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Nº 216 - TOMO 453 - 4 DE JUNIO DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

20ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Heber solicita se curse un pedido de informes, con destino a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación, relacionado con la cantidad y situación funcional de personas que desempeñan funciones para el Estado, durante el periodo 2005 - 2008.

- Oportunamente fue tramitado

5) Exposiciones escritas

- El señor Senador Lapaz, solicita se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, al Banco de Previsión Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  al INAU, a la Junta Local de San Carlos, al Hospital de Maldonado, a la Jefatura de Policía de Maldonado, al Intendente Municipal de Maldonado y a la Junta Departamental, relacionada con la trata de blancas y casos de prostitución de menores en el departamento de Maldonado; y otra a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social y de Trabajo y Seguridad Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Banco de Previsión Social, al Centro de Industriales Panaderos del Uruguay y a todas las Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Autónomas del país, relacionada con el precio del pan.

- Se procederá de conformidad.

6) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

7) Integración del Cuerpo

- Nota de desistimiento. La presenta el señor Martín Aguirrezabala, comunicando que, por esta vez, no acepta la convocatoria para integrar Cuerpo.

8) Violencia en el deporte

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior, de Turismo y Deporte, de Desarrollo Social y de Educación y Cultura, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las Comisiones de Deporte de ambas Cámaras, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Organización del Fútbol del Interior, a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, a la Federación Uruguaya de Basketball, a Basquetbolistas Uruguayos Asociados, al Comité Olímpico Uruguayo, a la Confederación Uruguaya de Deportes, a la Suprema Corte de Justicia, al Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

9) Habilitación a médicos extranjeros para desempeñarse como oftalmólogos

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud Pública, de Educación y Cultura y de Desarrollo Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Universidad de la República, a la Facultad de Medicina, a la Sociedad de Oftalmólogos, al Congreso de Intendentes y a todos los Municipios y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

10) Programas sanitarios para la mujer

- Manifestaciones de la señora Senadora Percovich.

- Por moción de la señora Senadora, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras a los Gobiernos y a las Juntas Departamentales que coordinan estas políticas dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

11) Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)

- Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones que lo regulan.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Proyecto presentado

- El señor Senador Long presenta un proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional de Deporte y se establecen normas que lo regulan.

- A la Comisión Especial de Deporte.

13) Designación de Ministros de Tribunal de Apelaciones

- Solicitudes de aprobación de la Suprema Corte de Justicia para designar a la doctora María Lilián Elizabeth Bendahan Silvera y al doctor Julio Alfredo Posada Xavier, Ministros de Tribunal de Apelaciones

- Concedidas

14) "Capital Nacional de la caña de azúcar"

- Proyecto de ley por el que se declara "Capital Nacional de la Caña de Azúcar" la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

15) Montes citrícolas

- Proyecto de ley por el que interpreta el alcance del artículo 2º de la Ley Nº 18.245, de 27 de diciembre de 2007, referente a la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural para el sector citrícola.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

16) Centro Cultural Bella Italia

- Proyecto de resolución por el que se solicita al Ministerio de Educación y Cultura que declare de interés cultural la participación de una delegación de adolescentes del Centro Social Bella Italia, en un festival de jóvenes a realizarse en Alemania.

- En discusión. Aprobado. Se comunicará al Ministerio de Educación y Cultura.

17) "María Julia Hernández de Ruffinatti"

- Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se designa al Liceo Nº 2 de la ciudad de Pando, departamento de Canelones, con el nombre de ‘María Julia Hernández de Ruffinatti.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

18) Sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados

- Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se declara de interés nacional a la Sangre Humana, Plasma, Hemocomponentes y Hemoderivados con fines terapéuticos.

- En consideración. Sancionado. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

19) Solicitudes de Venias del Poder Ejecutivo para conferir ascensos a varios Tenientes Coroneles

- Concedidas.

20) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 3 de junio de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 4 de junio, a la hora 9 y 30, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se modifican disposiciones que regulan el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

Carp. Nº 819/08 - Rep. Nº 742/08 y Anexo I

2) por el que se declara "Capital Nacional de la Caña de Azúcar" la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia, 7ª Sección Judicial del departamento de Artigas.

Carp. Nº 934/07 - Rep. Nº 721/08

3) por el que se interpreta el alcance del artículo 2º de la Ley Nº 18.245, de 27 de diciembre de 2007, referente a la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural para el sector citrícola.

Carp. Nº 1160/08 - Rep. Nº 733/08

4) Discusión particular del proyecto de resolución por el que se solicita al Ministerio de Educación y Cultura que declare de interés cultural la participación de una delegación de adolescentes del Centro Social Bella Italia, en un festival de jóvenes que se realizará en Alemania entre los meses de setiembre y octubre de 2008.

Carp. Nº 1181/08 - Rep. Nº 739/08

5) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se designa al Liceo Nº 2 de la ciudad de Pando, departamento de Canelones, con el nombre de "María Julia Hernández de Ruffinatti".

Carp. Nº 200/05 - Rep. Nº 735/08

6) Discusión única del proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se declara de Interés Nacional a la Sangre Humana, Plasma, Hemocomponentes y Hemoderivados con fines terapéuticos.

Carp. Nº 711/06 - Rep. Nº 736/08

7) Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de conferir los siguientes ascensos:

- al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1º de febrero de 2007, a los señores Tenientes Coroneles Médicos doña Stella M. Cabeza y don Carlos A. Peppe.

Carp. Nº 1176/08 - Rep. Nº 743/08

- al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1º de febrero de 2008, a varios Tenientes Coroneles.

Carp. Nº 1156/08 - Rep. Nº 744/08

8) Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos referidos a los mensajes remitidos por la Suprema Corte de Justicia, por los que solicita la aprobación a fin de designar como Ministros de Tribunal de Apelaciones:

- a la doctora María Lilián Elizabeth Bendahan Silvera.

Carp. Nº 1162/08 - Rep. Nº 738/08

- al doctor Julio Alfredo Posada Xavier.

Carp. Nº 1161/08 - Rep. Nº 737/08

9) Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita venia a fin de destituir de sus cargos a tres funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas - "Dirección General de Casinos". (Plazo constitucional vence el 1º de julio de 2008). Se incluye en el Orden del Día conforme lo establecido en el Art. 62 del Reglamento del Senado.

Carp. Nº 1112/08 - Rep. Nº 741/08 

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Antía, Antognazza, Arana, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Heber, Lapaz, Larrañaga, Long, López, Lorier, Moreira, Mujica, Oliver, Penadés, Percovich, Romero, Sanguinetti, Saravia, Tajam, Topolansky y Vaillant.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Amaro, Baráibar, Fernández Huidobro, Lara Gilene, Michelini, Ríos y Xavier.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 9 y 40 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

‘La Presidencia de la Asamblea General destina un Mensaje del Poder Ejecutivo al que adjunta un proyecto de ley por el que se concede la autorización para que la Plana Mayor y Tripulantes del ROU 04 ‘General Artigas’, participen en la Operación ‘Haití 2008’ y en el Ejercicio ‘Panamáx 2008’, en la República de Panamá, Puerto de Colón, entre los días 12 de julio y 28 de setiembre de 2008.

- A LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL.

El Poder Ejecutivo remite Mensajes comunicando las siguientes designaciones:

- en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, en calidad de miembro a la contadora Gladys Uranga Couso.

- en calidad de miembro integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, a la licenciada en educación pública señora Laura Motta Migliaro.

- en calidad de miembro en el Directorio de la Administración Nacional de Correos, a la doctora Giannella Anna Viñoly Cerviño.

- en calidad de miembros en el Directorio de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, al Ing. Quím. Luis Eduardo Eirea Dengra, al Prof. Lic. Mag. Aramis Latchinian Pazos y al Ing. Gerardo Triunfo Briano.

- en calidad de miembro en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos al Ing. Ind. Santiago Sotuyo Blanco.

- en el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, en calidad de miembro, al Doctor Luis Gonzalo Perera Ferrer.

- en calidad de miembro en el Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay al señor Ángel Norberto Peñaloza Bideau.

- en calidad de miembros en el Directorio de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, al ingeniero electricista Fernando Boions Agustoni y al licenciado en economía Rafael Mario Laureiro Agorio.

- en el Directorio de la Administración de Ferrocarriles del Estado, en calidad de Presidente al señor León Lev, en calidad de Vicepresidente al señor Alejandro Marcelo Orellano Cancela y en calidad de Vocal al señor Juan Silveira.

- TENGANSE PRESENTES.

El señor Senador Gustavo Lapaz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Reglamento del Senado, solicita se curse una exposición escrita con destino a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, al Banco de Previsión Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto,  al INAU, a la Junta Local de San Carlos, al Hospital de Maldonado, a la Jefatura de Policía de Maldonado, al Intendente Municipal de Maldonado y a la Junta Departamental, relacionada con la trata de blancas y casos de prostitución de menores en el departamento de Maldonado;

Y otra a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Desarrollo Social y de Trabajo y Seguridad Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al Banco de Previsión Social, al Centro de Industriales Panaderos del Uruguay y a todas las Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Autónomas del país, relacionada con el precio del pan.

- REPARTANSE. SE VAN A VOTAR LUEGO DE LEIDOS LOS ASUNTOS ENTRADOS.

La Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca eleva informado un proyecto de ley por el que se modifican disposiciones que regulan al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

- HA SIDO REPARTIDO. ESTA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY.

La Comisión de Defensa Nacional eleva informadas las siguientes venias:

- para conferir los ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1º de febrero de 2008, a varios Tenientes Coroneles.

- para conferir los ascensos al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1º de febrero de 2007, a los señores Tenientes Coroneles Médicos doña Stella M. Cabeza y don Carlos A. Peppe.

- HAN SIDO REPARTIDAS. ESTAN INCLUIDAS EN EL ORDEN DEL DIA DE LA SESION DE HOY".

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Alberto Heber, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes, presentado con fecha 3 de junio del corriente, con destino a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación, relacionado con la cantidad y situación funcional de personas que desempeñan funciones para el Estado, durante el periodo 2005 - 2008".

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO.

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 2 de junio de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República y artículo 17 de la Ley N° 16.134, de 24 de setiembre de 1990, solicito a usted tenga a bien cursar el siguiente pedido a la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Contaduría General de la Nación, a efectos de que se sirva informar sobre los siguientes puntos:

a) cantidad de funcionarios públicos al 1° de marzo de 2005, discriminado por organismo, y dentro de cada uno de éstos, entre presupuestados y contratados;

b) cantidad de otras personas, que bajo otras modalidades de contratación, desempeñaban funciones para el Estado al 1° de marzo de 2005, discriminados también por organismo e indicándose la naturaleza del contrato;

c) igual información que en a) y b) pero referido al 1° de marzo de 2008;

d) cantidad y denominación de los cargos de particular confianza existentes, al 1° de marzo de 2005 y al 1° de marzo del 2008;

e) cantidad de funcionarios que se acogieron al régimen de incentivos de retiro entre el 1° de marzo de 2005 al 1° de marzo de 2008, indicando organismo al que pertenecen;

f) cantidad de redistribuciones de personal, en todas sus modalidades, dispuestas entre el 1° de marzo de 2005 al 1° de marzo de 2008, con indicación de organismo de origen y destino y norma habilitante al efecto;

g) cantidad de funcionarios que ingresaron a la Dirección General Impositiva mediante el instituto de la redistribución en todas sus modalidades, entre el 1° de marzo de 2005 al 1° de marzo de 2008, con indicación de organismo de origen, Escalafón y Grado.

Gran parte de la información, nos vemos obligados a solicitarla, debido a que el actual Gobierno bajó de la página WEB de la Oficina Nacional del Servicio Civil, todos los movimientos sobre funcionarios y personal que desempeñaba funciones para el Estado. Esta información es fundamental para poder analizar la Rendición de Cuentas que ha ingresado al Parlamento.

Luis Alberto Heber. Senador."

5) EXPOSICIONES ESCRITAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por el señor Senador Lapaz para las exposiciones escritas que presentara y de las que se diera cuenta durante la lectura de los asuntos entrados.

(Se vota:)

- 15 en 16. Afirmativa.

(Textos de las exposiciones escritas:)

"Montevideo, junio 4 de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores

Tec. Agr. Rodolfo Nin Novoa.

Presente.

De mi mayor consideración:

De conformidad con el artículo 172 del Reglamento de esta Cámara, en primer lugar deseo manifestar con suma preocupación, que he conocido una investigación que reveló que en Maldonado hay trata de blancas y casos de prostitución de menores. Las conclusiones del estudio figuran en el libro "Maldonado y sus nuevos desafíos: un estudio sobre la migración y la trata de personas en el este de Uruguay".

Según el texto, se han detectado casos de mujeres que ofrecen a sus hijas pequeñas a sus vecinos en Maldonado Nuevo. Dice el informe que en esta zona hay trata de mujeres adultas y menores de edad ofreciendo servicios sexuales en algunos barrios donde habita gente de escasas posibilidades económicas. Elaborado en 2007, el trabajo también da cuenta de que existen mujeres que llevan a sus hijas para que ejerzan la prostitución en lugares habilitados y otras que ofrecen a sus niñas de hasta 10 años de edad a sus vecinos en Maldonado Nuevo.

La investigación, que es obra de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y fue dirigida por el periodista Juan Miguel Petit, ex jerarca de INAU en pasadas administraciones, asegura que integrantes de la intersocial, entidad que tiene un comedor infantil en Maldonado Nuevo, corroboraron el caso de una mujer que llevó a la prostitución a su hija de 10 años, ofreciéndola a vecinos. Luego, también eran ofrecidas otras niñas a los vecinos. Sus clientes eran habitualmente personas mayores. La situación fue denunciada pero no tuvo repercusiones judiciales, disipándose el tema cuando las niñas fueron a vivir a la casa de familiares.

El trabajo textualmente señala también que, "es visible la presencia de menores realizando trabajo sexual en forma periódica en las calles, usualmente en los mismos sitios en que trabajadoras sexuales ejercen la prostitución sin libreta sanitaria ni registro policial. Esto se ve, por ejemplo, en la ruta a El Placer en los alrededores de El Jagüel".

El educador Raúl Falero, del proyecto Circo, contó a la OIM que vio un caso en el Club de Niños en que la mujer claramente prostituía a sus hijos. A veces se generan lugares, una casa abandonada, un local que de día es para otra cosa, que en ciertas horas se usan para la prostitución y puede haber menores. La gente tarda en descubrir esos lugares y denunciarlos. Pero, insistó el educador, "cada tanto vemos puntos en que decimos: ‘acá pasa algo’ porque llegan buenos autos de fuera de los barrios y es claro que vienen a buscar gurises o mujeres".

En tanto, organizaciones no gubernamentales de Maldonado dijeron a los investigadores que el año pasado se verificaron denuncias de un centro de culto afrobrasileño ubicado en el barrio Cuñetti hacia el que eran atraídos menores para ser abusados. La situación tardó en detectarse pero una vez hecha la denuncia, los responsables de ese lugar comenzaron a cuidar sus movimientos, según explica el libro.

Además de explotación infantil, en Maldonado también existe la trata de blancas, es decir que mujeres adultas son obligadas con "abuso y coacción", a ejercer el meretricio. Indica el libro que "una mujer del barrio se nos puso a llorar de golpe y nos dijo: ‘mi compañero no es mi compañero, es mi explotador’, contaron dos pastores protestantes que trabajan en las zonas de Granja Cuñetti, Cerro Pelado y Miguez".

"A ciertas horas empiezan a salir mujeres adultas y gurisas muy chicas. Las menores no estan solas, las mueven adultos. Algunas gurisas se pagan los estudios con esto, la mayoría no estudia más. Casi todas terminan con hijos y por eso ya no pueden salir porque tienen que bancar su casa", dijeron los pastores.

Por otra parte, el libro señala que también en San Carlos se aprecia un incipiente pero inquietante aumento de menores volcándose al trabajo sexual. Esto pudo constatarse en la avenida Alvariza, Ceberio, en torno a la terminal de ómnibus, en el puente Viejo y en la plaza principal.

Entre las conclusiones de la investigación de la OIM se indica que en Maldonado "hay mujeres que, integradas al trabajo sexual ejercen en condiciones en que su voluntad es vulnerada o manipulada, conformando situaciones que son afines a la trata, su antesala o constituyen específicamente trata". Los trabajadores registrados en el Hospital de Maldonado, que emite el carné de profilaxis, suman 600. La OIM entrevistó a 52 de ellos y puso saber que 8% comenzó a prostituirse antes de los 18. En esa dirección, el relevamiento arrojó resultados inquietantes, muestra lo frecuente que son las ofertas de trabajo sexual en el extranjero, la existencia de engaños y muchos casos que terminaron en abusos.

El 18% de las/los trabajadores encuestados dijo que había trabajado sexualmente en el exterior, el 28% que recibió ofertas para hacerlo y un 21% dijo que esas ofertas son frecuentes.

Un 15% dijo conocer historias de mujeres que habían aceptado y que les había ido mal.

La encuesta fue realizada por personal médico del Hospital de Maldonado, pero la preocupación creció cuando el diario capitalino El País entrevistó a la célebre madama local Nelly "Naná" González, quien estimó que el meretricio ejercido fuera de los prostíbulos ayuda a fomentar la ilegalidad en la profesión y favorece la explotación de menores, y aseguró que algunas madres van a solicitar trabajo formal para sus hijas para evitar que trabajen en la calle.

Ella denunció la existencia de "un submundo atrás que se conjuga en una cantidad de problemas. Habría que erradicar la prostitución callejera. Acá al negocio entra la Policía y pide libretas, viene el INAU y controla. Eso es legal. En cambio, en la calle tienen que correr a la mujer y la agarran o no. Hay menores, hay de todo en la calle".

En el entendido que se deben extremar las medidas conducentes a eliminar ese tipo de situación, que atenta contra la convivencia familiar y social y el normal desarrollo de las primeras edades, además de constituir una flagrante ilegalidad, es que solicito que mis palabras pasen a: Presidencia de la República; a todos los Ministerios, y OPP; INAU; Junta Local de San Carlos; y en Maldonado a: Hospital, Jefatura de Policía, Intendencia Municipal y Junta Departamental.

2) TEMA: PRECIO DEL PAN

El gremio panadero resolvió aceptar la congelación de precios de los productos de panificación hasta el 31 de julio, pero advirtieron que esta medida afecta la economía de sus emprendimientos, debido al persistente aumento de los costos de producción.

Se aceptó esta medida en base a la negociación liderada por el gobierno, que derivó también en la congelación de los precios de la harina hasta esa fecha.

Quedan afuera masas, postres y confituras, y la medida se extiende por 2 meses, pero subsiste el problema de que se vienen los Consejos de Salarios y hay que pagar los reajustes a partir del 1° de julio, lo que afecta los costos, mientras el pan no va a subir hasta el 1° de agosto, señaló un vocero de los empresarios.

Por su lado, los molinos se comprometieron a que la harina no suba hasta el 31 de julio, pero no se trata sólo de la harina y los salarios, sino que se suman aumentos en las tarifas de energía, como es el caso de la electricidad desde el 1° de junio, además de los combustibles, entre otros insumos. En suma, el panorama es muy difícil.

Los panaderos subrayan que no corresponde que la congelación sea de exclusiva responsabilidad de los empresarios, mientras el Poder Ejecutivo sigue disponiendo aumentos que los dejan como rehenes de una difícil situación. Recordaron que en lo que va del año la harina ha subido un 53 por ciento, a lo que se han agregado otros insumos, mientras Argentina anuncia que no tiene trigo ni harina, lo que sería también el caso de Brasil, "los molinos van a aguantar hasta el 31 de julio. Después no sabemos que puede pasar", indican.

Mientras, las ventas han mermado, y después del Día de la Madre se ha ingresado en un descenso que sitúan entre 20 y 30 por ciento, y esperan que con los aguinaldos se recupere algo.

En este caso, es necesario que el gobierno tome las medidas de protección a dos sectores -molinos y panaderos- que son vitales tanto para la canasta familiar como para la economía nacional.

Requiero que mis expresiones se envíen a: Presidencia de la República; Ministerios de: Economía y Finanzas, Industria y Energía, Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad Social, y OPP; Banco de Previsión Social; al Centro de Industriales Panaderos del Uruguay; y a todas las Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Autónomas de nuestra patria.

También solicito a Ud. que se agregue toda esta exposición escrita al acta en el Diario de Sesiones de esta Cámara Alta.

Sin otro particular saluda al Sr. Presidente muy atte.

Gustavo J. Lapaz. Senador."

6) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso de que existieran.

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

A la sesión ordinaria del día de ayer, faltó con aviso el señor Senador Penadés.

A la sesión de la Comisión de Hacienda del 2 de junio, faltaron con aviso los señores Senadores Michelini y Saravia.

A la sesión de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del 2 de junio, faltaron con aviso la señora Senadora Dalmás y los señores Senadores Heber, Lorier y Saravia.

A la sesión de la Comisión de Defensa Nacional del 2 de junio, faltaron con aviso los señores Senadores Moreira y Penadés.

7) INTEGRACION DEL CUERPO

SEÑOR PRESIDENTE.- Se comunica que el señor Martín Aguirrezabala ha presentado nota de desistimiento informando que por esta única vez no acepta la convocatoria para integerar el Cuerpo, por lo que queda convocado el suplente respectivo.

8) VIOLENCIA EN EL DEPORTE

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Señor Presidente: preocupados por ciertas situaciones que se generan dentro y en los alrededores de los escenarios deportivos, estimamos conveniente legislar sobre algunos aspectos del tema, donde percibimos un notorio vacío legal. De esa manera he propuesto una medida preventiva: la de impedir a los violentos aun sin procesar, ir a las canchas.

El proyecto de ley al que refiero incluye la posibilidad de que puedan aplicarse medidas cautelares -prohibición de concurrir hasta por 90 días a los espectáculos deportivos- a quienes han cometido actos de violencia en los mismos, aun cuando no exista procesamiento, situación que actualmente la ley no contempla.

La medida cautelar a la que refiere la norma vigente para erradicar la violencia en el deporte (Ley Nº 17.951, de 8 de enero de 2006) procede siempre que haya enjuiciamiento, ya sea por la configuración de una falta o por reunir el magistrado prima facie elementos de convicción suficientes para encuadrar la conducta dentro de los tipos delictuales referidos en la norma.

Es necesario legislar ante el caso concreto, sin tener que llegar a un procesamiento por faltas o a la iniciación de un sumario penal por presunto delito, cuando existan conductas que encuadren dentro de la definición establecida en el artículo 1º de la ley. La finalidad es reprimir esas conductas brindando pautas al magistrado para que pueda aplicar medidas dentro de un marco legal y decidir con intervención del Ministerio Público, teniendo en cuenta que es el titular de la acción pública, manteniendo la seguridad jurídica que debe existir en un Estado de Derecho.

Asimismo, si bien la Constitución establece que la medida cautelar de la prisión no puede imponerse sin el enjuiciamiento correspondiente, la medida que propongo no es prisión, sino la permanencia en un centro, sin régimen de incomunicación, con la finalidad de lograr el control efectivo de que el involucrado no asista al espectáculo deportivo, pues de otra manera debería tenerse un funcionario policial en el domicilio de cada individuo con medidas. Y hasta podrá brindárseles, en ese horario, talleres de integración para su reinserción a los eventos deportivos.

Para la adopción de tales medidas, el Juez deberá oír preceptivamente al Ministerio Público, al indagado y a su defensa, en audiencia que se realizará en plazo de 24 horas, so pena de nulidad absoluta. Las medidas tendrán un plazo máximo de 60 días, que podrá extenderse a 90 cuando la persona registre antecedentes por hechos similares.

La intención es determinar claramente quiénes son los violentos y dónde están a la hora de desarrollarse acontecimientos en cuya normal realización puedan incidir negativamente. Se proponen castigos a conductas contra la convivencia en situaciones tan delicadas, tan queridas y tan disfrutables por los ciudadanos, pero también se termina protegiendo a los infractores, impidiéndoles complicar aun más su posición legal, lo que debe ser apoyado con los mencionados talleres cívicos.

Solicito que mis palabras se eleven a la Presidencia de la República, a los Ministerios del Interior, de Turismo y Deporte, de Desarrollo Social y de Educación y Cultura, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a las Comisiones de Deporte de ambas Cámaras, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Organización del Fútbol del Interior, a la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, a la Federación Uruguaya de Basketball, a Basquetbolistas Uruguayos Asociados, al Comité Olímpico Uruguayo, a la Confederación Uruguaya de Deportes, a la Suprema Corte de Justicia, al Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay y a todas las Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país".

9) HABILITACION A MEDICOS EXTRANJEROS PARA DESEMPEÑARSE COMO OFTALMOLOGOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Para referirse a otro tema, tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Gracias, señor Presidente.

"Por otra parte, me quiero referir a un tema oftalmológico. Entiendo que, superando todo lo imaginable en materia de uso indebido del poder, el Poder Ejecutivo ha resuelto otorgar la calidad de especialistas médicos, por decreto, a quienes no prueban haber completado los estudios pertinentes y necesarios.

Como es conocido, me refiero a la especialidad en oftalmología, donde lo actuado comprueba que preocupa poco el tema de la legalidad, del Estado de Derecho, del cumplimiento de las normas. Pero en esta ocasión se han superado todas las marcas y los más crudos antecedentes de, como se ha dicho con acierto, saltearse las normas con la garrocha.

Por el camino han quedado leyes, disposiciones de la Facultad de Medicina y de sus órganos asesores especializados en el reconocimiento de posgrados.

También se han violado principios muy caros a la Universidad, principalmente su autonomía, sin olvidar sus reglamentaciones estatutarias y su ligazón con la sociedad a la que sus egresados sirven.

Tampoco podemos olvidar que el prestigio de nuestra Facultad de Medicina había quedado malherido en recientes mediciones de calidad internacional. No bastó esa cachetada cuando sobreviene este inexplicable acto.

Las reacciones no se han hecho esperar y se ha convocado a la Ministra de Salud Pública, directamente involucrada en este asunto. Pero creemos que las responsabilidades van más lejos y más hondo. Es preciso que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, explique esta nueva manera de disponer sobre la vida universitaria. No estaría de más que también el rector de la Universidad de la República, así como el decano de la Facultad de Medicina, dieran su opinión sobre esta medida.

Solicito que la versión taquigráfica de mis expresiones pase a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Salud Pública, de Educación y Cultura y de Desarrollo Social, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Universidad de la República, a la Facultad de Medicina, a la Sociedad de Oftalmólogos, al Congreso de Intendentes y a todos los Municipios y Juntas Departamentales y Autónomas de nuestra patria.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar los trámites solicitados por el señor Senador Lapaz.

(Se votan:)

-16 en 18. Afirmativa.

SEÑOR LORIER.- Solicito que se rectifique la votación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se van a votar, nuevamente, los trámites solicitados.

(Se vota:)

- 12 en 18. Afirmativa.

10) PROGRAMAS SANITARIOS PARA LA MUJER

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la media hora previa, tiene la palabra la señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- No quería dejar pasar la fecha que recientemente conmemoramos a nivel internacional, el 28 de mayo, como el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, sin destacar algunas cifras y logros que hemos obtenido en los últimos años en esta materia y, al mismo tiempo, quisiera llamar la atención con relación a la situación de la salud de las mujeres.

Creemos que el Ministerio de Salud Pública ha venido realizando grandes esfuerzos para definir, dentro de sus programas prioritarios, el relativo a la mujer y al género que, dentro de la Dirección General de Salud (DIGESA), cumple un papel de entrelazamiento con los otros trece pro-gramas -como el dirigido a la adolescencia, a la niñez, a la prevención del cáncer, etcétera- de forma que los especialistas médicos y los equipos técnicos de salud encaren en forma global las dificultades que la mitad de la población del país a veces tiene para acceder a los sistemas de prevención. Debemos destacar la importancia de esos mecanismos de prevención en los procesos reproductivos de la sociedad y, a la vez, su incidencia en el cambio de modelos de salud que está llevando adelante el Gobierno apuntando más a la prevención que al sistema de atención terciaria.

Por otro lado, creo que es importante que exista, de parte de las organizaciones sociales especializadas en materia de salud, un observatorio nacional autónomo que realice el seguimiento de lo que vienen llevando a cabo las distintas instituciones del Estado, es decir, el Ministerio de Salud Pública y las diferentes reparticiones departamentales. Consideramos que es bueno contar con esta guía que constituye una mirada autónoma de los distintos progresos que se han logrado y de los aspectos en los que hay que seguir insistiendo.

Uno de los temas que queremos destacar es el relativo a la canasta de anticonceptivos que llega hasta la última localidad del país y el asesoramiento que los profesionales de los equipos técnicos ofrecen a las mujeres para indicar estos métodos según su edad, sus condiciones físicas, etcétera. En este sentido, se ha hecho un gran esfuerzo para que las mujeres de los lugares más recónditos del país sepan las alternativas de que disponen. En el recorrido que se ha hecho por las localidades de los distintos departamentos notamos cierta preocupación de los ginecólogos -sobre todo los de ASSE, por el tipo de población que atienden- por el alto porcentaje de mujeres que todavía no recurren a la prevención, aun cuando esta es concedida gratuitamente, tanto por las instituciones públicas como por las privadas. Me refiero, particularmente, a la posibilidad de realizar los exámenes de Papanicolau y la mamografía.

Otro aspecto que queremos mencionar es que la tendencia ascendente en las cifras de población femenina con VIH positivo ha disminuido, tal como lo demuestran los controles que se vienen haciendo desde hace muchos años por parte del Ministerio de Salud Pública, pero que ahora se han intensificado, detectándose también la disminución en el número de casos de transmisión vertical del virus. Esto significa que se ha ido logrando que la población infantil no reciba el virus de la madre VIH positiva lo que, en definitiva, hace que se reduzcan las posibilidades de que la enfermedad se siga extendiendo. En este seguimiento muy exhaustivo -realizado a través de protocolos aplicados por los distintos equipos médicos, que registran correctamente los datos en las historias clínicas-, especialmente de la niñez y de la adolescencia, se ha detectado un aumento de la sífilis en la niñez, lo que hace necesario implementar el asesoramiento a las mujeres comprendidas en los programas de atención materno infantil.

Quería destacar estos elementos porque me parece importante que la población los conozca.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras pase a los Gobiernos y a las Juntas Departamentales que hoy coordinan estas políticas dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado por la señora Senadora.

(Se vota:)

-17 en 17. Afirmativa. Unanimidad

11) INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INAVI)

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración del primer punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se modifican disposiciones que regulan el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). (Carp. Nº 819/08 - Rep. Nº 742/08 y Anexo I)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 819/07

Rep. N° 742/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

PROYECTO DE LEY SUSTITUTIVO

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 141 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 141.- Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, para la ejecución de la política vitivinícola nacional.

El mismo estará exonerado del pago de tributos, y en lo no expresamente previsto en la presente Ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad y estatuto laboral. La Auditoría Interna de la Nación ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del Instituto, con las más amplias facultades, debiendo elevarse a la misma la Rendición de Cuentas del ejercicio anual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) dentro de los noventa días del cierre del mismo. La reglamentación de la ley determinará la forma y fecha de los balances, cierre de los mismos y su publicidad.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura quedará sujeto al contralor externo a cargo del Tribunal de Cuentas de la República de acuerdo a lo preceptuado por la normativa vigente."

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 143 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

"ARTICULO 143.- Sus atribuciones y cometidos serán los siguientes:

a) Promover el desarrollo de la vitinicultura en todas sus etapas mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

b) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de ley vinculados a la vitivinicultura.

c) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados.

d) Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicidad de la vid.

e) Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el ma-nejo del cultivo de la vid y su explotación racional.

f) Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

g) Promover el desarrollo de industrias alternativas que utilicen como materia prima los productos derivados de la vid.

h) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción agroindustrial o de comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

i) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el consumo.

j) Fiscalizar toda la actividad del sector velando por la correcta aplicación de la normativa vigente relativa a sus atribuciones y cometidos. A estos efectos podrá contratar los servicios técnicos de instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia, garantizando el control de la calidad bromatológica y genuinidad de los productos derivados de la vid.

k) Promover y divulgar la aplicación de las normas internacionales de calidad en materia productiva, industrial y de laboratorio.

l) Desarrollar por sí o a través de convenios con otras instituciones la investigación en todas las áreas impulsadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), determinando en cada caso la obligatoriedad de las resoluciones por ella dictadas.

m) Determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la actividad vitivinícola. El monto de las sanciones y de las cuotas por convenios de pago que aplique o autorice el Instituto, será reajustado al momento del cobro efectivo por el procedimiento establecido en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, generando el interés previsto en dicha norma desde el día siguiente a la notificación de la resolución respectiva.

n) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes, constituirán títulos que traen aparejada ejecución, la que se regirá en lo pertinente por los artículos 91 y 92 del Código Tributario. Son re-soluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el sancionado y las que deniegan el recurso de reposición previsto en el artículo 151 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

o) Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses."

Artículo 3°.- Deróganse los artículos 3° y 4° de la Ley N° 9.221, de 25 de enero de 1934 y cualquier otra disposición normativa que se oponga a lo dispuesto por el presente artículo.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente el precio mínimo de la uva con destino a la vinificación teniendo en cuenta el asesoramiento preceptivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el que hará saber al mismo los costos de producción en función de los coeficientes técnicos.

Artículo 4°.- Modifícase el inciso primero del artículo 145 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 145.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), se vinculará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 146.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) será dirigido por un Directorio compuesto por seis miembros: tres delegados del Poder Ejecutivo, designados respectivamente, uno por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá, uno por el Ministro de Industria, Energía y Minería y uno por el Ministro de Economía y Finanzas y tres representantes que serán electos entre los viticultores y los bodegueros, acorde a la reglamentación.

Los miembros del Directorio permanecerán en sus cargos por un período de cuatro años. Vencido este término, los respectivos Ministros deberán realizar una nueva designación de sus delegados, teniendo presente que los mismos no podrán ser elegidos por más de dos períodos consecutivos. Sin perjuicio de ello, los delegados del sector público podrán ser cesados en sus respectivos cargos en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, a instancias del respectivo Ministro.

Antes de cumplido el término de cuatro años a que se hace referencia en el inciso anterior, el Instituto Nacional de Vitinicultura deberá convocar a elecciones a fin de elegir a los representantes del sector privado.

El contralor administrativo de la gestión de los representantes de los Ministerios será ejercido por el Poder Eje-cutivo y la Cámara de Senadores de la forma y con el alcance preceptuado por los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República para los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, no siendo de aplicación el inciso tercero del artículo 198 de la Constitución.

Las resoluciones del Directorio creado en el inciso primero de este artículo se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, el Presidente del mismo tendrá doble voto."

Artículo 6°.- Modifícase el artículo 147 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 147. Cada miembro de la actividad privada será electo con representante alterno, quien ejercerá automáticamente el cargo en ausencia del titular. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación lo relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público."

Artículo 7°.- Modifícase el artículo 148 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 148.- El Poder Ejecutivo, mediante la reglamentación de la presente ley, determinará la forma de elegir a los miembros representantes de los sectores privados, los cuales deberán ser electos mediante voto directo, secreto y obligatorio ejercido por quienes figuren en el correspondiente padrón que a estos efectos confeccionará y reglamentará el Instituto Nacional de Vitivinicultura, de las listas elaboradas por las gremiales de primer grado del sector. Todo ello acorde a la redacción dada por la presente ley al inciso primero del artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987."

Artículo 8°.- Créase una Junta Consultiva y Asesora del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la que tendrá carácter honorario. Dicha Junta estará integrada de la siguiente manera:

- Dos delegados de cada asociación gremial de primer grado de productores vitícolas y dos delegados de cada organización gremial de bodegueros, teniendo presente que estos delegados deben surgir de organizaciones que cuenten con una antigüedad de por lo menos dos años de funcionamiento.

- Dos delegados de la Asociación de Enólogos del Uruguay.

- Dos representantes de la Universidad de la República.

- Un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

- Un representante de la Dirección Nacional de la Granja.

- Un representante de la Escuela de Enología del Uruguay.

Sus cometidos serán recibir información, plantear interrogantes y discutir los planes estratégicos del sector.

La Junta Consultiva se reunirá por lo menos dos veces al año con el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La forma de designación de los distintos representantes será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no superior a los sesenta días desde la promulgación de la presente ley.

Artículo 9°.- Modifícase el inciso primero del artículo 150 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 150.- El producto de la tasa de promoción y control vitivinícola será vertido en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)."

Artículo 10.- Modifícase el artículo 152 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 152.- El Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, dentro de los sesenta días de su instalación, dictará su reglamento interno, el que fijará el funcionamiento del Instituto. Su presupuesto será determinado por el Directorio."

Artículo 11.- Son atribuciones del Directorio del Instituto Nacional de Vitinicultura (INAVI), las siguientes:

a) Dictar su reglamento interno y el reglamento general del Instituto.

b) Dictar los actos de gestión y administración interna del Instituto.

c) Adoptar las resoluciones del Instituto tendientes a alcanzar los cometidos que la ley le asigna.

d) Establecer pautas para la determinación de las sanciones conforme a las normas legales y reglamentarias en vigencia.

e) Dictar el estatuto del personal contratado por el Instituto. En todo lo que éste no prevea, regirán las reglas del derecho común.

f) Suscribir convenios con otras instituciones a fin de cumplir los cometidos que la ley asigna al Instituto.

g) Proceder a delegar en forma provisoria y fundada a instituciones públicas o privadas las atribuciones y cometidos del Instituto para su cabal cumplimiento.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 2.856, de 17 de julio de 1903, por el siguiente:

"ARTICULO 11.- Los productos vitivinícolas nacionales e importados podrán ser controlados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), a través de los métodos analíticos que éste determine, tendientes a cumplir con la metodología internacional, en los laboratorios que reúnan los requisitos por él exigidos para la realización de tales análisis.

De registrarse disidencias con motivo del control de genuinidad de productos vitivinícolas analizados, se podrá solicitar nuevo análisis a costo del interesado, quien propondrá técnico habilitado e inscripto en el Registro de INAVI para que presencie la pericia, en la forma y condiciones que determine el Instituto. Dicho análisis se realizará sobre la muestra en poder del industrial, con excepción del análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas que se realizará sobre la muestra en poder del organismo. Sin perjuicio de ello, en el primer caso, el INAVI podrá aportar para ser analizada en el mismo acto, una de las muestras en su poder, tomándose en cuenta los dos resultados coincidentes en cuanto a si el producto cumple o no con las exigencias legales y reglamentarias, siendo este resultado definitivo.

Dispónese que la base de datos existente a efectos de la realización de los análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas, tiene carácter reservado al Instituto Nacional de Vitivinicultura".

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 2°.- El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos, reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar sus coberturas y promover la reconversión de los viñedos y las plantas industriales elaboradoras, así como el incentivo de la exportación de los productos vitivinícolas, todo ello a través de los mecanismos que establezca la reglamentación."

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 3°.- El "Fondo de Protección Integral de los Viñedos" será administrado por el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

En adelante, cualquier referencia normativa a la "Comisión Honoraria Fiscalizadora" de este Fondo, se entenderá hecha al órgano "Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)".

Artículo 15.- Facúltase al Instituto Nacional de Vitivinicultura a:

1) Establecer en cada zafra, previo dictamen técnico, la fecha de enajenación y puesta en circulación de los vinos elaborados en el país, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

2) Establecer el rendimiento máximo de producción de uva por variedad y por hectárea, con destino a la vinificación para el mercado interno u otros destinos.

3) Determinar en cada zafra el grado alcohólico mínimo para la circulación de los vinos de acuerdo a su clasificación.

4) Determinar los productos enológicos autorizados para las correcciones.

5) Actualizar en forma automática semestralmente, en los meses de enero y julio de cada año, de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Consumo (IPC), la Tasa de Promoción y Control Vitivinícola creada por el artículo 149 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 16.757, de 26 de julio de 1996 y por el artículo único de la Ley N° 17.458, de 8 de marzo de 2002.

Artículo 16.- Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de fraccionamiento de vinos, sidras u otros productos vitivinícolas, deberán inscribirse en un plazo de sesenta días a contar de la promulgación de la presente ley, en el registro que a esos efectos lleva el Instituto Nacional de Vitivinicultura, debiendo presentar la documentación que requiera dicho organismo.

Estas empresas fraccionadoras deberán cumplir con las normas que regulan al sector vitivivinícola y el Instituto realizará las tareas de inspección y contralor relativas al cumplimiento de las normas y asimismo determinará, aplicará y ejecutará las sanciones por infracciones a las normas legales y reglamentarias, siendo de aplicación las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 17.- Deróganse todas las normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de noventa días a partir de su vigencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

a) Las autoridades actuales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) permanecerán en sus cargos por el término de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley. En este período los respectivos Ministerios deberán efectuar las designaciones de sus delegados a efectos de la integración del Directorio de la forma que esta preceptúa.

Dentro del mismo período, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la elección de los representantes del sector privado.

b) A partir de la designación de los miembros delegados del Poder Ejecutivo y hasta tanto asuman en sus cargos los respresentantes de los sectores privados, los primeros actuarán en forma preventiva, con todas las potestades que se otorgan al INAVI en el artículo 2° de la presente ley, así como las atribuciones de gestión y administración del Instituto.

c) Transcurrido el período señalado en el literal a) de estas disposiciones transitorias, cesarán de pleno derecho en sus cargos los actuales miembros del Consejo de Administración del INAVI, pasando éste a constituirse con su nueva integración y denominación.

Sala de la Comisión, a 29 de mayo de 2008.

Jorge Saravia, Miembro Informante; Eber Da Rosa, con salvedades; Francisco Gallinal, Gustavo Lapaz, con

salvedades; Eduardo Lorier, José Mujica. Senadores.

Ministerio del Interior

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Ministerio de Turismo y Deporte

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y

Medio Ambiente

Ministerio de Desarrollo Social

Montevideo, 9 de mayo de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a fin de someter a su consideración, el adjunto proyecto de ley.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue creado por Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por lo que el mismo lleva 19 años en sus funciones, y la experiencia recogida en ese período reclama la necesaria modificación de su estructura y funcionamiento interno, así como su adaptación a nuevas relaciones formales con organismos internacionales en la materia. Todo esto en aras de que se cumpla cabalmente su cometido de ejecución de la política vitivinícola nacional.

El Consejo del INAVI está integrado por representantes del sector público y privado, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 15.903, y la práctica ha demostrado la existencia de problemas de distinta naturaleza. Hay problemas que deben corregirse, como el hecho de que organizaciones gremiales creadas con posterioridad a 1987 no pueden participar, que está cerrada la participación a sectores que se organicen en el futuro y que hay grupos que actúan tanto como productores como por el sector industrial.

Resulta necesario actualizar la composición del consejo del INAVI, a efectos de mejorar su equilibrio, así como corregir la participación de los sectores privados.

El Proyecto que se pone a consideración del Poder Legislativo apunta a adecuar la representatividad de los sectores privados, permitiendo la participación de todos y cada uno de ellos mediante un proceso eleccionario y no una simple designación, que la práctica demuestra tiende a perpetuar a las mismas personas. Se procura privilegiar la representatividad legítima y no aquella que esté pautada por el nivel o volumen de producción y comercialización que siempre favorecerá al exportador sobre el productor local, entre otras injusticias.

En esa misma línea, se busca facilitar la rotación en la elección de los actores, a los efectos que todas las gremiales puedan participar en la dirección del Instituto haciendo su respectivo aporte, sin que esa rotación límite la efectividad de las políticas a desarrollarse.

El proyecto establece el voto "directo, secreto y obligatorio" para la elección de los representantes del sector privado al Consejo de Administración, que a partir de la promulgación del proyecto de ley que hoy se pone a consideración del Cuerpo, pasará a denominarse Directorio.

En este proyecto se obtiene un equilibrio adecuado entre los distintos sectores representados en el Directorio, así como hacia su gestión, haciendo aplicable los mecanismos constitucionales instaurados en los artículos 197 y 198 para los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, lo que permitirá reglamentar el funcionamiento interno del Instituto de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley de su creación.

Se tiende a evitar que los intereses públicos y la administración de los dineros públicos, terminen confundidos o supeditados a los intereses privados, cuando los representantes de estos se constituyen en una amplia mayoría monopolizada a su vez por un número reducido de delegados.

De la práctica cotidiana y del resultado de la audotoría llevada a cabo por la Auditoría Interna de la Nación en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 se concluye que hay una serie de problemas en la estructura y en el funcionamiento económico financiero del Instituto que es necesario corregir.

En el último se concluye que no se ha manejado la contabilidad de acuerdo a los principios que establece la mayoría vigente de la República y se indica que no se puede afirmar que la contabilidad cumpla con los requisitos de integridad, oportunidad, verificalidad, comparabilidad y confiabilidad que permitan asegurar la razonabilidad de la información contenida en los estados contables.

Se constataron irregularidades en materia de registros de recaudación, de gastos de recaudación y retribuciones personales, todos aspectos vinculados al funcionamiento del organismo que administra el Instituto, sus controles y el cumplimiento de las normas.

Como consecuencia de lo expresado debe constituirse que la carencia de orden que rige en el INAVI, así como las responsabilidades de cada una de las partes que lo conforman, han demostrado ineptitud para administrar la gestión, motivo por el cual corresponde una inmediata reestructura.

Se agregan asimismo cometidos que actualizan la relación del INAVI con las organizaciones internacionales que operan en la materia vitivinícola, de modo de permitir la divulgación y obligatoriedad de resoluciones de tales organismos a los cuales el Uruguay adhiere. De este modo, tal cual se ha adoptado el "Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR", es esperable la aplicación de resoluciones emanadas de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) respecto a la calidad en la producción, la investigación, etc.

Se solucionan, por otra parte, ciertos tipos de decisiones que han mostrado falencias en la realidad cotidiana, tales como: la fijación obligatoria de los precios mínimos de la uva y subproductos por parte del Poder Ejecutivo, lo cual resulta innecesario y contraproducente en algunos casos, y las pericias en casos de disidencias en el control de genuinidad de productos vitivinícolas.

En suma, el presente proyecto está dirigido a una necesaria actualización del Instituto a la realidad y necesidades actuales del sector de producción y comercialización vitivinícola, basado en las experiencias directas de sus actores, con la más inspirada voluntad de mejorar su gestión por la vía de modificar ocho artículos puntuales de la ley de creación del INAVI, y adecuar o derogar otras normas que resultan inaplicables o inconvenientes.

El Gobierno Nacional busca así disminuir el divorcio actual entre el cuerpo normativo y la realidad que éste regula por lo que entiende necesario y conveniente la aprobación del presente proyecto de ley.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; José Mujica, Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Marina Arismendi, Jaime Igorra, Martín Ponce de León, Liliam Kechichián, Luis Lazo, Daisy Tourné, Jorge Brovetto, María Julia Muñoz, Eduardo Bonomi.

PROYECTO DE LEY

Se modifican disposiciones que regulan al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

Artículo 1°.- Sustitúyese el Art. 141 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 141.- Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, para la ejecución de la política vitivinícola nacional.

El mismo estará exonerado del pago de tributos, y en lo no expresamente previsto en la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad y estatuto laboral. La Auditoría Interna de la Nación ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del Instituto, con las más amplias facultades, debiendo elevarse a la misma la Rendición de Cuentas del ejercicio anual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) dentro de los noventa días del cierre del mismo. La reglamentación de la ley determinará la forma y fecha de los balances, cierre de los mismos y su publicidad.

El INAVI quedará sujeto al contralor externo a cargo del Tribunal de Cuentas de la República de acuerdo a lo preceptuado por la normativa vigente.

Artículo 2°.- Sustitúyese el Art. 143 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el Art. 50 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

"ARTICULO 143.- Sus atribuciones y cometidos serán los siguientes:

a) Promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus etapas, mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

b) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de ley de vitivinicultura.

c) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados.

d) Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicación de la vid.

e) Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el manejo del cultivo de la vid y su explotación racional.

f) Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

g) Promover el desarrollo de industrias alternativas que utilicen como materia prima los productos derivados de la vid.

h) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción agroindustriales o de comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

i) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el consumo.

j) Aplicar la normativa vigente relativa a las atribuciones y cometidos, para lo cual tendrá la función de fiscalización en toda la actividad del sector. A estos efectos podrá contratar los servicios técnicos de instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia, garantizando el control de la calidad bromatológica y genuinidad de los productores derivados de la vid.

k) Promover y divulgar la aplicación de las normas internacionales de calidad en materia productiva, industrial y de laboratorio.

l) Desarrollar por sí o a través de convenios con otras instituciones la investigación en todas las áreas impulsadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV) determinando en cada caso la obligatoriedad de las resoluciones por ella dictadas.

m) Determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la actividad vitivinícola. El monto de las sanciones y de las cuotas por convenios de pago que aplique o autorice el Instituto, será reajustado al momento del cobro efectivo por el procedimiento establecido en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, generando el interés previsto en dicha norma desde el día siguiente a la notificación de la resolución respectiva.

n) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes, constituirán títulos que traen aparejada ejecución, la que se regirá en lo pertinente por los artículos 91 y 92 del Código Tributario (Decreto-Ley N° 14.306). Son resoluciones firmes, las consentidas expresa o tá-citamente por el sancionado y las que deniegan el recurso de reposición previsto en el Art. 151 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

o) Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses.

Artículo 3°.- Deróganse los artículos 3° y 4° de la Ley N° 9.221 de 25 de enero de 1934 y cualquier otra disposición normativa que establezca la obligación del Poder Ejecutivo de determinar las bases y cifras a efectos de la fijación del precio mínimo de la uva a vinificar.

El Poder Ejecutivo fijará en forma facultativa, cuando lo entienda conveniente, el precio mínimo de la uva y sus subproductos, teniendo en cuenta el asesoramiento preceptivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, quien anualmente hará saber al Poder Ejecutivo los costos de producción en función de los coeficientes técnicos.

Artículo 4°.- Modíficase el inciso primero del artículo 145 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 145.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), se vinculará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 146.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) será dirigido por un Directorio compuesto por seis miembros: tres delegados del Poder Ejecutivo, designados respectivamente, uno por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá, uno por el Ministro de Industria, Energía y Minería y uno por el Ministro de Economía y Finanzas; y tres representantes que serán electos entre los viticultores y los bodegueros, acorde a la reglamentación.

Los miembros del Directorio permanecerán en sus cargos por un período de cuatro años. Vencido este término, los respectivos Ministros deberán realizar una nueva designación de sus delegados, teniendo presente que los mismos no podrán ser elegidos por más de dos períodos consecutivos.

Sin perjuicio de ello, los delegados del sector público podrán ser cesados en sus respectivos cargos en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, a instancias del respectivo Ministro.

Cumpliendo el término de cuatro años a que se hace referencia en el inciso anterior, el Instituto Nacional de Vitivinicultura deberá convocar a elecciones a fin de elegir a los representantes del sector privado.

El contralor administrativo de la gestión de los representantes de los Ministerios será ejercido por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de la forma y con el alcance preceptuado por los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República para los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, no siendo de aplicación el inciso tercero del Art. 198 de la Constitución.

Artículo 6°.- Modifícase el artículo 147 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 147.- Cada miembro de la actividad privada será electo con representante alterno, quien ejercerá automáticamente el cargo en ausencia del titular. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación lo relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público".

Artículo 7°.- Modifícase el Art. 148 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 148.- El Poder Ejecutivo, al reglamentar la presente ley, determinará los criterios para las designaciones de los miembros representantes de los sectores privados, los cuales deberán ser electos por voto directo, secreto y obligatorio ejercidos por quienes figuren en el padrón correspondiente que a estos efectos confeccionará y reglamentará el Instituto Nacional de Vitivinicultura".

Artículo 8°.- Modifícase el Art. 150 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 150.- El producto de la tasa de promoción y control vitivinícola será vertido en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Asimismo, serán depositados en el mismo Banco, y formarán parte del patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) lo proveniente de:

1) Los recursos procedentes de préstamos que las leyes autoricen a contratar con organismos internacionales de crédito.

2) Con el producto de las multas e intereses por mora por sanciones e infracciones a disposiciones del régimen legal vigente.

3) Con el valor sustitutivo del producto incautado y con el producto de la enajenación del mismo y de las maquinarias incautadas.

4) Con las donaciones y legados que pueda recibir de particulares o instituciones públicas o privadas ya sean nacionales, extranjeras o internacionales.

La tasa de promoción y control vitivinícola entrará en vigencia a los treinta días de constituido el Consejo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de cuya circunstancia se dará amplia publicidad a sus efectos.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) no entregará a los contribuyentes los elementos de control que expida en el ejercicio de sus funciones, sin que se acrediten por su parte, el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con el fondo o la obtención de plazo para su pago, concedido por el mismo".

Artículo 9°.- Modifícase el artículo 152 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 152.- El Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, dentro de los sesenta días de su instalación, dictará su reglamento interno, el que fijará el funcionamiento del Instituto. Su presupuesto será determinado por el Directorio.

Artículo 10.- Son atribuciones del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) las siguientes:

a) Dictar su reglamento interno y el reglamento general del Instituto.

b) Dictar los actos de gestión y administración interna del Instituto.

c) Planificar la gestión del Instituto tendiente a alcanzar los cometidos que la ley le asigna.

d) Dictar un reglamento sancionatorio que contenga las pautas para determinar las sanciones a aplicarse conforme al Art. 285 de la Ley N° 16.736, de fecha 5 de enero de 1996.

e) Dictar el estatuto del personal contratado por el Instituto. En todo lo que éste no prevea, regirán las reglas del derecho común.

f) Suscribir convenios con otras instituciones a fin de cumplir los cometidos que la ley asigna al Instituto.

g) Proceder a delegar en forma provisoria y fundada a instituciones públicas o privadas las atribuciones y cometidos del Instituto para su cabal cumplimiento.

Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 2.856, de 17 de julio de 1903 por el siguiente:

"ARTICULO 11.- Los productos vitivinícolas nacionales e importados podrán ser controlados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), a través de los métodos analíticos que éste determine, (tendientes a cumplir con la metodología internacional), en los laboratorios que reúnan los requisitos por él exigidos para la realización de tales análisis.

De registrarse disidencias con motivo de control de genuinidad de productos vitivinícolas analizados, se podrá solicitar nuevo análisis a costo del interesado quien propondrá técnico habilitado e inscripto en el Registro de INAVI para que presencie la pericia, en la forma y condiciones que determine el Instituto. Dicho análisis se realizará sobre la muestra en poder del Organismo".

Artículo 12.- Sustitúyese el Art. 2° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992 el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 2°.- El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos, reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar sus coberturas y promover la reconversión de los viñedos y las plantas industriales elaboradas, así como el incentivo de la exportación de los productos vitivinícolas, todo ello a través de los mecanismos que establezca la reglamentación".

Artículo 13.- Sustitúyese el Art. 3° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992 que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 3°.- El "Fondo de Protección Integral de los Viñedos", será administrado por el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

En adelante, cualquier referencia normativa a la "Comisión Honoraria Fiscalizadora", de este fondo, se entenderá hecha al órgano "Directorio del INAVI".

Artículo 14.- Facúltase al Instituto Nacional de Vitivinicultura a:

I) Establecer en cada zafra, previo dictamen técnico, la fecha de enajenación y puesta en circulación de los vinos elaborados en el país, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios;

II) Establecer el rendimiento máximo de producción de uva por variedad y por hectárea, con destino a la vinificación para el mercado interno u otros destinos;

III) Determinar en cada zafra el grado alcohólico mínimo para la circulación de los vinos de acuerdo a su clasificación;

IV) Determinar los productos enológicos autorizados para las correcciones.

Artículo 15.- Deróganse todas las normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 16.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de noventa días a partir de su vigencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

a) Las autoridades actuales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) permanecerán en sus cargos por el término de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley. En este período los respectivos Ministerios deberán efectuar las designaciones de sus delegados a efectos de la integración del Directorio de la forma que ésta preceptúa.

Dentro del mismo período, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la elección de los representantes del sector privado.

b) A partir de la designación de los miembros delegados del Poder Ejecutivo y hasta tanto asuman en sus cargos los representantes de los sectores privados, los primeros actuarán en forma preventiva, con todas las potestades que se otorgan al INAVI en el Art. 2° de la presente ley, así como las atribuciones de gestión y administración del Instituto.

c) Transcurrido el período señalado en el literal a) de estas disposiciones transitorias, cesarán de pleno derecho en sus cargos los actuales miembros del Consejo de Administración del INAVI, pasando éste a constituirse con su nueva integración y denominación.

Ernesto Agazzi, José Mujica, Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Azucena Berrutti, Jaime Igorra, Luis Lazo, Martín Ponce de León, Liliam Kechichián, Daisy Tourné, Jorge Brovetto, María Julia Muñoz, Eduardo Bonomi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

ACTA N° 73

En Montevideo, a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil ocho, a la hora quince y diez minutos, se reúne la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Eber Da Rosa, Francisco Gallinal, Gustavo Lapaz, Eduardo Lorier, Jorge Saravia y Héctor Tajam.

Falta con aviso el señor Senador Carlos Baráibar.

Preside su titular, el señor Senador Eber Da Rosa.

Actúa en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Lydia El Helou, con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

Abierto el acto, por Secretaría se da cuenta de los siguientes asuntos entrados.

1. CARPETA N° 1165/2008. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION. Se deroga el artículo 4° de la Ley N° 18.187, de 2 de noviembre de 2007 y se sustituyen el inciso primero del artículo 35 y el artículo 70 de la Ley N° 11.029, de 12 de enero de 1948. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por el señor Senador Gustavo Lapaz. (Distribuido N° 2451/2008).

2. CARPETA N° 1169/2008. INSTITUTO NACIONAL DE SEMILLAS (INASE). Se modifican disposiciones de la Ley N° 16.811, de 21 de febrero de 1997. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. (Distribuido N° 2454/2008).

3. CARPETA N° 1170/2008. PREDIOS RURALES CON DESTINO A LA PRODUCCION LECHERA. Se suspende la ejecución de las providencias que dispongan el lanzamiento de arrendatarios. Proyecto de ley con exposición de motivos presentado por la Bancada del Frente Amplio. (Distribuido N° 2457/2008).

Inmediatamente, continúa la consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican disposiciones que regulan al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). (Carpeta N° 819/2007, Distribuido N° 1649/2007).

Se consideran los artículos siguientes:

ARTICULO 1°. Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 2°. Se vota con modificaciones. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 3°. Se vota con modificaciones. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 4°. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 5°. Se vota con modificaciones. 3 en 4. Afirmativa.

ARTICULO 6°. Se vota. 3 en 4. Afirmativa.

ARTICULO 7°. Se posterga.

ARTICULO 8°. Se vota con modificaciones. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 9°. Se vota. 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El señor Senador Saravia propone agregar un artículo a continuación del artículo 7°, por el que se crea una Junta Consultiva y Asesora del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura y se establecen su integración y cometidos.

Se posterga su tratamiento para la próxima sesión.

El texto de los artículos aprobados con modificaciones es el que a continuación se transcribe:

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 143 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

"ARTICULO 143. Sus atribuciones y cometidos serán los siguientes:

a) Promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus etapas, mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

b) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de ley vinculados a la vitivinicultura.

c) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados.

d) Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicación de la vid.

e) Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el manejo del cultivo de la vid y su explotación racional.

f)Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

g) Promover el desarrollo de industrias alternativas que utilicen como materia prima los productos derivados de la vid.

h) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción agroindustrial o de comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

i) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el consumo.

j) Fiscalizar toda la actividad del sector velando por la correcta aplicación de la normativa vigente relativa a sus atribuciones y cometidos. A estos efectos podrá contratar los servicios técnicos de instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia, garantizando el control de la calidad bromatológica y genuinidad de los productos derivados de la vid.

k) Promover y divulgar la aplicación de las normas internacionales de calidad en materia productiva, industrial y de laboratorio.

l) Desarrollar por sí o a través de convenios con otras instituciones la investigación en todas las áreas impulsadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), determinando en cada caso la obligatoriedad de las resoluciones por ella dictadas.

m) Determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la actividad vitivinícola. El monto de las sanciones y de las cuotas por convenios de pago que aplique o autorice el Instituto, será reajustado al momento del cobro efectivo por el procedimiento establecido en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, generando el interés previsto en dicha norma desde el día siguiente a la notificación de la resolución respectiva.

n) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes, constituirán títulos que traen aparejada ejecución, la que se regirá en lo pertinente por los artículos 91 y 92 del Código Tributario (Decreto-Ley N° 14.306). Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el sancionado y las que deniegan el recurso de reposición previsto en el artículo 151 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

o) Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses."

Artículo 3°.- Deróganse los artículos 3° y 4° de la Ley N° 9.221, de 25 de enero de 1934 y cualquier otra disposición normativa que se oponga a lo dispuesto por el presente artículo.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente el precio mínimo de la uva con destino a la vinificación teniendo en cuenta el asesoramiento preceptivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), el que hará saber al mismo los costos de producción en función de los coeficientes técnicos.

Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 146.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) será dirigido por un Directorio compuesto por seis miembros: tres delegados del Poder Ejecutivo, designados respectivamente, uno por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá, uno por el Ministro de Industria, Energía y Minería y uno por el Ministro de Economía y Finanzas y tres representantes que serán electos entre los viticultores y los bodegueros, acorde a la reglamentación.

Los Miembros del Directorio permanecerán en sus cargos por un período de cuatro años. Vencido este término, los respectivos Ministros deberán realizar una nueva designación de sus delegados, teniendo presente que los mismos no podrán ser elegidos por más de dos períodos consecutivos. Sin perjuicio de ello, los delegados del sector público podrán ser cesados en sus respectivos cargos en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, a instancias del respectivo Ministro.

Antes de cumplido el término de cuatro años a que se hace referencia en el inciso anterior, el Instituto Nacional de Vitivinicultura deberá convocar a elecciones a fin de elegir a los representantes del sector privado.

El contralor administrativo de la gestión de los representantes de los Ministerios será ejercido por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de la forma y con el alcance preceptuado por los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República para los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, no siendo de aplicación el inciso tercero del artículo 198 de la Constitución.

Las resoluciones del Directorio creado en el inciso primero de este artículo se tomará por mayoría simple. En caso de empate, el Presidente del mismo tendrá doble voto."

Artículo 8°.- Modifícase el inciso primero del artículo 150 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 150. El producto de la tasa de promoción y control vitivinícola será vertido en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)".

Por último se resuelve:

1. Remitir el proyecto de ley presentado por el señor Senador Gustavo Lapaz al Instituto Nacional de Colonización, a la Asociación de Escribanos del Uruguay y a la Asociación de Colonos, a fin de recabar su opinión y convocarlos para una próxima sesión.

2. Remitir el proyecto de ley presentado por la Bancada del Frente Amplio a las Gremiales Lecheras con el mismo objetivo.

3. Continuar la consideración del proyecto de ley a estudio en la próxima sesión.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2475/2008, que integra este documento.

A la hora dieciséis y veintidós minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la Secretaria de la Comisión.

Eber Da Rosa Presidente

Lydia El Helou Secretaria.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Ganadería,

Agricultura y Pesca

ACTA N° 74

En Montevideo, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil ocho a la hora quince y veinticinco minutos, se reúne la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Senadores.

Asisten los señores Senadores miembros Eber Da Rosa, Francisco Gallinal, Gustavo Lapaz, José Mujica, Eduardo Lorier y Jorge Saravia.

Falta con aviso el señor Senador Carlos Baráibar.

Preside su titular, el señor Senador Eber Da Rosa.

Actúa en Secretaría la señora Secretaria de Comisión Lydia El Helou, con la colaboración de la funcionaria Gloria Mederos.

Abierto el acto continúa la consideración del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se modifican disposiciones que regulan al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). (Carpeta N° 819/2007. Distribuido N° 1649/2007).

Se consideran los artículos siguientes:

ARTICULO 7°. Se vota con modificaciones. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 7/1. ADITIVO. (Pasa a ser artículo 8°). Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 8°. (Pasa a ser artículo 9°). Se vota con modificaciones. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 9°. (Pasa a ser artículo 10). Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 10. (Pasa a ser artículo 11). Se vota con modificaciones. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 11. (Pasa a ser artículo 12). Se vota con modificaciones. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 12. (Pasa a ser artículo 13). Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 13. (Pasa a ser artículo 14). Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 14. (Pasa a ser artículo 15). Se vota con modificaciones. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 14/1. ADITIVO. (Pasa a ser artículo 16). Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 15. (Pasa a ser artículo 17). Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

ARTICULO 16. (Pasa a ser artículo 18). Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS a), b) y c). Se vota. 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado un proyecto de ley sustitutivo y se designa Miembro Informante al señor Senador Jorge Saravia (informe verbal).

El texto del proyecto de ley aprobado es el que a continuación se transcribe:

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 141 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 141.- Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, para la ejecución de la política vitivinícola nacional.

El mismo estará exonerado del pago de tributos, y en lo no expresamente previsto en la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad y estatuto laboral. La Auditoría Interna de la Nación ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del Instituto, con las más amplias facultades, debiendo elevarse a la misma la Rendición de Cuentas del ejercicio anual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) dentro de los noventa días del cierre del mismo. La reglamentación de la ley determinará la forma y fecha de los balances, cierre de los mismos y su publicidad.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura quedará sujeto al contralor externo a cargo del Tribunal de Cuentas de la República de acuerdo a lo preceptuado por la normativa vigente."

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 143 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

"ARTICULO 143.- Sus atribuciones y cometidos serán los siguientes:

a) Promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus etapas, mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

b) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de ley vinculados a la vitivinicultura.

c) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados.

d) Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicación de la vid.

e) Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el manejo del cultivo de la vid y su explotación racional.

f) Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

g) Promover el desarrollo de industrias alternativas que utilicen como materia prima los productos derivados de la vid.

h) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción agroindustrial o de comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

i) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el consumo.

j) Fiscalizar toda la actividad del sector velando por la correcta aplicación de la normativa vigente relativa a sus atribuciones y cometidos. A estos efectos podrá contratar los servicios técnicos de instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia, garantizando el control de la calidad bromatológica y genuinidad de los productos derivados de la vid.

k) Promover y divulgar la aplicación de las normas internacionales de calidad en materia productiva, industrial y de laboratorio.

l) Desarrollar por sí o a través de convenios con otras instituciones la investigación en todas las áreas impulsadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), determinando en cada caso la obligatoriedad de las resoluciones por ella dictadas.

m) Determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la actividad vitivinícola. El monto de las sanciones y de las cuotas por convenios de pago que aplique o autorice el Instituto, será reajustado al momento del cobro efectivo por el procedimiento establecido en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, generando el interés previsto en dicha norma desde el día siguiente a la notificación de la resolución respectiva.

n) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes, constituirán títulos que traen aparejada ejecución, la que se regirá en lo pertinente por los artículos 91 y 92 del Código Tributario. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tácitamente por el sancionado y las que deniegan el recurso de reposición previsto en el artículo 151 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

o) Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses."

Artículo 3°.- Deróganse los artículos 3° y 4° de la Ley N° 9.221, de 25 de enero de 1934 y cualquier otra disposición normativa que se oponga a lo dispuesto por el presente artículo.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente el precio mínimo de la uva con destino a la vinificación teniendo en cuenta el asesoramiento preceptivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el que hará saber al mismo los costos de producción en función de los coeficientes técnicos.

Artículo 4°.- Modifícase el inciso primero del artículo 145 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 145.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), se vinculará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca."

Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 146.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) será dirigido por un Directorio compuesto por seis miembros: tres delegados del Poder Ejecutivo, designados respectivamente, uno por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá, uno por el Ministro de Industria, Energía y Minería y uno por el Ministro de Economía y Finanzas y tres representantes que serán electos entre los viticultores y los bodegueros, acorde a la reglamentación.

Los miembros del Directorio permanecerán en sus cargos por un período de cuatro años. Vencido este término, los respectivos Ministros deberán realizar una nueva designación de sus delegados, teniendo presente que los mismos no podrán ser elegidos por más de dos períodos consecutivos. Sin perjuicio de ello, los delegados del sector público podrán ser cesados en sus respectivos cargos en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, a instancias del respectivo Ministro.

Antes de cumplido el término de cuatro años a que se hace referencia en el inciso anterior, el Instituto Nacional de Vitivinicultura deberá convocar a elecciones a fin de elegir a los representantes del sector privado.

El contralor administrativo de la gestión de los representantes de los Ministerios será ejercido por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de la forma y con el alcance preceptuado por los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República para los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, no siendo de aplicación el inciso tercero del artículo 198 de la Constitución.

Las resoluciones del Directorio creado en el inciso primero de este artículo se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, el Presidente del mismo tendrá doble voto."

Artículo 6°.- Modifícase el artículo 147 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 147.- Cada miembro de la actividad privada será electo con representante alterno, quien ejercerá automáticamente el cargo en ausencia del titular. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación lo relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público."

Artículo 7°.- Modifícase el artículo 148 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 148.- El Poder Ejecutivo, mediante la reglamentación de la presente ley, determinará la forma de elegir a los miembros representantes de los sectores privados, los cuales deberán ser electos mediante voto directo, secreto y obligatorio ejercido por quienes figuren en el correspondiente padrón que a estos efectos confeccionará y reglamentará el Instituto Nacional de Vitivinicultura, de las listas elaboradas por las gremiales de primer grado del sector. Todo ello acorde a la redacción dada por la presente ley al inciso primero del artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987."

Artículo 8°.- Créase una Junta Consultiva y Asesora del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la que tendrá carácter honorario. Dicha Junta estará integrada de la siguiente manera:

- Dos delegados de cada asociación gremial de primer grado de productores vitícolas y dos delegados de cada organización gremial de bodegueros, teniendo presente que estos delegados deben surgir de organizaciones que cuenten con una antigüedad de por lo menos dos años de funcionamiento.

- Dos delegados de la Asociación de Enólogos del Uruguay.

- Dos representantes de la Universidad de la República.

- Un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

- Un representante de la Dirección Nacional de la Granja.

- Un representante de la Escuela de Enología del Uruguay.

Sus cometidos serán recibir información, plantear interrogantes y discutir los planes estratégicos del sector.

La Junta Consultiva se reunirá por lo menos dos veces al año con el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

La forma de designación de los distintos representantes será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no superior a los sesenta días desde la promulgación de la presente ley.

Artículo 9°.- Modifícase el inciso primero del artículo 150 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 150.- El producto de la tasa de promoción y control vitivinícola será vertido en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)".

Artículo 10.- Modifícase el artículo 152 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 152.- El Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, dentro de los sesenta días de su instalación, dictará su reglamento interno, el que fijará el funcionamiento del Instituto. Su presupuesto será determinado por el Directorio."

Artículo 11.- Son atribuciones del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) las siguientes:

a) Dictar su reglamento interno y el reglamento general del Instituto.

b) Dictar los actos de gestión y administración interna del Instituto.

c) Adoptar las resoluciones del instituto tendientes a alcanzar los cometidos que la ley le asigna.

d) Establecer pautas para la determinación de las sanciones conforme a las normas legales y reglamentarias en vigencia.

e) Dictar el estatuto del personal contratado por el Instituto. En todo lo que éste no prevea, regirán las reglas del derecho común.

f) Suscribir convenios con otras instituciones a fin de cumplir los cometidos que la ley asigna al Instituto.

g) Proceder a delegar en forma provisoria y fundada a instituciones públicas o privadas las atribuciones y cometidos del Instituto para su cabal cumplimiento.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 2.856, de 17 de julio de 1903, por el siguiente:

"ARTICULO 11.- Los productos vitivínicolas nacionales e importados podrán ser controlados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), a través de los métodos analíticos que éste determine, tendientes a cumplir con la metodología internacional, en los laboratorios que reúnan los requisitos por él exigidos para la realización de tales análisis.

De registrarse disidencias con motivo del control de genuinidad de productos vitivinícolas analizados, se podrá solicitar nuevo análisis a costo del interesado, quien propondrá técnico habilitado e inscripto en el Registro de INAVI para que presencie la pericia, en la forma y condiciones que determine el Instituto. Dicho análisis se realizará sobre la muestra en poder del industrial, con excepción del análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas que se realizará sobre la muestra en poder del organismo. Sin perjuicio de ello, en el primer caso, el INAVI podrá aportar para ser analizada en el mismo acto, una de las muestras en su poder, tomándose en cuenta los dos resultados coincidentes en cuanto a si el producto cumple o no con las exigencias legales y reglamentarias, siendo este resultado definitivo.

Dispónese que la base de datos existente a efectos de la realización de los análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas, tiene carácter reservado al Instituto Nacional de Vitivinicultura".

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 2°.- El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos, reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar sus coberturas y promover la reconversión de los viñedos y las plantas industriales elaboradoras, así como el incentivo de la exportación de los productos vitivinícolas, todo ello a través de los mecanismos que establezca la reglamentación."

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 3°.- El "Fondo de Protección Integral de los Viñedos" será administrado por el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

En adelante, cualquier referencia normativa a la "Comisión Honoraria Fiscalizadora" de este Fondo, se entenderá hecha al órgano "Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)".

Artículo 15.- Facúltase al Instituto Nacional de Vitivinicultura a:

1) Establecer en cada zafra, previo dictamen técnico, la fecha de enajenación y puesta en circulación de los vinos elaborados en el país, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

2) Establecer el rendimiento máximo de producción de uva por variedad y por hectárea, con destino a la vinificación para el mercado interno u otros destinos.

3) Determinar en cada zafra el grado alcohólico mínimo para la circulación de los vinos de acuerdo a su clasificación.

4) Determinar los productos enológicos autorizados para las correcciones.

5) Actualizar en forma automática semestralmente, en los meses de enero y julio de cada año, de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Consumo (IPC), la Tasa de Promoción y Control Vitivinícola creada por el artículo 149 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 16.757, de 26 de julio de 1996 y por el artículo único de la Ley N° 17.458, de 8 de marzo de 2002.

Artículo 16.- Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de fraccionamiento de vinos, sidras u otros productos vitivinícolas, deberán inscribirse en un plazo de sesenta días a contar de la promulgación de la presente ley, en el registro que a esos efectos lleva el Instituto Nacional de Vitivinicultura, debiendo presentar la documentación que requiera dicho organismo.

Estas empresas fraccionadoras deberán cumplir con las normas que regulan al sector vitivinícola y el Instituto realizará las tareas de inspección y contralor relativas al cumplimiento de las normas y asimismo determinará, aplicará y ejecutará las sanciones por infracciones a las normas legales y reglamentarias, siendo de aplicación las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 17.- Deróganse todas las normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de noventa días a partir de su vigencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

a) Las autoridades actuales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) permanecerán en sus cargos por el término de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley. En este período los respectivos Ministerios deberán efectuar las designaciones de sus delegados a efectos de la integración del Directorio de la forma que ésta preceptúa.

Dentro del mismo período, el Poder Ejecutivo deberá re-glamentar la elección de los representantes del sector privado.

b) A partir de la designación de los miembros delegados del Poder Ejecutivo y hasta tanto asuman en sus cargos los representantes de los sectores privados, los primeros actuarán en forma preventiva, con todas las potestades que se otorgan al INAVI en el artículo 2° de la presente ley, así como las atribuciones de gestión y administración del Instituto.

c) Transcurrido el período señalado en el literal a) de estas disposiciones transitorias, cesarán de pleno derecho en sus cargos los actuales miembros del Consejo de Administración del INAVI, pasando éste a constituirse con su nueva integración y denominación.

Finalizado el tratamiento del proyecto de ley por Secretaría se da cuenta de los siguientes asuntos entrados:

1) Nota remitida por el Centro de Viticultores del Uruguay por la que solicita audiencia a efectos de tratar temas relacionados con el sector.

2) Reapertura del mercado europeo a la pesca uruguaya. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca remite el comunicado de prensa de la Unión Europea por que se informa que la Comisión Europea ha comunicado a las autoridades uruguayas, su decisión de habilitar a la DINARA para autorizar a establecimientos uruguayos a exportar su producción pesquera al mercado europeo y las listas actualizadas de buques y plantas exportadoras de productos de pesca a la Unión Europea.

3) Nota remitida por la Junta Departamental de Salto a la que adjunta su Resolución N° 440/008, por la que se declara el tema "Extranjerización de la tierra en Uruguay", de interés prioritario para el departamento.

Por último se resuelve:

1) convocar, para la sesión del próximo jueves cinco de junio, a las gremiales lecheras a fin de oír su opinión sobre el proyecto de ley presentado por la Bancada del Frente Amplio por el que se suspende la ejecución de las providencias que dispongan el lanzamiento de arrendatarios de predios rurales con destino a la producción lechera. (Carpeta N° 1170/2008, Distribuido N° 2457/2008).

2) Remitir al Banco de Seguros del Estado el proyecto de ley presentado por el señor Senador Gustavo Lapaz referente al Instituto Nacional de Colonización. (Carpeta N° 1165/2008. Distribuido N° 2451/2008).

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2484/2008, que integra este documento.

A la hora dieciséis se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la Secretaria de la Comisión.

Eber Da Rosa Presidente

Lydia El Helou Secretaria.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987

Artículo 141.- Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de Las Piedras, para la ejecución de la política vitivinícola nacional.

El mismo estará exonerado del pago de tributos, aportes y contribuciones, y en lo no expresamente previsto en la presente ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad y estatuto laboral. La Inspección General de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas, ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del Instituto con las más amplias facultades; debiendo elevarse a la misma, la Rendición de Cuentas del ejercicio anual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), dentro de los noventa días del cierre del mismo. La reglamentación de la ley determinará la forma y fecha de los balances, cierre de los mismos y su publicidad.

Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 198.- Derógase el control establecido por los artículos 15 de la Ley N° 12.997, de 28 de noviembre de 1961, 4° de la Ley N° 13.602, de 28 de julio de 1967, 12 del Decreto-Ley N° 14.869, de 23 de febrero de 1979, 7° del Decreto-Ley N° 15.605, de 27 de julio de 1984 y el inciso 2° del artículo 141 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

Artículo 142.- Sus bienes son inembargables y sus créditos cualesquiera fuere su origen, gozan del privilegio establecido por el numeral 6° del artículo 1732 del Código de Comercio.

Artículo 143.- Sus atribuciones y cometidos serán los siguientes:

a) Promover el desarrollo de la vitivinicultura en todas sus etapas mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

b) Proponer al Poder Ejecutivo, en un plazo de ciento veinte días de la constitución de sus autoridades, un proyecto de ley de vitivinicultura.

c) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados.

d) Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicación de la vid.

e) Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el manejo del cultivo de la vid y su explotación racional.

f) Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

g) Desarrollar por sí a través de convenios con otras instituciones, tareas de experimentación en el campo de la ecología vitícola y de la explotación de las industrias derivadas de la vid.

h) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción agroindustriales o de comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

i) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el consumo.

j) Aplicar las normas, leyes y decretos vigentes relativos a las atribuciones y cometidos precedentes, para lo cual tendrá la función de fiscalización en toda la actividad del sector. A estos efectos, podrá contar los servicios técnicos de instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia.

k) En tanto no se constituya una institución especializada al efecto, las atribuciones conferidas al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) en el presente artículo serán aplicables, para el Instituto, en todo lo relativo a las prácticas de elaboración, fraccionamiento, circulación, fiscalización, inspección y contralor de la sidra, producto obtenido exclusivamente de la fermentación alcohólica, total o parcial de la manzana apta, de la pasta o mosto y/o del jugo natural de la misma.

l) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes, constituirán títulos que traen aparejada ejecución, al que se regirá en lo pertinente por lo dispuesto por los artículos 91 y 92 del Código Tributario (Decreto-Ley N° 14.306). Son resoluciones firmes, las consentidas expresa o tácitamente por el sancionado y las que deniegan el recurso de reposición previsto en el artículo 151 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987;

ll) Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses".

Literal k) agregado por Ley N° 17.295, de 31 de enero de 2001, artículo 13.

Literales, I) y II) agregados por Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, artículo 50.

Artículo 144.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) asesorará preceptivamente al Poder Ejecutivo en lo siguiente:

a) Fijaciones de precios mínimos para la comercialización de la uva y sus subproductos.

b) Formas y condiciones de producción, elaboración, envasado, circulación, destilación, comercialización, importación y exportación de los productos regulados por esta ley.

En cada caso se determinarán los métodos o prácticas de elaboración o tratamiento, que serán de libre aplicación, y aquellas para las cuales se requerirá comunicación previa o posterior a la administración del Instituto Nacional de Vitivinicultura, o en su caso la autorización de éste.

c) Normas sobre tipificación, composición, calidad, potabilidad y aptitud para el consumo de los productos a que se refiere esta ley.

d) Reglamentación de la utilización y comercialización de los productos, ingredientes y aditivos que se empleen para la obtención y procesamiento de los productos regulados por esta ley; pudiendo establecerse normas acerca de la composición, calidad e inocuidad de los mismos o reglamentar lo inherente a la fiscalización e inspección de los viñedos, viveros y lugares donde se opere, industrialice, deposite, destile y comercialice cualesquiera de los productos regulados por esta ley.

e) Fijación de normas relativas a la extracción de muestras, su conservación y plazo de vigencia de éstas.

Artículo 145.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), se coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Estarán a cargo del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) las tareas de inspección y contralor relativas al cumplimiento de las normas que dicte el Poder Ejecutivo en materia vitivinícola.

Artículo 146.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) será dirigido y administrado por un Consejo de Administración de nueve miembros, integrado por tres delegados del Poder Ejecutivo, designados respectivamente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que lo presidirá, Ministerio de Industria y Energía y Ministerio de Economía y Finanzas; dos designados por los viticultores, dos por los bodegueros, uno por los Grupos Crea de Viticultores, y uno por las Cooperativas Vitivinícolas. Los miembros permanecerán en sus cargos por el plazo de cuatro años y podrán ser reelectos, hasta la designación de sus sustitutos.

Artículo 147.- Cada miembro de la actividad privada será designado con representante alterno, los que ejercerán automáticamente el cargo en ausencia del titular. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación lo relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público.

Artículo 148.- El Poder Ejecutivo al reglamentar la presente ley, determinará los criterios para las designaciones por los sectores privados y designará directamente a éstos, cuando las entidades privadas no hubieren formalizado su propuesta dentro del plazo de treinta días de serle sugerida; en tal caso, las designaciones de titular y alterno, recaerán necesariamente en personas vinculadas al sector en cuestión.

Artículo 149.- Créase la tasa de promoción y control vitivinícola que gravará la expedición de las boletas de circulación y calidad de vinos nacionales e importados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), la que será recaudada por éste, en oportunidad de la expedición de aquéllas, las que servirán además como justificativo del pago del tributo.

El monto de la tasa será de $ 0,50 (pesos uruguayos cincuenta centésimos) por litro de vino. Dicho importe será actualizado en forma semestral, de acuerdo a la variación del índice de los precios al consumo, siendo la primera actualización a partir del 1° de enero de 2002.

De dicho importe se deducirán las sumas destinadas al ‘Fondo de Protección Integral de los Viñedos’, creado por el artículo 1° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992.

La tasa referida gravará también el control de producción y circulación de los subproductos de la uva y será recaudada por el INAVI en la forma y condiciones que éste determine. En este caso el monto de la tasa será de $ 0,50 (pesos uruguayos cincuenta centésimos), por litro o quilo de subproducto y será actualizada en la forma establecida precedentemente.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a iniciativa de INAVI, a determinar los subproductos de la uva alcanzados por esta tasa.

La presente tasa, con sus respectivas actualizaciones, será la que abonará la sidra nacional o importada por litro o quilo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley N° 17.295, de 31 de enero de 2001.

Facúltase al Poder Ejecutivo, a iniciativa del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) a incrementar la tasa cuando el envase en que esté contenido el vino, no exceda de un litro de capacidad.

Dicho incremento no podrá superar los $ 2,80 (pesos uruguayos dos con ochenta centésimos) por litro. El Poder Ejecutivo podrá ajustar esta suma anualmente de acuerdo a la variación del índice de los precios al consumo operada en los doce meses precedentes al de dicho ajuste.

El incremento será destinado a la promoción de la calidad de los vinos y el control de su circulación en la forma y condiciones que determine el Poder Ejecutivo a propuesta de INAVI.

Redacción dada por Ley N° 17.458, de 08 de marzo de 2002, artículo 1°.

Artículo 150.- El producto de la tasa de promoción y control vitivinícola, será vertido en una cuenta especial en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

Asimismo, serán depositados en dicha cuenta, y formarán parte del patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) lo proveniente de:

1) Los recursos procedentes de préstamos que las leyes autoricen a contratar con organismos internacionales de crédito.

2) Con el producto de las multas e intereses de mora por sanciones e infracciones a disposiciones del régimen legal vigente.

3) Con el valor sustitutivo del producto incautado y con el producto de la enajenación del mismo y de las maquinarias incautadas.

4) Con las donaciones y legados que pueda recibir de particulares o instituciones públicas o privadas ya sean nacionales, extranjeras o internacionales.

La tasa de promoción y control vitivinícola, entrará en vigencia a los treinta días de constituido el Consejo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, de cuya circunstancia se dará amplia publicidad a sus efectos.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) no entregará a los contribuyentes los elementos de control que expida en el ejercicio de sus funciones, sin que se acrediten por su parte, el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con el fondo o la obtención de plazo para su pago, concedido por el mismo.

Artículo 151.- Contra las resoluciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), procederá recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los veinte días hábiles, a partir del siguiente de la notificación del acto al interesado.

Una vez interpuesto el recurso, el Consejo de Administración dispondrá de treinta días hábiles para instruir y resolver y se configurará denegatoria ficta por la sola circunstancia de no dictarse resolución dentro de dicho plazo.

Inciso 2°) redacción dada por Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, artículo 49.

Denegado el recurso de reposición, el recurrente podrá interponer únicamente, por razones de legalidad, demanda de anulación del acto impugnado ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Turno, a la fecha en que dicho acto fue dictado. La interposición de esta demanda, deberá hacerse dentro del término de veinte días hábiles de notificada la denegatoria ficta. La demanda de anulación sólo podrá ser interpuesta por el titular de un derecho subjetivo o de un interés directo, personal y legítimo, violado o lesionado por el acto impugnado.

El Tribunal fallará en única instancia.

Artículo 152.- El Consejo de Administración, dentro de los noventa días de su instalación, dictará su reglamento interno, que fijará el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI). Su presupuesto será determinado por el Consejo de Administración.

Artículo 153.- En un plazo que no podrá exceder de ciento ochenta días, contados de la constitución del Consejo, el Poder Ejecutivo reglamentará las relaciones del organismo con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la transferencia de la infraestructura funcional y formal del organismo estatal que, al momento de sancionarse esta ley, posee el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en esta materia, a la jurisdicción del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

Artículo 154.- A efectos de poder proceder a su instalación y gastos, en el primer ejercicio, asígnase al Instituto Nacional de Vitivinicultura una partida, que reintegrará con la recaudación, de la tasa que se le atribuye, de nuevos pesos 1:000.000 (un millón).

LEY N° 16.311, de 15 de octubre de 1992

FONDO DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS VIÑEDOS

Artículo 2°.- El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos a través de los mecanismos que establezca la reglamentación de la presente ley, reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar sus coberturas y promover la reconversión de la producción vitivinícola.

Artículo 3°.- Créase una Comisión Honoraria Fiscaliza-dora del Fondo de Protección Integral de los Viñedos, que actuará dentro del ámbito del Instituto Nacional de Vitivinicultura, integrada por tres delegados: uno por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que la presidirá; uno por los viticultores designado por las organizaciones representativas del sector y uno por los bodegueros designado de común acuerdo entre las organizaciones representativas del sector. En caso de no existir acuerdo entre las organizaciones de viticultores o de bodegueros, el delegado del correspondiente sector se elegirá por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de acuerdo a los criterios de representatividad que la reglamentación establezca para la designación de los representantes de los viticultores o bodegueros en el Consejo de Administración del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

LEY N° 9.221, de 8 de febrero de 1934

Artículo 3°.- La Comisión presentará al Poder Ejecutivo, antes del 1° de diciembre de cada año, excepto en la vendimia actual, que podrá hacerlo hasta el 10 de febrero.

A) Las bases y cifras a que han arribado, a los efectos de fijar el precio mínimo de la uva a vinificar.

B) La escala de relaciones que considere que debe guardar lo especificado en el inciso A) y el precio de venta del vino al consumidor.

Artículo 4°.- Cuando en las fechas indicadas en el artículo anterior, la Comisión no haya elevado las bases, cifras y escala a que hacen referencia los incisos A) y B) de dicho artículo, el Poder Ejecutivo, determinará las mismas por intermedio de los organismos que considere oportuno.

LEY N° 2.856, de 17 de julio de 1903

Artículo 11.- Los vinos nacionales serán analizados por el Laboratorio Químico anexo a la Dirección General de Impuestos que se crea por el artículo 43 de esta ley, y en el modo y forma que determine el Poder Ejecutivo, quedando facultado dicho Poder para instalar ese laboratorio como una sección de la Dirección General de Aduanas y determinar en tal caso la nueva organización de ambos y las atribuciones de su personal.

Podrán también practicar estos análisis los laboratorios químicos departamentales que habilite al efecto el Poder Ejecutivo.

Toda disidencia entre los bodegueros, fabricantes o comerciantes de vinos nacionales y el Fisco sobre análisis de dichos vinos, será resuelta por el Poder Ejecutivo, previo informe del laboratorio Químico de la Universidad Mayor de la República.

Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976

SE ESTABLECEN NORMAS PARA LIQUIDAR EL VALOR DE LAS OBLIGACIONES QUE SE RESUELVAN EN EL PAGO DE UNA SUMA DE DINERO

CODIGO TRIBUTARIO

Artículo 91. (Juicio ejecutivo).- La Administración tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos fiscales que resulten a su favor según sus resoluciones firmes. A tal efecto, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las mismas y los documentos que de acuerdo con la legislación vigente tengan esa calidad siempre que correspondan a resoluciones firmes.

Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tá-citamente por el obligado y las definitivas a que se refieren los artículos 309 y 319 de la Constitución de la República.

En los juicios ejecutivos promovidos por cobro de obligaciones tributarias no serán necesarias la intimación de pago prevista en el inciso 6° del artículo 53 de la Ley N° 13.355, de 17 de agosto de 1965, ni la conciliación, y sólo serán notificados personalmente el auto que cita de excepciones y la sentencia de remate.

Todas las demás actuaciones, incluso la planilla de tributos, se notificarán por nota.

Sólo serán admisibles las excepciones de inhabilidad del título, falta de legitimación pasiva, nulidad del acto declarada en vía contencioso administrativa, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo, y las previstas en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil.

Se podrá oponer la excepción de inhabilidad cuando el título no reúna los requisitos formales exigidos por la ley o existan discordancias entre el mismo y los antecedentes administrativos en que se fundamente, y la excepción de falta de legitimación pasiva, cuando la persona jurídica o física contra la cual se dictó la resolución que se ejecuta sea distinta del demandado en el juicio.

El procedimiento se suspenderá a pedido de parte:

A) Cuando al ser citado de excepciones el ejecutado acredite que se encuentra en trámite la acción de nulidad contra la resolución que se pretende ejecutar, ejecutoriada la sentencia pertinente se citará nuevamente de excepciones a pedido de parte.

B) Cuando se acredite que la Administración ha concedido espera al ejecutado.

El Juez fijará los honorarios pertenecientes a los curiales intervinientes por la Administración. Contra esa fijación habrá recurso de apelación. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria.

Artículo 92. (Requisitos formales del título).- Para que el documento administrativo constituya título ejecutivo deberá reunir los siguientes requisitos:

1°) Lugar y fecha de la emisión.

2°) Nombre del obligado.

3°) Indicación precisa del concepto e importe del crédito, con especificación, en su caso, del tributo y ejercicio fiscal que corresponda.

4°) Individualización del expediente administrativo respectivo.

5°) Nombre y firma del funcionario que emitió el documento, con la constancia del cargo que ejerce.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Artículo 197.- Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directores o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados.

En caso de ser desatendidas las observaciones, el Poder Ejecutivo podrá disponer las rectificaciones, los correctivos o remociones que considere del caso, comunicándolos a la Cámara de Senadores, la que en definitiva resolverá. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 198.

Artículo 198.- Lo dispuesto en el artículo precedente es sin perjuicio de la facultad del Poder Ejecutivo de destituir a los miembros de los Directorios o a los Directores Generales con venia de la Cámara de Senadores, en caso de ineptitud, omisión o delito en el ejercicio del cargo o de la comisión de actos que afecten su buen nombre o el prestigio de la institución a que pertenezcan.

Si la Cámara de Senadores no se expidiera en el término de sesenta días, el Poder Ejecutivo podrá hacer efectiva la destitución.

Cuando lo estime necesario, el Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, podrá reemplazar a los miembros de Directorios o Directores Generales cuya venia de destitución se solicita, con miembros de Directorios o Directores Generales de otros Entes, con carácter interino y hasta que se produzca el pronunciamiento del Senado.

Las destituciones y remociones previstas en este artículo y en el anterior, no darán derecho a recurso alguno ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

 

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia.

SEÑOR SARAVIA.- Señor Presidente: el proyecto de ley que tenemos a consideración plantea modificaciones y actualizaciones muy importantes de las normas que regulan la actividad vitivinícola. Se trata de un sector muy importante para la vida económica del país que proporciona cerca de 12.000 puestos de trabajo y que tiene gran relevancia en el sistema productivo nacional, lo que no es poca cosa. A ello se suma el reconocimiento mundial que nuestro país ha tenido en la exportación de vinos finos.

Antes de entrar en la consideración del proyecto de ley, quisiera realizar una somera reseña histórica que evidencia la gran importancia que esta actividad tiene en nuestro país.

Los primeros cultivos de vid en América datan del siglo XVI y se instalaron en la zona de influencia de los Virreinatos de México y de Perú. Desde allí se fueron expandiendo a Chile, a Bolivia y, con menor éxito, a Ecuador. Procedentes de Perú y de Chile, llegaron las primeras plantas de vid a la Argentina, a mediados del siglo XVI, conociéndose los primeros viñedos en las zonas de San Juan y de Mendoza. Años más tarde el cultivo llegó a Buenos Aires y, a pesar de la cercanía con nuestro país, fueron los colonizadores españoles quienes, a mediados del siglo XVII, lo introdujeron en nuestro territorio.

Las primeras vides cultivadas en parras, en esta primera etapa, fueron destinadas a uva de mesa y a la elaboración de vino para el consumo familiar. A partir de 1828, una vez constituido nuestro país como Estado independiente, se generó un clima adecuado para los primeros desarrollos agrícolas y comenzó a difundirse la viticultura. Debido a la lucha interna de la Guerra Grande, el período entre los años 1839 a 1851 fue muy crítico para la agricultura y, especialmente, para la viticultura, que requería cuidados permanentes, mano de obra capacitada, población estable y mercado interno adecuado.

Fue a partir de 1870 que comenzaron a darse en el país las condiciones necesarias para el cultivo de la vid en mayor escala y con fines de producción comercial. Luego de muchos fracasos y sinsabores, probando variedades que pudieran adaptarse a nuestro medio, se alcanzó la meta: en 1870 nace la viticultura nacional.

En el departamento de Salto, paraje Saladero de La Caballada, Pascual Harriague luego de varios fracasos en 1860, logró en 1874 formar los primeros viñedos con la cepa francesa Tannat, traída de Concordia, Argentina. Es así que esta variedad en ese país se llamaba Lorda en honor del vasco que la introdujo en Argentina, aquí en Uruguay lleva el nombre Harriague por el mismo motivo. Este viñedo alcanzó una superficie de 200 hectáreas.

En el sur, en su granja de Colón, Francisco Vidiella, en 1876, comenzó a cultivar variedades que había traído de Europa. En 1878 seleccionó una que le llamó Peñarol y luego pasaría llamarse Vidiella. Esta uva presenta las características de la cepa francesa Folle Noire. Este viñedo alcanzó una superficie de 36 hectáreas.

El 25 de febrero de 1883 se celebró en la granja de Francisco Vidiella la primera fiesta nacional de la vendimia. Estas dos variedades de uva para vino, Harriague y Vidiella, constituyeron la base de la viticultura uruguaya, a las que siguieron muchas otras, como Cabernet, Merlot y Malbec, procedentes de España, Francia, Italia y otros países.

En 1893, cuando los viñedos uruguayos habían alcanzado entre las 700 y 1.000 hectáreas y la vid era el cultivo de moda, se declaró oficialmente la presencia de la filoxera en el país, que es una especie de plaga que ataca las raíces, como si fuera un pulgón de la vid. Esto provocó la pérdida de muchos viñedos y obligó a hacer un alto en ese camino de expansión vitícola. Originaria de América del Norte, apareció en Gran Bretaña alrededor de 1863 y en pocos años se extendió a toda Europa.

En pocos años, a comienzos del siglo XX se produce la primera reconversión de los viñedos del país, transformándose la plantación directa por planta injertada. Esta transformación vino de la mano de la migración europea, principalmente italiana, que con gran empeño se dedicó al cultivo de la vid, apareciendo una nueva modalidad de productor vitícola que trajo como consecuencia la expansión de los viñedos del tipo familiar.

En 1903 se promulga la primera ley vitivinícola nacional, que regula la producción y comercialización del "vino natural".

En 1904, los primeros datos oficiales indicaban que había alrededor de 3.600 hectáreas de viñas y 445 bodegas. En 1905 las bodegas aumentaron a 559 y en 1910 los viñedos pasaron a 6.100 hectáreas.

Este crecimiento fue constante hasta 1950, donde se estimaba una superficie de 19.000 hectáreas y más de ochenta millones de plantas. Luego de permanecer estable por alrededor de veinte años se produce un descenso; en el año 1989, un censo vitícola señala la existencia de 11.700 hectáreas de viña, en 1999 la superficie es de 9.400 hectáreas y en el año 2000 se contabilizan alrededor de 30:200.000 plantas. En el año 2004, según datos del INAVI, existen 2.389 viñedos, con una superficie total de 8.583 hectáreas y 29:275.742 plantas.

La gran expansión de los viñedos uruguayos fue acompañada por la creación de institutos que ayudaron en la investigación, enseñanza, competitividad y tecnología, que dieron vitalidad a la producción vitivinícola: en 1906 se crea la Facultad de Agronomía, dependiente de la Universidad de la República; en 1940 se funda la Escuela Industrial de Enología; en 1957 se creó el primer Sistema de Advertencia para enfermedades de la vid, y en 1987 se creó el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) por una Ley de Rendición de Cuentas.

A partir de 1989 se produce una transformación muy profunda en las estructuras productivas, industriales y comerciales de la vitivinicultura uruguaya. Se consolidan las plantaciones de nuevos viñedos sobre la base de variedades de verdadera y reconocida calidad y por consiguiente la producción creciente de vinos de calidad.

Con la creación del MERCOSUR en 1991 se producen cambios políticos, socioculturales y económicos en la economía uruguaya, lo que trajo como consecuencia la necesidad de cambiar las estructuras de producción y comercialización. En 1995 Uruguay organiza la 75ª Asamblea Mundial, que fue de vital importancia ya que abrió las puertas al mercado mundial para la exportación de vinos finos uruguayos.

A partir del año 2000, al llegar a su madurez, las nuevas plantaciones efectuadas en los años ochenta y noventa comenzaron a dar sus frutos. En su orden, los años 2000, 2002 y 2004 han sido los mejores. Esto se debe a la aplicación de nuevas técnicas de elaboración, a un clima favorable -caluroso-, y a la calidad y cantidad de uvas cosechadas. Se producen actualmente, entre las distintas variedades de vinos, más de noventa millones de litros, de los cuales el 80% corresponden a vinos de mesa o vino común y el resto -menos de un 20%- a vinos finos (VCP). El consumo interno está calculado en 30 litros per cápita y sólo un 3% de la producción es con destino a la exportación.

A continuación, haremos una revisión de la legislación en el Uruguay.

La Ley Nº 2.856, de 17 de julio de 1903, fue la primera norma vitivinícola sancionada en nuestro país que somete la producción de uva y la elaboración de vinos a la autorización y contralor del Estado. Tuvo como modelo principal la vieja ley francesa de vinos, muy técnica en su estructura, que marcaba las etapas concernientes a la producción de uva y a la elaboración del vino y una generalidad que le permitieron sobrevivir varios años. Fue reglamentada por decreto de fecha 24 de febrero de 1928, que ordena y compila en un texto todos los aspectos de la legislación vitivinícola cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley madre.

La Ley Nº 8.372, de 25 de octubre de 1928, y el decreto de 6 de octubre de 1929 legislan y reglamentan la elaboración, venta e importación de los vinos finos, licorosos, especiales, vermouth, etcétera, declarando extensiva a estos tipos de vinos las leyes y reglamentaciones concernientes a la legislación de vinos dictadas hasta esa fecha.

En el 1941 surge una nueva etapa en la ordenación de la legislación, donde se producen diferentes modificaciones referidas principalmente al aspecto tributario y sanciones por las violaciones.

Es de señalar la trascendencia del decreto del 22 de ju-nio de 1961 en la medida en que cambia para los vinos comunes el régimen de las relaciones legales, por un sis-tema de tipificaciones, eliminando también la obligación de presentar muestras para el análisis previo a su comercialización.

Con la Ley Nº 15.903, del 10 de noviembre de 1987, que es de Rendición de Cuentas, en los artículos 141 a 154 se crea el INAVI. Este Instituto tiene como responsabilidad la conducción del sector vitivinícola. Tiene un régimen de actividad privada y fue creada como una persona jurídica de derecho público no estatal, cuya administración le correspondía a un Consejo integrado por nueve miembros que se distribuían de la siguiente manera: tres delegados del Poder Ejecutivo, dos por los viticultores, dos por los bodegueros, uno por los Grupos CREA de Viticultores y uno por las Cooperativas Vitivinícolas. Entre sus principales funciones tiene la de promover el desarrollo de la vitivinicultura; planificar la economía vitivinícola; la promoción y mejoramiento de la producción y distribución del material multiplicador de la vid; asesoramiento; protección contra plagas, enfermedades, heladas, etcétera; desarrollar la ecología vitícola y la explotación de las industrias derivadas de la vid; promover el desarrollo de las cooperativas agrarias; promover y divulgar las cualidades de la uva; fiscalizar la aplicación de las normas vigentes en esta materia, y además será asesor del Poder Ejecutivo coordinándose con éste a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Más tarde se aprobaron leyes modificativas a la ley de creación: la Ley Nº 16.002, del 13 de diciembre de 1988, en su artículo 48; la Ley Nº 16.273, de 23 de junio de 1992, que regula el filtrado y prensado de las borras; la Ley Nº 16.757, de 26 de junio de 1996, que crea la tasa de promoción y control vitivinícola; la Ley Nº 17.458, del 8 de marzo de 2002, que sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 16.757, y la Ley Nº 3.014, del 23 de enero de 1906, "Relación de los Componentes de Vinos Naturales. Decomiso".

En cuanto a las boletas de circulación, en esta Ley Nº 17.458 se establece la tasa de promoción y control vitivinícola, y el Decreto Nº 240/000 regula la estampilla en los envases de 3, 5 y 10 litros.

En los años 1989 a 1997 surgieron normas que regularon las prácticas enológicas con los Decretos números 637/989; 48/998; 283/993; 431/999 y 325/997.

Los siguientes decretos regulan el vino fino, vino de calidad preferente, discriminando los que son vinos inaptos, decretos números 103/994 y 48/998, y las tipificaciones, decretos números 80/994 y 267/994. En cuanto al régimen de comercialización de la uva, podemos mencionar la Ley Nº 13.665, y el artículo 323 de la Ley Nº 12.804, referido al comiso de vinos artificiales. El Decreto Nº 73/003 regula el precio de la uva. La Ley Nº 13.586, del año 1980, tiene que ver con el vino artificial y sobreprensa y refiere a la existencia de productos prohibidos en bodegas, como azúcar y otros. Finalmente, debemos mencionar la Ley Nº 15.058, relativa al vino de sobreprensa y vino artificial.

En cuanto al régimen de sanciones, debemos mencionar los artículos 285 a 293 de la Ley Nº 16.736, de 5 de enero de 1996.

Por otra parte, la Ley Nº 16.311 creó los fondos de protección integral de los viñedos y fue reglamentada por el Decreto Nº 374/000. A su vez, corresponde destacar el Decreto Nº 325/997, sobre la internacionalización del Reglamento Vitivinícola del MERCOSUR. Por su parte, el Decreto Nº 454/002 regula las variedades de uva a usarse con destino a vinificación.

Voy a referirme ahora a los argumentos para las correcciones y modificaciones de la propuesta.

El primer punto que debemos considerar es la antigüedad de estas normas. Como ya hemos señalado, la ley madre tiene ya más de cien años y la Ley Nº 15.903, por la que se creó el INAVI, fue sancionada hace unos veinte años. Por ello consideramos oportuno modificar algunos aspectos que la práctica ha demostrado que se deben mejorar y agregar otros elementos que no existían en aquella época.

Este Instituto es un ámbito de articulación de distintos intereses de un sector complejo, y es así porque la producción de vinos tiene características diferentes a otras producciones agroindustriales. Para este sector la calidad de la materia prima importa mucho y además se debe tener en cuenta el origen geográfico de ella, la calidad de las transformaciones que se le hacen y la multiplicidad de tecnologías que pueden aplicarse. En realidad, no existen las transnacionales del vino. La obtención de la materia prima y el modo en que se la transforma determinan que técnicamente el proceso sea complejo y que haya muchos sectores diferentes.

Como decíamos, el INAVI ha articulado la actividad de los productores que instalaron una bodega pequeña para no tener que salir a vender la uva, la de los bodegueros que plantaron algo de uva para contar con ciertas garantías en cuanto a la materia prima, la de quienes sólo plantan y la del Estado, por medio de los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de Economía y Finanzas. Entonces, el problema de origen es que el INAVI tiene una sobreparticipación del sector privado en relación al público. Luego vamos a aportar sobre este tema algunos argumentos muy fuertes. Más precisamente, el Directorio del Instituto tiene nueve integrantes, de los cuales seis representan al sector privado y tres al público. Es decir que no hay una equivalencia entre ellos, como sí se da en otros institutos. Además, como en la práctica también se han presentado los suplentes, en lugar de actuar seis privados y tres públicos, en realidad hay doce privados y tres públicos. Se deberá también equiparar los cometidos, porque esta forma de constitución ha hecho que algunos temas sean de difícil discusión.

Modificar esta herramienta que es el INAVI tiene sentido, si esto se hace en el marco de una estrategia de desarrollo de la vitivinicultura nacional. Como instrumento de conducción, debe tener una visión a largo plazo, constituir el ámbito de diálogo donde se expongan los distintos intereses y, en consecuencia, el lugar donde se negocie y se llegue a una decisión coherente.

Por ello, en el proyecto de ley se realizan cambios importantes. Por ejemplo, el actual Consejo de Administración se transforma en un Directorio. Para conducir la gestión, para tener laboratorios e inspectores y para determinar las infracciones, se necesita un organismo algo más serio que el actual. La JUNAGRA es un ejemplo claro de funcionamiento en este sentido. Es necesario constituir un Consejo que tome decisiones, como el recientemente creado Instituto Nacional de la Lechería, en cuyo lanzamiento el señor Presidente estuvo presente.

Ese Directorio tiene que estar integrado en forma equilibrada por representantes del sector público y del privado, y determinamos un número de seis miembros. A su vez, debe tener atribuciones distintas a las del Consejo anterior.

También se modifica el régimen actual de designación por el Poder Ejecutivo y los integrantes de este Consejo pasan a ser electos por voto directo, secreto y obligatorio. El INAVI está en condiciones de llevar a la práctica este procedimiento, porque tiene un registro de los productores de uva y los bodegueros y puede lograr que todos participen. La actual integración, en base a representantes de gremiales, no ofrece las garantías que, justamente por tratarse de representantes, debería tener.

En lo que tiene que ver con las elecciones y con el voto secreto, me pregunto cuántos asociados tiene el Centro de Bodegueros y el Centro de Viticultores. ¿Cuántos representantes hay en INAVI que responden a dos grupos, por ejemplo, el CREA o algún otro centro? Aquí habría un supuesto doble voto simultáneo. Entonces, el voto secreto y directo no hace -y es bueno aclararlo- a que independientemente se presente una persona o un grupo de productores; aquí el espíritu es fortalecer las gremiales, buscando que sus integrantes trabajen en pos de presentar una lista. Hoy tenemos 1.800 viticultores, pero en esa cifra están incluidos los vitivinicultores. Es decir que hay dos padrones -porque también votan los 270 bodegueros- cuando en realidad debería haber tres. En el caso de este nuevo Directorio de seis miembros, van a estar representados los vitivinicultores, los bodegueros y también los viticultores, que son muchos más. En definitiva, van a votar la lista de las gremiales, y este es un elemento sustancial que en su momento se había planteado en la Comisión. Creemos que este mecanismo fortalece a las gremiales y permite el desarrollo de su vida interna, que es muy importante; les permite trabajar y presentar sus listas. Ningún afiliado a alguna gremial va a poder participar si no figura en una de sus listas. Por lo que pude averiguar, el Centro de Bodegueros, por ejemplo, tiene sólo 59 afiliados, cuando existen más de dos mil empresas, entre bodegas, viticultores y vitivinicultores; entonces, me pregunto a quién puede representar. Las representaciones no están en función de quién tiene más plata, sino de quién tiene más afiliados.

Ahora vamos a hacer un paréntesis para informar al Cuerpo algunos elementos relevantes que a nuestro juicio contribuyen a fundamentar esta propuesta de modificación de la estructura de integración del Instituto, que pasaría a tener una representación igualitaria con doble voto del Presidente en caso de empate.

Tengo sobre la mesa un informe de una auditoría del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005, que llega hasta el año 2001, porque se hicieron relevamientos de períodos anteriores. En su momento se hicieron los descargos por parte del Instituto, y el 8 de diciembre de 2006 se entregaron las observaciones. No voy a leer en su totalidad el documento, pero sí voy a hacer referencia a algunos pasajes que contribuyen a fortalecer nuestra argumentación, porque muchas de las gremiales se oponían a la propuesta de modificar la integración. Incluso, el único artículo que no fue votado por el Partido Nacional es, justamente, el que refiere a la integración.

Concretamente, el documento comienza diciendo: "Se remite el presente informe, correspondiente a los resultados obtenidos sobre la auditoría practicada en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, en adelante INAVI, de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General del Ministerio de Agricultura y Pesca. Del análisis de los descargos presentados por el Instituto con fecha 24 de noviembre de 2006, esta Auditoría Interna de la Nación modifica las conclusiones e incluye recomendaciones".

Bajo el título "Objeto:", se señala: "El objeto de la auditoría consistió en la evaluación de la información contenida en los estados contables del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005.

Las tareas fueron realizadas con independencia, objetividad y debido cuidado profesional".

Más adelante, se expresa: "A efectos de dar cumplimiento con el objetivo definido se analizó por sistema de muestreo la documentación correspondiente a los meses de febrero, junio y diciembre de ese año y los antecedentes y repercusiones que los mismos pudieran tener en los meses y ejercicios anteriores y posteriores.

En esta instancia no fueron auditados los estados contables pertenecientes al Fondo de Protección Integral de los Viñedos, creado por la Ley Nº 16.311", que ya habíamos mencionado.

Luego, la Auditoría Interna de la Nación hace referencia a los recursos que recibe el Instituto, es decir a las tasas que cobra -estos son aspectos de financiación-: "de promoción y control vitivinícola que grava la expedición de las boletas de circulación y calidad de vinos nacionales e importados", la "destinada a la promoción de la calidad de los vinos y el control de su circulación" y a la "que grava la sidra nacional o importada" -Ley Nº 17.458-, así como a "los recursos procedentes de préstamos que las leyes autoricen. El producto de las multas e intereses de mora por sanciones e infracciones. El valor sustitutivo del producto incautado. Las donaciones y legados".

Más adelante, el informe de la Auditoría Interna de la Nación expresa: "Del análisis de la documentación solicitada y los registros contables surgieron las siguientes observaciones:

No se deja constancia en la contabilidad del comprobante que respalda el registro:

En la registración de los ingresos no se hace referencia a la numeración de los formularios de recaudación, recibos y número de cheque, no pudiendo verificarse la correlatividad numérica que permita establecer la integridad de la registración de los fondos recibidos. Se escrituran en algunas oportunidades la sumatoria de varios documentos, sin hacer referencia a su numeración. No existe control documentado de la secuencia numérica.

En la registración de los gastos o inversiones, no se incluye el número del comprobante del gasto ni el nombre de la empresa proveedora. A vía de ejemplo al querer verificarse el asiento contable por la compra de trece camionetas Nissan por US$ 10.500 c/u, se observó que el mismo fue realizado por montos globales correspondiendo a facturas de diferentes fechas. No se dejó constancia del monto correspondiente a los vehículos entregados por el Instituto, documentados en recibos del proveedor.

No se puede asegurar que toda la recaudación haya sido registrada ni que todos los gastos u obligaciones estén contabilizados.

De lo anteriormente expuesto se concluye que no se puede afirmar que la contabilidad cumpla con los requisitos de integridad, oportunidad, verificabilidad, comparabilidad y confiabilidad que permitan asegurar la razonabilidad de la información contenida en los Estados Contables.

No se aplica el criterio de lo devengado. La registración en el ejercicio se realiza mediante el procedimiento de lo percibido o caja, no dejándose constancia de la documentación que origina el derecho u obligación. En el cierre del ejercicio, se registran las facturas pendientes de pago que se encuentran archivadas de acuerdo a lo informado por el sector Contaduría. En el transcurso del ejercicio económico, no se dispone de la información necesaria para la toma de decisiones".

Más adelante, se señala: "la compra de flota automotriz por US$ 136.500 y la venta de los vehículos usados fue registrada en un solo asiento debitando los nuevos vehículos y acreditando los anteriores, neteándose las diferencias y volcándose la utilidad neta por la venta a la cuenta ‘Ingresos por venta de vehículos’.

Las cuentas de deudores y acreedores, son registradas en cuentas globales, no pudiendo identificar en el sistema contable, los saldos a nivel individual.

La cuenta Fondo de Protección Integral de los Viñedos (FPIV) debe reflejar la obligación que tiene el INAVI con ese fondo. En la contabilidad se observó la existencia de dos cuentas con dicha denominación, una deudora y otra acreedora. Se observó que a la fecha de cierre de ejercicio su saldo era deudor, no reflejando en los Estados Contables que el mismo corresponde a un anticipo de acreedores".

Más adelante, se expresa: "El monto expuesto en el balance, fue valuado al valor del costo estimado por el Instituto, el que se compone de papel, mano de obra y otros insumos.

Se considera, que en función de lo establecido en el marco conceptual de las Normas Internacionales de Contabilidad, se prioriza la sustancia antes que la forma, por lo cual se sugiere dejar constancia en las notas a los estados contables la diferencia existente entre el valor que se expone con el que surge de considerar el riesgo inherente, considerando la diferencia entre su realidad económica y el costo de emisión.

En los estados contables se expresan por un valor de $ 974.837. Si aplicamos un criterio conservador para la cuantificación del inventario de estampillas existentes al 31/12/2005, basándonos en el supuesto que las mismas son utilizadas en envases de un litro y 0,75, el valor en libros debería ascender a $ 29:935.260". Obviamente, hay una gran diferencia entre $ 29:935.260 y $ 974.837.

Continúa el informe: "Se expone en el rubro Bienes de Uso, un inmueble por valor de $ 3.775.837 y equipamiento por $ 432.681. Analizados los comprobantes que respaldan la titularidad e inversión en dichos activos, se pudo observar que fueron imputados en estas cuentas gastos realizados en la reforma de dicho inmueble cuyos comprobantes carecen de las formalidades establecidas por la normativa legal vigente, siendo en algunos casos formularios de ‘salida de caja’ firmado por quien recibe el importe. Del análisis de los comprobantes, se observa que del total adelantado US$ 27.623,32 y $ 448.458, el 20% fue imputado al rubro con el recibo de los adelantos realizados y no con el comprobante del gasto.

A continuación, y bajo el título "Otras consideraciones", se dice: "Del relevamiento de la aplicación de la normativa legal y reglamentaria vigente se realizaron las siguientes observaciones:

Las disponibilidades financieras se encuentran depositadas en Instituciones bancarias e inversiones temporarias, no habilitadas por la normativa legal. En la misma se establece que los fondos deben ser depositados en una cuenta en el Banco de la República. A la fecha de cierre de ejercicio existían fondos depositados en el Banco ACAC por $ 1.142.482,18 y US$ 11.695,75 y colocaciones en Bonos por $ 3.427.934,40.

No se cumple con el límite establecido por la normativa establecida para la distribución del Fondo de Promoción de las Exportaciones de uva y vino, distribuyéndose cifras superiores a las establecidas. Dicha afirmación se basa en la información proporcionada por el Instituto correspondiente a los ejercicios 2001 a la fecha, pudiendo verificarse que los montos distribuidos superaron en algunos ejercicios 150% establecido.

El Reglamento Interno del Consejo de Administración vigente a partir del 9 de mayo de 1996, establece ciertas condiciones para el desempeño de determinados cargos. Se observó que no fueron implementados procedimientos que verifiquen dichas limitaciones.

Respecto al reintegro a los funcionarios por los gastos por el uso de autos particulares, el Consejo en Acta Nº 1228 del 19 de mayo de 2005 deroga la reglamentación vigente y establece la realización de un reporte de misiones y kilómetros ejecutados mensualmente el que será controlado por la Comisión de Presupuesto. Se analizaron los gastos pagados en el ejercicio 2005 por dicho concepto observándose que no se deja constancia de los controles establecidos, verificándose errores en las liquidaciones y falta de conformidad de los kilómetros recorridos.

Se perciben ingresos no previstos en la normativa legal como por ejemplo venta de formularios, libros de registros que deben llevar las bodegas y viñedos, libreta de solicitud de valores y guías de circulación y costo autoadhesivo.

Luego, bajo el título "Análisis del Sistema de Control Interno", se informa: "Del análisis de los procedimientos de recaudación, registración y pago, se puede observar que no hay una adecuada oposición de intereses entre el sector que maneja los fondos y los registra. Todas las etapas son realizadas por el Departamento de Contaduría, no existiendo oposición por parte de otra sección".

Más adelante, se dice: "No se verificó la existencia de documentación que acredite el estudio previo a la realización de inversiones que dejen de manifiesto la justificación de las mismas. Por ejemplo la adquisición del Inmueble valuado en los estados contables al 31/12/2005 en $ 3:775.837 (US$ 156.543)" -tomando el valor del dólar a la fecha- "y la Incorporación del Laboratorio Isotópico por $ 992.430,21 y Equipos de laboratorio por $ 13.378.204,17 (US$ 554.651,90) correspondiente a la compra de un espectómetro de masa".

No se deja constancia de la solicitud de precios previo a la realización de los gastos.

No hay reglamentación que autorice el monto y condiciones para el pago de los viáticos al interior del país. No se deja constancia del funcionario que autoriza el cobro del viático, el destino y el motivo."

Más adelante, dice el informe: "Se incluyen retribuciones personales, superiores a las que se detallan en la Planilla del MTSS. Consultado el Departamento de Contaduría se informó que las mismas corresponden a la liquidación de horas con cargo a otros fondos, no proporcionándose documentación que avalara las liquidaciones realizadas.

Se liquidan horas extras a determinados funcionarios superior al tope autorizado. Se solicitó el convenio suscrito entre las partes presentado al MTSS, informándose que no se suscribió el mismo.

Del relevamiento de los comprobantes en poder de Contaduría del período analizado, se realizaron las siguientes observaciones:

- Falta de conformidad en las facturas, o conformadas por el mismo funcionario que realizó el gasto. Por ejemplo los comprobantes por gastos de almuerzos o cenas, o el reintegro por gastos de combustible, es conformado por el mismo funcionario que realizó el gasto.

- Comprobantes que no identifican al Instituto como destinatario del gasto.

- Comprobantes que no cumplen con la normativa legal vigente.

- Comprobantes de egresos de caja, emitidos por el Instituto para el reintegro a las empresas exportadoras del monto correspondiente al Fondo de Promoción a las Exportaciones, sin elementos de control como lo son la numeración y pie de imprenta".

No quiero aburrir al Senado, sino simplemente señalar que hay muchos elementos más en este informe de la Auditoría Interna de la Nación que, como argumento sólido para cambiar la estructura de integración del Instituto, me parecen harto suficientes. Nadie va a pensar que los integrantes de los Gobiernos anteriores o del actual han permitido estos hechos de corrupción que marca el informe de la Auditoría Interna de la Nación, pero se debe admitir que los dineros públicos han sido manejados -si se me permite la expresión- en medio de un relajo. Además, el Poder Ejecutivo nunca pudo controlar esta situación por estar permanentemente en minoría dentro de este Directorio.

Considero que estos son argumentos verdaderamente fuertes para cambiar la integración de este Directorio.

A continuación, quiero retomar la exposición que venía realizando sobre el proyecto de ley, a efectos de finalizar el informe.

La ley de creación del INAVI decía que el Instituto iba a enviar un proyecto de ley pero ese trámite, a pesar de ser sustancial, hasta el momento no se ha cumplido.

Asimismo, se otorga al Instituto facultades para realizar otras funciones que integran las nuevas políticas. Por ejemplo hoy, a nivel mundial, existen disposiciones -con esto estamos fundamentando las modificaciones introducidas- que se utilizan para optimizar la calidad de los vinos, que se consigue mejorando, a su vez, la calidad de la uva.

En definitiva, el proyecto de ley faculta al Instituto para fijar los rendimientos máximos, que dependen de si la vinificación es para el mercado interno o para exportar. Esto demuestra que el INAVI es una herramienta importante para regular la calidad de lo que se produce.

Por otra parte, saliendo del proceso de reconversión, quiero decir que se ha pagado a los productores para arrancar sus viñedos y plantar nuevas variedades, lográndose así volúmenes de cosecha que van a seguir creciendo, porque hay muchas parras nuevas. Es importantísimo adoptar medidas para diversificar los productos, de modo que toda la uva no termine en vino y se puedan obtener productos diferentes como, por ejemplo, la mistela y el mosto concentrado. Esto mejoraría el perfil de la rentabilidad de la producción en nuestro país. En este sentido, en acuerdo con las gremiales, integramos al proyecto de ley la creación de la Junta Consultiva y Asesora del Directorio del INAVI para abordar las políticas de la uva y el vino. Cabe agregar que algo similar hicimos con respecto al INALE, como modo de ampliar la representación e integrar nuevos actores que tienen que ver con la cadena.

Como puede observarse, hay muchos detalles innovadores en la medida en que se hace muy necesaria la actualización de las normas, acordes al momento histórico que vive el sector y el mundo en cuanto al tema de los mercados.

Ingresando ya en el articulado, debo decir que el artículo 1º propone modificar el artículo 141 de la Ley de Creación del INAVI. Su inciso primero quedaría redactado prácticamente de la misma manera: instituye al INAVI como persona jurídica de derecho público no estatal y establece su domicilio en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones.

La modificación abarca al inciso segundo, en el que se establecía la exoneración del pago de tributos y contribuciones; ahora se hace mención solamente a "tributos", porque se cree que los mismos incluyen también las otras prestaciones.

Asimismo, se cambia la denominación de "Inspección General de Hacienda" por "Auditoría Interna de la Nación", ya que es la que está vigente.

En el tercer inciso, se habla de que el INAVI quedará sujeto al contralor externo a cargo del Tribunal de Cuentas de la República de acuerdo con lo que establece la normativa vigente. Si bien se puede interpretar que esto ya está incluido en la Constitución, aquí se lo hace para que quede aún más claro en la ley.

El artículo 2º sustituye al 143 de la Ley de Creación del INAVI que, a su vez, ya había sido modificado por el artículo 50 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988. En ese artículo 143, se establecían cuáles eran las atribuciones y cometidos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y aquí lo que se propone es ordenarlos y ampliarlos. Este orden tiene que ver, por ejemplo, con la Organización Internacional de la Viña y el Vino, que en aquel momento no existía.

El literal m), que habla de determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la actividad vitivinícola, ya estaba incluido en el Ley anterior, pero ahora eso se sistematiza un poco mejor. Existe un artículo de la Ley Nº 16.736 que establece cuáles son las multas en el sector agropecuario, y ahora se dispone en el literal o) la potestad del INAVI de aplicarlas.

Por el artículo 3º se derogan los artículos 3º y 4º de la Ley Nº 9.221, de 1934. Esa ley tuvo como cometido la creación de una comisión honoraria de asesores, que se llamó Comisión Pro Industria Vitivinícola; en esa época no existía el INAVI. Estos artículos 3º y 4º establecían que esa Comisión le presentaría anualmente al Poder Ejecutivo las bases y cifras para fijar el precio mínimo de la uva a vinificar y, a su vez, el literal b) hablaba de la escala de relaciones que se debe guardar en lo que tiene que ver con el precio del vino al consumidor. La misma Ley, en otros artículos, establecía que, en caso de que esta Comisión, en las fechas indicadas, no elevara las mencionadas bases y cifras, el Poder Ejecutivo determinaría las mismas por intermedio de los organismos que entendiera conveniente. Es decir que obligaba al Poder Ejecutivo a establecer los precios.

Asimismo, se mantiene la obligatoriedad de que el Poder Ejecutivo fije el precio de la uva año a año, contemplando así un reclamo de las gremiales, sobre todo de los viticultores.

El artículo 4º modifica el inciso primero del artículo 145 de la Ley Nº 15.903. Aquí también se mejora la redacción, acorde a lo que hoy se establece para estos organismos públicos no estatales. La Ley original decía "se coordinará", pero ahora se propone decir: "se vinculará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca". A su vez, se elimina un inciso que tenía este artículo, por entender que ya está contenido en el literal j) del artículo 2º del proyecto de ley.

El artículo 5º, sustituye al 146 de la Ley Nº 15.903, y lo que se propone es cambiar la expresión "será dirigido y administrado" por "será dirigido". Además, el artículo original establecía que el INAVI sería dirigido por un Consejo de Administración, mientras que ahora lo será por un Directorio y se especifica su integración. De aprobarse este proyecto de ley, el Instituto estará dirigido por un Directorio integrado por seis miembros. Tres de esos miembros serían delegados del Poder Ejecutivo, que van a ser designados respectivamente por los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca -que lo presidirá-, de Industria, Energía y Minería y de Economía y Finanzas, y los otros tres serían elegidos entre los vitivinicultores y los bodegueros. Todo esto se haría de acuerdo con la reglamentación.

Además, se establecen normas de funcionamiento. Me refiero, por ejemplo, a que los integrantes del Directorio permanecerán en sus cargos durante cuatro años y luego los Ministros designarán uno nuevo. Sin perjuicio de ello, los delegados del sector público podrán ser cesados de sus respectivos cargos, en cualquier momento, por el Poder Ejecutivo a instancias del respectivo Ministro.

El último inciso establece que el contralor administrativo de la gestión de los representantes de los Ministerios será ejercido por el Poder Ejecutivo y por la Cámara de Senadores, con el mismo alcance que tiene lo establecido en los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República. Se trata del contralor que efectúa el Poder Ejecutivo sobre los Directores de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

En el artículo 6º se cambia una parte de la redacción del artículo 147 de la ley del INAVI. En lo que respecta a cada miembro de la actividad privada, antes decía "será designado" y ahora dice "será electo con representante alterno". Eso se debe a la modificación de voto secreto en las próximas elecciones, en caso de que este proyecto resulte aprobado.

El artículo 7º modifica el 148 de la ley del INAVI. Aquí se establece que los representantes del sector privado serán electos por voto directo, secreto y obligatorio ejercido por quienes figuren en un padrón que a estos efectos va a confeccionar y reglamentar el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Por el artículo 8º se crea la Junta Consultiva y Asesora del Directorio del INAVI, que funcionará en forma honoraria, estableciéndose cómo estará integrada, los cometidos y aspectos relativos al funcionamiento.

En cuanto al artículo 9º, por una ley anterior se creó lo que se conoce como Tasa de Control y Promoción Vitivinícola, en cuyo artículo 149 se establecía que el producto de esa tasa sería depositado en una cuenta especial del Banco de la República. Ahora se propone que el producto de dicha tasa sea depositado en el Banco de la República, pero no es una cuenta especial, pues eso trae problemas al funcionamiento del Instituto.

Por el artículo 10 se adecua la nueva denominación y se dice, además, que en un plazo de sesenta días desde su instalación, el Directorio dictará su reglamento interno, el que fijará el funcionamiento del Instituto. Esto se debe a que, al cambiar la composición del Directorio, se va a precisar un nuevo reglamento interno.

El artículo 11 es nuevo y refiere a las atribuciones que tiene el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Se trata de un artículo que contiene siete literales, en los que se especifican claramente estas atribuciones.

Con el artículo 12 se actualiza una ley que tiene más de cien años y que, obviamente, ya no tiene razón de ser. Se sustituye un artículo de una vieja ley del año 1903 y se propone que se hable de productos vitivinícolas nacionales e importados. En su segundo inciso se habilita a que cuando exista disidencia entre los productores privados y el Instituto, se resuelva mediante un peritaje, el cual será realizado por un laboratorio habilitado e incluido en un registro que se realizará en el Instituto.

El artículo 13 refiere al Fondo de Protección Integral de los Viñedos, el cual hoy está regulado por el artículo 2º de la Ley Nº 16.311. Lo que se propone es un cambio en el destino del Fondo para la reconversión de los viñedos y de las plantas industriales elaboradoras.

El artículo 14 establece que el Fondo sea administrado por el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura. En el inciso segundo se propone que, en adelante, cualquier referencia que se haga en la ley a la Comisión Honoraria Fiscalizadora de este Fondo, se entenderá como hecha al Directorio del INAVI.

El artículo 15 otorga facultades taxativas al Instituto. Este artículo contiene cuatro numerales en los que se especifican claramente estas facultades.

El artículo 16 habla de la inscripción en el registro que llevará el Instituto, de aquellas personas físicas y jurídicas que realicen actividades de fraccionamiento de vinos, sidras u otros productos vitivinícolas, para lo cual cuentan con un plazo de sesenta días. En su segundo inciso se establece que el Instituto será el que ejerza las tareas de inspección y de contralor referidas al cumplimiento de las normas.

En el artículo 17 se derogan las normas que se opongan a la presente ley.

El artículo 18 se refiere a que en un plazo no mayor a noventa días, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley.

El proyecto culmina con las "Disposiciones Transitorias", que son totalmente vitales, porque habrá una etapa en la que el Consejo de Administración tendrá que cesar y comenzará a regir el nuevo Directorio.

Por los fundamentos expuestos, la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca recomienda al Cuerpo la aprobación de este importante proyecto de ley.

Muchas gracias.

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: nosotros hemos acompañado en general este proyecto de ley en el entendido de que actualiza disposiciones -algunas de ellas de muchos años- sobre distintos aspectos que refieren a la actividad de la vitivinicultura. Se trata de adecuar normas a los tiempos que vivimos en lo que tiene que ver con los mecanismos de control y de calidad de producción, estableciéndose sanciones y criterios que regirán tanto la producción como la vinificación, es decir, la transformación de la uva en vino. A su vez, se intenta promover el desarrollo de cooperativas de producción agroindustrial y de comercialización que están vinculadas a la vitivinicultura.

En general, entendimos que era necesario hacer este aggiornamento y actualización de normas, sobre todo si se tiene en cuenta que es una actividad muy importante para muchos sectores de nuestra sociedad que, al igual que otras del país, sufren los cambios del mercado. Todos sabemos que nuestra limitante siempre tiene que ver con la estrechez del mercado y que las posibilidades de exportación dependen de las circunstancias, que en algunos momentos la facilitan, generando un gran optimismo, y en otros hacen pensar que esta actividad está condenada a la crisis. Recuerdo que cuando se aprobó en este mismo Parlamento el Tratado del MERCOSUR, allá por el año 1991, se decía que uno de los sectores que estaba prácticamente condenado a morir era el de la vitivinicultura, porque no iba a poder competir con los países de la región, fundamentalmente con la Argentina. Sin embargo, hubo un gran esfuerzo de parte del sector privado, con apoyo del sector público, que permitió la reconversión de viñedos y la importación de viñas provenientes de Francia e Italia, lo que llevó a un mejoramiento de la producción. Cabe destacar que también hubo un gran esfuerzo de las bodegas, aunque entre ellas hay diferencias, porque algunas buscan alcanzar una producción de mayor calidad y exportar, mientras que otras apuntan al consumo interno, tratando de explotar determinados nichos de mercado nacionales.

En definitiva, en términos generales, compartimos la iniciativa del Poder Ejecutivo que, además, fue acompañada por la mayoría de la Comisión. Creemos que es conveniente establecer normas respecto a que el producido de los fondos aportados por los sectores privado y público figure preceptivamente en una cuenta en el Banco de la República. Sin embargo, no compartimos la variación en la integración del organismo, que pasaría a estar compuesto, mayoritariamente, por el sector público. No lo hemos hecho por dos razones. En primer lugar, porque el INAVI tiene una larga trayectoria y siempre ha sabido conducir el proceso de la actividad vitivinícola en el Uruguay, no sólo en los buenos momentos, sino también en los tiempos de tormentas y de dificultades. Además, lo ha hecho con un gran esfuerzo del sector privado, que es fundamental dentro de esta actividad, porque es el protagonista del desarrollo de la producción y comercialización de los productos vitivinícolas.

De manera que este Instituto ha sido el punto de referencia y el conductor de esa actividad y de ese proceso a lo largo de muchas décadas en las que se ha ido desarrollando el sector vitivinícola. Si bien es cierto que se puede señalar que como consecuencia de determinadas auditorías o controles ha surgido que ciertas reglas de contabilidad de la actividad vitivinícola, y más concretamente de la actividad del Instituto, no eran todo lo prolijas o ajustadas de acuerdo con las normas contables que deben regir, también es cierto que allí siempre existió una representación del Poder Ejecutivo. Entonces, el tema no pasa tanto por el hecho de que haya mayoría de representación del Poder Ejecutivo, del Estado o del sector privado, sino porque los sectores que representan al Estado en el Instituto ejerzan los controles adecuados para que las normas o las reglas en materia contable se cumplan de acuerdo con lo que son las normas de contabilidad que rigen a este tipo de instituciones.

El tema ha sido polémico y reconocemos que la redacción del artículo fue finalmente mejorada, porque el proyecto de ley inicial consagraba más clara y enfáticamente la mayoría de la representación del Estado. Posteriormente se llegó a una fórmula que establece que el Estado y el sector privado tendrán tres representantes respectivamente, y que el voto del Presidente valdrá doble, por lo que decidirá cuando se produzcan empates. Confiamos que en la Cámara de Representantes -donde se va a continuar con el análisis de este proyecto de ley- se pueda encontrar alguna solución que contemple en mayor medida las aspiraciones del Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con mecanismos de control sobre el funcionamiento del Directorio y, por otro lado, preserve la mayoría del sector privado que es, al fin de cuentas, el actor protagónico que vive los riesgos, las vicisitudes, los pro y los contra de la actividad vitivinícola, tanto en el sector estrictamente de producción de uva como en las bodegas. Incluso, los propios productores vitivinicultores están manejando algunos proyectos, pero lamentablemente llegaron en forma muy tardía, cuando la Comisión prácticamente había culminado su trabajo. De todas maneras, pensamos que en la Cámara de Representantes pueden encontrar más margen para introducir alguna modificación que contemple esa aspiración.

Estas son las razones que nos han llevado a votar en contra de los artículos 5º y 6º que, concretamente, refieren a la nueva integración que este proyecto de ley da al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR DA ROSA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador Long.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: quiero acotar algo específicamente sobre el artículo 5º. De más está decir que todos compartimos el tema que refiere a la importancia del sector y del INAVI a lo largo del tiempo, pero ahora estamos discutiendo un aspecto práctico y concreto: cómo se dirige este Instituto. Me preocupa el cambio que se introduce, por sí mismo y por la señal que se emite. En este tipo de organizaciones que tienen que ver con un determinado sector, todos procuramos que el involucramiento del sector productivo sea importante y el mayor posible. No creo que haya ninguna disposición previa que establezca que debe haber una mayoría del Estado o una mayoría del sector productivo; eso puede variar. En otra época, por las razones que fueran, se dispuso una mayoría del sector productivo. De modo que pasar de esa mayoría del sector productivo a una minoría, emite una señal, a mi juicio, negativa hacia el sector.

Además, coincido con lo que todos han dicho acá en el sentido de que en términos generales, la obra del INAVI ha sido benéfica; sin ninguna duda, ha sido altamente benéfica. Entonces, más allá de episodios concretos a los que ahora me voy a referir, me parece que no podemos alterar esta estructura de conducción si no existen razones muy específicas para hacerlo.

Aquí voy a mencionar la razón que explicó el señor Senador Saravia y que considero no corresponde en absoluto. En primer lugar, la lectura parcial de un informe de la Auditoría Interna de la Nación, que involucra a un conjunto de personas, da una imagen muy negativa sobre todos los que pudieron haber estado comprendidos en este proceso. Por lo pronto, estarían involucrados seis titulares y seis suplentes. En lo personal, no conozco el nombre de casi ninguno de ellos e, incluso, pueden haber existido cambios de los integrantes en el transcurso del período. Estamos hablando de diez a quince personas sobre las que, al barrer, se está arrojando una carga que, a nuestro juicio, no corresponde ni es procedente. Para usar la terminología habitual, creo que se está "enchastrando" a un conjunto de personas, sin distinguir a "tirios y troyanos". En definitiva, también estarían involucrados en esa operación los representantes del Poder Ejecutivo. Entonces, si hay responsabilidades, más vale establecerlas en forma específica y recorrer los caminos correspondientes. Poner en general cargas de responsabilidad es algo que se hace muy frecuentemente en nuestro país y me parece que no es positivo. De modo que no estoy de acuerdo con ese encare y no me parece que sea un aporte al razonamiento que tenemos que hacer.

En segundo término, no veo ninguna relación entre uno y otro aspecto, pero si la hubiera, la tendrían que determinar otros organismos. Es como si dijéramos que los vitivinicultores y los bodegueros, por su condición intrínseca, son menos honestos o más corruptos que los funcionarios del Estado o los que vaya a designar el Poder Ejecutivo. Eso no es así. No hay forma de vincular una cosa con otra. No veo que se pueda deducir de ese informe que tengamos que sacar o disminuir la participación de los bodegueros porque, de lo contrario, corre riesgo la honestidad de la institución o va a haber mayores niveles de corrupción. Me parece que ese es, también, un mensaje muy negativo.

Si la razón por la que se disminuye la representación del sector productivo es que se desconfía de su honestidad, la decisión es todavía peor. Si lo que nos preocupa es el control, reforcemos los controles. Estas instituciones tienen auditorías regulares, anuales, del Tribunal de Cuentas -si corresponde, con observaciones; eso depende del caso- y también tienen exigencias de auditorías externas que deben ser realizadas por una consultora uruguaya privada. Entonces, tienen un doble control y, además, están sujetas a pedidos de informes o a cualquier otro mecanismo de control. Si se desea, agreguemos más controles pero, reitero, creo que no es este el camino a recorrer.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Señor Presidente: en términos generales, repito, el proyecto de ley es bueno y constituye un paso adelante en la actualización y modernización de las disposiciones sobre esta actividad. Incluso, muchas de ellas han sido fruto de la participación de los propios sectores interesados -tanto de vitivinicultores como de bodegueros, que han aportado sus ideas- en la negociación con técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en la propia Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. El punto esencialmente polémico ha sido éste, y reitero lo que recién expresaba: en este organismo, aun con representación mayoritaria del sector privado, siempre hubo representantes del Poder Ejecutivo. De manera que las responsabilidades les corresponden, esencialmente, a representantes del Poder Ejecutivo quienes, obviamente, deben actuar de acuerdo a su cargo. El hecho de que el Instituto pase a tener una representación con mayoría del Estado, tampoco asegura que determinados aspectos, desde el punto de vista contable, sean cumplidos o desarrollados estrictamente de acuerdo con las exigencias establecidas por la Auditoría.

SEÑORA TOPOLANSKY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR DA ROSA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir la señora Senadora.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Quiero hacer hincapié en que el mayor cambio que se produce con esta ley es la forma de acceso a la representación -es decir, el voto secreto- porque las gremiales participaban poco en la elección de sus representantes. Por tanto, esto no solo las fortalece sino que, de algún modo, democratiza su participación. Insisto en que esto es lo que más va a fortalecer al Instituto. Es más; la paridad entre los representantes del sector público y del privado, así como el doble voto del Presidente, son aspectos completamente secundarios, al lado de otro que consideramos más importante, porque en el Instituto ha habido problemas de administración. No vamos a juzgar aquí las responsabilidades, pero era un hecho conocido que se ha demostrado y sobre el que, incluso, hay más material del que se ha leído en Sala.

Como decía, hay un cambio de fondo donde los interesados -hasta el último-, los verdaderos protagonistas del vino, de la uva, de la vitivinicultura, etcétera, van a estar representados en forma directa por medio de un voto en una elección porque, de otra manera, la representación quedaba muy reducida a determinados vínculos de poder, lo que excluía a cierta gente. Creo que ahí está el cambio crucial de este proyecto. Lo otro es, simplemente, un ajuste y vemos que se llega a una fórmula que puede ser transaccional, donde el doble voto del Presidente es sólo para desempatar en caso de que una votación quede igualada.

Quería hacer esta aclaración porque me parece que si nos concentramos en la integración, dejamos de lado el eje central del cambio.

Muchas gracias, señor Senador.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Da Rosa.

SEÑOR DA ROSA.- Hemos votado favorablemente el artículo 7º que consagra que la elección de los representantes de los sectores privados sea mediante voto secreto y obligatorio, de acuerdo con un padrón que deberá configurarse. Estamos de acuerdo porque sabemos que uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que el sector privado debe tener una verdadera representación de los sectores que están involucrados directamente en la actividad, ya sea vitivinícola o bodeguera. Por esa razón hemos acompañado dicha disposición como al resto del proyecto de ley, pero también marcando las discrepancias -por las razones expuestas, a las que no me referiré pues algunas fueron mencionadas por el señor Senador Long- con relación a los artículos 5º y 6º, que modifican los mecanismos de integración del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Miembro Informante.

SEÑOR SARAVIA.- Quiero hacer una aclaración, más allá de los argumentos que expondré sobre el tema cuando ingresemos a la discusión particular.

Creo que cuando leí algunos de los pasajes de la Auditoría, el señor Senador Long no entendió -hay otros aspectos involucrados, incluso, con temas más complicados- que esto estaba dentro del contexto global del informe que refleja una realidad que está viviendo el sector. Nadie está en contra de la representación de los sectores privados en el Instituto. Es más; se atendieron los requerimientos de los sectores privados, y es bueno decir que había cuatro gremiales en contra del cambio y dos a favor, que sufrieron durante veinte años al no haber elecciones internas, directas y secretas, puesto que esa situación las aplanaba permanentemente dentro del Instituto, contra sus propios intereses.

Hay intereses muy contrapuestos e, incluso, existen informes que dicen que se aplican multas con diferentes criterios a unos y a otros, basadas en los mismos informes, lo que es muy importante. Al modificarse la forma de elección de los miembros va a haber una rotación cada cuatro años, situación que hace tiempo no se da. Además, hay delegados que están en el Centro de Bodegueros del Uruguay y en el Grupo CREA, que van a votar en doble voto simultáneo y que, incluso, teniendo la mayoría en el Directorio durante años, aplican sanciones a sus propios pares, cuando los otros ni siquiera habían podido ingresar al Directorio aun teniendo mayor cantidad de representantes. Por ejemplo, el Centro de Bodegueros del Uruguay tiene 59 afiliados, mientras que hay 1.800 viticultores y 250 bodegas.

Creo que esos son los elementos sustanciales. Esta Auditoría interna muestra un informe global muy crítico acerca del funcionamiento de un Instituto que ha sido llevado adelante por los privados durante años. Quiere decir que los privados lo han manejado mal. ¡Muy mal! Con esto no estamos señalando individualmente a ninguna persona sino que estamos refiriéndonos al funcionamiento global del Instituto y el informe corresponde al período comprendido entre 2001 y 2005. Por tanto, no estamos marcando a ninguna persona en particular, sino que nos referimos al funcionamiento global. Ese funcionamiento se analiza, se hacen los descargos correspondientes y la Auditoría Interna de la Nación observa determinados parámetros que no deben darse porque el Instituto maneja dineros del Estado y de la sociedad en su conjunto; las tasas son nuestras porque el organismo es un agente de retención de la Dirección General Impositiva. Además, el Poder Ejecutivo "pone el huevo" a cada rato para subsidiar al sector. En definitiva, la plata de todos no puede ser manejada en forma discrecional, como se quiera. Por esa razón, contemplando la posición del Poder Ejecutivo, que es la correcta -si nos fijamos en todos los institutos del país que funcionan adecuadamente, veremos que es así-, designamos una Junta Asesora Consultiva, como en el Instituto Nacional de Lechería, para darle más participación a los productores porque entendemos que deben involucrarse en las políticas estratégicas. Ahora bien, cuando se administra dinero que hace a los intereses nacionales, no puede haber manejos de esta naturaleza. Ese es un argumento muy fuerte en este tema.

Con respecto a que los productores tienen que participar, digo que los que no integren el Directorio por voto secreto porque no les alcancen los votos, formarán parte de la Junta. Por otra parte, agregamos otros institutos que no estaban y que pueden aportar mucho, como el Instituto de Enología, la Facultad de Agronomía y el INIA.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente; más allá de que tuvimos mucho tiempo entre manos este tema, no nos proponíamos hablar.

Durante el período en que fui Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, obviamente por la actividad de la propia Cartera, muchas veces recibimos presiones de los sectores que están comprometidos con distintas ramas del trabajo nacional. Ningún sector nos presionó tanto como éste ni nos trajo tantas contradicciones como éste; era la expresión de una realidad interna. Incluso sus representantes fueron a hablar con el Presidente de la República. Hicimos largas asambleas, y cuánto más democráticas eran y más consultas hacíamos, más objetivas contradicciones aparecían que llevaban a que el gremio se desgarrara entre sí. Por ese motivo el Estado no debe quedarse cruzado de brazos ante sectores de una determinada rama económica que se enfrentan entre sí con ferocidad. Alguien tiene que decidir y no a través de mayorías que pueden ser circunstanciales.

Al respecto, si me permiten, voy a citar un ejemplo. En determinado momento hubo una mala cosecha de vino y se autorizó -de alguna manera hay que decirlo- un operativo de "estiramiento" porque iba a escasear, lo cual generó una sobreoferta de entre cuarenta millones y cincuenta millones de litros que se mantuvo durante años en las bodegas. A su vez, se dejó de lado la política de retención de parte de ese vino, afectando a bodegas pequeñas. Eso lo impuso el INAVI en ese momento y probablemente una guerra de precios hubiera causado un gran destrozo. Lo cierto es que aquellos que se sintieron afectados aun hoy se quejan de que se haya permitido el operativo de "estiramiento", que tuvo las consecuencias que señalé. ¿Quién tomó esa decisión? Una mayoría circunstancial en el INAVI.

Por ese motivo, considero que el Estado es el que debe adoptar esas decisiones porque, de lo contrario, simplemente se logra generar un odio de crucera por cuestiones de intereses entrecruzados a distintos niveles. Debe quedar claro que no se trata de un abuso de poder por parte del Estado, sino que es necesario que actúe de árbitro para que los legítimos intereses privados no se destrocen entre sí. Confieso que hemos llegado a esta conclusión porque todos tienen una parte de razón.

Por otro lado, se gastó mucho dinero en un sueño que fracasó, pero que era legítimo. Se quiso apostar a la calidad para vender en el exterior pero, en realidad, el mundo tiene su cultura y su tradición. Cuesta mucho que un vino uruguayo sea reconocido como un vino fino. ¿Quién conoce al Uruguay? Además, la cifra de vinos que exportamos es ridícula pero, de todas formas, repito, gastamos mucho dinero en eso. Pensemos que se exporta mucha más miel sin hacer ruido. De cualquier manera, esto tuvo una contrapartida que todos debemos reconocer y es que los vinos que tomamos hoy son mejores que los que tomábamos quince o veinte años atrás. Desde ese punto de vista, nos quedó un saldo positivo.

Señor Presidente: ahora se presentan otros problemas ligados a la productividad de la viña. En Europa están regulando la producción de vino desde la propia cepa, ya que se permite tener hasta tantos kilos por hectárea, independientemente de que la viña contemporánea puede producir el doble y más. Cabe plantearse quién va a determinar que hay que purgar los racimos y que no se puede entregar más de tanta cantidad. ¿Vamos a dejar esa responsabilidad en manos de los intereses privados, para que se enfrenten? Alguien podría preguntarse por qué debe disminuir los kilos que saca de su viña cuando se rompió el alma para obtener 30.000 kilos. Lo que ocurre es que debe primar la conveniencia del interés general, y reitero que esto se está haciendo en otros países como Francia e Italia.

Por consiguiente, entiendo que el Estado debe tener una fuerte presencia. Alguien señaló -no recuerdo quién- que, afortunadamente, por sus características, este sector no está en manos de empresas multinacionales y, en realidad, creo que no lo estará. En el Uruguay hay bodegas grandes y un puñado de ellas ha tenido el poder y hoy lucha por mantenerlo. Hay una disputa por el poder que es legítima dentro de los intereses privados -no hay que asustarse por ello-, pero me parece que el Estado debe asumir su responsabilidad porque no fue el INAVI el que salvó la existencia de la viña nacional y de este sector en general sino que, por el contrario, fue aquél. Este sector existe en la actualidad porque el Estado no se desentendió de él.

Debemos reconocer que se practicó una correcta política de frontera porque, de otro modo, el vino argentino nos hubiera pasado por arriba. Recuérdese que este sector ha sido defendido en la frontera y eso es válido. Incluso, en más de una oportunidad el Estado ha subsidiado al sector y sigue haciéndolo. Ahora tratamos de colocar vino a granel en el exterior y para poder sacar ese excedente de vino, que estaba en las bodegas por un error cometido hace unos años, tuvimos que generar un subsidio.

Por otra parte, está el tema relativo a la introducción del voto como forma de que participen las distintas gremiales. Sinceramente, no tendría inconveniente en que se incluyera algún representante más, siempre y cuando, explícitamente, haya un tribunal de alzada que, sin dudas, debe estar constituido por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pienso que este sector va a depender de la preocupación de los gobiernos por algunos años más. No soy afecto a la democracia corporativa, a que cada sector se maneje por mayorías. Algunos bodegueros me han dicho que como se trata de sus recursos, son ellos quienes deben manejarlos y, en lo personal, entiendo que no puede razonarse de esa forma porque esos recursos son impuestos que paga la nación y, además, el país está aportando por otro montón de lugares a los efectos de que los fenómenos económicos sean posibles.

En alguna medida, señor Presidente, intelectualmente somos impulsores de esto y esas fueron las razones de fondo que hemos manejado. Cuanta más presión hemos recibido -desde ir a hablar con el Presidente de la República hasta enviar cartas-, más nos hemos convencido de lo contrario, porque nos dimos cuenta de que lo que estaba en juego era una cuestión de poder a favor de pocos. En este debate se ha dicho una verdad: que los miembros del Poder Ejecutivo eran responsables. Sucede que, en realidad, eran nominales porque el INAVI estaba manejado por una gerencia con enorme poder, avalada por las decisiones de un Consejo que la dejaba hacer. Entonces, ni siquiera son intereses privados; son circunstancias particulares que se dan en la evolución de los organismos.

Pienso que el Estado va a tener mucha responsabilidad frente a un sector que tiene tantas contradicciones entre productores de vid a secas, productores de vid que para poder vender pusieron una bodeguita, bodegueros pequeños que hicieron una viña para reforzarse y cuya presencia es pura y exclusivamente a nivel del mercado interno, bodegas grandes que son las que más han crecido pero constituyendo un número menor y generando una mayor concentración, y bodegas que han luchado por la exportación en base a calidad, con lo cual han adquirido una experiencia importante. Cada uno de estos sectores ve la realidad, el manejo de la viticultura y de la vinificación, de acuerdo con sus intereses y perspectivas. Estamos hablando de una actividad que en un 90%, aproximadamente, todavía depende del mercado interno, pero no de cualquier mercado interno, sino de uno protegido. Pero, ¡ojo! porque en este sector el MERCOSUR no se cumple, al menos por ahora, y todos nos hemos ingeniado para que no se cumpla; el día que realmente se cumpla a rajatabla, veremos.

Aclaro que no estoy criticando todo esto como algo que viene del pasado, porque me parece que estuvo bien, ya que tampoco tenemos muchas alternativas para este sector. Los que trabajan en la vid son muchos menos que los que participan en el reparto, en la distribución y, seguramente, esa cifra de 12.000 es muy macheta; es mucho más.

Por todo esto no somos fanáticos ni queremos imponer nuestro criterio, pero decimos que hay que tener en cuenta todas las contradicciones que existen en el sector, los desgarros y la brutal dependencia de las actitudes que se asuman desde el Estado. Temo que una manera de resolver esta cuestión hacia el futuro sea desentenderse del problema; algo así como decir "no pongo a nadie, tengo un Estado nominal y, por lo tanto, que se arreglen". Eso equivale a decir que se liquide.

Pienso que el Estado tiene que asumir su responsabilidad. Es claro que puede haber otra forma y otras variables. Esta iniciativa será discutida en la otra Cámara. Pero que quede claro que aquí no hay ningún acto de fanatismo, sino un acto consciente de esa responsabilidad que acabo de mencionar.

SEÑOR LONG.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR MUJICA.- Con mucho gusto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede interrumpir el señor Senador.

SEÑOR LONG.- Señor Presidente: creo que la intervención del señor Senador Mujica le ha dado otro giro al debate sobre este artículo, lo que me parece importante.

Más allá del hecho de compartir o no los argumentos específicos expuestos por el señor Senador, considero que su intervención centra el tema, digámoslo así, en la mejor manera de tomar las decisiones en un sector que, al igual que casi todos los sectores productivos, es complejo, aunque debemos reconocer que el que hoy nos ocupa lo es particularmente.

Sin duda, se ha destacado la importancia que el Estado tiene en esta toma de decisiones, en un mundo que es particularmente competitivo en el sector vitivinícola. Si bien es cierto que adoptamos resoluciones que -a mi entender- le dieron un nuevo giro a dicho sector a partir del año 1992, también lo es que en otras partes del mundo también se tomaron decisiones en esta materia como, por ejemplo, en Chile -que desde hace un tiempo ya venía en esa dirección-, Estados Unidos -concretamente, en California-, Argentina -que tuvo una reconversión muy grande del sector-, Sudáfrica, Australia, etcétera. En definitiva, todos los vinos del nuevo mundo -entre ellos el nuestro- inundaron el mercado, y ciertamente el destino podría haber sido distinto si otros hubieran jugado de manera diferente. Pero, en realidad, se registró un gran crecimiento en el sector aunque, lamentablemente, a nosotros no nos correspondió una parte importante de esa torta.

Ahora bien, estamos ante argumentos totalmente distintos: uno es pensar en si conviene o no una mayor o menor presencia del Estado en esta materia, y otro, diferente, es el que también se manejó aquí -y que el señor Miembro Informante volvió a mencionar hace unos instantes- en el sentido de que el sector privado administró mal todo esto y por eso hay que quitarle la administración. Personalmente, considero que el tema es mucho más complejo y, justamente, la intervención del señor Senador Mujica mostró esa complejidad. No es cuestión de estigmatizar al sector y quitarle toda participación, sino de ver el tema, reitero, en toda su complejidad.

Por lo tanto, recojo dos referencias concretas hechas por el señor Senador Mujica: no encerrarnos en una fórmula, y buscar, ya sea en esta Cámara o en la de Representantes, otras alternativas -puede haberlas- que den mayor participación al sector productivo. Personalmente, me aferro a lo que el señor Senador expresó en su intervención, considerando que elimina de plano una cantidad de cosas que se dijeron antes y que iban directamente a estigmatizar a personas y sectores. La razón central por la que se iba a cambiar esto era esa, en definitiva, pero creo que de ninguna manera puede ser así. En todo caso, la razón central debe ser de otro tipo, de otra índole y con otro peso; también podría ser la que expresó anteriormente una señora Senadora, relacionada con la forma de elección, aspecto también importante porque a todos nos preocupa la transparencia. De cualquier manera, reitero que se trata de dos géneros de argumentos completamente distintos.

SEÑOR PRESIDENTE.- Puede continuar el señor Senador Mujica.

SEÑOR MUJICA.- He finalizado mi intervención, Señor Presidente.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: quien habla no es particularmente muy afecto a este tipo de institutos. Considero que, en términos generales, los sectores privados deben antes que nada autorregularse, autoorganizarse y autogobernarse.

Es cierto que en determinadas circunstancias o bajo determinados aspectos de la realidad, aparece lo que en la teoría económica se denomina "la externalidad", que puede ser positiva o negativa. ¿Qué significa esto? Que quien produce o vende no se apropia de todo el beneficio o no paga todos los costos. Por lo tanto, cuando hay cierta externalidad, es posible que exista determinada intervención estatal; reitero que es algo posible, pero hay que tener en cuenta que a veces esa intervención es más costosa que la propia externalidad, sobre todo en términos de producción. Algo parecido a esto ocurrió en el año 1987, con la creación del Instituto. En aquel momento, cuando se planificó básicamente la reconversión del sector, se planteó el gran problema de que había un sector muy importante y diverso, esto es, centenas de bodegas y miles de viticultores. Allí se planteó toda una problemática, y realmente no era fácil unirse. Por lo tanto, la experiencia, como bien se dijo, le costó dinero al Estado o, mejor dicho, a los ciudadanos, a través de impuestos pero, de todas maneras, encontró su forma de progresar. Ese progreso fue razonablemente bueno hasta determinado momento, sobre todo en materia de calidad de producción, que le permite competir y formar escalas para poder exportar, no individualmente sino en conjunto, pues es claro que no se puede vender en escala de bodeguitas. Más allá de todo lo que se pueda pensar a priori, creo que el experimento fue exitoso o, al menos, relativamente exitoso.

Ahora bien, lo que dejo de compartir es que, veinte años después de aquella experiencia, sigamos prácticamente en lo mismo y continuemos pensando en que todavía tenemos muchos años más para delante. A su vez, esta es la razón principal por la que no me convence la nueva integración del Directorio, porque el Estado va a asumir muchas más responsabilidades que antes. Hasta ahora, si no había progreso ni posibilidades de exportar bien, o si se presentaban dificultades, los propios interesados eran los responsables porque dominaban el Instituto, y aun cuando es cierto que tienen recursos públicos afectados -algunos aportados por ellos mismos y otros por la ciudadanía en su conjunto, porque es sabido que determinados impuestos son pagados por ésta y no por el propio sector-, de todas maneras las posibilidades eran limitadas.

De cualquier manera, no me caben dudas de que este proyecto de ley tiene aspectos que son importantes y que mejoran y modernizan al Instituto. Creo que la rotación en el Directorio es algo bueno, así como también lo es la forma de elección. Sin embargo, no creo que sea buena la mayoría estatal ni tampoco creo que con una mayoría estatal se pueda hacer mejor o peor el control, porque éste igualmente se puede realizar no teniendo la mayoría.

Con respecto a la compra de las famosas camionetas, me gustaría que el señor Senador Saravia me dijera en qué año se produjo ese hecho. Estoy casi convencido de que me pidieron la exención de impuestos para comprar las camionetas al Instituto y me negué a hacerlo porque se iba a realizar con impuestos generales. Si los recursos fueran todos del sector, ellos mismos los podrían administrar y comprar lo que quisieran, a la vez que pagar los impuestos como cualquier ciudadano.

Entonces este híbrido tiene sus dificultades. En general, el Partido Colorado va a votar el proyecto de ley. Sin embargo, hay algunos aspectos que no nos convencen para nada y no los vamos a acompañar. En el primer inciso del artículo 12 se habla de los controles que se realizarán mediante determinados métodos analíticos para cumplir con la metodología internacional y con los estándares exigidos, lo que es algo correcto. Con respecto al inciso segundo, creo que comienza bien porque se dice que de registrarse disidencias "se podrá solicitar nuevo análisis a costo del interesado"; pero luego continúa una frase que parece un exceso para una ley y pienso que más bien sería para establecerla en un reglamento, más precisamente en un reglamento interno, porque se dice: "Dicho análisis se realizará sobre la muestra en poder del industrial, con excepción del análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas que se realizará sobre la muestra en poder del organismo". ¿Pero qué pasa si cambian los equipos o el tipo de muestras en un futuro? Como dije, esto es propio de un reglamento y, precisamente, en el artículo 11 se habla de dictar un reglamento interno y un reglamento general del Instituto, por lo que, en ese reglamento interno, se podrían establecer ese tipo de disposiciones que, reitero, parecen más propias de una reglamentación interna que de una ley. Esta es una solución concreta al proyecto de ley.

En el artículo 13 se dice: "El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos, reducir las primas de los seguros vigentes y ampliar sus coberturas y promover la reconversión". ¿Qué se quiere decir con "seguros vigentes"? En realidad, no se trata de seguros vigentes, que son los que tienen la prima al día, sino de los seguros que hoy se contratan, los que existen actualmente de manera efectiva en el mercado. Por tanto, creo que directamente habría que hablar de las primas de los seguros y buscar la ampliación de éstas, pues es mucho más abarcativo, general y correcto. Justamente en estos casos, en mercados incompletos como son los de los seguros, es más razonable la intervención del Estado imponiendo en ciertos casos seguros obligatorios, porque es la única forma de bajar las primas. De lo contrario, la selección adversa -propia de los mercados incompletos como los seguros o de los mercados donde hay enorme asimetría de información- hace que sólo se aseguren los más riesgosos y, por ende, las primas se vuelven impagables.

Por último, me voy a referir al artículo 15 porque no comparto dos de sus numerales: el 2 y el 5. Con respecto al segundo numeral, el señor Senador Mujica explicó por qué se establecía el máximo de rendimiento. Para mí es un problema de mercado y creo que no se pueden establecer rendimientos máximos; no se puede penalizar el progreso o imponer en qué nicho de mercado cada uno quiere estar. Si algunos países quieren penalizar el progreso o a los consumidores, como el caso de Francia, allá ellos. Francia sigue siendo lo que es, pese a haber hecho casi todo mal en los últimos 35 ó 40 años, sólo porque tuvo un excedente energético a través de la energía atómica y le pudo vender energía a toda Europa. De no haber sido así, Francia no sería nada a esta altura del partido. Creo que lo único que hizo bien ese país fue haber tenido un enorme excedente energético, porque todas las medidas del sector agrícola terminaron costándole un Perú.

SEÑOR MUJICA.- A nosotros.

SEÑOR ALFIE.- Y a ellos también.

SEÑOR MUJICA.- Cinco dólares per cápita el costo de la comida; se matan de risa.

SEÑOR ALFIE.- No vamos a discutir sobre otro país, pero los costos no se miden así. En realidad, señor Presidente, todas esas medidas terminan muy mal; terminan con costo para la sociedad. Entonces, si otras sociedades quieren pagarlos, allá ellas, pero nosotros no tenemos recursos excedentes para pagar este tipo de medidas.

El numeral 5 del artículo 15 habla de actualizar en forma automática la Tasa de Promoción y Control Vitivinícola. Creo que es absolutamente inconveniente establecer en una ley una forma tan rígida de control. Además, en este caso la ley es una orden y no una facultad. Estas cosas luego pueden quedar fuera de mercado o fuera de relación con el precio de venta del artículo, que es la forma como se mide. Al final, todo se traduce en determinado porcentaje del precio de venta o de los costos. Por tanto, me parece que no corresponde el numeral 5.

Vamos a votar en general el proyecto de ley y a proponer los cambios planteados, algunos de los cuales son de redacción. El artículo 5º no lo vamos a votar; en el artículo 12 vamos a proponer un cambio, así como también en el 13; finalmente, si el artículo 15 se vota en bloque, no lo acompañaremos porque no vamos a votar los numerales 2 y 5.

Estas son las consideraciones que nos merece este proyecto de ley y reconocemos que en su momento el Instituto -o la solución- fue algo bueno porque permitió la reconversión, se arrancaron las viñas viejas y obsoletas de cuajo, para plantar viñas nuevas más adecuadas, obteniendo una mejora en la calidad de los vinos uruguayos. Se pudo tener esperanzas -todavía existen- sobre cierta calidad de exportación y se logró que un sector importante estuviera relativamente unificado. Sin embargo, entendemos que en algún momento esto debe ser propio del sector privado y no del sector público. Mal que nos pese, si el sector público está presente puede controlar sin la necesidad de contar con mayorías, pero teniéndolas asume responsabilidades y problemas futuros, que creo son inconducentes e indebidos. Cualquier problema de precio o de zafra al final va a terminar con un subsidio mucho más grande que el que dimos hasta ahora porque la culpa la va a tener quien manejó el mercado y el sector, es decir, el sector público que tuvo la mayoría. Todos sabemos que los seres humanos queremos que las culpas siempre sean de otros y los méritos nuestros.

Era cuanto quería expresar, señor Presidente.

SEÑOR MUJICA.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: no siempre la teoría general se puede transplantar a cada uno de los casos particulares. Seguramente, los franceses tienen sus problemas y sus defectos, pero un campesino alemán me dijo: "Estamos vivos por el brutal ‘lobby’ de los campesinos franceses".

Lo que quiero señalar es que, en caso de disminuir la cantidad de racimos en la planta de vid, no se está coartando el progreso; se trata de trabajar para tener un vino de mejor calidad con una mayor concentración de los elementos activos. En realidad, siguen peleando por tener la calidad y por presentarle al mundo una botella cara de vino francés y, ¡oh, paradoja!, las bodegas que venden el vino más caro en el mundo son las pequeñas, las muy pequeñas. Puedo dar a los señores Senadores la dirección de un galponcito en el que se guardan vinos franceses que se compran en un remate a más de US$ 5.000 la botella, y que aun pueden valer más. Esos vinos están a la orden y son de bodeguitas casi medievales.

Quiere decir que lo de la teoría tiene sus excepciones.

SEÑOR ALFIE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?

SEÑOR PRESIDENTE.- Les pido a los señores Senadores que "endurezcan un poco el cuero" en cuanto a las alusiones y a las aclaraciones, porque la Mesa tiene en su poder una lista de oradores -el próximo anotado es el señor Senador Gargano- que se sienten postergados. Pediría entonces que hagamos un esfuerzo para no sentirnos tan aludidos y no tener la necesidad de aclarar todo. ¿Me ayudan en esto, señores Senadores? En todo caso, el señor Senador Alfie, que ha sido tan colaborador con la Mesa, puede pedir una interrupción para hacer la aclaración más adelante.

Tiene la palabra el señor Senador Gargano.

SEÑOR GARGANO.- En verdad, lamento que me hayan cambiado de Comisión, porque durante veinte años integré la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca y trabajé intensamente en este tema. Durante ese lapso escuché las opiniones de los bodegueros y viticultores, así como de las autoridades del Ministerio respectivo por lo que, reitero, lamento no continuar integrando la Comisión ya que podría estar mucho más interiorizado del contenido de este proyecto de ley, que acompañé en general con mi firma cuando lo envió el Poder Ejecutivo.

De todos modos, se me ocurren algunas preguntas y reflexiones que deseo plantear en este debate.

Fui uno de los que promovió la creación del Instituto Nacional de Vitivinicultura -porque era Legislador en 1987-, propuesta que fue traída por el sector privado, no por los grandes bodegueros, sino por gente de La Paz y de Las Piedras, pequeños y medianos productores que creían necesario crear una institución que controlara el desarrollo del sector y que apuntara a su reconversión y protección.

A este respecto, conviene hacer un poco de historia. Este INAVI es producto cercano de lo que fue la destrucción que sufrieron los viñedos como consecuencia de la tempestad y del granizo de noviembre de 1984. Entonces se creó una Comisión Nacional -creo que se llamaba "8 de Noviembre"- que surgió para promover la ayuda del Estado a aquella gente que había sido afectada, con el fin de que pudiera volver a producir, ya que en algunos lugares la destrucción había sido prácticamente total. En aquel momento todos los sectores acompañaron la iniciativa; el Frente Amplio era minoría, pero en el año 1987 apoyó la creación del INAVI que se introdujo en la Rendición de Cuentas -si no me equivoco- porque fue la oportunidad que se vio para conseguir que se aprobara rápidamente.

Estoy convencido de que esa medida fue un acierto y que durante bastante tiempo el Instituto cumplió una función de disciplinamiento interno del sector, de mejoramiento de la calidad del producto, de reconversión de los viñedos y demás. Naturalmente, esto se llevó a cabo con la ayuda de la sociedad, porque los que compramos una botella de vino pagamos una tasa que es la que ha financiado la reconversión y el mejoramiento de la calidad del producto y el desarrollo del sector.

La discusión de este tema trajo a colación otro asunto que se ha mencionado recién. Nos encontramos con la posibilidad de votar una ayuda al sector porque el granizo o el ciclón destruyó las viñas; entonces, planteamos la necesidad de estudiar el tema y mi sector, el Frente Amplio, presentó un proyecto de ley de seguro obligatorio. Sin embargo, este no fue aceptado por los otros partidos porque, como bien se ha dicho aquí, el seguro privado para este tipo de contingencias es prácticamente impagable; la prima que se exige es tan alta que la gente no lo contrata. Por lo tanto, prefiere correr el riesgo y se pasa mirando al cielo para que no caiga granizo o no haya una tempestad que arruine la cosecha. En definitiva, no se ha logrado concretar esta medida, aunque creo haber escuchado que ahora se ha presentado un proyecto de ley que establece el seguro agrícola obligatorio. Eso es muy importante porque se trata de una medida que no sólo es beneficiosa para este sector, sino para todos los que en nuestro país trabajan en el ramo agroindustrial que, como sabemos, es capital para la nación.

Además de esto, el Instituto promovió, con ayuda de la Facultad de Agronomía y de la experiencia internacional, la reconversión del sector. Voy a mencionar algunas cosas, nada más que para traerlas a la memoria de los señores Senadores. Durante mucho tiempo en este país se plantó la viña en los valles porque se creía que era donde estaba la tierra más fértil, donde crecían más rápido las plantas y, por lo tanto, donde se obtenía un rendimiento mayor. Luego, al ser estudiado detenidamente el tema y analizado en base a la experiencia internacional, se comprobó que el mejor lugar para plantar la viña no era justamente el valle, sino más bien la colina, donde la helada no la podía afectar. Hasta hubo algunos científicos uruguayos que trabajaron intensamente en el tema, como el ingeniero Guarga, y estudiaron mecanismos para defender los viñedos de la helada inventando un método que consiste en una especie de calefactor, que ahora está patentado y se vende en todo el mundo. Pero el origen de todo esto surgió, precisamente, de la discusión que se generó en torno a este sector productivo.

De modo que hay muchas cosas que se estudiaron y que resultaron para bien. Supongo que el ex Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca -que hoy está en el Senado- o el Miembro Informante de este proyecto de ley, me podrán decir cuántas hectáreas de viñedos hay plantadas actualmente en nuestro país. No tengo una idea muy clara, pero en determinado momento se habló de 5.000 o de 7.000 hectáreas, aunque no sé si aumentaron y llegaron a 10.000 o a 15.000. Sé que son de mejor calidad y que los préstamos que se dieron permitieron traer desde Europa cepas de mejor calidad. Voy a decir -"de paso, cañazo"- que me parece necesario explicar que en Francia se hace cortar la mitad del racimo para mantener la calidad y evitar la sobreproducción. Este mecanismo se hace con el subsidio del Estado porque los vitivinicultores franceses son iguales a todos los productores agrarios e industriales y es gente que busca obtener ganancia; si pierde plata, no trabaja en esta materia ni en ninguna otra.

Recuerdo una conversación que tuve con Ferreira Aldunate, en la que me comentaba las razones por las cuales no había funcionado, durante su exilio, el plan que se había elaborado en la CIDE -estoy apelando a mi memoria, aunque creo no equivocarme- para incrementar la producción agropecuaria; asimismo, por qué no era viable que los productores no elevaran la producción de carne por hectárea como estaba planteada, y por qué no invertían más dinero en la creación de praderas artificiales que permitieran el desarrollo de esa actividad. Al final del razonamiento me dijo que este plan no había funcionado y la conclusión a la que llegué es que no invertían porque no les convenía. Entonces, como no obtenían ganancias, no invertían y no mejoraban las pasturas ni hacían las praderas artificiales. Es decir que el proyecto quedó en la nada porque no era rentable para el productor.

Creo que en general este sector trabajó bien y no lo hizo solo, ya que se implementó el Programa Recursos Naturales y Desarrollo del Riego (PRENADER) que ayudó bastante a que el sector tuviera agua cuando lo necesitara, construyendo estanques en los predios. Esto lo puedo decir porque lo he visto y seguido de cerca. Durante mucho tiempo estuvo al frente del PRENADER el ingeniero Diego Payseé, que trabajó intensamente con subvención y apoyo del Estado. Si bien se han hecho cosas importantes, creo que hay que hacer más para posibilitar un mejor desarrollo en el futuro.

Según me dijo el Miembro Informante, se hizo una auditoría -que, al parecer, leyó en parte- que me llena de asombro, ya que me pregunto por qué no fueron presos quienes prácticamente robaron. Como Canciller que fui, puedo señalar que cuando uno o varios funcionarios salían a hacer una gestión junto con el Ministro y tenían que comer afuera, se les hacía un vale pero se les exigía presentar la boleta correspondiente; si no lo hacían, la Contaduría del Ministerio no les aceptaba la rendición de cuentas que hicieran. Entonces, en el caso que se menciona, quisiera saber cómo, a pesar de las auditorías que se hicieron y teniendo conocimiento de lo que ocurría, nadie fue preso.

¿Cómo se compraron y vendieron camionetas? Seguramente, lo habrán realizado anotándolo en papel de estraza, teniendo en cuenta lo que dice en el informe de la Auditoría. Se trata de camionetas que, supongo, costarían US$ 20.000 o US$ 30.000. Entonces, me pregunto cómo es que no se ha hecho en relación a esto. ¿Cómo no se mandó el informe de la Auditoría a la Justicia para que indagara si había o no delito cometido? Me parece muy bien no tirar basura contra el ventilador y ensuciar a todo el mundo, porque aquí hay un responsable que hay que meter preso.

Sé muy poco de la economía de este país, pero tengo una cantidad de años y conozco mucha gente que trabajando en la tierra ha hecho buenos negocios y otros que prácticamente se han fundido. Esto ha sido así, no porque les hayan robado, sino porque les fue mal en la administración de sus empresas y en la colocación de sus productos. De modo que aquí hay que investigar y, en ese sentido, voy a proponer un aditivo para que el informe de la Auditoría que se realizó, sea enviado a la Justicia para que se castigue y sancione a quien corresponda.

Me parece muy bien que el Estado tenga una intervención mayor. Estoy a favor de la participación del sector privado. De pronto la solución está por el lado del planteo del señor Senador Mujica. Si quieren vamos a darle mayor participación, pero la solución final -es decir, la adopción de decisiones- sea tomada por un número determinado de votos y, en caso de que no se pueda obtener, esté a cargo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El responsable final será el que tendrá que poner la cara cuando se vean los resultados. Como vemos, hay soluciones, y no creo que sea bueno terminar con la experiencia o coordinar las acciones de forma de liquidar la participación.

Me llama la atención -pido al Miembro Informante que me escuche, porque seguramente tendrá que tomar nota de esto- el mecanismo que se emplea para la reglamentación de la elección directa. Hay que hacerlo con mucho cuidado, porque puede haber nombres que se repitan. En su informe, el señor Miembro Informante señaló que había gremiales que tenían entre treinta y sesenta integrantes. Entonces, es preciso analizar el porqué de ese número y reglamentar el mecanismo para que no tengan preeminencia en la decisión de asuntos tan importantes siendo tan pocos. Por otra parte, hay que evitar que los intereses de los grandes productores, bodegueros, viticultores, monopolicen el funcionamiento del Instituto. Por consiguiente, la reglamentación tendrá que ser muy cuidadosa; no alcanza con votar.

Me dieron un argumento que voy a repetir en voz alta, que es el siguiente. No basta con que se vote una vez, se nombre un delegado y éste quede librado a su suerte; hay que determinar cómo da cuenta a la gremial que lo designó porque, de lo contrario, de qué sirve que esté allí electo por voto directo si no tiene ningún mecanismo por el que dé cuenta sobre lo actuado a la gente que lo votó. Esto es muy importante; no es como el voto general para elegir Legislador o Presidente de la República, a quienes se los juzga por el resultado de su gestión. Por el contrario, aquí se va controlando año a año o mes a mes lo que se hace y las decisiones que se toman, porque si el precio de la uva se fija mal, si la comercialización está mal hecha o los grados de alcohol por litro de vino no son los admitidos, eso afecta en general a los más débiles, ya que los productores más grandes siempre tienen una manera de acomodarse. De modo que pediría que se prestara mucha atención a la reglamentación de la ley, porque más allá del análisis del artículo que establece el voto directo, quiero que ese voto dé resultado y tenga el objetivo de que quien ha sido electo se sienta vigilado por aquellos que lo eligieron. De lo contrario, no serviría para nada la elección por voto directo.

Si es menester que se mejore o que se busquen fórmulas para eliminar algunos de los problemas que hay, estoy dispuesto a acompañar eso. De todas maneras, lo que creo que no es discutible -y debe ser considerado por el Senado y enviado al Ministerio respectivo- es que los datos proporcionados por la auditoría acerca de las irregularidades financieras son brutales y deben pasar a la Justicia para ser sancionadas. Si nos enteramos de estas irregularidades y no hacemos nada, van a seguir existiendo. Tal vez el señor Miembro Informante pueda recordarnos la fecha de la auditoría.

SEÑOR MUJICA.- La pedimos nosotros.

SEÑOR SARAVIA.- Se realizó al 31 de diciembre de 2005 y llega hasta el año 2001, con relevamientos anteriores. El último informe es de 2006.

(Dialogados)

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa solicita que los señores Senadores eviten los dialogados.

SEÑOR GARGANO.- Entonces, esto no admite la menor demora.

Es cuanto quería manifestar.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Voy a ser muy sintético, porque lo que quería expresar ya lo ha explicitado en forma muy extensa el señor Senador Mujica. Por otra parte, conocimos sus argumentaciones durante los tres años que compartimos con él las reuniones del Consejo de Ministros y las tareas del Poder Ejecutivo. Comparto lo expuesto por el señor Senador y voy a acompañar este proyecto de ley con mucha convicción porque creo que atiende, en lo medular y en lo sustantivo, los aspectos básicos que tienen que ver con una industria que si bien no tiene aún los resultados esperados, puede llegar a alcanzarlos si se actúa con inteligencia y con coordinaciones suficientemente lubricadas.

Desde ese punto de vista, lo sustantivo no es tanto el artículo 5º; más allá de que se insiste en las mayorías, éstas se usarían para el caso de que existiera empate en determinada decisión. De todas maneras, creo que esto está suficientemente complementado con la participación a través de procedimientos compartibles como la Junta Consultiva y Asesora, a los efectos de tratar de superar ciertas dificultades surgidas por intereses contrapuestos, como los que se manifiestan en este sector. Lo auténticamente más esperanzador -por lo menos en mi opinión- es el artículo 2º, en lo que tiene que ver con las atribuciones de este nuevo Instituto vitivinícola: promover el desarrollo de la vitivinicultura; asesorar a viticultores e instituciones públicas en el manejo del cultivo de la vid y su explotación racional; organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, etcétera, y promover y divulgar -subrayo simplemente algunos incisos- la aplicación de las normas internacionales de calidad, porque ahí está la base de lo que el Uruguay puede proponer, ya sea en este ámbito como en otros de similar potencialidad. De todas formas, no se puede dejar de reconocer que en materia de lechería y de arroz, el Uruguay -un país tan pequeño en población y territorio- ha llegado a constituirse en exportador de primerísima importancia dentro del contexto mundial. También hay que destacar que, a raíz de los avances sustantivos que ha habido gracias a la capacidad emprendedora y a cierta audacia por cierto no aventurera que han tenido algunos de los empresarios vitivinícolas -promoviendo calidades insospechadas en los últimos quince o veinte años- consiguiendo que varias bodegas hayan llegado a obtener premios internacionales importantísimos.

Por lo tanto, si este Instituto actúa bien y si realmente la conjunción entre el ámbito público y el privado se da en forma coordinada, creo que podría superarse en gran medida la acotada capacidad e incidencia que todavía tienen los vinos uruguayos -a pesar del notorio avance que han tenido en su calidad- en el contexto exportador. Confío en que con una transformación como la que aquí se propone, podamos ver mejoras sustantivas también en ese terreno.

Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Quisiera recordar que cuando se comenzó a discutir en el Senado el proyecto de creación del MERCOSUR y desfilaron todas las instituciones públicas y privadas para emitir su opinión, una de las preocupaciones más marcadas era la de saber cómo se iban a reconvertir determinados sectores de la producción nacional y en particular el vitivinícola. Nos preguntábamos cómo iban a asumir la competencia ya que se verían enfrentados a mercados como, por ejemplo, el argentino, que tiene una presencia muy importante, sobre todo teniendo en cuenta una pequeña y mediana industria uruguaya que tenía un gran impulso pero que, desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, no representaba un grado de competencia muy fuerte.

El tiempo fue transcurriendo y vimos que el esfuerzo que hizo el sector vitivinícola se mostró en un proceso de reconversión que hoy, de alguna manera, reconocemos todos. Además, tiene una presencia en el mercado internacional que no es cuantitativamente significativa, pero compite con productos que tienen una importantísima vida comercial y antecedentes muy claros.

Se sabe muy bien que tanto el mercado interno como el externo son elementos complementarios en un proceso de apertura, y que si el vino o algún producto no es bueno en el mercado interno, a la larga el producto que viene de un tercer mercado, dada la competencia que se abre, lo desplazará o por lo menos lo limitará. Esto lo hemos venido observando en todos los ámbitos de la economía nacional. Ya no hay posibilidades de que la economía se cierre ni de utilizar elementos o instrumentos que proporcionen un proteccionismo total que sólo lo pueden tener los países desarrollados, porque no es un problema de políticas sino de tesorerías, es decir, de cuántos fondos tiene cada Estado para poder subsidiar y mantener determinadas unidades productivas a costa de subsidios cruzados que se dan respecto de la sociedad.

Este tema está muy vinculado a un instituto que es una persona pública no estatal, representada tanto por el sector público como por el privado, y que tiene características muy especiales, porque se trata de productores rurales y bodegueros que, incluso, tienen un origen de carácter demográfico muy marcado en diversos aspectos y muchos de ellos son tradicionales productores familiares, que saben producir vino de acuerdo a como pueden y a los que a menudo les cuesta ajustarse a los nuevos requerimientos ya que se trata de una actividad que se trasmite de generación en generación. De todas formas, estos productores saben que administrar en forma conjunta un instituto no es fácil y, por tanto, trasladar a la organización un sector "persona pública no estatal" en convivencia con el sector público también es distraer de alguna manera muchos de los esfuerzos que los productores hacen en su actividad diaria y alejarse de su hábitat natural para poder incorporarse a una administración de carácter conjunto. De alguna manera, esta transformación se ha venido marcando en forma muy directa. Todos sabemos que la única manera de competir es adquiriendo niveles de competitividad. Precisamente, la competitividad tiene cuatro elementos que son absolutamente indispensables: precio, calidad, marca y continuidad. Se puede tener muy buen precio, marca y calidad, pero si no se pueden atender los reclamos de un mercado en forma continua, éste se pierde. Esto muestra que la continuidad es tan importante como tener buena calidad o un producto que se pueda vender en forma ajustada en el mercado.

Estas palabras son a modo de reflexión, porque este esfuerzo de reconversión también está vinculado a los productores. Más allá de lo que se pueda investigar y analizar, confieso que no me parece conveniente que la exposición de motivos del Poder Ejecutivo tenga como fundamento el hecho de haber encontrado una auditoría con resultados negativos. No se puede cambiar la naturaleza o la visión de determinado organismo simplemente porque se ha visto que algunas administraciones no han funcionado adecuadamente, claro está, más allá de las responsabilidades que se hagan jugar. Además, lo que se busca es actualizar y modernizar el Instituto, y no estigmatizar a determinados sectores que, precisamente, son los pequeños y medianos productores que tiene el país, muchos de cuales son los que más necesitan el respaldo para insertarse o sobrevivir en el mercado nacional.

Teniendo en cuenta esa salvedad, creemos que es importante que los proyectos de ley no tengan un sentido negativo ni busquen identificar quién se equivocó sino, por el contrario, traten de identificar cuál es la mejor dirección u orientación a seguir. En ese sentido, sí podríamos comenzar a discutir el contenido del artículo 5º, pero no en relación a quién tiene mayoría o minoría, porque a ello se le puede encontrar una solución. Inclusive, a tales efectos, pensamos que la respuesta que ha dado el señor Senador Mujica podría ser manejada en una instancia de alzada por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, o que en la propia Cámara de Representantes se pueda ir profundizando en la discusión de este tema.

Sí es importante rescatar que los intereses sectoriales no deben representar la visión nacional del país. La suma de todos los intereses sectoriales nunca representa el interés nacional, que tiene una determinada visión y una forma de expresarse que debe prevalecer en muchos aspectos, porque eso es lo que define a un país institucionalmente serio; me refiero a la forma de conducir los distintos intereses contradictorios y competitivos. Esto es muy importante porque, precisamente, hace a la función del Estado. No queremos que el Estado tenga una teocracia de tal naturaleza que simplemente sea el que fije las reglas del mercado. El Estado debe ser orientador, regulador y garante. Cuando es orientador, define las prioridades de un país y evita que las visiones diversas de los intereses sectoriales terminen siendo una lucha de "chacras" institucionales, como sucede en muchas de las expresiones políticas y económicas del país. Y esas chacras institucionales no son simplemente una confrontación entre el sector privado y público. A veces son más graves las confrontaciones dentro del propio sector público, tal como lo confirman las expresiones que venimos escuchando sobre las chacras institucionales a la hora de plantearse la autonomía de algunos órganos públicos de cara a la situación energética a la que nos estamos enfrentando: el propio Gobierno, con clara alusión, y dirigentes de primera línea responsabilizan por su conducta a una chacra institucional -como la UTE, por ejemplo-, separada del interés general en la aplicación del rumbo que debe seguir el país.

Esto es lo mismo, señor Presidente, pues se trata de una persona pública no estatal. El sector privado es muy importante; tiene que competir y desarrollarse. A su vez, el sector público debe entender que no puede estar ajeno a las direcciones y a las funciones del sector privado. Si nosotros le damos una autonomía de tal naturaleza a cada instituto para que se maneje en forma diferente, entonces vamos a hacer -como me gusta decir siempre- el tamaño del cuerpo de acuerdo al dibujo del dedo que hacemos.

Por lo expuesto, creo que es atendible una actualización del INAVI. Es muy importante ir profundizando la forma de insertarlo dentro de las decisiones políticas, que necesitan coordinación institucional y, sobre todo, liderazgo, no desde el punto de vista político sino para decir a los distintos actores que se integran adónde quiere ir el Uruguay o determinada orientación o proyección del Poder Ejecutivo, en la que deben ajustarse los diferentes intereses sectoriales, porque de ello se hace el país.

Entonces, creo que es importante rescatar, no sólo en este tema sino en otros, una reflexión sobre la importancia que tiene una visión nacional del interés general y lo que significa ajustar -sin destruir- el concepto de iniciativa privada y de competencia a los intereses nacionales, que son parte del proyecto estratégico del país.

Sin perjuicio de todas estas discrepancias que podamos tener -inclusive sobre algunos artículos-, pensamos que los análisis técnicos o químicos a los que se hace referencia deberían ser objeto de la reglamentación; inclusive, creemos que algunos de ellos no deberían estar en la iniciativa. La filosofía de encauzar este proyecto de ley ayudaría si no se buscaran víctimas todos los días y se intentara mejorar el Estado en su proyección y en la fijación de las políticas.

Por lo expuesto, vamos a votar en general el proyecto de ley, más allá de algunas discrepancias. Recalcamos que el interés general siempre es más importante que el sectorial, ya sea que se trate de empresas públicas, corporaciones o algunos actores que creen que sustituyen el país cuando tienen actividades importantes.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE.- No habiendo más oradores inscriptos, damos la palabra al señor Senador Alfie a efectos de que pueda hacer la aclaración que ha solicitado.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: conozco cómo funcionan las cosas cuando se busca hacer menos volumen y se cortan determinadas viñas, se las ralea para obtener mejor calidad. Creo que el sector privado conoce ese tema. Es cierto que en Europa, más precisamente en Francia, existen las llamadas "bodegas boutique". Los establecimientos tienen sus propias bodegas que funcionan como una especie de boutique y venden productos exclusivos a precios elevados. Lo que ocurre es que cada uno entra en el mercado al que quiere ingresar y no se puede obligar, mediante una ley general, a que todo el mundo entre en tal o cual mercado, porque quizás eso no lo pueda lograr o no le interese. Me parece que los privados conocen mejor que el sector público dónde aprieta el zapato y qué es lo que más les conviene.

Muchas gracias.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Saravia, para su exposición final.

SEÑOR SARAVIA.- Vamos a ser breves, y al final de nuestra exposición haremos una propuesta para votar este proyecto de ley.

Queremos mencionar algunos aspectos y, en cierta forma, dar respuesta a las inquietudes de algunos señores Senadores -sobre todo a la del señor Senador Alfie- con respecto al artículo 15. Me parece que es interesante mencionar por qué figura esto en la ley y por qué se toman determinadas medidas en el Uruguay con respecto a la regulación por hectárea. Si bien es cierto -y así ha ocurrido en los últimos años en el Uruguay- que el tema del vino y la uva ha sido un elemento fundamental para la creación de mano de obra y de trabajo, también es verdad que a partir de la década del sesenta empezó a caer en el país la producción por hectárea y a bajar notoriamente los resultados. Es así que el Instituto se crea con el cometido de desarrollar políticas para recuperar un sector que venía en caída libre por hectárea y por bodega. En definitiva, el mundo, la economía global e, inclusive, la propia integración al MERCOSUR, no pudieron detener esa caída. La competencia del mercado global y los parámetros internacionales también fueron dañinos para el sector. Por ese motivo, ha sido altamente subsidiado en el control de los vinos que ingresan desde la región, en particular del MERCOSUR -tal como lo mencionaba el señor Senador Mujica- a través de políticas sectoriales directas instrumentadas por el Poder Ejecutivo durante muchísimo tiempo. ¡Si habrá destinado fondos a este sector el propio Senador Alfie cuando fue Ministro de Economía y Finanzas!

A continuación se establece una reglamentación interna de protección al sector. Me parece bueno que esto se incluya, por cuanto es un sector que, por su complejidad y su sistema de producción, realmente necesita esa protección para poder desarrollarse. Por cierto, en él se generan muchísimos puestos de trabajo. Hice mención a 12.000, que es la cantidad aproximada que hay actualmente, pero, en definitiva, involucra a más de 2.000 familias -que viven afincadas en sus bodegas o en sus predios-, entre viticultores, bodegueros y algunas industrias acopiadoras que compran el vino y después lo venden a granel. Con este dato ya tenemos un parámetro familiar muy importante. Sin embargo, también debemos tener en cuenta los empleados directos y toda la cadena de distribución, venta, publicidad y promoción, así como las actividades realizadas en forma conjunta con el INAC en distintos restaurantes y hoteles importantes de nuestro país.

En síntesis, este sector genera mucho y, por esa razón, es necesario protegerlo e incentivarlo. Para ello es importante que el Estado esté presente permanentemente, regulándolo, impulsándolo y controlándolo y, en tal sentido, en lugar del Consejo de Administración, se crea un Directorio que, a nuestro entender, es una estructura mucho más adecuada para la aplicación de las políticas que requiere el mundo moderno.

Ahora me voy a referir puntualmente a tres o cuatro artículos y, posteriormente, voy a hacer una propuesta para la votación de este proyecto de ley.

Es real que para mejorar la calidad de la viña y elaborar mejores vinos se necesitan zarzos y podas más angostas, para que la luminosidad llegue al grano y, con la temperatura adecuada, este sea de mayor tamaño. Si durante el verano la temperatura es adecuada, se producen granos grandes de mejor cantidad y con un buen contenido de azúcares naturales, lo que contribuye a que no haya necesidad de recurrir a elementos artificiales que, en este momento, en el Uruguay están prohibidos y seguirán estándolo. Por lo tanto, el grado alcohólico se va a tener que aumentar con alcoholes vínicos o con mosto. Esa es la realidad.

Precisamente, Francia apuntó a ese mecanismo de producción, pero al mismo tiempo trató de reducir el stock, de modo de enfrentar las dificultades de comercialización en el mercado internacional. Al Uruguay le ocurre lo mismo con la diferencia de que acá se intenta tomar medidas, no solamente por un elemento fundamental como es mejorar la calidad del vino -los bodegueros, los vitivinicultores y los productores de uva conocen muy bien esta realidad y, por ello, cuando pretenden trabajar con el vino, unos apuntan al vino de mesa y otros a los vinos finos-, sino porque hay que tener en cuenta que la reconversión de la viña, que fue muy bien hecha y constituyó un elemento sustancial en la tarea del Instituto, trajo como consecuencia que de 7.000 u 8.000 kilos por hectárea se pasara a producir 35.000 kilos. De este modo, en el marco de un mercado internacional que apuntaba hacia otro lado, en nuestro país se generó un sobre stock de uva -no de vino, sino de uva-, que nos ubicaba en un nivel de creciente disposición de litros de vino en bodegas en contrapartida con un consumo interno que iba cayendo. El Uruguay exporta solamente el 3% del vino, el resto se dirige al mercado interno. Es así que producimos 90 millones o 100 millones de litros de vino por año, dependiendo de la producción de uva -algunos años alcanzó los 130 millones de kilos, pero hubo otros en que fue de 90 millones o 100 millones y este va a ser un año de baja producción- y en el mercado interno consumimos, en promedio, 86 millones.

Esto trae como consecuencia que el que vale es el mercado interno y, por esa razón y con esta reglamentación, también vale el vino que se produce como vino de mesa. En definitiva, el sector depende del mercado interno.

No se pretende frenar el desarrollo productivo, sino establecer por ley algo que ya se hace por decreto, pues desde el año 2004 el Poder Ejecutivo reglamenta todo lo relacionado con las prestaciones vínicas o la retención de vinos en bodega cuando se produce un sobre stock de vinos. Concretamente, se trata de hacer lo mismo que en otros países del mundo, como Argentina, Chile y Francia, que han reglamentado la producción de kilos por hectárea, sin prohibir que el resto de los 18.000 kilos por hectárea con un 10% de tolerancia -tal como lo fija el decreto actual- se transforme en vino. ¿Qué ocurre? En los hechos, el resto se transforma en vino, pero no tiene lugar en el mercado interno y, en consecuencia, se dirige a la exportación. Pero, en ese caso, va a ir a un precio de $ 4,80, tal como lo está pagando el mercado ruso, y ese precio está por debajo del costo de producción, ya que para un litro de vino se necesita un kilo y medio de uva que cuesta $ 6.

¿En qué radica la necesidad de plantearse esta estrategia, favoreciendo todo aquello que se logró con la reconversión de la viña? Se trata de que los productores puedan seguir produciendo 35.000, 20.000 ó 15.000 kilos por hectárea; que cada productor que elabora vinos finos pueda organizar su quinta, ya sea con 3.500 kilos de Tannat, o con 3.500, 6.000 ó 7.000 kilos de Cabernet para producir un vino de calidad, de grano grande, y que el resto, que defiende el valor de rentabilidad y cubre los costos internos de la empresa -destinados a esa producción- pueda tener un destino diferente. Es por esto que en el proyecto de ley se hace referencia a la promoción de otro tipo de industrias, haciendo alusión a los mostos concentrados. Esta es la salida rentable que tienen en nuestro país la vitivinicultura y otras producciones relacionadas con los alcoholes vínicos, que se emplean para aumentar el grado alcohólico y mejorar la calidad de los vinos. Por supuesto, también se incluye la exportación a granel, si es que se obtiene rentabilidad porque, en definitiva, exportar vino a $ 4,80 en lugar de $ 6 o $ 7 -que es el costo de la uva- no es rentable; si se me permite la expresión, diría que se exporta para que no quede de clavo.

En definitiva, este conjunto de disposiciones no pretende limitar el desarrollo de la vitivinicultura en el país, sino todo lo contrario, por cuanto se trata de generar una producción de vino importante que atienda las necesidades del mercado interno, con un precio estable y en un marco de competencia leal y, al mismo tiempo, que el resto, es decir la producción que está en los 18.000 kilos por hectárea con un 10% de tolerancia -tal como lo establece el decreto actual y que, si se aprueba este proyecto de ley, se regirá por ley y se reglamentará por decreto-, se destine a la elaboración de mosto concentrado, de mistela y de alcoholes vínicos y, por supuesto, a la exportación, de modo tal que no se vuelque al mercado interno con el perjuicio que ello implica.

Es muy importante desarrollar y promover una industria mostera en el Uruguay. En verdad, podríamos ser grandes competidores en el mercado mundial y en el mercado brasilero con mosto tinto, sobre todo, teniendo en cuenta que la Argentina lo es con mosto blanco. En ese caso, debemos prestar atención a lo que está haciendo Brasil al intentar promover su producción nacional: por ley y por decretos internos ha reglamentado que las bebidas gaseosas contengan el 20% de jugo natural, mientras que para la producción de Coca Cola común exige el uso de mosto concentrado para edulcorar.

Ese es uno de los elementos contenidos en este articulado, en el intento de mirar hacia el futuro y de contribuir con aquella reconversión de la viña que se encontró produciendo 35.000 kilos por hectárea en el marco de un mercado interno que no los consumía y de un mercado externo caracterizado por la competencia global, en la que se destaca Argentina.

Tenemos alrededor de 8.400 hectáreas plantadas en el Uruguay, mientras que en Chile la bodega que produce la marca "Concha y Toro" tiene 8.700 hectáreas. Reitero, sólo esa empresa tiene 8.700 hectáreas. ¡Si tendrán vino a granel para vender a bajo costo de producción y residuales de las plantaciones de uva! Quería mencionar este dato, porque en él se encuentra uno de los fundamentos de lo que se dispone en el artículo al que hacía referencia el señor Senador Alfie. A esos efectos, quería aclarar que en los anteriores Gobiernos el Instituto ya venía trabajando en esa línea porque debía enfrentar dificultades.

En lo que respecta al uso del espectrómetro de masas y a los análisis tan complejos que se llevan a cabo, debo decir que son aspectos técnicos que refieren al trabajo del Instituto, que cuenta con un muestreo y un registro interno que permite realizar una equiparación entre muestras en el caso de que un bodeguero no esté conforme con el resultado obtenido en otros institutos. En definitiva, el artículo 12 establece ese procedimiento por ley, de manera tal que no quede sujeto a parámetros demasiado amplios y que sea la máquina la que defina el resultado. Sé que los bodegueros plantearon que ese análisis debería poder hacerse en otros países, pero ese equipo, que es el único que existe en el país, pertenece al Instituto y, por cierto, costó mucho dinero -prácticamente US$ 500.000-, tal como figura en la Auditoría interna.

Nosotros hablamos del análisis oficial final, porque la máquina determina qué porcentaje de agua o de azúcar tiene el vino y así se puede sancionar a quienes le agregan elementos que no pertenecen a la vid para estirarlo o elevar su grado alcohólico. En realidad, el Ministerio entiende que se debe conservar esa máquina hasta que otro instituto cuente con una más moderna que permita comparar con otras muestras. Hasta ahora solamente se cuenta con una muestra. Algunos representantes propusieron hacer comparaciones con el exterior, pero esto no es posible. En el inciso final del artículo 12 del proyecto de ley sustitutivo, que modifica el artículo 11 de la Ley Nº 2.856, se establece: "Dispónese que la base de datos existente a efectos de la realización de los análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas, tiene carácter reservado al Instituto Nacional de Vitivinicultura". Esto deja en claro que los registros deben ser reservados y que, si decidiéramos llevar las muestras a la Argentina, donde hay varias máquinas, tendríamos que abrir nuestros registros y eso permitiría a los bodegueros de los países vecinos competir en forma desleal, puesto que conocerían los resultados de la estructura química de los vinos.

En lo que tiene que ver con lo planteado por el señor Senador Alfie, estamos totalmente de acuerdo con la corrección que propone en el artículo 13 con relación a los seguros. Nos parece adecuada y cuando consideremos ese artículo haremos la corrección correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Propongo que se suprima la lectura y se voten en bloque los artículos de este proyecto de ley, desglosando el 5º, que algunos señores Senadores votarán en contra, y el 13, para introducirle las modificaciones propuestas.

SEÑOR DA ROSA.- Solicito que también se desglose el artículo 6º.

SEÑOR ALFIE.- En lo personal, quisiera que se desglosaran los artículos 12 y 15.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consecuencia, quedan desglosados los artículos 5º, 6º, 12, 13 y 15.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en bloque los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º, 8º, 9º, 10, 11, 14, 16, 17 y 18, así como las disposiciones transitorias.

(Se votan:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 5º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 15 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 6º.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 16 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 12.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

En consideración el artículo 13.

SEÑOR SARAVIA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR SARAVIA.- Dado que el señor Senador Alfie fue quien propuso una corrección para este artículo, solicitaría que lea la redacción final.

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- La corrección es muy sencilla. El artículo 2º de la Ley Nº 16.311, citado en el artículo 13 de este proyecto, comenzaría diciendo: "El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos, reducir las primas de los seguros, ampliar sus coberturas y promover la reconversión de los viñedos", continuando tal como figura en el proyecto de ley. O sea que se eliminaría la palabra "vigentes" y la conjunción copulativa "y".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 13 con la modificación propuesta por el señor Senador Alfie.

(Se vota:)

- 24 en 24. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En consideración el artículo 15.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 24. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(Texto del proyecto de ley aprobado:)

"Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 141 de la Ley

N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 141.- Créase el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) como persona jurídica de derecho público no estatal, con domicilio en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones, para la ejecución de la política vitivinícola nacional.

El mismo estará exonerado del pago de tributos, y en lo no expresamente previsto en la presente Ley, su régimen de funcionamiento será el de la actividad privada, especialmente en cuanto al régimen de contabilidad y estatuto laboral. La Auditoría Interna de la Nación ejercerá la fiscalización de la gestión financiera del Instituto, con las más amplias facultades, debiendo elevarse a la misma la Rendición de Cuentas del ejercicio anual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) dentro de los noventa días del cierre del mismo. La reglamentación de la ley determinará la forma y fecha de los balances, cierre de los mismos y su publicidad.

El Instituto Nacional de Vitivinicultura quedará sujeto al contralor externo a cargo del Tribunal de Cuentas de la República de acuerdo a lo preceptuado por la normativa vigente."

Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 143 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 50 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, por el siguiente:

"ARTICULO 143.- Sus atribuciones y cometidos serán los siguientes:

a) Promover el desarrollo de la vitinicultura en todas sus etapas mediante actividades de investigación, extensión y divulgación.

b) Proponer al Poder Ejecutivo proyectos de ley vinculados a la vitivinicultura.

c) Estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados.

d) Incrementar, mejorar y promover la producción y distribución del material de multiplicación de la vid.

e) Asesorar con carácter general a los viveristas, viticultores e instituciones públicas, en el manejo del cultivo de la vid y su explotación racional.

f) Organizar la protección de los viñedos contra enfermedades, plagas, virus, granizo, heladas y otras causas que afecten notoriamente su proceso productivo.

g) Promover el desarrollo de industrias alternativas que utilicen como materia prima los productos derivados de la vid.

h) Promover el desarrollo de las cooperativas agrarias, de producción agroindustrial o de comercialización vinculadas a la vitivinicultura.

i) Promover y divulgar las cualidades de la uva y de sus derivados, propendiendo a incentivar el consumo.

j) Fiscalizar toda la actividad del sector velando por la correcta aplicación de la normativa vigente relativa a sus atribuciones y cometidos. A estos efectos podrá contratar los servicios técnicos de instituciones públicas o privadas y encomendarles la realización de análisis y otras tareas específicas, siempre que ofrezcan garantías suficientes de idoneidad en la materia, garantizando el control de la calidad bromatológica y genuinidad de los productos derivados de la vid.

k) Promover y divulgar la aplicación de las normas internacionales de calidad en materia productiva, industrial y de laboratorio.

l) Desarrollar por sí o a través de convenios con otras instituciones la investigación en todas las áreas impulsadas por la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), determinando en cada caso la obligatoriedad de las resoluciones por ella dictadas.

m) Determinar y aplicar las sanciones por infracciones a las normas legales que regulan la actividad vitivinícola. El monto de las sanciones y de las cuotas por convenios de pago que aplique o autorice el Instituto, será reajustado al momento del cobro efectivo por el procedimiento establecido en el Decreto-Ley N° 14.500, de 8 de marzo de 1976, generando el interés previsto en dicha norma desde el día siguiente a la notificación de la resolución respectiva.

n) Ejecutar las sanciones que imponga, a cuyos efectos los testimonios de sus resoluciones firmes, constituirán títulos que traen aparejada ejecución, la que se regirá en lo pertinente por los artículos 91 y 92 del Código Tributario. Son resoluciones firmes las consentidas expresa o tá-citamente por el sancionado y las que deniegan el recurso de reposición previsto en el artículo 151 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987.

o) Celebrar convenios de pago para el cobro de las sanciones que aplique y sus intereses."

Artículo 3°.- Deróganse los artículos 3° y 4° de la Ley N° 9.221, de 25 de enero de 1934 y cualquier otra disposición normativa que se oponga a lo dispuesto por el presente artículo.

El Poder Ejecutivo fijará anualmente el precio mínimo de la uva con destino a la vinificación teniendo en cuenta el asesoramiento preceptivo del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el que hará saber al mismo los costos de producción en función de los coeficientes técnicos.

Artículo 4°.- Modifícase el inciso primero del artículo 145 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 145.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), se vinculará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca".

Artículo 5°.- Sustitúyese el artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, por el siguiente:

"ARTICULO 146.- El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) será dirigido por un Directorio compuesto por seis miembros: tres delegados del Poder Ejecutivo, designados respectivamente, uno por el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca que lo presidirá, uno por el Ministro de Industria, Energía y Minería y uno por el Ministro de Economía y Finanzas y tres representantes que serán electos entre los viticultores y los bodegueros, acorde a la reglamentación.

Los miembros del Directorio permanecerán en sus cargos por un período de cuatro años. Vencido este término, los respectivos Ministros deberán realizar una nueva designación de sus delegados, teniendo presente que los mismos no podrán ser elegidos por más de dos períodos consecutivos. Sin perjuicio de ello, los delegados del sector público podrán ser cesados en sus respectivos cargos en cualquier momento por el Poder Ejecutivo, a instancias del respectivo Ministro.

Antes de cumplido el término de cuatro años a que se hace referencia en el inciso anterior, el Instituto Nacional de Vitivinicultura deberá convocar a elecciones a fin de elegir a los representantes del sector privado.

El contralor administrativo de la gestión de los representantes de los Ministerios será ejercido por el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores de la forma y con el alcance preceptuado por los artículos 197 y 198 de la Constitución de la República para los Directores de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, no siendo de aplicación el inciso tercero del artículo 198 de la Constitución.

Las resoluciones del Directorio creado en el inciso primero de este artículo se tomarán por mayoría simple. En caso de empate, el Presidente del mismo tendrá doble voto."

Artículo 6°.- Modifícase el artículo 147 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 147. Cada miembro de la actividad privada será electo con representante alterno, quien ejercerá automáticamente el cargo en ausencia del titular. El Poder Ejecutivo establecerá en la reglamentación lo relativo a sustituciones temporarias de los delegados del sector público."

Artículo 7°.- Modifícase el artículo 148 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 148.- El Poder Ejecutivo, mediante la reglamentación de la presente ley, determinará la forma de elegir a los miembros representantes de los sectores privados, los cuales deberán ser electos mediante voto directo, secreto y obligatorio ejercido por quienes Figuren en el correspondiente padrón que a estos efectos confeccionará y reglamentará el Instituto Nacional de Vitivinicultura, de las listas elaboradas por las gremiales de primer grado del sector. Todo ello acorde a la redacción dada por la presente ley al inciso primero del artículo 146 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987."

Artículo 8°.- Créase una Junta Consultiva y Asesora del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, la que tendrá carácter honorario. Dicha Junta estará integrada de la siguiente manera:

- Dos delegados de cada asociación gremial de primer grado de productores vitícolas y dos delegados de cada organización gremial de bodegueros, teniendo presente que estos delegados deben surgir de organizaciones que cuenten con una antigüedad de por lo menos dos años de funcionamiento.

- Dos delegados de la Asociación de Enólogos del Uruguay.

- Dos representantes de la Universidad de la República.

- Un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.

- Un representante de la Dirección Nacional de la Granja.

- Un representante de la Escuela de Enología del Uruguay.

Sus cometidos serán recibir información, plantear interrogantes y discutir los planes estratégicos del sector.

La Junta Consultiva se reunirá por lo menos dos veces al año con el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicul-tura.

La forma de designación de los distintos representantes será reglamentada por el Poder Ejecutivo en un plazo no superior a los sesenta días desde la promulgación de la presente ley.

Artículo 9°.- Modifícase el inciso primero del artículo 150 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 150.- El producto de la tasa de promoción y control vitivinícola será vertido en el Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)."

Artículo 10.- Modifícase el artículo 152 de la Ley Nº 15.903, de 10 de noviembre de 1987, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 152.- El Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, dentro de los sesenta días de su instalación, dictará su reglamento interno, el que fijará el funcionamiento del Instituto. Su presupuesto será determinado por el Directorio."

Artículo 11.- Son atribuciones del Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), las siguientes:

a) Dictar su reglamento interno y el reglamento general del Instituto.

b) Dictar los actos de gestión y administración interna del Instituto.

c) Adoptar las resoluciones del Instituto tendientes a alcanzar los cometidos que la ley le asigna.

d) Establecer pautas para la determinación de las sanciones conforme a las normas legales y reglamentarias en vigencia.

e) Dictar el estatuto del personal contratado por el Instituto. En todo lo que éste no prevea, regirán las reglas del derecho común.

f) Suscribir convenios con otras instituciones a fin de cumplir los cometidos que la ley asigna al Instituto.

g) Proceder a delegar en forma provisoria y fundada a instituciones públicas o privadas las atribuciones y cometidos del Instituto para su cabal cumplimiento.

Artículo 12.- Sustitúyese el artículo 11 de la Ley N° 2.856, de 17 de julio de 1903, por el siguiente:

"ARTICULO 11.- Los productos vitivinícolas nacionales e importados podrán ser controlados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), a través de los métodos analíticos que éste determine, tendientes a cumplir con la metodología internacional, en los laboratorios que reúnan los requisitos por él exigidos para la realización de tales análisis.

De registrarse disidencias con motivo del control de genuinidad de productos vitivinícolas analizados, se podrá solicitar nuevo análisis a costo del interesado, quien propondrá técnico habilitado e inscripto en el Registro de INAVI para que presencie la pericia, en la forma y condiciones que determine el Instituto. Dicho análisis se realizará sobre la muestra en poder del industrial, con excepción del análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas que se realizará sobre la muestra en poder del organismo. Sin perjuicio de ello, en el primer caso, el INAVI podrá aportar para ser analizada en el mismo acto, una de las muestras en su poder, tomándose en cuenta los dos resultados coincidentes en cuanto a si el producto cumple o no con las exigencias legales y reglamentarias, siendo este resultado definitivo.

Dispónese que la base de datos existente a efectos de la realización de los análisis de relación isotópica mediante el equipo espectrómetro de masas, tiene carácter reservado al Instituto Nacional de Vitivinicultura".

Artículo 13.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 2°.- El destino del Fondo será indemnizar a los viticultores afectados por fenómenos climáticos, reducir las primas de los seguros, ampliar sus coberturas y promover la reconversión de los viñedos y las plantas industriales elaboradoras, así como el incentivo de la exportación de los productos vitivinícolas, todo ello a través de los mecanismos que establezca la reglamentación."

Artículo 14.- Sustitúyese el artículo 3° de la Ley N° 16.311, de 15 de octubre de 1992, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 3°.- El "Fondo de Protección Integral de los Viñedos" será administrado por el Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI).

En adelante, cualquier referencia normativa a la "Comisión Honoraria Fiscalizadora" de este Fondo, se entenderá hecha al órgano "Directorio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI)".

Artículo 15.- Facúltase al Instituto Nacional de Vitivinicultura a:

1) Establecer en cada zafra, previo dictamen técnico, la fecha de enajenación y puesta en circulación de los vinos elaborados en el país, previo cumplimiento de los requisitos reglamentarios.

2) Establecer el rendimiento máximo de producción de uva por variedad y por hectárea, con destino a la vinificación para el mercado interno u otros destinos.

3) Determinar en cada zafra el grado alcohólico mínimo para la circulación de los vinos de acuerdo a su clasificación.

4) Determinar los productos enológicos autorizados para las correcciones.

5) Actualizar en forma automática semestralmente, en los meses de enero y julio de cada año, de acuerdo con la variación del Indice de Precios al Consumo (IPC), la Tasa de Promoción y Control Vitivinícola creada por el artículo 149 de la Ley N° 15.903, de 10 de noviembre de 1987, en la redacción dada por el artículo 1° de la Ley N° 16.757, de 26 de julio de 1996 y por el artículo único de la Ley N° 17.458, de 8 de marzo de 2002.

Artículo 16.- Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades de fraccionamiento de vinos, sidras u otros productos vitivinícolas, deberán inscribirse en un plazo de sesenta días a contar de la promulgación de la presente ley, en el registro que a esos efectos lleva el Instituto Nacional de Vitivinicultura, debiendo presentar la documentación que requiera dicho organismo.

Estas empresas fraccionadoras deberán cumplir con las normas que regulan al sector vitivinícola y el Instituto realizará las tareas de inspección y contralor relativas al cumplimiento de las normas y asimismo determinará, aplicará y ejecutará las sanciones por infracciones a las normas legales y reglamentarias, siendo de aplicación las sanciones previstas en el artículo 285 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996.

Artículo 17.- Deróganse todas las normas que se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 18.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor de noventa días a partir de su vigencia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

a) Las autoridades actuales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) permanecerán en sus cargos por el término de treinta días a partir de la promulgación de la presente ley. En este período los respectivos Ministerios deberán efectuar las designaciones de sus delegados a efectos de la integración del Directorio de la forma que ésta preceptúa.

Dentro del mismo período, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la elección de los representantes del sector privado.

b) A partir de la designación de los miembros delegados del Poder Ejecutivo y hasta tanto asuman en sus cargos los respresentantes de los sectores privados, los primeros actuarán en forma preventiva, con todas las potestades que se otorgan al INAVI en el artículo 2° de la presente ley, así como las atribuciones de gestión y administración del Instituto.

c) Transcurrido el período señalado en el literal a) de estas disposiciones transitorias, cesarán de pleno derecho en sus cargos los actuales miembros del Consejo de Administración del INAVI, pasando éste a constituirse con su nueva integración y denominación".

12) PROYECTO PRESENTADO

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un asunto entrado fuera de hora.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Long presenta un proyecto de ley por el que se crea el Sistema Nacional de Deporte y se establecen normas que lo regulan".

-A LA COMISION ESPECIAL DE DEPORTE

(Texto del proyecto de ley:)

"EXPOSICION DE MOTIVOS

La sociedad uruguaya vivencia una situación crítica vinculada a la pérdida de valores. El fortalecimiento del individuo en tanto ser humano física, emocional, espiritual y mentalmente equilibrado es fundamental para revalorizar esos valores éticos que se entienden abandonados y hasta olvidados.

El deporte parecería ser la clave que brinda la posibilidad de acceder a una formación integral, en la que se verifique el fortalecimiento de áreas básicas de la personalidad del individuo, tales como el carácter, la disciplina y la salud, lo que le permitirá avanzar en su superación personal y en el crecimiento espiritual y físico.

Hoy por hoy, el deporte se ha constituido en una de las manifestaciones sociales con más arraigo y capacidad de movilización y convocatoria.

Éste ha devenido en un elemento fundamental para el sistema educativo y su práctica es importante no sólo para el mantenimiento de la salud, sino para incrementar los niveles de calidad de vida de quienes lo desarrollan, habiéndose incluso transformado en un importante corrector de desequilibrios sociales.

No es ajeno a persona alguna que el deporte genera vínculos de igualdad entre los ciudadanos, creando hábitos que favorecen la inclusión social transversal y que su práctica en equipo favorece la solidaridad.

Siendo un proceso de acción participativa y dinámica, el deporte le facilita al individuo revalorizar la vida como una experiencia de superación y satisfacción por los triunfos obtenidos Por otra parte, facilita el desarrollo de sus potencialidades y de su realización, así como el mejoramiento de su calidad de vida.

Sin dudas es un elemento determinante de la utilización del tiempo de ocio en forma proactiva y participativa en las sociedades actuales.

El objetivo final de este Proyecto de Ley es determinar un marco jurídico normativo en el que deberá desenvolverse la práctica deportiva.

Así es que en el Título I se establece la definición de deporte que será adoptada en el proyecto como la definición legal del mismo, entendiéndose por tal a "la práctica metódica de ejercicios físicos". Se agrega además que: "Constituye la actividad física desarrollada por el hombre que busca contribuir a la formación y al desarrollo integral de la persona como miembro de la sociedad, mejorando su calidad de vida y el bienestar individual."

En el Título II, se establecen los principios rectores de la práctica deportiva entendiéndose por tales al principio de igualdad, principio protector, reconocimiento del deporte de género, así como la importancia de la formación académica de todos aquellos ciudadanos que elijan al deporte como actividad laboral.

Por el Título III, se regula lo que ha dado en denominarse "De las prácticas deportivas", estableciéndose una especificación de qué debe entenderse por cada una de las que allí se encuentran reconocidas, determinándose asimismo que no se trata de una enumeración de carácter taxativo.

En el Título IV se crea el Sistema Nacional de Deportes, que estará compuesto por: Centro Nacional del Deporte, Centros Zonales del Deporte, Comisiones Departamentales del Deporte y Fondo Nacional del Deporte. Se establecen las correspondientes integraciones de estos órganos, las condiciones para ser integrante y la duración de sus cargos, así como las competencias y funciones a cumplir por los mismos. También se regulan las fuentes de financiamiento y los denominados programas de becas educativas y deportivas para ciudadanos que por falta de recursos no puedan continuar con una u otra actividad siendo el deporte el centro sustancial de sus actividades.

Por el Título V se establece un subsidio especial al que tendrán derecho todos los deportistas que desarrollen la actividad deportiva en forma profesional y padezcan una enfermedad o lesión de tipo físico o mental de carácter permanente.

En el Título VI se regulan aspectos vinculados a la alimentación de los deportistas previéndose la importancia de incluir programas educativos que faciliten la comprensión de la trascendencia de la adecuada nutrición para la formación y el ejercicio deportivos.

Finalmente por el Título VII se establece una prohibición especial vinculada a la imposibilidad de efectuar ejercicios físicos con temperaturas extremas, excesivo calor o excesivo frío, con excesiva humedad o con tormentas eléctricas si la actividad es desarrollada al aire libre.

Montevideo, junio 4 de 2008.

Ing. Ruperto E. Long. Senador

PROYECTO DE LEY

TITULO I

DEFINICION DE DEPORTE

Artículo 1º.- Definición de deporte.- El deporte es la práctica metódica de ejercicios físicos.

Constituye la actividad física desarrollada por el hombre que busca contribuir a la formación y al desarrollo integral de la persona como miembro de la sociedad, mejorando su calidad de vida y el bienestar individual.

El desarrollo del deporte se puede efectivizar tanto en su calidad de deporte amateur o profesional.

TITULO II

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 2º.- Principio de igualdad.- Se reconoce a todas las personas el derecho a la práctica del deporte en forma libre y voluntaria.

Artículo 3º.- Principio protector.- El Estado garantizará el normal desarrollo del derecho al ejercicio de la práctica del deporte mediante políticas deportivas que deberán incluir entre otros aspectos:

A) Presencia del deporte en todos los niveles del sistema educativo.

B) Aplicación de medidas tendientes a la erradicación de la violencia en el deporte.

C) Protección del deporte y los deportistas de toda forma de explotación abusiva.

D) Coordinación de políticas sanitarias y deportivas.

E) Ejecución de programas especiales para la inclusión de los sectores sociales más desfavorecidos.

Artículo 4º.- Reconocimiento del deporte por género.- Se reconoce que la práctica deportiva es inherente a la personalidad humana sin distinción alguna de sexos entre las personas, pudiendo desarrollarse tanto en forma separada como mixta.

Artículo 5º.- El Estado promoverá planes de capacitación académica para todos los deportistas, siendo fundamental la participación de aquellos que asumieren al deporte como actividad laboral.

TITULO III

DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS

Artículo 6º.- Se reconocen como prácticas deportivas, entre otras:

A) Deporte escolar, secundario, universitario.

B) Deporte de reinserción social.

C) Deporte de la tercera edad.

D) Deporte adaptado.

E) Deporte amateur y profesional.

F) Deporte Laboral.

Artículo 7º.- Deporte escolar.- Se considera deporte escolar a la actividad deportiva desarrollada por escolares en el ámbito de la educación primaria, la que se ejecutará en horario lectivo y durante el período de escolarización.

Las entidades educativas públicas y privadas deberán proveer las condiciones adecuadas para la práctica deportiva, procurando complementariedad con las actividades curriculares de los educandos.

Artículo 8º.- El deporte escolar es obligatorio en todo el territorio de la República, estando exceptuados quienes estén imposibilitados de su ejecución mediante justificación fundada.

Artículo 9º.- La práctica del deporte escolar será polideportiva. Tiene como objetivo que toda la población escolar conozca y desarrolle la práctica de distintas modalidades deportivas siempre de acuerdo con su voluntad, aptitud física y edad. No tendrá pretensión de competición.

Artículo 10.- Deporte secundario.- Se considera deporte secundario a toda actividad deportiva desarrollada por estudiantes dentro del ámbito de la educación secundaria. Tiene como objetivo que toda la población secundaria conozca y desarrolle la práctica de distintas modalidades deportivas siempre de acuerdo con su voluntad, aptitud física y edad.

No tendrá pretensión de competición.

Artículo 11.- Deporte universitario.- Se denomina deporte universitario al realizado por estudiantes universitarios y organizado en el ámbito de las universidades. Esta práctica no sólo es competitiva, sino que se dirige hacia la realización de actividades de recreación deportiva a los efectos de la utilización saludable del tiempo de ocio.

Artículo 12.- Deporte de reinserción social.- Se entiende por deporte de reinserción social al desarrollado con la finalidad de inserción de sectores sociales que se encuentran en situación de marginación social.

A los efectos de la presente ley, se entienden por tales a los menores y adolescentes que se encuentran en situación de calle y a aquellas personas recluidas en centros penitenciarios.

El Estado desarrollará programas deportivos especiales que implicarán la coordinación entre el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio de Desarrollo Social en el caso de los menores y adolescentes y entre el Ministerio de Turismo y Deporte y el Ministerio del Interior en el caso de las personas que se encuentran cumpliendo penas de prisión o penitenciaría.

Artículo 13.- Deporte de la tercera edad.- Se considera deporte de la tercera edad a la actividad deportiva practicada por individuos de edad avanzada.

El Estado promoverá planes y programas tendientes al acceso de personas comprendidas en la tercera edad, a la práctica deportiva.

Artículo 14.- Deporte adaptado.- Se considera deporte adaptado aquella práctica deportiva adaptada a las personas con discapacidad, sea ésta sensorial, motora o mental.

Artículo 15.- Se considera deporte amateur a la práctica deportiva sistemática por afición personal, con la simple finalidad de la competencia deportiva sin perseguir fines de lucro.

El deportista aficionado es la persona que desarrolla actividad deportiva en una institución deportiva sin percibir remuneración alguna, pudiendo recibir compensaciones en concepto de reintegro de gastos o viáticos por traslado, alojamiento o comida.

Artículo16.- Deporte profesional.- Se entiende por deporte profesional aquella actividad continua e ininterrumpida desarrollada por personas físicas y entidades deportivas las cuales desarrollan el deporte de forma retribuida mediante una prestación económica.

Artículo 17.- Se considerará al deporte profesional en sus diferentes niveles, etapa de inicio, etapa de desarrollo del deportista, etapa de alto nivel o alto rendimiento.

Deberán cumplirse las exigencias académicas que sean determinadas de acuerdo con la edad del deportista profesional.

Artículo 18.- Deporte Laboral.- Es la práctica deportiva que se desarrolla por aquellas personas vinculadas a un ámbito laboral con finalidades de esparcimiento, recreación y mejoramiento de la calidad de vida. Esta forma de manifestación deportiva se realiza como práctica de naturaleza amateur, independientemente de que sus integrantes pudiesen llegar al nivel del deporte profesional.

TITULO IV

SISTEMA NACIONAL DE DEPORTES

Artículo 19.- Sistema Nacional de Deportes.- Créase el Sistema Nacional de Deportes el que estará integrado de la siguiente manera:

A) Centro Nacional del Deporte.

B) Centros Zonales del Deporte.

C) Comisiones Departamentales del Deporte.

D) Fondo Nacional del Deporte.

Artículo 20.- Los cometidos del Centro Nacional del Deporte, entre otros, serán:

a) Efectuar un reconocimiento de las modalidades deportivas existentes.

b) Llevar un registro actualizado de las modalidades deportivas reconocidas.

c) Calificar competencias deportivas de carácter profesional.

d) Promover la investigación científica en materia deportiva.

e) Desarrollar un Registro de Entidades Deportivas.

f) Autorizar la inscripción de las entidades deportivas en el Registro establecido en el literal anterior.

g) Realizar el seguimiento, evaluación y control de las actividades deportivas.

h) Elaborar planes y programas informativos en relación con las actividades deportivas a desarrollar con el objetivo de acercar a la ciudadanía a las mismas.

i) Desarrollar planes de difusión relacionados con la importancia de la alimentación adecuada de acuerdo a la tipología de las prácticas deportivas.

j) Cooperar y colaborar con otros países mediante la organización y ejecución de congresos, talleres interdisciplinarios e intercambios de trabajo con el objeto de ampliar la capacitación de los técnicos y preparadores deportivos.

Artículo 21.- El Instituto Nacional de Educación Física recibirá colaboración del Centro Nacional del Deporte para impulsar el desarrollo técnico y tecnológico de los preparadores físicos, a los efectos de aumentar el nivel técnico de los mismos.

Artículo 22.- El Centro Nacional del Deporte se encontrará dentro de la competencia del Ministerio de Turismo y Deportes.

Artículo 23.- El Centro Nacional del Deporte estará integrado por un Consejo Directivo que se compondrá de cinco miembros, uno de los cuales lo presidirá.

Los miembros del Consejo Directivo deberán ser ciudadanos naturales o legales con cinco años de ejercicio y veinticinco años cumplidos de edad.

El Presidente del Centro Nacional del Deporte será designado directamente por el Poder Ejecutivo.

Los demás integrantes serán designados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Presidente del Centro Nacional del Deporte los que se elegirán de entre la nómina de candidatos presentada por cada Centro Zonal del Deporte.

El cargo será ejercido por cinco años.

Artículo 24.- Centros Zonales del Deporte.- Créanse cuatro Centros Zonales del Deporte que se dividirán en zonas Sur, Centro y Norte, Este y Litoral Oeste.

Cada Centro Zonal del Deporte se compondrá de cinco miembros representativos de la zona, los que serán electos por mayoría simple por los integrantes de las Comisiones Departamentales del Deporte.

Artículo 25.- La Zonas estarán conformadas de acuerdo a la siguiente distribución territorial:

a) La Zona Sur se integrará con los Departamentos de Montevideo, Canelones y San José.

b) La Zona Centro y Norte se integrará con los Departamentos de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Florida, Flores y Lavalleja.

c) La Zona Este se integrará con los Departamentos de Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Cerro Largo.

d) La Zona Litoral Oeste se integrará con los Departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano y Colonia.

Artículo 26.- Comisiones Departamentales del Deporte.- Créase una Comisión Departamental del Deporte en cada departamento de la República la que se compondrá de cinco miembros elegidos por la votación de las organizaciones deportivas del Departamento.

Los miembros deberán ser ciudadanos naturales o legales con siete años de ejercicio y dieciocho años cumplidos de edad.

El ejercicio del cargo será por un período de 5 años y tendrá carácter de honorario.

Artículo 27.- Todas las Entidades Deportivas se integrarán al sistema de Comisiones Departamentales, designando sus representantes ante dichas comisiones.

Artículo 28.- Las Comisiones Departamentales del Deporte cuentan con autonomía frente a los demás organismos integrantes del Sistema Nacional de Deportes.

Artículo 29.- Integración.- El Fondo Nacional del Deporte estará integrado por tres miembros. Será presidido por el Presidente del Centro Nacional del Deporte. Los demás integrantes serán elegidos de entre personas con reconocida competencia en las materias que administra.

Artículo 30.- El Fondo Nacional del Deporte deberá destinar un porcentaje de hasta el veinticinco por ciento (25%) de los recursos que reciba para fomentar el deporte en el ámbito departamental apoyando a los Centros Zonales del Deporte y a las Comisiones Departamentales del Deporte.

Artículo 31.- Serán fuentes de financiación del Sistema Nacional de Deportes:

a) Los montos que se asignaren por el Presupuesto de la República.

b) Aportes de empresas públicas y privadas.

c) Tributos creados con tal destino.

d) Porcentaje que fije el Poder Ejecutivo sobre el Impuesto a las transferencias de los deportistas profesionales, establecido por el artículo 575 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001.

Artículo 32.- Programa de Becas Educativas.- El Ministerio de Educación y Cultura colaborará junto con el Fondo Nacional del Deporte para la creación y regulación de un programa de becas, que tenga como fin el favorecer e incentivar el acceso a la educación a los deportistas que por sus propios recursos no puedan mantener sus estudios, independientemente del nivel educativo al que se desea acceder.

Artículo 33.- Programa de Becas Deportivas.- El Fondo Nacional del Deporte creará un programa de becas para el desarrollo de la actividad deportiva, el que tendrá como finalidad incentivar y apoyar al desarrollo de aquellos deportistas que por practicar el deporte en su calidad de deportista profesional, tengan posibilidades de destacarse dentro de su disciplina deportiva a los efectos de representar internacionalmente al país.

Artículo 34.- El Centro Nacional del Deporte realizará actividades de coordinación con los diversos centros de la salud con el fin de que todos los ciudadanos tomen conciencia de cómo mejorar su calidad de vida a través de la práctica deportiva.

TITULO V

SUBSIDIO DEPORTIVO

Artículo 35.- Todo deportista que en el desarrollo de actividad deportiva en forma profesional padezca una enfermedad o lesión de tipo físico o mental de carácter permanente recibirá un subsidio económico por parte del Fondo Nacional del Deporte, en las condiciones que fijará la reglamentación.

Artículo 36.- Se realizará todos los años una actividad solidaria en beneficio de los deportistas que sufran discapacidades a consecuencia de la práctica deportiva.

Lo recaudado se destinará a la recuperación del deportista discapacitado o lesionado, pudiendo extenderse a la preparación de deportistas que participen en los juegos olímpicos y paralímpicos.

La administración estará a cargo del Fondo Nacional del Deporte.

TITULO VI

ALIMENTACION Y DEPORTE

Artículo 37.- Todo deportista tiene derecho a una adecuada alimentación a los efectos de un desarrollo físico y mental apropiados, así como un normal desempeño en la actividad deportiva a practicar.

Artículo 38.- Tanto los Institutos de educación primaria como de educación secundaria deberán formular programas de educación en nutrición relacionadas con el deporte con el fin de fomentar la importancia de la alimentación para el ejercicio de la actividad deportiva.

TITULO VII

PROHIBICION ESPECIAL

Artículo 39.- Se prohíbe la práctica deportiva en las hipótesis siguientes, sin perjuicio de no tratarse de una enumeración taxativa y de acuerdo a las estipulaciones que se fijen en la reglamentación:

a) Con temperaturas extremas, excesivo calor o excesivo frío.

b) Con excesiva humedad.

c) Con tormentas eléctricas si la actividad es desarrollada al aire libre.

Montevideo, junio 4 de 2008.

Ing. Ruperto E. Long. Senador."

13) DESIGNACION DE MINISTROS DE TRIBUNAL DE APELACIONES

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: dado lo avanzado de la hora, solicito la alteración del orden del día y que a continuación se consideren las carpetas números 1161 y 1162, relativas a la aprobación de venias para la integración del Tribunal de Apelaciones, que figuran en octavo término del Orden del Día.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar la moción formulada por la señora Senadora Percovich.

(Se vota:)

- 25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

- Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del Orden del Día: "Informes de la Comisión de Asuntos Administrativos referidos a los Mensajes remitidos por la Suprema Corte de Justicia, por los que solicita la aprobación a fin de designar como Ministros de Tribunal de Apelaciones:

- a la doctora María Lilián Elizabeth Bendahan Silvera.

(Carp. Nº 1162/08 - Rep. Nº 738/08)

- al doctor Julio Alfredo Posada Xavier.

(Carp. Nº 1161/08 - Rep. Nº 737/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1161/08

Rep. N° 737/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese a la Suprema Corte de Justicia la venia solicitada para designar al doctor Julio Alfredo Posada Xavier como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

Sala de la Comisión, a 14 de mayo de 2008.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Milton Antognazza, Luis Oliver. Senadores.

PODER JUDICIAL

Servicios Administrativos

Montevideo, 7 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de llevar a su conocimiento que la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a lo establecido por el Art. 239 num. 4 de la Constitución de la República, solicita la aprobación para la designación del Dr. Julio Alfredo POSADA XAVIER, para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones.

A tales efectos se remite adjunto al presente la resolución de esta Corporación N° 273/08, así como legajo personal y curriculum vitae del Magistrado propuesto.

Sin otro particular lo saludan muy atentamente.

Dr. Jorge Ruibal Pino

Presidente

Suprema Corte de Justicia

Dr. Elbio Mendez Areco

Director General

Servicios Administrativos.

Montevideo, 7 de mayo de 2008.

VISTO:

el cargo vacante de Ministro de Tribunal de Apelaciones;

CONSIDERANDO:

I) que la Corporación ha decidido postular para ocupar la vacante mencionada al Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de Decimonoveno Turno, Dr. Julio Alfredo POSADA XAVIER, en atención a su actuación y méritos;

II) el Dr. Posada integra la lista de jueces de su categoría mejor calificados, confeccionada por la Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia en el año 2006, asimismo integró la mencionada lista en los años 1994 a 1996 y 2000 a 2004 (Acordadas N° 7407 y 7542);

III) 1. en febrero de 1988 ingresó al Poder Judicial ocupando el cargo de Actuario Adjunto de Juzgado Letrado de Interior;

2. Función Jurisdiccional: en abril de 1988 fue designado Juez de Paz de Ciudad en la 12ª Sección de Paysandú. En junio de 1989 asciende a Juez de Paz Departamental de Cerro Largo. En noviembre de 1989 asciende a Juez Letrado de Cerro Largo de 4° Turno. En febrero de 1993 es trasladado como Juez Letrado de Rocha de 4° Turno. En mayo de 1997 es ascendido a Juez Letrado Suplente de la Capital. En julio de 1997 es designado como Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 9° Turno. Finalmente desde setiembre de 2006 y hasta la fecha se desempeña como Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19° Turno;

3. registra asimismo, participación en diferentes eventos científicos así como actividad docente en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, como surge del currículum presentado;

IV) por las consideraciones expuestas, esta Corporación estima que el Sr. Magistrado propuesto reúne las condiciones necesarias para desempeñar el cargo para el cual se lo postula;

ATENTO:

a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 239 num. 4 de la Constitución de la República.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

RESUELVE

1°.- Líbrese mensaje a la Cámara de Senadores del Poder Legislativo, solicitando la venia correspondiente para designar al Dr. Julio Alfredo POSADA XAVIER, como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

2°.- Remítase el curriculum vitae presentado por el Sr. Magistrado.

Dr. Jorge RUIBAL PINO Presidente

Suprema Corte de Justicia

Dr. Leslie VAN ROMPAEY

Ministro

Suprema Corte de Justicia

Dr. Daniel GUTIERREZ PROTO

Ministro

Suprema Corte de Justicia

Dr. Jorge T. LARRIEUX

Ministro

Suprema Corte de Justicia.

 

CURRICULUM VITAE DEL MAGISTRADO

DR. JULIO ALFREDO POSADA XAVIER

Datos Generales:

Lugar y fecha de nacimiento: Tacuarembó 13 de julio de 1960.

Edad: 47 años.

Estado civil: Casado con Carmen Aida Trindade Mesquita.

Hijas: Dos: Ximena Patricia (25/11/88) y Laura Florencia (9/5/91).

C.I.: 2.589.210-9. Credencial Cívica AUA 21395

Domicilio: Juan Spikerman 2126, Montevideo.

Tel.: 480 59 33 Cel. 096 548 522

E-mail: japosada@adinet.com.uy

o japosada@dedicado.net.uy

o jposada@poderjudicial.gub.uy

Títulos y Actividades anteriores al ingreso al Poder Judicial:

- Año 1982: Título Procurador expedido por la Universidad de la República.

- Noviembre de 1985: Título: Doctor en Derecho y Ciencias Sociales expedido por la Universidad de la República.

- Años 1986 y 1988: Ejercicio liberal de la profesión de Abogado y docente de Educación Moral y Cívica, Derecho e Historia en el Liceo Departamental, UTU y Colegio San Javier de Tacuarembó.

Ingreso al Poder Judicial. Cargos, Cursos y Méritos.

- 12 de febrero de 1988: Ingreso al Poder Judicial: Actuario Adjunto del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Tacuarembó.

- 29 de abril de 1988: Ingreso a la Judicatura en el cargo de Juez de Paz de la 12ª Sección del Departamento de Paysandú.

- 7 de junio de 1988: Ascenso al cargo de Juez de Paz Departamental de Cerro Largo.

- Año 1988 y 1989: Curso del CEJU previo a la entrada en vigencia del nuevo Código General del Proceso dictado por los Dres. Luis Alberto Viera, Luis Torello Giordano y María Gloria Fressia.

- 13 de noviembre de 1989: Ascenso al cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de Cerro Largo de 4° Turno.

- 19 de febrero de 1993: Traslado al cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4° Turno.

- Incluido en la lista de Jueces Letrados del Interior confeccionada por la Comisión asesora de Trasla-dos y Ascensos de Magistrados Años 1994, 1995 y 1996.

- 5 de mayo de 1997: Ascenso al cargo de Juez Letrado Suplente de la Capital.

- 25 de julio de 1997: Designación en el cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 9° Turno.

- Incluido en la lista de Jueces Letrados de Primera Instancia de la Capital confeccionada por la Comisión asesora de Traslados y Ascensos (Acordadas N° 7407 y 7542) Años 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006.

- 15 de setiembre de 2006: Traslado al cargo de Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19° Turno.

Cursos y otros méritos:

- Reconocimiento especial del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, del Poder Judicial de Bolivia, Consejo de la Judicatura. Proyecto de Reformas judiciales, por contribución en el Programa de Mejoramiento del Manejo del Proceso Civil, Comercial y Capacitación Judicial de Bolivia.

- Del 3 al 5 de mayo de 2000: participación en el Curso-

-Taller sobre "Creación de Estructuras Jurídicas", dictado por el Profesor francés Dr. Guy Mazet de la Université París III.

- Año 2001 Curso de Postgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales sobre Informática Jurídica dictado por el Profesor Dr. Guy Mazet.

- Año 2001 Integrante de la Comisión del Convenio con Francia y del Grupo de trabajo para la creación de las estructuras jurídicas en materia de familia.

- 21 de diciembre de 2001: Anotación en el legajo como integrante de la Comisión responsable de la ejecución del Convenio con Francia: "Acuerdo de Cooperación en el ámbito de la información jurídica entre la República Oriental del Uruguay y Francia".

- Del 30 de mayo al 30 de julio de 2002: participación en el Curso sobre Violencia Doméstica "Articulación de estrategias desde el Derecho de Familia y los Servicios de Salud" organizado por la Fundación Plenario de Mujeres del Uruguay y el Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

- Por Resolución de la Suprema Corte de Justicia N° 249 del 20 de agosto de 2003: designado para integrar el Grupo de Trabajo del "Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en riesgo de la Secretaría de la Presidencia de la República y el BID para elaborar la Propuesta para la elaboración del Plan Nacional de Acción Integral para la Infancia y la Adolescencia, participando durante los años 2003 y 2004.

- Organizador en el marco del Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo del "Seminario sobre Violencia Doméstica, Análisis y Evaluación de la Ley N° 17.514" realizado en la Sala "Paulina Luisi" del Edificio José Artigas los días 9 y 10 de octubre de 2003.

- 24 y 25 de noviembre de 2003 participación en el Seminario Internacional de "Sistematización del análisis de las decisiones judiciales: metodología y herramientas" organizado por la Suprema Corte de Justicia y apoyo de la Embajada de Francia, conferencias dictadas por los Profesores franceses Dr. Guy Mazet, Dr. Pierre Catalá y Claude Belair, realizada en el auditorio de la Torre de las Comunicaciones.

- Diciembre de 2003: Designado por Acordada N° 7499 para integrar la Comisión encargada de la coordinación de actuaciones entre los Juzgados Letrados de Familia, Penal y de Menores en materia de Violencia Doméstica y que culmina con el proyecto y luego la Acordada N° 7516 del 10 de junio de 2004.

- Diciembre de 2003: Designado por Acordada N° 7500 del 8/12/2003 para integrar la Comisión de Asesoramiento y coordinación para la puesta en funcionamiento de los Juzgados Letrados de Violencia Doméstica creados por el Art. 16 de la Ley N° 17.707, que funcionó hasta el año 2006 y que culminó con la instalación y puesta en funcionamiento de los Juzgados Letrados de Familia Especializados, en la Sede ubicada en Avda. Rondeau y Valparaíso y el proyecto de Acordada correspondiente (Acordada N° 7535).

- Años 2004 a 2006: Designado por la Suprema Corte de Justicia para integrar la comisión encargada de estudiar y proponer modificaciones o reformas al Código General del Proceso con motivo de los 15 años de su entrada en vigencia; culminando con la redacción del nuevo texto con todas las reformas propuestas, que fuera presentado al Parlamento Nacional para su consideración.

- Año 2005: Participación como capacitador en el curso realizado para los Jueces Letrados de Familia Especializado, defensores de oficio de la materia, fiscales y funcionarios organizado por el CEJU y el PROFOSJU, en el tema: "Evaluación de la situación ante las comunicaciones policiales, Coordinación con otros Juzgados".

- Año 2005: Designado por la Suprema Corte de Justicia y el CEJU para integrar el grupo de trabajo del "Proyecto de Reforma del Poder Judicial de la República de Honduras" en el marco de la consultoría internacional realizada por "Price Waterhouse Coopers Interamericana S. de R.L.", viajando a aquel país con una delegación de expertos entre los días 18 al 24 de junio de 2005.

- Diciembre de 2005: Coordinador para el CEJU del Seminario: "La intervención Judicial en casos de abuso o maltrato a niños y adolescentes" con la participación de una delegación de magistrados y técnicos franceses: Dr. Christian Chomienne (Presidente del Tribunal de Menores de Pontoise); Dra. Anna Guillén (Jueza de Familia y Profesora de la Escuela Nacional de la Magistratura); Sr. Yves Roux, Sonia Ollivier, Sr. Gérard Ouldbabaali y Dr. Jacques Dayan.

- A partir de noviembre de 2007: Docente del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay en la materia "Técnica de Despacho".

- Se acompaña, además, copia del legajo personal.

 

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

ACTA N° 75

En Montevideo, a los catorce días el mes de mayo del año dos mil ocho, a la hora doce y cinco minutos se reúne la Comisión de Asuntos Administrativos de la Cámara de Senadores.

Preside la señora Senadora Margarita Percovich, quien es elegida en forma ad hoc por dos votos en tres señores Senadores presentes.

Asisten los señores Senadores miembros Milton Antognazza y Luis Oliver.

Faltan con aviso los señores Senadores Enrique Antía y Jorge Romero quienes remiten nota justificando sus inasistencias.

Actúa en Secretaría el Secretario de la Comisión, señor Rodolfo Caimi y colabora la funcionaria señora Gloria Mederos.

La Comisión tiene a consideración el siguiente ORDEN DEL DIA:

1°) Asuntos Entrados. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

A) CARPETA N° 1159/2008. Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando venia para destituir de su cargo por la causal de omisión a los deberes funcionales, al Especialista VI Servicios Asistenciales (Interino) del Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (Programa 06 - Unidad Ejecutora 009 - Escalafón D - Grado 4 - Correlativo 5230). Distribuido N° 2442/2008. Pasa a estudio de la señora Senadora Margarita Percovich.

B) CARPETA N° 1161/2008. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia de acuerdo a lo establecido por el artículo 239 numeral 4°) de la Constitución de la República por el que se solicita la aprobación para designar al doctor Julio Alfredo Posada Xavier, para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones. (Distribuido N° 2443/2008). Se vota 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quién lo hará en forma verbal.

Texto del Proyecto de Resolución aprobado:

"ARTICULO UNICO.- Concédese a la Suprema Corte de Justicia, la venia solicitada para designar al doctor Julio Alfredo Posada Xavier como Ministro de Tribunal de Apelaciones."

C) CARPETA N° 1162/2008. Mensaje de la Suprema Corte de Justicia de acuerdo a lo establecido por el artículo 239 numeral 4°) de la Constitución de la República por el que se solicita la aprobación para designar a la doctora María Lilián Elizabeth Bendahan Silvera, para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones. (Distribuido N° 2444/2008). Se vota: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich, quién lo hará en forma verbal.

Texto del Proyecto de Resolución aprobado:

"ARTICULO UNICO.- Concédese a la Suprema Corte de Justicia la venia solicitada para designar a la doctora María Lilián Elizabeth Bendahan Silvera como Ministro de Tribunal de Apelaciones."

Ambas votaciones quedan ad referéndum de la lectura de los legajos que deben ser distribuidos a los señores Senadores miembros de la Comisión.

A la hora doce y treinta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada firman el señor Presidente y el señor Secretario de la Comisión.

Margarita Percovich Presidenta ad hoc

Rodolfo Caimi Secretario."

"Carp. N° 1162/08

Rep. N° 738/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Administrativos

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Concédese a la Suprema Corte de Justicia la venia solicitada para designar a la doctora María Lilián Elizabeth Bendahan Silvera como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

Sala de la Comisión, a 14 de mayo de 2008.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Milton Antognazza, Luis Oliver. Senadores.

PODER JUDICIAL

Montevideo, 7 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo Nin Novoa.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de llevar a su conocimiento que la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a lo establecido por el Art. 239 num. 4 de la Constitución de la República, solicita la aprobación para la designación de la Dra. María Lilián Elizabeth BENDAHAN SILVERA, para el cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones.

A tales efectos se remite adjunto al presente la resolución de esta Corporación N° 274/08, así como legajo personal y currículum vitae del Magistrado propuesto.

Sin otro particular lo saluda muy atentamente.

Dr. Jorge Ruibal Pino

Presidente

Suprema Corte de Justicia

Dr. Elbio Mendez Areco

Director General

Servicios Administrativos.

Resolución S.C.J. N° 274/08

Montevideo, 7 de mayo de 2008.

VISTO:

el cargo vacante de Ministro de Tribunal de Apelaciones;

CONSIDERANDO:

I) que la Corporación ha decidido postular para ocupar la vacante mencionada a la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de Octavo Turno, Dra. María Lilian Elizabeth BENDAHAN SILVERA, en atención a su actuación y méritos;

II) la Dra. Bendahan integra la lista de jueces de su categoría mejor calificados, confeccionada por la Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia en el año 2006, asimismo integró la mencionada lista en los años 2003 y 2004 (Acordadas N° 7407 y 7542);

III) Función Jurisdiccional: en octubre de 1980 ingresó al Poder Judicial ocupando el cargo de Juez de Paz de Ciudad en la 13ª Sección de Soriano. En junio de 1983 fue trasladada como Juez de Paz a la 5ª Sección de Río Negro. En marzo de 1988 fue ascendida a Juez de Paz Departamental de Paysandú. En octubre de 1989 asciende a Juez Letrado de Young. En noviembre de 1989 es trasladada como Juez Letrado de Las Piedras de 4° Turno. En febrero de 1990 es ascendida a Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 30° Turno. Finalmente desde enero de 1997 y hasta la fecha se desempeña como Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 8° Turno;

3. registra asimismo, participación en diferentes eventos científicos así como actividad docente en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, como surge del currículo presentado;

IV) por las consideraciones expuestas, esta Corporación estima que el Sr. Magistrado propuesto reúne las condiciones necesarias para desempeñar el cargo para el cual se lo postula;

ATENTO:

a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 239 num. 4 de la Constitución de la República.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

RESUELVE

1°.- Líbrese mensaje a la Cámara de Senadores del Poder Legislativo, solicitando la venia correspondiente para designar a la Dra. María Lilian Elizabeth BENDAHAN SILVERA, como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

2°.- Remítase el currículum vitae presentado por la Sra. Magistrada.

Dr. Jorge RUIBAL PINO

Presidente

Suprema Corte de Justicia

Dr. Leslie VAN ROMPAEY

Ministro

Suprema Corte de Justicia

Dr. Daniel GUTIERREZ PROTO

Ministro

Suprema Corte de Justicia

Dr. Jorge T. LARRIEUX

Ministro

Suprema Corte de Justicia.

CURRICULUM VITAE

Dra. María Lilian Elizabeth Bendahan Silvera.

DATOS PERSONALES

Nombres y apellidos: María Lilian Elizabeth Bendahan Silvera.

Fecha de nacimiento: 24 de diciembre de 1954.

Nacionalidad: Oriental.

Estado Civil: Casada.

Cónyuge: Juan Carlos Contarin, Abogado; Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 2° Turno.

Hijos: María Florencia Contarin Bendahan, nacida el 19 de julio de 1982; soltera, Abogada.

Carlos Gaston Contarin Bendahan, nacido el 10 de abril de 1984; soltero, estudiante de 4° año de Facultad de Arquitectura, empleado.

Dirección. Canelones 1922, Apto. 701, Montevideo.

Teléfono: 412 3607 - 099 241254

Correo Electrónico. bendcont@yahoo.com.ar

DATOS ACADEMICOS Y FUNCIONALES

Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Procurador. Títulos expedidos por la Universidad de la República.

Magistrado Judicial.

Ingreso al Poder Judicial: 20 de octubre de 1980.

Cargos anteriores:

Juez de Paz de la 13ª Sección Judicial de Soriano.

Juez de Paz de la 5ª Sección Judicial de Río Negro.

Juez de Paz Departamental de Paysandú 1ª Sección Judicial.

Juez Letrado Departamental de Young 5ª Sección Judicial de Río Negro.

Juez Letrado de la 4ª Sección Judicial de Canelones, Las Piedras.

Cargo actual

Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 8° Turno Montevideo, desde marzo de 1990.

Calificaciones

Calificada para cargo de ascenso, por la Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia en el ejercicio de las facultades referentes al ascenso de Magistrados previstas en el artículo 239 de la Constitución, Acordada N° 7542, integrada por miembros de la Suprema Corte de Justicia, Tribunales de Apelaciones, Colegio de Abogados del Uruguay y Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Cursos

"Curso para aspirantes a Magistrado y Jueces de Paz" CEJU, Montevideo, 1989.

"Primeras Jornadas sobre el Código de la Niñez y la Adolescencia", Montevideo, setiembre de 2004.

Seminario "La intervención judicial en casos de abuso o maltrato a niños y adolescentes". Montevideo, diciembre de 2004.

Taller "Efectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños y Adolescentes", Montevideo, diciembre del año 2005.

Curso "La prueba en el Derecho Procesal Civil". Montevideo, octubre de 2006.

Curso "Los desafíos del Poder Judicial en el Siglo XXI", Montevideo, marzo de 2007.

Conferencia "La Adopción desde un enfoque de Derechos". Montevideo, marzo de 2007.

Curso "Medios Impugnativos en el proceso ordinario". Montevideo, abril de 2007.

Curso "El Código de la Niñez y la Adolescencia a tres años de su vigencia". Montevideo, setiembre de 2007.

Taller "Análisis de la Ley N° 18.246, de Unión Concubinaria". Montevideo, abril de 2008.

"Congreso Interamericano de Defensorías Públicas. Primer Congreso de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas". Punta del Este, Uruguay, 10 al 13 de marzo de 2005.

"Coloquio sobre el tema Violencia Doméstica. Talleres: La intervención en crisis. La atención a la víctima y al agresor". Instituto Goethe, Embajada de Francia, Poder Judicial. Asociación de ex Becarios de RFA, Montevideo, 27 al 29 de setiembre de 2005.

Curso para Graduados: "Reformas del Código de la Niñez y la Adolescencia en Derecho de Familia", de la Universidad Católica del Uruguay "Dámaso Antonio Larrañaga", Montevideo, año 2006.

"XIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal", Punta del Este, Uruguay, 23 al 25 de noviembre de 2006.

"Curso para Abogados de Autoridades Centrales y Funcionarios relacionados en casos de Sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes en América Latina y España". Instituto Interamericano del Niño, La Niña y el Adolescente, organismo especializado de la Organización de Estados Americanos OEA, año 2007.

"Segunda Reunión de Expertos Gubernamentales del Programa Interamericano de Cooperación para prevenir y reparar casos de sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes por uno de sus padres", organizado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño, Buenos Aires, República Argentina, 19 al 21 de setiembre del año 2007.

Actividades

Colaboradora del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay -CEJU- (Escuela de Formación de Magistrados).

En forma regular: Tutora en pasantías.

Integrante de la Mesa de la Materia de Familia y redactora de las conclusiones mensuales de sus sesiones.

Redactora de las conclusiones del taller sobre "Efectos Civiles de la Sustracción Internacional de Niños y Adolescentes", desarrollado en el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, diciembre del año 2005.

Coautora del Anteproyecto de Ley Nacional de Uruguay, de "Proceso de Restitución Internacional de los Niños", presentado ante el CEJU el 13 de octubre del año 2006, el que se encuentra en sus etapas finales, para ser elevado a la Suprema Corte de Justicia para su presentación al Parlamento Nacional.

Coautora de la "Norma Modelo de Proceso de Restitución Internacional de Niños" para América Latina aprobada sobre la base del Anteproyecto Nacional de Uruguay en la Segunda Reunión de Expertos Gubernamentales del Programa Interamericano de Cooperación para prevenir y reparar casos de sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes por uno de sus padres, celebrada en Buenos Aires, el 21 de setiembre del año 2007, organizado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño.

Relatora de las conclusiones de la Segunda Reunión de Expertos Gubernamentales del Programa Interamericano de Cooperación para prevenir y reparar casos de sustracción Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes por uno de sus padres, celebrada en Buenos Aires, República Argentina el 21 de setiembre del año 2007, organizado por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado y el Instituto Interamericano del Niño.

Coautora de la "Norma Modelo Internacional de proceso de Restitución Internacional de Niños" en vías de aprobación por la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado para todos los Estados signatarios de la Convención de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Colaboradora del proyecto Programa de Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo de la Suprema Corte de Justicia.

Integrante de la Comisión designada por la Suprema Corte de Justicia. Resolución N° 33/07, de fecha 9 de febrero de 2007, con el cometido de coordinar con el INAU, en representación del Poder Judicial, los mecanismos adecuados para lograr una legal y eficiente aplicación de las normas vigentes en materia de entrega de niños y adolescentes a hogares de cuidado por esa Institución, cuya tarea culminara con la suscripción de un Convenio firmado en la Suprema Corte de Justicia por el Sr. Presidente Dr. Jorge Ruibal Pino y Sr. Presidente del Directorio de INAU Psicólogo Victor Giorgi, el día 28 de abril de 2008, sobre el protocolo de actuación para la aplicación de los artículos 132 y 133 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Coautora del convenio.

Integrante del grupo interdisciplinario de estudio de casos de maltrato y abuso infantil, de la Cátedra de Psiquiatría Infantil, Centro Hospitalario Pereira Rossell coordinado por los Doctores Laura Viola (Psiquiatra Infantil) y Ricardo Pérez Manrique (Ministro de Tribunal de Apelaciones de Familia).

Colaboradora de la obra bibliográfica: "Centenario de la Suprema Corte de Justicia 1907-2007", publicada en conmemoración del centenario del órgano máximo del Poder Judicial.

Docencia en Seminarios

Taller sobre "Relacionamiento de servicios en materia de prevención y tratamiento de consumo problemático de drogas y su articulación con el Poder Judicial". En el marco del convenio sobre la Suprema Corte de Justicia y la Junta Nacional de Drogas. (Montevideo, 17 de noviembre de 2006).

Seminario de Difusión y Capacitación para Magistrados y operadores judiciales respecto de la aplicación de la Convención de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la Sustracción Internacional de menores. Ponencia sobre análisis del Derecho Comparado (La Paloma; Rocha, Uruguay, 11 de junio de 2006).

 

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la Carpeta Nº 1161/08.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: esta carpeta corresponde a la solicitud de la Suprema Corte de Justicia para designar al Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, doctor Julio Alfredo Posada Xavier, como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

El doctor Posada Xavier ingresó al Poder Judicial en 1988 como actuario adjunto en un Juzgado Letrado del Interior y desarrolló su carrera como Juez de Paz en los departamentos de Paysandú y Cerro Largo, luego como Juez Letrado de Cerro Largo y Rocha, posteriormente como Juez Letrado Suplente en Montevideo y, en 1997, fue designado Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 9º Turno. Desde el año 2006 hasta la fecha se desempeña como Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno. Asimismo, ha integrado la lista de jueces mejor calificados en distintas oportunidades. Me refiero, precisamente, a las listas de 1994 a 1996, de 2000 a 2004 y de 2006.

Por todo lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia remite esta solicitud proponiendo su designación para integrar el Tribunal de Apelaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Concédese a la Suprema Corte de Justicia la venia solicitada para designar al doctor Julio Alfredo Posada Xavier como Ministro de Tribunal de Apelaciones".

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

-25 en 25. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará a la Suprema Corte de Justicia.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR DA ROSA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR DA ROSA.- Simplemente quiero expresar la satisfacción que siento luego de haber votado esta venia, dado que se trata de un profesional que conozco desde niño. El doctor Posada Xavier fue mi vecino, ya que vivía en mi misma cuadra en el departamento de Tacuarembó. Inició su carrera judicial hace muchos años, ha recorrido todo el país y ha llevado adelante su actividad con gran ecuanimidad y solvencia técnica, características propias de la persona de bien que es este Magistrado. De manera que quería dejar estas constancias a modo de fundamento de voto, dada la particular satisfacción con la que voto esta venia.

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la consideración de la Carpeta Nº 1162/08.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Esta Carpeta corresponde a la solicitud de venia de la Suprema Corte de Justicia, para designar a la señora Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de Octavo Turno, doctora María Lilián Elizabeth Bendahan Silvera, como Ministro de Tribunal de Apelaciones.

La doctora Bendahan ingresó al Poder Judicial en 1980 como Juez de Paz de Ciudad en la 13ª Sección de Soriano. Luego fue trasladada a la ciudad de Río Negro con el mismo cargo. En 1988 fue ascendida a Juez de Paz Departamental de Paysandú. En 1989 fue ascendida a Juez Letrado de Young. Asimismo, en noviembre de 1989 es trasladada como Juez Letrado de Las Piedras de 4º Turno. En febrero de 1990 es ascendida a Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 30º Turno y, finalmente, desde enero de 1997 hasta la fecha, se desempeña como Juez Letrado de Primera Instancia de Familia de 8º Turno.

Además, se destaca por parte de la Suprema Corte de Justicia que la doctora Bendahan integra la lista de Jueces de su categoría mejor calificados en los años 2003, 2004 y 2006. También tuvo participación activa en los eventos de capacitación nacional e internacional que promueve el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU).

Por todas estas consideraciones, se propone su designación para integrar el Tribunal de Apelaciones.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Concédese a la Suprema Corte de Justicia la venia solicitada para designar a la doctora María Lilián Elizabeth Bendahan Silvera como Ministro de Tribunal de Apelaciones."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 23 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará a la Suprema Corte de Justicia.

(No se publica el proyecto de resolución aprobado por ser igual al considerado)

14) "CAPITAL NACIONAL DE LA CAÑA DE AZUCAR"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a la consideración del segundo punto del orden del día: "Proyecto de ley por el que se declara ‘Capital Nacional de la Caña de Azúcar’ la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia, 7ª Sección Judicial del departamento de Artigas. (Carp. Nº 934/07- Rep. Nº 721/08)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 934/07

Rep. N° 721/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Declárase la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia, 7ª Sección Judicial del departamento de Artigas, "Capital Nacional de la Caña de Azúcar".

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 12 de setiembre de 2007.

Tabaré Hackenbruch Legnani

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, CODIGOS, LEGISLACION GENERAL Y ADMINISTRACION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Constitución, Códigos,

Legislación General y Administración

INFORME

Señoras y señores Representantes:

Vuestra Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración aconseja la aprobación del proyecto de ley que se informa, que surge a iniciativa del Diputado por el departamento de Artigas, señor Carlos Maseda, y este Informe recoge básicamente lo planteado por el citado Legislador en su exposición de motivos, al mismo le hemos agregado algunos párrafos del trabajo realizado por Carlos Caillabet en una separata para el semanario Brecha.

Bella Unión es una ciudad que condensa en sí muchos simbolismos.

Es la única triple frontera que existe en nuestro país. El río Uruguay nos une con la correntina Monte Caseros, República Argentina, y el plácido y tranquilo río Cuareim nos une con la riograndense Barra do Quaraí (Barra del Cuareim), República Federativa del Brasil. Esto genera particularidades, sincretismos culturales difíciles de hallar en otras zonas de nuestros territorios.

Fue, y es, asimismo, una ciudad siempre vinculada a luchas obrero-sindicales, con elementales repercusiones políticas que han marcado fuertemente parte de nuestra historia. Particularmente, aunque no exclusivamente, ubicaremos el período comprendido entre los años 50 -muy particularmente a partir de 1965- y 1973. Dado que este proyecto ha sido acompañado por todos los integrantes de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, omitiremos referencias en este informe escrito reservándonos las referencias para realizarlas en Sala, pues, obviamente, existen diferentes visiones respecto a estos hechos.

La ciudad de Bella Unión, fundada en 1829 por Fructuoso Rivera, que al principio se llamó Santa Rosa, tuvo desde sus comienzos una estrecha relación con la tierra. Los ocho mil guaraníes que acompañaron a Rivera en su regreso, quienes fueron sus primeros pobladores, trajeron consigo de las Misiones el conocimiento de la tierra y la forma de trabajarla. Surge pues aquí otro simbolismo vinculado especialmente a nuestra historia, pues este asentamiento se conformó a partir de la reclamación brasileña de fijar el límite en el río Arapey, lo que se contraponía con la postura de Rivera de hacerlo en el río Ibicuy. Finalmente, el 25 de diciembre de 1828 se alcanzó el acuerdo de fijar el límite en el río Cuareim. Por ello, como dijéramos, a principios de 1829, Rivera llegó a sus costas, en un intento de arraigar en esa frontera norte a los indígenas que lo acompañaban, y como medio de establecer un puesto de avanzada sobre un territorio que en buena medida quedaba sin una completa delimitación de las fronteras y donde los brasileños permanentemente depredaban el ganado.

Jean Isidore Aubouin, primer cronisa europeo que visita Bella Unión, destaca en sus anotaciones, el empuje y afán de los primeros pobladores y que a pesar de su miseria la inmensa mayoría sabía leer y escribir o conocían un oficio.

La producción de azúcar en Uruguay se inicia a principios del siglo XX, cuando inversores franceses instalan una refinería en Montevideo y un ingenio azucarero en Canelones que se abastecerá de materia prima importada y de algunos pequeños cultivos de remolacha de los alrededores. Esas instalaciones fueron luego compradas por capitalistas nacionales, que crean la empresa Remolacheras y Azucareras del Uruguay (RAUSA). El noreste de Canelones se convierte de esa manera en un complejo agroindustrial con materia prima producida por agricultores remolacheros independientes, que en la década del 60 siembran hasta 7.600 hectáreas en total. Sin embargo, RAUSA debe importar azúcar crudo pues con la materia prima nacional no se satisface la demanda del mercado interno.

En 1935 la presidencia de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) y la Facultad de Agronomía comienzan a experimentar con cultivos de caña a los efectos de obtener alcohol en Tranqueras, departamento de Rivera, con variedades procedentes de Tucumán. Los resultados positivos de estos ensayos motivaron que se decidiera experimentar en los departamentos de Salto y Artigas en 1940.

Los experimentos indicaron que campos ubicados en los alrededores de la ciudad de Bella Unión resultaban propicios para plantar caña, pero con destino a la producción de azúcar, en un clima casi subtropical que favorece su cultivo. Se inicia así un proceso en el que pronto los productores cañeros de Bella Unión (colonos, dueños de tierras o arrendatarios) tenderán a organizarse para defender sus intereses ante los propietarios de los ingenios y a vincularse con los gobiernos de turno para obtener subsidios y créditos blandos, mientras mantienen en un régimen de explotación semiesclava a los zafrales rurales uruguayos, brasileños y argentinos, que carentes de sindicatos viven en pobres construcciones (benditos y aripucas) en medio de los cañaverales.

El auge del azúcar operará como un imán sobre la mano de obra de la zona, y en pocos años la población de Bella Unión y sus alrededores se duplicará. Surgirá en la ciudad una clase empresarial nueva y en torno a la producción de azúcar se generará una "cultura", una forma de vivir, que perdura hasta hoy y se resiste a desaparecer. En esa época de oro se llegarán a plantar unas 10 mil hectáreas de caña, ocupando a 2 mil zafreros.

En 1941 en la zona de Itacumbú la Compañía Azucarera Artigas Sociedad Anónima (CAASA) destina 1000 hás al cultivo de la caña de azúcar y entre 1942 y 1944 constituye el primer ingenio azucarero y en 1945 realiza su primera zafra.

Ese mismo año el proyecto agroindustrial de Bella Unión se refuerza con los cultivos de caña encarados por ANCAP en El Espinillar, departamento de Salto. Este ingenio estatal realizará su primera molienda de caña en 1954 y luego producirá azúcar refinada, hasta su cierre en 1993.

En el año 1946 se crea la Compañía Agrícola e Industrial del Norte (CAINSA) que además de lino y girasol destina 600 hás a la plantación de caña de azúcar, luego en el año 1950, CAINSA instala su propio ingenio, al tiempo que se aprueba la Ley N° 11.448, que da un nuevo marco a la producción e importación de azúcar.

En el año 1952 se crea la Primera Cooperativa Agropecuaria de Cañeros Santa Rosa fundada por 22 ex empleados de CAASA, quienes negocian con la empresa la colonización de cerca de 1.400 hás para dedicarlas a la caña de azúcar y en su negociación se destaca la participación del Instituto Nacional de Colonización.

En el año 1954 comienzan los primeros conflictos laborales entre los cortadores de caña y el ingenio CAINSA, para el año 1957 se produce una huelga con ocupación por 21 días del mismo ingenio; debemos además destacar que en esta época se crea el movimiento "Bella Unión en Marcha" que trasciende categorías ocupacionales buscando definir un proyecto de desarrollo local.

Al cerrar CAASA los colonos de la Cooperativa Santa Rosa deciden crear la Cooperativa Agraria Limitada de Productores e Industrializadotes de Caña de Azúcar (CALPICA), para comprar y administrar CAASA.

En los años sesenta, luego de que Cuba decide expropiar ingenios y tierras y Estados Unidos bloquea la isla, se produce un desembarco de capitales extranjeros en Bella Unión. En 1961 la estadounidense American Factory compra los cultivos de LARSA y el ingenio de CAINSA y crea la Compañía Agrícola Franquia S.A. (CAFSA); la memoria popular lo continúa llamando CAINSA, de ahí lo de "los gringos de CAINSA". Todo este complejo agroindustrial crece amparado por la ley sobre especies sacarígenas -aprobada por el Parlamento en 1950, que fomenta la plantación e industrialización de azúcar de caña y de remolacha-.

Posteriormente se conforma el "Norte Uruguayo en Marcha" como segunda experiencia de organización para impulsar el desarrollo social de la zona; este movimiento se institucionaliza y en 1965 se funda la Cooperativa Agraria Limitada del Norte Uruguayo (CALNU) con 400 socios, lo cual posibilitó el surgimiento de otros actores productivos mediante asistencia técnica y financiera. Desde hace muchos años se han intentado nuevas experiencias de cultivos complementarios o alternativos en procura de una reconversión del sector. Un estudio de la Universidad de la República de 2001 consigna que en la década del 80, y como complemento de la industria azucarera, surgen otros proyectos de desarrollo productivo con fondos de CALNU y del Banco Interamericano de Desarrollo.

El nacimiento del MERCOSUR, en 1991, marcará el comienzo del fin de esta agroindustria tal como se la conocía hasta entonces. La protección de que gozaba el azúcar caerá, en especial la ley de 1950 que declaraba de interés nacional el cultivo y la industrialización de especies sacarígenas. Para implementar el reemplazo progresivo de los cultivos de caña y remolacha azucarera se creará el Fondo Nacional de Reconversión, que administrará recursos destinados al apoyo y fortalecimiento de agroindustrias de nacimiento reciente, como la citrícola Azucitrus en Paysandú a partir de Azucarlito. En Bella Unión surgen Greenfrozen, planta de procesado y congelado de rubros hortícolas orientada a la exportación; la Cooperativa Agropecuaria Limitada Vitivinícola del Noroeste (CALVINOR), productora de uva de mesa y vinos finos, y la Cooperativa Agroindustrial Limitada de Agua (Calagua), inicialmente dedicada a servicios de riego y orientada hoy a la horticultura de primor muy tecnificada. Aparecen también emprendimientos de menor envergadura como la producción de cerdos magros y lechería.

Sin embargo, y a pesar de todo, la caña de azúcar sigue siendo en Bella Unión la que mayor puestos de trabajo directos e indirectos genera. En el momento de mayor extensión de plantío se llegaron a plantar 9.500 hás, al tiempo que su mayor producción rondó las 518.000 toneladas de caña, lo que significó 57.000 toneladas de azúcar. Hoy la realidad nos marca que con el nuevo proyecto sucro-alcoholero la caña de azúcar aparece como el cultivo al que el Uruguay puede apostar y que le traerá nuevamente a Bella Unión y su zona de influencia, tan castigada últimamente, el desarrollo sustentable y responsable que se busca para todo el país; además debemos señalar que la zona posee toda la infraestructura de riego para llevar adelante este proyecto.

Cabe asimismo señalar que por Ley N° 16.494, publicada en el Diario Oficial el 22 de junio de 1994, se declaró Autónoma y se fijaron las competencias de la Junta Local de Bella Unión. El artículo 2° determina que ejercerá la competencia asignada por el artículo 1° "...dentro de los límites de la 7ª Sección Judicial del departamento de Artigas".

En síntesis, por la larga experiencia que tiene la zona en el cultivo e industrialización y como punto de referencia que es en esta materia en el Uruguay es que creemos conve-niente se la declare "Capital Nacional de la Caña de Azúcar".

Sala de la Comisión, 4 de julio de 2007.

Javier Salsamendi, Miembro Informante; Alvaro Alonso, Gustavo Bernini, Gustavo Borsari Brenna, Luis Alberto Lacalle Pou, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño.

Carp. N° 943/06

Rep. N° 625/06

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Declárase a la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia, 7ª Sección Judicial del departamento de Artigas, "Capital Nacional del Cultivo e Industrialización de la Caña de Azúcar".

Montevideo, 2 de mayo de 2006.

Carlos Maseda, Representante por Artigas; José Luis Blasina, Representante por Montevideo; José Carlos Mahía, Representante por Canelones; Pablo Alvarez López, Representante por Montevideo; Liliam Kechichián, Representante por Montevideo; Fernando Longo Fonsalías, Representante por Flores.

EXPOSICION DE MOTIVOS

La ciudad de Bella Unión fundada en 1829 por Fructuoso Rivera, que al principio se llamó Santa Rosa, tuvo desde sus comienzos una estrecha relación con la tierra. Los ocho mil guaraníes que acompañaron a Rivera en su regreso, quie-nes fueron sus primeros pobladores, trajeron consigo de las Misiones el conocimiento de la tierra y la forma de trabajarla.

Jean Isidore Aubouin, primer cronista europeo que visita Bella Unión, destaca en sus anotaciones, el empuje y afán de los primeros pobladores y que a pesar de su miseria la inmensa mayoría sabía leer y escribir o conocían un oficio.

Esta característica se fue conservando y perfeccionando en el tiempo. La estrecha relación con la tierra sumado al aporte y conocimiento aportado por los colonos inmigrantes que se radicaron en la zona, llevó a que por el año 1937 comenzaran los primeros ensayos de la caña de azúcar promovido por ANCAP en la zona de Colonia Palma, para explorar la posibilidad de producción de alcoholes.

En 1941 en la zona de Itacumbú la Compañía Azucarera Artigas Sociedad Anónima (CAASA) destina 1000 hás al cultivo de la caña de azúcar y entre 1942 y 1944 construye el primer ingenio azucarero y en 1945 realiza su primera zafra.

En el año 1946 se crea la Compañía Agrícola e Industrial del Norte (CAINSA) que además de lino y girasol destina 600 hás. a la plantación de caña de azúcar, luego en el año 1950, CAINSA instala su propio ingenio, al tiempo que se aprueba la Ley N° 11.448, que da un nuevo marco a la producción e importación de azúcar.

En el año 1952 se crea la Primera Cooperativa Agropecuaria de Cañeros Santa Rosa fundada por 22 ex empleados de CAASA, quienes negocian con la empresa la colonización de cerca de 1400 hás. para dedicarlas a la caña de azúcar y en su negociación se destaca la participación del Instituto Nacional de Colonización.

En el año 1954 comienzan los primeros conflictos laborales entre los cortadores de caña y el ingenio CAINSA, para el año 1957 se produce una huelga con ocupación por 21 días del mismo ingenio, debemos además destacar que en esta época se crea el movimiento "Bella Unión en Marcha" que trasciende categorías ocupacionales buscando definir un proyecto de desarrollo local.

Al cerrar CAASA los colonos de la Cooperativa Santa Rosa deciden crear la Cooperativa Agraria Limitada de Productores e Industrializadores de Caña de Azúcar, para comprar y administrar CAASA.

En el año 1961 un grupo norteamericano compra CAINSA y crea la Compañía Agrícola Franquia S.A. (CAFSA), la memoria popular lo continúa llamando CAINSA de ahí lo de "los gringos de CAINSA".

En el año 1961 se funda UTAA, bajo el liderazgo de Raúl Sendic, ya en 1962 se produce una huelga de 4 meses que por fuerte represión desemboca en la ocupación del ingenio CAINSA, en mayo comienza la primera marcha cañera y en Bella Unión se forma el "Norte Uruguayo en Marcha" como segunda experiencia de organización para impulsar el desarrollo social de la zona, este movimiento se institucionaliza y en 1965 se funda la Cooperativa Agraria Limitada del Norte Uruguayo (CALNU) con 400 socios, en este mismo año se produce la segunda marcha cañera. Bella Unión y la caña de azúcar constituyen referencias ineludibles en la historia uruguaya. Desde hace muchos años se han intentado nuevas experiencias de cultivos complementarios o alternativos en procura de una reconversión del sector, a pesar de todo la caña de azúcar sigue siendo en Bella Unión la que mayor puestos de trabajo directos e indirectos genera, en el momento de mayor extensión de plantío se llegaron a plantar 9.500 há., al tiempo que su mayor producción rondó las 518.000 toneladas de caña, lo que significó 57.000 toneladas de azúcar.

Hoy la realidad nos marca que con el nuevo proyecto sucro-alcoholero la caña de azúcar aparece como el cultivo al que el Uruguay puede apostar y que le traerá nuevamente a Bella Unión y su zona de influencia, tan castigada últimamente, el desarrollo sustentable y responsable que se busca para todo el país, además debemos señalar que la zona posee toda la infraestructura de riego para llevar adelante este proyecto.

Por la larga experiencia que tiene la zona en el cultivo e industrialización y como punto de referencia que es en esta materia en el Uruguay es que creemos conveniente se la declare "Capital Nacional del Cultivo e Industrialización de la Caña de Azúcar".

Montevideo, 2 de mayo de 2006.

Carlos Maseda, Representante por Artigas; José Luis Blasina, Representante por Montevideo; José Carlos Mahía, Representante por Canelones; Pablo Alvarez López, Representante por Montevideo; Liliam Kechichián, Representante por Montevideo; Fernando Longo Fonsalías, Representante por Flores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Constitución y Legislación

ACTA N° 122

En Montevideo, el trece de mayo de dos mil ocho, a la hora catorce y cuarenta minutos se reúne la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros: las señoras Senadoras Margarita Percovich y Lucía Topolansky y los señores Senadores Sergio Abreu, Francisco Gallinal, Reinaldo Gargano, Carlos Moreira, Rafael Michelini, Luis Oliver y Julio M. Sanguinetti.

Preside el señor Senador Reinaldo Gargano, Vicepresidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría de la Comisión la señora Josefina Reissig, Secretaria de la Comisión y la colaboradora de la misma señora Gloria Mederos.

ASUNTOS TRATADOS:

CARPETA N° 656/2006. PROCEDIMIENTO POLICIAL. Marco Normativo. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2142/2007.

En consideración las modificaciones introducidas por la Cámara de Representantes. A continuación la señora Se-nadora Margarita Percovich efectúa el análisis del articulado.

Intervención de varios señores Senadores. Finalizadas las mismas la Comisión resuelve remitir al Plenario el proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Los señores Senadores miembros procederán a realizar consultas en las respectivas Bancadas.

CARPETA N° 934/2007. "CAPITAL NACIONAL DE LA CAÑA DE AZUCAR". Se declara la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia (7ª Sección Judicial del Departamento de Artigas). Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 1997/2007. La señora Senadora Margarita Percovich solicita que se pase a la consideración del proyecto de ley. Se vota: 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD. Queda aprobado el proyecto de ley. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Lucía Topolansky, quien lo hará en forma verbal.

A la hora dieciséis queda levantada la sesión.

De lo actuado se procede a la toma de la versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2441/2008, que forma parte del presente documento.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria.

Reinaldo Gargano Vicepresidente

Josefina Reissig Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Topolansky.

SEÑORA TOPOLANSKY.- Señor Presidente: este proyecto de ley declara a la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia "Capital Nacional de la Caña de Azúcar".

Es bueno recordar que la ciudad de Bella Unión -que en sus inicios se llamó Santa Rosa- fue fundada en 1829 por el General Rivera, acompañado de guaraníes. De algún modo, esta ciudad consolidó la frontera norte de nuestro país, que es la única triple frontera que tenemos. Luego tuvo una segunda fundación con inmigrantes provenientes de Italia, España, Portugal y Rusia que fueron a Colonia Viñar a hacer horticultura y trajeron la cultura cerealera, que tuvo su esplendor en la década de los cincuenta -siendo Ministro don Manuel Flores Mora-, convirtiéndose Tomás Gomensoro en un centro de acopio de toda esa región. Estos inmigrantes fueron también los primeros plantadores de arroz en el norte y los creadores de ese espíritu cooperativo que impera aún hoy en Bella Unión, lo que le da una impronta particular a todo ese pago.

Allí nacieron varios sindicatos rurales que ya entonces plantearon con fuerza el tema -pendiente hasta el día de hoy- del acceso a la tierra.

En el año 1950 el Parlamento discutió el tema de la producción azucarera en el Uruguay y en esa oportunidad se promulgó la ley que establece el interés nacional en la producción de las especies sacarígenas y en su industrialización. En aquellos años se importaba el crudo, pues las remolachas eran esmirriadas y recién se empezaba con la caña.

Es bueno recordar que el primero que plantó caña de azúcar en el Uruguay fue ANCAP, en el departamento de Rivera, para elaborar alcoholes de boca de calidad.

A partir de la promulgación de la ley de 1950, el país desarrolló exitosamente el cultivo, y después de varias pruebas en distintos puntos del país se fue concentrando la producción de la caña de azúcar en la zona de Bella Unión, debido a sus características agronómicas y climáticas, y a las posibilidades que daban esos suelos para dicha producción.

En el año 1975 nuestro país se abasteció completamente de azúcar a partir de la caña.

De todos modos, el tema del azúcar tiene una larga historia, porque al principio se lo importaba y luego se lo produjo a partir de la remolacha, que es una producción que aún está presente en el Uruguay, a través de algunas empresas que hacen desde la importación hasta su proceso posterior, y que están en el Río de la Plata desde antes de las Invasiones Inglesas, como es el caso de la empresa ED&F Man Molasses Limited, que hacía corretajes de azúcar.

Luego de la ley de 1950, la plantación de caña de azúcar fue una realidad económica importante, trajo una cultura nueva, significó nuevas fuentes de trabajo e introdujo tecnología. Asimismo, le dio al paisaje de esa zona -cuando hablamos de esa zona nos estamos refiriendo al espacio geográfico, económico y social del norte- una caracterización innovadora, muy cooperativizada. Allí no hubo un empresariado histórico, como ocurrió en otras regiones del país, pero existió una fuerte organización de la red del trabajo y de la red social a través de sindicatos muy importantes, como ya lo expresamos. Se podría decir que en esa región hubo, más que empresarios históricos, visionarios, como es el caso del Ingeniero Mones Quintela, precursor de la plantación de caña de azúcar en Artigas. Actualmente, el ingenio de ALUR lleva su nombre.

Entonces, la región fue productora de caña en forma prioritaria y en 1977 llegó a una producción máxima 62:000.000 de kilos, sembrando 11.000 hectáreas, en un marco de estímulos a la producción. En esos años la caña se transformó en la principal materia prima para la producción nacional de azúcar, dejando bastante atrás a la remolacha. Pero desde 1978 se comenzaron a desmontar los mecanismos reguladores de precios, y no sólo del azúcar. En ese momento se empezó a debilitar el sector, perdiendo pie en primer lugar la remolacha. A partir de aquí se sucede una serie de cierres que vamos a enumerar sintéticamente. En el año 1981 cerró la empresa Arinsa; en 1983, La Sierra; en 1988, Montes; en 1993, El Espinillar; en 1992, Azucarlito ya había quedado solamente refinando crudo, y CALNU permaneció en una combinación de producción, molienda y refinado de crudo, pero ingresó en un alto endeudamiento.

El Parlamento discutió varias veces, desde entonces, el tema del azúcar. Con el inicio del MERCOSUR se desprotegió más al sector, y se empezó a hablar de reconversión. El tema se reiteró a nivel parlamentario y es importante rastrearlo a través de las versiones taquigráficas de distintas sesiones en las que se registran diferentes integraciones en ambas Cámaras. Podemos decir que hubo, incluso, llamados a Sala e interpelaciones. Es decir que el tema interesaba en todo su significado económico, social, laboral y de perspectivas de una zona.

La superficie sembrada disminuyó y se perdieron muchos productores, aunque algunos sobrevivieron con altos índices de rendimiento. Sin embargo la discusión estaba centrada en un intercambio que tenía poderosas razones desde distintos ángulos y posiciones.

Existe un informe de la Comisión Fiscal de CALNU que concluye que el azúcar refinado producido con caña nacional es más conveniente que el refinado obtenido a través del crudo importado. No obstante estamos ante un informe polémico. Se agudiza, entonces, la discusión acerca de si realmente el Norte tiene vocación cañera y las diferentes posturas atraviesan el debate parlamentario, local y de las empresas. Se analiza el hecho de que el azúcar es un producto protegido en el mundo por muchos Gobiernos y se discute sobre la productividad, el rendimiento kilo-hectárea, las variedades, etcétera. No vamos a traer a este recinto esta discusión, que aunque es interesante, consta en abundantes versiones taquigráficas de este Parlamento.

El azúcar no muere -decrece pero no muere- y la caña tampoco; con la creación de ALUR comienza otra etapa de producción de azúcar asociada con el alcohol. Al día de hoy el área sembrada llega a 6.000 hectáreas y la meta es llegar a 11.000. Se introducen variedades nuevas que permiten una zafra escalonada y la tecnología avanza en materia de investigación, permitiendo cosas que probablemente en el año 1950 no eran pensables. Es más: el ingenio se remodela, se está construyendo la destilería, y la UTU instala en la zona una escuela para la capacitación en la producción de caña de azúcar y en el desempeño en aquellas áreas. Se toma en cuenta el proceso brasileño, que además de producir azúcar y utilizar la fotosíntesis histórica para sacar el petróleo de las entrañas de la tierra y usarlo en los motores, emplea la fotosíntesis actual, dando trabajo a su gente, creando empresas que producen azúcar, alcohol y energía. Sin duda, este es un tema polémico en el mundo y conviene que quede registrado.

En esta nueva etapa que comienza hay que luchar por la recuperación de aquellas tierras que, con el desestímulo de la producción y la crisis del 2002, habían sido destinadas a ciertas producciones o se habían vuelto baldías. Hay que recuperar el sistema de riego, poner a punto el ingenio, investigar nuevas variedades y levantar la destilería.

¿Cuál es la enorme ventaja de fondo que tiene la producción de caña en esa zona? Justamente, las características agronómicas de la zona, el clima, el conocimiento acumulado sobre la noble planta de caña de azúcar, sobre su cultivo, su molienda, la forma de riego, etcétera. En Bella Unión mucha gente conoce el tema en profundidad, porque a esta altura forma parte de su cultura profunda; la historia de esa zona ha girado en torno a la caña de azúcar, con más fuerza a partir del año 1950. Por ello, es bueno reconocer a esa ciudad y a su entorno con la designación que se propone, pues recoge la historia, las raíces y, fundamentalmente, proyecta el futuro de una zona del país que empieza a levantarse económicamente. Es bueno que los pagos tengan su impronta personal, su identidad y así lo ha entendido el Parlamento con otras denominaciones de similar magnitud.

Por lo expuesto, recomendamos al Cuerpo aprobar el proyecto de ley en discusión, que ya tiene media sanción y cuenta con el voto unánime de la Comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

(Se vota:)

-22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Declárase la ciudad de Bella Unión y su zona de influencia, 7ª Sección Judicial del departamento de Artigas, ‘Capital Nacional de la Caña de Azúcar’."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

15) MONTES CITRICOLAS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en tercer término del orden del día: "Proyecto de ley por el que interpreta el alcance del artículo 2º de la Ley Nº 18.245, de 27 de diciembre de 2007, referente a la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural para el sector citrícola. (Carp. Nº 1160/08 - Rep. Nº 733/08).

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1160/08

Rep. N° 733/08

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Montevideo, 5 de mayo de 2008.

Sr. Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigir a ese Cuerpo, el Proyecto de Ley referente al artículo 2° de la Ley N° 18.245 de 27 de diciembre de 2007.

Saluda al Sr. Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Danilo Astori, Ernesto Agazzi, Daniel Martínez.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Poder Ejecutivo tiene el alto honor de enviar este proyecto de ley interpretativo del verdadero alcance del artículo 2° de la Ley N° 18.245, de 27 de diciembre de 2007 por el que se declara que las exoneraciones de montes citrícolas se hallan exceptuadas de la derogación de la exoneración de Contribución Inmobiliaria establecida recientemente por dicha norma legal.

La revisión de la política forestal, que estuvo esencialmente inspirada en las transformaciones operadas en el tránsito forestal con el consiguiente aumento de los costos de mantenimiento de los caminos a cargo de los Gobiernos Departamentales, debido al aumento del volumen, peso y cantidad de la producción forestal, no debe alcanzar al sector citrícola, donde este fenómeno no se ha verificado.

Por lo tanto, no estuvo en el espíritu del Legislador de la Ley N° 18.245, derogar para este sector específico de producción, la exoneración forestal que alcanza al Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural, la que se halla vigente desde hace casi dos décadas y fue inspirada en loables propósitos de fomento de dicha actividad sectorial.

Por lo tanto, este proyecto de ley se halla inspirado en otorgar la necesaria seguridad jurídica de que el Estado no ha modificado las reglas impositivas ni ha cambiado las políticas de fomento del sector.

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Interprétase que el artículo 2° de la Ley N° 18.245, de 27 de diciembre de 2007 consideró a los montes citrícolas referidos por el artículo 92 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, entre las exoneraciones del impuesto de contribución inmobiliaria rural exceptuadas de la aplicación del artículo 1° de la Ley que se interpreta, manteniéndose éstas plenamente vigentes.

Danilo Astori, Ernesto Agazzi, Daniel Martínez.

DISPOSICIONES CITADAS

LEY N° 18.245

de 27 de diciembre de 2007

Artículo 1°.- Exceptúase de la exoneración dispuesta por el numeral 1) del artículo 39 de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987, a la contribución inmobiliaria rural.

Artículo 2°.- Lo dispuesto en el artículo 1° de esta ley no regirá para los bosques incluidos en los proyectos de madera de calidad definidos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ni para los bosques naturales declarados protectores de acuerdo al artículo 8° de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987, los que mantendrán la actual exoneración a la contribución inmobiliaria rural.

LEY N° 16.002

de 25 de noviembre de 1988

CAPITULO VII - NORMAS TRIBUTARIAS

Artículo 92.- Los montes citrícolas están comprendidos por lo dispuesto en los numerales 1) y 2) del artículo 39 y por el artículo 40 de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987. La presente disposición regirá desde la vigencia de la citada ley.

LEY N° 15.939

de 28 de diciembre de 1987

TITULO II - BOSQUES PARTICULARES

CAPITULO I - CALIFICACION Y DESLINDE

Artículo 8.- Los bosques particulares se calificarán según sus fines en la siguiente forma:

A) Protectores, cuando tengan fundamentalmente el fin de conservar el suelo, el agua y otros recursos naturales renovables;

B) De rendimiento, cuando tengan por fin principal la producción de materias leñosas o aleñosas y resulten de especial interés nacional por su ubicación o por la clase de madera u otros productos forestales que de ellos puedan obtenerse;

C) Generales, cuando no tengan las características de protectores ni de rendimiento.

La calificación de los bosques protectores y de rendimiento será hecha por la Dirección Forestal, a su iniciativa o por solicitud de los interesados.

En este segundo caso, éstos deberán presentar:

A) Un informe circunstanciado, cuando se trate de calificar un bosque ya existente;

B) Un proyecto de forestación, cuando se trate de crear un bosque protector o de rendimiento.

TITULO V - FOMENTO DE LA FORESTACION

CAPITULO I - BENEFICIOS TRIBUTARIOS

Artículo 39.- Los bosques artificiales existentes o que se planten en el futuro, declarados protectores según el artículo 8° o los de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal y los bosques naturales declarados protectores de acuerdo al mencionado artículo, así como los terrenos ocupados o afectados directamente a los mismos, gozarán de los siguientes beneficios tributarios:

1) Estarán exentos de todo tributo nacional sobre la propiedad inmueble rural y de la contribución inmobiliaria rural;

2) Sus respectivos valores o extensiones no se computarán para la determinación de: a) ingresos a los efectos de la liquidación de los impuestos que gravan la renta ficta de las explotaciones agropecuarias (IMAGRO u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores), y b) el monto imponible del impuesto al patrimonio.

3) Los ingresos derivados de la explotación de los bosques no se computarán a los efectos de la determinación del ingreso gravado en el impuesto a las rentas agropecuarias (IRA u otros que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores).

4) Las rentas derivadas de su explotación no se computarán a efectos de la liquidación del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) o de otros impuestos que se establezcan en el futuro y tengan similares hechos generadores, por los sujetos pasivos de actividades agropecuarias e industriales cuando el producto total o parcial de la actividad agropecuaria, constituye insumo de su actividad industrial.

DECRETO N° 247/989

Promulgación: 24/05/1989 Publicación: 23/08/1989

SANGUINETTI - RICARDO ZERBINO CAVAJANI - PEDRO BONINO GARMENDIA

Visto: los artículos 39 a 43, 49 a 50 y 68 de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987 y los artículos 90 a 92 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988.

Considerando: necesario reglamentar las disposiciones de las citadas Leyes referidas a beneficios tributarios,

El Presidente de la República,

DECRETA:

Reglamentario/a de:

Ley N° 16.002 de 25/11/1988 artículos 90, 91 y 92,

Ley N° 15.939, de 28/12/1987 artículos 39, 40, 41, 42, 43, 49, 50 y 68.

Artículo 1

Son bosques los que cumplen con las características indicadas en el artículo 4° de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987, y lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 452/988 de 6 de julio de 1988.

No son bosques los montes frutales.

Artículo 2

Las franquicias tributarias que se reglamentan alcanzan a:

A) Bosques:

1°) Los artificiales existentes al 19 de febrero de 1988 o que se planten a partir de esa fecha;

i) Declarados protectores;

ii) Declarados de rendimiento en las zonas declaradas de prioridad forestal;

2°) Los naturales declarados protectores.

La calificación de los bosques protectores y de rendimiento será hecha por la Dirección Forestal;

B) Montes citrícolas.

A éstos sólo les alcanzan las franquicias dispuestas en los numerales 1° y 2° del artículo 39 de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987.

La calificación de monte citrícola será hecha por la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola.

Artículo 3

Los beneficios tributarios a que refiere el artículo 39 de la Ley N° 15.939 de 28 de diciembre de 1987 con el agregado del artículo 90 de la Ley N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988 comprenderán:

a) Las áreas ocupadas por los bosques indicados en el artículo anterior y por los montes citrícolas, no se computarán a los efectos de la determinación de ingreso bruto para el Impuesto a las Actividades Agropecuarias.

b) Las rentas devengadas por la explotación de esos bosques no se computarán a los efectos de la liquidación del Impuesto a las Rentas Agropecuarias ni del Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio por parte de los sujetos pasivos titulares de actividades agropecuarias e industriales, cuando el producto total o parcial de la actividad agropecuaria constituye insumo de su actividad industrial;

c) Las áreas ocupadas por dichos bosques y los montes citrícolas, así como el valor fiscal de los mismos no se computarán para el monto imponible del Impuesto al Patrimonio a ningún efecto.

Artículo 4

En la determinación de la base imponible para la aplicación de los tributos a la propiedad inmueble rural, cuya creación sea competencia de los Organismos Legislativos Nacionales, se deducirá la superficie ocupada por los bosques que se refieren en el artículo 2° y por los montes citrícolas.

Artículo 5

Para gozar de los beneficios tributarios que se reglamentan los contribuyentes deberán presentar un plan de manejo y ordenación para las laborales culturales de explotación y regeneración de bosques el cual deberá ser aprobado por la Dirección Forestal. Toda modificación al referido plan de manejo, deberá ser aprobado previamente por la Dirección Forestal.

Artículo 6

A los efectos de la liquidación del Impuesto a las Rentas Agropecuarias, el Impuesto a las Actividades Agrope-cuarias, el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio y el Impuesto al Patrimonio los beneficios tributarios que se reglamentan serán aplicables para los ejercicios fiscales cerrados a partir del 19 de febrero de 1988.

Artículo 7

Los beneficios tributarios establecidos en la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987 alcanzan a todos los tributos que en el futuro graven genéricamente a las explotaciones agropecuarias, a sus titulares en cuanto tales, o a sus rentas. Sin perjuicio de ello, los bosques mencionados estarán en todos los casos de los tributos futuros que se establecieren, durante el plazo de doce años contados desde la implantación del bosque.

Artículo 8

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987 se entenderá que los bosques han sido total o parcialmente destruidos cuando medie resolución de la Dirección Forestal que así lo determine.

Con respecto a los montes citrícolas los beneficios tributarios cesarán cuando aquéllos sean destruidos por cualquier causa y así conste en la resolución que al efecto emita la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola.

Artículo 9

La pérdida de los beneficios tributarios como consecuencia de la destrucción total o parcial del bosque surtirá sus efectos a partir de la fecha que lo establezca la Dirección Forestal en la respectiva resolución.

Para los montes citrícolas surtirá sus efectos a partir de la fecha que lo establezca la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola en la respectiva resolución.

Artículo 10

Cuando la destrucción total o parcial del bosque o monte cítricola fuera causada intencionalmente o por culpa grave y la responsabilidad corresponda al propietario, la administración exigirá el pago del o los impuestos que hubieren sido exonerados y las sanciones correspondientes.

Artículo 11

A los efectos de ampararse en los beneficios tributarios previstos por las disposiciones que anteceden, los interesados deberán presentar el certificado de inscripción en el Registro de Bosques llevado por la Dirección Forestal de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Dicho certificado será expedido para cada exoneración. Sólo tendrá validez para el acto o hecho gravado a que se refiere o para el ejercicio fiscal en el que sea presentado según corresponda. El certificado deberá establecer:

a) La individualización del bosque o plantación;

b) Su calificación como protector, o de rendimiento;

c) La superficie afectada al bosque o plantación.

Artículo 12

El beneficiario estará obligado a denunciar ante la Dirección Forestal de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca todo hecho o acto, ya sea propio o ajeno, que causó la destrucción total o parcial del bosque.

Será considerada destrucción del bosque, toda acción u omisión que no se ajuste al plan mencionado por el artículo 5° de este Decreto y que atente intencionalmente o no contra el desarrollo o permanencia del bosque (artículo 22 de la Ley Forestal 15.939, de 28 de diciembre de 1987).

De la destrucción, aunque sea parcial, se tomará nota en el Registro de Bosques.

Cuando el titular de los beneficios fiscales que se reglamentan sea responsable de la destrucción total o parcial del bosque y la misma fuere causada intencionalmente o por culpa grave será aplicables las sanciones previstas por los artículos 22 y 69 de la Ley Forestal N° 15.939, de 28 de diciembre de 1987.

Artículo 13

La Dirección Forestal de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca podrá realizar inspecciones para comprobar el cumplimiento del proyecto de forestación presentado por el beneficiario, así como la ejecución del plan de manejo y ordenación para las operaciones culturales, de explotación y regeneración del bosque.

En caso de comprobarse incumplimiento, realizará la anotación respectiva en el Registro de Bosques y formulará las denuncias correspondientes ante los organismos competentes a sus efectos.

Artículo 14

Comuníquese, etc.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Hacienda

ACTA N° 90

En Montevideo, el día veintidós de mayo de dos mil ocho, a la hora diez y veinticinco minutos, se reúne la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros, señores Senadores Carlos Baráibar, Alberto Couriel, Eber Da Rosa, Luis Alberto Heber, Rafael Michelini, Jorge Saravia y Héctor Tajam.

Falta con aviso el señor Senador Sergio Abreu, quien remite nota justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Isaac Alfie, Vicepresidente de la Comisión.

Actúa en Secretaría la señora Dinorah Amato, Secretaria de la Comisión, y el funcionario Jorge Fernández.

Abierto el acto se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2472/2008 que forma parte de la presente Acta.

ASUNTOS CONSIDERADOS:

1) MONTES CITRICOLAS. Se interpreta el artículo 2° de la Ley N° 18.245, de 27 de diciembre de 2007, referente a la exoneración de la contribución inmobiliaria rural. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Carpeta N° 1160/2008. Distribuido N° 2452/2008.

En consideración:

Artículo Unico.- Se vota 8 en 8. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Isaac Alfie, quien lo hará en forma verbal.

Texto del proyecto de ley aprobado:

"ARTICULO UNICO.- Interprétase que el artículo 2° de la Ley N° 18.245, de 27 de diciembre de 2007, consideró a los montes citrícolas referidos por el artículo 92 de la Ley  N° 16.002, de 25 de noviembre de 1988, entre las exoneraciones del impuesto de contribución inmobiliaria rural exceptuadas de la aplicación del artículo 1° de la Ley que se interpreta, manteniéndose éstas plenamente vigentes".

Siendo la hora diez y treinta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Isaac Alfie Vicepresidente

Dinorah Amato Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En consideración.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Alfie.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: tal como se establece en la carátula, estamos ante la interpretación del artículo 2º de una ley especial. La ley original buscaba eliminar la exoneración del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural a los predios que tenían producción forestal con determinadas excepciones. Sucede que remitiéndonos al artículo 2º del Decreto 247/989, reglamentario de la llamada Ley Forestal, las franquicias tributarias que se reglamentan alcanzan a bosques -y define cuáles son- y montes citrícolas. En consecuencia, en esta caída de la exoneración de la Contribución Inmobiliaria Rural quedarían comprendidos los montes citrícolas, lo que en su oportunidad no fue considerado, resultó omitido por error ya que la propuesta abarcaba, exclusivamente, a los bosques de rendimiento forestal.

La Ley Nº 18.245 facultó al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a seguir exonerando a los bosques destinados a proyectos de madera de calidad, así como a los naturales declarados protectores. Por lo tanto, cabe interpretar que los bosques citrícolas y los destinados a la producción de madera que no fuera de calidad, pasarían a pagar Contribución Inmobiliaria Rural. En consecuencia con esta ley se busca agregar a los bosques citrícolas a lo que se exceptúa en el artículo 1º de la Ley Nº 18.245.

Por lo expuesto, la Comisión de Hacienda entiende que es de recibo esta modificación y recomienda su aprobación.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto.

(Se vota:)

- 21 en 22. Afirmativa.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Interprétase que el artículo 2º de la Ley Nº 18.245, de 27 de diciembre de 2007 consideró a los montes citrícolas referidos por el artículo 92 de la Ley Nº 16.002, de 25 de noviembre de 1988, entre las exoneraciones del impuesto de contribución inmobiliaria rural exceptuadas de la aplicación de artículo 1º de la ley que se interpreta, manteniéndose éstas plenamente vigentes".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo único.

(Se vota:)

- 20 en 21. Afirmativa.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado, por ser igual al considerado)

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra, el señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: he votado este proyecto de ley y entiendo su fundamentación, pero con el propósito de reivindicar los legítimos intereses de las gobiernos departamentales, quiero dejar constancia de que si el Estado entiende que es conveniente otorgar determinadas exoneraciones, debería ser el Estado, en su conjunto, el que asuma la responsabilidad, y no que ello se haga a costa de los recursos genuinos que tienen las Intendencias.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR LAPAZ.- Señor Presidente: en el mismo sentido que el señor Senador Arana, debo decir que los municipios hacen un gran esfuerzo para mantener en buen estado la caminería, aspecto muy vinculado a la actividad que se lleva a cabo en los montes. Entonces, esta exoneración del pago de la Contribución Inmobiliaria Rural a los propietarios de montes citrícolas, que fue aprobada en su momento, debería ser asumida por el Gobierno Nacional.

Muchas gracias.

16) CENTRO CULTURAL BELLA ITALIA

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la con-sideración del punto que figura en cuarto término del orden del día: "Proyecto de resolución por el que se solicita al Ministerio de Educación y Cultura que declare de inte-

rés cultural la participación de una delegación de adoles-centes del Centro Social Bella Italia, en un festival

de jóvenes que se realizará en Alemania entre los meses

de setiembre y octubre de 2008 (Carp. Nº 1181/08 - Rep. Nº 739/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1181/08

Rep. N° 739/08

CAMARA DE SENADORES

INFORME

Al Senado:

La Comisión de Vecinos del Centro Cultural "El Mercadito", con el apoyo del Programa Esquinas de la Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, ha impulsado la recuperación de un espacio abandonado del Barrio Bella Italia, sito en el kilómetro 11.500 de Camino Maldonado, en el cual actualmente se brindan talleres de variadas disciplinas artísticas y culturales, por medio de las cuales han logrado expresarse niños y adolescentes, así como también mayores del lugar.

Entre los talleres que se imparten se distingue el de murga, realizado por destacados docentes como los profesores Eduardo "Pitufo" Lombardo y Pablo "Pinocho" Routin. Así, en el año 2006 surge una murga denominada "Chiquillada", integrada por niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años, que se ha presentado en más de cien espectáculos por Montevideo y varias ciudades del interior de nuestro país.

Ahora, estos chicos del Barrio Bella Italia tienen la oportunidad de mostrar su trabajo fuera de fronteras, difundiendo así también nuestra cultura. Han sido invitados a participar en un festival de jóvenes que tendrá lugar en Alemania entre los meses de setiembre y octubre próximos, lo cual constituirá una experiencia inolvidable y enriquecedora.

Es por ello que esta Comisión de Educación y Cultura, en atención a la labor social desarrollada y al aporte realizado para difundir nuestra cultura y como forma de estimular y promover las actividades antes mencionadas, ha resuelto solicitar al Cuerpo la aprobación de un proyecto de resolución a fin de solicitar al Ministerio de Educación y Cultura que declare de interés cultural la participación de esta murga de adolescentes en el festival que se desarrollará en Alemania.

PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Senadores, en atención a la labor social desarrollada y al aporte realizado para difundir nuestra cultura, solicita al Ministerio de Educación y Cultura considere declarar de interés cultural la participación de una delegación de adolescentes del Centro Social, Cultural y Recreativo "El Mercadito", del Barrio Bella Italia, sito en el kilómetro 11.500 de Camino Maldonado, en el festival "Kinderkulturkarawane" ("Caravana cultural de jóvenes"), que se llevará a cabo en Alemania, entre los días 7 de setiembre de 23 de octubre de 2008.

Sala de la Comisión, a 22 de mayo de 2008.

Margarita Percovich, Miembro Informante; Alberto Cid, Eduardo Lorier, Gustavo Penadés, Julio María Sanguinetti. Senadores.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

MATERIAL REFERIDO A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y RECREATIVO "EL MERCADITO"

Informe sobre delegación de adolescentes que concurrirá a Alemania para representar a nuestro país en un festival de jóvenes.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

Montevideo, mayo 19 de 2008.

A quien corresponda:

Por la presente dejamos constancia que el Centro Cultural Bella Italia integra, junto con 5 Teatros de Barrio y 22 Casas de Cultura Esquineras, el Programa Esquinas del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo.

El Programa Esquinas de la Cultura identifica, promueve, integra y apoya la cultura que producen los barrios montevideanos a través de distintas herramientas y estrategias.

En este marco, el Centro Cultural Bella Italia significa para el Programa -y sobre todo para los vecinos que se agrupan en su entorno- un importantísimo lugar donde los vecinos pueden desarrollar las más diferentes líneas de expresión cultural.

Muy atentamente.

Amanecer Dotta

Asesor de Cultura.

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

Montevideo, mayo 19 de 2008.

Sr. Director General (I)

DEPARTAMENTO DE CULTURA

Don Eduardo León Duter.

Presente.

De nuestra mayor consideración:

La murga joven "De Ninguna Manera", grupo esqui-nero del Centro Cultural Bella Italia, ha sido invitada por el Büro Für Kultur- Und Medienprojekte a participar en la "Caravana Cultural de Niños y Jóvenes" que se realizará en Alemania entre el 15 de mayo y el 8 de diciembre de este año.

Siendo este grupo un fiel reflejo del arte que los vecinos desarrollan en cada barrio promovido y apoyado desde el Departamento de Cultura a través del Programa Esquinas, creemos oportuno declarar esta participación de interés cultural del Departamento.

Muy atentamente,

Amanecer Dotta

Asesor de Cultura.

va escaneado 182 a 183

CENTRO SOCIAL CULTURAL Y RECREATIVO

"EL MERCADITO"

ESQUINA BELLA ITALIA

Introducción

Se trata de una propuesta de desarrollo social y cultural para la zona, que no sólo implica la recuperación de un espacio para el desarrollo de actividades, sino también la movilización de los recursos zonales para potenciar los valores y capacidades culturales de los niños, jóvenes y adultos del Barrio Bella Italia, y de la zona en general.

Los responsables de este proyecto son la Comisión de Vecinos del Centro Cultural "El Mercadito", ubicado en el barrio Bella Italia, sito en Camino Maldonado km. 11.500.

Dicho emprendimiento se viene desarrollando desde noviembre de 2004, contando con el apoyo de la IMM, tanto en sus órganos locales, como por parte del Programa "Esquinas de la Cultura". Durante los últimos años se han realizado diversos talleres y actividades sociales y culturales que se detallaran a lo largo del presente documento.

El 2008 se presenta como un año de nuevos desafíos, que invitan a crecer y expandir el emprendimiento. La IMM, valorando el desarrollo generado en estos últimos años en el marco del Programa Esquinas, plantea el interés de fortalecer el proyecto, consolidando un Centro Cultural, que pueda ser referente de las actividades culturales en la zona. Esto va ligado al aumento de los talleres que ofrecerá el Centro para los vecinos del barrio, así como la mayor movilización de las diferentes actividades (principalmente la murga) hacia otras zonas de Montevideo en el marco de presentaciones e intercambios.

Asimismo, este año se efectuará una actividad muy especial para el Centro Cultural. Se trata de un intercambio de la murga de adolescentes y niños/as en Alemania en donde realizarán presentaciones dando a conocer uno de los valores más preciados de la cultura uruguaya, y propiciando la vivencia de una experiencia de gran importancia para el desarrollo de la cultura y la identidad, no sólo para los participantes sino también para el barrio en general.

A continuación haremos una breve presentación de la historia del proyecto, recopilando sus principales actividades, para pasar luego a una somera descripción de las proyecciones más importantes para este año 2008 y en adelante.

Marco Histórico

El Centro social, cultural y recreativo "El Mercadito" se encuentra ubicado en una zona de Montevideo (Barrio Bella Italia) con determinadas características que serán expuestas a continuación, que hacen al espacio un lugar prioritario para el desarrollo de la zona.

La zona se fue poblando en la tercera década del Siglo XX por emigrantes provenientes en su mayoría del sur de Italia. Los primeros espacios poblados se dieron en forma de chacras y quintas para, luego de distintos fraccionamientos, convertirse en lo que hoy conocemos como Barrio Bella Italia. Surgirán lugares como "la casona de la escuela policial", una hermosa casa quinta; la plaza Guayabos; y la Escuela N° 144, que está brindando educación pública desde hace ya casi cien años. Entre todos esos lugares aparecerá "el Mercadito de Bella Italia", que brindaba un servicio fundamental para los vecinos de la zona como expendio municipal.

A fines de la década de los noventa, principios del Siglo XXI, el espacio utilizado como centro comercial queda abandonado, el arribo a la zona de grandes centros comerciales, va desplazando a aquellos comercios de pequeña escala, los que van cerrando sus puertas y dejando al barrio sin este lugar tan central en su historia y en su desarrollo local económico.

El edificio y el predio municipal permanecieron prácticamente abandonados, hasta que un colectivo de vecinos de diversa procedencia social, política, organizativa, económica y etaria comenzó la recuperación del espacio para fines sociales, culturales y recreativos para toda la población de la zona y sus cercanías.

Es así que se comenzó con la limpieza del predio, simultáneamente se realizan acercamientos con el Centro Co-munal Zonal -CCZ- con el fin de obtener el consentimiento para funcionar en este local de forma permanente. Esta propuesta, que fuera madurándose a partir de inquietudes de vecinos, comienza a tomar forma. El barrio vuelve a tener una oportunidad que no tenía desde hace más de veinte años.

Retomando los sueños de muchos de aquellos primeros habitantes, se amoldan y adecuan las distintas propuestas. Viejas costumbres vuelven a tener sentido. Los viejos cines de barrio, los corsos o los tablados populares recobran vigencia. Propuestas que fueron parte de la vida de los vecinos hace muchos años, pueden ser hoy, al igual que antaño, un lugar de encuentro.

No cabe duda que la situación socioeconómica de la población que vive en el barrio ha cambiado, el proceso de liberalización de la economía en la década de los noventa trabajo aparejados cambios negativos para la población de la zona dado el cierre de importantes cinturones industriales que generaban gran parte de la ocupación laboral de los vecinos y vecinas del barrio. Conjuntamente, el crecimiento de los llamados asentamientos irregulares en la zona, modifica la situación del barrio, agravando, los problemas sociales y económicos, lo que va acompañado de una depresión de la actividad cultural, social recreativa y educativa en la sociedad en general y particularmente en la zona.

Hoy, decididos a cambiar radicalmente esa situación, nos proponemos crear un ámbito colectivo, abierto, transparente y comprometido con, y para los vecinos.

De hacer realidad esta idea, estaremos ante una forma efectiva de gestión barrial que abarque las distintas áreas de nuestra sociedad, agrupando jóvenes que no cuentan con alternativas diferentes, personas de la tercera edad que tampoco disponen de espacios que contemplen sus in-quietudes, organizaciones que no tienen donde agruparse, hasta la recuperación de aquellos que fueran motivo de encuentros de vecinos, como los cines o tablados populares.

En muy poco tiempo, los vecinos allí nucleados y los concejales, han cambiado sustancialmente el aspecto del entorno. Han logrado la participación y el interés de otros vecinos y han captado la atención de las generaciones más jóvenes con los distintos talleres y actividades que se han ido desarrollando.

Actividades realizadas (período 2005 - 2007)

El conjunto de actividades realizadas nos embarcaron en uno de los cometidos planteados al inicio, generar un espacio social, cultural y recreativo para la población total del barrio y sus cercanías, donde la diversidad etaria y socioeconómica se encuentre representada.

Para estos contamos con el apoyo incondicional del Programa "Esquinas de la Cultura", correspondiente a la División Cultura de la IMM. El mismo ofrece un conjunto de talleristas para desarrollar en la zona diversas actividades artísticas.

Dentro de los talleres a cargo de excelentísimos talleristas se destacaron, plástica (papel reciclado), tanto, danza árabe, teatro y murga. Los talleres de murga fueron realizados por El profesor de coros Eduardo "Pitufo" Lombardo, el profesor de puesta en escena Pablo "Pinocho" Routín, el profesor de percusión Raúl García y los profesores alternos Marcel Keoroglián y Federico Alberti.

Por otra parte, la organización no gubernamental "El abrojo", solicita el local para trabajar con la población más vulnerable de la zona, niños y niñas perteneciente al asentamiento "11 de Febrero" (ubicado en Carlomagno y Copérnico), a través de dos programas financiados por el MIDES (Maestras comunitarias e INFA calle).

A partir de los talleres realizados en el 2006, se conforma una murga de niños y adolescentes con el nombre "Chiquillada", integrada por alrededor de 15 niños y niñas. Asimismo, se conforma otra murga de jóvenes y adultos llamada "De Ninguna Manera", que alberga a unos 30 adultos. En octubre de ese año ambas murgas comienzan a hacer presentaciones en liceos, escuelas, clubes deportivos, desfiles barriales, etc. Es de destacar que estos dos grupos siguen practicando la disciplina y presentando su arte en distintas zonas de Montevideo, así como en distintos medios de comunicación, teniendo ya en su haber más de 100 espectáculos presentados por todo Montevideo y varias ciudades del interior del país.

Además de los talleres, el Mercadito brindó al barrio actividades al aire libre con el apoyo del Centro Comunal Zonal N° 9 y del Departamento de Cultura de la IMM; Feria de las esquinas, espectáculo de la sinfónica de Montevideo, encuentros de recreación para niños y adolescentes entre otros.

Cabe destacar que ya están pautados para el año 2008 los siguientes talleres artísticos y actividades a realizar en el predio del Centro Cultural:

- Taller de murga para niños y niñas.

- Taller de plástica (reciclaje de papel).

- Taller de Tango.

- Taller de Teatro.

- Feria de las esquinas.

- Actividad de la Sinfónica de Montevideo.

- Taller de percusión para niños, adolescentes y adultos.

- Taller de danza.

- Taller de canto colectivo.

- Ciclos de cine.

- Ciclos de teatro.

- Ciclos de talleres literarios.

- Taller de circo y mimo.

MONTEVIDEO 1 DE ABRIL DE 2008

COMISION DEL CENTRO SOCIAL, CULTURAL Y RECREATIVO "EL MERCADITO"

CARLOMAGNO ESQ. VICTOR MANUEL

PRESIDENTA:

Patricia Lamaizon. C.I. 1.953.765-6 094 785 940

VICEPRESIDENTA:

Laura Jara C.I. 2.611.897-6 094 369 031

TESORERA:

Mariela Piedra C.I. 1.772.500-5 099 545 963

PRO TESORERO:

Eduardo Chaton C.I. 1.900.688-5 095 076 373

SECRETARIO:

Carlos Nogueira C.I. 1.290.287-4 094 583 203

VOCALES:

Claudia Rodríguez C.I. 3.398.476-0 094 931 971

Beatriz De Santos C.I. 953.345-8

Daniel Rodríguez C.I. 1.636.328-2

Carlos Trinidad C.I. 1.118.241-7 098 654 631

Martín Schiera C.I. 3.370.286-1 096 721 082

Kati Farías C.I. 2.661.572-8

Lourdes Silveira Casal C.I. 1.852.492-3 095 222 621

Jorge Fernando Delgado Pereira C.I. 3.734.681-

Teresita Viscardi Mautone C.I. 1.709.244-2

Martín Alejandro Grosso Viscardi C.I. 3.759.372-1

COMISION FISCAL:

Daniel Gómez C.I. 2.953.478-7

Jorge Montes de Oca C.I. 1.739.746-0

Carlos Buitureira C.I. 1.522.678-4 094 087 832

CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y RECREATIVO

"EL MERCADITO"

ACTIVIDADES

LUNES

De 14 a 17 Talleres Artisticos (Grupo Dínamo)

De 20 a 22 De Ninguna Manera Adolescentes

MARTES

De 19 a 21 De Ninguna Manera Mayores

MIERCOLES

De 19 a 21 Taller de Canto

Docente- Rafa Antoniaza

Ensayo: De Ninguna Manera Adolescentes

A partir de junio de 14 a 17 hs. Taller de Educación Física

JUEVES

De 14 a 17 Talleres Artísticos (Grupo Dínamo)

VIERNES

De 19 a

20.30 Taller de Percusión

Docente- Chacha

ACTIVIDADES SALON 1

Maestras Comunitarias Escuelas N° 144 y N° 187

De lunes a viernes horario matutino y vespertino.

ACTIVIDADES SALON 2

Maestra Comunitaria Escuela N° 238

Horario matutino.

SE TRASLADAN DEL CENTRO CULTURAL AL CLUB CHACARITA POR FALTA DE ESPACIO FISICO LOS TALLERES:

Lunes de 21 a 22.30 Tango (a partir del 6 de mayo)

Jueves de 20.30 a 21.30 Salsa (a partir del 24 de abril)

TALLER DE TANGO CUENTA CON MAS DE 25 ALUMNOS.

TALLER DE SALSA CUENTA CON MAS DE 50 ALUMNOS.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 77

En Montevideo, el día veintidós de mayo del año dos mil ocho, a la hora once y cinco minutos, se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los miembros señora Senadora Margarita Percovich y señores Senadores Alberto Cid, Eduardo Lorier, Gustavo Penadés y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso la señora Senadora Lucía Topolansky y el señor Senador Ruperto Long.

Concurren especialmente invitados: integrantes del Centro Social y Cultural "El Mercadito" del Barrio Bella Italia, señoras Mariela Piedra, Claudia Rodríguez y Lourdes Silveira y señores Carlos Nogueira, Martín Schiera y Fernando Delgado; por el Programa Esquina de la Cultura del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo, señora Mirtha Ramírez y el Secretario de la Junta Local N° 9 del departamento de Montevideo, señor Francisco Fleitas.

Preside la señora Senadora Margarita Percovich.

Actúa en Secretaría la señora María Cecilia Fernández, Secretaria de Comisión, con la colaboración del funcionario señor Mario Latorre.

1) Asuntos entrados. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

- CARPETA N° 1173/08: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se designa "Estado de Israel" la Escuela N° 112 de la ciudad capital del departamento de Paysandú, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- CARPETA N° 1175/08: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se designa "Tacuabé" la Escuela Habilitada N° 97 de la ciudad capital del departamento de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

- CARPETA N° 1171/08: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes por el que se designa "Doctor Horacio Suárez Sedraschi" el Hogar Infantil del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay del departamento de Salto.

- CARPETA N° 200/05: Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se designa María Julia Hernández de Ruffinati al Liceo N° 2, de la ciudad de Pando, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública.

2) Asuntos considerados.

- CARPETA N° 200/05.- Se designa "María Julia Hernández de Ruffinatti" el Liceo N° 2, de la ciudad de Pando, departamento de Canelones.

- En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD. Queda aprobado el proyecto de ley y se designa Miembro Informante al señor Senador Ruperto Long, quien lo hará en forma verbal.

El texto del proyecto de ley aprobado se transcribe a continuación: "Desígnase "María Julia Hernández de Ruffinatti" el Liceo N° 2, de la ciudad de Pando, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)".

- Audiencia con la delegación del Centro Social y Cultural "El Mercadito" del Barrio Bella Italia. Los visitantes exponen en relación con las actividades que desarrolla el mencionado Centro Social y solicitan apoyo institucional como forma de obtener el respaldo oficial para una delegación de adolescentes que en el mes de setiembre del año en curso viajará a Alemania a representar a nuestro país en un festival de jóvenes.

Luego de finalizada la comparecencia de los integrantes del Centro Social y Cultural "El Mercadito", la Comisión resuelve aprobar un proyecto de resolución a fin de que el Senado remita al Ministerio de Educación y Cultura la solicitud para declarar de interés cultural la participación de la delegación en el festival de Alemania, entre los días 7 de setiembre y 23 de octubre de 2008. Se designa Miembro Informante a la señora Senadora Margarita Percovich.

- CARPETA N° 889/07. "Archivo Nacional de la Memoria. Creación". Los miembros de la Comisión intercambian opiniones respecto del proyecto de ley y exponen sus apreciaciones en lo referente al manejo de la documentación para que no se produzca un desmembramiento de los archivos nacionales. Manifiestan además sus pareceres en cuanto al objetivo del proyecto y la determinación precisa de su contenido, atendiendo a que la nominación del Archivo no exceda la especificidad de la normativa contenida en el proyecto de ley.

Por moción del señor Senador Penadés se solicitará a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes los informes que en ella se hayan producido durante el análisis del proyecto.

- Resoluciones. La Comisión decide convocar a la señora Ministra de Educación y Cultura a fin de que exponga su opinión en relación con el proyecto de ley a estudio por el cual se crea la Comisión Nacional del Bicentenario.

De lo actuado se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2473/08, que forma parte de la presente Acta.

Siendo la hora doce y diez minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Margarita Percovich Presidenta

María Cecilia Fernández Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee)

- En discusión.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: se trata de una minuta de aspiración que elevamos al Ministerio de Educación y Cultura para que, a través de la declaración de interés cultural, esta iniciativa pueda tener un mayor apoyo. "El Mercadito", centro cultural de Bella Italia -característico barrio de nuestra ciudad de Montevideo-, ha tenido una excelente producción de artistas como Mauricio Ubal, entre otros. Cabe destacar que se conformó como centro cultural a través del Programa "Esquinas", de la Intendencia Municipal de Montevideo, que llevó a los distintos barrios artistas de las más diversas expresiones, organizando una especie de feria dominical en la cual se explicita la historia del tango uruguayo, se practica la danza, la expresión plástica y corporal, el comic, etcétera. A partir de esas experiencias van quedando instalados pequeños centros culturales en esos espacios, a solicitud de los mismos vecinos y como forma de que los talleres continúen. Este ha sido el caso de "El Mercadito", de Bella Italia, que es un viejo mercadito de carne cuyo local ha sido acondicionado para funcionar como centro cultural; allí se están planteando distintos talleres como, por ejemplo, el de murga que, obviamente, al tener profesores del nivel de "Pitufo" Lombardo y "Pinocho" Routín, ha concitado el interés de los chiquilines, las chiquilinas, los adolescentes y las adolescentes.

En ese marco, los vecinos se presentaron ante la Comisión de Educación y Cultura porque han sido invitados para participar de esta experiencia que tendrá lugar en Alemania, que consiste en un intercambio cultural con organizaciones adolescentes que desarrollan distintas expresiones artísticas, especialmente musicales. Si bien cuentan con la financiación de esta organización alemana, hay muchos otros gastos que las familias de la zona no están en condiciones de solventar. Justamente, por ese motivo han solicitado nuestro apoyo y el del Ministerio de Educación y Cultura.

En definitiva, señor Presidente, de eso se trata la propuesta que elevamos al Senado.

SEÑOR ARANA.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: quiero apoyar con entusiasmo esta propuesta, ya que este tipo de iniciativas pueden realmente promover la acción cultural con insospechadas consecuencias ulteriores.

A nivel de la Intendencia Municipal de Montevideo hemos tenido varias experiencias en este sentido, impulsadas por varios de los directores, que han sido muy activos al dinamizar todos los aspectos culturales fundamentalmente en los barrios más carenciados de la capital. Por ejemplo, a través del teatro joven y de la murga joven se ha dado impulso a la creatividad en materia de teatro, de música, de canto popular y de inserción en todo ese movimiento carnavalero que se expresa a través de la percusión y la murga. Ello ha tenido como consecuencia que algunas de las personalidades más difundidas hoy a través del cine nacional -que ha tenido muy buena resonancia regional e internacional-, hayan emergido gracias a las iniciativas promovidas por el Director de Cultura, Gonzalo Carámbula, o por la licenciada Sara López, hoy junto a nosotros en el Senado, quien desde el ámbito de descentralización de Montevideo también ha propiciado este tipo de actividades.

En resumen, señor Presidente, considero sumamente estimulante este proyecto.

SEÑORA LOPEZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA LOPEZ.- Señor Presidente: deseo señalar que estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa, porque no sólo es importante e imprescindible acercar a la gente al disfrute de estos bienes culturales, sino también generar los espacios para que se exprese la creatividad de los vecinos y vecinas de cada barrio, de cada localidad, como forma de afirmar su sentido de pertenencia y de identificación social y cultural. Considero que ello es fundamental para un desarrollo integral de la sociedad.

Nada más.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"La Cámara de Senadores, en atención a la labor social desarrollada y al aporte realizado para difundir nuestra cultura, solicita al Ministerio de Educación y Cultura considere declarar de interés cultural la participación de una delegación de adolescentes del Centro Social, Cultural y Recreativo ‘El Mercadito’, del barrio Bella Italia, sito en el kilómetro 11.500 de Camino Maldonado, en el festival ‘Kinderkulturkarawane’ (‘Caravana cultural de jóvenes’), que se llevará a cabo en Alemania, entre los días 7 de setiembre y 23 de octubre de 2008".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará al Ministerio de Educación y Cultura.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado por ser igual al considerado)

SEÑOR GALLINAL.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR GALLINAL.- Señor Presidente: hemos votado con mucho gusto esta iniciativa que se traslada al Mi-nisterio de Educación y Cultura en una suerte de minuta solicitando la declaración de interés cultural corres-pondiente. Vale destacar que conocemos el barrio, la localidad y a algunos de los protagonistas que han hecho posible esta realidad que se va desarrollando y consolidando.

En consecuencia, insisto, desde la Bancada del Partido Nacional hemos acompañado con mucho gusto este proyecto que, de alguna manera, fija un precedente para que en el futuro otros emprendimientos de otras localidades o barrios del país reciban un apoyo de este tipo.

17) "MARIA JULIA HERNANDEZ DE RUFFINATTI"

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el punto que figura en quinto lugar del orden del día: "Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Represen-tantes por el que se designa al Liceo Nº 2 de la ciudad de Pando, departamento de Canelones, con el nombre de ‘María Julia Hernández de Ruffinatti’ (Carp. Nº 200/05 - Rep. Nº 735/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 200/05

Rep. N° 735/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguien-te

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase María Julia Hernández de Ruffinatti el Liceo N° 2 de la ciudad de Pando, departamento de Canelones, dependiente del Consejo de Educación Secundaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de mayo de 2008.

Uberfil Hernández

1er. Vicepresidente

Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario.

CAMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase el Liceo N° 2 de la ciudad de Pando, ubicado en el departamento de Canelones, con el nombre de "María Julia Hernández de Ruffinatti", dependiente del Consejo de Educación Secundaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 6 de julio de 2005.

Rodolfo Nin Novoa Presidente

Hugo Rodríguez Filippini Secretario.

Ministerio de

Educación y Cultura

Montevideo, 30 de mayo de 2005.

Sr. Presidente de la

Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Alto Cuerpo con el fin de someter a su consideración el Proyecto de Ley que se acompaña, por el cual se designa el Liceo N° 2 de la ciudad de Pando, ubicado en el departamento de Canelones, con el nombre de "María Julia Hernández de Ruffinatti".

La propuesta -efectuada por funcionarios, ex alumnos y personal docente, vecinos y fuerzas vivas de la localidad del mencionado Liceo-, cuenta con el informe favorable de las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública.

Sin otro particular, saludo al señor Presidente, y por su intermedio al resto de los integrantes de ese Alto Cuerpo, con mi mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ

Presidente de la República

Jorge Brovetto

Ministro de Educación

y Cultura.

Ministerio de

Educación y Cultura

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Desígnase el Liceo N° 2 de la ciudad de Pando, ubicado en el departamento de Canelones, con el nombre de "María Julia Hernández de Ruffinatti".

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, archívese.

Jorge Brovetto."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

Tiene la palabra la Miembro Informante, señora Senadora Percovich.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: se trata de un proyecto de ley ya aprobado por el Senado y al que la Cámara de Representantes le introdujo una pequeña modificación formal.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se acepta la modificación.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

18) SANGRE HUMANA, PLASMA , HEMOCOMPONENTES Y HEMODERIVADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes por el que se declara de interés nacional a la Sangre Humana, Plasma, Hemocomponentes y Hemoderivados con fines terapéuticos. (Carp. Nº 711/06 - Rep. Nº 736/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 711/06

Rep. N° 736/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Decláranse de interés nacional la sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos.

Artículo 2°.- Los bancos de sangre, las unidades de hemoterapia, los servicios de medicina transfusional y los centros asistenciales deberán ajustarse a las directivas científicas, técnicas y éticas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. El objetivo final es asegurar la aplicación de la mejor tecnología disponible a todo el procedimiento desde la selección de donantes hasta la transfusión, necesarios para asegurar el óptimo aprovechamiento terapéutico de la sangre humana.

Artículo 3°.- Los servicios de medicina transfusional y los centros asistenciales deberán aplicar los criterios clínicos y las pautas terapéuticas más apropiadas para cada paciente a los efectos de asegurar el uso racional de la sangre, hemocomponentes y hemoderivados.

Artículo 4°.- Prohíbese la comercialización con fines de lucro de la sangre humana y hemoderivados obtenidos a partir de la misma.

Limítase la percepción de haberes por parte de las instituciones prestadoras de servicios asistenciales a los costos atribuibles a la captación de donantes voluntarios, selección, extracción de sangre, producción de hemocomponentes, conservación, pruebas serológicas, e inmunohematológicas, así como la evaluación clínica, los servicios transfusionales y las remuneraciones de los profesionales actuantes de acuerdo al laudo vigente.

El Ministerio de Salud Pública fijará el costo de los procedimientos antes señalados.

Artículo 5°.- Facúltase al Servicio Nacional de Sangre en todo el territorio nacional a llevar a cabo un Programa de Plasmaféresis para la obtención de plasma fresco con-gelado con destino a su fraccionamiento, así como a los servicios de hemoterapia acreditados, públicos y priva-dos.

Artículo 6°.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a contratar y establecer los convenios que correspondan para asegurar el fraccionamiento del plasma humano disponible en la red de bancos de sangre y servicios de medicina transfusional, a los efectos de asegurar la disponibilidad de hemoderivados y su acceso a toda la población, así como a planificar la creación de una planta de fraccionamiento nacional con intervención de instituciones públicas y privadas.

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 6 de mayo de 2008.

Alberto Perdomo Gamarra Presidente

Marti Dalgalarrondo Añón Secretario.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Salud Pública

ACTA N° 107

En Montevideo, el día veinte de mayo del año dos mil ocho, a la hora trece y quince minutos, se reúne la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Senadores.

Asisten las señoras Senadoras Margarita Percovich y Mónica Xavier y los señores Senadores Enrique Antía, Alberto Cid y Víctor Vaillant.

Falta con aviso los señores Senadores Isaac Alfie y Eber Da Rosa quienes remiten notas justificando su inasistencia.

Preside el señor Senador Alberto Cid, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaria la señora Susana Rodríguez, Secretaria de la Comisión y la señora Ana Verissimo.

ASUNTO ENTRADO.

Carpeta N° 711/2006. Sangre Humana, Plasma Humano, Hemocomponentes y Hemoderivados. Se declaran de interés nacional. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes. Distribuido N° 2456/2008.

ASUNTOS TRATADOS.

Carpeta N° 711/2006. Sangre Humana, Plasma Humano. Hemocomponentes y Hemoderivados. Se declaran de interés nacional. Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes.

En consideración. Se vota: 5 en 5. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

Carpeta N° 1018/2007. Residencias Médicas. Se modificará su régimen.

La señora Senadora Mónica Xavier informa que representantes del CLAEH (Centro Latinoamericano de Economía Humana) solicitarán audiencia para dar su opinión sobre el proyecto, por lo cual solicita se postergue su tratamiento. Así se resuelve por unanimidad de presentes.

RESOLUCIONES.

1°) Régimen de trabajo. Se resuelve sesionar a partir del mes de junio los días martes, a las 17 horas.

2°) Recibir en audiencia el próximo martes a representantes del CLAEH.

De lo actuado se toma versión taquigráfica cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2463/2008 y que forma parte de la presente Acta.

A la hora trece y cincuenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Presidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Alberto Cid Presidente

Susana Rodríguez Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- En realidad, los cambios que se intro-dujeron en la Cámara de Representantes son de carácter menor. Por lo menos en sus primeros tres artículos, las modificaciones obedecen a cuestiones de texto y, fundamentalmente, en el artículo 1º se cambia "Declárase" por "Decláranse".

El artículo 4º nos generó alguna duda, porque se agregó que era función del Ministerio de Salud Pública, entre otras, fijar las remuneraciones de los profesionales actuantes de acuerdo con el laudo vigente. Nos pareció que esto podía ser un sesgo inconveniente porque dejaba afuera a los otros funcionarios. En este sentido, hicimos las consultas del caso con el Ministerio de Salud Pública, y finalmente se interpretó que en realidad ello no constituía un obstáculo para su aprobación.

El artículo 5º amplía las facultades del Servicio Nacional de Sangre, lo que no implica un cambio conceptual.

El artículo 6º establece una facultad al Ministerio de Salud Pública que, en realidad, ya forma parte de sus objetivos, pero a través de esta disposición se ratifica la planificación de la creación de una planta de fraccionamiento nacional de estos componentes de la sangre provenientes de instituciones públicas y privadas autorizadas.

Por lo tanto, la Comisión de Salud Pública entendió que eran de recibo las observaciones que se hicieron en la Cámara de Representantes, por lo que proponemos que se aprueben.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en un solo acto si se aceptan las modificaciones que introdujo la Cámara de Representantes.

(Se vota:)

- 21 en 21. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Ha quedado sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

19) SOLICITUDES DE VENIAS DEL PODER EJECUTIVO PARA CONFERIR ASCENSOS A VARIOS TENIENTES CORONELES

SEÑOR PRESIDENTE.- Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Informes de la Comisión de Defensa Nacional relacionados con las solicitudes de venia remitidas por el Poder Ejecutivo a efectos de conferir los siguientes ascensos:

- al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1º de febrero de 2007, a los señores Tenientes Coroneles Médicos doña Stella M. Cabeza y don Carlos A. Peppe. (Carp. Nº 1176/08 - Rep. Nº 743/08).

- al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1º de febrero de 2008, a varios Tenientes Coroneles. (Carp. Nº 1156/08 - Rep. Nº 744/08)."

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1176/08

Rep. N° 743/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para conferir los ascensos al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes de las Fuerzas Armadas, con fecha 1° de febrero de 2007, a los señores Tenientes Coroneles Médicos doña Stella M. Cabeza y don Carlos A. Peppe, por los Sistemas de Antigüedad y Concurso respectivamente, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

Sala de la Comisión, a 2 de junio de 2008.

Héctor Tajam, Miembro Informante; Reinaldo Gargano, Jorge Saravia.

Ministerio de

Defensa Nacional

Montevideo, 19 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo, a efectos de solicitar la Venia correspondiente para conferir con fecha 1° de febrero de 2007 los ascensos al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Co-munes a las Fuerzas Armadas, a los señores Tenientes Coroneles Médicos doña Stella M. Cabeza y don Carlos A. Peppe, por los Sistemas de Antigüedad y Concurso respectivamente, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Dr. José A. Bayardi.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de Defensa Nacional

ACTA N° 62

En Montevideo, el día dos de junio del año dos mil ocho, a la hora diecisiete y quince minutos, en la Sala de Ministros, se reúne la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores.

Preside el señor Vicepresidente de la Comisión, Senador Jorge Saravia.

Asisten sus miembros señores Senadores Reinaldo Gargano y Héctor Tajam.

Faltan con aviso los señores Senadores Carlos Moreira y Gustavo Penadés.

Concurre el Prosecretario de la Cámara de Senadores, doctor Ernesto Lorenzo.

Actúa en Secretaría la Secretaria de la Comisión, señora María Celia Desalvo, con la colaboración del funcionario señor Mario Latorre.

Asuntos tratados:

1) Carpeta N° 1156/2008. ASCENSOS AL GRADO DE CORONEL DE LA FUERZA AEREA URUGUAYA. Solicitud de venia para conferir ascensos a varios señores Tenientes Coroneles. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2437/2008.

Se pone a consideración. Se vota: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Héctor Tajam (Informe verbal).

2) Carpeta N° 1176/2008. ASCENSOS AL GRADO DE CORONEL MEDICO DE LOS SERVICIOS GENERALES COMUNES A LAS FUERZAS ARMADAS. Solicitud de venia para conferir ascensos a dos Tenientes Coroneles Médicos. Mensaje del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2465/2008.

Se pone a consideración. Se vota: 3 en 3. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se designa Miembro Informante al señor Senador Héctor Tajam (Informe verbal).

3) Carpeta N° 1055/2008. LEY MARCO DE DEFENSA NACIONAL. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Distribuido N° 2273/2008.

Se continúa con su tratamiento.

A la hora diecisiete y cuarenta y cinco minutos, se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman el señor Vicepresidente y la señora Secretaria de la Comisión.

Jorge Saravia

Vicepresidente

María Celia Desalvo

Secretaria."

"Carp. N° 1156/08

Rep. N° 744/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Defensa Nacional

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para conferir los ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1° de febrero de 2008, a los siguientes señores Tenientes Coroneles, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

ESCALAFON "A" (AVIADORES)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Tenientes Coroneles (Av.) don Paulo Taramasco, don Daniel A. Pérez Rodríguez, don Nicolás H. Stoian, don Fernando L. Maurente, don Rubel O. Batista y don Miguel A. Cabrera.

ESCALAFON "B" (NAVEGANTES LEYES Nos. 16.170 y 16.320)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia.

Teniente Coronel (Nav.) don Jesús Altamirano.

ESCALAFON "C" (SEGURIDAD TERRESTRE)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (S.T.) don Julio C. Martínez.

ESCALAFON "D" (ADMINISTRACION Y ABASTECIMIENTO)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (A. A.) don Daniel R. Pérez Ruffini.

ESCALAFON "E" (MANTENIMIENTO)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (Mant.) don Nelson E. Guimaraens.

ESCALAFON "F" (COMUNICACIONES Y ELECTRONICA)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (C. y E.) don Juan C. Luzardo.

ESCALAFON "H" (SANIDAD AEROESPACIAL)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (S.A.) doña Alba E. Lambruschini.

Sala de la Comisión, a 2 de junio de 2008.

Héctor Tajam, Miembro Informante; Reinaldo Gargano, Jorge Saravia.

Ministerio de Defensa Nacional

Montevideo, 28 de abril de 2008.

Señor Presidente de la

Cámara de Senadores

Don Rodolfo G. Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo solicitando las venias correspondientes para conferir los Ascensos al grado de Coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya, con fecha 1° de febrero de 2008, a los siguientes señores Tenientes Coroneles, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República.

ESCALAFON "A" (AVIADORES)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Tenientes Coroneles (Av.) don Paulo Taramasco, don Daniel A. Pérez Rodríguez, don Nicolás H. Stoian, don Fernando L. Maurente, don Rubel O. Batista y don Miguel A. Cabrera.

ESCALAFON "B" (NAVEGANTES LEYES Nos. 16.170 y 16.320)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Su-ficiencia - Teniente Coronel (Nav.) don Jesús M. Altamirano.

ESCALAFON "C" (SEGURIDAD TERRESTRE)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (S.T.) don Julio C. Martínez.

ESCALAFON "D" ADMINISTRACION Y ABASTECIMIENTO

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (A.A.) don Daniel R. Pérez Ruffini.

ESCALAFON "E" (MANTENIMIENTO)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (Mant.) don Nelson E. Guimaraens.

ESCALAFON "F" (COMUNICACIONES Y ELECTRONICA)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (C. y E.) don Juan C. Luzardo.

ESCALAFON "H" (SANIDAD AEROESPACIAL)

Por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia

- Teniente Coronel (S.A.) doña Alba E. Lambruschini.

Saluda al señor Presidente con la mayor consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Dr. José A. Bayardi."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración la Carpeta Nº 1176/08.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Tajam.

SEÑOR TAJAM.- La Comisión de Defensa Nacional solicita la aprobación de la Carpeta Nº 1176/08, donde figura la solicitud de venia para conferir ascensos a dos Tenientes Coroneles Médicos: doña Stella M. Cabeza y don Carlos A. Peppe, por los Sistemas de Antigüedad y Concurso, respectivamente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Concédese al Poder Ejecutivo la venia solicitada para conferir los ascensos al grado de Coronel Médico de los Servicios Generales Comunes a las Fuerzas Armadas, con fecha 1º de febrero de 2007, a los señores Tenientes Coroneles Médicos doña Stella M. Cabeza y don Carlos A. Peppe, por los Sistemas de Antigüedad y Concurso respectivamente, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 168 de la Constitución de la República."

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado por ser igual al considerado)

- En consideración la Carpeta Nº 1156/08.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Tajam.

SEÑOR TAJAM.- Señor Presidente: en el mismo sentido, en la Carpeta 1156/08, la Comisión de Defensa Nacional del Senado aconseja al Cuerpo la aprobación de las siguientes venias para conferir ascenso a varios señores Tenientes Coroneles.

En el Escalafón "A" (Aviadores), por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, a los Tenientes Coroneles (Av.) don Paulo Taramasco, don Daniel A. Pérez Rodríguez, don Nicolás H. Stoian, don Fernando L. Maurente, don Rubel O. Batista y don Miguel A. Cabrera.

En el Escalafón "B" (Navegantes Leyes Nos. 16.170 y 16.320), por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, el Teniente Coronel (Nav.) don Jesús Altamirano.

En el Escalafón "C" (Seguridad Terrestre), por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, al Teniente Coronel (S.T.) don Julio C. Martínez.

En el Escalafón "D" (Administración y Abastecimiento), por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, al Teniente Coronel (A.A.) don Daniel R. Pérez Ruffini.

En el Escalafón "E" (Mantenimiento), por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, al Teniente Coronel (Mant.) don Nelson E. Guimaraens.

En el Escalafón "F" (Comunicaciones y Electrónica), por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, al Teniente Coronel (C. y E.) don Juan C. Luzardo.

En el Escalafón "H" (Sanidad Aeroespacial), por el Sistema de Antigüedad, Aptitudes y Suficiencia, a la Teniente Coronel (S.A.) doña Alba E. Lambruschini.

SEÑOR PRESIDENTE.- Teniendo en cuenta que el señor Senador Tajam ha leído íntegramente el proyecto de resolución, resulta innecesario que se lea por Secretaría.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 20 en 20. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de resolución, que se comunicará al Poder Ejecutivo.

(No se publica el texto del proyecto de resolución aprobado, por ser igual al considerado)

20) SE LEVANTA LA SESION

SEÑORA PERCOVICH.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra la señora Senadora.

SEÑORA PERCOVICH.- Señor Presidente: no estando presente en Sala el señor Miembro Informante del último punto del orden del día, que es una venia de destitución, solicitamos que se postergue a fin de ser considerado en la próxima sesión.

SEÑOR PRESIDENTE.- En realidad, de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento, queda incluido directamente.

No habiendo más asuntos a considerar, se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 13 y 16 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Antía, Antognazza, Arana, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallicchio, Gallinal, Gargano, Lapaz, López, Mujica, Oliver, Percovich, Romero, Saravia, Tajam, Topolansky y Vaillant.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.