razones disciplinarias.

Para la determinación de esta exclusión, se estará a las pruebas que surjan del expediente administrativo, a los antecedentes del empleado y a la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

1) Dolo o falta grave en el desempeño de la actividad o causa del trabajo o en ocasión del mismo;

2) Abandono voluntario de la ocupación sin autorización del empleador o sin mediar causa justificada;

3) Embriaguez en horas de trabajo;

4) Bajo rendimiento intencional;

5) Inasistencia injustificada;

6) Daño o deterioro intencional a bienes propiedad de la empleadora o terceros;

7) Negativa injustificada a cumplir órdenes emanadas de la empresa;

8) Inobservancia a normas dictadas por la empresa o autoridad competente, tendientes a garantir la seguridad de personas y bienes;

9) Llegadas tarde reiteradas e injustificadas;

10) Otros hechos de análogas características a las descriptas precedentemente.

D) Los que perciban otros ingresos provenientes de actividades remuneradas al servicio de terceros o por cuenta propia. En caso de ingresos de otra naturaleza y siempre que los mismos fueren inferiores al monto de la prestación, se abonará la diferencia.

En ningún caso se tomarán en cuenta:

1) Las rentas vitalicias por accidente laboral o incapacidad servidas por el Banco de Seguros del Estado;

2) Las asignaciones familiares;

3) El hogar constituido;

4) Las pensiones alimenticias con destinos a menores o incapaces;

5) La vivienda propia que ocupen los beneficiarios;

6) Los ingresos complementarios voluntariamente servidos por los empleadores durante el período desocupacional, sea en forma voluntaria o provenientes de laudos o convenios colectivos que establezcan subsidios por desempleos propios.

7) La indemnización por despido;

8) Las licencias no gozadas, y el salario vacacional;

9) Los feriados pagos;

10) El sueldo anual complementario.

Artículo 15

Se encuentran en situación de suspensión total de la actividad, los empleados que durante el mes calendario no hayan percibido remuneraciones computables de especie alguna, con excepción del sueldo anual complementario y los feriados pagos.

Artículo 16

A los fines de la ley que se reglamenta, se consideran remuneraciones computables, las que constituyen materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

Artículo 17

El monto del subsidio para el despedido o suspendido totalmente se mantendrá durante todo el término de la prestación, cuando esta sea continua.

En caso de ser discontinua, se atenderá para fijar su monto, al promedio de retribuciones percibidas por trabajo efectivo en los últimos seis meses inmediatos anteriores a la nueva prestación, manteniéndose como mínimo el monto de la inicial.

Artículo 18

El subsidio mensual para jornaleros y destajistas en situación de suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido, -sea continua o discontinua- será equivalente a la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado conforme a los artículos 13 y 14 del presente reglamento, al momento de configurarse la causal, manteniéndose como mínimo el jornal base inicial, y las remuneraciones nominales computables, efectivamente percibidas en el mes durante el cual se sirve el subsidio, con excepción del sueldo anual complementario y los feriados pagos.

Artículo 19

El subsidio por suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido se servirá por mes calendario y solo puede ser solicitado una vez vencido el mismo.

Cuando la suspensión parcial o el trabajo reducido abarcara varios meses calendario, deberá solicitarse el beneficio separadamente, por cada uno de dichos meses.

Artículo 20

El beneficiario tiene derecho al suplemento del 20% del subsidio, en los siguientes casos:

A) Cuando fuere casado;

B) Cuando tuviere a su cargo incapaces que sean familiares por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer grado inclusive. Se entiende por incapaces, a los menores de edad, los ciegos, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, los dementes o imposibilitados físicamente;

C) Cuando tuviere a su cargo descendientes menores de 21 años de edad, o ascendientes.

Se considera que los familiares indicados están a cargo del empleado cuando este les proporciona exclusivamente o en su mayor parte los medios de subsistencia.

Sin perjuicio de ello, no se considera a cargo del empleado el familiar que tenga ingresos propios que superen el salario mínimo nacional mensual, vigentes a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 21

El monto de las prestaciones a servir mensualmente no puede superar, por todo concepto, la equivalente a 8 (ocho) salarios mínimos nacionales mensuales vigentes a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 22

El subsidio por desempleo se servirá:

A) Por un término máximo de 6 (seis) meses para los empleados con remuneración mensual fija o variable;

B) Por un total de 72 (setenta y dos) jornales para los empleados remunerados por día o por hora, no pudiendo excederse mensualmente del límite establecido en el artículo 13 del presente decreto.

Artículo 23

La prestación por desempleo se liquidará a partir del día siguiente al que se generó el derecho a la misma, tratándose de empleados despedidos o suspendidos totalmente y a partir del primer día siguiente a la finalización del mes calendario, en los casos de empleados en situación de desocupación parcial.

Artículo 24

El subsidio por desocupación, proveniente de despido, suspensión total o parcial de la actividad o trabajo redu-cido, se servirá hasta agotarse el término máximo de duración de las prestaciones (6 meses o 72 jornales según los casos), salvo que entre la última prestación percibida y el nuevo período desocupacional haya transcurrido un mínimo de 12 meses, 6 de ellos de aportación efectiva, y el beneficiario reúna las condiciones exigidas por el artículo 5° de este reglamento para generar derecho a una nueva prestación.

Artículo 25

Las prestaciones por desocupación estarán sujetas a las deducciones por aportes a la Dirección General de la Seguridad Social, retenciones y sanciones legalmente autorizadas.

Asimismo, se descontarán las sumas que los beneficiarios hubieren percibido indebidamente de la Dirección de los Seguros por Desempleo.

Artículo 26

Cesará el derecho a percibir el subsidio por desempleo:

A) Cuando el empleado se reintegre a cualquier actividad remunerada;

B) Cuando rechazare sin causa legítima un empleo conveniente;

Se entiende que son causas legítimas para el rechazo de un empleo conveniente, entre otras:

a) Que el empleo no esté de acuerdo con las aptitudes físicas, intelectuales o profesionales del desocupado;

b) Cuando la ocupación ofrecida pueda significar una pérdida de aptitud en la profesión u oficio que venía desarrollando;

c) Que el trabajo ofertado obligue a radicarse fuera de la localidad en que se domicilia con su familia, siempre que esta se encuentre a su cargo;

d) Cuando la remuneración ofrecida por el empleo ofertado sea manifiestamente inferior a la que se abona en el gremio en que actuaba al momento de producirse la desocupación. El empleado tendrá la carga de la prueba y la Administración resolverá tomando en consideración los antecedentes del trabajador, la índole de las dificultades, impedimentos o carencias esgrimidas por el empleado, para estimar la ocupación ofrecida;

C) Cuando se encuentre percibiendo el beneficio por desempleo y teniendo configurada causal jubilatoria, solicitare la jubilación. En tal caso, el cese se operará a partir de la fecha del servicio de la pasividad o del prejubilatorio.

Artículo 27

Son obligaciones de las empresas cuya actividad esté comprendida en la ley que se reglamenta y sujetas a contralor de la Dirección de los Seguros por Desempleo:

a) Llenar los formularios con la información requerida por los mismos, que entregue dicha Dirección, dentro de los diez días hábiles siguientes al despido, suspensión o finalización del mes en que se produjo la suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido;

b) Suministrar toda la información que requiera la Dirección de los Seguros por Desempleo, ya tenga vinculación directa o indirecta con la relación laboral del empleado desocupado;

c) Exhibir toda la documentación que requiera dicha Dirección, tendiente a controlar o comprobar los hechos informados, con la declaración presentada ante la misma;

d) Aportar las pruebas a la Dirección de los Seguros por Desempleo, de los hechos invocados para despedir o suspender y/o reducir la actividad del empleado;

e) Comunicar a la Dirección de los Seguros por Desempleo, dentro de 5 días hábiles, cuando se produzca el reintegro del trabajador a la actividad remunerada en la empresa;

f) Comunicar a dicha Dirección, dentro del quinto día hábil, cuando el empleado no se reintegre al trabajo una vez finalizado el período de suspensión, o sin haber este vencido, fuere convocado por el empleador y no se presentare.

Las obligaciones previstas en los literales b), c) y d) deberán cumplirse dentro del plazo que fije la Dirección de los Seguros por Desempleo.

Sin perjuicio de las multas que puedan aplicarse, las sumas que la Administración abonare por información inexactas de las empresas, podrán ser repetidas contra estas.

Artículo 28

El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que imponen el ordenamiento legal, decretos o resoluciones emanandas del Poder Ejecutivo, la Dirección General de la Seguridad Social, o la Dirección de los Seguros por Desempleo y cuyo contralor se atribuya a esta última Dirección, será sancionado con multas cuyos montos se graduarán según su gravedad, en una suma fijada entre los importes de 1 a 50 jornales o días de sueldo de cada empleado comprendido en el mismo o que pueda estar afectado por aquel, al momento de acaecer dicho incumplimiento.

En caso de reincidencia, se duplicará la escala anterior. Se entiende por reincidencia la comisión de una nueva infracción antes de transcurridos cinco años de la aplicación por la Administración, por resolución firme, de la sanción correspondiente a la infracción anterior.

Las precedentes sanciones serán sin perjuicio de las penales que puedan corresponder.

Artículo 29

Son obligaciones de los solicitantes del subsidio por desempleo o de los desocupados que se encuentran gozando de dicho beneficio entre otras:

a) Procurarse un nuevo empleo dentro del plazo más breve posible;

b) Reintegrarse al trabajo al finalizar el período de sus- pensión total o cuando lo solicite el empleador en cualquier momento;

c) Comunicar dentro de los cinco días hábiles a la Dirección de los Seguros por Desempleo, cuando se produzca el reintegro a la actividad que venía desarrollando o el reintegro a cualquier actividad remunerada;

d) Suministrar toda información o medio de prueba que lo solicite la Administración;

e) Concurrir en las oportunidades que lo cite la Dirección de los Seguros por Desempleo;

f) Comunicar todo cambio de domicilio;

g) Declarar bajo juramento todos y cada uno de los ingresos que perciba, cualquiera sea el concepto.

Artículo 30

A los efectos dispuestos en el artículo 17 de la ley que se reglamenta, las prestaciones deberán considerarse concedidas atendiendo a la fecha del cese que genera el derecho a las mismas para el caso de ruptura o suspensión del vínculo laboral, o a la fecha de finalización del mes en que se produjo la reducción del trabajo.

Artículo 31

Prorróganse las prestaciones que sirven los sistemas privados de seguros de paro a que hace referencia el artículo 27 de la Ley N° 12.570, de 23 de octubre de 1958, en la redacción dada por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 13.108, del 23 de octubre de 1962 y artículos 33 a 37 del Decreto de 27 de julio de 1962.

Artículo 32

Declárase que la Comisión Administradora de los Servicios de Estiba (CASE) se encuentra excluida del régimen previsto en la ley que se reglamenta.

Sin perjuicio de ello, queda facultada para proceder a la depuración de los registros que administra.

Artículo 33

Comuníquese, etc."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Dalmás.

SEÑORA DALMAS.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley que extiende el beneficio del seguro de desempleo a los trabajadores de BAO. Es así que se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extenderlo hasta por un plazo de 180 días. En la exposición de motivos de este proyecto se fundamenta la necesidad de esta medida en el hecho de que desde agosto de 2007 se vienen celebrando conversaciones entre los trabajadores y un nuevo grupo económico a los efectos de concretar la reactivación de la empresa que, si bien hoy ya está produciendo, aún no ha sido posible incorporar a toda la plantilla de trabajadores que originalmente tenía la fábrica. Concretamente, todavía quedan diecisiete trabajadores amparados en el seguro de desempleo.

Por lo expuesto, la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, en forma unánime, recomienda al Senado la aprobación de este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de BAO, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto - Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981), así como aquellos que aún continúen en el goce del referido beneficio. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 19. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

26) EXTENSION DEL SUBSIDIO POR DESEMPLEO A TRABAJADORES DE RILOMAN S.A.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la con-sideración del asunto que figura en noveno término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender nuevamente el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A. (Carp. Nº 1222/08 - Rep. Nº 802/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1222/08

Rep. N° 802/08

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 30 de junio de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a ese Cuerpo un proyecto de ley que otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social facultades para extender nuevamente el subsidio de desempleo a los trabajadores de la empresa RILOMAN S.A.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El proyecto que se acompaña, tiene como antecedente inmediato a la Ley N° 18.255, del 20 de febrero de 2008, y se basa en los mismos motivos con la particularidad que a la fecha, el Banco de la República Oriental del Uruguay ha avanzado en el estudio de diversos proyectos que podrían incluir a parte del personal de RILOMAN S.A. En este sentido cabe mencionar que el Banco de la República ha creado REPUBLICA MICROCREDITOS con el objeto de desarrollar tarjetas de créditos, recuperación de deudas, servicio de Call Center, etc. Esta nueva sociedad incluirá parte del personal de la empresa RILOMAN S.A. cuando comience su funcionamiento el que se espera se produzca en breve lapso.

Como se recordará, la firma RILOMAN S.A. ha operado como administradora de créditos vinculada al ex Banco de Crédito, y la liquidación de esa institución bancaria le provocó un fuerte impacto. No obstante ello, con grandes dificultades, continúa funcionando hasta el presente.

En la actualidad la empresa mantiene una relación comercial con República AFISA por la gestión de recuperación de parte de su cartera de créditos, cumpliendo un servicio satisfactorio, según lo ha consignado el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay. Tal circunstancia le ha permitido comprobar que RILOMAN S.A., cuenta en su plantilla de empleados, con personas de experiencia, especializadas, con el suficiente "hnow how" para atender y desarrollar la función por la cual se ha creado REPUBLICA MICROCREDITOS.

Por las razones expuestas el Poder Ejecutivo remite a la Asamblea General para su consideración el proyecto de ley que se acompaña, el que se estima suplementará un plazo imprescindible para instrumentar la nueva empresa que permita la absorción de parte del personal de RILOMAN S.A.

Saludamos a ese Alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República, Eduardo Bonomi, Mario Bergara.

Ministerio de Trabajo

y Seguridad Social

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de RILOMAN Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2°.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio; o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981); o, inclusive, hayan utilizado la ampliación prevista por la Ley N° 18.255, del 20 de febrero de 2008. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Eduardo Bonomi, Mario Bergara.

DISPOSICIONES CITADAS

Decreto-Ley N° 15.180

Artículo 7°

(Término de la prestación). El subsidio por desempleo se servirá:

A) Para el empleado con remuneración mensual fija o variable, por un término máximo de seis meses y calculado de acuerdo a lo establecido en el artículo 6°;

B) Para el empleado remunerado por día o por hora, por un total de setenta y dos jornales, no pudiendo excederse mensualmente de los límites establecidos en el artículo 6°.

En ambos casos el término se computará desde la fecha de iniciación de la prestación por cada período de cotización.

Los beneficiarios que hayan agotado, de modo continuo o discontinuo, el término máximo de duración de la prestación de desempleo podrán comenzar a recibirla de nuevo cuando hayan transcurrido al menos doce meses seis de ellos de aportación efectiva, desde que percibieron la última prestación y reúnan las restantes condiciones requeridas para el reconocimiento de tal derecho. (*).

Artículo 10

(Desocupación especial). Facúltase al Poder Ejecutivo para establecer, por razones de interés general, un régimen de subsidio por desempleo total o parcial para los empleados con alta especialización profesional, en ciertas categorías laborales o actividades económicas.

En cada caso el Poder Ejecutivo establecerá el monto del subsidio a pagarse a los empleados suspendidos, despedidos, o en situación de trabajo reducido el que no podrá exceder del 80% (ochenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones computables y que no podrá extenderse por un plazo mayor de un año. (*)

(*) Reglamentados por el Decreto N° 14/982)

DECRETO N° 14/982

Visto: La Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981, por la que se establece el régimen de prestaciones destinadas a cubrir la contingencia del desempleo forzoso y el Proyecto de Reglamentación de dicho ordenamiento legal elaborado por la Dirección General de la Seguridad Social.

Atento: a lo preceptuado por el numeral 4° del artículo 168 de la Constitución de la República,

El Presidente de la República

DECRETA:

Reglamentario/a de: Decreto-Ley N° 15.180, de 20/08/1981.

Artículo 1

El régimen de prestaciones por desempleo comprende obligatoriamente a todos los empleados de la actividad privada que prestan servicios remunerados a terceros y se encuentren amparados por las normas que rigen a la Dirección de Pasividades de la Industria y el Comercio.

Los empleados no comprendidos en el inciso anterior se incorporarán en la oportunidad, forma y condiciones que se establecerán en cada caso.

Artículo 2

La prestación por desempleo consistirá en un subsidio mensual en dinero que se pagará a todo empleado comprendido en la ley que se reglamenta y que se encuentre en situación de desocupación forzoso no imputable a su voluntad o capacidad laboral.

Entiéndese a tales efectos por capacidad laboral la aptitud psicofísica para el desempeño de la tarea habitual, debiendo apreciarse aquella únicamente al momento en que se genera el derecho a la prestación.

Artículo 3

El desocupado deberá solicitar la prestación por desempleo, bajo pena de caducidad, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a:

A) La interrupción de la actividad remunerada (despido o suspensión total) de empleados despedidos o suspendidos;

B) El primer día hábil siguiente a la finalización del mes en que se produjo la reducción del trabajo o suspensión parcial.

Vencido el término en día inhábil, quedará éste prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.

Artículo 4

En caso de que la empresa no entregue la documentación con la información necesaria requerida por la Dirección de los Seguros por Desempleo, dentro del plazo previsto en el artículo 27 de este decreto, el empleado deberá solicitar el subsidio dentro del plazo reglamentario, prestando declaración jurada respecto del incumplimiento del empleador, lo que se hará constar expresamente en el formulario correspondiente.

Artículo 5

Para tener derecho al subsidio por desempleo se requiere:

A) Para los empleados con remuneración mensual, haber computado 180 días, continuos o no, de permanencia en la planilla de control de trabajo u otro documento equivalente, de una o más empresas;

B) Para los remunerados por día o por hora, haber computado 150 jornales en iguales condiciones;

C) Para los empleados con remuneración variable, haber percibido el equivalente a seis salarios mínimos nacionales mensuales, en iguales condiciones.

En todos los casos el mínimo de relación laboral exigido deberá haberse cumplido en los 12 (doce) meses inmediatos anteriores a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 6

Se tendrá como tiempo efectivamente trabajado a los efectos de la generación del subsidio por desocupación, los lapsos en que el solicitante percibió los subsidios previstos por la Ley N° 14.407, de 22 de julio de 1975 y modificativas, o el salario por maternidad servido por la Dirección de las Asignaciones Familiares.

Artículo 7

En caso de que el empleado no revistare en la planilla de control de trabajo o instrumento equivalente, o que no documentare los servicios dentro del plazo correspondiente, podrá acreditar, mediante cualquier medio de prueba, la existencia de la relación laboral y de los demás requisitos exigidos.

La prueba será valorada por la Administración en oportunidad de decidir sobre el derecho de la prestación.

Artículo 8

La Dirección de los Seguros por Desempleo podrá disponer la realización de toda clase de investigaciones y contralores tendientes a constatar o verificar los hechos declarados por los empleadores o los solicitantes, u otros que tengan relación con el otorgamiento de las prestaciones.

Artículo 9

Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, no tendrán derecho al subsidio por desempleo:

A) Los que perciban jubilación o adelante prejubilatorio;

B) Los que se encuentren en estado de huelga y por el período del mismo;

C) Los que fueran despedidos o suspendidos por razones disciplinarias.

Para la determinación de esta exclusión, se estará a las pruebas que surjan del expediente administrativo, a los antecedentes del empleado y a la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

1) Dolo o falta grave en el desempeño de la actividad a causa del trabajo o en ocasión del mismo;

2) Abandono voluntario de la ocupación sin autorización del empleador o sin mediar causa justificada;

3) Embriaguez en horas de trabajo;

4) Bajo rendimiento intencional;

5) Inasistencia injustificada;

6) Daño o deterioro intencional a bienes propiedad de la empleadora o terceros;

7) Negativa injustificada a cumplir órdenes emanadas de la empresa;

8) Inobservancia a normas dictadas por la empresa o autoridad competente, tendientes a garantir la seguridad de personas y bienes;

9) Llegadas tarde reiteradas e injustificadas;

10) Otros hechos de análogas características a las descriptas precedentemente.

D) Los que perciban otros ingresos provenientes de actividades remuneradas al servicio de terceros o por cuenta propia. En caso de ingresos de otra naturaleza y siempre que los mismos fueren inferiores al monto de la prestación, se abonará la diferencia.

En ningún caso se tomarán en cuenta:

1) Las rentas vitalicias por accidente laboral o incapacidad servidas por el Banco de Seguros del Estado;

2) Las asignaciones familiares;

3) El hogar constituido;

4) Las pensiones alimenticias con destino a menores o incapaces;

5) La vivienda propia que ocupen los beneficiarios;

6) Los ingresos complementarios voluntariamente servidos por los empleadores durante el período desocupacional, sea en forma voluntaria o provenientes de laudos o convenios colectivos que establezcan subsidios por desempleos propios.

7) La indemnización por despido;

8) Las licencias no gozadas, y el salario vacacional;

9) Los feriados pagos;

10) El sueldo anual complementario.

Artículo 10

Las inasistencias por razón de enfermedad que hayan sido certificadas por la Dirección de los Seguros Sociales por Enfermedad, se considerarán justificadas.

Las demás certificaciones serán apreciadas por la Administración.

Artículo 11

Son causales para el otorgamiento del subsidio por desempleo:

A) La ruptura del vínculo laboral por despido;

B) La suspensión de la relación laboral;

C) La reducción en el mes de las jornadas de trabajo o de las horas en el día, en un porcentaje de un 25% o más del legal o habitual en épocas normales. A tales efectos se tomará el número de jornadas efectivamente trabajadas en el mes, o de horas en el día o de las remuneraciones percibidas en su caso, en los últimos doce meses de actividad del empleado, inmediatos anteriores a la reducción.

No corresponderá servir el subsidio por desocupación parcial cuando el trabajo reducido hubiere sido pactado expresamente o sea característica de la profesión o empleo o se trate de empleados con remuneración mensual.

Artículo 12

El monto del subsidio por desempleo para los empleados con remuneración mensual, fija o variable, despedidos o en situación de suspensión total de la actividad, será el equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del promedio mensual de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 meses inmediatos anteriores a configurase la causal.

Artículo 13

El monto mensual del subsidio por desempleo para empleados con remuneración por día o por hora despedidos o en situación de suspensión total de la actividad, será el equivalente a 12 (doce) jornales.

El monto del jornal se obtendrá dividiendo por 150 (ciento cincuenta) el total de las remuneraciones nominales computables percibidas en los 6 meses inmediatos anteriores a configurarse la causal.

Artículo 14

El subsidio previsto en los dos artículos anteriores no podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo nacional mensual vigente a la fecha de configurarse la causal, en el caso de empleados con remuneración mensual, fija o variable, o al 50% (cincuenta por ciento) del salario mínimo nacional que corresponda a los empleados jornaleros, vigente a la misma fecha.

Artículo 15

Se encuentran en situación de suspensión total de la actividad, los empleados que durante el mes calendario no hayan percibido remuneraciones computables de especie alguna, con excepción del sueldo anual complementario y los feriados pagos.

Artículo 16

A los fines de la ley que se reglamenta, se consideran remuneraciones computables, las que constituyen materia gravada a los efectos de las contribuciones especiales de seguridad social.

Artículo 17

El monto del subsidio para el despedido o suspendido totalmente se mantendrá durante todo el término de la prestación, cuando esta sea continua.

En caso de ser discontinua, se atenderá para fijar su monto, al promedio de retribuciones percibidas por trabajo efectivo en los últimos seis meses inmediatos anteriores a la nueva prestación, manteniéndose como mínimo el monto de la inicial.

Artículo 18

El subsidio mensual para jornaleros y destajistas en situación de suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido, -sea continua o discontinua- será equivalente a la diferencia que existiera entre el monto del subsidio calculado conforme a los artículos 13 y 14 del presente reglamento, al momento de configurarse la causal, manteniéndose como mínimo el jornal base inicial, y las remuneraciones nominales computables, efectivamente percibidas en el mes durante el cual se sirve el subsidio, con excepción del sueldo anual complementario y los feriados pagos.

Artículo 19

El subsidio por suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido se servirá por mes calendario y solo puede ser solicitado una vez vencido el mismo.

Cuando la suspensión parcial o el trabajo reducido abarcara varios meses calendario, deberá solicitarse el beneficio separadamente, por cada uno de dichos meses.

Artículo 20

El beneficiario tiene derecho al suplemento del 20% del subsidio, en los siguientes casos:

A) Cuando fuere casado;

B) Cuando tuviere a su cargo incapaces que sean familiares por afinidad o consanguinidad, hasta el tercer gado inclusive. Se entiende por incapaces, a los menores de edad, los ciegos, los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, los dementes o imposibilitados físicamente;

C) Cuando tuviere a su cargo descendientes menores de 21 años de edad, o ascendientes.

Se considera que los familiares indicados están a cargo del empleado cuando este les proporciona exclusivamente o en su mayor parte los medios de subsistencia.

Sin perjuicio de ello, no se considera a cargo del empleado el familiar que tenga ingresos propios que superen el salario mínimo nacional mensual, vigentes a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 21

El monto de las prestaciones a servir mensualmente no puede superar, por todo concepto, la equivalente a 8 (ocho) salarios mínimos nacionales mensuales vigentes a la fecha de configurarse la causal.

Artículo 22

El subsidio por desempleo se servirá:

A) Por un término máximo de 6 (seis) meses para los empleados con remuneración mensual fija o varia-ble;

B) Por un total de 72 (setenta y dos) jornales para los empleados remunerados por día o por hora, no pudiendo excederse mensualmente del límite establecido en el artículo 13 del presente decreto.

Artículo 23

La prestación por desempleo se liquidará a partir del día siguiente al que se generó el derecho a la misma, tratándose de empleados despedidos o suspendidos totalmente y a partir del primer día siguiente a la finalización del mes calendario, en los casos de empleados en situación de desocupación parcial.

Artículo 24

El subsidio por desocupación, proveniente de despido, suspensión total o parcial de la actividad o trabajo re-ducido, se servirá hasta agotarse el término máximo de duración de las prestaciones (6 meses o 72 jornales según los casos), salvo que entre la última prestación percibida y el nuevo período desocupacional haya transcurrido un mínimo de 12 meses, 6 de ellos de aportación efectiva, y el beneficiario reúna las condiciones exigidas por el artículo 5° de este reglamento para generar derecho a una nueva prestación.

Artículo 25

Las prestaciones por desocupación estarán sujetas a las deducciones por aportes a la Dirección General de la Seguridad Social, retenciones y sanciones legalmente autorizadas.

Asimismo, se descontarán las sumas que los beneficiarios hubieren percibido indebidamente de la Dirección de los Seguros por Desempleo.

Artículo 26

Cesará el derecho a percibir el subsidio por desempleo:

A) Cuando el empleado se reintegre a cualquier actividad remunerada;

B) Cuando rechazare sin causa legítima un empleo conveniente;

Se entiende que son causas legítimas para el rechazo de un empleo conveniente, entre otras:

a) Que el empleo no esté de acuerdo con las aptitudes físicas, intelectuales o profesionales del desocupado;

b) Cuando la ocupación ofrecida pueda significar una pérdida de aptitud en la profesión u oficio que venía desarrollando;

c) Que el trabajo ofertado obligue a radicarse fuera de la localidad en que se domicilia con su familia, siempre que esta se encuentre a su cargo;

d) Cuando la remuneración ofrecida por el empleo ofertado sea manifiestamente inferior a la que se abona en el gremio en que actuaba al momento de producirse la desocupación. El empleado tendrá la carga de la prueba y la Administración resolverá tomando en consideración los antecedentes del trabajador, la índole de las dificultades, impedimentos o carencias esgrimidas por el empleado, para estimar la ocupación ofrecida;

C) Cuando se encuentre percibiendo el beneficio por desempleo y teniendo configurada causal jubilatoria, solicitare la jubilación. En tal caso, el cese se operará a partir de la fecha del servicio de la pasividad o del prejubilatorio.

Artículo 27

Son obligaciones de las empresas cuya actividad esté comprendida en la ley que se reglamenta y sujeta a contralor de la Dirección de los Seguros por Desempleo;

a) Llenar los formularios con la información requerida por los mismos, que entregue dicha Dirección, dentro de los diez días hábiles siguientes al despido, suspensión o finalización del mes en que se produjo la suspensión parcial de la actividad o trabajo reducido;

b) Suministrar toda la información que requiera la Dirección de los Seguros por Desempleo, ya tenga vinculación directa o indirecta con la relación laboral del empleado desocupado;

c) Exhibir toda la documentación que requiera dicha Dirección, tendiente a controlar o comprobar los hechos informados, con la declaración presentada ante la misma;

d) Aportar las pruebas a la Dirección de los Seguros por Desempleo, de los hechos invocados para despedir o suspender y/o reducir la actividad del empleado;

e) Comunicar a la Dirección de los Seguros por Desempleo, dentro de 5 días hábiles, cuando se produzca el reintegro del trabajador a la actividad remunerada en la empresa;

f) Comunicar a dicha Dirección, dentro del quinto día hábil, cuando el empleado no se reintegre al trabajo una vez finalizado el período de suspensión, o sin haber este vencido, fuere convocado por el empleador y no se presentare.

Las obligaciones previstas en los literales b), c) y d) deberán cumplirse dentro del plazo que fije la Dirección de los Seguros por Desempleo.

Sin perjuicio de las multas que puedan aplicarse, las sumas que la Administración abonare por información inexacta de las empresas, podrán ser repetidas contra estas.

Artículo 28

El incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que imponen el ordenamiento legal, decretos o resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo, la Dirección General de la Seguridad Social, o la Dirección de los Seguros por Desempleo y cuyo contralor se atribuya a esta última Dirección, será sancionado con multas cuyos montos se graduarán según su gravedad, en una suma fijada entre los importes de 1 a 50 jornales o días de sueldo de cada empleado comprendido en el mismo o que pueda estar afectado por aquel, al momento de acaecer dicho incumplimiento.

En caso de reincidencia, se duplicará la escala anterior. Se entiende por reincidencia la comisión de una nueva infracción antes de transcurridos cinco años de la aplicación por la Administración, por resolución firme, de la sanción correspondiente a la infracción anterior.

Las precedentes sanciones serán sin perjuicio de las penales que puedan corresponder.

Artículo 29

Son obligaciones de los solicitantes del subsidio por desempleo o de los desocupados que se encuentran gozando de dicho beneficio entre otras:

a) Procurarse un nuevo empleo dentro del plazo más breve posible;

b) Reintegrarse al trabajo al finalizar el período de suspensión total o cuando lo solicite el empleador en cualquier momento;

c) Comunicar dentro de los cinco días hábiles a la Dirección de los Seguros por Desempleo, cuando se produzca el reintegro a la actividad que venía desarrollando o el reintegro a cualquier actividad remunerada;

d) Suministrar toda información o medio de prueba que le solicite la Administración;

e) Concurrir en las oportunidades que lo cite la Dirección de los Seguros por Desempleo;

f) Comunicar todo cambio de domicilio;

g) Declarar bajo juramente todos y cada uno de los ingresos que perciba, cualquiera sea el concepto.

Artículo 30

A los efectos dispuestos en el artículo 17 de la ley que se reglamenta, las prestaciones deberán considerarse concedidas atendiendo a la fecha del cese que genera el derecho a las mismas para el caso de ruptura o suspensión del vínculo laboral, o a la fecha de finalización del mes en que se produjo la reducción del trabajo.

Artículo 31

Prorróganse las prestaciones que sirven los sistemas privados de seguros de paro a que hace referencia el artículo 27 de la Ley N° 12.570, de 23 de octubre de 1958, en la redacción dada por los artículos 2° y 3° de la Ley N° 13.108, del 23 de octubre de 1962 y artículos 33 a 37 del Decreto del 27 de julio de 1962.

Artículo 32

Declárase que la Comisión Administradora de los Servicios de Estiba (CASE) se encuentra excluida del régimen previsto en la ley que se reglamenta.

Sin perjuicio de ello, queda facultada para proceder a la depuración de los registros que administra.

Artículo 33

Comuníquese, etc.

LEY N° 18.255

Artículo 1

Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de Rilomán S.A., en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.

Artículo 2

La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio; o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7° y 10 del Decreto-Ley N° 15.180, de 20 de agosto de 1981); o, in-clusive, hayan utilizado la ampliación prevista por la Ley N° 18.170, de 27 de agosto de 2007.

La ampliación del plazo de prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Promulgación. 20/02/2008."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee:)

En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Vaillant.

SEÑOR VAILLANT.- Señor Presidente: en realidad, esta iniciativa tiene características similares a la anterior. Se trata de la extensión de la cobertura del seguro por desempleo a los ex trabajadores de la empresa RILOMAN S.A. El Senado recordará que en varias ocasiones hemos solicitado -y obtenido- el apoyo para sucesivas prórrogas en procura de buscar una solución definitiva para estos trabajadores que pertenecían a una empresa que administraba los créditos del ex Banco de Crédito. En la actualidad, parte de esos funcionarios vienen trabajando con República AFAP por la gestión de recuperación de parte de su cartera de crédito, cumpliendo un servicio satisfactorio. Tal circunstancia ha permitido comprobar que los ex trabajadores de RILOMAN cuentan con conocimientos y experiencia importantes como para atender y desarrollar las funciones del recientemente creado departamento de microcréditos del Banco de la República.

La aprobación de una extensión del seguro de desempleo da el tiempo suficiente -esperamos y tenemos la convicción de que será la última extensión- para que estos trabajadores -o por lo menos gran parte de ellos- puedan incorporarse a esta nueva actividad y vean así resuelto su problema laboral.

Por estos motivos, la Comisión de Asuntos Laborales del Senado aconseja votar al Cuerpo la prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-18 en 18. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores de RILOMAN Sociedad Anónima, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artícu-lo 1º.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Léase el artículo 2º.

(Se lee:)

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

"Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo que se otorga en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio; o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981); o, inclusive, hayan utilizado la ampliación prevista por la Ley Nº 18.255, del 20 de febrero de 2008. La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

27) ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la con-sideración del asunto que figura en quinto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se estable-

cen normas para el Acceso a la Información Pública. Carp. Nº 541/06. Rep. Nº 798/08".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 541/06

Rep. N° 798/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

"ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA"

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público sea o no estatal y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

Artículo 2°. Alcance.- Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.

Artículo 3°. Derecho de acceso a la información pública.- El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

CAPITULO SEGUNDO

De la información pública

Artículo 4°. Información pública.- Se presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas.

Artículo 5°. Difusión de la información pública.- Los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.

Los organismos públicos sean o no estatales deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información mínima:

a) su estructura orgánica;

b) las facultades de cada unidad administrativa;

c) la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación;

d) información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda;

e) concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos;

f) toda información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo;

g) mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.

Artículo 6°. Custodia de la información.- Es responsabilidad de los sujetos obligados por la presente ley, crear y mantener registros de manera profesional, para que el derecho de acceso a la información pública se pueda ejercer en plenitud.

El personal que administre, manipule, archive o conserve información pública, será responsable, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida o desmembración de la información pública.

Artículo 7°. Presentación de informes.- Todos los sujetos obligados por la presente ley presentarán ante el Organo de Control, hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá:

a) información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta ley;

b) detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas.

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, estarán también obligados a producir un informe semestral actualizado conteniendo la lista de información reservada.

Artículo 8°. Excepciones a la Información Pública.- Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial.

Artículo 9°. Información Reservada.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda:

a) comprometer la seguridad pública o la defensa nacional;

b) menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado Uruguayo;

c) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

d) poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona;

e) suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción; o

f) desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados.

Artículo 10. Información confidencial.- Se considera información confidencial:

I) aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:

a) refiera al patrimonio de la persona;

b) comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor; o

c) esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.

II) los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

Tendrán el mismo carácter los documentos o secciones de documentos que contengan estos datos.

Artículo 11. Período de reserva.- La información clasificada previamente como reservada, permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Sólo se ampliará el período de reserva sobre cierta documentación cuando permanezcan y se justifiquen las causas que le dieron origen.

Artículo 12. Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos.- Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.

CAPITULO TERCERO

Del procedimiento administrativo para acceder a la información pública

Artículo 13. De la solicitud y sus requisitos.- Toda persona física o jurídica interesada en acceder a la información pública en poder de los sujetos obligados por la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita an-te el titular del organismo. En dicha solicitud deberá constar:

a) la identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación;

b) la descripción clara de la información requerida y cualquier dato que facilite su localización;

c) y opcionalmente, el soporte de información preferido, sin constituir este último una obligación para el organismo.

Artículo 14. Límites del acceso a la información pública.- La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, el organismo, comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder, respecto de la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a los organismos que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producir.

No se entenderá producción de información, a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información al peticionario.

Artículo 15. Plazos.- Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de acceso a la información en poder de los sujetos obligados. Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta.

El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales.

Artículo 16. Competencia para decidir.- El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada.

Artículo 17. Acceso.- En caso que los sujetos obligados resuelvan favorablemente las peticiones formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen, o en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos a la solicitud.

El acceso a la información será siempre gratuito, pero su reproducción en cualquier soporte será a costa del interesado, quien reintegrará al organismo únicamente el precio de costo del soporte, sin ningún tipo de ganancia o arancel adicional.

Artículo 18. Silencio positivo.- El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde.

Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencido la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela, de conformidad con las previsiones de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1988 y del artículo 31 de la presente ley.

CAPITULO CUARTO

Organo de Control

Artículo 19. Organo de Control.- Créase como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), dotado de la más amplia autonomía técnica, la Unidad de Acceso a la Información Pública. Estará dirigida por un Consejo Ejecutivo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de AGESIC y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo entre personas que por sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus cargos.

A excepción del Director Ejecutivo de la AGESIC, los miembros durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente. Sólo cesarán por la expiración de su mandato y designación de sus sucesores, o por su remoción dispuesta por el Poder Ejecutivo en los casos de ineptitud, omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso.

La Presidencia del Consejo Ejecutivo será rotativa anualmente entre los dos miembros designados por el Poder Ejecutivo para dicho órgano y tendrá a su cargo la representación del mismo y la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

Artículo 20. Consejo Consultivo.- El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública funcionará asistido por un Consejo Consultivo, que estará integrado por 5 miembros:

a) una persona con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, designado por el Poder Legislativo, la que no podrá ser un Legislador en actividad;

b) un representante del Poder Judicial;

c) un representante del Ministerio Público;

d) un representante del área académica;

e) un representante del sector privado, que se elegirá en la forma establecida reglamentariamente.

Sesionará presidido por el Presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Sus integrantes durarán 4 años en sus cargos y sesionarán a convocatoria del Presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública o de la mayoría de sus miembros.

Podrá ser consultado por el Consejo Ejecutivo sobre cualquier aspecto de su competencia y deberá ser consultado por éste cuando ejerza potestades de reglamentación.

Artículo 21. Cometidos.- El Organo de Control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados por la República referidos al acceso a la información pública;

b) controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados;

c) coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas;

d) orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública;

e) capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a brindar el acceso a la información;

f) promover y coordinar con todos los sujetos obligados las políticas tendientes a facilitar el acceso informativo y la transparencia;

g) ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de todos los sujetos obligados;

h) promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental;

i) realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho al Poder Ejecutivo;

j) denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la presente ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes.

CAPITULO QUINTO

Acción de acceso a la información

Artículo 22. Acción de Acceso a la Información Pública.- Toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés (Art. 694 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996).

Artículo 23. Procedencia y competencia.- La acción de acceso a la información procede contra todo sujeto obligado por la presente ley, cuando éste se negare a expedir la información solicitada o no se expidiese en los plazos fijados en la presente ley.

Serán competentes para conocer en estas acciones:

1. en la Capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, cuando la acción se dirija contra una persona pública estatal, y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil en los restantes casos;

2. en el Interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia a los que se haya asignado competencia en la materia.

Artículo 24. Legitimación.- La acción de acceso a la información podrá ser ejercida por el sujeto interesado o sus representantes, ya sean tutores o curadores y, en caso de personas fallecidas, por sus sucesores universales, en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por medio de apoderado.

En el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales o los apoderados designados a tales efectos.

Artículo 25. Procedimiento.- Las acciones que se promuevan por violación a los derechos contemplados en la presente ley se regirán por las normas contenidas en los artículos que siguen al presente. Serán aplicables en lo pertinente los artículos 14 y 15 del Código General del Proceso.

Artículo 26. Trámite de primera instancia.- Salvo que la acción fuera manifiestamente improcedente, en cuyo caso el tribunal la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actuaciones, se convocará a las partes a una audiencia pública dentro del plazo de tres días de la fecha de la presentación de la demanda.

En dicha audiencia se oirán las explicaciones del demandado, se recibirán las pruebas y se producirán los alegatos. El tribunal, que podrá rechazar las pruebas manifiestamente impertinentes o innecesarias, presidirá la audiencia so pena de nulidad, e interrogará a los testigos y a las partes, sin perjuicio de que aquéllos sean, a su vez, repreguntados por los abogados. Gozará de los más amplios poderes de policía y de dirección de la audiencia.

En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer.

La sentencia se dictará en la audiencia o a más tardar, dentro de las veinticuatro horas de su celebración. Sólo en casos excepcionales podrá prorrogarse la audiencia por hasta tres días.

Las notificaciones podrán realizarse por intermedio de la autoridad policial. A los efectos del cómputo de los plazos de cumplimiento de lo ordenado por la sentencia, se dejará constancia de la hora en que se efectuó la notificación.

Artículo 27. Medidas provisionales.- Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del tribunal, la necesidad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspondieren en amparo del derecho o libertad presuntamente violados.

Artículo 28. Contenido de la sentencia.- La sentencia que haga lugar a la acción de acceso deberá contener:

a) la identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y contra cuya acción, hecho u omisión se garantice el acceso.

b) la determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual dicha resolución regirá, si es que corresponde fijarlo.

c) el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que será fijado por el tribunal conforme las circunstancias de cada caso, y no será mayor de quince días corridos e ininterrumpidos, computados a partir de la notificación.

Artículo 29. Recurso de apelación y segunda instancia.- En el proceso sólo serán apelables la sentencia definitiva y la que rechaza la acción por ser manifiestamente improcedente.

El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado, dentro del plazo perentorio de tres días. El tribunal elevará sin más trámite los autos al superior cuando hubiere desestimado la acción por improcedencia manifiesta, y lo sustanciará con un traslado a la contraparte, por tres días perentorios, cuando la sentencia apelada fuese la definitiva.

El tribunal de alzada resolverá en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de los autos. La interposición del recurso no suspenderá las medidas de amparo decretadas, las cuales serán cumplidas inmediatamente después de notificada la sentencia, sin necesidad de tener que esperar el transcurso del plazo para su impugnación.

Artículo 30. Sumariedad. Otros aspectos.- En este tipo de procesos no podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes. El tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumaria del proceso, la vigencia del principio de contradictorio.

Cuando se planteare la inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio (artículos 509 numeral 2 y 510 numeral 2 del Código General del Proceso) se procederá a la suspensión del procedimiento sólo después que el Magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas provisorias referidas en la presente ley o, en su caso, dejando constancia circunstanciada de las razones de considerarlas innecesarias.

CAPITULO SEXTO

Responsabilidades

Artículo 31. Responsabilidad administrativa.- Constituirán falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder:

a) denegar información no clasificada como reservada o confidencial;

b) la omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con negligencia, dolo o mala fe;

c) permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial;

d) la utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se tenga acceso por razones funcionales.

CAPITULO SEPTIMO

Disposiciones Transitorias

Artículo 32. Plazo de implementación de sitios web.- Los sitios web deberán ser implementados por los sujetos obligados, en el plazo perentorio de un año, contado a partir de la publicación de la presente ley. Su reglamentación regulará los lineamientos técnicos que permitan la uniformidad, interacción, fácil ubicación y acceso a esta información.

Artículo 33. Clasificación de la información.- En el plazo no mayor a un año desde la vigencia de la presente ley, todos los sujetos obligados deberán elaborar la lista de toda la información que a la fecha se encuentre clasificada como reservada, siempre y cuando esté comprendida en algunas de las excepciones contempladas en el artículo 8° de la presente ley. La información que no se sujete a estas excepciones, deberá desclasificarse en el plazo perentorio de seis meses. A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, toda información clasificada como reservada, que tenga más de quince años, deberá ser desclasificada y abierta libremente al público.

Artículo 34. Plazo de adecuación de los sujetos obligados.- Los sujetos obligados por la presente ley dispondrán de un plazo de dos años para adecuar sus registros, durante el cual no serán pasibles de sanciones en caso de denegación de acceso fundada en la imposibilidad de ubicar la información.

Artículo 35. Plazo para la reglamentación.- La presente ley se reglamentará dentro del plazo de ciento veinte días desde su publicación.

Sala de la Comisión, a 10 de julio de 2008.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Mariano Arana, Alberto Cid, Gustavo Penadés, Ruperto Long, Julio María Sanguinetti, Lucía Topolansky. Senadores.

INFORME DEL DOCTOR CARLOS E. DELPIAZZO

Montevideo, 23 de junio de 2008.

Sra. Presidenta de la

Comisión de Educación y

Cultura de la

Cámara de Senadores

Senadora Margarita Percovich

Presente.

De la mayor consideración:

Por la presente cúmpleme responder a la consulta formulada por Nota N° 18 de la Comisión de su digna presidencia, fechada el pasado 12 de junio, para que me pronuncie jurídicamente con respecto al proyecto de ley sustitutivo sobre acceso a la información pública contenido en el Distribuido N° 2531/2008 de la Carpeta N° 541/2006.

En particular, se me requiere una valoración general y un examen particular de las previsiones contenidas en los Arts. 8°, 9° y 12 de la iniciativa.

1. VALORACION GENERAL

De acuerdo a la información disponible, el texto bajo examen fue preparado en el ámbito de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica (AGESIC) en sustitución de los proyectos con estado parlamentario destinados a regular específica-mente el acceso a la información pública.

1.1 En tal sentido, se inscribe en la línea abierta por el proyecto de ley sobre derecho a la información y acción de habeas data presentado en la Cámara de Representantes el 12 de abril de 2000 por el entonces Diputado Díaz Maynard (ver: dictamen del Instituto de Derecho Informático de 21 de marzo de 2001 en anuario "Derecho Informático", FCU, Montevideo, 2002, tomo II, pág. 416 y sigtes.).

De acuerdo a su Art. 2° se establecía que "Cualquier persona podrá solicitar a los organismos estatales o paraestatales, que se le permita consultar o se le expida copia autenticada de los actos administrativos que hayan dictado y de los fundamentos que de ellos emanen, hayan sido éstos publicados o no". Agregaban los Arts. 7° y 10 que el organismo requerido "deberá expedirse en un plazo máximo de quince días hábiles" y que "sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del servicio que señale su carácter reservado, indicando las disposiciones legales en que se funde".

A partir del Art. 12, se regulaba la acción jurisdiccional de habeas data en los siguientes términos: "Si el organismo estatal o paraestatal... se negaren a expedir la información solicitada o no se expidieran en plazo, el titular de la petición denegada dispondrá de un plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a su notificación de la resolución para interponer la acción de habeas data contra dicho acto, en caso de que, a su juicio, la resolución negativa lesione, restrinja, altere o amenace sus derechos reconocidos en la Constitución de la República y, en particular, el derecho a la información".

"Serán competentes para el conocimiento de la acción de habeas data los Juzgados Letrados de Primera Instancia de la materia contencioso administrativa del lugar de radicación del organismo contra el que la misma se dirija" (Art. 14) y serán aplicables al proceso las disposiciones de los Arts. 6°, 7°, 10 y 12 de la Ley N° 16.011, de 19 de diciembre de 1988 (Art. 17), regulatoria de la acción de amparo.

Interesa destacar la amplitud del ámbito subjetivo de la iniciativa, que comprendía no sólo a las entidades estatales sino también a las personas públicas no estatales, que, actualmente, superan en número a aquellas.

Asimismo, es destacable la preocupación por la celeridad del proceso jurisdiccional de habeas data, a cuyo efecto se acudía a la normativa vigente en materia de amparo.

1.2 La iniciativa en la materia de más reciente tratamiento es el proyecto de acceso a la información pública y amparo informativo presentado en la Cámara de Senadores el 14 de junio de 2006 por los Senadores Percovich, Dalmás, Xavier, Topolansky, Korzeniak, Segovia, Vaillant, Breccia, Nicolini, Lorier, Oliver, Saravia, Cid, Rubio, Couriel y Fernández Huidobro (ver: dictamen del Instituto de Derecho Informático de 30 de octubre de 2006, en anuario "Derecho Informático", FCU, Montevideo, 2007, tomo VII, pág. 546 y sigtes.).

Se trata de un proyecto más detallado que el anterior, en el que pueden destacarse tres grandes bloques de normas.

El primero de ellos contiene las disposiciones generales, estando encabezado por el Art. 1°, a cuyo tenor se proclama ampliamente que "Toda persona física o jurídica tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la Administración pública nacional o departamental".

Acerca del alcance subjetivo de los obligados a informar, los Arts. 2° y 3° optan por la técnica enumerativa, la cual no es la más conveniente por cuanto presenta el inconveniente frente al conceptual, de dejar fuera situaciones o plantear dificultades interpretativas. Así, por ejemplo, respecto a las personas públicas no estatales, cabe preguntarse qué quiere decir que "el Estado tenga el control de sus decisiones", igualmente, no se advierte cuál es la razón para excluir a las organizaciones empresariales donde el Estado no tenga participación mayoritaria. Por lo tanto, sería mejor encartar en la iniciativa a todos los órganos y organismos públicos, sean estatales o no estatales (como en el proyecto reseñado más arriba).

Por su parte, el Art. 4° reitera el clásico principio -ya vigente entre nosotros- de la publicidad de la actividad administrativa. En cambo, no tiene el cuenta el más exigente principio de transparencia, incorporado a nuestro ordenamiento jurídico por múltiples disposiciones legales a partir de la ratificación de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

A su vez, el Art. 6°, tras explicitar la solución de principio (que es la que deriva de la Constitución) según la cual "Toda excepción al principio de publicidad de los actos y documentos gubernamentales debe establecerse por ley", agrega que "El texto de la presente ley de acceso a la información define taxativamente las materias que podrán ser objeto de reserva, además de aquellas que cuenten con ley expresa a la entrada en vigencia de esta ley". A renglón seguido, la ley trata de la reserva de los datos personales de carácter sensible, la reserva por razones de defensa nacional, y la reserva por razones comerciales o científicas (Arts. 7° a 10).

Teniendo en cuenta la pluralidad de disposiciones reguladoras del secreto (profesional, estadístico, bancario, etc.) vigentes en el país, no parece prudente la taxatividad prevista en la norma, máxime si se tiene en cuenta la reserva (hacia el pasado) de la parte final de la norma y la posibilidad (hacia el futuro) de que cualquier ley ordinaria posterior innove al respecto. En su mérito, el Instituto de Derecho Informático sugirió la eliminación de los Arts. 7° a 9° y la adecuación de la redacción del Inc. 2° del Art. 6°.

El segundo bloque de disposiciones a destacar está constituido por los Arts. 13 a 19 del proyecto, que regulan el procedimiento administrativo para el ejercicio del derecho de acceso.

De acuerdo al Art. 13, "Para solicitar el acceso a determinada información no se requieren formalidades especiales, ni fundar el motivo, salvo indicar por escrito la información requerida y la ubicación de la misma, si se conoce". Tras reiterar dicha regla, el Art. 14 dispone que "El organismo requerido, ante la petición formulada por el interesado, está obligado a permitir el acceso, o en su caso contestar la consulta que se le haga, en el momento en que sea solicitado si ello es posible; de lo contrario, deberá permitir o negar el acceso, o contestar la consulta en su caso, en un plazo máximo de quince días hábiles", el que "podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros diez días hábiles si median circunstancias excepcionales que hagan difícil la ubicación de la información solicitada".

Al tenor del Art. 18, "Vencido el plazo de quince días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado solicitud de prórroga o vencido el plazo de la prórroga, sin que exista resolución escrita del órgano, se entenderá que hay denegatoria ficta y el particular podrá accionar de acuerdo a los mecanismos establecidos en esta ley".

Precisamente, el tercer bloque del articulado de la iniciativa bajo examen está destinado a regular la acción de amparo informativo (Arts. 19 a 25). Obsérvese que no se emplea la denominación de habeas data (en sentido impropio), lo cual debe reputarse ajustado no sólo porque se adecua a la corriente de mayor arraigo doctrinario y legislativo comparado sino porque -a diferencia del anterior proyecto comentado- al momento de su presentación ya regía en el país la Ley N° 17.838, de 24 de setiembre de 2004, cuyo Título II regula el habeas data (en sentido propio) para la tutela de los datos personales.

Conforme a lo previsto en el Art. 19. "Si los sujetos estatales obligados... se negaren a expedir la información solicitada o no se expidieran en los plazos fijados en los artículos precedentes, el titular de la petición podrá sin más trámite interponer la acción de amparo informativo ante el tribunal competente" (que se define en los Arts. 20 y 21).

En cuanto al procedimiento, en solución similar a la del proyecto del año 2000, el Art. 23 establece que será aplicable al proceso de amparo informativo lo previsto en los Arts. 6°, 7°, 10 y 12 de la Ley N° 16.011, de 19 de diciembre de 1988, relativos a la acción de amparo normal.

1.3 El proyecto bajo examen es un texto más técnico que los precedentemente reseñados.

Desde el punto de vista formal, consta de 27 artículos estructurados en siete capítulos.

Desde el punto de vista sustancial, la indicación de los títulos de dichos capítulos da cuenta de su contenido, a saber:

a) Disposiciones generales:

b)De la información pública;

c) Del procedimiento administrativo para acceder a la información pública;

d) Organo de Control;

e) Acción de acceso a la información (Pública);

f) Responsabilidades; y

g) Disposiciones transitorias.

2. PUBLICIDAD Y SECRETO DE LA INFORMACION PUBLICA

Las tres disposiciones del proyecto (Arts. 8°, 9° y 12) respecto a las cuales se me interroga sobre aspectos específicos, tienen como común denominador la cuestión del alcance y los límites de la publicidad -y, por ende, del secreto- de la información pública.

2.1 Al respecto, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, el punto de partida para la consideración de la cuestión es el derecho a la información, cuyo contenido esencial comprende los siguientes tres aspectos (así: Miguel Angel EKMEKDJIAN - "Derecho a la Información", Depalma, Buenos Aires, Depalma 1992, pág. 25 y sigtes.):

a) el derecho a informar, es decir, a la expresión pública, que comprende la prohibición de censura explícita o encubierta (aspecto negativo) y el acceso a los medios de comunicación (aspecto positivo);

b) el derecho a informarse, o sea, a recibir información y a poder acceder a las fuentes de la misma; y

c) el derecho a la protección contra la información disfuncional o abusiva.

En tal sentido, la libertad de información ha sido encarada como una forma de la libertad de expresión caracterizada por su incidencia social, por exigir un soporte infraestructural para su desarrollo, y porque el receptor adquiere una particular relevancia frente al emisor; si se restara importancia al sujeto pasivo de la libertad de información, bastaría la libertad de expresión, que es claramente una libertad del sujeto para emitir y no para recibir información (ver: Ramón SORIANO - "Las libertades públicas", Tecnos, Madrid, 1990, págs. 144 y sigtes.).

2.2 Como un desprendimiento del derecho a la informasción, emerge actualmente con plena autonomía el derecho de acceso a la información pública (Ver: Marcela I. BASTERRA - "El derecho fundamental de acceso a la información pública", Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, pág. 10).

A través del mismo se potencia el control de la actividad administrativa y de quienes la realizan, permitiendo el pleno ejercicio de la soberanía del pueblo sobre sus mandatarios y, por ende, fortificando el Estado de Derecho y coadyuvando a superar el "déficit democrático" que supone el secretísmo del obrar público (así: Luis POMED SANCHEZ - "El acceso a los archivos administrativos. El marco y la práctica administrativa", en Rev. de Administración Pública, Madrid, 1997, N° 142, pág. 471).

Como ya lo he señalado antes de ahora, tres principios generales convocan a la accesibilidad a la información de los entes públicos, siempre que la misma no se encuentre limitada mediante ley dictada por razones de interés general en atención a fines específicos, tal como ocurre con el secreto militar, el secreto estadístico y el secreto tributario (ver: Carlos E. DELPIAZZO - "De la publicidad a la transparencia en la gestión administrativa", en Rev. de Derecho de la Universidad de Montevideo, Montevideo, 2003, Año II, N° 3, págs. 113 y sigtes.).

En primer lugar, corresponde mencionar el clásico principio de publicidad de obrar administrativo, el cual deriva de la forma republicana de gobierno, por lo que "las restricciones a la publicidad deben atender a dos criterios: por un lado, deben ser más débiles cuanto mayor sea el interés individual del que pide información: por otro lado, deben ser más débiles cuanto mayor sea la responsabilidad del solicitante por el buen funcionamiento del ente administrativo requerido. Y en ambos casos, la restricción debe ser motivada en una razón que sea suficientemente importante como para compensar la razón genérica que aconseja la publicidad como resorte esencial del sistema republicano. No hay que olvidar que la restricción debe tener siempre un motivo legítimo, derivar de un acto inspirado en alguna razón atendible... Pero si no hay razones para la restricción, aunque tampoco existan motivos especiales para la publicidad, ésta procede; precisamente porque ésta es la solución de principio bajo el sistema republicano" (ver: Horacio CASSINELLI MUÑOZ - "El principio de publicidad de la gestión administrativa", en Rev. Derecho, Jurisprudencia y Administración, tomo 58, págs. 165 y 166: y Elbio J. LOPEZ ROCCA - "Publicidad y secreto en la Administración Pública", en Rev. de Derecho Público, Año 2003, N° 24, págs. 39 y sigtes.).

En segundo lugar, íntimamente asociado al principio de publicidad, el principio de transparencia supone algo más. Cuando se habla de transparencia de la gestión administrativa, "se quiere dar un paso más respecto a la publicidad.. como que la publicidad implica mostrar pero la transparencia implica algo más que mostrar, implica dejar ver; simplemente que el actuar de la Administración se deje ver como a través de un cristal" (ver: Carlos E. DELPIAZZO - "Transparencia en la contratación administrativa", en "Líber Amicorum Discipulorumque José Aníbal Cagnoni", FCU, Montevideo, 2005, págs. 138 y sigtes.; "La regulación legal de control social y transparencia", en Rev. de Antiguos Alumnos del IEEM, Año 5, N° 1, págs. 29 y sigtes.; y "Control social de la Administración y transparencia", en Rev. lus Publicum, Santiago de Chile, 2003), N° 11, pág. 43 y sigtes.).

Más allá de la publicidad, la transparencia refiere a la diafanidad del obrar público, permitiendo ver con claridad el actuar de la Administración en la disposición y uso de los fondos públicos y en el obrar de sus funcionarios. Siendo así, se asocia a lo que es visible y accesible, a lo que puede ser conocido y comprendido, por contraposición a lo cerrado, misterioso, inaccesible o inexplicable.

En tercer lugar, desde la perspectiva tecnológica, interesa destacar que la accesibilidad por todos a la información pública y, más aún, al quehacer de las Administraciones Públicas esta impuesta por el principio de participación (ver: Carlos E. DELPIAZZO - "Dimensión tecnológica de la participación del administrado en el Derecho uruguayo", en Rev. Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo, San José de Costa Rica, 2005, N° 5, págs. 63 y sigtes.; y Laura NAHABETIAN - "Progatonistas del cambio. Derechos ciudadanos y nuevas tecnologías", en X Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, Santiago de Chile, 2004, págs. 120 y sigtes.).

2.3 Ahora bien: la amplia proclamación del derecho de acceso a la información pública no implica que el mismo sea irrestricto sino que está sometido a límites.

Sobre el particular, bien se ha dicho que el derecho de acceso a los archivos y registros administrativos constituye un "derecho encrucijada", habida cuenta del cúmulo de datos personales en poder de las Administraciones públicas, obtenidos a través del ejercicio de sus diversos cometidos.

Por lo tanto, es preciso preservar que, por la vía del acceso a la información de que disponen las reparticiones oficiales, no pueda verse herido el derecho a la protección de los datos personales o el derecho al honor u otros.

Asimismo, superiores razones de interés general pueden imperar sobre el interés particular a conocer determinada información en poder de la Administración. En tales casos, la solución de principio que recoge nuestra Constitución es que tal limitación al acceso debe disponerse por ley dado que toda la limitación a los derechos fundamentales es de competencia del Legislador.

Ello no impide que, en determinados casos -que deben interpretarse siempre con criterio restrictivo- la calificación de un asunto como secreto, confidencial o reservado pueda realizarse por la autoridad interviniente, pero en cualquier caso bajo su responsabilidad y sometido a la revisión judicial.

Como regla de interpretación, debe tenerse en cuenta que "todo derecho - también el de acceso a la información pública- termina donde empieza el derecho de los demás, lo que nos ubica ante la ardua cuestión de tener que optar cuando aparecen en juego dos o más derechos que se interceptan.

Para resolverla, es preciso determinar si los derechos humanos entran o no en colisión, temática que enfrenta al menos dos visiones:

a) la de quienes sostienen el "conflictivismo" entre los derechos y

b) la de quienes postulan el "coherentismo" o compatibilidad de los derechos, procurando su armonización.

El punto de partida no puede ser otro que la propia noción de Estado de Derecho, caracterizada no sólo por el respeto y la garantía del conjunto de los derechos fundamentales, sino por el armónico relacionamiento de éstos, en atención a la centralidad de la persona y en orden a su realización.

De acuerdo a nuestra Constitución, salvo respecto a la vida -supuesto de todos los demás-derechos humanos- no hay jerarquías rígidas entre los derechos ya que no hay fundamento alguno de Derecho positivo para atribuir diferente peso a los derechos, pretendiendo dar solución, por esta vía, a los supuestos casos de conflictos o colisiones entre ellos.

Por lo tanto, partiendo de la necesaria interpretación armónica de los derechos, impuesta no sólo por la unidad del sujeto humano, sino también por la regla general de interpretación constitucional sistemática, en casos de concurrencia de derechos, la labor del intérprete debe centrarse en pensar cada uno de los derechos en juego desde su contenido esencial, a efectos de determinar, no el "peso" concreto de los mismos para apreciar cuál es más importante o cuál debe rendirse, sino cuál de ellos comparece y cuál no en el caso concreto.

Determinar el contenido esencial de un derecho implica mirar hacia los límites internos de cada derecho en litigio, hacia su naturaleza, hacia el bien que protegen, hacia su finalidad y su ejercicio funcional; es atender a sus respectivos contornos y a sus esferas de funcionamiento razonable. El contenido esencial no es la última valla, que defiende un pequeño reducto inexpugnable para que aún pueda decidirse que existe el derecho, sino que implica el amplio ámbito de ejercicio razonable de un derecho que, una vez definido en general y determinado en las circunstancias concretas, es absoluto, inexcepcionable, y no puede ser dejado de lado por razones utilitarias (ver: Carlos E. DELPIAZZO y Andrés ROBAINA RAGGIO - "Estado de Derecho y ocupaciones", en Rev. de Derecho de la Universidad de Montevideo, Montevideo, 2006, Año V, N° 9, pág. 10).

Así, a vía de ejemplo, el equilibrio entre el derecho a la información (y su desprendimiento, el derecho de acceso a la información pública) por una parte, y el derecho a la protección de datos personales (ubicado concéntricamente con los derechos a la intimidad y a la privacidad) por otra parte, aboga a favor de este último cuando existen datos personales en poder de la Administración susceptibles de ser accedidos no sólo por el titular sino por terceros (ver: Carlos E. DELPIAZZO - "A la búsqueda del equilibrio entre privacidad y acceso", en www.fder.edu.uy).

Varias razones respaldan tal afirmación, que se sustenta en consideraciones que hacen a la diversa naturaleza de la información en juego, a los bienes jurídicos a ponderar, a los fines y, en definitiva, al contenido esencial de cada uno de ambos derechos:

a) en primer lugar, debe atenderse a la diferente naturaleza de la información de que se trata de uno y otro caso; no puede confundirse la información pública con los datos personales que puedan formar parte de expedientes o registros administrativos. Ello significa que el derecho de acceso por cualquier ciudadano a la información en poder de las Administraciones públicas no alcanza a toda la información sino específicamente a la calificable como pública, la cual no comprende a la de carácter privado o personal ni a las secretas por imperio de la ley dictada en razón de interés general.

b) En segundo lugar, coadyuva con lo anterior la determinación del bien jurídico tutelado, el cual impone la reserva sobre lo íntimo de cada persona. El que los datos personales se encuentren en poder de la Administración no implica que su tratamiento esté liberado de la observancia del régimen protector ni mucho menos que puedan procesarse con cualquier propósito distinto al que motivó su colecta sin consentimiento del interesado.

c) En tercer lugar, no puede dejar de considerarse la diversidad de fines que persigue cada derecho en el conjunto de los demás derechos. Si el ejercicio de un derecho afecta la consecución de la finalidad de otro, entonces habrá que examinar si la finalidad que persigue el primero se encuentra en correspondencia con la finalidad que persigue el segundo. En la especie, es evidente que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, si no respeta el límite de la información privada, desvirtúa su fin. A su vez, la reserva de los datos personales no afecta el contenido esencial del derecho de acceso a los documentos administrativos.

d) En cuarto lugar, lo antedicho resulta corroborado porque la argumentación teleológica permite determinar el contenido esencial de cada derecho, impidiendo su desfiguración. En el caso, el núcleo duro determinante del derecho a la protección de los datos personales es la dignidad humana mientras que el derecho de acceso a la información pública se sustenta en la transparencia connatural a la servicialidad de la Administración (ver: Carlos E. DELPIAZZO - "Dignidad humana y Derecho", U.M., Montevideo, 2001, pág. 27 y sigtes.; y "Derecho Administrativo Uruguayo", UNAM - Porrúa, México, 2005, pág. 7 y sigtes.).

3 CONCLUSIONES

De las consideraciones vertidas en los párrafos anteriores pueden extraerse las siguientes conclusiones:

a) con carácter general, la iniciativa propuesta por la AGESIC merece una valoración positiva desde el punto de vista jurídico;

b) el texto del Art. 8° explícita una regla de garantía -que "las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta"- de la que no se deriva que no puedan disponerse reservas por la autoridad interviniente en atención a razones de interés general, teniendo claro que la solución de principio es que tal restricción compete al Legislador y que las decisiones que se adopten en el ámbito administrativo lo serán siempre con base en la ley, bajo la más estricta responsabilidad del decisor y sometidas a control político, disciplinario y jurisdiccional, según corresponda;

c) La calificación de reservada a cierta información debe ajustarse a la Ley (Art. 9°) y por eso el silencio administrativo produce efecto positivo (Art. 18) y la decisión apartada de la norma que adopte un decisor no sólo merecerá el reproche de ilegitimidad sino que habilitará al interesado a acudir al proceso jurisdiccional de garantía legalmente previsto (Art. 22);

d) el Art. 12 es una norma ambigua, que reitera el texto de los proyectos antecedentes, y que debería apreciarse caso a caso por el Juez competente para la excepción a la reserva legalmente impuesta lo sea en el marco de un proceso con todas las garantías; y

e) en todos los casos, debe tenerse en cuenta que los potenciales conflictos entre derechos fun-damentales deben resolverse armónicamente atendiendo al contenido esencial de los mismos y teniendo en cuenta la centralidad que la persona humana tiene en nuestro sistema jurídico, en el cual las Administraciones públicas tienen un rol servicial de aquella para el logro del bien común.

Quedo a las órdenes para cualquier aclaración o ampliación que se considere necesaria o conveniente.

Saludo a Usted muy atentamente.

Dr. Carlos E. Delpiazzo

Profesor de Derecho Administrativo (UR)

Profesor de Informática Jurídica y Derecho Telemático (UR)

Director del Instituto de Derecho Informático (UR)

Profesor de Derecho Administrativo (UM)

Director del Programa Master en

Derecho Administrativo Económico (UM)

INFORME DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO DE GESTION ELECTRONICA Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO (AGESIC)

PRESIDENCIA

República Oriental del Uruguay

AGESIC Montevideo, 25 de julio de 2008.

Sra. Presidenta de la Comisión de

Educación y Cultura de la

Cámara de Senadores

Senadora Margarita Percovich.

Presente.

De mi mayor consideración:

A través de la presente le damos respuesta a la consulta planteada a la Nota N° 14 de 12 de junio del presente con motivo del análisis de los artículos 8, 9 y 12 del proyecto de ley de Acceso a la Información Pública.

Respecto a la pregunta sobre el artículo 8° debemos tener en cuenta que una vez aprobada la ley, el Estado deberá transitar por un proceso de adecuación tanto a nivel normativo, como en cuanto a su infraestructura.

El proyecto de acceso consagra el derecho de acceso a la información pública, por lo que, restringir este derecho es materia legal, no siendo suficiente la vía reglamentaria.

Acerca de las Actas del Parlamento consideradas secretas hay que tener presente el artículo 105 de la Constitución que faculta a cada Cámara y a la Asamblea General a gobernarse interiormente por el Reglamento que se dicte.

En relación al artículo 9° hay que destacar, que si bien es el jerarca quien califica como reservada la información vinculada a su organismo, esta clasificación de la información deberá ser comunicada al Organo de Control, quien podrá objetarla si no la considera pertinente.

En un caso concreto, el solicitante de la información tendrá en última instancia la posibilidad de acceder a la vía jurisdiccional a través de la acción de habeas data impropio, a los efectos de que se dilucide acerca de la pertinencia de la reserva de la información.

El artículo 12 establece que el jerarca no podrá invocar la reserva de la información para denegar una solicitud de acceso cuando ésta refiera a violaciones de derechos humanos. Presentada una solicitud de información con este fundamento, si el jerarca considera que debe ser denegada por no tratarse de este caso particular, se abre la instancia judicial prevista en el artículo 22.

El objetivo del artículo es prevenir denegaciones por esta causa, no siendo conveniente acotar el alcance de la norma, ya que las diferentes situaciones deberán considerarse en el caso concreto, porque al establecer una casuística se estaría corriendo el riesgo de no contemplar determinados casos.

En caso de duda por parte del jerarca sobre si se encuentra efectivamente frente a un caso de violación a derechos humanos tiene la posibilidad de realizar una consulta al Organo de Control. Este a su vez, siempre posee la facultad de solicitar que el Consejo Consultivo previsto en el artículo 20 se expida sobre el punto.

Quedamos a las órdenes para realizar cualquier aclaración o ampliación que consideren pertinente.

Ing. José Clastornik

Director Ejecutivo AGESIC.

INFORME DEL GRUPO POR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

GRUPO POR EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Principios para una ley de acceso a la información pública

El acceso a la información pública es un derecho humano fundamental y no es una concesión del Estado. No se trata únicamente de un derecho individual sino que se encuentra asociado al interés público por ser una precondición de la democracia, del debate abierto de ideas y del control del gobierno.

Finalidad y sujetos obligados.- La ley tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En particular, garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión del Estado, sus poderes y cualesquiera de los organismos o personas jurídicas que lo integran, cualquiera sea su posición y autonomía. Las disposiciones de la ley también se aplicarán a las empresas privadas a las que se les haya otorgado mediante licencia, permiso, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de servicio público. También quedarán comprendidos las organizaciones privadas a las que se les haya otorgado subsidios o aportes provenientes del sector público.

Objetivos de la ley.-

- Proveer lo necesario para que toda persona pueda acceder a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos.

- Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados.

- Garantizar la protección de los documentos en posesión de los sujetos obligados.

- Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados.

- Promover la creación de una Ley Nacional de Archivos que regule un Sistema Nacional de Archivos que garantice la adecuada organización de los documentos en poder del Estado, sean estos públicos o reservados.

- Contribuir a la democratización de la sociedad uruguaya y a la plena vigencia del Estado de Derecho.

Principio de publicidad.- Toda la información a que se refiere la ley es pública y todas las personas tendrán acceso a la misma.

Principio de accesibilidad.- En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización.

Tampoco se requerirá a los interesados demostrar un interés especial, personal, legítimo o directo alguno. Tampoco deberán contar con patrocinio letrado para presentar peticiones ante los sujetos obligados.

Información pública.- A los efectos de esta ley se entiende por información pública todo registro, independiente de su soporte físico, que documente la actividad de los poderes, organismos y dependencias del Estado y sus funcionarios o contratados, sin importar su fuente o fecha de elaboración y si fueron financiados total o parcialmente por el erario público.

A los efectos de esta ley un documento es toda unidad de información registrada en cualquier soporte. A vía de ejemplo, las informaciones objeto de esta ley pueden estar fijadas en soporte escrito, impreso, fotográfico, sonoro visual, electrónico, magnético, microfilmado, magnético, informático, holográfico u otros soportes tecnológicos que puedan aparecer en el futuro.

Publicidad de la información oficial básica.- La ley incluirá un listado de las informaciones que los sujetos obligados deberán poner a disposición del público a través de medios idóneos (por ej. Página web) y que deberá actualizarse en forma permanente. Ej: salarios públicos del organismo por cargo, presupuesto asignado y ejecutado, servicios que ofrecen, misión y metas del organismo, auditorías, concesiones otorgadas, etc.

Excepción de reserva. Toda excepción al principio de publicidad de los actos y documentos gubernamentales debe establecerse por ley.

El texto de la ley de acceso deberá definir taxativamente las materias que podrán ser objeto de reserva, además de aquellas que cuenten con ley expresa a la entrada en vigencia de esta ley.

También tendrán carácter reservado aquellas secciones de documentos que presenten datos personales de carácter sensible definidos en la Ley N° 17.838 inciso b; estando legitimados para solicitar el acceso a dichas secciones únicamente los titulares de dicha información.

No podrá invocarse el carácter de reservado u confidencial de una información, cuando la misma sea relativa a violaciones de los derechos humanos y/o delitos de lesa humanidad.

Excepción de seguridad nacional.- A los efectos de esta ley se entiende por restricción legítima al acceso a la información pública por razones de seguridad nacional sólo aquella que tenga por auténtico propósito proteger la existencia de la nación, su integridad territorial o prevenir el derrocamiento de un gobierno democrático.

En todos los casos en que se interponga esta excepción debe demostrarse no sólo que el acceso a dicha información constituye una amenaza concreta contra la seguridad nacional, sino también que dicha restricción es la menos lesiva que se pueda adoptar y que es compatible con los principios democráticos y republicanos de gobierno.

Definir período máximo de reserva.- Toda información clasificada como reservada cesará a los 10 años de la fecha de producción del documento.

Secciones clasificadas.- Se establecerá que los sujetos obligados deberán permitir el acceso a aquellos documentos que contengan parte de su información de carácter reservada, o datos que afecten la intimidad de las personas. En esos casos, deberán salvaguardarse los aspectos reservados antes de otorgar el acceso a esos documentos.

Interpretación.- En la interpretación de la ley se deberá favorecer el principio de publicidad en posesión de los sujetos obligados.

Responsabilidad administrativa.- La ley deberá establecer taxativamente las causales de responsabilidad administrativa para los funcionarios públicos en relación al tratamiento de la información pública y el acceso a ésta. Por ejemplo, se establecerán sanciones para quienes sustraigan, destruyan u oculten información bajo su custodia. Así como para los funcionarios que actúen con negligencia, dolo, o mala fe, en la substanciación de los pedidos de información. Denegar información no clasificada como reservada, etc.

Plazos perentorios.- La ley incluirá un capítulo que regulará los plazos perentorios de que dispondrá la administración para satisfacer los pedidos de información. El silencio se tendrá por denegatoria en determinados plazos perentorios.

Amparo informativo.- La ley regulará la acción jurisdiccional de amparo específica para acceder a información denegada por el Estado.

Aspectos institucionales.- La ley creará un instituto para la información pública. Este instituto tendrá facultades de contralor del cumplimiento de la ley, coordinación estatal de las políticas de acceso informativo y promoción de la transparencia. Asimismo este instituto tendrá a su cargo la formación de los funcionarios públicos en lo relativo al derecho a la información.

- La ley también podrá crear unidades de enlace para poner en práctica la normativa en todos los ministerios, organismos, etcétera del Estado.

DISPOSICIONES CITADAS

Ley N° 15.982, de 18 de octubre de 1988

CODIGO GENERAL DEL PROCESO

LIBRO I

DISPOSICIONES GENERALES

TITULO II

APLICACION DE LAS NORMAS PROCESALES

Artículo 14. Intepretación de las normas procesales.-

Para interpretar la norma procesal, el tribunal deberá tener en cuenta que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales.

En caso de duda se deberá recurrir a las normas generales teniendo presente los principios generales de derecho y especiales del proceso y la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y de la defensa en el mismo.

Artículo 15. Integración de las normas procesales.-

En caso de vacío legal, se deberá recurrir a los fundamentos de las leyes que rigen situaciones análogas y a los principios constitucionales y generales de derecho y especiales del proceso y a las doctrinas más recibidas, atendidas las circunstancias del caso.

LIBRO II

DESARROLLO DE LOS PROCESOS

TITULO IX

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY

Artículo 509. Titulares de la solicitud.-

La declaración de inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de las disposiciones afectadas por aquélla, podrán ser solicitadas:

1° Por todo aquel que se considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo.

2° De oficio, por el tribunal que entendiere en cualquier procedimiento jurisdiccional.

La Suprema Corte de Justicia, en los asuntos que se tramiten ante ella, se pronunciará en la sentencia sobre la cuestión de inconstitucionalidad.

Artículo 510. Acción o excepción.-

Cuando la declaración de inconstitucionalidad se solicitare por las personas a que se refiere el numeral 1° del artículo anterior, podrá ser promovida:

1° Por vía de acción, cuando no existiere procedimiento jurisdiccional pendiente. En este caso, deberá interponerse directamente ante la Suprema Corte de Justicia.

2° Por vía de excepción o defensa, que deberá oponerse ante el Tribunal que estuviere conociendo en dicho procedimiento.

Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996

SECCION VIII

NORMAS DE DESREGULACION Y REFORMA ADMINISTRATIVA

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Artículo 694.- Las administraciones públicas impulsarán el empleo y aplicación de medios informáticos y telemáticos para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de sus competencias, garantizando a los administrados el pleno acceso a las informaciones de su interés.

Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1988

DICTANSE NORMAS REFERIDAS AL USO INDEBIDO DEL PODER PUBLICO

CAPITULO I

Ambito de aplicación y definiciones

Artículo 1°.- La presente ley será aplicable a los funcionarios públicos de:

A) Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

B) Tribunal de Cuentas.

C) Corte Electoral.

D) Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

E) Gobiernos Departamentales.

F) Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

G) En general, todos los organismos, servicios o entidades estatales, así como las personas públicas no estatales.

Artículo 2°.- A los efectos de la presente ley se entiende por funcionarios públicos, las personas a las que refiere el artículo 175 del Código Penal.

Artículo 3°.- A los efectos del Capítulo II de la presente ley se entiende por corrupción el uso indebido del poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para sí o para otro, se haya consumado o no un daño al Estado.

CAPITULO II

Junta Asesora

Artículo 4°.- Créase una Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado, cuya actuación y cometidos serán los siguientes:

1) Asesorará a nivel nacional en materia de los delitos previstos por la presente ley, contra la Administración Pública (Título IV, excluyendo los Capítulos IV y V, del Código Penal) y contra la economía y la hacienda pública (Título IX del Código Penal), que se imputen a alguno o algunos de los funcionarios públicos enumerados en los artículos 10 y 11 de la presente ley.

Estará compuesta de tres miembros, quienes durarán cinco años en sus funciones a partir de su designación por el Presidente de la República, actuando con el Consejo de Ministros, con venia de la Cámara de Senadores otorgada siempre por tres quintos de votos del total de componentes, entre personas de reconocida experiencia y solvencia profesional y moral.

El Presidente de la República, en acuerdo con el Consejo de Ministros, podrá destituir por resolución fundada a los miembros de la Junta con venia de la Cámara de Senadores otorgada por la misma mayoría exigida para su designación. Si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución.

2) Tendrá como cometido exclusivo el asesoramiento a los órganos judiciales con competencia penal, emitiendo opinión dentro del marco de su materia, cuando la Justicia o el Ministerio Público lo dispongan.

La actuación de la Junta en el cumplimiento de su cometido se regulará por lo establecido en la Sección V, Capítulo III, Título VI, Libro 1 del Código General del Proceso, en lo aplicable.

3) Las denuncias que se hicieren sobre comisión de delitos incluidos en el Capítulo I, serán presentadas ante el órgano judicial competente, o el Ministerio Público, los que podrán disponer que la Junta proceda a la obtención y sistematización de todas las pruebas documentales que de existir fueran necesarias para el esclarecimiento por el Juez de los hechos noticiados.

4) La Junta dispondrá de sesenta días para el cumplimiento del cometido indicado en el apartado anterior, pudiendo solicitar al Juez, por una sola vez, la prórroga del plazo, la que será concedida siempre que exista mérito bastante para ello, por un máximo de treinta días.

Vencido el plazo o la prórroga en su caso, la Junta remitirá al órgano que legalmente corresponda recepcionarla los antecedentes reunidos. Estos serán acompañados por un informe explicativo de la correlación de los mismos con los hechos denunciados.

5) Para el cumplimiento de sus funciones la Junta tendrá los siguientes cometidos accesorios:

A) Recabar, cuando lo considere conveniente, información sobre las condiciones de regularidad e imparcialidad con las cuales se preparan, formalizan y ejecutan los contratos públicos de bienes, obras y servicios.

B) Recibir las declaraciones juradas de que tratan los artículos 10 y siguientes de la presente ley.

C) Determinar, a requerimiento del interesado, si éste debe presentar la declaración jurada de bienes e ingresos a que refiere el Capítulo V de la presente ley.

D) Proponer las modificaciones de normas sobre las materias de su competencia.

E) Elaborar un informe anual que será elevado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

6) Para el cumplimiento de los cometidos previstos en los Capítulos III y IV de la presente ley, la Junta podrá dirigirse por intermedio del órgano judicial interviniente o del representante del Ministerio Público, a cualquier repartición pública, a fin de solicitar los documentos y demás elementos necesarios para el esclarecimiento por el Juez de los hechos denunciados.

7) En la ejecución de sus funciones, la Junta contará con el asesoramiento jurídico permanente del Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, sobre aspectos formales y procedimentales (artículos 1° y 6° de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal).

8) La Junta constituye un Cuerpo con independencia técnica en el ejercicio de sus funciones. Informará mensualmente, por cualquier vía idónea, al Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación sobre las actividades dearrolladas en relación a los cometidos previstos en los numerales 2°), 3°) y 4°) del presente artículo, así como también de toda resolución adoptada sobre impedimentos, excusas o recusaciones que, a juicio del Cuerpo, alguno de sus miembros pudiere tener respecto de los asuntos a consideración del mismo. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7°) precedente, la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación podrá suministrar a la Junta Asesora el apoyo administrativo y contable para el mejor cumplimiento de sus cometidos que ésta le solicitare.

FUENTE: Ley N° 17.296, de 21/02/2001 artículo 334.

CAPITULO III

Control Social

Artículo 5°.- Los organismos públicos darán amplia publicidad a sus adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios, de acuerdo a las pautas que fije el Poder Ejecutivo -o el órgano jerarca, en su caso- al reglamentar la presente ley.

Artículo 6°.- El Poder Ejecutivo, a propuesta de la Junta, llevará a cabo periódicamente campañas de difusión en materia de transparencia pública y responsabilidad de los funcionarios públicos, así como sobre los delitos contra la Administración Pública y los mecanismos de control ciudadano.

Artículo 7°.- Los actos, documentos y demás elementos relativos a la función pública pueden ser divulgados libremente, salvo que por su naturaleza deban permanecer reservados o secretos o hayan sido declarados tales por ley o resolución fundada. En todo caso, bajo la responsabilidad a que hubiese lugar por derecho.

CAPITULO IV

Disposiciones penales

Artículo 8°.- Sustitúyese los siguientes artículos del Código Penal, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

"ARTICULO 68.- La pena de penitenciaría durará de dos a treinta años. La pena de prisión durará de tres a veinticuatro meses. La pena de inhabilitación absoluta o especial durará de dos a diez años. La pena de inhabilitación especial de determinada profesión académica, comercial o industrial, durará de dos a diez años. La pena de suspensión durará de seis meses a dos años.

La pena de multa será de 10 UR (diez unidades reajustables) a 15.000 UR (quince mil unidades reajustables)".

"ARTICULO 84. (Sustitución de la multa).- Si el sentenciado no tuviese bienes para satisfacer la multa sufrirá, por vía de sustitución y apremio, la pena de prisión, regulándose un día por cada 10 UR (diez unidades reajustables).

El condenado podrá en cualquier tiempo pagar la multa, descontándose de ella la parte proporcional a la prisión cumplida.

Esta disposición no se aplicará cuando la multa se acumule a una pena privativa de libertad, en cuyo caso se procederá por la vía de apremio si el sentenciado no la abonare en el plazo otorgado en la sentencia".

"ARTICULO 156. (Concusión).- El funcionario público que con abuso de su calidad de tal o del cargo que desempeña, compeliere o indujere a alguno a dar a prometer indebidamente a él o a un tercero, dinero u otro provecho cualquiera, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables) e inhabilitación de dos a seis años.

Se aplica a este delito la atenuante del artículo 154".

"ARTICULO 157. (Cohecho simple).- El funcionario público que, por ejecutar un acto de su empleo, recibe por sí mismo, o por un tercero, para sí mismo o para un tercero una retribución que no le fuera debida, o aceptare la promesa de ella, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 5.000 UR (cinco mil unidades reajustables) e inhabilitación especial de dos a cuatro años.

La pena será reducida de la tercera parte a la mitad, cuando el funcionario público acepta la retribución, por un acto ya cumplido, relativo a sus funciones".

"ARTICULO 158. (Cohecho calificado).- El funcionario público que, por retardar u omitir un acto relativo a su cargo o por ejecutar un acto contrario a los deberes del mismo, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, dinero u otro provecho, o acepta su promesa, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años, y multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables).

La pena será aumentada de un tercio a la mitad en los siguientes casos:

1) Si el hecho tuviere por efecto la concesión de un empleo público, estipendios, pensiones, honores o el favor o el daño de las partes litigantes en juicio civil o criminal.

2) Si el hecho tuviere por efecto la celebración de un contrato en que estuviere interesada la repartición a la cual pertenece el funcionario o se realizare por medio de un uso abusivo de los procedimientos legales que deben aplicarse por la Administración Pública en materia de adquisición de bienes y servicios".

"ARTICULO 159. (Soborno).- El que indujere a un funcionario público a cometer cualquiera de los delitos previstos en los artículos 157 y 158 será castigado por el simple hecho de la instigación, con una pena de la mitad a las dos terceras partes de la pena principal establecida para los mismos.

Se considerarán agravantes especiales:

1) Que el inducido sea funcionario policial o encargado de la prevención, investigación o represión de actividades ilícitas, siempre que el delito fuere cometido a raíz o en ocasión del ejercicio de sus funciones, o en razón de su calidad de tal y que esta última circunstancia sea ostensible para el autor del delito.

2) Que el inducido sea alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción".

"ARTICULO 160. (Fraude).- El funcionario público que, directamente o por interpuesta persona, procediendo con engaño a los actos o contratos en que deba intervenir por razón de su cargo, dañare a la Administración, en beneficio propio o ajeno, será castigado con doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a seis años y multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 15.000 UR (quince mil unidades reajustables)".

"ARTICULO 161. (Conjunción del interés personal y del público).- El funcionario público que, con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesare con el fin de obtener un provecho indebido para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato, en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho contrato, será castigado con pena de seis meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables).

Constituye circunstancia agravante especial que el delito se cometa para obtener un provecho económico para sí o para un tercero".

"ARTICULO 162. (Abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley).- El funcionario público que con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajusta-bles)".

"ARTICULO 163. (Revelación de secretos).- El funcionario público que, con abuso de sus funciones, revelare hechos, publicare o difundiere documentos, por él conocidos o poseídos en razón de su empleo actual o anterior, que deben permanecer secretos, o facilitare su conocimiento, será castigado con suspensión de seis meses a dos años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajusta-bles)".

"ARTICULO 175. (Concepto de funcionario público).- A los efectos de este Código, se reputan funcionarios a todos los que ejercen un cargo o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria, de carácter legislativo, administrativo o judicial, en el Estado, en el Municipio o en cualquier ente público o persona pública no estatal".

"ARTICULO 177. (Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos).- El Juez competente que, teniendo conocimiento de la ejecución de un delito, no interviniera o retardase su intervención, y el que no siendo competente, omitiere o retardare formular su denuncia, será castigado con la pena de tres meses a dieciocho meses de prisión.

La misma pena se aplicará al funcionario policial que omitiera o retardare formular la denuncia de cualquier delito de que tuviere conocimiento por razón de sus funciones, y a los demás funcionarios, en las mismas circunstancias, de los delitos que se cometieren en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente.

Se exceptúan de la regla los delitos que sólo pueden perseguirse mediante denuncia del particular ofendido.

Constituye circunstancia agravante especial, respecto de los funcionarios públicos y en relación a los hechos que se cometieren en su repartición, el hecho de que se trate de los delitos previstos en los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 159, 160, 161, 162, 163 y 163 bis".

"ARTICULO 179. (Calumnia y simulación de delito).- El que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial, o ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado o ante un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito, en forma que proceda la iniciación de un procedimiento penal para su averiguación, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría".

Artículo 9°.- Incorpóranse al Código Penal las siguientes disposiciones:

"ARTICULO 158 bis. (Tráfico de influencias).- El que, invocando influencias reales o simuladas, solicita, recibe por sí mismo o por otro, para sí o para otro, provecho económico, o acepta su promesa, con el fin de influir decisivamente sobre un funcionario público para retardar u omitir un acto de su cargo, o por ejecutar un acto contrario al mismo, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.

La pena será reducida de un tercio a la mitad cuando se acepta la retribución, con el fin de influir decisivamente, para que el funcionario público ejercite un acto inherente a su cargo.

Se considerará agravante especial del delito la circunstancia de que el funcionario público, en relación al cual se invocan las influencias, fuere alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción".

"ARTICULO 163 bis. (Utilización indebida de información privilegiada).- El funcionario público que, con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero, haga uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que haya conocido en razón o en ocasión de su empleo, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 10.000 UR (diez mil unidades reajustables)".

"ARTICULO 163 ter. (Circunstancias agravantes especiales).- Artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163 y 163 bis:

1°) Que el sujeto activo fuera alguna de las personas comprendidas en los artículos 10 y 11 de la ley de prevención y lucha contra la corrupción.

2°) Que el sujeto activo haya obtenido, como consecuencia de cualquiera de estos delitos, un enriquecimiento patrimonial".

"ARTICULO 163 quater. (Confiscación).- Tratándose de los delitos de los artículos 153, 155, 156, 157, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163 y 163 bis, el Juez también podrá confiscar los objetos o valores patrimoniales que sean resultado directo o indirecto del delito.

El producto de la confiscación pertenecerá al Estado, a cuyo efecto, y salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, el Juez de la causa lo pondrá a disposición del Poder Ejecutivo, el que le dará el destino especial que la ley establezca. De no haber previsión especial se procederá a su venta y se destinará el importe a Rentas Generales.

Lo dispuesto en la presente disposición regirá sin perjuicio de los derechos de los terceros de buena fe".

CAPITULO V

Declaración jurada de bienes e ingresos de las autoridades y funcionarios públicos

Artículo 10.- El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros de Estado, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, los Senadores, los Representantes Nacionales y los Intendentes Municipales deberán formular una declaración jurada de bienes e ingresos a cualquier título.

Artículo 11.- También están comprendidos en la obligación del artículo precedente los funcionarios que se enumeran:

A) Secretario y Prosecretario de la Presidencia de la República.

B) Subsecretarios de Estado, Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Director y Subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Director y Subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil y Procurador General del Estado en lo Contencioso Administrativo.

C) Miembros de los Tribunales de Apelaciones, Fiscales Letrados, Jueces, Actuarios y Alguaciles.

D) Titulares de los cargos con jerarquía de Dirección General o Nacional e Inspección General de los Ministerios.

E) Director de Recaudación, Director Técnico Fiscal, Director de Sistemas de Apoyo, Director de Fiscalización y Director de Administración de la Dirección General Impositiva, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

F) Miembros de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

G) Miembros de la Junta del Instituto Nacional de Carnes y Director Nacional de Carnes.

H) Miembros del Consejo Directivo del Servicio Oficial de Difusión, Radiotelevisión y Espectáculos.

I) Decanos de las Facultades de la Universidad de la República y miembros de los Consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional.

J) Interventores de organismos e instituciones públicas o privadas intervenidas por el Poder Ejecutivo.

K) Secretarios y Prosecretarios de las Cámaras de Representantes y de Senadores y de la Comisión Administrativa, y Director y Subdirector de Protocolo del Poder Legislativo.

L) Directores, Gerentes Generales, Subgerentes Generales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y Gerentes de la banca estatal.

LL) Tenientes Generales, Vicealmirantes, Generales, Contralmirantes y Brigadieres Generales en actividad, Jefes, Subjefes, Inspectores, Comisarios y Directores de Policía.

M) Ediles de las Juntas Departamentales y sus correspondientes suplentes, los titulares de cargos políticos o de particular confianza de los órganos de los Gobiernos Departamentales, miembros de la Juntas Locales (artículo 288 de la Constitución de la República), así como los ciudadanos que hayan asumido las atribuciones de las Juntas Locales mientras sus autoridades no se designen.

N) Representantes del Estado en los directorios de los organismos paraestatales y en las empresas de economía mixta.

Ñ) Embajadores de la República, Ministros del Servicio Exterior y personal diplomático que se desempeñe como Cónsul o Encargado de Negocios, con destino en el extranjero.

O) Gerentes, Jefes de Compras y ordenadores de pago de todos los organismos públicos cualquiera sea la denominación de su cargo.

P) La totalidad de funcionarios que ocupen cargos de particular confianza y aquellos que cumplan funciones de carácter inspectivo.

Q) La totalidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas.

FUENTE: Ley N° 17.296 de 21/02/2001 artículo 154.

Artículo 12.- Dicha declaración jurada contendrá una relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles e ingresos propios del declarante, de su cónyuge, de la sociedad conyugal que integra, de las personas sometidas a su patria potestad, tutela o curatela; de la participación que posea en sociedades nacionales o extranjeras, personales con o sin personalidad jurídica, en sociedades de responsabilidad limitada, anónimas o en comandita por acciones o holdings, así como de aquellas sociedades en las que desempeñe el cargo de Director o Gerente, y de los bienes de que dispongan el uso exclusivo, y de los ingresos del declarante y su cónyuge.

En su caso, dicha declaración jurada deberá ser suscrita por el cónyuge, en lo referente a los ingresos y bienes de su pertenencia.

Se especificará el título y fecha de la última procedencia dominial de cada uno de los bienes en propiedad, alquiler o uso, monto y lugar de depósitos de dinero y otros valores en el país o en el exterior.

Se incluirán, asimismo, rentas, sueldos, salarios o beneficios que se continúen percibiendo.

Las declaraciones se presentarán en sobre cerrado ante la Junta. La Junta abrirá los sobres conteniendo las declaraciones del Presidente y Vicepresidente de la República y dispondrá su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 13.- Para la presentación de la declaración jurada inicial se dispondrá de un plazo de treinta días. Este plazo comenzará a computarse una vez cumplidos sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.

Para la primera declaración jurada a partir de la promulgación de la presente ley regirá lo dispuesto en el artículo 38.

Las declaraciones subsiguientes se formularán cada dos años contados a partir de la respectiva declaración inicial, siempre que el funcionario continuare en el ejercicio del cargo. Toda vez que cesare en el mismo deberá presentar una declaración final dentro de los treinta días del cese.

Artículo 14.- La Junta llevará un registro de las declaraciones juradas de los funcionarios referidos en la presente ley y expedirá los certificados de haber recibido las mismas.

La Junta proporcionará los instructivos o formularios que correspondan para la correcta declaración jurada.

Las declaraciones se conservarán por un período de cinco años contados a partir del cese del funcionario en su cargo o su fallecimiento. Vencido el mismo, procederá a su destrucción, labrándose acta notarial de dicho acto, salvo que el interesado hubiera solicitado su devolución, en cuyo caso se le entregará.

Artículo 15.- La Junta tendrá a su cargo la custodia de las declaraciones juradas que reciba en cumplimiento de la presente ley, y sólo procederá a su apertura:

A. A solicitud del propio interesado o por resolución fundada de la Justicia Penal.

B. De oficio, cuando la Junta así lo resuelva en forma fundada, por mayoría absoluta de votos de sus miembros. También cuando se haya incurrido en alguna de las situaciones previstas en los numerales 2) y 3) del artículo 17 de la presente ley, si la Junta lo entendiera procedente en el curso de una investigación promovida ante la misma.

C. A solicitud fundada de una Comisión Investigadora Parlamentaria.

Cuando se proceda a la apertura de un sobre se expedirá testimonio de su contenido, será cerrado nuevamente y devuelto a su sitio de custodia.

FUENTE: Ley N° 18.172 de 31/08/2007 artículo 223.

Artículo 16.- En caso de no presentación de la declaración jurada en los plazos previstos por el artículo 13 de la presente ley, la Junta cursará aviso a los funcionarios omisos. Si en los quince días posteriores no cumplieran con la obligación o no justifaran un impedimento legal, la Junta publicará en el Diario Oficial y en un diario de circulación nacional el nombre y cargo de los funcionarios que hayan omitido realizar la declaración dispuesta en los artículos 10 y 11 de la presente ley, sin perjuicio de lo que se establecerá en el artículo siguiente.

Artículo 17.- Se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública:

1) La no presentación de la declaración jurada al cabo del trámite previsto en el artículo anterior.

2) La inclusión en la declaración jurada inicial de cada declarante de bienes y valores patrimoniales pertenecientes a terceros o inexistentes.

3) La ocultación en las declaraciones juradas subsiguientes de bienes que se hubieran incorporado al patrimonio del declarante o de las restantes personas a que refiere el artículo 12 de la presente ley.

De producirse la modalidad prevista en los numerales 2) y 3) de este artículo, la Junta iniciará las acciones previstas en el numeral 3) del artículo 4° de la presente ley.

Artículo 18.- Si durante el año electoral se formula una denuncia o se procede a la apertura del sobre por cualquiera de las causales indicadas en el artículo 15 de la presente ley, referente a un funcionario que se postule a cualquier cargo electivo, el interesado podrá urgir a la Junta a que dicte la resolución con una anticipación de, por lo menos, treinta días al acto eleccionario. La Junta no recibirá denuncias dentro de los noventa días anteriores al acto eleccionario.

Artículo 19.- El Poder Ejecutivo y los titulares de los distintos organismos a los que alcanzare esta ley deberán comunicar a la Junta los nombres de todas las personas que a la fecha de su promulgación estén comprendidas en los artículos 10 y 11 de la presente ley. Asimismo deberán comunicar dentro de los treinta días de acaecidas las alteraciones que se produzcan en dicha nómina.

CAPITULO VI

Aspectos administrativos

Artículo 20.- Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro.

El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos.

Artículo 21.- Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos.

Toda acción u omisión en contravención del presente artículo hará incurrir a sus autores en responsabilidad administrativa, civil o penal, en la forma prescripta por la Constitución de la República y las leyes.

Artículo 22.- Son conductas contrarias a la probidad en la función pública:

1) Negar información o documentación que haya sido solicitada en conformidad a la ley.

2) Valerse del cargo para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.

3) Tomar en préstamo o bajo cualquier otra forma dinero o bienes de la institución, salvo que la ley expresamente lo autorice.

4) Intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado como técnico. Los funcionarios deberán poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos, para que éste adopte la resolución que corresponda.

5) Usar en beneficio propio o de terceros información reservada o privilegiada de la que se tenga conocimiento en el ejercicio de su función.

Artículo 23.- Los funcionarios públicos que cumplen funciones en las reparticiones encargadas de la adquisición de bienes y servicios deberán rotar periódicamente en la forma que establezca la respectiva reglamentación.

La rotación se hará sin desmedro de la carrera administrativa.

Artículo 24.- Las normas de la presente ley no obstarán a la aplicación de las leyes que afecten a los funcionarios de la Administración Pública, cuando éstos prescriban exigencias especiales o mayores a las que surgen de su texto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las normas de la presente ley constituirán, además, criterios interpretativos del actuar de los órganos de la Administración Pública en las materias de su competencia.

Artículo 25.- Créase una Comisión Honoraria de seis miembros integrada por un representante de la Junta, que la presidirá, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, un representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante de la Oficina Nacional del Servicio Civil y un representante de la organización más representativa de los funcionarios públicos, con el cometido de elaborar propuestas de actualización y ordenamiento legislativo y administrativo en materia de transparencia en la contratación pública, así como respecto de los conflictos de intereses en la función pública. Esta Comisión tendrá un plazo de ciento ochenta días para expedirse.

Artículo 26.- Los Directores o Directores Generales de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados no podrán intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contratan obras o suministros en el Ente Autónomo o Servicio Descentralizado cuyo Directorio o Dirección General integren.

Artículo 27.- El Ministerio de Educación y Cultura coordinará con los Entes de enseñanza la implementación, de cursos de instrucción en los correspondientes niveles de la educación sobre los diferentes aspectos a que refiere la presente ley, debiendo poner énfasis en los derechos y deberes de los ciudadanos frente a la Administración y las responsabilidades de las autoridades y funcionarios públicos.

Artículo 28.- Las entidades públicas tendrán programas de formación para el personal que ingrese, y uno de actualización cada tres años, los cuales contemplarán aspectos referentes a la moral administrativa, incompatibilidades, prohibiciones y conflictos de intereses en la función pública, además de los otros aspectos a los que refiere la presente ley.

Será obligación de los funcionarios públicos la asistencia a estos cursos y el tiempo que insuman se imputará al horario del funcionario.

Cométese a la Comisión y a la Oficina Nacional del Servicio Civil, la preparación de material didáctico que se pondrá al alcance de las diversas entidades públicas.

CAPITULO VII

Ambito internacional

Artículo 29. (Cohecho y soborno transnacionales).- El que para celebrar o facilitar un negocio de comercio exterior uruguayo ofrece u otorga en el país o en el extranjero, siempre que concurran las circunstancias previstas en el numeral 5° del artículo 10 del Código Penal, a un funcionario público de otro Estado, dinero u otro provecho económico, por sí mismo o para otro, para sí mismo o para otro, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 30. (Blanqueo de dinero).- El que obstaculizare la identificación del origen, la investigación, la incautación o la confiscación del dinero u otros valores patrimoniales a sabiendas que provienen de alguno de los delitos establecidos en los artículos 156, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163, 163 bis y 163 ter del Código Penal, o del delito establecido en el artículo 29 de la presente ley, será castigado con una pena de tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Derogado por: Ley N° 17.835, de 23/09/2004 artículo 22.

Artículo 31.- El proceso de extradición por hechos previstos como delito en la presente ley se rige por las normas de los Tratados o Convenciones Internacionales ratificados por la República, que se encuentren en vigor. En ausencia de dichos instrumentos, se aplicarán las normas del Código Penal, del Código de Proceso Penal y las especiales previstas en los artículos siguientes.

Artículo 32.- La extradición por hechos previstos en la presente ley no es procedente cuando la pena impuesta sea inferior a dos años de privación de libertad y la parte de la sentencia que aún resta por cumplir sea inferior a seis meses. Si se tratare de personas requeridas para ser juzgadas, cuando el mínimo de la pena que la ley extranjera prevé para el delito sea inferior a seis meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 del Código Penal.

Artículo 33.- El hecho de que el dinero o provecho económico que resulte de alguno de los delitos establecidos en los artículos 156, 158, 158 bis, 160, 161, 162, 163, 163 bis y 163 ter del Código Penal o del delito establecido en el artículo 29 de la presente ley, hubiese sido destinado a fines políticos o el hecho de que se alegue que ha sido cometido por motivaciones o con finalidad política, no basta por sí solo para considerar dicho acto como delito político.

Artículo 34.- Las solicitudes de cooperación jurídica penal internacional provenientes de autoridades extranjeras para la investigación o enjuiciamiento de hechos previstos como delitos en la presente ley, que se refieran a asistencia jurídica de mero trámite, probatoria, cautelar o de inmovilización, confiscación o transferencia de bienes, se recibirán y darán curso por la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura. Esta remitirá las respectivas solicitudes a las autoridades jurisdiccionales o administrativas nacionales competentes para su diligenciamiento.

Los Jueces diligenciarán la solicitud de cooperación de acuerdo a leyes de la República.

Salvo el caso de medidas de naturaleza cautelar o de movilización, confiscación o transferencia de bienes, la cooperación se prestará sin entrar a examinar si la conducta que motiva la investigación o el enjuiciamiento constituye o no un delito conforme al derecho nacional.

Las solicitudes relativas a registro, levantamiento del secreto bancario, embargo, secuestro y entrega de cualquier objeto se someterán a la ley procesal y sustantiva de la República.

Las solicitudes podrán ser rechazadas cuando afecten en forma grave el orden público, así como la seguridad u otros intereses esenciales de la República.

El pedido de cooperación formulado por una autoridad extranjera importa el conocimiento y aceptación de los principios enunciados en este artículo.

Artículo 35.- Créase la Sección de Cooperación Jurídico Penal Internacional dentro de la Asesoría Autoridad Central de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y de Justicia del Ministerio de Educación y Cultura.

Artículo 36.- Las solicitudes extranjeras del levantamiento del secreto bancario para la investigación o enjuiciamiento de hechos previstos como delito en la presente ley, se someterán a la ley procesal y sustantiva de la República.

Para que proceda el levantamiento del secreto bancario, debe tratarse, en cualquier caso, de delitos previstos en el derecho nacional y la solicitud deberá provenir de autoridades jurisdiccionales.

El Estado requirente queda obligado a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario que recibe, para ningún fin ajeno al establecido en la solicitud.

CAPITULO VIII

Disposiciones finales

Artículo 37.- Derógase el Decreto-Ley N° 14.900, de 31 de mayo de 1979.

Artículo 38. (Disposición transitoria).- El Poder Ejecutivo deberá nombrar los integrantes de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado dentro de los treinta días contados a partir de la promulgación de la presente ley. Dentro de los sesenta días contados a partir de la instalación de la Junta, ésta deberá proporcionar los instructivos o formularios que correspondan para la presentación de la declaración jurada.

Los funcionarios públicos comprendidos en los artículos 10 y 11 de la presente ley deberán presentar las primeras declaraciones juradas en un plazo de treinta días, contados a partir de la fecha de la primera publicación de los instructivos del Diario Oficial, siempre que hayan cumplido sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo. En caso contrario, el plazo de treinta días comenzará a computarse una vez cumplidos los sesenta días de ejercicio ininterrumpido del cargo.

A la fecha de la primera publicación de los instructivos en el Diario Oficial, la Junta deberá tener a disposición de los funcionarios públicos los formularios necesarios para la presentación de la declaración jurada.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 81

En Montevideo, el día veintiséis de junio del año dos mil ocho, a la hora once y cinco minutos, se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los miembros señoras Senadoras Margarita Percovich y Lucía Topolansky y señores Senadores Alberto Cid, Gustavo Penadés y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Ruperto Long y Eduardo Lorier.

Preside la señora Senadora Margarita Percovich.

Actúa en Secretaría la señora María Cecilia Fernández, Secretaria de Comisión, con la colaboración del funcionario señor Mario Latorre.

1) Asuntos entrados. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- Respuestas enviadas por el doctor Carlos Delpiazzo y la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), a la solicitud de asesoramiento relacionada con el proyecto de ley a estudio de "Acceso a la Información Pública".

Se informa que el material ha sido repartido a los señores miembros de la Comisión.

Seguidamente, se encomienda a la señora Presidenta de la Comisión para que reitere la invitación a la señora Ministra de Educación y Cultura, a fin de que concurra a la Comisión, para, entre otros temas, intercambiar ideas en referencia al proyecto de ley de creación de la "Comisión Nacional del Bicentenario".

2) Asuntos considerados.

- CARPETA N° 541/06 - Proyecto de ley de "Acceso a la Información Pública", presentado por las señoras Senadoras Susana Dalmás, Margarita Percovich, Lucía Topolansky y Mónica Xavier y los señores Senadores Alberto Breccia, Alberto Cid, Eleuterio Fernández Huidobro, José Korzeniak, Eduardo Lorier, Leonardo Nicolini, Luis Oliver, Enrique Rubio, Jorge Saravia, César Segovia y Víctor Vaillant.

La Comisión continúa el análisis del proyecto de ley sustitutivo presentado por la señora Senadora Margarita Percovich, redactado con sugerencias de la AGESIC, y luego de realizar algunas consideraciones en relación con el texto, comienza la votación del articulado. Se votan los artículos 1° al 18, los cuales resultan aprobados por unanimidad de presentes.

El texto de los artículos aprobados se transcribe a continuación:

"CAPITULO PRIMERO.- Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto de la Ley.- La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público sea o no estatal y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

Artículo 2°. Alcance.- Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.

Artículo 3°. Derecho de acceso a la información pública.- El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

CAPITULO SEGUNDO - De la información pública

Artículo 4°. Información pública.- Se presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas.

Artículo 5°. Difusión de la información pública.- Los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.

Los organismos públicos sean o no estatales deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información mínima:

a) su estructura orgánica;

b) las facultades de cada unidad administrativa;

c) la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistema de compensación;

d) información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda;

e) concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos;

f) toda información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo;

g) mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.

Artículo 6°. Custodia de la información.- Es responsabilidad de los sujetos obligados por la presente ley, crear y mantener registros de manera profesional, para que el derecho de acceso a la información pública se pueda ejercer en plenitud.

El personal que administre, manipule, archive o conserve información pública, será responsable, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida o desmembración de la información pública.

Artículo 7°. Presentación de informes.- Todos los sujetos obligados por la presente ley presentarán ante el Organo de Control, hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá:

a) información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta ley;

b) detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas.

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, estarán también obligados a producir un informe semestral actualizado conteniendo el listado de información reservada.

Artículo 8°.- Excepciones a la Información Pública.- Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial.

Artículo 9°. Información Reservada.- Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

a) comprometer la seguridad pública o la defensa nacional;

b) menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado Uruguayo;

c) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

d) poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona;

e) suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción; o.

f) desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados.

Artículo 10. Información confidencial.- Se considera información confidencial:

I) aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:

a) refiera al patrimonio de la persona;

b) comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor; o

c) esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.

II) los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

Tendrán el mismo carácter los documentos o secciones de documentos que contengan estos datos.

Artículo 11. Período de reserva.- La información clasificada previamente como reservada, permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Sólo se ampliará el período de reserva sobre cierta documentación cuando permanezcan y se justifiquen las causas que le dieron origen.

Artículo 12. Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos.- Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.

CAPITULO TERCERO - Del procedimiento administrativo para acceder a la información pública

Artículo 13. De la solicitud y sus requisitos.- Toda persona física o jurídica interesada en acceder a la información pública en poder de los sujetos obligados por la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular del organismo. En dicha solicitud deberá constar:

a) la identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación;

b) la descripción clara de la información requerida y cualquier dato que facilite su localización;

c) y opcionalmente, el soporte de información preferido, sin constituir este último una obligación para el organismo.

Artículo 14. Límites del acceso a la información pública.- La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, el organismo, comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder, respecto de la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a los organismos que efectúen eva-luaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producir.

No se entenderá producción de información a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información al peticionario.

Artículo 15. Plazos.- Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de acceso a la información en poder de los sujetos obligados. Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta.

El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales.

Artículo 16. Competencia para decidir.- El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada.

Artículo 17. Acceso.- En caso que los sujetos obligados resuelvan favorablemente las peticiones formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen, o en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos a la solicitud.

El acceso a la información será siempre gratuito, pero su reproducción en cualquier soporte será a costa del interesado, quien reintegrará al organismo únicamente el precio de costo del soporte, sin ningún tipo de ganancia o arancel adicional.

Artículo 18. Silencio positivo.- El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde.

Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencido la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela, de conformidad con las previsiones de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1988 y del artículo 23 de la presente ley".

La Comisión resuelve continuar el tratamiento del proyecto de ley el próximo jueves 3 de julio de 2008.

Siendo la hora doce y veinte minutos se levanta la sesión.

De lo actuado se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2555/08, que integra este documento.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Margarita Percovich Presidenta

María Cecilia Fernández Secretaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 82

En Montevideo, el día tres de julio del año dos mil ocho, a la hora once y diez minutos, se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los miembros señora Senadora Margarita Percovich y señores Senadores Mariano Arana, Alberto Cid, Gustavo Penadés y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso la señora Senadora Lucía Topolansky y el señor Senador Pablo Iturralde.

Preside la señora Senadora Margarita Percovich.

Actúa en Secretaría la señora María Cecilia Fernández, Secretaria de Comisión, con la colaboración del funcionario señor Mario Latorre.

1) Asuntos entrados. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- Comunicación del señor Presidente del Senado, informando modificaciones en la integración de algunas Comisiones Permanentes del Cuerpo. En la Comisión de Educación y Cultura, el señor Senador Mariano Arana reemplaza al señor Senador Eduardo Lorier.

- Informe remitido por la señora Ministra de Educación y Cultura, relacionado con la convocatoria 2008 de los Fondos Concursables para la Cultura, creados por la Ley N° 17.930, de diciembre de 2005.

- Copia de la exposición escrita remitida por la Cámara de Representantes, que fuera presentada por el señor Representante Nacional Carlos Enciso, en referencia a los problemas edilicios y falta de servicios en varios locales escolares del departamento de Florida.

- Solicitud de audiencia de la Mesa Permanente de las Asamblea Técnico Docentes del Area de Formación y Perfeccionamiento Docente, a fin de plantear inquietudes sobre la Ley de Educación.

Se informa que han sido repartidos a los señores Senadores de la Comisión.

En relación con el pedido de audiencia de la Mesa Permanente de las ATD, se da cuenta que por Secretaría se les comunicó que serán recibidos una vez que ingrese a estudio del Senado el proyecto de Ley General de Educación.

Seguidamente, la señora Presidenta de la Comisión informa que la señora Ministra de Educación y Cultura, ingeniera María Simón, concurrirá a la próxima sesión del día jueves 10 de julio, respondiendo así a la invitación que le fuera cursada oportunamente.

2) Asuntos considerados.

- CARPETA N° 895/07. Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el cual se designa "Profesor Luis De Matteo" la Plaza de Deportes de la ciudad de Young, departamento de Río Negro.

Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

El texto del proyecto de ley aprobado se transcribe a continuación:

"Artículo único.- Desígnase con el nombre "Profesor Luis De Matteo" la Plaza de Deportes de la ciudad de Young, departamento de Río Negro".

- CARPETA N° 541/06. Proyecto de ley de "Acceso a la Información Pública". La Comisión continúa el análisis y votación del articulado del proyecto de ley sustitutivo presentado por la señora Senadora Margarita Percovich, redactado con sugerencias de la AGESIC.

Se reconsidera el artículo 7° y se vota con modificaciones: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Finaliza la consideración de los artículos 19 al 27, que se aprueban por unanimidad de presentes: 4 votos en 4.

Los integrantes de la Comisión dejan expresa constancia de que el artículo 22 se aprueba ad referéndum de que, si es necesario agregarle algo, se harán las consultas del caso y se ajustará su redacción.

El texto de los artículos aprobados se transcribe a continuación:

"CAPITULO CUARTO - Organo de Control

Artículo 19. Organo de Control.- Créase como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo de Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), dotado de la más amplia autonomía técnica, la Unidad de Acceso a la Información Pública. Estará dirigida por un Consejo Ejecutivo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de AGESIC y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo entre personas que por sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus cargos.

A excepción del Director Ejecutivo de la AGESIC, los miembros durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente. Sólo cesarán por la expiración de su mandato y designación de sus sucesores, o por su remoción dispuesta por el Poder Ejecutivo en los casos de ineptitud, omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso.

La presidencia del Consejo Ejecutivo será rotativa anualmente entre los dos miembros designados por el Poder Ejecutivo para dicho órgano y tendrá a su cargo la representación del mismo y la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

Artículo 20. Consejo Consultivo.- El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública funcionará asistido por un Consejo Consultivo, que estará integrado por 5 miembros:

a) una persona con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, designado por el Poder Legislativo, la que no podrá ser un Legislador en actividad;

b) un representante del Poder Judicial;

c) un representante del Ministerio Público;

d) un representante del área académica;

e) un representante del sector privado, que se elegirá en la forma establecida reglamentariamente.

Sesionará presidido por el Presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Sus integrantes durarán 4 años en sus cargos y sesionarán a convocatoria del Presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública o de la mayoría de sus miembros.

Podrá ser consultado por el Consejo Ejecutivo sobre cualquier aspecto de su competencia y deberá ser consultado por éste cuando ejerza potestades de reglamentación.

Artículo 21. Cometidos.- El Organo de Control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados por la República referidos al acceso a la información pública;

b) controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados;

c) coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas;

d) orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública;

e) capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a brindar el acceso a la información;

f) promover y coordinar con todos los sujetos obligados las políticas tendientes a facilitar el acceso informativo y la transparencia;

g) ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de todos los sujetos obligados;

h) promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental;

i) realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho al Poder Ejecutivo;

j) denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la presente ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes.

CAPITULO QUINTO - Acción de acceso a lainformación

Artículo 22. Acción de Acceso a la Información.- Toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial efectiva como los sujetos obligados se negaren a expedir la información solicitada o no se expidieran en los plazos fijados en la presente ley.

El proceso de la acción de acceso a la información se tramitará de acuerdo a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales, en cuanto le es aplicable.

CAPITULO SEXTO - Responsabilidades

Artículo 23. Responsabilidad administrativa.- Constituirán falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder:

a) denegar información no clasificada como reservada o confidencial;

b) la omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con negligencia, dolo o mala fe;

c) permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial;

d) la utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se tenga acceso por razones funcionales.

CAPITULO SEPTIMO - Disposiciones Transitorias

Artículo 24. Plazo de implementación de sitios web.- Los sitios web deberán ser implementados por los sujetos obligados, en el plazo perentorio de un año, contado a partir de la publicación de la presente ley. Su reglamentación regulará los lineamientos técnicos que permitan la uniformidad, interacción, fácil ubicación y acceso de esta información.

Artículo 25. Clasificación de la información.- En el plazo no mayor a un año desde la vigencia de la presente ley, todos los sujetos obligados deberán elaborar la lista de toda la información que a la fecha se encuentre clasificada como reservada, siempre y cuando esté comprendida en algunas de las excepciones contempladas en el artículo 8° de la presente ley. La información que no se sujete a estas excepciones, deberá desclasificarse en el plazo perentorio de seis meses. A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, toda información clasificada como reservada, que tenga más de quince años, deberá ser desclasificada y abierta libremente al público.

Artículo 26. Plazo de adecuación de los sujetos obligados.- Los sujetos obligados por la presente ley dispondrán de un plazo de dos años para adecuar sus registros, durante el cual no serán pasibles de sanciones en caso de denegación de acceso fundada en la imposibilidad de ubicar la información.

Artículo 27. Plazo para la reglamentación.- La presente ley se reglamentará dentro del plazo de ciento veinte días desde su publicación".

De lo actuado se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2578/08, que integra este documento

Siendo la hora once y cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Margarita Percovich Presidenta

María Cecilia Fernández Secretaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 83

En Montevideo, el día diez de julio del año dos mil ocho, a la hora once y diez minutos, se reúne la Comisión de Ecuación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los miembros señora Senadora Margarita Percovich y señores Senadores Mariano Arana, Alberto Cid, Pablo Iturralde y Gustavo Penadés.

Falta por estar en uso de licencia la señora Senadora Lucía Topolansky y con aviso el señor Senador Julio María Sanguinetti.

Concurren especialmente invitadas autoridades del Ministerio de Educación y Cultura: Ministra Ing. María Simón; Subsecretario señor Felipe Michelini; Director Nacional de Cultura Prof. Luis Mardones; Presidente interino de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación Arq. William Rey y Encargado de la Dirección General del Ministerio Dr. Jaime Sapolinsky.

Preside la señora Senadora Margarita Percovich.

Actúa en Secretaría la señora María Cecilia Fernández, Secretaria de Comisión.

1) Asuntos entrados. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo por el cual se crea el Estatuto de los Artistas y oficios anexos. (Carpeta N° 1221/08 - Distribuido N° 2589/08).

- Solicitud de audiencia remitida por el escultor Eduardo Lapaitis, a fin de informar a la Comisión en relación con la exposición que se realizará en el mes de octubre del año en curso, en el edificio Anexo del Palacio Legislativo, en homenaje al artista Lincoln Presno.

2) Audiencia con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura.

- Proyecto de ley por el que se crea de la Comisión Na-cional del Bicentenario. (Carpeta N° 903/07 - Distribuido N° 2007). La señora Ministra María Simón expone en relación con el significado del proceso independentista de nuestro país, y manifiesta compartir las inquietudes de los integrantes de la Comisión respecto de la necesidad de difundir estos acontecimientos que forman parte de la identidad de nuestro pueblo. Se intercambian opiniones y se quedará a la espera de las consultas que la Secretaria de Estado realice a nivel del Poder Ejecutivo, a fin de definir las celebraciones que puedan llevarse a cabo.

- Patrimonio Artístico de la Nación. El arquitecto Rey informa sobre el estado del relevamiento de las obras de artistas nacionales, motivo por el cual fue convocado a la sesión.

3) Asunto considerado.

CARPETA N° 541/06. Proyecto de ley de "Acceso a la Información Pública". La Comisión reconsidera el artículo 22. La señora Senadora Percovich presenta un Capítulo V sustitutivo con diez artículos, los cuales pasan a ser 22 al 30. Se votan: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se modifica la numeración de los artículos 23 a 27, que pasan a ser 31 a 35.

Queda aprobado el proyecto de ley, cuyo texto se transcribe a continuación:

"CAPITULO PRIMERO - Disposiciones Generales

Artículo 1°. Objeto de la ley.- La presente ley tiene por objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público sea o no estatal y garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública.

Artículo 2°. Alcance.- Se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales.

Artículo 3°. Derecho de acceso a la información pública.- El acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información.

CAPITULO SEGUNDO - De la información pública

Artículo 4°. Información pública.- Se presume pública toda información producida, obtenida, en poder o bajo control de los sujetos obligados por la presente ley, con independencia del soporte en el que estén contenidas.

Artículo 5°. Difusión de la información pública.- Los sujetos obligados deberán prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información en su poder, asegurando un amplio y fácil acceso a los interesados.

Los organismos públicos sean o no estatales deberán difundir en forma permanente, a través de sus sitios web u otros medios que el órgano de control determine, la siguiente información mínima:

a) su estructura orgánica;

b) las facultades de cada unidad administrativa;

c) la estructura de remuneraciones por categoría escalafonaria, funciones de los cargos y sistemas de compensación;

d) información sobre presupuesto asignado, su ejecución, con los resultados de las auditorías que en cada caso corresponda;

e) concesiones, licitaciones, permisos o autorizaciones otorgadas, especificando los titulares o beneficiarios de éstos;

f) toda información estadística de interés general, de acuerdo a los fines de cada organismo;

g) mecanismos de participación ciudadana, en especial domicilio y unidad a la que deben dirigirse las solicitudes para obtener información.

Artículo 6°. Custodia de la información.- Es responsabilidad de los sujetos obligados por la presente ley, crear y mantener registros de manera profesional, para que el derecho de acceso a la información pública se pueda ejercer en plenitud.

El personal que administre, manipule, archive o conserve información pública, será responsable, solidariamente con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información, por sus acciones u omisiones, en la ocultación, alteración, pérdida o desmembración de la información pública.

Artículo 7°. Presentación de informes.- Todos los sujetos obligados por la presente ley presentarán ante el Organo de Control, hasta el último día hábil del mes de marzo de cada año, un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que contendrá:

a) información del período anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta ley;

b) detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas.

Sin perjuicio de las disposiciones anteiores, estarán también obligados a producir un informe semestral actualizando conteniendo la lista de información reservada.

Artículo 8º. Excepciones a la Información Pública.- Las excepciones a la información pública serán de interpretación estricta y comprenderán aquellas definidas como secretas por la ley y las que se definan seguidamente como de carácter reservado y confidencial.

Artículo 9°. Información Reservada.- Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda:

a) comprometer la seguridad pública o la defensa nacional;

b) menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de reservado al Estado Uruguayo;

c) dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

d) poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona;

e) suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción; o

f) desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales desarrollados o en poder de los sujetos obligados.

Artículo 10. Información confidencial.- Se considera información confidencial:

I) aquella entregada en tal carácter a los sujetos obligados, siempre que:

a) refiera al patrimonio de la persona;

b) comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor; o

c) está amparada por una cláusula contractual de confidencialidad.

II) los datos personales que requieran previo consentimiento informado.

Tendrán el mismo carácter los documentos o secciones de documentos que contengan estos datos.

Artículo 11. Período de reserva.- La información clasificada previamente como reservada, permanecerá con tal carácter hasta un período de quince años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Sólo se ampliará el período de reserva sobre cierta documentación cuando permanezcan y se justifiquen las causas que le dieron origen.

Artículo 12. Inoponibilidad en casos de violaciones a los derechos humanos.- Los sujetos obligados por esta ley no podrán invocar ninguna de las reservas mencionadas en los artículos que anteceden cuando la información solicitada se refiera a violaciones de derechos humanos o sea relevante para investigar, prevenir o evitar violaciones de los mismos.

CAPITULO TERCERO - Del procedimiento administrativo para acceder a la información pública

Artículo 13. De la solicitud y sus requisitos.- Toda persona física o jurídica interesada en acceder a la información pública en poder de los sujetos obligados por la presente ley, deberá hacerlo mediante solicitud escrita ante el titular del organismo. En dicha solicitud deberá constar:

a) la identificación del solicitante, su domicilio y forma de comunicación;

b) la descripción clara de la información requerida y cualquier dato que facilite su localización;

c) y opcionalmente, el soporte de información preferido, sin constituir este último una obligación para el organismo.

Artículo 14. Límites del acceso a la información pública.- La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de los sujetos obligados a crear o producir información que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. En este caso, el organismo, comunicará por escrito que la denegación de la solicitud se debe a la inexistencia de datos en su poder, respecto de la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionantes a exigir a los organismos que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus cometidos institucionales deban producir.

No se entenderá producción de información, a la recopilación o compilación de información que estuviese dispersa en las diversas áreas del organismo, con el fin de proporcionar la información al peticionario.

Artículo 15. Plazos.- Cualquier persona física o jurídica podrá formular la petición de acceso a la información en poder de los sujetos obligados. Ante la petición formulada por el interesado, el organismo requerido está obligado a permitir el acceso o, si es posible, contestar la consulta en el momento en que sea solicitado. En caso contrario tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles para permitir o negar el acceso o contestar la consulta.

El plazo podrá prorrogarse, con razones fundadas y por escrito, por otros veinte días hábiles si median circunstancias excepcionales.

Artículo 16. Competencia para decidir.- El acto que resuelva sobre la petición deberá emanar del jerarca máximo del organismo o quien ejerza facultades delegadas y deberá franquear o negar el acceso a la información que obrare en su poder relativa a la solicitud en forma fundada.

Artículo 17. Acceso.- En caso que los sujetos obligados resuelvan favorablemente las peticiones formuladas, autorizarán la consulta de los documentos pertinentes en las oficinas que determinen, o en su caso, expedirán copia auténtica de los antecedentes que posean relativos a la solicitud.

El acceso a la información será siempre gratuito, pero su reproducción en cualquier soporte será a costa del interesado, quien reintegrará al organismo únicamente el precio de costo del soporte, sin ningún tipo de ganancia o arancel adicional.

Artículo 18. Silencio positivo.- El organismo requerido sólo podrá negar la expedición de la información solicitada mediante resolución motivada del jerarca del organismo que señale su carácter reservado o confidencial, indicando las disposiciones legales en que se funde.

Vencido el plazo de veinte días hábiles desde la presentación de la solicitud, si no ha mediado prórroga o vencido la misma sin que exista resolución expresa notificada al interesado, éste podrá acceder a la información respectiva, considerándose falta grave la negativa de cualquier funcionario a proveérsela, de conformidad con las previsiones de la Ley N° 17.060, de 23 de diciembre de 1988 y del artículo 31 de la presente ley.

CAPITULO CUARTO - Organo de Control

Artículo 19. Organo de Control.- Créase como órgano desconcentrado de la Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC), dotado de la más amplia autonomía técnica, la Unidad de Acceso a la Información Pública. Estará dirigida por un Consejo Ejecutivo integrado por tres miembros: el Director Ejecutivo de AGESIC y dos miembros designados por el Poder Ejecutivo entre personas que por sus antecedentes personales, profesionales y de conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio, eficiencia, objetividad e imparcialidad en el desempeño de sus cargos.

A excepción del Director Ejecutivo de la AGESIC, los miembros durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser designados nuevamente. Sólo cesarán por la expiración de su mandato y designación de sus sucesores, o por su remoción dispuesta por el Poder Ejecutivo en los casos de ineptitud, omisión o delito, conforme a las garantías del debido proceso.

La presidencia del Consejo Ejecutivo será rotativa anualmente entre los dos miembros designados por el Poder Ejecutivo para dicho órgano y tendrá a su cargo la re-presentación del mismo y la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones.

Artículo 20. Consejo Consultivo.- El Consejo Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública funcionará asistido por un Consejo Consultivo, que estará integrado por 5 miembros:

a) una persona con reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos, designado por el Poder Legislativo, la que no podrá ser un Legislador en actividad;

b) un representante del Poder Judicial;

c) un representante del Ministerio Publico;

d) un representante del área académica;

e) un representante del sector privado, que se elegirá en la forma establecida reglamentariamente.

Sesionará presidido por el Presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública.

Sus integrantes durarán 4 años en sus cargos y sesionarán a convocatoria del Presidente de la Unidad de Acceso a la Información Pública o de la mayoría de sus miembros.

Podrá ser consultado por el Consejo Ejecutivo sobre cualquier aspecto de su competencia y deberá ser consultado por éste cuando ejerza potestades de reglamentación.

Artículo 21. Cometidos.- El Organo de Control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás disposiciones de la presente ley. A tales efectos tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

a) asesorar al Poder Ejecutivo en el cumplimiento de la normativa constitucional, legal o reglamentaria vigente y de los instrumentos internacionales ratificados por la República referidos al acceso a la información pública;

b) controlar la implementación de la presente ley en los sujetos obligados;

c) coordinar con autoridades nacionales la implementación de políticas;

d) orientar y asesorar a los particulares respecto al derecho de acceso a la información pública;

e) capacitar a los funcionarios de los sujetos que están obligados a brindar el acceso a la información;

f) promover y coordinar con todos los sujetos obligados las políticas tendientes a facilitar el acceso informativo y la transparencia;

g) ser órgano de consulta para todo lo relativo a la puesta en práctica de la presente ley por parte de todos los sujetos obligados;

h) promover campañas educativas y publicitarias donde se reafirme el derecho al acceso a la información como un derecho fundamental;

i) realizar un informe de carácter anual relativo al estado de situación de este derecho al Poder Ejecutivo;

j) denunciar ante las autoridades competentes cualquier conducta violatoria a la presente ley y aportar las pruebas que consideren pertinentes.

CAPITULO QUINTO - Acción de acceso a la información

Artículo 22. Acción de Acceso a la Información Pública.- Toda persona tendrá derecho a entablar una acción judicial efectiva que garantice el pleno acceso a las informaciones de su interés (Art. 694 de la Ley N° 16.736).

Artículo 23. Procedencia y competencia.- La acción de acceso a la información procede contra todo sujeto obligado por la presente ley, cuando éste se negare a expedir la información solicitada o no se expidiese en los plazos fijados en la presente ley.

Serán competentes para conocer en estas acciones:

1. en la Capital, los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, cuando la acción se dirija contra una persona pública estatal, y los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Civil en los restantes casos;

2. en el Interior, los Juzgados Letrados de Primera Instancia a los que se haya asignado competencia en la materia.

Artículo 24. Legitimación.- La acción de acceso a la información podrá ser ejercida por el sujeto interesado o sus representantes, ya sean tutores o curadores y, en caso de personas fallecidas, por sus sucesores universales, en línea directa o colateral hasta el segundo grado, por sí o por medio de apoderado.

En el caso de personas jurídicas, la acción deberá ser interpuesta por sus representantes legales o los apoderados designados a tales efectos.

Artículo 25. Procedimiento.- Las acciones que se promuevan por violación a los derechos contemplados en la presente ley se regirán por las normas contenidas en los artículos que siguen al presente. Serán aplicables en lo pertinente los artículos 14 y 15 del Código General del Proceso.

Artículo 26. Trámite de primera instancia.- Salvo que la acción fuera manifiestamente improcedente, en cuyo caso el tribunal la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las actuaciones, se convocará a las partes a una audiencia pública dentro del plazo de tres días de la fecha de la presentación de la demanda.

En dicha audiencia se oirán las explicaciones del demandado, se recibirán las pruebas y se producirán los alegatos. El tribunal, que podrá rechazar las pruebas manifiestamente impertinentes o innecesarias, presidirá la audiencia so pena de nulidad, e interrogará a los testigos y a las partes, sin perjuicio de que aquéllos sean, a su vez, repreguntados por los abogados. Gozará de los más amplios poderes de policía y de dirección de la audiencia.

En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer.

La sentencia se dictará en la audiencia o a más tardar, dentro de las veinticuatro horas de su celebración. Sólo en casos excepcionales podrá prorrogarse la audiencia por hasta tres días.

Las notificaciones podrán realizarse por intermedio de la autoridad policial. A los efectos del cómputo de los plazos de cumplimiento de lo ordenado por la sentencia, se dejará constancia de la hora en que se efectuó la notificación.

Artículo 27. Medidas provisionales.- Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del tribunal, la necesidad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspondieren en amparo del derecho o libertad presuntamente violados.

Artículo 28. Contenido de la sentencia.- La sentencia que haga lugar a la acción de acceso deberá contener:

a) la identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y contra cuya acción, hecho u omisión se garantice el acceso.

b) la determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual dicha resolución regirá, si es que corresponde fijarlo.

c) el plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que será fijado por el tribunal conforme las circunstancias de cada caso, y no será mayor de quince días corridos e interrumpidos, computados a partir de la notificación.

Artículo 29. Recurso de apelación y segunda instancia.- En el proceso sólo serán apelables la sentencia definitiva y la que rechaza la acción por ser manifiestamente improcedente.

El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado, dentro del plazo perentorio de tres días. El tribunal elevará sin más trámite los autos al superior cuando hubiere desestimado la acción por improcedencia manifiesta, y lo sustanciará con un traslado a la contraparte, por tres días perentorios, cuando la sentencia apelada fuese la definitiva.

El tribunal de alzada resolverá en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de los autos. La interposición del recurso no suspenderá las medidas de amparo decretadas, las cuales serán cumplidas inmediatamente después de notificada la sentencia, sin necesidad de tener que esperar el transcurso del plazo para su impugnación.

Artículo 30. Sumariedad. Otros aspectos.- En este tipo de procesos no podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes. El tribunal, a petición de parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumaria del proceso, la vigencia del principio de contradictorio.

Cuando se planteare la inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio (artículos 509 numeral 2 y 510 numeral 2 del Código General del Proceso) se procederá a la suspensión del procedimiento sólo después que el Magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas provisorias referidas en la presente ley o, en su caso, dejando constancia circunstanciada de las razones de considerarlas innecesarias.

CAPITULO SEXTO - Responsabilidades

Artículo 31. Responsabilidad administrativa.- Constituirán falta grave, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran corresponder:

a) denegar información no clasificada como reservada o confidencial;

b) la omisión o suministro parcial de la información requerida, actuando con negligencia, dolo o mala fe;

c) permitir el acceso injustificado a información clasificada como reservada o confidencial;

d) la utilización, sustracción, ocultamiento, divulgación o alteración total o parcial en forma indebida de la información que se encuentra bajo su custodia o a la que se tenga acceso por razones funcionales.

CAPITULO SEPTIMO - Disposiciones Transitorias

Artículo 32. Plazo de implementación de sitios web.- Los sitios web deberán ser implementados por los sujetos obligados, en el plazo perentorio de un año, contado a partir de la publicación de la presente ley. Su reglamentación regulará los lineamientos técnicos que permitan la uniformidad, interacción, fácil ubicación y acceso de esta información.

Artículo 33. Clasificación de la información.- En el plazo no mayor a un año desde la vigencia de la presente ley, todos los sujetos obligados deberán elaborar la lista de toda la información que a la fecha se encuentre clasificada como reservada, siempre y cuando esté comprendida en algunas de las excepciones contempladas en el artículo 8° de la presente ley. La información que no se sujete a estas excepciones, deberá desclasificarse en el plazo perentorio de seis meses. A partir de la fecha de vigencia de la presente ley, toda información clasificada como reservada, que tenga más de quince años, deberá ser desclasificada y abierta libremente al público.

Artículo 34. Plazo de adecuación de los sujetos obligados.- Los sujetos obligados por la presente ley dispondrán de un plazo de dos años para adecuar sus registros, durante el cual no serán pasibles de sanciones en caso de denegación de acceso fundada en la imposibilidad de ubicar la información.

Artículo 35. Plazo para la reglamentación.- La presente ley se reglamentará dentro del plazo de ciento veinte días desde su publicación".

De lo actuado se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2595/08, que integra este documento.

Siendo la hora doce y cincuenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Margarita Percovich Presidenta

María Cecilia Fernández Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Este proyecto de ley fue largamente considerado en ambas Cámaras durante distintos períodos legislativos -recuerdo que en el Período anterior llegamos a aprobar en la Cámara de Representantes un proyecto de ley que se presentó a iniciativa del doctor Díaz Maynard- y, ahora, lo estamos complementando con una serie de normativas que definen claramente responsabilidades institucionales y procedimientos para el tratamiento de los datos y de los archivos públicos.

En 2006 votamos la actual ley del Sistema Nacional de Archivos; el mes anterior, a su vez, votamos la creación de un organismo de control, en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que tiene como cometido establecer procedimientos y protocolos para los archivos públicos y las normas para los procedimientos y principios sobre las responsabilidades en la protección de los datos personales, iniciativa que creo que ya está a consideración de la Cámara de Representantes. En el día de hoy estamos presentando al Senado un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Educación y Cultura, el cual se comenzó a tratar el año pasado y refiere al derecho al acceso a la información pública.

En el año 2005 se nos había presentado un proyecto que surgió a iniciativa de un grupo de acceso a la información pública integrado por la Asociación de Prensa del Uruguay, la Asociación Latinoamericana de Radios Comunitarias (AMARC), integrantes de IELSUR, archivólogos y bibliotecólogos. Posteriormente, en el proceso de institucionalización de los organismos responsables de ordenar los archivos y registros del Estado, la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información nos propuso un cronograma de trabajo, de tal manera que fuimos votando ordenadamente todos estos proyectos.

El resultado de estas discusiones es el proyecto de ley que hoy se trae al Senado, que tiene un texto muy sencillo y que consta de siete capítulos en los que se establece que el Estado tiene que garantizar el derecho a la información como un derecho humano que está consagrado en la Constitución y que debe promover la transparencia de la Administración Pública. Se establece también la obligación de organizar, sistematizar y tener disponible toda la información en cualquier soporte y, a su vez, el deber de difundir por las páginas web u otros medios, alguna información mínima como lo es la referente a la estructura organizacional de las instituciones públicas, sus competencias, remuneraciones, su presupuesto y el grado de ejecución, las auditorías, licitaciones, concursos, las estadísticas de cada una de las reparticiones del Estado, así como la tarea de establecer claramente los mecanismos de acceso a la información para los usuarios.

Por supuesto, se establece que la información pública debe ser accesible para todos los ciudadanos, salvo aquella que sea secreta -esto debe definirse por ley-, reservada o confidencial. En tal sentido, en los capítulos y artículos correspondientes del proyecto se explicita cuáles son los casos en los que se trata de este tipo de información: la secreta, la reservada, es decir, aquella que compromete la seguridad pública, la defensa nacional, las relaciones internacionales del país así como su estabilidad financiera, y se establece un plazo de reserva de quince años para esta información. La confidencial, a su vez, es la relativa al patrimonio de las personas, la que pueda ser útil para un competidor o las cláusulas de confidencialidad que se establecen previamente en los contratos y, como ya habíamos establecido en el proyecto anterior, los datos que requieran previo consentimiento para su divulgación. Aquella información que se requiera para prevenir, investigar o evitar las violaciones de derechos humanos están eximidas de estos casos, por lo que no podrá esgrimirse la excepción.

En cuanto a los requisitos de solicitud, estos son muy sencillos: es un trámite gratuito, y lo único que se cobra es el costo de los soportes en los que se la entrega. Hay veinte días para que las instituciones públicas contesten y se puede pedir una prórroga de veinte días más si hay dificultades para conseguir la información. Si no se contesta, constituye una falta grave, y si se la niega, deberá fundamentarse la negativa.

El organismo de control que ya se había creado dentro de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para la protección de base de datos, establece otra Unidad Ejecutora igual a la anterior, que es la Unidad de Acceso a la Información Pública que, al igual que en el otro caso, tiene un Consejo Ejecutivo -también integrado por el Director de la AGESIC y por dos miembros que tienen autonomía técnica-, y un Consejo Consultivo que en este caso es de cinco miembros: uno especializado en derechos humanos designado por el Poder Legislativo -seguramente participará algún miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes-, uno representando al Poder Judicial, un representante del Ministerio Público y Fiscal, uno del ámbito privado y otro del área académica.

Las funciones de este organismo de control son: asesorar al Poder Ejecutivo para la implementación de esta ley; realizar la coordinación interinstitucional -en el caso de que la información deba provenir de distintos ámbitos y, sobre todo, para el ordenamiento de los archivos y de la información-; posibilitar la capacitación de los funcionarios; orientar a los particulares que quieran acceder a la información y promover la accesibilidad a la información como un derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas. Se deberá hacer un informe anual que se presentará al Poder Legislativo y denunciar las conductas violatorias.

Por último, así como en el proyecto de ley de Protección de Bases de Datos establecimos la acción de habeas data, se agrega aquí una acción de acceso a la información que define el proceso; se establece el derecho a entablar la acción -que corresponde a la órbita de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administra-tivo-; se dice quiénes pueden interponerla -es decir, los sujetos, los sucesores o las personas jurídicas y sus representantes legales-; se utilizan los artículos 14 y 15 del Código General del Proceso en una tramitación de urgencia; se determina cómo se realiza la audiencia; se establece que la sentencia debe estar en veinticuatro horas; se explicita el contenido de la sentencia y se aclara cómo se puede establecer el recurso de apelación.

También se definen las responsabilidades administrativas. Como decía al principio, es una falta grave denegar la no reserva o la confidencialidad, así como también lo es la negligencia, el suministro parcial, el permitir información reservada o confiable o la alteración u ocultamiento de la información.

Finalmente, para las instituciones públicas se establecen los plazos de implementación de los sitios web con la información mínima. A esos efectos, se establece el plazo de un año, así como la clasificación de la información reservada y confidencial; para el resto -es decir, la que no es reservada- se fija un plazo de seis meses para la accesibilidad. Asimismo, se establece un plazo de quince años para que la información reservada pase a ser pública.

A su vez, para la adecuación de los registros de las instituciones públicas el plazo será de dos años. Mientras tanto, el Poder Ejecutivo tendrá ciento veinte días para reglamentar esta ley.

Como decía, esta iniciativa comenzó como una propuesta de la sociedad civil organizada. Como podrán ver los señores Senadores, en el repartido están contenidos los principios que figuraban en el material que nos dejó el Grupo de Acceso a la Información. Los integrantes de la Comisión hemos sido cuidadosos en que dichos principios fueran respetados en este proyecto de ley. Asimismo, adjuntamos algo que nos pareció muy interesante -ante las dudas que pudieran surgir en la aplicación de esta ley- y que tiene que ver con el informe, que nos hizo llegar el doctor Delpiazzo, del Instituto de Derecho Informático con respecto a algunas de las dudas sobre las que lo consultamos, porque creemos que es muy profundo y, además, nos sirvió de guía para varias de las inquietudes que se nos presentaron en el tratamiento de esta iniciativa.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

SEÑOR GARGANO.- Formulo moción para que se suprima la lectura y se vote en bloque el articulado del proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Gargano en el sentido de suprimir la lectura y votar en bloque el articulado.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

La Mesa se permite señalar que el Senado está delante de esta ley porque prácticamente tiene todo publicado en su página web, salvo tres cosas.

Ha quedado aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

28) COMPUTO DE SERVICIOS A EFECTOS JUBILATORIOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba a los efectos jubilatorios, el cómputo ficto de servicios resultante de convenios colectivos. (Carp. Nº 398/05 - Rep. Nº 799/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 398/05

Rep. N° 799/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Ambito subjetivo para situaciones futuras).- El Banco de Previsión Social (BPS) reconocerá la computabilidad de los servicios en forma ficta, resultante de los convenios colectivos debidamente fundados, celebrados entre empleadores y trabajadores, en el marco de reestructuras o despidos con posterior reinserción de los trabajadores involucrados en la plantilla laboral de una empresa, y en los cuales se prevé la continuidad de la relación laboral y de la cobertura de seguridad social, no obstante no verificarse la prestación efectiva y directa de la actividad.

Los acuerdos de referencia deberán instrumentarse en convenios o en acuerdos colectivos debidamente fundados, inscritos y aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con el BPS, el que se expedirá por escrito, en el plazo de diez días, sobre la procedencia del convenio en sus aspectos de seguridad social.

En todos los casos, la computabilidad de los servicios estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones tributarias que generen los mismos.

Artículo 2°. (Ambito subjetivo para situaciones pasadas).- El Banco de Previsión Social extenderá el cómputo de servicios fictos en el caso de convenios de reinstalación, reincorporación u otro mecanismo similar, que involucre la recomposición retroactiva de la relación laboral, siempre que se verifiquen las exigencias previstas en el artículo anterior, en lo pertinente, así como la estimación en los convenios o en los acuerdos colectivos de los montos imponibles que se le asignen a los trabajadores involu-crados.

El hecho generador de las obligaciones tributarias resultantes del cómputo retroactivo de los servicios, se considerará configurado a la fecha de aprobación del convenio colectivo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (criterio de exigibilidad).

Artículo 3°. (Edad mínima para la computabilidad de los servicios fictos y calificación de los mismos).- A los trabajadores comprendidos por el alcance de la presente norma legal, la computabilidad de los servicios fictos será válida a los efectos previsionales a partir de los quince años de edad.

Los servicios fictos a que se refiere esta disposición legal se calificarán en todos los casos como ordinarios.

Artículo 4°. (Monto de los ingresos fictos).- A los efectos del cálculo de las prestaciones de actividad o de pasividad que pudiera generar el trabajador por la computabilidad de dichos servicios fictos, se tomará como retribución (asignación computable) el monto convenido que se instrumente en el convenio o en el acuerdo colectivo y sobre el cual el empleador o el grupo de empleadores aportaron tributariamente al organismo.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 17 de noviembre de 2005.

Nora Castro Presidenta

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

INFORME DE LA COMISION DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de

Seguridad Social

INFORME

Señores Representantes:

Habitualmente, cuando se produce una reestructura en una empresa, se verifica una ruptura de la relación laboral con la consiguiente reducción de la plantilla laboral.

Este suceso genera, por tanto, un conflicto que suele encontrar como vía de solución la celebración de un convenio colectivo entre las partes empleadora y trabajadora.

En el caso que dicho convenio suponga la reinstalación de trabajadores y con la finalidad de que el lapso transcurrido desde la desvinculación laboral no genere más perjuicios al empleado, es que se propone este proyecto de ley, como instrumento hábil para dar satisfacción al problema planteado.

En efecto, se prevé un reconocimiento de servicios en forma ficta desde el momento en que se produce el cese de la relación laboral como consecuencia de la citada reestructura empresarial, siempre que en el convenio de partes se establezca lo mencionado en el párrafo anterior, lo que implica la continuidad de la relación laboral; en segundo lugar, el convenio debe ser aprobado e inscripto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social previa consulta al Banco de Previsión Social. Por último, se debe dar cumplimiento efectivo a las obligaciones tributarias generadas por el mencionado reconocimiento de servicios fictos.

Tratándose la señalada de una situación especialísima, que se distingue netamente del común de las derivadas del cese del contrato de trabajo, requiere -en consecuencia- la adopción de medidas singulares para su solución. Si no se adoptara el criterio propuesto en la iniciativa, por más que el trabajador a la postre fuera reincorporado, habría un período durante el cual no generaría no solo derechos laborales sino tampoco previsionales.

Dicho período, si no fuera reconocido como registrado en el Banco de Previsión Social, perjudicaría al trabajador a la hora de generar causal jubilatoria.

Pero, además, debe señalarse que el sistema también resulta beneficioso para el propio empleador en la medida en que impide que incurra en infracciones tributarias al disponer que los aportes se tendrán por configurados y exigibles cuando el convenio cumpla con la homologación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Vuestra Comisión de Seguridad Social ha aprobado por unanimidad de presentes este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, recomendando su aprobación a esta Cámara.

Sala de la Comisión, 14 de noviembre de 2005.

José Luis Blasina, Miembro Informante; Pablo Abdala, Esteban Pérez.

PODER EJECUTIVO

Montevideo, 3 de octubre de 2005.

Señor Presidente de la

Asamblea General.

El Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, tiene el honor de remitir a ese Cuerpo el adjunto proyecto de ley referente a reconocimiento ficto de servicios.

La profusión de convenios colectivos como solución acordada a conflictos entre las partes constitutivas de la relación laboral, a menudo introducen complejas cuestiones relativas a la validez de ciertas disposiciones adoptadas en el marco de la autonomía de las partes.

Los acuerdos a que referimos suceden a conflictos colectivos enmarcados en programas de reestructura empresarial, y que dentro de la fórmula de acuerdo además de incluir los aspectos esenciales propios de la realidad laboral, introducen habitualmente sin la necesaria correspondencia o consideración de las correlativas implicancias desde el punto de vista de la seguridad social, materia notoriamente excluida de la esfera de la actuación autonómica respectiva.

En particular referimos a los aspectos asociados a las prestaciones (reconocimiento de servicios y asignación computable), como a lo tributario (contribuciones e impuestos generados).

Un ejemplo de ello lo constituyen los convenios colectivos estructurados sobre la base del reconocimiento, hacia el futuro o el pasado, de la continuidad laboral pese a la inexistencia de prestación efectiva y directa de los servicios en cuestión.

Específicamente se trata de los denominados servicios fictos.

Los convenios en cuestión desde el punto de vista laboral son incontrovertiblemente aceptados por nuestro ordenamiento jurídico. Pero se torna imprescindible analizar los impactos verificados en la seguridad social, siendo este aspecto la razón de ser del proyecto que se promueve.

En efecto, la inclusión en tales convenios de cláusulas de reconocimiento ficto de servicios a los efectos laborales, se enfrenta en el campo de la seguridad social a impedimentos propios de su regulación, tanto en el campo prestacional como tributario. Referimos concretamente a los principios de "actividad" como hecho generador o de la "primacía de la verdad material" (artículos 148 y 149 respectivamente, de la Ley N° 16.713, de 3 de setiembre de 1995).

En consecuencia, y en el entendido de la existencia de un interés social comprometido, se entiende del caso generar un marco normativo que habilite la traslación hacia el campo de la seguridad social, y en ciertas condiciones especiales, de las consecuencias jurídicas de dichos convenios colectivos, lo cual naturalmente implica apartarse de la aplicación de tales preceptos y principios generales, pero de forma tal que no menoscabe su vigencia como norma aplicable a la generalidad. En cuanto a las "condiciones especiales" aludidas, simplemente las siguientes:

a) Exigencia de un convenio colectivo debidamente fundado, inscripto en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por éste, previa consulta con el Banco de Previsión Social, que en el plazo de diez días deberá expedirse por escrito acerca de la procedencia del convenio en sus aspectos de Seguridad Social.

b) Cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias que se generen por el reconocimiento de los servicios "fictos" implicados.

Por último, acerca de los acuerdos que involucren servicios retroactivos, se postula como solución excepcional, en apartamiento explícito de los principios generales en la materia de configuración del hecho generador de las contribuciones de seguridad social, y en el entendido de evitar la generación de multas y recargos asociados al reconocimiento intempestivo de los servicios, el denominado "principio de la exigibilidad", razón por la cual se desplazan multas y recargos por la no registración en tiempo, la cual se reputa configurada, y con ello exigible, a la fecha del respectivo acuerdo.

Por las razones expuestas se estructura el siguiente proyecto de ley.

Saluda a ese Cuerpo con su mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José E. Díaz, Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Jorge Bruni, Miguel Fernández Galeano, José Mujica, Héctor Lescano, Mariano Arana, Ana Olivera.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°. (Ambito Subjetivo para Situaciones Futuras).- El Banco de Previsión Social (BPS) reconocerá la computabilidad de los servicios en forma ficta, resultante de los convenios colectivos debidamente fundados, celebrados entre empleadores y trabajadores en el marco de reestructuras o despidos con posterior reinserción de los trabajadores involucrados en la plantilla laboral de una empresa, y en los cuales se prevé la continuidad de la relación laboral y de la cobertura de seguridad social, no obstante no verificarse la prestación efectiva y directa de la actividad.

Los acuerdos de referencia deberán instrumentarse en convenios o acuerdos colectivos debidamente fundados, inscriptos y aprobados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa consulta con el Banco de Previsión Social (BPS) que se expedirá por escrito en el plazo de diez días sobre la procedencia del convenio en sus aspectos de Seguridad Social.

En todos los casos, la computabilidad de los servicios estará condicionada al cumplimiento de las obligaciones tributarias que generen los mismos.

Artículo 2°. (Ambito Subjetivo para Situaciones Pasadas).- El Banco de Previsión Social extenderá el cómputo de servicios fictos en el caso de convenios de reinstalación, reincorporación u otro mecanismo similar que involucre la recomposición retroactiva de la relación laboral, siempre que se verifiquen las exigencias previstas en el artículo anterior, en lo pertinente así como la estimación en los convenios o acuerdos colectivos de los montos imponibles que se le asignen a los trabajadores involucrados.

El hecho generador de las obligaciones tributarias resultantes del cómputo retroactivo de los servicios, se considerará configurado a la fecha de aprobación del convenio colectivo por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (criterio de exigibilidad).

Artículo 3°. (Edad Mínima para la Computabilidad de los Servicios Fictos y Calificación de los Mismos).- A los trabajadores comprendidos por el alcance de la presente norma legal, la computabilidad de los servicios fictos será válida a los efectos previsionales a partir de los quince años de edad.

Los servicios fictos a que se refiere esta disposición legal se calificarán en todos los casos como ordinarios.

Artículo 4°. (Monto de los Ingresos Fictos).- A los efectos del cálculo de las prestaciones de actividad o pasividad que pudiera generar el trabajador por la computabilidad de dichos servicios fictos, se tomará como retribución (asignación computable) el monto convenido que se instrumente en el convenio o acuerdo colectivo y sobre los cuales el empleador o grupo de empleadores aportaron tributariamente al Organismo.

Montevideo, 3 de octubre de 2005.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José E. Díaz, Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Jorge Brovetto, Víctor Rossi, Jorge Lepra, Jorge Bruni, Miguel Fernández Galeano, José Mujica, Héctor Lescano, Mariano Arana, Ana Olivera."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Señor Presidente: el Cuerpo va a tratar un proyecto de ley emanado del Poder Ejecutivo, que ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes.

Esta iniciativa aborda el tema relativo a la computabilidad de los servicios en forma ficta. Ese reconocimiento de servicios se produce desde el momento del cese del contrato laboral, ya sea a través del despido o de la implementación de reestructuras en determinadas empresas, con un pacto en que el trabajador, por medio de un convenio, queda haciendo usufructo de la potencialidad de reingresar a ella. Esto, que ha sido práctica bastante habitual en nuestro país, tiene algunos inconvenientes y de ahí la iniciativa del Poder Ejecutivo de legislar en la materia. Precisamente existen leyes, como la Nº 16.713, que establece alguna limitación en el campo de las prestaciones, así como también en el tributario, para esos convenios llevados adelante entre trabajadores y empresas. En esa ley se establecen dos principios que hacen bastante difícil la aplicabilidad de los convenios, con la posibilidad de reconocimiento por parte del Banco de Previsión Social del tiempo transcurrido entre la firma del convenio y la reinserción en la misma empresa. Se trata de los principios de actividad contenidos en esa ley y la privacía de la verdad material. Con este proyecto de ley, esos dos principios estarían salvados, en el sentido de que para llevar adelante estos convenios laborales entre empresas y trabajadores se requiere la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dando cuenta al Banco de Previsión Social del asentimiento de ese convenio con un plazo acotado a diez días.

De modo que con el artículo 1º -que seguramente aprobará el Senado, porque se adoptó por unanimidad en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social- se salvarían las objeciones que la ley de 1995 imponía a esos convenios.

Este es un proyecto de ley muy breve. En su artículo 1º están contenidos los alcances a los que hacíamos referencia.

En el artículo 2º se establece el ámbito subjetivo para situaciones pasadas, encomendando al Banco de Previsión Social extender el cómputo de servicios fictos como tiempo trabajado.

En el artículo 3º se determina que la edad mínima para la computabilidad de los servicios fictos y su calificación es a partir de los quince años de edad.

En el artículo 4º se indican los montos de los ingresos fictos y su regulación.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase.

SEÑOR CID.- Formulo moción para que se suprima la lectura de los artículos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por el señor Senador Cid.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 1º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 2º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 3º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-19 en 20. Afirmativa.

En consideración el artículo 4º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-18 en 20. Afirmativa.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley sancionado por ser igual al considerado)

29) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en décimo término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 13 y 33 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 13 y 41 minutos)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑORA PROSECRETARIA (Esc. Claudia Palacio).-

El Senado de la República, en sesión secreta, ha resuelto devolver al Poder Ejecutivo la solicitud de venia para destituir de su cargo a un funcionario del Ministerio de Educación y Cultura a fin de ampliar antecedentes, y conceder las venias solicitadas para destituir de sus cargos a dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública y a un funcionario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

SEÑOR GALLINAL.- ¿Me permite, señor Presidente, antes de que culmine la sesión?

En nombre de la Bancada de Senadores del Partido Nacional -e imaginamos que en nombre de todo el Cuerpo- sugerimos que el Senado de la República se interese por la salud del señor Senador Lorier y que se le trasmita nuestra preocupación y saludo.

SEÑOR PRESIDENTE.- Así se hará, señor Senador.

30) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 13 y 42 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Amaro, Antía, Arana, Baráibar, Cid, Couriel, Dalmás, Gallinal, Gamou, Gargano, Lapaz, López, Moreira, Mujica, Oliver, Percovich, Saravia, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.