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Nº 209 - TOMO 452 - 7 DE MAYO DE 2008

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CAMARA DE SENADORES

CUARTO PERIODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

13ª SESION ORDINARIA

PRESIDE EL SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

ACTUAN EN SECRETARIA EL TITULAR ARQUITECTO HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI

Y LA PROSECRETARIA ESCRIBANA CLAUDIA PALACIO

S U M A R I O

1) Texto de la citación

2) Asistencia

3) Asuntos entrados

4) Pedido de informes

- El señor Senador Da Rosa solicita se curse un pedido de informes con destino al Ministerio de Energía y Minería, relacionado con la compra de petróleo por parte de ANCAP a Venezuela.

- Oportunamente fue tramitado.

5) Inasistencias anteriores

- Por Secretaría se da cuenta de las inasistencias registradas a las últimas convocatorias del Cuerpo y de sus Comisiones.

6) Situaciones de violencia en nuestro país

- Manifestaciones del señor Senador Lapaz.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica a la Presidencia de la República, a todos los Ministerios, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al INAU, a la Suprema Corte de Justicia, a las Jefaturas de Policía, a las Intendencias Municipales y a las Juntas Municipales y Autónomas del país.

7) Polo tecnológico de Pando

- Manifestaciones del señor Senador Arana.

- Por moción del señor Senador, el Senado resuelve enviar la versión taquigráfica de sus palabras, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Intendencia Municipal de Canelones, a las autoridades universitarias, al Rectorado, a la Facultad de Química, al LATU y a la Cámara de Industrias del Uruguay.

8) Plan de ahorro de energía eléctrica

- Manifestaciones de varios señores Senadores.

9) "Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide)"

- Proyecto de Ley por el que se designa con ese nombre, la Escuela Rural Nº 79 de Masoller.

- En consideración, sancionado, se comunicará al Poder Ejecutivo.

10) Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares

- Proyecto de ley por el que se aprueban las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares.

- En consideración, aprobado, se comunicará a la Cámara de Representantes.

11) Acuerdo Marco para Reasentamiento de Refugiados entre la República Oriental del Uruguay y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

- Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco para Reasentamiento de Refugiados entre la República Oriental del Uruguay y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.

- En consideración. Aprobado. Se comunicará a la Cámara de Representantes.

12) Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear

- Proyecto de resolución por el que se devuelve al Poder Ejecutivo el proyecto de ley por el que se aprueba su ratificación.

- En consideración. Aprobado.Vuelve al Poder Ejecutivo.

13) Solicitud de venia del Poder Ejecutivo para destituir de sus cargos a varios funcionarios públicos

- Concedidas.

14) Solicitud de licencia

- El Senado concede la licencia solicitada por el señor Senador Lara Gilene.

15) Se levanta la sesión

1) TEXTO DE LA CITACION

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

La CAMARA DE SENADORES se reunirá en sesión ordinaria mañana miércoles 7 de mayo, a la hora 16, a fin de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguien-te

ORDEN DEL DIA

Discusión general y particular de los siguientes proyectos de ley:

1) por el que se designa "Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide)", la Escuela Rural Nº 79 de Masoller, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria (ANEP).

Carp. Nº 893/07 - Rep. Nº 694/08

2) por el que se aprueban las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, adoptadas por la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de Austria, el 8 de julio de 2005.

Carp. Nº 1014/08 - Rep. Nº 697/08

3) por el que se aprueba el Acuerdo Marco para Reasentamiento de Refugiados entre la República Oriental del Uruguay y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 15 de junio de 2007.

Carp. Nº 1083/08 - Rep. Nº 698/08

4) por el que se aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de setiembre de 2005 y firmada por la República Oriental del Uruguay, el 16 de setiembre de 2005.

Carp. Nº 1084/08 - Rep. Nº 699/08

5) Mensajes del Poder Ejecutivo por los que solicita venia para destituir de sus cargos a:

- una funcionaria del Ministerio de Salud Pública - Hospital Maciel. (Plazo constitucional vence el 13 de mayo de 2008). Se incluye en el Orden del Día conforme lo establecido en el Art. 62 del Reglamento del Senado.

Carp. Nº 1066/08 - Rep. Nº 689/08

- un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería - "Dirección Nacional de Minería y Geología". (Plazo constitucional vence el 2 de junio de 2008). Se incluye en el Orden del Día conforme lo establecido en el Art. 62 del Reglamento del Senado.

Carp. Nº 1082/08 - Rep. Nº 705/08

Santiago González Barboni Secretario - Hugo Rodríguez Filippini Secretario."

2) ASISTENCIA

ASISTEN: los señores Senadores Abreu, Alfie, Amaro, Antía, Arana, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Fernández Huidobro, Gallicchio, Gallinal, Heber, Lapaz, Lara Gilene, Larrañaga, Long, López, Lorier, Moreira, Oliver, Percovich, Sanguinetti, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.

FALTAN: con licencia, los señores Senadores Gargano, Michelini, Mujica, Ríos y Topolansky; y, con aviso, el señor Senador Penadés.

3) ASUNTOS ENTRADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, está abierta la sesión.

(Es la hora 16 y 12 minutos)

- Dese cuenta de los asuntos entrados.

(Se da de los siguientes:)

"La Junta Departamental de Maldonado remite nota adjuntando las palabras pronunciadas por la señora Edila Ana Quijano relacionadas con su exposición titulada: ‘Ganar con humildad y perder con hidalguía’.

- TENGASE PRESENTE.

La Junta Departamental de Paysandú remite:

- nota adjuntando las palabras pronunciadas por el señor Edil Walter Duarte, relacionadas con el homenaje que se rindió a los militares políticos caídos hace 36 años.

- nota adjuntando las palabras pronunciadas por el señor Edil Ricardo González, relacionadas con una exposición realizada en el mes de agosto del año 2007, en la cual hace referencia a los niveles de contaminación por cromo existente en la zona costera sur de la Avenida Soriano.

La Junta Departamental de Flores remite nota adjuntando copia de la resolución adoptada por esta Corporación, relacionada con la Campaña de Gratuidad del DIU.

- TENGANSE PRESENTE."

4) PEDIDO DE INFORMES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de un pedido de informes.

(Se da del siguiente:)

"El señor Senador Eber Da Rosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República, solicita se curse un pedido de informes, presentado el 6 de mayo del corriente, con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, relacionado con la compra de petróleo por parte de ANCAP a Venezuela.

- OPORTUNAMENTE FUE TRAMITADO."

(Texto del pedido de informes:)

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Ministro de Industria, Energía y Minería,

Ing. Daniel Martínez.

El señor Senador Eber Da Rosa Vázquez ha presentado a la Mesa, en sesión de la fecha y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Constitución de la República, el siguiente pedido de informes: ‘Montevideo, 6 de mayo de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Senadores. Don Rodolfo Nin Novoa. Presente. De mi mayor consideración: Atento a lo dispuesto por el artículo 118 de la Constitución de la República, elevo a usted a efectos de solicitar al Poder Ejecutivo, con destino al Ministerio de Industria, Energía y Minería, el siguiente pedido de informes: 1°) Cantidad de petróleo comprado por ANCAP a Venezuela, en el actual período de gobierno bajo el acuerdo firmado con el mencionado país. 2°) A qué precios se han comprado los distintos embarques y costos de fletes relacionados al mismo. 3°) A cuánto asciende el monto adeudado incluyendo intereses y proyección a quince años. 4°) Rendimientos comparativos en la destilación con los distintos tipos de petróleos de otras procedencias. 5°) Si ha existido excedentes de productos ¿cuáles fueron? ¿Si se exportaron y a qué precio? 6°) Si se sigue pagando la tasa de inflamabilidad a la Intendencia de Montevideo. 7°) Cómo se desglosa las diferentes cartas tributarias a los productos terminados. 8°) Cuáles son los porcentajes de los diferentes combustibles distribuidos en el País y el destino de los mismos. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con la mayor distinción. EBER DA ROSA, Senador’.

A la vez que solicito que la respuesta a este pedido de informes sea enviada con copia, saludo al señor Ministro con mi mayor consideración.

RODOLFO NIN NOVOA Presidente

HUGO RODRIGUEZ FILIPPINI Secretario."

5) INASISTENCIAS ANTERIORES

SEÑOR PRESIDENTE.- Dando cumplimiento a lo que establece el artículo 53 del Reglamento de la Cámara de Senadores, dese cuenta de las inasistencias a las anteriores convocatorias, en el caso que existieran:

(Se da de las siguientes:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

En la sesión ordinaria del 6 de mayo de 2008 no se registraron inasistencias.

En lo que respecta a las inasistencias de los señores Senadores a sus respectivas Comisiones, cabe informar que: a la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del 6 de mayo, faltaron con aviso los señores Senadores Gallinal y Ríos.

6) SITUACION DE INSEGURIDAD EN NUESTRO PAIS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa a la hora previa.

Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- "Señor Presidente: cada vez que ocurre un hecho policial de ribetes sensacionales o, más bien, que los medios de comunicación se encargan de darle características de truculento ‘thriller’, la sociedad parece sacudida en sus cimientos. No es para menos.

Por supuesto, cuando se conocen crímenes como el de la niña de 11 años de Maldonado o, más atrás, el de una familia coloniense, u otra de Mercedes, el parecido con una cruenta novela policial es evidente. Parece haber ocurrido en otro país, en otros mundos. Pero no, es aquí muy cerca, y esos hechos son parte de un espantoso y alarmante todo.

Si bien a esta altura ya nadie duda que la inseguridad no es solo una ‘sensación térmica’ sino un problema mayor al que no se le ve fondo, pocos tienen tal vez una idea cabal de la gravedad de la situación a la que nos estamos enfrentando.

Aunque cada día la prensa dedica más espacios a la información policial, allí solo se reflejan los temas de mayor impacto y ese espacio está lejos de mostrar la infinidad de desbordes que se producen en cada jornada, que de cualquier forma sería tan solo la punta del iceberg de la delincuencia que impera en nuestras calles.

Como señalamos en otra oportunidad, se ha formado una subcultura de la delincuencia, en cuya escala de valores -más bien antivalores- se justifican actos de violencia y violaciones a derechos, desde el que refiere a la vida y su dignidad esencial hasta el que lo hace a la propiedad. Mientras tanto se forman comisiones como la de ‘Promoción a la infancia en situación de riesgo’ que descubren la pólvora en pleno siglo XXI, cuando encuentran como causa del problema ‘la falta de conciencia de la responsabilidad familiar respecto de los niños’, la droga y la situación de calle.

Pero todo eso, con lo que se podrían escribir bibliotecas enteras, de nada sirve sin una actuación decidida del Gobierno, de la Justicia y de los innumerables órganos competentes -que cada vez son más-, que apunte a solucionar los problemas que ya todos conocemos y sufrimos, sin necesidad de grupos multidisciplinarios ni años de relevamientos.

Si en los países en serio los menores no son atendidos por sus padres como corresponde, el Estado se hace cargo de ellos y les asigna un hogar sustituto que les dé todas las garantías y les asegure educación, mientras los hace realmente responsables de las malas acciones de los menores a su cargo y deben pagar por ello con tareas comunitarias, en efectivo o con prisión. Así las autoridades se aseguran de romper el ciclo de marginación, violencia y delincuencia a que aludimos al mencionar la subcultura que sostiene esos antivalores.

Contra lo que muchos sostienen, también los menores pueden recibir su castigo cuando incurren en la delincuencia, al menos retribuyendo con trabajo comunitario los perjuicios que han causado.

Pero en nuestro país, y a pesar de lo pequeño de nuestra sociedad, parece que resulta imposible controlar a los inadaptados. En ese trabajo con la minoridad -referente obligado de toda sociedad en serio- quienes deberían ser principales actores siguen argumentando no tener los medios imprescindibles para enfrentar las diversas situaciones que se deben encarar.

Sin duda, también existen omisos por decisión propia, por cuanto las más de las veces hacen la vista gorda ante problemáticas que deberían asumirse como parte ineludible de competencias indicadas por las leyes.

Entonces, es entendible cuando desde diversos medios se denuncia la existencia de quienes se preocupan más por ‘controlar’ el desfile de Roberto Giordano o las barras de ciertos boliches de moda y de multar cada tanto a tres o cuatro comercios por vender cerveza a los menores, que por enfrentar el grueso del problema: los padres que no se hacen cargo de sus hijos, y los niños y adolescentes actuando como si el resto de la sociedad les perteneciera y debieran rendirle pleitesía hasta cumplir 18 años.

En ese orden conceptual es que hemos visto y escuchado por la televisión, cuando se muestra el momento en que es detenido uno de esos menores, el destemplado grito de algunos de sus ‘fans’ exclamando ‘¡arriba los pibes chorros!’.

Ante semejantes modelos, ante tamaños ídolos, desgraciadamente, el futuro se plantea muy negro y como resultado de no reaccionar a tiempo se puede observar cómo se va acercando a lo que sucede con las llamadas ‘maras’ de Centroamérica, grupos formados por los más sanguinarios delincuentes, en su mayoría jóvenes y adolescentes sin respeto alguno por la vida que, luego de años en la impunidad y librados a su suerte, conforman un ejército que desborda la acción de la Policía.

No existe hora del día o de la noche en que los vecinos estén a salvo de las tropelías de malvivientes que se saben impunes, que abusan de su condición de inimputables para entrar a robar a las viviendas incluso en plena tarde, haya o no gente en el lugar o en el vecindario, destrozando cerraduras, aberturas, rejas y muebles sin ningún miramiento, haciendo ostentación de su audacia y profiriendo amenazas a quienes los observan.

Puede parecer un ejemplo exagerado y lejano, pero no hay que olvidar que no hace tanto veíamos estupefactos cómo se instalaba en Buenos Aires la violencia que ya no nos es ajena, mientras desde la comodidad de nuestros sillones pensábamos que por nuestra propia idiosincrasia eso nunca llegaría a nuestro país.

Sin embargo, llegamos a una situación en que los culpables se saben intocables por la Policía y la Justicia, y más aún por las víctimas de sus delitos, ante la vigencia de normas de hace más de medio siglo que fueron elaboradas para un país en que se cultivaban otros valores, y donde niños y jóvenes, aun provenientes de hogares sin recursos, tenían respeto por las autoridades y sus mayores.

Lejos de adaptar el código inherente a la minoridad a las circunstancias que han cambiado sustancialmente a lo largo de las décadas, nos encontramos ante normas en extremo permisivas, irracionales y hasta delirantes, pensadas para un escenario idealizado que si bien nunca existió, mucho menos se da ahora.

Una publicación sanducera -refiero a una del interior porque se suele decir que los problemas de seguridad solo afectan a la capital- se pregunta: ‘¿Estaremos transitando los mismos caminos que Buenos Aires o San Pablo sin darnos cuenta?’, y luego sentencia que el ‘fenómeno abarca cada vez a más individuos de una generación, mientras nadie parece recordar que quien crece con el mal ejemplo no se encaminará de grande’.

Creemos e insistimos en que la inacción manifiesta respecto a la inseguridad que vive el ciudadano necesita ser sacudida a partir de la presencia activa de las fuerzas vivas y organizaciones de vecinos que, ante el cariz que han tomado los acontecimientos, han decidido reunirse en reclamo de que los organismos ejerzan debidamente sus responsabilidades ante el problema.

En este contexto, ya existen iniciativas que unen ideas recogidas en las respectivas reuniones de vecinos preocupados por los robos, hechos vandálicos y atentados contra la integridad física de pacíficos ciudadanos, protagonizados fundamentalmente por menores de edad.

Los vecinos se sienten desprotegidos mientras se insiste en presentar a los delincuentes como víctimas de una sociedad que los ha marginado y que ahora está pagando el precio de su actitud.

Lamentablemente, pese a que no estamos ante una problemática nueva, es notorio que se ha partido de una concepción y diagnóstico que creemos equivocado, cuando considera que es posible aguardar que den resultado las políticas sociales para que las cosas se solucionen solas, al presuntamente eliminarse las causas de la delincuencia.

Esta teoría cae por su propio peso, pues las vertientes de la ola delictiva son muchas y mientras tanto el ciudadano honesto debe arreglárselas como puede ante maleantes consumados, pese a su corta edad y que, a esta altura, ya parecen irredimibles.

Pero necesitamos hacer un fuerte intento para sacarlos de su microclima de delincuencia, evitando que crezca hasta convertirse en el macroclima imperante.

Los vecinos, hartos ya de esperar supuestas soluciones para dentro de veinte o treinta años, hacen bien en unirse y movilizarse, para hacer ver que la espera ya duró demasiado y que los plazos urgen. Estamos ante un escenario que no es nuevo y que sigue degradándose ante la pasividad de un sistema político que no genera instrumentos para hacer frente a una realidad que rompe los ojos.

Solicito que mis palabras pasen a Presidencia de la República, a todos los Ministerios y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, al INAU, a la Suprema Corte de Justicia y a las Jefaturas de Policía, Intendencias Municipales y Juntas Departamentales y Autónomas del país.

Muchas gracias, señor Presidente".

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 15 en 15. Afirmativa. UNANIMIDAD.

7) POLO TECNOLOGICO DE PANDO

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la hora previa, tiene la palabra el señor Senador Arana.

SEÑOR ARANA.- Señor Presidente: hace pocas semanas, concretamente el 22 de abril pasado, tuvimos oportunidad de hacer una nueva visita, en este caso particularmente fructífera, al denominado Polo Tecnológico de Pando. En esa ocasión se contó con una explicitación de lo allí realizado, particularmente en lo que se refiere a las instancias últimas, de los técnicos, científicos y estudiantes nacionales ya muy calificados en el ámbito universitario, y creo que también algún extranjero. Asimismo, estuvieron presentes el señor Presidente de la República, la señora Ministra de Educación y Cultura, el señor Intendente Municipal de Canelones y autoridades de la Universidad, entre los que se encontraban el señor Rector y el señor Decano de la Facultad de Química. Además, asistieron el ex Decano, ex Director y creo que impulsor esencial del Polo Tecnológico de Pando, ingeniero Nieto; el señor Director de este Polo Tecnológico; el señor Director del LATU, así como también el representante de la Unión Europea, quien ha iniciado los trámites correspondientes y ha logrado un importante apoyo a esta entidad científica de primer orden, que se ha ganado la credibilidad a nivel internacional. También estuvieron presentes representantes de la Cámara de Industrias del Uruguay.

Este Polo Tecnológico surge por iniciativa de la Facultad de Química hace ahora unos siete años, en 2001, con el fin de promover la incorporación de conocimientos a la producción de bienes y servicios, al tiempo de fomentar la generación de empleo, bien importante, por cierto, si estamos hablando de las nuevas generaciones de científicos formados en nuestra Universidad. Desde un inicio se propuso constituirse en un centro de referencia para América Latina en lo relacionado con la investigación y el desarrollo, particularmente en las áreas de química y biotecnología, vinculado a varios sectores, en especial al alimentario, al farmacéutico y al ambiental.

Acorde con la estrategia definida por la Universidad de la República, se procuró desde el comienzo establecer coordinaciones con el sector productivo bajo la forma de consorcios de riesgo y beneficios compartidos, en una actitud relativamente temprana de un organismo universitario que ha sabido sortear las dificultades que todas las entidades públicas suelen tener en nuestro país. Tal como lo expresan los documentos publicados -y aquí tengo algunos de ellos- por el propio centro tecnológico, la propuesta surgió ante la preocupación por el escaso nivel de inversión de la industria uruguaya en investigación y desarrollo para la innovación en productos y en procesos. En los referidos consorcios, este Polo Tecnológico aporta horas de investigación, infraestructura y uso de un equipamiento de última generación, mientras las empresas contribuyen con su personal técnico, con insumos y con recursos económicos. Se hizo notar, en esta ocasión, que las metas del Polo Tecnológico de Pando son absolutamente consistentes con el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología impulsado por el Gobierno Nacional.

Vale la pena señalar que el edificio principal cuenta con unos quince laboratorios muy bien equipados, con incubadoras de empresas y con un parque de más de siete hectáreas.

Finalmente, creemos que merece subrayarse de forma especial, la importante actividad en el campo de la denominada nanotecnología, de insospechadas potencialidades en el mundo actual. Entre los servicios ofrecidos por este Polo Tecnológico, se puede contar con la búsqueda de patentes, la vigilancia tecnológica y la detección de oportunidades de negocios.

Creemos que este servicio es un orgullo para el departamento de Canelones y para el país, y está en línea con la apuesta de un Uruguay productivo, y con el apoyo a la innovación y la creatividad.

Solicito, señor Presidente, que la versión taquigráfica de mis palabras se envíe a la Presidencia de la República, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Intendencia Municipal de Canelones, a las autoridades universitarias, al Rectorado, a la Facultad de Química, al LATU y a la Cámara de Industrias del Uruguay.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota:)

- 16 en 16. Afirmativa. UNANIMIDAD.

8) PLAN DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA

SEÑOR ALFIE.- Pido la palabra para una cuestión de orden.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ALFIE.- Señor Presidente: en realidad quiero hacer un planteamiento que quizás esté fuera de lo que establece el Reglamento.

He consultado con casi todas las bancadas sobre una idea que se me ocurrió. Ante el problema de generación de energía eléctrica que tenemos -que, incluso, en poco tiempo nos puede llevar a realizar cortes en su suministro-, propongo que el Senado sesione en la mañana, por ejemplo, de 10 a 13 o a 13 y 30. Inclusive, la señora Senadora Percovich proponía acortar la hora previa a media hora con exposiciones de un máximo de cinco minutos, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. En caso de que se proceda de este modo, habría que apagar las luces de Sala, porque hemos venido en la mañana y hemos comprobado que es precioso con la luz natural. Luego, habría que acomodar el horario de las Comisiones en la tarde, minimizando el consumo de energía. Cada uno hace lo que puede y entre todos podemos sumar.

Tal vez hoy no estemos en condiciones de aprobar esta propuesta porque las distintas bancadas quieren hacer consultas, pero tal vez podamos hacerlo el próximo martes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Quiero destacar que esta Administración también está llevando adelante algunas propuestas para ajustarnos a esta crisis energética y aprovechar mejor las horas solares. En ese sentido, me parece que podríamos propiciar una reunión entre los coordinadores de bancada para ver cómo podemos colaborar con el Plan de Ahorro de Energía Eléctrica que, sin lugar a dudas, se está planteando. En consecuencia, si los señores Senadores están de acuerdo, citaría en las próximas horas a los coordinadores de bancada para tener una reunión y manejar las ideas que aquí se han planteado y otras más.

SEÑOR CID.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Cid.

SEÑOR CID.- Estoy totalmente de acuerdo con las dos propuestas, pero quisiera agregar algún elemento adicional. Desearía que UTE nos facilitara, como simples ciudadanos -no tenemos por qué ser diferentes-, su programa de eficiencia energética, para ver la forma en que cada uno de nosotros, en los respectivos despachos, podemos minimizar el gasto energético. Por ejemplo, se pueden apagar los computadores a las horas que no están en uso o hacer un correcto uso del aire acondicionado. En definitiva, me gustaría saber cómo interpreta UTE que podemos colaborar en función del Plan de Ahorro de Energía Eléctrica, que ya está en la red pero que sería bueno tener impreso.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Secretaría me informa que ya tenemos el Plan y que va a ser distribuido entre los señores Senadores.

SEÑOR LAPAZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador Lapaz.

SEÑOR LAPAZ.- Me parece que lo que sí se puede poner en práctica es el apagado de las luces de las salas de Comisiones, porque todas ellas tienen ventanales al exterior y la luz solar es suficiente para trabajar. En todo caso, los que pueden tener algún problema son los taquígrafos, a quienes se les podría facilitar un lugar más cercano a las ventanas. Por lo demás, creo que no hay inconveniente y se puede implementar como una medida rápida.

SEÑOR PRESIDENTE.- Esa y otras ideas se manejarán en la reunión que citaremos a la brevedad.

9) "PEDRO BERNARDINO RODRIGUEZ PAIVA (TIDE)"

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en primer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se designa ‘Pedro Bernar-

dino Rodríguez Paiva (Tide), la Escuela Rural Nº 79 de Masoller, departamento de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria (ANEP). (Carp. Nº 893/07 - Rep. Nº 694/08)"

(Antecedentes:)

"Carp. N° 893/07

Rep. N° 694/08

CAMARA DE REPRESENTANTES

La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, en sesión de hoy, ha sancionado el siguien-te

PROYECTO DE LEY

Artículo Unico.- Desígnase "Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide)" la Escuela Rural N° 79, de Masoller, 3ª Sección Judicial de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública).

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 14 de agosto de 2007.

Enrique Pintado Presidente

Marti Dalgalarrondo Añon Secretario.

Comisión de

Educación y Cultura

INFORME

Señores Representantes:

La Comisión de Educación y Cultura propone al Cuerpo nominar a al Escuela Rural N° 79 de Masoller, departamento de Rivera, como Pedro Bernardino Rodríguez Paiva.

En el proyecto de ley presentado por el Diputado proponente Julio Fernández, se expresa que:

"Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide) nació el 22 de enero de 1922, en Sarandí de Arapey, 9ª Sección Judicial del departamento de Salto.

Sus padres son Arístides Rodríguez y doña Rita Correa Paiva, provenientes de familia de larga tradición en el medio rural, le inculcaron junto a sus cinco hermanos, un profundo amor a la tierra.

Cuando niño concurrió a la Escuela Rural N° 50, de Sarandí de Arapey, continuando luego sus estudios en el Liceo Francés en Montevideo.

Gran lector, logró una sólida formación cultural que la volcó a sus tareas de campo y a cultivar su preocupación por los temas sociales y políticos.

Se casó con Ema Orticochea, de cuyo matrimonio tuvieron cinco hijos.

En 1948 se radica en Masoller, dedicándose a los trabajos de ganadería en las razas de Hereford y Corriedale.

Con gran esfuerzo e inteligencia puso en marcha su "Cabaña Don Ramiro" alcanzando gran prestigio con reproductores de alta genética, vendidos en exitosos remates rurales.

Por su reconocida generosidad, honestidad y hombría de bien y su permanente apoyo a los productores que hacían sus primeras armas en la zona, y a los vecinos que necesitaban de una mano para enfrentar adversidades, se constituyó en un referente de Masoller y sus alrededores.

En 1987, cuando comenzó a implementarse el Programa de Viviendas N° 121 de MEVIR a construirse en Masoller, "Tide" fue uno de sus principales abanderados.

Primero había que conseguir los terrenos necesarios.

Su entusiasmo pudo lograrlo rápidamente obteniendo la donación de un predio inmejorable de 21 hectáreas propiedad de la familia Polto.

Se iniciaba así un largo camino donde 43 familias rurales recibirían su tan soñado techo, un salón comunal y una policlínica, construidos por generosas manos de mujeres y hombres de todas las edades, durante largos meses de trabajo sacrificado.

Muy pronto una implacable enfermedad empezó a golpear su físico. A pesar de ello en las primeras etapas de realización de las obras, siempre las más difíciles, contaron con su apoyo incondicional.

Fallece el 13 de setiembre de 1989, pero su recuerdo está presente entre los vecinos de Masoller.

Al proponer hoy al Cuerpo, que la Escuela Rural N° 79 de Masoller, de quien fuera un amigo de todas las horas, lleve el nombre de Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide), queremos además homenajear a los productores rurales afincados en el campo, los que con enorme generosidad siembran esperanzas en el país productivo que todos anhelamos.

Contamos con el asentimiento de la Dirección, personal docente, Comisión de Fomento e Inspección Departamental de Educación Primaria a esta propuesta."

Valorando la obra realizada por quien tanto se brindó por la zona, es que aconsejamos al plenario la aprobación del proyecto de ley, que además de homenajearlo significará una distinción para esta escuela rural.

Sala de la Comisión, 18 de abril de 2007.

Roque Arregui, Miembro Informante; Pablo Alvarez López, Manuel María Barreiro, Juan José Bruno, Federico Casaretto, Beatriz Costa, Luis Gallo Cantera.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Educación y Cultura

ACTA N° 73

En Montevideo, el día diecisiete de abril del año dos mil ocho, a la hora once y diez minutos, se reúne la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores.

Asisten los miembros señora Senadora Margarita Percovich y los señores Senadores Alberto Cid, Eduardo Lorier y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso la señora Senadora Lucía Topolansky y los señores Senadores Pablo Iturralde y Gustavo Penadés.

Preside la señora Senadora Margarita Percovich.

Actúa en Secretaría la señora María Cecilia Fernández, Secretaria de Comisión, con la colaboración del funcionario señor Mario Latorre.

1) Asuntos entrados. Por Secretaría se da cuenta de los siguientes:

CARPETA N° 1136/08: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, que cuenta con la iniciativa del Poder Ejecutivo, por el cual se crea el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay.

CARPETA N° 1137/08: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, iniciativa de varios señores Representantes Nacionales, por el cual se establece la obligatoriedad de incluir en los programas del sistema educativo la temática referida a la salud sexual y reproductiva y la maternidad y paternidad responsables a fin de propiciar actitudes y conductas que favorezcan su desarrollo.

CARPETA N° 1138/08: Proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, iniciativa del señor Representante Nacional Rodrigo Goñi, por el cual se designa "Los inmigrantes" la Escuela Agraria de Salto, ubicada en la ex Ruta Nacional N° 3, kilómetro 510, dependiente del Consejo de Educación Técnico Profesional, Administración Nacional de Educación Pública.

CARPETA N° 447/06: Proyecto de ley aprobado en nueva forma por la Cámara de Representantes, por el cual se designa "Doctor Alfonso Lamas" la Escuela N° 45 de Playa Verde, ubicada en el departamento de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública.

2) Asuntos considerados.

CARPETA N° 447/06: Se designa "Doctor Alfonso Lamas" la Escuela N° 45 de Playa Verde, ubicada en el departamento de Maldonado. En consideración. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa como Miembro Informante al señor Senador Eduardo Lorier, quien lo hará en forma verbal.

El texto aprobado se transcribe a continuación:

"Artículo único.- Desígnase "Doctor Alfonso Lamas" la Escuela N° 45 de Playa Verde, ubicada en el departamento de Maldonado, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

CARPETA N° 1138/08: Se designa "Los Inmigrantes" la Escuela Agraria de Salto, ubicada en el kilómetro 510 de la ex Ruta Nacional N° 3. En consideración. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa como Miembro Informante al señor Senador Alberto Cid, quien lo hará en forma verbal.

El texto aprobado se transcribe a continuación:

"Artículo único.- Desígnase "Los Inmigrantes" la Escuela Agraria de Salto, ubicada en la ex Ruta Nacional N° 3, kilómetro 510, dependiente del Consejo de Educación Técnico-Profesional, Administración Nacional de Educación Pública".

CARPETA N° 893/07: Se designa "Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide)" la Escuela Rural N° 79 de Masoller, 3ª Sección Judicial del departamento de Rivera. En consideración. Se vota: 4 en 4. Afirmativa. UNANIMIDAD. Se designa como Miembro Informante al señor Senador Eduardo Lorier quien lo hará en forma verbal.

El texto aprobado se transcribe a continuación:

"Artículo único.- Desígnase "Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide)" la Escuela Rural N° 79, de Masoller, 3ª Sección Judicial de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública".

CARPETA N° 1136/08: Se crea el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay. Se vota el proyecto de ley, cuyos artículos 1° a 11 se aprueban por UNANIMIDAD, 4 votos 4.

El texto del articulado se transcribe a continuación:

"Artículo 1°.- Créase el Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU) como institución que funcionará en forma desconcentrada dentro del Ministerio de Educación y Cultura.

A los efectos de esta ley, se entenderá por actividades cinematográficas y audiovisuales aquellas que se expresan en un proceso creativo y productivo de imágenes en movimiento sobre cualquier soporte y de cualquier duración, destinadas a ser difundidas y comunicadas por cualquier medio conocido o que pueda ser creado en el futuro.

Artículo 2°.- El Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay tendrá los siguientes objetivos:

A) Defender la libertad de expresión de la obra cinematográfica y audiovisual en todas sus fases, con arreglo a los principios constitucionales de ejercicio de la mencionada libertad.

B) Fomentar, incentivar y estimular la creación, producción, coproducción, distribución y exhibición de obras cinematográficas y audiovisuales uruguayas en el país y en el exterior.

C) Fomentar la distribución y exhibición, en forma recíproca y equilibrada, del cine y del audiovisual de aquellos países o bloques regionales con los que se mantengan acuerdos de coproducción y cooperación.

D) Monitorear y coordinar sistemáticamente la información que deberán aportar obligatoriamente las empresas audiovisuales como: productoras, de servicios, distri-buidoras, importadoras, exportadoras, exhibidoras, canales de televisión y cable que surjan de la implementación de la presente ley.

E) Cumplir y hacer cumplir la legislación existente en esta materia, así como promover la aprobación de las normas que se entiendan necesarias para el mejor desenvolvimiento del cine y el audiovisual nacional en sus diferentes dimensiones: cultural, artística, económica, comercial e industrial.

F) Llevar un Registro Público del Sector Cinematográfico y Audiovisual, de personas y empresas de producción, servicios, distribución y exhibición instaladas en el país, así como de las producciones nacionales y extranjeras realizadas en el país. Para estar comprendido dentro de los mecanismos previstos en la presente ley será necesario estar inscripto en el Registro.

G) Trazar las políticas vinculadas a la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico creado por la presente ley.

H) Otorgar, de acuerdo a sus posibilidades financieras, incentivos para acrecentar la actividad cinematográfica y audiovisual nacional, en las fases de concepción, elaboración de guiones, producción, distribución y comercialización de acuerdo a un plan anual estructurado mediante concursos, premios, becas u otros medios para el cumplimiento del objetivo.

I) Instrumentar convenios de reciprocidad con otros institutos para conceder y obtener acceso preferencial a los respectivos mercados nacionales.

J) Celebrar con organismos estatales, personas públicas no estatales y organizaciones privadas convenios tendientes a la instrumentación de los mecanismos de fomento previstos en la presente ley, empleando los instrumentos jurídicos necesarios (convenios bilaterales, constitución de fideicomisos, etc.).

K) Preservar y contribuir a la conservación, mantenimiento y difusión del patrimonio fílmico y audiovisual nacional, procurando evitar la destrucción o pérdida de los filmes de corto y largometraje, mediante su depósito en los archivos fílmicos que existan en el país, cualquiera sea su soporte.

L) Fomentar las acciones e iniciativas para el desarrollo de la cultura cinematográfica, tales como la formación de espectadores y la apertura de cineclubes, la formación y perfeccionamiento de técnicos, profesionales, docentes y gestores culturales cinematográficos y audiovisuales, como asimismo el incentivo a la formación de talentos.

M) Promover la incorporación del cine y el audiovisual a la educación formal.

N) Promover acciones tendientes a la exhibición de mínimos de producción nacional de obras de ficción, documentales y animación en los medios televisivos nacionales y su difusión en el mercado internacional.

O) Promover acciones tendientes a la exhibición de mínimos de producción nacional en las salas que componen el circuito de exhibición.

P) Extender las certificaciones de nacionalidad, origen o de sello cultural a las obras audivisuales.

Artículo 3°.- Créase como cargo de particular confianza el de Director del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay, que quedará asignado en la enumeración del literal C) del artículo 9° de la Ley N° 15.809, de 8 de abril de 1986, con las modificaciones introducidas por los artículos 214 y 530 de la Ley N° 16.170, de 28 de diciembre de 1990, y por los artículos 155 y 300 de la Ley N° 16.736, de 5 de enero de 1996. Esta erogación será financiada con cargo a Rentas Generales.

Artículo 4°.- El Director del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU) estará asistido por un Consejo Asesor Honorario que tendrá por cometidos asesorar respecto de las acciones a seguir, la regulación y la evaluación de los planes de desarrollo e incentivos del sector. Se pronunciará, en forma no vinculante, sobre el informe que elabore el Director del ICAU sobre la ejecución del plan de acción anual.

Se integrará con:

- El Director del ICAU, que lo presidirá.

- Un representante de la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura.

- Un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería.

- Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

- Un representante del Ministerio de Turismo y Deporte.

- Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Un representante de Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional.

- Un representante de Tevé Ciudad.

- Un representante por los Departamentos de Cultura de las Intendencias Municipales, designado por el Congreso de Intendentes.

- Un representante por las organizaciones públicas y privadas de conservación del patrimonio fílmico.

- Un representante por las instituciones de formación profesional en la materia objeto de la presente ley.

- Un representante por los canales de la televisión abierta y de la televisión por abonados.

- Un representante por cada uno de los siguientes colectivos:

A) Asociaciones de productores, directores y realizadores inscriptos en el Registro Cinematográfico.

B) Asociaciones de técnicos cinematográficos.

C) Entidades representativas de distribuidores y exhibidores cinematográficos, inscriptas en el Registro Cinematográfico.

D) Asociaciones de artistas.

Por cada representantes se designará un suplente que sustituirá al titular en caso de ausencia de éste.

En caso de empate, el voto del Director del ICAU se computará doble.

Podrán ser invitados a participar con voz otras entidades o personas vinculadas al sector.

Artículo 5°.- El Consejo Asesor Honorario se reunirá por lo menos dos veces al año o cada vez que lo soliciten la mitad más uno de sus miembros o lo convoque el Director del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU).

A partir de la integración del Consejo Asesor Honorario, éste asumirá las competencias originalmente previstas para el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artístico Culturales por los literales A), B) y D) del inciso primero y por el literal D) del inciso segundo del artículo 240 de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en lo que refiere a los proyectos de fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual.

Para el asesoramiento al Poder Ejecutivo en el otorgamiento de beneficios fiscales dentro de la mayoría requerida, deberá contarse con el voto del representante del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin perjuicio de su competencia, el Consejo Asesor Honorario integrará, dentro de su ámbito, una Comisión Ejecutiva Permanente, compuesta por el Director del ICAU, el representante del Ministerio de Economía y Finanzas y el representante de las asociaciones de productores, directores y realizadores inscriptos en el Registro Cinematográfico.

La Comisión Ejecutiva Permanente tendrá por finalidad coordinar y articular las actividades del Consejo Asesor Honorario con la propia del ICAU y su Dirección.

Artículo 6°.- El Director del Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay (ICAU) tendrá las siguientes atribuciones:

A) Actuar en representación del ICAU.

B) Planificar y proponer al Ministerio de Educación y Cultura, en acuerdo con el Director de Cultura, y con informe previo de la Comisión Ejecutiva Permanente, el plan de acción anual y los recursos económicos y técnicos y toda otra iniciativa que sirva de base al mismo, así como las prioridades para la aplicación de los recursos que integren el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual.

C) Ejecutar el plan de acción anual.

D) Asesorar respecto de las normas a dictarse que sean de interés para el desarrollo del cine y el audiovisual nacional.

E) Coordinar con cualquier otro organismo del Estado todo tipo de procedimiento o gestión necesaria para facilitar la circulación de insumos y de obras cinematográficas dentro y fuera del país.

F) Desarrollar las actividades que se requieran para el cumplimiento de los objetivos expresados en el artículo 2° y para la administración del Fondo Cinematográfico y Audiovisual.

G) Captar recursos financieros tales como donaciones y legados, promover proyectos de patrocinio, fomento, inversión y de cooperación internacional, y promover la creación de líneas de crédito, para el desarrollo del sector.

Artículo 7°.- Créase el Fondo de Fomento Cinematográfico y Audivisual, el que priorizará el apoyo al desarrollo y la producción de proyectos cinematográficos y audiovisuales, y se nutrirá con los siguientes recursos:

A) Una partida anual de $ 25.000.000 (veinticinco millones de pesos uruguayos) a partir del 1° de enero de 2008, con cargo a Rentas Generales.

B) Las donaciones y legados que lo tengan por destinatario.

C) Otros fondos que le sean asignados.

D) Los recursos derivados de la aplicación de los artículos 235 y siguientes de la Ley N° 17.930, de 19 de diciembre de 2005, en lo que refiere a los proyectos de fomento de la actividad cinematográfica y audiovisual.

Artículo 8°.- El Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay deberá informar públicamente por los medios de comunicación existentes los montos y la procedencia de los fondos que recibe y el destino que se da a los mismos.

Artículo 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a exonerar de gravámenes aduaneros y de impuestos que gravan las operaciones de importación o se aplican en ocasión de la misma, así como de aquellos que graven el tránsito, exportación, salida o admisión temporaria de películas y demás audiovisuales de producción nacional o coproducidos con otros países a condición de reciprocidad. El Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay efectuará las certificaciones pertinentes a los efectos de acceder a la referida exoneración.

Artículo 10.- A los efectos de la presente ley, son consideradas obras cinematográficas y audiovisuales nacionales las producidas por personas físicas o jurídicas con domicilio constituido en la República, inscriptas en el Registro Público del Sector Cinematográfico y Audiovisual, que reúnan las siguientes condiciones:

A) Se realicen total o parcialmente en el territorio de la República Oriental del Uruguay.

B) Que la mayoría de los técnicos y artistas intervinientes en la producción y realización de las mismas, sin contar los extras, sean residentes en el país o ciudadanos uruguayos.

Se consideran, igualmente, obras cinematográficas y audiovisuales nacionales las realizadas total o parcialmente en el territorio de la República en régimen de coproducción con otros países, que empleen personal técnico y artístico que reúna las características antedichas, en un 20% (veinte por ciento), como mínimo.

La reglamentación de la presente ley establecerá las condiciones para la obtención de ayudas, que estarán en función del porcentaje nacional en el presupuesto de la obra cinematográfica y audiovisual.

Artículo 11.- El Instituto del Cine y el Audiovisual del Uruguay sucederá a todos los efectos al Instituto Nacional del Audiovisual creado por Decreto N° 270/994, de 8 de junio de 1994".

3) Resoluciones.

Se recibirá a integrantes de la Comisión Administrativa de la Escuela de Sanidad "Dr. José Scosería" en la próxima sesión del jueves 24 de abril, a la hora 11.

De lo actuado se procede a tomar versión taquigráfica, cuya copia dactilografiada luce en el Distribuido N° 2376/08, que forma parte de la presente Acta.

Siendo la hora once y cincuenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman la señora Presidenta y la señora Secretaria de la Comisión.

Margarita Percovich Presidenta

María Cecilia Fernández Secretaria."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de ley.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Lorier.

SEÑOR LORIER.- Señor Presidente: la Comisión de Educación y Cultura del Senado, por unanimidad de sus miembros, aconseja al Cuerpo designar con el nombre de Pedro Bernardino Rodríguez Paiva, alias "Tide", a la Escuela Rural Nº 79 de Masoller.

Nosotros creemos que es justo y que hace honor al esfuerzo del Diputado por Rivera, maestro Julio Fernández, transcribir palabras que expresó el día en que presentó este proyecto de ley. Con respecto a este personaje tan importante de los pagos chicos de Masoller, este Diputado decía: "Por su reconocida generosidad, honestidad y hombría de bien y su permanente apoyo a los productores que hacían sus primeras armas en la zona, y a los vecinos que necesitaban de una mano para enfrentar adversidades, se constituyó en un referente de Masoller y sus alrededores.

En 1987, cuando comenzó a implementarse el Programa de Viviendas Nº 121 de MEVIR a construirse en Masoller, ‘Tide’ fue uno de sus principales abanderados".

Quizás aquí esté uno de los elementos que hacen que este vecino de Masoller permanezca vivo en la memoria de sus coterráneos. El Diputado Fernández continuaba diciendo: "Primero había que conseguir los terrenos necesarios.

Su entusiasmo pudo lograrlo rápidamente obteniendo la donación de un predio inmejorable de 21 hectáreas propiedad de la familia Polto.

Se iniciaba así un largo camino donde 43 familias rurales recibirían su tan soñado techo, un salón comunal y una policlínica, construidos por generosas manos de mujeres y hombres de todas las edades, durante largos meses de trabajo sacrificado.

Muy pronto una implacable enfermedad empezó a golpear su físico. A pesar de ello en las primeras etapas de realización de las obras, siempre las más difíciles, contaron con su apoyo incondicional.

Fallece el 13 de setiembre de 1989, pero su recuerdo está presente entre los vecinos de Masoller.

Al proponer hoy al Cuerpo, que la Escuela Rural Nº 79 de Masoller, de quien fuera un amigo de todas las horas, lleve el nombre de Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide), queremos además homenajear a los productores rurales afincados en el campo, los que con enorme generosidad siembran esperanzas en el país productivo que todos anhelamos.

Contamos con el asentimiento de la Dirección, personal docente, Comisión de Fomento e Inspección Departamental de Educación Primaria a esta propuesta".

Creemos que es muy justo y correcto tomar estas palabras del maestro Julio Fernández acerca de un personaje, repito, de los pagos chicos de Masoller, esos que van construyendo la historia, las realidades positivas de los distintos lugares y que, en este caso concreto, va a quedar homenajeado al designar con su nombre a la Escuela Rural Nº 79.

Muchas gracias.

SEÑOR ABREU.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE.- Tiene la palabra el señor Senador.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: me parece que es muy justificada la propuesta de denominación de la escuela de Masoller con el nombre de Pedro Bernardino Rodríguez Paiva, "Tide".

Los que tuvimos la oportunidad de conocerlo, no solo personalmente sino también a través de su proyección familiar, encontramos un hombre con un gran compromiso humanista y con un sentido de la superación individual compatible con la humildad. Fue un hombre de trabajo que se inició desde muy joven y desde muy abajo en el ámbito de la actividad productiva, siendo pionero en muchos aspectos de la producción agropecuaria, tanto en la genética como en las mejoras que impulsó desde el tan lejano campo de Masoller, donde se instaló siendo muy joven. Su presencia en la zona lo transformó en un hombre de influencia y de referencia por su generosidad, por su capacidad de trabajo y, sobre todo, por el desprendimiento que tuvo durante toda su vida respecto a las exigencias de la comunidad. Al impulso de "Tide" se logró el proyecto MEVIR de la zona, a través del cual más de cuarenta familias tuvieron la posibilidad de contar con una construcción adecuada y digna. También propició la creación de las condiciones para que la Escuela contara con todos los elementos necesarios para impartir una educación adecuada. Fue también a su impulso que toda la comunidad de Masoller se manejó con un criterio amplio y no autoritario, y con una visión absolutamente desprendida.

"Tide" poseía virtudes como todos los hombres y mujeres pero, además, tuvo desde el inicio un gran sentido de la solidaridad, de la humildad y, sobre todo, de la lealtad, no solo desde el punto de vista humano, sino también en lo que refiere a su compromiso de carácter político. Fue un hombre militante desde la primera época del Partido Socialista, un socialista de la primera hora, con tal criterio del idealismo y de compromiso que nunca tuvo que explicar contradicciones en su forma de pensar y de actuar. Por sobre todas las cosas, incorporó en su vida de relación un espíritu de tolerancia que también fue, de alguna forma, el punto de referencia que los propios habitantes de Masoller tomaron y que hoy motiva que se designe con su nombre a esta escuela. Cabe recordar que, incluso, se ha erigido un busto de "Tide" en la zona donde tenía su establecimiento. Muchos dicen -incluso la gente de Masoller- que si él estuviera, a esta escuela no le habrían puesto "Tide Rodríguez", sino "Irma Masoller", que era el nombre de la telefonista del pueblo. Él la respetaba y le daba la importancia que durante muchos años han tenido las telefonistas en el ámbito rural donde, por una u otra razón, toda la vida de quienes trataban de comunicarse era conocida por la telefonista, quien ponía en contacto a las personas, ya sea por razones afectivas o de negocios, o a raíz de mensajes dolorosos. De manera que, quizás, ni él mismo estaría de acuerdo con la designación de esta escuela, pero se lo merece por haber constituido una familia, por trabajar en forma callada y fuerte, y tener siempre una gran tolerancia. Tanto es así que puedo tomarme la licencia de contar que una de sus hijas -a quien conocí mucho-, que lamentablemente falleció en forma temprana debido a una enfermedad fulminante, decía: "Yo soy socialista; si ustedes quieren votar a Wilson, voten a Wilson que es un buen candidato. Para socialista ya está el viejo".

Todo esto demuestra su gran tolerancia y dimensión humana lo que, entre otras cosas, le ha permitido disfrutar -como debe estar haciéndolo- de este reconocimiento, que es parte del compromiso ineludible que tuvo durante toda su vida para con los más necesitados, con los que más sufrían y, sobre todo, con la comunidad a la que se debió durante tanto tiempo, en un lugar tan lejano del norte del país.

Nos sumamos con mucho gusto a este homenaje y a la designación de esta escuela con el nombre de "Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide)".

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora Senadora Xavier, a quien le pido disculpas porque estaba anotada antes que el señor Senador Abreu, pero en la hoja incorrecta, es decir, en la de los oradores de la hora previa.

SEÑORA XAVIER.- No hay problema, señor Presidente.

Quisiera agradecer al señor Senador Abreu por sus palabras. Yo no soy de la generación de "Tide", pero sin duda al compañero Reinaldo Gargano -quien en los próximos días estará por acá- le habría gustado estar presente en una instancia como esta. No obstante, no haber sido de la generación de "Tide", recuerdo que mientras viví en Artigas, como además tuve un padre socialista, frecuentemente escuchaba los gestos de solidaridad y de generosidad que él siempre tenía para todas las cuestiones sociales y políticas.

Siempre digo que viví una época difícil en aquel departamento del norte, donde muchas luchas sociales empezaban a darse con un nivel de confrontación muy importante; época en que surgieron "los peludos" en Artigas liderados por Raúl Sendic. "Tide" fue gran amigo y compadre de Raúl Sendic, tanto en los tiempos en que ambos pertenecían al Partido Socialista, como luego, cuando Sendic toma otros caminos en la lucha política.

Hay una enorme vinculación entre Artigas y Rivera, no solo por el hecho de ser departamentos contiguos, sino porque, además, más allá de que hoy estemos homenajeando a "Tide", también hay que mencionar a otro hombre que en Artigas tuvo un enorme significado. Me refiero al doctor Polto, quien donó el terreno donde se construyó la Escuela N° 79 y las viviendas de MEVIR que, básicamente, eran para los peones y para las familias de los niños que concurrían a dicha escuela.

Me parece importante destacar que "el Tide" -sobrenombre por el que se lo conocía, más que por su nombre y apellido- estuvo siempre preocupado por todos estos temas. Esto me lo hacía recordar el maestro Julio Fernández, diputado por Rivera, y me pedía que no dejara de comentar que aun en sus últimos días, cuando ya padecía esa grave enfermedad, se fue de Masoller a Rivera -donde él se lo encontró- porque había visto a las mujeres en las obras, en tareas de construcción, con las manos directamente en la mezcla, y preocupado por esta situación estaba buscando guantes para que pudieran seguir trabajando sin dañarse. Su preocupación por la calidad de vida de los vecinos, siempre lo llevaba a tener esa actitud de generosidad que trasladaba a su vida cotidiana.

Tal como ha indicado el señor Senador Abreu, "Tide" no tenía que justificar su condición de hombre solidario que buscaba la justicia social; en realidad, era algo que hacía en cada uno de los momentos de su vida y siempre con un alto componente de desafío, lo cual trasladaba a las tareas que emprendía. Bien se decía que le había puesto mucho esfuerzo e inteligencia a la tarea del campo, implementando los desarrollos genéticos a toda la producción que llevaba adelante. Asimismo, tenía una muy sólida formación cultural y quienes lo conocieron saben que era un deleite poder discutir sobre el mundo y sobre la vida con "Tide".

Por lo tanto, para mí es un orgullo poder estar hoy aquí, en el momento en que alguien que ha sembrado vida de socialista es reconocido por el conjunto de la sociedad con la cual convivió y también por líderes de otros partidos políticos.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE.- Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor Senador Heber.

SEÑOR HEBER.- Señor Presidente: no podría permanecer en silencio y omitir hacer una referencia a esta bellísima persona que vivió en el medio del campo y siempre ha sido un referente, tanto para su Partido Socialista, al que tanto quiso y abrazó, como para la zona. Era uno de esos productores rurales que se embarcaban en todas las tareas para ayudar a la gente. Se ha mencionado mucho a MEVIR, pero no había recaudación de penca, asado, kermés para la escuela, recaudación para ayudar a Tranqueras o a Masoller, que no contara con "Tide".

Tuve el placer de conocerlo personalmente, aunque no lo disfruté tanto porque fue más amigo de mi padre y de Martín Padern, su vecino, que también fue Intendente y lo quería entrañablemente, a pesar de que los tres discutían mucho sobre política. En realidad, como ya se ha dicho, era un placer discutir con él por su forma de confrontar y poner a prueba las ideas, y era bastante conmovedor, por la argumentación con la que sostenía sus ideas.

Entiendo que con esta propuesta se hace justicia, por lo que ha sido una buena iniciativa del señor Representante Julio Fernández al recordar a estas figuras por encima de los partidos porque, si bien "Tide" estaba realmente afiliado y era militante del Partido Socialista, era un amigo, un buen vecino y una persona muy querida en la zona.

Como decía exactamente el señor Senador Abreu, si hubiera estado vivo de ninguna manera hubiera querido que la escuela rural llevara su nombre, sino que hubiera propuesto el de la telefonista, a quien también conocimos y podemos decir que no solamente era una amiga, sino una mujer que trabajaba denodadamente por la zona.

Tuvimos la oportunidad de conocer a Rodríguez Paiva en una visita que realizamos con Martín Sturla cuando comenzó a discutirse en la Cámara de Representantes el tema de la zona contestada, al cual se refirió en el día de ayer el señor Senador Abreu. Con respecto a los límites, el doctor Sturla tuvo una brillante intervención en el año 1986 ó 1987 y, en esa oportunidad, "Tide" no solamente nos recibió, sino que también aportó datos. Creo que por encima de su afiliación al Partido Socialista, era muy nacionalista.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Desígnase ‘Pedro Bernardino Rodríguez Paiva (Tide)’ la Escuela Rural Nº 79, de Masoller, 3ª Sección Judicial de Rivera, dependiente del Consejo de Educación Primaria (Administración Nacional de Educación Pública)."

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 26 en 26. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda sancionado el proyecto de ley, que se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

(No se publica el texto del proyecto de ley del aprobado por ser igual al considerado)

10) ENMIENDAS A LA CONVENCION SOBRE LA PROTECCION FISICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado pasa a considerar el asunto que figura en segundo término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueban las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Mate-

riales Nucleares, adoptadas por la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de Austria, el 8 de julio de 2005. (Carp. Nº 1014/08 - Rep. Nº 697/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1014/07

Rep. N° 697/08

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 26 de noviembre de 2007.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueban las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, adoptada por la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de Austria, el día 8 de julio de 2005.

ANTECEDENTES Y TEXTO

La Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares (denominada "la CPFMN") fue firmada en 1980 bajo los auspicios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y entró en vigor en 1987. Son partes en dicha Convención 118 Estados y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Todos los Estados miembros de la Unión Europea son partes en la CPFMN.

El objetivo principal de la CPFMN era la aplicación de las medidas de protección física durante el transporte internacional de materiales nucleares.

En 1999 varios países señalaron que la CPFMN no era suficientemente amplia y precisaba de una revisión, principalmente porque no incluía algunos aspectos fundamentales de la protección física. Se señalaron algunas deficiencias en lo concerniente a la protección de los materiales destinados a utilización, almacenamiento y transporte en el territorio nacional. Además, se consideraba que la Convención no abordaba adecuadamente la protección de las instalaciones nucleares contra actos de sabotaje.

En respuesta a las inquietudes expuestas, el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) estableció en junio de 2001 un "Grupo de expertos jurídicos y técnicos de composición abierta encargado de elaborar un proyecto de enmienda a la CPFMN", cuya misión era debatir la necesidad de revisar dicha Convención.

Según el procedimiento previsto por la Convención la misma fue convocada, a petición del Gobierno de Austria y de 24 Estados Miembros, por el Director General del OIEA, participando en ella 88 Estados Partes y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), así como observadores.

Del 4 al 8 de julio de 2005 se celebró en Viena una Conferencia para examinar las propuestas de enmienda, en la sede del OIEA. El Acta Final de la Conferencia de Enmienda fue firmada el 8 de julio de 2005.

Las enmiendas a la CPFMN están concebidas para reformar de forma significativa su eficacia.

Este hecho queda ya patente en la descripción de los objetivos del nuevo artículo 1ª de la Convención: "Los objetivos de la presente Convención consisten en lograr y mantener en todo el mundo una protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones; y facilitar la cooperación entre los Estados Parte a esos efectos".

Por consiguiente, las enmiendas amplían el ámbito de aplicación de la Convención más allá de los materiales nucleares durante el transporte internacional para incluir los materiales nucleares dentro de las fronteras de los países, cuando sean objeto de uso, transporte o almacenamiento.

El Preámbulo de la Convención incorpora varios párrafos relacionados con la lucha contra el terrorismo, además de otros que detallan principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas como el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, la prohibición del uso o amenaza del uso de la fuerza, la integridad territorial de los Estados, una mención a los delitos que se pudieran cometer y que atentaran contra el bien protegido: la seguridad de los materiales e instalaciones nucleares. Se establece también el principio de la responsabilidad de cada Estado sobre sus instalaciones militares.

Para lograr una protección física más amplia de los materiales nucleares, la CPFMN modificada no sólo incluye a los materiales en sí, sino también a las correspondientes instalaciones nucleares. En consecuencia, la CPFMN ha pasado a denominarse Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y de las instalaciones nucleares.

La CPFMN modificada describe pormenorizadamente lo que se entiende por "instalación nuclear" una instalación en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan o almacenan materiales nucleares o en la que se realiza su disposición final, si los daños o interferencias causados a esa ins-talación pudieran provocar la emisión de cantidades importantes de radiación o materiales radiactivos (Artículo 1, letra d)).

El Artículo 1 A, que se aprobó, define los objetivos de la Convención: la protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizadas con fines pacíficos; prevención y combate en todo el mundo de los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones, y la facilitación de la cooperación entre los Estados Parte a estos efectos.

A efectos de contemplar el caso de ataque a instalaciones nucleares civiles, fuera del tiempo de guerra, esto es cuando la norma que se aplica no es la del Derecho Internacional Humanitario, se agregaron los literales c) y d) en los que se señala que "nada de lo dispuesto en la Convención se interpretará como una autorización legal para el uso o la amenaza del uso de la fuerza en perjuicio de materiales nucleares o instalaciones nucleares utilizadas con fines pacíficos" y que nada de lo dispuesto en la Convención "aprueba ni legitima actos de otro modo ilícitos, ni impide el procesamiento judicial en virtud de otras leyes".

El nuevo texto también exige el establecimiento de un régimen apropiado de protección física (Artículo 2 A, aparatado 1), marcos legislativos y reglamentarios (artícu-lo 2 A, apartado 2, letra a)) y autoridades competentes encargadas de su aplicación (artículo 2 A, apartado 2, letra b)).

Además, se dictan doce "Principios Fundamentales de protección física de los materiales nucleares e instalaciones nucleares" que deberán aplicar los Estados Parte en la nueva Convención (artículo 2 A, apartado 3).

La Convención modificada tiene implicaciones directas en cuanto al régimen del control de seguridad. En particular, es preciso subrayar la declaración de responsabilidad para el establecimiento, aplicación y mantenimiento de un régimen de protección física (Principio A); la responsabilidad de un Estado de asegurar que los materiales nucleares estén adecuadamente protegidos abarca el transporte internacional de los mismos, hasta que esa responsabilidad sea transferida adecuadamente a otro Estado, según corresponda (Principio B); el Estado tiene la responsabilidad de establecer y mantener un marco legislativo y reglamentario que regule la protección física (Principio C); el Estado debe establecer o designar una autoridad competente encargada de la aplicación del marco legislativo y reglamentario (Principio D); deben determinarse claramente las responsabilidades por la aplicación de los distintos elementos de protección física en un Estado (Principio E) y deben establecerse planes de contingencia (emergencia) para responder a la retirada no autorizada de materiales nucleares o al sabotaje de instalaciones nucleares o materiales nucleares, o a intentos de estos actos, que deberán ser convenientemente elaborados y aplicados por todos los titulares de licencias y autoridades interesadas (Principio K).

La CPFMN modificada también exige específicamente a los Estados Parte protección contra el robo, el contrabando y el sabotaje (artículo 2 A, apartado 1).

Asimismo, prevé una cooperación reforzada entre Estados y una cooperación internacional relativa a medidas rápidas para localizar y recuperar los materiales nucleares objeto de robo, hurto o apropiación ilícita, paliar cualquier consecuencia radiológica del sabotaje, y prevenir y combatir los delitos relacionados (Artículo 5).

Otra modificación muy importante es la nueva exigencia estipulada en la Convención de que la ejecución intencional de diferentes actos, amenazas y tentativas "será considerada como delito punible por cada Estado Parte en virtud de su legislación nacional" (Artículo 7, numeral 1).

Es indiscutible que la protección física de los materiales nucleares constituye uno de los objetivos fundamen-tales de la comunidad internacional, como queda patente por el amplio sistema de controles de seguridad de EUROTOM.

Asimismo son jurídicamente vinculantes y aplicables las importantes enmiendas introducidas en el artículo 7, apartado 1, de la Convención, en el sentido de que la comisión intencionada de diversos actos, amenazas y tentativas "será considerada como delito punible por cada Estado Parte en virtud de su legislación nacional".

Se han incorporado también dos Artículos el 11 A y el 11 B, que, recogiendo elementos que se hallan presentes en las más modernas convenciones antiterroristas, impide que los delitos expuestos en el artículo 7 puedan ser declarados delitos políticos a los efectos de la extradición, con las salvedades expresas del 11 B, si el pedido de extradición se basara en motivos espúreos.

El Artículo 13 en su nueva redacción garantiza la transferencia de tecnología nuclear con fines pacíficos para reforzar la protección física de las fuentes e instalaciones.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de Convenciones, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Jorge Lepra, Daisy Tourné.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 26 de noviembre de 2007.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébanse las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, adoptada por la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de Austria, el día 8 de julio de 2005.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Jorge Lepra, Daisy Tourné.

Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares

1. El título de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares aprobada el 26 de octubre de 1979 (en adelante denominada "la Convención") queda sustituido por el siguiente título:

CONVENCION SOBRE LA PROTECCION FISICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES Y LAS INSTALACIONES NUCLEARES

2. El Preámbulo de la Convención queda sustituido por el texto siguiente:

LOS ESTADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION,

RECONOCIENDO el derecho de todos los Estados a desarrollar y emplear la energía nuclear con fines pacíficos y su legítimo interés en los beneficios potenciales que pueden derivarse de los usos pacíficos de la energía nuclear,

CONVENCIDOS de la necesidad de facilitar la cooperación internacional y la transferencia de tecnología nuclear para emplear la energía nuclear con fines pacíficos,

CONSCIENTES de que la protección física reviste vital importancia para la protección de la salud y seguridad del público, el medio ambiente y la seguridad nacional e internacional,

TENIENDO PRESENTES los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a la promoción de la buena vecindad y de las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados,

CONSIDERANDO que, según lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, "[1]os Miembros (...), en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

RECORDANDO la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 49/60 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994,

DESEANDO conjurar los peligros que podrían plantear el tráfico, la apropiación y el uso ilícitos de materiales nucleares y el sabotaje de materiales nucleares e instalaciones nucleares, y observando que la protección física contra tales actos ha pasado a ser objeto de mayor preocupación nacional e internacional,

HONDAMENTE PREOCUPADOS por la intensificación en todo el mundo de los actos de terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y por las amenazas que plantean el terrorismo internacional y la delincuencia organizada,

CONSIDERANDO que la protección física desempeña un papel importante en el apoyo a los objetivos de no proliferación nuclear y de lucha contra el terrorismo,

DESEANDO contribuir con la presente Convención a fortalecer en todo el mundo la protección física de los materiales nucleares e instalaciones nucleares que se utilizan con fines pacíficos,

CONVENCIDOS de que los delitos que puedan cometerse en relación con los materiales nucleares e instalaciones nucleares son motivo de grave preocupación, y de que es necesario adoptar con urgencia medidas apropiadas y eficaces, o fortalecer las ya existentes, para garantizar la prevención, el descubrimiento y el castigo de tales delitos,

DESEANDO fortalecer aún más la cooperación internacional para establecer medidas efectivas de protección física de los materiales nucleares e instalaciones nucleares, de conformidad con la legislación nacional de cada Estado Parte y con las disposiciones de la presente Convención,

CONVENCIDOS de que la presente Convención debería complementar la utilización, el almacenamiento y el transporte seguros de los materiales nucleares y la explotación segura de las instalaciones nucleares,

RECONOCIENDO que existen recomendaciones sobre protección física formuladas al nivel internacional que se actualizan con cierta frecuencia y que pueden proporcionar orientación sobre los medios contemporáneos para alcanzar niveles eficaces de protección física,

RECONOCIENDO además que la protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con fines militares es responsabilidad del Estado que posee esas instalaciones nucleares y materiales nucleares, y en el entendimiento de que dichos materiales e instalaciones son y seguirán siendo objeto de una protección física rigurosa.

HAN CONVENIDO en lo siguiente:

3. En el artículo 1 de la Convención, después del párrafo c), se añaden los dos nuevos párrafos siguientes:

d) Por "instalación nuclear" se entiende una instalación (incluidos los edificios y el equipo relacionados con ella) en la que se producen, procesan, utilizan, manipulan o almacenan materiales nucleares o en la que se realiza su disposición final, si los daños o interferencias causados en esa instalación pudieran provocar la emisión de entidades importantes de radiación o materiales radiactivos;

e) Por "sabotaje" se entiende todo acto deliberado cometido en perjuicio de una instalación nuclear o de materiales nucleares objeto de uso, almacenamiento o transporte, que pueda entrañar directa o indirectamente un peligro para la salud y la seguridad del personal, el público o el medio ambiente por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radiactivas.

4. Después del artículo 1 de la Convención, se añade un nuevo artículo 1 A, que reza como sigue:

Artículo 1 A

Los objetivos de la presente Convención consisten en lograr y mantener en todo el mundo una protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones; y facilitar la cooperación entre los Estados Parte a esos efectos.

El artículo 2 de la Convención queda sustituido por el texto siguiente:

1. La presente Convención se aplicará a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos cuando sean objeto de uso, almacenamiento y transporte y a las instalaciones nucleares utilizadas con fines pacíficos, con la salvedad, empero, de que las disposiciones de los artículos 3 y 4 y del párrafo 4 del artículo 5 de la presente Convención se aplicarán únicamente a dichos materiales nucleares mientras sean objeto de transporte nuclear internacional.

2. El establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un régimen de protección física en el territorio de un Estado Parte es responsabilidad exclusiva de ese Estado.

3. Aparte de los compromisos que los Estados Parte hayan asumido explícitamente con arreglo a la presente Convención, ninguna disposición de la misma podrá interpretarse de modo que afecte a los derechos soberanos de un Estado.

4. a) Nada de lo dispuesto en la presente Convención menoscabará los demás derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados Parte estipulados en el derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho humanitario internacional.

b) Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado, según se entienden estos términos en el derecho humanitario internacional, que se rijan por este derecho, no estarán regidas por la presente Convención, y las actividades realizadas por las fuerzas militares de un Estado en el desempeño de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas del derecho internacional, no estarán regidas por esta Convención.

c) Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará como una autorización legal para el uso o la amenaza del uso de la fuerza en perjuicio de materiales nucleares o instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos.

d) Nada de lo dispuesto en la presente Convención aprueba ni legitima actos de otro modo ilícitos, ni impide el procesamiento judicial en virtud de otras leyes.

5. La presente Convención no se aplicará a los materiales nucleares utilizados o retenidos para fines militares ni a una instalación nuclear que contenga ese tipo de materiales.

6. Después del artículo 2 de la Convención, se añade un nuevo artículo 2 A, que reza como sigue:

Artículo 2 A

1. Cada Estado Parte establecerá, aplicará y mantendrá un régimen apropiado de protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares que se encuentren bajo su jurisdicción, con el fin de:

a) brindar protección contra el hurto u otra apropiación ilícita de materiales nucleares durante su utilización, almacenamiento y transporte;

b) garantizar la aplicación de medidas rápidas y amplias para localizar y, según corresponda, recuperar material nuclear perdido o robado; cuando el material se encuentre fuera de su territorio, el Estado Parte actuará de conformidad con el artículo 5;

c) proteger los materiales nucleares e instalaciones nucleares contra el sabotaje; y

d) mitigar o reducir al mínimo las consecuencias radiológicas del sabotaje.

2. Al aplicar el párrafo 1, cada Estado Parte:

a) establecerá y mantendrá un marco legislativo y reglamentario que regule la protección física;

b) establecerá o designará una autoridad o autoridades competentes encargadas de la aplicación del marco legislativo y reglamentario; y

c) adoptará las demás medidas apropiadas que sean necesarias para la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares.

3. Al cumplir las obligaciones estipuladas en los párrafos 1 y 2, cada Estado Parte, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de la presente Convención, aplicará en la medida en que sea razonable y posible los siguientes Principios Fundamentales de protección física de los materiales nucleares e instalaciones nucleares.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL A: Responsabilidad del Estado

El establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un régimen de protección física en el territorio de un Estado es responsabilidad exclusiva de ese Estado.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL B: Responsabilidad durante el transporte internacional

La responsabilidad de un Estado de asegurar que los materiales nucleares estén adecuadamente protegidos abarca el transporte internacional de los mismos, hasta que esa responsabilidad sea transferida adecuadamente a otro Estado, según corresponda.

PRINCIPO FUNDAMENTAL C: Marco legislativo y reglamentario

El Estado tiene la responsabilidad de establecer y mantener un marco legislativo y reglamentario que regule la protección física. Dicho marco debe prever el establecimiento de requisitos de protección física aplicables e incluir un sistema de evaluación y concesión de licencias, u otros procedimientos para conceder autorización. Este marco debe incluir un sistema de inspección de instalaciones nucleares y del transporte para verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones aplicables de la licencia u otro documento de autorización, y crear los medios para hacer cumplir los requisitos y condiciones aplicables, incluidas sanciones eficaces.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL D: Autoridad competente

El Estado debe establecer o designar una autoridad competente encargada de la aplicación del marco legislativo y reglamentario, dotada de autoridad, competencia y recursos humanos y financieros adecuados para cumplir las responsabilidades que se le hayan asignado. El Estado debe adoptar medidas para garantizar una independencia efectiva entre las funciones de la autoridad competente del Estado y las de cualquier otra entidad encargada de la promoción o utilización de la energía nuclear.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL E: Responsabilidad del titular de la licencia

Las responsabilidades por la aplicación de los distintos elementos de protección física en un Estado deben determinarse claramente. El Estado debe asegurar que la responsabilidad principal por la aplicación de la protección física de los materiales nucleares, o de las instalaciones nucleares, radique en los titulares de las respectivas licencias u otros documentos de autorización (por ejemplo; en los explotadores o remitentes).

PRINCIPIO FUNDAMENTAL F: Cultura de la seguridad

Todas las organizaciones que intervienen en la aplicación de la protección física deben conceder la debida prioridad a la cultura de la seguridad, a su desarrollo y al mantenimiento necesarios para garantizar su eficaz aplicación en toda la organización.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL G: Amenaza

La protección física que se aplica en el Estado debe basarse en la evaluación más reciente de la amenaza que haya efectuado el propio Estado.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL H: Enfoque diferenciado

Los requisitos en materia de protección física deben basarse en un enfoque diferenciado, que tenga en cuenta la evaluación corriente de la amenaza, el incentivo relativo de los materiales, la naturaleza de éstos y las posibles consecuencias relacionadas con la retirada no autorizada de materiales nucleares y con el sabotaje de materiales nucleares o instalaciones nucleares.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL I: Defensa en profundidad

Los requisitos del Estado en materia de protección física deben reflejar un concepto de barreras múltiples y métodos de protección (estructurales o de índole técnica, humana u organizativa) que el adversario debe superar o evitar para alcanzar sus objetivos.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL J: Garantía de calidad

Se deben establecer y aplicar una política y programas de garantía de calidad con vistas a crear confianza en que se cumplen los requisitos específicos en relación con todas las actividades de importancia para la protección física.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL K: Planes de contingencia

Todos los titulares de licencias y autoridades interesadas deben elaborar y aplicar, según corresponda, planes de contingencia (emergencia) para responder a la retirada no autorizada de materiales nucleares o al sabotaje de instalaciones nucleares o materiales nucleares, o a intentos de estos actos.

PRINCIPIO FUNDAMENTAL L: Confidencialidad

El Estado debe establecer requisitos para proteger la confidencialidad de la información cuya revelación no autorizada podría comprometer la protección física de los materiales nucleares e instalaciones nucleares.

4. a) Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los materiales nucleares que el Estado Parte decida razonablemente que no es necesario someter al régimen de protección física establecido con arreglo al párrafo 1, teniendo en cuenta su naturaleza, cantidad e incentivo relativo, y las posibles consecuencias radiológicas y de otro tipo asociadas a cualquier acto no autorizado cometido en su perjuicio y la evaluación corriente de la amenaza que se cierna sobre ellos.

b) Los materiales nucleares que no estén sujetos a las disposiciones del presente artículo conforme al aparatado a) deben protegerse con arreglo a las prácticas de gestión prudente.

7. El artículo 5 de la Convención queda sustituido por el texto siguiente:

1. Los Estados Parte determinarán su punto de contacto en relación con las cuestiones incluidas en el alcance de la presente Convención y se lo comunicarán entre sí directamente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica.

2. En caso de hurto, robo o cualquier otro acto de apropiación ilícita de materiales nucleares, o en caso de amenaza verosímil de alguno de estos actos, los Estados Parte, de conformidad con su legislación nacional, proporcionarán cooperación y ayuda en la mayor medida posible para recuperar y proteger esos materiales a cualquier Estao que lo solicite. En particular:

a) un Estado Parte adoptará medidas apropiadas para notificar tan pronto como sea posible a otros Estados que considere interesados todo hurto, robo u otro acto de apropiación ilícita de materiales nucleares o amenaza verosímil de uno de estos actos, así como para notificarlos, cuando proceda, al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otras organizaciones internacionales competentes;

b) al hacerlo, según proceda, los Estados Parte interesados intercambiarán informaciones entre sí, con el Organismo Internacional de Energía Atómica y con otras organizaciones internacionales competentes, con miras a proteger los materiales nucleares amenazados, verificar la integridad de los contenedores de transporte o recuperar los materiales nucleares objeto de apropiación ilícita y:

i) coordinarán sus esfuerzos utilizando para ello la vía diplomática y otros conductos convenidos;

ii) prestarán ayuda, si se les solicita;

iii) asegurarán la devolución de los materiales nucleares recuperados que se hayan robado o que falten como consecuencia de los actos antes mencionados.

Los Estados Parte interesados determinarán la manera de llevar a la práctica esta cooperación.

3. En caso de amenaza verosímil de sabotaje, o en caso de sabotaje efectivo, de materiales nucleares o instalaciones nucleares, los Estados Parte, de conformidad con su legislación nacional y con las obligaciones pertinentes dimanantes del derecho internacional, cooperarán en la mayor medida posible de la forma siguiente:

a) si un Estado Parte tiene conocimiento de una amenaza verosímil de sabotaje de materiales nucleares o de una instalación nuclear en otro Estado, deberá decidir acerca de la adopción de medidas apropiadas para notificar esa amenaza a ese Estado lo antes posible y, según corresponda, al Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organizaciones internacionales competentes, con miras a prevenir el sabotaje;

b) en caso de sabotaje de materiales nucleares o de una instalación nuclear en un Estado Parte, y si éste considera probable que otros Estados se vean radiológicamente afectados, sin perjuicio de sus demás obligaciones previstas en el derecho internacional, el Estado Parte adoptará medidas apropiadas para notificarlo lo antes posible al Estado o los Estados que probablemente se vean radiológicamente afectados y, según corresponda, al Organismo Internacional de Energía Atómica y a otras organizaciones internacionales competentes con miras a reducir al mínimo o mitigar las consecuencias radiológicas de ese acto;

c) si en el contexto de los apartados a) y b) un Estado Parte solicita asistencia, cada Estado Parte al que se dirija una solicitud de asistencia decidirá y notificará con prontitud al Estado Parte solicitante, directamente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica, si está en condiciones de prestar la asistencia solicitada, así como el alcance y los términos de la asistencia que podría prestarse;

d) la coordinación de la cooperación prevista en los apartados a), b) y c) se realizará por la vía diplomática y por otros conductos convenidos. Los Estados Parte interesados determinarán de forma bilateral o multilateral la manera de llevar a la práctica esta cooperación.

4. Los Estados Parte cooperarán entre sí y se consultarán según proceda, directamente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organizaciones internacionales competentes, con miras a obtener asesoramiento acerca del diseño, mantenimiento y mejora de los sistemas de protección física de los materiales nucleares objeto de transporte internacional.

5. Un Estado Parte podrá cooperar y celebrar consultas, según proceda, con otros Estados Parte directamente o por conducto del Organismo Internacional de Energía Atómica y otras organizaciones internacionales competentes, con miras a obtener su asesoramiento acerca del diseño, mantenimiento y mejora de su sistema de protección física de los materiales nucleares objeto de uso, almacenamiento y transporte en el territorio nacional y de las instalaciones nucleares.

8. El artículo 6 de la Convención queda sustituido por el texto siguiente:

1. Los Estados Parte adoptarán medidas apropiadas que sean compatibles con su legislación nacional para proteger el carácter confidencial de toda información que reciban con ese carácter de otro Estado Parte en virtud de lo estipulado en la presente Convención o al participar en una actividad que se realice para aplicar la presente Convención. Si los Estados Parte facilitan confidencialmente información a organizaciones internacionales o a Estados que no sean parte en la presente Convención, se adoptarán medidas para garantizar que se proteja el carácter confidencial de esa información. El Estado Parte que haya recibido confidencialmente información de otro Estado Parte podrá proporcionar esta información a terceros sólo con el consentimiento de ese otro Estado Parte.

2. La presente Convención no exigirá a los Estados Parte que provean información alguna que no se les permita comunicar en virtud de la legislación nacional o cuya comunicación comprometa la seguridad del Estado de que se trate o la protección física de los materiales nucleares o las instalaciones nucleares.

9. El párrafo 1 del artículo 7 de la Convención queda sustituido por el texto siguiente:

1. La comisión intencionada de:

a) un acto que consista en recibir, poseer, usar, transferir, alterar, evacuar o dispersar materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa, o es probable que cause, la muerte o lesiones graves a cualquier persona o sustanciales daños patrimoniales o ambientales;

b) hurto o robo de materiales nucleares;

c) malversación de materiales nucleares o la obtención de éstos mediante fraude;

d) un acto que consista en transportar, enviar o trasladar a un Estado, o fuera de él, materiales nucleares sin autorización legal;

e) un acto realizado en perjuicio de una instalación nuclear, o un acto que cause interferencia en la explotación de una instalación nuclear, y en que el autor cause deliberadamente, o sepa que el acto probablemente cause, la muerte o lesiones graves a una persona o sustanciales daños patrimoniales o ambientales por exposición a las radiaciones o a la emisión de sustancias radiactivas, a menos que el acto se realice de conformidad con la legislación nacional del Estado Parte en cuyo territorio esté situada la instalación nuclear;

f) un acto que consista en la exacción de materiales nucleares mediante amenaza o uso de la fuerza o mediante cualquier otra forma de intimidación;

g) una amenaza de:

i) utilizar materiales nucleares con el fin de causar la muerte o lesiones graves a personas o sustanciales daños patrimoniales o ambientales, o de cometer el delito descrito en el apartado e), o

ii) cometer uno de los delitos descritos en los apartados b) y e) a fin de obligar a una persona física o jurídica, a una organización internacional o a un Estado a hacer algo o a abstenerse de hacerlo;

h) una tentativa de cometer cualquiera de los delitos descritos en los apartados a) a c);

i) un acto que consista en particular en cualquiera de los delitos descritos en los apartados a) a h);

j) un acto de cualquier persona que organice o dirija a otras para cometer uno de los delitos descritos en los apartados a) a h); y

k) un acto que contribuya a la comisión de cualquiera de los delitos descritos en los apartados a) a h) por un grupo de personas que actúe con un pro-pósito común. Tal acto tendrá que ser deliberado y:

i) llevarse a cabo con el objetivo de fomentar la actividad delictiva o los propósitos delictivos del grupo, cuando esa actividad o propósitos supongan la comisión de uno de los delitos descritos en los apartados a) a g), o

ii) llevarse a cabo con conocimiento de la intención del grupo de cometer uno de los delitos descritos en los apartados a) a g) será considerada como delito punible por cada Estado Parte en virtud de su legislación nacional.

10. Después del artículo 11 de la Convención, se añaden dos nuevos artículos, artículo 11 A y artículo 11 B, que rezan como sigue:

Artículo 11 A

Ninguno de los delitos enunciados en el artículo 7 será considerado, para los fines de la extradición o la asistencia jurídica mutua, delito político o delito conexo a un delito político, ni delito inspirado por motivos políticos. En consecuencia, una solicitud de extradición o de asistencia jurídica mutua basada en tal delito no podrá denegarse únicamente en razón de que esté relacionado con un delito político o un delito asociado a un delito político o a un delito inspirado por motivos políticos.

Artículo 11 B

Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará como una imposición de la obligación de extraditar o de proporcionar asistencia jurídica mutua si el Estado Parte requerido tiene motivos sustanciales para con-siderar que la petición de extradición por los delitos enunciados en el artículo 7° de asistencia jurídica mutua con respecto a tales delitos se ha formulado para los fines de procesar o sancionar a una persona por motivos relacionados con su raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de la petición perjudicaría la posición de esa persona por cualquiera de estas razones.

11. Después del artículo 13 de la Convención, se añade un nuevo artículo 13 A, que reza como sigue:

Artículo 13 A

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a la transferencia de tecnología nuclear con fines pacíficos que se lleve a cabo para reforzar la protección física de materiales nucleares e instalaciones nucleares.

12. El párrafo 3 del artículo 14 de la Convención queda sustituido por el texto siguiente:

3. Cuando un delito esté relacionado con materiales nucleares objeto de uso, almacenamiento o transporte en el ámbito nacional, y tanto el presunto autor como los materiales nucleares permanezcan en el territorio del Estado Parte en el que se cometió el delito, o cuando un delito esté relacionado con una instalación nuclear y el presunto autor permanezca en el territorio del Estado Parte en el que se cometió el delito, nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de que ese Estado Parte estará obligado a facilitar información acerca de los procedimientos penales a que haya dado lugar ese delito.

13. El artículo 16 de la Convención queda sustituido por el texto siguiente:

1. Cinco años después de que entre en vigor la Enmienda aprobada el 8 de julio de 2005, el depositario convocará una conferencia de los Estados Parte para que examine la aplicación de la presente Convención y determine si es adecuada, en lo que respecta al preámbulo, a toda la parte dispositiva y a los anexos, a la luz de la situación que entonces impere.

2. Posteriormente, a intervalos no inferiores a cinco años, una mayoría de los Estados Parte podrá conseguir que se convoquen nuevas conferencias con la misma finalidad presentando una propuesta a tal efecto al depositario.

14. La nota b/ del anexo II de la Convención queda sustituida por el siguiente texto: b/ Material no irradiado en un reactor o material irradiado en un reactor pero con una intensidad de radiación igual o inferior a 1 gray/hora (100 rads/hora) a 1 metro de distancia sin mediar blindaje.

15. La nota e/ del anexo II de la Convención queda sustituida por el siguiente texto:

e/ Cuando se trate de otro combustible que en razón de su contenido original en material fisionable esté clasificado en la Categoría I o II antes de su irradiación, se podrá reducir el nivel de protección física en una categoría cuando la intensidad de radiación de ese combustible exceda de 1 gray/hora (100 rads/hora) a un metro de distancia sin mediar blindaje.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado:

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el proyecto de ley sobre las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, adoptadas por la Conferencia celebrada a tales efectos en la ciudad de Viena (Austria) el día 8 de julio de 2005.

Antecedentes:

Las enmiendas cuya aprobación se solicita están referidas a la Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares suscrita en Viena (Austria) el 26 de octubre de 1979 (en adelante la Convención) que prevé la posibilidad de su enmienda en el artículo 20.

La entrada en vigor de la Convención referida supuso, a juicio de los especialistas de las agencias especializadas como la EURATOM "una mejora de la protección física de los materiales nucleares y un refuerzo de la cooperación judicial en materia de delitos de robo y tráfico ilegal de materiales nucleares". Sin embargo, algunas de sus disposiciones tenían un alcance bastante limitado, ya que iban fundamentalmente dirigidas a la protección del material durante los transporte internacionales, quedando al arbitrio de las partes su aplicación al transporte interno y a las instalaciones nucleares.

Por otro lado, la creciente preocupación de la comunidad internacional por el terrotorismo internacional y la amenaza de que los materiales nucleares y las instalaciones nucleares pudieran convertirse en objetivo o medio para cometer actos terroristas hizo que el Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), depositario de la Convención, plantease una eventual reforma de la misma a principios del 2000. Según lo consigna EURATOM, "dicha propuesta fue aceptada y se abrió un largo y difícil proceso de negociación, salpicado por varios atentados terroristas con repercusión internacional y por el descubrimiento de redes de tráfico ilícito de materiales y tecnología nuclear, que se extendió hasta mediados del 2004, momento en el que se llegó a un acuerdo parcial entre los expertos que habían participado en la redacción de la enmienda". En julio de 2005, se convocó a una Conferencia Diplomática para acordar los aspectos pendientes y aprobar la enmienda re-sultante de la Convención, lo que sucedió el 8 de julio de 2005.

Las enmiendas adoptadas:

El Acta final de la Conferencia diplomática mencionada aprobó las siguientes enmiendas a la Convención:

1. Modificación en el título de la Convención que pasa a llamarse "Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y de las Instalaciones Nucleares", lo que resulta conteste con los cambios introducidos.

2. Modificaciones en el preámbulo, que hace ahora referencia concreta a los principios de derecho internacional previstos en la Carta de las Naciones Unidas relativos al no uso de la fuerza y advierte sobre el peligro del terrorismo internacional y la delincuencia organizada.

3. El Artículo 1 de la Convención es ampliado con dos nuevos literales -d) y e)- que definen los conceptos de "instalación nuclear" y de "sabotaje".

4. Luego del artículo 1 de la Convención se agrega un artículo 1ª que define los objetivos de la Convención como aquellos que consisten "en lograr en todo el mundo una protección física eficaz de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos; prevenir y combatir en todo el mundo los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones; y facilitar la cooperación entre los Estados Parte a esos efetos".

5. El artículo 2 de la Convención se amplía para incluir disposiciones donde se específica que la responsabilidad para el establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un régimen de protección física es de responsabilidad exclusiva de cada Estado Parte. También se agregan disposiciones de compatibilidad entre esta Convención y el Derecho Internacional Humanitario que se aplica en tiempos de conflicto. La Convención asimismo no se aplica a los materiales nucleares que tengan fines miliares. De hecho ya desde el texto de 1979 se aplicaba solamente a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos. Lo que se agrega ahora es la referencia a las instalaciones nucleares utilizadas con fines pacíficos.

6. Después del artículo 2 se agrega un artículo 2ª con el propósito de obligar a los Estados Partes a establecer, mantener y aplicar un régimen apropiado de protección física de los materiales y las instalaciones nucleares que se encuentren bajo su jurisdicción, de manera tal de prevenir los hurtos y proteger el material y las instalaciones de acciones de sabotaje. A tales efectos mantendrá un marco legislativo que regula la protección y establecerá o designará una autoridad nacional competente encargada de la aplicación del mismo.

7. Al cumplir con el marco legal antes referido cada Estado se compromete a aplicar, en la medida en que sea posible, los siguientes Principios Fundamentales:

A. La exclusividad de la responsabilidad del Estado por establecer y mantener un régimen de protección.

B. La responsabilidad del Estado de asegurar que los materiales nucleares estén debidamente protegidos durante el transporte internacional de los mismos.

C. La responsabilidad del Estado de que el marco regulatorio contenga disposiciones que hagan eficaz la reglamentación.

D. La designación de una autoridad competente dotada de competencia y medios adecuados.

E. Asegurar la responsabilidad del titular de la licencia.

F. Fomentar la cultura de la seguridad.

G. Evaluar las amenazas a la seguridad y adaptar el régimen en función de ellas.

H. Mantener un enfoque diferenciado según cada situación.

I. Idear una estrategia de defensa en profundidad, que implique barrreras múltiples de forma sucesiva.

J. Establecer programas de garantías de calidad.

K. Elaborar planes de contingencia (emergencia) para situaciones no previstas.

L. Confidencialidad de la información. Esta también está mencionada en la nueva redacción de los artículos 6 y 14 de la Convención.

8. Los Estados pueden decidir que algunos materiales nucleares no estarán incluidos en las previsiones del artículo 2. Estos deberán manejarse de acuerdo a las prácticas de gestión prudente de los mismos.

9. El artículo 5 de la Convención queda también sustituido, detallándose en el mismo nuevas medidas a implementarse entre las Partes en materia de coordinación para los casos de hurtos de materiales nucleares o su apropiación indebida, sabotaje u otros delitos relacionados.

10. El párrafo 1 del artículo 7 de la Convención, por su parte, queda sustituido por un texto donde se detalla que la comisión de ciertos actos delictivos allí detallados, la amenaza de los mismos o la tentativa de ellos, será considerada como delito punible por la legislación de cada Estado Parte.

11. Después del artículo 11 de la Convención se añaden dos artículos más, los artículos 11A y 11B. El primero excluye la posibilidad de que los delitos descritos en el artículo 7 reformado, sean calificados de delitos políticos, y el segundo matiza esta proscripción para casos de evidente abuso y discriminación en una solicitud de extradición que se solicitara en virtud de los delitos previstos en el artículo 7.

12. El artículo 13A, que se agrega luego del actual artículo 13, garantiza la transferencia de tecnología nuclear con fines pacíficos para reforzar la protección física de materiales nucleares e instalaciones.

13. Finalmente se prevé la necesidad de realizar en una nueva Conferencia cinco años después de la entrada en vigor de esta Enmienda para examinar su aplicación y verificar si la misma ha sido adecuada.

Por lo expuesto, se considera de interés para la República la aprobación de las Enmiendas a la Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares que se presenta a consideración de este Cuerpo.

Sala de la Comisión, 17 de abril de 2008.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Mariano Arana, Carlos Baráibar, Nora Castro, Sara López, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

ACTA N° 79

En Montevideo, el día diecisiete de abril de dos mil ocho, a la hora diecisiete y cinco minutos, se reúne la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores.

Asisten sus miembros señoras Senadoras Nora Castro y Sara López y señores Senadores Sergio Abreu, Mariano Arana, Carlos Baráibar, Rafael Michelini y Julio María Sanguinetti.

Faltan con aviso los señores Senadores Jorge Andujar y Jorge Larrañaga.

Preside el señor Senador Rafael Michelini, Presidente de la Comisión.

Actúan en Secretaría el señor Vladimir De Bellis Martínez, Secretario de la Comisión, y la señora Secretaria de Comisión Rosa De León.

ASUNTOS ENTRADOS:

- Carpeta N° 1124/2008 - Proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio sobre Seguridad Social entre la República Oriental del Uruguay y el Reino de Bélgica, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 22 de noviembre de 2006 (Distribuido N° 2365/2008). Se adjudica su estudio al señor Senador Mariano Arana.

- Carpeta N° 1125/2008 - Proyecto de ley por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR en Materia de Cooperación y Asistencia ante Emergencias Ambientales, suscrito en la ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina, el 7 de julio de 2004. (Distribuido N° 2366/2008). Se adjudica su estudio al señor Senador Carlos Baráibar.

- Carpeta N° 1127/2008 - Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Albania, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 15 de mayo de 2000 (Distribuido N° 2361/2008). Se adjudica su estudio al señor Senador Sergio Abreu.

- Carpeta N° 1133/2008 - Proyecto de ley por el que se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada en ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el día 3 de abril de 2007. (Distribuido N° 2367/2008). Se adjudica su estudio al señor Senador Mariano Arana.

ASUNTOS TRATADOS:

- CARPETA N° 1014/2007. ENMIENDAS A LA CONVENCION SOBRE LA PROTECCION FISICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES, ADOPTADA POR CONFERNCIA DE ENMIENDA EN VIENA, REPUBLICA DE AUSTRIA, EL 8 DE JULIO DE 2005. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto de las Enmiendas (Distribuido N° 2210/2007). La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVO. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu (Informe escrito).

- CARPETA N° 1043/2007. ENMIENDAS AL ACUERDO CONSTITUTIVO DE INTELSAT. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto de las Enmiendas (Distribuido N° 2234/2007). La Comisión posterga su tratamiento para la próxima sesión que realice.

- CARPETA N° 1083/2008. ACUERDO MARCO PARA REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, EL DIA 15 DE JUNIO DE 2007. Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Texto del Acuerdo (Distribuido N° 2275/2008). La Comisión aprueba el proyecto de ley. SE VOTA: 7 en 7 Senadores presentes. AFIRMATIVO. UNANIMIDAD. Se designa Miembro Informante al señor Senador Sergio Abreu. (Informe escrito).

RESOLUCIONES:

- CARPETA N° 1084/2008. CONVENCION INTERNACIONAL PAA LA REPRESION DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR. A propuesta del señor Senador Sergio Abreu, se entiende que el texto que remitió el Poder Ejecutivo para su aprobación se trata de un informe y la Comisión resuelve aconsejar al Senado que se devuelva el proyecto de ley al Poder Ejecutivo, a los efectos que remita el texto original de la Convención, debidamente autenticado.

A la hora diecisiete y cincuenta minutos se levanta la sesión.

Para constancia se labra la presente Acta que, una vez aprobada, firman los señores Presidente y Secretario de Comisión.

Rafael Michelini Presidente

Vladimir De Bellis Martínez Secretario."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

-En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: la Comisión de Asuntos Internacionales aprobó por unanimidad el Tratado propuesto por el Poder Ejecutivo, que refiere a las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares. Aunque este tema parezca un tanto lejano, para las actividades del país realmente es muy importante porque involucra, entre otras cosas, la conducta del Estado uruguayo en lo que tiene que ver con el tratamiento de los desechos nucleares y las responsabilidades que estas enmiendas suponen para los Estados involucrados. Las enmiendas están referidas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, suscrita en Viena, República de Austria, el 8 de julio de 2005. La entrada en vigor de esta Convención supuso una mejora de la protección física de los materiales nucleares y un refuerzo de la cooperación judicial en materia de delitos como el robo y el tráfico ilegal de materiales nucleares. Sin embargo, algunas de sus disposiciones tenían un alcance bastante limitado, ya que fundamentalmente estaban dirigidas a la protección del material durante los transportes internacionales, quedando al arbitrio de las partes su aplicación al transporte interno y a las instalaciones nucleares.

La creciente preocupación de la comunidad internacional por el terrorismo internacional y la amenaza de que los materiales nucleares y las instalaciones nucleares pudieran convertirse en objetivo o medios para cometer actos terroristas, hizo que el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), depositario de la Convención, plantease una eventual reforma de la misma a principios del año 2000. Según lo consigna la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM), dicha propuesta fue aceptada y se abrió un largo y difícil proceso de negociación, salpicado por varios atentados terroristas con repercusión internacional y por el descubrimiento de redes de tráfico ilícito de materiales y de tecnología nuclear, que se extendió hasta mediados del año 2004, cuando se llegó a un acuerdo parcial entre los expertos que habían participado en la redacción de la enmienda.

En julio de 2005 se convocó a una Conferencia diplomática para acordar los aspectos pendientes y aprobar la Enmienda resultante de la Convención, lo que tuvo lugar el día 8 de julio de 2005.

Las enmiendas incorporadas al Acta Final de la Conferencia diplomática fueron las siguientes: modificación en el título de la Convención, que pasa a llamarse Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares y de las Instalaciones Nucleares; modificaciones en el preámbulo, que hacen referencia a los principios del Derecho Internacional previstos en la Carta de las Naciones Unidas, relativas al no uso de la fuerza y advertencia sobre el peligro del terrorismo internacional y de la delincuencia organizada.

El artículo 1º de la Convención es ampliado con dos nuevos literales d) y e), que definen los conceptos de instalación nuclear y de sabotaje. A continuación de este artículo 1º se agrega un artículo 1 A, que define los objetivos de la Convención como aquellos que consisten en lograr en todo el mundo una protección física eficaz de los materiales nucleares y de las instalaciones nucleares utilizados con fines pacíficos; en prevenir y combatir en todo el mundo los delitos relacionados con tales materiales e instalaciones, y en facilitar la cooperación entre los Estados Parte a estos efectos.

El artículo 2º se amplía para incluir disposiciones donde se especifica que la responsabilidad para el establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de un régimen de protección física es responsabilidad exclusiva de cada Estado. Asimismo, se agregan disposiciones de compatibilidad entre esta Convención y el Derecho Internacional General y entre la Convención y el Derecho Internacional Humanitario, que se aplica en tiempos de conflicto. A su vez, la Convención no se aplica a los materiales nucleares que tengan fines militares. De hecho, desde el texto de 1979 se aplicaba solamente a los materiales nucleares utilizados con fines pacíficos. Ahora se agrega la referencia a las instalaciones nucleares utilizadas con fines pacíficos.

Luego del artículo 2º, se agrega el artículo 2 A con el propósito de obligar a los Estados Parte a establecer, mantener y aplicar un régimen apropiado de protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares que se encuentren bajo su jurisdicción, de manera de prevenir los hurtos y proteger el material y las instalaciones de acciones de sabotaje. A tales efectos, mantendrá un marco legislativo que regule la explotación y designará una autoridad nacional competente encargada de la aplicación del mismo. Al cumplir con el marco legal antes referido, cada Estado se compromete a aplicar, en la medida de lo posible, los siguientes Principios Fundamentales de Protección: determinar la exclusividad de la responsabilidad del Estado por establecer y mantener un régimen de protección; establecer la responsabilidad del Estado de asegurar que los materiales nucleares estén debidamente protegidos durante el transporte internacional; establecer la responsabilidad del Estado de que el marco regulatorio contenga disposiciones que hagan eficaz la reglamentación; designar una autoridad competente; asegurar la responsabilidad del titular de la licencia; fomentar la cultura de la seguridad; evaluar las amenazas a la seguridad; mantener un enfoque diferenciado según cada situación y diseñar una estrategia de defensa en profundidad, que implique barreras en forma sucesiva; establecer programas de garantía de calidad; elaborar planes de contingencia y emergencia para responder ante situaciones no previstas y asegurar la confidencialidad de la información. Esto también está mencionado en la nueva redacción de los artículos 6º y 14 de la Convención.

Los Estados pueden decidir que algunos materiales nucleares no estarán incluidos en las previsiones del artículo 2º. Estos deberán manejarse de acuerdo con las prácticas de gestión prudente de los mismos.

El artículo 5º de la Convención fue sustituido, detallándose en el mismo nuevas medidas a implementarse entre las Partes en materia de coordinación para los casos de hurto de materiales nucleares, apropiación indebida, sabotaje u otros delitos relacionados.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 7º de la Convención se sustituye por un texto donde se establece que la comisión de ciertos actos delictivos allí detallados, la amenaza, o la tentativa de ellos serán consideradas como delitos punibles en la legislación de cada Estado Parte.

Luego del artículo 11 de la Convención se añaden los artículos 11 A y 11 B. El primero de ellos excluye la posibilidad de que los delitos descriptos en el artículo 7º -luego modificado- sean calificados de delitos políticos. El segundo matiza esta proscripción para casos de evidente abuso y discriminación de una solicitud de extradición que se solicitara en virtud de los delitos previstos en el artículo 7º.

A continuación del artículo 13, se agrega el artículo 13 A en el que se garantiza la transferencia de tecnología nuclear con fines pacíficos para reforzar la protección física de materiales nucleares e instalaciones nucleares.

Finalmente, se prevé la necesidad de realizar una nueva Conferencia cinco años después de la entrada en vigor de esta Enmienda para examinar su aplicación y verificar si la misma ha sido adecuada.

En lo que refiere a la aplicación de este Tratado, en el Uruguay va más allá de la responsabilidad del transporte de materiales nucleares y establece la responsabilidad del Estado -lo determina para todos los Estados Parte- en lo que tiene que ver con la protección y la administración de los depósitos de residuos nucleares.

Considero que es un tema de altísima sensibilidad. Algunos hemos presenciado tragedias producidas en el ámbito internacional; por ejemplo, hubo un robo involuntario de desechos radiactivos en Goiania, República Federativa del Brasil, donde no se tenía conocimiento de lo que podía significar la indebida protección de estos desechos. Asimismo, en otros países hubo que afrontar circunstancias más difíciles que los temas nucleares relativos a las plantas, que es un asunto de carácter más institucional y de seguridad. Pero el Uruguay tiene un sistema de protección que, por razones un tanto inexplicables, está ubicado cerca del complejo habitacional Euskal Erría; allí están todos los desechos radiactivos industriales del país, protegidos en el perímetro por el Ejército y con un tratamiento adecuado. Sin embargo, ciertamente se presentan dificultades permanentes por los riesgos que supone la posibilidad de que haya hurtos o determinadas deficiencias que podrían transformar el manejo de este tema en una circunstancia de carácter trágica.

Es cierto que han existido -y aún hoy existen- ciertas iniciativas planteando otros lugares adonde trasladar estos depósitos; así, algunos han pensado, por ejemplo, en la isla de la bahía de Montevideo, otros han hablado de la isla de Flores, etcétera; pero, obviamente, se plantea una circunstancia que a veces se da en este tipo de situaciones y que es, concretamente, la competencia entre varios Ministerios, que no logran ponerse de acuerdo sobre cuál sería la Cartera competente para llevar a cabo la mencionada transferencia. Sin embargo, es indudable que debemos hacer eso de alguna manera y, en ese sentido, este es un Tratado que advierte claramente al Estado que ya no es responsable sólo del transporte de este material nuclear, sino también de la administración segura y adecuada de los desechos radiactivos o de los materiales nucleares que tiene en el territorio nacional.

Por todas estas razones, la Comisión aconseja al Cuerpo la aprobación de este Tratado.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébanse las Enmiendas a la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, adoptada por la Conferencia de Enmienda, en Viena, República de Austria, el día 8 de julio de 2005".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

11) ACUERDO MARCO PARA REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

SEÑOR PRESIDENTE.- El Senado ingresa en la consideración del asunto que figura en tercer término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo Marco para Reasentamiento de Refugiados entre la República Oriental del Uruguay y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, suscrito en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 15 de junio de 2007. (Carp. Nº 1083/08 - Rep. Nº 698/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1083/08

Rep. N° 698/08

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 25 de febrero de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el ACUERDO MARCO PARA REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, suscripto en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 15 de junio de 2007.

ANTECEDENTES

Concepto de Refugiado

Se denomina refugiado a la persona que debe abandonar a la fuerza su hogar porque la persiguen -así sea individual o colectivamente- debido a problemas políticos, religiosos, militares o de cualquier índole.

A pesar de que la definición de refugiado varía de acuerdo con la época y el lugar, la creciente preocupación internacional por la difícil situación de los refugiados ha generado un consenso general. La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (la Convención de los Refugiados), define a un refugiado como la persona que

"debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o no quiere acogerse a la protección de tal país o no quiere regresar a él a causa de dichos temores..."

A pesar de que la definición de la Convención de los Refugiados es empleada por organizaciones internacionales tales como las Naciones Unidas, este término se sigue empleando mal y con frecuencia se utiliza de manera contradictoria en el lenguaje corriente. Los medios de comunicación, por ejemplo, a menudo confunden a los refugiados con las personas que emigran por razones económicas ("emigrantes por motivos económicos") y con grupos de perseguidos que permanecen dentro del país sin atravesar ninguna frontera ("desplazados internos").

Las causas de persecución deben coincidir con uno de los cinco puntos siguientes que figuran en el Artículo 1 A(2) de la Convención de los Refugiados: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas. Cuando el motivo de la persecución sea diferente, no se tendrá en cuenta.

Raza: se emplea en el más amplio sentido e incluye a los grupos étnicos y a los grupos sociales con ancestros comunes.

Religión: también se emplea en un amplio sentido. Incluye la identificación con un grupo que tiende a compartir creencias o tradiciones comunes, así como la práctica activa de una religión.

Nacionalidad: incluye la ciudadanía de las personas. A la persecución de los grupos étnicos, lingüisticos y culturales dentro de una población también se la considera como persecución basada en la nacionalidad.

Grupo social determinado: se refiere a las personas que comparten antecedentes, costumbres o posición social comunes. Por lo general, esta categoría comparte elementos con la persecución basada en alguno de los otros cuatro puntos. Esta categoría se ha aplicado a las familias de los capitalistas, terratenientes, homosexuales, empresarios y antiguos miembros de las fuerzas militares.

Opiniones políticas: se refiere a ideas que las autoridades no toleran, entre las que se incluyen las opiniones que enjuician los métodos y políticas gubernamentales. Incluye las opiniones atribuidas a las personas (por ejemplo, cuando las autoridades creen que una persona profesa determinada opinión) aún en el caso de que dicha persona no piense así. Las personas que no han expresado sus opiniones políticas antes de huir del país podrán ser elegibles para el refugio si pueden demostrar la posibilidad de que cuando regresen a su patria los van a perseguir debido a sus opiniones.

El papel de las definiciones es fundamental cuando los países y las organizaciones tratan de precisar quién es refugiado y quién no lo es. Los solicitantes de asilo, o sea, aquellos que solicitan que se les considere como refugiados en otro país, por lo general deben demostrar de manera individual que su temor de ser perseguido está bien justificado y someterse a un proceso jurídico mediante el cual el país de destino decide si el peticionario califica como tal. Sin embargo, en el caso de una afluencia colectiva, puede que no sea posible para el país anfitrión llevar a cabo un chequeo individual. En estas condiciones y en particular cuando los civiles huyen por causas similares, se puede declarar ‘en grupo’ la condición de refugiado, mediante la cual todos los civiles de dicho grupo se consideran refugiados, a no ser que se demuestre lo contrario.

Las organizaciones que ayudan y protegen a los re-fugiados generalmente propenden por tres "soluciones duraderas" para mejorar la suerte de los refugiados:

La repatriación voluntaria: el refugiado puede regresar a su país de origen porque cesaron las circunstancias que amenazaban su vida y libertad.

La integración local: el gobierno del país de destino permite que el refugiado se integre al país donde solicita asilo por primera vez.

La reubicación en un tercer país: la repatriación lo pondría en peligro y el país donde solicitó asilo por primera vez se niega a la integración local.

Este último es el caso del presente Acuerdo, o sea el reasentamiento de refugiados ubicados en un País diferente al de su origen.

TEXTO

El Acuerdo se realiza entre la República Oriental del Uruguay y el ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), y tiene por objeto atender las necesidades especiales de los refugiados cuya vida, seguridad, libertad u otros derechos humanos fundamentales se ven amenazados en el país donde buscaron refugio.

El Acuerdo consta de un Preámbulo y 9 (nueve) Puntos.

En el Preámbulo se establece la voluntad de la República Oriental del Uruguay de acordar con el ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), reasentar los refugiados a fin de facilitar su pronta integración en la sociedad uruguaya, sobre la base de la autosuficiencia y su contribución positiva a la sociedad local.

En el PUNTO 1, se identifica el objetivo del Acuerdo, que es el de facilitar la pronta integración de los refugiados en la sociedad uruguaya sobre la base de la autosuficiencia y su contribución positiva a la sociedad local.

El reasentamiento se realizará en dos etapas. La etapa piloto será implementada durante los primeros dos años del programa con un cupo de 15 personas por año. Luego, la República Oriental del Uruguay conjuntamente con el ACNUR realizarán una evaluación del programa.

En el PUNTO 2, se establece quiénes son los beneficiarios del Acuerdo, y las prioridades pertinentes.

En el PUNTO 3 se responsabiliza a la Comisión de Refugiados ("CORE") para la selección de individuos presentados por el ACNUR. Cada año, la República Oriental del Uruguay informará al ACNUR la cantidad de personas que serán reasentadas en el país.

La Comisión de Refugiados ("CORE") fue establecida por la Ley N° 18.076, de fecha 19 de diciembre de 2006.

En el PUNTO 4 se establecen, en cuatro pautas, los procedimientos de selección.

La llegada y documentación de los refugiados es prevista en el PUNTO 5.

En el PUNTO 6 se prevé la reunificación familiar de los refugiados.

La Ejecución, Implementación y Evaluación del proyecto están contemplados en el PUNTO 7 del Acuerdo.

El financiamiento del programa de integración local, el detalle de la documentación, la orientación e información a brindar a los refugiados, el alojamiento, la salud, la educación, la autosuficiencia y otras necesidades de los beneficiarios, están previstos en el PUNTO 8.

El PUNTO 9 establece la vigencia y denuncia del Acuerdo.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Daisy Tourné, Jorge Bruni, María Julia Muñoz.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Salud Pública

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Montevideo, 25 de febrero de 2008.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase el ACUERDO MARCO PARA REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS, suscripto en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, el día 15 de junio de 2007.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Reinaldo Gargano, Danilo Astori, Daisy Tourné, Jorge Bruni, María Julia Muñoz.

ACUERDO MARCO PARA REASENTAMIENTO DE REFUGIADOS ENTRE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS

La República Oriental del Uruguay en el marco del respeto y la promoción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la observancia de los instrumentos internacionales relativos a la protección e integración de los refugiados, en aras del fortalecimiento de la solidaridad internacional en la búsqueda de soluciones duraderas para los problemas de los refugiados, y de conformidad con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo Facultativo de 1967; la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984 y el "Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina", adoptado por aclamación en la Reunión de México del 16 de noviembre de 2004, ha acordado con el ALTO COMISIONADO DE NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR), establecer un programa de reasentamiento de refugiados en el Uruguay.

La República Oriental del Uruguay reconoce que el reasentamiento es un instrumento primordial para la protección y una solución duradera para los problemas de los refugiados.

En tal sentido, la República Oriental del Uruguay entiende que el presente acuerdo, que se suscribe con la cooperación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), se orientará a otorgar prioridad a la calidad del proceso de reasentamiento.

1. OBJETIVO

La República Oriental del Uruguay, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, acuerda que el reasentamiento tiene por objeto atender las necesidades especiales de los refugiados cuya vida, seguridad, libertad u otros derechos humanos fundamentales se ven amenazados en el país donde buscaron refugio. El objetivo del programa de reasentamiento de refugiados es facilitar su pronta integración en la sociedad uruguaya sobre la base de la autosuficiencia y su contribución positiva a la sociedad local.

La implementación del programa de reasentamiento se realizará en dos etapas. La etapa piloto será implementada durante los primeros dos años del programa con un cupo de 15 personas por año. Luego, la República Oriental del Uruguay conjuntamente con el ACNUR realizarán una evaluación del programa. La evaluación consistirá en analizar las posibilidades de modificar, consolidar o expandir el alcance del programa de reasentamiento durante la segunda etapa como se estipula en el presente acuerdo.

El ACNUR ofrecerá apoyo técnico así como también el apoyo financiero durante un año -como mínimo- de la comunidad internacional para el programa de reasentamiento a través de la Representación Regional en Argentina y la Sede del ACNUR en Suiza.

2. BENEFICIARIOS

Los beneficiarios del programa de reasentamiento, son refugiados en los términos de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, así como de otros instrumentos regionales, en particular la Declaración de Cartagena de 1984.

Las personas para el reasentamiento en Uruguay serán seleccionadas de acuerdo con los criterios de reasentamiento del ACNUR, establecidos en el Capítulo 4 del Manual de Reasentamiento del ACNUR del año 2004 ("Criterios del ACNUR para la Determinación del Reasentamiento como solución apropiada").

Asimismo, teniendo en cuenta el Programa Regional de Reasentamiento Solidario para refugiados latinoamericanos, enmarcado en los principios de solidaridad internacional y responsabilidad compartida, establecido en el "Plan de Acción de México", se tendrán en especial consideración las necesidades de reasentamiento de refugiados provenientes de América Latina.

Después de completada la etapa piloto y la corres-pondiente evaluación por parte de las autoridades del

Uruguay, éstas podrán considerar recibir refugiados para su reasentamiento de otras regiones fuera de América La-tina, así como considerar las condiciones para llevar a ca-bo la modalidad que se aplicará para recibir a dichas personas.

3. SELECCION DE CANDIDATOS

La Comisión de Refugiados (CORE) será responsable de la selección de los candidatos para el reasentamiento en Uruguay. La selección será para individuos presentados por el ACNUR. Cada año, la República Oriental del Uruguay informará al ACNUR la cantidad de personas que serán reasentadas en el país.

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCION

4.1. Presentación de los casos

El ACNUR presentará los casos a la Comisión de Refugiados a través de un formulario solicitando el reasentamiento debidamente completado y firmado por el interesado (Formulario de registro para el reasentamiento del ACNUR). Asimismo se acompañará todo la documentación que resulte relevante y pertinente para fundamentar cada caso.

4.2. Selección de casos en base a entrevistas en el terreno

Una vez recibida la documentación, la Comisión de Refugiados analizará los casos y entrevistará los casos por vía telefónica o por video conferencia. Paralelamente, la Comisión de Refugiados puede delegar a un funcionario, experto en el tema de los Refugiados, de la Representación Diplomática de la República Oriental del Uruguay para que entreviste personalmente a los candidatos. Tanto la entrevista telefónica como la video conferencia o las entrevistas en el país de refugio tendrán por objeto facilitar la evaluación de los casos, proporcionar información sobre los alcances del programa y las condiciones de vida en la República Oriental del Uruguay e iniciar el proceso de integración de los refugiados en el país de reasentamiento. El ACNUR facilitará y financiará a través de sus oficinas en el terreno la celebración de las entrevistas con los candidatos a reasentamiento en el primer país de refugio. Sobre la base de la información a su disposición la Comisión de Refugiados adoptará una decisión sobre los casos presentados para reasentamiento en un plazo no mayor de 60 días, que comunicará al ACNUR.

4.3. Selección de casos urgentes en base a documentación

El ACNUR podrá poner a consideración de la Comisión de Refugiados (CORE) la aceptación de casos que, con necesidades urgentes de protección legal y física, requieren ser analizados en base a la documentación existente.

Considerando la urgencia de estos casos, la decisión deberá ser tomada por la Comisión de Refugiados en un plazo máximo de un mes.

4.4. Revisión

Cuando una solicitud de reasentamiento sea rechazada por la Comisión de Refugiados (CORE), el ACNUR podrá solicitar la revisión del caso sobre la base de informaciones complementarias que suministrará a la Comisión de Refugiados.

5. LLEGADA Y DOCUMENTACION

5.1. Viaje

El ACNUR cubrirá los gastos que demande el traslado de los beneficiarios y la coordinación de los viajes o, alternativamente, buscará apoyo financiero a través de la comunidad internacional y/o por las personas e instituciones que apoyen el programa de reasentamiento.

5.2 Ingreso y documentación

La República Oriental del Uruguay prestará todas las facilidades a los refugiados reasentados en su territorio en lo concerniente a su ingreso y residencia legal. Una vez adoptada la decisión de reasentamiento, el Ministerio del Interior agilizará los trámites de ingreso al país y documentación de estas personas como refugiados.

6. REUNIFICACION FAMILIAR

En base al principio de unidad familiar, la República Oriental del Uruguay facilitará el ingreso a su territorio de los integrantes de las familias de los refugiados reasentados, de conformidad a la normativa vigente.

7. EJECUCION E IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

7.1. Actores y Mecanismos de coordinación

La recepción e integración de los refugiados reasentados en el Uruguay estará a cargo de la Comisión de Refugiados. El ACNUR apoyará la implementación del programa incluyendo las actividades para la recepción e integración de los casos reasentados.

7.2. Evaluación del Proyecto

La Comisión de Refugiados, en coordinación con el ACNUR, evaluará anualmente los resultados del programa sobre la base de indicadores existentes en esta materia. De acuerdo a los resultados de la evaluación, podrán modificarse, consolidarse o expandirse aquellos aspectos del programa que resulten necesarios.

8. FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INTEGRACION LOCAL

8.1. Financiamiento

El ACNUR contribuirá en la implementación del programa y en la integración de los refugiados mediante la celebración de acuerdo (s) con instituciones de la sociedad civil. Este (os) acuerdo (s) será (n) ejecutado (s) en coordinación con la Oficina del ACNUR.

Asimismo, el programa podrá ser financiado a través de fondos provenientes de la cooperación internacional y/o por las personas e instituciones que manifiesten su voluntad en colaborar en su implementación.

8.2 Documentación

Los beneficiarios del programa obtendrán un documento nacional de identidad y un documento de viaje en los términos establecidos por el artículo 27 y 28 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Comisión de Refugiados procurará la obtención de cualquier documentación del país de origen que se le requiera a los refugiados cuando no estuvieran en condiciones de obtenerla.

8.3. Orientación

Los refugiados reasentados recibirán orientación legal y social en el marco del acuerdo celebrado por el ACNUR con la institución de la sociedad civil encargada de la ejecución del proyecto en estrecha coordinación con la Comisión de Refugiados. Esta orientación tiene por objeto identificar las necesidades de cada refugiado y los apoyos necesarios para su integración local.

8.4. Alojamiento

A su llegada al país, los refugiados reasentados serán alojados en domicilios temporales en función de los recursos disponibles y las necesidades individuales, en el marco del acuerdo celebrado entre el ACNUR y las instituciones de la sociedad civil. Después de un período de seis meses a un año según las necesidades, la Comisión de Refugiados procurará el acceso a los programas y servicios disponibles en materia de vivienda diseñados para la población nacional.

8.5. Salud

Los beneficiarios del programa tendrán acceso a los servicios públicos de salud en igualdad de condiciones que los nacionales.

8.6. Educación

La República Oriental del Uruguay brindará a los beneficiarios del programa el mismo trato que a los nacionales en lo que se refiere al acceso a la educación pública primaria, secundaria y superior. Asimismo, la Comisión de Refugiados tomará todas las medidas necesarias con miras a facilitar las gestiones administrativas para la equivalencia de estudios y la revalidación de títulos de conformidad con la legislación vigente.

8.7. Generación de ingresos

La República Oriental del Uruguay, a través de la Comisión de Refugiados, tomará las medidas necesarias para facilitar el acceso de refugiados a programas públicos de inserción laboral, crédito productivo y de capacitación profesional igual que los habitantes de la República. En el marco del acuerdo celebrado entre el ACNUR e instituciones de la sociedad civil encargadas de la ejecución del programa, éste brindará orientación y apoyo financiero a los refugiados reasentados para promover lo antes posible su autosuficiencia, como mínimo durante un año.

8.8. Otras necesidades

La República Oriental del Uruguay, a través de la Comisión de Refugiados, tomará medidas para facilitar el acceso de las familias refugiadas a programas sociales públicos que benefician a personas de bajos recursos económicos. Asimismo, en base a una evaluación social de necesidades, los beneficiarios recibirán en el marco del acuerdo celebrado entre el ACNUR y las instituciones de la sociedad civil encargadas de la ejecución del programa, una asistencia que permita, durante la fase de inserción, cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestimenta y útiles domésticos.

9. VIGENCIA DEL ACUERDO

El presente Acuerdo entrará en vigencia una vez que la República Oriental del Uruguay comunique al ACNUR que éste ha sido aprobado conforme a los trámites internos correspondientes.

Denuncia

Cualquiera de las partes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito dirigida a la otra, manteniendo su vigencia respecto a los beneficiarios que hubieran ingresado en el país a la fecha de la denuncia.

Hecho en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay el día 15 de junio de 2007.

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

INFORME

Al Senado,

El Poder Ejecutivo ha enviado para su aprobación el Proyecto de Ley conteniendo el Acuerdo Marco para el Reasentamiento de los Refugiados celebrado entre nuestro país y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el día 15 de junio de 2007.

Antecedentes:

Como lo indica claramente el Mensaje del Ejecutivo siguiendo a la Convención de 1951 sobre Estatuto de los Refugiados, esta categoría sólo se refiere a quienes han sido desplazados por razón de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas.

El individuo que por alguna de estas razones solicita asilo en otro país está entonces en condiciones de acceder al estatuto de refugiado.

Al respecto, se han identificado por los organismos internacionales encargados del tema tres situaciones que constituyen "soluciones duraderas" para el individuo re-fugiado y que son señaladas en el Mensaje del Ejecutivo:

a) la repatriación voluntaria, que es cuando el refugiado puede regresar a su país de origen ya sin riesgos para su integridad física;

b) la integración local, que es cuando el primer país de refugio le permite integrarse sin inconvenientes a su sociedad;

c) la reubicación en un tercer país, que es cuando los dos supuestos anteriores no funcionan y el refugiado por tanto no puede regresar de forma segura a su país, ni tampoco integrarse de forma segura en el primer país de refugio. Para estos casos es que se utiliza el mecanismo de reasentamiento del refugiado en un tercer país, diferente al de su origen y al de su primer refugio.

El presente Acuerdo regula esta tercera hipótesis, que se conoce como de Reasentamiento de refugiados ubicados en un país diferente al de su origen.

El texto del Acuerdo:

En su Punto 1, el Acuerdo establece sus Objetivos, que son atender las necesidades de los refugiados cuya vida, seguridad o libertad se ven amenazados en el país donde buscaron refugio, facilitando su pronta integración a la sociedad uruguaya sobre la base de la autosuficiencia y su contribución positiva a la sociedad local.

El programa de reasentamiento, indica el Punto 1, se realizará en dos etapas: una primera etapa piloto de dos años que se implementará con un cupo de 15 personas, tras la cual se realizará una evaluación conjunta entre el gobierno del Uruguay y el ACNUR a efectos de seguir adelante con la segunda etapa del Programa de la mejor manera, siguiendo los procedimientos establecidos en el Acuerdo.

El ACNUR ofrecerá apoyo técnico y financiero por lo menos por un año para este Programa de Reasentamiento.

El Punto 2 del Acuerdo menciona quiénes serán los beneficiarios del Programa, estableciéndose una prioridad, en la primera etapa, para los refugiados de América Latina.

El Punto 3 menciona que la Comisión de Refugiados (CORE) será la encargada de la selección de candidatos para el reasentamiento en Uruguay, los que serán presentados por el ACNUR.

El Punto 4 hace referencia al Procedimiento de Selección de los candidatos, que serán presentados por el ACNUR para la evaluación de la CORE. La selección se hará en base a entrevistas, teniéndose en consideración además la urgencia del caso.

El Punto 5 se refiere a la Llegada y Documentación del refugiado que viene amparado en este Acuerdo. El ACNUR pagará el viaje del refugiado y el Uruguay se compromete a darle la documentación necesaria para su ingreso y estadía en condición de refugiado.

El Punto 6 prevé la hipótesis de reunificación familiar del refugiado.

El Punto 7 por su parte, establece los mecanismos de ejecución e implementación del proyecto que se reparten entre el ACNUR y la CORE.

El Punto 8 se refiere al Programa de Integración Local, su financiamiento y las distintas etapas que lo componen para que el refugiado se integre a la sociedad local, a saber: la documentación, la orientación legal y social, el alojamiento, la salud, la educación y la inserción laboral, procurando la autosuficiencia del refugiado a mediano plazo. Mientras tanto se procurará su acceso a los planes existentes en el país que benefician a las personas de bajos recursos.

El Punto 9, finalmente, se refiere a la vigencia y a la posibilidad de denuncia del Acuerdo.

Por considerarlo de interés para el mejor funcionamiento de la institución de los refugiados, la que siempre ha sido el interés de la República, se recomienda a este Cuerpo la aprobación del presente Acuerdo.

Sala de la Comisión, 17 de abril de 2008.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Mariano Arana, Carlos Baráibar, Nora Castro, Sara López, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti. Senadores."

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión general.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: el Poder Ejecutivo ha enviado al Parlamento, para su aprobación, el Acuerdo Marco para Reasentamiento de Refugiados celebrado entre nuestro país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 15 de junio de 2007.

Este Acuerdo tiene algunas características especiales, en virtud de que se trata de un plan piloto que va aplicando el país en lo que refiere al asentamiento de refugiados.

Siguiendo la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, esta categoría sólo se refiere a quienes han sido desplazados por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas. El individuo o la persona que por alguno de estos motivos solicita asilo en otro país, está en condiciones de acceder al estatuto del refugiado.

Al respecto, los organismos internacionales encargados del tema han identificado tres situaciones que constituyen soluciones duraderas para el individuo refugiado y que son señaladas en el Mensaje del Poder Ejecutivo, a saber: la repatriación voluntaria, que es cuando el refugiado puede regresar a su país de origen sin riesgos para su integridad física; la integración local, que es cuando el primer país de refugio le permite integrarse sin inconvenientes a su sociedad; y, finalmente, la reubicación en un tercer país, que es cuando los dos supuestos anteriores no funcionan y, por tanto, el refugiado no puede regresar en forma segura a su país ni tampoco integrarse en las mismas condiciones en el primer país de refugio. Para estos casos es que se utiliza el mecanismo de reasentamiento del refugiado en un tercer país, diferente al de su origen y al de su primer refugio. Así pues, este Acuerdo regula la tercera hipótesis mencionada, que se relaciona con el reasentamiento de refugiados ubicados en un país diferente al de su origen.

En su punto 1, el Acuerdo establece sus objetivos, que son atender las necesidades especiales de los refugiados cuya vida, seguridad, libertad u otros derechos humanos fundamentales se ven amenazados en el país donde buscaron refugio, facilitando su pronta integración a la sociedad uruguaya, sobre la base de la autosuficiencia y su contribución positiva a la sociedad local.

La implementación del programa de reasentamiento se realizará en dos etapas: una primera etapa piloto, de dos años, que se implementará con un cupo de 15 personas por año, tras lo cual se realizará una evaluación conjunta del Gobierno del Uruguay y el ACNUR a efectos de seguir adelante de la mejor manera con la segunda etapa del programa, siguiendo los procedimientos establecidos en el Acuerdo. Cabe señalar que el ACNUR ofrecerá apoyo técnico y financiero a este programa de reasentamiento, por lo menos durante un año.

En el punto 2 se establece quiénes serán los beneficiarios del Acuerdo, fijándose una prioridad, en la primera etapa, para los refugiados de América Latina.

En el punto 3 se señala que la Comisión de Refugiados (CORE) será la encargada de realizar la selección de candidatos para el reasentamiento en el Uruguay, los que serán presentados por el ACNUR.

En el punto 4 se hace referencia al procedimiento de selección de los candidatos que, reitero, serán presentados por el ACNUR para la evaluación de la CORE. La selección se hará en base a entrevistas, teniéndose en cuenta también la urgencia de cada caso.

El punto 5 refiere a la llegada y documentación del refugiado, que viene amparado en este Acuerdo; el ACNUR le paga el viaje y nuestro país se compromete a darle la documentación necesaria para su ingreso y estadía en condición de refugiado.

El punto 6 es muy importante, señor Presidente, ya que prevé la reunificación familiar de los refugiados.

Por su parte, el punto 7 establece los mecanismos de ejecución, implementación y evaluación del proyecto, que se reparten entre el ACNUR y la CORE.

El punto 8 refiere al programa de integración local y a su financiamiento en las distintas etapas que lo componen, para que el refugiado se integre a la sociedad local, a saber: la documentación, la orientación legal y social, el alojamiento, la salud, la educación y la inserción laboral procurando la autosuficiencia del refugiado a mediano plazo. Mientras tanto, se procurará su acceso a los planes existentes en el país que benefician a las personas de bajos recursos.

Finalmente, el punto 9 alude a la vigencia y a la posibilidad de denuncia del Acuerdo.

Por considerarlo de interés, este Acuerdo ha sido aprobado por unanimidad en Comisión. Sin embargo, quiero resaltar especialmente la importancia que tiene este plan piloto y, sobre todo, la participación del Uruguay en lo que significa la hipótesis tercera que menciona el Tratado, esto es, el asentamiento del refugiado en un tercer país y, sobre todo, acompañado no sólo por la ayuda internacional, sino también por el compromiso del Estado de dar al asilado, de manera generosa -como tantas veces lo ha hecho tradicionalmente-, un refugio, en un país que siempre ha sido modelo de paz, de estabilidad y de tolerancia. Sobre todo, hay que tener en cuenta el mensaje y la obligación de que en este plan piloto se comience a trabajar sobre la reunificación familiar del asilado.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el proyecto de ley.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo Unico.- Apruébase el Acuerdo Marco para Reasentamiento de Refugiados entre la República Oriental del Uruguay y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, suscripto en la ciudad de Monte-video, República Oriental del Uruguay, el día 15 de junio de 2007".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Queda aprobado el proyecto de ley, que se comunicará a la Cámara de Representantes.

(No se publica el texto del proyecto de ley aprobado por ser igual al considerado)

12) CONVENCION INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LOS ACTOS DE TERRORISMO NUCLEAR

SEÑOR PRESIDENTE: El Senado ingresa en la consideración del punto que figura en cuarto término del Orden del Día: "Proyecto de ley por el que se aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de setiembre de 2005 y firmada por la República Oriental del Uruguay, el 16 de setiembre de 2005. (Carp. Nº 1084/08 - Rep. Nº 699/08)".

(Antecedentes:)

"Carp. N° 1084/08

Rep. N° 699/08

CAMARA DE SENADORES

Comisión de

Asuntos Internacionales

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo Unico.- Devúelvese al Poder Ejecutivo el Mensaje y proyecto de ley por el que se aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptada en la ciudad de Nueva Cork, Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de setiembre de 2005 y firmada por la República Oriental del Uruguay, en fecha 16 de setiembre de 2005, solicitándole que remita copia autenticada del texto original de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas conteniendo el texto de la Convención aprobada, por entenderse que el texto que remitió en su oportunidad se trata de un informe elaborado por el Comité Especial de las Naciones Unidas y no la resolución de la Asamblea General por la que se aprueba la Convención.

Sala de la Comisión, 17 de abril de 2008.

Sergio Abreu, Miembro Informante; Mariano Arana, Carlos Baráibar,

Nora Castro, Sara López, Rafael Michelini, Julio María Sanguinetti. Senadores.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de febrero de 2008.

Señor Presidente de la

Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptado en la ciudad de Nueva Cork, Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de setiembre de 2005, y firmada por la República Oriental del Uruguay, con fecha 17 de setiembre de 2005.

ANTECEDENTES

El Convenio entró en vigor el 7 de julio de 2007. Ha sido firmado por 115 países y ratificado por 27.

El Convenio se enmarca dentro de las medidas adoptadas por las Naciones Unidas para eliminar el terrorismo internacional, como asimismo de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, al fomento de las relaciones de amistad, buena vecindad y de la cooperación entre los Estados.

En ella se reconoce el derecho de todos los Estados a desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos y sus intereses legítimos en los beneficios que puedan obtenerse de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos.

Uruguay es Parte, entre otras obligaciones internacionales, de los siguientes tratados y convenios contra el terrorismo.

1) Convención sobre la Prevención y el Castigo de los Delitos Contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el 14 de diciembre de 1973. En Uruguay, la Ley N° 15.738, convalidó el Decreto-Ley N° 14.742 del 20/DIC/1977, que autorizó al Poder Ejecutivo para adherir a la convención mencionada.

2) Convenio Internacional para la Represión del Te-rrorismo con Bombas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1997 y sus-crito en Nueva Cork el 23/NOV/1998. La Ley N° 17.410 del 29/OCT/2001 aprobó dicho Convenio.

3) Convención sobre las Infracciones y Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, firmado en Tokio el 14 de setiembre de 1963.

El Decreto-Ley N° 14.436 del 07/OCT/1975 aprobó la mencionada Convención.

4) Convención para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en La Haya el 16 de diciembre de 1970. El Decreto-Ley N° 14.436 del 07/OCT/1975 aprobó la mencionada Convención.

5) Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, firmado en la reunión de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en Montreal el 23 de setiembre de 1971.

El Decreto-Ley N° 14.436, del 07/OCT/1975, aprobó la Convención. Entró en vigor el 11 de Febrero de 1977.

6) Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicio a la Aviación Civil Internacional, firmado en Montreal el 24 de febrero de 1988, complementario de la Convención para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil. La Ley N° 16.891, del 12/DIC71997, aprobó la adhesión al protocolo.

7) Convenio para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de la Navegación Marítima, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988.

La Ley N° 17.341 del 25/MAY/2001 aprobó el Convenio.

8) Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos Contra la Seguridad de las Plataformas Fijas Emplazadas en la Plataforma Continental, hecho en Roma el 10 de marzo de 1988, en la reunión de la Organización Marítima Internacional (OMI). La Ley N° 17.341 del 25/MAY/2001 aprobó el protocolo.

9) Convenio para la Marcación de Explosivos Plásticos para los Fines de Detección, firmado en Montreal el 1 de marzo de 1991. La Ley N° 17.329, del 09/MAYO/2001, aprobó el Convenio.

10) Convención Internacional Contra la Toma de Rehenes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. La Ley N° 17.586, del 18/NOV/2002, aprobó la Convención.

11) Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares, abierta a la firma en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica Viena el 3 de marzo de 1980.

Se aplica al material nuclear usado para fines pacíficos en caso de transporte internacional y en caso de uso interno, almacenamiento y transporte, no afectando los de-rechos soberanos de los Estados en el uso, el almacenamiento y transporte interno de los materiales nuclares. Por Ley N° 17.680 del 1°/AGO/2003 se aprobó la Convención mencionada.

12) Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1999. La Ley N° 17.704 del 27/OCT/2003 aprobó el Convenio.

13) Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos Contra las Personas y la Extorsión Conexa Cuando Estos Tengan Trascendencia Internacional, suscrita en el Tercer Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Washington, DC, el 2 de febrero de 1971. El Decreto-Ley N° 14.728 del 28/NOV/1977 aprobó la convención.

14) Convención Interamericana Contra el Terrorismo adoptada en la ciudad de Bridgetown (BARBADOS), el 3 de junio de 2002; Entrada en vigor el 10 de julio de 2003.

Uruguay firmó el 3 de junio de 2002. El 18/MAR/2003 presentó el proyecto de ley. A la espera de la aprobación parlamentaria de conformidad a lo previsto por el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República.

15) Convención Interamericana sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, adoptada en la XXIX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el 7 de junio de 1999 (Guatemala, 1999). Ley N° 17.342, del 25/MAY/2001 aprobó la Convención.

EL TEXTO

La Convención consta de un Preámbulo y 28 Artículos.

En el Artículo 1° se definen los términos utilizados en el texto del Convenio.

El Artículo 2° tipifica los delitos enmarcados en la Convención.

Los Artículos 3° y 4°, establecen excepciones a la aplicación del Convenio.

Los Artículos 5° y 6° establecen las obligaciones de los Estados.

El Artículo 7° indica las formas de cooperación de los Estados Parte; y el Artículo 8° señala las medidas a adoptar, que permitan asegurar la protección del material radiactivo, teniendo en cuenta las recomendaciones y funciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.

La jurisdicción de los Estados respecto de los delitos enunciados en el artículo 2° cuando éstos sean cometidos en determinados lugares y circunstancias, es establecida en el Artículo 9°.

Los Artículos 10 y 11, prevén las medidas a adoptar por el Estado Parte, respecto a los autores de delitos previstos en la Convención, que se encuentren en su territorio; y la procedencia o no de extraditar al inculpado o proceder a su enjuiciamiento, independientemente de si el delito fue cometido en el territorio del Estado Parte.

El Artículo 12 prevé las garantías que gozan los detenidos en virtud de la aplicación del Convenio.

El Artículo 13 establece: "Los delitos enunciados en el artículo 2° se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado sobre la materia que concierten posteriormente entre sí". Siguen numerales referidos a extradición y mecanismos a aplicar.

Se destaca este Artículo pues establece eventuales obligaciones futuras de nuestro País.

La asistencia entre los Estados, en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2°, es contemplada en el Artículo 14.

Por el Artículo 15 se establece que ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2° se considerará delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos, ello referido a los fines de la extradición o de la asistencia judicial.

El Artículo 16 establece una importante excepción, si el Estado, al que se presenta la solicitud, tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artículo 2° o de asistencia judicial recíproca en relación con esos delitos, se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión po-lítica, o que el cumplimiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.

El Artículo 17 contempla el traslado de detenidos a fin de prestar testimonio en causas conexas al presente Convenio, las formalidades a cumplir y observar.

El Artículo 18 contempla las acciones a adoptar respecto a los materiales radioactivos incautados o sujetos a control.

Por el Artículo 19 se establece la obligación del Estado Parte de comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas el resultado final del proceso de la acción penal ejercida contra el presunto autor.

Los Artículos 20, 21 y 22 establecen la celebración de consultas entre los Estados Partes, el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del presente Convenio; y la observancia de los principios de soberanía e integridad territorial.

En el Artículo 23 se establece el mecanismo de solución de controversias.

En virtud de lo dispuesto por el Artículo 25 el Convenio entró en vigencia el 7 de julio de 2007.

Los Artículos 26 y 27 contemplan las enmiendas y la denuncia del Convenio.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de Convenciones, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al Señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

Dr. TABARE VAZQUEZ, Presidente de la República; Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Ricardo Bernal, Martín Ponce de León, Jorge Brovetto.

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio del Interior

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 25 de febrero de 2008.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1°.- Apruébase la ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de setiembre de 2005, y firmada por la República Oriental del Uruguay, en fecha 16 de setiembre de 2005.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.

Reinaldo Gargano, Azucena Berrutti, Ricardo Bernal, Martín Ponce de León, Jorge Brovetto.

NACIONES UNIDAS

Asamblea General

Distr. general

4 de abril de 2005

Español

Original: inglés

Quincuagésimo noveno período de sesiones

Tema 148 del programa

Medidas para eliminar el terrorismo internacional

INFORME DEL COMITE ESPECIAL ESTABLECIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL EN SU RESOLUCION 51/210 DE 17 DE DICIEMBRE DE 1996

Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear

1. En el párrafo 22 de su resolución 59/46, de 2 de diciembre de 2004, la Asamblea General pidió al Comité Especial establecido por la Asamblea General en su resolución 51/210 de 17 de diciembre de 1996 que presentase a la Asamblea un informe en su quincuagésimo noveno período de sesiones en caso que se hubiese completado la elaboración del proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional o del proyecto del convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear.

Asuntos que requieren la adopción de medidas por la Asamblea General en su quincuagésimo noveno período de sesiones

2. En su 35ª sesión, celebrada el 1° de abril de 2005, el Comité Especial finalizó el proyecto de convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear.

3. En la misma sesión, el Comité Especial decidió recomendar a la Asamblea General la aprobación del siguiente proyecto de resolución, que incluye como anexo el proyecto de convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear.

Anexo I

Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear

La Asamblea General,

Habiendo examinado el proyecto de convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear preparado por el Comité Especial establecido por la Asamblea General en su resolución 51/210, de 10 de diciembre de 1996 y por el Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión.

1. Aprueba el Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear que figura como anexo a la presente resolución y pide al Secretario General que abra el Convenio a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 14 de setiembre de 2005 al 31 de diciembre de 2006,

2. Hace un llamamiento a todos los Estados para que ratifiquen, acepten, aprueben o se adhieran al Convenio.

Anexo

Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear

Los Estados Partes en el presente Convenio,

Teniendo presentes los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y al fomento de las relaciones de amistad y buena vecindad y la cooperación entre los Estados.

Recordando la Declaración con motivo del cincuente-nario de las Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1995.

Reconociendo el derecho de todos los Estados a desarrollar y utilizar la energía nuclear con fines pacíficos, y sus intereses legítimos en los beneficios que puedan obtenerse de la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos.

Teniendo presente la Convención sobre la Protección Física de la Materia Nuclear, de 1980.

Profundamente preocupados por el hecho de que se intensifican en todo el mundo los atentados terroristas en todas sus formas y manifestaciones,

Recordando también la Declaración sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de la resolución 49/60 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1994, en la que, entre otras cosas, los Estados Miembros de las Naciones Unidas reafirman solemnemente que condenan en términos inequívocos todos los actos, métodos y prácticas terroristas por considerarlos criminales e injustificables, dondequiera y por quienquiera sean cometidos, incluidos los que ponen en peligro las relaciones de amistad entre los Estados y los pueblos y amenazan la integridad territorial y la seguridad de los Estados,

Observando que en la Declaración se alienta además a los Estados a que examinen con urgencia el alcance de las disposiciones jurídicas internacionales vigentes sobre prevención, represión y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, a fin de asegurar la existencia de un marco jurídico global que abarque todos los aspectos de la cuestión,

Recordando la resolución 51/210 de la Asamblea General, de 17 de diciembre de 1996, y la Declaración complementaria de la Declaración de 1994 sobre medidas para eliminar el terrorismo internacional, que figura en el anexo de esa resolución.

Recordando también que, de conformidad con la resolución 51/210 de la Asamblea General, se estableció un comité especial encargado de elaborar entre otras cosas, un convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear a fin de complementar los instrumentos internacionales vigentes conexos,

Observando que los actos de terrorismo nuclear pueden acarrear consecuencias de la máxima gravedad y amenazar la paz y la seguridad internacionales,

Observando también que las disposiciones jurídicas multilaterales vigentes no bastan para hacer frente debidamente a esos atentados,

Convencidos de la necesidad urgente de que se intensifique la cooperación internacional entre los Estados con miras a establecer y adoptar medidas eficaces y prácticas para prevenir esos atentados terroristas y enjuiciar y castigar a sus autores,

Observando que las actividades de las fuerzas militares de los Estados se rigen por normas de derecho internacional situadas fuera del marco del presente Convenio y que la exclusión de ciertos actos del ámbito del presente Convenio no condona ni legitima actos que de otro modo serían ilícitos, ni obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes.

Han acordado lo siguiente:

Artículo 1

A los efectos del presente Convenio:

1. Por "material radiactivo" se entenderá material nuclear y otras sustancias radiactivas que contienen núclidos que sufren desintegración espontánea (un proceso que se acompaña de la emisión de uno o más tipos de radiación ionizante, como las partículas alfa y beta, las partículas neutrónicas y los rayos gamma) y que, debido a sus propiedades radiológicas o fisionables, pueden causar la muerte, lesiones corporales graves o daños patrimoniales y ambientales considerables.

2. Por "materiales nucleares" se entenderá el plutonio, excepto aquél cuyo contenido en el isótopo plutonio-238 exceda del 80%, el uranio-233, el uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233, el uranio que contenga la mezcla de isótopos presentes en su estado natural, pero no en forma de mineral o de residuos de mineral, y cualquier material que contenga uno o varios de los elementos mencionados;

Por "uranio enriquecido en los isótopos 235 ó 233" se entenderá el uranio que contiene los isótopos 235 ó 233, o ambos, en cantidad tal que la razón de abundancia entre la suma de estos isótopos al isótopo 238 sea mayor que la razón entre el isótopo 235 y el 238 en el estado natural.

3. Por "instalación nuclear" se entenderá:

a) Todo rector nuclear, incluidos los rectores instalados en buques, vehículos, aeronaves o artefactos espaciales con la finalidad de ser utilizados como fuentes de energía para impulsar dichos buques, vehículos, aeronaves o artefactos espaciales, así como con cualquier otra finalidad;

b) Toda instalación o medio que se utilice para la fabricación, el almacenamiento, el procesamiento o el transporte de material radiactivo.

4. Por "dispositivo" se entenderá:

a) Todo dispositivo nuclear explosivo,

b) Todo dispositivo de dispersión de radiación o de emisión de radiación que, debido a sus propiedades radiológicas, pueda causar la muerte, lesiones corporales graves o daños patrimoniales y ambientales considerables.

5. Por "instalación pública o gubernamental" se entiende toda instalación o vehículo permanente o provisional utilizado u ocupado por representantes de un Estado, miembros del gobierno, el poder legislativo o el judicial, funcionarios o empleados de una entidad estatal o administrativa o funcionarios o empleados de una organización intergubernamental a los efectos del desempeño de sus funciones oficiales.

6. "Por fuerzas militares de un Estado" se entienden las fuerzas armadas de un Estado que estén organizadas, entrenadas y equipadas con arreglo a la legislación nacional primordialmente a los efectos de la defensa y la seguridad nacionales y las personas que actúen en apoyo de esas fuerzas armadas que estén bajo su mando, control y responsabilidad oficiales.

Artículo 2

1. Comete delito en el sentido del presente Convenio quien ilícita o intencionalmente:

a) Posea material radiactivo o fabrique o posea un dispositivo:

i) Con el propósito de causar la muerte o daños corporales graves; o

ii) Con el propósito de causar daños considerables a la propiedad o el medio ambiente;

b) Utilice en cualquier forma material radiactivo o un dispositivo, o utilice o dañe una instalación nuclear en forma tal que provoque la emisión o corra el riesgo de provocar la emisión de material radiactivo:

i) Con el propósito de causar la muerte o daños corporales graves; o

ii) Con el propósito de causar daños considerables a la propiedad o el medio ambiente; o

iii) Con el propósito de obligar a una persona natural o jurídica, una organización internacional o un Estado a realizar o abstenerse de realizar algún acto.

2.También comete delito quien:

a) Amenace, en circunstancias que indiquen que la amenaza es verosímil, con cometer un delito en los términos definidos en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo; o

b) Exija ilegalmente e intencionadamente la entrega de material radiactivo, un dispositivo o una instalación nuclear mediante amenaza, en circunstancias que indiquen que la amenaza es verosímil, o mediante el uso de la fuerza.

3. También comete delito quien intente cometer cualesquiera de los actos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo.

4. También comete delito quien:

a) Participe como cómplice en la comisión de cualesquiera de los actos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo; o

b) Organice o induzca a otros a los efectos de la comisión de cualesquiera de los delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo; o

c) Contribuya de otro modo a la comisión de uno o varios de los delitos enunciados en los párrafos 1, 2 ó 3 del presente artículo por un grupo de personas que actúe con un propósito común; la contribución deberá ser intencionada y hacerse con el propósito de fomentar los fines o la actividad delictiva general del grupo o con conocimiento de la intención del grupo de cometer el delito o los delitos de que se trate.

Artículo 3

Salvo lo dispuesto en los artículos 7, 12, 14, 15, 16 y 17 según corresponda, el presente Convenio no será aplicable cuando el delito se haya cometido en un solo Estado, el presunto delincuente y las víctimas sean nacionales de ese Estado y el presunto culpable se halle en el territorio de ese Estado y ningún otro Estado esté facultado para ejercer la jurisdicción con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 1 ó 2 del artículo 9 del presente Convenio.

Artículo 4

1. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio menoscabarán los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de los Estados y de las personas con arreglo al derecho internacional, en particular los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario.

2. Las actividades de las fuerzas armadas durante un conflicto armado según se entienden esos términos en el derecho internacional humanitario y que se rijan por ese derecho, no estarán sujetas al presente Convenio, y las actividades que lleven a cabo las fuerzas armadas de un Estado en el ejercicio de sus funciones oficiales, en la medida en que se rijan por otras normas de derecho internacional, no estarán sujetas al presente Convenio.

3. No se considerará que lo dispuesto en el párrafo 2 del presente artículo condona o legitima actos que de otro modo serían ilícitos, ni que obsta para su enjuiciamiento en virtud de otras leyes.

4. El presente convenio no trata ni podrá interpretarse en el sentido de que trata en modo alguno la cuestión de la legalidad del empleo o la amenaza del empleo de armas nucleares por los Estados.

Artículo 5

Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para:

a) Tipificar, con arreglo a su legislación nacional, los delitos indicados en el artículo 2;

b) Sancionar esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su naturaleza grave.

Artículo 6

Cada Estado Parte adoptará las medidas que resulten necesarias, incluida, cuando proceda, la adopción de legislación interna, para que los actos criminales comprendidos en el ámbito del presente Convenio, en particular los que obedezcan a la intención o al propósito de crear un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinadas personas, no puedan justificarse en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar y sean sancionados con penas acordes a su gravedad.

Artículo 7

1. Los Estados Partes cooperarán:

a) Mediante la adopción de todas las medidas practicables, entre ellas, de ser necesario, la de adaptar su legislación nacional para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de los delitos previstos en el artículo 2 tanto dentro como fuera de sus territorios y contrarrestar la preparación de dichos delitos, lo que incluirá la adopción de medidas para prohibir en sus territorios las actividades ilegales de personas, grupos y organizaciones que promuevan, instiguen, organicen o financien a sabiendas o proporcionen a sabiendas asistencia técnica o información o participen en la perpetración de esos delitos;

b) Mediante el intercambio de información precisa y corroborada, de conformidad con su legislación interna y en la forma y con sujeción a las condiciones que aquí se establecen, y la coordinación de las medidas administrativas y de otra índole adoptadas, según proceda, para detectar, prevenir, reprimir e investigar los delitos previstos en el artículo 2 y también con el fin de entablar acción penal contra las personas a quienes se acusa de haber cometido tales delitos. En particular, un Estado Parte tomará las medidas correspondientes para informar sin demora a los demás Estados a que se hace referencia en el artículo 9 acerca de la comisión de los delitos previstos en el artículo 2, así como de los preparativos para la comisión de tales delitos que obren en su conocimiento, y asimismo para informar, de ser necesario, a las organizaciones internacionales.

2. Los Estados Partes tomarán las medidas correspondientes compatibles con su legislación nacional para proteger el carácter confidencial de toda información que reciban con ese carácter de otro Estado Parte con arreglo a lo dispuesto en el presente Convenio o al participar en una actividad destinada a aplicar el presente Convenio. Si los Estados Partes, proporcionan confidencialmente información a organizaciones internacionales, se adoptarán las medidas necesarias para proteger el carácter confidencial de tal información.

3. De conformidad con el presente Convenio no se exigirá a los Estados Partes que faciliten información que no están autorizados a divulgar en virtud de sus respectivas legislaciones nacionales o cuya divulgación pueda comprometer la seguridad del Estado interesado o la protección física de los materiales nucleares.

4. Los Estados Partes informarán al Secretario General de las Naciones Unidas acerca de sus respectivas autoridades y cauces de comunicación competentes encargados de enviar y recibir la información a que se hace referencia en el presente artículo. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará dicha información relativa a las autoridades y cauces de comunicación competentes a todos los Estados Partes y al Organismo Internacional de Energía Atómica. Deberá asegurarse el acceso permanente a dichas autoridades y cauces de comunicación.

Artículo 8

A los efectos de impedir que se cometan los delitos de que trata el presente Convenio, los Estados Partes harán todo lo posible por adoptar medidas que permitan asegurar la protección del material radiactivo, teniendo en cuenta las recomendaciones y funciones pertinentes del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Artículo 9

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2 cuando éstos sean cometidos:

a) En el territorio de ese Estado; o

b) A bordo de un buque que enarbole el pabellón de ese Estado o de una aeronave matriculada de conformidad con la legislación de ese Estado en el momento de la comisión del delito; o

c) Por un nacional de ese Estado.

2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos cuando:

a) Sea cometido contra un nacional de ese Estado; o

b) Sea cometido en o contra una instalación pública o gubernamental en el extranjero, incluso una emba-jada u otro local diplomático o consular de ese Estado; o

c) Sea cometido por un apátrida que tenga residencia habitual en el territorio de ese Estado; o

d) Sea cometido con el propósito de obligar a ese Estado a realizar o abstenerse de realizar un determinado acto; o

e) Sea cometido a bordo de una aeronave que sea explotada por el gobierno de ese Estado.

3. Cada Estado Parte, al ratificar, aceptar o aprobar el Convenio o adherirse a él, notificará al Secretario General de las Naciones Unidas que ha establecido su jurisdicción de conformidad con su legislación nacional con arreglo al párrafo 2 del presente artículo y notificará inmediatamente al Secretario General los cambios que se produzcan.

4. Cada Estado Parte tomará asimismo las medidas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos enunciados en el artículo 2, en los casos en que el presunto delincuente se halle en su territorio y dicho Estado no conceda la extradición a ninguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 ó 2 del presente artículo.

5. El presente Convenio no excluye el ejercicio de la jurisdicción penal establecida por un Estado Parte de conformidad con su legislación nacional.

Artículo 10

1. El Estado Parte que reciba información que indique que en su territorio se ha cometido o se está cometiendo cualquiera de los delitos previstos en el artículo 2, o que en su territorio puede encontrarse el culpable o presunto culpable de cualquiera de estos delitos, tomará inmediatamente las medidas que sean necesarias de conformidad con su legislación nacional para investigar los hechos comprendidos en la información.

2. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el delincuente o presunto delincuente, si estima que las circunstancias lo justifican, tomará las medidas que corresponda conforme a su legislación nacional a fin de asegurar la presencia de esa persona a efectos de su enjuiciamiento o extradición.

3. Toda persona respecto de la cual se adopten las medidas mencionadas en el párrafo 2 del presente artículo tendrá derecho a:

a) Ponerse sin demora en comunicación con el representante más próximo que corresponda del Estado del que sea nacional o al que competa por otras razones proteger los derechos de esa persona o, si se trata de una apátrida, del Estado en cuyo territorio resida habitualmente;

b) Ser visitada por un representante de dicho Estado;

c) Ser informada de los derechos previstos en los incisos a) y b).

4. Los derechos a que se hace referencia en el párrafo 3 del presente artículo se ejercerán de conformidad con las leyes y los reglamentos del Estado en cuyo territorio se halle el delincuente o presunto delincuente, a condición de que esas leyes y esos reglamentos permitan que se cumpla plenamente el propósito de los derechos indicados en el párrafo 3.

5. Lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de todo Estado Parte que, con arreglo al inciso c) del párrafo 1 o al inciso c) del párrafo 2 del artículo 9, pueda hacer valer su jurisdicción a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.

6. El Estado Parte que, en virtud del presente artículo, detenga a una persona notificará inmediatamente la detención y las circunstancias que la justifiquen a los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 9 y, si lo considera conveniente, a todos los demás Estados Partes interesados, directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas. El Estado que proceda a la investigación prevista en el párrafo 1 del presente artículo informará sin dilación de los resultados de ésta a los Estados Partes mencionados e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.

Artículo 11

1. En los casos en que sea aplicable el artículo 9, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente, si no procede a su extradición, estará obligado a someter sin demora indebida el caso a sus autoridades competentes a efectos de enjuiciamiento, según el procedimiento previsto en la legislación de ese Estado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito, haya sido o no cometido en su territorio. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de naturaleza grave de acuerdo con el derecho de tal Estado.

2. Cuando la legislación de un Estado Parte le permita proceder a la extradición de uno de sus nacionales o entregarlo de otro modo sólo a condición de que sea devuelto a ese Estado para cumplir la condena que le sea impuesta de resultas del juicio o procedimiento para el cual se pidió su extradición o su entrega, y ese Estado y el que solicita la extradición están de acuerdo con esa opción y las demás condiciones que consideren apropiadas, dicha extradición o entrega condicional será suficiente para cumplir la obligación enunciada en el párrafo 1 del presente artículo.

Artículo 12

Toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo al presente Convenio gozará de un trato equitativo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y con las disposiciones pertinentes del derecho internacional, incluido el derecho internacional en materia de derechos humanos.

Artículo 13

1. Los delitos enunciados en el artículo 2 se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Estados Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Convenio. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado sobre la materia que concierten posteriormente entre sí.

2. Cuando un Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba de otro Estado Parte, con el que no tenga concertado un tratado, una solicitud de extradición, podrá, a su elección, considerar el presente Convenio como la base jurídica necesaria para la extradición con respecto a los delitos previstos en el artículo 2. La extradición estará sujeta a las demás condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se ha hecho la solicitud.

3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán los delitos enunciados en el artículo 1 bis como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones exigidas por la legislación del Estado al que se haga la solicitud.

4. De ser necesario, a los fines de la extradición entre Estados Partes se considerará que los delitos enunciados en el artículo 2 se han cometido no sólo en el lugar en que se perpetraron sino también en el territorio de los Estados que hayan establecidos su jurisdicción de conformidad con los párrafos 1 y 2 del artículo 9.

5. Las disposiciones de todos los tratados de extradición vigentes entre Estados Partes con respecto a los delitos enumerados en el artículo 2 se considerarán modificadas entre esos Estados en la medida en que sean incompatibles con el presente Convenio.

Artículo 14

1. Los Estados Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos enunciados en el artículo 2, incluso respecto de la obtención de todas las pruebas necesarias para el proceso que obren en su poder.

2. Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1 del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación nacional.

Artículo 15

A los fines de la extradición o de la asistencia judicial recíproca ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos. En consecuencia, no podrá rechazarse una solicitud de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con un delito de ese carácter por la única razón de que se refiere a un delito político, un delito conexo a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos.

Artículo 16

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio se interpretará en el sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca, si el Estado al que se presenta la solicitud tiene motivos fundados para creer que la solicitud de extradición por los delitos enunciados en el artículo 2 o de asistencia judicial recíproca en relación con esos delitos se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política, o que el cumplimiento de lo solicitado podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos.

Artículo 17

1. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia se solicite en otro Estado Parte para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de delitos previstos en el presente Convenio podrá ser trasladada si se cumplen las condiciones siguientes:

a) Da libremente su consentimiento informado; y

b) Las autoridades competentes de ambos Estados están de acuerdo, con sujeción a las condiciones que consideren apropiadas.

2. A los efectos del presente artículo:

a) El Estado al que sea trasladada la persona estará autorizado y obligado a mantenerla detenida, salvo que el Estado desde el que fue trasladada solicite o autorice otra cosa;

b) El Estado al que sea trasladada la persona cumplirá sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del Estado desde el que fue trasladada según convengan de antemano o de otro modo las autoridades competentes de ambos Estados;

c) El Estado al que sea trasladada la persona no exigirá al Estado desde el que fue trasladada que inicie procedimientos de extradición para su devolución;

d) Se tendrá en cuenta el tiempo que haya permanecido detenida la persona en el Estado desde el que fue trasladada a los efectos del cumplimiento de la condena que le haya sido impuesta en el Estado al que haya sido trasladada.

3. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de trasladar una persona de conformidad con el presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cualquiera sea su nacionalidad, no podrá ser procesada, detenida ni sometida a ninguna otra restricción de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea trasladada en relación con actos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado desde el que fue trasladada.

Artículo 18

1. Al decomisar o mantener bajo control en alguna otra forma material radiactivo, dispositivos o instalaciones nucleares como consecuencia de la comisión de un delito previsto en el artículo 2, el Estado Parte, en posesión el material, los dispositivos o las instalaciones deberá:

a) Tomar medidas para neutralizar el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares;

b) Velar por que todo material nuclear se mantenga de conformidad con las salvaguardias establecidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica; y

c) Tener en cuenta las recomendaciones sobre protección física y las normas sobre salud y seguridad publicadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

2. Al concluir cualquier procedimiento relacionado con un delito previsto en el artículo 2, o antes de su terminación si así lo exige el derecho internacional, todo material radiactivo, dispositivo o instalación nuclear se devolverá, tras celebrar consultas (en particular, sobre las modalidades de devolución y almacenamiento) con los Estados Partes interesados, al Estado Parte al que pertenecen, al Estado Parte del que la persona natural o jurídica dueña del material, dispositivo o instalación sea nacional o residente, o al Estado Parte en cuyo territorio hayan sido robados u obtenidos por algún otro medio ilícito.

3.1) En caso de que a un Estado Parte le esté prohibido en virtud del derecho interno o el derecho internacional devolver o aceptar material radiactivo, dispositivos o instalaciones nucleares; o si los Estados Partes interesados convienen en ello, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3.2) del presente artículo, el Estado Parte en cuyo poder se encuentre el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares deberá seguir tomando las medidas que se describen en el párrafo 1, del presente artículo, el material, los dispositivos o las instalaciones deberán utilizarse únicamente para fines pacíficos.

3.2) En los casos en que la ley no permita al Estado Parte la posesión del material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares que tiene en su poder, dicho Estado velará por que sean entregados tan pronto como sea posible a un Estado cuya legislación le permita poseerlos y que, en caso necesario, haya proporcionado las garantías congruentes con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo en consulta con dicho Estado, a los efectos de neutralizarlos; dichos materiales radiactivos, dispositivos o instalaciones nucleares se utilizarán solo con fines pacíficos.

4. En el caso de que el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares a que se hace referencia en los párrafos 1 y 2 del presente artículo no pertenezcan a ninguno de los Estados Partes ni a ningún nacional o residente de un Estado Parte o no hayan sido robados ni obtenidos por ningún otro medio ilícito en el territorio de un Estado Parte, o en el caso de que ningún Estado esté dispuesto a recibir el material, los dispositivos o las instalaciones de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo, se decidirá por separado acerca del destino que se les dará, con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 3.2 del presente artículo, tras la celebración de consultas entre los Estados interesados y cualesquiera organizaciones internacionales pertinentes.

5. Para los efectos de los párrafos 1, 2, 3 y 4 del presente artículo, el Estado Parte que tenga en su poder el material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares podrá solicitar la asistencia y la cooperación de los demás Estados Partes, en particular los Estados Partes interesados, y de cualesquiera organizaciones internacionales pertinentes, en especial el Organismo Internacional de Energía Atómica. Se insta a los Estados Partes y a las organizaciones internacionales pertinentes a que proporcionen asistencia de conformidad con este párrafo en la máxima medida posible.

6. Los Estados Partes que participen en dar un destino al material radiactivo, los dispositivos o las instalaciones nucleares o en su retención de conformidad con el presente artículo, informarán al Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica acerca del destino que dieron al material, los dispositivos o las instalaciones, o de cómo los retuvieron. El Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica transmitirá la información a los demás Estados Partes.

7. En caso de que se haya producido emisión de material radiactivo en relación con algún delito previsto en el artículo 2, nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará en forma alguna a las normas de derecho internacional que gobiernan la responsabilidad por daños nucleares, ni a otras normas de derecho internacional.

Artículo 19

El Estado Parte en el que se entable una acción penal contra el presunto delincuente comunicará, de conformidad con su legislación nacional o sus procedimientos aplicables, el resultado final de esa acción al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Partes.

Artículo 20

Los Estados Partes celebrarán consultas entre sí directamente o por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, con la asistencia de organizaciones internacionales si es necesario, para velar por la aplicación eficaz del presente Convenio.

Artículo 21

Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumben en virtud del presente Convenio de manera compatible con los principios de la igualdad soberana, la integridad territorial de los Estados y la no intervención en los asuntos internos de otros Estados.

Artículo 22

Nada de lo dispuesto en el presente Convenio facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su legislación nacional.

Artículo 23

1. Las controversias que surjan entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación del presente Convenio y que no puedan resolverse mediante negociaciones dentro de un plazo razonable serán sometidas a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma de organizarlo, cualquiera de ellas podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

2. Cada Estado, al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar el presente Convenio o adherirse a él, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1, del presente artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1 respecto de ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva.

3. El Estado que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento mediante notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 24

1. El presente Convenio estará abierto a la firma de todos los Estados desde el 14 de setiembre de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

2. El presente Convenio está sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

3. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de cualquier Estado. Los instrumentos de adhesión serán depositados en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 25

1. El presente Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

2. Respecto de cada uno de los Estados que ratifiquen, acepten o aprueben el Convenio o se adhieran a él después de que sea depositado el vigésimo segundo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Convenio entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

Artículo 26

1. Cualquier Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Convenio. Las enmiendas propuestas se presentarán al depositario, quien las comunicará inmediatamente a todos los Estados Partes.

2. Si una mayoría de Estados Partes pide al depositario que convoque una conferencia para examinar las enmiendas propuestas, el depositario invitará a todos los Estados Partes a asistir a dicha conferencia, la cual comenzará no antes de que hayan transcurrido tres meses desde la fecha en que se hayan cursado las invitaciones.

3. En la conferencia se hará todo lo posible porque las enmiendas se adopten por consenso. Si ello no fuese posible, las enmiendas se adoptarán por mayoría de dos tercios de todos los Estados Partes. Toda enmienda que haya sido aprobada en la conferencia será comunicada inmediatamente por el depositario a todos los Estados Partes.

4. La enmienda adoptada de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo entrará en vigor para cada Estado Parte que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de la enmienda, o adhesión a ella al trigésimo día a partir de la fecha en que dos tercios de los Estados Partes hayan depositado sus instrumentos pertinentes. De allí en adelante la enmienda entrará en vigor para cualquier Estado Parte en el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado deposite el instrumento pertinente.

Artículo 27

1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Convenio mediante notificación por escrito dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.

2. La denuncia surtirá efecto a un año después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas reciba la notificación.

Artículo 28

El original del presente Convenio, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará copias certificadas de él a todos los Estados.

En testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Convenio, abierto a la firma en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 14 de setiembre de 2005.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto.

(Se lee)

- En discusión.

Tiene la palabra el Miembro Informante, señor Senador Abreu.

SEÑOR ABREU.- Señor Presidente: en la Comisión hemos hecho una observación de carácter formal, porque lo que se ha remitido al Parlamento, en este caso, es una copia autenticada de un documento de trabajo sobre un proyecto. No se trata precisamente de una resolución o de una copia autenticada del texto original de la resolución de la Asamblea General, por lo que no corresponde aprobarlo.

Lo que pedimos hoy al Senado es que apruebe la devolución al Poder Ejecutivo del Mensaje y proyecto de ley por el que se aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, a fin de que se nos haga llegar copia autenticada del texto original de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas conteniendo el texto de la Convención aprobada, lo que permitiría al Parlamento aprobar el Tratado en cuestión que, ciertamente, tiene aspectos que son muy importantes.

SEÑOR PRESIDENTE.- Léase el proyecto de resolución que obra en poder de Secretaría.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Artículo único.- Devuélvese al Poder Ejecutivo el Mensaje y proyecto de ley por el que se aprueba la ratificación de la Convención Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, adoptada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, el 14 de setiembre de 2005 y firmada por la República Oriental del Uruguay, en fecha 16 de setiembre de 2005, solicitándole que remita copia autenticada del texto original de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas conteniendo el texto de la Convención aprobada, por entenderse que el texto que remitió en su oportunidad se trata de un informe elaborado por el Comité Especial de las Naciones Unidas y no la resolución de la Asamblea General por la que se aprueba la Convención".

SEÑOR PRESIDENTE.- En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota:)

- 22 en 22. Afirmativa. UNANIMIDAD.

El proyecto será devuelto al Poder Ejecutivo a los fines convenidos.

13) SOLICITUD DE VENIA DEL PODER EJECUTIVO PARA DESTITUIR DE SUS CARGOS A VARIOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

SEÑOR PRESIDENTE.- Corresponde que el Senado pase a sesión secreta para considerar el asunto que figura en quinto término del Orden del Día.

(Así se hace. Es la hora 17 y 11 minutos.)

(En sesión pública)

SEÑOR PRESIDENTE.- Habiendo número, se reanuda la sesión.

(Es la hora 17 y 19 minutos)

-Dese cuenta de lo actuado en sesión secreta.

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

El Senado, en sesión secreta, concedió venia al Poder Ejecutivo para destituir de su cargo a una funcionaria del Ministerio de Salud Pública, Hospital Maciel, y a un funcionario del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Dirección Nacional de Minería y Geología.

SEÑOR PRESIDENTE.- Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

14) SOLICITUD DE LICENCIA

SEÑOR PRESIDENTE.- Dese cuenta de una solicitud de licencia.

(Se da de la siguiente:)

"El señor Senador Lara Gilene solicita licencia desde el martes 13 al domingo 18 del corriente mes".

- Léase.

(Se lee:)

SEÑOR SECRETARIO (Arq. Hugo Rodríguez Filippini).-

"Montevideo, 7 de mayo de 2008.

Sr. Presidente de la

Cámara de Senadores.

Don Rodolfo Nin Novoa

De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitar licencia por el encuentro del Parlatino al que concurriré desde el martes 13 al domingo 18 del corriente mes.

Sin más, saluda a Ud. muy atentamente,

Julio C. Lara Gilene."

SEÑOR PRESIDENTE.- Se va a votar si se concede la licencia solicitada.

(Se vota:)

- 21 en 23. Afirmativa. UNANIMIDAD.

Se convocará al suplente correspondiente.

SEÑOR PRESIDENTE.- La Mesa recuerda que mañana serán convocados los señores coordinadores de Bancada a la hora 16, a los efectos de tratar el tema propuesto por el señor Senador Alfie a primera hora de la sesión de hoy.

15) SE LEVANTA LA SESION

SEÑOR PRESIDENTE.- Se levanta la sesión.

(Así se hace, a la hora 17 y 20 minutos, presidiendo el señor Rodolfo Nin Novoa y estando presentes los señores Senadores Arana, Baráibar, Breccia, Cid, Couriel, Da Rosa, Dalmás, Gallicchio, Gallinal, Heber, Long, López, Moreira, Oliver, Percovich, Sanguinetti, Saravia, Tajam, Vaillant y Xavier.)

SEÑOR RODOLFO NIN NOVOA Presidente

Arq. Hugo Rodríguez Filippini Secretario

Esc. Claudia Palacio Prosecretaria

Sr. Nelson Míguez Director General del Cuerpo de Taquígrafos

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Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.