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N° 3492 - 6 DE MAYO DE 2008

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

DIARIO DE SESIONES

DE LA

CÁMARA DE REPRESENTANTES

CUARTO PERÍODO ORDINARIO DE LA XLVI LEGISLATURA

15ª SESIÓN

PRESIDEN LOS SEÑORES REPRESENTANTES ALBERTO PERDOMO GAMARRA Presidente
Y UBERFIL HERNÁNDEZ 1er. Vicepresidente

ACTÚAN EN SECRETARÍA LOS TITULARES DOCTOR MARTI DALGALARRONDO AÑÓN Y DOCTOR JOSÉ PEDRO MONTERO
Y EL PROSECRETARIO DOCTOR GUSTAVO SILVEIRA

Texto de la citación

Montevideo, 2 de mayo de 2008.

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES se reunirá, en sesión ordinaria, el próximo martes 6, a la hora 16, para informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente

- ORDEN DEL DÍA -

1º.- Comisión Permanente del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLVI Legislatura). (Artículo 127 de la Constitución).

2º.- Comisión Administrativa del Poder Legislativo. (Elección de miembros para el Cuarto Período de la XLVI Legislatura). (Ley Nº 16.821, de 23 de abril de 1997).

3º.- Comisión Especial para Interpretar, Informar y Eventualmente Legislar sobre la Correcta Integración del Cuerpo. (Creación). (Carp. 2169/007). (Informado). Rep. 1095 y Anexo I

4º.- Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones con la República Bolivariana de Venezuela. (Aprobación). (Carp. 1681/007). (Informado). Rep. 938 y Anexo I

5º.- Sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos. (Declaración de interés nacional). (Carp. 1755/007). (Informado). Rep. 957 y Anexo I

6º.- Adeudos sobre sueldos y pasividades. (Régimen de consolidación). (Carp. 2122/007). (Informado). Rep. 1071 y Anexo I

7º.- Decisiones emanadas del 23er. Congreso de la Unión Postal Universal. (Aprobación). (Carp. 2324/008). (Informado). Rep. 1164 y Anexo I

8º.- Acuerdo con el Reino de los Países Bajos sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Correcta Aplicación de la Legislación Aduanera y para la Prevención, Investigación y Lucha contra las Infracciones Aduaneras. (Aprobación). (Carp. 2401/008). (Informado). Rep. 1188 y Anexo I

9º.- Acuerdo con la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones. (Aprobación). (Carp. 2290/007). (Informado). Rep. 1154 y Anexo I

MARTI DALGALARRONDO AÑÓN JOSÉ PEDRO MONTERO

S e c r e t a r i o s

S U M A R I O

1.- Asistencias y ausencias

2.- Asuntos entrados

3.- Proyectos presentados

4 y 6.- Exposiciones escritas y

5.- Inasistencias anteriores

MEDIA HORA PREVIA

7.- Fallecimiento del doctor Orlando Álvarez Viera.

— Exposición del señor Representante Doti Genta

8.- Consideración a nivel parlamentario latinoamericano y caribeño de problemas medioambientales.

— Exposición del señor Representante Patrone

9.- Centenario del San Eugenio Fútbol Club, del departamento de Artigas.

— Exposición del señor Representante Caram

10.- Buen estado de los museos de la Fortaleza de Santa Teresa y del Fuerte de San Miguel, en el departamento de Rocha.

Recordación del ex Presidente de la Cámara de Representantes Héctor Martín Sturla.

— Exposición del señor Representante Alonso

11.- Necesidad de crear soluciones administrativas y legales que amparen a los pequeños y micro empresarios.

— Exposición del señor Representante Yanes

12.- Actitud del Presidente de Brasil ante el proceso de flexibilización de fronteras propuesto por Estados Unidos.

Declaración de solidaridad del Parlamento del MERCOSUR hacia cinco ciudadanos cubanos detenidos en Estados Unidos en 1998.

— Exposición del señor Representante Martínez Huelmo

CUESTIONES DE ORDEN

13.- Aplazamientos

14, 16 y 26.- Integración de la Cámara

14, 16 y 26.- Licencias

30.- Preferencias

28.- Prórroga del término de la sesión

29.- Rectificación de trámite

18.- Sesiones extraordinarias

19 y 21.- Urgencias y

17.- Vuelta de proyecto a Comisión

VARIAS

15.- Llamado a Sala a los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social.

— Se vota afirmativamente

ORDEN DEL DÍA

20.- Mozos de Cordel. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender hasta por un plazo de ciento ochenta días el subsidio por desempleo).

Antecedentes: Rep. Nº 1221, de abril de 2008. Carp. Nº 2482 de 2008. Comisión de Legislación del Trabajo.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

22.- Autorización del ingreso a aguas jurisdiccionales de la Plana Mayor y Tripulación de los Buques "ARATU" y "ALBARDÃO" de la Armada de la República Federativa del Brasil, a efectos de participar en la Operación Combinada 'AGUAS CLARAS VI', conjuntamente con buques de nuestra Armada Nacional, en el período comprendido desde el 6 al 10 de mayo de 2008".

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

23.- Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones con la República Bolivariana de Venezuela. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 938, de abril de 2007, y Anexo I, de abril de 2008. Carp. Nº 1681 de 2007. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Sanción. Se comunica al Poder Ejecutivo

— Texto del proyecto sancionado

24.- Sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapeúticos. (Declaración de interés nacional).

Antecedentes: Rep. Nº 957, de mayo de 2007, y Anexo I, de abril de 2008. Carp. Nº 1755 de 2007. Comisión de Salud Pública y Asistencia Social.

— Aprobación. Se devolverá al Senado

— Texto del proyecto aprobado

25, 27 y 31.- Adeudos sobre sueldos y pasividades. (Régimen de consolidación).

Antecedentes: Rep. Nº 1071, de octubre de 2007, y Anexo I, de abril de 2008. Carp. Nº 2122 de 2007. Comisión de Hacienda.

— Aprobación. Se comunicará al Senado , y

— Texto del proyecto aprobado

32.- Decisiones emanadas del 23er. Congreso de la Unión Postal Universal. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1164, de febrero de 2008, y Anexo I, de abril de 2008. Carp. Nº 2324 de 2008. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Se aprueba el pase a la discusión particular y el cierre de la discusión

33.- Acuerdo con el Reino de los Países Bajos sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Correcta Aplicación de la Legislación Aduanera y para la Prevención, Investigación y Lucha contra las Infracciones Aduaneras. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1188, de marzo de 2008, y Anexo I, de abril de 2008. Carp. Nº 2401 de 2008. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Se aprueba el pase a la discusión particular y el cierre de la discusión .

34.- Acuerdo con la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones. (Aprobación).

Antecedentes: Rep. Nº 1154, de diciembre de 2007, y Anexo I, de abril de 2008. Carp. Nº 2290 de 2007. Comisión de Asuntos Internacionales.

— Se aprueba el pase a la discusión particular y el cierre de la discusión

1.- Asistencias y ausencias.

Asisten los señores Representantes: Pablo Abdala, Washington Abdala, Álvaro Alonso, José Amorín Batlle, Hugo Arambillete, Beatriz Argimón, Roque Arregui, Miguel Asqueta Sóñora, Alfredo Asti, Manuel María Barreiro, Gloria Benítez, Juan José Bentancor, Bertil R. Bentos, Daniel Bianchi, José Luis Blasina, Gustavo Borsari Brenna, Sergio Botana, Heber Bousses, Eduardo Brenta, Juan José Bruno, Diego Cánepa, Rodolfo Caram, Germán Cardoso, José Carlos Cardoso, Julio Cardozo Ferreira, Federico Casaretto, Alberto Casas, Nora Castro, Hebert Clavijo, Alba M. Cocco Soto, Roberto Conde, Beatriz Costa, Mauricio Cusano, Richard Charamelo, Silvana Charlone, Álvaro Delgado, Juan José Domínguez, David Doti Genta, Óscar Echevarría, Gustavo A. Espinosa, Sandra Etcheverry, Eduardo Fernández, Julio César Fernández, Blanca Ferreira, Luis José Gallo Imperiale, Jorge Gandini, Javier García, Daniel García Pintos, Carlos González Álvarez, Rodrigo Goñi Romero, Óscar Groba, Tabaré Hackenbruch Legnani, Uberfil Hernández, Doreen Javier Ibarra, Pablo Iturralde Viñas, Luis Alberto Lacalle Pou, Álvaro F. Lorenzo, Guido Machado, José Carlos Mahía, Daniel Mañana, Rubén Martínez Huelmo, Carlos Maseda, Carlos Mazzulo, Artigas Melgarejo, Gonzalo Mujica, Gonzalo Novales, Jorge Orrico, Edgardo Ortuño, Ivonne Passada, Jorge Patrone, Daniela Payssé, Adriana Peña Hernández, Alberto Perdomo Gamarra, Aníbal Pereyra, Darío Pérez Brito, Esteban Pérez, Mario Pérez, Pablo Pérez González, Nelson Pérez, Enrique Pintado, Iván Posada, Jorge Pozzi, Juan A. Roballo, Edgardo Rodríguez, Nelson Rodríguez Servetto, Jorge Romero Cabrera, Javier Salsamendi, Dardo Sánchez Cal, Víctor Semproni, Carlos Signorelli, Pedro Soust, Juan C. Souza, Hermes Toledo Antúnez, Mónica Travieso, Jaime Mario Trobo, Carlos Varela Nestier, Álvaro Vega Llanes, Homero Viera, Horacio Yanes.

Con licencia: Pablo Álvarez López, Gustavo Bernini, Carlos Enciso Christiansen, Carlos Gamou, Nora Gauthier, Gustavo Guarino, Fernando Longo Fonsalías, Daniel Peña Fernández, Martín Ponce de León y Luis Rosadilla.

Actúa en el Senado: Héctor Tajam.

2.- Asuntos entrados.

"Pliego Nº 253

PROMULGACIÓN DE LEYES

El Poder Ejecutivo comunica que ha promulgado las siguientes leyes:

  • Nº 18.269, por la que se aprueban el Convenio de Seguridad Social y el Acuerdo Administrativo para la Implementación del Convenio de Seguridad Social con el Reino de los Países Bajos, suscritos en Montevideo, el 11 de octubre de 2005. C/1860/007

  • Nº 18.270, por la que se aprueba la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes adoptada el 11 de octubre de 2005, en Badajoz, Reino de España, en ocasión de celebrarse la Reunión de Delegados Plenipotenciarios de los Estados Miembros de la Organización Iberoamericana de la Juventud. C/1431/006

  • Nº 18.271, por la que se autoriza la salida del país desde el 15 de abril de 2008 y por un período inicial de un año, de una aeronave EADS-CASA C-212 de la dotación de la Fuerza Aérea Uruguaya, a los efectos de participar en la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en la República de Haití (MINUSTAH). C/2439/008

  • Nº 18.272, por la que se designa "Doctor Daniel Díaz Maynard" la Sala Nº 7 del Edificio José Artigas, anexo al Palacio Legislativo. C/1739/007

  • Nº 18.273, por la que se aprueba la incorporación de la República al Fondo Latinoamericano de Reservas. C/2235/007

  • Nº 18.274, por la que se otorga un último plazo de sesenta días, a los efectos de la presentación de peticiones ante la Comisión Especial creada por la Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006. C/2454/008

- Archívense

DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL

La Presidencia de la Asamblea General destina a la Cámara de Representantes los siguientes proyectos de ley, remitidos con su correspondiente mensaje por el Poder Ejecutivo:

- A la Comisión de Educación y Cultura

- A la Comisión de Seguridad Social

La citada Presidencia remite copia de la nota de la Junta Departamental de Flores, relacionada con un planteo formulado por vecinos del pueblo Andresito relativo a la Policlínica y la ambulancia de la mencionada localidad. C/11/005

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

DE LA CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores remite el proyecto de ley, aprobado por dicho Cuerpo, por el que se autoriza el ingreso a aguas jurisdiccionales de la Plana Mayor y Tripulación de los Buques "ARATU" y "ALBARDÃO" de la Armada de la República Federativa del Brasil, a efectos de participar en la Operación Combinada "AGUAS CLARAS VI", conjuntamente con buques de la Armada Nacional, desde el 6 al 10 de mayo de 2008. C/2524/008

- A la Comisión de Defensa Nacional

INFORMES DE COMISIONES

La Comisión de Hacienda se expide, con informes en mayoría y en minoría, sobre el proyecto de ley por el que se fija un régimen de consolidación de adeudos sobre sueldos y pasividades. C/2122/007

La Comisión de Asuntos Internacionales se expide sobre el proyecto de ley por el que se aprueba el Acuerdo con la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones, suscrito en Montevideo, el 6 de mayo de 2002. C/2290/007

- Se repartieron con fecha 2 de mayo

La Comisión de Hacienda aconseja el archivo de los siguientes asuntos:

  • por el que se establecen franquicias en el ingreso de mercaderías al territorio nacional, por parte de personas que no puedan comprobar una permanencia mayor a las 24 horas en un Estado Parte del MERCOSUR, así como a los residentes de esos Estados Partes que ingresen con fines de turismo o negocios. C/852/000

  • por el que se suspenden, por el término de ciento veinte días, las ejecuciones judiciales originadas por deudas en dólares de los Estados Unidos de América y se crean comisiones mediadoras especiales con la finalidad de procurar fórmulas de conciliación y decidir controversias en los casos que se determinan. C/2488/002

  • por el que se dictan normas para la refinanciación y cancelación de deudas contraídas con anterioridad al 31 de diciembre de 2003 y se suspenden todas las ejecuciones judiciales y extrajudiciales por las contraídas con el sistema financiero. C/96/005

- Si no se observa, así se procederá

COMUNICACIONES GENERALES

La Junta Departamental de Rivera remite copia del texto de la exposición realizada por un señor Edil, relacionada con la construcción de un CTI Pediátrico en la capital del citado departamento. C/11/005

- A la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

La Junta Departamental de Cerro Largo remite copia del texto de la exposición realizada por una señora Edila, acerca de los aportes rurales al Banco de Previsión Social. C/242/005

- A la Comisión de Seguridad Social

La Junta Departamental de Maldonado remite copia de las siguientes exposiciones:

- A la Comisión de Hacienda

- A la Comisión de Educación y Cultura

La Junta Departamental de Paysandú remite copia de la exposición realizada por un señor Edil, por la que rindió homenaje a militantes políticos fallecidos a causa de actos de violencia en el año 1972. C/24/005

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

La Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Bertil R. Bentos, referente a la situación edilicia del Liceo Rural "Protector de los Pueblos Libres" de la localidad de Chapicuy, departamento de Paysandú. C/22/005

La Asociación de Escribanos del Uruguay acusa recibo de la exposición realizada por el señor Representante Gustavo Borsari Brenna, en sesión de 11 de marzo de 2008, por la que plantea diversas consideraciones sobre la clase media de nuestro país. S/C

La Intendencia Municipal de Salto acusa recibo de las siguientes exposiciones realizadas:

La Corte Electoral comunica que:

La Intendencia Municipal de Rivera contesta la exposición realizada por el señor Representante Alfredo Asti, en sesión de 4 de marzo de 2008, referida a la pertinencia de resolver por ley la problemática relativa al pago de tributos sobre vehículos automotores. S/C

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto contesta el pedido de informes del señor Representante Dardo Sánchez Cal, relacionado con la realización de diversas obras de infraestructura en el departamento de Treinta y Tres. C/2430/008

La Suprema Corte de Justicia contesta los siguientes asuntos:

- A sus antecedentes

La Junta Departamental de Paysandú comunica la integración de la Mesa de dicho Cuerpo a partir del día 11 de abril de 2008. C/97/005

- Téngase presente

COMUNICACIONES DE LOS MINISTERIOS

El Ministerio de Economía y Finanzas contesta los siguientes asuntos:

  • del señor Representante Richard Charamelo, relacionado con el proceso de capitalización de la ex Cooperativa COFAC, a partir del año 2005. C/2352/008

  • de la señora Representante Nora Gauthier, acerca de la aplicación del artículo 76 de la Ley Nº 18.250, de 6 de enero de 2008, por parte de la Dirección Nacional de Aduanas. C/2473/008

  • del señor Representante Luis García Da Rosa, referente a las indemnizaciones legalmente previstas para los damnificados por la construcción de la represa de Salto Grande. C/2490/008

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca contesta la exposición escrita presentada por el señor Representante Guido Machado, relacionada con la implementación de medidas ante el avance de nuevos casos de rabia paralítica en el departamento de Rivera. C/22/005

El Ministerio de Industria, Energía y Minería contesta la exposición realizada por el señor Representante David Doti Genta, en sesión de 17 de octubre de 2007, acerca de las familias de escasos recursos del interior del país que no acceden a la energía eléctrica, en particular, en tres centros poblados del departamento de Paysandú. S/C

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contesta el pedido de informes del señor Representante Daniel Mañana, referente a una resolución dictada por el Banco de Previsión Social que autoriza la declaración jurada como medio de prueba de servicios prestados con anterioridad a la vigencia de la historia laboral. C/2300/007

El Ministerio del Interior contesta las siguientes exposiciones escritas:

La citada Secretaría de Estado acusa recibo de las siguientes exposiciones realizadas:

El Ministerio de Salud Pública contesta el pedido de informes del señor Representante Jaime Mario Trobo, relacionado con la vacuna contra el virus Papiloma Humano. C/2371/008

- A sus antecedentes

PEDIDOS DE INFORMES

El señor Representante Pablo Abdala solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con destino al Banco de Previsión Social, acerca de los aportes patronales y del personal dependiente, efectuados por los clubes deportivos. C/2507/008

El señor Representante Nelson Rodríguez Servetto solicita se cursen los siguientes pedidos de informes, relacionados con los ciudadanos comprendidos en la Ley Nº 18.033, de 13 de octubre de 2006, relativo a personas impedidas de acceder al trabajo por motivos políticos o sindicales:

  • al Ministerio de Economía y Finanzas. C/2508/008

  • al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. C/2509/008

- Se cursaron con fecha 22 de abril

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se cursen los siguientes pedidos de informes:

- Se cursó con fecha 23 de abril

  • al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y PÓRTLAND, relacionado con la presunta venta de gas oil a un emprendimiento agropecuario extranjero, a un precio inferior al de mercado. C/2511/008

- Se cursó con fecha 28 de abril

El señor Representante Carlos Enciso Christiansen solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, acerca de la contratación de personal eventual para desempeñar tareas de peón en la ciudad capital del departamento de Florida. C/2512/008

- Se cursó con fecha 29 de abril

La señora Representante Ana Laura Gadea solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y por su intermedio al Consejo de Educación Primaria, referente a la construcción de una escuela en el barrio La Higuera de la ciudad capital del departamento de Durazno. C/2513/008

El señor Representante Gonzalo Novales solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio a la Dirección Nacional de Aduanas, sobre las obras proyectadas en la oficina del citado organismo en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. C/2514/008

La señora Representante Ana Laura Gadea solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas:

- Se cursaron con fecha 30 de abril

El señor Representante Alfredo Asti solicita se curse un pedido de informes al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sobre el cese de un Ministro de dicha Corporación y su comunicación a la Asamblea General. C/2518/008

- Se cursó con fecha 2 de mayo

El señor Representante Luis Alberto Lacalle Pou solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, relacionado con el monto de dinero destinado a publicidad por parte del citado Ente. C/2519/008

El señor Representante Edgardo Rodríguez solicita se cursen los siguientes pedidos de informes al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Dirección Nacional de Medio Ambiente:

El señor Representante Dardo Sánchez Cal solicita se curse un pedido de informes a los Ministerios de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y de Desarrollo Social, sobre un relevamiento efectuado por dichas Secretarías de Estado relativas a la situación socioeconómica y geográfica de la ciudad capital del departamento de Treinta y Tres. C/2527/008

El señor Representante Edgardo Rodríguez solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con destino a la Administración de Ferrocarriles del Estado, relacionado con un bien inmueble de propiedad de dicho Ente, ubicado en la ciudad capital del departamento de Tacuarembó. C/2528/008

El señor Representante Daniel Bianchi solicita se curse un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social, acerca de las personas que se desempeñan como cuidadoras en los hogares alternativos del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y su vinculación contractual o estatutaria con el referido Organismo. C/2529/008

- Se cursan con fecha de hoy

PROYECTOS PRESENTADOS

La señora Representante Mónica Travieso y el señor Representante Alberto Casas presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "Wenceslao Varela" la Escuela Rural Nº 23 del paraje Coronilla, departamento de San José. C/2525/008

- A la Comisión de Educación y Cultura

El señor Representante Gonzalo Novales presenta, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se designa "José D’Acosta" la dependencia de la Dirección Nacional de Meteorología que funciona en el Aeródromo Ricardo Detomasi de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano. C/2526/008

- A la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración

Varios señores Representantes presentan, con su correspondiente exposición de motivos, un proyecto de ley por el que se faculta al Poder Ejecutivo a reducir hasta el uno por ciento la tasa del Impuesto al Valor Agregado aplicable a los productos de primera necesidad. C/2530/008

- A la Comisión de Hacienda".

3.- Proyectos presentados.

1) "WENCESLAO VARELA. (Designación a la Escuela Rural Nº 23 del paraje Coronilla, departamento de San José).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnese a la Escuela Rural Nº 23 del Paraje Coronilla, del departamento de San José, dependiente del Consejo de Educación Primaria, Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), con el nombre de "Wenceslao Varela".

Montevideo, 22 de abril de 2008.

ALBERTO CASAS, Representante por San José, MÓNICA TRAVIESO, Representante por San José.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Escuela Nº 23 Rural del Paraje Coronilla, del departamento de San José, no cuenta con un nombre propio.

Es un anhelo del personal docente, alumnos, padres y vecinos de la zona que la misma sea nominada con el nombre del reconocido poeta maragato Wenceslao Varela.

La Escuela Nº 23 es el centro educativo más cercano al lugar donde vivió el poeta, aunque no concurrió a la misma ya que el río San José se lo impedía.

En el próximo mes de mayo del corriente, el país entero estará celebrando el centenario del nacimiento del célebre poeta criollo, Wenceslao Varela.

Nacido el 25 de mayo de 1908, en el paraje "El Cautivo" a la margen izquierda del río San José, fue desde pequeño un trabajador del campo, que desempeñaba con gran entusiasmo distintas tareas en las estancias vecinas, convirtiéndose en peón de tropa y domador.

Como buen trabajador, siempre arraigado a la idea de progresar, buscó capacitarse por correspondencia en distintas áreas como fueron electricidad, contabilidad y radio, cursos que pagó con el rédito de horas de trabajo en la realización de lazos, instalaciones eléctricas e incluso la pintura de carteles publicitarios.

Convertido en un hombre del campo, contrajo matrimonio con Amanda R. Alfonso y fruto del mismo nacieron siete hijos: Nery Wenceslao, Yamandú (fallecidos), Primavera, José Umaitá, Aquidabán, Urunday y Alborada.

No conforme con sus nuevos roles de padre y esposo, decidió continuar con el rol de trabajador, haciéndolo en la Jefatura de Policía de San José durante un tiempo antes de jubilarse.

Wenceslao Varela comenzó su carrera literaria siendo muy joven, y la misma se prolongó por más de 40 años dedicándose al verso criollo.

Su primer libro, "El Nativo", vio la luz cuando el poeta contaba con tan solo 17 años, momento de la vida en que se encontraba lleno de inspiración, y que fue publicado en el año 1930. Luego continuó escribiendo obras como "Candiles", "Vinchas", "Diez Años sobre el Recao", "Trote Chasquero" y tantas otras. Junto a Osiris Rodríguez Castillos escribió "Dos Poetas Orientales" y "Glorias Orientales" junto con Abel Soria.

Payadores y troveros orientales han grabado los versos de Wenceslao y los han incluido en sus repertorios, presentándolos en distintos espectáculos a lo largo y ancho de nuestro país. Los reconocidos Santiago Chalar y Santos Inzaurralde difundieron la obra del poeta dentro y fuera de fronteras.

Muchos han sido los premios y reconocimientos recibidos a tan larga y vasta trayectoria, tanto que en el año 1989 en el Teatro Macció, del departamento de San José, los Intendentes de San José y de Durazno, le hacían entrega del mayor galardón, el "Charrúa de Oro", del Festival Nacional de Durazno.

Si bien esta fue una de la mayores recompensas que recibió el autor por sus obras, cabe destacar que en el mismo año el Ministerio de Educación y Cultura decidió también homenajearlo publicándole sus versos "Diez Años sobre el Recao" con el prólogo escrito por Julio César Da Rosa.

En el Teatro Macció y en el mes de noviembre del año 1996, se presentó por última vez en público, cosechando una ovación de los presentes con muestras de respeto, simpatía y cariño. En esta oportunidad se presentó la segunda edición de su libro de cuentos, "Albardones", sobre el que el propio Wenceslao comentaba: "Este libro es un poco retazos de mi vida y que estaban durmiéndose un poco en el olvido"…

El 25 de enero de 1997, mientras se encontraba internado en el Sanatorio San José, se producía su deceso.

Nos dejó un legado inmenso, su literatura gauchesca reflejará siempre nuestra identidad, llegando así a las generaciones futuras, quienes podrán compenetrarse con nuestras más puras tradiciones, y designar la Escuela Nº 23 con el nombre de Wenceslao Varela sería de estricta justicia para con el poeta.

Montevideo, 22 de abril de 2008.

ALBERTO CASAS, Representante por San José, MÓNICA TRAVIESO, Representante por San José".

2) "JOSÉ D'ACOSTA. (Designación a la dependencia de la Dirección Nacional de Meteorología que funciona en el Aeródromo Ricardo Detomasi de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Desígnese con el nombre de "José D’Acosta" a la dependencia de la Dirección Nacional de Meteorología que funciona en el Aeródromo Ricardo Detomasi de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano.

Montevideo, 22 de abril de 2008.

GONZALO NOVALES, Representante por Soriano.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Durante más de medio siglo, el señor José Antonio D’Acosta Sangenis trabajó y tuvo proyección internacional en el área de la astronomía. Había nacido en Mercedes el 4 de mayo de 1890, y falleció en esa ciudad el 11 de junio de 1961.

Desde muy joven se inició en la búsqueda de material y la observación del espacio cósmico. Basó sus estudios en obras del astrónomo francés Camille Flammarion, aunque también se nutrió de los conocimientos de otros estudiosos de diferentes países, inclusive de Argentina, que, estaban muy actualizados en su época. La observación de las variantes en las manchas solares eran la clave principal de sus predicciones meteorológicas, que, por sus aciertos, le valieron el respeto y prestigio internacional.

Existe una muy variada gama de información periodística que avala los muchos pronósticos emitidos con bastante antelación, que sorprendían a importantes observatorios internacionales, pues se transformaban en realidad, tal cual lo había indicado D’Acosta.

Tenía un establecimiento agropecuario en Paraje Coquimbo, departamento de Soriano, llamado "El Atalaya", y en una elevación del campo, en la década de 1930 realizaba observaciones nocturnas con un pequeño telescopio y otros elementos que él mismo se proporcionaba. Era un autodidacta.

Cuando se planteó la construcción del actual edificio para la Intendencia Municipal de Soriano, algunos allegados, discretamente establecieron contactos con algunos actores del proyecto para que se le dedicara un espacio elevado para establecer el observatorio que D’Acosta poseía. Pudo instalar su observatorio que denominó "Flammarion" en honor al prestigioso científico galo. Su vida fue muy sencilla, silenciosa, pero muy participativa de las distintas actividades tanto sociales como culturales y deportivas.

Recogiendo el interés de muchos conciudadanos en homenajear al señor José A. D’Acosta es que presentamos este proyecto de ley, que esperamos tenga un rápido tratamiento.

Montevideo, 22 de abril de 2008.

GONZALO NOVALES, Representante por Soriano".

3) "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A LOS PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. (Se faculta al Poder Ejecutivo a reducir la tasa aplicable hasta el uno por ciento).

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Propónese al Poder Ejecutivo que en ejercicio de sus facultades proceda a reducir hasta el 1% (uno por ciento) la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a los siguientes artículos:

A) Pan blanco común y galleta de campaña.

B) Pescado, carne y menudencias (frescos, congelados o enfriados).

C) Aceites comestibles.

D) Arroz.

E) Harina de cereales y subproductos de su molienda.

F) Pastas y fideos.

G) Sal para uso doméstico.

H) Azúcar.

I) Yerba.

J) Café.

K) Té.

L) Grasas comestibles.

LL) Frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural.

M) Jabón de limpieza (en barra y detergente) y de tocador común.

N) Pasta dental.

Ñ) Hipoclorito de sodio.

P) Insecticida de uso doméstico.

Montevideo, 6 de mayo de 2008.

JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, PABLO ABDALA, Representante por Montevideo, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ALBERTO CASAS, Representante por San José.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El progresivo aumento de los precios, que según opinión experta es atribuible a la influencia del contexto económico interno e internacional, es sin dudas una circunstancia que afecta fundamentalmente a los trabajadores de ingresos fijos, licuando por esta vía la recuperación de sus salarios. A ello se suma el aumento de los combustibles que entró a regir en las últimas horas y que ejercerá sin dudas presión inflacionaria. Naturalmente habrá de incidir en los precios de la economía y sobre todo en los ingresos de los sectores populares de la población.

El crecimiento de la economía nacional en los últimos años, es un dato objetivo que ha permitido la recuperación de las arcas del Estado. A su vez en el marco de la Reforma Tributaria, aumentó la recaudación, no sólo por efecto de una mayor eficiencia del sistema, sino también a causa del esfuerzo "contributivo" realizado por las familias. Es del bolsillo de los contribuyentes de donde provienen -en buena medida- los recursos que hacen posible no sólo la sostenibilidad de los programas sociales, sino también el funcionamiento del Estado en general.

En estas circunstancias no se puede esperar otra respuesta que sensibilidad política y prudencia fiscal de parte de quienes tenemos responsabilidades públicas.

Creemos que es hora de proponer medidas tendientes a aliviar el impacto que este fenómeno inflacionario provoca en los ingresos de las familias. Sin dudas, el desarrollo económico es un objetivo deseable para cualquier sociedad, pero en momentos como el actual, es necesario apoyar a quienes no tienen más recursos que los derivados del fruto de su trabajo.

Con este proyecto de ley, se pretende contribuir al acceso a una canasta familiar básica, a través de la reducción de la tasa del IVA aplicable a sus componentes. Creemos que esta medida tendrá impacto inmediato en la economía familiar.

Montevideo, 6 de mayo de 2008.

JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha, JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo, GUSTAVO BORSARI BRENNA, Representante por Montevideo, PABLO ABDALA, Representante por Montevideo, RODOLFO CARAM, Representante por Artigas, LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones, ALBERTO CASAS, Representante por San José".

4.- Exposiciones escritas.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Está abierto el acto.

(Es la hora 16 y 22)

——Dese cuenta de las exposiciones escritas.

(Se lee:)

"El señor Representante Alberto Casas solicita se curse una exposición escrita el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de San José, con destino a la Junta Local de Rafael Perazza, sobre la construcción de viviendas para Pueblo Mangrullo, en el citado departamento. C/22/005

El señor Representante Germán Cardoso solicita se curse una exposición escrita al Ministerio del Interior, relacionada con la instalación de oficinas de Identificación Civil en las ciudades de San Carlos y Pan de Azúcar, departamento de Maldonado. C/22/005

El señor Representante David Doti Genta solicita se cursen las siguientes exposiciones escritas:

El señor Representante Álvaro Alonso solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la necesidad de realizar obras de reparación en las calles del barrio San Vicente, departamento de Montevideo. C/22/005

El señor Representante Federico Casaretto solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Turismo y Deporte y de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y a los Consejos de Educación Primaria y Secundaria; al Instituto Uruguayo-Argentino de Punta del Este y a los medios de comunicación del departamento de Maldonado, acerca del otorgamiento de certificados de gestión de calidad al citado instituto de enseñanza por parte del Laboratorio Tecnológico del Uruguay. C/22/005

El señor Representante Julio Cardozo Ferreira solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, referente a la situación de diversas dependencias del citado Instituto en el departamento de Tacuarembó. C/22/005

El señor Representante Jaime Mario Trobo solicita se curse una exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Relaciones Exteriores, y por su intermedio a la Embajada de Uruguay en la República de Cuba, para su remisión a la organización "Damas de Blanco"; a la Embajada de la República de Cuba en Uruguay; al Parlamento Latinoamericano; a la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del citado Parlamento; a la Unión Interparlamentaria; a la Secretaría General Iberoamericana; a la Cámara de Senadores, para su remisión a la Comisión de Asuntos Internacionales; y a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, sobre la situación de los derechos humanos en la República de Cuba y la labor que desarrollan las Damas de Blanco. C/22/005

Varios señores Representantes solicitan se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, relacionada con la posibilidad de reducir hasta el uno por ciento la tasa del Impuesto al Valor Agregado aplicable a los productos de primera necesidad. C/22/005

El señor Representante Dardo Sánchez Cal solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, y por su intermedio a la Junta Local de General Enrique Martínez; a la Organización No Gubernamental "Centro Comunitario Charqueada"; y a la emisora FM Líder, acerca de la necesidad de instalar un Centro CAIF en la citada localidad. C/22/005

El señor Representante Gonzalo Novales solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, referente a la necesidad de retirar los cajeros automáticos ubicados en las salas de juegos o casinos, como parte de una campaña para la prevención de la ludopatía. C/22/005".

——Se votarán oportunamente

5.- Inasistencias anteriores.

Dese cuenta de las inasistencias anteriores.

(Se lee:)

"Inasistencias de Representantes a la sesión extraordinaria realizada el día 22 de abril de 2008.

Con aviso: José Amorín Batlle, Manuel María Barreiro, Gustavo Bernini, Diego Cánepa, Richard Charamelo, Ana de Armas, Sandra Etcheverry, Luis García Da Rosa, Daniel García Pintos, Rodrigo Goñi Romero, Eduardo Guadalupe, Edgardo Ortuño, Mario Pérez, Pablo Pérez González, Juan Andrés Roballo, Javier Salsamendi y Carlos Signorelli.

Sin aviso: Gloria Benítez, José Luis Blasina, Nora Castro, Silvana Charlone, Edgardo Duarte, Luis José Gallo Imperiale, Carlos Maseda, Gonzalo Mujica y Jorge Pozzi.

Inasistencias a las Comisiones.

Representantes que no concurrieron a las Comisiones citadas:

Miércoles 23 de abril.

DERECHOS HUMANOS

Con aviso: Edgardo Rodríguez.

HACIENDA

Con aviso: Silvana Charlone.

Jueves 24 de abril.

ESPECIAL PARA INFORMAR, PROYECTAR Y EVENTUALMENTE LEGISLAR SOBRE LOS INTERESES URUGUAYOS EN LA ANTÁRTIDA.

Con aviso: Luis Alberto Lacalle Pou; Pedro Soust; Washington Abdala.

Martes 29 de abril.

ASUNTOS INTERNOS

Con aviso: Blanca Ferreira.

ESPECIAL SOBRE MARCO COOPERATIVO

Con aviso: Bertil Bentos; Daniel Bianchi.

Miércoles 30 de abril.

ASUNTOS INTERNACIONALES

Con aviso: Enrique Pintado.

CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS, LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Con aviso: Diego Cánepa.

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Con aviso: Mauricio Cusano; Sandra Etcheverry".

6.- Exposiciones escritas.

——Habiendo número, está abierta la sesión.

Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de que se dio cuenta.

(Se vota)

——Cuarenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(Texto de las exposiciones escritas:)

1) Exposición del señor Representante Alberto Casas al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con destino a la Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de San José, con destino a la Junta Local de Rafael Perazza, sobre la construcción de viviendas para Pueblo Mangrullo, en el citado departamento.

"Montevideo, 22 de abril de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; a la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR); a la Intendencia Municipal de San José y, por su intermedio, a la Junta Local de Rafael Perazza; y a la Junta Departamental de San José. Pueblo Mangrullo o pueblo Leoncio Rivero se encuentra ubicado a 9 kilómetros del pueblo Rafael Perazza -kilómetro 72 de la Ruta Nacional Nº 1, Brigadier General Manuel Oribe- al sur, por camino a Voulminot, en el departamento de San José. Es una zona privilegiada en cuanto a las riquezas naturales que allí se encuentran, con campos y tierras aptos para la cría de ganado y para la agricultura, cuyos valores CONEAT son de los más altos del país. En su área de influencia, se encuentran radicadas numerosas agroindustrias, que brindan trabajo a los pobladores de la zona y del departamento. Tan es así que a diario llegan a Mangrullo alrededor de seis ómnibus que transportan a los trabajadores provenientes de distintos centros poblados del departamento (ciudades de San José de Mayo y de Libertad, Ciudad del Plata, villa María y otros), quienes desempeñan tareas en las agroindustrias de la zona. En época de zafra, la cantidad de ómnibus que llegan se duplica por la contratación de trabajadores zafrales. Como Representantes Nacionales por el departamento de San José, estamos en permanente contacto con los vecinos de las distintas localidades. Hoy ocupa nuestra atención pues nos preocupa la situación que atraviesan las familias radicadas en esa zona. Son, aproximadamente, treinta y cinco familias -entre ciento veinte y ciento treinta personas- las que viven en Mangrullo, muchas de las cuales no han logrado aún tener vivienda propia. Hace unos años se formó una Comisión Pro Viviendas, integrada por residentes del pueblo y sus alrededores, en procura de obtener el visto bueno de MEVIR, para una futura construcción de viviendas o de unidades productivas. Oportunamente, fue presentada la documentación requerida en las oficinas de MEVIR, pero hasta la fecha no se ha resuelto nada ni se ha avanzado en relación a la construcción de las soluciones habitacionales solicitadas. Cabe destacar que son, aproximadamente, cuarenta y cinco familias aspirantes a vivienda, que cuentan con el terreno, el que fue donado por un vecino. Estamos en conocimiento de que el terreno mencionado cuenta con los servicios de energía eléctrica y de agua potable. Es anhelo de los vecinos el permanecer radicados en la zona, poder quedarse en su lugar y allí seguir trabajando en busca de un futuro mejor sobre todo para los jóvenes, procurando evitar el desarraigo y que no siga aumentando la migración campo-ciudad, que tanto mal le ha causado a nuestra campaña. Es nuestro interés obtener de parte de las autoridades de MEVIR, la información relativa al estado en que se encuentra el trámite de solicitud para la construcción de viviendas en Mangrullo, que entendemos ya lleva muchos años de espera. Con el convencimiento de que se pondrán en marcha los mecanismos necesarios a fin de poder evacuar la presente consulta, saludamos al señor Presidente muy atentamente. ALBERTO CASAS, Representante por San José".

2) Exposición del señor Representante Germán Cardoso al Ministerio del Interior, relacionada con la instalación de oficinas de Identificación Civil en las ciudades de San Carlos y Pan de Azúcar, departamento de Maldonado.

"Montevideo, 22 de abril de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio del Interior. Cuando nací, hace 34 años, en el departamento de Maldonado, existía casi 65.000 habitantes. En estos últimos 15 años se ha evidenciado una explosión demográfica increíble, produciéndose un fenómeno de migración interna de proporciones. En el censo del año 2004 ya existían más del doble de población que en 1973: 140.192 personas. Se calcula que en la actualidad son 200.000 habitantes, aproximadamente, en todo el departamento. Aunque parezca algo contradictorio, ese fenómeno incontrolable de superpoblación, fue el origen de varios de los problemas que afectan la zona. Tan rápido e imprevisible fue ese aumento, que todo el sistema y las infraestructuras han colapsado y se han visto superados en todas las áreas, ya sea de la salud, de la educación, de vivienda, de seguridad, de servicios, y demás. Maldonado tiene una gran deficiencia y el Estado debe corresponder a un departamento generador de riquezas, que ha cobijado, generosamente, a trabajadores y familias de toda la República, que merecen una mejor calidad de vida. Las oficinas de las distintas dependencias estatales y el organigrama de funcionamiento de las mismas, no han sido ajenas al vertiginoso incremento de la población. No es posible que en un departamento con casi 200.000 habitantes exista solo una repartición de identificación civil en la capital departamental. Es algo en lo que también debe haber una adecuación a la nueva realidad. Ante la fuerza de los hechos, solicitamos la puesta en funcionamiento de dos nuevas oficinas del área mencionada, para atender en forma correcta y decorosa a la población maldonadense, y evitar las molestias de los traslados, para las constantes gestiones que se deben realizar, a los efectos de sacar o regularizar la documentación y otros trámites, cédula de identidad, pasaportes y demás. Es realmente penoso ver las largas colas en la única oficina existente en la calle Dodera de nuestra ciudad capital, donde los usuarios de todos los rincones del departamento, desde la madrugada, deben esperar su turno para obtener número para el trámite. La ciudad de San Carlos, por sí sola, tiene más habitantes que varias capitales departamentales del resto del país. Del mismo modo, la zona oeste concentra varias decenas de miles de habitantes, muchas más que un sinnúmero de localidades que ya poseen ese servicio indispensable, para nuestra reglamentada convivencia. Por ese motivo, solicitamos al Ministerio del Interior la instalación de una oficina de Identificación Civil en la ciudad de San Carlos y toda su importante zona de influencia, en la campaña y en la zona norte, que abarca hasta la ciudad de Aiguá. La otra oficina tendría que estar ubicada en la ciudad de Pan de Azúcar, para centralizar en ella todos los trámites de las poblaciones de Solís, Bella Vista, Las Flores, Playa Verde, Playa Hermosa, Playa Grande, Piriápolis, pueblo Obrero, Punta Fría, San Francisco, Punta Colorada, Punta Negra, Gregorio Aznárez, Cerros Azules, estación Las Flores, Gerona, Nueva Carrara y toda la basta área rural de la zona oeste maldonadense. Ese sería un acto de estricta justicia administrativa, ya que es una de las tantas falencias que enfrenta la gente de Maldonado en el día a día. También sería un acto de estricta justicia social, una contundente demostración de lo que debe ser una gestión práctica y eficiente. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GERMÁN CARDOSO, Representante por Maldonado".

3) Exposición del señor Representante David Doti Genta a la Presidencia de la República; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Paysandú, y por su intermedio a las Juntas Locales de Lorenzo Geyres, Quebracho, Chapicuy, Piedras Coloradas, Guichón y Tambores; y a los medios de difusión del citado departamento, acerca de las demoras en la ejecución de obras viales en rutas nacionales y en los accesos a las citadas localidades.

"Montevideo, 28 de abril de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; a la Junta Departamental de Paysandú; a la Intendencia Municipal de Paysandú y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Lorenzo Geyres, de Quebracho, de Chapicuy, de Piedras Coloradas, de Guichón y de Tambores; y a los medios de comunicación de Paysandú. Después de la aprobación del Presupuesto Quinquenal 2005-2010, nos parece importante realizar algunas precisiones y sugerencias respecto a las obras incluidas y, sobre todo, respecto a aquellas que no han sido contempladas y que son de gran importancia para la infraestructura vial del departamento de Paysandú. Deseamos expresar también que estamos a más de dos años de la entrada en vigencia del mismo y nada se ha realizado de lo planillado. Es cierto que en el presupuesto quinquenal hemos podido apreciar que se proyectan obras en parte de la Ruta Nacional Nº 90 Ruta de los Charrúas, desde el kilómetro 24,500 hasta el kilómetro 70,700, en la que se aplicará doble capa de bitumen. Somos conscientes de que los recursos del presupuesto incluyen a todo el país pero, también es cierto, que queda sin realizar un importante tramo, que va desde el kilómetro 70,700 hasta la ciudad de Guichón, pasando por las Termas de Almirón, de una extensión aproximada de 20 kilómetros; así como el tramo comprendido entre los kilómetros 15 y 24,500 de la referida ruta. De la misma manera, el tramo de la Ruta Nacional Nº 4 Andrés Artigas, que va desde la ciudad de Guichón hasta el Paso de Andrés Pérez, en el puente sobre el río Queguay Chico, tampoco ha merecido la atención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero, lo que más nos preocupa, es que las obras que se realizarían no serían las adecuadas al tránsito que actualmente existe, el que, en poco tiempo más, se incrementaría en miles de toneladas por ser la mencionada ruta la salida de la producción agrícola, ganadera, citrícola y forestal. Ese hecho hubiera ameritado un tratamiento distinto de la carpeta asfáltica, por el excesivo peso que deberá soportar por lo que, al realizarse de la manera en que está proyectada, sería una inversión de corto plazo. El tiempo dirá si tenemos razón en cuanto a que, en la forma proyectada, no se solucionarían, definitivamente, los problemas viales de la zona. Es justo decir que está previsto el ensanche y el refuerzo de los puentes existentes, entre los kilómetros 58,500 y 198 de la Ruta Nacional Nº 26 Brigadier General Leandro Gómez, que hoy tienen un grado importante de peligrosidad por ser muy angostos. La Ruta Nacional Nº 26 es el eje de comunicación este-oeste de nuestro país, en primera instancia con la República Argentina y con la República Federativa del Brasil, por lo que no comprendemos cómo el trabajo a realizarse en los kilómetros mencionados estén proyectados con tratamiento bituminoso simple. Hoy, más que nunca, cuando hablamos de insertamos en el Mercosur, ese eje debería ser construido en carpeta asfáltica, no solo por su durabilidad, sino también para que por su importancia permita el desarrollo a la zona centro del país. Vemos con preocupación que se anuncian obras en el entorno de los 100 millones de dólares en la zona sur de nuestro país, una de ellas es el anillo perimetral metropolitano, la culminación de la doble vía de la Ruta Nacional Nº 1 Brigadier General Manuel Oribe, lo que no criticamos, pero siempre el norte queda relegado en la magnitud de las inversiones. En nuestro departamento no están previstas -y por eso lo vamos a expresar, para que sea tomado en consideración para esta rendición de cuentas- obras de infraestructura vial que tiendan a solucionar problemáticas de seguridad y que, además de las anteriormente citadas, nos parecen de fundamental importancia, en el tramo de la Ruta Nacional Nº 3 General José Artigas que pasa por el departamento de Paysandú. Las obras que solicitamos que se realicen son: Iluminación: Intersección de las Rutas Nacionales Nº 3 y Nº 26. Construcción de tréboles e iluminación: A) Ruta Nacional Nº 3 y la Ruta Nacional Nº 108 Wilson Ferreira Aldunate. B) Ruta Nacional Nº 3 y la entrada al pueblo Lorenzo Geyres. C) Ruta Nacional Nº 3 y la entrada a villa Quebracho. D) Ruta Nacional Nº 3 y la entrada a la localidad de Chapicuy. E) Ruta Nacional Nº 90 Ruta de los Charrúas y la entrada a la localidad de Piedras Coloradas. F) Ruta Nacional Nº 26 y la entrada a villa Tambores. Debemos, asimismo, expresar que en la anterior rendición de cuentas se reasignaron recursos, sacándoseles al presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, para asignárselos al de Educación, lo que compartimos, pero entendemos que se dejan de hacer obras de infraestructura y viviendas, que no sólo generan fuentes de trabajo, sino que solucionan en parte el gran déficit habitacional de nuestro país. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú".

4) Exposición del señor Representante David Doti Genta a la Presidencia de la República; al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, y por su intermedio al Consejo de Educación Primaria, a la Inspección Departamental de Escuelas de Paysandú, y a la Escuela Nº 48 de Lorenzo Geyres; a la Comisión de Apoyo a dicha Escuela; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Paysandú, y por su intermedio a la Junta Local de Lorenzo Geyres, referente a la adjudicación de fondos para reformas y ampliaciones en el citado centro de estudios.

"Montevideo, 28 de abril de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Educación y Cultura, con destino al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Primaria, a la Inspección Departamental de Paysandú, a la Escuela Nº 48 de Lorenzo Geyres; a la Comisión de Apoyo a la Escuela Nº 48 de Lorenzo Geyres, a la Intendencia Municipal de Paysandú y, por su intermedio, a la Junta Local de Lorenzo Geyres, y a la Junta Departamental de Paysandú. En las continuas recorridas por el interior de nuestro departamento, uno de los reclamos más insistentes de la comunidad educativa de la localidad de Lorenzo Geyres es la razón por la cual no se han invertido aún los dineros que surgieron y se destinaron en el año 2001, de la subasta de la terminal de contenedores, para la ampliación de dicho local escolar, donde además funcionan 7º, 8º, y 9º grados. Nuestra preocupación es que en el año 2001, cuando se realizó dicha subasta se adjudicaron US$ 52.000 (cincuenta y dos mil dólares de los Estados Unidos de América) para que la Escuela Nº 48 de dicha localidad pudiera realizar reformas y ampliaciones, sobre todo teniendo en cuenta que se comenzaban cursos de 7º, 8º y 9º grados. En los cinco años que han transcurrido -que abarcan esta Administración y la anterior- nosotros, como Ediles, junto con otros colegas, ex Diputados y actuales Diputados, insistimos en conocer qué había pasado con ese dinero. En su momento, se dijo que como consecuencia de la crisis financiera ese dinero se había reprogramado para tres años más adelante. Hace pocos días, a raíz de un pedido de informes que cursamos junto con los Diputados Rodrigo Goñi Romero y Sergio Botana, el Ministerio de Economía y Finanzas nos expresó que las partidas habían sido liberadas hacía más de dos años, no específicamente las de la Escuela Nº 48 de Lorenzo Geyres, sino las de muchos lugares en los que correspondía hacer obras de ANEP. Lo que más nos preocupa es que se han efectuado otras obras de montos similares en nuestro departamento y en otros. Hace pocos días, en esa incesante dinámica de cursar pedidos de informes por Oficios Nos. 5132, de 9 de mayo de 2006, 5429, de 17 de mayo de 2006, y 12276, de 10 de mayo de 2007, solicitamos al Consejo Directivo Central de la ANEP, al Consejo de Educación Primaria, a la Gerencia de Inversiones y al área económico-financiera que nos informara para cuándo estaba previsto invertir esos US$ 52.000, y la respuesta fue que si bien está en el convenio marco de ANEP con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aún no ha podido ser iniciada la elaboración de los planos y los recaudos correspondientes. A través de esta exposición escrita, queremos manifestar nuestra preocupación por el hecho de que después de cinco años, esa localidad, con dos complejos de la Comisión Honoraria pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR), construidos por gente muy trabajadora, con alumnos que provienen de las zonas rurales aledañas, que hacen un esfuerzo por quedarse en el interior del país, no tengan la posibilidad de que ese dinero -que en su momento fue generado para esos fines- sea utilizado para algo tan noble como lo es el invertir en esa edificación, lo que significa invertir en educación. A pesar de que el pedido de informes no nos fue contestado y no tenemos como norma reiterarlos, lo que nos interesa es conocer, no lo que ha pasado con los US$ 52.000, sino cuándo se van a comenzar las obras, que es lo más importante. Existe una inversión millonaria en dólares en el Plan Ceibal, cuando de esas visitas surgen tantas carencias en los locales escolares, un dinero afectado a obras tan importantes, no podemos pensar que la burocracia impida la concreción de las mismas. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú".

5) Exposición del señor Representante David Doti Genta a la Presidencia de la República; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Tacuarembó, y por su intermedio a la oficina de villa Tambores; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Paysandú, y por su intermedio a las Juntas Locales de villa Tambores y Guichón; y a los siguientes medios de prensa: Canal 3 de villa Tambores, Radio Paz, FM Cordialidad y canal de cable de Guichón, sobre los puntos de venta de combustibles pertenecientes a la citada Administración, en el interior del departamento de Paysandú.

"Montevideo, 28 de abril de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita a la Presidencia de la República; al Ministerio de Industria, Energía y Minería, con destino a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP); a la Intendencia Municipal de Tacuarembó y, por su intermedio, a su oficina de villa Tambores; a la Intendencia Municipal de Paysandú y, por su intermedio, a las Juntas Locales de Tambores y de Guichón; a las Juntas Departamentales de Tacuarembó y de Paysandú; a TV Cable de Tambores; a las radios Paz La Nueva Radio y Cordialidad FM, y a TV Cable de Guichón. Por la presente, queremos dar a conocer una realidad que se torna cada vez más dificultosa para los habitantes de villa Tambores -localidad ubicada en el límite entre los departamentos de Paysandú y de Tacuarembó-, con áreas urbanizadas en ambos departamentos. Una avenida es el límite departamental. Los habitantes de dicha localidad y los de su zona de influencia se enfrentan al grave problema de no tener dónde abastecerse de combustible, ya que el único lugar de venta -una estación de ANCAP- se encuentra cerrada desde el 22 de octubre de 2005, por una deuda que mantiene su concesionario con la empresa Distribuidora Uruguaya de Combustibles S.A. (DUCSA), que es propiedad de ANCAP, pero que se rige por el derecho privado. En estos 30 meses se ha generado una lógica preocupación que, con el transcurrir del tiempo, se ha convertido en una notoria desesperanza para los más de 1.500 habitantes de la villa y de su zona de influencia, dedicada a la explotación ganadera, forestal y agrícola. Al consabido problema de tener que proveerse de los distintos combustibles y sus derivados en la ciudad capital del departamento de Tacuarembó, distante 40 kilómetros, o en pueblo Piedra Sola a 30 kilómetros, debe agregarse el aumento de costos por los traslados correspondientes. Legisladores de ambos departamentos hemos realizado gestiones al respecto y, en particular, hemos sido atendidos deferentemente por el ex Presidente de ANCAP (hoy Ministro de Industria, Energía y Minería), ingeniero Daniel Martínez, así como, en más de una oportunidad, por el señor Presidente de DUCSA, contador Daniel Porrini, quien nos ha planteado, en primera instancia, que una solución sería que algún interesado compre la llave del negocio al actual concesionario -cosa que no ha sido posible por razones que no vienen al caso mencionar-. Otra posibilidad que se nos planteó -y que derivamos a los potenciales concesionarios- es que DUCSA estaría dispuesta a colocar dos surtidores ante algún comercio que posea una explanada, correspondiendo al comerciante la excavación para la colocación de los tanques de combustible. Asimismo, desde hace seis meses, la estación expendedora de nafta del sello ANCAP en pueblo Merinos (a 40 kilómetros de Guichón), en nuestro departamento, ha cerrado sus puertas por las mismas razones que la anterior, lo cual deja no sólo a dicho centro poblado, sino a una extensa zona agrícola, ganadera y forestal sin suministro de combustibles. De cualquier modo, la solución no se vislumbra a corto plazo, y los habitantes siguen siendo rehenes de la situación mencionada, con todos los perjuicios económicos y sociales que ello les provoca. En pleno siglo XXI, con los adelantos existentes, con las inversiones que hace y piensa realizar ANCAP, bien se podría encontrar una solución intermedia para beneficio, nada más ni nada menos, del tan mentado Uruguay productivo. Una propuesta: disponer de un camión con distintas reparticiones -que sabemos que los hay- que traslade y provea de combustible a quienes cada día se les torna más difícil la supervivencia en esos lugares que fueron, son y seguirán siendo, la palanca de desarrollo de nuestro querido país. Si bien reconocemos que existen muchas zonas en las que la venta de combustible no es un negocio rentable, los distintos sectores que integran el Gobierno siempre han apoyado la permanencia de los monopolios de los servicios públicos en manos de las empresas estatales, y uno de los argumentos que han utilizado es, precisamente, el referido a que una empresa privada actúa con criterios de lucro y no atendería -como se merecen- a los uruguayos radicados en los rincones más apartados en nuestro país. Esta es una buena oportunidad de justificar sus dichos y de apoyar a esos valientes ciudadanos que viven y trabajan por nuestro país, a pesar de los inconvenientes y de las dificultades que se les presentan día a día. Como conocemos la sensibilidad y la disposición de las autoridades pertinentes, solicitamos que, en el menor tiempo posible, se encuentre una solución a esta importante problemática socio-económica. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DAVID DOTI GENTA, Representante por Paysandú".

6) Exposición del señor Representante Álvaro Alonso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, relacionada con la necesidad de realizar obras de reparación en las calles del barrio San Vicente, departamento de Montevideo.

"Montevideo, 28 de abril de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. San Vicente es un barrio ubicado al norte del departamento de Montevideo. Consta de 3 padrones y lo integran ciento ochenta y tres familias. Esas familias ven con preocupación el estado en que se encuentran las calles y teniendo en cuenta que estamos a pocos días de que comience el invierno y la época en donde las lluvias son más intensas y las deterioran con más rapidez, se acercaron a nosotros para que, por nuestro intermedio, traslademos a las autoridades destinatarias de esta exposición escrita, la información de una de las tantas necesidades que el barrio tiene. El pedido que nos plantearon es el arreglo de las calles Estrella Polar, Calle A, Pasaje A y Pasaje B, que constan de dos cuadras cada una de ellas. Los vecinos del barrio, a través de una comisión, están juntando firmas para hacerle llegar a esa Secretaría de Estado una carta con el mismo fin, pero nuestra misión como legislador por el departamento de Montevideo es, también, hacer conocer este pedido. Con el ánimo de contribuir a resolver dicha problemática esperamos que desde ese Ministerio se pueda atender este planteo. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. ÁLVARO ALONSO, Representante por Montevideo".

7) Exposición del señor Representante Federico Casaretto a los Ministerios de Turismo y Deporte y de Educación y Cultura, y por su intermedio al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública y a los Consejos de Educación Primaria y Secundaria; al Instituto Uruguayo-Argentino de Punta del Este y a los medios de comunicación del departamento de Maldonado, acerca del otorgamiento de certificados de gestión de calidad al citado instituto de enseñanza por parte del Laboratorio Tecnológico del Uruguay.

"Montevideo, 29 de abril de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura y, por su intermedio, al Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), al Consejo de Educación Primaria y al Consejo de Educación Secundaria; al Ministerio de Turismo y Deporte; al Instituto Uruguayo Argentino, y a los medios de comunicación del departamento de Maldonado. Hace algunas semanas, en materia educativa, en el departamento de Maldonado, ocurría un hecho que lo coloca en el primer lugar del país, al contar con el primer colegio en ser certificado en gestión de calidad según la Norma Internacional ISO 9001:2000. Dicha certificación, fue obtenida por el Instituto Uruguayo Argentino, de la ciudad de Punta del Este. Es un centro educativo habilitado, laico, mixto, bilingüe español-inglés, con 30 años de existencia, que brinda educación formal en los niveles inicial (desde 15 meses de edad), primario y secundario (1º y 2º ciclo, con todas las orientaciones y opciones). El Instituto nació como Centro Integral Preescolar (CIPE), jardín de infantes autorizado por el Consejo de Educación Primaria el 28 de marzo de 1978. Su fundadora fue la maestra especializada en preescolares, señora Mirna Palacios de Tassano, con una vocación muy definida por los niños pequeños y de prestigiosa actuación docente en los departamentos de Maldonado y de Montevideo. Al tomar conocimiento de la inquietud de esta maestra de fundar un jardín de infantes, un grupo de padres residentes de la zona la estimularon para que llevara a cabo su aspiración. Año a año fue incrementándose la cantidad de alumnos, así como la de docentes y servicios. Entusiasmados con los resultados y consustanciados con la filosofía educativa de la institución, los padres solicitaron la apertura de cursos de educación primaria para sus hijos. En 1981, en agradecimiento a los padres uruguayos y argentinos que depositaron su confianza en el CIPE, pasa a denominarse al colegio en su nueva dimensión Instituto Uruguayo Argentino, incorporando el nuevo ciclo, con la habilitación del Consejo de Educación Primaria, quien lo designa con el Nº 8, continuando con una educación bilingüe, igualmente rica, profunda en valores humanistas y ambiciosa en la proyección del futuro de sus alumnos. En 1986, se inicia el Ciclo Básico de Secundaria, habilitado por el Consejo Directivo Central de la ANEP, al cual se agregará el Bachillerato Diversificado, hasta completar todas las orientaciones y opciones educativas. Esa institución tomó contacto con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) Sistemas, con el fin de conocer los requerimientos para certificar su calidad. No existía, en ese momento, en el Uruguay, una adaptación de la Norma ISO 9001 a la educación y LATU Sistemas invitó al Instituto Uruguayo Argentino a realizar un trabajo conjunto con el Colegio del Sagrado Corazón -Seminario- a fin de obtener visiones diferentes por su orientación filosófica y su ubicación geográfica, que permitieran la aplicación del producto resultante a cualquier instituto educativo. Se trabajó desde el año 2001, logrando la adaptación del manual y la elaboración del material para los cursos de Gestión de Calidad en instituciones educativas. En el año 2004, el Instituto comenzó a implementar un sistema de gestión de calidad, obteniendo la certificación en diciembre de 2007. El viernes 29 de febrero del año en curso, el Instituto Uruguayo Argentino recibió de LATU Sistemas y Quality Austria, los certificados ISO 9001:2000-LATU 942/01 e ISO 9001:2000-OQS 6515/0 por su gestión de calidad en la enseñanza de la lengua inglesa (educación inicial, primaria y secundaria) y en el seguimiento personal y académico del alumno a través de toda su escolaridad. Por lo expuesto, reitero el orgullo que significa para el departamento de Maldonado y para el Uruguay todo contar con un centro de enseñanza que cumple los máximos requisitos en la calidad educativa. Saludo al señor Presidente muy atentamente. FEDERICO CASARETTO, Representante por Maldonado".

8) Exposición del señor Representante Julio Cardozo Ferreira al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, referente a la situación de diversas dependencias del citado Instituto en el departamento de Tacuarembó.

"Montevideo, 2 de mayo de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social, con destino al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU). Queremos plantear, a través de esta exposición escrita, la preocupación existente por la situación del INAU de Tacuarembó, en lo atinente al que, en otros tiempos, fue el Preventorio Infantil. Asimismo, queremos señalar que hace algunos años, desde el 2000, más precisamente, las autoridades del entonces Instituto Nacional del Menor, cedieron, en régimen de comodato, dicho predio, de unas cuatro hectáreas, aproximadamente, al Centro Comunitario Sur, un emprendimiento destinado a la ayuda social. Dicha cesión tenía por objeto brindar mejores condiciones a la mencionada organización, de modo que pudiera cumplir adecuadamente sus objetivos. Hasta la fecha -ya han pasado ocho años- no se ha cumplido la cesión debido a que existe en el predio un ocupante -y un comercio-, lo que nada tiene que ver con la función social que debiera tener la propiedad pública. Existe carencia de inmuebles para ser destinados a tareas educativas, de recreación y de recuperación de adictos, entre otras tareas que debieran asumirse. Se debe restablecer la dignidad en la situación de vida de la minoridad más carente del departamento de Tacuarembó. Ante todo ello, existe un predio público que no cumple una función social ni pública de ningún tipo. Pretendemos que esta preocupación sea recibida por las autoridades, de modo que se inicien -o continúen, en caso de ya existir- las medidas pertinentes para devolver el rol social a la mencionada propiedad. En lo que es particular a la situación del Hogar de Menores, el 14 de agosto de 2007, por Oficio de esta Cámara cursado con el Nº 14701, de 14 de agosto de 2007, fue remitida una exposición escrita debido a que se había producido una serie de lamentables hechos, que culminaron con destrozos de distinta magnitud. En la misma señalábamos que lamentábamos que se hubiera abandonado la realización de tareas que ayudaban a la rehabilitación, como plantaciones y tambos. Posteriormente, nos reunimos con el Director Departamental del INAU, quien nos informó de las tratativas a realizarse y de la elaboración de un presupuesto para restaurar el predio y cederlo a Amigos y Padres del Discapacitado de Tacuarembó (APADISTA). No sabemos en qué etapa se encuentra, lo cierto es que las soluciones no aparecen. Hoy, el Hogar está abandonado. Asimismo, existen versiones acerca de que se pretende adquirir un predio en la planta urbana de la ciudad de Tacuarembó. De acuerdo con lo expresado, INAU cuenta con predios que pueden y deben ser destinados a la tarea específica para la cual existen: atender de la mejor manera a los menores de edad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JULIO CARDOZO FERREIRA, Representante por Tacuarembó".

9) Exposición del señor Representante Jaime Mario Trobo a la Presidencia de la República; al Ministerio de Relaciones Exteriores, y por su intermedio a la Embajada de Uruguay en la República de Cuba, para su remisión a la organización "Damas de Blanco"; a la Embajada de la República de Cuba en Uruguay; al Parlamento Latinoamericano; a la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del citado Parlamento; a la Unión Interparlamentaria; a la Secretaría General Iberoamericana; a la Cámara de Senadores, para su remisión a la Comisión de Asuntos Internacionales; y a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, sobre la situación de los derechos humanos en la República de Cuba y la labor que desarrollan las Damas de Blanco.

"Montevideo, 5 de mayo de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por su intermedio, a la Embajada de la República de Cuba en nuestro país y a nuestra Embajada en la República de Cuba; a las Damas de Blanco; al Parlamento Latinoamericano y, por su intermedio, a la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias; a la Unión Interparlamentaria Mundial; a la Secretaría General Iberoamericana; a la Presidencia de la República; a la Cámara de Senadores, con destino a la Comisión de Asuntos Internacionales, y a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Las Damas de Blanco, Premio Sajarov a la defensa de los derechos humanos del Parlamento Europeo en el año 2007, son perseguidas por el régimen político cubano. Hace pocos días, el 20 de abril, cuando manifestaban pacíficamente en la Plaza de la Revolución de La Habana, reclamando por la libertad de sus familiares, presos políticos del Gobierno hoy liderado por Raúl Castro, fueron violentamente desalojadas por personal de seguridad del Estado. Mujeres policías, militares e integrantes de los denominados Comités de Defensa de la Revolución, actuaron con la mayor contundencia, arrastrando a las pacíficas manifestantes a vehículos colectivos que fueron enviados a efectos de trasladarlas, rompiendo así la manifestación. Las notas gráficas del episodio muestran la violencia utilizada contra esas mujeres, cuando ellas sólo expresaban su reclamo de libertad y respeto por los derechos humanos de los más de trescientos presos de conciencia que existen hoy en Cuba. Ese hecho, que agravia la sensibilidad democrática, debe ser denunciado, como corresponde, y por ello alzamos nuestra voz, una vez más, en defensa de las respetables y heroicas Damas de Blanco. La comunidad europea ha reconocido su lucha y los partidos políticos de todas las corrientes ideológicas representados en el Parlamento Europeo, han honrado su lucha por los derechos humanos en Cuba, concediéndoles el Premio Andrei Sajarov. Ni aun esa condición les ha servido de escudo para garantizarles el derecho a la protesta. El Gobierno de Cuba les prohíbe manifestarse reclamando la libertad de sus familiares. Muchas de ellas tienen vinculación directa con los setenta y cinco presos de la denominada 'Primavera de Cuba' sometidos a juicios sumarios, que duraron menos de 72 horas, en los que recibieron condenas de hasta 25 años, ocurrida en marzo de 2003. Nuestro país, ni ninguno de los de Latinoamérica, desde los cuales se proclama el apoyo a la soberanía de Cuba, pueden estar ajenos a la violación de la soberanía del pueblo de Cuba que ejercita su propio gobierno. Por ello es necesario reclamar a las autoridades de ese Estado el respeto a los derechos humanos y a la libertad de su pueblo. En el correr de estos tiempos, una campaña de saturación en la información sobre lo que ocurre en Cuba, promueve las medidas económicas de una pretendida liberalización que augure tiempos diferentes. Mientras tanto, y al tiempo del anuncio de esas medidas, el régimen político endurece su represión a quienes no comparten su ideología, y suceden actos como el que denunciamos, contrarios al ejercicio de mínimas libertades y de los derechos humanos. Los gobiernos y parlamentos latinoamericanos deben expresar públicamente su contrariedad con esos hechos, no se trata de una actitud de intervención, sino de defensa de los derechos que deben gozar todos los habitantes de la región. ¿Qué diferencia a los cubanos de nosotros, que no tienen derecho a la libertad y a manifestar su desacuerdo? Nuestro país, debe hacer saber a las autoridades cubanas que esos hechos no contribuyen al esperado tránsito a la democracia que deben ofrecer al pueblo de ese país. Debe expresarles que ninguna causa justifica la violación voluntaria de derechos de los ciudadanos y que Cuba debe, responsablemente, asumir que una transición debe responder a una vocación de apertura política, a la que debe agregarse la económica. No es aceptable que se pretenda satisfacer, mediante medidas tenuemente liberalizadoras, en lo económico el ansia de libertad y de derechos al que tiene derecho cualquier pueblo, sin excepciones. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. JAIME MARIO TROBO, Representante por Montevideo".

10) Exposición de varios señores Representantes al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, relacionada con la posibilidad de reducir hasta el uno por ciento la tasa del Impuesto al Valor Agregado aplicable a los productos de primera necesidad.

"Montevideo, 6 de mayo de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El progresivo aumento de los precios, que según opinión experta es atribuible a la influencia del contexto económico interno e internacional es, sin duda, una circunstancia que afecta fundamentalmente a los trabajadores de ingresos fijos, licuando por esa vía la recuperación de sus salarios. A ello se suma, el aumento de los combustibles que empezó a regir en las últimas horas, que ejercerá sin duda presión inflacionaria. Naturalmente habrá de incidir en los precios de la economía y, sobre todo, en los ingresos de los sectores populares de la población. El crecimiento de la economía nacional en los últimos años, es un dato objetivo que ha permitido la recuperación de las arcas del Estado. A su vez, en el marco la Reforma Tributaria, aumentó la recaudación, no sólo por efecto de una mayor eficiencia del sistema, sino también, a causa del esfuerzo contributivo realizado por las familias. Es del bolsillo de los contribuyentes de donde provienen -en buena medida- los recursos que hacen posible no sólo la sostenibilidad de los programas sociales, sino también el funcionamiento del Estado en general. En esas circunstancias no pueden esperar otra respuesta que sensibilidad política y prudencia fiscal de parte de quienes tenemos responsabilidades públicas. Creemos que es hora de proponer medidas tendientes a aliviar el impacto que ese fenómeno inflacionario provoca en los ingresos de las familias. Entre los componentes de la canasta familiar, identificamos productos tales como: pan blanco común y galleta de campaña, pescado, carne y menudencias, aceites comestibles, arroz, harina de cereales y subproductos de su molienda, pastas y fideos, sal para uso doméstico, azúcar, yerba, café, té, grasa comestible, frutas, verduras y productos hortícolas en su estado natural, jabón de limpieza (en barra y detergente) y de tocador común, pasta dental, hipoclorito de sodio e insecticida de uso doméstico, cuya adquisición debiera facilitarse para garantizar la cobertura de las necesidades alimentarias básicas y la provisión de productos que faciliten condiciones higiénicas apropiadas de los hogares. En función de lo expresado, instamos a las autoridades a tomar medidas inmediatas para reducir hasta el 1% la tasa mínima del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicable a esos productos. Creemos que esa medida tendrá impacto inmediato en la economía familiar y contribuirá a la calidad de vida de la población. A pocas horas de comenzar el tratamiento de la última rendición de cuentas de este Período de Gobierno, creemos que es el momento oportuno para que quienes actuamos en representación de los ciudadanos nos pongamos de acuerdo en reducir el gasto de funcionamiento del Estado, priorizando las necesidades de los hogares de los sectores más populares de la población. Sin duda, el desarrollo económico es un objetivo deseable para cualquier sociedad, pero en momentos como el actual, es necesario apoyar a quienes no tienen más recursos que los derivados del fruto de su trabajo o de su pasividad. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. RODOLFO CARAM, Representante por Artigas; LUIS ALBERTO LACALLE POU, Representante por Canelones; PABLO ABDALA, GUSTAVO BORSARI BRENNA, y JAIME MARIO TROBO, Representantes por Montevideo, JOSÉ CARLOS CARDOSO, Representante por Rocha y ALBERTO CASAS, Representante por San José".

11) Exposición del señor Representante Dardo Sánchez Cal al Ministerio de Desarrollo Social, y por su intermedio al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de Treinta y Tres, y por su intermedio a la Junta Local de General Enrique Martínez; a la Organización No Gubernamental "Centro Comunitario Charqueada"; y a la emisora FM Líder, acerca de la necesidad de instalar un Centro CAIF en la citada localidad.

"Montevideo, 6 de mayo de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparado en las facultades que me confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicito que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Desarrollo Social y, por su intermedio, al Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU); a la Intendencia Municipal de Treinta y Tres y, por su intermedio, a la Junta Local de General Enrique Martínez; a la Junta Departamental de Treinta y Tres; al Centro Comunitario Charqueada; y a FM Líder de pueblo General Enrique Martínez, del departamento de Treinta y Tres. En mi carácter de Representante Nacional por el departamento de Treinta y Tres he tomado contacto con algunos vecinos del pueblo General Enrique Martínez, quienes manifiestan la necesidad de instalar un Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), en la mencionada localidad. El mismo tendría como objetivo básico la alimentación de los niños, que en la actualidad viven en condiciones socioeconómicas y culturales deficitarias. No solo se pretende solucionar la situación nutricional de los menores, sino también poder brindar actividades culturales que contribuyan a su desarrollo. Es de destacar que en el pueblo, se registra un importante número de hogares monoparentales, que no reciben apoyo familiar de ningún tipo, hogares caracterizados por ser de jefatura materna. Los integrantes de la organización no gubernamental, Centro Comunitario Charqueada han realizado diferentes relevamientos, en los que se recogió el interés de 57 familias por enviar a sus hijos a un Centro CAIF. En cuanto al número de niños beneficiados sería el siguiente: de O a 12 meses existen 7 niños, de 1 a 2 años de edad 12 y de 2 a 3 años de edad, 15, en total suman 34 niños que podrían ser beneficiarios del centro. Se ha constatado informalmente el interés de más familias que podrían ser beneficiarias. Es de destacar que el Centro Comunitario Charqueada cuenta con personería jurídica aprobada en el año 1974, y que trabajó en convenio con el Instituto Nacional del Menor (INAME), actual INAU en el período en que funcionó el Hogar María Auxiliadora (1985-2003). Por lo expuesto, solicito que las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social den un trámite más rápido a la apertura de un CAIF en pueblo General Enrique Martínez, visto que esa localidad de Treinta y Tres cuenta con grandes carencias económicas y sociales, y necesita en forma urgente de dicho centro para ayudar a la formación de los niños de la zona. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. DARDO SÁNCHEZ CAL, Representante por Treinta y Tres".

12) Exposición del señor Representante Gonzalo Novales al Ministerio de Economía y Finanzas, y por su intermedio al Banco de la República Oriental del Uruguay, referente a la necesidad de retirar los cajeros automáticos ubicados en las salas de juegos o casinos, como parte de una campaña para la prevención de la ludopatía.

"Montevideo, 6 de mayo de 2008. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra. Amparados en las facultades que nos confiere el artículo 155 del Reglamento de la Cámara de Representantes, solicitamos que se curse la presente exposición escrita al Ministerio de Economía y Finanzas y, por su intermedio, al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), relativo a la necesidad de retirar los cajeros automáticos ubicados en las salas de juego o en los Casinos del Estado. En varias oportunidades, hemos presentado iniciativas que tienen como objetivo el ataque directo y frontal a la ludopatía -adicción al juego o juego compulsivo-. Las medidas propuestas buscan, entre otras cosas, concientizar a la gente de la gravedad de esa patología y de las consecuencias de la misma. En la exposición escrita que hoy presentamos buscamos contribuir con un nuevo aporte al ataque al juego compulsivo, exhortando a las autoridades a que retiren los cajeros de la red del BROU, ubicados en las salas de juego o en los Casinos del Estado. La ludopatía lleva al enfermo o adicto al juego a jugar sin medir ninguna consecuencia, sin reparar en lo que va perdiendo, siempre con la mirada puesta en 'la próxima vez gano', y así juega todo el dinero que tiene. Pero, nos preguntamos qué sucede cuando el jugador se queda sin dinero, si deja de jugar y se va. El que no sufre la enfermedad, que no es adicto, es muy probable que deje de jugar y se retire y siga con su vida pero, el adicto necesita seguir jugando, no importándole el precio que para ello deba pagar. Sucede entonces, que cuando se queda sin efectivo y no puede seguir jugando -en el caso de los que poseen alguna de las tarjetas que habilitan el retiro por un cajero automático- se dirigen a éstos y obtienen dinero en efectivo para volver a jugar y, lo más probable, es que vuelva otra vez a perder. Peor aún es el caso de los que cobran el sueldo por medio de un cajero. Muchas veces estas personas retiran una parte del sueldo con la idea de solo destinar eso para jugar pero, cuando pierden, los adictos vuelven al cajero a retirar dinero nuevamente para, así, tener una revancha y, lo más probable, es que pierdan todo el sueldo, que representa el sustento de toda una familia. Frente a esto y, con el objetivo de no facilitar las cosas al adicto, consideramos aconsejable proceder a la clausura de los cajeros automáticos ubicados en las salas de juego. Nuestra iniciativa tiende a concientizar de lo perjudicial de esa enfermedad a toda la sociedad y entendemos que, desde nuestra posición de autoridades nacionales, debemos adoptar las medidas que estén a nuestro alcance para contrarrestar los perjuicios que ocasiona. Por lo expuesto, exhortamos al BROU, ente estatal, para que, dando el ejemplo a los demás actores del sistema financiero uruguayo, disponga lo necesario para el cierre de los cajeros automáticos ubicados en las salas de juego o en los Casinos del Estado de todo el país. Saludamos al señor Presidente muy atentamente. GONZALO NOVALES, Representante por Soriano".

MEDIA HORA PREVIA

7.- Fallecimiento del doctor Orlando Álvarez Viera.

——Se entra a la media hora previa.

Tiene la palabra el señor Diputado Doti Genta.

SEÑOR DOTI GENTA.- Señor Presidente: vamos a utilizar estos cinco minutos de la media hora previa para realizar un humilde pero sincero homenaje a una persona, a un sanducero de ley, que nos dejara hace muy pocos días, para ser más precisos, el 19 de abril próximo pasado.

Permítaseme decir lo siguiente: los que creemos que existe Dios, pensamos que hoy está muy cerca de Él, teniendo a su derecha la bandera del Sportivo Independencia y a su izquierda la bandera del Club Nacional de Football, y que está rodeado en forma imaginaria de su señora esposa, sus hijos, sus nietos, sus hermanos y los miles de amigos que supo cosechar a lo largo de sus 72 años de vida.

Nos estamos refiriendo al doctor Orlando Álvarez Viera, más conocido como "Negro", un gran médico cirujano, aunque creo que esto es lo más importante: era una gran persona, un verdadero médico, solidario, fraterno, a quien no le interesaba la hora, el día ni el lugar cuando había que desarrollar su profesión, y que, sobre todo, tenía una gran humildad, que compartía con sus pacientes, con todos ellos, pero en particular con los que menos tenían. Y esa faceta humana -que desgraciadamente la sociedad ha ido perdiendo a través del tiempo-, es lo rescatable en grado sumo, lo superlativo de este gran hombre que, con un perfil muy bajo y con una gran bonhomía, se metió en el corazón de todos los sanduceros.

Queremos recordar algunos aspectos de su vida. Nació el 30 de julio de 1935 en la ciudad de Guichón -segunda capital de nuestro departamento-, hijo de María Viera y de Marcial Paulino Álvarez. Parte de la escuela la hizo en la mencionada localidad; luego vino a Montevideo, culminó la escuela en el Colegio Pío e hizo el liceo y preparatorios en un instituto de Enseñanza Secundaria de Malvín, para culminar en la Universidad de la República como médico primero y, posteriormente, desarrollando su especialidad: la cirugía.

Fue uno de los fundadores de COMEPA, en el año 1967, que se creó como Sociedad de Provisión Sanitaria, sin fines de lucro, y era un órgano asistencial de la Asociación Médica. ¡Si se habrá notado su alejamiento de dicha institución cuando en 2006 se acogió a los bien merecidos beneficios jubilatorios! porque, como decía al principio, no solo se dejaba de contar con un gran médico cirujano, sino con un excelente hombre.

¿Qué podemos decir de su pasaje por el Hospital Escuela del Litoral? Desde que llegó a Paysandú trabajó allí y era una referencia para todos los médicos que iban ingresando porque, sin quererlo, les enseñaba no solo cómo había qué diagnosticar al paciente, sino a tratar afectuosa y cálidamente al que padecía una enfermedad.

Esa fue la faceta de médico, pero tenía otra gran devoción, que era el fútbol. Jugó en la Liga Universitaria y en la primera divisional B del fútbol profesional en el Club Canillitas, teniendo como compañeros a recordados futbolistas como Nelson Cano y Omar Caetano. El amor de su vida deportiva fue el Sportivo Independencia de nuestra ciudad. Era lo que todos quisiéramos ser en la vida: el dirigente, la persona ideal, el que no solo cumple y defiende como directivo a la institución, sino que también presenta una faceta de luchador para lograr que su gente, la de su club, no pase zozobras. A modo de ejemplo, puedo decir que los sábados de mañana hacía lo típico: en su Passat azul recorría las casas de los amigos -evidentemente no le daba el tiempo para visitar a todos, por la cantidad que tenía-, abría el baúl y vendía pizzas y tortas en beneficio de su institución; además, ¡cuántas veces nos encontrábamos en algún lugar y nos vendía un número de rifa!

Tuvo momentos de alegría y de tristeza con el club de sus amores, pero ahí estaba el hombre con su temple, con su temperamento y su corazón. Al otro día de una derrota estaba firme, alentando futuras realizaciones. Como ejemplo, el hoy Estadio del Sportivo Independencia se debe, por supuesto, a muchos brazos anónimos que lo levantaron, pero tal vez un 80% del logro le corresponde a nuestro gran amigo Orlando.

Y dejamos para lo último a su familia, a la cual dispensaba un afecto muy especial y que hoy siente profundamente la pérdida, no solo del esposo, del padre, del abuelo, del hermano, sino la de una persona que, con defectos y virtudes, tenía una calidad humana sin igual. Ojalá muchos podamos llegar a tenerla para que esta sociedad en la que vivimos tenga muchos Orlando Álvarez Viera.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a su señora esposa, Nelly Romero; a sus hijos Paulino, Teresa, Marcial, Federico y Gabriela; a sus hermanos Agapito y Gregorio Álvarez Viera; a la Comisión Directiva de COMEPA; a AECO -Asociación de Empleados de COMEPA-; al Sportivo Independencia Fútbol Club; a la Liga Departamental de Fútbol de Paysandú, y a la Organización de Fútbol de Interior, OFI.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

8.- Consideración a nivel parlamentario latinoamericano y caribeño de problemas medioambientales.

Tiene la palabra el señor Diputado Patrone.

SEÑOR PATRONE.- Señor Presidente: en esta intervención volveremos a considerar un asunto recurrente en esta Cámara, el de los temas medioambientales, particularmente en función de la discusión que hoy se está procesando a nivel del Parlamento Latinoamericano. Me refiero, fundamentalmente, a la creación de una Carta del Ambiente para Latinoamérica y el Caribe.

En las actuales discusiones aparecen elementos colaterales, que no solo tienen que ver con el cambio climático sino con la soberanía alimentaria y el error catastrófico de la humanidad, en el sentido de seguir operando en base a energía producida por combustibles fósiles.

En este esquema, estamos considerando el significado que tiene la soberanía energética y las posibilidades de obtener lo que mueve al mundo en función de una calidad que no determine la depredación de las condiciones naturales de vida en el ambiente y que no signifique, en un corto plazo para el largo período de la historia de este planeta, la desaparición de la especie humana. Los llamados de alerta y de atención están todos vinculados con el concepto del modelo que debemos aplicar para el desarrollo de las actividades y la vida humana. En ese sentido, es de fundamental importancia entender que el ambiente no solo refiere a los ecosistemas o al mantenimiento de la biodiversidad, sino a una concepción más holística, que incluye el desarrollo de las actividades humanas y, principalmente, la calidad de vida que se pueda alcanzar en estos momentos.

En un contexto de cambios acelerados a nivel planetario, estamos enfrentados a una realidad que nos demanda asumir las definiciones y las soluciones que repercutirán, no en nuestra vida actual sino en el futuro próximo. Es por ello que debemos prestar atención a todas estas discusiones y, fundamentalmente, tener en cuenta todos los estragos, para recordar y tener presente que lo que hoy estamos haciendo conlleva acciones que repercutirán en el futuro. El mañana tiene que estar garantizado por medidas que desde ya debemos ir impulsando y asumiendo en lo que tiene que ver con la producción de energía, de modo que todas las actividades humanas relacionadas con ella estén acordes con el ambiente y contribuyan al mantenimiento y al desarrollo de la calidad de vida.

Si analizamos los problemas que está generando la producción de gases de efecto invernadero a través de los métodos tradicionales -en la producción agrícola, agroindustrial o industrial-, advertiremos un serio problema que no se reduce a las ciudades, donde están los mayores inconvenientes. Además, la mayor degradación ambiental produce lo que muchas veces se califica como degradación de la calidad de vida de las personas, en lo que tiene que ver con la exclusión de la sociedad y del sistema integrado que sostiene esa calidad de vida.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a los efectos de que se tome conocimiento de la discusión en la que, en el ámbito parlamentario, estamos embarcados en el concierto latinoamericano y caribeño.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta y dos: AFIRMATIVA.

9.- Centenario del San Eugenio Fútbol Club, del departamento de Artigas.

Tiene la palabra el señor Diputado Caram.

SEÑOR CARAM.- Señor Presidente: el próximo jueves 8 de mayo, una institución social y deportiva de nuestra ciudad de Artigas cumple cien años de existencia, cien años de vida. Nos referimos al San Eugenio Fútbol Club, una institución deportiva y social de nuestro departamento llena de glorias, que ha ganado más de la mitad de los campeonatos locales y uno de los primeros torneos de clubes campeones del interior, en el año 1970.

Esta institución se ha ganado el afecto, la adhesión, el cariño y los sentimientos de una inmensa cantidad de artiguenses. Por eso, desde el Parlamento de la República queremos homenajear al San Eugenio Fútbol Club de Artigas al cumplir sus cien años.

Fue fundado el 8 de mayo de 1908 por un grupo de visionarios en lo social y en lo deportivo, que sembraron una semilla de la que creció un árbol que da frutos y ya dura cien años. Este longevo club de Artigas ha sabido concitar la atención de la parcialidad deportiva del departamento y del país. Es un club reconocido en todo el Uruguay porque, además de las glorias que ha obtenido, concita el cariño y el afecto de muchos simpatizantes, de unos cuantos artiguenses que desde hace muchísimo tiempo y durante muchas generaciones han estado detrás de los colores azul y blanco.

Históricamente, el Club San Eugenio, de Artigas, ha estado dirigido por una Comisión Directiva de ilustres figuras del medio, y ahora se brinda por entero a la sociedad artiguense en actos conmemorativos que han comenzado hace unos cuantos días y que el jueves llegarán a su plena expresión, cuando se cumplan exactamente los cien años de la fundación del club.

En el marco de la conmemoración, habrá importantes eventos vinculados a la actividad deportiva y social de este club, que es característico de la capital de Artigas, del departamento, del litoral uruguayo y de toda la organización del fútbol del interior.

En estos cien años, el San Eugenio Fútbol Club ha dado a su parcialidad, a sus simpatizantes y a sus hinchas, las más estruendosas glorias en los campeonatos. Seguramente, de Artigas es el club que se lleva las mayores glorias en lo local, en lo departamental y en lo regional, debido a la extrema competitividad de este cuadro de fútbol, que nos ha llenado de satisfacciones en la cancha, en los encuentros deportivos característicos de los sábados y los domingos, ya que para muchos artiguenses es verdaderamente una gran ilusión, una gran esperanza y una gran satisfacción el momento de ir al estadio.

Para los hinchas del San Eugenio, para la Comisión Directiva del club y creo que también para Artigas, es verdaderamente un motivo de orgullo. En este país no se da todos los días que un cuadro de fútbol, una institución social y deportiva, cumpla cien años. Este es uno de los clubes más añejos de la historia deportiva del Uruguay, aunque, por cierto, esta sea reciente. Entendemos que el reconocimiento por estos cien años es merecido, pues este lapso es, además, símbolo de lo que ha sido esa trayectoria de trabajo, de dedicación y de abnegación de todos aquellos simpatizantes y de lo que ha sido la gloria de este cuadro de nuestro departamento.

Queremos hacer llegar a la Comisión Directiva, a los jugadores, a todos los que colaboran con este club, a sus socios y a sus simpatizantes, nuestro más grato y emotivo saludo por estos cien años de existencia. Saludamos y felicitamos a toda la gente del San Eugenio Fútbol Club de Artigas.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a la Organización de Fútbol del Interior, a la Asociación Uruguaya de Fútbol, a la Liga de Fútbol de Artigas, al Club San Eugenio de Artigas y a la Junta Departamental de Artigas.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

10.- Buen estado de los museos de la Fortaleza de Santa Teresa y del Fuerte de San Miguel, en el departamento de Rocha.

Recordación del ex Presidente de la Cámara de Representantes Héctor Martín Sturla.

Tiene la palabra el señor Diputado Alonso.

SEÑOR ALONSO.- Señor Presidente: me voy a referir rápidamente a dos temas.

El primero de ellos está vinculado con una grata experiencia que tuve en Semana Santa, cuando me desplacé con mi familia hasta el departamento de Rocha para hacer un poco de turismo y visité la Fortaleza de Santa Teresa y el Fuerte de San Miguel, cosa que no hacía desde mi niñez. La sorpresa fue muy grata porque encontré un estado de conservación verdaderamente destacable en cualquiera de los dos monumentos.

Para los que hace tiempo que no los visitan, les recomiendo que lo hagan. Quiero que estas palabras sirvan de aliento para quienes tienen a su cargo la responsabilidad del mantenimiento de la Fortaleza y del Fuerte y para quienes tuvieron a su cargo la presentación de los museos que funcionan allí. El nivel de los museos, en cualquiera de los dos casos, es verdaderamente digno de destaque. Allí se han utilizado todos y cada uno de los rincones disponibles de las instalaciones para que el visitante, lejos de hacer una rápida y fugaz visita, casi de transeúnte, se interne en lo que eran las barracas donde dormían los soldados, los polvorines, la parroquia o las instalaciones donde funcionaban las superintendencias y se vaya metiendo en los datos históricos, que están muy bien presentados.

Quiero dejar esta constancia, porque normalmente tenemos una visión -nosotros en general, los uruguayos- muy crítica de nuestra potencialidad y de la forma en que presentamos parte de nuestro acervo cultural y turístico.

Este es, indudablemente, un modelo a seguir; está en manos de funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional, de la Dirección del Museo Militar, quienes tienen a su cargo el cobro de una módica entrada, el mantenimiento de los parques y el funcionamiento de los dos museos.

También quiero aprovechar la oportunidad -ya que voy a solicitar que la versión taquigráfica de estas palabras sea remitida a las autoridades competentes- para hacer un planteamiento desde el punto de vista positivo. Entiendo que en estos casos se puede mejorar aún más la atención al turista; hablé a este respecto personalmente con el señor Ministro de Turismo y Deporte. Falta folletería y, además, prácticamente no hay ningún apoyo por parte de otras instituciones del Estado para que el turista acceda, en uno o en otro lado, a información relativa a otros paseos que pueda haber en la zona. Por otra parte, sería bueno que también se mejorara la cartelería exterior, a los efectos de que aquellos que pasan por la zona se vean atraídos a hacer la visita que, repito, vale la pena.

Solicito que la versión taquigráfica de estas palabras sea enviada al Ministerio de Defensa Nacional, para que la derive al Ejército Nacional y a la Dirección de Museos Nacionales del Ejército, al Ministerio de Turismo y Deporte y a la Intendencia Municipal de Rocha.

También quiero aprovechar esta media hora previa para tener un recuerdo hacia la figura de nuestro correligionario y ex Presidente de la Cámara, Héctor Martín Sturla, de cuyo fallecimiento el día 22 de abril se cumplieron diecisiete años.

Llegó hasta nosotros una nota de un funcionario de esta Casa, que me remitió el señor Presidente. Creemos oportuno que todas las veces que sea posible recordemos la figura de Héctor Martín Sturla, quien engalanó a este Parlamento y a esta Cámara de Representantes en momentos en los cuales era muy importante contar con la sabiduría, el equilibrio y la potencia -para quienes lo conocimos- de alguien como él.

Habiendo hecho esta segunda constancia, reitero mi solicitud de que se remita la versión taquigráfica de la primera parte de mi exposición a los organismos mencionados.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

11.- Necesidad de crear soluciones administrativas y legales que amparen a los pequeños y micro empresarios.

Tiene la palabra el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: nuevamente vamos a referirnos a este tan importante sector de nuestro país como lo es el de las micro y pequeñas empresas, y más específicamente a los empresarios.

Ya hicimos mención a lo que nosotros consideramos poco justo en el tratamiento asimétrico de lo que se conoce como el mercado para el pequeño y micro empresario del Uruguay. Para poner algunos ejemplos, me refiero al trato que se le da a través de las tarjetas de crédito, en los bancos, en lo que respecta a las marcas y los productos, ya que, amparados por elementos de tamaño, de escala, etcétera, hay diferencias a la hora de tratar con estos negocios. Nos referimos, más concretamente, a los comercios de cercanía.

Alguien puede entender que está bien, que el mercado regula; pero nosotros creemos que, al igual que nuestro país reclama una atención especial, por ejemplo, en el MERCOSUR, reivindicando las asimetrías que deben ser consideradas por los países grandes, nosotros debemos reivindicar que es preciso generar compensaciones a las asimetrías que nuestro mercado tiene, y que no debemos demorar más.

A modo de ejemplo, estamos trabajando para lograr que el instrumento de la tarjeta de crédito llegue a todos los rincones del país y a todos los sectores sociales. Para esto el país ha asumido, entre otros elementos, la reducción del precio de las llamadas, que tienen el mismo costo en todo el territorio nacional, lo que acerca a los comerciantes del interior a los de Montevideo. Pero eso no alcanza; además habrá que acercar la tecnología y los costos operativos a la realidad del micro y del pequeño comerciante.

Otro elemento a destacar es el de la competencia desigual que se genera por las grandes superficies, con ventajas impositivas, apoyos municipales, respaldo de capitales multinacionales y multimillonarios y la agresividad a la hora de negociar con las marcas, los precios, las ofertas o las bonificaciones.

Pero hoy queremos referirnos a un aspecto social. Los comerciantes de cercanía no tienen día libre pago, licencia por enfermedad, licencia anual ni tantos otros beneficios que sí tienen -con justicia- los trabajadores públicos o privados; no tienen seguro de paro ni despido. Se entiende que, al no ser asalariados, pueden manejar sus ingresos con cierta movilidad, lo que les permitiría equilibrarlos como para cubrir sus necesidades; pero no es así. Muchas son las razones, imposibles de analizar en estos minutos, pero lo concreto es que no es así.

Sus horarios y los de toda la familia, lejos de ser de seis u ocho horas, son de veinticuatro horas al día los trescientos sesenta y cinco días del año. Si se enferman, no abren, o sea que no ganan; si se quieren tomar licencia, no pueden cerrar porque los gastos fijos siguen existiendo y, además, porque la competencia barrial se le quedaría con la clientela.

Por una nota periodística supimos que los trabajadores afiliados a FUECI -una federación integrante del PIT-CNT- pretendían, en la próxima ronda de Consejo de Salarios, reivindicar el domingo como día libre para los trabajadores de supermercados, grandes superficies y otros negocios. Estamos muy atentos a esto, ya que creemos que nos da la oportunidad de pensar también en el asueto para el comerciante y en la necesidad de regulación que debe tener esta actividad, como tantas otras.

Los horarios, las condiciones de instalación de las grandes superficies y las leyes sociales de amparo al comerciante y al pequeño empresario deben estar en la atención de los Poderes del Estado y de la sociedad toda. Porque creemos que además de ser un sector muy importante para la economía nacional puede ser un factor fundamental en la tan necesaria cohesión social y en la reconstrucción de una red social inclusiva y equitativa, es que hoy nos ocupamos de él. Los pequeños comerciantes no solo necesitan créditos y cursos; como los del agro, los importadores, etcétera, estos trabajadores independientes, que han sido y serán factores fundamentales de nuestro ser nacional, también precisan soluciones administrativas y legales que los defiendan.

Solicito que la versión taquigráfica de mis palabras sea enviada a los Ministerios de Industria, Energía y Minería, de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social; al Congreso de Intendentes; a las Juntas Departamentales de todo el país; al PIT-CNT; a la ANMYPE, y a CAMBADU.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar el trámite solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta y tres: AFIRMATIVA.

12.- Actitud del Presidente de Brasil ante el proceso de flexibilización de fronteras propuesto por Estados Unidos.

Declaración de solidaridad del Parlamento del MERCOSUR hacia cinco ciudadanos cubanos detenidos en Estados Unidos en 1998.

Tiene la palabra el señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Tenemos dos preocupaciones que nos interesa consignar en el seno de la Cámara.

En primer lugar, no queremos que pase desapercibido para el plenario un asunto que nos concierne a todos. Deseo aplaudir la demostración de dignidad americanista que nos ha brindado recientemente el señor Presidente de Brasil.

Hace pocos días, el 17 de marzo pasado, durante su visita a Brasil, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, señora Condoleezza Rice, propuso en nombre de su Gobierno iniciar un proceso de flexibilización de fronteras con el pretexto de combatir el terrorismo.

No queremos dar muchas vueltas a este asunto y, por lo tanto, deseamos expresar claramente nuestra impresión al respecto. Hacía mucho tiempo que no se veía en el orden internacional tanta desfachatez.

Observamos que, como siempre ha sucedido para la poderosa nación del norte, los Estados Unidos, todo vale en pos de implementar e imponer una suerte de desregulación del derecho internacional, es decir, un derecho internacional a su gusto y uso, que permita un "by pass" al derecho genuino que fundamenta la paz continental y mundial. Es evidente que la política de gendarme continental necesita flexibilizar fronteras para dar rienda suelta a la doctrina de la guerra preventiva. A mi modo de ver, serían imprevisibles las consecuencias si alguien facilitara esa patente. Sin ningún lugar a dudas sería funesto para nuestras fronteras nacionales. Es un asunto que reviste gravedad y, por lo tanto, esta intención se debe seguir de cerca. No cabe la menor duda de que la actitud del Presidente Lula es representativa del sentir de los pueblos latinoamericanos.

Por medio de estas palabras expresamos nuestra preocupación y alarma, y como uruguayos y americanistas saludamos lo actuado por el señor Presidente de Brasil.

Solicitamos que la versión taquigráfica de estas palabras sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las diecinueve Juntas Departamentales, al Parlamento del MERCOSUR, al Parlatino, a la OEA, a la Mesa Política del Frente Amplio, a la Embajada de la República Federativa de Brasil y a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras.

En segundo término, nos queremos referir a la reciente declaración del Parlamento del MERCOSUR, de la que dejaré constancia en virtud de la importancia que posee con relación a la vigencia de los derechos humanos.

Esta resolución es para expresar la solidaridad con los ciudadanos cubanos detenidos en los Estados Unidos, y dice: "VISTO: La detención de los cinco ciudadanos cubanos Fernando González, René González, Gerardo Hernández, Ramón Labaniño y Antonio Guerrero, desde septiembre de 1998, en cárceles de los EEUU, donde fueron condenados a severas penas que oscilan desde 15 años de privación de libertad hasta cadena perpetua.- CONSIDERANDO: Que los 'Cinco de Miami', como los han dado a conocer los 235 comités de solidaridad que funcionan en el mundo, estuvieron en prisión sin fianza durante 33 meses entre el arresto y el juicio.- Que los cinco jóvenes fueron condenados por los cargos de conspiración y de actuar como agentes extranjeros, y fueron retenidos durante 17 meses en celdas de confinamiento, al tiempo que se les cortó completamente la comunicación con sus familias e hijos, y ni siquiera pudieron comunicarse entre sí.- Que el proceso judicial, según numerosos especialistas, estuvo plagado de irregularidades, ya que el tribunal no recibió notas ni preguntas sobre principios legales complejos con los que está relacionado el caso ni tampoco se revisó ninguna de las declaraciones de los testigos". Por esto, el Parlamento del MERCOSUR declaró su solidaridad con los citados ciudadanos y, además, decidió dar amplia difusión a esa declaración.

Solicitamos que la versión taquigráfica de esta segunda parte de nuestra intervención sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las diecinueve Juntas Departamentales, a las Comisiones de Asuntos Internacionales de ambas Cámaras, a las Embajadas de Cuba, Estados Unidos y países miembros del MERCOSUR, y a la Mesa Política del Frente Amplio.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se van a votar los trámites solicitados.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y ocho: AFIRMATIVA.

Ha finalizado la media hora previa.

13.- Aplazamientos.

En mérito a que no han llegado a la Mesa las respectivas listas de candidatos, si no hay objeciones correspondería aplazar la consideración de los asuntos que figuran en primer y segundo término del orden del día y que refieren a la elección de miembros de la Comisión Permanente y de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo para el Cuarto Período de la XLVI Legislatura.

14.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

Del señor Representante Carlos Enciso Christiansen, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al Seminario Interparlamentario Alcances de la Crisis Estadounidense y sus Impactos en la Región Latinoamericana y del Caribe, organizado por el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, por el período comprendido entre los días 6 y 9 de mayo de 2008, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Nelson Pérez Cortelezzi.

Del señor Representante Bertil Bentos, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 12 y 16 de mayo de 2008. Habiéndose agotado la nómina de suplentes solicítase a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

En virtud de la licencia en misión oficial oportunamente concedida al señor Representante Jorge Pozzi, y ante la negativa de los respectivos suplentes de aceptar la convocatoria, la Corte Electoral, a solicitud de la Cámara, proclama nuevos suplentes, y se convoca por el período comprendido entre los días 13 y 20 de mayo de 2008, al suplente correspondiente siguiente, señor Roque Ramos.

Del señor Representante Juan Andrés Roballo, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por los días 7 y 8 de mayo de 2008, convocándose al suplente siguiente, señor Julio Pérez.

Del señor Representante Richard Charamelo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 7 de mayo de 2008, convocándose al suplente siguiente, señor Remo Monzeglio.

Del señor Representante Gustavo Bernini, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir al Seminario sub-regional organizado en forma conjunta por la Unión Interparlamentaria y la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador, "El papel de los parlamentos de América Central en los procesos de reconciliación y democratización", a realizarse en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, por el período comprendido entre los días 5 y 8 de mayo de 2008, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Artigas Melgarejo, por el período comprendido entre los días 6 y 8 de mayo de 2008.

Del señor Representante Fernando Longo, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 6 de mayo de 2008, convocándose al suplente siguiente, señor Eduardo Fernández.

Del señor Representante Roque Arregui, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la IX Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en la ciudad de Orangestad, Aruba, por el período comprendido entre los días 13 y 18 de mayo de 2008, convocándose al suplente siguiente, señor Hugo Cuadrado.

Del señor Representante Luis Rosadilla, por enfermedad, literal A) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el período comprendido entre los días 28 de abril y 15 de mayo de 2008, convocándose al suplente siguiente, señor Hugo Arambillete por el período comprendido entre los días 6 y 9 de mayo de 2008 y a la suplente siguiente, señora Beatriz Costa por el período comprendido entre los días 10 y 15 de mayo de 2008.

Del señor Representante Pablo Álvarez, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 6 de mayo de 2008, convocándose al suplente siguiente, señor Óscar Groba.

Del señor Representante Daniel Peña, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 7 de mayo de 2008, convocándose al suplente siguiente, señor Mario Pérez".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y nueve: AFIRMATIVA.

Quedan convocados los suplentes correspondientes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Asimismo, se oficiará a la Corte Electoral solicitando la proclamación de nuevo suplente en el caso pertinente.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 29 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en el literal C) de la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva conceder al suscrito uso de licencia desde el 6 al 9 de mayo inclusive, a fin de concurrir en Misión Oficial al Seminario Interparlamentario Alcances de la Crisis Estadounidense y sus impactos en la Región Latinoamericana y Caribe del PARLATINO, que se realizará en la ciudad de Managua, Nicaragua, según la convocatoria cuya copia se adjunta.

Asimismo, deberá convocarse para ese período al suplente correspondiente.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

CARLOS ENCISO CHRISTIANSEN
Representante por Florida".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, acepte mi renuncia por ésta única vez a la convocatoria que he sido objeto.

Sin más, saluda atentamente.

Daniela Molina Ruiz".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia del señor Representante por el departamento de Florida, Carlos Enciso Christiansen, en misión oficial para asistir al Seminario Interparlamentario Alcances de la Crisis Estadounidense y sus Impactos en la Región Latinoamericana y del Caribe, organizado por el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Managua, República de Nicaragua.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 6 y 9 de mayo de 2008.

II) Que, por esta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto la suplente siguiente, señora Daniela Molina

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, por el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Florida, Carlos Enciso Christiansen, en misión oficial, para asistir al Seminario Interparlamentario Alcances de la Crisis Estadounidense y sus Impactos en la Región Latinoamericana y del Caribe, organizado por el Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, por el período comprendido entre los días 6 y 9 de mayo de 2008.

2) Acéptase, por esta única vez, la denegatoria presentada por la suplente siguiente, señora Daniela Molina.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 6262, del Lema Partido Nacional, señor Nelson Pérez Cortelezzi.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 22 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Alberto Perdomo

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente, solicito a usted licencia del 12 al 16 de mayo, por razones particulares, por lo cual y de conformidad al inciso 3º de la Ley Nº 17.827, se proceda a convocar al suplente correspondiente.

Sin otro particular le saluda muy atentamente.

BERTIL R. BENTOS
Representante por Paysandú".

"Paysandú, 22 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente comunicó a Ud. que renuncio a la convocatoria para desempeñar la suplencia del titular Bertil Bentos, entre los días 12 y 16 de mayo, por lo que solicito se convoque al suplente correspondiente.

Miguel Otegui".

"Paysandú, 22 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por medio de la presente comunicó a Ud. que renuncio a la convocatoria para desempeñar la suplencia del titular Bertil Bentos, entre los días 12 y 16 de mayo, por lo que solicito se convoque al suplente correspondiente.

Marcelo Cravea Ruiz".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales, del señor Representante por el departamento de Paysandú, Bertil Bentos.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 12 y 16 de mayo de 2008.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Miguel Otegui Griego y Marcelo Cravea Ruiz.

III) Que habiéndose agotado la nómina es pertinente solicitar a la Corte Electoral la proclamación de nuevos suplentes.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales, por el período comprendido entre los días 12 y 16 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Paysandú, Bertil Bentos.

2) Acéptanse por esta única vez, las negativas presentadas por los suplentes siguientes, señores Miguel Otegui Griego y Marcelo Cravea Ruiz, de la Hoja de Votación Nº 2004 del Lema Partido Nacional.

3) Ofíciese a la Corte Electoral.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Corte Electoral

874/2008
272/14

Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Don Alberto Perdomo

Señor Presidente:

Pongo en su conocimiento que la Corte Electoral en acuerdo celebrado en el día de hoy, visto que el Representante Nacional por el departamento de Montevideo, Sr. Jorge Pozzi electo por la Hoja de Votación número 99000 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, solicitó licencia entre los días 13 y 20 de mayo próximo inclusive, y al haber declinado por esta vez la convocatoria los suplentes correspondientes, resolvió proclamar Representante Nacional al tercer candidato señor Gonzalo Mujica y suplentes a los señores Diego Cánepa, Susana Rodríguez y Roque Ramos. Dichas proclamaciones se hacen con carácter temporal y por el término de la licencia concedida al Representante Nacional señor Jorge Pozzi y en el concepto de que se han cumplido las condiciones establecidas por el artículo 116 de la Constitución de la República, por la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, con la redacción dada en el artículo 1º, por el artículo 1º de la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del mismo artículo.

Saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.

CARLOS A. URRUTY
Presidente

ANTONIO MORELL
Secretario Letrado".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de
la Cámara de Representantes
Alberto Perdomo

Presente
De mi mayor consideración:

Por la presente, comunico a usted que no acepto por esta vez la convocatoria, en virtud de la licencia solicitada por el Diputado Jorge Pozzi, desde el día 13 de mayo hasta el 20 inclusive, del corriente año.

Sin otro particular, saluda a usted atentamente.

Susana Rodríguez".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia en misión oficial oportunamente concedida al señor Representante por el departamento de Montevideo, Jorge Pozzi, por el período comprendido entre los días 13 y 20 de mayo de 2008.

RESULTANDO: Que los suplentes correspondientes siguientes, señores Antonio Gallicchio, Dari Mendiondo, señora Marcela Bidondo y señor Humberto Castro, no habían aceptado por esa vez la convocatoria de que fueron objeto.

CONSIDERANDO: I) Que habiéndose agotado la nómina de suplentes la Corte Electoral a solicitud de la Cámara, proclamó a los señores Gonzalo Mujica, Diego Cánepa, señora Susana Rodríguez y señor Roque Ramos, como suplentes, lo que comunicó por Oficio Nº 874/2008, de 30 de abril de 2008.

II) Que los suplentes proclamados señores Gonzalo Mujica y Diego Cánepa se encuentran desempeñando el cargo de Representantes Nacionales, y la señora Susana Rodríguez no acepta por esta vez la convocatoria.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República y en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptase por esta única vez la negativa presentada por la suplente siguiente, señora Susana Rodríguez.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por el período comprendido entre los días 13 y 20 de mayo de 2008, al suplente siguiente de la Hoja de Votación Nº 99000, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Roque Ramos.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a efectos de solicitar licencia por los días 7 y 8 del corriente mes, basados en literal A) enfermedad.

Asimismo, solicito se convoque al suplente correspondiente.

Sin más, saludo a usted muy atentamente.

JUAN ANDRÉS ROBALLO
Representante por Montevideo".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Andrés Roballo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por los días 7 y 8 de mayo de 2008 y adjunta certificado médico.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en de su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal A) de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por los días 7 y 8 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Juan Andrés Roballo.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 738 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Julio Pérez.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 5 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de ésta me dirijo ante Ud. a los efectos de solicitarle licencia ante la Cámara de Representantes para el día 7 del corriente, por motivos personales.

Desde ya muchas gracias.

Me despido de Ud. muy atte.

RICHARD CHARAMELO
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Richard Charamelo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 7 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 7 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Canelones, Richard Charamelo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 7 de mayo de 2008, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 20041 del Lema Partido Nacional, señor Remo Monzeglio.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Quien suscribe comunica a usted que tomará licencia los días 5, 6, 7 y 8 de mayo del presente año, para concurrir al seminario sub-regional organizado en forma conjunta por la Unión Interparlamentaria y la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador "El papel de los parlamentos de América Central en los procesos de reconciliación y democratización" a realizarse los días 6 y 7 de mayo de 2008 en la ciudad de San Salvador, El Salvador. Solicita por lo tanto se convoque al suplente respectivo.

Atentamente le saluda,

GUSTAVO BERNINI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Sr. Javier Cousillas, con cédula de identidad Nº 1.621.079-4, en mi calidad de suplente del Sr. Representante Nacional Gustavo Bernini, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Javier Cousillas".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Sr. Fernando Isabella, con cédula de identidad Nº 2.912.781-3 en mi calidad de suplente del Sr. Representante Nacional Gustavo Bernini, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Fernando Isabella".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Sr. Gabriel Courtoisie, con cédula de identidad Nº 1.449.223-7, en mi calidad de primer suplente del Sr. Representante Nacional Gustavo Bernini, quien ha solicitado licencia, comunico a usted que desisto por esta vez, de asumir el cargo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Gabriel Courtoisie".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Jorge Mazzarovich, cédula de identidad Nº 946.301-3 en mi calidad de suplente del Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente

Jorge Mazzarovich".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Jorge Pandolfo, cédula de identidad Nº 1.049.265-3 en mi calidad de suplente del señor Representante Nacional, comunico a usted que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Jorge Pandolfo".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe Carmen Anastasía, cédula de identidad Nº 3.529.236-5, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, lo saluda a Ud. muy atentamente

Carmen Anastasía".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

La que suscribe Diana Pérez, cédula de identidad Nº 1.969.801-4, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitada por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocada por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente

Diana Pérez".

"Montevideo, 30 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

El que suscribe Juan Silveira, C.I. Nº 3.013.093-6, en mi calidad de suplente del Señor Representante Nacional, comunico a Ud. que me encuentro imposibilitado por esta sola vez de asumir el cargo de Representante para el cual fui convocado por ese Cuerpo.

Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente

Juan Silveira".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial del señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Bernini, para concurrir al Seminario sub-regional organizado en forma conjunta por la Unión Interparlamentaria y la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador "El papel de los parlamentos de América Central en los procesos de reconciliación y democratización", a desarrollarse en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia en misión oficial por el período comprendido entre los días 5 y 8 de mayo de 2008.

II) Que por esta única vez no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplentes siguientes, señores Javier Cousillas, Fernando Isabella, Gabriel Courtoisie, Jorge Mazzarovich, Jorge Pandolfo, señoras Carmen Anastasía, Diana Pérez y el señor Juan Silveira.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Gustavo Bernini, por el período comprendido entre los días 5 y 8 de mayo de 2008, para concurrir al Seminario sub-regional organizado en forma conjunta por la Unión Interparlamentaria y la Honorable Asamblea Legislativa de El Salvador "El papel de los parlamentos de América Central en los procesos de reconciliación y democratización", a desarrollarse en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador.

2) Acéptanse las denegatorias presentadas por los suplentes siguientes señores Javier Cousillas, Fernando Isabella, Gabriel Courtoisie, Jorge Mazzarovich, Jorge Pandolfo, señoras Carmen Anastasía, Diana Pérez y el señor Juan Silveira.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, por el período comprendido entre los días 6 y 8 de mayo de 2008, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Artigas Melgarejo.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 5 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo

Presente.
De mi mayor consideración:

Por intermedio de la presente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 17.827, solicito licencia por el día martes 6 de mayo, por motivos personales.

Solicito por consiguiente, que se convoque al suplente respectivo.

Sin otro particular, saluda atentamente.

FERNANDO LONGO
Representante por Flores".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Flores, Fernando Longo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618, de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 6 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Flores, Fernando Longo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 6 de mayo de 2008, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 10790 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Eduardo Fernández.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito se me conceda licencia desde el 13 hasta el 18 de mayo inclusive, por misión oficial, para participar de la IX Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano que se desarrollará en Aruba, solicitando se convoque al suplente respectivo, Sr. Hugo Cuadrado.

Sin otro particular saluda a usted muy atentamente.

ROQUE ARREGUI
Representante por Soriano".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui, para asistir a la IX Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Orangestad, Aruba.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 18 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, y por el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia para viajar al exterior en misión oficial, al señor Representante por el departamento de Soriano, Roque Arregui, por el período comprendido entre los días 13 y 18 de mayo de 2008, para asistir a la IX Reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en la ciudad de Orangestad, Aruba.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por el mencionado lapso, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 90 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Hugo Cuadrado.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 29 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 16.465, solicito al Cuerpo que tan dignamente preside, se sirva concederme el uso de licencia médica en el período comprendido entre el día 28 de abril y el día 15 de mayo del corriente, cuyo certificado adjunto.

Sin más saluda atentamente.

LUIS ROSADILLA
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 29 de abril de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el señor Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Saludo a usted muy atentamente

Julio Battistoni".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por enfermedad del señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Rosadilla.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 28 de abril y 15 de mayo de 2008.

II) Que, por esta vez, no acepta la convocatoria el suplente siguiente, señor Julio Battistoni y la señora Beatriz Costa integra la Cámara por el período comprendido entre los días 6 y 9 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en de su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el literal A) de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por enfermedad, por el período comprendido entre los días 28 de abril y 15 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Luis Rosadilla.

2) Acéptase la negativa que, por esta vez, presenta el suplente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación por los períodos comprendidos entre los días 6 y 9 de mayo de 2008 y 10 y 15 de mayo de 2008, a los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Hugo Arambillete y señora Beatriz Costa.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle licencia por motivos personales, para el día 6 de mayo del corriente, amparándome en el Art. 1º, de la Ley Nº 17.827.

Sin más, saluda atentamente.

PABLO ÁLVAREZ
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Julio Battistoni".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente,

Gonzalo Pessi".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Álvarez.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el día 6 de mayo de 2008.

II) Que, por esta vez, no aceptan la convocatoria los suplentes siguientes, señores Julio Battistoni y Gonzalo Pessi y la señora Beatriz Costa y el señor Hugo Arambillete integran la Cámara por el período indicado.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada a su artículo primero por la Ley Nº 17.827 de 14 de setiembre de 2004 y el inciso tercero del artículo primero de la citada.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 6 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Montevideo, Pablo Álvarez.

2) Acéptanse las negativas que, por esta única vez presentan los suplentes siguientes, señores Julio Battistoni y Gonzalo Pessi.

3) Convóquese por Secretaría, por el día 6 de mayo de 2008, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Óscar Groba.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar licencia por motivos personales para el día 7 de mayo.

Sin más le saludo con mi más alta estima.

DANIEL PEÑA
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 7 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 7 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Canelones, Daniel Peña.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 7 de mayo de 2008, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 20004 del Lema Partido Nacional, señor Mario Pérez.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

15.- Llamado a Sala a los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social.

——Dese cuenta de una nota presentada por los Diputados Pablo Abdala, Delgado, González Álvarez, Borsari Brenna, Alonso, Gandini, Enciso Christiansen e Iturralde.

(Se lee:)

"Montevideo, 29 de abril de 2008.- Cámara de Representantes.- Sr. Presidente.- Don Alberto Perdomo.- PRESENTE.- De nuestra mayor consideración. Por la presente solicitamos a Ud. que se realicen las gestiones pertinentes con el fin de llamar a Sala, de acuerdo al artículo 119 de la Constitución de la República y al artículo 96 del Reglamento de la Cámara de Representantes, al Sr. Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, y al Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Don Eduardo Bonomi, a los efectos de responder sobre la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las pasividades, ante los fallos de la Suprema Corte de Justicia.- Sin otro particular, saludamos muy atentamente [...]".

——A efectos de recordar al Cuerpo el sistema a implementarse en un llamado de esta naturaleza, solicitamos que se lean los primeros incisos de los artículos 97 y 98 del Reglamento.

(Se lee:)

"Artículo 97.- Al dar cuenta a la Cámara de la entrada de uno de estos asuntos, el Presidente invitará a los Diputados que deseen la concurrencia a Sala del Ministro a que expresen su conformidad votando afirmativamente, sin discusión, la proposición formulada, sin que esto signifique que se solidarizan con sus términos, sino simplemente que desean que se haga uso de la facultad de llamar a Sala a un Ministro". [...]

"Artículo 98.- La sesión de interpelación deberá ser fijada dentro de las dos semanas siguientes a la aprobación del llamado a Sala. Vencido dicho término, el interpelante podrá solicitar que la Cámara, por un tercio de votos de sus miembros, señale fecha y hora en las que se realizará. [...]".

——Como esta solicitud no tiene discusión, tal cual está previsto en el artículo 97 del Reglamento, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en setenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR PEREYRA.- ¡Que se rectifique la votación!

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a rectificar la votación.

(Se vota)

——Setenta y ocho en setenta y nueve: AFIRMATIVA.

En consecuencia, la Mesa coordinará con los señores Ministros este llamado a Sala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Señor Presidente: creo que en los trámites parlamentarios hay votos que según las ocasiones se hacen más relevantes que otros.

Con relación a la aprobación de la instancia parlamentaria de la comparecencia en Sala de los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, los votos indispensables, sin duda, son los de la oposición, porque este es un instrumento de contralor que tienen las minorías con relación al Poder Ejecutivo. Es bueno igual y saludable, y por cierto nos alegra, que este planteamiento del Partido Nacional haya sido apoyado por la totalidad del plenario y se haya votado casi por unanimidad, pero mejor sería que algunos votos que hoy se pronunciaron a favor de esta solicitud estuvieran para lo que verdaderamente deberían estar, que es parte de lo que al Poder Ejecutivo se le va a demandar cuando comparezcan los señores Ministros Astori y Bonomi. ¡Bueno sería que los votos de la mayoría estuvieran para derogar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en su aplicación a las pasividades!, ya que esta interpelación se realizará porque el Gobierno está en omisión. Desde el 14 de marzo, en que se pronunció por primera vez la Suprema Corte de Justicia, estamos demandando, precisamente, la derogación de este impuesto, que ha sido tachado de inconstitucional en primera instancia y, por lo tanto, a partir de allí puesta en tela de juicio su legitimidad.

(Interrupciones)

——Hoy tenemos sentencias contradictorias.

(Interrupciones)

——Las sentencias contradictorias determinan...

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- La Mesa recuerda al señor Diputado que está haciendo uso de la palabra para fundar el voto.

Puede continuar el señor Diputado Pablo Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Estoy fundando el voto porque mi Partido mocionó para que los señores Ministros comparezcan en Sala.

(Interrupciones)

——Y estoy diciendo que en opinión de la oposición y de este partido político de la oposición el Gobierno está en falta, porque ante sentencias contradictorias debió haber derogado este impuesto y no lo hizo, porque esa instancia genera una desigualdad irritante, y el Partido de Gobierno y el Poder Ejecutivo están en la obligación primigenia de resolver y hasta este momento no lo han hecho.

Además, van a comparecer los señores Ministros, no solo porque el Gobierno está en omisión por esta circunstancia sino también porque está en falta con los propios involucrados, con los jubilados y pensionistas que pagan Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, ya que los han estigmatizado, porque el Gobierno ha pretendido sostener que se trata de una suerte de minoría privilegiada y no son ni tan pocos, porque son varias decenas de miles quienes han sido condenados a esta situación, ni son tan privilegiados, porque en su enorme mayoría, como el Partido Nacional lo demostrará en la interpelación, ganan pasividades y haberes jubilatorios que están por debajo de la media canasta básica.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——En seguida termino, señor Presidente.

El Gobierno también está en falta con los otros jubilados, con quienes no pagan el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, a quienes el doctor Vázquez pretendió decir hace pocos días en Rosario que el Gobierno trabajaba para ellos. Tanto no trabaja para ellos que en este país seguimos teniendo más de 300.000 pasivos que ganan menos de $ 5.000.

(Interrupciones)

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- La Mesa solicita al señor Diputado que vaya redondeando.

SEÑOR ABDALA (don Pablo).- Y eso es responsabilidad de este Gobierno, que se comprometió -termino, señor Presidente- a trabajar por las jubilaciones sumergidas y no lo hizo.

De todo eso -creo que este clima anticipa un debate profundo en este ámbito, y bienvenido sea, porque así podremos confrontar posiciones con el Poder Ejecutivo- tendrán que venir a hacerse cargo los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, en la instancia que la Mesa coordine, como lo determina el Reglamento.

Muchas gracias.

(Aplausos)

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Señor Diputado: seguramente, el pleno le ha dado, a través de los votos, la posibilidad de ese debate profundo. Realizar el adelanto del debate hoy por la vía de la fundamentación del voto seguramente nos deje fuera de control.

Tiene la palabra el señor Diputado Washington Abdala.

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Señor Presidente: muchísimas gracias por su deferencia.

Es evidente que el clima del Cuerpo anticipa una jornada difícil para el señor Ministro, y no lo están anticipando el partido interpelante y el que va a colaborar con la interpelación; lo está anticipando -lo digo con mucho respeto- la bancada de Gobierno, en la que uno advierte un clima de nerviosismo, de inquietud. Pocas veces hemos visto en este Parlamento...

(Interrupciones)

——Pocas veces hemos visto en este Parlamento un clima así, donde se aplauda de esta manera; es la verdad.

A ver si nos entendemos: se tiene todo el derecho a discrepar...

(Interrupciones)

——...pero se debe tener todo el derecho a oír a aquellos que ejercen el contralor. En nuestra condición de partidos opositores, decimos que la venida del señor Ministro de Trabajo y Seguridad y del señor Ministro de Economía y Finanzas es absolutamente imprescindible, y es probable que sea una de las convocatorias más importantes de este Período.

Este no es un tema menor. Involucra las economías de la gente; involucra a una clase media que está afectada, que se queja y que está en clima de rebelión, pero no acá adentro, está en la calle en clima de rebelión contra el Gobierno. Involucra a jubilados que aportaron toda su vida; involucra derechos adquiridos, y que el Gobierno, luego de un dictamen de la Suprema Corte de Justicia que le viene bien, aplaude, cuando antes se llevaba puesto al Poder Judicial. ¿O acaso tengo que recordar a algunos parlamentarios lo que dijeron del Poder Judicial? Parlamentarios de esta Casa y parlamentarios de la otra. Ahora aplauden como los tres sobrinos del Pato Donald lo fantástico del Poder Judicial. Nosotros aplaudimos ayer y aplaudimos hoy, pero discrepamos acá. Además, nos parece que lo que se anticipa es una persecución a aquellos jubilados que el Poder Judicial dictaminó un derecho, y francamente, nos parece que eso es un atropello. No existen en la sociedad uruguaya los platudos de un lado y la gente humilde del otro. Todos tienen el mismo derecho. Este es un país donde todo el mundo tiene derecho a ser respetado, y la impresión que tenemos desde el Partido Colorado es que esto se ha abordado mal. Se ha abordado mal el encare con el Poder Judicial, y por eso decimos que el único camino posible va a ser llevar adelante una enmienda constitucional para que los jubilados puedan dormir tranquilos y no tengan gravámenes de ningún tipo. Ningún Gobierno puede meter la mano en el bolsillo a los jubilados.

(Interrupciones)

——Yo sentí este discurso muchas veces por parte del Partido de Gobierno, antes Partido opositor, y ahora se han cambiado las camisetas, señor Presidente. Entonces...

(Interrupciones)

——...tenemos todo el derecho del mundo -si se ponen nerviosos, doble plato- a hacer nuestros planteos. Este es un Parlamento libre. Yo viví en este Parlamento cómo se llenaban las barras para vejar a los Gobiernos anteriores cuando se llevaban adelante cambios que se entendían pertinentes. Hoy, en la oposición, sentimos que tenemos el derecho a decir al Gobierno que se equivocó; tenemos el derecho de decir al Gobierno que ofendió al Poder Judicial; tenemos el derecho de decir al Gobierno que los Ministros tienen soberbia con respecto a este tema y que el IRPF debe terminar rápidamente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- ¿Puede redondear, señor Diputado?

SEÑOR ABDALA (don Washington).- Estoy terminando, señor Presidente.

Gracias.

(Interrupción de la señora Diputada Castro)

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Revisaremos la versión taquigráfica si es necesario, señora Diputada.

(Interrupciones)

——Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Señor Presidente: no es la primera vez que estos temas generan nervios y preocupación en la Cámara. Voy a intentar fundar el voto de nuestra bancada.

Nuestra bancada votó afirmativamente teniendo en cuenta algo que nos parece importante y que ya hemos dicho en todas las interpelaciones que ha habido en esta Casa: que este Cuerpo es el que debe controlar al Poder Ejecutivo, y ese papel, sin lugar a dudas, debe tenerlo la oposición. Es una lástima que el Partido que firma la moción no haya obtenido, por sí solo los votos -a pesar de que los tiene para llamar a Sala a cualquier Ministro-, y que haya necesitado los del Partido Colorado en primera instancia. Luego, el Partido de Gobierno...

(Interrupciones)

——Señor Presidente: solicito que me ampare en el uso de la palabra.

(Interrupciones.- Campana de Orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Vamos a tratar de escucharnos, señores Diputados.

Puede continuar el señor Diputado Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- En ese sentido, señor Presidente, y por los antecedentes que ya hay en esta Cámara, digo que no es la primera vez que este tema pone nervioso a más de uno. Si no, miremos hace un año -tal vez ni tanto-, cuando la oposición llamó a Sala al Ministro de Economía y Finanzas antes de que se aprobara la ley, cuando se estaba discutiendo la política tributaria.

Es bueno hacer un poco de memoria, algo inusual en esta Cámara. Se interpeló a un Ministro antes de que se aprobara la ley. Y ahora, de acuerdo con lo que acabo de escuchar, se va a interpelar a un Ministro por un impuesto que aplica este Gobierno. ¡Qué máscaras que son! ¡Qué máscaras, señor Presidente,...

(Interrupciones)

——...hay que tener en este país para decir que por primera vez se aplica un impuesto a los jubilados!

(Interrupciones)

——Cuando en realidad...

(Interrupciones)

——Señor Presidente: distribuya tilo, porque están nerviosos.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Señores Diputados: vamos a revisar en todos los casos la versión. Vamos a bajar el tono y a escucharnos.

Puede continuar el señor Diputado Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Voy a solicitar que en vez de café, repartan tilo.

Estamos hablando con nivel sobre el tema que queremos discutir, y porque sabemos que cuando viene el Ministro de Economía y Finanzas le da nivel a este tema, porque, en realidad da los argumentos que a algunos legisladores les faltan para poder comprender el tema. Y ahora, cuando vengan los Ministros a historiar...

(Interrupción de la señora Representante Etcheverry)

——Otra taza de tilo, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Por favor, señora Diputada.

Continúa en uso de la palabra el señor Diputado Pereyra.

SEÑOR PEREYRA.- Más tilo.

Señor Presidente: en ese sentido es que vemos muy bien la interpelación, porque ahí se va a ver qué jubilaciones están defendiendo.

(Interrupción de la señora Representante Argimón)

——Vamos a ver si son los 2.300 jubilados privilegiados; vamos a ver cómo se han aplicado los impuestos a los jubilados durante decenas de años, y quienes hoy están nerviosos, estaban muy tranquilos.

(Interrupción de la señora Representante Argimón)

——Por eso es bueno hacer esta interpelación: porque nos refresca la memoria. Sabemos en qué país vivimos, qué intereses está defendiendo cada uno, y por eso, con todas sus manos, esta bancada de Gobierno ha votado con mucho gusto el llamado a Sala.

(Interrupciones.- Campana de Orden)

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Posada.

SEÑOR POSADA.- Señor Presidente: el Partido Independiente ha acompañado con su voto este llamado a Sala a los Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, en primer lugar porque entendemos que es un derecho de las minorías ejercer sobre el Poder Ejecutivo el control que la propia Constitución de la República nos delega.

En segundo lugar, creo que es oportuno y conveniente que este tema sea debatido en el ámbito de la Cámara de Representantes, primero porque hay que saber y el Poder Ejecutivo tiene que venir a decirnos si efectivamente va a cumplir con la Constitución de la República o la va a seguir violando. Porque el principio fundamental que existe en este país, establecido en el artículo 8º de la Carta, es que todos los uruguayos somos iguales ante la ley, no distinguiéndose otras diferencias que la de las virtudes o los talentos. Sin embargo, y a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ha fallado, en algunos casos marcando claramente la inconstitucionalidad de una norma tributaria y en otro fallo reciente estableciendo su constitucionalidad, todos sabemos que lo preceptuado por la Constitución es de aplicación en función de quienes fueron los reclamantes, y que dicha aplicación, en definitiva, se efectúa en forma individual a los reclamantes que tuvieron un fallo en uno u otro sentido. Pero ocurre que el artículo 8º prima sobre el resto de los artículos en el sentido de que establece un principio de carácter general. Entonces, es bueno que el Poder Ejecutivo, a través de estos Ministros, venga a decirnos si realmente va a cumplir con la Constitución.

En la fundamentación de voto del señor Diputado oficialista se hicieron referencias que claramente violentan el Reglamento por cuanto se han hecho alusiones de carácter político.

(Suena el timbre indicador de tiempo)

——Respecto a la referencia que se hizo a la interpelación al señor Ministro de Economía y Finanzas, queremos decir que dicha interpelación fue la gran alerta que se estableció a la población uruguaya sobre lo que se venía. Muchos no creyeron. Muchos creyeron en la palabra del señor Ministro. Hoy yo pregunto: a la luz de los resultados, cuando definitivamente el fallo de la población es inequívoco, cuando más del 30% de los uruguayos están pagando mucho más de lo que pagaban por el Impuesto a las Retribuciones Personales, ¿de qué lado estaba la verdad? ¿De qué lado estaba la verdad?

Esa es la reflexión que deberían realizar todos los integrantes del Gobierno, sobre todo para asumir, dándose un baño de humildad, que han cometido un grave error y, más que un error, que traicionaron sus propias propuestas del año 1999.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado José Carlos Cardoso.

SEÑOR CARDOSO (don José Carlos).- Señor Presidente: estos fundamentos de voto del día de hoy parecen ser un poco extraños. El Gobierno, a través del señor Diputado Pereyra, acaba de decir que los miembros de su bancada votaron la interpelación, cuando todas las cámaras fueron testigos de que no lo hicieron sino hasta que supieron que la oposición tenía los votos para interpelar. No votaron la interpelación. Después que los votos estaban, pidieron la rectificación de la votación para, entonces sí, acompañar la interpelación, pero en principio no querían que vinieran los Ministros al Cuerpo.

Nosotros hemos votado esta interpelación por considerar, no solo que va a ayudar a refrescar a todos la memoria respecto a los procesos que se han vivido en torno al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas y a la forma en que el Gobierno gravó a los activos y a los jubilados, sino que nos va a permitir a todos, al Uruguay -que va a mirar la interpelación a través de los medios-, volver a tener la confianza suficiente en el sistema democrático, volver a tener la tranquilidad de conciencia de que ningún Senador será capaz de amenazar a los partidos políticos cuando estos entablan acciones ante la Justicia, algo que vimos hacer en estos días, cuando un Senador de la República anunciaba: "Ya vamos a ver qué hacemos con los abogados y con los partidos políticos que han acompañado a los jubilados a la Suprema Corte de Justicia".

En esa interpelación también vamos a despejar el temor. En primer lugar porque este Partido no tiene ningún temor. No nos van a atemorizar los Senadores del Partido de Gobierno anunciando por los medios de prensa que van a ver lo que hacen ahora con nosotros y con los abogados. ¿Qué van a hacer? ¿Los van a poner en la barca "Puig" y los van a deportar? ¿Qué van a hacer con los partidos políticos que, en un régimen democrático, apelan a la Justicia para ganar o para perder, para estar a lo que la Justicia definitivamente decida, que es lo que estamos haciendo todos nosotros, sin agraviar y sin insultar a esta Suprema Corte de Justicia, que consideró que el impuesto era constitucional? Ninguno de nosotros salió a perseguir a nadie, como sí lo ha hecho el Gobierno.

Y hay mucha gente que sigue estos debates desde su casa que seguramente se hará algunas preguntas. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? ¿Quién será el próximo al que van a amenazar? ¿Qué tipo de amenazas esconde el Gobierno? ¿Por qué amenazan a la gente cuando no les gustan los dictámenes? Primero fue la doctora Sara Bossio, la Suprema Corte de Justicia; después los abogados y los partidos políticos. Pues acá va a haber un Partido que planteará las cosas sin temores y que va a tratar de trasmitir a la opinión pública, a los ciudadanos, que no le teman al Gobierno. No hay que tener temor a los gobernantes, entre otras cosas porque a este Gobierno le queda poco.

Muchas gracias, señor Presidente.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Vega Llanes.

SEÑOR VEGA LLANES.- Señor Presidente: hemos declarado írrito, nulo y disuelto el Reglamento de la Cámara.

(Murmullos.- Campana de orden)

——No sé cuál es el Reglamento que nos rige, porque todo lo que hemos hecho ha estado fuera de lo que permite. No tengo miedo de los debates; me encantan. Pero vamos a ponernos de acuerdo: declaramos debate libre y nos damos hasta que nos aburramos. Además, hay quienes muchas veces me critican porque me ofusco y resulta que hoy da la casualidad de que soy de los más tranquilos de la Cámara. Será que todos tenemos algún indio adentro que a veces nos sale. No importa.

Yo he votado la interpelación -y con esto no involucro a ninguno de mis compañeros en el fundamento de voto- y lo hubiera hecho desde el principio, porque entiendo que cuando el adversario se equivoca hay que ayudarlo a que se equivoque, y si insiste, hay que darle una mano para que se equivoque más. Le erraron en los caminos que han emprendido, le erraron en algunas votaciones que ha habido y ahora, desesperadamente, buscan esta solución. Para mí, lo mejor que nos puede pasar, al país y al Gobierno, es que vengan los dos Ministros a Sala y demuestren definitivamente la razón que se tiene en la aplicación de este impuesto, sobre el cual, por otra parte, no se puede decir que sea el primer impuesto a los jubilados. No se puede decir eso sanamente porque en este país hace veinticinco años que se les cobra impuestos a los jubilados ¡Veinticinco años!, y lo han hecho todos los Gobiernos, tanto blancos como colorados. No nos pueden venir a decir ahora que nosotros inventamos la pólvora al poner un impuesto a los jubilados y que somos los primeros en la historia que lo hacemos.

Entonces, está todo bien. Podemos empezar a debatir; haremos una discusión profunda, y estoy seguro de que va a pasar como cuando se llamó a Sala al Ministro Astori en aquella interpelación preventiva: termina de hablar, nos levantamos y nos vamos todos calladitos la boca, porque, seguramente, no va a haber mucho más para decir.

(Apoyados)

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: creo que esta prediscusión que han introducido el Abdala de mi derecha y el Abdala de enfrente es un anticipo de lo que vamos a vivir en la Cámara de Representantes el día que concurran los Ministros. Y yo felicito a la bancada de Gobierno por esta actitud de haber levantado su mano y de estar dispuestos a interpelar a los señores Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social, porque en definitiva les van a dar la posibilidad a los señores Ministros y al Gobierno en general, de salir de este atolladero brutal en el que se están sumergiendo.

Aquí, en este ámbito, los señores Ministros van a tener la oportunidad de reconocer la inconstitucionalidad de este acto. Van a tener los señores Ministros la oportunidad de cambiar la definición de "renta es igual a ingreso" que ha sostenido el Ministro Astori. Van a poder reconocer acá que la jubilación no es una renta, sino que es una mala devolución de los aportes que una persona ha hecho durante toda su vida, y que tan claro es que la jubilación no es renta que al que no hizo aportes no se le da jubilación, sino una pensión.

Entonces, van a tener la oportunidad, en el seno del Parlamento, de pedirle disculpas a la Suprema Corte de Justicia y de pedirle disculpas a la organización republicana del Uruguay. Nuestro Partido fue respetuoso de la organización republicana del Uruguay cuando los fallos fueron favorables a nuestra línea de pensamiento y también fuimos respetuosos -lo hemos sido todos, en definitiva; la gran mayoría de los orientales- del fallo de la Suprema Corte de Justicia cuando fue adverso a nuestro modo de pensar.

Creo que de no mediar la interpelación, el Gobierno no tendría salida. Sin embargo, el Gobierno va a venir acá y va a anunciar que elimina el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en lo que hace a las pasividades. Y lo va a anunciar el señor Ministro de Economía y Finanzas en este ámbito. Y lo va a anunciar antes de irse, ya que el señor Ministro de Economía y Finanzas va a dejar su cargo muy prontamente. Una de las razones de su caída, una de las razones de su ida, amén del tema Bengoa, es este tema que involucra a los jubilados. Eso es lo que explica la salida del Ministro de Economía y Finanzas, y creo que la bancada del Frente Amplio le da aquí, desde esta tribuna, en este ámbito del Parlamento, la oportunidad histórica de reivindicarse un poquito, diciéndole a los jubilados del Uruguay que, para que no haya orientales con impuesto y orientales sin impuesto, para que no haya orientales diferentes, para que no haya unos jubilados a los que se les aplica una ley y a otros, otra, lisa y llanamente va a derogar la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas en lo que hace a los jubilados.

Entonces, quiero expresar mi felicitación a lo actuado por la bancada de Gobierno.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Yanes.

SEÑOR YANES.- Señor Presidente: yo voté la interpelación porque, como se dijo, es un derecho de la minoría. Ahora, aclaro que la voté de primera -por distraído, pero voté de primera; así que acompañé dos veces la interpelación- porque creo que hay que dar el capítulo por cerrado, nosotros, con nuestra verdad, y los demás, con la suya.

Ahora, señor Presidente, como usted fue tan flexible y permitió algunas alusiones políticas, yo quiero decir que a mí ningún Diputado del Partido Colorado me va a dar clases de respeto a la Constitución y la ley. Porque el Diputado del Partido Colorado que habló recordará...

(Interrupciones)

——Yo soy un burro porque no soy abogado ni nada y no sé si son exhortos, citaciones, pero recuerdo que un Comandante en Jefe de un Gobierno colorado guardó ostensiblemente las citaciones...

(Interrupciones)

——El Ministro de Defensa guardó las citaciones de un Juez en una caja fuerte ¡y acá no hubo ningún blanco ni colorado que fuera a interpelar a ningún Ministro! ¡Así que las clases a la facultad, a la Universidad! Y los burros como yo, que no fuimos a ningunos de esos lugares...

(Interrupción del señor Representante Casaretto)

——...los burros como yo decimos que cuando se habla de respetar la ley, se habla ahora y cuando se fue Gobierno...!

(Interrupción del señor Representante Iturralde Viñas)

——Ahora, clases de respetar la Constitución y la ley a mí no me la da ningún Diputado,...

(Interrupciones.- Campana de orden)

——...entre ellos, ninguno del Partido Colorado, que en aquel momento se olvidaron de cómo era la llave o la fórmula para abrir la caja fuerte.

A los otros que fueron aludidos, que lo borren de la versión taquigráfica y se la saquen con peine fino.

(Hilaridad)

——Hasta luego.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Eso es lo que vamos a hacer en todos los casos, señor Diputado Yanes. No confunda flexibilidad con otra cosa.

Tiene la palabra el señor Diputado Ibarra.

SEÑOR IBARRA.- Señor Presidente: hemos votado la moción de interpelación presentada por el Partido Nacional convencidos de que es una buena oportunidad para que los dos Ministros citados expliquen y puedan exponer con absoluta claridad y extensión las motivaciones por las cuales se modificó un sistema tributario que antes era absolutamente inequitativo, en el que fundamentalmente se cargaban los tributos a las personas que menos tenían. Por lo tanto, hemos votado convencidos esta moción presentada por el Partido Nacional.

Además, señor Presidente, yo comprendo el nerviosismo que ha habido en Sala, porque últimamente la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado de determinada manera con respecto a los planteamientos realizados por ciudadanos. Muy pocas horas antes de ese fallo de la Suprema Corte de Justicia los máximos líderes de la oposición realizaron una movilización, que nosotros, por supuesto, no calificamos porque creemos que todo partido político tiene oportunidad de actuar de esa manera. En todos los medios de comunicación hubo fotos de los cuatro líderes máximos de los partidos de oposición y resulta que, a las pocas horas, la Suprema Corte de Justicia dictaminó en forma desfavorable a lo que ellos habían pensado. Entonces, yo comprendo el nerviosismo. Inclusive, estoy mirando la fecha de presentación de este pedido de interpelación al Presidente de la Cámara de Representantes, Alberto Perdomo Gamarra, y veo que es del 29 de abril del año 2008, cuando ya había existido un compromiso por parte del Directorio del Partido Nacional de interpelar. Yo me pregunto -y eso quedará de por vida en una incógnita- qué habría pasado si, de repente, la oposición hubiera sabido que el dictamen de la Suprema Corte de Justicia era, con absoluta claridad, que con respecto al IRPF a los jubilados se está aplicando un método absolutamente constitucional. Esas son las dudas que quedan, ¿verdad?

Yo comprendo el nerviosismo, pero vamos a tener paciencia, señor Presidente. Ya hay un compromiso formal por parte del Gobierno y de esta bancada en el sentido de que al inicio del segundo semestre de este año se van a realizar cambios, porque estamos ante un sistema tributario dinámico, ante un proyecto dinámico, y se van a modificar en forma sustancial algunos puntos tan importantes como, por ejemplo, el del mínimo no imponible, y sin duda que también se encontrará una solución definitiva al aspecto que estamos tratando en este momento y que va a ser considerado en la interpelación, o sea, el del IRPF a los jubilados.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado García.

SEÑOR GARCÍA.- Señor Presidente: creo que no se puede decir con fundamento que el oficialismo votó esta interpelación porque es un derecho de la minoría, como dice que lo hizo. Tan derecho de la minoría como votar una interpelación es el de hacer un pedido de informes, cuya reiteración la bancada oficialista ha negado en repetidas oportunidades a la minoría. Y también lo es el hecho de votar el envío de las palabras de una intervención en la media hora previa, algo tan simple como eso, que decenas de veces la bancada oficialista ha negado que se remitiera cuando un Diputado de la oposición solicitaba que se cursara a algún Ministro.

No es por un derecho de la minoría. El oficialismo, señor Presidente, ha votado la interpelación -dice que la vota- porque hay un pedido expreso del Presidente de la República para respaldar al candidato del oficialismo a la Presidencia, el señor Ministro Astori. Tanto es así que esto es para respaldar a quien quiere el Presidente de la República que sea el candidato, aunque la bancada oficialista -a la que le gusta frecuentemente sacar cuentas- no advirtió que hace veinte minutos faltaron en Sala veinte Diputados del oficialismo para cumplir con el pedido del Presidente de la República. La primera votación que usted proclamó, señor Presidente, dio cuenta de que faltaban veinte Diputados de la bancada oficialista para respaldar, según se dice, al candidato del oficialismo, el Ministro Astori. La verdadera razón por la que no estuvieron presentes esos Diputados es que no quieren respaldar al Ministro Astori. Esa es la verdad. Aquí hubo votos de sobra para interpelar al Ministro, y cuando se llevó a cabo la primera votación faltaban veinte Diputados del oficialismo, que no estuvieron presentes para respaldar al Ministro candidato Astori. Lo que se hace insostenible, señor Presidente, es tener un Ministro que maneja los dineros públicos en virtud de la campaña electoral.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra la señora Diputada Etcheverry.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Señor Presidente: muchos de los compañeros de mi Partido que me antecedieron en el uso de la palabra han hablado claramente del porqué de esta interpelación.

Antes que nada, creemos que el Impuesto a la Renta a los jubilados no es constitucional.

Aquí se hizo una alusión demasiado directa, cuando se habló de sacarse las máscaras. Eso fue interesante, porque por fin las máscaras se sacan acá, en la Cámara, en el Parlamento. Años atrás veíamos gente que tiraba monedas cuando se votaban determinadas cosas, cuando algunas no les gustaban, cuando los sueldos de los maestros o de los funcionarios públicos no eran lo que se quería. Sin embargo, hoy esos sueldos siguen siendo tan magros y tan tristes o peores.

En el Gobierno del Partido Nacional sí se le habrá puesto un impuesto a los jubilados, pero cada tres meses tenían un buen aumento; parece que hay mala memoria al respecto. Y ya que se le quiere descontar a los jubilados a través de este impuesto, sería bueno que hubiera más jubilados a los que se les descontara, porque eso querría decir que ganan más de $ 13.000. Pero hoy hay más jubilados que ganan por debajo de los $ 3.000.

Entonces, ya que supuestamente hay gente que se sacó las máscaras, digo que se la sacaron hoy y se la van a sacar en la interpelación. ¿Sabe por qué, señor Presidente? Porque hubo treinta años de mentira. A los jubilados se les prometió que en este período iban a tener remuneraciones dignas y que no iban a pasar hambre. Pero en este momento -y hago una reflexión en mi fundamento de voto- los jubilados están pasando hambre por los aumentos en los precios y por la inflación. Hoy estamos conviviendo con un aumento en el combustible que está afectando más que nunca a esos jubilados, a la clase media, a la clase pobre que consume queroseno, que consume gas. A todos esos no se les descuenta, pero reciben esos aumentos impresionantes día a día. ¡Y hoy se habla de que el índice de pobreza ha bajado!

Esta ha sido una pequeña demostración de lo que va a ser esa interpelación del futuro Presidente de la República -que será el que va a poner el Frente Amplio, el que ellos querrán proponer-, que va a ser una muy buena oportunidad para que la gente vea qué propone: que le va a sacar el Impuesto a la Renta. Eso ya lo está diciendo desde ahora: estará haciendo la campaña electoral en esa interpelación en la que supongo que el Diputado Pablo Abdala será el miembro interpelante, porque es quien ha hablado de este tema. Así que ya va a hablar anticipadamente sobre cómo será su programa de Gobierno, cuál va a ser el mínimo no imponible y cómo será el futuro que nos va a dar. Ese día quizás le dé esta información afuera a la prensa.

Así que este debate es un precalentamiento sobre lo que va a hacer el precandidato del Frente Amplio.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: yo me anoté para fundar el voto, es decir, para dar las razones por las cuales levanté la mano a fin de que los señores Ministros, mis compañeros Astori y Bonomi, rindan cuenta en el Parlamento de todo lo que se les quiera preguntar.

Algunos dicen que los años restan vigor, pero otros que nos dan cierto aplomo, cierta calma; yo me inclino por esto último, pero no dejo de aceptar los medidos consejos recibidos por parte de algún legislador que oportunamente me antecedió en el uso de la palabra. Entonces, como me dijeron que me notaban muy nervioso, me pedí un tecito de tilo, que estoy tomando para serenarme. Ahora, ya mucho más sereno, voy a decir exactamente por qué voté la interpelación. Para ello, señor Presidente, me voy a remitir al texto de la Constitución de la República. Acá se dice que esta Constitución se viola, que se extiende; en fin, cada uno la interpreta distinto. Evidentemente, es como un chicle, no porque ella lo sea, sino porque a la hora de interpretarla se la convierte en eso.

(Murmullos.- Campana de orden)

——Concretamente, el artículo 119 de la Carta es el que me movió a pedir la presencia de los señores Ministros en Sala, porque dice: "Cada una de las Cámaras tiene facultad, por resolución de un tercio de votos del total de sus componentes, de hacer venir a Sala a los Ministros de Estado para pedirles y recibir los informes que estime convenientes, [...]".

Esto lo dice la Constitución; y si ella habilita a que los Ministros vengan a informar, creo que es muy bueno que le informen al Cuerpo, a la ciudadanía. Es bueno que por medio de esa información clarifiquen las dudas que puedan existir en toda la ciudadanía y, fundamentalmente, en algunos señores legisladores que, a través de lo que dicen, demuestran que no entienden nada.

Por eso voté, señor Presidente; muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Cánepa.

SEÑOR CÁNEPA.- Señor Presidente: no había pensado fundar el voto, pero lo hago por algunas de las expresiones que se utilizaron en otros fundamentos de voto, más allá de que comparto con el señor Presidente que, dado el clima que se daba, la utilización del artículo 83 del Reglamento habilita a quitar ciertas expresiones de la versión taquigráfica y no había necesidad de interrumpir a cada uno de los legisladores.

Me parece importante ratificar algunos de los conceptos aquí vertidos, porque me preocupan ciertas derivaciones que podríamos tener en el debate.

Hemos repetido hasta el hartazgo que es un derecho de esta Cámara -no solo de la minoría, sino del plenario en su conjunto- solicitar la comparecencia de los Ministros en Sala, por un tercio del total de votos, para interpelarlos con fines de información -tal como ha leído el señor Diputado Semproni-, de inspección o de fiscalización, que es una de las funciones esenciales del Poder Legislativo. Eso está fuera de discusión; es más: ha sido una práctica usual de este Parlamento desde el regreso a la democracia. En el pedido de llamado a Sala a los Ministros que ha presentado el Partido Nacional -utilizando el artículo 119 de la Constitución de la República- se dice que es a los efectos de responder sobre la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas a las pasividades ante los fallos de la Suprema Corte de Justicia. Y la hemos votado porque nos parece pertinente ante los fallos que se han dado en la Suprema Corte de Justicia y teniendo en cuenta algunas discusiones que se han mantenido y que se quieran reeditar. No hay ningún problema, y estamos dispuestos a repetir el debate sobre la pertinencia o no de este Impuesto a la Renta. Pero aquí el planteo es otro, y de allí nuestro fundamento de voto: creemos que también es pertinente debatir acerca de lo que debemos transitar hacia adelante, porque no se trata de desandar el camino.

Luego de algunos insucesos, la Asamblea General, con la participación de los miembros de nuestra Cámara, votó por unanimidad a un Ministro de la Suprema Corte de Justicia en una sesión en la que todos dijimos que las cosas habían vuelto a su cauce normal y que la exposición de las actuaciones de la Corte no debía ser utilizada nuevamente en el giro del debate, porque no ayudaba a la separación de Poderes. En eso estuvimos todos de acuerdo. Ahora bien; yo aliento a que en el debate de fondo discutamos todo lo que se quiera sobre la pertinencia del impuesto, el alcance de los fallos de la Suprema Corte de Justicia, las soluciones hacia delante, pero si se quiere volver a discutir temas en los que en realidad no gana nadie, no se estará afectando a un Ministro ni a un Gobierno, sino a algo que debemos proteger entre todos: la solidez de nuestras instituciones.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Tiene la palabra la señora Diputada Charlone.

SEÑORA CHARLONE.- Señor Presidente: quiero precisar que comparto el espíritu de esta interpelación. Yo no siempre he votado las interpelaciones, que entiendo son un derecho de la minoría. Si la minoría no tuviera los votos como para llamar a un Ministro a Sala por sí misma, me sentiría política e institucionalmente comprometida a apoyar la convocatoria. Ahora bien, en este caso, las minorías tienen por sí mismas los votos como para convocar a un Ministro. Por lo tanto, por mi parte, la decisión de votar o no, de acompañar o no acompañar la interpelación, se fija más en criterios de pertinencia y también de oportunidad política. En verdad, celebro que el Partido Nacional nos haya presentado esta solicitud de interpelación -acá estoy evaluándolo en términos de oportunidad y de conveniencia política- porque a esta Sala no ha comparecido el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, aunque sí lo ha hecho el señor Ministro Astori. Cada vez que el señor Ministro de Economía y Finanzas fue interpelado resultó una excelentísima oportunidad para esta fuerza política de dar explicaciones y ganar ante la población.

Es muy difícil, es muy difícil: hemos estado presentes en interpelaciones en las que después de hablar el señor Ministro Astori se terminó la lista de oradores.

Quiero hacer algunas precisiones. Acepto que la Suprema Corte de Justicia me diga que un impuesto a los jubilados es incostitucional; lo respeto aunque pueda llegar a discrepar. Lo que no puedo aceptar es que señores legisladores que durante años, años y años votaron el IRP a los jubilados, hasta importes de un 20%, ahora digan que un impuesto a los jubilados es inconstitucional. ¿Cómo? ¿Antes era constitucional y ahora ya no lo es? ¡No entiendo!

Es más: aquí se dijo que había que hablar de la inconstitucionalidad del impuesto. No sé si se tiene información actualizada, pero creo que cambió el sentido en que la Suprema Corte de Justicia está fallando. Entonces, el tema ya no pasa por determinar si el impuesto es constitucional o inconstitucional; hay algunos fallos para algunos casos, y nuestra Constitución determina que sólo en esos casos haya que aplicar las sentencias.

Entonces, el problema que hoy tiene el Gobierno -y así yo lo visualizo- no pasa por derogar el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de los jubilados porque haya mil quinientos casos en que hoy no se aplique. ¡Qué rehén sería el resto de la población si porque en mil quinientos casos no se puede aplicar, hay que derogarlo para todo el mundo! El problema que tenemos es hacer justicia con esos mil quinientos casos o cómo hacemos para equilibrar las situaciones y llevarlos a un nivel de igualdad tributaria.

Aquí no se puede seguir insistiendo con el tema de las inconstitucionalidades cuando la propia Constitución determina que los fallos sean válidos en cada caso y cuando, además, la Suprema Corte de Justicia, integrada con el voto de todos los partidos políticos, hoy ha cambiado la secuencia de los fallos.

Muchas gracias.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Salsamendi.

SEÑOR SALSAMENDI.- Señor Presidente: intentaremos ceñirnos lo más posible al Reglamento y al tema que votamos porque, en definitiva, de eso estamos hablando.

Voté afirmativamente no solo por un derecho de la minoría sino porque estoy absolutamente convencido de que es conveniente que los señores Ministros Astori y Bonomi estén presentes en esta Cámara a efectos de dar las explicaciones que correspondan ante este tema.

También voté afirmativamente porque -siguiendo la línea que planteaba el señor Diputado Vega LLanes-, como decía Napoleón: "Cuando el adversario se está equivocando no lo distraigas". Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con que, efectivamente, los señores Ministros estén presentes.

Podríamos discutir muchas cosas aleatorias que se plantearon hoy. Lo único que puedo decir es que la propia Suprema Corte de Justicia, a través de la figura de su Presidente, ha instrumentado una investigación interna en el entendido de que existen algunos indicios, que se comprobarán o no, de que hubo un procedimiento determinado que necesariamente requiere ser investigado. No lo dice un señor Senador de la República ni una bancada; lo dice la Suprema Corte de Justicia a través de una resolución formalmente tomada y marcada públicamente por su Presidente, más allá o más acá del propio planteo de los funcionarios judiciales respecto a la duda de si es la propia Suprema Corte de Justicia la que debe investigarse a sí misma. Pero, en cualquier caso, este hecho no lo está planteando absolutamente nadie que tenga que ver con otro Poder, sino la propia Suprema Corte de Justicia.

Quien plantea que no debe haber ningún impuesto a los jubilados, obviamente, está diciendo que piensa que no va a gobernar, que no va a ganar las elecciones, y por lo tanto, desde esa posición hace planteos que sabe que si estuviera en el Gobierno no los podría llevar adelante. Es un reconocimiento anticipado de que, obviamente, va a continuar estando en la oposición; me parece bien, cada uno sacará sus cuentas, hará sus cálculos y actuará en consecuencia.

Si esto es renta o ingreso ya no es una discusión: la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia resolvió ese tema. Ya lo resolvió, ya señaló que no tiene ninguna importancia real desde el punto de vista constitucional que sea una cosa u otra. Que el impuesto o la situación es inconstitucional o no es constitucional, ¡señores!, no lo dijo el Gobierno, no lo dijo el Ministro Astori, no lo dijo el Ministro Bonomi; lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Y yo señalo que, lamentablemente, lo que se ha hecho hoy acá es discutir por vía oblicua el nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia; cuando no convino, se lo discute. Eso es, en concreto, lo que se está planteando; me interesa profundamente dar esa discusión y que esta Cámara pueda discutir sobre todos esos temas. Creo que sería muy bueno que eso se dé y que dentro de la mayor serenidad posible podamos analizar un tema que, sin duda alguna, es muy importante para este país. Ahora, lo que se nos planteaba era una opción de hierro: si la Suprema Corte de Justicia mantenía su jurisprudencia, había que derogar; si la Suprema Corte de Justicia no mantenía su jurisprudencia, había que derogar. Yo diría que este es uno de los tantos temas que tendremos que analizar.

De lo que no tengo dudas -y lo adelanto- es de que probablemente haya que realizar modificaciones al impuesto en el sentido de algunas de las cosas que ya se habían planteado y en función de una nueva realidad surgida a partir de muy escasos fallos que determinaron, sí, es verdad, una situación que hace que haya jubilados de una clase y jubilados de otra clase en este país.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra la señora Diputada Peña Hernández.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: en primer lugar quiero volver a aclarar que esta interpelación que tanto interesa a todo el país se aprobó con los votos del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente. No sé qué habría sucedido si no hubiésemos estado presentes en Sala para votar, porque el Frente Amplio no la votó en una primera instancia porque no estaba convencido. Esa es la realidad.

Esta interpelación pone nerviosos a muchos. Voy a ser sincera y a decir que yo también me pongo nerviosa, pero no por la interpelación, sino porque el té de tilo que nos invitaba a tomar el señor Diputado Semproni se lo vamos a tener que dar a los tres millones y medio de habitantes de este país.

Voté esta interpelación porque quiero que venga el señor Ministro y me diga por qué ahora está haciendo todas las modificaciones que el Partido Nacional le había anticipado; quiero que venga y me diga que va a aumentar el monto mínimo no imponible; quiero que venga y me diga que va a tomar resoluciones para tratar que los tres millones y medio de personas que viven en este país puedan llegar a fin de mes

Estamos hablando de la estabilidad de las instituciones, y yo creo que la mejor institución que debemos estabilizar es la del ser humano de este país, ser humano que si bien antes pagaba el IRP, no tenía la reforma de la salud -que le da un golpe fuerte- ni tenía el azote a la producción con el aumento del precio a los combustibles -como hoy tenemos-, de lo cual se echa la culpa al precio internacional del petróleo. Y ya vamos a hablar de este tema, porque les aseguro que tenemos mucho más para decir.

(Interrupciones)

——No tenían esta suba de precios; no tenían estos precios de la verdura y de la fruta; no tenían que comprar fraccionado...

(Interrupciones)

——...porque así es que se está vendiendo. Hace años que no se vendía fraccionado en los boliches de barrio. Y esa es la intranquilidad que nosotros tenemos.

Queremos al señor Ministro de Economía y Finanzas aquí para que nos responda cómo va a modificar la bendita reforma tributaria. Si el partido de Gobierno y el señor Ministro hubieran escuchado hace un año, no se estarían cometiendo los errores -debería decir horrores- que el Gobierno está cometiendo con la gente.

Creo que si están pensando en hacer una ley para ir en contra de los mil setecientos jubilados que tienen a su favor una decisión que debería ser de todos, están equivocando los caminos, y muy mal, porque se está yendo directamente contra gente a la que se dijo que tenía razón en que no se le descontara.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Para fundar el voto, tiene la palabra el señor Diputado Asti.

SEÑOR ASTI.- Señor Presidente: no iba a fundar el voto, pero como vi que otros integrantes de la bancada del Partido Nacional lo hicieron por mí -fundamentaron en nombre de lo que pensaba esta bancada-, sí lo voy a hacer.

Yo voté esta interpelación absolutamente convencido de la conveniencia de que los Ministros de Economía y Finanzas y de Trabajo y Seguridad Social vengan a este Parlamento y, delante de todos nosotros, pero fundamentalmente volcados hacia la población, puedan decir algunas verdades sobre esa cantidad de temas que se han largado en el día de hoy y en la prensa permanentemente. Podrán aclarar a la población, con datos oficiales y con la solvencia que les conocemos a los dos, cuál es la real situación del país en los temas por los que serán convocados y por los que, presumo, seguramente serán también "interpelados" -entre comillas-, de acuerdo con lo que ha pasado en esta Cámara. Por supuesto que queremos discutir y podemos analizar los temas de cómo fue la evolución de los precios, de los salarios reales, los aumentos de las pasividades, en este período y en cualquier otro, porque estamos muy convencidos de lo que pensamos; pero también queremos tener en cuenta -seguramente surgirá al abordar este tema- las actitudes tomadas antes y después del 7 de abril; la irresponsabilidad de algunos de haber apurado, presionado para que hubiera fallos antes del 7 de abril, sabiendo las consecuencias gravísimas que podría tener el cambio de integración para la estabilidad de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. No digo esto porque ahora haya habido un cambio; ya era peligroso antes del 7 de abril crear la situación que podría haber terminado, inclusive, en el sorteo de cada uno de los fallos. Es realmente una irresponsabilidad ante la población haber generado las condiciones para que eso pasara. Seguramente lo conoceremos cuando la Suprema Corte de Justicia determine por qué hubo filtraciones, por qué hubo el reconocimiento de que se habían apurado algunos fallos para que salieran antes del 7 de abril.

Por lo tanto, por todo esto, con mucho convencimiento propio, de bancada del sector y de bancada del partido, hemos votado esta interpelación. Esperemos que esta se realice con la altura necesaria para que toda la población pueda disfrutarla.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- No habiendo más oradores, solo resta comunicar y dar cuenta al Cuerpo de que la bancada de Diputados firmantes de la propuesta ha designado como miembro interpelante al señor Diputado doctor Pablo Abdala.

La Presidencia coordinará con el señor Ministro la fecha de su concurrencia a Sala.

16.- Licencias.

Integración de la Cámara.

Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones:

En virtud de la convocatoria del señor Representante Héctor Tajam a la Cámara de Senadores, se convoca a los suplentes siguientes, señores Heber Bousses y Óscar Groba, por los días 6 y 7 de mayo de 2008, respectivamente.

Del señor Representante Luis José Gallo Imperiale, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 7 de mayo de 2008, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Luis Enrique Gallo.

Del señor Representante Javier Salsamendi, en misión oficial, literal C) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, para asistir a la IX Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a realizarse en Aruba, por el período comprendido entre los días 13 y 19 de mayo de 2008, convocándose a los suplentes siguientes, señor Hugo Arambillete, por el período comprendido entre los días 13 y 15 de mayo de 2008, y a la señora Beatriz Costa, por el período comprendido entre los días 16 y 19 de mayo de 2008".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y seis: AFIRMATIVA.

En consecuencia quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito licencia a la Cámara de Representantes desde el día martes 6 de mayo hasta el día 7 de mayo de 2008. Motiva esta solicitud el haber sido citado a ocupar la banca en Cámara de Senadores, como suplente del Senador titular.

Sin más lo saluda atentamente.

HÉCTOR TAJAM
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Saludo a Ud. Muy atentamente.

Julio Battistoni".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Saludo a Ud. Muy atentamente.

Gonzalo Pessi".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo.

Presente.
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a Ud. mi renuncia por esta única vez, a ocupar la banca.

Saludo a Ud. Muy atentamente.

Daniel Montiel".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: I) Que el señor Representante por el departamento de Montevideo, Héctor Tajam, se incorporó a la Cámara de Senadores por los días 6 y 7 de mayo de 2008.

II) Que, por esta única vez, no aceptan la convocatoria de que han sido objeto los suplente siguientes, señores Julio Battistoni, Gonzalo Pessi y Daniel Montiel y el señor Óscar Groba integra la Cámara por el día 6 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en los artículos 116 y 122 de la Constitución de la República.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Acéptanse por esta única vez, las negativas presentadas, por los suplentes siguientes, señores Julio Battistoni, Gonzalo Pessi y Daniel Montiel.

2) Convóquese por Secretaría para integrar la representación por el departamento de Montevideo, por los días 6 y 7 de mayo de 2008, a los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de Votación Nº 609, del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señores Heber Bousses y Óscar Groba, respectivamente.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo

Presente.
De mi mayor consideración:

Por la presente solicito al Cuerpo que usted preside licencia por el día 7 de mayo, por motivos personales , solicitando la convocatoria de mi suplente correspondiente.

Saluda atentamente.

LUIS J. GALLO IMPERIALE
Representante por Canelones".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 7 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y por el inciso tercero del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 7 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Canelones, Luis José Gallo Imperiale.

2) Convóquese por Secretaría, para integrar la referida representación por el día 7 de mayo de 2008, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 2121 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Luis Enrique Gallo.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo

Presente
De mi mayor consideración:

Solicito al Cuerpo que usted tan dignamente preside, me conceda licencia para el período comprendido entre los días 13 al 19 del corriente mes, amparado en el inciso C (Misión Oficial) del artículo primero de la Ley Nº 17.827, con motivo de mi asistencia a la IX Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano, a realizarse los días 15 y 16 de este mes en Oranjestad, Aruba.

Sin más, lo saluda atentamente,

JAVIER SALSAMENDI
Representante por Montevideo".

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la
Cámara de Representantes,
Alberto Perdomo

Presente
De mi mayor consideración:

De acuerdo a la convocatoria que he recibido en virtud de la licencia solicitada por el Sr. Representante titular, comunico a usted mi renuncia por esta única vez a ocupar la banca.

Sin más, saluda atentamente.

Julio Battistoni".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia para viajar al exterior en misión oficial, del señor Representante por el departamento de Montevideo, Javier Salsamendi, para asistir, a la IX Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en Aruba.

CONSIDERANDO: I) Que solicita se le conceda licencia por el período comprendido entre los días 13 y 19 de mayo de 2008.

II) Que por ésta única vez no acepta la convocatoria de que ha sido objeto el suplente correspondiente siguiente, señor Julio Battistoni y la señora Beatriz Costa integra la Cámara hasta el día 15 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004, y por el literal C) del artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia al señor Representante por el departamento de Montevideo, Javier Salsamendi, por el período comprendido entre los días 13 y 19 de mayo de 2008, para viajar al exterior en misión oficial, para asistir a la IX Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO), a desarrollarse en Aruba.

2) Acéptase la negativa presentada, por ésta única vez, por el suplente correspondiente siguiente, señor Julio Battistoni.

3) Convóquese por Secretaría para integrar la referida representación, a los suplentes correspondientes siguientes de la Hoja de Votación Nº 609 del Lema Partido Encuentro Progresista - Frente Amplio - Nueva Mayoría, señor Hugo Arambillete por el período comprendido entre los días 13 y 15 de mayo de 2008, y a la señora Beatriz Costa por el período comprendido entre los días 16 y 19 de mayo de 2008.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

17.- Vuelta de proyecto a Comisión.

——Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Pereyra, Caram y Espinosa.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el asunto Carp. 2169/007, 'Comisión Especial para interpretar, informar y eventualmente legislar sobre la correcta integración del Cuerpo (Creación)', vuelva a la Comisión de Asuntos Internos".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en sesenta: AFIRMATIVA.

18.- Sesiones extraordinarias.

Dese cuenta de una moción presentada por los señores Diputados Espinosa, Pereyra, Alonso, Posada, Caram, García Pintos y Casaretto.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el Cuerpo se reúna en sesión extraordinaria el día 14 de mayo, a las 14 y 30, a los efectos de tributar homenaje a la Asociación de Productores de Leche con motivo de conmemorarse los 75 años de su creación".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y nueve en sesenta y uno: AFIRMATIVA.

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Argimón y los señores Diputados Cardozo Ferreira, Pereyra, Machado, Posada y Caram.

(Se lee:)

"Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el día 17 de junio, a las 15 horas, a los efectos de tributar homenaje al extinto cantautor nacional Pablo Estramín".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y uno en sesenta y dos: AFIRMATIVA.

19.- Urgencias.

Dese cuenta de una moción presentada por la señora Diputada Passada y los señores Diputados Pozzi, Pereyra y González Álvarez.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto Carp. 2482/2008, 'Mozos de Cordel.- (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender hasta por un plazo de ciento ochenta días el subsidio por desempleo)'".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y dos en sesenta y tres: AFIRMATIVA.

20.- Mozos de Cordel. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender hasta por un plazo de ciento ochenta días el subsidio por desempleo).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Mozos de Cordel. (Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender hasta por un plazo de ciento ochenta días el subsidio por desempleo)".

(ANTECEDENTES:)

Rep Nº 1221

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Defensa Nacional

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Montevideo, 24 de marzo de 2008.

Señor Presidente de la Asamblea General

Don Rodolfo Nin Novoa.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo para remitir un proyecto de ley que otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, facultades para extender nuevamente el subsidio de desempleo a los trabajadores mozos de cordel.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto que se acompaña tiene como antecedente inmediato la Ley Nº 18.140, de 17 de junio de 2007, y se funda en los mismos motivos que justificaron la sanción de ésta.

En tal sentido, como se recordará, la referida ley facultó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender por un plazo de hasta 180 días el subsidio por desempleo de los mozos de cordel, y tuvo en cuenta, para ello, lo previsto en la Ley Nº 18.057, de 20 de noviembre de 2006.

A su vez, el artículo 4º de la ley nombrada en último término, había dispuesto que, a partir de su entrada en vigencia y por un plazo máximo de dos años, las tareas correspondientes a los mozos de cordel serían contratadas por la autoridad portuaria con empresas o cooperativas que se constituyeran exclusivamente y en su totalidad con las personas que, en ese momento, integraban las respectivas Uniones de Mozos de Cordel y que no desempeñaren ningún cargo público.

En tal contexto, las referidas asociaciones y la Administración Nacional de Puertos han venido trabajando en la redacción del contrato en virtud del cual se ejecutarán dichas tareas.

No obstante, estando muy próximo el vencimiento de las extensiones del subsidio por desempleo concedidas al amparo de la Ley Nº 18.140, no ha concluido aun el proceso de elaboración y aprobación del contrato.

Por las razones expuestas, se remite el presente proyecto, a fin de habilitar la prórroga del beneficio durante un plazo que se estima razonable y necesario para la concreción del referido contrato.

Saludamos a este alto Cuerpo con la más alta estima y consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, EDUARDO BONOMI, DANILO ASTORI, JOSÉ BAYARDI, VÍCTOR ROSSI.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores mozos de cordel.

Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo otorgada en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio, o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981), o, inclusive, hayan utilizado la ampliación prevista por la Ley Nº 18.140, de 17 de junio de 2007.

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Montevideo, 24 de marzo de 2008.

EDUARDO BONOMI, DANILO ASTORI, JOSÉ BAYARDI, VÍCTOR ROSSI.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Facúltase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a extender, por razones de interés general, hasta por un plazo de 180 (ciento ochenta) días, el subsidio por desempleo de los trabajadores mozos de cordel.

Artículo 2º.- La ampliación del plazo de la prestación de desempleo otorgada en virtud de las facultades que se conceden en el artículo anterior, alcanzará a los trabajadores que aún continúen en el goce del referido beneficio, o hayan agotado el plazo máximo de cobertura (artículos 7º y 10 del Decreto-Ley Nº 15.180, de 20 de agosto de 1981), o, inclusive, hayan utilizado la ampliación prevista por la Ley Nº 18.140, de 17 de junio de 2007.

La ampliación del plazo de la prestación comenzará a regir a partir del mes inmediato posterior al cese respectivo del subsidio en todos los casos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de abril de 2008.

JOSÉ MUJICA, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: indudablemente, vamos a votar esta extensión del seguro de paro para trabajadores que no tienen ingresos, pero estamos asombrados por el tiempo que hace que se aprobó la ley y por el tiempo que demoró en reglamentarse. Ahora, la ley está aprobada, reglamentada y todavía no está en ejecución plenamente, vaya a saber por qué.

Deberíamos dar un tirón de orejas a las autoridades que no han terminado de firmar los contratos y de formar las cooperativas que se debía, porque el Erario sigue pagando los seguros de paro.

Sin duda, no vamos a dejar de votar el seguro de paro porque no permitiremos que los trabajadores no lo cobren, pero ojalá sea esta la última vez que hacemos una prórroga al seguro de paro y que el tema de los mozos de cordel se encamine y se solucione definitivamente en los próximos días.

Por lo tanto, nuestro Partido va a apoyar este pedido de prórroga del seguro de paro en el entendido de que lo hacemos por una situación humanitaria hacia los trabajadores.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Pozzi.

SEÑOR POZZI.- Señor Presidente: no dudábamos de que la Cámara iba a acompañar este planteo de la extensión del seguro de paro para estos trabajadores. La tranquilidad que queremos dar es que se trata de un seguro de paro que se extiende para los trabajadores de Montevideo, ya que los de Colonia están todos trabajando, como bien sabe el señor Diputado preopinante. Asimismo, acá, en Montevideo, la cosa está a punto de solucionarse; ya están los contratos a punto de firmarse, pero todavía faltan algunos detalles y no queremos dejar a los trabajadores sin el amparo y sin la posibilidad de cobrar algo.

Por eso solicitamos una vez más que nuestros compañeros legisladores nos acompañen en esto y podamos extender el seguro de paro por un tiempo más, hasta que se termine de solucionar esta situación, a fin de que estos trabajadores no queden sin el amparo debido.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Semproni.

SEÑOR SEMPRONI.- Señor Presidente: quiero agregar algunos datos, porque no hay peor cosa que recibir la información a medias. El señor Diputado Pozzi aclaró muy bien que los mozos de cordel de Colonia, Carmelo y Nueva Palmira están trabajando. Los que no están trabajando son los de Montevideo. ¿Por qué no están trabajando? Porque el contrato que se les hizo firmar a todos -firmaron los trabajadores de los tres lugares en que ahora se está trabajando- se estableció de acuerdo con lo que fijaba la ley, por dos años a partir de su promulgación. Los trabajadores de Montevideo no lo quisieron firmar porque decían que eso les reducía a muy poco tiempo la ocupación y pedían modificar el contrato. En consecuencia, ni la ley ni el Poder Ejecutivo tienen la culpa de que esto no se haya firmado. Por lo tanto, es bueno aprobar esta prórroga, a los efectos de que ahora se haga un contrato en condiciones y luego se extienda el plazo del contrato a los que lo firmaron, que vencerá dentro de tres o cuatro meses.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Tiene la palabra el señor Diputado Signorelli.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señor Presidente: nuestro Partido también va a acompañar este proyecto de ley. Creemos que el plazo que se ha fijado es absolutamente suficiente para solucionar los detalles que aún restan. Por lo tanto, con satisfacción, hoy vamos a aprobar un proyecto de ley que protegerá a estas personas hasta que el tema se solucione en forma definitiva.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cuatro en sesenta y cinco: AFIRMATIVA.

Léase el artículo 2º.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso a de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y cinco en sesenta y seis: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al aprobado por el Senado)

21.- Urgencias.

——Dese cuenta de una moción de urgencia presentada por los señores Diputados García, García Pintos y Soust.

(Se lee:)

"Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el proyecto de ley por el que se autoriza el ingreso a aguas jurisdiccionales de la Plana Mayor y Tripulación de los Buques 'ARATU' y 'ALBARDÃO' de la Armada de la República Federativa del Brasil, a efectos de participar en la Operación Combinada 'AGUAS CLARAS VI', conjuntamente con buques de nuestra Armada Nacional, en el período comprendido desde el 6 al 10 de mayo de 2008".

——La Mesa recuerda que para la aprobación de esta moción se precisan sesenta y seis votos conformes.

Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en setenta y siete: AFIRMATIVA.

22.- Operación "AGUAS CLARAS VI". (Se autoriza el ingreso a aguas jurisdiccionales de la Plana Mayor y Tripulación de los Buques "ARATU" y "ALBARDÃO" de la Armada de la República Federativa del Brasil, desde el 6 al 10 de mayo de 2008).

De acuerdo con lo resuelto por la Cámara, se pasa a considerar el asunto relativo a: "Operación 'AGUAS CLARAS VI'. (Se autoriza el ingreso a aguas jurisdiccionales de la Plana Mayor y Tripulación de los Buques 'ARATU' y 'ALBARDÃO' de la Armada de la República Federativa del Brasil, desde el 6 al 10 de mayo de 2008".

——Léase el proyecto.

(Se lee:)

"Artículo Único.- Autorízase el ingreso aguas jurisdiccionales de la Plana Mayor y Tripulación de los Buques "ARATU" y "ALBARDÃO" de la Armada de la República Federativa del Brasil, a efectos de participar en la Operación Combinada "Aguas Claras VI" conjuntamente con buques de nuestra Armada Nacional, en el período comprendido desde el 6 al 10 de mayo de 2008".

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Sesenta y siete por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y siete en sesenta y ocho: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR PEREYRA.- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar.

(Se vota)

——Sesenta y seis en sesenta y siete: AFIRMATIVA.

(Texto del proyecto de ley sancionado:)

"Artículo Único.- Autorízase el ingreso a aguas jurisdiccionales de la Plana Mayor y Tripulación de los buques "ARATU" y ALBARDÃO" de la Armada de la República Federativa del Brasil, a efectos de participar en la Operación Combinada "AGUAS CLARAS VI" conjuntamente con buques de nuestra Armada Nacional, en el período comprendido desde el 6 al 10 de mayo de 2008".

23.- Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones con la República Bolivariana de Venezuela. (Aprobación).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en cuarto término del orden del día: "Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones con la República Bolivariana de Venezuela. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 938

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Ministerio de Industria, Energía y Minería

Montevideo, 26 de julio de 2006.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85 numeral 7) y 168 numeral 20) de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, por el cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de la Información, Industria del Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

En el Preámbulo, las Partes ponen de manifiesto el interés compartido de colaborar en la investigación en el sector de tecnologías de información y comunicaciones. Asimismo, retoman lo expresado en el artículo 25 de la Declaración Conjunta de 10 de agosto de 2005, en el sentido de promover el intercambio científico, tecnológico y de innovación en áreas complementarias para ambos Estados, de manera de fomentar, entre otros, el fortalecimiento de la industria del software, hardware y las telecomunicaciones.

El Acuerdo de Cooperación que hoy se somete a ese alto Cuerpo tiene por objeto, precisamente, el fomento de la cooperación en las áreas de tecnologías de información y comunicación, la consultoría y asesoría en sectores afines, la promoción del desarrollo de la industria del software y el intercambio en la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones (artículo I).

Según el artículo II, el cumplimiento del Acuerdo se traducirá en la planificación y ejecución de programas de actuación conjunta. En especial, las Partes realizarán estudios e identificarán proyectos de interés bilateral para la transferencia de tecnología: organizarán seminarios, talleres y conferencias sobre temas vinculados, entre otros, a las tecnologías de información y comunicación; brindarán asesoramiento en la adquisición y transferencia de equipamiento informático: intercambiarán conocimientos y desarrollarán programas especiales en áreas de interés común. Asimismo, identificarán, propondrán y desarrollarán proyectos de investigación y buscarán el establecimiento de relaciones de trabajo y proyectos de inversión para resolver problemas concretos en las materias objeto del Acuerdo.

Los recursos financieros y de asistencia técnica destinados a los programas y proyectos que las Partes convengan en el ámbito del Acuerdo, deberán cumplir con las normas de cada Estado, teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias de sus organismos. Los programas y acciones que se emprendan y desarrollen conjuntamente por las Partes se instrumentarán en convenios específicos, en cada uno de los cuales se establecerán los aspectos presupuestales y financieros. Dichos acuerdos se considerarán parte del presente instrumento. A los efectos de hacer posible el cumplimiento de los mismos, las Partes podrán solicitar subvenciones de otras entidades públicas y privadas y, en caso de ser necesario, podrán concurrir conjunta o separadamente a convocatorias públicas de programas nacionales o internacionales, para la obtención de recursos (artículo III).

De conformidad con el artículo IV, las Partes acordarán las políticas de protección de propiedad intelectual que se generen con motivo de la ejecución de este Acuerdo, de conformidad con sus legislaciones internas y los tratados internacionales de los que sean Parte.

Las Partes convienen la posibilidad de establecer la confidencialidad de información, documentación, estudios de factibilidad, informes técnicos, memoranda, programas de computación o cintas de video, entre otros, que las Partes aporten para la ejecución de las actividades que se realicen en el marco del presente Acuerdo, en cuyo caso el material no podrá ser transmitido a terceros ni podrá ser utilizado para otros fines que no sean los objetivos contemplados en el Acuerdo, salvo acuerdo de las Partes (artículo V).

Previo a la publicación de la información técnica, legal y comercial que derive del cumplimiento del Acuerdo, deberán protegerse los resultados según la normativa vigente en materia de propiedad intelectual. De la misma forma, las Partes se comprometen a expresar en la referida publicación, que la misma deriva del presente Acuerdo (artículo VI).

La importancia del Tratado en cuanto a lograr una cooperación más efectiva en materia de tecnologías de la información, software y comunicaciones, otorga particular trascendencia a su entrada en vigencia, para lo cual se solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, JORGE BROVETTO, JORGE LEPRA.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

Montevideo, 26 de julio de 2006.

REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, JORGE BROVETTO, JORGE LEPRA.

TEXTO DEL ACUERDO

La República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela deciden suscribir el presente Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones en los siguientes términos:

Considerando las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre las Partes, las que comparten el interés de colaborar en actividades de investigación en las áreas de tecnologías de información y comunicaciones para el desarrollo de sus pueblos y para la disminución de la denominada "brecha digital";

Tomando en cuenta la Declaración Conjunta suscrita entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay, de fecha 10 de agosto de 2005;

Teniendo presente el interés de las Partes de fortalecer las áreas que contribuyan a la diversificación productiva y a los sectores alternativos, aspectos todos recogidos en la precitada Declaración Conjunta, que establece en su artículo 25, la voluntad de promover el intercambio científico, tecnológico y de innovación en áreas complementarias para ambos Estados que fomente entre otros: el fortalecimiento de la industria del software, hardware y telecomunicaciones:

Acuerdan:

ARTÍCULO I

OBJETO

El presente Acuerdo de Cooperación tiene como objeto el fomento de la cooperación en las áreas de tecnologías de información y comunicación, la consultoría y asesoría en sectores afines, la promoción del desarrollo de la industria del software y el intercambio en la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones.

ARTÍCULO II

CONTENIDO Y FINES

Para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo de Cooperación, las Partes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, planificarán y ejecutarán programas de actuación conjunta y, en especial, procederán a:

La transferencia de tecnología, para lo cual se procederá al estudio e identificación de proyectos de interés bilateral.

La organización de seminarios, talleres y conferencias sobre temas vinculados a las tecnologías de información y comunicación y demás fines de este Acuerdo.

El asesoramiento y consulta en la adquisición y transferencia de equipamiento informático.

La identificación, proposición y desarrollo de proyectos de investigación destinados a promover el desarrollo de las áreas referidas en el artículo I del presente Acuerdo.

El intercambio de conocimientos y habilidades dentro de las ramas de mutuo interés.

El desarrollo de programas especiales de las áreas de interés común, para lo cual conjugarán recursos humanos, financieros, técnicos, materiales y de producción intelectual.

La búsqueda del establecimiento de relaciones de trabajo y de proyectos de inversión para la solución de problemas concretos, en el ámbito de competencia enmarcado en este Acuerdo.

ARTÍCULO III

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Los recursos financieros y de asistencia técnica destinados a los programas y proyectos que las Partes acuerden ejecutar en el ámbito del presente Acuerdo, deberán cumplir con la normativa interna de cada Estado, tomando en cuenta las limitaciones presupuestarias, por lo que los mismos estarán sujetos a la disponibilidad financiera de ambos Organismos.

2. Los programas, planes, proyectos y acciones a emprender y desarrollar conjuntamente, por acuerdo de ambas Partes, se establecerán y ejecutarán en sus aspectos concretos mediante convenios específicos o acuerdos singularizados, referidos a los fines que se pretendan lograr, en los que se definirán los aspectos presupuestarios y financieros a que hubiere lugar y se incorporarán al presente documento como parte del mismo. Para posibilitar la ejecución de estos acuerdos, las Partes podrán recabar ayudas, subvenciones y colaboraciones de otras entidades públicas y privadas así como concurrir si fuere necesario, conjunta o separadamente a convocatorias públicas de programas nacionales e internacionales en solicitud de todo tipo de recursos y dotaciones.

ARTÍCULO IV

PROPIEDAD INTELECTUAL

Las Partes de mutuo acuerdo y de conformidad con sus legislaciones internas y las Convenciones internacionales de las cuales sean parte, formularán y acordarán las políticas de protección de la propiedad intelectual que se generen con ocasión de la ejecución del presente Acuerdo.

ARTÍCULO V

CONFIDENCIALIDAD

A los efectos del presente Acuerdo, podrá establecerse que determinada información o documento (manuales, estudios de factibilidad, informes técnicos, memoranda, programas de computación y cintas de video, entre otras, que las Partes proporcionen a fin de ejecutar las actividades en el marco del presente Acuerdo, podrá ser considerada confidencial y no podrá ser trasmitida a ningún tercero, ya se trate de personas naturales o jurídicas, ni podrá ser usado para otro fin que no sea el de los objetivos contemplados en este documento, salvo si lo acuerdan las Partes. La información que se considere confidencial deberá estar claramente identificada como tal.

ARTÍCULO VI

PROTECCIÓN DE LOS RESULTADOS

Las Partes acuerdan que la publicación de toda aquella información técnica, legal y comercial derivada del cumplimento del objeto del presente Acuerdo, será efectuada previa conformidad de las Partes, una vez protegidos los resultados conforme a la normativa vigente en materia de propiedad intelectual. Igualmente, se comprometen a expresar en toda publicación que la misma deriva del Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.

ARTÍCULO VII

DURACIÓN DEL ACUERDO

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de la última comunicación mediante la cual las Partes se notifiquen el cumplimento de los requisitos constitucionales y legales internos para tal fin y permanecerá vigente por un período de dos (2) años y se prorrogará automáticamente por iguales plazos, previa evaluación de los resultados obtenidos; a menos que cualquiera de las Partes notifique por Nota a la otra, su voluntad de ponerle término, con una antelación de seis (6) meses a la fecha de expiración del período inicial o de sus prórrogas.

La terminación de este Acuerdo no implicará la finalización de los proyectos específicos en ejecución, que se hubieren originado al amparo del mismo, a menos que expresamente las Partes acuerden lo contrario.

ARTÍCULO VIII

CONTROVERSIAS

En caso de controversias con motivo de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, éstas se resolverán por las Partes por vía diplomática.

Suscrito en Montevideo, a los nueve días del mes de diciembre de 2005, en dos ejemplares de idéntico tenor, siendo igualmente auténticos.

SIGUEN FIRMAS

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnologías de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones entre la República Oriental del Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Montevideo, el 9 de diciembre de 2005.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 10 de abril de 2007.

RODOLFO NIN NOVOA, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 938

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnología de la Información, Industria de Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones con la República Bolivariana de Venezuela.

El presente Acuerdo se firmó en Montevideo, el 9 de diciembre de 2005. El objetivo del mismo, tal como puede observarse en su Preámbulo, es el interés primordial de las Partes en fomentar la investigación en materias de tecnología de la información (TIC´s).

Las tecnologías de la comunicación se encargan del estudio, desarrollo, implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como medio de sistema informático.

Las tecnologías de la información y la comunicación son una parte de las tecnologías emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formación educativa.

La cooperación, promoción y fomento en el área de tecnologías de la comunicación posibilita el progreso en distintas áreas de la sociedad, en el medio agropecuario, el comercial y el industrial.

El presente Acuerdo en su Artículo II fija como principales actividades conjuntas: transferencia de tecnología; organización de seminarios, talleres, conferencias; asesoramiento y consulta en lo que refiere a la comercialización de productos informáticos; así como proyectos de cooperación sobre: recursos humanos, financieros técnicos, materiales y de producción intelectual.

Por su parte en el Artículo IV las Partes asumen la obligación de formular políticas de protección de la propiedad intelectual, de acuerdo a la legislación interna de cada Estado.

En esta línea es de destacar que Uruguay firmó el "Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, y Declaraciones Concertadas Relativas al Mismo", el que se encuentra a estudio de este Cuerpo y el que en virtud de este Artículo IV, va a fijar un marco de protección a los efectos del presente.

Así también en los Artículos V y VI se establece la posibilidad de declarar la confidencialidad de ciertas informaciones o documentos, así como proteger el resultado de las investigaciones desarrolladas en el seno del mismo.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 9 de abril de 2008.

DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, Miembro Informante, ROBERTO CONDE, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, ENRIQUE PINTADO, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Dado que el miembro informante, señor Diputado Peña Fernández, se encuentra de licencia en el día de hoy, tiene la palabra el señor Diputado Martínez Huelmo.

SEÑOR MARTÍNEZ HUELMO.- Señor Presidente: el señor Diputado Peña Fernández me solicitó que dijera unas pocas palabras sobre este acuerdo, en virtud de que él iba a estar ausente en el día de hoy. Quiero decir que él fue quien instruyó el informe anexo al repartido, en el que se explaya sobre el articulado del acuerdo, que no ha merecido objeciones por parte de la Comisión.

Debo consignar que la Comisión trabajó sobre el asunto invitando a su seno al señor Ministro de Industria y Energía, ingeniero Daniel Martínez, y al señor Enrique Tucci, Presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.

Este proyecto apunta al desarrollo bilateral entre Uruguay y Venezuela en el rubro de la industria del software, equipamiento informático y comunicaciones. Al presente, como se sabe, las exportaciones en este rubro alcanzan los US$ 63:000.000. Se trata de un sector de alto valor agregado, así como vendedor de la inteligencia nacional.

El señor Tucci, en representación de la industria, expresó importantes conceptos que deseo consignar, como por ejemplo que la industria a que aludimos reconoce en este momento un clima favorable en Uruguay. A los efectos de la promoción de inversiones y exportaciones, en los últimos días se ha otorgado a esta actividad un marco tributario favorable, que la exonera del impuesto a la renta.

Además, el señor Tucci, cuyos conceptos nos importan porque es el representante de la industria, decía: "Con respecto al Convenio, en términos generales diría que se enmarca dentro de las cosas que la propia Cámara impulsa. Cualquier acuerdo que ayude, potencie, genere un entorno razonable para los negocios, es muy bienvenido para la Cámara. De hecho, nosotros trabajamos para promover estas cosas". Esto fue lo que nos dijo el señor Tucci cuando fue invitado a la Comisión. Es un acuerdo marco muy genérico que no ofrece ningún aspecto con el que se pueda estar en desacuerdo en términos generales.

Por lo tanto, la Comisión recomienda la aprobación de este proyecto.

Gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cincuenta y cinco en cincuenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo único.

(Se lee)

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

Queda sancionado el proyecto y se comunicará al Poder Ejecutivo.

SEÑOR HERNÁNDEZ .- ¡Que se comunique de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Perdomo Gamarra).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y cuatro en cincuenta y cinco: AFIRMATIVA.

(No se publica el texto del proyecto sancionado por ser igual al informado, que corresponde al aprobado por el Senado)

24.- Sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapeúticos. (Declaración de interés nacional).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en quinto término del orden del día: "Sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos. (Declaración de interés nacional)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 957

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Salud Pública

Montevideo, 20 de noviembre de 2006.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a efectos de remitirle adjunto al presente mensaje un proyecto de ley referente a la declaratoria de Interés Nacional a la Sangre Humana, Plasma, Hemocomponentes y Hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos.

La Sangre Humana, Plasma Humano, Hemocomponentes y Hemoderivados son agentes terapéuticos imprescindibles. Los mismos provienen de personas quienes voluntaria y altruistamente donan una parte de su propio cuerpo a los efectos de contribuir al tratamiento de personas enfermas.

La Resolución CE 136.R6 del 46º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, refuerza el compromiso de los estados miembros a fortalecer los servicios de sangre y el acceso de toda la población a la transfusión de sangre segura y oportuna, independientemente de su raza, edad, género o condición social.

Resulta necesario establecer un marco ético que regule la obtención de la sangre humana, que asegure un óptimo aprovechamiento de la misma y que sea accesible a toda la población.

Los índices nacionales de aprovechamiento del plasma humano con fines transfusionales y como materia prima para la obtención de hemoderivados, demuestran que es necesario realizar un esfuerzo conjunto mayor, para tender hacia la autosuficiencia de Factor VIII e inmunoglobulina de uso endovenosa.

Fuera de la normativa que hoy rige en esta materia, entre la cual mencionamos: literal B) del Anexo "Reglamento Técnico MERCOSUR de Medicina Transfusional, Decreto del Poder Ejecutivo Nº 385/000, de 26 de diciembre de 2000 y lo preceptuado por el Artículo 1º y siguientes de la Ley Nº 9.202, de 12 de enero de 1934, "Orgánica de Salud Pública", y concordantes, el Ministerio de Salud Pública considera necesario declarar de Interés Nacional la Sangre Humana, Plasma, Hemocomponentes y Hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos.

El Poder Ejecutivo saluda al señor Presidente, con la mayor consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, MARÍA J. MUÑOZ.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de Interés Nacional la Sangre Humana, Plasma Humano, Hemocomponentes y Hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos.

Artículo 2º.- Los Bancos de Sangre, Unidades de Hemoterapia o Servicios de Medicina Transfusional deberán aplicar la mejor tecnología disponible a todo el procedimiento de extracción, procesamiento, conservación y transfusión de la sangre humana y sus derivados que sean necesarios para asegurar el óptimo aprovechamiento terapéutico de todos los componentes de la misma.

Artículo 3º.- Los servicios de Medicina Transfusional y los Centros Asistenciales deberán aplicar los criterios clínicos y las pautas terapéuticas más apropiadas para cada paciente a los efectos de asegurar el uso racional de la sangre, hemocomponentes y hemoderivados.

Montevideo, 20 de noviembre de 2006.

MARÍA J. MUÑOZ.

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de Interés Nacional la sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos.

Artículo 2º.- Los Bancos de Sangre, las Unidades de Hemoterapia, los Servicios de Medicina Transfusional y los Centros Asistenciales deberán ajustarse a las directivas científicas, técnicas y éticas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. El objetivo final es asegurar la aplicación de la mejor tecnología disponible a todo el procedimiento desde la selección de donantes hasta la transfusión, necesarios para asegurar el óptimo aprovechamiento terapéutico de la sangre humana.

Artículo 3º.- Los Servicios de Medicina Transfusional y los centros Asistenciales deberán aplicar los criterios clínicos y las pautas terapéuticas más apropiadas para cada paciente a los efectos de asegurar el uso racional de la sangre, hemocomponentes y hemoderivados.

Artículo 4º.- Prohíbese la comercialización con fines de lucro de la sangre humana y hemoderivados obtenidos a partir de la misma.

Limítase la percepción de haberes por parte de las instituciones prestadoras de servicios asistenciales a los costos atribuibles a la captación de donantes voluntarios, selección, extracción de sangre, producción de hemocomponentes, conservación, pruebas serológicas, e inmunohematológicas, así como la evaluación clínica y los servicios transfusionales.

El Ministerio de Salud Pública fijará el costo de los procedimientos antes señalados.

Artículo 5º.- Facúltase al Servicio Nacional de Sangre en todo el territorio nacional a llevar a cabo un Programa de Plasmaféresis para la obtención de Plasma Fresco Congelado con destino a su fraccionamiento.

El Servicio Nacional de Sangre podrá autorizar a otras instituciones para esta tarea.

Artículo 6º.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a contratar y establecer los convenios que correspondan para asegurar el fraccionamiento del plasma humano disponible en la red de Bancos de Sangre y Servicios de Medicina Transfusional a los efectos de asegurar la disponibilidad de hemoderivados y su acceso a toda la población.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 2 de mayo de 2007.

ELEUTERIO FERNÁNDEZ HUIDOBRO, Presidente, SANTIAGO GONZÁLEZ BARBONI, Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 957

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Salud Pública y Asistencia Social

I N F O R M E

Señores Representantes:

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social pone a su consideración el proyecto de ley por el que se declara de interés nacional la sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos.

La sangre ha cautivado a la civilización desde épocas inmemoriales. Así, participa de rituales religiosos en sacrificio a los dioses y tiene el significado de poder que hace que se practiquen diversas formas de usarla para adquirir las cualidades del adversario.

La primera transfusión que fue publicada en el Uruguay, data de marzo del año 1877, en el boletín médico farmacéutico, que se publicara entre los años 1874 y 1883 en Montevideo. En dicha publicación se relata un caso de transfusión a un soldado, realizada por el doctor Florentino Ortega, médico uruguayo recibido en la Facultad de Medicina de París, diciendo que es la segunda, por lo cual carecemos de datos de la primera.

La transfusión fue cobrando adeptos como método terapéutico y se realizaron investigaciones que han ido logrando ir dando seguridad al procedimiento.

Una de las dificultades, evitar que se coagule, se resolvió a través de la adición de anticoagulante. La primera mención escrita de una transfusión con estas características realizada en Uruguay data del año 1917, y fue hecha por el profesor Augusto Turenne, quien fue fundador y primer Presidente del Sindicato Médico del Uruguay, y en la cual participa el doctor Julio C. Estol.

La Sociedad Pro Sangre "Dr. Pedro Larghero" con una rica historia en su gestación y con sus múltiples actividades en todo el país, siembra la semilla de la estimulación de la donación voluntaria de sangre en el Uruguay, hasta hacerla una tradición que fueran ejemplo e imitación en otros países.

En el año 1954 por la Ley Nº 12.072 de 21 de enero de ese año, se crea el Servicio Nacional de Sangre, que ahora lleva el nombre, con toda justicia, de Dr. Julio C. Estol, y que continúa funcionando hasta estos días. El mismo ha sido y es una garantía para toda la ciudadanía, en el proceso del empleo terapéutico de la sangre y sus derivados.

En el año 1991 por la Ley Nº 16.168 de 14 de enero de ese año, se dispone que todo trabajador público o privado que done sangre en servicios oficiales, tendrá derecho a gozar de un día de asueto.

En esta materia por Ley Nº 16.511 de 7 de julio de 1994, Uruguay tiene suscriptos acuerdos con la hermana República Argentina, que compatibilizan entre muchas otras cosas, la información sobre el SIDA.

Este proyecto, que se trae a consideración de la Cámara, que tiene media sanción de la Cámara de Senadores, establece en su artículo 1º la Declaración de Interés Nacional de la sangre humana y sus hemoderivados con fines terapéuticos.

En su artículo 2º se determina la necesidad para los Servicios de Medicina Transfusional, de ajustarse a directivas científicas, técnicas y éticas establecidas por el MSP.

El artículo 3º dispone la aplicación de criterios que hagan racional el uso de la sangre con fines terapéuticos.

El artículo 4º prohíbe la comercialización con fines de lucro de la sangre, limitando este aspecto a la cobertura de costos, que serán fijados por el MSP.

El artículo 5º faculta al Servicio Nacional de Sangre a establecer un Programa de Plasmaféresis para la obtención de plasma fresco congelado para su fraccionamiento.

El artículo 6º faculta al MSP a contratar y establecer convenios que permitan el fraccionamiento de dicho plasma y crear una planta de fraccionamiento nacional.

Por lo expuesto la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social aconseja a la Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2007.

ÁLVARO VEGA LLANES, Miembro Informante, MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Declárase de Interés Nacional la sangre humana, plasma, hemocomponentes y hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos.

Artículo 2º.- Los Bancos de Sangre, las Unidades de Hemoterapia, los Servicios de Medicina Transfusional y los Centros Asistenciales deberán ajustarse a las directivas científicas, técnicas y éticas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. El objetivo final es asegurar la aplicación de la mejor tecnología disponible a todo el procedimiento desde la selección de donantes hasta la transfusión, necesarios para asegurar el óptimo aprovechamiento terapéutico de la sangre humana.

Artículo 3º.- Los Servicios de Medicina Transfusional y los centros asistenciales deberán aplicar los criterios clínicos y las pautas terapéuticas más apropiadas para cada paciente a los efectos de asegurar el uso racional de la sangre, hemocomponentes y hemoderivados.

Artículo 4º.- Prohíbese la comercialización con fines de lucro de la sangre humana y hemoderivados obtenidos a partir de la misma.

Limítase la percepción de haberes por parte de las instituciones prestadoras de servicios asistenciales a los costos atribuibles a la captación de donantes voluntarios, selección, extracción de sangre, producción de hemocomponentes, conservación, pruebas serológicas, e inmunohematológicas, así como la evaluación clínica, los servicios transfusionales y las remuneraciones de los profesionales actuantes de acuerdo al laudo vigente.

El Ministerio de Salud Pública fijará el costo de los procedimientos antes señalados.

Artículo 5º.- Facúltase al Servicio Nacional de Sangre en todo el territorio nacional a llevar a cabo un Programa de Plasmaféresis para la obtención de Plasma Fresco Congelado con destino a su fraccionamiento, así como a los Servicios de Hemoterapia acreditados, públicos y privados.

Artículo 6º.- Facúltase al Ministerio de Salud Pública a contratar y establecer los convenios que correspondan para asegurar el fraccionamiento del plasma humano disponible en la red de Bancos de Sangre y Servicios de Medicina Transfusional, a los efectos de asegurar la disponibilidad de hemoderivados y su acceso a toda la población, así como a planificar la creación de una planta de fraccionamiento nacional con intervención de instituciones públicas y privadas.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2007.

ÁLVARO VEGA LLANES, Miembro Informante, MIGUEL ASQUETA SÓÑORA, LUIS JOSÉ GALLO IMPERIALE".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Tiene la palabra el miembro informante, señor Diputado Vega Llanes.

SEÑOR VEGA LLANES.- Señor Presidente: este tipo de proyectos de ley tienen en la Cámara un destino complicado, porque como su título es largo no se comprende, y entonces se produce un desentendimiento con respecto a ellos. Sin embargo, este es muy importante, entre otras cosas, porque los servicios de sangre organizados en algunas circunstancias han evitado la propagación de algún tipo de epidemia. Si cuando se encontró el virus del VIH no hubiese habido servicios de sangre organizados, esa epidemia habría sido absolutamente difícil de parar y se habría contaminado todo el mundo.

Uruguay ha legislado muy poco acerca de este tema.

En este país se dice que la sangre no tiene costo, lo que a medida que desarrollemos el informe veremos que no es tan así. Hay algunas cosas que son parte del comercio -de un comercio legal, pero comercio al fin- con respecto a la sangre. En esta iniciativa se plasman algunas de estas posibilidades.

Quiero hacer algunas puntualizaciones acerca del proceso histórico de los procedimiento con la sangre.

La medicina tiene una característica que la historia ha demostrado siempre: lo efímero de las verdades. Si aplicáramos esto a otros temas de la vida diaria, habríamos aprendido muchísimo. Lo que hoy pensamos que es verdad, dentro de muy poquito tiempo será mentira o, por lo menos, no tan cierto como creíamos.

En 1492 se habló por primera vez en la historia de una transfusión de sangre. En ese entonces, el Papa Inocencio VIII -que para hacer honor a su nombre tenía ocho hijos- sufría de una insuficiencia renal, y los médicos pensaron que una de las posibilidades para curarlo era hacerle una transfusión de sangre. Esta idea la sugirió un médico judío; puede ser que, efectivamente, el médico fuera judío o que se diga esto como quien dice "el gallego de la esquina", porque esta expresión tenía, y tiene, cierto grado de xenofobia. El hecho es que se consiguieron tres niños como donantes de sangre, "voluntariamente" -entre comillas-, porque en realidad pagaron un ducado de oro a cada una de sus familias para que ellos fueran donantes.

Hay diferentes versiones con respecto al final de esta historia...

(Interrupciones)

——Que los niños se murieron está totalmente demostrado, pero hay algunas discusiones en cuanto a si la transfusión fue hecha o no. La versión más creíble es que la transfusión no se pudo hacer porque la sangre se coaguló. Cuando se trató de detener al médico judío ya había desaparecido; suponemos que habrá cobrado antes de irse. Y el Papa murió -para demostrar que era humano- el 25 de abril de 1492. Entre otras cosas, se perdió el descubrimiento de América, pero demostró que era humano.

(Ocupa la Presidencia el señor Representante Hernández)

——Aclaro que el descubrimiento de la circulación de la sangre se efectuó por accidente -como tantos de los grandes descubrimientos de la historia-, por parte de un médico inglés, William Harvey, que hizo una publicación en 1628.

Esta historia que voy a contar, que quizás a alguno le pueda parecer que no tiene mucho interés, nos va a enseñar mucho acerca de lo que en realidad es la vida. La primera transfusión que se hizo de animal a animal fue realizada por el señor Lowell -quien seguramente era médico- en 1666.

La Academia de Ciencias, en Francia, estaba dominada por médicos prestigiosos y conservadores, quienes obviamente eran los que tenían el poder y determinaban cuáles eran los conocimientos médicos válidos y cuáles no. Había también -como sucede siempre que hay conservadores- un grupo liberal, liderado por el doctor Dénis, que era médico de la Corte del Rey Luis XIV. Este doctor, leyendo las publicaciones del médico inglés que había hecho las primeras transfusiones de animal a animal, propuso usar ese método en seres humanos, con una característica que tiene algún viso de realidad posterior: pensaba que no se debía dar sangre humana porque podía trasmitir a los pacientes algún tipo de vicio de los seres humanos, y prefería a los terneros o a los corderos, por su carácter apacible. En realidad, la practicó en humanos, en alguna circunstancia con buen suceso, por lo menos al principio. En algún momento hizo una transfusión a tres pacientes, uno de ellos, hijo de un Embajador sueco. En uno de los casos hubo un accidente y el paciente murió. Entonces, los médicos conservadores de la Academia de París terminaron impulsando en el Parlamento -acá entramos nosotros- una sentencia que dice: "Las terapéuticas extraordinarias son generalmente peligrosas y por una que tiene éxito, todas las otras terminan en la muerte.- Por tanto:- Prohíbese a todos los médicos y cirujanos efectuar la transfusión de la sangre, bajo pena de castigo corporal". Como advertirán, este no es el único Parlamento que ha opinado sobre lo que no sabe.

En definitiva, este hecho demuestra algunas cosas, entre ellas, que el progreso no se puede parar. Cuatrocientos años después las transfusiones de sangre son ampliamente utilizadas; se demoró el proceso, se lo retrasó, nada más. Eso pasa en la vida misma. Entre ese año y el siglo XIX este procedimiento prácticamente terminó siendo no usado.

En Edimburgo, Escocia, Blundell comenzó a poner nuevamente en uso el método. Era un obstetra -en realidad, en esa época no había especialidades, pero se dedicaba a atender a mujeres embarazadas-, que estaba horrorizado por la enorme pérdida de sangre que veía en los servicios de obstetricia, y en algunas oportunidades practicó las transfusiones de humano a humano con buen suceso. Pero resulta que un buen día el señor Blundell se fue de licencia o de vacaciones y cuando volvió encontró su lugar ocupado -lo que también pasa en la vida común-, por lo que debió alejarse del hospital. Dejó, entonces, las transfusiones y se dedicó a la práctica privada de la medicina. No le fue mal: dejó una herencia que hoy sería de US$ 50:000.000. Quiere decir que los que quisieron embromarlo al final terminaron haciéndole un favor, excepto en lo que refiere a la terapéutica, porque la implementación de las transfusiones de sangre volvió a tener un retraso.

Luego apareció una solución para el problema de la coagulación, que era lo que fundamentalmente impedía las transfusiones de sangre. Agrego que en alguna época se hicieron, inclusive, transfusiones de leche, supongo que con resultados más o menos malos. Como decía, la aparición de los anticoagulantes mejoró la posibilidad de hacer transfusiones, que hasta aquel momento era muy difícil.

En Uruguay, la primera publicación que existió sobre esto fue hecha por el Boletín Médico Farmacéutico y data de 1877; fue realizada por don Florentino Ortega, médico que transfundió a un paciente con buen suceso. Fue asistido por los doctores Visca y Pérez; un hospital de niños que ahora está cerrado llevó el nombre del doctor Visca. El señor Florentino Ortega fue un médico uruguayo que se graduó en París -como casi todos en esa época- y que luego se radicó en Argentina.

La segunda noticia sobre transfusiones en Uruguay está relacionada con un cirujano francés llamado Fort, que había practicado el método en Francia. Sus colegas -por su carácter díscolo, etcétera- resolvieron que viniera a asesorar a los médicos que vivían en Río de Janeiro, Buenos Aires y Montevideo. Teniendo en cuenta la época, como quien dice, lo mandaron al fin del mundo, seguramente con la intención de que no volviera nunca más. El doctor Fort repitió en América del Sur el mismo esquema que manejaba en Europa. Hubo grandes recibimientos, conferencias y cirugías exitosas, seguidas de ataques, denuncias contra colegas, amenazas de muerte, largas e injuriosas controversias contra médicos en los periódicos y, finalmente, juicios criminales. A pesar de todo, hizo las primeras transfusiones de sangre después de Florentino Ortega.

La primera transfusión la practicó a la señora de Martínez, que era un Diputado. No nos enteramos ni siquiera del nombre de la señora; quedó como "la señora de Martínez", y no sabemos cómo se llamaba ni cómo le decían. Esta transfusión tuvo éxito. El donante fue el doctor Dufour, que era un marino francés que estaba en una goleta anclada en el puerto. Como verán después, varios de los que andaban por ahí terminaron siendo donantes de sangre. Por lo tanto, ser empleado, estar cerca o trabajar con esta gente que practicaba transfusiones constituía un riesgo; inclusive, hay un portero que terminó donando.

Luego de esta etapa en Uruguay no aparecen nuevas comunicaciones.

(Interrupciones)

——Los tipos de sangre se descubrieron mucho después, en el siglo XX; recién entonces apareció lo que se llama hemaglutinación, que es la prueba cruzada de sangre. Esas son las primeras etapas. Pero a pesar de que esto fue descrito en la década de 1900, no se usó hasta muy avanzado el siglo XX; no está muy claro por qué ese tema no fue desarrollado.

Aun cuando durante la Primera Guerra Mundial ya estaba resuelto este tema y también el de las transfusiones, estas no tuvieron amplia difusión ni fueron usadas con frecuencia. Seguramente esto ocurrió porque, además de los problemas técnicos que podría haber, se planteaban disyuntivas tales como si un oficial podía recibir sangre de un soldado o si un soldado podía recibir sangre de un oficial. Entonces, en medio de estas disquisiciones, la gente moría sin ser transfundida.

Los donantes voluntarios -los pocos que se usaron- fueron aquellos soldados que, simulando enfermedades, trataban de alejarse del frente. Pero no sé si les iba mejor o peor; creo que estar en el frente ofrecía más garantías que ser donante voluntario, por lo menos en esa etapa.

En Buenos Aires, el doctor Agote desarrolló ampliamente la anticoagulación en la sangre para hacer las transfusiones. Por un olvido o por otra causa hizo comunicaciones de tipo diplomático, pero nunca una publicación científica. Para la primera transfusión juntó a todo el mundo en su clínica. Hay un dato interesante: el doctor Agote además fue parlamentario; creó la Clínica Médica de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires y fue designado para ocupar allí un cargo, una vez que abandonó su banca como Diputado. En la historia también hay otros ejemplos parecidos. El hecho es que no publicó nada sobre este tema; simplemente, hizo algunas comunicaciones y alegaciones diplomáticas en Buenos Aires.

Por su parte, el señor Lewisohn, cirujano del Mount Sinaí, de Nueva York, publicó luego exactamente lo mismo que había escrito Agote, pero no lo mencionó; olvidó mencionarlo. Finalmente, popularizó el uso del citratado para evitar la coagulación de la sangre. Esto provocó el consiguiente enojo de nuestros hermanos argentinos, pero como Nueva York queda un tanto lejos, seguramente no pudieron hacer un piquete. Por lo tanto, la situación terminó con esta discusión.

(Hilaridad)

——Ya entrando en la historia más reciente, les diré que el profesor Augusto Turenne hizo la primera transfusión de sangre citratada en Uruguay, es decir, sangre que no se podía coagular. Además de fundador del Sindicato Médico del Uruguay, el doctor Augusto Turenne fue fotógrafo académico, hizo radiodiagnóstico, fue ginecólogo y profesor de esas disciplinas en la Facultad de Medicina de Montevideo. También fue Decano, historiador de la medicina nacional y un médico muy preocupado por los aspectos sociales de su profesión; era un médico tan preocupado por estas cuestiones que terminó fundando, como decía, el Sindicato Médico del Uruguay. Este polifacético personaje fue quien empezó a hacer las transfusiones en el Servicio de Protección Maternal. Quienes lo ayudaron en las primeras que hizo fueron los doctores Parietti y Estol, quien luego desarrolló lo que podría catalogarse como la época de la transfusión moderna en el Uruguay; el Servicio Nacional de Sangre lleva hoy su nombre. Con eso se le hace justicia, pero también se reconoce que, sin duda, el doctor Turenne fue el iniciador de esta técnica moderna en el Uruguay.

En el interior -del que no puedo olvidarme-, la primera transfusión de sangre registrada en la historia fue realizada en Melo, en 1919.

Quiero llamar la atención de los compañeros de la Cámara con respecto a algo: había que ser muy valiente para hacer estas cosas en el momento en que se hacían, cuando este método no era para nada aceptado. La realidad es que las transfusiones que siguieron haciendo los doctores Parietti y Julio César Estol una vez que el doctor Turenne ya no ejercía, no tuvieron mortalidad durante 42 años. Desarrollaron un método que hoy de alguna forma ha sido mejorado y llevado a integrar el arsenal terapéutico que nadie discute que hay en la medicina.

Esta larga introducción tiene por objeto decir que vamos a votar un proyecto que tiene algunos aspectos que ya fueron recogidos en anteriores leyes, como el de declarar de interés nacional la sangre humana, el plasma, los hemocomponentes y los hemoderivados obtenidos con fines terapéuticos; esto se establece en el artículo 1º.

El Senado aprobó un proyecto de ley y la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados le introdujo algunas modificaciones. Por ejemplo, en el final del artículo 4º, se agrega: "[...] y las remuneraciones de los profesionales actuantes de acuerdo al laudo vigente", porque en esta disposición se fija el precio que se puede cobrar por el volumen de sangre transfundido o el material.

También se autoriza a llevar a cabo -creo que esto es lo más importante- un Programa de Plasmaféresis. El plasma que no se usa para las transfusiones se utiliza para hacer algunos productos, por ejemplo, la albúmina, que es muy importante en algunas enfermedades. Hoy estos productos se procesan en plantas de Córdoba, Argentina, y en el futuro se podrían hacer en el Uruguay, con notorios beneficios económicos para el país, además de que darían trabajo.

Hay solo cuatro países en el mundo en los que el plasma está libre de anticuerpos, aunque no es exactamente ese el término a utilizar sino priones, que, entre otras cosas, trasmite la vaca loca. Nuestro país es uno de los pocos que tiene los sueros libres de estos priones, por lo que tiene enorme aceptación en el resto del mundo.

En definitiva, hicimos estas modificaciones, y si este proyecto es aprobado por la Cámara deberá volver al Senado para su sanción definitiva.

Quiero terminar diciendo que muchos de los apuntes que hemos hecho acerca de la historia de las transfusiones en el Uruguay los tomamos de un artículo que escribió el doctor Milton Rizzi para la Revista Médica del Uruguay. Intentamos interesar a la Cámara en un proyecto que, de por sí, no es muy interesante pero que tiene una historia muy interesante detrás. A veces, cuando uno levanta la mano para sancionar este tipo de proyectos no sabe que ese acto sintetiza el trabajo y el esfuerzo de siglos de gente que ha hecho muchísimo por la salud de compatriotas o no en el mundo.

Por lo tanto, la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social recomienda la aprobación de este proyecto con las modificaciones que hemos establecido.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- ¡Que se suprima la lectura de todos los artículos y se voten en bloque!

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

En discusión el proyecto, con las modificaciones introducidas en la Comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Cuarenta y nueve en cincuenta: AFIRMATIVA.

SEÑOR ASQUETA SÓÑORA.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR ASQUETA SÓÑORA.- Señor Presidente: somos firmantes del informe que acaba de exponer el Presidente de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social, señor Diputado Vega Llanes. El Partido Nacional ha acompañado en su totalidad este proyecto de ley en la tarde de hoy, como dijo el miembro informante, en el entendido de que el interés nacional por la sangre humana, el plasma, los hemocomponentes y los hemoderivados es algo absolutamente fundamental que no podemos desconocer, no solo quienes somos médicos de profesión sino toda la ciudadanía. De más está decir que algunas disposiciones, como la prohibición de la comercialización con fines de lucro, establecida en el artículo 4º, y lo relativo a que los Servicios de Medicina Transfusional y los centros asistenciales deban aplicar criterios clínicos modernos y pautas terapéuticas apropiadas para los pacientes, son de fundamental importancia. Sobre todo, consideramos de sumo interés lo que está establecido en el artículo 6º, en el que se habla de la posibilidad, accesible a toda la población, de que se contraten y establezcan convenios para fraccionar plasma humano. Y, por sobre todas las cosas, importa destacar lo de planificar la creación de una planta de fraccionamiento nacional, con intervención de instituciones públicas y privadas.

Creemos que este es el camino por el que se debe transitar, por lo que esperamos que este proyecto siga el curso correspondiente en el Senado y ojalá sea aprobado de esta forma.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Queda aprobado el proyecto y se devolverá al Senado.

SEÑOR VEGA LLANES.- ¡Que se devuelva de inmediato!

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Se va a votar.

(Se vota)

——Cincuenta y tres por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

(No se publica el texto del proyecto aprobado por ser igual al informado)

25.- Adeudos sobre sueldos y pasividades. (Régimen de consolidación).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en sexto término del orden del día: "Adeudos sobre sueldos y pasividades. (Régimen de consolidación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1071.

"PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.-Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, el que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTÍCULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto; por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU); por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU); por el Banco de Seguros del Estado (BSE), en cuanto a la contratación de los seguros de vida; y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006".

Artículo 2º.- Las instituciones financieras con autorización legal para disponer retenciones sobre salarios y pasividades, cuando se constituyan mediante acuerdo de voluntades en cesionarios o subrogantes de obligaciones que ocasionaren retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades en los términos y condiciones previstos en la presente ley, conservarán la misma situación de privilegio que poseían los acreedores cedentes o subrogantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º de la misma.

Artículo 3º.- A partir de la promulgación de la presente ley, las obligaciones de las personas físicas que ocasionaren retenciones sobre sus retribuciones salariales y de pasividades que sumadas resultaren superiores al 30% (treinta por ciento) del líquido a cobrar podrán ser adquiridas por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) o las entidades financieras autorizadas por el Banco Central del Uruguay (BCU).

Dicha opción será ejercida por cualquier persona que tenga un interés directo y solamente procederá con la conformidad del acreedor.

Quedan excluidas las deudas por concepto de vivienda con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Reunida la voluntad de los acreedores involucrados en cada caso y de la institución subrogante, se determinará el monto adeudado para la operación. Dicho monto, actualizado a la fecha del acuerdo, surgirá de una liquidación pormenorizada en la cual partiendo del capital original se adicionen los intereses compensatorios y se deduzcan las entregas realizadas. El importe así determinado, concebido como el máximo exigible por el acreedor, podrá reducirse por acuerdo expreso hasta el máximo que, consolidado con los demás acreedores, resulte compatible con la capacidad de crédito del deudor para la tasa y plazo de financiación.

A efectos de la liquidación dispuesta, se promoverán acuerdos con los profesionales actuantes tendientes a limitar los honorarios profesionales en similar proporción que los acreedores.

Los beneficios establecidos en la presente ley alcanzarán a los deudores y fiadores.

Si el acreedor no diera su conformidad en los términos expresados en la presente ley, su derecho al cobro sobre los sueldos y pasividades del deudor se reducirá al 20% (veinte por ciento) del salario o pasividad líquido disponible, entendiendo por tales a los referidos en el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 107 de la Ley Nº 18.083 (Reforma Tributaria), de 27 de diciembre de 2006, y en el alcance dado por el artículo 3º del Decreto 429/004, de 3 de diciembre de 2004.

Artículo 4º.- Las contadurías de las personas jurídicas públicas o privadas que efectuaren las retenciones de los salarios o pasividades percibidos por los deudores, registrarán los datos de la cancelación de los créditos de los acreedores originarios, así como los correspondientes a su cesión o subrogación legal.

Artículo 5º.- Los deudores que voluntariamente se acojan al régimen previsto por la presente ley, no podrán contraer nuevas deudas que ocasionen retenciones sobre sus retribuciones salariales o pasividades, hasta tanto hayan cancelado el 60% (sesenta por ciento) de las mismas, siempre y cuando se mantenga en primer lugar los descuentos de la cuota de la consolidación.

Artículo 6º.- Quedan excluidas del alcance del artículo 5º las deudas contraídas en cooperativas de consumo por concepto de compra de alimentos, útiles escolares, artículos de higiene personal y ambiental, zapatería y vestimenta.

Artículo 7º.- Lo dispuesto por la presente ley no regirá respecto de las obligaciones correspondientes a impuestos, contribuciones a la seguridad social, pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente, créditos que corresponda verter al Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, cuotas de afiliación a instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago.

Artículo 8º.- Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior al 30% (treinta por ciento), del monto nominal, deducidos el impuesto -si correspondiere- y las contribuciones de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

Artículo 9º.- Las instituciones financieras que voluntariamente se constituyan en cesionarios o subrogantes de acuerdo con el régimen previsto en esta ley, deberán ofrecer al deudor una refinanciación que cumpla, como mínimo, con las siguientes condiciones:

A) En caso de existir deudas vencidas, el componente de capital de cada cuota vencida se actualizará mediante la aplicación de la tasa de interés compensatoria pactada originalmente, renunciándose a aplicar la tasa de mora prevista en el contrato original.

B) El monto total a refinanciar surgirá de sumar los siguientes conceptos:

- Por las deudas vencidas, los montos determinados en el literal A), más el capital que reste amortizar, si correspondiere.

- Por las deudas no vencidas, el capital que reste amortizar.

C) El monto que surja de acuerdo con el literal B), se refinanciará en unidades indexadas, aplicándosele una tasa efectiva anual que cumpla con los siguientes requisitos:

1) Se ajustará al 31 de diciembre de cada año.

2) En oportunidad de su fijación o ajuste no podrá superar el 50% (cincuenta por ciento) de la tasa para los préstamos del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) de crédito social correspondiente a la de "empleados públicos, de empresas con convenio o pasivos" para el mayor plazo que se ofrezca, vigente al momento de la refinanciación.

3) En caso de producirse atrasos por mora, los intereses punitorios se situarán un 30% (treinta por ciento) por encima de la tasa vigente para operaciones al día.

En el caso de existir deudas en dólares se procederá, si hubiere deudas vencidas, de acuerdo a lo establecido en el literal A). A efectos de la determinación del monto total a refinanciar de acuerdo a lo establecido en el literal B), los importes en dólares se convertirán en pesos uruguayos a la cotización interbancaria (Banco Central del Uruguay, fondo comprador), del cierre del día anterior al de la refinanciación, aplicándose la tasa de interés establecida en el literal C).

Artículo 10.- El régimen previsto en la presente ley, solo será aplicable a deudas contraídas hasta la fecha de su promulgación, por única vez para cada persona física.

Quedan igualmente excluidas las ampliaciones realizadas con posterioridad a la fecha de promulgación de deudas contraídas con anterioridad a la misma.

Artículo 11.- Declárase aplicable al régimen previsto en la presente ley, el principio de consensualidad dispuesto por el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

Montevideo, 2 de octubre de 2007.

GONZALO MUJICA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto procura un régimen de consolidación de adeudos que puede significar para los trabajadores la posibilidad de cambiar una situación de obligaciones múltiples y descontroladas por acuerdos que, mediante la cancelación de esos pasivos, concentren sus deudas con un único, pautado y ordenado régimen de endeudamiento. De esta manera, se posibilita el aumento de recursos disponibles en salarios y pasividades y el normal desarrollo de la economía familiar.

Esta situación redunda en beneficio de todos los actores:

A) Es común que los trabajadores hayan accedido sucesivamente con su recibo de sueldo como garantía a diversas fuentes de crédito y contraído deudas en moneda, plazos, condiciones, cuotas e intereses de las más variadas fuentes; ello les coloca en una situación de auténtico descontrol.

B) Si bien resulta importante el logro de la reciente ley, en el sentido de preservar la percepción de una parte líquida de haberes (30%), no es menos importante influir en la conducta del prestatario, apoyándolo en cuanto a procurar soluciones generales que le permitan consolidar, mediante la fórmula que se propone, la totalidad de su adeudo en un marco claramente definido.

C) Los acreedores singulares también se beneficiarían con este sistema, en tanto, por las mismas razones anteriormente expuestas, es frecuente que se encuentren ante situaciones de insolvencia que, en la concurrencia de acreedores de distinta prelación y orden, encuentren severamente comprometida la posibilidad de recuperar sus créditos. A su vez, dicha recuperación de créditos fortalece sensiblemente la situación patrimonial de las instituciones involucradas.

Se prevé, entonces, un tratamiento profesional a la complejidad de cada endeudamiento a través de un mecanismo que, unificando las condiciones del pasivo, racionalizando plazos, condiciones de ajuste, tasas de interés y otras, permita que el trabajador endeudado recupere el dominio de su situación. Se establece una relación jurídica elemental: un único régimen ordenado de pago y la certeza de un remanente salarial líquido en el futuro, de manera de posibilitar la reactivación y el normal desarrollo de la economía familiar. Sin perjuicio de ello, se exceptúa de esta situación de prioridad en el descuento a las retenciones por pensiones alimenticias decretadas y homologadas judicialmente, así como las garantías para el pago de alquileres y las cuotas de instituciones de asistencia médica colectiva.

Montevideo, 2 de octubre de 2007.

GONZALO MUJICA, Representante por Montevideo, GUSTAVO BERNINI, Representante por Montevideo".

Anexo I al
Rep. 1071

"Comisión de Hacienda

INFORME EN MAYORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado y votado por mayoría el proyecto de ley de adeudos sobre sueldos y pasividades; régimen de consolidación.

El sobreendeudamiento de las personas físicas es un problema nacional de larga data agravado a partir de la crisis financiera y económica del año 2002. Las consecuencias económicas ulteriores a la misma determinaron que miles de familias perdieran su sustento o lo vieran gravemente afectado.

Las condiciones en las que habían tomado sus créditos de consumo habían cambiado drásticamente obligándolos prácticamente a una cesación de sus pagos o, muchas veces, a la toma de nuevos créditos a los efectos de enfrentar necesidades básicas insatisfechas o aún de enfrentar sus obligaciones financieras anteriores.

Cualquier abordaje de este problema, sin embargo, no puede dejar de lado la consideración de otros factores que actúan en forma permanente, de índole diversa, dentro de los cuales la falta de reglas claras en muchos aspectos del mercado crediticio, como los controles eficaces a la hora de la evaluación del demandante, y otros de índole cultural, juegan un rol destacable.

El legislador ya ha intervenido en este mercado de diversas maneras y con resultados altamente valorables. En efecto, la disposición que permite afectar los ingresos fijos con retenciones implicó, de hecho, la posibilidad de acceder al crédito para el consumo a miles de familias sin patrimonio cuya única garantía pasó a ser su recibo de sueldo o jubilación.

Por otra parte, el establecimiento de un orden de prelación legal que ubica, con un criterio estrictamente político que compartimos, prioridades de unas instituciones ante otras, no determinadas por el monto de lo adeudado o la fecha de endeudamiento sino por una valoración cualitativa acerca de la naturaleza de cada una de ellas, es también un acierto a destacar.

La situación mencionada del año 2002 y su secuela en esta modalidad: el crédito a personas físicas que ocasiona retención en su sueldo o pasividad, es parte integrante del gran tema del endeudamiento interno heredado por el país de aquella crisis, que fuera abordado con medidas administrativas y legales en otros tramos del mismo, particularmente el del sector agropecuario.

El presente proyecto procura un régimen de consolidación de los adeudos que ocasionan retenciones que signifique para los trabajadores la posibilidad de cambiar una situación de obligaciones múltiples y descontroladas por acuerdos que, mediante la cancelación de esos pasivos, concentren sus deudas con un único, pautado y ordenado régimen de endeudamiento. De esta manera, se posibilita el aumento de recursos disponibles en salarios y pasividades y el normal desarrollo de la economía familiar.

Esta situación redunda en beneficio de todos los actores:

a) Es común que los trabajadores hayan accedido sucesivamente con su recibo de sueldo como garantía a diversas fuentes de crédito y contraído deudas en moneda, plazos, condiciones, cuotas e intereses de las más variadas fuentes; ello les coloca en una situación de auténtico descontrol.

b) Si bien resulta importante el logro de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en el sentido de preservar la percepción de una parte líquida de haberes (30%), no es menos importante influir en la conducta del prestatario, apoyándolo en cuanto a procurar soluciones generales que le permitan consolidar, mediante la fórmula que se propone, la totalidad de su adeudo en un marco claramente definido.

c) Los acreedores singulares también se beneficiarían con este sistema, en tanto, por las mismas razones anteriormente expuestas, es frecuente que se encuentren ante situaciones de insolvencia que, en la concurrencia de acreedores de distinta prelación y orden, encuentren severamente comprometida la posibilidad de recuperar sus créditos. A su vez, dicha recuperación de créditos fortalece sensiblemente la situación patrimonial de las instituciones involucradas.

d) Se prevé entonces, un tratamiento profesional a la complejidad de cada endeudamiento a través de un mecanismo que, unificando las condiciones del pasivo, racionalizando plazos, condiciones de ajuste, tasas de interés y otras, permita que el trabajador endeudado recupere el dominio de su situación. Se establece una relación jurídica elemental: un único régimen ordenado de pago y la certeza de un remanente salarial líquido en el futuro, de manera de posibilitar la reactivación y el normal desarrollo de la economía familiar.

e) Se establece un sistema de acceso a los beneficios de la ley a través de convenios entre los empleadores o las Asociaciones Civiles que representen a los deudores con los subrogantes.

f) Se define con claridad al tipo de deudor al que alcanza la ley.

g) Se determina un mecanismo de consolidación al que deberán adecuarse todas las operaciones.

h) Se establece con claridad un régimen único de tratamiento de la deuda consolidada por parte del subrogante.

i) Se establece un conjunto de excepciones, es decir deudas no alcanzables por el mecanismo de subrogación.

j) Se determinan obligaciones a asumir por el deudor asistido por la presente ley.

Por el artículo 2º se establece que las entidades subrogantes ocuparán el lugar en el orden de prelación que poseían los acreedores subrogados.

Por el artículo 3º se establece el alcance de la ley con respecto de los endeudados y el tipo de acuerdo a establecer entre el empleador o la Sociedad Civil representante de los deudores y la entidad consolidadora. Se describen también las condiciones del mismo.

Por el artículo 4º se determina el mecanismo de la consolidación, así como las consecuencias para el acreedor que no ingresa a la consolidación y no otorga al deudor condiciones de tratamiento de su deuda que por lo menos igualen las que otorga la ley.

Por el artículo 5º se obliga a la registración de la consolidación y a su constancia en los recibos de sueldo o pasividad.

Por el artículo 6º se obliga a los deudores que se acojan a los beneficios de la presente ley a no tomar nuevos créditos hasta la cancelación del 60% de la consolidada, salvo por parte de quien posea la deuda si cuenta con la aprobación del empleador o la Asociación Civil firmante del convenio.

Se establece también la penalización a quien incumpla con dicha condición.

Por el artículo 7º se excluyen del alcance de la prohibición anterior las deudas en cooperativas de consumo para la compra de productos de primera necesidad.

Por el artículo 8º se establecen otras excepciones al alcance de la norma.

Por el artículo 9º se incorpora dentro de la ley el límite de la Ley Nº 17.829, de 18 de septiembre de 2004.

Por el artículo 10 se establece el tratamiento que las instituciones que posean la deuda consolidada deberán otorgar a los deudores.

Por el artículo 11 se establecen los alcances de la ley para cada persona física.

Por lo expuesto, aconsejamos al Cuerpo la aprobación del proyecto de ley puesto a consideración.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2007.

GONZALO MUJICA, Miembro Informante, EDUARDO BRENTA, JULIO FIORDELMONDO, MARÍA ELOÍSA MOREIRA, LOURDES ONTANEDA, HÉCTOR TAJAM.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 7º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006, y por el artículo 138 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades, tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego por su orden, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto; la cuota sindical; por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU); por el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU); por el Banco de Seguros del Estado (BSE), u otras compañías de seguros en cuanto a la contratación de seguros de vida colectivos; y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren".

Artículo 2º.- Las instituciones de intermediación financiera autorizadas por el Banco Central del Uruguay (BCU) cuando se constituyan mediante acuerdo de voluntades en cesionarios o subrogantes de obligaciones que ocasionaren retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades en los términos y condiciones previstos en la presente ley, conservarán la misma situación de privilegio que poseían los acreedores cedentes o subrogantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º de la presente ley.

Artículo 3º.- A los efectos de incluir dentro del alcance de la presente ley a los trabajadores públicos y privados y a los jubilados y pensionistas mediante acuerdos con las instituciones de intermediación financiera; los organismos públicos, empresas y organizaciones civiles, deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

A) El beneficio otorgado por dichos acuerdos alcanzará a los deudores, cuyos ingresos salariales o prestaciones líquidos, no superen el treinta por ciento (30%) del monto nominal, deducidos el impuesto –si correspondiere- y las contribuciones de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

B) Disponer los recursos humanos y administrativos necesarios para asistir al deudor en el análisis de la situación de endeudamiento y las soluciones a instrumentar, así como en la negociación frente a sus acreedores.

C) Realizar un convenio con el organismo proveedor de los fondos que contemple las características de la operación en concordancia de la presente ley.

D) Recolectar, validar y proporcionar al organismo financiero los elementos que éste requiera a efectos del análisis del crédito a otorgar.

E) No se realizarán en ningún caso desembolsos en efectivo. La institución de intermediación financiera acreditará los préstamos en una cuenta creada a tales efectos.

F) La solicitud de los deudores para acogerse a los términos de la presente ley, habrá de efectuarse ante el organismo empleador o la asociación civil. La institución de intermediación financiera podrá, excepcionalmente, negociar con los deudores las condiciones particulares de los préstamos a otorgar.

Artículo 4º.- A partir de la promulgación de la presente ley, las obligaciones de las personas físicas que se encuentren comprendidas dentro de lo establecido en el literal A) del artículo 3º de la presente ley y que ocasionaren retenciones sobre sus retribuciones salariales o pasividades, así como aquellas que impliquen una mala calificación en el sistema financiero, podrán ser adquiridas por el BROU o las instituciones referidas en el artículo 2º de la presente ley.

Quedan excluidas las deudas por concepto de vivienda con el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

Se consideran comprendidos dentro de la presente ley los honorarios con los profesionales actuantes, que tendrán similar tratamiento a las deudas.

Los beneficios establecidos en la presente ley alcanzarán a los deudores y fiadores.

Si el acreedor no diera su conformidad en los términos expresados en la presente ley, su derecho al cobro sobre los sueldos y pasividades del deudor se reducirá al 20% (veinte por ciento) del salario o pasividad líquida disponible, entendiendo por tales a los referidos por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 107 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, y el alcance dado por el artículo 3º del Decreto 429/004, de 3 de diciembre de 2004.

Dicha reducción no será de aplicación en caso que el acreedor iguale o mejore las condiciones de consolidación previstas en la ley respecto a sus créditos.

Artículo 5º.- Las Contadurías de las personas jurídicas públicas o privadas que efectuaren las retenciones de los salarios o pasividades percibidos por los deudores, registrarán los datos de la cancelación de los créditos de los acreedores originarios, así como los correspondientes a su cesión o subrogación legal.

En los recibos de sueldo o pasividad deberá constar en forma clara y destacada la frase: "Asistido según Ley Nº …"

Artículo 6º.- Los deudores que voluntariamente se acojan al régimen previsto por la presente ley, no podrán contraer nuevas deudas que ocasionen retenciones sobre sus retribuciones salariales o pasividades, hasta tanto hayan cancelado el 60% (sesenta por ciento) del capital de la deuda consolidada. En este caso la deuda contraída no podrá desplazar en el orden de prelación a la cuota de la consolidación.

Las instituciones de intermediación financiera que posean la deuda podrán otorgar asistencia financiera a los beneficiarios siempre y cuando cuente con la aprobación específica del organismo empleador debiendo justificar el destino de los fondos y sujeta a la normativa general que rige para este tipo de operaciones.

Quien otorgare créditos a deudores consolidados que no se encuentren en la situación exigida en el inciso anterior, perderá el derecho a la retención de las cuotas del salario o la pasividad.

Artículo 7º.- Quedan excluidos del alcance del artículo 6º de la presente ley, las deudas contraídas en cooperativas de consumo por concepto de cuota social, compra de alimentos; útiles escolares; artículos de higiene personal y ambiental; zapatería y vestimenta.

Artículo 8º.- Lo dispuesto por la presente ley no regirá respecto de las obligaciones correspondientes a impuestos, contribuciones a la seguridad social, pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente, créditos que corresponda verter al Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación, u otras entidades habilitadas al efecto, la cuota sindical, el Banco de Seguros del Estado (BSE), u otras compañías de seguros en cuanto a la contratación de seguros de vida colectivos, cuotas de afiliación a instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago.

Artículo 9º.- Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior al 30% (treinta por ciento), del monto nominal, deducidos el impuesto ;si correspondiere- y las contribuciones de seguridad social, conforme a lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

Artículo 10.- Las instituciones de intermediación financiera que voluntariamente se constituyan en cesionarios o subrogantes de acuerdo con el régimen previsto en la presente ley, deberán ofrecer al deudor una refinanciación que cumpla, como mínimo, con las siguientes condiciones:

A) En caso de existir deudas vencidas, el componente de capital de cada cuota vencida se actualizará mediante la aplicación de la tasa de interés compensatoria pactada originalmente, renunciándose a aplicar la tasa de mora prevista en el contrato original.

B) El monto total a refinanciar surgirá de sumar los siguientes conceptos.

Por las deudas vencidas, los montos determinados en el literal A) de este artículo, más el capital que reste amortizar, si correspondiere.

Por las deudas no vencidas, el capital que reste amortizar.

Los gastos y honorarios judiciales que pesen sobre las deudas de que se trata.

C) El monto que surja de acuerdo con el literal B) de este artículo, se refinanciará en unidades indexadas, aplicándosele una tasa efectiva anual que cumpla con los siguientes requisitos:

1) En oportunidad de su fijación o ajuste, no podrá superar la tasa en U.I. (unidades indexadas) para familias y consumo del BCU vigente al momento de la refinanciación.

2) En caso de producirse atrasos por mora, los intereses punitorios se situarán un 30% (treinta por ciento) por encima de la tasa vigente para operaciones al día.

En el caso de existir deudas en dólares se procederá, si hubiere deudas vencidas, de acuerdo a lo establecido en el literal A) de este artículo. A efectos de la determinación del monto total a refinanciar de acuerdo a lo establecido en el literal B) de este artículo, los importes en dólares se convertirán en pesos uruguayos, a la cotización interbancaria (Banco Central del Uruguay (BCU) fondo comprador), del cierre del día anterior al de la refinanciación, y éstos a unidades indexadas, aplicándose la tasa de interés establecida en el literal C) de este artículo.

En caso de existir normas legales que otorguen a los deudores mejores condiciones que las planteadas en el presente artículo, se aplicarán éstas.

Artículo 11.- El régimen previsto en la presente ley sólo será aplicable a deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2007 y por única vez para cada persona física.

Quedan igualmente excluidas las ampliaciones y/o renovaciones, realizadas con posterioridad a dicha fecha.

De considerarlo adecuado, las instituciones de intermediación financiera podrán acordar con los organismos empleadores la aplicación de la presente ley para deudas contraídas hasta la firma del convenio.

Artículo 12.- Declárase aplicable al régimen previsto en la presente ley, el principio de consensualidad dispuesto por el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2007.

GONZALO MUJICA, Miembro Informante, EDUARDO BRENTA, JULIO FIORDELMONDO, MARÍA ELOÍSA MOREIRA, LOURDES ONTANEDA, HÉCTOR TAJAM.

Comisión de Hacienda

INFORME EN MINORÍA

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Hacienda ha considerado el proyecto de ley de adeudos sobre sueldos y pasividades; régimen de consolidación.

Este proyecto tiene la intención de solucionar el problema de sobreendeudamiento de las personas físicas.

El endeudamiento de las familias ha sido objeto de tratamiento en diversas oportunidades por el Parlamento.

En su momento se legisló para que el trabajador pudiera afectar su ingreso y mediante el sistema de retenciones acceda a créditos sobre sueldos y pasividades.

Posteriormente también se legisló en el sentido de que el 30% del sueldo o pasividad no podría ser afectado por retenciones.

En este proyecto se busca consolidar todas las deudas y que en el futuro sea solamente un acreedor, pasando de múltiples acreedores a uno solo y permitiendo la posibilidad del aumento de la parte disponible del sueldo o pasividad.

Compartimos la intención de los proponentes del proyecto de ley, pero no estamos de acuerdo en varias disposiciones que contiene.

El artículo 3º contiene una limitación muy grande para poder acceder a lo que establece este proyecto de ley; solamente podrían hacerlo los que dispone esta ley; quienes tengan comprometido en retenciones el 70% de su sueldo o pasividad. Consideramos que es una limitante muy grande; aquellos que tengan afectada por retenciones el 69% ó 65% no podrán acceder a esta propuesta, cosa que no compartimos.

El literal B) de este artículo 3º obliga a las empresas a disponer de recursos humanos y administrativos para asistir a los deudores y negociar por éste, frente a los acreedores, cosa que no compartimos.

Esta tarea aumentará los costos de las empresas, delega al deudor, quien será representado por la empresa o por un sindicato y estos últimos podrían cobrar al mismo por representarlo, suma que no tiene control.

Si son grandes empresas o es el Estado, tal vez no aumente sus costos y tareas pero si es pequeña empresa la complicamos.

Sobre el artículo 4º tenemos también varias objeciones.

Se trata en este artículo de obligar a los acreedores a aceptar la consolidación o serán penados en el porcentaje que pueden retener de los ingresos del deudor, aquí estamos cambiando el contrato original pactado, entre deudas y acreedor y eso afectará la seguridad jurídica.

El artículo 6º prohíbe nuevo endeudamiento hasta que no se pague el 60% del monto consolidado.

No queda claro qué ocurrirá si se afecta el sueldo con una pensión alimenticia o alquiler. ¿Se puede contraer esta obligación? La misma tiene el derecho de prelación anterior a la consolidación o es posterior.

Esto no está claro en este artículo 6º ni tampoco en el 8º.

El artículo 10 fija el interés de mora en el 30%, cuando debería ser el máximo establecido por ley.

Queremos dejar la constancia de que el Partido Nacional no ha votado este proyecto, no porque no comparta el espíritu de solucionar el problema de los endeudados -que siempre ha estado en nuestro pensamiento y allí seguirá estando para lograr una solución plena y completa a esa problemática-, sino porque cree que este proyecto de ley no lo va a lograr. Por el contrario, consideramos que crea una cantidad de inconvenientes -algunos de los cuales ya los hemos explicado y otros los plantearemos en Sala- y la expectativa que existe en mucha gente no será contemplada en casi nada. No creemos que mediante este mecanismo se logre contemplar las expectativas que tienen algunos de aliviar su endeudamiento, porque tiene tasas de interés altas, deudas en unidades indexadas y una cantidad de otras objeciones.

Queremos que quede claro que compartimos la necesidad de solucionar el problema de las familias endeudadas, pero consideramos que este proyecto no lo soluciona y por eso no lo votamos.

Por lo expuesto aconsejamos al Cuerpo no aprobar este proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2007.

CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Miembro Informante, JORGE GANDINI, MARY PACHECO.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo Único.- Recházase el proyecto de ley referente a Adeudos sobre Sueldos y Pasividades. Régimen de consolidación.

Sala de la Comisión, 5 de diciembre de 2007.

CARLOS GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Miembro Informante, JORGE GANDINI, MARY PACHECO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: ponemos a consideración de la Cámara un proyecto que tiene un largo trabajo detrás, que comenzó en el año 2005 en el Senado, y por el cual se intenta atender un problema de gran alcance social y de mucha gravedad para quienes lo sufren. Me refiero al sobreendeudamiento de las personas físicas, que afecta sus haberes, sus sueldos o pasividades a través de retenciones.

Este sobreendeudamiento, que es de larga data en la historia de nuestro país, se agravó aceleradamente a partir de la crisis de 2002, afectando a sectores muy importantes de la sociedad y también a todo el sistema de crédito. Sin duda, forma parte del problema mayor de la deuda interna, que ha sido abordado por nuestro Gobierno en distintas instancias, algunas de ellas legales y otras administrativas, en sus diferentes aspectos y tramos. Algunas han tenido mucha notoriedad, como por ejemplo el tratamiento en los años anteriores de la deuda agropecuaria; pero otros casos, como este, que probablemente tengan más gravedad e, inclusive, afecten a más cantidad de personas, han ido quedando postergados por la dificultad de su tratamiento. Esta dificultad tiene que ver con varios aspectos; en primer lugar, no se tiene una noción clara de la magnitud de este endeudamiento, ya que no se sabe cuántas personas están afectadas, cuántos acreedores están involucrados ni cuántos están esperando para entrar en las retenciones una vez que los que hoy están cobrando sus créditos terminen de hacerlo. La otra dificultad es que quienes han prestado mayoritariamente a las personas físicas lo han hecho para financiar consumos, y quienes se dedican a esta actividad suelen ser acreedores minoristas. Por lo tanto, cuando se legisla a favor de esos deudores se puede estar afectando al sector más débil de la cadena de posibles dadores de créditos de este país. Eso requería un gran cuidado por parte del legislador, máxime cuando uno de los principales facilitadores de crédito minorista para el consumo es una institución del Estado, como el Banco de la República, al cual todos debemos cuidar, por lo que cuando legislamos a favor de sus deudores no tenemos que afectar la capacidad de crédito de la institución.

Este conjunto de dificultades se agrava, además, por el hecho de que la modalidad de consolidación de adeudos implica que ningún deudor es igual a otro -porque ninguno tiene los mismo acreedores, por los mismos montos ni por los mismos plazos- y, por lo tanto, se requiere una negociación caso por caso. Esto implica que el proceso de consolidación sea caro y complejo, y que se requieran muchos recursos humanos para hacer una negociación de muchos acreedores con respecto a un solo deudor. Además, es muy difícil formar bloques de deudores y bloques de acreedores para hacerlos negociar en conjunto.

El proyecto que hoy estamos presentando a consideración de la Cámara intenta resolver complejidades de varios tipos y creemos que logrará un punto de equilibrio que permita comenzar a transitar por este tema.

Como introducción quiero decir, además, que esta intervención política que hacemos en el mercado de crédito no es la primera que lleva a cabo el sistema político en el Uruguay. Afortunadamente, ya hemos intervenido en ese mercado, por ejemplo, cuando fijamos un monto mínimo en los salarios o las pasividades que no puede ser afectado por retenciones. El Poder Legislativo también intervino en ese mercado cuando fijó un sistema de prioridades para las distintas instituciones que afectan los salarios y las pasividades de las personas físicas, que no tiene que ver con el monto ni con la antigüedad de la deuda, sino con una valoración política cualitativa de cada institución. Esto lo compartimos y nos parece muy loable.

Esta nueva intervención que proponemos intenta, básicamente, que una mayor cantidad de personas logre liberar el mayor tramo posible de su salario o pasividad de las retenciones que lo están afectando. Se piensa en un mecanismo por el cual los agentes públicos o privados puedan comprar las deudas de las personas físicas -aquellas que ocasionan retención sobre sus salarios y pasividades-, a fin de bajar el monto total para que luego sea posible refinanciar esa deuda consolidada en mejores condiciones y, por lo tanto, liberar zonas o tramos del salario o de la pasividad que hoy están ocupados por las retenciones. Este es el objetivo del proyecto de ley.

Como decía, enfrentamos un problema cuyas dimensiones no conocemos claramente. Por lo tanto, el proyecto establece ciertos límites en su alcance actual; en particular, limita sus alcances a aquellos deudores que tienen la máxima retención permitida por la ley, es decir, el 70% de su salario. ¿Por qué empezamos por este sector? En primer lugar, porque es el más afectado; es el que tiene la mayor cantidad del sueldo retenido. En segundo término, porque empezando por este sector podemos tener una noción clara sobre cuál es la dimensión del problema que estamos abordando, cuál es realmente el volumen de capital involucrado en estos procesos. Se ha hablado de volúmenes de capital de entre US$ 50:000.000 y US$ 400:000.000, o US$ 500:000.000, y de una cantidad de deudores que va desde algunas decenas de miles hasta varias centenas de miles. Por lo tanto, debemos empezar por asistir a los más afectados y hacer funcionar este mecanismo para luego ir ampliando las posibilidades de la ley a los deudores que tienen retenciones menores al 70%.

Desde ya queremos dejar establecida nuestra convicción de que esta ley, una vez que se apruebe este proyecto, debe ser dinámica en cuanto a su aplicación y a su seguimiento, a los efectos de ir ampliando su alcance a medida que se pone en práctica.

Otro aspecto importante de esta iniciativa es el de su operativa. No es una iniciativa pensada para que cada deudor vaya a un banco a pedir que le consoliden sus deudas, sino que es un proyecto por el cual la consolidación se realiza a través de contratos entre los empleadores o las organizaciones sociales representantes de los deudores y la banca autorizada para hacerlo. Esto es muy importante, en primer lugar, porque el empleador juega un rol fundamental y, además, porque en los casos en los que no hay empleador -como en el de los jubilados-, o los empleadores son muy pequeños y no pueden afrontar el costo operativo de hacer el seguimiento de todo este proceso, se habilitará a asociaciones, por ejemplo a sindicatos, para que hagan el contrato con las instituciones de intermediación financiera, asumiendo el rol del control de todo el sistema.

Por otra parte, se limitan las instituciones que pueden llevar adelante este mecanismo de consolidación a aquellas de intermediación financiera autorizadas por el Banco Central, a los efectos de evitar que aparezcan capitales desconocidos que a través de formas operativas no controladas por dicha institución terminen haciendo negocios que no sean convenientes para los deudores.

De manera que sometemos este proyecto a consideración de la Cámara con la expectativa de que sea aprobado, pues consideramos que es el comienzo del tratamiento de un problema de profundo alcance social y porque creemos que permitirá habilitar esta operativa que, por otra parte, el Banco de la República ya ha iniciado de manera muy restringida, según algunos comunicados. Este proyecto permitirá que el Banco actúe, amparado por la ley, de manera mucho más amplia, y facilitará la incorporación de agentes privados controlados por el Banco Central.

Por el momento es cuanto quería decir, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado González Álvarez.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: este proyecto, indudablemente, tiene la intención de solucionar el problema del sobreendeudamiento de las personas físicas.

El endeudamiento de las familias ha sido objeto de tratamiento en muchas oportunidades en este Parlamento desde la crisis de 2002 hasta la fecha. Inclusive, en el Período pasado se presentó un proyecto parecido a este, que llegó a tener media sanción en el Senado.

El Parlamento se ha ocupado en varias oportunidades de este y de otros temas de gran sensibilidad, y por eso en su momento se legisló para que el trabajador pudiera afectar sus ingresos por el sistema de retenciones -o sea, poniendo su sueldo como garantía de alguna operación-; fue así que se han ido autorizando distintos tipos de retenciones sobre su sueldo.

Posteriormente, se comprobó que ese sistema provocaba que el trabajador tuviera hasta el 100% de su sueldo dado en garantía, con retenciones, y que no cobrara nada. Como siempre decimos, muchas veces el trabajador llegaba a estar en rojo. ¡Si habremos visto casos de empleados y trabajadores que nos mostraban sus recibos y no cobraban absolutamente nada! Fue por ello que se legisló al respecto, pero tímidamente. Nuestra opinión personal es que debió haberse legislado para que el 50% de los ingresos no fuera afectado. Pero algo se hizo en su momento; se legisló en el sentido de que el 30% del sueldo o de la pasividad no pudiera ser afectado con retenciones. De esta manera se aseguraba que el trabajador cobrara algún dinero, un 30% de sus haberes, cuando llegaba fin de mes, y no como antes, que cobraba en papeles nada más porque todo su sueldo quedaba retenido.

Este proyecto pretende consolidar todas las deudas y que en el futuro haya solo un acreedor -no como hoy, que hay múltiples acreedores- que tenga la retención total, o sea que se consoliden todas las deudas en un solo acreedor. Tal vez de esa manera, si la negociación es buena, pudiera lograrse que ese 30% que hoy tiene el trabajador de libre disponibilidad se aumente en algo. Así, con una buena negociación y con un aumento del plazo podría llegarse a aumentar ese porcentaje de libre disponibilidad.

Por lo tanto, compartimos la intención de los proponentes de este proyecto, compañeros de nuestra Comisión de Hacienda, pero no estamos de acuerdo con algunas cosas que contiene. En líneas generales estamos de acuerdo con la intención, y por eso vamos a votar el proyecto en general.

El artículo 3º contiene una limitación muy grande para el acceso a esta negociación, ya que solamente accederán los que tengan el 70% del sueldo comprometido. Por ejemplo, podrá acceder a lo establecido por el proyecto aquella persona que gane $ 10.000 pero que cobre solamente $ 3.000 porque los restantes $ 7.000 están afectados. No podrá acceder -esta es una limitante muy grande, que no compartimos- aquel que tenga afectado el 65% o el 69% de su sueldo, o aquel que cobre $ 3.500 de los $ 10.000 que realmente percibe. Nadie sabe la cantidad de personas que podrán acceder a esta negociación, pero solo podrán hacerlo aquellas que tengan comprometido el 70% de su sueldo. Esto va a echar por tierra muchas expectativas. Hemos visto desfilar por la Comisión y por nuestros despachos a mucha gente preocupada pero que no tiene comprometido el 70% de su sueldo sino un porcentaje menor y a la que le hubiera venido bien consolidar toda la deuda en una sola, y en lugar de pagarla en treinta meses hacerlo en sesenta meses, bajando el peso de su retención. Eso no va a ocurrir; solamente podrán acogerse a esta ley aquellos que tengan el 70% de su sueldo comprometido. Creemos que eso está mal y no lo compartimos.

En el literal B) de este artículo 3º se obliga a las empresas a disponer de recursos humanos y administrativos para asistir a los deudores y a negociar por el deudor frente a los acreedores. Esto tampoco lo compartimos. A partir de este proyecto de ley estaríamos aumentando los costos de las empresas, porque deberán poner dos o tres funcionarios -dependiendo de la cantidad de empleados que tengan- para hacer esa tarea. Es decir que aumentamos los costos a las empresas sin saber si tienen o no interés, si tienen ganas o no, si les conviene o no prestar este servicio al trabajador. Si la empresa lo quiere hacer, lo podrá hacer en un acuerdo con su sindicato como una colaboración con sus empleados. Con este proyecto de ley estamos obligando a la empresa a hacerlo, y eso le puede traer inconvenientes. Es decir que se aumentarán los costos de las empresas, las que van a representar al deudor -este será representado por una empresa o por un sindicato, como ya lo ha mencionado el señor miembro informante en mayoría-, y no sabemos si eso no ocasionará un costo al trabajador; no sabemos si ese trabajo se hará gratis o le cobrarán por esa representación. No creemos que esto sea conveniente.

Si se trata de grandes empresas o del Estado, tal vez eso no aumente los costos ni las tareas, pero si es una empresa pequeña, seguramente la compliquemos. Si la empresa es pequeñísima y tiene uno o dos trabajadores, mucho más. A su vez, si esos trabajadores no están agremiados, tampoco podrán ampararse en este proyecto de ley.

Estas son algunas de las carencias de este proyecto, que no tenemos dudas de que será aprobado, porque las mayorías están. Nosotros queremos exponer las carencias de este proyecto que va a ir al Senado, donde tal vez se tenga la oportunidad de mejorar o corregir algunas de estas cosas.

Sobre el artículo 4º también tenemos varias objeciones. Este artículo obliga a los acreedores a aceptar la consolidación; si no lo hacen, serán penados en el porcentaje que pueden retener de los ingresos del deudor. Aquí estamos cambiando el contrato original pactado entre el deudor y el acreedor, y creemos que eso afecta la seguridad jurídica; el acreedor pactó que descontaría cierta cantidad de dinero a una persona y tiene derecho a descontar el 20% o el 30% del salario del trabajador por el dinero que le prestó o por el artículo que le vendió. A través de este proyecto ahora decimos que si ese acreedor no acepta esta consolidación, será penado en el porcentaje que retenía al trabajador; no va a poder descontarle el 30% que le retenía, sino un 20% o menos. Creemos que eso no está bien, porque cuando se hizo la negociación, el acreedor, que vendió la heladera al deudor o le prestó el dinero, sabía que lo iba a cobrar, porque se estableció el porcentaje que afectaría del sueldo del trabajador. Esto cambia las reglas y obliga al acreedor a aceptar la negociación que quizás implique que en lugar de cobrar en treinta meses deba hacerlo en sesenta o en noventa, o que sea penado en la retención. No lo vemos bien, y no lo compartimos.

Por el artículo 6º se prohíbe un nuevo endeudamiento del trabajador mientras no pague el 60% del monto consolidado. Tampoco vemos bien esto, porque no queda claro qué ocurrirá si se afecta el sueldo con una pensión alimenticia o con un alquiler. Porque ese trabajador que hoy en día tiene el 70% retenido, en caso de entrar en este sistema se le consolidaría ese 70%, pero mientras no pague el 60% de esta nueva consolidación no podrá contraer nuevas deudas. Hay algunas excepciones establecidas, como deudas para alimentos o artículos escolares, pero si el deudor quiere contratar un alquiler, no lo podrá hacer, aunque tenga capacidad de pago. No me queda muy claro qué sucederá con una pensión alimenticia, si podrá contraer esa obligación o no. Como la pensión alimenticia tiene prelación sobre el resto de los descuentos, no sabemos si la va a seguir manteniendo o si primero va a estar la consolidación. Esto no está claro y por eso no lo acompañaremos.

El artículo 10 fija el interés de mora en el 30%. Nosotros hubiéramos compartido que se estableciera que el interés de mora fuera como máximo del 30%. ¿Por qué vamos a establecer por ley que el interés de mora será del 30%? ¿ Por qué no decimos que el máximo interés de mora será del 30%? De esta manera quizás alguien estableciera un interés de mora de un 20%, un 18%, un 15%, un 10%. Estoy de acuerdo en fijar el máximo, pero en que se fije cuál será el interés.

Queremos dejar constancia de que los Representantes del Partido Nacional en la Comisión de Hacienda no hemos votado este proyecto, no porque no compartamos el espíritu de solucionar el problema de los endeudados -lo que siempre ha estado en nuestro pensamiento y allí seguirá estando hasta lograr una solución plena y completa a esa problemática-, sino porque creemos que este proyecto no lo logrará. Pensamos que esta iniciativa tiene buenas intenciones pero que no logrará solucionar el problema. Por el contrario, pensamos que crea una cantidad de inconvenientes, algunos de los cuales ya hemos explicado, y por eso es que no lo vamos a acompañar en su totalidad. La expectativa que existe en mucha gente no será contemplada totalmente; van a quedar muchos por el camino, diciendo: "Yo estaba esperando esto y no se me solucionó". No creemos que mediante este mecanismo se logre contemplar las expectativas que tienen muchos por aliviar su endeudamiento, porque las tasas de interés altas van a seguir altas -sobre eso no actuamos-, por las deudas en unidades indexadas, y por otra cantidad de objeciones que hemos planteado.

Así que queremos que quede bien claro que nosotros, los miembros del Partido Nacional en la Comisión, compartimos que es necesario solucionar el problema de las familias endeudadas. Lo compartimos y por ello vamos a votar el proyecto en general. Sin embargo, consideramos que este proyecto no soluciona los problemas y por eso no lo vamos a acompañar en su totalidad. Eso es lo que queríamos expresar.

También queremos decirle al Cuerpo que quedan dos caminos: que el proyecto vuelva a la Comisión para tratar de contemplar estos aspectos o que se apruebe con los votos del partido de Gobierno sin que se alcance la solución que todos quisiéramos para este problema.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: conocía estas objeciones y quiero hacer algunas aclaraciones sobre ellas.

Efectivamente, en el artículo 3º se establece el límite que yo mencionaba. Está claro que, en la medida en que uno limita el alcance de la ley no va a dar solución a todos los que están endeudados. Lo que he manifestado es que empezamos por dar solución a los que están más endeudados porque tenemos que ver cómo funciona el mecanismo. Además, tenemos que saber en cuánto involucramos al principal acreedor de este país: el Banco de la República. Debemos saber de cuánto estamos hablando, y la verdad es que nadie sabe de cuánto se trata, pero todos suponemos que decenas o centenas de miles de uruguayos y millones de dólares están en juego. A mí tampoco me agrada este inciso del artículo 3º, pero nos pareció de responsabilidad incluirlo.

El problema de los créditos contra los ingresos fijos es que mientras más salva uno porciones de ingreso fijo de la afectación de las retenciones, menos crédito le da a esa persona, porque la garantía que ella presenta cuando va a pedir dinero es su sueldo. Mientras menos sueldo puede poner en garantía, menos crédito le van a dar. Entonces, hay un punto de equilibrio entre lo que evitamos que le retengan y el impedimento para llegar al crédito que generamos. Sin duda, ese punto de equilibrio es opinable. Aquí no hay verdades reveladas; siempre se afecta una cosa u otra: se afecta la capacidad de retención y se libera sueldo pero, al mismo tiempo, se limita la capacidad de crédito.

Recuerdo que entre las muchas delegaciones que nos visitaron estuvo la de las cooperativas de crédito, que habló en contra de la liberación del 30% de los sueldos que habíamos establecido en una ley anterior, porque muchos de sus socios habían perdido capacidad de crédito, debido a que ellos no podían retener ese 30% con las cuotas.

En esto hay que ser muy cuidadosos. No hay punto de equilibrio perfecto; todos son opinables. Reitero que empezamos por atender a los más afectados.

Se dijo que el artículo 4º establece una penalización para el acreedor que no entra en la consolidación. Al principio dije que esta es una intervención política sobre el mercado y no es la primera que se hace. Efectivamente, preferimos intervenir apoyando la consolidación porque queremos liberar tramos del salario y de la pasividad de la gente. También es cierto que quien no ingresa tiene otra posibilidad establecida en la ley: dar a su deuda condiciones iguales o mejores a las de los demás acreedores consolidados; de esta forma, queda liberado de la penalización que se establece en el artículo 4º. Un acreedor puede decir: "yo no entro en la consolidación, pero a la deuda que tiene conmigo este deudor particular le voy a dar un tratamiento igual o mejor que el que le dará la consolidación". Así no será penalizado.

Finalmente, quiero hacer una puntualización sobre los intereses punitorios: es el 30% de la tasa vigente para operaciones del día. Lo que se fija como interés punitorio es un porcentaje fijo de la tasa vigente. Por lo tanto, hay una variación que tiene que ver con las tasas. Algún criterio había que establecer, y entendimos que este era de los más favorables para un deudor que es beneficiado por la consolidación y que por alguna razón queda en mora también de la cuota consolidada.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra para una aclaración.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el miembro informante en minoría, señor Diputado González Álvarez.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: quiero referirme nuevamente al artículo 4º, por el cual aquel acreedor que no acepte los términos establecidos o que no los iguale, será penalizado.

Indudablemente, esto también es inconstitucional. Esto va a ser inconstitucional. Es posible que nadie proteste, pero pienso que algún afectado lo va a plantear y va a ganar. Nosotros, los legisladores, el Parlamento, estamos siendo generosos con plata ajena. Le decimos al que dio el crédito que tiene que aceptar eso o que, de lo contrario, será penalizado. Eso es inconstitucional. Lo que podría hacer el Parlamento es establecer que el Estado asume la diferencia. Eso sería distinto. Si una cooperativa de crédito o un comercio dio un crédito que ahora va a ser consolidado con una cuota menor y no lo acepta, será penalizado. El acreedor puede no aceptar porque estableció un contrato libremente con el deudor para venderle una heladera, una cocina o lo que sea en cierta cantidad de cuotas. Resulta que ahora esa cuota o ese derecho a cobrar va a ser refinanciado y quien vendió el artículo o concedió el crédito tiene que aceptar esa refinanciación porque, de lo contrario, lo penalizaríamos. Creo que eso no puede ser; no está bien porque estamos siendo generosos con la plata de quien dio el crédito, es decir, con el dinero ajeno.

Podíamos haber establecido por ley que el Estado asumirá la diferencia. Eso es distinto, y no sería inconstitucional. El Estado o el Banco República pueden ser solidarios con los deudores y asumir la pérdida, pero no podemos obligar a quien dio el crédito a que acepte otras condiciones, porque de otra manera pierde. Creo que así nos estamos equivocando.

De todos modos, el miembro informante en mayoría ha manifestado que este es un intento para ir marchando y que puede ser modificado. Nosotros no queremos evitar que esto se apruebe sino proporcionar insumos al Senado para que se corrija, a los efectos de que no nos traiga inconvenientes y que este proyecto, que tiene buenas intenciones, no nos haga entrar en un lío, se generen inconstitucionalidades o no se aplique la ley. Reitero que esta quita que establecemos va a resultar inconstitucional.

Gracias, señor Presidente.

26.- Licencias.

Integración de la Cámara.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Dese cuenta del informe de la Comisión de Asuntos Internos relativo a la integración del Cuerpo.

(Se lee:)

"La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la solicitud de licencia del señor Representante Alberto Perdomo Gamarra, por motivos personales, inciso tercero del artículo primero de la Ley Nº 17.827, por el día 7 de mayo de 2008, convocándose al suplente correspondiente siguiente, señor Raúl Casás".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y ocho en treinta y nueve: AFIRMATIVA.

Queda convocado el suplente correspondiente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada.

(ANTECEDENTES:)

"Montevideo, 6 de mayo de 2008.

Señor 1er. Vicepresidente de la
Cámara de Representantes,
Don Uberfil Hernández.

Presente.
De mi mayor consideración:

Solicito a usted licencia por el día 7 de mayo de los corrientes, por motivos personales. Por lo que le ruego se sirva convocar a mi suplente respectivo.

Aprovecho la ocasión para saludarlo en mi más alta consideración y estima.

ALBERTO PERDOMO GAMARRA
Presidente de la Cámara de Representante".

"Comisión de Asuntos Internos

VISTO: La solicitud de licencia por motivos personales del señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo.

CONSIDERANDO: Que solicita se le conceda licencia por el día 7 de mayo de 2008.

ATENTO: A lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución de la República, en la Ley Nº 10.618 de 24 de mayo de 1945, en la modificación dada en su artículo primero por la Ley Nº 17.827, de 14 de setiembre de 2004 y en el inciso tercero de artículo primero de esta.

La Cámara de Representantes,

R E S U E L V E :

1) Concédese licencia por motivos personales por el día 7 de mayo de 2008, al señor Representante por el departamento de Canelones, Alberto Perdomo.

2) Convóquese por Secretaría, por el día 7 de mayo de 2008, al suplente correspondiente siguiente de la Hoja de Votación Nº 20004 del Lema Partido Nacional, señor Raúl Casás.

Sala de la Comisión, 6 de mayo de 2008.

VÍCTOR SEMPRONI, JULIO CARDOZO FERREIRA, BLANCA FERREIRA".

27.- Adeudos sobre sueldos y pasividades. (Régimen de consolidación).

——Continuando la consideración del asunto en debate, tiene la palabra el señor Diputado Botana.

SEÑOR BOTANA.- Señor Presidente: este proyecto de ley ha sido largamente reclamado por los ciudadanos de este país que han caído en situaciones de endeudamiento garantido con los ingresos de su trabajo. El endeudamiento, que creció brutalmente durante la crisis que sufrió el Uruguay durante el período de la depresión económica, venía de antes y con seguridad no obedezca solo a las razones emanadas de la baja en el nivel de actividad en la época de la crisis, sino a otras. Seguramente, en el crecimiento de la oferta del crédito y en el ablandamiento de las condiciones y su posterior endurecimiento por parte de las instituciones financieras esté buena parte de la explicación, amén de la inconducta que pueda haber tenido algún deudor.

Creo que este es un tema cuya puntualización es importante, porque acá hay una razón general para aprobar este articulado, pero también hay una razón que se funda en situaciones de culpa, o de responsabilidad, más que de culpa, y si responsable es quien tomó el crédito, responsable es también quien lo ofreció en determinadas condiciones y situaciones. Ninguno de los dos pudo prever lo que se iba a venir. Entonces, este proyecto viene en este momento a salvar el poder de consumo de una gran cantidad de familias del Uruguay; viene a aumentar la cantidad de dinero en la economía en momentos específicos del país en los cuales para combatir la inflación empieza una política contractiva del crédito. Seguramente, la aprobación de este proyecto de ley compense esa caída en el mercado de consumo que se produce en el Uruguay y salve a los propios dadores del crédito, a aquellos que otorgaron el crédito y que hoy no pueden cobrar, quienes podrán recuperar su posibilidad de dar crédito. Creo que termina siendo este un proyecto sano para todos.

Si bien es cierto que existe en la iniciativa una violación en lo que son las condiciones originales del contrato, también es cierto que hubo cambios en las circunstancias económicas que se produjeron a la hora de la creación de aquellos contratos. Pero, además, hay una situación que es grave: cuando el endeudamiento supera el 70% del monto salarial, allí indudablemente se pagan mucho más intereses que amortizaciones. Con seguridad no se está avanzando en el pago del crédito, sino que se está cumpliendo con una postergación casi infinita y que sin duda llegará hasta el día de la jubilación del individuo, que lo hará ser un funcionario condenado a trabajar para sobrevivir, para pagar un mal momento o un mal período de su vida. Entonces, bueno es que quitemos esta depresión, no solo a la economía sino a las familias del Uruguay, a través de esta sabia ley.

Creo que el señor Diputado González Álvarez en su informe ha hecho una serie de puntualizaciones que hay que atender y va a ser buena cosa que el Senado lo haga. Entiendo que esta obligatoriedad del artículo 4º, si bien se ve salvada por la condición que bien establece el señor Diputado Mujica -es una opción inteligente, sin duda-, jurídicamente puede ser contestada. Por lo tanto, habría que buscar la manera de que fuera salvada y evitada la posibilidad de que alguien haga un reclamo contra la imposición de aceptar este tipo de condiciones.

En cuanto al artículo 6º, como bien establece el señor Diputado González Álvarez, seguramente también haya que establecer algunas condiciones por las cuales el individuo se pueda endeudar, y que son aquellas que no dependen de su voluntad de compra, sino de situaciones de la vida. Es decir: si se produce el divorcio y tiene que pasar una pensión alimenticia, indudablemente esta situación tiene que ser atendida; si hay cuestiones de urgencia respecto de las obligaciones de un padre de familia, con seguridad esta situación tendrá que ser atendida. Pero creo que estas son contribuciones que hace el señor Diputado González Álvarez para que el Senado, en la consideración del tema, las tome como aportes, las incluya y trate de actuar de modo de dar solución a este gran tema.

Lo que indudablemente va a afectar a algunas instituciones es el grado de prelación en el orden de cobro. Eso seguramente va a afectar a algunas instituciones financieras de modo importante, porque deudas que fueron otorgadas por instituciones que arriesgaron y que las ubicaron en el último lugar de la fila para cobrar y que hoy no pueden hacerlo, actualmente, mediante la adquisición de la deuda por parte del Banco de la República van a pasar a uno de los primeros lugares. De cualquier modo, cuando estas situaciones se den, con seguridad el Banco de la República -es decir, la sociedad- esté comprando deuda por cifras significativamente más bajas, lo cual también redundará en beneficio de lo que es el monto disponible sobre el que se puede actuar de parte de los acreedores.

Por último, creo que este proyecto de ley debería tener uno complementario -técnicamente sería bueno que fuera así- por el cual se obligue su aplicación en el caso de los funcionarios públicos, para que los Ministerios, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados deban obligatoriamente ser garantes de las deudas de sus funcionarios. En este caso, voy a pedir una aclaración de parte de los miembros de la Comisión de Hacienda, porque creo que en la redacción que se da al artículo, los organismos no están obligados a la compra de la deuda de sus funcionarios en general, salvo aquellos que pasen los porcentajes a los que refiere este proyecto de ley. Entiendo que sería muy bueno que los organismos del Poder Ejecutivo, en la medida en que haya capacidad financiera del Banco de la República, puedan comprar el total de la deuda de sus funcionarios -obviamente, a precios más baratos- y hacerles a estos una refinanciación en las condiciones previstas por este proyecto de ley, con garantía -por supuesto- del propio organismo. Si esto así se hiciere tendríamos una ley que aliviaría mucho el peso de esta deuda y que solucionaría una buena parte del bolsón de los que, siendo afectados hoy, no llegan a un porcentaje del 70% de compromiso en su salario, que es lo que señalaba el señor Diputado González Álvarez.

Muchas gracias, señor Presidente.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el señor Diputado Signorelli.

SEÑOR SIGNORELLI.- Señor Presidente: creemos que hay muchas expectativas por la aprobación de este proyecto de ley, que nosotros vamos a apoyar.

Tenemos muchas dudas; aquí ya se han manifestado y, sintéticamente, las vamos a reiterar para que en el Senado quizás se pueda encontrar algún tipo de solución, porque hoy no estamos en condiciones de hacerlo.

Consideramos que los porcentajes que se han discutido limitan los créditos futuros y también a quién pasa a este sistema. Creemos que con este proyecto de ley estamos agregando más costos al sistema en empresas de crédito -algunas chicas, algunas medianas y otras grandes- absolutamente diferentes. Por supuesto que con esto estamos cambiando las condiciones del mercado.

Pero el punto que más nos importa es que existe preocupación, sobre todo de parte de los pasivos -que por sus bajos ingresos son quienes más sufren hoy, porque tienen prácticamente todo su ingreso comprometido-, por cuanto varias empresas, teniendo en cuenta la expectativa de vida, ponen como condición para otorgar créditos que no sobrepasen determinada edad. Creemos que hubiera sido interesante incluir algún artículo sobre el seguro de vida para quienes entran al sistema y que, de alguna manera, el Estado o quienes ingresan pagaran un pequeño porcentaje para evitar que los organismos que tienen capacidad para absorber estas deudas no lo hagan por motivo de la edad de la gente.

Hace poco tiempo, algunos pasivos nos manifestaron que no se les otorgaban créditos a los mayores de 65 o de 68 años, considerando su expectativa de vida y teniendo en cuenta que la deuda que se compraría debería ser por lo menos en sesenta cuotas para que tenga una acción efectiva.

Simplemente queríamos plantear nuestras dudas, adhiriendo a las palabras de los señores Diputados preopinantes. Por supuesto que vamos a dar nuestro voto porque creemos que esto es un adelanto. Si hay que corregir el proyecto en el Senado, si lo tenemos que corregir en la Cámara o si hay que hacer una ley interpretativa, estaremos en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, adelantamos nuestro voto afirmativo a este proyecto de ley.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra la señora Diputada Etcheverry.

SEÑORA ETCHEVERRY.- Señor Presidente: voy a ser muy breve ya que sobre este tema el compañero Diputado que integra la Comisión ya hizo uso de la palabra.

Simplemente quiero decir que estoy muy contenta de que estemos tratando hoy este proyecto de ley, porque todos nosotros hemos sido convocados por muchos ciudadanos que tienen su sueldo comprometido. Algunos de ellos nos han mostrado el recibo de sueldo y observamos que están cobrando $ 100 o $ 200. Quizás en algún momento, cuando no ocupábamos esta banca, nuestro sueldo haya estado en rojo, y es bueno decirlo.

Hoy se nos eriza un poco la piel porque sabemos que compañeros que trabajaban o trabajan con nosotros están esperando que el Parlamento anuncie esto. En cierta forma, este proyecto va a permitir que la familia tenga un desahogo y se van a poder manejar con otra tranquilidad. Por más que existan matices, sabemos que seguirán mejorando con el correr del tiempo.

Consideramos que este es un paso positivo, esperado por los pasivos y por todos los funcionarios públicos. No voy a hablar por todos los que están aquí. La verdad es que me siento muy conmovida por este proyecto, porque hoy la gente siente que el Parlamento está trabajando positivamente. A pesar de que tenemos discrepancias -como hace un rato- reconocemos que esta iniciativa es positiva. Y no estamos hablando en términos económicos; eso no es habitual en nosotros porque no somos economistas y tampoco integramos la Comisión. Sabemos que los compañeros de todos los partidos han trabajado con mucha seriedad. Consideramos que hemos dado un paso adelante, que vamos a seguir avanzando y profundizando. Hoy hay gente que está aquí esperando esta respuesta. También hay gente que está escuchando, que mañana lo comentará y que próximamente podrá apreciar que sus recibos de sueldo estarán más limpios.

Esperamos que este proyecto sea tratado a la brevedad en la otra Cámara. Felicitamos a los compañeros que han trabajado en la Comisión de Hacienda porque, en definitiva, lo están haciendo para quienes nos pusieron en cada una de estas bancas.

Gracias, señor Presidente.

28.- Prórroga del término de la sesión.

SEÑOR MUJICA.- Mociono para que se prorrogue la hora de finalización de la sesión, a los efectos de terminar de votar este proyecto.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta: AFIRMATIVA.

29.- Rectificación de trámite.

Dese cuenta de una moción de orden presentada por el señor Diputado Julio Cardozo Ferreira.

(Se lee:)

"Mociono para que la Carpeta Nº 2365 de 2008, Repartido Nº 1177, de febrero de 2008: 'Ciudadanos que perciben asistencia del Estado en dinero o en especies', que se encuentra a estudio de la Comisión de Salud Pública, sea derivada a la Comisión Especial de Población y Desarrollo Social, para su tratamiento".

——Se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

30.- Preferencias.

Dese cuenta de otra moción de orden presentada por los señores Diputados Pereyra, Echevarría, Toledo Antúñez, Viera, Martínez Huelmo y Pérez González.

(Se lee:)

"Mocionamos para que el asunto Carpeta Nº 1665/2007: 'Día del país productivo y fomento de la campaña. (Se declara el 10 de setiembre de cada año)', se incluya como cuarto punto del orden del día de la sesión ordinaria del miércoles 7 de mayo".

——En discusión.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

(Se vota)

——Treinta y nueve en cuarenta y uno: AFIRMATIVA.

31.- Adeudos sobre sueldos y pasividades. (Régimen de consolidación).

Continúa la consideración del asunto relativo a: "Adeudos sobre sueldos y pasividades. (Régimen de consolidación)".

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y dos en cuarenta y tres: AFIRMATIVA.

En discusión particular.

Léase el artículo 1º.

SEÑOR MUJICA.- ¿Me permite, señor Presidente?

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el miembro informante en mayoría, señor Diputado Mujica.

SEÑOR MUJICA.- Señor Presidente: mociono para que se suprima la lectura de todo el articulado y se vote en bloque, salvo los desgloses que desea realizar el señor Diputado González Álvarez. Asimismo, quiero hacer dos aclaraciones referidas a dos artículos.

En el artículo 1º quisiera hacer una modificación técnica que me plantean. Quedaría redactado de la siguiente manera: "Sustitúyase el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, con las modificaciones introducidas por el artículo 7º", después sigue tal cual estaba, hasta donde dice: "24 de octubre de 2006" y se agregaría: "y por el artículo 5º de la Ley Nº 18.222, de 20 de diciembre de 2007, por el siguiente:", y continúa como estaba.

La segunda modificación sería en el tercer inciso del artículo 11, que dice: "De considerarlo adecuado, las instituciones de intermediación financiera podrán acordar con los organismos empleadores". Allí habría que agregar: "o asociaciones civiles", y continuaría como está: "la aplicación de la presente ley para deudas contraídas hasta la firma del convenio".

Estas modificaciones se habían tratado en Comisión, pero no fueron redactadas.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ.- Señor Presidente: estamos de acuerdo con que se suprima la lectura y se vote en bloque, pero solicitamos que se desglosen los literales A) y B) del artículo 3º; el quinto inciso del artículo 4º, donde dice: "Si el acreedor no diera su conformidad [...]", y el inciso sexto de ese mismo artículo. Asimismo, pedimos el desglose del artículo 6º en su totalidad y el del numeral 2) del literal C) del artículo 10, relativo a los intereses punitorios, porque no lo compartimos. Los demás artículos los votaríamos en bloque.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Las modificaciones propuestas por el miembro informante en mayoría fueron registradas en la versión taquigráfica.

Si la Mesa no entendió mal, se propuso desglosar los literales A) y B) del artículo 3º, los incisos quinto y sexto del artículo 4º, todo el artículo 6º y el numeral 2) del literal C) del artículo 10.

Se va a votar si se suprime la lectura y se vota en bloque la totalidad de los artículos, con excepción de aquellos cuyo desglose fue solicitado.

(Se vota)

——Cuarenta y seis por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el proyecto en bloque, con excepción de los artículos desglosados.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los incisos A) y B) del artículo 3º tal como figuran en el informe en mayoría que viene de Comisión.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los incisos quinto y sexto del artículo 4º, tal como se establece en el informe en mayoría que viene de Comisión.

(Se vota)

——Cuarenta en cuarenta y seis: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el artículo 6º, tal como figura en el informe en mayoría que viene de Comisión.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el numeral 2) del literal C) del artículo 10, tal como se establece en el informe en mayoría que viene de Comisión.

(Se vota)

——Cuarenta y uno en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

SEÑOR MELGAREJO.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR MELGAREJO.- Señor Presidente: quiero señalar que voté con mucho beneplácito este proyecto porque en sus grandes lineamientos logró el apoyo del conjunto de las fuerzas políticas acá representadas y también porque estoy haciendo la suplencia a mi compañero, el señor Diputado Bernini, quien sé que ha trabajado mucho en esta iniciativa y en razón de estar en el exterior no pudo participar en esta reunión.

Creo que se hace justicia en un tema largamente conversado desde hace muchos años y sobre el que nunca pudimos lograr consenso para comenzar a solucionar el problema de fondo. Este es, precisamente, el consenso que nos permitirá avanzar en un camino que de alguna manera resolverá -o por lo menos comenzará a hacerlo- la problemática de mucha gente que se encuentra en una difícil situación de endeudamiento.

Muchas gracias.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PÉREZ GONZÁLEZ.- Señor Presidente: quiero hacer dos aclaraciones, que no planteé anteriormente para no generar un debate ni alargar la reunión.

A quienes plantearon dudas con respecto a las instituciones, sobre todo públicas, quiero decir que el Banco de la República ya tiene diseñada una política, con resoluciones administrativas en ese sentido, por la que las instituciones públicas que garanticen, precisamente, el refinanciamiento de la deuda de sus funcionarios, lo podrán hacer desde ahora.

En el caso del Banco de Previsión Social, también se ha previsto una línea de crédito para pasivos que contempla el seguro de vida que se mencionaba, sobre todo teniendo en cuenta la edad avanzada de quienes soliciten la refinanciación.

No sé si esto contempla realmente lo que se planteó; por lo menos, se podría profundizar en ese sentido, y así veríamos satisfechas esas inquietudes.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Pido la palabra para fundar el voto.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra la señora Diputada.

SEÑORA PEÑA HERNÁNDEZ.- Señor Presidente: para mí fue una alegría votar este proyecto, sentir que todas las fuerzas vivas nos unimos para tratar de solucionar los problemas de la gente. Creo que esta es una buena imagen que da el Parlamento -más allá de que, evidentemente, lo que tiene prensa son las peleas y no las instancias en que solucionamos los problemas; tengo que felicitar al periodista que está presente-, ya que esta norma va a traer tranquilidad a mucha gente, por cuanto dará soluciones en relación con la parte que se le está restando a su sueldo, lo que de alguna manera le permitirá volver a vivir económicamente.

Se trata de un alivio que todos queríamos dar, y por eso agradecemos a nuestra Comisión de Hacienda, que trabajó tanto y tan profundamente y que impulsó este proyecto.

Antes de terminar, tengo que aclarar que le robé la frase a la señora Diputada Etcheverry, acá presente, que era quien quería felicitar al periodista. Por lo tanto, el saludo correspondiente va de su parte.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Queda aprobado el proyecto y se comunicará al Senado.

(Manifestaciones de la barra)

——La Mesa quiere aclarar que a la barra le está prohibido hacer cualquier tipo de manifestación; de hacerse, la Mesa se verá obligada a desalojarla.

(Texto del proyecto aprobado:)

"Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, con las modificaciones introducidas por el artículo 7º de la Ley Nº 17.940, de 2 de enero de 2006, por el artículo 138 de la Ley Nº 18.046, de 24 de octubre de 2006, y por el artículo 5º de la Ley Nº 18.222, de 20 de diciembre de 2007, por el siguiente:

"ARTÍCULO 1º.- En las retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades tendrán prioridad las dispuestas por Juez competente destinadas a servir pensiones alimenticias, y luego, por su orden, las solicitadas por el Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto; la cuota sindical; por la División Crédito Social del Banco de la República Oriental del Uruguay; por el Banco Hipotecario del Uruguay; por el Banco de Seguros del Estado, u otras compañías de seguros en cuanto a la contratación de seguros de vida colectivos; y por instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago, por cuotas de afiliación de los funcionarios que así lo solicitaren".

Artículo 2º.- Las instituciones de intermediación financiera autorizadas por el Banco Central del Uruguay cuando se constituyan mediante acuerdo de voluntades en cesionarios o subrogantes de obligaciones que ocasionaren retenciones sobre retribuciones salariales y pasividades en los términos y condiciones previstos en la presente ley, conservarán la misma situación de privilegio que poseían los acreedores cedentes o subrogantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7º de la presente ley.

Artículo 3º.- A los efectos de incluir dentro del alcance de la presente ley a los trabajadores públicos y privados y a los jubilados y pensionistas mediante acuerdos con las instituciones de intermediación financiera; los organismos públicos, empresas y organizaciones civiles, deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

A) El beneficio otorgado por dichos acuerdos alcanzará a los deudores cuyos ingresos salariales o prestaciones líquidos no superen el 30% (treinta por ciento) del monto nominal, deducidos el impuesto -si correspondiere- y las contribuciones de seguridad social, conforme con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

B) Disponer los recursos humanos y administrativos necesarios para asistir al deudor en el análisis de la situación de endeudamiento y las soluciones a instrumentar, así como en la negociación frente a sus acreedores.

C) Realizar un convenio con el organismo proveedor de los fondos que contemple las características de la operación en concordancia con la presente ley.

D) Recolectar, validar y proporcionar al organismo financiero los elementos que éste requiera a efectos del análisis del crédito a otorgar.

E) No se realizarán en ningún caso desembolsos en efectivo. La institución de intermediación financiera acreditará los préstamos en una cuenta creada a tales efectos.

F) La solicitud de los deudores para acogerse a los términos de la presente ley habrá de efectuarse ante el organismo empleador o la asociación civil. La institución de intermediación financiera podrá, excepcionalmente, negociar con los deudores las condiciones particulares de los préstamos a otorgar.

Artículo 4º.- A partir de la promulgación de la presente ley, las obligaciones de las personas físicas que se encuentren comprendidas dentro de lo establecido en el literal A) del artículo 3º de la presente ley y que ocasionaren retenciones sobre sus retribuciones salariales o pasividades, así como aquellas que impliquen una mala calificación en el sistema financiero, podrán ser adquiridas por el Banco de la República Oriental del Uruguay o las instituciones referidas en el artículo 2º de la presente ley.

Quedan excluidas las deudas por concepto de vivienda con el Banco Hipotecario del Uruguay.

Se consideran comprendidos dentro de la presente ley los honorarios con los profesionales actuantes, que tendrán similar tratamiento a las deudas.

Los beneficios establecidos en la presente ley alcanzarán a los deudores y fiadores.

Si el acreedor no diera su conformidad en los términos expresados en la presente ley, su derecho al cobro sobre los sueldos y pasividades del deudor se reducirá al 20% (veinte por ciento) del salario o pasividad líquida disponible, entendiendo por tales a los referidos por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 107 de la Ley Nº 18.083, de 27 de diciembre de 2006, y el alcance dado por el artículo 3º del Decreto Nº 429/004, de 3 de diciembre de 2004.

Dicha reducción no será de aplicación en caso que el acreedor iguale o mejore las condiciones de consolidación previstas en la ley respecto a sus créditos.

Artículo 5º.- Las contadurías de las personas jurídicas públicas o privadas que efectuaren las retenciones de los salarios o pasividades percibidos por los deudores, registrarán los datos de la cancelación de los créditos de los acreedores originarios, así como los correspondientes a su cesión o subrogación legal.

En los recibos de sueldo o pasividad deberá constar en forma clara y destacada la frase: "Asistido según Ley Nº ...".

Artículo 6º.- Los deudores que voluntariamente se acojan al régimen previsto por la presente ley, no podrán contraer nuevas deudas que ocasionen retenciones sobre sus retribuciones salariales o pasividades, hasta tanto hayan cancelado el 60% (sesenta por ciento) del capital de la deuda consolidada. En este caso la deuda contraída no podrá desplazar en el orden de prelación a la cuota de la consolidación.

Las instituciones de intermediación financiera que posean la deuda podrán otorgar asistencia financiera a los beneficiarios siempre y cuando cuente con la aprobación específica del organismo empleador debiendo justificar el destino de los fondos y sujeta a la normativa general que rige para este tipo de operaciones.

Quien otorgare créditos a deudores consolidados que no se encuentren en la situación exigida en el inciso anterior, perderá el derecho a la retención de las cuotas del salario o la pasividad.

Artículo 7º.- Quedan excluidos del alcance del artículo 6º de la presente ley, las deudas contraídas en cooperativas de consumo por concepto de cuota social, compra de alimentos, útiles escolares, artículos de higiene personal y ambiental, zapatería y vestimenta.

Artículo 8º.- Lo dispuesto por la presente ley no regirá respecto de las obligaciones correspondientes a impuestos, contribuciones a la seguridad social, pensiones alimenticias decretadas u homologadas judicialmente, créditos que corresponda verter al Servicio de Garantía de Alquileres de la Contaduría General de la Nación u otras entidades habilitadas al efecto, la cuota sindical, el Banco de Seguros del Estado, u otras compañías de seguros en cuanto a la contratación de seguros de vida colectivos, cuotas de afiliación a instituciones de asistencia médica colectiva u otras instituciones de asistencia médica de régimen de prepago.

Artículo 9º.- Ninguna persona física podrá percibir por concepto de retribución salarial o pasividad una cantidad en efectivo inferior al 30% (treinta por ciento) del monto nominal, deducidos el impuesto -si correspondiere- y las contribuciones de seguridad social, conforme con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004.

Artículo 10.- Las instituciones de intermediación financiera que voluntariamente se constituyan en cesionarios o subrogantes de acuerdo con el régimen previsto en la presente ley, deberán ofrecer al deudor una refinanciación que cumpla, como mínimo, con las siguientes condiciones:

A) En caso de existir deudas vencidas, el componente de capital de cada cuota vencida se actualizará mediante la aplicación de la tasa de interés compensatoria pactada originalmente, renunciándose a aplicar la tasa de mora prevista en el contrato original.

B) El monto total a refinanciar surgirá de sumar los siguientes conceptos:

Por las deudas vencidas, los montos determinados en el literal A) de este artículo, más el capital que reste amortizar, si correspondiere.

Por las deudas no vencidas, el capital que reste amortizar.

Los gastos y honorarios judiciales que pesen sobre las deudas de que se trata.

C) El monto que surja de acuerdo con el literal B) de este artículo, se refinanciará en unidades indexadas, aplicándosele una tasa efectiva anual que cumpla con los siguientes requisitos:

1) En oportunidad de su fijación o ajuste, no podrá superar la tasa en unidades indexadas para familias y consumo del Banco Central del Uruguay vigente al momento de la refinanciación.

2) En caso de producirse atrasos por mora, los intereses punitorios se situarán en un 30% (treinta por ciento) por encima de la tasa vigente para operaciones al día.

En el caso de existir deudas en dólares se procederá, si hubiere deudas vencidas, de acuerdo con lo establecido en el literal A) de este artículo. A efectos de la determinación del monto total a refinanciar de acuerdo con lo establecido en el literal B) de este artículo, los importes en dólares se convertirán en pesos uruguayos, a la cotización interbancaria (Banco Central del Uruguay - fondo comprador) del cierre del día anterior al de la refinanciación, y éstos a unidades indexadas, aplicándose la tasa de interés establecida en el literal C) de este artículo.

En caso de existir normas legales que otorguen a los deudores mejores condiciones que las planteadas en el presente artículo, se aplicarán éstas.

Artículo 11.- El régimen previsto en la presente ley sólo será aplicable a deudas contraídas hasta el 31 de diciembre de 2007, y por única vez para cada persona física.

Quedan igualmente excluidas las ampliaciones y/o renovaciones, realizadas con posterioridad a dicha fecha.

De considerarlo adecuado, las instituciones de intermediación financiera podrán acordar con los organismos empleadores o asociaciones civiles la aplicación de la presente ley para deudas contraídas hasta la firma del convenio.

Artículo 12.- Declárase aplicable al régimen previsto en la presente ley, el principio de consensualidad dispuesto por el inciso primero del artículo 5º de la Ley Nº 17.829, de 18 de setiembre de 2004".

32.- Decisiones emanadas del 23er. Congreso de la Unión Postal Universal. (Aprobación).

——Se pasa a considerar el asunto que figura en séptimo término del orden del día: "Decisiones emanadas del 23er. Congreso de la Unión Postal Universal. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1164

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Educación y Cultura

Montevideo, 27 de agosto de 2007.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a ese Cuerpo a fin de someter a su consideración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 numeral 20 y el artículo 85 numeral 7 de la Constitución Nacional, el adjunto proyecto de ley por el cual se aprueban las Decisiones emanadas del 23º Congreso de la Unión Postal Universal, adoptadas en la ciudad de Bucarest, Rumania, el 5 de octubre de 2004.

Estas Decisiones comprenden las siguientes Actas: Convenio Postal Universal y su Protocolo Final, Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, Reglamento General de la Unión Postal Universal y Acuerdo relativo a los Servicios de Pago de Correos.

I. ANTECEDENTES.

La Unión Postal Universal (UPU) se estableció en 1874 en la ciudad de Berna (Suiza), en virtud del Tratado de Berna y pasó a ser un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas desde el 1º de julio de 1948. Esta Organización forma un solo territorio postal de países para el intercambio de correspondencia y su objetivo es incrementar las comunicaciones entre los pueblos, por medio de un eficaz funcionamiento de los servicios postales. En esa medida, favorece el desarrollo de la colaboración internacional en la consecución de tal fin.

La Unión está conformada por el Congreso Universal Postal, el Consejo de Administración, el Consejo Postal de Operaciones, el Comité Consultivo y la Oficina Internacional.

La UPU ha asumido el compromiso de participar, en la medida de sus posibilidades, en la asistencia técnica postal solicitada por los países miembros, lo que facilita la unificación de las técnicas entre la comunidad internacional en beneficio de la comunicación.

Los objetivos de la UPU son, entre otros, mejorar y actualizar los servicios postales, a fin de acompañar los cambios que se manifiestan en este ámbito debido al desarrollo de nuevas tecnologías; brindar un servicio eficaz y accesible; participar en la asistencia técnica postal que soliciten los países miembros y fomentar la colaboración internacional en materia postal.

La Organización establece las tarifas, límites máximos y mínimos de peso y tamaño, las condiciones de aceptación y los reglamentos aplicables a la correspondencia, así como la determinación de los objetos cuyo transporte requiera precaución especial.

El sector postal se encuentra inmerso en un profundo proceso de reforma impulsado por la privatización emprendida en muchos países, lo que ha obligado a la Organización a adaptarse a los nuevos tiempos. Por ello, en el Congreso de Bucarest, se aprobó la creación de un Comité Consultivo que representa los intereses de todos los agentes implicados en el sector postal, en un sentido amplio: gobiernos, operadores privados, organizaciones de consumidores, usuarios y organizaciones de trabajadores.

Como es tradicional, los documentos que hoy se remiten para su aprobación, tienden a profundizar y mejorar los instrumentos adoptados en anteriores Congresos, ajustando así su actividad a los cambios económicos y tecnológicos que pautan el campo de acción alcanzado por la Unión Postal Universal.

II. DECISIONES DEL 23º CONGRESO DE LA UPU.

II.1. Convenio Postal Universal y su Protocolo Final.

Durante el Congreso de Bucarest, se introdujeron importantes modificaciones al Convenio.

En particular, en el artículo 1 se incorporaron definiciones sobre términos básicos, tales como servicio postal universal, envío postal, gastos de tránsito, gastos terminales, tendiendo a eliminar las dificultades en la aplicación del instrumento, mediante una interpretación unívoca.

Asimismo, el artículo 2 designa la entidad o las entidades responsables de cumplir las obligaciones derivadas de la adhesión al Convenio.

El artículo 7 contiene modificaciones relativas a la exoneración del pago de tasas postales y el artículo 10 incluye una recomendación para que los Estados miembros adopten estrategias dinámicas en materia de medio ambiente.

La disposición incluida en el artículo 8 es una novedad y establece el régimen que rige para los sellos postales. Entre otros aspectos se destaca:

a) la protección de la denominación "sello de Correos", que queda reservada exclusivamente para los sellos que cumplan las condiciones establecidas en el numeral 2 del mismo artículo y en los reglamentos correspondientes. En particular, interesa señalar la definición del sello de Correos como un acto de soberanía que constituye una prueba del pago del franqueo correspondiente a su valor intrínseco y una fuente de ingresos complementarios para las administraciones postales, en su calidad de artículo filatélico (artículo 8, numerales 2.2 y 2.3); y

b) la protección de los emblemas del Estado, los signos oficiales de control y los emblemas de organizaciones intergubernamentales incluidos en los sellos de Correos, por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual (artículo 8, numerales 4 y 6).

El artículo 11 constituye una norma programática por medio de la cual, los países miembros se comprometen a adoptar medidas para prevenir las acciones, así como para perseguir y castigar a los autores de infracciones vinculadas a los envíos postales (por ejemplo, inclusión de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, materias explosivas, inflamables, objetos relacionados con la pedofilia o la pornografía infantil), el franqueo en general y a los medios de franqueo en particular tanto nacionales como extranjeros.

En cuanto a las normas aplicables a los envíos de correspondencia y a las encomiendas postales incluidas en la Segunda Parte del Convenio, el artículo 14 incorpora el término "logística integrada" a la parte postal, recogiendo una propuesta de la República Federativa del Brasil apoyada por los Estados del MERCOSUR. Esto permitió ampliar los servicios postales mucho más allá de la entrega, a lo que se relaciona con la conservación de paquetes y envíos (almacenamiento), entrega de compras por Internet y operaciones que prevén su devolución.

El artículo 15 establece normas relacionadas con los envíos no admitidos, destacándose el régimen aplicable a materias explosivas, inflamables o radioactivas y otras materias peligrosas y el referido a animales vivos (numerales 3 y 4).

A su vez, en el Capítulo II de la Segunda Parte, se encuentra la novedad del artículo 26, que prevé que si un miembro se reserva el derecho de no pagar una indemnización por concepto de responsabilidad, no tendrá derecho a una indemnización de este tipo por parte de otro miembro que hubiera aceptado asumir la responsabilidad, de conformidad con los artículos 22 a 25.

En la Tercera Parte del Convenio, los artículos 29 y 30 introducen cambios en el sistema de gastos terminales. Este sistema, que es una especie de compensación entre los países en la distribución de la correspondencia, a partir de este Congreso tiene un sistema diverso (sistema objetivo) que deviene tal por una clasificación de los países, hecha en base al sistema de las Naciones Unidas.

Por su parte, el artículo 31 regula el Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio (FMQS). Se trata de un fondo al que contribuyen los países desarrollados para mejorar el servicio en los países en desarrollo.

Dentro de la economía del Convenio cabe señalar que, según el artículo 37, no se admitirán reservas incompatibles con el objeto y fin de la Organización. Las mismas deberán formularse sólo en caso de absoluta necesidad y estar motivadas en forma adecuada. Para que tengan validez las reservas presentadas al Congreso, deberán ser aprobadas por la mayoría requerida en cada caso para modificar el artículo al que ella se refiere.

Por último, el artículo III del Protocolo Final del Convenio recoge los cambios relativos a las exoneraciones de tasas precitados.

II.2. Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal.

En este instrumento se destaca especialmente el artículo I, que prevé como principales lineamientos de la UPU para incrementar las comunicaciones entre los pueblos, por medio de un eficaz funcionamiento de los servicios postales: garantizar la libre circulación de los envíos postales en un territorio postal único constituido por redes interconectadas, promover la adopción de normas comunes equitativas y la aplicación de la tecnología, alcanzar la cooperación y la interacción entre todas las partes interesadas, facilitar la prestación de una cooperación técnica eficaz y asegurar que se tengan en cuenta las necesidades cambiantes de los clientes.

II.3. Reglamento General de la Unión Postal Universal.

Las disposiciones del reglamento aseguran el funcionamiento de la UPU.

En este instrumento se señala especialmente la creación de un nuevo órgano de la UPU: el Consejo Consultivo. Este órgano brinda a los actores postales distintos de los operadores o reguladores postales públicos, la posibilidad de expresarse durante las deliberaciones de la Organización. Representa los intereses del sector postal ampliado a escala internacional y sirve de marco para un diálogo eficaz entre los actores del sector. Comprende a las organizaciones no gubernamentales que representan a los clientes, a los proveedores de servicios de distribución, a las asociaciones de trabajadores, a los proveedores de bienes y servicios, así como también a otros organismos interesados por los servicios postales internacionales y que representan a las empresas de marketing directo, a los operadores privados, a los expedidores internacionales, a las asociaciones filatélicas y a los editores, entre otros. El Consejo Consultivo constituye uno de los centros de interés de la UPU, además de los gobiernos, representados por los reguladores postales, y los operadores postales públicos.

II.4. Acuerdo relativo a los Servicios de Pago del Correo.

Este Acuerdo rige el conjunto de prestaciones postales referentes a las transferencias de fondos.

En los intercambios regidos por este Acuerdo podrán participar organizaciones no postales a través de la administración postal, del servicio de cheques postales o de una organización que administre una red de transferencias de fondos postales. Estas organizaciones se pondrán de acuerdo con la administración postal de su país para asegurar la completa ejecución de todas las cláusulas del Acuerdo. Las administraciones postales servirán de intermediarias en sus relaciones con las administraciones postales de los demás países contratantes y con la Oficina Internacional.

Los Estados Miembros deben comunicar el nombre y la dirección del órgano gubernamental encargado de supervisar los servicios financieros postales, así como el nombre y la dirección del o de los operadores designados oficialmente para prestar los servicios financieros postales y cumplir con las obligaciones derivadas de las Actas de la Unión en su territorio. Asimismo, deberán notificar en el mismo plazo a la Oficina Internacional los datos de las personas responsables de la explotación de los servicios financieros postales (artículo 3).

Dada la importancia que reviste para la República la aprobación de las Actas mencionadas y teniendo en consideración que las mismas entraron en vigor el 1º de enero de 2006, el Poder Ejecutivo solicita al Poder Legislativo la correspondiente aprobación parlamentaria, a fin de que la República Oriental del Uruguay pueda obligarse por este Instrumento Internacional.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, JORGE BROVETTO.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébanse las Decisiones emanadas del 23º Congreso de la Unión Postal Universal, adoptadas en la ciudad de Bucarest, Rumania, el 5 de octubre de 2004, que comprenden las siguientes Actas: Convenio Postal Universal y su Protocolo Final, Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, Reglamento General de la Unión Postal Universal y Acuerdo relativo a los Servicios de Pago de Correos.

Montevideo, 27 de agosto de 2007.

REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI, JORGE BROVETTO.

TEXTO DEL ACUERDO

Índice de materias

Art.

I.

(Preámbulo modificado)

II.

(art. 1 bis agregado) Definiciones

III.

(art. 22 modificado) Actas de la Unión

IV.

(art. 30 modificado) Modificación de la Constitución

V.

(art. 31 modificado) Modificación del Reglamento General, del Convenio y de los Acuerdos

VI.

Adhesión al Protocolo Adicional y a las Demás Actas de la Unión

VII.

Entrada en vigor y duración del Protocolo adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal

SÉPTIMO PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONSTITUCIÓN DE LA

UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

Los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros de la Unión Postal Universal, reunidos en Congreso en Bucarest, visto el artículo 30.2 de la Constitución de la Unión Postal Universal, firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han adoptado, bajo reserva de ratificación, las siguientes modificaciones a dicha Constitución.

Artículo I - (Preámbulo modificado)

Con el objeto de incrementar las comunicaciones entre los pueblos por medio de un eficaz funcionamiento de los servicios postales, y de contribuir al éxito de los elevados fines de la colaboración internacional en el ámbito cultural, social y económico, los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países contratantes han adoptado, bajo reserva de ratificación, la presente Constitución.

La Unión tiene la vocación de favorecer el desarrollo sostenible de servicios postales universales de calidad, eficaces y accesibles, para facilitar la comunicación entre todos los pueblos del mundo. Ello se logra:

- Garantizando la libre circulación de los envíos postales en un territorio postal único constituido por redes interconectadas.

- Promoviendo la adopción de normas comunes equitativas y la aplicación de la tecnología.

- Alcanzando la cooperación y la interacción entre todas las partes interesadas.

- Facilitando la prestación de una cooperación técnica eficaz.

- Asegurando que sean tenidas en cuenta las necesidades cambiantes de los clientes.

Artículo II - (Artículo 1bis agregado) - Definiciones

1. Para las Actas de la Unión Postal Universal, las expresiones que figuran a continuación se definen de la manera siguiente:

1.1 Servicio postal: conjunto de los servicios postales, cuya extensión es determinada por los órganos de la Unión. Las principales obligaciones de estos servicios consisten en satisfacer los objetivos sociales y económicos de los países miembros, efectuando la recogida, la clasificación, la transmisión y la distribución de los envíos postales.

1.2 país miembro: país que cumple con las condiciones establecidas en el artículo 2 de la Constitución.

Artículo V - (Artículo 31 modificado) - Modificación del Reglamento General, del Convenio y de los Acuerdos

1. El Reglamento General, el Convenio y los Acuerdos establecerán las condiciones a las cuales estará subordinada la aprobación de las proposiciones que los conciernen.

2. El Convenio y los Acuerdos comenzarán a regir simultáneamente y tendrán la misma duración. A partir del día fijado por el Congreso para la entrada en vigor de esas Actas, las Actas correspondientes del Congreso precedente quedarán derogadas.

Artículo VI - Adhesión al Protocolo Adicional y a las demás Actas de la Unión

1. Los países miembros que no hubieren firmado el presente Protocolo podrán adherir al mismo en cualquier momento.

2. Los países miembros que sean parte en las Actas renovadas por el Congreso, pero que no las hubieren firmado, deberán adherir a ellas en el más breve plazo posible.

3. Los instrumentos de adhesión relativos a los casos indicados en 1 y 2 se dirigirán al Director General de la Oficina Internacional. Este notificará de dicho depósito a los gobiernos de los países miembros.

Artículo VII - Entrada en vigor y duración del Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal

El presente Protocolo Adicional comenzará a regir el 1º de enero del 2006 y permanecerá en vigor por tiempo indeterminado.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros han redactado el presente Protocolo Adicional, que tendrá la misma fuerza y el mismo valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo de la Constitución y lo firman en un ejemplar que quedará depositado ante el Director General de la Oficina Internacional. La Oficina Internacional de la Unión Postal Universal entregará una copia a cada Parte.

Firmado en Bucarest, el 5 de octubre del 2004.

(SIGUEN FIRMAS)

DECLARACIONES FORMULADAS AL FIRMAR LAS ACTAS

I

En nombre de la República de Azerbaiyán:

"La circulación ilegal de sellos de Correos fraudulentos emitidos por las fuerzas de ocupación de Armenia en nombre de la autodenominada República de Nagorno-Karabaj (régimen ilegal separatista títere apoyado por la República de Armenia) ha sido motivo de honda preocupación del gobierno de la República de Azerbaiyán desde 1993 y la Unión Postal Universal (UPU) ha sido debidamente informada de esta infracción en varias oportunidades.

En respuesta a la solicitud del gobierno de la República de Azerbaiyán, la Oficina Internacional de la UPU emitió la circular 426 del 20 de diciembre de 1993, que exhortaba a las administraciones de todos los países miembros de la UPU a no aceptar para su procesamiento los envíos que llevaran los sellos ilícitos antes mencionados y a devolverlos a su país de origen.

Sin embargo, las cartas con esos sellos continúan ingresando en el territorio de algunos países miembros de la UPU. Según la última información, esos sellos ilícitos entraron sin ninguna dificultad en el territorio de Alemania provenientes de Armenia, tal como lo confirma un artículo publicado en Michel Rundschau de octubre de 2003, que se basa en una carta franqueada con uno de los sellos ilícitos arriba mencionados emitido por la autodenominada "República de Nagorno-Karabaj". El artículo también señala que esos sellos de Correos ilícitos figuran en el catálogo Stanley Gibbons (Reino Unido).

Lo anterior confirma que algunas administraciones postales están cometiendo una grave violación de las normas y los reglamentos contenidos en la Constitución de la UPU, en el Convenio Postal Universal y en las demás Actas de la UPU, así como de las normas de transmisión de la correspondencia postal entre los países.

Con relación a las circulares de la Oficina Internacional 426 del 20 de diciembre de 1993 y 263 del 30 de agosto de 2004, relativas a la circulación ilegal de los sellos de Correos antes mencionados, la República de Azerbaiyán, a través de esta declaración, informa oficialmente a los países miembros de la Unión, así como a las demás partes interesadas (editores de catálogos fiIatélicos, coleccionistas de sellos, etc.) que considera inadmisible procesar la correspondencia franqueada con sellos de Correos ilícitos emitidos por las fuerzas de ocupación de Armenia en nombre de la autodenominada República de Nagorno-Karabaj. También resulta inaceptable la publicación en catálogos filatélicos de artículos e información sobre estos sellos emitidos en forma ilícita.

La República de Azerbaiyán solicita, una vez más, a las administraciones postales de todos los países miembros de la UPU, así como a todas las demás partes interesadas, que no violen las normas y los reglamentos de la UPU ni la legislación internacional y que, por consiguiente, no acepten para su procesamiento los envíos franqueados con los sellos de Correos ilícitos antes mencionados, y los devuelvan a su país de origen.

La República de Azerbaiyán confía en que todos los países miembros de la UPU adoptarán las medidas necesarias para impedir la violación de las normas y los principios del derecho internacional generalmente aceptados, en especial, la soberanía y la integridad territorial de la República de Azerbaiyán y que no permitirán que esos actos ilícitos se repitan en el futuro.

La República de Azerbaiyán espera que su posición antes mencionada sea tenida debidamente en cuenta por todos los países miembros de la UPU".

(Congreso - Doc 49. Agr 1)

II

En nombre de la República de Azerbaiyán:

"Actualmente la región de Nagorno-Karabaj y los distritos adyacentes, que forman parte integrante del territorio de la República de Azerbaiyán, se encuentran bajo la ocupación de la República de Armenia.

La entidad territorial ilegal denominada "República de Nagorno-Karabaj" se creó a raíz de la ocupación, en 1992-1993, de la región de Nagorno-Karabaj y de los distritos azerbaiyanos adyacentes por las fuerzas armadas de Armenia, que realizaron una limpieza étnica para expulsar a los azerbaiyanos de los territorios ocupados.

Estas personas, convertidas en refugiados en su propio país y cuyo número sobrepasa el millón, viven en tiendas de campaña y barracas en condiciones insoportables; están privadas del confort y los servicios elementales, incluidos los servicios postales, y esperan poder volver a sus hogares.

Los actos de las fuerzas armadas de la República de Armenia fueron condenados por la comunidad internacional, en especial por el Consejo de Seguridad de la ONU, quien, por sus resoluciones Nº 822 del 30 de abril de 1993, Nº 853 del 29 de julio de 1993, Nº 874 del 14 de octubre de 1993 y Nº 884 del 12 de noviembre de 1993, exigió la retirada inmediata, completa e incondicional de las fuerzas de ocupación de los territorios de la República de Azerbaiyán.

Teniendo en cuenta estas circunstancias, las disposiciones del artículo RE 305 del Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia del Convenio Postal Universal, sobre la circulación de los sellos de Correos válidos en el país de origen, no se han observado en el territorio de la República de Azerbaiyán ocupado por las fuerzas armadas de la República de Armenia.

En estas condiciones, el gobierno de la República de Azerbaiyán declara que, de acuerdo con la Constitución de la Unión Postal Universal (artículo 23) firmada en Viena (Austria) el 10 de julio de 1964, la República de Azerbaiyán reafirma su soberanía sobre el territorio de la región de Nagorno-Karabaj y de los distritos adyacentes, actualmente ocupados por la República de Armenia.

El gobierno de la República de Azerbaiyán parte del principio de que la administración postal de la República de Azerbaiyán es la única estructura posible reconocida por la comunidad mundial en el territorio de la República de Azerbaiyán.

El gobierno de la República de Azerbaiyán considera a la pretendida República de Nagorno-Karabaj como una entidad ilegal creada en el territorio de la República de Azerbaiyán ocupado por la República de Armenia.

El gobierno de la República de Azerbaiyán considera que todos los intentos por representar a la autodenominada República de Nagorno-Karabaj como una entidad independiente dotada de todos los atributos del Estado, constituyen una violación de la integridad territorial y de la soberanía de la República de Azerbaiyán y de otras normas de derecho Internacional, así como un atentado a su derecho a garantizar la prestación de los servicios postales.

El gobierno de la República de Azerbaiyán declara lo siguiente: Teniendo en cuenta la ocupación de la región de Nagorno-Karabaj y de los distritos adyacentes de la República de Azerbaiyán por las fuerzas armadas de la República de Armenia, la República de Azerbaiyán se reserva el derecho de no aplicar los artículos del Convenio Postal Universal con la República de Armenia".

(Congreso - Doc 49. Agr 2)

III

En nombre de la República Árabe Siria:

"La administración postal de la República Árabe Siria declara que su firma de las actas no significa la obligación o aceptación de cualquier transacción con la administración postal israelí".

(Congreso - Doc 49. Agr 3)

IV

En nombre de la República Árabe Siria:

"La administración postal de la República Árabe Siria reitera la declaración presentada en el Congreso de Beijing 1999 por la República Argelina Democrática y Popular, el Reino de Arabia Saudita, el Reino de Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, la República Islámica de Irán, la República de lrak, (Al) Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista, Kuwait, la República Libanesa, la República Islámica de Mauritania, la República Islámica de Paquistán, la República de Sudán, la República de Túnez y la República de Yemen y declara que la firma por ellas de todas las Actas de la Unión Postal Universal (Congreso de Beijing 1999), así como la eventual ratificación ulterior de estas Actas por sus gobiernos respectivos no son válidas respecto al miembro que figura con el nombre de Israel y no implican de ninguna manera su reconocimiento".

(Congreso - Doc 49. Agr 4)

V

En nombre de la República Federal de Alemania, de la República de Austria, de Bélgica, de la República Checa, de la República de Chipre, del reino de Dinamarca, de la República Eslovaca, de la República de Eslovenia, de España, de la República de Estonia, de la República de Finlandia, de la República Francesa, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Isla de la Mancha e Isla de Man, de Grecia, de la República de Hungría, de Irlanda, de Italia, de la República de Letonia, de la República de Lituania, de Luxemburgo, de Malta, de países Bajos, de Polonia, de Portugal y de Suecia:

"Las delegaciones de los países miembros de la Unión Europea declaran que sus países aplicarán las Actas adoptadas por el presente Congreso de conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud del Tratado por el que se creó la Comunidad Europea y del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio".

(Congreso - Doc 49. Agr 5)

VI

En nombre de Australia:

"Australia declara que aplicará las Actas y decisiones adoptadas por el presente Congreso de plena conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud del Acuerdo por el que se creó la Organización Mundial del Comercio y en particular del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)".

(Congreso - Doc 49. Agr 6)

VII

En nombre de la República de Islandia, del Principado de Liechtenstein y de Noruega:

"Las delegaciones de la República de Islandia, del Principado de Liechtenstein y de Noruega declaran que sus países aplicarán las Actas adoptadas por el presente Congreso de acuerdo con las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo por el cual se constituyó el Espacio Económico Europeo y en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio".

(Congreso - Doc 49. Agr 7)

VIII

En nombre de Nueva Zelanda:

"Nueva Zelanda aplicará las Actas y las demás decisiones adoptadas por el presente Congreso en la medida en que sean compatibles con los demás derechos y obligaciones internacionales que le corresponden y en particular con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios".

(Congreso - Doc 49. Agr 8)

IX

En nombre de la República de Armenia:

"Recientemente, la comunidad internacional ha estado expuesta a una cantidad significativa de propaganda falsa y a una campaña en contra de Armenia originadas por representantes de Azerbaiyán con objeto de presentar una imagen distorsionada de las causas y de los temas relativos al conflicto de Nagorno-Karabaj y la situación resultante en el lugar de los hechos.

Las frívolas interpretaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como las acusaciones sin fundamento contra la República de Armenia, son práctica común de las autoridades de Azerbaiyán, con lo que procuran esconder sus propios delitos graves del pasado.

Las autoridades de Azerbaiyán se sirven de cualquier foro u organización internacional para dar curso a su destructiva política, en lugar de concentrarse en los esfuerzos por la paz que hace la comunidad internacional. Lamentablemente, el Congreso Postal Universal no es una excepción.

Armenia considera que este comportamiento en los encuentros internacionales es inadmisible y obstaculiza los esfuerzos que hace la comunidad internacional para promover cuestiones relativas a la cooperación reciproca.

Como el Congreso Postal Universal no es en forma alguna un foro apropiado para la discusión de temas relacionados con la resolución de conflictos, la delegación de Armenia, sin entrar en grandes detalles, desea limitarse a la siguiente declaración para que quede sentado en Actas.

Las dos declaraciones formuladas en el momento de firmar las Actas por parte de la República de Azerbaiyán, que se repartieron los días 20 y 21 de setiembre, contienen inexactitudes flagrantes y se utilizan con fines puramente propagandísticos para apartarse del orden del día del 23º Congreso de la UPU.

Estas dos declaraciones son pruebas claras de que Azerbaiyán continúa con la política emprendida hace décadas que tiene por objeto privar a los habitantes de Nagorno-Karabaj de sus derechos básicos, incluyendo el derecho a comunicarse.

Nagorno-Karabaj jamás ha formado parte del Azerbaiyán independiente. Las referencias que hace Azerbaiyán al artículo 23 de la Constitución y al artículo RE 305 del Reglamento relativo a los Envíos de Correspondencia, así como su empeño en presentar a Nagorno-Karabaj como parte integrante del territorio de la República de Azerbaiyán, no son legales ni legítimas.

El estatus futuro de Nagorno-Karabaj deberá ser determinado en el curso de las negociaciones de paz que se desarrollan dentro del marco del proceso de Minsk, en el seno de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y teniendo en cuenta todos los principios fundadores de la OSCE.

El hecho de que la República de Nagorno-Karabaj no haya sido aún oficialmente reconocida por la comunidad internacional no puede impedir que su población se comunique libremente, entre otras formas por medio de los servicios postales.

Por consiguiente, la administración postal de la República de Armenia actúa como intermediaria de la administración postal de la República de Nagorno-Karabaj, en el sentido del artículo 4 de la Constitución de la Unión Postal Universal.

La República de Armenia espera que todos los países miembros de la UPU presten la debida atención a los hechos y argumentos que anteceden".

(Congreso - Doc 49. Agr 9)

X

En nombre del Reino Hachemita de Jordania:

"El Reino Hachemita de Jordania aplicará las Actas y las demás decisiones adoptadas por el presente Congreso en la medida en que sean compatibles con los demás derechos y obligaciones internacionales que le corresponden y en particular, con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)".

(Congreso - Doc 49. Agr 10)

XI

En nombre de la República de Indonesia:

"La delegación de la República de Indonesia declara que su país aplicará las Actas adoptadas por el 23º Congreso de la Unión Postal Universal de acuerdo con la Constitución, las leyes y los reglamentos de la República de Indonesia y según las obligaciones que hubiere contraído al ser Parte de otros tratados y convenios y en cumplimiento de los principios del derecho internacional.

La delegación de la República de Indonesia se reserva asimismo el derecho a que su gobierno tome las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales en el caso de que las Actas adoptadas en este Congreso afecten directa o indirectamente su soberanía o se contrapongan a la Constitución, las leyes o los reglamentos de Indonesia o de que un país miembro contravenga la Constitución, el Convenio o las Actas de la Unión Postal Universal o de que como consecuencia de las reservas formuladas por un país miembro el servicio postal de Indonesia se vea perturbado o se genere un aumento Inaceptable de la cuota-parte contributiva del país a los gastos de la Unión.

(Congreso - Doc 49. Agr 11)

XII

En nombre de la República Togolesa:

"En el momento de firmar las Actas finales del 23º Congreso de la Unión Postal Universal (Bucarest 2004), la delegación de Togo declara que la República Togolesa no está vinculada de ninguna manera con las disposiciones de las Actas que puedan atentar contra su soberanía o que vayan en contra de su legislación nacional. Asimismo, esta firma no podrá interpretarse como una renuncia por parte de Togo de uno cualquiera de los derechos que detente o al que pueda pretender de acuerdo con los convenios e instrumentos internacionales de los que es Parte".

(Congreso - Doc 49. Agr 12)

XIII

En nombre de la República de Moldova:

"La República de Moldova aplicará las Actas adoptadas por el 23º Congreso de la Unión Postal Universal de acuerdo con la Constitución las leyes y los reglamentos de la República de Moldova y según las obligaciones que hubiere contraído al ser Parte de otros tratados y convenios y en cumplimiento de los principios del derecho internacional.

La República de Moldova se reserva asimismo el derecho a que su gobierno torne las medidas necesarias para proteger sus intereses nacionales en el caso de que las Actas adoptadas por este Congreso afecten directa o indirectamente la Constitución, las leyes o los reglamentos de Moldova o de que un país miembro contravenga la Constitución el Convenio o las Actas de la Unión Postal Universal".

(Congreso - Doc 49. Agr 13)

XIV

En nombre de Kuwait:

"En el momento de firmar las Actas finales del 23º Congreso de la Unión Postal Universal (Bucarest 2004) la delegación de Kuwait declara que Kuwait aplicará las Actas y las demás decisiones adoptadas por el presente Congreso en la medida en que sean compatibles con sus demás derechos y obligaciones internacionales".

(Congreso - Doc 49. Agr 14)

XV

En nombre de la República Socialista de Vietnam:

"La delegación de la República Socialista de Vietnam ante el Congreso de la Unión Postal Universal (Bucarest 2004) declara que el gobierno de Vietnam se reserva el derecho a que su gobierno tome las medidas necesarias para salvaguardar los intereses nacionales en el caso de que otras administraciones postales contravengan las disposiciones de las Actas del Congreso de la UPU o de que como consecuencia de las reservas formuladas por otras administraciones postales pongan en peligro sus servicios postales o su soberanía.

Vietnam se reserva el derecho a que su gobierno haga declaraciones adicionales en caso necesario en el momento de la ratificación de las Actas del Congreso de la UPU".

(Congreso - Doc 49. Agr 15)

XVI

En nombre de los Estados Unidos de América:

"Estados Unidos de América considera que calificar los derechos de la clientela como uno de los elementos esenciales de los derechos humanos en la resolución que lleva como título "Declaración postal universal de los derechos de la clientela" es un ejemplo desafortunado e injustificado del uso de la hipérbole en un malogrado intento por enfatizar un punto importante en sí mismo. Los derechos de la clientela constituyen un concepto importante que Estados Unidos de América apoya firmemente tanto en la legislación como en la práctica, sin embargo no están a la altura de los derechos humanos tal como se describen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nos preocupa que un intento retórico por vincular ambos conceptos impida que los derechos humanos sean comprendidos con claridad. Estados Unidos de América no apoya la adopción de la resolución 064. Rev 1 y tampoco reconoce que esta resolución ni su anexo den lugar a la creación, o impliquen la existencia de un derecho humano para el derecho internacional".

(Congreso - Doc 49. Agr 16)

XVII

En nombre del Reino de Tonga:

"El Reino de Tonga aplicará las Actas y decisiones de otra índole adoptadas por este Congreso en la medida en que sean congruentes con sus otros derechos y obligaciones internacionales y, en particular, con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios".

(Congreso - Doc 49. Agr 17)

XVIII

En nombre de la República de Azerbaiyán:

"En la declaración formulada en el momento de firmar las Actas en nombre de la República de Armenia, que fuera distribuida el 28 de setiembre de 2004, la delegación armenia una vez más intenta informar erróneamente a los representantes del mundo entero, cuando afirma que Azerbaiyán utiliza los foros internacionales para difundir una propaganda falsa y una campaña en contra de Armenia.

En vista de lo que antecede, la delegación de Azerbaiyán estima necesario declarar que el gobierno de la República de Azerbaiyán, en la declaración que formulara el 20 de setiembre de 2004 (Congreso - Doc 49. Agr 1), informó a los países miembros de la UPU que se reserva el derecho de no aplicar las disposiciones del Convenio Postal Universal en sus relaciones con la República de Armenia y dio los motivos de dicha decisión.

No es posible tergiversar las interpretaciones de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU mencionadas en la declaración, ya que en ellas se indica sin ambigüedad que Nagorno-Karabaj pertenece a la República de Azerbaiyán y se reafirma la soberanía y la integridad territorial de la República de Azerbaiyán.

Con relación a la segunda declaración formulada en nombre de la República de Azerbaiyán, que fuera repartida el 21 de setiembre de 2004 (Congreso - Doc 49. Agr 2), en ella se menciona la existencia de sellos de Correos emitidos en forma ilícita por la potencia ocupante armenia en nombre de la autodenominada "República de Nagorno-Karabaj". El control de la emisión y circulación de sellos de Correos es competencia de la Unión Postal Universal y de ninguna manera es resorte del grupo de Minsk de la OSCE.

Con referencia a la declaración de la delegación de Armenia en la que afirma que la administración postal de la República de Armenia actúa en calidad de intermediaria de la administración postal de la presunta República de Nagorno-Karabaj, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución de la UPU, esto puede considerarse no sólo como una mala interpretación del artículo antes mencionado sino como una injerencia grave en los asuntos de la República de Azerbaiyán y una violación a su soberanía. Cuando hace declaraciones de esa índole, invocando al mismo tiempo la Constitución de la Unión Postal Universal, la República de Armenia comete un abuso contra el estatus legítimo de esta organización y socava el prestigio de sus países miembros.

El gobierno de la República de Azerbaiyán nunca intentó privar al pueblo de Nagorno-Karabaj de sus derechos civiles, incluyendo su derecho a la comunicación. La administración postal de la República de Azerbaiyán, en el llamado que hizo al Director General de la UPU, Sr. Thomas Leavey, declaró sin ambigüedades que asumía el compromiso de distribuir los envíos postales desde y hacia el territorio de Nagorno-Karabaj.

La República de Azerbaiyán espera que los países miembros de la UPU hayan tomado debida nota de todo lo antedicho y reafirma una vez más su soberanía sobre el territorio de la región de Nagorno-Karabaj y los distritos adyacentes".

(Congreso - Doc 49. Agr 18)

XIX

En nombre de la República Argelina Democrática y Popular:

"La delegación de la República Argelina Democrática y Popular declara que su país aplicará las Actas adoptadas por el presente Congreso en la medida en que estas últimas sean compatibles con la legislación y la reglamentación nacionales.

La delegación de la República Argelina Democrática y Popular declara. además que la firma de dichas Actas no podrá considerarse como una renuncia por el país a cualquier derecho que detente y al que podría pretender en virtud de los Convenios y Tratados de los que es Parte.

La delegación de Argelia se reserva el derecho a que su gobierno formule, en caso necesario, otras declaraciones relativas a la ratificación de las Actas del Congreso de la UPU".

(Congreso - Doc 49. Agr 19)

XX

En nombre de los Estados Unidos de América:

Estados Unidos de América siente preocupación por la redacción de un texto adoptado por este Congreso ya que se podría interpretar que sugiere que clasificar a países como Países Menos Adelantados es de competencia de la Unión Postal Universal. Este tema sólo puede ser tratado con propiedad en el ámbito del Comité de Políticas de Desarrollo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Estados Unidos de América considera que es mejor para los Países Menos Adelantados que el Comité de Políticas de Desarrollo siga siendo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, el único árbitro en materia de clasificación de los países como Países Menos Adelantados. De conformidad con lo que antecede, Estados Unidos de América considera que ninguna decisión adoptada por los órganos de la UPU por aplicación de la proposición 20.26.92. Rev 1 puede modificar la clasificación de los países como Países Menos Adelantados en el sistema de las Naciones Unidas".

(Congreso - Doc 49. Agr 20)

XXI

En nombre del Reino de Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes Unidos, de la República de Irak, de Kuwait, de la República Libanesa, de la República Árabe Siria, de la República de Sudán y de la República del Yemen:

"EI Reino de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, la República de Irak, Kuwait, la República Libanesa, la República Árabe Siria, la República de Sudán y la República del Yemen confirman que la firma de las Actas de la UPU (Bucarest 2004), así como la eventual ratificación ulterior de dichas Actas por sus gobiernos respectivos, no son válidas respecto al miembro que figura con el nombre de Israel y no implican de ninguna manera su reconocimiento".

(Congreso - Doc 49. Agr 21)

XXII

En nombre de Israel:

"La delegación de Israel en el 23º Congreso de la Unión Postal Universal reitera las declaraciones y las reservas efectuadas en los Congresos anteriores en nombre de Israel y rechaza sin reservas todas las declaraciones o reservas formuladas en el presente Congreso (Bucarest 2004) por cualquier otro país miembro de la Unión con la intención de ignorar los derechos y el estatuto de que goza Israel en su calidad de miembro de la UPU. Las declaraciones o reservas de esa naturaleza, formuladas con la intención de no aplicar las disposiciones de las Actas de la UPU al Estado de Israel, son contrarias a la letra y al espíritu de la Constitución, del Convenio y de los Acuerdos. Por ese motivo la delegación de Israel considera dichas declaraciones írritas, nulas y sin valor, y en consecuencia se reserva los derechos de su país".

(Congreso - Doc 49. Agr 22)

XXIII

En nombre de la República de Zimbabwe:

"La delegación de la República de Zimbabwe declara que su país aplicará las Actas adoptadas por el presente Congreso en la medida en que sean compatibles con la legislación y la reglamentación nacionales.

La delegación de la República de Zimbabwe reitera el derecho de su gobierno de formular, dado el caso, otras declaraciones relativas a la ratificación de las Actas del Congreso de la UPU".

(Congreso - Doc 49. Agr 23)

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

Índice de materias
Capítulo I

Funcionamiento de los órganos de la Unión

Art.

101. Organización y reunión de los Congresos y Congresos Extraordinarios
102. Composición, funcionamiento y reuniones del Consejo de Administración
103. Información sobre las actividades del Consejo de Administración.
104. Composición, funcionamiento y reuniones del Consejo de Explotación Postal
105. Información sobre las actividades del Consejo de Explotación Postal
106. Composición, funcionamiento y reuniones del Comité Consultivo
107. Información sobre las actividades del Comité Consultivo
108. Reglamento interno de los Congresos
109. Lenguas de trabajo de la Oficina Internacional
110. Lenguas utilizadas para la documentación, las deliberaciones y la correspondencia de servicio
Capítulo II

Oficina Internacional

111. Elección del Director General y del Vicedirector General de la Oficina Internacional
112. Funciones del Director General
113. Funciones del Vicedirector General
114. Secretaría de los órganos de la Unión
115. Lista de países miembros
116. Informes. Opiniones. Peticiones de interpretación y de modificación de las Actas. Encuestas. Intervención en la liquidación de cuentas
117. Cooperación técnica
118. Fórmulas suministradas por la Oficina Internacional
119. Actas de las Uniones restringidas y acuerdos especiales
120. Revista de la Unión
121. Informe bienal sobre las Actividades de la Unión
Capítulo III

Procedimiento de presentación y examen de proposiciones

122. Procedimiento de presentación de proposiciones al Congreso
123. Procedimiento de presentación al Consejo de Explotación Postal de las proposiciones referentes a la elaboración de los nuevos reglamentos teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Congreso
124. Procedimiento de presentación de proposiciones entre dos Congresos
125. Examen de las proposiciones entre dos Congresos
126. Notificación de las decisiones adoptadas entre dos Congresos
127. Entrada en vigor de los reglamentos y de las demás decisiones adoptadas entre dos Congresos
Capítulo IV

Finanzas

128. Fijación y reglamentación de los gastos de la Unión
129. Sanciones automáticas
130. Categorías de contribución
131. Pago de suministros de la Oficina Internacional
Capítulo V

Arbitrajes

132. Procedimiento de Arbitraje
Capítulo VI

Disposiciones finales

133. Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al Reglamento General
134. Proposiciones relativas a los Acuerdos con la Organización de las Naciones Unidas
135. Entrada en vigor y duración del Reglamento General

REGLAMENTO GENERAL DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros de la Unión, visto el artículo 22.2 de la Constitución de la Unión Postal Universal, firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han decretado en el presente Reglamento General, de común acuerdo, y bajo reserva del artículo 25.4 de dicha Constitución, las disposiciones siguientes que aseguran la aplicación de la Constitución y el funcionamiento de la Unión.

CAPÍTULO I

Funcionamiento de los órganos de la Unión

Artículo 101 - Organización y reunión de los Congresos y Congresos Extraordinarios (Const. 14.15)

1. Los representantes de los países miembros se reunirán en Congreso a más tardar cuatro años después de finalizado el año en que se reunió el Congreso precedente.

2. Cada país miembro se hará representar en el Congreso por uno o varios Plenipotenciarios, provistos por su gobierno de los poderes necesarios. Podrá, si fuere necesario, hacerse representar por la delegación de otro país miembro. Sin embargo, se establece que una delegación no podrá representar más que a un solo país miembro además del suyo.

3. En las deliberaciones cada país miembro dispondrá de un voto, a reserva de las sanciones previstas en el artículo 129.

4. En principio, cada Congreso designará al país en el cual se realizará el Congreso siguiente. Si esta designación resultare ser inaplicable, el Consejo de Administración estará autorizado a designar el país en el cual el Congreso celebrará sus reuniones, previo acuerdo con este último país.

5. Previo acuerdo con la Oficina Internacional, el gobierno invitante fijará la fecha definitiva y el lugar exacto del Congreso. En principio, un año antes de esta fecha, el gobierno invitante enviará una invitación al gobierno de cada país miembro. Esta invitación podrá ser dirigida ya sea directamente, por intermedio de otro gobierno o por mediación del Director General de la Oficina Internacional.

6. Cuando deba reunirse un Congreso sin que hubiere un gobierno invitante, la Oficina Internacional, con el consentimiento del Consejo de Administración y previo acuerdo con el gobierno de la Confederación Suiza, tomará las disposiciones necesarias para convocar y organizar el Congreso en el país sede de la Unión. En este caso, la Oficina Internacional ejercerá las funciones de gobierno invitante.

7. Previo acuerdo con la Oficina Internacional, los países miembros que hubieran tomado la iniciativa del Congreso Extraordinario fijarán el lugar de reunión de ese Congreso.

8. Por analogía se aplicarán los párrafos 2 a 6 a los Congresos Extraordinarios.

Artículo 102 - Composición, funcionamiento y reuniones del Consejo de Administración (Const. 17)

1. El Consejo de Administración está compuesto por cuarenta y un miembros que ejercen sus funciones durante el período que separa dos Congresos sucesivos.

2. La Presidencia corresponderá por derecho al país huésped del Congreso. Si este país renunciare, se convertirá en miembro de derecho y, por ende, el grupo geográfico al cual pertenezca dispondrá de un puesto suplementario, al cual no se aplicarán las disposiciones restrictivas del párrafo 3. En este caso, el Consejo de Administración elegirá para la Presidencia a uno de los miembros pertenecientes al grupo geográfico de que forma parte el país sede.

3. Los otros cuarenta miembros del Consejo de Administración serán elegidos por el Congreso sobre la base de una distribución geográfica equitativa. En cada Congreso se renovará la mitad, por lo menos, de los miembros: ningún país miembro podrá ser elegido sucesivamente por tres Congresos.

4. Cada miembro del Consejo de Administración designará a su representante, que deberá ser competente en el ámbito postal.

5. Las funciones de miembro del Consejo de Administración son gratuitas. Los gastos de funcionamiento de este Consejo corren a cargo de la Unión.

6. El Consejo de Administración tiene las siguientes atribuciones:

6.1 Supervisar todas las actividades de la Unión en el intervalo entre los Congresos, teniendo en cuenta las decisiones del Congreso, estudiando las cuestiones relacionadas con las políticas gubernamentales en materia postal y tomando en consideración las políticas reglamentarias internacionales, tales como las relativas al comercio de los servicios y a la competencia.

6.2 Examinar y aprobar, en el marco de sus competencias, todas las acciones que se consideren necesarias para salvaguardar y fortalecer la calidad del servicio postal internacional y modernizarlo.

6.3 Favorecer, coordinar y supervisar todas las formas de la asistencia técnica postal en el marco de la cooperación técnica internacional.

6.4 Examinar y aprobar el presupuesto y las cuentas anuales de la Unión.

6.5 Autorizar, cuando las circunstancias lo exijan, el rebasamiento del límite de los gastos, conforme al artículo 128.3 a 5.

6.6 Sancionar el Reglamento Financiero de la UPU.

6.7 Sancionar las normas que rigen el Fondo de Reserva.

6.8 Sancionar las normas que rigen el Fondo Especial.

6.9 Sancionar las normas que rigen el Fondo de Actividades Especiales.

6.10 Sancionar las normas que rigen el Fondo Voluntario.

6.11 Efectuar el control de la actividad de la Oficina Internacional.

6.12 Autorizar, si fuere solicitada, la elección de una categoría de contribución inferior, de conformidad con las condiciones previstas en el artículo 130.6.

6.13 Autorizar el cambio de grupo geográfico, si fuere solicitado por un país, teniendo en cuenta la opinión expresada por los países que son miembros de los grupos geográficos involucrados.

6.14 Sancionar el Estatuto del Personal y las condiciones de servicio de los funcionarios elegidos.

6.15 Crear o suprimir los puestos de trabajo de la Oficina Internacional teniendo en cuenta las restricciones relacionadas con el tope de gastos fijado.

6.16 Sancionar el Reglamento del Fondo Social.

6.17 Aprobar los informes bienales formulados por la Oficina Internacional sobre las actividades de la Unión y sobre la gestión financiera y presentar, si correspondiere, comentarios al respecto.

6.18 Decidir sobre los contactos que deben entablarse con las administraciones postales para cumplir con sus funciones.

6.19 Decidir, previa consulta al Consejo de Explotación Postal, sobre los contactos que deben entablarse con las organizaciones que no son observadores de derecho, examinar y aprobar los informes de la Oficina Internacional sobre las relaciones de la UPU con los demás organismos internacionales, adoptar las decisiones que considere convenientes para la conducción de esas relaciones y el curso que debe dárseles, designar, con antelación suficiente y previa consulta al Consejo de Explotación Postal y al Secretario General, las organizaciones internacionales, asociaciones, empresas y personas calificadas que deban ser invitadas a hacerse representar en sesiones especificas del Congreso y de sus Comisiones, cuando ello redunde en beneficio de la Unión o de los trabajos del Congreso, y encargar al Director General de la Oficina Internacional que envíe las invitaciones necesarias.

6.20 Adoptar, cuando lo considere necesario, los principios que el Consejo de Explotación Postal deberá tener en cuenta cuando estudie asuntos que tengan repercusiones financieras importantes (tasas, gastos terminales, gastos de tránsito, tasas básicas del transporte aéreo del correo y depósito de envíos de correspondencia en el extranjero), seguir de cerca el estudio de esos asuntos y examinar y aprobar las proposiciones del Consejo de Explotación Postal que se refieran a esos mismos temas, para garantizar que guarden conformidad con los principios precitados.

6.21 Estudiar, a petición del Congreso, del Consejo de Explotación Postal o de las administraciones postales, los problemas de orden administrativo, legislativo y jurídico que interesen a la Unión, o al servicio postal internacional. Corresponderá al Consejo de Administración decidir, en los ámbitos precitados, si conviene o no emprender los estudios solicitados por las administraciones postales en el intervalo entre dos Congresos.

6.22 Formular proposiciones que serán sometidas a la aprobación, ya sea del Congreso, o de las administraciones postales, conforme el artículo 124.

6.23 Aprobar, en el marco de sus competencias, las recomendaciones del Consejo de Explotación Postal relativas a la adopción, cuando resulte necesario, de una reglamentación o de una nueva práctica en espera de que el Congreso tome una decisión en la materia.

6.24 Examinar el informe anual formulado por el Consejo de Explotación Postal y, dado el caso, las proposiciones presentadas por este último.

6.25 Someter a examen del Consejo de Explotación Postal los temas de estudio conforme al artículo 104.9.16.

6.26 Designar al país sede del próximo Congreso, en el caso previsto en el artículo 101.4.

6.27 Determinar, con antelación suficiente y previa consulta al Consejo de Explotación Postal, la cantidad de comisiones necesarias para realizar los trabajos del Congreso y fijar sus atribuciones.

6.28 Designar, previa consulta al Consejo de Explotación Postal y bajo reserva de la aprobación del Congreso, los países miembros que podrían:

- Asumir las Vicepresidencias del Congreso, así como las Presidencias y las Vicepresidencias de las Comisiones, tomando en cuenta en todo lo posible la repartición geográfica equitativa de los países miembros.

- Formar parte de las Comisiones restringidas del Congreso.

6.29 Examinar y aprobar el proyecto de Plan Estratégico para presentar al Congreso, elaborado por el Consejo de Explotación Postal con la ayuda de la Oficina Internacional; examinar y aprobar las revisiones anuales del Plan adoptado por el Congreso sobre la base de las recomendaciones del Consejo de Explotación Postal y trabajar en concertación con el Consejo de Explotación Postal en la elaboración y la actualización anual del Plan;

6.30 Establecer el marco para la organización del Comité Consultivo y aprobar esa organización, de conformidad con el artículo 106 del presente reglamento.

6.31 Establecer los criterios de adhesión al Comité Consultivo y aprobar o rechazar las solicitudes de adhesión, en función de esos criterios, asegurándose de que las solicitudes se traten aplicando un procedimiento acelerado entre las reuniones del Consejo de Administración.

6.32 Designar a los miembros que integrarán el Comité Consultivo.

6.33 Recibir los informes y las recomendaciones del Comité Consultivo y discutirlos; examinar esas recomendaciones para su presentación al Congreso.

7. En su primera reunión, que será convocada por el Presidente del Congreso, el Consejo de Administración elegirá, entre sus miembros, cuatro Vicepresidentes y redactará su reglamento interno.

8. Convocado por su Presidente, el Consejo de Administración se reunirá, en principio, una vez por año, en la sede de la Unión.

9. El Presidente, los Vicepresidentes y los Presidentes de las Comisiones del Consejo de Administración, así como el Presidente del Grupo de Planificación Estratégica forman el Comité de Gestión. Dicho Comité preparará y dirigirá los trabajos de cada período de sesiones del Consejo de Administración. Aprobará, en nombre del Consejo de Administración, el informe anual sobre las actividades de la Unión preparado por la Oficina Internacional y asumirá todas las demás tareas que el Consejo de Administración decida confiarle o cuya necesidad surja durante el proceso de planificación estratégica.

10. El representante de cada uno de los miembros del Consejo de Administración que participe en los períodos de sesiones de este órgano, con excepción de las reuniones que se realicen durante el Congreso, tendrá derecho al reembolso, ya sea del precio de un pasaje-avión de ida y vuelta en clase económica, de un pasaje en primera clase por ferrocarril o al coste del viaje por cualquier otro medio, con la condición de que este importe no exceda del precio del pasaje-avión de ida y vuelta en clase económica. Se acordará el mismo derecho al representante de cada miembro de sus Comisiones, Grupos de Trabajo u otros órganos cuando éstos se reúnan fuera del Congreso y de los períodos de sesiones del Consejo.

11. El Presidente del Consejo de Explotación Postal representará a éste en las sesiones del Consejo de Administración en cuyo orden del día figuren asuntos relativos al órgano que dirige.

12. El Presidente del Comité Consultivo representará a éste en las sesiones del Consejo de Administración en cuyo orden del día figuren asuntos que interesen al Comité Consultivo.

13. Con el fin de asegurar una relación eficaz entre los trabajos de ambos órganos, el Consejo de Explotación Postal podrá designar representantes para asistir a las reuniones del Consejo de Administración en calidad de observadores.

14. La administración postal del país donde se reúna el Consejo de Administración será invitada a participar en las reuniones en calidad de observador, cuando ese país no fuere miembro del Consejo de Administración.

15. El Consejo de Administración podrá invitar a sus reuniones, sin derecho a voto, a cualquier organismo internacional, cualquier representante de una asociación o de una empresa o cualquier persona calificada que deseare asociar a sus trabajos. Podrá igualmente invitar en las mismas condiciones a una o varias administraciones postales de los países miembros interesados en los puntos que figuren en su orden del día.

16. Si lo solicitan, los observadores indicados a continuación podrán participar en las sesiones plenarias y en las reuniones de las Comisiones del Consejo de Administración, sin derecho de voto:

16.1 Miembros del Consejo de Explotación Postal.

16.2 Miembros del Comité Consultivo.

16.3 Organizaciones intergubernamentales que se interesan en los trabajos del Consejo de Administración.

16.4 Otros países miembros de la Unión.

17. Por motivos logísticos, el Consejo de Administración podrá limitar la cantidad de personas que integran la delegación de cada uno de los observadores participantes. Podrá también limitar su derecho a hacer uso de la palabra durante los debates.

18. Los miembros del Consejo de Administración participarán en sus actividades en forma efectiva. Los observadores podrán, si lo solicitan, ser admitidos a colaborar en los estudios realizados, respetando las condiciones que el Consejo pudiere establecer para garantizar el rendimiento y la eficacia de su trabajo. También podrá pedírseles que presidan Grupos de Trabajo y Equipos de Proyecto cuando sus conocimientos o su experiencia lo justifiquen. La participación de observadores se efectuará sin gastos suplementarios para la Unión.

19. En circunstancias excepcionales, podrá excluirse la participación de observadores en algunas reuniones o partes de reuniones o podrá restringirse su derecho a recibir documentos cuando la confidencialidad del tema de la reunión o del documento así lo requiera. Esa restricción podrá ser establecida caso por caso por cualquiera de los órganos pertinentes o por su Presidente. Cuando se tome esta decisión habrá que comunicarla al Consejo de Administración y al Consejo de Explotación Postal, si se trata de temas que interesan a este último. Las restricciones podrán ser examinadas posteriormente por el Consejo de Administración, si lo considera necesario, en consulta con el Consejo de Explotación Postal cuando corresponda.

Artículo 103 - Información sobre las actividades del Consejo de Administración

1. Después de cada período de sesiones, el Consejo de Administración informará a los países miembros de la Unión, a las Uniones restringidas y a los miembros del Comité Consultivo sobre sus actividades enviándoles una memoria analítica, así como sus resoluciones y decisiones.

2. El Consejo de Administración presentará al Congreso un informe sobre el conjunto de sus actividades y lo transmitirá a las administraciones postales de los países miembros de la Unión y a los miembros del Comité Consultivo dos meses antes, por lo menos, de la apertura del Congreso.

Artículo 104 - Composición, funcionamiento y reuniones del Consejo de Explotación Postal (Const. 18)

1. El Consejo de Explotación Postal está compuesto por cuarenta miembros que ejercen sus funciones durante el período que separa dos Congresos sucesivos.

2. Los miembros del Consejo de Explotación Postal son elegidos por el Congreso en función de una repartición geográfica especificada. Veinticuatro plazas estarán reservadas para los países en desarrollo y dieciséis plazas para los países desarrollados. En cada Congreso se renovará por lo menos un tercio de los miembros.

3. Cada uno de los miembros del Consejo de Explotación Postal designará a su representante, que tendrá bajo su responsabilidad la prestación de los servicios indicados en las Actas de la Unión.

4. Los gastos de funcionamiento del Consejo de Explotación Postal correrán por cuenta de la Unión. Sus miembros no recibirán remuneración alguna. Los gastos de viaje y de estada de los representantes de las administraciones postales que participen en él Consejo de Explotación Postal correrán por cuenta de éstas. Sin embargo, el representante de cada uno de los países considerados menos favorecidos de acuerdo con las listas formuladas por la Organización de las Naciones Unidas tendrá derecho, excepto para las reuniones que tienen lugar durante el Congreso, al reembolso ya sea del precio de un pasaje-avión de ida y vuelta en clase económica, de un pasaje de primera clase en ferrocarril o al coste del viaje por cualquier otro medio, con la condición de que este importe no exceda del precio del pasaje-avión de ida y vuelta en clase económica.

5. En su primera reunión, que será convocada e inaugurada por el Presidente del Congreso, el Consejo de Explotación Postal elegirá entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, los Presidentes de las Comisiones y el Presidente del Grupo de Planificación Estratégica.

6. El Consejo de Explotación Postal redactará su reglamento interno.

7. El Consejo de Explotación Postal se reunirá, en principio, todos los años en la sede de la Unión. La fecha y el lugar de la reunión serán fijados por su Presidente, previo acuerdo con el Presidente del Consejo de Administración y el Director General de la Oficina Internacional.

8. El Presidente, el Vicepresidente y los Presidentes de las Comisiones del Consejo de Explotación Postal, así como el Presidente del Grupo de Planificación Estratégica forman el Comité de Gestión. Este Comité prepara y dirige los trabajos de cada período de sesiones del Consejo de Explotación Postal y se encarga de todas las tareas que este último resuelva confiarle o cuya necesidad surja durante el proceso de planificación estratégica.

9. Las atribuciones del Consejo de Explotación Postal serán las siguientes:

9.1 Conducir el estudio de los problemas de explotación, comerciales, técnicos, económicos y de cooperación técnica más importantes que presenten interés para las administraciones postales de todos los países miembros de la Unión, principalmente los asuntos que tengan repercusiones financieras importantes (tasas, gastos terminales, gastos de tránsito, tasas básicas del transporte aéreo del correo, cuotas-parte de las encomiendas postales y depósito de envíos de correspondencia en el extranjero), dar informaciones y opiniones al respecto y recomendar medidas que deban tomarse a propósito de ellas.

9.2 Proceder a la revisión de los reglamentos de la Unión dentro de los seis meses que siguen a la clausura del Congreso, a menos que éste decida otra cosa. En caso de urgente necesidad, el Consejo de Explotación Postal podrá también modificar dichos reglamentos en otros períodos de sesiones. En ambos casos, el Consejo de Explotación Postal quedará subordinado a las directrices del Consejo de Administración en lo que respecta a las políticas y a los principios fundamentales.

9.3 Coordinar las medidas prácticas destinadas a desarrollar y mejorar los servicios postales internacionales.

9.4 Llevar a cabo, bajo reserva de la aprobación del Consejo de Administración, en el marco de las competencias de este último, todas las acciones que se consideren necesarias para salvaguardar y fortalecer la calidad del servicio postal internacional y modernizarlo.

9.5 Formular proposiciones que serán sometidas a la aprobación, ya sea del Congreso o de las administraciones postales, conforme al artículo 125; se requerirá la aprobación del Consejo de Administración cuando dichas proposiciones se refieran a asuntos que sean de su competencia.

9.6 Examinar, a petición de la administración postal de un país miembro, las proposiciones que esa administración postal transmita a la Oficina Internacional según el artículo 124; preparar los comentarios y confiar a la Oficina la tarea de anexar estos últimos a dicha proposición, antes de someterla a la aprobación de las administraciones postales de los países miembros.

9.7 Recomendar, cuando resulte necesario, eventualmente previa aprobación del Consejo de Administración y después de consultar al conjunto de las administraciones postales, la adopción de una reglamentación o de una nueva práctica en espera de que el Congreso tome una decisión en la materia.

9.8 Elaborar y presentar, en forma de recomendaciones a las administraciones postales, normas en materia técnica, de explotación y en otros ámbitos de su competencia donde es indispensable una práctica uniforme. Asimismo procederá, en caso necesario, a la modificación de las normas que haya establecido.

9.9 Examinar, en consulta con el Consejo de Administración y con su aprobación, el proyecto de Plan Estratégico de la UPU, elaborado por la Oficina Internacional para someter al Congreso; revisar todos los años el Plan aprobado por el Congreso, con la asistencia del Grupo de Planificación Estratégica y de la Oficina Internacional y la aprobación del Consejo de Administración.

9.10 Aprobar el informe bienal sobre las actividades de la Unión formulado por la Oficina Internacional en las partes relativas a las responsabilidades y funciones del Consejo de Explotación Postal.

9.11 Decidir sobre los contactos que deben entablarse con las administraciones postales para cumplir con sus funciones.

9.12 Proceder al estudio de los problemas de enseñanza y de formación profesional que interesen a los países nuevos y en desarrollo.

9.13 Adoptar las medidas necesarias para estudiar y difundir las experiencias y los progresos realizados por ciertos países en lo que atañe a la técnica, la explotación, la economía y la formación profesional que interesen a los servicios postales.

9.14 Estudiar la situación actual y las necesidades de los servicios postales en los países nuevos y en desarrollo y elaborar recomendaciones pertinentes sobre las formas y medios de mejorar los servicios postales de estos países.

9.15 Previo acuerdo con el Consejo de Administración, adoptar las medidas apropiadas en el campo de la cooperación técnica con todos los países miembros de la Unión, especialmente con los países nuevos y en desarrollo.

9.16 Examinar cualquier otro asunto que le sea sometido por un miembro del Consejo de Explotación Postal, por el Consejo de Administración o por cualquier administración postal de un país miembro.

9.17 Recibir los informes y las recomendaciones del Comité Consultivo y discutirlos y, para los asuntos que interesen al Consejo de Explotación Postal, examinar las recomendaciones del Comité Consultivo para presentar al Congreso y formular observaciones al respecto.

9.18 Designar a los miembros que integrarán el Comité Consultivo.

10. Sobre la base del Plan Estratégico de la UPU adoptado por el Congreso y, en especial, de la parte correspondiente a las estrategias de los órganos permanentes de la Unión, el Consejo de Explotación Postal establecerá, durante su período de sesiones que siga al Congreso, un programa de trabajo básico que contendrá determinada cantidad de tácticas tendientes a la realización de las estrategias. Este programa básico, que abarca un número limitado de trabajos sobre temas de actualidad y de interés común, se revisará cada año en función de las realidades y de las nuevas prioridades, así como de las modificaciones que se introduzcan en el Plan Estratégico.

11. Con el fin de asegurar una relación eficaz entre los trabajos de ambos órganos, el Consejo de Administración podrá designar representantes para asistir a las reuniones del Consejo de Explotación Postal en calidad de observadores.

12. Si lo solicitan, los observadores indicados a continuación podrán participar en las sesiones plenarias y en las reuniones de las Comisiones del Consejo de Explotación Postal, sin derecho de voto:

12.1 Miembros del Consejo de Administración.

12.2 Miembros del Comité Consultivo.

12.3 Organizaciones intergubernamentales que se interesan en los trabajos del Consejo de Explotación Postal.

12.4 Otros países miembros de la Unión.

13. Por motivos logísticos, el Consejo de Explotación Postal podrá limitar la cantidad de personas que integran la delegación de cada uno de los observadores participantes. Podrá también limitar su derecho a hacer uso de la palabra durante los debates.

14. Los miembros del Consejo de Explotación Postal participarán en sus actividades en forma efectiva. Los observadores podrán, si lo solicitan, ser admitidos a colaborar en los estudios realizados, respetando las condiciones que el Consejo pudiere establecer para garantizar el rendimiento y la eficacia de su trabajo. También podrá pedírseles que presidan Grupos de Trabajo y Equipos de Proyecto cuando sus conocimientos o su experiencia lo justifiquen. La participación de observadores se efectuará sin gastos suplementarios para la Unión.

15. En circunstancias excepcionales, podrá excluirse la participación de observadores en algunas reuniones o partes de reuniones o podrá restringirse su derecho a recibir documentos cuando la confidencialidad del tema de la reunión o del documento así lo requiera. Esa restricción podrá ser establecida caso por caso por cualquiera de los órganos pertinentes o por su Presidente. Cuando se tome esta decisión habrá que comunicarla al Consejo de Administración y al Consejo de Explotación Postal, si se trata de temas que interesan a este último. Las restricciones podrán ser examinadas posteriormente por el Consejo de Administración, si lo considera necesario, en consulta con el Consejo de Explotación Postal.

16. El Presidente del Comité Consultivo representará a éste en las sesiones del Consejo de Explotación Postal en cuyo orden del día figuren asuntos que interesen al Comité Consultivo.

17. El Consejo de Explotación Postal podrá invitar a sus reuniones sin derecho de voto:

17.1 a cualquier organismo internacional o cualquier otra persona calificada que deseare asociar a sus trabajos.

17.2 a las administraciones postales de los países miembros que no pertenezcan al Consejo de Explotación Postal.

17.3 a cualquier asociación o empresa que deseare consultar sobre cuestiones relacionadas con su actividad.

Artículo 105 - Información sobre las actividades del Consejo de Explotación Postal

1. Después de cada período de sesiones, el Consejo de Explotación Postal informará a los países miembros de la Unión, a las Uniones restringidas y a los miembros del Comité Consultivo sobre sus actividades, enviándoles una memoria analítica, así como sus resoluciones y decisiones.

2. El Consejo de Explotación Postal formulará, destinado al Consejo de Administración, un informe anual sobre sus actividades.

3. El Consejo de Explotación Postal formulará, destinado al Congreso, un informe sobre el conjunto de sus actividades y lo transmitirá a las administraciones postales de los países miembros de la Unión y a los miembros del Comité Consultivo por lo menos dos meses antes de la apertura del Congreso.

Artículo 106 - Composición, funcionamiento y reuniones del Comité Consultivo

1. El objetivo del Comité Consultivo es representar los intereses del sector postal en el sentido amplio del término y servir de marco para un diálogo eficaz entre las partes interesadas. El Comité está compuesto por organizaciones no gubernamentales que representan a los clientes, a los proveedores de servicios de distribución, a las organizaciones de trabajadores, a los proveedores de bienes y servicios que trabajan para el sector de los servicios postales y por organismos similares que agrupan a particulares y empresas que se interesan en los servicios postales internacionales. Si esas organizaciones están registradas, deberán estarlo en un país miembro de la Unión. El Consejo de Administración y el Consejo de Explotación Postal designarán a los miembros de sus respectivos Consejos que integrarán el Comité Consultivo. Además de los miembros designados por el Consejo de Administración y por el Consejo de Explotación Postal, la adhesión al Comité Consultivo se determinará al final de un proceso de presentación de una solicitud y de su aceptación, establecido por el Consejo de Administración y realizado de conformidad con el artículo 102.6.31.

2. Cada miembro del Comité Consultivo designará a su propio representante.

3. Los gastos de funcionamiento del Comité Consultivo se repartirán entre la Unión y los miembros del Comité, de acuerdo con las modalidades establecidas por el Consejo de Administración.

4. Los miembros del Comité Consultivo no recibirán remuneración ni compensación alguna.

5. El Comité Consultivo se reorganizará después de cada Congreso, en el marco establecido por el Consejo de Administración. El Presidente del Consejo de Administración presidirá la reunión de organización del Comité Consultivo, en la que se elegirá a su Presidente.

6. El Comité Consultivo determinará su organización interna y redactará su propio reglamento interno, teniendo en cuenta los principios generales de la Unión y bajo reserva de la aprobación del Consejo de Administración previa consulta al Consejo de Explotación Postal.

7. El Comité Consultivo se reunirá dos veces al año. En principio, las reuniones se llevarán a cabo en la sede de la Unión en el momento en que se celebran los períodos de sesiones del Consejo de Administración y del Consejo de Explotación Postal. La fecha y el lugar de cada reunión serán fijados por el Presidente del Comité Consultivo, de acuerdo con los Presidentes del Consejo de Administración y del Consejo de Explotación Postal y el Director General de la Oficina Internacional.

8. El Comité Consultivo establecerá su programa, en el marco de las atribuciones indicadas a continuación:

8.1 Examinar los documentos y los informes del Consejo de Administración y del Consejo de Explotación Postal. En circunstancias excepcionales, podrá restringirse el derecho a recibir determinados textos y documentos cuando la confidencialidad del tema de la reunión o del documento así lo requiera. Esa restricción podrá ser establecida caso por caso por cualquiera de los órganos pertinentes o por su Presidente. Cuando se tome esta decisión, habrá que comunicarlo al Consejo de Administración y al Consejo de Explotación Postal, si se trata de temas que interesan a este último. Las restricciones podrán ser examinadas posteriormente por el Consejo de Administración, si lo considera necesario, en consulta con el Consejo de Explotación Postal cuando corresponda.

8.2 Realizar estudios y debatir sobre temas importantes para los miembros del Comité Consultivo.

8.3 Examinar las cuestiones relacionadas con el sector de los servicios postales y presentar informes al respecto.

8.4 Contribuir con los trabajos del Consejo de Administración y del Consejo de Explotación Postal, principalmente presentando informes y recomendaciones y dando su opinión a pedido de dichos Consejos.

8.5 Presentar recomendaciones al Congreso, bajo reserva de la aprobación del Consejo de Administración y, para los asuntos que interesan al Consejo de Explotación Postal, previo examen y comentario de este último.

9. El Presidente del Consejo de Administración y el Presidente del Consejo de Explotación Postal representarán a esos órganos en las reuniones del Comité Consultivo en cuyo orden del día figuren asuntos de interés para dichos Consejos.

10. Con el fin de asegurar un enlace eficaz con los órganos de la Unión, el Comité Consultivo podrá designar a representantes para participar en las reuniones del Congreso, del Consejo de Administración y del Consejo de Explotación Postal, así como de sus respectivas Comisiones, en calidad de observadores sin derecho de voto.

11. Si lo solicitan, los miembros del Comité Consultivo podrán asistir a las sesiones plenarias y a las reuniones de las Comisiones del Consejo de Administración y del Consejo de Explotación Postal, de conformidad con los artículos 102.16 y 104.12. También podrán participar en los trabajos de los Equipos de Proyecto y de los Grupos de Trabajo en las condiciones establecidas en los artículos 102.18 y 104.14. Los miembros del Comité Consultivo podrán participar en el Congreso, en calidad de observadores sin derecho de voto.

12. Si lo solicitan, los observadores indicados a continuación podrán participar en las reuniones del Comité Consultivo, sin derecho de voto:

12.1 Miembros del Consejo de Administración y del Consejo de Explotación Postal.

12.2 Organizaciones intergubernamentales que se interesan en los trabajos del Comité Consultivo.

12.3 Uniones restringidas.

12.4 Otros países miembros de la Unión.

13. Por motivos logísticos, el Comité Consultivo podrá limitar la cantidad de personas que integran la delegación de cada uno de los observadores participantes. Podrá también limitar su derecho a hacer uso de la palabra durante los debates.

14. En circunstancias excepcionales, podrá, excluirse la participación de observadores; en algunas reuniones o partes de reuniones o podrá restringirse su derecho a recibir documentos cuando la confidencialidad del tema de la reunión o del documento así lo requiera. Esa restricción podrá ser establecida caso por caso por cualquiera de los órganos pertinentes o por su Presidente. Cuando se tome esta decisión habrá que comunicarla al Consejo de Administración y al Consejo de Explotación Postal, si se trata de temas que interesan a este último. Las restricciones podrán ser examinadas posteriormente por el Consejo de Administración, si lo considera necesario, en consulta con el Consejo de Explotación Postal cuando corresponda.

15. La Secretaría del Comité Consultivo estará a cargo de la Oficina Internacional, bajo la responsabilidad del Director General.

Artículo 107 - Información sobre las actividades del Comité Consultivo

1. Después de cada reunión, el Comité Consultivo informará sobre sus actividades al Consejo de Administración y al Consejo de Explotación Postal, haciendo llegar a los Presidentes de dichos órganos, entre otros documentos, una memoria analítica de sus reuniones, así como sus recomendaciones y opiniones.

2. El Comité Consultivo presentará al Consejo de Administración un informe anual sobre sus actividades, con copia al Consejo de Explotación Postal. Ese informe se incluirá en la documentación del Consejo de Administración, comunicada a los países miembros de la Unión y a las Uniones restringidas de conformidad con el artículo 103.

3. El Comité Consultivo presentará al Congreso un informe sobre el conjunto de sus actividades y lo transmitirá a las administraciones postales de los países miembros de la Unión por lo menos dos meses antes de la apertura del Congreso.

Artículo 108 - Reglamento interno de los Congresos (Const. 14)

1. Para la organización de sus trabajos y la conducción de sus deliberaciones, el Congreso aplicará el reglamento interno de los Congresos.

2. Cada Congreso podrá modificar este reglamento en las condiciones fijadas en el mismo reglamento interno.

Artículo 109 - Lenguas de trabajo de la Oficina Internacional

Las lenguas de trabajo de la Oficina Internacional serán el francés y el inglés.

Artículo 110 - Lenguas utilizadas para la documentación, las deliberaciones y la correspondencia de servicio

1. Para la documentación de la Unión se utilizarán las lenguas francesa, inglesa, árabe y española. También se utilizarán las lenguas alemana, china, portuguesa y rusa, con la condición de que la producción, en estas últimas lenguas, se limite a la documentación de base más importante. También se utilizarán otras lenguas, con la condición de que los países miembros que lo soliciten sufraguen todos los gastos.

2. El o los países miembros que hubieran solicitado una lengua distinta de la lengua oficial constituirán un grupo lingüístico.

3. La documentación será publicada por la Oficina Internacional en la lengua oficial y en las lenguas de los grupos lingüísticos constituidos ya sea directamente o por intermedio de las oficinas regionales de dichos grupos, conforme a las modalidades convenidas con la Oficina Internacional. La publicación en las diferentes lenguas se hará según el mismo modelo.

4. La documentación publicada directamente por la Oficina Internacional será distribuida, en la medida de lo posible, simultáneamente en las diferentes lenguas solicitadas.

5. La correspondencia entre las administraciones postales y la Oficina Internacional y entre esta última y terceros podrá intercambiarse en cualquier lengua para la cual la Oficina Internacional disponga de un servicio de traducción.

6. Los gastos de traducción a cualquier lengua, inclusive los gastos resultantes de la aplicación del párrafo 5, serán sufragados por el grupo lingüístico que hubiere solicitado dicha lengua. Los países miembros que utilicen la lengua oficial pagarán, por concepto de la traducción de los documentos no oficiales, una contribución fija cuyo importe por unidad de contribución será igual al pagado por los países miembros que utilizan la otra lengua de trabajo de la Oficina Internacional. Todos los demás gastos correspondientes al suministro de los documentos serán sufragados por la Unión. El tope de los gastos que la Unión debe sufragar para la producción de los documentos en alemán, chino, portugués y ruso será fijado por una resolución del Congreso.

7. Los gastos que deban ser sufragados por un grupo lingüístico se repartirán entre los miembros de este grupo proporcionalmente, según su contribución a los gastos de la Unión. Estos gastos podrán repartirse entre los miembros del grupo lingüístico según otra clave de repartición, siempre que los interesados se pongan de acuerdo al respecto y notifiquen su decisión a la Oficina Internacional por intermedio del portavoz del grupo.

8. La Oficina Internacional dará curso a toda petición de cambio de lengua solicitado por un país miembro luego de un plazo que no podrá exceder de dos años.

9. Para las deliberaciones de las reuniones de los órganos de la Unión se admitirán las lenguas francesa, inglesa, española y rusa, mediante un sistema de interpretación -con o sin equipo electrónico- cuya elección correrá por cuenta de los organizadores de la reunión, luego de consultar al Director General de la Oficina Internacional y a los países miembros Interesados.

10. Se autorizarán igualmente otras lenguas para las deliberaciones y reuniones indicadas en 9.

11. Las delegaciones que utilicen otras lenguas proveerán la interpretación simultánea en una de las lenguas mencionadas en 9, ya sea por el sistema indicado en el mismo párrafo, cuando las modificaciones de orden técnico necesarias puedan ser introducidas en el mismo, o por intérpretes particulares.

12. Los gastos de los servicios de interpretación se repartirán entre los países miembros que utilicen la misma lengua, según la proporción de su contribución a los gastos de la Unión. Sin embargo, los gastos de instalación y mantenimiento del equipo técnico correrán a cargo de la Unión.

13. Las administraciones postales podrán convenir la lengua a utilizar en la correspondencia de servicio en sus relaciones recíprocas. De no existir tal acuerdo, se utilizará la lengua francesa.

CAPÍTULO II

Oficina Internacional

Artículo 111 - Elección del Director General y del Vicedirector General de la Oficina Internacional

1. El Director General y el Vicedirector General de la Oficina Internacional serán elegidos por el Congreso por el período que media entre dos Congresos sucesivos, siendo la duración mínima de su mandato de cuatro años. Su mandato será renovable una sola vez. Salvo decisión en contrario del Congreso, la fecha en que entrarán en funciones será el 1º de enero del año siguiente al Congreso.

2. Por lo menos siete meses antes de la apertura del Congreso, el Director General de la Oficina Internacional enviará una nota a los gobiernos de los países miembros invitándolos a presentar las candidaturas eventuales para los cargos de Director General y de Vicedirector General, indicando al mismo tiempo si el Director General o el Vicedirector General en funciones están interesados en la renovación eventual de su mandato inicial. Las candidaturas, acompañadas de un curriculum vitae, deberán llegar a la Oficina Internacional por lo menos dos meses antes de la apertura del Congreso. Los candidatos deberán ser nacionales de los países miembros que los presenten. La Oficina Internacional preparará la documentación necesaria para el Congreso. La elección del Director General y la del Vicedirector General se realizarán por votación secreta, siendo la primera elección para el cargo de Director General.

3. En caso de que quedare vacante el cargo de Director General, el Vicedirector General asumirá las funciones de Director General hasta la finalización del mandato previsto para él; será elegible para dicho cargo y se lo admitirá de oficio como candidato, bajo reserva de que su mandato inicial como Vicedirector General no hubiere sido renovado ya una vez por el Congreso precedente y de que declarare su interés de ser considerado como candidato para el cargo de Director General.

4. En el caso de que quedaren vacantes simultáneamente los cargos de Director General y de Vicedirector General, el Consejo de Administración elegirá, en base a las candidaturas recibidas a raíz de un llamado a concurso, un Vicedirector General para el período que abarque hasta el próximo Congreso. Se aplicará por analogía el párrafo 2 a la presentación de candidaturas.

5. En caso de que quedare vacante el cargo de Vicedirector General, el Consejo de Administración encargará, a propuesta del Director General, a uno de los Directores de grado D 2 de la Oficina Internacional que asuma las funciones de Vicedirector General hasta el próximo Congreso.

Artículo 112 - Funciones del Director General

1. El Director General organizará, administrará y dirigirá la Oficina Internacional, de la cual es el representante legal. Tendrá competencia para clasificar los puestos de los grados G 1 a D 2 y para nombrar y promover a los funcionarios a dichos grados. Para los nombramientos en los grados P 1 a D 2 deberá tomar en consideración las calificaciones profesionales de los candidatos recomendados por las administraciones postales de los países miembros de los que son nacionales o bien en los que ejercen su actividad profesional, teniendo en cuenta una equitativa distribución geográfica continental y de lenguas. Los puestos de grado D 2 deberán ser cubiertos, en la medida de lo posible, con candidatos provenientes de regiones diferentes y de otras regiones distintas de las que son oriundos el Director General y el Vicedirector General, teniendo en cuenta la consideración dominante de la eficacia de la Oficina Internacional. En el caso de puestos que exijan calificaciones especiales, el Director General podrá dirigirse fuera del medio postal. También tendrá en cuenta, al efectuar el nombramiento de un nuevo funcionario, que en principio, las personas que ocupen los puestos de los grados D 2, D 1 y P 5 deben ser nacionales de diferentes países miembros de la Unión. Al promover a un funcionario de la Oficina Internacional a los grados D 2, D 1 y P 5, no estará obligado a aplicar el mismo principio. Además, las exigencias de una equitativa repartición geográfica y por lenguas se tendrán en cuenta después del mérito en el proceso de contratación. El Director General informará al Consejo de Administración, una vez por año sobre los nombramientos y las promociones a los grados P 4 a D 2.

2. El Director General tendrá las atribuciones siguientes:

2.1 Desempeñar las funciones de depositario de las Actas de la Unión y de intermediario en el procedimiento de adhesión y de admisión en la Unión, así como de retiro de la misma;

2.2 Notificar a todos los gobiernos de los países miembros las decisiones adoptadas por el Congreso.

2.3 Notificar a todas las administraciones postales los reglamentos decretados o revisados por el Consejo de Explotación Postal.

2.4 Preparar el proyecto de presupuesto anual de la Unión al nivel más bajo posible compatible con las necesidades de la Unión y someterlo oportunamente a examen del Consejo de Administración; comunicar el presupuesto a los países miembros de la Unión luego de su aprobación por el Consejo de Administración y ejecutarlo.

2.5 Ejecutar las actividades específicas pedidas por los órganos de la Unión y las que le atribuyen las Actas.

2.6 Tomar las iniciativas tendentes a realizar los objetivos fijados por los órganos de la Unión, en el marco de la política establecida y de los fondos disponibles.

2.7 Someter sugerencias y proposiciones al Consejo de Administración o al Consejo de Explotación Postal.

2.8 Después de la clausura del Congreso, presentar al Consejo de Explotación Postal las proposiciones referentes a las modificaciones que deben introducirse en los reglamentos como consecuencia de las decisiones del Congreso, de conformidad con lo establecido en el reglamento interno del Consejo de Explotación Postal.

2.9 Preparar el proyecto de Plan Estratégico a someter al Congreso y el proyecto de revisión anual, con destino al Consejo de Explotación Postal y sobre la base de las directrices impartidas por este último.

2.10 Asegurar la representación de la Unión.

2.11 Servir de intermediario en las relaciones entre.

- La UPU y las Uniones restringidas.

- La UPU y la Organización de las Naciones Unidas.

- La UPU y las organizaciones internacionales cuyas actividades presenten interés para la Unión.

- La UPU y los organismos internacionales asociaciones o empresas que los órganos de la Unión deseen consultar o asociar a sus trabajos.

2.12 Asumir la función de Secretario General de los órganos de la Unión y velar, en calidad de tal, teniendo en cuenta las disposiciones especiales del presente reglamento, principalmente por:

- La preparación y la organización de los trabajos de los órganos de la Unión.

- La elaboración, la producción y la distribución de los documentos, informes y actas.

- El funcionamiento de la Secretaría durante las reuniones de los órganos de la Unión.

2.13 Asistir a las sesiones de los órganos de la Unión y tomar parte en las deliberaciones sin derecho a voto, con la posibilidad de hacerse representar.

Artículo 113 - Funciones del Vicedirector General

1. El Vicedirector General asistirá al Director General y será responsable ante él.

2. En caso de ausencia o de impedimento del Director General, el Vicedirector General ejercerá los poderes de aquél. Lo mismo ocurrirá en el caso de vacante del cargo de Director General de que trata el artículo 111.3.

Artículo 114 - Secretaría de los órganos de la Unión (Const.14,15, 17, 18)

La Secretaría de los órganos de la Unión estará a cargo de la Oficina Internacional, bajo la responsabilidad del Director General. Enviará todos los documentos publicados en oportunidad de cada período de sesiones a las administraciones postales de los miembros del órgano, a las administraciones postales de los países que, sin ser miembros del órgano, colaboren en los estudios emprendidos y a las Uniones restringidas, así como a las demás administraciones postales de los países miembros que lo soliciten.

Artículo 115 - Lista de países miembros (Const. 2)

La Oficina Internacional formulará y mantendrá actualizada la lista de los países miembros de la Unión, indicando en ella su categoría de contribución, su grupo geográfico y su situación con relación a las Actas de la Unión.

Artículo 116 - Informes. Opiniones. Peticiones de interpretación y de modificación de las Actas. Encuestas. Intervención en la liquidación de cuentas (Const. 20. Regl. Gral. 124, 125, 126)

1. La Oficina Internacional estará siempre a disposición del Consejo de Administración, del Consejo de Explotación Postal y de las administraciones postales para suministrarles los informes pertinentes sobre los asuntos relativos al servicio.

2. Estará encargada especialmente de reunir, coordinar, publicar y distribuir los informes de cualquier naturaleza que interesen al servicio postal internacional; de emitir, a petición de las partes en causa, una opinión sobre los asuntos en litigio; de dar curso a las peticiones de interpretación y de modificación de las Actas de la Unión y, en general, de proceder a los estudios y trabajos de redacción o de documentación que dichas Actas le asignen o cuya petición se le formule en interés de la Unión.

3. Procederá igualmente a efectuar las encuestas solicitadas por las administraciones postales para conocer la opinión de las demás administraciones postales sobre un punto determinado. El resultado de una encuesta no revestirá el carácter de un voto y no obligará oficialmente.

4. Podrá intervenir, en carácter de oficina de compensación, en la liquidación de las cuentas de cualquier clase relativas al servicio postal.

Artículo 117 - Cooperación técnica (Const. 1)

Dentro del marco de la cooperación técnica internacional, la Oficina Internacional estará encargada de incrementar la asistencia técnica postal en todas sus formas.

Artículo 118 - Fórmulas suministradas por la Oficina Internacional (Const. 20)

La Oficina Internacional tendrá a su cargo la tarea de hacer confeccionar los cupones respuesta internacionales y proveerlos, al precio de coste, a las administraciones postales que lo solicitaren.

Artículo 119 - Actas de las Uniones restringidas y acuerdos especiales (Const. 8)

1. Dos ejemplares de las Actas de las Uniones restringidas y de los acuerdos especiales celebrados en aplicación del artículo 8 de la Constitución deberán ser transmitidos a la Oficina Internacional por las oficinas de esas Uniones o, en su defecto, por una de las partes contratantes.

2. La Oficina Internacional velará por que las Actas de las Uniones restringidas y los acuerdos especiales no determinen condiciones menos favorables para el público que las que figuran en las Actas de la Unión, e informará a las administraciones postales sobre la existencia de las Uniones y de los Acuerdos antes mencionados. Señalará al Consejo de Administración cualquier irregularidad constatada en virtud de la presente disposición.

Artículo 120 - Revista de la Unión

La Oficina Internacional redactará, con ayuda de los documentos a su disposición, una revista en las lenguas alemana, inglesa, árabe, china, española, francesa y rusa.

Artículo 121 - Informe bienal sobre las Actividades de la Unión (Const. 20, Regl. Gral. 102.6.17)

Sobre las actividades de la Unión, la Oficina Internacional redactará un informe bienal que transmitirá, previa aprobación por el Consejo de Administración, a las administraciones postales, a las Uniones restringidas y a la Organización de las Naciones Unidas.

CAPÍTULO III

Procedimiento de presentación y examen de proposiciones

Artículo 122 - Procedimiento de presentación de proposiciones al Congreso (Const. 29)

1. Bajo reserva de las excepciones determinadas en 2 y 5, el procedimiento siguiente regirá la presentación de proposiciones de cualquier naturaleza que las administraciones postales de los países miembros sometan al Congreso:

a) Se admitirán las proposiciones que lleguen a la Oficina Internacional con seis meses de anticipación, por lo menos, a la fecha fijada para el Congreso;

b) No se admitirá proposición alguna de orden redaccional durante el período de seis meses anterior a la fecha fijada para el Congreso;

c) Las proposiciones de fondo que lleguen a la Oficina Internacional en el intervalo comprendido entre seis y cuatro meses anterior a la fecha fijada para el Congreso, no se admitirán, salvo cuando estén apoyadas, por lo menos, por dos administraciones postales;

d) Las proposiciones de fondo que lleguen a la Oficina Internacional en el intervalo comprendido entre cuatro y dos meses anterior a la fecha fijada para el Congreso no se admitirán, salvo cuando estén apoyadas, por lo menos, por ocho administraciones postales. Ya no se admitirán las proposiciones que lleguen con posterioridad; y,

e) Las declaraciones de apoyo deberán llegar a la Oficina Internacional dentro del mismo plazo que las proposiciones respectivas.

2. Las proposiciones relativas a la Constitución o al Reglamento General deberán llegar a la Oficina Internacional por lo menos seis meses antes de la apertura del Congreso; las que lleguen con posterioridad a esa fecha, pero antes de la apertura del Congreso, sólo podrán tomarse en consideración si el Congreso así lo decidiere por mayoría de dos tercios de los países representados en el Congreso y si se respetaren las condiciones establecidas en 1.

3. En principio, cada proposición deberá tener sólo un objetivo y deberá contener sólo las modificaciones justificadas por dicho objetivo.

4. Las proposiciones de orden redaccional llevarán en el encabezamiento la indicación "Proposición de orden redaccional" colocada por las administraciones postales que las presenten y serán publicadas por la Oficina Internacional con un número seguido de la letra R. Las proposiciones que carezcan de esta indicación pero que, a juicio de la Oficina Internacional, atañen solamente a la redacción, serán publicadas con una anotación apropiada; la Oficina Internacional redactará una lista de estas proposiciones para el Congreso.

5. El procedimiento fijado en 1 y 4 no se aplicará ni a las proposiciones relativas al reglamento interno de los Congresos, ni a las enmiendas de las proposiciones ya efectuadas.

Artículo 123 - Procedimiento de presentación al Consejo de Explotación Postal de las proposiciones referentes a la elaboración de los nuevos reglamentos teniendo en cuenta las decisiones adoptadas por el Congreso

1. Los reglamentos del Convenio Postal Universal y del Acuerdo relativo a los Servicios de Pago del Correo serán adoptados por el Consejo de Explotación Postal, teniendo en cuenta las decisiones del Congreso.

2. Las proposiciones que son consecuencia de proposiciones de modificación del Convenio o del Acuerdo relativo a los Servicios de Pago del Correo deberán ser presentadas a la Oficina Internacional junto con las proposiciones destinadas al Congreso a las que se refieren. Podrán ser presentadas por la administración postal de un solo país miembro, sin el apoyo de las administraciones postales de otros países miembros. Esas proposiciones deberán ser enviadas a todos los países miembros a más tardar un mes antes de la iniciación del Congreso.

3. Las demás proposiciones referentes a los reglamentos, que habrán de ser examinadas por el Consejo de Explotación Postal con miras a la elaboración de los nuevos reglamentos dentro de los seis meses siguientes al Congreso, deberán ser presentadas a la Oficina Internacional como mínimo dos meses antes de la iniciación del Congreso.

4. Las proposiciones referentes a las modificaciones que deben introducirse en los reglamentos como consecuencia de las decisiones del Congreso, presentadas por las administraciones postales de los países miembros, deberán llegar a la Oficina Internacional a más tardar dos meses antes de la iniciación del periodo de sesiones del Consejo de Explotación Postal. Esas proposiciones deberán ser enviadas a todos los países miembros a más tardar un mes antes de la iniciación del Consejo de Explotación Postal.

Artículo 124 - Procedimiento de presentación de proposiciones entre dos Congresos (Const. 29. Regl. Gral. 116)

1. Para ser tomada en consideración, cada proposición relativa al Convenio o a los Acuerdos y presentada por una administración postal entre dos Congresos deberá estar apoyada por otras dos administraciones postales, por lo menos. No se dará curso a las proposiciones cuando la Oficina Internacional no reciba, al mismo tiempo, el número necesario de declaraciones de apoyo.

2. Estas proposiciones se transmitirán a las demás administraciones postales por mediación de la Oficina Internacional.

3. Las proposiciones relativas a los reglamentos no requerirán apoyo, pero sólo serán tomadas en consideración por el Consejo de Explotación Postal si éste estuviera de acuerdo con su urgente necesidad.

Artículo 125 - Examen de las proposiciones entre dos Congresos (Const. 29. Regl. Gral. 116, 124)

1. Las proposiciones relativas al Convenio, a los Acuerdos y a sus Protocolos Finales se someterán al procedimiento siguiente: cuando la administración postal de un país miembro envíe una proposición a la Oficina Internacional, ésta la transmitirá a todas las administraciones postales de los países miembros, para examen. Estas últimas dispondrán de un plazo de dos meses para examinar la proposición y, dado el caso, para hacer negar sus observaciones a la Oficina Internacional. No se admitirán las enmiendas. Una vez transcurrido ese plazo de dos meses, la Oficina Internacional transmitirá a las administraciones postales de los países miembros todas las observaciones recibidas e invitará a cada una de las administraciones postales de los países miembros que tengan derecho de voto a votar a favor o en contra de la proposición. Las administraciones postales de los países miembros que no hubieren transmitido su voto en el plazo de dos meses se considerarán como si se hubieren abstenido. Los plazos mencionados se contarán a partir de la fecha de las circulares de la Oficina Internacional.

2. Las proposiciones de modificación de los reglamentos serán tratadas por el Consejo de Explotación Postal.

3. Si la proposición se refiriere a un Acuerdo o a su Protocolo Final, sólo las administraciones postales de los países miembros que sean parte en este Acuerdo podrán tomar parte en las operaciones indicadas en 1.

Artículo 126 - Notificación de las decisiones adoptadas entre dos Congresos (Const. 29. Regl. Gral. 124, 125)

1. Las modificaciones que se introduzcan en el Convenio, en los Acuerdos y en los Protocolos Finales de esas Actas se sancionarán por una notificación del Director General de la Oficina Internacional a los gobiernos de los países miembros.

2. La Oficina Internacional notificará a las administraciones postales las modificaciones introducidas por el Consejo de Explotación Postal en los reglamentos y en sus Protocolos Finales. Igualmente se procederá con las interpretaciones mencionadas en el artículo 36.3.2 del Convenio y en las disposiciones correspondientes de los acuerdos.

Artículo 127 - Entrada en vigor de los reglamentos y de las demás decisiones adoptados entre dos Congresos

1. Los reglamentos entrarán en vigor en la misma fecha y tendrán la misma duración que las Actas emitidas por el Congreso.

2. Bajo reserva del párrafo 1, las decisiones de modificación de las Actas de la Unión que se adopten entre dos Congresos no se ejecutarán hasta tres meses después, por lo menos, de su notificación.

CAPÍTULO IV

Finanzas

Artículo 128 - Fijación y reglamentación de los gastos de la Unión (Const. 21)

1. Bajo reserva de los párrafos 2 a 6, los gastos anuales correspondientes a las actividades de los órganos de la Unión no deberán rebasar las siguientes sumas para el año 2005 y los años siguientes: 37.000.000 de francos suizos para los años 2005 a 2008. El límite de base para el año 2008 se aplicará para los años posteriores en caso de postergación del Congreso previsto para 2008.

2. Los gastos correspondientes a la reunión del próximo Congreso (desplazamiento de la Secretaría, gastos de transporte, gastos de instalación técnica de la interpretación simultánea, gastos de reproducción de documentos durante el Congreso, etc.) no deberán rebasar el límite de 2.900.000 francos suizos.

3. El Consejo de Administración estará autorizado a rebasar los límites fijados en 1 y 2 para tener en cuenta los aumentos de las escalas de sueldos y las contribuciones por concepto de pasividades o subsidios, inclusive los ajustes por lugar de destino admitidos por las Naciones Unidas para ser aplicados a su personal en funciones en Ginebra.

4. Se autoriza asimismo al Consejo de Administración a ajustar cada año el monto de los gastos que no sean los relativos al personal, en función del índice suizo de los precios al consumo.

5. Por derogación del párrafo 1, el Consejo de Administración, o en caso de extrema urgencia el Director General, podrá autorizar que se rebasen los límites fijados para hacer frente a reparaciones importantes e imprevistas del edificio de la Oficina Internacional sin que, no obstante, el monto a rebasar exceda de 125.000 francos suizos por año.

6. Si los créditos previstos en 1 y 2 resultaren insuficientes para asegurar el correcto funcionamiento de la Unión, estos límites sólo podrán rebasarse con la aprobación de la mayoría de los países miembros de la Unión. Toda consulta deberá estar acompañada de una exposición completa de los hechos que justifiquen tal solicitud.

7. Los países que adhieran a la Unión o que se admitan en calidad de miembros de la Unión, así como aquellos que se retiren de la Unión, deberán pagar su cuota por el año entero en que su admisión o retiro se hubiera hecho efectivo.

8. Los países miembros pagarán por anticipado su parte contributiva a los gastos anuales de la Unión, sobre la base del presupuesto fijado por el Consejo de Administración. Estas partes contributivas deberán pagarse a más tardar el primer día del ejercicio financiero al cual se refiere el presupuesto. Transcurrido este plazo, las sumas adeudadas redituarán intereses a favor de la Unión, a razón del 3 por ciento anual durante los seis primeros meses y del 6 por ciento anual a partir del séptimo mes.

9. Cuando las contribuciones obligatorias atrasadas, sin los intereses, adeudadas a la Unión por un país miembro fueren iguales o superiores a la suma de las contribuciones de ese país miembro correspondientes a los dos ejercicios financieros anteriores, ese país miembro podrá ceder irrevocablemente a la Unión la totalidad o parte de los créditos que le adeudaren otros países miembros, de acuerdo con las modalidades establecidas por el Consejo de Administración. Las condiciones de cesión de créditos se definirán en un acuerdo convenido entre el país miembro, sus deudores/acreedores y la Unión.

10. Los países miembros que, por razones jurídicas o de otra índole, no tuvieren la posibilidad de efectuar esa cesión se comprometerán a suscribir un plan de amortización de sus deudas atrasadas.

11. Salvo circunstancias excepcionales, el plazo de pago de las contribuciones obligatorias atrasadas adeudadas a la Unión no podrá extenderse más allá de diez años.

12. En circunstancias excepcionales, el Consejo de Administración podrá condonar a un país miembro todos o parte de los intereses adeudados si éste hubiere pagado, en capital, la totalidad de sus deudas atrasadas.

13. También podrá condonarse a un país miembro, en el marco de un plan de amortización de sus cuentas atrasadas aprobado por el Consejo de Administración, todos o parte de los intereses acumulados o a devengar; no obstante, la condonación estará subordinada a la ejecución completa y puntual del plan de amortización en un plazo convenido de diez años como máximo.

14. Para remediar las insuficiencias de Tesorería de la Unión, se constituirá un Fondo de Reserva cuyo monto será fijado por el Consejo de Administración. Dicho Fondo será alimentado en primer lugar por los excedentes presupuestarios. Podrá servir asimismo para equilibrar el presupuesto o para reducir el monto de las contribuciones de los países miembros.

15. En lo que respecta a las insuficiencias pasajeras de Tesorería, el gobierno de la Confederación Suiza anticipará, a corto plazo, los fondos necesarios según condiciones que deberán fijarse de común acuerdo. Dicho gobierno vigilará, sin gastos, la contabilidad financiera y las cuentas de la Oficina Internacional dentro de los límites de los créditos fijados por el Congreso.

Artículo 129 - Sanciones automáticas

1. Los países miembros que estuvieren imposibilitados de efectuar la cesión establecida en el artículo 128.9 y que no aceptaren el plan de amortización de su deuda propuesto por la Oficina Internacional de conformidad con el artículo 128.10, o que no respetaren dicho plan, perderán automáticamente su derecho de voto en el Congreso y en las reuniones del Consejo de Administración y del Consejo de Explotación Postal y no podrán ser elegidos para integrar esos dos consejos.

2. Las sanciones automáticas se levantarán de oficio con efecto inmediato en cuanto el país miembro pague totalmente sus contribuciones obligatorias atrasadas adeudadas a la Unión, capital e intereses, o acepte suscribir un plan de amortización de sus deudas atrasadas.

Artículo 130 - Categorías de contribución (Const. 21. Regl.Gral.115, 128)

1. Los países miembros contribuirán a cubrir los gastos de la Unión según la categoría de contribución a la que pertenezcan. Estas categorías son las siguientes:

Categoría de 50 unidades.

Categoría de 45 unidades.

Categoría de 40 unidades.

Categoría de 35 unidades.

Categoría de 30 unidades.

Categoría de 25 unidades.

Categoría de 20 unidades.

Categoría de 15 unidades.

Categoría de 10 unidades.

Categoría de 5 unidades.

Categoría de 3 unidades.

Categoría de 1 unidad.

Categoría de 0.5 unidad, reservada para los Países Menos Adelantados enumerados por la Organización de las Naciones Unidas y para otros países designados por el Consejo de Administración.

2. Además de las categorías de contribución enumeradas en 1, cualquier país miembro podrá elegir pagar una cantidad de unidades de contribución superior a 50 unidades.

3. Los países miembros serán clasificados en una de las categorías de contribución precitadas en el momento de su admisión o de su adhesión a la Unión, según el procedimiento indicado en el artículo 21.4 de la Constitución.

4. Los países miembros podrán cambiar ulteriormente de categoría de contribución, con la condición de que este cambio sea notificado a la Oficina Internacional como mínimo dos meses antes de la apertura del Congreso. Dicha notificación, que será puesta en conocimiento del Congreso, regirá en la fecha de entrada en vigor de las disposiciones financieras sancionadas por el Congreso. Los países miembros que no hicieren conocer su deseo de cambiar de categoría de contribución dentro de los plazos establecidos se mantendrán en la categoría a la cual pertenecían hasta ese momento.

5. Los países miembros no podrán exigir que se les baje más de una categoría por vez.

6. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, tales como catástrofes naturales que hicieren necesarios los programas de ayuda internacional, el Consejo de Administración podrá autorizar a bajar temporalmente una categoría de contribución, una sola vez entre dos Congresos, a un país miembro que lo solicitare, si éste aportare la prueba de que ya no puede mantener su contribución según la categoría inicialmente elegida. En las mismas circunstancias, el Consejo de Administración también podrá autorizar a los países miembros que no pertenecen a la categoría de Países Menos Adelantados y que ya figuran en la categoría de contribución de 1 unidad a pasar temporalmente a la categoría de contribución de 0,5 unidad.

7. Por aplicación del párrafo 6, el descenso de categoría de contribución temporal podrá ser autorizado por el Consejo de Administración por un período máximo de dos años o hasta el siguiente Congreso, si éste se reúne antes de ese plazo. A la expiración del plazo establecido, el país en cuestión se reincorporará automáticamente a su categoría de contribución inicial.

8. Por derogación de los párrafos 4 y 5, los ascensos de categoría no están sujetos a restricción alguna.

Artículo 131 - Pago de suministros de la Oficina Internacional (Regl. Gral. 118)

Los suministros que la Oficina Internacional efectúe a título oneroso a las administraciones postales deberán ser pagados en el plazo más breve posible, y a más tardar dentro de los seis meses a partir del primer día del mes siguiente al del envío de la cuenta por dicha Oficina. Transcurrido ese plazo, las sumas adeudadas redituarán intereses a favor de la Unión, a razón del 5 por ciento anual, a contar desde el día de la expiración de dicho plazo.

CAPÍTULO V

Arbitrajes

Artículo 132 - Procedimiento de arbitraje (Const. 32)

1. En caso de diferendo que deba ser resuelto por juicio arbitral, cada una de las administraciones postales en causa elegirá una administración postal de un país miembro que no esté directamente interesada en el litigio. Cuando varias administraciones postales hagan causa común, se considerarán como una sola para la aplicación de esta disposición.

2. En caso de que una de las administraciones postales en causa no diere curso a una propuesta de arbitraje en el plazo de seis meses, la Oficina Internacional, si se le formulare la petición, propiciará, a su vez, la designación de un árbitro por la administración postal en falta o designará uno de oficio.

3. Las partes en causa podrán ponerse de acuerdo para designar un árbitro único, que podrá ser la Oficina Internacional.

4. La decisión de los árbitros se adoptará por mayoría de votos.

5. En caso de empate, los árbitros elegirán para solucionar el diferendo, a otra administración postal igualmente desinteresada en el litigio. Si no hubiere acuerdo en la elección, esta administración postal será designada por la Oficina Internacional entre las administraciones postales no propuestas por los árbitros.

6. Si se tratare de un diferendo relativo a uno de los Acuerdos, los árbitros no podrán ser designados fuera de las administraciones postales participantes en el acuerdo.

CAPÍTULO VI

Disposiciones finales

Artículo 133 - Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al Reglamento General

Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al Congreso y relativas al presente Reglamento General deberán ser aprobadas por la mayoría de los países miembros representados en el Congreso que tengan derecho de voto. Por lo menos los dos tercios de los países miembros de la Unión que tengan derecho de voto deberán estar presentes en la votación.

Artículo 134 - Proposiciones relativas a los Acuerdos con la Organización de las Naciones Unidas (Const. 9)

Las condiciones de aprobación indicadas en el artículo 133 se aplicarán igualmente a las proposiciones tendentes a modificar los acuerdos celebrados entre la Unión Postal Universal y la Organización de las Naciones Unidas, en la medida en que estos acuerdos no determinen las condiciones de modificación de las disposiciones que contienen.

Artículo 135 - Entrada en vigor y duración del Reglamento General

El presente Reglamento General comenzará a regir el 1º de enero del 2006 y permanecerá en vigor por un periodo indeterminado.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros firman el presente Reglamento General, en un ejemplar que quedará depositado ante el Director General de la Oficina Internacional. La Oficina Internacional de la Unión Postal Universal entregará una copia a cada Parte.

Firmado en Bucarest, el 5 de octubre del 2004.

(SIGUEN FIRMAS)

CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

Índice de materias
Primera parte

Normas comunes de aplicación en el servicio postal internacional

Capítulo único

Disposiciones generales

Art.

1.

Definiciones

2.

Designación de la entidad o las entidades responsables de cumplir las obligaciones derivadas de la adhesión al Convenio

3.

Servicio postal universal

4.

Libertad de tránsito

5.

Pertenencia de los envíos postales. Devolución. Modificación o corrección de dirección. Reexpedición. Devolución al expedidor de envíos no distribuíbles

6.

Tasas

7.

Exoneración del pago de las tasas postales

8.

Sellos de Correos

9.

Seguridad postal

10.

Medio ambiente

11.

Infracciones
Segunda parte

Normas aplicables a los envíos de correspondencia y a las encomiendas postales

Capítulo 1

Oferta de prestaciones

Art.

12.

Servicios básicos

13.

Servicios suplementarios

14.

Correo electrónico, EMS, logística integrada y servicios nuevos

15.

Envíos no admitidos. Prohibiciones

16.

Materias radiactivas y materias biológicas admisibles

17.

Reclamaciones

18.

Control aduanero. Derechos de Aduanas y otros derechos

19.

Intercambio de despachos cerrados con unidades militares

20.

Normas y objetivos en materia de calidad de servicio
Capítulo 2

Responsabilidad

Art.

21.

Responsabilidad de las administraciones postales. Indemnizaciones

22.

Cesación de la responsabilidad de las administraciones postales

23.

Responsabilidad del expedidor

24.

Pago de la indemnización

25.

Recuperación eventual de la indemnización del expedidor o del destinatario

26.

Reciprocidad aplicable a las reservas referentes a la responsabilidad
Capítulo 3

Disposiciones relativas a los envíos de correspondencia

Art.

27.

Depósito de envíos de correspondencia en el extranjero
Tercera parte

Remuneración

Capítulo 1

Disposiciones relativas a los envíos de correspondencia

Art.

28.

Gastos terminales. Disposiciones generales

29.

Gastos terminales. Disposiciones aplicables a los intercambios entre países del sistema objetivo

30.

Gastos terminales. Disposiciones aplicables a los flujos de correo hacia, desde y entre los países del sistema de transición

31.

Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de Servicio

32.

Gastos de tránsito
Capítulo 2

Otras disposiciones

Art.

33.

Tasa básica y disposiciones relativas a los gastos de transporte aéreo

34.

Cuotas-parte territoriales y marítimas de las encomiendas postales

35.

Potestad del Consejo de Explotación Postal para fijar el importe de los gastos y de las cuotas-parte
Cuarta parte

Disposiciones finales

Art.

36.

Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al Convenio y a los reglamentos

37.

Reservas presentadas en el Congreso

38.

Entrada en vigor y duración del Convenio

CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros de la Unión, visto el artículo 22.3, de la Constitución de la Unión Postal Universal, firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han decretado en el presente Convenio, de común acuerdo y bajo reserva del artículo 25.4 de dicha Constitución, las normas de aplicación en el servicio postal internacional.

PRIMERA PARTE

Normas comunes de aplicación en el servicio postal internacional

CAPÍTULO ÚNICO

Disposiciones generales

Artículo 1 - Definiciones

1. Para el Convenio Postal Universal, las expresiones que figuran a continuación se definen de la manera siguiente:

1.1 Servicio postal universal: prestación permanente a los clientes de servicios postales básicos de calidad, en todos los puntos del territorio de un país miembro, a precios asequibles.

1.2 Despacho cerrado: saca o conjunto de sacas u otros envases rotulados, precintados con precintos de plomo o de otro material, que contienen envíos postales.

1.3 Tránsito al descubierto: tránsito, a través de un país intermediario, de envíos cuya cantidad o cuyo peso no justifica la confección de un despacho cerrado para el país de destino.

1.4 Envío postal: término genérico que designa a cada una de las expediciones efectuadas por el Correo (envío de correspondencia, encomienda postal, giro postal, etc.).

1.5 Gastos terminales: remuneración adeudada a la administración postal de destino por la administración postal expedidora en compensación por los gastos derivados del tratamiento de los envíos de correspondencia recibidos en el país de destino.

1.6 Gastos de tránsito: remuneración de los servicios prestados por un transportista del país atravesado (administración postal, otro servicio o una combinación de ambos) en relación con el tránsito territorial, marítimo y/o aéreo de los despachos.

1.7 Cuota-parte territorial de llegada: remuneración adeudada a la administración postal de destino por la administración postal expedidora en compensación por los gastos de tratamiento de una encomienda postal en el país de destino.

1.8 Cuota-parte territorial de tránsito: remuneración de los servicios prestados por un transportista del país atravesado (administración postal, otro servicio o una combinación de ambos), en relación con el tránsito territorial y/o aéreo, por el encaminamiento de una encomienda postal a través de su territorio.

1.9 Cuota-parte marítima: remuneración de los servicios prestados por un transportista (administración postal, otro servicio o una combinación de ambos) que participa en el transporte marítimo de una encomienda postal.

Artículo 2 - Designación de la entidad o las entidades responsables de cumplir las obligaciones derivadas de la adhesión al Convenio

1. Los países miembros deberán notificar a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes a la finalización del Congreso, el nombre y la dirección del órgano público encargado de supervisar los asuntos postales. Los países miembros también deberán comunicar a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes a la finalización del Congreso, el nombre y la dirección del operador o de los operadores designados oficialmente para operar los servicios postales y cumplir las obligaciones derivadas de las Actas de la Unión en su territorio. Los cambios que se produzcan, entre dos Congresos, en los órganos públicos y en los operadores designados oficialmente deberán ser notificados cuanto antes a la Oficina Internacional.

Artículo 3 - Servicio postal universal

1. Para reforzar el concepto de unicidad del territorio postal de la Unión, los países miembros procurarán que todos los usuarios/clientes gocen del derecho a un servicio postal universal que corresponda a una oferta de servicios postales básicos de calidad, prestados en forma permanente en todos los puntos de su territorio a precios accesibles.

2. Para ello, los países miembros establecerán, en el marco de su legislación postal nacional o por otros medios habituales, el alcance de estos servicios postales y las condiciones de calidad y de precios accesibles, teniendo en cuenta tanto las necesidades de la población como sus condiciones nacionales.

3. Los países miembros cuidarán que las ofertas de servicios postales y las normas de calidad sean respetadas por los operadores encargados de prestar el servicio postal universal.

4. Los países miembros se asegurarán de que la prestación del servicio postal universal se haga en forma viable, garantizando su perennidad.

Artículo 4 - Libertad de tránsito

1. El principio de la libertad de tránsito se enuncia en elartículo 1 de la Constitución. Implica la obligación, para cada administración postal, de encaminar siempre por las vías más rápidas y por los medios más seguros que emplea para sus propios envíos los despachos cerrados y envíos de correspondencia al descubierto que le son entregados por otra administración postal. Este principio se aplica también a los envíos o a los despachos mal dirigidos.

2. Los países miembros que no participen en el intercambio de cartas que contengan materias biológicas perecederas o materias radiactivas tendrán la facultad de no admitir dichos envíos en tránsito al descubierto a través de su territorio. También la tendrán con los envíos de correspondencia distintos de las cartas, las tarjetas postales y los cecogramas. Ello se aplica también a los impresos, los periódicos, las revistas, los pequeños paquetes y las sacas M cuyo contenido no se ajuste a las disposiciones legales que fijan las condiciones de su publicación o de su circulación en el país atravesado.

3. La libertad de tránsito de las encomiendas postales a encaminar por las vías terrestre y marítima estará limitada al territorio de los países que participan en este servicio.

4. La libertad de tránsito de las encomiendas-avión estará garantizada en todo el territorio de la Unión. Sin embargo, los países miembros que no participen en el servicio de encomiendas postales no podrán ser obligados a realizar el encaminamiento de encomiendas-avión por vía de superficie.

5. Cuando un país miembro no observare las disposiciones relativas a la libertad de tránsito, los demás países miembros tendrán derecho a suprimir el servicio postal con ese país.

Artículo 5 - Pertenencia de los envíos postales. Devolución. Modificación o corrección de dirección. Reexpedición. Devolución al expedidor de envíos no distribuibles

1. El envío postal pertenece al expedidor hasta tanto no haya sido entregado al derechohabiente, salvo si dicho envío hubiere sido confiscado por aplicación de la legislación del país de origen o de destino y, en caso de aplicación del artículo 15.2.1.1 o 15.3, de acuerdo con la legislación del país de tránsito.

2. El expedidor de un envío postal podrá hacerlo retirar del servicio o hacer modificar o corregir su dirección. Las tasas y las demás condiciones se establecen en los reglamentos.

3. Los países miembros efectuarán la reexpedición de los envíos postales, en caso de cambio de dirección del destinatario, y la devolución al expedidor de los envíos no distribuibles. Las tasas y las demás condiciones se establecen en los reglamentos.

Artículo 6 - Tasas

1. Las tasas relativas a los diferentes servicios postales internacionales y especiales serán fijadas por las administraciones postales, de conformidad con los principios enunciados en el Convenio y los reglamentos. Deberán en principio, guardar relación con los costes correspondientes al suministro de esos servicios.

2. La administración postal de origen fijará las tasas de franqueo para el transporte de los envíos de correspondencia y de las encomiendas postales. Las tasas de franqueo incluyen la entrega de los envíos en el domicilio de los destinatarios, siempre que los países de destino tengan un servicio de distribución para los envíos de que se trata.

3. Las tasas aplicadas, inclusive las fijadas en las Actas con carácter indicativo, deberán ser por lo menos iguales a las aplicadas a los envíos del régimen interno que presenten las mismas características (categoría, cantidad, plazo de tratamiento, etc.).

4. Las administraciones postales estarán autorizadas a sobrepasar todas las tasas indicativas que figuran en las Actas.

5. Por encima del límite mínimo de las tasas fijado en 3, las administraciones postales tendrán la facultad de conceder tasas reducidas basadas en su legislación interna para los envíos de correspondencia y las encomiendas postales depositados en su país. Tendrán especialmente la posibilidad de otorgar tarifas preferenciales a sus clientes que tengan un importante tráfico postal.

6. Se prohíbe cobrar a los clientes tasas postales de cualquier naturaleza, fuera de las que se determinan en las Actas.

7. Salvo los casos determinados por las Actas, cada administración postal se quedará con las tasas que hubiere cobrado.

Artículo 7 - Exoneración del pago de las tasas postales

1. Principio

1.1 Los casos de franquicia postal, en forma de exoneración del pago del franqueo, estarán expresamente determinados por el Convenio. Sin embargo, podrán establecerse en los reglamentos disposiciones que prevean tanto la exoneración del pago del franqueo como la exoneración del pago de los gastos de tránsito, los gastos terminales y las cuotas-parte de llegada para los envíos de correspondencia y las encomiendas postales relativos al servicio postal expedidos por las administraciones postales y las Uniones restringidas. Además los envíos de correspondencia y las encomiendas postales expedidos por la Oficina Internacional de la UPU a las Uniones restringidas y a las administraciones postales serán considerados como envíos relativos al servicio postal y estarán exonerados de todas las tasas postales. La administración de origen tendrá, no obstante, la facultad de cobrar sobretasas aéreas por estos últimos.

2. Prisioneros de guerra e internados civiles

2.1 Estarán exonerados del pago de tasas postales, con exclusión de las sobretasas aéreas, los envíos de correspondencia, las encomiendas postales y los envíos de los servicios financieros postales dirigidos a los prisioneros de guerra o expedidos por ellos, ya sea directamente o por mediación de las oficinas mencionadas en los reglamentos del Convenio y del Acuerdo relativo a los Servicios de Pago del Correo. Los beligerantes recogidos e internados en un país neutral se asimilarán a los prisioneros de guerra propiamente dichos en lo que respecta a la aplicación de las disposiciones precedentes.

2.2 Las disposiciones establecidas en 2.1 se aplicarán igualmente a los envíos de correspondencia, a las encomiendas postales y a los envíos de servicios financieros postales procedentes de otros países, dirigidos a las personas civiles internadas mencionadas en la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativa a la protección de personas civiles en tiempo de guerra o expedidos por ellas, ya sea directamente o por mediación de las oficinas mencionadas en los reglamentos del Convenio y del acuerdo relativo a los Servicios de Pago del Correo.

2.3 Las oficinas mencionadas en los reglamentos del Convenio y del acuerdo relativo a los Servicios de Pago del Correo gozarán igualmente de franquicia postal para los envíos de correspondencia, las encomiendas postales y los envíos de servicios financieros postales relativos a las personas mencionadas en 2.1 y 2.2, que expidan o reciban, ya sea directamente o en calidad de intermediarios.

2.4 Las encomiendas se admitirán con franquicia postal hasta el peso de 5 kilogramos. El límite de peso se elevará a 10 kilogramos para los envíos cuyo contenido sea indivisible y para los que estén dirigidos a un campo o a sus responsables para ser distribuidos a los prisioneros.

2.5 En el marco de la liquidación de cuentas entre las administraciones postales, las encomiendas de servicio y las encomiendas de prisioneros de guerra y de internados civiles no darán lugar a la asignación de ninguna cuota-parte, con excepción de los gastos de transporte aéreo aplicables a las encomiendas-avión.

3. Cecogramas

3.1 Los cecogramas estarán exonerados de las tasas postales, con exclusión de las sobretasas aéreas.

Artículo 8 - Sellos de Correos

1. La denominación "sello de Correos" estará protegida en virtud del presente Convenio y estará reservada exclusivamente para los sellos que cumplan con las condiciones de este artículo y de los reglamentos.

2. El sello de Correos:

2.1 Será emitido exclusivamente por una autoridad emisora competente, de conformidad con las Actas de la UPU; la emisión de los sellos de Correos incluirá su puesta en circulación.

2.2 Es un acto de soberanía y constituye:

2.2.1 Una prueba del pago del franqueo correspondiente a su valor intrínseco, cuando está colocado en un envío postal de conformidad con las actas de la Unión.

2.2.2 Una fuente de ingresos suplementarios para las administraciones postales, en su calidad de artículo filatélico.

2.3 Deberá estar en circulación en el territorio de origen de la administración emisora para ser utilizado con fines de franqueo o filatélicos.

3. Como acto de soberanía, el sello de Correos llevará:

3.1 El nombre del país miembro o del territorio del que depende la administración postal emisora, en caracteres latinos.

3.1.1 Facultativamente, el emblema oficial del país miembro del que depende la administración postal emisora.

3.1.2 En principio, su valor facial en caracteres latinos o cifras arábigas.

3.1.3 Facultativamente, la indicación "Postes" (Correos) en caracteres latinos u otros.

4. Los emblemas de Estado, los signos oficiales de control y los emblemas de organizaciones intergubernamentales que figuren en los sellos de Correos estarán protegidos, en el sentido del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual.

5. Los temas y los motivos de los sellos de Correos deberán:

5.1 Ajustarse al espíritu del preámbulo de la Constitución de la UPU y a las decisiones adoptadas por los órganos de la Unión.

5.2 Guardar estrecha relación con la identidad cultural del país o del territorio del que depende la administración postal emisora o contribuir a la promoción de la cultura o al mantenimiento de la paz.

5.3 Tener, en caso de conmemoración de personalidades o de acontecimientos ajenos al país o al territorio de la administración postal emisora, una estrecha relación con dicho país o territorio.

5.4 Evitar temas o diseños que puedan ser ofensivos para una persona o un país.

5.5 Tener un significado importante para el país o el territorio del que depende la administración postal emisora o para dicha administración.

6. En su calidad de objeto de derecho de propiedad intelectual, el sello de Correos podrá llevar:

6.1 La indicación del derecho de la administración postal emisora de utilizar los derechos de propiedad correspondientes, a saber:

6.1.1 Los derechos de autor, mediante la colocación del signo de derechos de autor (c), la indicación del propietario de los derechos de autor y la indicación del año de emisión.

6.1.2 La marca registrada en el territorio del país miembro del que depende la administración postal emisora, mediante la colocación del signo de marca registrada (r) después del nombre de la marca.

6.2 El nombre del artista.

6.3 El nombre del impresor.

7. Las marcas de franqueo postal, las impresiones de máquinas de franquear y las estampaciones de imprenta u otros procedimientos de impresión o de sellado conformes a las disposiciones de las Actas de la UPU podrán utilizarse sólo con autorización de la administración postal.

Artículo 9 - Seguridad postal

Los países miembros adoptarán y aplicarán una estrategia de iniciativa en materia de seguridad, a todos los niveles de la explotación postal, con el objeto de mantener y aumentar la confianza del público en los servicios postales y para la protección de todos los empleados involucrados. Esa estrategia deberá incluir el intercambio de información con respecto al mantenimiento de la seguridad durante el transporte y el tránsito de los despachos entre los países miembros.

Artículo 10 - Medio ambiente

1. Los países miembros deberán adoptar y aplicar una estrategia dinámica en materia de medio ambiente en todas las etapas de la explotación postal y promover la sensibilización en cuanto a los aspectos medioambientales en el marco de los servicios postales.

Artículo 11 - Infracciones

1. Envíos postales

1.1 Los países miembros se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las acciones indicadas a continuación y para perseguir y castigar a sus autores:

1.1.1 Inclusión en los envíos postales de estupefacientes, sustancias psicotrópicas o materias explosivas, inflamables u otras materias peligrosas que no estén expresamente autorizadas por el Convenio.

1.1.2 Inclusión en los envíos postales de objetos relacionados con la paidofilia o la pornografía infantil.

2. Franqueo en general y medios de franqueo en particular.

2.1 Los países miembros se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, reprimir y castigar las infracciones relacionadas con los medios de franqueo previstos en el presente Convenio, a saber:

2.1.1 Los sellos de Correos, en circulación o retirados de circulación.

2.1.2 Las marcas de franqueo.

2.1.3 Las impresiones de máquinas de franquear o las estampaciones de imprenta.

2.1.4 Los cupones respuesta internacionales.

2.2 A los efectos del presente Convenio, se entiende por infracción relacionada con los medios de franqueo los actos indicados a continuación, cometidos con la intención de procurar un enriquecimiento ilegítimo a su autor o a terceros. Deberán castigarse:

2.2.1 La falsificación o la imitación de medios de franqueo, o cualquier acto ilícito o delictivo relacionado con su fabricación no autorizada.

2.1.2 La utilización, la puesta en circulación, la comercialización, la distribución, la difusión, el transporte, la presentación o la exposición, inclusive con fines publicitarios, de medios de franqueo falsificados o imitados.

2.1.3 La utilización o la puesta en circulación con fines postales de medios de franqueo ya utilizados.

2.1.4 Los intentos de cometer alguna de las infracciones arriba mencionadas.

3. Reciprocidad

3.1 En lo que respecta a las sanciones a los actos indicados en 2, no deberá hacerse distinción alguna entre medios de franqueo nacionales o extranjeros. La presente disposición no está sujeta a ninguna condición de reciprocidad legal o convencional.

SEGUNDA PARTE

Normas aplicables a los envíos de correspondencia y a las encomiendas postales

CAPÍTULO 1

Oferta de prestaciones

Artículo 12 - Servicios básicos

1. Los países miembros se ocuparán de la admisión, el tratamiento, el transporte y la distribución de los envíos de correspondencia.

2. Los envíos de correspondencia incluyen:

2.1 Los envíos prioritarios y no prioritarios de hasta 2 kilogramos.

2.2 Las cartas, las tarjetas postales, los impresos y los pequeños paquetes de hasta 2 kilogramos.

2.3 Los cecogramas de hasta 7 kilogramos.

2.4 Las sacas especiales que contienen diarios, publicaciones periódicas, libros y documentos impresos similares, consignados a la dirección del mismo destinatario y con el mismo destino, denominadas "sacas M", de hasta 30 kilogramos.

3. Los envíos de correspondencia se clasifican según la rapidez de su tratamiento o según su contenido, de conformidad con el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia.

4. Los límites de peso superiores a los indicados en 2 se aplicarán en forma facultativa a algunas categorías de envíos de correspondencia, según las condiciones establecidas en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia.

5. Los países miembros se ocuparán asimismo de la admisión, el tratamiento, el transporte y la distribución de las encomiendas postales de hasta 20 kilogramos, ya sea aplicando las disposiciones del Convenio, o bien, en el caso de las encomiendas de salida y previo acuerdo bilateral, utilizando cualquier otro medio más ventajoso para sus clientes.

6. Los límites de peso superiores a 20 kilogramos se aplicarán en forma facultativa a algunas categorías de encomiendas postales, según las condiciones establecidas en el Reglamento relativo a Encomiendas Postales.

7. Cualquier país cuya administración postal no se encargue del transporte de encomiendas tendrá la facultad de hacer cumplir las cláusulas del Convenio por las empresas de transporte. Podrá, al mismo tiempo, limitar este servicio a las encomiendas procedentes de o con destino a localidades servidas por estas empresas.

8. Por derogación de las disposiciones previstas en 5, los países que antes del 1º de enero de 2001 no eran parte en el Acuerdo relativo a encomiendas postales no estarán obligados a prestar el servicio de encomiendas postales.

Artículo 13 - Servicios suplementarios

1. Los países miembros prestarán los servicios suplementarios obligatorios siguientes:

1.1 Servicio de certificación para los envíos de correspondencia-avión y prioritarios de salida.

1.2 Servicio de certificación para los envíos de correspondencia no prioritarios y de superficie de salida destinados a lugares para los que no existe ningún servicio prioritario o de correo-avión.

1.3 Servicio de certificación para todos los envíos de correspondencia de llegada.

2. La prestación de un servicio de certificación para los envíos de correspondencia no prioritarios y de superficie de salida destinados a lugares para los que no existe ningún servicio prioritario o de correo-avión será facultativa.

3. Los países miembros podrán prestar los servicios suplementarios facultativos siguientes, en el marco de las relaciones entre las administraciones que hayan convenido suministrar esos servicios:

3.1 Servicio de envíos con valor declarado para los envíos de correspondencia y las encomiendas.

3.2 Servicio de envíos con entrega registrada para los envíos de correspondencia.

3.3 Servicio de envíos contra reembolso para los envíos de correspondencia y las encomiendas.

3.4 Servicio de envíos por expreso para los envíos de correspondencia y las encomiendas.

3.5 Servicio de entrega en propia mano para los envíos de correspondencia certificados, con entrega registrada o con valor declarado.

3.6 Servicio de envíos libres de tasas y derechos para los envíos de correspondencia y las encomiendas.

3.7 Servicio de encomiendas frágiles y de encomiendas embarazosas.

3.8 Servicio de consolidación "Consignment" para los envíos agrupados de un solo expedidor destinados al extranjero.

4. Los tres servicios suplementarios indicados a continuación incluyen a la vez aspectos obligatorios y aspectos facultativos:

4.1 Servicio de correspondencia comercial-respuesta internacional (CCRI), que es un servicio esencialmente facultativo, aunque todas las administraciones están obligadas a prestar el servicio de devolución de los envíos CCRI.

4.2 Servicio de cupones respuesta internacionales; estos cupones podrán canjearse en todos los países miembros, pero su venta es facultativa.

4.3 Aviso de recibo para los envíos de correspondencia certificados o con entrega registrada, las encomiendas y los envíos con valor declarado. Todas las administraciones postales deberán aceptar los avisos de recibo para los envíos de llegada. La prestación de un servicio de aviso de recibo para los envíos de salida, en cambio, será facultativa.

5. Estos servicios y las tasas correspondientes se describen en los reglamentos.

6. Si los elementos de servicio indicados a continuación están sujetos al pago de tasas especiales en el régimen interno, las administraciones postales estarán autorizadas a cobrar las mismas tasas para los envíos internacionales, de acuerdo con las condiciones establecidas en los reglamentos:

6.1 Distribución de pequeños paquetes de más de 500 gramos.

6.2 Depósito de envíos de correspondencia a última hora;

6.3 depósito de envíos fuera de las horas normales de apertura de las ventanillas.

6.4 Recogida en el domicilio del expedidor.

6.5 Recogida de un envío de correspondencia fuera de las horas normales de apertura de las ventanillas.

6.6 Lista de Correos;

6.7 Almacenaje de los envíos de correspondencia que excedan de 500 gramos y de las encomiendas postales.

6.8 Entrega de encomiendas en respuesta a un aviso de llegada.

6.9 Cobertura del riesgo de fuerza mayor.

Artículo 14 - Correo electrónico, EMS, logística integrada y servicios nuevos

1. Las administraciones postales podrán convenir entre ellas en participar en los servicios siguientes, que se describen en los reglamentos:

1.1 Correo electrónico, que es un servicio de transmisión electrónica de mensajes.

1.2 El EMS, que es un servicio postal exprés destinado a la transmisión de documentos y mercaderías y que será en la medida de lo posible, el más rápido de los servicios postales por medios físicos. Las administraciones postales tendrán la facultad de prestar este servicio sobre la base del Acuerdo tipo EMS multilateral o de acuerdos bilaterales.

1.3 Servicio de logística integrada, que es un servicio que responde plenamente a las necesidades de la clientela en materia de logística e incluye las etapas anteriores y posteriores a la transmisión física de las mercaderías y de los documentos.

1.4 El matasellos electrónico, que certifica en forma concluyente la realidad de un hecho electrónico, en una forma determinada, en un momento determinado, y en el que han participado una o varias partes.

2. Las administraciones postales podrán, de común acuerdo, crear un nuevo servicio que no esté previsto en forma expresa en las Actas de la Unión. Las tasas relativas al nuevo servicio serán fijadas por cada administración interesada, teniendo en cuenta los gastos de explotación del servicio.

Artículo 15 - Envíos no admitidos. Prohibiciones

1. Disposiciones generales

1.1 No se admitirán los envíos que no reúnan las condiciones requeridas por el Convenio y los reglamentos. Tampoco se admitirán los envíos expedidos con fines fraudulentos o con la intención de evitar el pago total de las sumas correspondientes.

1.2 Las excepciones a las prohibiciones indicadas en el presente artículo están establecidas en los reglamentos.

1.3 Las administraciones postales tendrán la facultad de extender las prohibiciones contenidas en el presente artículo; las nuevas prohibiciones comenzarán a regir a partir del momento de su inclusión en la compilación correspondiente.

2. Prohibiciones aplicables a todas las categorías de envíos

2.1 Se prohíbe la inclusión de los objetos mencionados a continuación en todas las categorías de envíos:

2.1.1 Los estupefacientes y las sustancias psicotrópicas.

2.1.2 Los objetos obscenos o inmorales.

2.1.3 Los objetos cuya importación o circulación esté prohibida en el país de destino.

2.1.4 Los objetos que, por su naturaleza o su embalaje, puedan presentar peligro para los empleados o el público en general, manchar o deteriorar los demás envíos, el equipo postal o los bienes pertenecientes a terceros.

2.1.5 Los documentos que tengan carácter de correspondencia actual y personal intercambiados entre personas que no sean el expedidor y el destinatario o personas que convivan con ellos.

3. Materias explosivas, inflamables o radiactivas y otras materias peligrosas.

3.1 Se prohíbe la inclusión de materias explosivas, inflamables o de otras materias peligrosas, así como de materias radiactivas, en todas las categorías de envíos.

3.2 Excepcionalmente, se admitirán las sustancias y las materias indicadas a continuación:

3.2.1 Las materias radiactivas mencionadas en el artículo 16.1 y expedidas en envíos de correspondencia o encomiendas postales.

3.2.2 Las materias biológicas mencionadas en el artículo 16.2 y expedidas en envíos de correspondencia.

4. Animales vivos

4.1 Se prohíbe la inclusión de animales vivos en todas las categorías de envíos.

4.2 Excepcionalmente, se admitirán en los envíos de correspondencia distintos de los envíos con valor declarado:

4.2.1 Las abejas, sanguijuelas y gusanos de seda.

4.2.2 Los parásitos y destructores de insectos nocivos destinados al control de estos insectos e intercambiados entre las instituciones oficialmente reconocidas.

4.2.3 Las moscas de la familia Drosophilidae destinadas a la investigación biomédica intercambiadas entre instituciones oficialmente reconocidas.

4.3 Excepcionalmente, se admitirán en las encomiendas postales:

4.3.1 Los animales vivos cuyo transporte por correo esté autorizado por la reglamentación postal de los países interesados.

5. Inclusión de correspondencia en las encomiendas

5.1 Se prohíbe incluir en las encomiendas postales los objetos indicados a continuación:

5.1.1 Los documentos que tengan carácter de correspondencia actual y personal.

5.1.2 La correspondencia de cualquier clase intercambiada entre personas que no sean el expedidor y el destinatario o personas que convivan con ellos.

6. Monedas, billetes de banco y otros objetos de valor.

6.1 Está prohibido incluir monedas, billetes de banco, papel moneda o cualesquiera otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, pedrería, alhajas y otros objetos preciosos:

6.1.1 En los envíos de correspondencia sin valor declarado.

6.1.1.1 Sin embargo, si la legislación interna de los países de origen y de destino lo permite, esos objetos podrán expedirse bajo sobre cerrado como envíos certificados.

6.1.2 En las encomiendas sin valor declarado, salvo que la legislación interna del país de origen y del país de destino lo permita

6.1.3 En las encomiendas sin valor declarado intercambiadas entre dos países que admitan la declaración de valor.

6.1.3.1 Además, cada administración tendrá la facultad de prohibir la inclusión de oro en lingotes en las encomiendas con o sin valor declarado procedentes de o con destino a su territorio o transmitidas en tránsito al descubierto a través de su territorio; podrá limitar el valor real de esos envíos.

7. Impresos y cecogramas.

7.1 Los impresos y los cecogramas:

7.1.1 No podrán llevar ninguna nota ni contener ningún objeto de correspondencia.

7.1.2 No podrán contener ningún sello de Correos, ninguna fórmula de franqueo, matasellados o no, ni ningún tipo de papel representativo de valor, salvo cuando el envío incluya una tarjeta, un sobre o una faja prefranqueados para su devolución, con la dirección impresa del expedidor del envío o de su agente en el país de depósito o de destino del envío original.

8. Tratamiento de los envíos admitidos por error

8.1 El tratamiento de los envíos admitidos por error figura en los reglamentos. Sin embargo, los envíos que contengan los objetos indicados en 2.1.1, 2.1.2 y 3.1 no serán, en ningún caso, encaminados a destino, entregados a los destinatarios ni devueltos a origen. Si durante el tránsito se encontrare alguno de los objetos indicados en 2.1.1 y 3.1, los envíos serán tratados de acuerdo con la legislación nacional del país de tránsito.

Artículo 16 - Materias radiactivas y materias biológicas admisibles

1. Se admitirán materias radiactivas en los envíos de correspondencia y en las encomiendas postales, en el marco de las relaciones entre las administraciones postales que hubieren convenido la aceptación de estos envíos, ya sea en sus relaciones recíprocas o en un solo sentido, en las condiciones siguientes:

1.1 Las materias radiactivas se acondicionarán y embalarán según las disposiciones correspondientes de los reglamentos.

1.2 Cuando se expidan en envíos de correspondencia, estarán sujetas al pago de la tarifa de los envíos prioritarios o de la tarifa de las cartas y a la certificación.

1.3 Las materias radiactivas contenidas en los envíos de correspondencia o en las encomiendas postales deberán encaminarse por la vía más rápida, normalmente por vía aérea, bajo reserva del pago de las sobretasas aéreas correspondientes.

1.4 Las materias radiactivas sólo podrán ser depositadas por expedidores debidamente autorizados.

2. Se admitirán las materias biológicas en los envíos de correspondencia en las condiciones siguientes:

2.1 Las materias biológicas perecederas, las sustancias infecciosas y el dióxido de carbono sólido (hielo seco), cuando se utilice para refrigerar sustancias infecciosas, sólo podrán intercambiarse por correo entre laboratorios calificados oficialmente reconocidos. Estas mercaderías peligrosas podrán aceptarse en el correo para su encaminamiento por avión siempre que la legislación nacional, las Instrucciones Técnicas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) vigentes y los reglamentos de la IATA sobre mercaderías peligrosas lo permitan.

2.2 Las materias biológicas perecederas y las sustancias infecciosas acondicionadas y embaladas según las disposiciones correspondientes del reglamento estarán sujetas al pago de la tarifa de los envíos prioritarios o de la tarifa de las cartas y a la certificación. Podrá cobrarse una tasa suplementaria por el tratamiento de estos envíos.

2.3 La admisión de materias biológicas perecederas y de sustancias infecciosas se limitará a los países miembros cuyas administraciones postales hubieren convenido la aceptación de estos envíos, ya sea en sus relaciones recíprocas o en un solo sentido.

2.4 Estas materias o sustancias se encaminarán por la vía más rápida, normalmente por vía aérea, bajo reserva del pago de las sobretasas aéreas correspondientes, y gozarán de prioridad en la entrega.

Artículo 17 - Reclamaciones

1. Cada administración postal estará obligada a aceptar las reclamaciones relativas a un envío depositado en su propio servicio o en el de otra administración postal, siempre que esas reclamaciones se presenten dentro del plazo de seis meses a contar del día siguiente al del depósito del envío. El período de seis meses se aplica a las relaciones entre reclamantes y administraciones y no incluye la transmisión de las reclamaciones entre administraciones postales.

1.1 No será obligatorio aceptar las reclamaciones relativas a la falta de recepción de un envío de correspondencia ordinario. Por consiguiente, las administraciones postales que acepten las reclamaciones referentes a la falta de recepción de envíos de correspondencia ordinarios tendrán la facultad de limitar sus investigaciones a la búsqueda en el servicio de rezagos.

2. Las reclamaciones serán admitidas en las condiciones establecidas en los reglamentos.

3. El tratamiento de las reclamaciones será gratuito. Sin embargo, los gastos suplementarios originados por un pedido de transmisión a través del servicio EMS correrán, en principio, por cuenta del solicitante.

Artículo 18 - Control aduanero. Derechos de aduana y otros derechos

1. La administración postal del país de origen y la del país de destino estarán autorizadas a someter los envíos a control aduanero, según la legislación de estos países.

2. Los envíos sometidos a control aduanero podrán ser gravados postalmente con una tasa de presentación a la aduana cuyo importe indicativo se fijará en los reglamentos. Esta tasa se cobrará únicamente por concepto de la presentación a la aduana y del trámite aduanero de los envíos que han sido gravados con derechos de aduana o con cualquier otro derecho del mismo tipo.

3. Las administraciones postales que hubieren obtenido la autorización para efectuar el despacho de aduanas en nombre de los clientes podrán cobrar a los clientes una tasa basada en los costes reales de la operación.

4. Las administraciones postales estarán autorizadas a cobrar a los expedidores o a los destinatarios de los envíos, según el caso, los derechos de aduana y todos los demás derechos eventuales.

Artículo 19 - Intercambio de despachos cerrados con unidades militares

1. Podrán intercambiarse despachos cerrados de envíos de correspondencia por medio de los servicios territoriales, marítimos o aéreos de otros países:

1.1 Entre las oficinas de Correos de uno de los países miembros y los comandantes de las unidades militares puestas a disposición de la Organización de las Naciones Unidas.

1.2 Entre los comandantes de esas unidades militares.

1.3 Entre las oficinas de Correos de uno de los países miembros y los comandantes de divisiones navales, aéreas o terrestres, de barcos de guerra o aviones militares de este mismo país que se hallaren estacionados en el extranjero.

1.4 Entre los comandantes de divisiones navales, aéreas o terrestres, de barcos de guerra o aviones militares del mismo país.

2. Los envíos de correspondencia incluidos en los despachos mencionados en 1 deberán estar exclusivamente dirigidos a o provenir de miembros de unidades militares o de los estados mayores y tripulaciones de los barcos o aviones destinatarios o expedidores de los despachos. La administración postal del país que ha puesto a disposición la unidad militar o al cual pertenezcan los barcos o aviones determinará, de acuerdo con su reglamentación, las tarifas y las condiciones de envío que se les aplicarán.

3. Salvo acuerdo especial, la administración postal del país que ha puesto a disposición la unidad militar o del que dependan los barcos de guerra o los aviones militares deberá acreditar a las administraciones correspondientes los gastos de tránsito de los despachos, los gastos terminales y los gastos de transporte aéreo.

Artículo 20 - Normas y objetivos en materia de calidad de servicio

1. Las administraciones deberán fijar y publicar sus normas y objetivos en materia de distribución de envíos de correspondencia y de encomiendas de llegada.

2. Esas normas y objetivos, más el tiempo normalmente necesario para el trámite aduanero, no deberán ser menos favorables que los aplicados a los envíos comparables de su servicio interno.

3. Las administraciones de origen también deberán fijar y publicar normas de extremo a extremo para los envíos prioritarios y los envíos de correspondencia-avión, así como para las encomiendas y las encomiendas económicas/de superficie.

4. Las administraciones postales evaluarán el grado de aplicación de las normas en materia de calidad de servicio.

CAPÍTULO 2

Responsabilidad

Artículo 21 - Responsabilidad de las administraciones postales. Indemnizaciones

1. Generalidades

1.1 Salvo en los casos previstos en el artículo 22, las administraciones postales responderán:

1.1.1 Por la pérdida, la expoliación o la avería de los envíos certificados, las encomiendas ordinarias y los envíos con valor declarado.

1.1.2 Por la pérdida de los envíos con entrega registrada.

1.1.3 Por la devolución de una encomienda para la que no se indique el motivo de la falta de distribución.

1.2 Las administraciones postales no serán responsables por la pérdida de los envíos distintos de los mencionados en 1.1.1 y 1.1.2.

1.3 En todos los demás casos no previstos en el presente Convenio, las administraciones postales no tendrán responsabilidad.

1.4 Cuando la pérdida o la avería total de un envío certificado, de una encomienda ordinaria o de un envío con valor declarado resultaren de un caso de fuerza mayor que no da lugar a indemnización, el expedidor tendrá derecho al reembolso de las tasas abonadas, con excepción de la tasa de seguro.

1.5 Los importes de la indemnización que se pagará no podrán ser superiores a los importes indicados en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia y en el Reglamento relativo a Encomiendas Postales.

1.6 En caso de responsabilidad, los daños indirectos o el lucro cesante no serán tomados en consideración para el pago de la indemnización.

1.7 Todas las disposiciones relacionadas con la responsabilidad de las administraciones postales son estrictas, obligatorias y exhaustivas. En ningún caso, ni siquiera en caso de falta grave, serán las administraciones postales responsables fuera de los límites establecidos en el Convenio y en los reglamentos.

2. Envíos certificados

2.1 En caso de pérdida, de expoliación total o de avería total de un envío certificado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización fijada en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia. Si el expedidor reclamare un importe inferior al importe fijado en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia, las administraciones tendrán la facultad de pagar ese importe menor y serán reembolsadas sobre esa base por las demás administraciones eventualmente involucradas.

2.2 En caso de expoliación parcial o de avería parcial de un envío certificado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, en principio, al importe real de la expoliación o de la avería.

3. Envíos con entrega registrada

3.1 En caso de pérdida, de expoliación total o de avería total de un envío con entrega registrada, el expedidor tendrá derecho únicamente a la restitución de las tasas abonadas.

4. Encomiendas ordinarias

4.1 En caso de pérdida, de expoliación total o de avería total de una encomienda ordinaria, el expedidor tendrá derecho a una indemnización fijada en el Reglamento relativo a Encomiendas Postales. Si el expedidor reclamare un importe inferior al importe fijado en el Reglamento relativo a Encomiendas Postales, las administraciones postales tendrán la facultad de pagar ese importe menor y serán reembolsadas sobre esa base por las demás administraciones postales eventualmente involucradas.

4.2 En caso de expoliación parcial o de avería parcial de una encomienda ordinaria, el expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, en principio, al importe real de la expoliación o de la avería.

4.3 Las administraciones postales podrán ponerse de acuerdo para aplicar en sus relaciones recíprocas el importe por encomienda fijado en el Reglamento relativo a Encomiendas Postales, sin tener en cuenta el peso de la encomienda.

5. Envíos con valor declarado

5.1 En caso de pérdida, de expoliación total o de avería total de un envío con valor declarado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, en principio, al importe, en DEG, del valor declarado.

5.2 En caso de expoliación parcial o de avería parcial de un envío con valor declarado, el expedidor tendrá derecho a una indemnización que corresponderá, en principio, al importe real de la expoliación o de la avería. Sin embargo, esa indemnización no podrá en ningún caso exceder del importe, en DEG, del valor declarado.

6. En los casos indicados en 4 y 5, la indemnización se calculará según el precio corriente convertido en DEG, de los objetos o mercaderías de la misma clase, en el lugar y la época en que el envío fue aceptado para su transporte. A falta de precio corriente, la indemnización se calculará según el valor ordinario de los objetos o mercaderías, estimado sobre las mismas bases.

7. Cuando deba pagarse una indemnización por la pérdida, la expoliación total o la avería total de un envío certificado, de una encomienda ordinaria o de un envío con valor declarado, el expedidor o, según el caso, el destinatario tendrá derecho, además, a la restitución de las tasas y los derechos pagados, con excepción de la tasa de certificación o de seguro. Le asistirá el mismo derecho cuando se tratare de envíos certificados, de encomiendas ordinarias o de envíos con valor declarado rechazados por los destinatarios debido a su mal estado, siempre que tal hecho fuere imputable al servicio postal y comprometiere su responsabilidad.

8. Por derogación de las disposiciones establecidas en 2, 4 y 5, el destinatario tendrá derecho a la indemnización después de habérsele entregado un envío certificado, una encomienda ordinaria o un envío con valor declarado expoliado averiado.

9. La administración postal de origen tendrá la facultad de pagar a los expedidores en su país las indemnizaciones previstas por su legislación interna para los envíos certificados y las encomiendas sin valor declarado, con la condición de que éstas no sean inferiores a las que se fijan en 2.1 y 4.1. Lo mismo se aplicará a la administración postal de destino cuando la indemnización se pague al destinatario. Sin embargo, los importes fijados en 2.1 y 4.1 seguirán siendo aplicables:

9.1 En caso de recurrir contra la administración responsable.

9.2 Si el expedidor renuncia a sus derechos a favor del destinatario o a la inversa.

10. No podrá formularse ninguna reserva a este artículo relacionada con el pago de la indemnización a las administraciones postales, excepto en caso de acuerdo bilateral.

Artículo 22 - Cesación de la responsabilidad de las administraciones postales

1. Las administraciones postales dejarán de ser responsables por los envíos certificados, los envíos con entrega registrada, las encomiendas y los envíos con valor declarado que hubieren entregado en las condiciones determinadas por su reglamentación para los envíos de la misma clase. Sin embargo, se mantendrá la responsabilidad:

1.1 Cuando se hubiere constatado una expoliación o una avería antes o durante la entrega del envío.

1.2 Cuando, si la reglamentación interna lo permitiere, el destinatario o, dado el caso, el expedidor -si hubiere devolución a origen-, formulare reservas al recibir un envío expoliado o averiado.

1.3 Cuando, si la reglamentación interna lo permitiere, el envío certificado hubiere sido distribuido en un buzón domiciliario y el destinatario declarare no haberlo recibido.

1.4 Cuando el destinatario o, en caso de devolución a origen, el expedidor de una encomienda o de un envío con valor declarado, a pesar de haber firmado el recibo regularmente, declarare sin demora a la administración que le entregó el envío haber constatado un daño; deberá aportar la prueba de que la expoliación o la avería no se produjo después de la entrega; la expresión "sin demora" deberá interpretarse de conformidad con la legislación nacional.

2. Las administraciones postales no serán responsables:

2.1 En caso de fuerza mayor, bajo reserva del artículo 13.6.9.

2.2 Cuando su responsabilidad no hubiere sido probada de otra manera y no pudieren dar cuenta de los envíos, debido a la destrucción de los documentos de servicio por un caso de fuerza mayor.

2.3 Cuando el daño hubiere sido motivado por culpa o negligencia del expedidor o proviniere de la naturaleza del contenido.

2.4 Cuando se tratare de envíos que caen dentro de las prohibiciones indicadas en el artículo 15.

2.5 En caso de confiscación, en virtud de la legislación del país de destino, según notificación de la administración del país de destino.

2.6 Cuando se tratare de envíos con valor declarado con declaración fraudulenta de valor superior al valor real del contenido.

2.7 Cuando el expedidor no hubiere formulado reclamación alguna dentro del plazo de seis meses a contar del día siguiente al del depósito del envío.

2.8 Cuando se tratare de encomiendas de prisioneros de guerra y de internados civiles.

2.9 Cuando se sospechare que el expedidor ha actuado con intención fraudulenta, con la finalidad de cobrar una indemnización.

3. Las administraciones postales no asumirán responsabilidad alguna por las declaraciones de aduana, cualquiera sea la forma en que éstas fueren formuladas, ni por las decisiones adoptadas por los servicios de aduana al efectuar la verificación de los envíos sujetos a control aduanero.

Artículo 23 - Responsabilidad del expedidor

1. El expedidor de un envío será responsable de las lesiones sufridas por los empleados postales y de todos los daños causados a los demás envíos postales y al equipo postal debido a la expedición de objetos no admitidos para su transporte o a la inobservancia de las condiciones de admisión.

2. En caso de daño a los demás envíos postales, el expedidor será responsable por cada envío dañado dentro de los mismos límites que las administraciones postales.

3. El expedidor seguirá siendo responsable aunque la oficina de depósito acepte el envío.

4. En cambio, si el expedidor ha respetado las condiciones de admisión no será responsable si ha habido falta o negligencia de las administraciones postales o de los transportistas en el tratamiento de los envíos después de su aceptación.

Artículo 24 - Pago de la indemnización

1. Bajo reserva del derecho de reclamar contra la administración responsable, la obligación de pagar la indemnización y de restituir las tasas y los derechos corresponderá, según el caso, a la administración de origen o a la administración de destino.

2. El expedidor tendrá la facultad de renunciar a sus derechos a la indemnización, en favor del destinatario. A la inversa, el destinatario tendrá la facultad de renunciar a sus derechos en favor del expedidor. Cuando la legislación interna lo permita, el expedidor o el destinatario podrá autorizar a una tercera persona a recibir la indemnización.

Artículo 25 - Recuperación eventual de la indemnización del expedidor o del destinatario

1. Si después del pago de la indemnización se localizare un envío certificado, una encomienda o un envío con valor declarado, o una parte del contenido anteriormente considerado como perdido, se notificará al expedidor o, dado el caso, al destinatario que el envío estará a su disposición durante un plazo de tres meses, contra reembolso de la indemnización pagada. Al mismo tiempo, se le preguntará a quién debe entregarse el envío. Si se rehusare o no respondiere dentro del plazo establecido se efectuará el mismo trámite ante el destinatario o el expedidor, según el caso, otorgándosele el mismo plazo de respuesta.

2. Si el expedidor y el destinatario rehusaren recibir el envío o no respondieren dentro del plazo establecido en 1, el envío pasará a ser propiedad de la administración o, si correspondiere, de las administraciones que hubieren soportado el perjuicio.

3. En caso de localización ulterior de un envío con valor declarado cuyo contenido fuere reconocido como de valor inferior al monto de la indemnización pagada, el expedidor o el destinatario, según el caso, deberá reembolsar el importe de esta indemnización contra entrega del envío, sin perjuicio de las consecuencias derivadas de la declaración fraudulenta de valor.

Artículo 26 - Reciprocidad aplicable a las reservas referentes a la responsabilidad

1. Por derogación de las disposiciones de los artículos 22 a 25, todo país miembro que se reserve el derecho de no pagar una indemnización por concepto de responsabilidad no tendrá derecho a una indemnización de este tipo de parte de otro país miembro que hubiere aceptado asumir la responsabilidad de conformidad con las disposiciones de los artículos precitados.

CAPÍTULO 3

Disposiciones relativas a los envíos de correspondencia

Artículo 27 - Depósito de envíos de correspondencia en el extranjero

1. Ningún país miembro estará obligado a encaminar ni a distribuir a los destinatarios los envíos de correspondencia que los expedidores que residen en su territorio depositen o hagan depositar en un país extranjero para beneficiarse con las condiciones tarifarias más favorables allí aplicadas.

2. Las disposiciones establecidas en 1 se aplicarán sin distinción, tanto a los envíos de correspondencia preparados en el país de residencia del expedidor y transportados luego a través de la frontera, como a los envíos de correspondencia confeccionados en un país extranjero.

3. La administración de destino tendrá el derecho de exigir al expedidor, y en su defecto, a la administración de depósito el pago de las tarifas internas. Si ni el expedidor ni la administración de depósito aceptaren pagar dichas tarifas en un plazo fijado por la administración de destino, ésta podrá ya sea devolver los envíos a la administración de depósito, con derecho a que se le reembolsen los gastos de devolución, o bien podrá tratarlos de conformidad con su propia legislación.

4. Ningún país miembro estará obligado a encaminar ni a distribuir a los destinatarios los envíos de correspondencia que los expedidores hubieren depositado o hecho depositar en gran cantidad en un país distinto de aquel en el cual residen si el importe de los gastos terminales que se cobrará resulta ser menor que la suma que se habría cobrado si los envíos hubieran sido depositados en el país de residencia de los expedidores. Las administraciones de destino tendrán la facultad de exigir de la administración de depósito una remuneración relacionada con los costes sufragados, que no podrá ser superior al importe más elevado de las dos fórmulas siguientes: ya sea el 80 por ciento de la tarifa interna aplicable a envíos equivalentes, o bien 0,14 DEG por envío más 1 DEG por kilogramo. Si la administración de depósito no aceptare pagar el importe reclamado en un plazo fijado por la administración de destino, ésta podrá ya sea devolver dichos envíos a la administración de depósito, con derecho a que se le reembolsen los gastos de devolución, o bien podrá tratarlos de conformidad con su propia legislación.

TERCERA PARTE

Remuneración

CAPÍTULO 1

Disposiciones relativas a los envíos de correspondencia

Artículo 28 - Gastos terminales. Disposiciones generales

1. Bajo reserva de las exenciones establecidas en los reglamentos, cada administración que reciba envíos de correspondencia de otra administración tendrá derecho a cobrar a la administración expedidora una remuneración por los gastos originados por el correo internacional recibido.

2. Para la aplicación de las disposiciones sobre la remuneración por concepto de gastos terminales, las administraciones postales se clasificarán en países y territorios del sistema objetivo o en países y territorios que tienen derecho a estar incluidos en el sistema de transición, de acuerdo con la lista formulada a estos efectos por el Congreso en su resolución C 12/2004. En las disposiciones sobre gastos terminales, tanto los países como los territorios serán denominados "países".

3. Las disposiciones del presente Convenio relativas a la remuneración por concepto de gastos terminales son disposiciones transitorias hasta llegar a un sistema de remuneración que tenga en cuenta elementos específicos de cada país.

4. Acceso al régimen interno

4.1 Cada administración pondrá a disposición de las demás administraciones todas las tarifas, los términos y las condiciones que ofrece en su régimen interno, en condiciones idénticas, a sus clientes nacionales.

4.2 Una administración expedidora podrá, en condiciones comparables, solicitar a la administración de destino del sistema objetivo gozar de las mismas condiciones que esta última hubiere convenido con sus clientes nacionales para envíos equivalentes.

4.3 Las administraciones del sistema de transición deberán indicar si autorizan el acceso en las condiciones indicadas en 4.1.

4.3.1 Cuando una administración del sistema de transición declare que autoriza el acceso en las condiciones ofrecidas en su régimen interno, esa autorización se aplicará a todas las administraciones de la Unión, en forma no discriminatoria.

4.4 Corresponderá a la administración de destino decidir si la administración de origen cumple con las condiciones de acceso a su régimen interno.

5. Las tasas de gastos terminales del correo masivo no deberán ser superiores a las tasas más favorables aplicadas por la administración de destino en virtud de acuerdos bi o multilaterales sobre gastos terminales. Corresponderá a la administración de destino juzgar si la administración de origen ha cumplido con las condiciones de acceso.

6. La remuneración por concepto de gastos terminales se basará en los resultados en materia de calidad de servicio en el país de destino. Por consiguiente, el Consejo de Explotación Postal estará facultado para otorgar complementos de la remuneración indicada en los artículos 29 y 30, con el objeto de incentivar la participación en los sistemas de control y de recompensar a las administraciones que alcancen sus objetivos en materia de calidad. El Consejo de Explotación Postal también podrá fijar penalizaciones en caso de calidad insuficiente, pero la remuneración no podrá ser inferior a la remuneración mínima indicada en los artículos 29 y 30.

7. Cualquier administración podrá renunciar total o parcialmente a la remuneración prevista en 1.

8. Por acuerdo bilateral o multilateral, las administraciones interesadas podrán aplicar otros sistemas de remuneración para la liquidación de las cuentas relativas a gastos terminales.

Artículo 29 - Gastos terminales. Disposiciones aplicables a los intercambios entre países del sistema objetivo

1. La remuneración por los envíos de correspondencia, incluido el correo masivo y con exclusión de las sacas M, se establecerá aplicando una tasa por envío y una tasa por kilogramo que reflejen los costes de tratamiento en el país de destino; esos costes deberán guardar relación con las tarifas internas. El cálculo de las tasas se efectuará en las condiciones establecidas en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia.

2. La tasa por envío y la tasa por kilogramo se calcularán a partir de un porcentaje de la tasa de una carta prioritaria de 20 gramos del régimen interno, que será de:

2.1 Para el año 2006: 62%.

2.2 Para el año 2007: 64%.

2.3 Para el año 2008: 66%.

2.4 Para el año 2009: 68%.

3. Las tasas no podrán exceder de:

3.1 Para el año 2006: 0,226 DEG por envío y 1,768 DEG por kilogramo.

3.2 Para el año 2007: 0,231 DEG por envío y 1,8 12 DEG por kilogramo.

3.3 Para el año 2008: 0,237 DEG por envío y 1,85 8 DEG por kilogramo.

3.4 Para el año 2009: 0,243 DEG por envío y 1,904 DEG por kilogramo.

4. Para el período 2006 a 2009, las tasas que se apliquen no podrán ser inferiores a 0,147 DEG por envío y 1,491 DEG por kilogramo. Siempre que, una vez aumentadas, las tasas no excedan del 100% de la tasa de una carta prioritaria de 20 gramos del régimen interno del país en cuestión, las tasas mínimas se aumentarán a:

4.1 Para el año 2006: 0,151 DEG por envío y 1,536 DEG por kilogramo.

4.2 Para el año 2007: 0,154 DEG por envío y 1,566 DEG por kilogramo.

4.3 Para el año 2008: 0,158 DEG por envío y 1,598 DEG por kilogramo.

4.4 Para el año 2009: 0,161 DEG por envío y 1,630 DEG por kilogramo.

5. Para las sacas M, se aplicará la tasa de 0,793 DEG por kilogramo.

5.1 Las sacas M de menos de 5 kilogramos serán consideradas como si pesaran 5 kilogramos para la remuneración por concepto de gastos terminales.

6. Habrá una remuneración suplementaria de 0,5 DEG por envío por los envíos certificados y una remuneración suplementaria de 1 DEG por envío por los envíos con valor declarado.

7. Las disposiciones aplicables entre países del sistema objetivo se aplicarán a los países que tienen derecho a estar incluidos en el sistema de transición que expresen el deseo de incorporarse al sistema objetivo. El Consejo de Explotación Postal podrá fijar medidas transitorias en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia.

8. No podrá formularse ninguna reserva a este artículo, excepto en caso de acuerdo bilateral.

Artículo 30 - Gastos terminales. Disposiciones aplicables a los flujos de correo hacia, desde y entre los países del sistema de transición

1. Remuneración

1.1 La remuneración por los envíos de correspondencia, con exclusión de las sacas M. será de 0,147 DEG por envío y 1,491 DEG por kilogramo.

1.1.1 Para los flujos inferiores a 100 toneladas anuales, los dos elementos se convertirán en una tasa total de 3,727 DEG por kilogramo sobre la base de una cantidad media mundial de 15,21 envíos por kilogramo.

1.1.2 Para los flujos superiores a 100 toneladas anuales, se aplicará la tasa total de 3,727 DEG por kilogramo si ni la administración de destino ni la administración de origen solicitan una revisión de la tasa sobre la base de la cantidad real de envíos por kilogramo del flujo en cuestión. También se aplicará esta tasa cuando la cantidad real de envíos por kilogramo se sitúe entre 13 y 17.

1.1.3 Cuando una de las administraciones solicite la aplicación de la cantidad real de envíos por kilogramo, el cálculo de la remuneración que se aplicará al flujo en cuestión se efectuará de acuerdo con el mecanismo de revisión establecido en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia.

1.1.4 La revisión descendente de la tasa total indicada en 1.1.2 no podrá ser invocada por un país del sistema objetivo contra un país que esté incluido en el sistema de transición, a menos que este último país hubiere solicitado una revisión en sentido inverso.

1.2 Para las sacas M se aplicará la tasa de 0,793 DEG por kilogramo.

1.2.1 Las sacas M de menos de 5 kilogramos serán consideradas como si pesaran 5 kilogramos para la remuneración por concepto de gastos terminales.

1.3 Habrá una remuneración suplementaria de 0,5 DEG por envío por los envíos certificados y una remuneración suplementaria de 1 DEG por envío por los envíos con valor declarado.

2. Mecanismo de armonización de los sistemas

2.1 Cuando una administración del sistema objetivo destinataria de un flujo de correo de más de 50 toneladas anuales constatare que el peso anual de ese flujo es superior al umbral calculado de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia, podrá aplicar al correo que sobrepasa ese umbral el sistema de remuneración previsto en el artículo 29, siempre que no hubiere aplicado el mecanismo de revisión.

2.2 Cuando una administración del sistema de transición que recibe un flujo de correo de más de 50 toneladas anuales proveniente de otro país del sistema de transición estableciere que el peso anual de ese flujo es superior al umbral calculado de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia, podrá aplicar al correo en exceso la remuneración complementaria establecida en el artículo 31, siempre que no hubiere aplicado el mecanismo de revisión.

3. Correo masivo

3.1 La remuneración por el correo masivo a los países del sistema objetivo se establecerá aplicando las tasas por envío y por kilogramo indicadas en el artículo 29.

3.2 Las administraciones del sistema de transición podrán solicitar por el correo masivo recibido una remuneración de 0,147 DEG por envío y de 1,491 DEG por kilogramo.

4. No podrá formularse ninguna reserva a este artículo, excepto en caso de acuerdo bilateral.

Artículo 31 - Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de Servicio

1. Excepto para las sacas M y los envíos masivos, los gastos terminales que deberán pagar todos los países y territorios a los países clasificados por el Consejo Económico y Social en la categoría de Países Menos Adelantados tendrán un aumento correspondiente al 16,5% de la tasa de 3,727 DEG por kilogramo indicada en el artículo 30. Ese aumento estará destinado al Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de Servicio, con el objeto de mejorar la calidad de servicio en los Países Menos Adelantados. No se procederá a ningún pago de este tipo entre Países Menos Adelantados.

2. Los países miembros de la UPU y los territorios comprendidos en la Unión, mediante solicitud fundamentada, podrán pedir al Consejo de Administración que su país o territorio sea considerado como necesitado de recursos adicionales. Los países clasificados en la categoría TRAC 1 (anteriormente países en desarrollo (PED)) podrán solicitar al Consejo de Administración recibir fondos del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de Servicio (FMCS) en las mismas condiciones que los Países Menos Adelantados (PMA). Asimismo, los países clasificados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como países contribuyentes netos (PCN) podrán solicitar al Consejo de Administración recibir fondos del FMCS en las mismas condiciones que los países que figuran en la categoría TRAC 1. Las solicitudes aceptadas en virtud del presente artículo tendrán validez a partir del primer día del año civil siguiente al año en el que el Consejo de Administración adopte la decisión. El Consejo de Administración evaluará la solicitud y decidirá, bajo criterios estrictos, si corresponde o no que un país pueda ser tratado como PMA o como país de la categoría TRAC 1, según el caso, en lo que respecta al FMCS. El Consejo de Administración revisará y actualizará, anualmente la lista de los países miembros de la UPU y de los territorios comprendidos en la Unión.

3. Excepto para las sacas M y los envíos masivos, los gastos terminales que deberán pagar los países y territorios clasificados por el Congreso en la categoría de países industrializados a los efectos de la remuneración por concepto de gastos terminales a los países y territorios clasificados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la categoría de países -distintos de los Países Menos Adelantados- que tienen derecho a recibir recursos TRAC 1 tendrán un aumento correspondiente al 8% de la tasa de 3,727 DEG por kilogramo indicada en el artículo 26. Ese aumento estará destinado al FMCS, con el objeto de mejorar la calidad de servicio en los países de esta última categoría.

4. Excepto para las sacas M y los envíos masivos, los gastos terminales que deberán pagar los países y territorios clasificados por el Congreso en la categoría de países industrializados a los efectos de la remuneración por concepto de gastos terminales a los países y territorios clasificados por el mismo Congreso en la categoría de países en desarrollo, distintos de los indicados en 1 y 3, tendrán un aumento correspondiente al 1% de la tasa de 3,727 DEG por kilogramo indicada en el artículo 30. Ese aumento estará destinado al FMCS, con el objeto de mejorar la calidad de servicio.

5. Los países y territorios que tienen derecho a recibir recursos TRAC 1 podrán intentar mejorar su calidad de servicio a través de proyectos regionales o multinacionales en favor de los Países Menos Adelantados o de los países de bajos ingresos. Se beneficiarían directamente con esos proyectos todas las partes que contribuyan a su financiación a través del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad de Servicio.

6. Los proyectos regionales deberían favorecer sobre todo la concreción de los programas de la UPU destinados a mejorar la calidad de servicio y la introducción de sistemas de contabilidad analítica en los países en desarrollo. El Consejo de Explotación Postal adoptará en 2006 a más tardar procedimientos adecuados con miras a la financiación de esos proyectos.

Artículo 32 - Gastos de tránsito

1. Los despachos cerrados y los envíos en tránsito al descubierto intercambiados entre dos administraciones o entre dos oficinas del mismo país por medio de los servicios de una o de varias otras administraciones (servicios terceros) estarán sujetos al pago de los gastos de tránsito. Estos constituyen una retribución por las prestaciones relativas al tránsito territorial, al tránsito marítimo y al tránsito aéreo.

CAPÍTULO 2

Otras disposiciones

Artículo 33 - Tasas básicas y disposiciones relativas a los gastos de transporte aéreo

1. La tasa básica que se aplicará en las liquidaciones de cuentas entre administraciones por concepto de transporte aéreo será aprobada por el Consejo de Explotación Postal. Esta tasa será calculada por la Oficina Internacional según la fórmula especificada en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia.

2. El cálculo de los gastos de transporte aéreo de los despachos cerrados, de los envíos prioritarios, de los envíos-avión y de las encomiendas-avión en tránsito al descubierto, así como las modalidades de cuenta correspondientes se indican en el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia y en el Reglamento relativo a Encomiendas Postales.

3. Los gastos de transporte para todo el recorrido aéreo estarán:

3.1 Cuando se trate de despachos cerrados, a cargo de la administración del país de origen, incluso cuando esos despachos transiten por una o varias administraciones postales intermediarias;

3.2 Cuando se trate de envíos prioritarios y de envíos-avión en tránsito al descubierto, inclusive los mal encaminados, a cargo de la administración que entrega los envíos a otra administración.

4. Estas mismas reglas se aplicarán a los envíos exentos del pago de gastos de tránsito territorial y marítimo si son encaminados por avión.

5. Cada administración postal de destino que efectúe el transporte aéreo del correo internacional dentro de su país tendrá derecho al reembolso de los gastos suplementarios originados por dicho transporte, siempre que la distancia media ponderada de los recorridos efectuados sea superior a 300 kilómetros. El Consejo de Explotación Postal podrá reemplazar la distancia media ponderada por otro criterio adecuado. Salvo acuerdo que establezca la gratuidad, los gastos deberán ser uniformes para todos los despachos prioritarios y los despachos-avión provenientes del extranjero, ya sea que ese correo se reencamine o no por vía aérea.

6. Sin embargo, cuando la compensación por gastos terminales cobrada por la administración de destino esté basada específicamente en los costes o en las tarifas internas, no se efectuará ningún reembolso suplementario por concepto de los gastos de transporte aéreo interno.

7. La administración de destino excluirá, con miras al cálculo de la distancia media ponderada, el peso de todos los despachos para los cuales el cálculo de la compensación por gastos terminales esté específicamente basado en los costes o en las tarifas internas de la administración de destino.

Artículo 34 - Cuotas-parte territoriales y marítimas de las encomiendas postales

1. Las encomiendas intercambiadas entre dos administraciones postales estarán sujetas al pago de cuotas-parte territoriales de llegada calculadas combinando la tasa básica por encomienda y la tasa básica por kilogramo fijadas en el reglamento.

1.1 Teniendo en cuenta esas tasas básicas, las administraciones postales podrán, además, ser autorizadas a cobrar tasas suplementarias por encomienda y por kilogramo, de conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento.

1.2 Las cuotas-parte fijadas en 1 y 1.1 estarán a cargo de la administración del país de origen, salvo que el Reglamento relativo a Encomiendas Postales prevea derogaciones a ese principio.

1.3 Las cuotas-parte territoriales de llegada deberán ser uniformes para todo el territorio de cada país.

2. Las encomiendas intercambiadas entre dos administraciones o entre dos oficinas del mismo país, por medio de los servicios terrestres de una o de varias administraciones estarán sujetas, en provecho de los países cuyos servicios participen en el encaminamiento territorial, al pago de las cuotas-parte territoriales de tránsito fijadas en el reglamento según el escalón de distancia.

2.1 Para las encomiendas en tránsito al descubierto, las administraciones intermediarias estarán autorizadas a reclamar la cuota-parte fija por envío fijada en el reglamento.

2.2 Las cuotas-parte territoriales de tránsito estarán a cargo de la administración del país de origen, salvo que el Reglamento relativo a Encomiendas Postales prevea derogaciones a ese principio.

3. Cada uno de los países cuyos servicios participen en el transporte marítimo de las encomiendas estará autorizado a reclamar cuotas-parte marítimas. Estas cuotas-parte estarán a cargo de la administración del país de origen, a menos que el Reglamento relativo a Encomiendas Postales determine derogaciones a este principio.

3.1 Para cada servicio marítimo utilizado, la cuota-parte marítima se fijará en el Reglamento relativo a Encomiendas Postales según el escalón de distancia.

3.2 Las administraciones postales tendrán la facultad de aumentar en un 50 por ciento como máximo la cuota-parte marítima calculada conforme a 3.1. En cambio, podrán reducirla a voluntad.

Artículo 35 - Potestad del Consejo de Explotación Postal para fijar el importe de los gastos y de las cuotas-parte

1. El Consejo de Explotación Postal tendrá la facultad de fijar los gastos y las cuotas-parte indicados a continuación, que las administraciones postales deberán pagar de acuerdo con las condiciones establecidas en los reglamentos:

1.1 Gastos de tránsito por el tratamiento y el transporte de los despachos de envíos de correspondencia por uno o más países terceros;

1.2 Tasa básica y gastos de transporte aéreo aplicables al correo-avión;

1.3 Cuotas-parte territoriales de llegada por el tratamiento de las encomiendas de llegada;

1.4 Cuotas-parte territoriales de tránsito por el tratamiento y el transporte de las encomiendas por un país tercero;

1.5 Cuotas-parte marítimas por el transporte marítimo de las encomiendas.

2. La revisión, que podrá hacerse merced a una metodología que garantice una remuneración equitativa a las administraciones que prestan los servicios, deberá basarse en datos económicos y financieros confiables y representativos. La modificación eventual que pueda decidirse entrará en vigor en una fecha fijada por el Consejo de Explotación Postal.

CUARTA PARTE

Disposiciones finales

Artículo 36 - Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al Convenio y a los reglamentos

1. Para que tengan validez, las proposiciones sometidas al Congreso y relativas al presente Convenio deberán ser aprobadas por la mayoría de los países miembros que tengan derecho de voto presentes y votantes. Por lo menos la mitad de los países miembros representados en el Congreso que tengan derecho de voto deberán estar presentes en la votación.

2. Para que tengan validez, las proposiciones referentes al Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia y al Reglamento relativo a Encomiendas Postales deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Consejo de Explotación Postal que tengan derecho de voto.

3. Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre dos Congresos y relativas al presente Convenio y a su Protocolo Final deberán reunir:

3.1 Dos tercios de los votos, siempre que por lo menos la mitad de los países miembros de la Unión que tengan derecho de voto hubieren participado en la votación, si se tratare de modificaciones.

3.2 Mayoría de votos si se tratare de la interpretación de las disposiciones.

4. A pesar de las disposiciones previstas en 3.1, todo país miembro cuya legislación nacional fuere aún incompatible con la modificación propuesta tendrá la facultad de formular, dentro de los noventa días a contar desde la fecha de notificación de dicha modificación, una declaración por escrito al Director General de la Oficina Internacional, indicando que no le es posible aceptarla.

Artículo 37 - Reservas presentadas en el Congreso

1 Las reservas que sean incompatibles con el objeto y la finalidad de la Unión no estarán autorizadas.

2. Como regla general, los países miembros que no logren que los demás países miembros compartan su punto de vista deberán esforzarse, en la medida de lo posible, por conformarse a la opinión de la mayoría. Las reservas deberán formularse sólo en caso de absoluta necesidad y estar motivadas en forma adecuada.

3. Las reservas a los artículos del presente Convenio deberán ser presentadas al Congreso en forma de proposiciones, por escrito, en una de las lenguas de trabajo de la Oficina Internacional, de conformidad con las disposiciones correspondientes del reglamento interno de los Congresos.

4. Para que tengan validez, las reservas presentadas al Congreso deberán ser aprobadas por la mayoría requerida en cada caso para modificar el artículo al que se refiere la reserva. En principio, las reservas se aplicarán sobre una base de reciprocidad entre el país miembro que formula la reserva y los demás países miembros.

5. Las reservas al presente Convenio se incluirán en su Protocolo Final, sobre la base de las proposiciones aprobadas por el Congreso.

Artículo 38 - Entrada en vigor y duración del Convenio

1. El presente Convenio comenzará a regir el 1 de enero de 2006 y permanecerá en vigor hasta que comiencen a regir las Actas del próximo Congreso.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros firman el presente Convenio, en un ejemplar que quedará depositado ante el Director General de la Oficina Internacional. La Oficina Internacional de la Unión Postal Universal entregará una copia a cada Parte.

Firmado en Bucarest, el 5 de octubre de 2004.

(SIGUEN FIRMAS)

PROTOCOLO FINAL DEL CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

Art.

I.

Pertenencia de los envíos postales. Devolución. Modificación o corrección de dirección

II.

Tasas

III.

Excepción a la exoneración del pago de tasas postales para los cecogramas

IV.

Servicios básicos

V.

Pequeños paquetes

VI.

Aviso de recibo

VII.

Servicio de correspondencia comercial - respuesta internacional (CCRI)

VIII.

Prohibiciones (envíos de correspondencia)

IX.

Prohibiciones (encomiendas postales)

X.

Objetos sujetos al pago de derechos de aduana

XI.

Reclamaciones

XII.

Tasa de presentación a la aduana

XIII.

Depósito de envíos de correspondencia en el extranjero

XIV.

Cuotas-parte territoriales excepcionales de llegada

XV.

Tarifas especiales

PROTOCOLO FINAL DEL CONVENIO POSTAL UNIVERSAL

Al proceder a la firma del Convenio Postal Universal celebrado en el día de la fecha, los Plenipotenciarios que suscriben han convenido lo siguiente:

Artículo I - Pertenencia de los envíos postales. Devolución. Modificación o corrección de dirección

1. Las disposiciones del artículo 5.1 y 2 no se aplicarán a Antigua y Barbuda, a Bahrein (Reino de), a Barbados, a Belice, a Botswana, a Brunei Darussalam, a Canadá, a Hong Kong, China, a Dominica, a Egipto, a las Fiji, a Gambia, al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a los Territorios de Ultramar dependientes del Reino Unido, a Granada, a Guyana, a Irlanda, a Jamaica, a Kenya, a Kiribati, a Kuwait, a Lesotho, a Malasia, a Malawi, a Mauricio, a Nauru, a Nigeria, a Nueva Zelanda, a Papúa-Nueva Guinea, a Saint Kitts y Nevís, a Salomón (Islas), a Samoa Occidental, a San Vicente y Granadinas, a Santa Lucía, a Seychelles, a Sierra Leona, a Singapur, a Swazilandia, a Tanzania (Rep. Unida), a Trinidad y Tobago, a Tuvalu, a Uganda, a Vanuatu y a Zambia.

2. El artículo 5.1 y 2 tampoco se aplicará a Austria, Dinamarca y a Irán (Rep. Islámica), cuya legislación no permite la devolución o la modificación de dirección de los envíos de correspondencia a petición del expedidor, una vez que el destinatario ha sido informado de la llegada del envío a él dirigido.

3. El artículo 5.1 no se aplicará a Australia, a Ghana y a Zimbabwe.

4. El artículo 5.2 no se aplicará a Bahamas, a Irak, a Myanmar y a la República Democrática de Corea, cuya legislación no permite la devolución o la modificación de dirección de los envíos de correspondencia a petición del expedidor.

5. El artículo 5.2 no se aplicará a Estados Unidos de América.

6. El artículo 5.2 se aplicará a Australia en la medida en que sea compatible con la legislación interna de dicho país.

7. Por derogación del artículo 5.2, El Salvador, Filipinas, Panamá (Rep.), Rep. Dem. del Congo y Venezuela estarán autorizados a no devolver las encomiendas postales después que el destinatario haya solicitado los trámites aduaneros, dado que su legislación aduanera se opone a ello.

Artículo II - Tasas

1. Por derogación del artículo 6, las administraciones postales de Australia, de Canadá y de Nueva Zelanda estarán autorizadas a cobrar tasas postales distintas de las previstas en los reglamentos, cuando las tasas en cuestión sean admisibles según la legislación de su país.

Artículo III - Excepción a la exoneración del pago de tasas postales para los cecogramas

1. Por derogación del artículo 7, las administraciones postales de Indonesia, San Vicente y Granadinas y Turquía, que no conceden en su servicio interno franquicia postal a los cecogramas, tendrán la facultad de cobrar las tasas de franqueo y las tasas por servicios especiales, que no podrán sin embargo ser superiores a las de su servicio interno.

2. Por derogación del artículo 7, las administraciones postales de Australia, de Alemania, de Austria, de Canadá, de Estados Unidos de América, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de Japón y de Suiza tendrán la facultad de cobrar las tasas por servicios especiales que son aplicadas a los cecogramas en su servicio interno.

Artículo IV - Servicios básicos

1. No obstante las disposiciones del artículo 12, Australia no acepta la extensión de los servicios básicos a las encomiendas postales.

2. El artículo 12.2.4 no se aplicará a Gran Bretaña, cuya legislación nacional establece un límite de peso inferior. En Gran Bretaña, la legislación en materia de salud y seguridad laboral limita el peso de las sacas de correo a 20 kilogramos.

Artículo V - Pequeños paquetes

1. Por derogación del artículo 12, la administración postal de Afganistán estará autorizada a limitar a 1 kilogramo el peso máximo de los pequeños paquetes de llegada y de salida.

Artículo VI - Aviso de recibo

1. La administración postal de Canadá estará autorizada a no aplicar el artículo 13.1.1 en lo que respecta a las encomiendas, dado que en su régimen interno no ofrece el servicio de aviso de recibo para las encomiendas.

Artículo VII - Servicio de correspondencia comercial-respuesta internacional (CCRI)

1. Por derogación del artículo 13.4.1, la administración postal de Bulgaria (Rep.) prestará el servicio CCRI previa negociación con las administraciones interesadas.

Artículo VIII - Prohibiciones (envíos de correspondencia)

1. A título excepcional, las administraciones postales del Líbano y de la Rep. Pop. Dem. de Corea no aceptarán envíos certificados que contengan monedas o papel moneda o cualquier otro valor al portador o cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, piedras preciosas, alhajas y otros objetos de valor. No las obligarán de manera rigurosa las disposiciones del Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia, en lo que se refiere a su responsabilidad en caso de expoliación o de avería de envíos certificados, ni tampoco en lo que se refiere a los envíos que contengan objetos de vidrio o frágiles.

2. A título excepcional, las administraciones postales de Arabia Saudita, de Bolivia, de China (Rep. Pop.), con exclusión de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, de Irak, de Nepal, de Paquistán, de Sudán y de Vietnam no aceptarán los envíos certificados que contengan monedas, billetes de banco, papel moneda u otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, pedrería, alhajas y otros objetos preciosos.

3. La administración postal de Myanmar se reserva el derecho de no aceptar los envíos con valor declarado que contengan los objetos de valor mencionados en el artículo 15.5, pues su legislación interna se opone a la admisión de ese tipo de envíos.

4. La administración postal de Nepal no aceptará los envíos certificados ni los envíos con valor declarado que contengan billetes o monedas, salvo acuerdo especial celebrado a dicho efecto.

5. La administración postal de Uzbekistán no aceptará los envíos certificados o con valor declarado que contengan monedas, billetes de banco, cheques, sellos de Correos o monedas extranjeras y rehúsa toda responsabilidad en caso de pérdida o avería de ese tipo de envíos.

6. La administración postal de Irán (Rep. Islámica) no aceptará los envíos que contengan objetos contrarios a los principios de la religión islámica.

7. La administración postal de Filipinas se reserva el derecho de no aceptar los envíos de correspondencia (ordinarios, certificados o con valor declarado) que contengan monedas, papel moneda u otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, piedras preciosas u otros objetos de valor.

8. La administración postal de Australia no aceptará los envíos de ningún tipo que contengan lingotes o billetes de banco. Tampoco aceptará los envíos certificados destinados a Australia, o en tránsito al descubierto, que contengan objetos de valor tales como alhajas, metales preciosos, piedras preciosas o semipreciosas, valores, monedas o cualquier forma de instrumento financiero negociable. Declina toda responsabilidad por los envíos que se depositen sin tener en cuenta la presente reserva.

9. De acuerdo con su reglamentación interna, la administración postal de China (Rep. Pop.), con exclusión de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, no aceptará los envíos con valor declarado que contengan monedas, billetes de banco, papel moneda u otros valores al portador y cheques de viaje.

10. Las administraciones postales de Letonia y de Mongolia se reservan el derecho de no aceptar, de acuerdo con su legislación nacional, el correo ordinario, certificado o con valor declarado que contenga monedas, billetes de banco, títulos a la vista y cheques de viaje.

11. La administración postal del Brasil se reserva el derecho de no aceptar el correo ordinario, certificado o con valor declarado que contenga monedas, billetes de banco en circulación y cualesquiera otros valores al portador.

12. La administración postal de Vietnam se reserva el derecho de no aceptar las cartas que contengan objetos y mercaderías.

Artículo IX - Prohibiciones (encomiendas postales)

1. Las administraciones postales de Myanmar y Zambia estarán autorizadas a no aceptar encomiendas con valor declarado que contengan los objetos de valor indicados en el artículo 15.6.1.3.1, ya que su reglamentación interna se opone a ello.

2. A título excepcional, las administraciones postales del Líbano y de Sudán no aceptarán encomiendas que contengan monedas, papel moneda o cualquier valor al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, piedras preciosas u otros objetos de valor, ni encomiendas que contengan líquidos y elementos fácilmente licuables u objetos de vidrio o asimilados o frágiles. No estarán obligadas por las disposiciones correspondientes del Reglamento relativo a Encomiendas Postales.

3. La administración postal del Brasil estará autorizada a no aceptar encomiendas con valor declarado que contengan monedas y papel moneda en circulación, así como cualquier valor al portador, ya que su reglamentación interna se opone a ello.

4. La administración postal de Ghana estará autorizada a no aceptar encomiendas con valor declarado que contengan monedas y papel moneda en circulación, ya que su reglamentación interna se opone a ello.

5. Además de los objetos mencionados en el artículo 15, la administración postal de Arabia Saudita no aceptará las encomiendas que contengan monedas, papel moneda o cualesquiera otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, piedras preciosas u otros objetos de valor. Tampoco aceptará las encomiendas que contengan medicamentos de todo tipo, a menos que estén acompañados de una receta médica procedente de una autoridad oficial competente, productos destinados a la extinción del fuego, líquidos químicos u objetos contrarios a los principios de la religión islámica.

6. Además de los objetos mencionados en el artículo 15, la administración postal de Omán no aceptará las encomiendas que contengan:

6.1 Medicamentos de todo tipo, a menos que estén acompañados de una receta médica procedente de una autoridad oficial competente;

6.2 Productos destinados a la extinción del fuego y líquidos químicos;

6.3 Objetos contrarios a los principios de la religión islámica.

7. Además de los objetos indicados en el artículo 15, la administración postal de Irán (Rep. Islámica) estará autorizada a no aceptar las encomiendas que contengan objetos contrarios a los principios de la religión islámica.

8. La administración postal de Filipinas estará autorizada a no aceptar las encomiendas que contengan monedas, papel moneda o cualesquiera otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, piedras preciosas u otros objetos de valor, ni envíos que contengan líquidos o sustancias fácilmente licuables, objetos de vidrio o similares u objetos frágiles.

9. La administración postal de Australia no aceptará los envíos postales de ningún tipo que contengan lingotes o billetes de banco.

10. La administración postal de China (Rep. Pop.) no aceptará las encomiendas ordinarias que contengan monedas, papel moneda o cualesquiera otros valores al portador, cheques de viaje, platino, oro o plata, manufacturados o no, piedras preciosas u otros objetos de valor. Con excepción de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, tampoco aceptará las encomiendas con valor declarado que contengan monedas, papel moneda o cualesquiera otros valores al portador o cheques de viaje.

11. La administración postal de Mongolia se reserva el derecho de no aceptar, de acuerdo con su legislación nacional, las encomiendas que contengan monedas, billetes de banco, títulos a la vista o cheques de viaje.

12. La administración postal de Letonia no aceptará las encomiendas ordinarias ni las encomiendas con valor declarado que contengan monedas, billetes de banco, cualesquiera otros valores (cheques) al portador o divisas extranjeras, y rechaza toda responsabilidad en caso de pérdida o de daño de esos envíos.

Artículo X - Objetos sujetos al pago de derechos de aduana

1. Con referencia al artículo 15, las administraciones postales de Bangladesh y El Salvador no aceptarán los envíos con valor declarado que contengan objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

2. Con referencia al artículo 15, las administraciones postales de los países siguientes: Afganistán, Albania, Azerbaiyán, Belarús, Camboya, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estonia, Italia, Letonia, Nepal, Perú, Rep. Pop. Dem. de Corea, San Marino, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Venezuela no aceptarán las cartas ordinarias y certificadas que contengan objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

3. Con referencia al artículo 15, las administraciones postales de los países siguientes: Benin, Burkina Faso, Cóte d’Ivoire (Rep), Djibouti, Malí y Mauritania no aceptarán las cartas ordinarias que contengan objetos sujetos al pago de derechos de aduana.

4. No obstante las disposiciones establecidas en 1 a 3, se admitirán en todos los casos los envíos de sueros y vacunas, así como los envíos de medicamentos de urgente necesidad y de difícil obtención.

Artículo XI - Reclamaciones

1. Por derogación del artículo 17.3, las administraciones postales de Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Cabo Verde, Chad, Egipto, Filipinas, Gabón, los Territorios de Ultramar dependientes del Reino Unido, Grecia, Irán (Rep. Islámica), Kirguistán, Mongolia. Myanmar, Rep. Pop. Dem. de Corea, Siria (Rep. ÁRABE), Sudán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Zambia se reservan el derecho de cobrar a sus clientes una tasa de reclamación por los envíos de correspondencia.

2. Por derogación del artículo 17.3, las administraciones postales de Argentina, Austria, Azerbaiyán, Checa (Rep.) y Eslovaquia se reservan el derecho de cobrar una tasa especial cuando, como resultado de las gestiones realizadas a raíz de una reclamación, resultare que ésta es injustificada.

3. Las administraciones postales de Afganistán, Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Cabo Verde, Congo (Rep.), Egipto, Gabón, Irán (Rep. Islámica), Kirguistán, Mongolia, Myanmar, Siria (Rep. ÁRABE), Sudán, Suriname, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Zambia se reservan el derecho de cobrar a sus clientes una tasa de reclamación por las encomiendas.

4. Por derogación del artículo 17.3, las administraciones postales de Brasil, Estados Unidos de América y Panamá (Rep.) se reservan el derecho de cobrar a los clientes una tasa de reclamación por los envíos de correspondencia y las encomiendas postales depositados en los países que cobran esa tasa en virtud de los párrafos 1 a 3 del presente artículo.

Artículo XII - Tasa de presentación a la aduana

1. La administración postal de Gabón se reserva el derecho de cobrar a sus clientes una tasa de presentación a la aduana.

2. Las administraciones postales de Congo (Rep.) y de Zambia se reservan el derecho de cobrar a sus clientes una tasa de presentación a la aduana por las encomiendas.

Artículo XIII - Depósito de envíos de correspondencia en el extranjero

1. Las administraciones postales de Australia, Austria, Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Grecia y Nueva Zelanda se reservan el derecho de cobrar una tasa, equivalente al coste de los trabajos originados, a todas las administraciones postales que, en virtud del artículo 27.4, les devuelvan objetos que originalmente no hayan sido expedidos como envíos postales por sus servicios.

2. Por derogación del artículo 27.4, la administración postal de Canadá se reserva el derecho de cobrar a la administración de origen una remuneración que le permita recuperar como mínimo los costes que le ocasionó el tratamiento de dichos envíos.

3. El artículo 27.4 autoriza a la administración postal de destino a reclamar a la administración de depósito una remuneración adecuada por concepto de la distribución de envíos de correspondencia depositados en el extranjero en gran cantidad. Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se reservan el derecho de limitar este pago al importe correspondiente a la tarifa interna del país de destino aplicable a envíos equivalentes.

4. El artículo 27.4 autoriza a la administración postal de destino a reclamar a la administración de depósito una remuneración adecuada por concepto de la distribución de envíos de correspondencia depositados en el extranjero en gran cantidad. Los países siguientes se reservan el derecho de limitar este pago a los límites autorizados en el reglamento para el correo masivo: Bahamas, Barbados, Brunei Darussalam, China (Rep. Pop.), Estados Unidos de América, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Territorios de Ultramar que dependen del Reino Unido, Granada, Guyana, India, Malasia, Nepal, Nueva Zelanda, países Bajos, Antillas Neerlandesas y Aruba, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Singapur, Sri Lanka, Suriname y Tailandia.

5. No obstante las reservas que figuran en 4, los países siguientes se reservan el derecho de aplicar en forma integral las disposiciones del artículo 27 del Convenio al correo recibido de los países miembros de la Unión: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Benin, Brasil, Burkina Faso, Camerún, Chipre, Cóte d’Ivoire (Rep.), Dinamarca, Egipto, Francia, Grecia, Guinea, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Luxemburgo, Malí, Marruecos, Mauritania, Mónaco, Noruega, Portugal, Senegal, Siria (Rep. Árabe) y Togo.

6. Con el fin de aplicar el artículo 27.4, la administración postal de Alemania se reserva el derecho de solicitar a la administración postal del país de depósito de los envíos una remuneración de un importe equivalente al que habría recibido de la administración postal del país en el que reside el expedidor.

7. No obstante las reservas formuladas a este artículo, China (Rep. Pop.) se reserva el derecho de limitar el pago por la distribución de envíos de correspondencia depositados en el extranjero en grandes cantidades a los límites autorizados en el Convenio de la UPU y el Reglamento relativo a Envíos de Correspondencia para el correo masivo.

Artículo XIV - Cuotas-parte territoriales excepcionales de llegada

1. Por derogación del artículo 34, la administración postal de Afganistán se reserva el derecho de cobrar una cuota-parte territorial excepcional de llegada suplementaria de 7.50 DEG por encomienda.

Artículo XV - Tarifas especiales

1. Las administraciones postales de Bélgica, Estados Unidos de América y Noruega tendrán la facultad de cobrar, por las encomiendas-avión, cuotas-parte territoriales más elevadas que por las encomiendas de superficie.

2. La administración postal del Líbano estará autorizada a cobrar por las encomiendas de hasta 1 kilogramo la tasa aplicable a las encomiendas de más de 1 hasta 3 kilogramos.

3. La administración postal de Panamá (Rep.) estará autorizada a cobrar 0.20 DEG por kilogramo por las encomiendas de superficie transportadas por vía aérea (S.A.L.) en tránsito.

En fe de lo cual, los infrascritos Plenipotenciarios han redactado el presente Protocolo, que tendrá la misma fuerza y el mismo valor que si sus disposiciones estuvieran insertas en el texto mismo del Convenio, y lo firman en un ejemplar que quedará depositado ante el Director General de la Oficina Internacional. La Oficina Internacional de la Unión Postal Universal entregará una copia a cada Parte.

Firmado en Bucarest, el 5 de octubre de 2004.

(SIGUEN FIRMAS)

ACUERDO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE PAGO DEL CORREO

Índice de materias
Capítulo I

Disposiciones preliminares

Art.

1.

Objeto del Acuerdo y productos
Capítulo II

Giro postal

Art.

2.

Definición del producto

3.

Depósito de las órdenes

4.

Tasas

5.

Obligaciones de la administración postal de emisión

6.

Transmisión de las órdenes

7.

Tratamiento en el país de destino

8.

Remuneración de la administración postal de pago

9.

Obligaciones de la administración postal de pago
Capítulo III

Transferencia postal

Art.

10.

Definición del producto

11.

Depósito de las órdenes

12.

Tasas

13.

Obligaciones de la administración postal de emisión

14.

Transmisión de las órdenes

15.

Tratamientos en el país de destino

16.

Remuneración de la administración postal de pago

17.

Obligaciones de la administración postal de pago
Capítulo IV

Cuentas de enlace, cuentas mensuales, reclamaciones, responsabilidad

Art.

18.

Relaciones financieras entre las administraciones postales participantes

19.

Reclamaciones

20.

Responsabilidad
Capítulo V

Redes electrónicas

Art.

21.

Reglas generales
Capítulo VI

Disposiciones varias

Art.

22.

Petición de apertura de una cuenta corriente postal en el extranjero
Capítulo VII

Disposiciones finales

Art.

23.

Disposiciones finales

ACUERDO RELATIVO A LOS SERVICIOS DE PAGO DEL CORREO

Los infrascritos, Plenipotenciarios de los gobiernos de los países miembros de la Unión, visto el artículo 22.4 de la Constitución de la Unión Postal Universal firmada en Viena el 10 de julio de 1964, han decretado, de común acuerdo y bajo reserva del artículo 25.4 de dicha Constitución, el siguiente Acuerdo.

CAPÍTULO I

Disposiciones preliminares

Artículo 1 - Objeto del Acuerdo y productos

1. El presente Acuerdo regirá el conjunto de prestaciones postales referentes a las transferencias de fondos. Los países contratantes convendrán de común acuerdo qué productos del presente Acuerdo instaurarán en sus relaciones recíprocas.

2. Podrán participar en los intercambios que se rigen por las disposiciones del presente Acuerdo organizaciones no postales a través de la administración postal, del servicio de cheques postales o de una organización que administre una red de transferencias de fondos postales. Corresponderá a estas organizaciones ponerse de acuerdo con la administración postal de su país para asegurar la completa ejecución de todas las cláusulas del Acuerdo y, en el marco de ese entendimiento, para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones en su calidad administraciones postales definidas por el presente Acuerdo. La administración postal servirá de intermediaria en sus relaciones con las administraciones postales de los demás países contratantes y con la Oficina Internacional. Si una administración postal no presta los servicios financieros establecidos en el presente Acuerdo o si la calidad de servicio no responde a las exigencias de la clientela, las administraciones postales podrán cooperar con organizaciones no postales de ese país.

3. Los países miembros notificarán a la Oficina Internacional dentro de los seis meses siguientes a la clausura del Congreso, el nombre y la dirección del órgano gubernamental encargado de supervisar los servicios financieros postales, así como el nombre y la dirección del o de los operadores designados oficialmente para prestar los servicios financieros postales y cumplir con las obligaciones derivadas de las Actas de la Unión en su territorio.

3.1 Los países miembros notificarán a la Oficina Internacional, dentro de los seis meses siguientes a la clausura del Congreso, los datos de las personas responsables de la explotación de los servicios financieros postales y del servicio de reclamaciones.

3.2 Entre dos Congresos, deberán notificarse a la Oficina Internacional lo más pronto posible los cambios con respecto a los órganos gubernamentales, los operadores y las personas responsables designadas oficialmente.

4. El presente Acuerdo rige los productos de pagos postales siguientes:

4.1 giros postales, incluidos los giros de reembolso;

4.2 transferencias de cuenta a cuenta.

5. Las administraciones postales actuantes tendrán la facultad de proponer otras prestaciones regidas por acuerdos bilaterales o multilaterales.

CAPÍTULO II

Giro postal

Artículo 2 - Definición del producto

1. Giro Ordinario

1.1 El cliente que da la orden entregará los fondos en la ventanilla de una oficina de Correos u ordenará debitarlos de su cuenta y solicitará el pago del importe íntegro, sin ningún descuento, en efectivo, al beneficiario.

2. Giro de depósito

2.1 El cliente que da la orden entregará los fondos en la ventanilla de una oficina de Correos y solicitará que sean depositados, sin efectuar descuento alguno, en la cuenta del beneficiario administrada por una administración postal o en una cuenta administrada por otras organizaciones financieras.

3. Giro de reembolso

3.1 El destinatario de un envío contra reembolso entregará los fondos u ordenará debitarlos de su cuenta y solicitará el pago del importe íntegro, sin ningún descuento, al expedidor del "envío contra reembolso".

Artículo 3 - Depósito de las órdenes

1. Salvo acuerdo especial, el importe de los giros postales se expresará en la moneda del país de destino.

2. La administración postal de emisión fijará la tasa de conversión de su moneda a la del país de destino.

3. El importe máximo de los giros postales se fijará bilateralmente.

4. La administración postal de emisión tendrá total libertad para definir los documentos y las modalidades de depósito de los giros postales. Si el giro debe transferirse por correo, sólo podrán utilizarse las fórmulas previstas en el reglamento.

Artículo 4 - Tasas

1. La administración postal de emisión determinará libremente las tasas a cobrar al efectuarse la emisión.

2. Los giros postales intercambiados por intermedio de un país que sea parte en el presente Acuerdo, entre un país contratante y un país no contratante podrán ser gravados por una administración intermediaria con una tasa suplementaria determinada por ésta última en función de los gastos originados por las operaciones que efectúa, cuyo monto se convendrá entre las administraciones postales interesadas y se descontará del importe del giro postal. Sin embargo esta tasa podrá cobrarse al expedidor y asignarse a la administración postal del país intermediario, si las administraciones postales interesadas se hubieren puesto de acuerdo a este efecto.

3. Estarán exonerados de cualquier tasa los documentos, los títulos y las órdenes de pago relativos a las transferencias de fondos postales intercambiados entre las administraciones postales por correo, en las condiciones fijadas en los artículos RL 110 y RL 111.

Artículo 5 - Obligaciones de la Administración postal de emisión

1. La administración postal de emisión deberá cumplir con las normas de servicio establecidas en el reglamento a fin de prestar a la clientela servicios satisfactorios.

Artículo 6 - Transmisión de las órdenes

1. El intercambio de los giros postales se efectuará por medio de las redes electrónicas establecidas por la Oficina Internacional de la UPU o por otras organizaciones.

2. Los intercambios electrónicos se efectuarán por envío dirigido directamente a la oficina de pago o a una oficina de cambio. La seguridad y la calidad de los intercambios deberán estar garantizados por las especificaciones técnicas referentes a las redes empleadas o por acuerdo bilateral entre las administraciones postales.

3. Las administraciones postales podrán ponerse de acuerdo para intercambiar giros postales por medio de fórmulas de papel, previstas en el reglamento y expedidas por correo prioritario.

4. Las administraciones podrán ponerse de acuerdo para utilizar otros medios de intercambio.

Artículo 7 - Tratamiento en el país de destino

1. El pago de los giros postales se hará según la reglamentación del país de destino.

2. Por regla general deberá pagarse al beneficiario la suma completa del giro postal; podrán cobrarse tasas facultativas si el beneficiario solicitare servicios especiales suplementarios.

3. La validez de los giros postales electrónicos se fijará por acuerdo bilateral.

4. La validez de los giros postales en soporte papel se extenderá por regIa general, hasta la expiración del primer mes siguiente al de la emisión.

5. Vencido el plazo arriba indicado, los giros impagos deberán devolverse inmediatamente a la administración postal de emisión.

Artículo 8 - Remuneración de la administración postal de pago

1. Por cada giro postal pagado, la administración postal de emisión acreditará a la administración postal de pago una remuneración cuya tasa se fijará en el reglamento.

2. En lugar de la tasa fija establecida en el reglamento, las administraciones postales podrán convenir tasas de remuneración diferentes.

3. Las transferencias de fondos efectuadas con franquicia de tasa no darán lugar a remuneración alguna.

4. Previo acuerdo entre las administraciones postales correspondientes, las transferencias de fondos de auxilio eximidas del pago de tasas por la administración postal de emisión podrán estar exoneradas de remuneración.

Artículo 9 - Obligaciones de la administración postal de pago

1. La administración postal de pago deberá cumplir con las normas de servicio establecidas en el reglamento a fin de prestar a la clientela servicios satisfactorios.

CAPÍTULO III

Transferencia postal

Artículo 10 - Definición del producto

1. El titular de una cuenta postal solicitará, mediante débito de su cuenta, la inscripción de una suma en el haber de la cuenta del beneficiario llevada por la administración postal, o en otra cuenta, a través de la administración postal del país de destino.

Artículo 11 - Depósito de las órdenes

1. El importe de las transferencias se expresará en la moneda del país de destino o en otra moneda, según el acuerdo establecido entre las administraciones postales de emisión y de recepción.

2. La administración postal de emisión fijara la tasa de conversión de su moneda a la de la moneda en que está expresado el importe de la transferencia.

3. El importe de las transferencias es ilimitado salvo decisión en contrario adoptada por las administraciones interesadas.

4. La administración postal de emisión tendrá total libertad para definir los documentos y las modalidades de emisión de las transferencias.

Artículo 12 - Tasas

1. La administración postal de emisión determinará libremente la tasa a cobrar al efectuarse la emisión. A esta tasa principal agregará eventualmente las tasas correspondientes a servicios especiales prestados al expedidor.

2. Las transferencias intercambiadas, por intermedio de un país que sea parte en el presente Acuerdo, entre un país contratante y un país no contratante podrán ser gravadas por la administración intermediaria con una tasa suplementaria, cuyo monto se convendrá entre las administraciones interesadas y se descontará del importe de la transferencia. Sin embargo, esta tasa podrá cobrarse al expedidor y asignarse a la administración del país intermediario, si las administraciones interesadas se hubieren puesto de acuerdo a este efecto.

3. Estarán exonerados de cualquier tasa los documentos, los títulos y las órdenes de pago relativos a las transferencias postales intercambiadas entre las administraciones postales por correo en las condiciones fijadas en los artículos RL 110 y RL 111.

Artículo 13 - Obligaciones de la administración postal de emisión

1. La administración postal de emisión deberá cumplir con las normas de servicio establecidas en el reglamento a fin de prestar a la clientela servicios satisfactorios.

Artículo 14 - Transmisión de las órdenes

1. Las transferencias deberán efectuarse por medio de las redes electrónicas establecidas por la Oficina Internacional de la UPU o por otras organizaciones, según las especificaciones técnicas adoptadas por las correspondientes administraciones.

2. La seguridad y la calidad de los intercambios deberán estar garantizadas por especificaciones técnicas referentes a las redes empleadas o por acuerdo bilateral entre las administraciones de emisión y de pago.

3. Las administraciones postales podrán ponerse de acuerdo para efectuar transferencias por medio de fórmulas de papel previstas en el reglamento y expedidas por correo prioritario.

4. Las administraciones postales podrán ponerse de acuerdo para utilizar otros medios de intercambio.

Artículo 15 - Tratamiento en el país de destino

1 Las transferencias de llegada deberán ser tratadas de acuerdo con la reglamentación vigente en el país de destino.

2. Por regla general los derechos exigibles en el país de destino deberán ser pagados por el beneficiario sin embargo, por acuerdo bilateral esa tasa podrá ser cobrada al expedidor y asignada a la administración postal del país de destino.

Artículo 16 - Remuneración de la administración postal de pago

1. La administración postal de pago podrá solicitar que se abone una tasa de llegada por cada transferencia. Esta tasa podrá ser debitada de la cuenta del beneficiario o bien ser asumida por la administración postal de emisión mediante débito de su cuenta corriente postal de enlace.

2. Las transferencias de fondos efectuadas con franquicia de tasa no darán lugar a remuneración alguna.

3. Previo acuerdo entre las administraciones postales interesadas, las transferencias de fondos de auxilio eximidas del pago de tasas por la administración postal de emisión podrán estar exoneradas de remuneración.

Artículo 17 - Obligaciones de la administración postal de pago

1. La administración postal de pago deberá cumplir con las normas de servicio establecidas en el reglamento a fin de prestar a la clientela servicios satisfactorios.

CAPÍTULO IV

Cuentas de enlace, cuentas mensuales, reclamaciones, responsabilidad

Artículo 18 - Relaciones financieras entre las administraciones postales participantes

1. Las administraciones postales se pondrán de acuerdo con respecto a los medios técnicos que utilizarán para pagar sus deudas.

2. Cuentas de enlace

2.1 Como regla general, cuando las administraciones postales dispusieren de una institución de cheques postales, cada una de ellas se hará abrir, a su propio nombre en la administración corresponsal, una cuenta de enlace por medio de la cual se liquidarán las deudas y los créditos recíprocos resultantes de los intercambios efectuados por concepto del servicio de transferencias, de giros postales y de todas las demás operaciones que las administraciones postales convinieren en liquidar por este medio.

2.2 Cuando la administración postal del país de destino no dispusiere de una institución de cheques postales, la cuenta de enlace podrá abrirse en otra administración.

2.3 Las administraciones postales podrán convenir en liquidar sus intercambios financieros a través de administraciones designadas por acuerdo multilateral.

2.4 En caso de descubierto en una cuenta de enlace, las sumas adeudadas redituarán intereses; el tipo de interés está fijado en el reglamento.

2.5 Una cuenta de enlace que presente saldo acreedor podrá devengar intereses.

3. Cuentas mensuales

3.1 Cuando no hubiere cuenta de enlace, cada administración postal de pago formulará para cada administración postal de emisión, una cuenta mensual de las sumas pagadas por los giros postales. Las cuentas mensuales se incluirán periódicamente en una cuenta general, que dará lugar a la determinación de un saldo.

3.2 La liquidación de las cuentas también podrá hacerse sobre la base de cuentas mensuales sin compensación.

4. No se admitirá medida unilateral alguna, tales como moratoria, prohibición de transferencia, etcétera, que pueda afectar las disposiciones del presente artículo y las del reglamento que sean consecuencia de ellas.

Artículo 19 - Reclamaciones

1. Las reclamaciones serán admitidas dentro del plazo de seis meses a contar desde el día siguiente al día del depósito de un giro postal o de la ejecución de una transferencia.

2. Las administraciones postales tendrán derecho a cobrar a sus clientes una tasa de reclamación por los giros postales o las transferencias.

Artículo 20 - Responsabilidad

1. Principio y extensión de la responsabilidad

1.1 La administración postal será responsable por las sumas depositadas en ventanilla o debitadas de la cuenta del librador hasta el momento de efectuarse el pago regular del giro o de acreditarse la cuenta del beneficiario.

1.2 La administración postal será responsable por las indicaciones erróneas que hubiere suministrado y que hubieren dado lugar a una falta de pago o a errores en la ejecución de la transferencia de fondos. La responsabilidad se extenderá a los errores de conversión y a los errores de transmisión.

1.3 No corresponderá responsabilidad alguna a la administración postal:

1.3.1 en caso de atraso que pudiere producirse en la transmisión, la expedición o el pago de los títulos y de las órdenes;

1.3.2 cuando no pudiere justificar la ejecución de una transferencia de fondos debido a la destrucción de los documentos de servicio por un caso de fuerza mayor, a no ser que la prueba de su responsabilidad se hubiere demostrado de otro modo;

1.3.3 cuando el expedidor no hubiere formulado ninguna reclamación dentro del plazo establecido en el artículo 19;

1.3.4 cuando hubiere expirado el plazo de prescripción de los giros en el país de emisión.

1.4 En caso de reembolso cualquiera sea su causa, la suma que se reintegre al expedidor no podrá ser superior a la que haya sido pagada o debitada de su cuenta.

1.5 Las administraciones postales podrán convenir entre sí en aplicar condiciones más amplias de responsabilidad adaptadas a las necesidades de sus servicios internos.

1.6 Las condiciones de aplicación del principio de responsabilidad y en especial todo lo relacionado con la determinación de la responsabilidad, el pago de las sumas adeudadas, los recursos, el plazo de pago y las disposiciones relativas al reembolso a la administración actuante, se establecen en el reglamento.

CAPÍTULO V

Redes electrónicas

Artículo 21 - Reglas generales

1. Para la transmisión de las órdenes de pago por medios electrónicos, las administraciones postales utilizarán la red de la UPU o cualquier otra red que permita efectuar transferencias en forma rápida, confiable y segura.

2. Los servicios financieros electrónicos de la UPU entre administraciones postales estarán reglamentados sobre la base de acuerdos bilaterales. Las reglas generales de funcionamiento de los servicios financieros electrónicos de la UPU estarán sujetas a lo establecido en las disposiciones pertinentes de las Actas de la Unión.

CAPÍTULO VI

Disposiciones varias

Artículo 22 - Petición de apertura de una cuenta corriente postal en el extranjero

1. Al abrir en el extranjero una cuenta corriente postal, u otro tipo de cuenta, o cuando se presente una solicitud para obtener un producto financiero en el extranjero, las organizaciones postales de los países que son parte en el presente Acuerdo convendrán en prestar asistencia para la utilización de esos productos.

2. Las partes podrán ponerse de acuerdo bilateralmente con respecto a la asistencia que pueden prestarse mutuamente en lo que respecta al procedimiento detallado a seguir y se pondrán de acuerdo en cuanto a los gastos correspondientes al suministro de esa asistencia.

CAPÍTULO VII

Disposiciones finales

Artículo 23 - Disposiciones finales

1. Por analogía, el Convenio se aplicará, dado el caso, en todo lo que no esté expresamente reglamentado en el presente Acuerdo.

2. El artículo 4 de la Constitución no se aplicará al presente Acuerdo.

3. Condiciones de aprobación de las proposiciones relativas al presente Acuerdo y a su reglamento.

3.1 Para que tengan validez las proposiciones sometidas al Congreso y relativas al presente Acuerdo deberán ser aprobadas por la mayoría de los países miembros que tengan derecho de voto presentes y votantes que sean parte en el Acuerdo. Por lo menos la mitad de estos países miembros representados en el Congreso y que tengan derecho de voto deberán estar presentes en la votación.

3.2 Para que tengan validez las proposiciones relativas al reglamento del presente Acuerdo deberán ser aprobadas por la mayoría de los miembros del Consejo de Explotación Postal que sean parte en el Acuerdo y tengan derecho de voto.

3.3 Para que tengan validez, las proposiciones presentadas entre dos Congresos y relativas al presente Acuerdo deberán reunir:

3.3.1 dos tercios de los votos -siempre que por lo menos la mitad de los países miembros que son parte en el Acuerdo y tengan derecho de voto hubieren participado en la votación- si se tratare de la adición de nuevas disposiciones;

3.3.2 mayoría de votos -siempre que por lo menos la mitad de los países miembros que son parte en el Acuerdo y tengan derecho de voto hubieren participado en la votación- si se tratare de modificaciones de las disposiciones del presente Acuerdo;

3.3.3 mayoría de votos, si se tratare de la interpretación de las disposiciones del presente Acuerdo.

3.4 A pesar de las disposiciones previstas en 3.3.1, todo país miembro cuya legislación nacional fuere aún incompatible con el agregado propuesto tendrá la facultad de formular dentro de los noventa días a contar desde la fecha de notificación de dicho agregado una declaración por escrito al Director General de la Oficina Internacional, indicando que no le es posible aceptarlo.

4. El presente Acuerdo comenzará a regir el 1º de enero de 2006 y permanecerá en vigor hasta que comiencen a regir las Actas del próximo Congreso.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios de los gobiernos de los países contratantes firman el presente Acuerdo en un ejemplar que quedará depositado ante el Director General de la Oficina Internacional. La Oficina Internacional de la Unión Postal Universal entregará una copia a cada Parte.

Firmado en Bucarest, el 5 de octubre de 2004.

(SIGUEN FIRMAS)

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébense las Decisiones emanadas del 23º Congreso de la Unión Postal Universal, adoptadas en la ciudad de Bucarest, Rumania, el 5 de octubre de 2004, que comprenden las siguientes Actas: Convenio Postal Universal y su Protocolo Final, Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, Reglamento General de la Unión Postal Universal y Acuerdo relativo a los Servicios de Pago de Correos.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 27 de diciembre de 2007.

RODOLFO NIN NOVOA, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 1164

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley mediante el cual se aprueban las Decisiones emanadas del 23er. Congreso de la Unión Postal Universal, adoptadas en la ciudad de Bucarest, Rumania, el 5 de octubre de 2004.

La Unión Postal Universal (UPU) se conformó en virtud del Tratado de Berna, el 9 de octubre de 1874. En el mismo participó la representación de 22 países. Posteriormente pasó a ser un organismo especializado de las Naciones Unidas, Acuerdo que entró en vigor el 1º de julio de 1948; en la actualidad la integran 191 Estados.

Los objetivos de la UPU son: fomentar el desarrollo y la eficiencia de las comunicaciones y los servicios postales en el ámbito social, cultural y comercial; afianzar la organización y el mejoramiento de los servicios postales; participar en la asistencia técnica postal que soliciten los países miembros y fomentar la colaboración internacional en materia postal.

No es una organización de carácter político, no interfiere en asuntos postales internos de los países, ni con las competencias de las autoridades nacionales (como ser: qué estampillas o sellos deben utilizarse en la correspondencia interna, ni cuántas, ni qué costos deben tener, entre otros).

En el plano de la comunicación internacional la UPU regula las condiciones en las que tiene que llevarse a cabo la correspondencia entre los países: fija las tarifas, condiciones de aceptación y reglamentos aplicables a la correspondencia.

Las decisiones a aprobar comprenden las siguientes Actas: Convenio Postal Universal y su Protocolo Final, Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal, Reglamento General de la Unión Postal Universal y Acuerdo relativo a los Servicios de Pago de Correos.

En el presente Acuerdo, conforme al mecanismo establecido en el Artículo 30.2 de la Constitución de la Unión Postal Universal, se modifican disposiciones de la misma.

I. Séptimo Protocolo Adicional a la Constitución de la Unión Postal Universal.

En el artículo 1º se establecen los objetivos de la UPU y metas a alcanzar. Se destaca como meta a alcanzar la eficacia de los servicios postales, como así también, busca incentivar y fomentar la cooperación internacional en la materia.

A su vez la UPU forma un solo territorio postal de países, para el intercambio de correspondencia, el que está constituido por redes interconectadas.

En su Artículo II incorpora definiciones y delimita el alcance de los términos más utilizados en el Acuerdo.

Por su parte el Artículo V modifica el Reglamento General del Convenio y de los Acuerdos.

II. Reglamento General de la Unión Postal Internacional

Éste regula el funcionamiento de los Órganos de la Unión: el Congreso y el Congreso Extraordinario (reglamentos internos y estructura), el Consejo de Administración (su composición y objetivos), el Consejo de Explotación Postal, el Comité Consultivo y la Oficina Internacional (estructura y composición).

Así también, en su Capítulo IV regula lo concerniente a las finanzas de la UPU.

Por último se establecen las condiciones para implementar acuerdos con la ONU y se fija fecha de entrada en vigor del mismo, que será el 1º de enero de 2006.

III. Convenio Postal Universal

El Convenio en su artículo 1º define y delimita expresiones a utilizarse en el mismo.

El artículo 3º establece el concepto de Territorio Postal Universal y sienta las bases sobre las cuales deben proceder los países miembros al respecto.

El artículo 4º establece la Libertad de Tránsito y define lo que la misma implica, es el punto de apoyo del Concepto Territorio Postal Universal.

Por su parte el artículo 6º asigna competencia en fijación de tasas y establece como limitación la relación con los costes de las mismas, es decir, una proporcionalidad.

El artículo 7º contiene modificaciones concernientes a la posibilidad de exonerar de tasas a determinados envíos.

Otro de los conceptos importantes para la UPU es el de Seguridad Postal, en virtud del mismo, el artículo 9º mandata a los países a tomar las máximas medidas en la materia con el objetivo de aumentar la confianza del público en la correspondencia.

Por su parte el artículo 11 busca evitar y reprimir acciones e infracciones vinculadas a los envíos postales.

A su vez en su artículo 15 se establecen normas relacionadas con los envíos no permitidos (materias explosivas, inflamables y similares).

IV. Acuerdo Relativo a los Servicios de Pago del Correo

El mencionado Acuerdo regula las transferencias de fondos para cumplir con los pagos correspondientes a los servicios postales realizados o a realizarse.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 9 de abril de 2008.

DANIEL PEÑA FERNÁNDEZ, Miembro Informante, ROBERTO CONDE, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, ENRIQUE PINTADO, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

SEÑOR PINTADO.- Pido la palabra.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Tiene la palabra el señor Diputado.

SEÑOR PINTADO.- Señor Presidente: quiero hacer una propuesta a efectos de ser expeditivos.

Tenemos la siguiente situación: el miembro informante no se encuentra en Sala...

(Interrupción del señor Representante Botana)

——Como los tres puntos del orden del día restantes refieren a acuerdos internacionales -en un caso el miembro informante es el señor Diputado Peña Fernández, en el otro quien habla, y en el otro es el señor Diputado Pérez Brito-, y como a la Comisión de Asuntos Internacionales le interesa que se avance en la aprobación de estas iniciativas, en los tres casos nos vamos a remitir a los informes presentados.

Por lo tanto, propongo votar en general estos tres puntos del orden del día, cerrar la discusión general en cada caso, para que se voten en la oportunidad en que haya más de cincuenta señores Diputados presentes, que es lo que se necesita para aprobar estos acuerdos. De esa manera, por lo menos nos ahorraremos la mitad del trámite.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- La Mesa entiende que hay que tratar los acuerdos de a uno.

SEÑOR PINTADO.- No quiero repetir esto tres veces, por lo que hago el planteo para los tres casos; pero, obviamente, hay que proceder discutiendo los tres asuntos separadamente.

Entonces, solicito que el punto que está siendo debatido se vote en general y se pase a la discusión particular, cerrándose la discusión. Para el próximo punto del orden del día plantearé lo mismo, y en el último caso también.

SEÑOR PRESIDENTE (Hernández).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión el particular.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se va a votar si se procede al cierre de la discusión.

(Se vota)

——Cuarenta y ocho por la afirmativa: AFIRMATIVA. Unanimidad.

33.- Acuerdo con el Reino de los Países Bajos sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Correcta Aplicación de la Legislación Aduanera y para la Prevención, Investigación y Lucha contra las Infracciones Aduaneras. (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en octavo término del orden del día: "Acuerdo con el Reino de los Países Bajos sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Correcta Aplicación de la Legislación Aduanera y para la Prevención, Investigación y Lucha contra las Infracciones Aduaneras. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1188

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 25 de febrero de 2008.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y la República Oriental del Uruguay, sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Correcta Aplicación de la Legislación Aduanera y para la Prevención, Investigación y Lucha contra las Infracciones Aduaneras, firmado el 22 de febrero de 2007, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

ANTECEDENTES

CONTROL DE ADUANAS

El presente Acuerdo tiene por objeto mejorar la cooperación de las autoridades administrativas encargadas de la aplicación de la legislación aduanera, entre el Reino de los Países Bajos y la República Oriental del Uruguay.

Además de prever distintos tipos de cooperación, el Acuerdo incluye una disposición dirigida a desarrollar e intensificar aún más la cooperación aduanera por medio de acuerdos sobre temas concretos.

En los últimos años estamos asistiendo a un incremento del comercio internacional que ha coincidido, con la necesidad de nuevos controles aduaneros para aumentar la seguridad de las fronteras. Problemas como el terrorismo internacional, el tráfico de especies protegidas, el control de la protección del patrimonio cultural, la protección de medio ambiente, la defensa de la propiedad intelectual, se añaden a los controles aduaneros tradicionales contra las diversas formas de tráficos ilícitos: el contrabando, tráfico de drogas, de armas, etcétera.

Simultáneamente se insiste desde múltiples foros de la importancia de la rapidez de los trámites aduaneros para no obstaculizar el comercio. Las administraciones aduaneras se mueven por tanto entre la facilitación del comercio y la necesidad cada día creciente de seguridad en las fronteras. Pero además de las funciones de protección, las administraciones aduaneras deben de cumplir el papel de defender las políticas comerciales, y liquidar, recaudar e inspeccionar los tributos que se devengan con ocasión del comercio exterior.

La situación actual nos lleva a diferenciar dos tipos de controles, el de protección: capaz de garantizar la seguridad de la frontera y el de control de los operadores económicos centrado en la lucha contra el fraude fiscal aduanero.

Combinar ambos tipos de controles, con la celeridad que impone a los trámites aduaneros el comercio internacional, pasa por una reducción de los mismos mediante técnicas de análisis de riesgos, y precisa, seguramente, de cambios organizativos, así como de dotar a las administraciones aduaneras de los medios necesarios. ¿Cuál debe ser el modelo aduanero?, es en este momento una discusión pendiente pero lo que sí se aprecia como una necesidad inmediata es profundizar en la asistencia mutua internacional en materia aduanera.

EL MARCO INTERNACIONAL DE LA ASISTENCIA MUTUA ADUANERA: LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA)

Si hay algún campo dentro de las administraciones fiscales, donde esté plenamente justificada la existencia de asistencia mutua en la lucha contra el fraude, este es el aduanero ya que los movimientos de mercancías se originan o van dirigidos a países terceros y así lo entendió desde su inicio el Consejo de Cooperación Aduanera, hoy Organización Mundial de Aduanas (OMA).

La OMA fundada inicialmente por 13 países en 1950 a la que hoy pertenecen mas de 166, tenía como finalidad inicial aumentar la eficiencia de las administraciones de aduanas en el cumplimiento de los reglamentos comerciales, la protección de la sociedad y la recaudación de ingresos fiscales. Uno de sus primeros documentos publicados es la "recomendación del Consejo de Cooperación Aduanera sobre Asistencia Mutua Administrativa del 5 de diciembre de 1953", este ya antiguo texto, sigue siendo invocado en los Convenios sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera que se firman en la actualidad, tal cual es el caso del presente Acuerdo en la parte final del Preámbulo.

A lo largo de los años, la OMA, seguirá haciendo recomendaciones sobre temas de lucha contra el fraude mediante la asistencia mutua, como las de 8 de junio de 1967 y 22 de mayo de 1975, o la recomendación de 22 de junio de 1988 de asistencia mutua en la lucha contra el fraude en materia de valor en aduana, la recomendación de 1995 sobre la firma de acuerdos bilaterales de asistencia mutua, o la declaración del Consejo sobre la mejora de la cooperación aduanera de Chipre de 2000.

En junio de 1967 la OMA adoptó un "modelo de acuerdo bilateral sobre asistencia mutua para la adecuada aplicación de la ley de aduanas y para la prevención, investigación y represión de las infracciones de aduanas" que ha servido de base para múltiples convenios bilaterales. En 1996 propone un nuevo modelo para renovar el modelo bilateral del 67.

El 9 de junio de 1977 se aprueba en Nairobi (Kenya) el Convenio Internacional de Asistencia Mutua Administrativa para prevenir, perseguir y reprimir las infracciones aduaneras, Convenio multilateral, que aunque no ha sido suscrito por Uruguay (entró en vigor en 1980 y al 30 de junio de 2005 contaba con 50 países como partes contratantes), ha tenido importancia como impulsor de la cooperación aduanera internacional. En 2003 la OMA promueve un nuevo Convenio multilateral de asistencia mutua, conocido como de Johannesburgo.

EL CONCEPTO DE ASISTENCIA MUTUA ADUANERA

La asistencia mutua debe de entenderse como una forma de cooperación entre dos o más países, cooperación que puede abarcar muchos campos: la formación, asistencia técnica, ayuda financiera, cooperación económica, etc.

Centrándonos ya en las administraciones tributarias, puede perseguir distintos fines, mejorar la gestión, la liquidación, la recaudación o el intercambio de información, podríamos definir la asistencia mutua en materia tributaria, siguiendo a Abelardo Delgado (1990), como "aquella cooperación consistente en el intercambio de información o la realización de actuaciones administrativas conducentes hacia o que puedan favorecer una mejor liquidación o recaudación de aquellos tributos debidos a cualquiera de las administraciones implicadas".

En un sentido amplio podríamos decir que la asistencia mutua es una potestad, una facultad de un Estado, y que con el requerimiento de asistencia nace la obligación jurídica de prestarla por parte del otro Estado contratante. Crea, por tanto, una obligación positiva de hacer, que precisará del desarrollo de una cierta actividad y que tendrá resultado o no ya que es una obligación de medio y no de resultado. La ayuda es unilateral pero sometida al principio de reciprocidad.

La asistencia mutua aduanera se ha concretado a lo largo del tiempo en los Convenios bilaterales o multilaterales que bajo el auspicio del Consejo de Cooperación Aduanera se han firmado en esta materia, la obligación de prestar asistencia mutua que nace de los acuerdos internacionales formalmente vinculantes, es llamada "Convencional" tanto si deriva de un tratado específico sobre asistencia mutua como de un protocolo o cláusula contenida en un Convenio internacional.

Por último, en nota verbal MTV 2752 de la Embajada del Reino de los Países Bajos, se informa a la Dirección de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, que el Reino de los Países Bajos, ha cumplido con los requisitos constitucionales para la entrada en vigencia del Acuerdo.

EL TEXTO

El texto del Acuerdo consta de un Preámbulo y veintidós artículos distribuidos en catorce capítulos.

En el Preámbulo se manifiesta la importancia de una exacta determinación de los derechos de aduana y de otros impuestos, como asimismo se establecen consideraciones sobre la relevancia de las infracciones contra la legislación aduanera y la necesidad de la cooperación internacional en asuntos relacionados con la aplicación y ejecución de las legislaciones aduaneras.

Asimismo se hace mención a los instrumentos relevantes del Consejo de Cooperación Aduanera (actualmente Organización Mundial de Aduanas; OMA) y, en particular, la Recomendación del Consejo sobre asistencia administrativa mutua, del 5 de diciembre de 1953.

En el artículo 1 se establecen las definiciones de los términos utilizados en el Acuerdo.

El artículo 2 se refiere al objeto y ámbito de aplicación.

El alcance de la asistencia y los procedimientos son establecidos en los artículos 3 y 4.

Existen casos especiales de asistencia y control, los que se contemplan en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9. En ellos se establecen diversos procedimientos (remisión de documentos originales, forma de colaboración, etcétera), indicándose que las administraciones aduaneras se suministrarán mutuamente, ya sea previa solicitud o por iniciativa propia, información sobre las operaciones, concluidas o planeadas, que constituyan o parezcan constituir una infracción aduanera.

En supuestos graves que pudieran implicar un daño sustancial a la economía, seguridad y salud públicas o a cualquier otro interés esencial de una Parte Contratante, la administración aduanera de la otra Parte Contratante, suministrará, en la medida de lo posible, información por su propia iniciativa y sin demora.

La comparecencia de expertos y testigos ante juzgados se prevé en el artículo 10.

La comunicación y tramitación de las solicitudes son contempladas en los artículos 11, 12 y 13.

Los artículos 14 y 15 establecen la confidencialidad de la información y protección de los datos personales que se intercambien con arreglo al Acuerdo, respectivamente.

El artículo 16 se refiere a las exenciones, o sea en qué casos no se solicitará, a la administración requerida, que preste la asistencia contemplada en el Acuerdo.

Los gastos derivados de la aplicación del presente Acuerdo, son contemplados en el artículo 17.

La ejecución, la aplicación, la entrada en vigor, la vigencia, y las modificaciones del Acuerdo, son establecidas en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22.

En atención a lo expuesto y reiterando la conveniencia de la suscripción de este tipo de Acuerdos, el Poder Ejecutivo solicita la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo reitera al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo entre el Reino de los Países Bajos y la República Oriental del Uruguay, sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Correcta Aplicación de la Legislación Aduanera y para la Prevención, Investigación y Lucha contra las Infracciones Aduaneras, firmado el 22 de febrero de 2007, en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.

Montevideo, 25 de febrero de 2008.

REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI.

TEXTO DEL ACUERDO

La República Oriental del Uruguay y el Reino de los Países Bajos, en lo sucesivo denominados las Partes Contratantes,

CONSIDERANDO la importancia de una exacta determinación de los derechos de aduana y de otros impuestos percibidos en relación con importaciones o exportaciones, así como de garantizar la aplicación adecuada de medidas de prohibición, restricción y control;

CONSIDERANDO que las infracciones contra la legislación aduanera son perjudiciales para los intereses económicos, fiscales, sociales, culturales, de salud pública y comerciales;

CONSIDERANDO que el tráfico transfronterizo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mercancías peligrosas, especies amenazadas de extinción y residuos tóxicos, constituye un peligro para la sociedad;

RECONOCIENDO la necesidad de cooperación internacional en asuntos relacionados con la aplicación y ejecución de sus legislaciones aduaneras;

CONVENCIDOS de que la lucha contra las infracciones aduaneras puede hacerse más eficaz a través de una cooperación estrecha entre sus administraciones de aduanas basada en claras disposiciones legales;

VISTOS los instrumentos relevantes del Consejo de Cooperación Aduanera y, en particular, la Recomendación sobre asistencia administrativa mutua del 5 de diciembre de 1953;

VISTOS ADEMÁS los convenios internacionales que contienen prohibiciones, restricciones y medidas especiales de control respecto a mercancías específicas:

HAN ACORDADO LO SIGUIENTE:

CAPÍTULO I

Definiciones

Artículo 1

A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

1. "administración aduanera":

para el Reino de los Países Bajos: la administración central encargada de la aplicación de la legislación aduanera;

para la República Oriental del Uruguay, la Dirección Nacional de Aduanas;

2. "legislación aduanera": cualquier disposición legal y administrativa aplicable o exigible por las administraciones aduaneras en relación con la importación, la exportación, el transbordo, el tránsito, el depósito y la circulación de mercancías, incluidas las disposiciones legales y administrativas relativas a medidas de prohibición, restricción y control;

3. "infracción aduanera": cualquier violación de la legislación aduanera definida en la legislación de cada Parte Contratante, así como toda tentativa de violación de dicha legislación;

4. "reclamación aduanera": cualquier importe de derechos de aduana e impuestos a los que se aplique el presente Acuerdo, así como el importe de los incrementos, recargos, pagos retrasados, intereses y gastos en virtud de los derechos e impuestos mencionados que no se puedan recaudar en una de las Partes Contratantes;

5. "persona": tanto una persona física como una entidad jurídica;

6. "datos personales": cualquier dato sobre una persona física identificada o identificable;

7. "información": cualesquiera datos, documentos, informes, copias certificadas o autenticadas de los mismos, u otras comunicaciones en cualquier formato, incluido el electrónico; .

8. "administración requirente": la administración aduanera que solicita asistencia;

9. "administración requerida": la administración aduanera a la que se solicita asistencia.

CAPÍTULO II

Ámbito de aplicación del Acuerdo

Artículo 2

1. Las Partes Contratantes a través de sus administraciones aduaneras se harán cargo de la asistencia administrativa bajo los términos establecidos en el presente Acuerdo, para la correcta aplicación de la legislación aduanera y para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para la recuperación de las reclamaciones aduaneras.

2. La asistencia prestada en base al presente Acuerdo por cada Parte Contratante, lo será de acuerdo con sus disposiciones administrativas y legales y dentro de los límites de competencia de sus administraciones aduaneras y los recursos disponibles.

3. El presente Acuerdo es sin perjuicio de las actuales y futuras obligaciones del Reino de los Países Bajos y la República Oriental del Uruguay resultantes de otros acuerdos internacionales.

4. El presente Acuerdo tiene como objeto exclusivo la asistencia administrativa mutua entre las Partes Contratantes; las disposiciones del presente Acuerdo no darán origen a ningún derecho de parte de cualquier persona privada para obtener, suprimir o excluir ninguna evidencia así como para impedir el cumplimiento de una petición.

5. El presente Acuerdo se realiza sin perjuicio de las normas que rigen la asistencia mutua en asuntos penales. En caso de tener que prestar asistencia mutua de acuerdo con otro acuerdo vigente entre las Partes Contratantes, la administración requerida indicará qué autoridades pertinentes están involucradas.

CAPÍTULO III

Alcance de la asistencia

Artículo 3

1. Las administraciones aduaneras se suministrarán recíprocamente, ya sea mediante solicitud previa o por iniciativa propia. la información que contribuya a garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera y la prevención, investigación y lucha contra las infracciones aduaneras. así como la recuperación de las reclamaciones aduaneras.

2. La administración aduanera que realice investigaciones para la otra administración aduanera. actuará como si realizara dichas investigaciones por su propia cuenta o a solicitud de otra autoridad de su propio Estado.

Artículo 4

1. Previa solicitud, la administración requerida suministrará todo tipo de información sobre la legislación aduanera y los procedimientos aduaneros aplicables en dicha Parte Contratante y relevantes para las investigaciones relativas a una infracción aduanera.

2 Las administraciones aduaneras comunicarán, por iniciativa propia y sin demora, cualquier información de que dispongan relativa a:

a) nuevas técnicas de aplicación de la legislación aduanera que hayan demostrado su eficacia;

b) nuevas tendencias, medios o métodos de cometer infracciones aduaneras.

CAPÍTULO IV

Casos especiales de asistencia

Artículo 5

Previa solicitud, la administración requerida suministrará en particular a la administración requirente la siguiente información:

a) si las mercancías importadas en el territorio aduanero de la Parte Contratante requirente fueron exportadas legalmente desde el territorio aduanero de la Parte Contratante requerida;

b) si las mercancías exportadas desde el territorio aduanero de la Parte Contratante requirente fueron legalmente importadas en el territorio aduanero de la Parte Contratante requerida y acerca del régimen aduanero que en su caso, se hubiera asignado a las mercancías.

Artículo 6

1. Previa solicitud, la administración requerida realizará un control especial sobre:

a) las personas respecto a las cuales la administración requirente tenga conocimiento de que han cometido una infracción aduanera o sean sospechosas de haberla cometido, en particular quienes entren y salgan del territorio aduanero de la Parte Contratante requerida;

b) las mercancías, tanto en transporte como en depósito, respecto a las cuales la administración requirente haya comunicado que tiene la sospecha de que han sido objeto de tráfico ilícito hacia el territorio aduanero de la Parte Contratante requirente;

c) los medios de transporte respecto a los cuales la administración requirente tenga sospecha de que han sido utilizados para cometer infracciones aduaneras en el territorio aduanero de la Parte Contratante requirente.

2. Las administraciones aduaneras podrán permitir, con arreglo a su legislación nacional y mediante acuerdo o pacto mutuo, bajo su supervisión, la importación, la exportación desde o el tránsito a través del territorio aduanero de sus respectivos Estados de mercancías objeto de tráfico ilícito. con la finalidad de poner fin a dicho tráfico.

Artículo 7

1. Las administraciones aduaneras se suministrarán mutuamente, ya sea previa solicitud o por iniciativa propia, información sobre las operaciones, concluidas o planeadas, que constituyan o parezcan constituir una infracción aduanera.

2. En supuestos graves que pudieran implicar un daño sustancial a la economía, seguridad y salud públicas o a cualquier otro interés esencial de una Parte Contratante, la administración aduanera de la otra Parte Contratante, suministrará, en la medida de lo posible, información por su propia iniciativa y sin demora.

Artículo 8

1. Las administraciones aduaneras se prestarán asistencia mutua con vistas a recuperar las reclamaciones aduaneras con arreglo a sus respectivas disposiciones legales y administrativas nacionales para la recuperación de sus propias reclamaciones de derechos y de impuestos.

2. Las administraciones aduaneras establecerán, mediante común acuerdo, las normas relativas a la aplicación del presente artículo, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 del presente Acuerdo. Dichas disposiciones podrán incluir los términos y condiciones en virtud de los cuales la administración de aduanas requerida podrá aplicar sus disposiciones legales y administrativas nacionales en el sentido del apartado 1 del presente artículo según el criterio de dicha administración.

Artículo 9

1. Sólo podrá solicitarse documentación original en certificadas o autenticadas resultaran insuficientes, los casos en que las copias debiéndose devolver dicha información lo antes posible, los derechos de la administración requerida o de terceros respecto a dicha información no se verán afectados por ello.

2. Cualquier información que se intercambie en virtud del presente Acuerdo irá acompañada de toda la información que sea relevante para su interpretación o utilización.

CAPÍTULO VI

Expertos y testigos

Artículo 10

Previa solicitud la administración requerida autorizará a sus funcionarios para que comparezcan ante un Juzgado o Tribunal de la otra Parte Contratante, en calidad de expertos o testigos en relación con una infracción aduanera.

CAPÍTULO VII

Comunicación de Solicitudes

Artículo 11

1. Las solicitudes de asistencia en virtud del presente Acuerdo se dirigirán directamente a la administración aduanera de la otra Parte Contratante, debiendo realizarse por escrito e ir acompañadas de los documentos que se consideren relevantes. Cuando las circunstancias lo requieran, las solicitudes también podrán efectuarse verbalmente, pero deberán confirmarse inmediatamente por escrito.

2. Las solicitudes realizadas en conformidad con el apartado 1 del presente artículo incluirán los siguientes elementos:

a) la administración que realiza la solicitud;

b) el objeto y el motivo de la solicitud;

c) una breve descripción del asunto, los elementos legales y la naturaleza del procedimiento;

d) los nombres y las direcciones de las partes interesadas en el procedimiento, si se conocen.

3. Las solicitudes realizadas por cualquiera de las administraciones aduaneras, de que se siga determinado procedimiento, serán aceptadas, sujetas a lo que dispongan las normas legales y administrativas de la Parte Contratante requerida.

4. La información a la que se refiere el presente Acuerdo será comunicada exclusivamente a los funcionarios que designe a tal efecto cada administración aduanera. La lista de los funcionarios designados se remitirá a la administración aduanera de la otra Parte Contratante con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 del presente Acuerdo.

CAPÍTULO VIII

Tramitación de solicitudes

Artículo 12

Si la administración requerida no tuviera la información solicitada, iniciará investigaciones para obtener dicha información con arreglo a sus disposiciones legales y administrativas nacionales. Dichas investigaciones incluirán el registro de declaraciones de personas interrogadas con el fin de obtener información en relación con una infracción aduanera, así como de testigos y expertos.

Artículo 13

1. Previa solicitud por escrito, los funcionarios designados por la administración requirente podrán, con autorización de la administración requerida y en' las condiciones que esta última imponga, a efectos de investigar una infracción aduanera:

a) consultar en las oficinas de la administración requerida los documentos, registros y otros datos relevantes para obtener cualquier información respecto a dicha infracción aduanera;

b) hacer copias de los documentos, registros y otros datos relevantes respecto a dicha infracción aduanera;

c) estar presentes durante una investigación realizada por la administración requerida en el territorio aduanero de la Parte Contratante requerida que sea relevante para la administración requirente.

2. Cuando los funcionarios de la administración aduanera estén presentes en el territorio de la otra Parte Contratante, en las circunstancias descritas en el artículo 10 o en el apartado 1 del presente artículo, deberán hallarse en cualquier momento en condiciones de probar el carácter oficial de su misión.

3. Mientras se hallen en dicho territorio, disfrutarán de la misma protección que las leyes vigentes en la otra Parte Contratante dispensan a los funcionarios en dicho lugar, y responderán de cualquier infracción que pudieren cometer.

CAPÍTULO IX

Confidencialidad de la información

Artículo 14

1. Cualquier información recibida en virtud del presente Acuerdo se empleará solamente para los objetivos del presente Acuerdo y por las administraciones aduaneras, salvo en los casos en que la administración aduanera que suministró dicha información, expresamente apruebe su uso para otros fines o por otras autoridades. En consecuencia, dicho uso estará sujeto a las restricciones establecidas por la administración aduanera que proporcionó dicha información. En caso que la legislación nacional de la Parte Contratante que provea información así lo establezca, toda esa información sólo podrá ser utilizada en procesos penales luego que las autoridades públicas judiciales o fiscales con sede en la Parte Contratante hubieran accedido a dicho uso.

2. Cualquier información recibida en virtud del presente Acuerdo, estará sujeta, como mínimo, a la misma protección y confidencialidad a la cual esa misma clase de información está sujeta bajo la legislación nacional en lo que respecta a los ciudadanos de la Parte Contratante donde la misma se recibe independientemente de la nacionalidad, ciudadanía o residencia de las personas involucradas.

3. La información revelada por cualquiera de ambas administraciones aduaneras, bajo las exigencias del Reino de los Países Bajos o de la República Oriental del Uruguay, a lo que se hace referencia en el párrafo 3 del Artículo 2 del presente Acuerdo, será notificada en forma anticipada a la otra administración aduanera.

Artículo 15

1. Los datos personales que se intercambien con arreglo al presente Acuerdo gozarán de un nivel de protección equivalente al nivel de protección concedido por la Parte Contratante que facilitó dichos datos.

2. Las Partes Contratantes se facilitarán mutuamente cualquier legislación que se considere relevante a los efectos del presente artículo, relativa a la protección de los datos personales por sus respectivos Estados.

3. El intercambio de datos personales no se iniciará hasta que las Partes Contratantes hayan acordado con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 del presente Acuerdo que el nivel de protección es equivalente en ambas Partes Contratantes.

CAPÍTULO X

Exenciones

Artículo 16

1. No se solicitará a la administración requerida que preste la asistencia contemplada en el presente Acuerdo cuando exista la probabilidad de que dicha. asistencia lesione el orden público o cualquier otro interés esencial de la Parte Contratante requerida o implique la violación de un secreto industrial, comercial o profesional.

2. Si la administración requirente no pudiera cumplir una solicitud similar realizada por la administración requerida, pondrá de manifiesto dicha circunstancia en su solicitud. El cumplimiento de tal solicitud se supeditará al criterio de la administración requerida.

3. La administración requerida podrá aplazar la asistencia cuando ésta interfiera en una investigación, juicio o procedimiento en curso. En tal caso, la administración requerida consultará con la administración requirente para determinar si podrá prestar dicha asistencia en los términos y las condiciones que requiera la administración requerida.

4. En caso de que la asistencia se deniegue o se posponga, se deberá comunicar los motivos para la denegación o el aplazamiento.

CAPÍTULO XI

Gastos

Artículo 17

1. Las administraciones aduaneras renunciarán a toda reclamación por reembolso de los gastos derivados de la aplicación del presente Acuerdo, con excepción de los gastos y las dietas que hayan pagado a expertos y a testigos, así como los gastos de los intérpretes que no sean funcionarios del Gobierno, los cuales correrán a cargo de la administración requirente.

2. Las consecuencias pecuniarias de acciones de recuperación consideradas injustificadas en cuanto a la legitimidad de la reclamación aduanera en cuestión o a la validez del título que permite su ejecución en la Parte Contratante requirente, correrán a cargo de la administración requirente.

3. Cuando se originen gastos de naturaleza sustancial y extraordinaria que sean o puedan ser necesarios para tramitar la solicitud, las Partes Contratantes se consultarán para fijar los términos y las condiciones bajo los cuales se tramitará dicha solicitud, así como el modo en que los gastos serán satisfechos.

CAPÍTULO XII

Ejecución del Acuerdo

Artículo 18

1. Las administraciones aduaneras adoptarán medidas dirigidas a que sus funcionarios encargados de la investigación y la lucha contra las infracciones aduaneras mantengan contactos de manera personal y directa entre sí.

2. Las administraciones aduaneras decidirán, en el marco del presente Acuerdo, sobre la celebración de acuerdos posteriores más detallados para facilitar la ejecución del presente Acuerdo.

3. Las administraciones aduaneras se esforzarán por resolver de común acuerdo, cualquier problema o cuestión que surja con respecto a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo.

4. Los conflictos que no puedan ser solucionados, se resolverán por canales diplomáticos.

CAPÍTULO XIII

Aplicación

Artículo 19

1. Por lo que se refiere a la República Oriental del Uruguay el presente Acuerdo se aplicará a todo su territorio.

2. Por lo que se refiere al Reino de los Países Bajos el presente Acuerdo se aplicará a su territorio en Europa. No obstante, podrá extenderse en todos sus elementos o bien con las modificaciones necesarias a las Antillas Holandesas o a Aruba.

3. La citada extensión surtirá efecto a partir de la fecha y estará sometida a las modificaciones y condiciones, incluidas las condiciones de finalización que se especifiquen y acuerden mediante el canje de notas por la vía diplomática.

CAPÍTULO XIV

Entrada en vigor y extinción

Artículo 20

El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes a contar desde que las Partes Contratantes se hayan notificado mutuamente por escrito, a través de los canales diplomáticos, que se han cumplido los requisitos constitucionales o internos para la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo 21

1. El presente Acuerdo tendrá una duración ilimitada, aunque cualquiera de las Partes Contratantes podrá denunciarlo en cualquier momento notificándolo por la vía diplomática.

2. La extinción surtirá efecto en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación de la denuncia a la otra Parte Contratante. Sin embargo, los procedimientos que estén en curso en el momento de la extinción se incluirán con arreglo a las disposiciones del presente Acuerdo.

3. Salvo acuerdo en contrario, la extinción del presente Acuerdo no extinguirá su aplicación a las Antillas Holandesas o a Aruba, en el supuesto de que se hubiera extendido su aplicación a estos países, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 19.

Artículo 22

Las Partes Contratantes se reunirán con objeto de proceder a la revisión del presente Acuerdo, a petición de cualquiera de ellas o cuando hayan transcurrido cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor, salvo que se notifiquen mutuamente por escrito que no será necesaria dicha revisión.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, estando debidamente autorizados para ello, suscriben el presente Acuerdo.

HECHO en Montevideo, el día 22 de febrero de 2007, redactado en dos ejemplares en idiomas español, neerlandés e inglés, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico. Si surgieran divergencias en la interpretación prevalecerá la versión inglesa.

(SIGUEN FIRMAS)

Anexo I al
Rep. Nº 1188

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha considerado el proyecto de ley referente al Acuerdo con el Reino de Los Países Bajos sobre Asistencia Administrativa Mutua para la Correcta Aplicación de la Legislación Aduanera y para la Prevención, Investigación y Lucha contra las infracciones aduaneras, firmado el 22 de febrero de 2007 en la ciudad de Montevideo, República Oriental de Uruguay.

El texto del Acuerdo consta de un Preámbulo y veintidós artículos distribuidos en catorce capítulos y tiene por objeto mejorar la cooperación de las autoridades administrativas encargadas de la aplicación de la legislación aduanera, entre el Reino de los Países Bajos y la República Oriental del Uruguay.

El incremento del comercio internacional coincide con la necesidad de nuevos controles aduaneros para aumentar la seguridad de las fronteras. Problemas como el terrorismo internacional, el tráfico de especies protegidas, el control de la protección del patrimonio cultural, la protección del medio ambiente, la defensa de la propiedad intelectual, se añaden a los controles aduaneros tradicionales contra las diversas formas de tráficos ilícitos: el contrabando, tráfico de drogas, de armas, etcétera.

Al mismo tiempo de mejorar los controles, se necesita aumentar la rapidez de los trámites aduaneros para no obstaculizar el comercio. A su vez se debe cumplir el papel de defender las políticas comerciales, y liquidar, recaudar e inspeccionar los tributos que se devengan con ocasión del comercio exterior.

El Consejo de Cooperación Aduanera, hoy Organización Mundial de Aduanas (OMA), entendió que la existencia de asistencia mutua en la lucha contra el fraude aduanero está plenamente justificada, ya que los movimientos de mercancías se originan o van dirigidos a países terceros.

En el Preámbulo se manifiesta la importancia de una exacta determinación de los derechos de aduana y de otros impuestos, como asimismo se establecen consideraciones sobre la relevancia de las infracciones contra la legislación aduanera y la necesidad de la cooperación internacional en asuntos relacionados con la aplicación y ejecución de las legislaciones aduaneras.

Asimismo se hace mención a los instrumentos relevantes del Consejo de Cooperación Aduanera (actualmente Organización Mundial de Aduanas; OMA) y, en particular, la Recomendación del Consejo sobre asistencia administrativa mutua, del 5 de diciembre de 1953.

En el Artículo 1 se establecen las definiciones de los términos utilizados en el Acuerdo.

El ámbito de aplicación del Acuerdo se detalla en el Artículo 2, donde se establece que las Partes Contratantes a través de sus administraciones aduaneras se harán cargo de la asistencia administrativa bajo los términos establecidos en el presente Acuerdo, para la correcta aplicación de la legislación aduanera y para prevenir, investigar y combatir las infracciones aduaneras, así como para la recuperación de las reclamaciones aduaneras.

También el Artículo 2 determina que el presente Acuerdo tiene como objeto exclusivo la asistencia administrativa mutua entre las Partes Contratantes; las disposiciones del presente Acuerdo no darán origen a ningún derecho de parte de cualquier persona privada para obtener, suprimir o excluir ninguna evidencia, así como para impedir el cumplimiento de una petición.

El Artículo 3 establece el alcance de la asistencia donde determina que las administraciones aduaneras se suministrarán recíprocamente, ya sea mediante solicitud previa o por iniciativa propia. La información que contribuya a garantizar la correcta aplicación de la legislación aduanera y la prevención, investigación y lucha contra las infracciones aduaneras, así como la recuperación de las reclamaciones aduaneras. A su vez se establece que la administración aduanera que realice investigaciones para la otra administración aduanera, actuará como si realizara dichas investigaciones por su propia cuenta o a solicitud de otra autoridad de su propio Estado.

Previa solicitud, la administración requerida suministrará todo tipo de información sobre la legislación aduanera y los procedimientos aduaneros aplicables en dicha Parte Contratante y relevantes para las investigaciones relativas a una infracción aduanera, y a su vez las administraciones aduaneras comunicarán, por iniciativa propia y sin demora, cualquier información de que dispongan relativa a nuevas técnicas de aplicación de la legislación aduanera que hayan demostrado su eficiencia, las nuevas tendencias, medios o métodos de cometer infracciones aduaneras (Artículo 4).

Los casos especiales de asistencia se establecen en el Artículo 5, donde se determina que previa solicitud, la administración requerida suministrará a la administración requirente la información si las mercaderías importadas o exportadas desde el territorio de la Parte Contratante recurrente fueron exportadas o importadas legalmente desde el territorio aduanero de la Parte Contratante.

Previa solicitud, la administración requerida realizará un control especial sobre: personas respecto a las cuales la administración requirente tenga conocimiento de que han cometido una infracción aduanera o sean sospechosas de haberla cometido, en particular quienes entren y salgan del territorio aduanero de la Parte Contratante requerida; sobre las mercancías, tanto en transporte como en depósito, respecto a las cuales la administración requirente haya comunicado que tiene la sospecha de que han sido objeto de tráfico ilícito hacia el territorio aduanero de la Parte Contratante requirente y sobre los medios de transporte respecto a los cuales la administración requirente tenga sospecha de que han sido utilizados para cometer infracciones aduaneras en el territorio aduanero de la Parte Contratante requirente. Asimismo, las administraciones aduaneras podrán permitir, con arreglo a su legislación nacional y mediante acuerdo o pacto mutuo, bajo su supervisión, la importación, la exportación desde o el tránsito a través del territorio aduanero de sus respectivos Estados de mercancías objeto de tráfico ilícito con la finalidad de poner fin a dicho tráfico (Artículo 6).

En los Artículos 7, 8 y 9 se establecen diversos procedimientos (remisión de documentos originales, forma de colaboración, etcétera) indicándose que las administraciones aduaneras se suministrarán mutuamente, ya sea previa solicitud o por iniciativa propia, información sobre las operaciones, concluidas o planeadas, que constituyan o parezcan constituir una infracción aduanera. En Supuestos graves que pudieran implicar un daño sustancial a la economía, seguridad y salud públicas o a cualquier otro interés esencial de una Parte Contratante, la administración aduanera de la otra Parte Contratante, suministrará, en la medida de lo posible, información por su propia iniciativa y sin demora.

El Artículo 10 establece que previa solicitud la administración requerida autorizará a sus funcionarios para que comparezcan ante un Juzgado o Tribunal de la otra Parte Contratante, en calidad de expertos o testigos en relación con una infracción aduanera.

La comunicación y la tramitación de las solicitudes son contempladas en los artículos 11,12 y 13.

Los Artículos 14 y 15 establecen la confidencialidad de la información y protección de los datos personales que se intercambian con arreglo al Acuerdo, respectivamente.

El Artículo 16 determina las exenciones, estableciendo que no se solicitará a la administración requerida que preste la asistencia contemplada en el presente Acuerdo cuando exista la probabilidad de que dicha asistencia lesione el orden público o cualquier otro interés esencial de la parte contratante requerida o implique la violación de un secreto industrial, comercial o profesional.

Las administraciones aduaneras renunciarán a toda reclamación por reembolso de los gastos derivados de la aplicación del presente Acuerdo, con excepción de los gastos y las dietas que hayan pagado a expertos y a testigos, así como los gastos de intérpretes que no sean funcionarios del Gobierno, los cuales correrán a cargo de la administración requirente. Asimismo las consecuencias pecuniarias de acciones de recuperación consideradas injustificadas en cuanto a la legitimidad de la reclamación aduanera en cuestión o a la validez del título que permite su ejecución en la Parte Contratante requirente, correrán a cargo de la administración requirente.

Cuando se originen gastos de naturaleza sustancial y extraordinaria que sean o puedan ser necesarios para tramitar la solicitud, las Partes Contratantes se consultarán para fijar los términos y las condiciones bajo los cuales se tramitará dicha solicitud, así como el modo en que los gastos serán satisfechos (Artículo 17).

El Artículo 18 establece la ejecución del Acuerdo, determinando que las administraciones aduaneras adoptarán medidas dirigidas a que sus funcionarios encargados de la investigación y la lucha contra las infracciones aduaneras mantengan contactos de manera personal y directa entre sí. Asimismo los conflictos que no puedan ser solucionados, se resolverán por canales diplomáticos.

Los Artículos 19, 20, 21 y 22 hacen referencia a la aplicación, entrada en vigor, extinción y revisión del presente Acuerdo.

Por las razones anteriormente expuestas, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 16 de abril de 2008.

ENRIQUE PINTADO, Miembro Informante, ROBERTO CONDE, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, JAIME MARIO TROBO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

Se va a votar si se procede al cierre de la discusión.

(Se vota)

——Cuarenta y siete en cuarenta y ocho: AFIRMATIVA.

34.- Acuerdo con la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones. (Aprobación).

Se pasa a considerar el asunto que figura en noveno término del orden del día: "Acuerdo con la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones. (Aprobación)".

(ANTECEDENTES:)

Rep. Nº 1154

"PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 3 de setiembre de 2007.

Señor Presidente de la Asamblea General:

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con el artículo 168 numeral 20 de la Constitución de la República, a fin de reiterar el mensaje de fecha 10 de noviembre de 2003, Asunto 404a/03, cuya fotocopia se adjunta, por el cual remitió el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones, suscrito en Montevideo, el día 6 de mayo de 2002.

Al mantenerse vigente los fundamentos que en su momento dieron mérito al envío de aquel mensaje y proyecto de ley, el Poder Ejecutivo se permite solicitar la pronta aprobación del referido instrumento bilateral.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

TABARÉ VÁZQUEZ, REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones, suscrito en Montevideo, el día 6 de mayo de 2002.

Montevideo, 3 de setiembre de 2007.

REINALDO GARGANO, DANILO ASTORI.

PODER EJECUTIVO

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Economía y Finanzas

Montevideo, 10 de noviembre de 2003.

Señor Presidente de la Asamblea General

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a la Asamblea General, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 85, numeral 7 y 168 numeral 20, de la Constitución de la República, a fin de someter a su consideración el proyecto de ley adjunto, mediante el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones, suscrito en Montevideo, el 6 de mayo del año 2002.

El instrumento expresa el deseo de fortalecer la cooperación económica en beneficio recíproco de ambos países, proponiendo crear condiciones favorables para la radicación de las inversiones realizadas por nacionales de cada una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra.

Para tales fines, el Artículo 1 define lo que se entiende por "inversión", "inversor", "rentas" y "territorio".

El Acuerdo proporciona a las inversiones realizadas por inversores de cada una de las Partes Contratantes, el marco jurídico e institucional adecuado, con reglas claras que otorguen seguridad y protección a las inversiones, facilitando la libre transferencia, sin demora injustificada y en moneda libremente convertible, de todos los pagos vinculados con las inversiones, brindándoles un tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio dentro de su territorio, sobre una base no menos favorable que la acordada a sus propios inversores o a los de terceros países.

Sin embargo, dicho tratamiento no se hará extensivo a los privilegios que una de las Partes Contratantes conceda los inversores de terceros Estados, en virtud de acuerdos de unión aduanera, zona de libre comercio, unión económica o instituciones similares de cooperación regional, así como al amparo de acuerdos relativos a cuestiones tributarías.

El Acuerdo establece que las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes no serán enajenadas, nacionalizadas, expropiadas ni sujetas a medidas que tengan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación, excepto por razones de interés público, ajustadas al debido proceso legal, sobre base no discriminatoría. La compensación resultante equivaldrá al valor de mercado de la inversión y se facilitará la libre transferencia de los pagos, en moneda de libre conversión.

Asimismo, contempla la indemnización, compensación u otro arreglo, respecto de las pérdidas que sufran los inversores de una de las Partes Contratantes, por causa de guerras, conflictos armados, revueltas, estado nacional de emergencia, insurrección o demostraciones violentas.

También instaura mecanismos de solución de controversias, entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación del Acuerdo, como para dilucidar conflictos entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte, contemplando la posibilidad de someter el caso a procedimientos de arbitraje internacional.

En consecuencia, considerando la importancia que la República Oriental del Uruguay otorga al fomento de las inversiones para estimular la iniciativa económica privada, aumentar la producción de bienes y servicios y los niveles de ocupación, el presente Acuerdo contribuirá al fortalecimiento de los distintos ámbitos de la cooperación bilateral entre las Partes Contratantes, a estimular el intercambio bilateral y a afianzar vínculos con la República de Armenia, lo que proporcionará beneficios a la economía nacional que justifican el interés del Poder Ejecutivo en solicitar la correspondiente aprobación parlamentaria.

El Poder Ejecutivo hace propicia la oportunidad para reiterar al señor Presidente de la Asamblea General las seguridades de su más alta consideración.

JORGE BATLLE IBÁÑEZ, GUILLERMO VALLES, ISAAC ALFIE.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones, suscrito en Montevideo, el 6 de mayo del año 2002.

Montevideo, 10 de noviembre de 2003.

GUILLERMO VALLES, ISAAC ALFIE.

TEXTO DEL ACUERDO

El Gobierno de la República Oriental del Uruguay por una de las Partes, y el Gobierno de la República de Armenia, por la otra Parte, (en adelante denominadas las Partes Contratantes);

En su deseo de fortalecer su cooperación económica creando condiciones favorables para las inversiones realizadas por nacionales de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante,

Han acordado lo siguiente:

ARTÍCULO 1

DEFINICIONES

Para los fines del presente Acuerdo,

1. El término "inversión" se refiere a los bienes de cualquier naturaleza, invertidos o reinvertidos en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes con el fin de realizar actividades económicas según lo prescribe la legislación nacional de las Partes Contratantes y en particular aunque no en forma exclusiva, incluirá:

(a) bienes muebles e inmuebles así como derechos sobre los bienes tales como arrendamientos, hipotecas, prendas o cauciones;

(b) acciones, obligaciones de una empresa u otras entidades así como cualquier otra forma de participación en dicha entidad;

(c) títulos de crédito y cualquier prestación contractual;

(d) derechos de propiedad intelectual y tecnológicos;

(e) concesiones otorgados de acuerdo a la ley o contrato, incluyendo concesiones para explorar, desarrollar, extraer o explotar recursos naturales.

Los cambios en la forma legal de inversión o reinversión de capital no afectarán su carácter de "inversión" para los fines del presente Acuerdo.

2. El término "inversor" significa:

(a) cualquier persona física que sea nacional de cualquiera de las Partes Contratantes de conformidad con sus respectivas leyes.

(b) cualquier persona jurídica constituida de conformidad con la legislación de una de las Partes Contratantes, que tenga su residencia en el territorio de dicha Parte Contratante y sea reconocida por su legislación.

(c) Este Acuerdo no se aplicará a las inversiones realizadas por personas físicas que sean nacionales de ambas Partes Contratantes, a menos que dichas personas, al momento en que se realice la inversión, tengan su domicilio legal fuera del territorio de la Parte donde la inversión fuera realizada.

3. El término "rentas" significa montos producidos por cualquier inversión y en particular aunque no en forma exclusiva, incluye ganancias, intereses, ganancias de capital, dividendos, regalías y pagos.

4. El término "territorio" significa:

(a) con relación a la República de Armenia el territorio de la República de Armenia;

(b) con relación a la República Oriental del Uruguay, su territorio, aguas interiores y mar territorial así como zonas marítimas más allá del mar territorial sobre las que el Uruguay ejerce sus derechos de soberanía o jurisdicción de conformidad con su legislación interna e internacional en vigor.

ARTÍCULO 2

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES

Cada una de las Partes Contratantes fomentará y promoverá las inversiones realizadas en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante y aceptará dichas inversiones de acuerdo con sus respectivas leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 3

TRATAMIENTO DE NACIONALES Y DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA

1. Cada una de las Partes Contratantes asegurará un trato justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante y no impedirá con medidas injustas o discriminatorias, el establecimiento, la adquisición, expansión, funcionamiento, administración, uso, venta u otras formas de disposición realizadas por dichos inversores.

2. Cada una de las Partes Contratantes brindará a los inversores de la otra Parte Contratante y a sus inversiones, un tratamiento no menos favorable que aquel acordado a sus propios inversores y sus inversiones o a los inversores e inversiones de cualquier tercer Estado, cualquiera que resulte más favorable.

3. Sin embargo, dicho tratamiento no se aplicará a los privilegios otorgados por una de las Partes Contratantes a los inversores de un tercer Estado en virtud de acuerdos que establecen una unión aduanera, zonas de libre comercio, uniones económicas o instituciones similares de cooperación regional, así como al amparo de acuerdos relativos a cuestiones tributarias.

ARTÍCULO 4

ENAJENACIÓN Y COMPENSACIÓN POR INVERSIONES

1. Las inversiones de inversores de cualquiera de las Partes Contratantes no serán enajenadas, nacionalizadas, expropiadas ni sujetas a medidas que tengan un efecto equivalente a la nacionalización o expropiación (en adelante denominadas "enajenación"), en el territorio de la otra Parte Contratante, salvo por fines de interés público. La enajenación y compensación deberán ser realizadas según el debido proceso legal, sobre una base no discriminatoria y de acuerdo con la legislación del país anfitrión. Dicha compensación será equivalente al valor de mercado de la inversión enajenada inmediatamente antes de tomar una decisión final sobre dicha enajenación. La compensación antes referida será libremente transferible y pagadera en moneda de libre conversión.

2. Los inversores de una de las Partes Contratantes que sufran pérdidas con relación a las inversiones realizadas en el territorio e la otra Parte Contratante por causa de guerras, conflictos armados, revueltas, estado nacional de emergencia, insurrección o demostraciones violentas, recibirán de esta última Parte Contratante con relación a la restitución, un tratamiento de indemnización, compensación u otro arreglo, no menos favorable que el tratamiento que dicha Parte Contratante otorga a sus propios inversores o a inversores de cualquier tercer Estado.

ARTÍCULO 5

TRANSFERENCIAS

1. Cada Parte Contratante asegurará la libre transferencia de todos los pagos relativos a las inversiones en su territorio realizada por inversores de la otra Parte Contratante, incluyendo:

(a) sumas necesarias para el establecimiento, mantenimiento o expansión de la inversión,

(b) rentas de las inversiones,

(c) sumas necesarias para realizar pagos en virtud de contratos, incluyendo montos para el reembolso de préstamos, regalías y otros pagos resultantes de licencias, franquicias, concesiones y otros derechos similares, así como salarios de personal afectado,

(d) producido de la liquidación total o parcial de las inversiones, incluyendo ganancias de capital en el capital invertido,

(e) compensación pagada de acuerdo con el Artículo 4 del presente Acuerdo,

(f) pagos resultantes de la solución de controversias.

2. Las transferencias se realizarán sin demora injustificada en moneda libremente convertible al tipo de cambio aplicable en la fecha de transferencia.

ARTÍCULO 6

SUBROGACIÓN

1. Si una de las Partes Contratantes o su agencia designada hace efectiva una compensación a su propio inversor al amparo de una garantía contra riesgos no comerciales de cualquier inversión en el territorio de la otra Parte Contratante, esta última Parte Contratante reconocerá la cesión de cualquier derecho o reclamo de dicho inversor a la primera Parte Contratante o a su agencia designada.

2. En lo que se refiere a los derechos transferidos, la otra Parte Contratante estará facultada para reclamar contra el asegurador que es subrogado en los derechos del inversor indemnizado, las obligaciones de este último al amparo del contrato o ley.

3. Los derechos y reclamos subrogados no excederán los derechos ni los reclamos originales del inversor.

ARTÍCULO 7

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE UNA PARTE CONTRATANTE Y EL INVERSOR DE LA OTRA PARTE CONTRATANTE

1. Cualquier controversia entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante se notificará por escrito por la primera parte que inicie la acción. La notificación irá acompañada de un adecuado y detallado memorándum.

2. En ausencia de una solución amigable mediante negociaciones entre las partes dentro de los seis meses a partir de la fecha de la notificación, la controversia será sometida a elección del inversor, a la jurisdicción competente del Estado donde sea realizada la inversión o al arbitraje internacional. Una vez que el inversor ha sometido una controversia a la precitada jurisdicción nacional o a arbitraje internacional, la elección de uno u otro de estos procedimientos será definitiva, a menos que las partes en controversia lo acuerden de otro modo. Con ese fin, cada una de las Partes Contratantes acordará por anticipado y en forma irrevocable la remisión de las controversias según se establece en el párrafo 1 de este Artículo al arbitraje internacional de acuerdo con las disposiciones de este Artículo. Dicho consentimiento implica que ambas partes renuncian al derecho de exigir que se agoten todos los recursos administrativos o judiciales previo a dicho sometimiento a arbitraje.

3. En caso de arbitraje internacional, la controversia sobre inversiones será sometida para su solución a una de las organizaciones a continuación mencionadas, a elección del inversor:

* El Centro Internacional para Solución de Controversias sobre Inversiones (ICSID), al amparo de la Convención sobre Solución de Controversias relativas a Inversiones entre los Estados y Nacionales de otros Estados o al amparo de las

* Normas que rigen el mecanismo complementario para la Administración de Procedimientos a cargo del Secretariado del Centro;

* Un tribunal ad-hoc establecido de acuerdo con las Normas de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional.

4. En ninguna etapa de los procedimientos de arbitraje o ejecución del laudo arbitral, ninguna de las Partes Contratantes involucradas en la controversia estará facultada para plantear objeciones en cuanto al hecho de que el inversor que es la parte oponente hubiera recibido total o parcialmente compensación para cubrir sus pérdidas según póliza de seguro o garantía prevista en el Artículo 6 del presente Acuerdo.

5. El Tribunal arbitral decidirá sobre la base de la legislación nacional de la Parte Contratante involucrada en la controversia en cuyo territorio se ha realizado la inversión, incluyendo las normas relativas a los conflictos de leyes así como también en base a las disposiciones del presente Acuerdo, de los términos del Acuerdo específico que pudiera realizarse relativo a inversiones, y de los principios de derecho internacional.

6. El laudo arbitral será final y obligatorio para las Partes en controversia. Cada Parte contratante cumplirá con los laudos de acuerdo con su legislación nacional.

7. Ninguna de las Partes Contratantes presentará un reclamo internacional con relación a una controversia que se hubiere sometido a los procedimientos de este Artículo, a menos que dicha otra Parte no se hubiera atenido ni cumplido con el fallo del Tribunal arbitral o que las autoridades judiciales de la Parte Contratante mencionada en último término hubieren infringido una norma de derecho internacional, incluyendo la denegación de justicia, o las disposiciones de este Acuerdo.

ARTÍCULO 8

CONTROVERSIAS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES RELATIVAS A LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO

1. Las controversias entre las Partes Contratantes relativas a la interpretación o aplicación de este Acuerdo se solucionarán en lo posible a través de negociaciones o consultas.

2. En ausencia de un arreglo de negociaciones o consultas en un plazo de tres meses, la controversia se someterá al Tribunal establecido de acuerdo con este Artículo.

3. El Tribunal se constituirá para cada caso individual del modo siguiente. Dentro del plazo de tres meses posteriores a la recepción de la solicitud de arbitraje cada Parte Contratante designará un miembro del Tribunal. Estos dos árbitros elegirán de mutuo acuerdo un ciudadano de un tercer Estado quien, aprobado por las Partes Contratantes, será designado como Presidente del Tribunal (en adelante denominado "Presidente"). El Presidente será designado dentro el plazo de 40 días a partir de la fecha de designación del último de los dos miembros del Tribunal.

4. Si las designaciones necesarias no se hubieran realizado dentro de los períodos establecidos en el párrafo 3 de este Artículo, cualquiera de las Partes Contratantes podrá solicitar al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que realice la (s) designación (es) necesaria(s). Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia fuera ciudadano de cualquiera de las Partes Contratantes o de un Estado con el cual una de las Partes Contratantes no tiene relaciones diplomáticas o si, por cualquier otro motivo, no puede desempeñar dicha función, se solicitará al Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia que realice la (s) designación (es)correspondiente (s). Si el Vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia estuviera también impedido de ejercer dicha función se solicitará al siguiente integrante de más antigüedad que no sea ciudadano de ninguna de las Partes Contratantes, que realice la (s) correspondiente (s) designación (es).

5. El Tribunal determinará sus propias normas de procedimiento. Sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos. El Tribunal decidirá las controversias según el presente Acuerdo interpretado y aplicado según las correspondientes normas de derecho internacional. Las Decisiones del Tribunal serán finales y obligatorias para las Partes Contratantes.

6. Cada una de las Partes Contratantes se hará cargo de los gastos de su representación en los procedimientos arbitrales. Los honorarios del Tribunal serán pagados proporcionalmente por las Partes Contratantes. Sin embargo, el Tribunal podrá decidir que una mayor proporción de estos gastos corra por cuenta de una de las Partes Contratantes.

ARTÍCULO 9

APLICACIÓN DE OTRAS NORMAS Y ACUERDOS ESPECÍFICOS

1. Si las disposiciones de la legislación nacional o acuerdos internacionales existentes o a ser suscritos en el futuro por ambas Partes Contratantes, contienen normas especiales o específicas que faculten a los inversores de cualquiera de las Partes Contratantes a un tratamiento más favorable que aquel previsto por este Acuerdo, dicha norma prevalecerá sobre el mismo en cuanto resulte más favorable.

2. Las inversiones realizadas de acuerdo con cualquier convenio específico entre una de las Partes Contratantes y el (los) inversor (es) de la otra Parte Contratante, se regirá por las disposiciones de este Acuerdo y por el referido convenio.

ARTÍCULO 10

APLICABILIDAD DE ESTE ACUERDO

1. El presente Acuerdo se aplicará a las inversiones realizadas en el territorio de cualquiera de las Partes Contratantes de acuerdo con su legislación previo a la entrada en vigor del mismo, así como también a todas las inversiones realizadas con posterioridad.

2. El presente Acuerdo no se aplicará a ninguna controversia que surja o reclamo planteado, previo a su entrada en vigor.

ARTÍCULO 11

ENMIENDAS Y MODIFICACIONES

Las enmiendas y cambios en este Acuerdo podrán realizarse por mutuo consentimiento de las Partes Contratantes, de conformidad con sus respectivos requisitos constitucionales y legales vigentes. Las enmiendas y modificaciones se realizarán bajo la forma de protocolos adicionales y constituirán parte inseparable de este Acuerdo. Las mismas entrarán en vigor en la forma establecida en el Artículo 12 del presente Acuerdo.

ARTÍCULO 12

ENTRADA EN VIGOR, DURACIÓN Y TERMINACIÓN DEL ACUERDO

1. El Acuerdo entrará en vigor al mes siguiente del intercambio de los instrumentos de ratificación por las Partes Contratantes. El Acuerdo permanecerá vigente por un período de diez años.

2. El presente Acuerdo se extenderá tácitamente por períodos de diez años, a menos que las Partes Contratantes se notifiquen por la vía diplomática, con una anterioridad de seis meses a su finalización, su intención de darlo por terminado.

3. Con relación a las inversiones realizadas previo a la terminación de este Acuerdo continuarán vigentes las disposiciones de los Artículos 1 a 12, por un período de diez años a partir de la fecha de terminación. En fe de lo cual, los representantes firmantes debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos han suscrito el presente Acuerdo.

Hecho en Montevideo, a los seis días del mes de mayo del año 2002, en dos ejemplares originales cada uno en idioma español, armenio e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. En caso de divergencia de interpretación prevalecerá el texto en inglés.

(SIGUEN FIRMAS)

CÁMARA DE SENADORES

La Cámara de Senadores en sesión de hoy ha aprobado el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo Único.- Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones, suscrito en Montevideo, el día 6 de mayo de 2002.

Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 11 de diciembre de 2007.

RODOLFO NIN NOVOA, Presidente, HUGO RODRÍGUEZ FILIPPINI, Secretario".

Anexo I al
Rep. Nº 1154

"CÁMARA DE REPRESENTANTES

Comisión de Asuntos Internacionales

I N F O R M E

Señores Representantes:

Vuestra Comisión de Asuntos Internacionales ha estudiado el proyecto de ley mediante el cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Gobierno de la República de Armenia sobre Promoción y Recíproca Protección de Inversiones, suscrito en Montevideo, el día 6 de mayo de 2002.

Este instrumento tiene como objetivo fortalecer y vigorizar la cooperación económica entre la República de Armenia y la República Oriental Del Uruguay, naciones unidas por fuertes lazos de amistad.

Es un acuerdo marco que fomenta y crea condiciones favorables para la radicación de inversiones. Incentiva los proyectos de inversión a realizar por los nacionales de las Partes Contratantes.

Se busca generar un marco jurídico e institucional que otorgue seguridad jurídica y condiciones beneficiosas, que incentive la radicación de inversiones de los nacionales de una Parte en territorio de la otra.

Estableciendo reglas claras que otorguen seguridad y protección a las inversiones, facilitando la libre transferencia, sin demora injustificada y en moneda libremente convertible de todos los pagos vinculados con las inversiones, brindándoles un tratamiento justo, equitativo y no discriminatorio dentro de su territorio, sobre una base no menos favorable que la acordada a sus propios inversores o a los de terceros países.

Los Estados firmantes asumen la obligación de facilitar la radicación de inversiones por parte de los nacionales del otro Estado. El articulo 2º del Acuerdo dispone "Cada una de las Partes Contratantes fomentará y promoverá las inversiones realizadas en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante y aceptará dichas inversiones de acuerdo con sus respectivas leyes y reglamentos".

En el mismo sentido los artículos 3º y 9º establecen la Cláusula de la Nación más favorecida y se pacta no obstaculizar la actividad de los nacionales de la otra Parte Contratante, así como tratarlos de modo justo y equitativo.

Así también el artículo 4º prohíbe a modo expreso la realización de prácticas de expropiación o equivalentes sobre las inversiones realizadas por los nacionales del otro Estado.

El artículo 5º dispone la obligación de facilitar las transferencias de los ingresos generados en las inversiones realizadas, expresa: "Cada Parte Contratante asegurará la libre transferencia de todos los pagos relativos a las inversiones en su territorio realizada por inversores de la otra Parte Contratante…".

Por lo expuesto y en la convicción de los beneficios que el presente Acuerdo aporta a nuestro país, vuestra Comisión de Asuntos Internacionales aconseja al Cuerpo la aprobación del adjunto proyecto de ley.

Sala de la Comisión, 23 de abril de 2008.

MARIO PÉREZ, Miembro Informante, WASHINGTON ABDALA, ANDRÉS ABT, ROBERTO CONDE, RUBÉN MARTÍNEZ HUELMO, ENRIQUE PINTADO".

——Léase el proyecto.

(Se lee)

——En discusión general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si se pasa a la discusión particular.

(Se vota)

——Cuarenta y cinco en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Se va a votar si se procede al cierre de la discusión.

(Se vota)

——Cuarenta y seis en cuarenta y siete: AFIRMATIVA.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión.

(Es la hora 19 y 56)

ALBERTO PERDOMO GAMARRA

PRESIDENTE

Dr. José Perdro Montero

Secretario Relator
Dr. Marti Dalgalarrondo Añón

Secretario Redactor

Mario Tolosa

Director del Cuerpo de Taquígrafos

Linea del pie de página
Montevideo, Uruguay. Poder Legislativo.